Publications

DS. Senado, Pleno, núm. 107, de 19/01/2011
PDF











Página
5780




PLENO


PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER ROJO GARCÍA


Sesión extraordinaria


celebrada el miércoles, 19 de enero de 2011


ORDEN DEL DÍA:


Cuarto


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN. (Continuación.)


— Del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE
CONVERGÈNCIA I UNIÓ, por la que se insta al Gobierno a la adopción de
determinadas medidas para la priorización del corredor ferroviario
mediterráneo desde Algeciras (Cádiz) hasta la frontera francesa.
(Publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, Serie
I, número 563, de fecha 16 de diciembre de 2010). (Número de expediente
Senado 671/000119.)


Quinto


MOCIONES


— Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se
insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con
la situación de las minorías cristianas en los países de Oriente Próximo
y en otros de Asia y África. (Número de expediente Senado
662/000153.)


— Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se
insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para poner freno
al incremento de las tarifas eléctricas. (Número de expediente Senado
662/000154.)


— Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, por la que se insta al
Gobierno a reforzar las medidas y reformas en marcha para contribuir a
una pronta recuperación de la confianza exterior en nuestro sistema
financiero. (Número de expediente Senado 662/000152.)


Sexto


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


— De la Comisión Constitucional en relación con la
Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. SE TRAMITA









Página
5781




POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicado en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales, Senado, número 5, de fecha 14 de enero de 2011.)
(Número de expediente Senado 624/000012.) (Número de expedienteC.D.
122/000254.)


— De la Comisión Constitucional en relación con la
Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales, Senado, número 5, de fecha 14 de enero de 2011.) (Número de
expediente Senado 624/000013.) (Número de expediente C.D.
122/000255.)


— De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en
relación con la Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la
Comunidad Autónoma de Extremadura. (Publicado en el Boletín Oficial de
las Cortes Generales, Senado, número 6, de fecha 17 de enero de 2011.)
(Número de expediente Senado 605/000001.) (Número de expediente C.D.
127/000002.)


Séptimo


CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


— Declaración de aceptación por España de la adhesión del
Reino de Marruecos al Convenio relativo a los aspectos civiles de la
sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre
de 1980. (Publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Cortes
Generales, Serie A, número 357, de fecha 18 de octubre de 2010.) (Número
de expediente Senado 610/000221.) (Número de expediente C.D.
110/000221.)


— Protocolo facultativo sobre la jurisdicción obligatoria
para la solución de controversias de la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas, hecho en Viena el 18 de abril de 1961.
(Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Cortes
Generales, Serie A, número 358, de fecha 18 de octubre de 2010.) (Número
de expediente Senado 610/000222.) (Número de expediente C.D.
110/000222.)


— Protocolo facultativo sobre la jurisdicción obligatoria
para la solución de controversias de la Convención de Viena sobre
relaciones consulares, hecho en Viena el 24 de abril de 1963. (Publicado
en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Cortes Generales, Serie A,
número 359, de fecha 18 de octubre de 2010.) (Número de expediente Senado
610/000223.) (Número de expediente C.D. 110/000223.)


— Convenio Europeo para la protección del patrimonio
arqueológico (revisado), hecho en La Valetta el 16 de enero de 1992.
(Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Cortes
Generales, Serie A, número 363, de fecha 22 de octubre de 2010). (Número
de expediente Senado 610/000224.) (Número de expediente C.D.
110/000226.)


— Denuncia del Convenio Europeo para la protección del
patrimonio arqueológico, hecho en Londres el 6 de mayo de 1969 y
publicado en el Boletín Oficial del Estado número 180, de 5 de julio de
1975. (Publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Cortes
Generales, Serie A, número 364, de fecha 22 de octubre de 2010.) (Número
de expediente Senado 610/000225.) (Número de expediente C.D.
110/000227.)


Octavo


INFORMES APROBADOS POR LAS COMISIONES DEL SENADO


— Informe de la Ponencia de Estudio sobre la protección del
ecosistema de la dehesa, constituida en el seno de la Comisión de Medio
Ambiente, Agricultura y Pesca. (Publicado en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales, Senado, Serie I, número 553, de fecha 26 de noviembre
de 2010). (Número de expediente Senado 543/000009.)









Página
5782




Noveno


INFORME SOBRE LA ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE PETICIONES


— Informe sobre la actuación de la Comisión de Peticiones en
el período ordinario de sesiones de febrero a junio de 2010. (Publicado
en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, Serie I, número
560, de fecha 7 de diciembre de 2010.) (Número de expediente Senado
871/000005.)









Página
5783




SUMARIO


Se reanuda la sesión a las nueve horas y treinta minutos.


Página


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN. (Continuación.)


5789


Página


Del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I
UNIÓ, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas para la priorización del corredor ferroviario mediterráneo desde
Algeciras (Cádiz) hasta la frontera francesa


5789


El señor presidente informa de la presentación de una propuesta de
modificación, por lo que no hay defensa de las enmiendas.


La señora Candini i Puig defiende la moción.


En turno de portavoces intervienen los señores Bonet i Revés, por
el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Gordo Pérez, por el
Grupo Parlamentario Socialista, y Ortiz Pérez, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.


Página


MOCIONES


5794


Página


Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta
al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con la
situación de las minorías cristianas en los países de Oriente Próximo y
en otros de Asia y África


5794


El señor Muñoz-Alonso Ledo defiende la moción.


La señora Gutiérrez del Castillo defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista.


El señor Muñoz-Alonso Ledo expone la posición de su grupo respecto
de la enmienda.


En turno de portavoces intervienen los señores Anasagasti Olabeaga,
por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; Vilajoana i
Rovira, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió, y De Puig Olive, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de
Progrés; así como la señora Gutiérrez del Castillo, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y el señor Muñoz-Alonso Ledo, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


Vuelven a hacer uso de la palabra la señora Gutiérrez del Castillo
y el señor Muñoz-Alonso Ledo.


Página


Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta
al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para poner freno al
incremento de las tarifas eléctricas


5809


El señor Palacios Zuasti defiende la moción.









Página
5784




El señor Alturo Lloan defiende la enmienda del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió.


La señora Durán Fraguas defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista.


El señor Palacios Zuasti expone la posición de su grupo respecto de
la enmienda.


En turno de portavoces intervienen los señores Alturo Lloan, por el
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Nuet i
Pujals, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, así como
la señora Durán Fraguas, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el
señor Palacios Zuasti, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Se rechaza la moción por 116 votos a favor y 133 en contra.


Página


Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta
al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con la
situación de las minorías cristianas en los países de Oriente Próximo y
en otros de Asia y África. (Votación.)


5822


Se aprueba la propuesta de modificación por asentimiento de la
Cámara.


Página


Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, por la que se insta al Gobierno
a reforzar las medidas y reformas en marcha para contribuir a una pronta
recuperación de la confianza exterior en nuestro sistema financiero


5823


El señor presidente informa de la presentación de una propuesta de
modificación, por lo que no hay defensa de la enmienda presentada por el
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


El señor Hurtado Zurera defiende la moción.


El señor Pérez Bouza defiende la enmienda del Grupo Parlamentario
de Senadores Nacionalistas.


El señor Hurtado Zurera expone la posición de su grupo respecto de
la enmienda.


En turno de portavoces intervienen los señores Tuñón San Martín y
Sampol i Mas, por el Grupo Parlamentario Mixto; Pérez Bouza, por el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas; Vilajoana i Rovira, por el
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Sabaté
Borràs, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Hurtado
Zurera, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Barreiro Hernández, por
el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Se aprueba la propuesta de modificación por 240 votos a favor, 4 en
contra y 3 abstenciones.


Página


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


5840


Página


De la Comisión Constitucional en relación con la Proposición de Ley
Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio,
del Régimen Electoral General. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA


5840









Página
5785




El señor López Carrasco, presidente de la comisión, presenta el
dictamen de esta proposición de ley así como el de la que se tramitará a
continuación.


Se inicia el debate de totalidad.


El señor Guillot Miravet defiende la propuesta de veto nº1,
presentada por este senador y el señor Nuet i Pujals, del Grupo
Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.


El señor Belda Quintana defiende la propuesta de veto nº 2,
presentada por este senador y el señor Quintero Castañeda, del Grupo
Parlamentario Mixto.


En turno en contra de las propuestas de veto presentadas hace uso
de la palabra el señor Pestana Padrón.


En turno de portavoces intervienen los señores Belda Quintana y Mur
Bernad, por el Grupo Parlamentario Mixto; Pérez Bouza, por el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas; Roig i Grau, por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Pestana
Padrón, por el Grupo Parlamentario Socialista, así como la señora Vindel
López, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Se procede a la votación.


Se rechaza la propuesta de veto nº 1, de los señores Guillot
Miravet y Nuet i Pujals, por 6 votos a favor, 234 en contra y 3
abstenciones.


Se rechaza la propuesta de veto nº 2, de los señores Belda Quintana
y Quintero Castañeda, por 9 votos a favor y 232 en contra.


Comienza el debate del articulado.


El señor Mur Bernad, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende sus
enmiendas 1 y 2.


El señor Belda Quintana, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende
las enmiendas 35 a 37 presentadas por este senador y el señor Quintero
Castañeda, del Grupo Parlamentario Mixto.


El señor Pérez Bouza defiende las enmiendas 29 a 34, del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas.


El señor Nuet i Pujals defiende las enmiendas 3 a 28, del Grupo
Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.


En turno de portavoces intervienen los señores Belda Quintana y
Tuñón San Martín, por el Grupo Parlamentario Mixto; Pérez Bouza, por el
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; y Roig i Grau, por el
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; así como
las señoras Sumelzo Jordán, por el Grupo Parlamentario Socialista, y
Vindel López, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Página


De la Comisión Constitucional en relación con la Proposición de Ley
Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio,
del Régimen Electoral General. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA


5863


Comienza el debate del articulado.









Página
5786




La señora Leanizbarrutia de Bizkarralegorra defiende las enmiendas
2 a 19 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas.


Se da por defendida la enmienda 1, del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés.


En turno en contra intervienen el señor Vallés Molero, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y la señora Vindel López, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


En turno de portavoces intervienen las señoras Caballero Martínez,
por el Grupo Parlamentario Mixto, y Leanizbarrutia de Bizkarralegorra,
por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; así como el señor
Uzquiza González, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora
Vindel López, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Se suspende la sesión a las dieciséis horas y veinte minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y treinta minutos.


Página


De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con
la Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Autónoma de Extremadura


5871


El señor Lerma Blasco, presidente de la comisión, presenta el
dictamen.


Comienza el debate de totalidad.


En turno a favor hacen uso de la palabra los señores Fuentes
Gallardo, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Monago Terraza, por el
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno de portavoces intervienen los señores Belda Quintana, por
el Grupo Parlamentario Mixto; Pérez Bouza, por el Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas, Vilajoana i Rovira, por el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Bonet i Revés, por el Grupo
Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Pérez Sáenz, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y Monago Terrazo, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.


El señor presidente del Gobierno (Rodríguez Zapatero) hace uso de
la palabra.


Se aprueba por 240 votos a favor y 1 abstención.


El señor presidente informa de que queda definitivamente aprobada
por las Cortes Generales la propuesta de reforma del Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura.


Página


De la Comisión Constitucional en relación con la Proposición de Ley
Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio,
del Régimen Electoral General. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA. (Votación.)


5884


Comienza la votación.


Se rechazan las enmiendas 1 y 2, del senador Mur Bernad, del Grupo
Parlamentario Mixto, por 3 votos a favor; 235 en contra y 3
abstenciones.


Se rechazan las enmiendas 35 a 37, de los senadores Belda Quintana
y Quintero Castañeda, del Grupo Parlamentario Mixto, por 11 votos a
favor, 230 en contra y 1 abstención.









Página
5787




Se rechaza la enmienda 31, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas, por 6 votos a favor, 231 en contra y 5 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas 29, 30 y 32, del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas, por 7 votos a favor, 231 en contra y 4
abstenciones.


Se rechazan las enmiendas 33 y 34, del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas, por 2 votos a favor, 235 en contra y 5
abstenciones.


Se rechazan las enmiendas 3, 7 y 12, del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés, por 8 votos a favor, 233 en contra y 1 abstención.


Se rechazan las enmiendas 13 y 14 del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés, por 5 votos a favor y 236 en contra.


Se rechazan las enmiendas 4, 5, 8, 11, 15, 16, 17, 24, 25 y 28, del
Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 6 votos a favor, 233
en contra y 3 abstenciones.


Se aprueba el resto de la proposición de ley por 235 votos a favor,
5 en contra y 2 abstenciones.


El señor presidente informa de que queda definitivamente aprobada
por las Cortes Generales la proposición de ley orgánica.


Página


De la Comisión Constitucional en relación con la Proposición de Ley
Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio,
del Régimen Electoral General. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA. (Votación.)


5885


Comienza la votación.


Se rechazan las enmiendas 2 a 19, del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas, por 7 votos a favor y 234 en contra.


Se rechaza la enmienda 1, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana
de Progrés, por 7 votos a favor y 234 en contra.


Se aprueban aquellas partes de la proposición de ley enmendadas en
comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores, por 235 votos a
favor y 7 en contra.


Se aprueba el resto de la proposición de ley por 235 votos a favor,
6 en contra y 1 abstención.


El señor presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas
al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas
en forma previa a la sanción del texto definitivo por S. M. el Rey.


Página


CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


5886


Página


Declaración de aceptación por España de la adhesión del Reino de
Marruecos al Convenio relativo a los aspectos civiles de la sustracción
internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980


5886


Se autoriza.









Página
5788




Página


Protocolo facultativo sobre la jurisdicción obligatoria para la
solución de controversias de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas, hecho en Viena el 18 de abril de 1961


5886


Se autoriza.


Página


Protocolo facultativo sobre la jurisdicción obligatoria para la
solución de controversias de la Convención de Viena sobre relaciones
consulares, hecho en Viena el 24 de abril de 1963


5887


Se autoriza.


Página


Convenio Europeo para la protección del patrimonio arqueológico
(revisado), hecho en La Valetta el 16 de enero de 1992


5887


Se autoriza.


Página


Denuncia del Convenio Europeo para la protección del patrimonio
arqueológico, hecho en Londres el 6 de mayo de 1969 y publicado en el
Boletín Oficial del Estado número 180, de 5 de julio de 1975


5887


Se autoriza.


Página


INFORMES APROBADOS POR LAS COMISIONES DEL SENADO


5887


Página


Informe de la Ponencia de Estudio sobre la protección del
ecosistema de la dehesa, constituida en el seno de la Comisión de Medio
Ambiente, Agricultura y Pesca


5887


El señor Bella Galán, presidente de la comisión, presenta el
informe.


En turno de portavoces intervienen el señor Roig i Grau, por el
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Batlle
Farrán, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Llanos
Vázquez, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Conde Vázquez, por el
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Se aprueba el informe por asentimiento de la Cámara.


Página


INFORME SOBRE LA ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE PETICIONES


5894


Página


Informe sobre la actuación de la Comisión de Peticiones en el
período ordinario de sesiones de febrero a junio de 2010


5894


El señor Piñeiro García-Lago, presidente de la comisión, presenta
el informe.


Se levanta la sesión a las dieciocho horas y cuarenta minutos.









Página
5789




Se reanuda la sesión a las nueve horas y treinta minutos.


El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se reanuda la
sesión.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN. (Continuación.)


— DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE
CONVERGÈNCIA I UNIÓ, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE
DETERMINADAS MEDIDAS PARA LA PRIORIZACIÓN DEL CORREDOR FERROVIARIO
MEDITERRÁNEO DESDE ALGECIRAS (CÁDIZ) HASTA LA FRONTERA FRANCESA. (Número
de expediente Senado 671/000119.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la moción del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por la que se insta al
Gobierno a la adopción de determinadas medidas para la priorización del
corredor ferroviario mediterráneo desde Algeciras hasta la frontera
francesa.


A esta moción se había presentado una enmienda de Convergència i
Unió, pero parece ser que hay una transaccional. ¿Es así? (Asentimiento.)
Por tanto, decae dicha enmienda, así como las del Grupo Parlamentario
Popular y el Grupo Parlamentario Socialista.


Tiene la palabra la senadora Candini.


La señora CANDINI I PUIG: Gràcies, senyor President. En primer
lloc, permeti’m que expressi la meva emoció personal i especial de
poder parlar amb la llengua que penso, amb la llengua que m’han
educat. Amb una llengua que fa mil anys que existeix. Amb una llengua
que, per defensar-la, el meu avi va estar molts anys a la presó. Després
de 32 anys de democràcia, finalment podem expressar, amb el mateix
compromís polític, però amb la tranquil•litat de saber-se respectat
culturalment.


Pel que fa a la moció que avui presentem arran de la
interpel•lació, és una moció important sobre la priorització del
corredor ferroviari mediterrani, des d´Algesires, Cadis, fins la
frontera francesa.


No fa massa dies, el passat 12 de gener, va haver una autèntica
ofensiva política, a Brussel•les, per demanar el que nosaltres
defensem en aquesta moció. Ministres, presidents autonòmics, consellers i
líders empresarials van defensar la necessitat més absoluta de
prioritzar, sense més demora, tota aquesta infraestructura. Tots per
defensar aquest eix clau per al desenvolupament futur del teixit
productiu de territoris com Catalunya, València, Múrcia o Andalusia. És
per tot això que té una gran importància també, en el temps, que les
inversions vagin molt lligades per on circula l’economia.


Aquesta moció ha estat transaccionada per tots els partits polítics
i diu el següent: el Senat manifesta l’enorme importància que té
per tota la ribera mediterrània la construcció del corredor ferroviari
del mediterrani en ample internacional i pel transport de mercaderies com
via d’interconnexió de l’Europa mediterrània. Així mateix, el
Senat insta el govern a:


Primer, defensar, davant les institucions de la Unió Europea que
l´eix mediterrani sigui declarat prioritari en tota la seva
extensió, des d´Algesires fins la frontera francesa, passant per
Almeria, Múrcia, Comunitat Valenciana i Catalunya fins aconseguir la seva
inclusió en la futura xarxa transeuropea de transports, la revisió de la
qual estarà prevista pel present any 2011.


Segon, en el marc de les actuals disponibilitats pressupostàries i
financeres accelerar les actuacions en curs de tot el corredor i establir
una planificació per portar finalment les restants en el menor termini
possible i en concret:


a. Finalitzar la redacció el projecte constructiu entre Tarragona i
Castelló.


b. El desdoblament complet de la via de doble ample europeu entre
València i Tarragona.


c. La licitació de les obres dels nous accessos viaris i
ferroviaris al Port de Barcelona i la seva sincronització amb la posada
en marxa del tercer carril des del Port fins la frontera francesa.


d. Licitar la contractació de les obres del tram entre València i
Castelló.


e. Impulsar la redacció dels estudis entre Almeria i
Algesires.


f. I, finalment, atendre, en la mesura del possible, la proposta de
FERMED en relació a l’estudi tècnic del traçat Algesires-frontera
francesa així com les suggerències pel traçat realitzats pel denominat
Fòrum de la Declaració de Castelló.


Per part nostre, per part del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió, ho sap perfectament el senador Juan Luis Gordo, del Partit
Socialista, que hem tingut molta voluntat d’arribar certament a un
acord, un









Página
5790




acord que permeti que amb la participació de tots els partits
polítics, realment ens posem d’acord perquè siguem capaços, per
part del govern i de totes les forces polítiques, d’accelerar al
màxim possible aquesta proposta. No és una qüestió ni de Catalunya, ni és
una qüestió de València, ni és una qüestió de manera aïllada de Múrcia o
d´Extremadura. És una qüestió d’economia, que en moments
difícils té més importància que mai posar l’accent i les prioritats
respecte de les inversions per allà on sorgeix tot el que representa
l’economia productiva.


Sap perfectament, senador Gordo, que nosaltres preteníem quelcom
més de compromís, perquè creiem sincerament que l’època de la
retòrica ja ha passat, perquè la crisi ens empeny realment a saber
prioritzar els diners públics cap a on han d’anar. Nosaltres avui
fem un exercici de responsabilitat i de compromís polític. Però amb el
benentès que si, transcorreguts uns mesos, per part del govern no
s´ha complert aquesta moció, evidentment ens obligarà a exigir
responsabilitats.


Moltíssimes gràcies, sobretot per la col•laboració de tots
els partits polítics. Gràcies.


Muchas gracias, señor presidente.


En primer lugar, voy a expresar mi emoción personal y especial por
poder hablar en la lengua en la que pienso, en la lengua en la que me han
educado, una lengua que hace mil años que existe y por la que, para
defenderla, mi abuelo estuvo muchos años en prisión. Después de treinta y
dos años de democracia, finalmente podemos expresar con el mismo
compromiso político, pero con la tranquilidad de saberse respetado
culturalmente.


En cuanto a la moción que hoy presentamos como consecuencia de
interpelación, es una moción importante sobre la priorización del
corredor ferroviario mediterráneo desde Algeciras, Cádiz, hasta la
frontera francesa.


No hace muchos días, en concreto el pasado 12 de enero, hubo una
auténtica ofensiva política en Bruselas para pedir lo que nosotros
defendemos en esta moción. Ministros, presidentes autonómicos, consejeros
y líderes empresariales defendieron la necesidad absoluta de priorizar
sin más demora esta infraestructura; todos, en defensa de este eje, clave
para el desarrollo futuro del tejido productivo de territorios como
Cataluña, Valencia, Murcia o Andalucía. Por todo ello, también tiene gran
importancia en el tiempo que las inversiones vayan muy vinculadas por
donde circule la economía.


Esta moción, que ha sido transaccionada por todos los grupos, dice
lo siguiente: El Senado manifiesta la enorme importancia que tiene para
toda la ribera mediterránea la construcción del corredor ferroviario del
Mediterráneo en ancho internacional y para el transporte de mercancías
como vía de interconexión de la Europa mediterránea. Asimismo, el Senado
insta al Gobierno a, primero, defender ante las instituciones de la Unión
Europea que el eje mediterráneo sea declarado prioritario en toda su
extensión, desde Algeciras hasta la frontera francesa, pasando por
Almería, Murcia, la Comunidad Valenciana y Cataluña, hasta conseguir su
inclusión en la futura red transeuropea de transportes, cuya revisión
está prevista para 2011. Y segundo, en el marco de las actuales
disponibilidades presupuestarias y financieras, acelerar las actuaciones
en curso de todo el corredor y establecer una planificación en el menor
tiempo posible para que se lleven a cabo; finalizar la redacción del
proyecto constructivo entre Tarragona y Castellón; el desdoblamiento
completo de la vía de ancho ibérico entre Valencia y Tarragona; licitar
las obras en los nuevos accesos viarios y ferroviarios al puerto de
Barcelona y su sincronización con la puesta en marcha del tercer carril
desde el puerto hasta la frontera francesa; licitar la contratación de
las obras del tramo entre Valencia y Castellón; impulsar la redacción de
los estudios entre Almería y Algeciras; y atender en la medida de lo
posible la propuesta en relación con el estudio técnico del trazado
Algeciras−frontera francesa, así como las sugerencias para el
denominado Foro de la Declaración de Castellón.


Por parte de Convergència i Unió —lo sabe muy bien el senador
Gordo, del Grupo Socialista—, hemos tenido una gran voluntad para
llegar a un acuerdo con la participación de todos los partidos políticos
y el Gobierno con el fin de acelerar al máximo esta propuesta. No es una
cuestión de Cataluña ni de Valencia ni, de forma aislada, de Murcia o
Extremadura. Esta es una cuestión de economía, y en momentos difíciles
tiene más importancia que nunca poner el acento en las prioridades
respecto de las inversiones por donde surge todo lo que representa la
economía productiva.


Usted, senador Gordo, sabe perfectamente que nosotros pretendíamos
hallar un mayor compromiso, porque ya ha pasado la época de la retórica.
La crisis nos está motivando a impulsar el dinero público y saber por
dónde tiene que ir. Hacemos un ejercicio de responsabilidad y compromiso
político, pero si en unos meses el Gobierno no ha cumplido lo previsto en
esta moción, nos van a obligar a exigir responsabilidades.









Página
5791




Muchas gracias, sobre todo, por la colaboración de todos los
grupos.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Pasamos al turno de portavoces.


¿Por el Grupo Mixto? (Pausa.)


No hace uso de la palabra.


¿Grupo de Senadores Nacionalistas? (Pausa.)


Entiendo que tampoco.


¿Por el Grupo de Convergència i Unió, senadora Candini?
(Denegaciones.)


Gracias.


En nombre del Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra el
senador Bonet.


El señor BONET I REVÉS: Gràcies senyor president. Ahir vaig veure,
en fi, la repercussió, i avui, que ha tingut als mitjans de comunicació
que en el Senat es pogués utilitzar amb normalitat en un Ple les diverses
llengües espanyoles, no? La meva pregunta és com es pot dir que la
utilització de les diverses llengües al Senat espanyol sigui això una
anormalitat. No és una anormalitat, és un acte de normalitat, perquè
Espanya és així. Espanya lingüísticament és plural, i ho veiem quan tenim
el tracte diari amb els senadors d’aquí, de tots els llocs que
parlem les diverses llengües espanyoles, concepte llengües espanyoles que
està inclòs així en plural a la Constitució, a l’article 3, i fins
i tot que quan es va fer la Constitució en el BOE surt la Constitució en
totes les llengües espanyoles. Per tant, la pluralitat lingüística és
intrínseca no només a Espanya sinó també a la pròpia Constitució. I per
tant, ahir vam fer un acte de profunda normalitat i profunda
constitucionalitat, eh. I després també que l’expressió
d’aquesta pluralitat que ja era hora que es fes en una institució
central de l’Estat, això es digui doncs que costi 300.000 euros,
demostra un petit, gasiu i miserable concepte d’Espanya que, en fi,
això no s’hauria de permetre.


Senyora Candini, la felicito perquè ha aconseguit que el Senat en
bloc, en una sola peça, es pronunciï sense reserves sobre la necessitat
que el corredor mediterrani sigui una prioritat de la xarxa transeuropea
de transports. Això és molt important el que estem fent avui. És
important que la cambra territorial espanyola es pronunciï per unes
infraestructures clarament axials i clarament no radials. Avui no és un
bon dia per als seguidors de la doctrina del quilòmetre zero. Vostè,
senyora Candini, ha tingut més sort que la que vam tenir la moció que
l’Entesa va presentar al març de 2001, que la va presentar el
senador Met, que fou rebutjada, eren altres temps que espero que com a
mínim en matèria de concepció d’infraestructures, de planificació
d’infraestructures, no tornin. En aquells temps vivíem en matèria
d’infraestructures un renovat esperit centralista. És així que en
el debat d’investidura el president Aznar en el seu discurs va
anunciar que el propòsit del seu nou govern era fer una xarxa
d’alta velocitat de manera que en 10 anys havia de situar totes les
capitals de província a menys de quatre hores del centre peninsular.
Aquesta concepció ja vol dir que és la concepció de quilòmetre zero
ferroviari en matèria d’AVE. Tot un clàssic doncs del centralisme,
aquest objectiu el confirmà el ministre de Foment, Francisco Álvarez
Cascos, que va presentar al juny del 2000 el Programa
d’Infraestructures 2000-2007, en què assenyalava que les inversions
es feien de manera per donar compliment al fet que en 10 anys totes les
capitals de província estiguessen a menys de quatre hores del centre
peninsular.


Bé, doncs amb aquesta filosofia d’espíritu nacional radial,
no?, no és estrany que avui encara Barcelona i València estiguin sense
connexió d’AVE. I això explica que el Govern espanyol
d’aleshores, doncs no va incorporar el corredor mediterrani com a
eix prioritari europeu. Bé, des de l’Entesa en el mes d’abril
de 2009 vàrem preguntar al senyor Zapatero si aprofitaria la Presidència
europea per impulsar el corredor mediterrani com a eix prioritari. Ens va
dir que el seu Govern estava molt interessat, i que l’impulsaria. I
ara ja arribem a la data en què això s’ha de dirimir, al mes
d’abril d’enguany s’ha de dirimir si s’incorpora
com a eix prioritari. I espero doncs que aquesta moció, en la qual estem
compromesos, està compromès el partit que dóna suport al Govern, està
compromesa l’oposició, estem compromesos tots els grups
parlamentaris, fins i tot el Grup Parlamentari de Convergència que avui
en dia està al govern de la Generalitat.


Gracias, señor presidente.


Ayer, y también esta mañana, he podido ver la repercusión que ha
tenido en los medios de comunicación el que en el Senado se puedan
utilizar con normalidad en un Pleno las distintas lenguas españolas. Mi
pregunta es cómo se puede decir que la utilización de las distintas
lenguas españolas en el Senado español sea una anormalidad. No lo es.
Precisamente es un acto de normalidad, porque España es así.









Página
5792




España lingüísticamente es plural, y lo vemos aquí en nuestro trato
diario con los senadores de todos los lugares: hablamos las distintas
lenguas españolas, un concepto, por cierto, el de lenguas españolas, que
está incluido así, en plural, en la Constitución, en su artículo 3; e
incluso cuando se publicó la Constitución en el BOE se hizo en todas las
lenguas españolas. Por tanto, la pluralidad lingüística es intrínseca no
solo en España sino también en la propia Constitución. Así pues, ayer
hicimos un acto de profunda normalidad y de profunda constitucionalidad.
Y que se diga que la expresión de esa pluralidad —que ya era hora
de que llegase a una institución central del Estado— cuesta 300 000
euros y pensar que eso no debería permitirse demuestra un pequeño y
miserable concepto de España.


Señora Candini, la felicito, porque ha conseguido que el Senado en
bloque, todos a una, se pronuncie sin reservas sobre la necesidad de que
el corredor mediterráneo sea una prioridad de la red transeuropea de
transporte. Lo que estamos haciendo hoy es muy importante. Es importante
que la Cámara territorial española se pronuncie por unas infraestructuras
claramente axiales y no radiales. Hoy no es un buen día para los forofos
de la doctrina del kilómetro cero. Usted, señora Candini, ha tenido más
suerte que la que tuvimos con la moción que presentó la Entesa en marzo
de 2001 —la presentó el senador Armet—, que fue rechazada.
Eran otros tiempos, que espero que, como mínimo, al menos en materia de
concepción y de planificación de infraestructuras, no vuelvan. Entonces,
en materia de infraestructuras vivíamos un renovado espíritu centralista.
Así, en el debate de investidura, el presidente Aznar en su discurso
anunció que el propósito de su nuevo Gobierno era hacer una red de alta
velocidad, de forma que en diez años debía situar a todas las capitales
de provincia a menos de cuatro horas del centro peninsular. Esa
concepción ya indica la doctrina del kilómetro cero ferroviario en
materia de AVE, todo un clásico del centralismo. Ese objetivo lo confirmó
el ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, que en junio de 2000
presentó el programa de infraestructuras 2000-2007, sobre el cual
señalaba que las inversiones se hacían con el objetivo de que en diez
años todas las capitales de provincias estuvieran, como digo, a menos de
cuatro horas del centro peninsular. Bien, pues con esa filosofía de
espíritu nacional radial no es extraño que aún hoy Barcelona y Valencia
estén sin conexión de AVE, y eso explica que el Gobierno español de
entonces no incorporase el corredor mediterráneo como eje prioritario
europeo.


En el mes de abril de 2009 la Entesa preguntó al señor Zapatero si
aprovecharía la Presidencia europea para impulsar el corredor
mediterráneo como eje prioritario, y nos dijo que su Gobierno estaba muy
interesado en ello y que lo impulsarían. Pues bien, ahora llegamos a la
fecha en que esto debe dirimirse. Concretamente, en abril de este año
debe dirimirse si se va a incorporar o no como eje prioritario, y espero
que esta moción, en la que todos estamos comprometidos —lo está el
partido que da apoyo al Gobierno, también la oposición, todos los grupos
parlamentarios, incluso el Grupo Parlamentario de Convergència, que
actualmente está en el Gobierno de la Generalitat…


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.


El señor BONET I REVÉS: Deia que crec que avui aquest acord ha de
servir per certificar i per donar impuls que d’una vegada per totes
s’esmeni aquest error garrafal, aquest pecat original, i
d’alguna forma doncs l’Espanya axial, no?, des del punt de
vista d’infraestructures, doncs prengui forma en la Unió Europea i
que l’eix mediterrani sigui eix prioritari.


Res més, moltes gràcies.


Decía que creo que el acuerdo de hoy debe servir para certificar y
dar impulso con el fin de que, de una vez por todas, se enmiende este
error garrafal, este pecado original, y de algún modo la España axial
desde el punto de vista de las infraestructuras tome forma en la Unión
Europea, y el eje mediterráneo sea un eje prioritario.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Gordo.


El señor GORDO PÉREZ: Gracias, señor presidente. Y, gracias,
señorías.


Para el Grupo Parlamentario Socialista es una enorme satisfacción
que los senadores que hoy me han precedido en el uso de la palabra
—la senadora Candini y el senador Bonet— se hayan podido
expresar en su lengua materna. Aunque llega tarde, y a pesar de las
críticas que en muchos casos hoy recoge la prensa española, es un derecho
de la democracia y del cual hoy todos nos podemos sentir muy orgullosos.









Página
5793




Y orgullosos nos sentimos también de haber llegado a una
transacción y a un acuerdo con todos los grupos parlamentarios para poner
de relieve la importancia del corredor mediterráneo. Sin duda, se trata
de un importante corredor que se complementa con otros, como el corredor
de la travesía pirenaica central. Este es un corredor que se configura
como uno de los principales ejes de transporte por carretera y
ferrocarril, como muy bien apuntó la senadora Candini en su interpelación
al ministro de Fomento. Además, en el futuro no solo nos permitirá
incluir una de las zonas con mayor población y de mayor peso, sino
también la interconexión modal con los distintos puertos. Como decía
antes, este corredor complementa el corredor de la travesía central, en
el que ya se está trabajando.


Señorías, ahora toca la revisión de las redes transeuropeas. En
2003, cuando estas se definieron, no fue incluida —lo siento, señor
Ortiz—. Y en 2010, durante el periodo de la Presidencia española de
la Unión Europea, ya se ha definido y acordado la metodología para su
inclusión; y consideramos que encaja plenamente en esa metodología. Por
lo tanto, el Gobierno defiende y trabaja, con el apoyo de asociaciones y
comunidades autónomas, en la incorporación del corredor mediterráneo en
las redes transeuropeas. Además, el corredor se ha incluido en la red
básica del Plan estratégico para el impulso del transporte de mercancías
por ferrocarril, tal y como nos recordó el ministro Blanco en su
comparecencia ante la Comisión de Fomento, en la que presentó el Plan de
mercancías, un plan que contempla las prioridades específicas para el
desarrollo del corredor y que formula y establece mecanismos para su
financiación y ejecución.


Señorías, no cabe duda del compromiso del Gobierno socialista, del
Gobierno de España para desarrollar esta infraestructura. Hasta 2009 se
han invertido 5200 millones de euros en la ejecución de este corredor; en
2010, 1300 millones de euros, y para 2011, nada más y nada menos que el
33% del presupuesto en línea de alta velocidad: 1684 millones de
euros.


Haciendo referencia a los hitos concretos que plantea la moción
presentada por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, he de
decirles que el proyecto para el acceso ferroviario y viario al puerto de
Barcelona —proyecto que presenta determinadas dificultades, pues no
es fácil compatibilizar el acceso viario con el ferroviario— se
encuentra en redacción. El Gobierno tiene la intención de concluirlo este
año y licitar las obras en 2011. Lo mismo ocurre con el corredor entre
Castellón y Valencia, para el que existe la intención de licitar las
obras durante este año. El Gobierno presentará en breve un estudio
integral, que sin duda busca un mejor desarrollo. Asimismo, impulsará
estudios previos, como los de Almería-Algeciras o
Tarragona-Castellón.


Señorías, como saben, la legislación española es garantista, sobre
todo desde el punto de vista medioambiental. Y los estudios informativos,
la información pública y la declaración de impacto ambiental requieren
sus fases y sus tiempos. En este sentido, se escuchará a todos, como a
Ferrmed o la llamada Declaración de Castellón. Ahora bien, es el Gobierno
el que tiene la responsabilidad de impulsar este proyecto. Y si algo nos
ha enseñado este momento de crisis ha sido que el desarrollar capacidades
que están por encima de las necesidades tiene un sobrecoste, pero no
solamente el coste de la inversión, sino también el del mantenimiento,
que en muchos casos…


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.


El señor GORDO PÉREZ: Voy terminando, señoría.


… que en muchos casos es muy superior a la propia inversión
en sí. Por tanto, entre todos hemos de buscar desarrollos y proyectos que
nos permitan ajustar en todo momento la especialización y las necesidades
a los proyectos y, por consiguiente, a la disponibilidad económica y
financiera. Hoy nuestro gran reto es generar confianza, ajustar las
cuentas públicas y llegar al objetivo del déficit del 3%, porque de esa
manera estaremos dando consistencia a nuestras infraestructuras y a
nuestra economía.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Ortiz.


El señor ORTIZ PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.


Mi grupo parlamentario también se congratula de haber llegado a
este acuerdo, al que también hemos colaborado, como es lógico. Hemos
presentado alguna enmienda que ha sido literalmente reproducida en la
enmienda transaccional, y además nuestras enmiendas iban también
encaminadas a reproducir los compromisos adquiridos por el propio
ministro en la comparecencia que se produjo hace pocas fechas en la
Comisión de Fomento de esta Cámara, como ha resaltado el senador Gordo.









Página
5794




Y me gustaría hacer dos aclaraciones. A la senadora Candini, le
pido, por favor, que cuando hable de Valencia la trate como se establece
en el Estatuto de Autonomía, es decir, como Comunidad Valenciana;
Valencia, Castellón y Alicante componen la Comunidad Valenciana. Y el
corredor mediterráneo atraviesa las tres provincias de la Comunidad
Valenciana. Valencia es la ciudad, y la Comunidad Valenciana lo es en su
conjunto. Lo digo nada más que como aclaración. Por eso, yo mismo intenté
corregirlo poniendo, cuando usted hablaba de Valencia, Comunidad
Valenciana, tal como dice, repito, el estatuto de autonomía.


En segundo lugar, el senador de la Entesa y el senador Gordo han
hecho referencia al año 2003 —si no recuerdo mal—, cuando la
malograda Loyola de Palacio era comisaria europea. Ella sí planteó ante
la Unión Europea —hay que decir las cosas como son— la
incorporación de este corredor en el Libro Blanco del Transporte, y fue
la Unión Europea la que no lo consideró prioritario. Pero aunque no
hubiera sido así, lo cierto es que desde que está gobernando el Partido
Socialista, desde el año 2004, hemos avanzado muy poco, puesto que en el
libro blanco no aparece el eje del corredor mediterráneo como eje
prioritario. Por tanto, seamos consecuentes. Ahora sí que hay voluntad
por parte del Gobierno y de las fuerzas políticas aquí representadas para
que se presione a Europa a fin de que este corredor se incluya en el
Libro Blanco del Transporte Transeuropeo, cuya revisión se va a producir
durante este año.


Por tanto, es bueno que las fuerzas políticas hayamos dado este
paso hoy aquí, firmando una enmienda transaccional para ayudar y
colaborar a que el Gobierno consiga que sus gestiones ante Europa sean lo
más fructíferas posible. La enmienda transaccional, efectivamente, se
refiere a todos los problemas que se están planteando en este corredor.
Pero también quiero decir —lo ha dicho ya el senador Gordo—
que eso no supone menospreciar el corredor pirenaico central ni tampoco
el futuro corredor cantábrico-mediterráneo. No se trata de priorizar un
corredor para quitar otro sino de complementar los corredores para el
transporte ferroviario tanto de viajeros como de mercancías. Creo que en
eso también estamos de acuerdo.


Decía el senador Gordo que se congratula de que se vayan a hacer
los accesos al puerto de Barcelona. Mi grupo parlamentario también, pero
no solo nos congratulamos por los de Barcelona, es que los puertos de
interés general del arco mediterráneo deben estar conectados con el
transporte ferroviario, sobre todo para dar salida a las mercancías, y
nuestro frente mediterráneo es muy productivo en todos esos aspectos. Y
decía también el senador Gordo que es responsabilidad del Gobierno
redactar este proyecto. Efectivamente, pero también es bueno que las
sugerencias de un lobby como ha sido Ferrmed, que ha trabajado codo con
codo con el Gobierno, y así lo ha reconocido el propio ministro de
Fomento, se tengan en cuenta. Y en cuanto a la Declaración de Castellón,
todos recordaremos que diez alcaldes de las capitales de provincia que
atraviesa este corredor se reunieron y firmaron una declaración. Por eso
yo también me congratulo de que se tengan en cuenta esas sugerencias en
la enmienda transaccional.


Dado que mi grupo parlamentario ha suscrito la enmienda
transaccional, por coherencia política la va a votar favorablemente.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Hay una transaccional firmada por todos los grupos. Se entiende,
pues, que se puede aprobar por asentimiento. (Asentimiento.)


Se aprueba.


MOCIONES


— DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, POR LA QUE SE
INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON
LA SITUACIÓN DE LAS MINORÍAS CRISTIANAS EN LOS PAÍSES DE ORIENTE PRÓXIMO
Y EN OTROS DE ASIA Y ÁFRICA. (Número de expediente Senado
662/000153.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto quinto del orden del día:
Mociones.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta
al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con la
situación de las minorías cristianas en los países de Oriente Próximo y
en otros de Asia y África.









Página
5795




A esta moción se ha presentado una enmienda por parte del Grupo
Socialista.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador
Muñoz-Alonso.


El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, durante los últimos meses la opinión pública
internacional se ha visto conmovida por los reiterados ataques
terroristas, así como por las medidas de presión de que están siendo
objeto las minorías cristianas en distintos países de Oriente Medio.


Por su abundancia y reiteración, resulta imposible hacer una
relación de todos los sangrientos acontecimientos de este tipo que se han
cebado en los últimos tiempos en las diferentes confesiones cristianas
que habitan en estos países desde hace dos milenios, mucho antes de que
llegaran sus actuales perseguidores.


Pero basta consultar las hemerotecas para constatar que no nos
hallamos ante casos esporádicos, sino ante un plan preconcebido para
eliminar cualquier rastro de pluralismo religioso en esos países de
mayoría musulmana. Se trata de un problema que no es nuevo, pues los
libros de historia nos dan cuenta de las frecuentes matanzas de
cristianos que se produjeron en el Imperio Otomano y en el marco de la
llamada cuestión de Occidente, y que suscitaron las continuas protestas
de los países europeos, especialmente durante los siglos XVIII y
XIX.


Pero, desgraciadamente, no se trata de hechos del pasado, ya que de
nuevo se ha desatado por todo el gran Oriente Medio, desde Irak a Egipto,
y con preocupantes ramalazos de intolerancia en otros países, como
Turquía, Nigeria, Argelia o Marruecos, una desaforada persecución de los
cristianos que utiliza diferentes instrumentos, desde las dificultades o
prohibiciones para celebrar libremente sus cultos, hasta las exclusiones
y, en los casos más graves, brutales atentados terroristas en iglesias
cristianas abarrotadas de fieles, como el que tuvo lugar el pasado 31 de
octubre en la iglesia del Perpetuo Socorro de Bagdad, que produjo más de
medio centenar de muertos, o el que, con motivo de la misa de Año Nuevo,
ocasionó diecisiete muertos en una iglesia copta de la ciudad egipcia de
Alejandría.


Un film francés seleccionado para los Óscar y que está teniendo un
gran éxito, De dioses y hombres, centrado en el asesinato en 1996, en
Argelia, de siete monjes trapenses, nos recuerda que la suerte de los
cristianos en el mundo islámico es un problema endémico ante el que no
podemos permanecer impasibles.


Nos hallamos, en efecto, ante una situación que nos concierne a
todos, con independencia de cuáles sean nuestras opiniones o creencias
religiosas, y así lo han entendido la enorme mayoría de los demócratas
europeos, con independencia de su ideología o de sus tendencias
políticas.


Ya en noviembre pasado un grupo de eurodiputados celebró en
Bruselas una conferencia sobre la persecución de los cristianos, en la
que se insistió en la libertad religiosa, que debe integrarse en las
políticas exteriores de la Unión Europea. Y hace solo unos días, dos
eurodiputados italianos, uno de la derecha, Mauro, y otro de la
izquierda, Gianni Pitella, han anunciado que van a presentar en el
Parlamento Europeo una resolución común. Pitella, que es presidente de
los eurodiputados del Partido Demócrata Italiano, el principal partido de
la oposición de izquierdas, ha dicho, refiriéndose a su iniciativa, que
se trata de una campaña de civilización y libertad, ya que es francamente
intolerable cualquier forma de discriminación y de persecución contra los
que profesan libremente su fe. Y ha añadido que tanto a nivel europeo
como nacional es necesario responder a esta situación de la manera más
firme. Mauro, en la parte de la derecha, ha subrayado que la libertad
religiosa no es una libertad como las otras, porque es el fundamento de
todas las demás.


Por todo ello, no puede extrañarnos que un periódico de orientación
laica, como Le Monde, dedicara el pasado mes de noviembre una editorial
en primera página a esta cuestión con el título: Un día tras otro el
éxodo de los cristianos de Oriente. Aludía allí no solo a los atentados
terroristas de que son víctimas los cristianos sino a la islamización
creciente de las sociedades en las que viven. Para las comunidades
concernidas —continuaba Le Monde—, más allá del islam
radical, es ahora la cotidiana confrontación con un islam político la que
hace cada vez más difícil la supervivencia de la cultura y la tradición
cristianas. Y concluía: el éxodo de los cristianos de Oriente es un drama
que nos concierne a todos. Tomas de posición similares hemos podido leer
en periódicos tan dispares como The New York Times o The Wall Street
Journal.


Como consecuencia de los atentados mortales se produce tan lógica
como inevitablemente el éxodo, la huida de muchos de esos cristianos
perseguidos, que intentan salvar la vida y se convierten en refugiados en
los países vecinos o en otros más alejados.









Página
5796




Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados, el 20% de los iraquíes que han huido a otros países son
cristianos, mientras que en el conjunto de la población solo representan
el 3%.


La comunidad cristiana de Iraq, que según estimaciones estaba en
torno al millón de personas, ha quedado reducida a la mitad. Naciones
Unidas da el dato de 1.100 familias cristianas que han tenido que huir de
Iraq; solo en Mosul, en octubre de 2008, después del asesinato de 14
cristianos, huyeron 14.000 cristianos, y en febrero de 2010, después del
asesinato de 10 cristianos se marcharon para salvar su vida otros 4.000
miembros de la minoría cristiana; el resultado es que de los 500.000
cristianos que vivían en Mosul solo quedan allí unos 5.000.


Y esta casi extinción de las minorías cristianas no se produce solo
en ese país sino que es una pauta generalizada en todo el mundo musulmán;
así, en un siglo, la población cristiana de Turquía ha pasado de
representar el 20% a quedar reducida al 2,0%, y en el conjunto de los
países medio orientales, el cristianismo ha pasado del 15% al 6%.


Los terroristas yihadistas presentes en los diversos países del
mundo árabe musulmán, y que a veces disfrutan de la connivencia de las
autoridades, han proclamado abiertamente que su objetivo legítimo
—según ellos— es matar a los cristianos donde quiera que se
encuentren, según reiteraba después del citado atentado de Bagdad, una
organización terrorista vinculada a Al Qaida.


Y sabemos muy bien cómo las fuerzas de seguridad españolas, como
las de otros países occidentales, no cejan en el control y
desmantelamiento de células yihadistas, durmientes o inactivas, que se
han instalado en nuestros países, porque estos grupos terroristas no
quieren limitar su campo de acción a los países musulmanes, pues, como
bien sabemos, aspiran a exportar su intolerancia y su violencia hacia
nuestros propios territorios. Sería una ceguera irresponsable que no nos
diéramos cuenta de que nos hallamos ante un gravísimo desafío a nuestro
sistema de valores y a nuestro modo de vida.


En ese conflicto, esas minorías cristianas de Oriente Medio son en
cierto modo nuestra vanguardia, y no podemos permanecer impasibles
mientras son objeto de una sistemática aniquilación que tiene todas las
características de una limpieza étnica y a veces encaja perfectamente en
el concepto de genocidio.


Las reacciones empiezan a producirse: a finales del pasado mes de
diciembre 94 parlamentarios de 15 países, de los cuales el 20% son
españoles, y algunos miembros de esta Cámara, han dirigido una carta al
presidente Barack Obama en la que, tras describir la situación de las
minorías cristianas en Iraq y otros países de la zona, le piden que los
Estados Unidos asuman el liderazgo en defensa de la libertad de religión
en Iraq y en el conjunto de Oriente Medio; los parlamentarios firmantes
de la carta se ofrecen para colaborar en todas las acciones que
contribuyan a la ayuda inmediata, transparente, unida, duradera de los
cristianos de Iraq y otras minorías religiosas.


Asimismo, los ministros de Asuntos Exteriores de Francia, Italia,
Polonia y Hungría han enviado el pasado 8 de enero una carta a la Alta
Representante para la Política Exterior de la Unión Europea, señora
Ashton, en la que le solicitan que promueva medidas para proteger a la
población cristiana frente a los ataques terroristas que vienen sufriendo
en varios países musulmanes. Y el presidente Sarkozy, en un discurso
pronunciado el pasado día 7 de enero ante los representantes de todos los
cultos religiosos existentes en Francia ha denunciado lo que denominaba
como un perverso plan de depuración religiosa en el Próximo Oriente, que
tiene como objetivo expulsar a la población cristiana. Hay que lamentar
que la diplomacia española, tras una tenue condena pronunciada tras el
atentado de Bagdad el 31 de octubre, ha estado ausente de todas estas
iniciativas emprendidas por algunos de nuestros socios europeos.


Debo recordar, sin embargo, que el 25 de mayo pasado formulé en
este Pleno al entonces ministro de Asuntos Exteriores, señor Moratinos,
una pregunta oral sobre las expulsiones de cristianos que se vienen
produciendo en Marruecos; mi interés era conocer si en el marco de la
Alianza de las Civilizaciones, proyecto estrella de este Gobierno, se iba
a abordar aquella cuestión, especialmente en el Tercer Foro Mundial de la
Alianza, que se iba a celebrar pocos días después en Río de Janeiro.


Le recordé al ministro los textos de algunos de los documentos
preparados para aquel acontecimiento, derivados tanto del I Plan Nacional
de la Alianza de las Civilizaciones, publicado en 2008, como del II Plan,
cuya vigencia se extenderá entre 2010 y 2014.


Cito literalmente uno de los párrafos más significativos de este
documento oficial del Gobierno: Asegurar el ejercicio efectivo de la
libertad religiosa, que incluye el derecho a profesar una religión o
credo o a no tener ninguna, a cambiar de religión, así como el derecho a
expresar sus creencias, solo o en comunidad con otros, en público o en
privado, a través de la enseñanza, la práctica, el culto y la
observancia. Como muestra el caso de Marruecos —añadía yo por mi
parte—, estos buenos propósitos se quedan en









Página
5797




el papel, y el Gobierno de España, portaestandarte de la Alianza de
las Civilizaciones, no hace nada para convertirnos en realidad, como dije
en aquel momento. Lo que dijimos entonces de Marruecos es, por desgracia,
extensible a todos los países de Oriente Medio, incluidos los que durante
algún tiempo han practicado una cierta tolerancia, como es el caso de
Egipto, o del propio Marruecos.


Debo reconocer que, después de aquel debate del 25 de mayo, el
ministro Moratinos, solo tres días después, propuso en Río de Janeiro, en
ese III Foro de la Alianza de las Civilizaciones, un seminario sobre la
protección de las minorías cristianas con el objetivo de garantizar la
libertad religiosa y de ejercicio. Al proyecto se sumó inmediatamente
Italia, y Moratinos subrayaba que la Alianza no es una simple iniciativa
que busca gestionar la diversidad cultural y contribuir al diálogo
interreligioso, sino que quiere ser ante todo un instrumento innovador y
eficaz en materia de diplomacia preventiva; suscribo totalmente las
palabras del anterior ministro. Pero el anunciado seminario no se ha
celebrado, y los sangrientos atentados a los que me he referido en esta
intervención demuestran que la Alianza de las Civilizaciones no ha sido
capaz, al menos hasta el momento, de desempeñar ese papel de diplomacia
preventiva a que se refería el anterior ministro.


Estamos viviendo una etapa regresiva, y todos estos países miembros
de Naciones Unidas, que no solo no defienden a las minorías religiosas
sino que las acosan y las fuerzan al exilio, incumplen sin rebozo el
artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que, les
recuerdo, establece que toda persona tiene derecho a la libertad de
pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la
libertad de cambiar de religión —algo que allí es considerado como
un delito— o de creencia, así como la libertad de manifestar su
religión o su creencia, individual o colectivamente, tanto en público
como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la
observancia. En estos países, además, se niega la universalidad de los
derechos humanos.


En un reciente viaje a Argelia, un parlamentario local afirmó
públicamente, ante varios miembros de esta Cámara, que para ellos más
importante que la declaración universal de las Naciones Unidas eran otras
declaraciones: la de la Liga Árabe y la de la Unión Africana, y allí
radica la clave para introducir medidas discriminatorias que se ceban en
otras minorías religiosas, y siempre y muy especialmente en el papel de
la mujer, a la que niegan la igualdad de los derechos —yo he tenido
ocasión de tratarlo— y que se refieren a una equivalencia de los
derechos de la mujer pero no de la igualdad, y para convertir a los
cristianos en ciudadanos de segunda, abocados al exilio, a la expulsión
pura y simple.


La moción que presentamos quiere salir al paso de esta intolerante
e intolerable situación, y a través de sus cinco puntos solicita al
Gobierno que adopte en las instituciones de la Unión Europea una actitud
más activa, como están haciendo ya otros países, según he señalado; y esa
actitud más activa debe concretarse en que se adopten medidas específicas
respecto de los países implicados para que definitivamente se ponga coto
a esta penosa situación que está produciendo tanto sufrimiento a las
minorías que son víctimas de ella. Se solicita, asimismo, que nuestra
diplomacia actúe en el mismo sentido, tanto en el ámbito bilateral como
en el multilateral, y que se destine una partida específica a través de
los fondos para la promoción del desarrollo y para la protección de las
citadas minorías.


Otro de los puntos de nuestra moción insta a que se estudie la
posibilidad de acoger en España a algunos cristianos orientales que se
encuentran en situaciones de especial peligro. A ese respecto, vale la
pena recordar que según el periódico Le Monde, Francia ya ha acogido a
1500 cristianos de Iraq y, tras el atentado de Bagdad, se dispuso a
recibir otros 150. Ante una interpretación literal de la Ley 12/2009, de
30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección
subsidiaria, que pudiera plantear dificultades jurídicas para aplicar sus
beneficios a estas minorías cristianas, creo que es un buen precedente su
aplicación al caso de los presos de conciencia cubanos excarcelados
recientemente por aquella dictadura y acogidos por España.


Por otra parte, la misma ley alude claramente, en su disposición
adicional cuarta, a la cooperación en el marco del Unión Europea y, más
allá de las gestiones bilaterales que pueda llevar a cabo la diplomacia
española, sería conveniente afrontar este grave problema en el ámbito de
la política exterior y de seguridad común de la Unión.


En el punto 5 del petitum de la moción se insta al Gobierno a que,
en el ámbito de la Alianza de las Civilizaciones, exija a los miembros
islámicos de la misma la estricta reciprocidad, de modo que los
cristianos gocen en aquellos países de las mismas garantías para la
profesión y práctica de sus creencias religiosas que las que disfrutan
los musulmanes en los países occidentales. Ya nos hemos referido a los
compromisos asumidos en este sentido por el anterior ministro de Asuntos
Exteriores y Cooperación.









Página
5798




Señorías, todo esto es una exigencia para todos nosotros y es una
manera de intentar poner remedio a una situación que ha llegado ya a unos
extremos absolutamente intolerables.


Por eso les pido a todos el apoyo a la moción que acabamos de
presentar.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra la senadora Gutiérrez.


La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Señor presidente, el Grupo
Socialista y el Gobierno de la nación siempre han liderado la lucha por
la defensa de los derechos humanos, y en particular para procurar a todas
las personas la libertad de pensamiento, religión y conciencia, tal y
como se recoge en el artículo 18 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos. La condena del Gobierno español ha sido clara y
contundente a los atentados terroristas perpetrados contra comunidades
cristianas.


Por todo ello, permítame, señor presidente, expresar mi posición
respecto a la enmienda presentada por mi grupo a la moción del Grupo
Popular. Y esta enmienda tiene como principal objetivo, en primer lugar,
propiciar que el Senado, de forma unánime, condene, con la mayor firmeza,
los brutales ataques terroristas y la persecución religiosa que están
sufriendo las comunidades cristianas en Iraq y en otros países de Asia y
África.


Además, proponemos instar al Gobierno a una serie de acciones en
una triple dirección: en el ámbito de las relaciones internacionales,
bilaterales o multilaterales, en el de la Unión Europea, y siempre con
referencia básica al artículo 18 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.


También proponemos una serie de iniciativas en relación con la
aplicación del ordenamiento jurídico interno para la protección de
determinadas minorías. En concreto, proponemos que, en el ámbito de la
Unión Europea, el Gobierno promueva una mayor atención por parte de las
instituciones europeas hacia la situación de las minorías religiosas en
los países de Oriente Próximo y en otros de Asia y África. Asimismo, que
esa atención se concrete en medidas que tengan como objetivo la efectiva
protección a las personas y a las comunidades para que puedan libremente
practicar la religión que profesan sin sufrir ningún tipo de violencia,
coacción o discriminación.


En el segundo punto proponemos que se incluyan una serie de
iniciativas en el ámbito bilateral y multilateral para que se apoye a los
países afectados en la lucha contra el radicalismo fundamentalista y en
defensa de la libertad religiosa, de acuerdo con el artículo 18 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos.


También en aplicación de la nueva ley, aprobada por las Cortes
Generales recientemente sobre fondos para la promoción del desarrollo,
establecemos que el Gobierno preste especial consideración a los grupos
sociales más desfavorecidos, entre ellos las minorías religiosas. También
que se haga eco de la aplicación de la ley de asilo y de la protección
subsidiaria y pueda estudiar, tal y como propone la propia iniciativa del
Grupo Popular, la posible acogida de algunos cristianos que se encuentren
en una situación de mayor peligro.


Por último, y por no por ello menos importante, proponemos seguir
profundizando en el trabajo que ya realiza la Alianza de Civilizaciones
para promover la cooperación entre confesiones religiosas, la cooperación
que solo puede surgir de la continua labor de tender puentes y
profundizar en el conocimiento mutuo y el respeto. Solo así será posible
que los ciudadanos pertenecientes a cualquier minoría gocen en estos
países de las garantías para procesar su propia religión.


Señorías, hemos realizado un esfuerzo y un trabajo de aproximación,
un trabajo de diálogo con todos los grupos de esta Cámara, especialmente
con el Grupo Popular, de cara a poder llegar a una posición común por
parte del Senado en este asunto. Por ello, pedimos, especialmente al
Grupo Popular, un esfuerzo porque aún estamos a tiempo de alcanzar una
propuesta transaccional que sea asumible por todos los grupos de esta
Cámara.


Señorías, señor presidente, el objeto de esta enmienda no es otro
que lograr un amplio consenso en el Senado que permita mostrar que por
encima de las diferencias ideológicas todos estamos de acuerdo en la
necesidad de promover el respeto de los derechos humanos, específicamente
el de libertad de pensamiento, religión y conciencia.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)









Página
5799




El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el señor Muñoz-Alonso para manifestar la posición
sobre la enmienda que acabamos de escuchar.


El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Gracias, presidente.


La enmienda del Grupo Socialista, que agradezco en principio, es
una redacción de una manera distinta de mi misma moción, con un único
punto en el que creo que va a ser muy difícil que alcancemos un acuerdo.
He aceptado ya algunos puntos de la enmienda de sustitución, empezando
por el encabezamiento que dice: «El Senado —antes de que yo dijera
el Senado insta—, además de condenar con la mayor firmeza los
brutales ataques terroristas y la persecución religiosa sistemática que
están sufriendo las comunidades cristianas en Iraq y en otros países de
Asia y África, insta al Gobierno a». Aceptado sin ninguna
dificultad.


En el punto 2 acepto también, por supuesto y porque me parece una
mejora, el añadido que dice: «... de acuerdo con el artículo 18 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos», a la que, como han dicho
ustedes, he aludido en mi exposición.


En cuanto al punto 3, acepto la redacción que me propone el Grupo
Socialista, que es muy parecida a la mía, pero que hace referencia a la
Ley 36/2010, que entrará en vigor el próximo 20 de enero, y a los
contextos y grupos sociales más desfavorecidos, entre ellos las minorías
religiosas. Perfecto, no me importa, renuncio a mi redacción y acepto el
texto socialista.


Lo que no puedo aceptar son los cambios que se me proponen para el
punto 5, donde el Grupo Socialista quisiera que desapareciera la palabra
reciprocidad, que para mí es fundamental y creo que está muy patentemente
expresada en los textos que he leído de la propia Alianza de las
Civilizaciones y del propio ministro Moratinos cuando debatimos algo
parecido a eso aquí y por una razón que me parece que vale la pena que la
explique. Me proponían la sustitución de la palabra reciprocidad por
equivalencia y esa palabra supone para mí toda la reserva y, por qué no
decirlo, todo el rechazo, y voy a explicar por qué. Cuando hace bastantes
años, en la otra Cámara, yo tuve que defender alguna cosa parecida a
esta, me encontré con algo muy curioso, un libro que me dieron, en
español, por supuesto, pero editado en Irán, donde se explicaba que los
derechos de la mujer allí no estaban discriminados. ¿Cuál era la
explicación? Que los derechos de la mujer no son iguales a los del hombre
porque las mujeres y los hombres no son iguales, sino equivalentes. La
palabra equivalencia que ustedes usan —me parece que es un
error— es la que ellos utilizan para justificar la discriminación
de la mujer, y yo no estoy dispuesto a pasar por eso. Yo hablo de la
estricta reciprocidad entre el trato de las minorías musulmanas en los
países occidentales y el trato que pido y exijo a las minorías cristianas
en los países de mayoría musulmana. En eso consiste la reciprocidad y,
desde luego, pueden ustedes estar de acuerdo o no, pero les ruego que no
utilicen lo de equivalencia porque están cayendo en las tesis
discriminatorias que se difunden en determinados países musulmanes. Por
eso lo siento, porque estando de acuerdo con los tres puntos a los que he
aludido al principio, no puedo en absoluto aceptar la sustitución del
punto 5 de la moción de mi grupo por el que ustedes proponían para llegar
a un acuerdo general.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Pasamos al turno de portavoces.


¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)


¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas? (Pausa.)


Tiene la palabra el senador Anasagasti.


El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Presidente jauna, ohorea da niretzat
ganbera honetan nire gurasoen hizkuntza erabiltzea. Nire euskara ez da
ona, nire haurtzaroan eta gaztaroan jazarritako hizkuntza izan zelako.
Niri, Iñaki gisa bataiatua eta erregistratua izan nintzenari, izena
aldatu eta Ignacio deitu zidaten, hizkuntza inperioaren kidea den obsesio
uniformizatzaileagatik, eta inperioak bakarrik erdaraz hitz egin behar
zuen.


Badakit esaten ari naizena ulertzeko itzulpena behar duzuela, zeren
eta euskararen jatorria ezezaguna da, aurre-indoeuroparra eta ezagutzeko,
errespetatzeko eta erabiltzeko ondarea da. Eta bere jatorria ezezaguna
bada, guk ez dugu bere amaiera ezagutu nahi.


Uste dut ganbera hau lurralde-ordezkaritzakoa bada, nazio, kultura
eta hizkuntza anitzeko estatuan, ez dagoela batere gaizki, Belgikan
bezala, hiru hizkuntza koofizialak erabili ahal izatea, bizirik
daudelako.









Página
5800




Era berean, badakit eskuin tematiaren aldetik oso gogorra eta
demokratikoa ez den kanpaina dagoela. Erabiltzen duten argudioa da
guztiok erdara baldin badakigu, erdara bakarrik erabil dezagula eta
liturgia lelo hau ken dezagula. Eskubideak zenbatzen dituzte. Irizpide
honen arabera, ken ditzagun Pazko Militarra, jauregiak, eskumuinak…
ez dutelako ezertarako balio eta hitz egin dezagun guztiok txineraz,
gehien hitz egiten den munduko hizkuntza delako.


Konstituzioa onartu zenetik 32 urte pasa eta gero, gau hau barreen
objektu da, eta horrek esan nahi du ez dagoela onartuta autonomien
estatua. Eta tamalgarria da. Izan ere, Asturiaseko Printzeek Gabonak
zoriondu dituzte erdaraz, ingelesez eta frantsesez, erdara eta hizkuntza
koofizialak errespetatu beharrean, euren soldata autonomia horiek
ordaintzen badute ere. Autonomia horiek euren hizkuntza euren mugen
hesietan izatera derrigortzen dituzte.


Badakit askok ez duzuela entzungailurik jarriko. Eta asko gustatzen
zait zuen sektakeria hain agerian geratzea. Frankoren garaietan
diktadurak hizkuntza hauek hilerrietatik ere kentzeko neurri guztien alde
egingo zenuten, eta komunikazio-kode hauek jasan zuten jazarpenagatik
baino ez bada ere, gutxieneko errespetua izan beharko zenukete, baina ez
duzue izango, bizi zareten Tea Party berezi horrek ez dizuelako uzten.
Eta barru-barruan, niri asko gustatzen zait.


Ez diogu inongo beldurrik PPko Alejandro Muñoz Alonsori, mozio hau
da adibidea. Van Halenen PPri diogu beldur, España beltz eta
erasotzailearen ordezkari. Guzti honegatik, saiatuko gara Zapaterori urte
bateko laguntza ematen, eta PPk erakutsi duen errespetu falta guztiz
antidemokratikoa delako.


Sarrera honek balio dezala adierazteko hau jarraitzen duela izaten
gutxiengoen eskubideen babes-lerroa. Popularren legebiltzar taldearen
Mozio honen alde egingo dugu. Mozio osoa gutxiengoen, kasu honetan
gutxiengo erlijiosoen, erabateko defentsa da. Are gehiago pairatutako
sarraskiaren ondoren.


Mozioan Zibilizazioen Aliantzaren esparruaz hitz egiten da. Alderdi
Popularrak ez du kontzeptu hori, hain zuzen ere, gehiegi maite, baina
ondo dator hemen elkarrekikotasuna eskatzeko kristau-ohituren garaian.
Horri buruzko aurrekaririk badago. Europako Parlamentuak Ebazpen bat
onartu zuen Egipton eta Malasian kristau-erkidegoen kontrako atentatuak
salatzeko. 2010eko urtarrilaren 6an, Egipton, sei kristau koptoren eta
polizia baten hilketa, Goi Egipton kristau-negozio asko suntsitzea, eta
Malasian elizen eta gurtza-tokien kontrako erasoak, giza eskubideekiko
eraso larriak dira. Europako Parlamentuak Europar Batasuneko erakundeak
gonbidatu ditu bere kanpoko harremanen esparruan, gaur munduan zehar
jazarritako gutxiengo erlijiosoen, kristau-erkidegoak barne, egoerari
arreta berezia ematea adosteko.


Ikerketen arabera, % 75 eta % 85 arteko munduko jazarpen
erlijiosoek kristauei kalte egiten diete, eta, urtero, hauetariko asko
hil egiten dira euren fedeagatik. Bortizki jazarritako fededunen
zenbatekoa, guztira, 200 milioi pertsona ingurukoa da. Informazio hauek
ez dute behar bezalako entzuterik, zeren eta adibidez Iraken, Egipton edo
Malasian, konnotazio politikorik izan edo ez, kristauen kontrako
indarkeria musulmana agerian uztea ez dirudi politikoki zuzena denik.
Zorionez, Europan oso odoltsua izan zen kristauen kontrako indarkeria
gelditu zen, momentuz, Sobietar Batasunaren erorketarekin. Musulmanen
kontrako indarkeria, berriz, Balkanetako gudaren ostean. Horregatik,
kontzentratu behar gara beste kontinenteetan gertatzen diren egungo
jazarpen erlijioso gogorretan, ez bakarrik herrialde musulmanetan, baizik
eta Txina bezalako beste batzuetan ere —Tibeteko budisten,
kristauen, musulman uigureen, eta abarren kontra—, Afrikako
herrialde askotan eta ospetsua eta baketsua den Indian.


Europako Parlamentuaren Ebazpenak Europar Batasuneko Ministro
Kontseiluak 2009ko azaroaren 16an hartutako Ebazpenaren berri eman zuen,
eta Europar Batasunaren konpromiso sendoa berresten du, erlijioaren eta
sinismenen askatasuna sustatzeko eta babesteko, eta berresten du bere
asmoa gai hauei lehentasuna emateko, Europar Batasuneko giza eskubideen
politikaren parte gisa, bereziki, bere alde biko harremanen esparruan eta
alde anitzeko esparruetan.


Mila esker, presidente jauna.


Señor presidente, es un honor para mí expresarme en esta Cámara en
el idioma de mis padres. Mi euskera no es muy bueno ya que fue una lengua
perseguida en mi niñez y en mi juventud. A mí, que fui bautizado y
registrado como Iñaki, me cambiaron el nombre y me pusieron Ignacio por
la obsesión uniformizadora que lleva pareja la lengua imperial y, por lo
tanto, el imperio debía hablar solo en español.


Sé que para entender lo que estoy diciendo necesitan traducción, y
es que el origen del euskera es desconocido. Es preindoeuropeo, un
patrimonio a conocer, a respetar y a utilizar, y aunque su origen sea
desconocido, nosotros no queremos ser testigos de su desaparición.









Página
5801




Pienso que como esta es una Cámara de representación territorial,
en un Estado con diversidad nacional, cultural y lingüística no está nada
mal, como ocurre, por ejemplo, en Bélgica, que se puedan utilizar las
tres lenguas cooficiales ya que están vivas.


A su vez, sé que hay una campaña muy dura y antidemocrática
promovida por la derecha más recalcitrante, cuyo argumento es que como
todos sabemos español, que solo utilicemos español y nos olvidemos de
esta liturgia tonta. Según ese criterio, quitemos también la Pascua
Militar, los palacios o los besamanos porque no valen para nada y
hablemos todos en chino porque es la lengua que más se habla en todo el
mundo.


Cuando ya han pasado 32 años desde que se aprobó la Constitución,
este tema es objeto de burla, lo que quiere decir de alguna manera que el
Estado de las Autonomías no está aceptado. Los Príncipes de Asturias han
felicitado las Navidades en español, en inglés y en francés en vez de
respetar las lenguas cooficiales, si bien son esas autonomías las que
pagan sus sueldos. Esto obliga a las autonomías a mantener sus lenguas
dentro de sus fronteras.


Ya sé que muchos ni siquiera se pondrán los auriculares y me
encanta que su sectarismo quede tan patente. En la época franquista
hicieron todo lo posible por quitar estas lenguas hasta de los
cementerios, y solo por la persecución que sufrieron estos códigos
comunicativos deberían mostrar un mínimo respeto, pero no lo van a tener
ya que este Tea Party peculiar en el que habitan no se lo permite, y en
el fondo a mí todo esto me gusta.


No le tenemos ningún miedo al señor del PP Pedro Muñoz-Alonso, y
esta moción es un ejemplo. Le tenemos miedo al PP como representante de
esa España negra y violenta y, por eso, vamos a intentar darle nuestro
apoyo al señor Zapatero. Sabemos que la falta de respeto del PP es
totalmente antidemocrática.


Esta introducción va en línea con la defensa de los derechos de las
minorías. Votaremos a favor de la moción presentada por el Grupo
Parlamentario Popular. La moción en su totalidad es una defensa absoluta
de las minorías, en este caso de las minorías religiosas, máxime después
de la masacre que han sufrido.


En la moción se habla del ámbito de la Alianza de las
Civilizaciones, concepto que no agrada demasiado al Partido Popular pero
que viene muy bien para apelar a la solidaridad en la época de los
valores cristianos. Ya hay precedentes sobre todo esto. El Parlamento
Europeo aprobó una resolución en la que condenaba los atentados contra
las comunidades cristianas de Egipto y Malasia. El 6 de enero de 2010
asesinaron en Egipto a seis cristianos coptos y a un policía y cabe citar
también la destrucción de numerosos negocios de cristianos en el Alto
Egipto y los ataques contra las iglesias y lugares de culto en Malasia.
Todos ellos son ataques graves a los derechos humanos. El Parlamento
Europeo ha invitado a las instituciones de la Unión Europea a que en el
ámbito de sus relaciones exteriores acuerde conceder una atención
especial a las minorías religiosas perseguidas en todo el mundo,
incluidas las comunidades cristianas.


Según las investigaciones, entre un 75% y un 85% de todas las
persecuciones religiosas del mundo afectan a los cristianos y año tras
año mueren por razón de su fe. El número de personas creyentes
perseguidas violentamente es de unos 200 millones. Estos datos no tienen
el eco que se merecen. Al parecer dejar al descubierto la violencia que
sufren los cristianos en Iraq, Egipto o Malasia por parte de los
musulmanes, ya sea con connotaciones religiosas o sin ellas, no es
políticamente correcto. Por suerte, en Europa la violencia sangrienta
contra los cristianos se acabó con la caída de la Unión Soviética y la
violencia contra los musulmanes, por su parte, después de la guerra de
los Balcanes. Por ello, nos debemos concentrar en las persecuciones
religiosas tan crueles que ocurren en los otros continentes y no solo en
los países musulmanes sino en otros, por ejemplo en China contra los
budistas del Tíbet, los cristianos, los musulmanes uigures, etcétera, o
en muchos países de África y en la conocida y pacífica India.


El Parlamento Europeo informó sobre la resolución adoptada por el
Consejo de Ministros de la Unión Europea en la que se reafirma el
compromiso firme de la Unión Europea para impulsar y proteger la libertad
religiosa y de culto. Asimismo, se reafirma en su intención de dar
prioridad a estos temas como parte de la política sobre derechos humanos
de la Unión Europea, en especial en el ámbito de las relaciones
bilaterales y multilaterales.


Muchas gracias, señor presidente.









Página
5802




El señor PRESIDENTE: Gracias.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió, tiene la palabra el senador Vilajoana.


El señor VILAJOANA I ROVIRA: Sí, president, moltes gràcies.
Senadors, senadores, senador Pedro Alonso Muñoz, jo voldria agrair-li
aquesta moció que ha presentat, en primer lloc perquè ens permet, aquí al
Senat, que el grup de Convergència i Unió pugui condemnar, com planteja
el text alternatiu que planteja el Partit Socialista, pugui condemnar amb
la major fermesa possible, els brutals atacs terroristes i la persecució
religiosa sistemàtica que estan sofrint les comunitats cristianes a
l’Iraq i a altres països d’Àsia i Àfrica; i es per això que
ens sembla bé que aquesta moció insti al govern a que, dins de la tasca
que es fa a la Unió Europea, doni una major atenció per part de les
autoritats europees a la situació d’aquestes minories religioses.


I en aquest sentit li voldria dir, senyor Alonso, que ens agrada
més l’al•lusió que fa la proposta socialista, l’esmena
que li proposa el Partit Socialista, de parlar de minories, diguéssim,
perseguides, de tot tipus, més que no pas minories cristianes; perquè en
aquests moments el tema greu ha estat aquest, però ens sembla que en
aquests moments hi ha un conjunt global de la Humanitat que està patint
una persecució per les seves idees que ens sembla, aquí, el factor
fonamental.


Ens sembla també molt bé que en aquesta moció s’incorpori
l’al•lusió a l’article divuit de la Declaració dels
Drets Humans, que vostè ha acceptat, perquè ens sembla fonamental que hem
de lluitar per protegir aquests drets humans, i el dret de tota persona a
la llibertat de consciència, així com a la llibertat de practicar la
religió que cregui més oportuna, i això fer-ho individualment,
col•lectivament i en públic; i per tant, jo crec que recull aquests
aspectes.


En conjunt, nosaltres estem molt a prop, i vostè ho ha acceptat, de
l’alternativa que planteja el Grup Socialista. Aquí hi ha un punt
de discrepància fonamental, que és al punt cinquè. Aquí vostè dóna una
gran importància a la paraula «reciprocitat». És cert que nosaltres volem
que els drets que tenim, que tenim tots els ciutadans del món, siguin
respectats a tot arreu; però, repeteixo, Espanya és un país no
confessional i, per tant nosaltres no actuarem, per dir-ho així,
estructuralment en aquests països. El que sí volem és que es respectin
aquests drets de les persones basats en aquesta Declaració Universal. Per
tant, nosaltres estaríem més a prop de la proposta que li fa el Partit
Socialista, que en l’àmbit de l’Aliança de les Civilitzacions
promoguem un diàleg entre tots els membres islàmics per aconseguir que
aquest respecte es produeixi.


Ens agradaria molt, senyor Alonso, que poguéssim acostar-nos i que
poguéssim donar suport a aquesta moció, però ens sembla que aquest punt
té la seva importància. Vostè ho diu, i vostè, a partir d’aquesta
importància que li dóna, ens nega. Nosaltres l’informem que, si no
es pogués arribar a un acord en aquest aspecte, nosaltres ens abstindríem
en aquesta moció, en la votació d’aquesta moció; tenint en compte,
repeteixo, que estem fonamentalment d’acord, i a més ens sembla una
bona oportunitat perquè en aquesta cambra tornem a parlar de drets
humans, de minories perseguides, i que la necessitat i el compromís que
tenim tots perquè aquestes minories perseguides trobin una solució i
puguin viure en pau de consciència, personal, física, de tota mena,
respectant la seva consciència, les seves idees, les seves voluntats.


Res més; moltes gràcies, President, senadores, senadors.


Muchas gracias, señorías. Senador Muñoz-Alonso, yo quisiera
agradecer la moción que ha presentado, en primer lugar, porque permite
que el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió pueda condenar aquí, en
el Senado, con la mayor firmeza posible, como plantea el texto
alternativo que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, los brutales
ataques terroristas y la persecución religiosa sistemática que están
sufriendo las comunidades cristianas en Iraq y en otros países de Asia y
África.


Por ello nos parece bien que esta moción inste al Gobierno a que,
dentro de la tarea que se lleva a cabo en la Unión Europea, las
autoridades presten una mayor atención a la situación de estas minorías
religiosas, y en este sentido quisiera decirle, señor Muñoz-Alonso, que
nos gusta más la sugerencia que recoge la enmienda que le propone el
Grupo Parlamentario Socialista de hablar de minorías perseguidas de todo
tipo más que de minorías cristianas. Es cierto que en este momento el
tema grave ha sido este, pero nos parece que hay un conjunto global de la
humanidad que está teniendo una persecución por sus ideas, lo que aquí
nos parece un factor fundamental.


Asimismo nos parece muy bien que en esta moción se incorpore la
alusión al artículo 18 de la Declaración Univeral de los Derechos Humanos
que usted ha aceptado; nos parece fundamental. Tenemos que luchar para
proteger estos derechos humanos y el derecho de toda persona a la
libertad de conciencia,









Página
5803




así como a la libertad de practicar la religión que le parezca más
oportuna y hacerlo de manera individual o colectiva y en público, y
entiendo que se recogen estos aspectos.


Nosotros estamos muy cerca, y usted lo ha aceptado, de la
alternativa que plantea el Grupo Parlamentario Socialista. Pero hay un
punto de discrepancia fundamental; me refiero al punto cinco. Aquí usted
da gran importancia a la palabra reciprocidad. Es cierto que nosotros
queremos que los derechos que tenemos todos los ciudadanos del mundo sean
respetados en todas partes, pero repito que España es un país no
confesional, y por tanto, y por decirlo de alguna manera, no vamos a
actuar estructuralmente en estos países. Lo que sí queremos es que se
respete el derecho de la persona basado en esta declaración universal.
Así que estaríamos más cerca de la propuesta que hace el Grupo
Parlamentario Socialista en la cual se propone que, en el ámbito de la
Alianza de las Civilizaciones, promovamos un diálogo entre todos los
miembros islámicos para conseguir que se produzca este respeto.


Nos gustaría mucho, señor Muñoz-Alonso, que pudiéramos acercarnos y
apoyar esta moción, pero nos parece que este punto tiene su importancia.
Usted lo dice, y a partir de la importancia que le da, nos lo niega. Pero
le informamos de que si no se pudiera llegar a un acuerdo en este
aspecto, nosotros nos abstendríamos respecto de esta moción, teniendo en
cuenta, repito, que estamos fundamentalmente de acuerdo con ella y que
esta nos parece una buena oportunidad para que en esta Cámara se vuelva a
hablar de derechos humanos, de minorías perseguidas y de la necesidad y
compromiso de todos para que todas estas minorías encuentren una solución
y puedan convivir en paz de conciencia, personal, física y de todo tipo,
respetando su conciencia, sus ideas y sus voluntades.


Nada más y muchas gracias, señor presidente, señorías.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Entesa tiene la palabra el senador De
Puig.


El señor DE PUIG OLIVE: Senyor president, senyores senadores,
senyors senadors, d’aquí un mes farà 32 anys que jo sóc
parlamentari de l’Estat espanyol, d’Espanya. 25 anys en el
Congrés de Diputats i més de set en el Senat. I aquest, avui, és el meu
últim discurs parlamentari.


D’aquí dues setmanes presentaré la meva renúncia com a
senador tal com vaig anunciar ja fa temps, i és voluntat meva, perquè
passo a d’altres tasques d’interès personal per mi, després
de tots aquests anys d’haver fet de parlamentari, ja dic, en el
Congrés de Diputats, i en el Senat, encara que la meva acció més
persistent com a parlamentari ha estat a les delegacions internacionals i
particularment en el Consell d’Europa.


Es dóna la circumstància que aquest final de la meva carrera
parlamentària es dóna en una ocasió molt especial. Jo durant 32 anys he
parlat en castellà al Congrés i al Senat, i just en el moment en què
me’n vaig, es dóna l’oportunitat que ho pugui fer en la meva
llengua pròpia, cosa que és una enorme satisfacció per mi, i em fa pensar
també que no hi ha mal que cent anys duri. És a dir, que al final les
coses, aquelles per les quals hem lluitat, s’arreglen.


La meva satisfacció va una mica més enllà de la reacció de molts
mitjans de comunicació d’ahir mateix. Ahir va ser el primer dia en
què es va poder fer això, es va poder parlar les llengües cooficials, i
avui hem vist la reacció en molts mitjans de comunicació. Jo estic una
mica trist, estic una mica trist perquè veig molt parlar del pinganillo i
de frivolitats. Francament, és que estic en desacord, però és que em
sembla a més a més de política o de plantejament gallinaci de la política
perquè en aquesta ocasió les llengües no es va al fons de la qüestió.
Ningú, no he vist en cap diari que el fons de la qüestió és que una
institució com el Senat, central a l’Estat espanyol, reconeix les
llengües oficials o cooficials, i fa un reconeixement en línia amb el que
diu la Constitució, de respecte i protecció de les altres llengües que no
són el castellà, la fa seva i demostra així als ciutadans
d’aquestes parts d’Espanya on hi ha una altra llengua
cooficial, que la respecta, que la fa seva, i per tant això és un element
de profunditat democràtica constitucional, i en relació amb el que ha de
ser el Senat, la cambra territorial, molt important.


En tot cas, ja els dic, en el meu darrer discurs tinc la
satisfacció de parlar català i també els vull dir que aquests anys
m’han ensenyat moltes coses, he lligat moltes amistats, com vostès
poden comprendre, de tots els grups polítics, he tingut una relació en
general magnífica amb tothom, he après moltes coses de vostès i dels meus
antics col•legues al Congrés de Diputats, i he comprès després de
tots aquests anys, que potser no hi ha una activitat més noble a fer en
els nostres països, en les nostres comunitats autònomes, en les nostres
nacionalitats i regions però també a l’Estat espanyol, que el noble
exercici de la política. I he après també que la immensa majoria dels
polítics són honestos, honrats, i tenen un ideal de treball al servei
dels ciutadans, contràriament al que diuen aquestes tertúlies indecents
que sentim cada dia, que









Página
5804




volen desprestigiar els polítics per desprestigiar la política i
per fer mal a la democràcia. Jo he entès el contrari. Jo me’n vaig
orgullós d’haver treballat en el camp que han treballat vostès
perquè entenc que el que fan vostès, i el que faran els que els seguiran,
és com dic una de les tasques més nobles que pugui realitzar un ciutadà
que defensa la seva societat i el seu país. (Aplaudiments.)


I dit això, voldria referir-me a la moció que ha presentat el
senyor Muñoz Alonso, diguem que si les coses no canvien, no la podrem
votar. Estic content que el senyor Muñoz Alonso hagi presentat aquesta
moció, perquè com ell ha explicat la situació històricament i actualment
de la persecució de grups cristians arreu del mon, o almenys d’una
part molt important d’Àsia i d’Euroàsia i Àsia, és
d’una gravetat extraordinària i mereix la pena que ens
n’ocupem, val la pena que el Senat prengui una decisió.


També estic content que el senyor Muñoz Aonso accepti del Grup
Socialista tres o quatre de les quatre primeres esmenes, que no eren ben
bé una esmena, perquè recollien pràcticament el mateix que deia el senyor
Muñoz Alonso, que les reculli i les faci seves.


Aleshores, jo em pregunto: fer l’èmfasi en la paraula
reciprocitat, per què? Fins al punt de perdre la moció? Que no es podia
aprovar? És tan important que digui reciprocitat com perquè no puguem
votar tots unànimement? No es pot dir una altra paraula? No es aprovar
una altra fórmula? Jo li suggereixo, ara, així mateix, home, diguem que
en el més estricte...., en compte de en la més estricta reciprocitat,
diguem en el més estricte respecte del concepte de llibertat religiosa en
el món internacional, per exemple. Però és que reciprocitat, jo he tingut
ocasió de comentar-l’hi, per mi és un tema potser equívoc, i pot
tenir una interpretació molt diferent de la que vol el senyor Muñoz
Alonso. Jo entenc el que proposa, i puc estar-hi d’acord, però sé
que hi ha gent que interpretarà aquest punt com plantejar
l’exigència que els seus grups religiosos en el nostre país puguin
exigir, parlant de reciprocitat, el tractament que tenen aquests grups
religiosos en els seus països. I això ens crearia una situació imagini
aquests sectors musulmans diguessin: «Escolti, ara nosaltres, el mateix
tractament a Espanya que tenen a la resta els cristians i també els
catòlics». I entrem en una dinàmica que els que protestaran més, si això
passa, si això passés, serien vostès. El més possible; encara potser que
d’altres àmbits ideològics es podria acceptar una cosa
d’aquest tipus, però els que estic segur que no ho acceptarien
serien vostès. Per tant, per què no traiem la paraula reciprocitat que té
aquest rerefons negatiu, i possiblement preocupant, per una altra fórmula
que no pugui ser interpretada de cap manera? Jo li he dit aquesta, en el
més estricte compliment del concepte de llibertat religiosa en el dret
internacional. Punt. Ja ningú podrà interpretar si jo tinc dret ara,
aquí, si jo exigeixo a l’Estat espanyol, o jo exigeixo a
l’Estat francès que a mi em faci el mateix que a la religió
cristiana. Això desapareix; i, escolti, pel que he sentit dels portaveus,
si vostè accepta un tipus de fórmula així, i ens la suggereix en la seva
última intervenció, votarem tots a favor, tenint en compte ja
l’esforç que ha fet ja d’acceptar algunes de les fórmules del
Partit Socialista.


Per tant, jo li demano que faci aquest últim esforç, en bé del que
ha sigut la seva moció i del que potser la posició general del Senat. I
bé, senyories, aquesta serà la nostra posició negativa, si no hi ha algun
canvi, i positiva si hi ha aquest canvi.


Per la resta, ja els he dit: aquesta és la meva darrera, última
intervenció, els agraeixo de tots vostès el tracte personal que
m’han tingut durant tots aquests anys, i espero que ens seguim
veient. Moltes gràcies. (Aplaudiments.)


Señor presidente, señoras y señores senadores, de aquí a un mes
hará 32 años que soy parlamentario de España —25 años en el
Congreso de los Diputados y ya más de 7 en el Senado—, y hoy es mi
último discurso parlamentario.


En dos semanas presentaré mi renuncia como senador, tal como
anuncié ya hace un tiempo. Es mi voluntad porque paso a realizar otras
labores de interés personal para mí después de todos estos años de haber
trabajado como parlamentario, como digo, en el Congreso de los Diputados
y en el Senado, aunque mi acción más persistente como parlamentario ha
sido formar parte de las delegaciones internacionales y más en particular
en el Consejo de Europa.


Se da la circunstancia de que este final de mi carrera
parlamentaria se da en una ocasión muy especial. Yo, durante 32 años he
hablado en castellano en el Congreso de los Diputados y en el Senado y
justo en el momento en que me voy se me da la oportunidad de poderlo
hacer en mi lengua propia, lo cual es una enorme satisfacción para mí y
me hace pensar también que no hay mal que cien años dure. Es decir,
aquellas cosas por las que hemos luchado se arreglan.


Y mi satisfacción va un poco más allá de la reacción de muchos
medios de comunicación de ayer mismo. Ayer fue el primer día en que esto
se pudo hacer, se pudieron hablar las lenguas oficiales y hoy









Página
5805




hemos visto lo que expresan muchos medios de comunicación y yo
estoy algo triste. Estoy algo triste porque veo que se habla mucho del
pinganillo y de frivolidades que, francamente, estoy en desacuerdo con
ellas, pero además me parece un planteamiento gallináceo de la política,
porque en esta cuestión de las lenguas nadie va al fondo de la cuestión,
no lo he visto en ningún periódico y el fondo de la cuestión es que una
institución central como el Senado español reconoce las lenguas oficiales
o cooficiales y hace un reconocimiento en línea con lo que dice la
Constitución de respeto y protección de las otras lenguas que no son el
castellano, las hace suyas y demuestra así a los ciudadanos de aquellas
partes de España donde hay otra lengua cooficial que la respeta, la hace
suya y, por lo tanto, es un elemento de profundidad democrática
constitucional y en relación con lo que debe ser el Senado, una Cámara
territorial muy importante.


En todo caso, ya les digo que en mi último discurso tengo la
satisfacción de poder hablar en catalán. También quiero decirles que
estos años me han enseñado muchas cosas, he conseguido muchas amistades,
como podrán comprender, de todos los grupos políticos. He tenido, en
general, una relación magnífica con todo el mundo y he aprendido mucho de
ustedes y de mis antiguos colegas en el Congreso de los Diputados. He
comprendido, tras todos estos años, que quizás no hay una actividad más
noble que desempeñar en nuestros países, en nuestras comunidades
autónomas, en nuestras nacionalidades y regiones, pero también en el
Estado español, el noble ejercicio de la política. Y he aprendido también
que la inmensa mayoría de los políticos son honestos, honrados y que
tienen un ideal de trabajo al servicio de los ciudadanos, contrariamente
a lo que dicen esas tertulias indecentes que escuchamos todos los días y
que quieren desprestigiar a los políticos para desprestigiar la política
y para hacer daño a la democracia. Yo he entendido lo contrario, me voy
orgulloso de haber trabajado en el campo en que han trabajado ustedes,
porque entiendo que lo que hacen ustedes y lo que harán los que vengan
después es, como digo, una de las labores más nobles que puede realizar
un ciudadano que defiende a su sociedad y a su país. (Aplausos.)


Dicho esto, querría referirme a la moción que ha presentado el
señor Muñoz-Alonso diciendo que si las cosas no cambian no la vamos a
poder votar. Estoy contento de que el señor Muñoz-Alonso haya presentado
esta moción porque, como ha explicado él mismo, la situación
históricamente y actualmente de la persecución de los grupos cristianos
en todo el mundo o, al menos, en una parte muy importante de Eurasia y
Asia es de una gravedad extraordinaria y merece la pena que el Senado
tome una decisión al respecto.


También estoy contento porque el señor Muñoz-Alonso ha aceptado
tres o cuatro de las primeras enmiendas, aunque no eran realmente
enmiendas porque recogían prácticamente lo mismo que decía el señor
Muñoz-Alonso. Pero, bueno, que las recoja y las haga suyas.


Entonces, yo me pregunto, hacer hincapié en la palabra
reciprocidad, ¿para qué? ¿Hasta el punto de perder la moción, de que no
se pueda aprobar? ¿Tan importante es que diga reciprocidad como para no
poder votar todos unánimemente? ¿No se puede utilizar otra palabra? ¿No
se puede hallar otra fórmula? Yo le sugiero aquí mismo que en lugar de»
en la más estricta reciprocidad» digamos, por ejemplo, «en el más
estricto respeto del concepto de libertad religiosa en el mundo
internacional». Reciprocidad —yo he tenido ocasión de
comentárselo— para mí es algo que puede llevar a equívoco y puede
tener una interpretación muy distinta de la que el señor Muño-Alonso
pretende. Yo entiendo lo que propone y puedo estar de acuerdo, pero sé
que hay gente que va a interpretar ese punto como un derecho de los
grupos religiosos en nuestro país a exigir —si se habla de
reciprocidad— el trato que tienen esos mismos grupos religiosos en
sus países. Eso nos crearía una situación complicada. Imaginen ustedes,
por ejemplo, a estos sectores musulmanes que hemos comentado, pues
podrían decir que quieren el mismo trato en España que tienen el resto de
los cristianos y también los católicos. Si esto llegase a pasar los que
van a protestar más serían ustedes. Dirían: ¿Cómo es posible? Quizás
desde otros ámbitos ideológicos se podría aceptar algo de este tipo, pero
estoy seguro de que quienes no lo aceptarían serían ustedes. ¿Por qué no
quitamos entonces la palabra reciprocidad que tiene ese transfondo
negativo y probablemente preocupante y usamos otra fórmula que no puede
ser interpretada de ninguna otra forma? Yo le he dicho, por ejemplo, «en
el más estricto cumplimiento del concepto de libertad religiosa en el
derecho internacional», y nadie va a poder interpretar si yo tengo
derecho aquí o si yo exijo aquí en el Estado español o en el Estado
francés que a mí se me dé el mismo trato que a la religión cristiana. Eso
desaparece.


Por lo que he oído a los otros portavoces, si aceptan ese tipo de
fórmula y la sugiere usted en su última intervención, votaremos todos a
favor. Todos vamos a votar a favor teniendo en cuenta ya el esfuerzo que
ha hecho de aceptar algunas de las fórmulas del Partido Socialista. Por
lo tanto, yo le pido









Página
5806




que haga ese último esfuerzo por lo que ha sido su moción y lo que
puede ser la posición general del Senado.


Señorías, esa va a ser nuestra posición, negativa si no hay ningún
cambio y positiva si hay ese cambio. Por lo demás, ya les he dicho que
esta es mi última intervención. Les agradezco a todos el trato personal
que me han dado durante todos estos años y espero que nos sigamos viendo.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene
la palabra la senadora Gutiérrez.


La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Señor presidente, intervengo
ahora para manifestar la posición de mi grupo. Todavía tengo esperanza de
que podamos alcanzar algún acuerdo. Pienso que la dificultad está
precisamente en el punto 5 de su moción y quizás ese término que usted
propone puede llevar a graves confusiones.


Sinceramente, yo lo he interpretado de la siguiente manera. Usted
nos propone en su moción que Naciones Unidas —porque la Alianza de
Civilizaciones fue una iniciativa del presidente Zapatero, que se
concretó luego en una iniciativa de Turquía y España, que hizo suya
Naciones Unidas— acepte condiciones en la aplicación del artículo
18 de su declaración universal. Pero, señoría, ese es el problema
—le aseguro que esa es mi interpretación—. Aunque también
tengo que decir que saludo muy efusivamente que el Grupo Popular, por
fin, parece que se ha dado cuenta de la importancia de la Alianza de
Civilizaciones.


Quizá convenga profundizar en la función que debe cumplir, para lo
que me voy a referir a las palabras del secretario general de Naciones
Unidas cuando define cuáles son sus funciones, más allá de lo que usted y
yo pensemos —y leo textualmente—: El papel de la Alianza es
tender puentes, catalizar esfuerzos concretos y prácticos destinados a
promover la confianza y la cooperación entre las diversas culturas. Por
lo tanto, todo lo contrario de plantear exigencias, por bienintencionadas
que estas puedan ser.


Pero, en segundo lugar, también porque la defensa de los derechos
humanos no es negociable. Nuestros Estados —entre ellos,
España— no van a negociar los derechos de sus ciudadanos, de
cualquier creencia, porque otro país los niegue a los suyos. Por tanto,
no puede haber ningún tipo de reciprocidad entre que yo dé derechos a mis
ciudadanos si tú das derechos a los tuyos. Creo que eso es inaceptable,
señoría, salvo que usted quiera decir otra cosa, aunque esto es lo que yo
entiendo del punto 5 de su moción.


En tercer lugar, porque la propuesta del Partido Popular puede
llevar también a una confusión entre lo que son Estados islámicos y los
grupos terroristas internacionales que se apoyan en el fundamentalismo
religioso.


En cuarto lugar, porque lo contrario de un Estado islámico no es un
Gobierno cristiano, sino Estados aconfesionales, que constituyen la
inmensa mayoría de la Unión Europea. La aconfesionalidad del Estado es
precisamente la garantía de que cualquier ciudadano pueda ejercer
libremente su derecho a la libertad de pensamiento, religión y
conciencia. De nuevo, no es posible plantear eso de que mi país da
libertad a los ciudadanos musulmanes a cambio de que tu país dé libertad
a tus ciudadanos cristianos. La libertad en este contexto no es
negociable ni es una mercancía, señoría.


Insisto, son nuestros Estados los que protegen la libertad de los
ciudadanos frente a las imposiciones ideológicas. Esto es precisamente lo
que tratamos de hacer ver a otros Estados en proceso de democratización.
Eso sí, además de las iniciativas a las que hemos hecho referencia, es
posible que existan otros mecanismos para realizar presión a terceros
países en relación con el respeto de los derechos humanos, pero no
situando una equivalencia en el ejercicio de estos derechos en distintos
países. Le pongo un ejemplo, señoría. En cuanto a la política comercial,
la política de inversiones de países terceros, ahí sí es posible. En
concreto, la política comercial de la Unión Europea, que es una parte
esencial de la política exterior de la Unión Europea, sí está imponiendo
—aquí sí se puede hacer— el respeto de los derechos humanos
en un país con el que se negocian determinadas concesiones comerciales,
por el carácter previo y obligatorio de la vigencia de las mismas. Es en
ese ámbito donde es posible establecer exigencias como las que usted está
planteando.


No quiero terminar de explicar el posicionamiento de mi grupo sin
recordar, porque usted ha hecho mención a ello, la no posición
beligerante del Gobierno español en relación con el respeto de la
libertad religiosa. Yo querría recordar que durante la Presidencia de
España de la Unión Europea se tomaron una serie de iniciativas para que
se propiciara el respeto del ejercicio del derecho a la libertad
religiosa; en concreto, se presentó una iniciativa en junio de 2010 sobre
la libertad de religión y creencia. Esta iniciativa









Página
5807




ya ha empezado a dar sus frutos con la inclusión de este asunto en
todos los diálogos pertinentes con países como Afganistán, China,
Turquía, Iraq, Irán, Egipto, Pakistán, entre otros.


Esta iniciativa europea sobre libertad de religión y creencia
también ha llevado a la realización de acciones individuales. El Gobierno
de España, de acuerdo con el espíritu del artículo 18 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, ha incidido defendiendo de manera
activa y contundente esta posición a favor de la libertad religiosa y de
creencia de todos los ciudadanos pertenecientes a minorías cristianas.
Entendemos que la muerte o persecución de una persona por sus creencias
es tan grave tanto si pertenece a una minoría cristiana como si pertenece
a una minoría chií o una minoría suní.


Celebramos, por ello, la preocupación del Partido Popular por la
situación actual de las minorías cristianas y nos gustaría ver que su
preocupación se extiende asimismo a otras creencias también perseguidas.
Pensamos que para llevar a cabo una acción eficaz es importante alcanzar
amplios consensos, y este, el Senado, es un sitio apropiado para
ello.


Usted ha hecho mención a las iniciativas que se están produciendo
en el seno del Parlamento Europeo. Allí hay, efectivamente, iniciativas
de los dos grandes grupos políticos, iniciativas socialistas también,
para la defensa de la libertad religiosa y en contra de la persecución de
las personas por sus creencias. Se viene produciendo también ese debate
en el seno de la Unión Europea, del Consejo, de la Comisión, y espero que
el Parlamento alcance una resolución común. Nuestro grupo así lo está
intentando.


Aquí también queremos lograrlo y todo ello debe tener por objeto
esa defensa del artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y esperamos, señoría, consensuar una enmienda transaccional que
permita que en el Senado, además de rechazar de forma contundente e
inequívoca los ataques terroristas sufridos por comunidades cristianas en
determinados países, también alcancemos una unanimidad que nos permita
mostrar que por encima de diferencias ideológicas podemos conseguir un
amplio acuerdo en esta materia.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Popular, tiene la palabra el senador
Muñoz-Alonso.


El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Muchas gracias, señor presidente.


La verdad es que estoy un tanto sorprendido del enorme montaje,
creo que multiforme y poliédrico, que han hecho en torno a la palabra
reciprocidad, que es muy simple, les puedo asegurar que toda la opinión
pública lo entiende perfectamente bien. (Rumores.)


Este debate que estamos teniendo hoy aquí se ha mantenido también
bastante en la sociedad y en los medios de comunicación, y ha aparecido
insistentemente la expresión reciprocidad porque la entiende todo el
mundo y la entiende de una manera muy sencilla, y en la moción lo
explico. ¿En qué consiste la reciprocidad? Está clarísimo, digo
exactamente que consiste en: …de modo que los cristianos gocen en
aquellos países de las mismas garantías para la profesión y práctica de
sus creencias religiosas que las que disfrutan los musulmanes en los
países occidentales.


Lo entiende todo el mundo así y yo lo he reflejado aquí así, por
eso no me explico por qué ahora a ustedes esa palabra, que me parece
clave porque es una palabra, como digo, muy aceptada por la opinión
pública y que la opinión pública entiende muy bien para comprender este
problema, no les parece bien.


Solo pido pura y simplemente que, de verdad, apliquemos el artículo
18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que no voy a
volver a leer. Lo mismo que nosotros en nuestros países occidentales
respetamos ese artículo que lo respeten ellos. En eso consistiría, en
última instancia, la reciprocidad.


En la legislatura pasada tuvimos aquí en esta Cámara —y no
terminó sus trabajos, desgraciadamente— una ponencia sobre las
relaciones entre Islam y Occidente, en la que precisamente formaba parte
de la misma el senador De Puig. Él recordará muy bien que,
insistentemente, en nuestros debates salía la palabra reciprocidad, y
eran miembros de su grupo los que decían: si no partimos de la
reciprocidad no avanzamos en absoluto. Eso es lo que yo estoy diciendo
aquí, pero ustedes han hecho una elaboración complejísima como si la
reciprocidad fuera una palabra cargada de no sé sabe qué consecuencias
negativas, peligrosas y explosivas que sería mejor explicar. No estoy en
absoluto de acuerdo.


¡Claro que estamos en Estados confesionales en el mundo occidental!
¿Y qué es lo que pedimos a estos Estados? Que creen las condiciones
suficientes para que los fieles de las distintas minorías o creencias
puedan desarrollar su fe, sus cultos, etcétera, con absoluta libertad.
Eso que nosotros tenemos plenamente asumido pedimos que también lo hagan
en los otros países. Ya









Página
5808




sabemos que no lo van a hacer de golpe ni de una sola vez, pero que
vayan avanzando en esa dirección. Además, está hasta en los textos de la
propia Alianza de Civilizaciones.


Aquí tengo el II Plan Nacional de la Alianza de las Civilizaciones
2010-2014, uno de cuyos puntos dice claramente: el II Plan persigue
garantizar el ejercicio de la libertad religiosa o de creencia y la
convivencia pacífica de las diferentes confesiones religiosas. Eso es lo
que estamos pidiendo. ¿Eso es reciprocidad, o no? A mí me extraña mucho
que de pronto discutan incluso los propios textos que han salido del
Gobierno aunque no aparezca esa palabra que a ustedes, por las razones
que sean, les pone excesivamente nerviosos. No queremos ni más ni menos
que se cumpla estrictamente la letra y el espíritu de estos textos que al
final suponen que lo que ya estamos haciendo en países como los nuestros
se llegue a hacer también en esos otros donde se están produciendo estas
persecuciones a unas minorías cristianas. Estamos hablando ahora de las
cristianas, pero podíamos hablar —y creo que en alguna ocasión
hemos hablado aquí— de otras minorías que, por supuesto, también
merecen protección, como los bahá´í, en Irán, a los que también
tendríamos que dedicarles en algún momento atención porque están muy
perseguidos desde muchos puntos de vista.


Eso es lo que estamos pidiendo, hablar ahí de reciprocidad porque
nosotros estamos donde estamos; estamos aquí, y lo que estamos diciendo
es que lo que hacemos aquí en el mundo occidental —no me refiero a
España— y lo que en el mundo occidental es una práctica asumida, se
haga también en esos otros países. Lo que observo, además —también
lo he dicho en mi intervención— es que nos encontramos en una
regresión, porque hay algunos países donde había una cierta presencia
aceptada de esas minorías. Podría recordar, por ejemplo, a Egipto, donde
el señor Butros-Ghali, perteneciente a una familia copta de larga
tradición, llegó a ser incluso secretario general de Naciones Unidas y
tuvo cargos, por supuesto, en su Gobierno. Ahora esos coptos, que antes
en Egipto eran absolutamente aceptados, empiezan a ser perseguidos y
empiezan a tener dificultades. Y levantamos la voz frente a esa
situación, frente a esa regresión.


La palabra reciprocidad me parece que expresa muy bien una buena
parte de ese problema. Desde luego, lo que me deja muy sorprendido
—ya se lo he dicho y lo repito— es que me hablen de
equivalencia. Por favor, no utilicen esa palabra: es una palabra típica
de ciertos sectores del radicalismo islámico, que utilizan para
justificar la desigualdad de derechos entre hombres y mujeres, y se lo
digo porque lo he estudiado con un cierto detenimiento y me dejó muy
sorprendido cuando me dijeron: no, los derechos de las mujeres no son
iguales, pero son equivalentes. ¿Y qué significa que son equivalentes?
Que como la biología las ha hecho distintas, necesitan tener una
regulación diferente, y a partir de ahí viene todo: desde el burka hasta
la desigualdad de derechos ante los tribunales, etcétera. Eso no lo vamos
a aceptar, y por eso me parece que es mucho mejor utilizar la palabra
reciprocidad que la palabra equivalencia.


Me gustaría que lo pensaran y que lo aceptaran. Considero que el
significado está explicado, que no es una palabra dejada al albur, para
ver qué piensan unos y qué piensan otros. Me gustaría que pudieran
comprender que ahí está la clave y toda la enjundia de esta moción, en la
que, por otra parte, estamos todos de acuerdo. Por favor, no echemos para
atrás esta moción por una sola palabra del texto original.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. (La señora Gutiérrez del
Castillo pide la palabra.)


Senadora Gutiérrez, tiene la palabra.


La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Señor presidente, quiero
presentarle una propuesta al ponente del Grupo Parlamentario
Popular.


Efectivamente, podemos cambiar la palabra «equivalente». No
obstante, le propongo que acepten lo siguiente: (…) «de manera que
se alcancen los mismos niveles de derechos que se disfrutan en
España.»


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Senador Muñoz-Alonso.


El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Señor presidente, si me pasan por
escrito el texto, con mucho gusto lo estudiaré. Pero sigo sin entender
por qué hay que eludir la palabra «reciprocidad».









Página
5809




El señor PRESIDENTE: Señorías, la votación de esta moción tendrá
lugar —si es que hay acuerdo o continua el desacuerdo— con
posterioridad al debate y votación de la siguiente moción.


— Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, POR LA QUE SE
INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA PONER FRENO
AL INCREMENTO DE LAS TARIFAS ELÉCTRICAS. (Número de Expediente Senado
662/000154.)


El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas para poner freno al incremento de las tarifas eléctricas.


A esta moción se han presentado dos enmiendas: una del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y otra del
Grupo Parlamentario Socialista.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador Palacios.
(Rumores.)


Señoría, espere un momento a que se haga silencio en la Cámara.
(Rumores.)


Señorías, ruego silencio o abandonen el hemiciclo.


Comience, señoría.


El señor PALACIOS ZUASTI: Señor presidente, señorías, buenos días a
todos.


El año 2011 ha comenzado con la mayor subida en el recibo de la luz
que se recuerda desde los años ochenta, sumada a las subidas de otros
precios también regulados como el gas natural, el butano o el AVE. Para
17 millones de familias y para pequeñas empresas que están acogidas a la
tarifa del último recurso, la luz ha subido casi un 10%. Hasta el
ministro Sebastián ha tenido que reconocer que se trataba de una medida
fuerte y excepcional. Es una medida que ha batido todos los récords, es
un desatino económico, es una barbaridad política y, además, se ha tomado
en el peor momento de la crisis: cuando las economías familiares se
encuentran castigadas por una cadena de aumento de precios en los
servicios básicos, cuando se han suprimido ayudas públicas, cuando han
desaparecido deducciones fiscales, cuando se están produciendo los peores
pronósticos sobre el desempleo, cuando muchas familias están afectadas
por el paro, los recortes salariales y la congelación de pensiones, así
como por la subida del IVA. La medida se ha tomado cuando los precios se
disparan situando a la inflación en la temida barrera psicológica del 3%,
y cuando ya se está hablando de riesgo de estrangulación de nuestra
economía. En definitiva, ha sido tomada cuando la concurrencia de todos
estos factores económicos hace temer una crisis de empobrecimiento
social.


Lamentablemente, esta subida del precio de la luz no es la primera
ni será la última que acuerde este Gobierno. Es más, es una de las muchas
que se vienen produciendo desde que Miguel Sebastián es ministro de
Industria, que cuenta con el triste honor de que, en el tiempo que lleva
en el Gobierno, la luz se haya encarecido un 43%, muy por encima de la
inflación y sextuplicando de largo la subida del IPC. En el tiempo que el
señor Sebastián lleva de ministro de Industria, un usuario que en el año
2007 pagaba por su recibo de la luz 38 euros al mes tiene que pagar ahora
54, es decir 16 euros más, cantidad que está muy por encima de ese
manoseado precio de un café con el que, con muy poca fortuna, trató de
ironizar el ministro.


Es sabido, y así lo señalan los datos de Eurostat, que con los
gobiernos del Partido Popular la luz bajó un 14,2% y que nunca subió por
encima de la inflación. Pues bien, con los gobiernos de Zapatero, desde
el año 2004 ha subido más de un 60%, con lo que se ha situado por encima
de la media de la Europa de los 27 y ha sobrepasado el precio que se paga
en países como Francia, Finlandia, Reino Unido y Portugal. Este es un
escenario que no podemos por menos que calificar de lamentable, porque
resta competitividad a nuestra economía, y es sabido que la crisis que
padecemos en España es una crisis de competitividad. Y si nuestros costes
de producción son mayores que los de nuestros vecinos y no podemos
devaluar nuestra moneda, estamos abocados a seguir en la sima de la
crisis en que nos encontramos.


Este Gobierno ha tenido que subir las tarifas eléctricas para pagar
en gran medida los errores de la política energética del señor Zapatero.
En un reciente informe que ha publicado el Ministerio de Industria,
aparece, negro sobre blanco, esa demencial política energética que se ha
seguido durante estos años, basada en la demagogia, que tiene como único
objetivo buscar la rentabilidad política a corto plazo, ignorando las
consecuencias que puedan tener tales medidas sobre la competitividad y la
eficiencia de nuestro país. Una política que consiste en subvencionar una
serie de energías carísimas y de escasa eficiencia, al tiempo que se
cierran centrales nucleares como la de Garoña. Este Gobierno está
obsesionado en ser el primero que realice un despliegue masivo de
tecnologías inmaduras. Por eso ha puesto en









Página
5810




marcha una serie de parques eólicos y fotovoltaicos, y una serie de
plantas de biocombustibles de los cuales solamente una parte están
justificados. Y como consecuencia de todas estas decisiones, ahí están
los 6000 millones euros que hay que pagar como subvención a su
explotación. Esta política energética ha llevado a que en España se hayan
duplicado las energías renovables entre 2004 y 2010 y a que las
subvenciones que hubo que pagarles a estas ascendieran en el año 2009 a
6200 millones de euros. Lamentablemente, este Gobierno lleva muchos años
haciendo una política energética de cara a la galería y, al tiempo que
cerraba plantas nucleares seguras con un coste marginal de 15 euros
megavatio/hora, ponía en marcha de forma masiva unos parques solares que
le cuestan al sistema 450 euros megavatio/hora, es decir 30 veces más.


Esta política energética es la que ha provocado que el recibo de la
luz haya subido un 43% en los últimos tres años y que tengan que ser los
ciudadanos los que se rasquen el bolsillo para pagar los disparates
provocados en gran medida por razones ideológicas. Una política que
invierte tan solo 200 millones de euros anuales en I+D+i y se permite el
lujo de pagar subvenciones a la explotación de instalaciones de
generación en régimen especial de 6200 millones al año; creo que es
descabellado invertir tan poco en I+D+i y derrochar tanto en
subvenciones, en una época en la que existen tantos cambios tecnológicos.
Una política energética que ha tenido como consecuencia que el déficit
tarifario se dispare pasando de los 1499 millones de euros en los que
estaba cifrado en el año 2004 a los 18 000 del momento presente.


Esa política energética errática de este Gobierno está igualmente
repercutiendo en el recibo de la luz, y no es justo. No es justo que
estén unidos el concepto de coste energético, es decir todo lo que se
refiere a la generación, el transporte y la distribución de la energía, y
el de fiscalidad efectiva, es decir las subvenciones, las primas,
etcétera. Lo que hay que hacer es separar ambos conceptos y asignar el
pago de cada parte a quien le corresponda, de tal forma que se cargue a
los presupuestos lo que es de los presupuestos, y a los consumidores lo
que a ellos les corresponde. En estos momentos, a la parte relativa al
coste de la energía que consumen los usuarios solamente le corresponde el
45,6%, y el resto, hasta llegar a cien, está integrado por las
subvenciones a las renovables, por los impuestos, por el déficit de
tarifa y por otros conceptos, entre los que se encuentra el de la
moratoria nuclear. Pues bien, todos esos conceptos que están destinados a
pagar primas, subvenciones e impuestos, que son consecuencia de
decisiones políticas y que se elevan hasta constituir el 47%, los tiene
que pagar también el ciudadano en el recibo de la luz, del que tan solo
el 53%, como les digo, está destinado a remunerar el coste real de la
energía que él consume. Esto no es justo. El coste de todas esas
decisiones políticas no debe cargarse en el recibo de la luz, sino que lo
tiene que pagar el que ha tomado esas decisiones, porque ya sabemos que
es muy fácil tirar con pólvora del rey.


Unos días antes de que se produjera esta subida récord de las
tarifas eléctricas, en vísperas de Nochebuena, el Gobierno nos sorprendió
con la aprobación de un real decreto ley que, a modo de testamento,
redactó el secretario de Estado de Energía, que pocos días después iba a
ser destituido. Un real decreto que pone en evidencia la grave situación
en la que se encuentra el sector y que contiene un conjunto de medidas
marco con las que se trata de articular un nuevo marco regulatorio con el
que el Gobierno pretende ahorrarse más de 4600 millones de euros hasta el
año 2013. El Gobierno ha metido la tijera y, por ley, ha abaratado las
cargas del sistema eléctrico, para lo cual, entre otras cosas, ha
suprimido una parte de las subvenciones a las renovables, especialmente a
las fotovoltaicas; es decir que, a mitad de partido, ha cambiado las
reglas de juego que él mismo había establecido para los que hicieran
inversiones en fotovoltaicas. Con esta medida está abocando a muchos
inversores a la quiebra. Les puedo poner el ejemplo de mi tierra, de
Navarra, donde hay cerca de 30 000 familias afectadas, que tienen
créditos personales que no van a poder devolver: están abocadas a la
quiebra, como les digo. Además, la medida está dañando la imagen de
España, ya que pone de manifiesto que en este país no existe seguridad
jurídica; que, como en las repúblicas bananeras, se da la incertidumbre
regulatoria, que es lo peor que puede ocurrir, porque ahuyenta a los
inversores, tanto a los nacionales como a los extranjeros.


Este real decreto del 23 de diciembre vio la luz sin que el Partido
Popular, el principal partido de la oposición, fuera consultado o
informado. Seis meses antes, en el mes de julio, desde esta misma
tribuna, el ministro de Industria, respondiéndome a una interpelación, me
decía que la política energética es una política a largo plazo, por lo
que es muy importante tener clara la hoja de ruta que se quiere seguir,
que hay que intentar consensuar con todos los partidos con representación
parlamentaria. Pues bien, seis meses después, esas palabras tan bonitas
parece que se las ha llevado el viento, porque, como les he indicado,
este real decreto se aprobó sin consultarle al Partido Popular. Esto
demuestra la incapacidad de









Página
5811




este Gobierno para llegar a acuerdos, y es muy grave. Para salir de
la crisis que padecemos, que ahora tiene —dicen los
economistas— forma de «L» y estamos en el fondo, para que pase a
tener forma de «V» y podamos remontarla, es preciso acometer una serie de
reformas: laboral, financiera, de la educación, de la justicia y también,
cómo no, de la energía, porque las cuestiones energéticas son una
cuestión de Estado. Por eso, cuando nos encontramos con un sinfín de
frentes abiertos en política energética, cuando tenemos una situación muy
parecida a la del año 1985 pero con un mix mucho menos eficiente y con
mayor dependencia de las fuentes de energía primaria del exterior, es
preciso que sin dilación se alcance un pacto de Estado que permita
recomponer un mix de generación que vuelva a ofrecer a los ciudadanos y a
las empresas españolas una energía eléctrica barata, segura, competitiva
y respetuosa con los objetivos medioambientales.


El Partido Popular tiende la mano al Gobierno una vez más, para
tratar de buscar las fórmulas que nos permitan tener un sistema
energético lo más barato posible; es decir, todo lo contrario de lo que
ha venido ocurriendo hasta ahora, que tenemos el más caro. Tendemos la
mano para acabar de una vez por todas con el déficit tarifario, para
resolver la crítica situación en la que se encuentra nuestro sistema
eléctrico. Pero, de todas formas, el Gobierno es el que tiene la
responsabilidad de gobernar. Si quiere nuestro apoyo tiene que venir con
una hoja de ruta —en palabras del ministro Sebastián— en la
que estén plasmadas sus políticas, para que podamos debatirlas.


Esto es, ni más ni menos, señorías, lo que estamos solicitando con
esta moción que ahora debatimos, que espero cuente con el apoyo de esta
Cámara. Con la esperanza de este apoyo, les doy las gracias a todos
ustedes.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Pasamos al turno de enmiendas.


En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Alturo.


El señor ALTURO LLOAN: Moltes gràcies, senyor president, senyories,
bon dia a tothom.


El nostre grup parlamentari ha presentat una esmena de substitució
a la moció que presenta el Grup Parlamentari Popular. En el sentit
d’instar el govern a donar un ràpid i degut compliment a les
conclusions que aprovi el Ple del Congrés dels Diputats en relació a
l’informe de la subcomissió d’anàlisi de l’estratègia
energètica espanyola per als propers vint-i-cinc anys. Amb la finalitat
de dur a terme una política energètica a llarg termini que sigui
eficient, competitiva i que permeti minimitzar els increments de les
tarifes elèctriques. Considerem, des del nostre Grup Parlamentari, que el
treball que ha realitzat la Subcomissió del Congrés dels Diputats ha
tingut un ampli recolzament parlamentari que de ben segur també tindrà un
recolzament del sector energètic.


Aquest acord ha d’aclarir les incerteses i fixar les bases
d’un nou model energètic. No solament un model energètic més
autosuficient i competitiu, sinó també compromès amb els hàbits
d’estalvi i eficiència per aconseguir un desenvolupament sostenible
i cercar cada cop més la seva integració a Europa fins aconseguir un
mercat europeu de l’energia. Per tant, nosaltres entenem que aquest
és el camí i l’única manera de resoldre els problemes energètics
espanyols com són el dèficit tarifari i sobretot la gran dependència
exterior i, per tant, tenir una energia competitiva que afavoreixi la
competitivitat, l’eficàcia dels sectors productius a un preu
adequat i també que els usuaris domèstics tinguin el preu i no pateixin
aquestes pujades que en aquests moments estan tenint.


Per tant nosaltres, des del nostre grup parlamentari, el que fem és
demanar al Partit Popular que tingui en compte aquesta esmena que fa
referència a un treball que té uns amplis acords i que en definitiva hem
de buscar el màxim consens possible tant en l’àmbit parlamentari
com també en l’àmbit del sector energètic. I en definitiva pensem
que tard, però s’està iniciant el bon camí per arribar a resoldre
els greus problemes del sistema energètic espanyol. Per tant, demano al
senador del Partit Popular que accepti aquesta esmena amb la qual cosa
iniciaríem un procés per intentar resoldre els problemes que tenim.


Moltes gràcies.


Muchas gracias, señor presidente, señorías. Buenos días a
todos.


Mi grupo parlamentario ha presentado una enmienda de sustitución a
la moción del Grupo Parlamentario Popular, en el sentido de instar al
Gobierno a dar un cumplimiento rápido a las conclusiones que aprobó el
Congreso de los Diputados sobre el informe de la Subcomisión de Análisis
de la Estrategia Energética









Página
5812




Española para los Próximos 25 Años, con la finalidad de llevar a
cabo una política energética a largo plazo, que sea eficiente y
competitiva, y que permita minimizar los incrementos de las tarifas
eléctricas. Consideramos que el trabajo que ha realizado la subcomisión
del Congreso de los Diputados ha tenido un amplio apoyo parlamentario, y
seguro que contará también con el del sector energético.


Este acuerdo debe aclarar las incertidumbres y fijar las bases de
un nuevo modelo energético; un modelo energético no solo más
autosuficiente y competitivo, sino también comprometido con los hábitos
de ahorro y eficiencia, para conseguir un desarrollo sostenible y buscar
cada vez más su integración en Europa, hasta conseguir un mercado europeo
de la energía. Este es el camino y la única manera de solucionar
problemas energéticos españoles como el déficit tarifario y, sobre todo,
la gran dependencia exterior, y tener una energía competitiva que, en
definitiva, favorezca la competitividad, la eficacia de los sectores
productivos a un precio adecuado, así como que los usuarios domésticos
dispongan de un buen precio y no sufran las subidas que sufren en estos
momentos.


Nuestro grupo parlamentario le pide al Grupo Parlamentario Popular
que tenga en cuenta esta enmienda, que hace referencia a un trabajo que
cuenta con amplios acuerdos. En definitiva, debemos buscar los máximos
consenso posibles, tanto en el ámbito parlamentario como en el del sector
energético. Aunque tarde, se está iniciando el buen camino para llegar a
resolver los grandes problemas que tiene el sistema energético español.
Por tanto, le pido al senador del Grupo Parlamentario Popular que acepte
esta enmienda, con la que vamos a iniciar un proceso para intentar
resolver los problemas que tenemos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora
Durán para defender la enmienda.


La señora DURÁN FRAGUAS: Señor presidente, señorías, tomo la
palabra en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para presentar una
enmienda de modificación a la moción relativa al incremento de la tarifa
eléctrica.


En nuestra enmienda, que ahora pasaré a explicar, pedimos que se
suprima el punto número uno; pedimos una redacción distinta para el punto
número dos, que después enunciaré; y manifestamos nuestra conformidad con
los puntos números tres y cuatro de la moción original.


El primer punto de la moción que ha presentado el senador Palacios
hace referencia a cómo poner freno al incremento del precio del recibo de
la luz, que resulta excesivo, en su opinión, injusto e injustificado.
Quiero recordarles que estamos hablando de la tarifa de último recurso,
que contiene dos conceptos, cada uno de los cuales viene a constituir
aproximadamente la mitad del peso de la tarifa, que reflejan la evolución
del coste de la energía en el mercado libre, un mercado liberalizado
porque así se ha decidido. Quiero recordarles también, señorías, que no
podemos liberalizar los mercados y, a la vez, intervenir, porque eso es
imposible. Por tanto, tenemos una parte en el mercado libre y otra
regulada, que es la que fija el Gobierno: los denominados peajes que,
como ya se ha recordado, retribuyen el uso de las redes de distribución,
el transporte de las redes de alta tensión, las primas a las energías
renovables —que ya se han mencionado también— y otros
conceptos. Claro, sería interesante saber qué es lo que propone el
Partido Popular sobre este asunto. Hablan de primas de energías
renovables, pero ¿en cuánto las queremos dejar? ¿Qué queremos hacer?
¿Cuál es la planificación que queremos? No lo sabemos.


De todas maneras, ¿qué hemos hecho nosotros? Con el fin de contener
el incremento del recibo de la luz, el Gobierno ha hecho lo que tenía que
hacer: ha regulado para dejar congelada la parte regulada de la tarifa de
último recurso, que es sobre la que tiene capacidad de decidir; porque la
otra es el resultado de una subasta en el CESUR, celebrada el 14 de
diciembre, que produjo un aumento del 21,3%, nada menos. El coste de la
energía refleja, evidentemente, la evolución al alza de los costes de los
combustibles fósiles que utilizamos para generar electricidad: el del
barril del petróleo ha sufrido una subida espectacular; además, hay que
contar con el efecto estacional de los meses de invierno, en que el
consumo de los hogares se dispara justo en las horas del día en que el
precio de la electricidad es más caro. Esa subida está en línea con lo
que ha pasado en el resto de Europa, que está aplicando incrementos de
los precios. Desde luego, no creo que reflejen para nada lo que haya
ocurrido con una central, Santa María de Garoña, que, por cierto, todavía
sigue funcionando. La liberalización energética implica la no
intervención del Gobierno en la evolución de los costes de la energía
allá donde no puede intervenir, pero, evidentemente, refleja lo que está
pasando.









Página
5813




Aparte de esto, les recuerdo también que se ha actuado para evitar
que la subida perjudique. El señor Palacios hablaba de 17 millones de
familias, que a nosotros también nos preocupan, no podría ser de otra
manera. Lo que ha hecho este Gobierno, y lo que nosotros apoyamos como
Partido Socialista, es proteger a los más débiles, eso se ha hecho: se ha
ampliado la vigencia del bono social hasta 2013. Los acogidos al bono
social son por el momento 3 millones de hogares, pero hay 5 millones que
podrían acogerse. Por cierto, en esta Cámara se aprobó una moción para
hacer una campaña para que esos hogares conozcan las ventajas con que
pueden contar y se puedan acoger a ellas. Hay 13 millones de personas que
podrían acogerse ahora mismo al bono social, que no tuvo subida ni en
2009 ni en 2010, y tampoco la tendrá en 2011 ni 2012 ni en 2013. Por
tanto, la protección de los más débiles está garantizada. Por otra parte
se ha publicado un real decreto —ya se ha hablado aquí de
él—, cuyas medidas van a contribuir a rebajar en 4600 millones de
euros los costes del sistema, que es importante.


En cuanto al número dos, proponemos dejar el siguiente texto:
«Definir la política energética de España a largo plazo tomando como
marco —como comentaba el senador Alturo— el pacto alcanzado
en la subcomisión de análisis de la prospectiva energética española para
los próximos 25 años en la definición del mix energético que tendrá
España en el año 2020». Me parece interesante aprovechar ese trabajo, que
ha sido muy eficaz, porque se ha hecho con absoluta profesionalidad.


Proponemos que queden como estaban los puntos tres y cuatro, aunque
me gustaría hacer un comentario sobre el último, el que hablaba de
introducir mejoras en las redes de interconexión eléctrica
transfronterizas, porque en eso el Gobierno se ha implicado mucho. Ha
sido un tema importante en la presidencia europea, un eje de la política
energética. El primer acuerdo que tenemos es del 27 de junio de 2008. En
esa fecha se firmó un acuerdo con Francia, que permite la interconexión
eléctrica. Evidentemente, tenemos que trabajar en ello y dejar de ser una
isla energética.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Senador Palacios, tiene la palabra para manifestar la posición
sobre las enmiendas que acaban de debatirse.


El señor PALACIOS ZUASTI: Muchas gracias, señor presidente.


Las dos enmiendas que se han presentado a esta moción, la del Grupo
de Convergència i Unió y la del Grupo Parlamentario Socialista, se
refieren al informe de la Subcomisión de Análisis de la Estrategia
Energética Española para los Próximos 25 Años, que se aprobó en el
Congreso de los Diputados, en la Comisión de Industria, el día 15 de
diciembre. Esa subcomisión ha desarrollado sus trabajos durante año y
medio, desde mayo de 2009, y el Grupo Parlamentario Popular ha trabajado
en ella con absoluta lealtad, para lograr un consenso entre todos de modo
que el futuro energético de este país sea más prometedor que el presente.
No lo logró, y el informe de la subcomisión se aprobó: el resultado de la
votación fue de 21 votos a favor y 17 en contra, entre los que estaban
los 16 votos del Partido Popular.


Tal y como lo expuso allá en el Congreso nuestro portavoz, votaron
en contra porque el documento final no incluía las aportaciones de los
grupos y, más en concreto, las aportaciones del Grupo Parlamentario
Popular. Nuestros compañeros del Congreso presentaron entonces un voto
particular al documento de la subcomisión, con el que trataron de
explicar los motivos por los que, después de haber trabajado durante año
y medio y de haber asistido a 60 comparecencias, no se había logrado un
acuerdo en temas tan sensibles como el déficit tarifario, el mix
energético, el papel que tiene que desempeñar la energía nuclear en el
futuro dentro de nuestra generación de energía o el problema de las
tarifas eléctricas. Los diputados del Partido Popular entendían que había
un conjunto de materias sobre las que era necesario reflexionar más y
buscar un consenso, y que lo que había que hacer era no ideologizar estos
temas, como se hacía en el documento que se había aprobado. Su pretensión
era que la Comisión de Industria devolviese el informe a la subcomisión
para que esta, en el plazo de tres meses, lo reformulara, si era posible,
para conseguir un documento que considerara todas estas materias. Se
quería convertir la energía en algo parecido a lo que en el pasado fue el
Pacto de Toledo, para que de la subcomisión saliera un documento que
contara con el consenso de todos y que contuviera las materias que todos
ellos considerasen que eran importantes. Esta propuesta no fue aceptada,
y como mis compañeros en el Congreso entendieron que en el documento
final los asuntos que a ellos les preocupaban estaban muy acotados y no
se recogían como ellos consideraron que era preciso, es por lo que
tuvieron que votar en contra.


En nuestra opinión, ha sido una ocasión perdida, porque dejar fuera
al principal partido de la oposición, que muy pronto puede tener las
responsabilidades de gobierno, no es bueno en materia de energía. No









Página
5814




se ha logrado redactar un documento en el que se recoja un proyecto
que despeje lo que tiene que ser la política energética en el futuro. Por
eso, al remitirse estas dos enmiendas a ese informe, que no contó con
nuestro voto, no podemos ahora aceptarlas. Es más, en el caso de CiU me
parece que es algo imposible, porque lo que está diciendo es que el
Senado insta al Gobierno a dar rápido y debido cumplimiento a las
conclusiones que apruebe el Pleno del Congreso de los Diputados en
relación al informe.


Pues bien, según tengo entendido y según he leído en el Diario de
Sesiones de la Comisión de Industria del Congreso del día 15 de
diciembre, allí lo que se acordó fue que se aprobaba el informe y que no
se elevaba al Pleno del Congreso. Por lo tanto, esto no serviría. De
todas formas, nosotros no podemos remitirnos a un documento que ha
contado con el voto en contra del Grupo Popular, en este caso en el
Congreso de los Diputados.


Nada más y muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Pasamos al turno de portavoces.


¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Denegación.)


¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas?
(Denegación.)


¿Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió? (Pausa.)


Tiene la palabra el senador Alturo.


El señor ALTURO LLOAN: Moltes gràcies, senyor president.


Senyories, sento que el Grup Parlamentari Popular no accepti
l’esmena que nosaltres hem presentat, que de ben segur tindria més
suport del que tindrà la moció que ells presenten. Bé, jo crec que el
motiu que al•lega el senador Palacios, que cal aprovar-lo en el ple
del Congrés, i que segurament no es farà, doncs jo crec que sí que es
farà i en qualsevol cas és un document que en aquests moments ja té un
ampli suport parlamentari amb la qual cosa per a nosaltres és un document
de treball i és un document important.


És evident que nosaltres compartim alguns dels aspectes de la moció
que aquí es presenta. Evidentment no estem d’acord amb la pujada
del rebut de la llum per al consumidor de la manera que s’està
produint i menys en aquests moments de crisi econòmica tan gran, tan
greu, en què tantes famílies estan patint, tantes i tantes empreses estan
tancant, tantes d’altres estan a punt de tancar i evidentment la
base, l’energia elèctrica, és un denominador importantíssim.


En definitiva, també compartim que necessitem un mix energètic amb
una prospectiva 2020 que tingui en compte la situació de crisi, que
tinguem en compte la convergència amb Kioto, que tinguem en compte
l´autodependència, la seguretat en el subministrament, la
competitivitat econòmica i la sostenibilitat mediambiental. Nosaltres
portem tota la legislatura demanant aquest mix energètic perquè entenem
que és la millor manera d’abordar la problemàtica que tenim en
aquests moments. És a dir, a través del mix energètic, entenem que és
clau. Però evidentment nosaltres discrepem en la manera de fer-ho. La
política energètica és una qüestió estratègica i és una qüestió
estratègica de país. I, en definitiva, cal pactes, acords, per obtenir la
màxima eficàcia i jo ho dic tant al Partit Popular com també ho dic al
Partit Socialista.


Tenim uns problemes greus. El dèficit tarifari n’és un.
L’alta dependència energètica exterior n’és l’altre. I
cal recordar també al Partit Popular quan va començar aquest dèficit
tarifari, quan va començar i que, d’alguna manera, també ara ha de
contribuir o hauria de contribuir a resoldre aquesta situació.


També cal recordar al govern que no ho està fent bé. Des del nostre
punt de vista, la política energètica no s’està portant bé. No
s’aborda aquesta globalitat, anem per parts i per tant les coses no
estan sortint bé. Una bona mostra n’és ahir la pregunta que li feia
al Ministre en relació a les energies fotovoltaiques, en relació amb
aquest nou Decret que, en definitiva, està perjudicant molta gent, molts
petits inversors, molts agricultors que en el seu moment van optar per
les energies mediambientals com un mitjà, diríem, de poder-se guanyar la
vida i que en aquests moments aquest Decret, amb caràcter retroactiu,
lesiona moltíssim aquesta situació. Per tant, hi ha problemes amb les
fotovoltaiques.


Quant al Decret del carbó, existeix un altre problema amb els
gasistes, les nuclears; en definitiva no tenim una política general i cal
dir-ho això, i cal dir-ho.


Per tant, dins de tot aquest diríem desgavell energètic
d’aquests moments, jo crec que cal un acord polític. El treball fet
per la Subcomssió en el Congrés dels Diputats jo crec que és un document
bo, de partida, amb unes conclusions importants i que en definitiva el
govern també ha de fer els deures en un termini dels 6 mesos i que
esperem que compleixi i que a partir d’aquí pugui donar els seus
fruits, pugui









Página
5815




anar cap al mix que tots volem, de cara a donar estabilitat al
sistema energètic, que tinguem menys dependència de l’exterior i
que en definitiva puguem complir amb els compromisos de
l’estratègia 2020.


En definitiva, si no abordem una qüestió tan important com és
l’energètica amb pactes, amb consens i com a document de treball el
de la Subcomissió del Congrés dels Diputats doncs difícilment amb mesures
unipartidistes podrem arribar a resoldre aquesta situació tan greu que
estem patint.


I, en definitiva, compartint alguns dels problemes que
s’estan produint i que en té la responsabilitat el govern nosaltres
entenem que cal fer els màxims esforços per poder sortir d’aquesta
situació el més aviat possible.


Moltes gràcies.


Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, siento que el Grupo Parlamentario Popular no acepte la
enmienda que nosotros hemos presentado, que seguro que tendría mayor
apoyo del que tendría la moción que nos presenta. Creo que el motivo que
alega el senador Palacios de que hay que aprobarlo en el Pleno del
Congreso y que seguramente no se hará, yo creo que sí que se hará. En
cualquier caso, es un documento que en estos momentos ya tiene un amplio
apoyo parlamentario, con lo cual para nosotros es un documento de trabajo
y es un documento importante.


Es evidente que nosotros compartimos algunos de los aspectos de la
moción que aquí se presenta. Evidentemente, no estamos de acuerdo con la
subida del recibo de la luz en la forma que se está produciendo y menos
en estos momentos de crisis tan grave, en los que tantas familias están
sufriendo, tantas y tantas empresas están cerrando y tantas otras están a
punto de cerrar. La base, la energía eléctrica, es un denominador
importantísimo.


En definitiva, también compartimos que necesitamos un mix
energético con perspectiva de 2020, que tenga en cuenta la situación de
crisis, que tenga en cuenta la convergencia con Kioto, que tenga en
cuenta la autodependencia, la seguridad en el suministro, la
competitividad económica y la sostenibilidad medioambiental. Nosotros
llevamos toda la legislatura pidiendo este mix energético porque
entendemos que es la mejor manera de abordar la problemática que tenemos
en estos momentos, a través del mix energético, que entendemos que es
clave. Pero nosotros discrepamos en la forma de hacerlo. La política
energética es una cuestión estratégica, es una cuestión estratégica de
país y, en definitiva, necesitamos pactos, acuerdos para obtener la mayor
eficacia, y lo digo tanto para el Partido Popular como para el Partido
Socialista.


Tenemos unos problemas graves: el déficit tarifario es uno; la alta
dependencia energética exterior es otro y debemos recordar también al
Partido Popular cuándo empezó este déficit tarifario y que de alguna
forma también ahora tendría que contribuir a solucionar esta
situación.


También debemos recordar al Gobierno que, desde nuestro punto de
vista, en relación con la política energética, no lo está haciendo bien
porque no se aborda esta globalidad. Vamos por partes y, por lo tanto,
las cosas no están saliendo bien. Una buena muestra fue ayer en la
pregunta que le hice al ministro en relación con las energías
fotovoltaicas y el nuevo decreto que, en definitiva, está perjudicando a
muchas personas, a pequeños inversores, a agricultores que en su momento
optaron por las energías medioambientales como un medio para poder
ganarse la vida, cuando en este momento este decreto, con carácter
retroactivo, está lesionando mucho esta situación. En consecuencia, hay
problemas con las fotovoltaicas.


En cuanto al decreto del carbón, existe otro problema con los
gasistas, las nucleares; en definitiva, no tenemos una política general y
hay que decirlo.


Dentro de todo este barullo energético, en este momento lo que
necesitamos es un acuerdo político. El trabajo hecho por la subcomisión
en el Congreso de los Diputados creo que es un documento bueno. Es un
documento de partida, con unas conclusiones importantes. El Gobierno
también tiene que hacer unos deberes en un plazo de seis meses que
esperamos que cumpla para, a partir de aquí, pueda dar sus frutos e ir
hacia el mix que todos queremos para dar estabilidad al sistema
energético, de manera que tengamos menos dependencia del exterior y que,
en definitiva, podamos cumplir con los compromisos de la estrategia
2020.


En conclusión, si no abordamos una cuestión tan importante como la
energética con pactos, con consenso y como documento de trabajo el de la
subcomisión del Congreso de los Diputados, difícilmente con medidas
unipartidistas podemos llegar a resolver esta situación tan grave que
estamos sufriendo.









Página
5816




Compartiendo algunos de los problemas que se están produciendo,
cuya responsabilidad, evidentemente, es del Gobierno, nosotros entendemos
que hay que hacer el máximo esfuerzo para poder salir de esta situación
cuanto antes.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Senador Nuet, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de
Progrés.


El señor NUET I PUJALS: Gràcies, president, en primer lloc vull dir
que és tot un plaer poder parlar català en aquesta cambra, la llengua
dels meus pares i la llengua de Catalunya. Que avui, l’estat
espanyol, l’estat que és plurinacional, que ha de ser pluricultural
i que és plurilingüe dóna un petit pas endavant en aquesta cambra. Ahir
vam començar, avui seguim i segur que ens els llibres d’història
constarà la data en què el Senat es va adaptar a la realitat del que
veritablement és l’Espanya plural.


Bé, la moció que ens presenta el Partit Popular és un veritable
embolic. És una moció que té, en teoria, com a objectiu, estar en contra,
condemnar la pujada excessiva del rebut de la llum, aquest és el seu
objectiu, però com aquell joc de les nines russes, a mesura que anem
obrint la moció ens adonem que anuncia una cosa però que dins la moció
n’hi ha d’altres i en aquest text tot el que hi ha no és el
que sembla i per tant em vull referir concretament al següent. En primer
lloc, estem d´acord amb el concepte que és un abús i que no hi ha
justificació possible a la pujada abusiva del rebut de la llum. No només
la darrera pujada dels darrers temps sinó l’acumulació dels darrers
anys que han fet que l´increment del preu de la llum estigui molt
per sobre, a prop del 40%, molt per sobre dels increments de l´Índex
del Preu al Consum. I, per tant, que la majoria de la població espanyola,
els ciutadans i ciutadanes i també les empreses estiguin patint una
política incorrecta.


Dit això, possiblement no estarem d’acord, ni molt menys, amb
el Partit Popular amb quin és el fons de per què està pujant
d’aquesta forma el rebut de la llum. Sota el nostre punt de vista,
la privatització i la liberalització en els darrers temps del que són el
sector elèctric ens ha portat a un pitjor servei, de menys qualitat, i
ens ha portat a un descontrol dels preus d’aquest sector que
repercuteixen, he dit abans, sobre ciutadans i ciutadanes. I per tant si
estem dient que és una raó d’estat, si estem dient que és un sector
estratègic de l’economia espanyola, cal planificació pública i cal
intervenció política econòmica sobre un sector, repeteixo, que té una
importància estratègica sobre el conjunt de l’economia del país. El
problema és la liberalització, el problema és la privatització
d’aquest servei.


En segon lloc, la moció, a part d’aquest punt, que seria
l’únic amb el que jo estaria d’acord, i amb cap punt de la
resta estaria d’acord, introdueix un seguit de punts amb debat molt
més amplis i profunds, per exemple, el debat sobre les energies
renovables no es pot tocar només com es toca a la moció de rebot sobre la
seva incidència en el preu o en el rebut de la llum. El debat de les
energies renovables és un debat estratègic en el canvi de model
productiu. I, per tant, s’ha de fer d’una forma objectiva,
d’una forma global, i no es pot tractar, repeteixo, de rebot en
aquesta moció.


En segon lloc, el debat de l’energia nuclear, que també la
moció incorpora, el debat de l’energia nuclear tampoc no es pot
tractar, ni molt menys, com un debat resultant del preu del rebut de la
llum. El debat de l’energia nuclear és un debat també estratègic
que s’ha de fer com a model energètic que tenim en aquest país i
amb una perspectiva de futur. O, per exemple, l’afirmació que diu
que aquests debats s’han de desideologitzar, que vol dir que
aquests debats s’han de despolititzar. Senyors i senyores, quina
por quan es diu que s’han de despolititzar. Qui ha de controlar,
doncs, aquests debats. Les empreses que fan negoci amb l’energia
elèctrica? No són els parlaments sobirans els que han d’opinar i
els que han de planificar l’economia i també el debat energètic?
Per tant, no és un debat que s’hagi de despolititzar. És un debat
que s’ha de polititzar de forma profunda en el bon sentit de la
paraula que nosaltres entenem, el que vol dir polititzar, i el que vol
dir fer un debat polític, de planificació, que posi l’economia al
servei de la política i que sigui la representativitat democràtica dels
ciutadans la que entomi aquest debat, faci el debat, el planifiqui i el
porti endavant.


Dir també que s’apunten debats com les xarxes
d´intercomunicació energètica entre diferents països o també el
debat del mercat únic elèctric. Imaginin-se vostès, en una moció que vol
parlar del rebut de la llum tots els aspectes que estan introduïts, que
estan barrejats els uns amb els altres, i que veritablement si aprovéssim
aquesta moció avui no sabríem exactament què és el que estem aprovant
perquè, lluny de parlar sobre l´increment del rebut de la llum, ens
estaríem posicionant sobre debats estratègics que no és la moció ni el
lloc adequat per fer-los amb la tranquil•litat i amb la profunditat
que es mereixen.









Página
5817




Dir també que nosaltres estem totalment d’acord que
l’informe de la Subcomissió del Congrés dels Diputats sobre la
planificació energètica en aquest país és un informe de referència.
Mirin, és el de menys si s’aprovarà o no s’aprovarà al
Congrés dels Diputats. Un any i mig una comissió d’aquestes
característiques en el Congrés dels Diputats vol dir que és un pol de
referència i per tant és impossible que no es treballi amb aquest informe
com a llibre de capçalera. Perquè hem fet el debat, durant un any i mig,
per poder fer una planificació a llarg termini. Podem estar d’acord
o no amb aspectes determinats d’aquest informe que nosaltres tampoc
no el compartim amb la seva totalitat però són treballs realitzats i ha
de ser un element de referència.


I acabo. Mirin. El debat veritable, que no es fa en la moció, i que
s’insinua de forma matussera i que nosaltres pensem que
s’hauria de posar amb força damunt de la taula és que el debat
energètic és un dels debats que està en el fons del debat sobre el canvi
de model productiu. Quan fem el debat del canvi de model productiu, el
tema del debat energètic està al bell mig d’aquest debat. I
nosaltres no podem fer el debat del model energètic i de la planificació
energètica sense saber com planifiquem el canvi de model productiu.
Perquè dins del canvi de model productiu les apostes energètiques són
clau de present i de futur. Per exemple, com trenquem l’enorme
dependència del nostre país dels combustibles fòssils, que s’estan
esgotant i que a més no són fonts energètiques que tinguem dins de
l’estat espanyol sinó que han de ser importades. Per tant, trencar
amb l’enorme dependència dels combustibles fòssils té una relació
directa amb el canvi de model productiu i de forma indirecta té
incidència sobre la factura perquè el petroli és escàs, cada vegada ho
serà més, i per tant cada vegada haurem de pagar més per una font
energètica que està, podríem dir que està en crisi i que podríem dir que
té signes evidents d’esgotament i que a partir d’ara mai serà
més barates, sempre serà més cara perquè és un recurs que està minvant. I
per tant aquest és un debat fonamental que puguem fer.


En segon lloc, hem de planificar l’apagada nuclear. És una
necessitat en el nostre país. Per això són tan importants les energies
renovables. No és només un concepte lligat al cost, és un concepte lligat
al futur energètic. Tindrem menys petroli i les nuclears són un problema.
Les energies renovables són el futur. I estic totalment d’acord que
la investigació, el desenvolupament és un eix estratègic per anar a
millors i a noves energies renovables que contaminin menys i que costin
menys a la butxaca dels ciutadans i de les empreses. Per tant aquest és
un tema central.


I acabo. El canvi de model energètic aposta o ha d’apostar de
forma clara per l’estalvi i l’eficiència. No és possible
planificar el creixement econòmic del futur amb uns consums desorbitats
d’unes energies contaminants que són escasses i cares. Vol dir que
hem de canviar el parany, hem de canviar la planificació i això no es pot
fer només des del mercat. No podem deixar en mans del mercat una
planificació futura que ens afecta a tots. És una planificació que
s’ha de fer des de l’estratègia del públic, des de la idea
que és un servei estratègic, que és un sector estratègic i que és una
qüestió d’estat i per tant la planificació pública és
indispensable. I això la moció del Partit Popular no li arriba ni a la
sola de les sabates.


Moltes gràcies.


Muchas gracias, presidente.


En primer lugar, quiero decir que es un placer poder hablar catalán
en esta Cámara, la lengua de mis padres y la lengua de Cataluña. Hoy el
Estado español, el Estado que es plurinacional, que debe ser
pluricultural y que es plurilingüe, da un pequeño paso hacia adelante en
esta Cámara. Ayer empezamos, hoy seguimos y seguro que en los libros de
historia constará la fecha en la que el Senado se adaptó a la realidad de
la verdadera España plural.


La moción que nos presenta el Partido Popular es un barullo. Está
en contra y condena la subida excesiva del recibo de la luz —este
es su objetivo—, pero como en el juego de las muñecas rusas, a
medida que vamos abriendo la moción nos damos cuenta de que anuncia una
cosa pero dentro hay otras. En este texto todo lo que hay no es lo que
parece. Por ello voy a referirme concretamente a lo siguiente. En primer
lugar, estamos de acuerdo con el concepto de que es un abuso y no hay
justificación posible a la subida abusiva del recibo de la luz. No solo
la subida de los últimos tiempos, sino la acumulación de los últimos años
que ha hecho que el incremento del precio de la luz esté cerca del 40%
por encima de los incrementos del IPC. Por ello, la mayoría de la
población española, los ciudadanos y ciudadanas y las empresas están
sufriendo una política incorrecta.


Dicho esto, posiblemente no vayamos a estar de acuerdo, ni mucho
menos, con el Partido Popular en cuál es el fondo de por qué está
subiendo de esta manera el recibo de la luz. Desde nuestro punto de
vista, la privatización y la liberalización del sector eléctrico en los
últimos tiempos nos ha conducido a un









Página
5818




peor servicio, de menor calidad, y a un descontrol de los precios
de este sector que repercute, como he dicho antes, en los ciudadanos y
ciudadanas. En consecuencia, si estamos diciendo que es una razón de
Estado, si estamos diciendo que es un sector estratégico de la economía
española, se necesita planificación pública e intervención política y
económica sobre un sector que tiene una importancia estratégica clave
sobre el conjunto de la economía del país. Por lo tanto, el problema es
la liberalización, la privatización de este servicio.


En segundo lugar, la moción, aparte de este punto, que es el único
con el que yo estoy de acuerdo, con ningún otro más, introduce una serie
de puntos con un alcance mucho más amplio y profundo. Por ejemplo, el
debate sobre las energías renovables no se puede abordar solo como se
hace en la moción, de rebote sobre su incidencia en el precio o en el
recibo de la luz. El debate de las energías renovables resulta
estratégico en el cambio de modelo productivo y, por lo tanto, se tiene
que hacer de manera objetiva y global, y repito que no se puede tratar de
rebote en esta moción.


El debate de la energía nuclear, que también incorpora la moción,
tampoco se puede tratar, ni mucho menos, con el debate resultante del
precio del recibo de la luz. El debate de la energía nuclear es
estratégico y se tiene que hacer como modelo energético que tenemos en
este país y con una perspectiva de futuro. Por ejemplo, está la
afirmación que dice que estos debates se tienen que desideologizar,
despolitizar. Señoras y señores, qué miedo surge cuando se habla de
despolitizar esto. ¿Quién tiene que controlar estos debates, las empresas
que hacen negocio con la energía eléctrica? ¿No son los Parlamentos
soberanos los que tienen que planificar la economía y cambiar el debate
energético? Por lo tanto, no es un debate que se tenga de despolitizar,
es un debate que se tiene que politizar de manera profunda en el buen
sentido de la palabra. Nosotros entendemos lo que quiere decir politizar
y hacer un debate político de planificación que ponga la economía al
servicio de la política y que sea —repito— la
representatividad democrática de los ciudadanos la que escoja este
debate, lo lleve a cabo, lo planifique y lo impulse.


Quiero decir también que se apuntan debates como las redes de
intercomunicación energética entre distintos países, así como el del
mercado único eléctrico. En una moción que quiere hablar del recibo de la
luz aparecen todos estos aspectos mezclados entre sí y si hoy aprobamos
esta moción no sabremos exactamente qué es lo que estamos aprobando
porque, lejos de hablar del incremento del recibo de la luz, nos estamos
posicionando sobre debates estratégicos y la moción no es la vía, ni
tampoco este es momento ni el lugar adecuado, para abordarlos con la
tranquilidad y la profundidad que merecen.


También he de decir que nosotros estamos totalmente de acuerdo con
que el informe de la subcomisión del Congreso de los Diputados sobre que
la planificación energética en este país ha de ser considerado un informe
de referencia. Lo de menos es si se aprueba o no en el Congreso de los
Diputados. Que durante un año y medio esté funcionando una comisión de
estas características en el Congreso de los Diputados quiere decir que es
un pozo de referencia. Por lo tanto, es imposible que no se trabaje con
este informe y se utilice como libro de cabecera, y es que repito que
durante un año y medio hemos mantenido un debate para hacer una
planificación a largo plazo. Por lo tanto, podemos estar de acuerdo o no
con aspectos determinados de este informe, que tampoco nosotros
compartimos en su totalidad, pero este trabajo realizado debe ser un
elemento de referencia.


Voy terminando. El debate verdadero que no se aborda en la moción,
que tan solo se insinúa de forma rudimentaria y que se debería poner
sobre el tapete, es que el tema energético es uno de los aspectos que
están en el fondo del debate sobre el cambio de modelo productivo. Cuando
acometamos el debate sobre este tema, la cuestión energética va a estar
en el centro del debate y no podemos abordar el modelo energético y la
planificación energética sin saber cómo planificamos el cambio de modelo
productivo, porque dentro de este las apuestas energéticas son claves de
presente y de futuro. Por ejemplo, ¿cómo rompemos con la enorme
dependencia de nuestro país de los combustibles fósiles, que se están
agotando y que además no son fuentes energéticas que tengamos dentro del
Estado español sino que han de ser importadas? Hay que romper con esta
enorme dependencia de los combustibles fósiles, y esto tiene una relación
muy grande con el cambio de modelo productivo y de manera indirecta gran
incidencia sobre la factura porque el petróleo es escaso y cada vez lo va
a ser más y pagaremos más por una fuente energética que está en crisis y
que tiene signos evidentes de agotamiento; desde luego, nunca será más
barata, sino más cara, porque es un recurso que está menguando. Este
debate fundamental se tiene que abordar.


En segundo lugar, debemos planificar el apagón nuclear. Es una
necesidad en nuestro país; por ello son tan importantes las energías
renovables. No es solo un concepto ligado al coste, sino también al
futuro energético. Si tenemos menos petróleo y las nucleares son un
problema, las energías renovables son el futuro. Y estoy totalmente de
acuerdo en que la investigación en desarrollo es un eje estratégico









Página
5819




para ir a mejores y nuevas energías renovables que contaminen menos
y cuesten menos al bolsillo de los ciudadanos y de las empresas. Este es,
por tanto, un tema central.


Y voy terminando. El cambio de modelo energético debe apostar de
manera clara por el ahorro y la eficiencia. No es posible planificar el
crecimiento económico del futuro con unos consumos desorbitados de unas
energías contaminantes que son escasas y caras. Debemos cambiar la
planificación y esto no se puede hacer únicamente desde el mercado. No
podemos dejar en manos del mercado una planificación futura que nos
afecta a todos. Es una planificación que hay que hacer desde la
estrategia de lo público, desde la idea de que es un servicio
estratégico, un sector estratégico y una cuestión de Estado. Y, por
tanto, la planificación pública es indispensable, y a esto la moción del
Grupo Parlamentario Popular no le llega ni a la suela del zapato.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la senadora
Durán.


La señora DURÁN FRAGUAS: Gracias, señor presidente.


Señorías, intervengo en este turno de portavoces para fijar nuestra
posición, que es contraria a la moción presentada, y me gustaría
aprovechar para aclarar algunas cosas.


Como ya se ha dicho aquí, la política energética tiene que ser a
largo plazo, porque las decisiones que se toman hoy condicionan el futuro
y las que se tomaron ayer condicionan lo que está pasando hoy. Por tanto,
la situación energética no es que se produzca de un día para otro; está
condicionada por decisiones que los sucesivos Gobiernos han ido tomando y
que condicionan lo que pasa a continuación. Por ello es necesario llegar
a un consenso, es necesario saber qué queremos hacer con la política
energética de este país.


Desde luego, ha variado a lo largo de los años y yo creo que hay
que reconocer que estos dos Gobiernos del Partido Socialista han
intentado definir un nuevo modelo energético con unos objetivos
concretos: competitividad, sostenibilidad y garantía de suministro,
haciendo, además, un importante esfuerzo en un tema fundamental, como es
el ahorro y la eficiencia energética; el fomento de las energías
renovables controlado y el desarrollo de infraestructuras y la
liberalización real de los mercados energéticos, que hay que decir que
tampoco han tenido mucho éxito en cuanto a lo que finalmente le cuesta al
usuario la energía.


Las políticas intervencionistas no son en este momento posible. En
otras ocasiones hubo otros Gobiernos que las ejercieron, pero, como digo,
en este momento no son posibles porque estamos en una Unión Europea que
cada vez exige más la liberalización y, por tanto, no vamos a hablar de
cosas que no pueden volver a suceder.


Quiero repetir, antes de hablar de algunas otras cosas, que a todos
los senadores y senadoras que formamos esta Cámara nos preocupan los
consumidores, sobre todo los que están en peor situación, y por ello creo
que hay que hacer ese trabajo fundamental de proteger a los que están
peor. Pero también hay que ser conscientes de que la energía es un bien
que hay que tratar de una forma mesurada, y trabajar en ahorro y
eficiencia energética, al igual que en otros momentos se hizo en el
ahorro de un bien como el agua, es importante para todos. Y yo creo que
en esto también estaremos todos de acuerdo.


Y sí me gustaría hablar de una cosa que sale siempre que tratamos
estos temas, y es el déficit de tarifa. ¿Qué es el déficit de tarifa? La
diferencia entre la cantidad recaudada de la tarifa impuesta al
consumidor y los costes reales que tiene esa tarifa, y ese déficit
—como todos ustedes saben— tuvo su origen en el caso
energético español en la decisión de un Gobierno, en este caso de un
Gobierno del Partido Popular, presidido por José María Aznar, que decidió
congelar la factura de la electricidad y beneficiar al consumidor final.
Pero con eso no desaparecen los costes, con eso se transfieren: no lo
pagan los consumidores, lo pagaremos finalmente como contribuyentes. Ese
tipo de decisiones sirvieron en ese momento para muchas cosas, entre
otras para cumplir los requisitos de inflación, pero, evidentemente, ese
dinero no desapareció y, por tanto, fue el inicio de lo que ahora
llamamos el déficit tarifario.


Efectivamente, esa compensación del déficit hay que abordarla en
algún momento, está claro que es una decisión responsable y que no se
puede seguir incrementando una bolsa que finalmente hay que pagar; por
tanto, no podemos crear una nueva burbuja, en este caso esa que explota
en algún momento. Las decisiones que se están tomando son las que se
deben tomar, pero sí me gusta recordar que cuando un Gobierno, en ese
caso del Partido Popular, toma la decisión de inventarse el déficit
tarifario, el barril del









Página
5820




petróleo estaba más o menos a 15 dólares; es más, había estudios
hechos en aquel momento por el Partido Popular que pronosticaban que en
2012 estaría entre 27 y 30 dólares, y ya ven ustedes a qué precios está
ahora mismo.


También me gustaría hacer una reflexión sobre el coste de las
energías renovables. Fue una decisión que tomamos y una vez que está
tomada nos corresponde a todos hacer una apuesta por las energías
renovables, pero, efectivamente, las energías renovables —que
tienen un montón de beneficios no solo desde el punto de vista de la
independencia energética, sino también desde el punto de vista
propiamente social— tienen unos costes y esos costes no se pueden
obviar y hay que repercutirlos. Y, como antes me comentaba el senador, o
lo repercutimos como consumidores —que entendemos que es lo
razonable— o se acaba repercutiendo como contribuyentes, que es
otra forma de hacerlo que al final deriva el problema pero no lo
soluciona.


Según Luis Atienza, presidente de Red Eléctrica Española, el
problema de las energías renovables surge por los costes. Dice él que
invertir en energías renovables es muy costoso, más en el primer período
porque hay menos beneficios, pero que hay que tener en cuenta que esos
beneficios son finalmente también sociales y que, por tanto, es una
inversión que a la larga es muy interesante.


Señorías, para terminar, quiero decir que ya que se ha hecho una
subcomisión en el Congreso que ha acercado puntos de vista y que ha
puesto sobre la mesa determinadas cosas en las que nos podemos poner de
acuerdo, yo creo que debemos seguir en esa línea, debemos seguir en la
línea de intentar que la política energética de este país sea finalmente
una política consensuada y que tenga en el tiempo viabilidad, porque, si
no, nos encontramos con que determinadas empresas deciden aumentar la
potencia en no sé qué sector y finalmente ahora mismo seguramente tenemos
potencia instalada sobrante, y mucha.


También me gustaría decir —hoy no se lo he escuchado al
senador Palacios y me alegro— que en varias ocasiones se ha dicho
que la subida de luz también obedece, entre otras cosas, a que queremos
subvencionar otras energías que son más caras. Yo soy alcaldesa de un
pueblo minero y no puedo marchar de aquí sin decir que la culpa de la
subida de la luz no la tiene el pobre carbón autóctono, que lleva dos
años sin quemarse, y que, en todo caso, si los incentivos al carbón van a
incidir en la factura será a futuro, porque a fecha de hoy el real
decreto de restricciones por garantía del suministro que se aprueba el 29
de septiembre no ha entrado en vigor; por tanto, poco puede influir en
esta subida. O sea, vamos a poner las cosas en su justa medida y en todo
caso, aunque así fuera, sería en un porcentaje mucho más pequeño que
otras cosas, además de que también tiene beneficios sociales porque hay
cuencas enteras que también viven de eso.


Señorías, para finalizar, los trabajos desarrollados por la
subcomisión de análisis de la estrategia energética española para los
próximos 25 años ha sido un paso importante, espero y deseo que sirvan
para la definición y rúbrica de un pacto de Estado para la energía y creo
que todos compartimos que los objetivos son que el mix de energía
primaria a largo plazo sea un marco estable para hacer compatibles todos
los retos de la propia política energética y también para poder seguir
luchando contra el cambio climático con el mantenimiento de unas tarifas
energéticas competitivas. Sin embargo, creo que la moción que hoy traemos
aquí, aunque tiene partes positivas, tiene otras que no podemos
compartir, porque pensamos que lo razonable es que un Gobierno que ejerce
como tal ha de ser responsable y no puede hacer otra cosa más que
repercutir unos costes que, como ya les he explicado en mi intervención
anterior, son del mercado libre y que, por tanto, no cabe ninguna
posibilidad de hacer otra cosa. Solo se puede congelar, como se ha hecho,
la parte regulada por el Estado.


Por tanto, y teniendo en cuenta todo ello, nuestro voto va a ser en
contra.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Palacios.


El señor PALACIOS ZUASTI: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, creo que todos coincidimos en que la última subida del
recibo de la luz ha batido todos los récords y que se ha tomado en el
peor de los momentos posibles, cuando las familias y cuando las pymes
están castigadas por una cadena de subidas de precios; cuando se han
suprimido ayudas públicas y deducciones fiscales; cuando suben los
impuestos y se recortan los salarios. Por eso, yo creo que todos
entendemos que es preciso que, tal y como se pide en nuestra moción, de
una vez por todas se ponga freno a los incrementos en el recibo de la
luz; a subidas del 43% —que es la que hemos sufrido en estos









Página
5821




últimos tres años—; a subidas por encima de la inflación y
que, como les decía en mi primera intervención, han sextuplicado de largo
el IPC.


Necesitamos una energía lo más barata posible, que esté por debajo
de la media de la Unión Europea, y que nos permita ser competitivos, que
nuestros costes de producción sean bajos o como mucho similares a los de
los países competidores de nuestro entorno. Creo que es algo que, desde
este tribuna, tengo la obligación de demandar; una energía con la que
podamos afrontar esta crisis, que podamos salir de ella; una energía que
ayude a que en este país tengamos crecimiento económico —en este
momento tenemos un crecimiento cero— y que podamos tener un
crecimiento entre el dos y dos y medio posible, que es el que nos va a
permitir poder empezar a crear puestos de trabajo. Y para lograr una
energía así, es decir, una energía barata —todo lo contrario de lo
que tenemos en estos momentos—, es necesario que este Gobierno
abandone su actual política energética, que lo que ha hecho es disparar
el déficit tarifario hasta casi los 20 000 millones de euros, porque,
como decía la senadora Durán, el déficit tarifario —que ella nos
definía— en el año 2004 era de 1499 millones de euros y en estos
momentos, al final del 2009, está en torno a los 20 000 millones de
euros, cuando este Gobierno se había comprometido a eliminarlo o a
disminuirlo. Necesitamos que el precio de la energía no siga subiendo
como hasta ahora, que, desde que está el presidente Zapatero, ha subido
un 60%, y que se pueda alcanzar entre todos un pacto energético no
ideologizado. (Un señor senador del Grupo Parlamentario Entesa Catalana
de Progrés pronuncia palabras que no se perciben.). Sí, señor de Entesa,
un pacto en el que se reflexione y se busque el consenso; un pacto en el
que no se enfrenten ni contrapongan unas fuentes de energía con otras,
porque decía que la energía nuclear está en el fondo de esta moción, pero
es que la energía nuclear es una de las fuentes de energía y tiene que
estar en el mix energético, porque cuando su costo marginal es de 15
euros megavatio/hora y cuando tenemos energías renovables con un coste de
450 euros megavatio/hora, es lógico que la energía nuclear tenga que
estar presente a la hora de elaborar ese pacto energético entre todos,
que tiene que ser un pacto que aporte soluciones a medio y largo plazo.
Por supuesto, señora Durán, que las decisiones en materia de energía son
a largo plazo, y este Gobierno —por cierto, un Gobierno que lleva
casi siete años, ya basta por tanto de hablar de Gobiernos
anteriores— ha tenido tiempo más que suficiente para resolver los
problemas. Sin embargo, las decisiones que están tomando lo que están
haciendo es hipotecar a los Gobiernos que vengan después.


Por eso es preciso llegar a ese pacto, y necesitamos alcanzar un
mix energético que no tenga unas subvenciones multimillonarias como
ocurre en la actualidad, que el usuario está pagando más de 2200 millones
de euros al año por las decisiones políticas. ¿Quién tiene que pagar las
decisiones políticas? Los que las toman, no los usuarios. Separemos una
cosa de la otra. Tenemos que conseguir que en el recibo de la luz no haya
subidas de un 43%, como se han producido en estos últimos tres años;
tenemos que conseguir que se pueda encontrar financiación, que se pueda
proceder a la titulación y se les pueda dar a las compañías el flujo
financiero que necesitan. Como les decía, necesitamos un pacto energético
que permita sacar del recibo de la luz todos aquellos conceptos ajenos a
él: las subvenciones, el déficit de tarifa, la moratoria nuclear,
etcétera, y que permita que los usuarios paguen lo que les corresponde
para que la energía sea barata y competitiva. Necesitamos un pacto
energético que deje de generar déficit de tarifa, y que para ello analice
el peso de algunas fuentes renovables cuya curva de aprendizaje no
permite tener un precio final competitivo. Es preciso que, de una vez por
todas, se deje de gobernar a golpe de real decreto, como se está haciendo
con estos últimos Gobiernos, que produce mucho impacto regulatorio y
pocos resultados prácticos, como está demostrado —y así se aprecia
en la grave situación en la que está el sector energético— y que
pone de manifiesto ese Real Decreto de 23 de diciembre pasado y el
informe que ha hecho público el Ministerio de Industria.


No es posible que en el asunto de las renovables —y más en
concreto en el de las fotovoltaicas— el Gobierno haya sacado hasta
cuatro reales decretos desde el año 2007; y no es posible que el Gobierno
les fijara unas reglas de juego y, además, les animara a realizar unas
inversiones —porque iban a tener una rentabilidad—, para lo
cual ellos tuvieron que pedir unos créditos, se tuvieron que endeudar con
avales personales, y que ahora, de la noche a la mañana, y por un real
decreto ley, de forma unilateral, y con efectos retroactivos, se les
estén cambiando las reglas de juego y se les esté condenando a la quiebra
a muchas familias y a muchas pequeñas empresas.


Es preciso que en España exista en materia energética certidumbre
regulatoria y seguridad jurídica para no ahuyentar a los inversores
nacionales y extranjeros. Y es preciso que el Gobierno deje, de una vez
por todas, de dar bandazos y que tenga una hoja de ruta —como decía
el ministro en la interpelación del pasado mes de junio—. Que las
decisiones en materia energética, que es un tema de Estado y un









Página
5822




tema estratégico, sean adoptadas con el principal partido de la
oposición, que no se queden en bonitas palabras que se dicen delante de
estos micrófonos, como señaló el señor Sebastián, y luego, cuando
aprueban un real decreto, como el de diciembre, o cuando se elaboró el
informe de la subcomisión, que fue aprobado en la Comisión de Industria
del Congreso de los Diputados, se deje de lado, no se informe y se
margine al Partido Popular. Esto y no otra cosa es lo que pedimos en
nuestra moción.


El senador de Entesa decía: ¿Qué es lo que piden? Pues es muy
fácil: poner freno al incremento en el recibo de la luz, que resulta
excesivo, injustificado e injusto; impulsar un pacto energético que no
esté ideologizado; diseñar un mix de generación que incluya todas las
fuentes de energía, combinando las energías renovables con otras fuentes
que tienen un costo de producción mucho más bajo, que pueden ser
encendidas y apagadas en función de la demanda y no en función de la
producción que las renovables aporten en cada momento; y reconocer el
valor de la energía nuclear para abaratar el costo del recibo de la
luz.


Por último, impulsar las mejoras de las redes de interconexión
eléctrica transfronterizas para incrementar la seguridad del sistema
eléctrico, facilitar el crecimiento de las energías renovables de manera
racional, sin que supongan una carga añadida al recibo de la luz, y
aprovechar la eficiencia que implica pertenecer a un mercado único.


La señora Durán, en nombre del Grupo Socialista, hablaba de
consenso. ¿Qué consenso? Si nosotros, más que ofrecerles sentarnos a
negociar, no podemos hacer. Preséntennos un documento, una hoja de ruta y
con eso podremos llegar a un acuerdo. Pero, por favor, no hagan como en
diciembre pasado, esto es, aprobar ese real decreto sin contar para nada
con nosotros.


Ha hablado del carbón nacional. Me parece que así la señora Durán
se está poniendo la banda antes del coscorrón, porque no me he referido a
ello ni lo voy a hacer.


El senador Alturo, portavoz de Convergència i Unió, decía que sí lo
va a aprobar el Pleno del Congreso de los Diputados. Pues bien, tengo
aquí el Diario de Sesiones de la comisión del día 15 de diciembre pasado
y al final, cuando el presidente anuncia, después de que queda aprobado
el informe, que resta un último punto, el tercero, dice así: Para
solicitar, en su caso, a la Mesa de la Cámara que el informe de la
subcomisión sea sometido a debate por el Pleno del Congreso. No ha habido
ninguna petición de ningún grupo para que se haga en esos términos. Si
algún grupo lo pide, lo votamos. No hay nadie que lo pida, por tanto, no
se vota y no se lleva al Congreso. Por tanto, su enmienda era de
imposible cumplimiento.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Llamen a votación. (Pausa.)


Cierren las puertas.


Señorías, vamos a proceder a la votación de la moción que acabamos
de debatir del Grupo Parlamentario Popular.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
249; a favor, 116; en contra, 133.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


— Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, POR LA QUE SE
INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON
LA SITUACIÓN DE LAS MINORÍAS CRISTIANAS EN LOS PAÍSES DE ORIENTE PRÓXIMO
Y EN OTROS DE ASIA Y ÁFRICA. (Votación.). (Número de expediente Senado
662/000153.)


El señor PRESIDENTE: Señorías, faltaba por votar la moción del
Grupo Popular defendida por el senador Muñoz-Alonso.


Hay una transaccional firmada por todos los grupos. (El señor
Muñoz-Alonso Ledo pide la palabra.)


Senador Muñoz-Alonso, tiene la palabra.


El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Señor presidente, creo que sería bueno
tener el texto completo y firmado, porque no hemos firmado.


El señor PRESIDENTE: Está repartido, señoría.


El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Gracias, señor presidente.









Página
5823




El señor PRESIDENTE: La transaccional firmada por todos los grupos
hace que se apruebe por asentimiento. (Asentimiento.)


Queda aprobada por asentimiento.


— DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE INSTA AL
GOBIERNO A REFORZAR LAS MEDIDAS Y REFORMAS EN MARCHA PARA CONTRIBUIR A
UNA PRONTA RECUPERACIÓN DE LA CONFIANZA EXTERIOR EN NUESTRO SISTEMA
FINANCIERO. (Número de expediente Senado 662/000152.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos, señorías, a la moción del Grupo
Parlamentario Socialista, por la que insta al Gobierno a reforzar las
medidas y reformas en marcha para contribuir a una pronta recuperación de
la confianza exterior en nuestro sistema financiero.


A esta moción se ha presentado una transaccional firmada por todos
los grupos, con la excepción del Grupo Nacionalista. Por tanto, señorías,
decaen las enmiendas, excepto la presentada por el Grupo Nacionalista.
(Rumores.)


Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador Hurtado.
(Rumores.)


Espere un momento, señoría, a que haya un poco de silencio.
(Rumores.)


Señorías, abandonen el hemiciclo o escuchen en silencio. (Rumores.)
Señorías, ¡silencio, por favor! (Pausa.)


Cuando quiera, señor Hurtado.


El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidente.


Gracias, señorías.


El objeto de esta moción es muy simple y muy sencillo: trasladar
confianza al exterior con relación al esfuerzo colectivo que todos
estamos haciendo y a las reformas que estamos abordando en este país.


La mejor aportación de este Parlamento, donde representamos al
pueblo español, es que todos hagamos un esfuerzo, primero, por valorar lo
que estamos abordando y, luego, por trasladar confianza no solamente a
nuestros ciudadanos, sino también a todos los que están poniendo en
cuestión nuestra situación económica. En concreto, la confianza que
nosotros trasladamos en esta moción es la confianza en nuestro sistema
financiero, pues hay importantes razones para confiar en él. Si no las
hubiese, sería un optimismo vano; pero —insisto— hay razones
importantes, que son las que voy a explicitar en mi intervención.


Es evidente que en la primera fase de esta crisis financiera
internacional, la fase denominada crisis bancaria, el comportamiento de
nuestra banca, de nuestro sistema, ha sido de fortaleza. Cuando hace más
de tres años por primera vez se suspenden los reembolsos en la banca
francesa —en un banco francés— por productos de hipotecas
estadounidenses, que posteriormente se vio que eran productos tóxicos, se
desencadenó una auténtica tormenta financiera a nivel internacional.
Nuestra banca soportó especialmente bien este envite por distintas
razones; señalaré dos de ellas. Por un lado, porque nuestra banca contaba
con un sistema de supervisión y regulación eficaz, mucho más exigente que
el de otras economías occidentales y mundiales, donde imperaba la
política del hands-off, manos libres, en el que el sistema financiero
funciona por sí mismo, sin regla alguna. La experiencia de la crisis
financiera que vivimos en la década de los ochenta y la ocurrencia del
entonces gobernador Rojo de establecer un sistema procíclico y de lucha
contra los excesos que se podían dar en épocas de expansión y de bonanza
financiera consiguieron que nuestra banca no contase con activos tóxicos;
nuestra banca no pudo comprar subprimes, ya que la supervisión y la
regulación no lo permitían. Por otro lado, nuestra banca contaba con
activos mucho más seguros, pues era una banca más tradicional, de estilo
minorista. Para otras economías la nuestra era una banca casi pasada de
moda, justamente lo contrario de lo que hoy se piensa. Hoy, esos países
consideran que nuestra banca es el modelo a seguir para evitar la crisis
financiera que estamos viviendo en este momento.


Así pues, soportamos muy bien la primera fase de esa crisis
denominada bancaria. Incluso nuestros bancos adquirieron bancas
extranjeras que se encontraban en situación de insolvencia. Por tanto, lo
conseguimos. Sin embargo, lo cierto es que la crisis ha ido a más, ha
sido especialmente profunda y a nuestros bancos les faltó liquidez. Por
ello, pusimos en marcha importantes mecanismos como la dotación de
avales, la compra de activos, además de la liquidez que el Banco Central
Europeo ha dado de forma ilimitada a la banca. Sin embargo, la crisis
alcanzó a nuestra economía real y supuso también el pinchazo de la
burbuja inmobiliaria; pinchazo que ha supuesto que muchos activos de
nuestra banca —activos en









Página
5824




el sector de la construcción— se vieran especialmente
perjudicados con el tiempo. Nuestra banca también se ha visto perjudicada
y con esta crisis profunda que se ha alargado durante más de tres años se
ha puesto de manifiesto que debía redimensionarse, pues había una
capacidad instalada excesiva en cuanto a sucursales y a personal, con una
dimensión inadecuada, ya que no tenía economía de escala, sino una
dimensión pequeña que le impedía acceder a los mercados financieros para
conseguir liquidez. Por este motivo, hace más de dos años abordamos una
importante reforma para ajustar este desequilibrio: el Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria; fondo que, por cierto, muchos países
que lo necesitan todavía no lo han puesto en marcha y que nosotros fuimos
pioneros pues lo pusimos en funcionamiento hace más de dos años. Este
fondo ha tenido dos intervenciones claramente diferenciadas. Por un lado,
redimensionar la banca solvente y posibilitar la integración entre las
distintas entidades bancarias, principalmente cajas de ahorros, para que
puedan reforzar su estructura de explotación y garantizar su solvencia.
Y, por otro, una actuación que ha ido dirigida a salvar aquellas
entidades bancarias que no eran viables. Han sido en concreto dos casos
que todos conocemos: la Caja de Castilla-La Mancha y Caja Sur. Ha habido
una intervención del Banco de España y una posterior adjudicación a otras
entidades para su puesta en funcionamiento, garantizándose una nueva
dimensión y la solvencia con que no contaban cuando se produjo la
intervención por parte del Banco de España; un fondo que hasta este
momento ha empleado 10 500 millones de euros, una cifra ínfima en
comparación con la que han empleado otros Estados para salvar su banca.
Se trata de un fondo que está todavía en funcionamiento y que está aún a
disposición para seguir mejorando las nuevas dimensiones, una mayor
solvencia y, en definitiva, los ajustes necesarios que han puesto de
manifiesto la crisis financiera que estamos viviendo.


También hemos abordado la reforma de la Ley de cajas de ahorros,
una reforma muy necesaria. Y es que otro problema que se ha puesto de
manifiesto con la crisis ha sido la necesidad de un capital de calidad
por parte de las entidades financieras, especialmente por las cajas de
ahorro. La Ley de cajas de ahorros trata de posibilitar una
capitalización de las cajas, puesto que hasta ahora solo podían acceder a
un capital de calidad a través de los beneficios que obtenían, es decir,
no había otra posibilidad que no fueran las participaciones, pero, para
colmo, los órganos de gobierno no tenían poder de decisión. La reforma de
la Ley de cajas de ahorros ha supuesto el apostar por la capitalización
de las cajas, una capitalización que va a permitir —insisto en
ello— mucha más solvencia, una nueva dimensión y asimismo la
profesionalización de las cajas al eliminarse personas, cargos electos de
los órganos de gobierno, y al establecerse unos nuevos instrumentos
financieros.


Y quiero señalar asimismo el sistema institucional de protección,
también denominado de fusiones frías, utilizado en este proceso de
integración por muchas entidades bancarias. Hemos pasado de 45 cajas de
ahorro a 17 debido en gran medida a fusiones frías y no solo por las
integraciones habituales. Y ha habido una modificación que quiero señalar
porque es muy importante con vistas a un futuro. Me refiero a la
posibilidad de que los activos y pasivos de las cajas de ahorro se puedan
gestionar a través de bancos de gestión, una novedad que ya se está
llevando a efecto. Y a este respecto quiero hacer mención a la BBK y a
Caja Sur; se ha creado BBK Bank Caja Sur con una inyección de capital de
800 millones de euros, lo que está transmitiendo mucha ilusión no
solamente en la provincia de Córdoba sino en toda Andalucía, y es que
estábamos sufriendo un enorme parón en la liquidez y en la prestación de
los bancos a nuestras empresas y a nuestras familias.


Pero hay también otra razón muy importante para creer en nuestro
sistema financiero, una razón que hay que decir en voz alta para que se
enteren los que no están interesados en que nuestro sistema financiero
vaya bien: nosotros hemos sido los que mejor hemos superado los test de
estrés, las pruebas de resistencia sobre los bancos y las cajas de
ahorro. Nosotros hemos sido los pioneros en Europa en establecer estas
pruebas de resistencia, y además hemos sido los que más entidades
bancarias hemos sometido para ser examinadas y los que con más detalle
hemos presentado información y pruebas sobre ellas. En concreto, tenemos
un dato muy significativo, y es que prácticamente la totalidad de estas
entidades han superado las pruebas de resistencia, pruebas de resistencia
que ponían de manifiesto su capacidad en hipotéticos casos que eran
enormemente desfavorables, pues solamente cuatro pequeñas cajas de ahorro
no han podido, en las situaciones más excepcionales, superar estas
pruebas de resistencia. Pero, insisto, en su conjunto, hemos examinado la
totalidad de las cajas de ahorro y la totalidad de entidades bancarias
cotizadas, lo que no ha hecho ningún país de Europa. Sin embargo, otros
países se han conformado con el mínimo establecido por la Unión Europea
de un 50% de su volumen de activos, lo que hubiese significado,
trasladándolo a nuestro sistema, que los tres grandes bancos españoles
hubiesen sido suficientes para superar las pruebas de resistencia.









Página
5825




Nosotros hemos apostado, en la lucha contra lo que es un clarísimo
ataque hacia nuestro sistema financiero y hacia el euro, por mucha mayor
transparencia. Estamos incluso no recomendando, sino exigiendo a través
del Banco de España que sean las cajas de ahorro —que son las que
más se están cuestionando— las que ofrezcan trimestralmente
información muy pormenorizada y detallada sobre los préstamos en el
sector de la construcción y a promotores de viviendas sobre las garantías
que tienen dichos préstamos, sobre los dudosos cobros que tienen
contabilizados sobre ellos y, sobre todo, la cobertura que tienen.


Por otra parte, también se le está exigiendo a nuestra banca algo
que no está haciendo nadie en Europa: información sobre los préstamos
minoristas, préstamos hipotecarios, aportando, incluso, el long-off value
como un dato significativo de su nivel de garantía.


Hay que insistir en la transparencia como la mejor solución al
ataque que está soportando nuestro sistema financiero. Somos nosotros los
que tenemos que trasladar —y es la pretensión y el objetivo de esta
moción— confianza en el propio sistema y en las reformas que
estamos abordando. No nos quepa la menor duda de que ya en estos momentos
esas reformas están dando los resultados esperados y todos los organismos
internacionales lo están confirmando así, que vamos por el mejor camino y
que, desde luego, el esfuerzo que estamos haciendo es merecedor del
reconocimiento de todos.


Gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, tiene la
palabra, para la defensa de su enmienda, el senador Pérez Bouza.


El señor PÉREZ BOUZA: Grazas, presidente.


Moi brevemente, bo día a todos e a todas. A verdade é que dá gusto
escoitar intervencións como a que acaba de facer o senador Antonio
Hurtado e como seguramente fará a continuación o voceiro do Grupo
Parlamentario Popular, o senador Barreiro, aínda que non se compartan boa
parte dos argumentos que se dan, pero nótase que saben perfectamente do
que falan.


Ben, eu manteño a emenda a esta moción —é unha emenda de
supresión, concretamente do punto número 3 do texto inicialmente
presentado polo Grupo Parlamentario Socialista— porque eu penso que
xa a propia redacción da emenda introduce moitas dúbidas. Eu non sei se o
que presenta o Grupo Parlamentario Socialista é unha nova modificación da
Lei de caixas, porque se di textualmente a modificación da Lei de caixas
de aforro para a posibilidade de obtención de recursos propios e melloras
na súa xestión e no seu goberno: isto é o que se di textualmente, pero
intúo polo texto da transaccional á que se chegou que abonda co que xa
hai, pero aí precisamente é onde nós reafirmamos os nosos argumentos: que
do que hai tamén dende o BNG estamos en contra. Estamos en contra porque
o que se esconde debaixo de todo isto é unha privatización das caixas de
aforro, unha bancalización das caixas de aforro, e é unha eliminación do
control que exercen sobre as mesmas sobre todo as Comunidades Autónomas,
pero tamén as entidades locais.


Polo tanto, o BNG non pode estar de acordo con iso, non pode estar
de acordo con que se perda o control sobre a obra social das caixas, que
se perda o control sobre investimentos estratéxicos que as caixas como
entidades sociais, como entidades sociais públicas que neste momento
aínda son, supoño que non por moito tempo se isto segue por este camiño,
aínda ten no seu territorio e no territorio no que se asentan e no que
captan unha boa parte dos seus recursos. Como iso, polo menos para o BNG,
é o que se esconde detrás non só deste punto, do punto número 3, senón da
filosofía da moción que agora estamos debatendo.


O BNG presenta esta emenda porque é certo que se se mantivese nos
termos iniciais, os outros dous puntos poderiamos asumilos. Nós non
estamos en contra, por suposto, da máxima transparencia de todo o sistema
financeiro, incluído as caixas de aforro, que son en torno ao 50% dese
sistema financeiro, e non estamos en contra, en principio, da utilización
do FROB para redimensionar ese sistema financeiro que algúns gurús,
algúns sabios, nos dicían hai dous meses que o problema das caixas era un
problema de tamaño, agora reducimos o tamaño e resulta que xa nos están
dicindo que agora o problema é de capitalización, xa non é de tamaño, non
sei dentro duns meses o que nos dirán, dirannos que hai que ir a unha
privatización completa, a unha bancalización das caixas, o cal nós non
compartimos e por iso presentamos esta emenda e a manteremos na súa
votación. Nada máis.


Moitas grazas.









Página
5826




Gracias, presidente.


Intervendré muy brevemente. Buenos días a todos y a todas. La
verdad es que da gusto escuchar intervenciones como la que acaba de hacer
el senador Antonio Hurtado y como seguramente hará a continuación el
portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el senador Barreiro, pues,
aunque no se compartan buena parte de los argumentos que se dan, se nota
que saben perfectamente de lo que hablan.


Yo mantengo la enmienda a esta moción. Es una enmienda que solicita
la supresión del punto número 3 del texto inicialmente presentado por el
Grupo Socialista, porque pienso que la propia redacción de la enmienda
introduce muchas dudas. Yo no sé si lo que plantea dicho grupo es una
nueva modificación de la Ley de cajas, pues se dice textualmente: «La
modificación de la Ley de cajas de ahorro para mejorar las posibilidades
de obtención de recursos propios y mejoras en su gestión y gobierno». Es
lo que dice textualmente. Pero intuyo, por el texto de la transaccional a
la que se llegó, que es suficiente con lo que ya hay, y precisamente es
donde nosotros reafirmamos nuestros argumentos, pues en el BNG estamos en
contra de lo que ya hay, porque lo que se esconde detrás de todo esto es
una privatización y una bancarización de las cajas de ahorro, así como
una eliminación del control que ejercen sobre ellas, sobre todo, las
comunidades autónomas y también las entidades locales.


Por tanto, el BNG no puede estar de acuerdo con eso, no puede estar
de acuerdo en que se pierda el control sobre la obra social de las cajas,
sobre las inversiones estratégicas de las cajas como entidades sociales
públicas que en este momento todavía —supongo que no por mucho
tiempo si esto sigue por este camino— tienen un territorio en el
que se asientan, en el que captan una buena parte de sus recursos. Eso
es, al menos para el BNG, lo que se esconde detrás no solo de este punto
tres sino de toda la filosofía de la moción que ahora estamos
debatiendo.


El BNG presenta esta enmienda porque es cierto que si se mantuviese
en los términos iniciales podríamos asumir los otros dos puntos; por
supuesto, no estamos en contra de la máxima transparencia de todo el
sistema financiero, incluidas las cajas de ahorros, que son en torno al
50% de este sistema, y tampoco estamos en contra, en principio, de la
utilización para redimensionar este sistema financiero. Algunos sabios
decían hace unos meses que el problema de las cajas era un problema de
tamaño, pero ahora reducimos el tamaño y nos dicen que el problema es de
capitalización. No sé qué nos dirán dentro de unos meses, si vamos a
tener que ir a una privatización completa, a una bancarización de las
cajas, lo cual no compartimos.Por ello, presentamos esta enmienda, que
mantendremos para su votación.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el senador Hurtado para posicionarse sobre la
enmienda que se acaba de defender.


El señor HURTADO ZURERA: Gracias, señor presidente.


Mi grupo parlamentario no va a aceptar esta enmienda. Pero me
gustaría intervenir brevemente para trasladar un mensaje al señor Pérez
Bouza.


En primer lugar, no se trata de volver a modificar la Ley de cajas
de ahorros; si la literalidad induce a esa interpretación es un error; al
contrario, se trata de sacar el máximo provecho a esa reforma reciente,
que fue aprobada en el mes de julio. Y, en segundo lugar, quiero decirle
que esa reforma garantiza la naturaleza de las cajas de ahorros, impide
su desnaturalización, porque la posibilidad de su capitalización nunca
puede ser superior al 50%; de esta forma, por mucho capital que se quiera
conseguir para reforzar su solvencia, nunca tendría ese capital
privadopúblico una mayoría suficiente para preservar la naturaleza actual
de las cajas, naturaleza que, evidentemente, significa también una
prestación social a través de la obra social que la propia ley
establece.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


No se acepta por tanto la enmienda.


Turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador
Tuñón.


El señor TUÑÓN SAN MARTÍN: Gracias, señor presidente.


Voy a compartir el turno con mi compañero, el senador Pere
Sampol.









Página
5827




Como muy bien ha manifestado el senador Hurtado, esta moción pide
confianza al sistema financiero español, confianza que es absolutamente
necesaria porque falta le va a hacer.


En estos momentos el sistema bancario es imprescindible para el
funcionamiento de la economía, fundamentalmente de una economía como la
nuestra, tan endeudada, lo cual hace mucho más necesario su papel. Hay
que recordar que son los mercados financieros internacionales los
principales causantes de esta crisis y que los Estados se han endeudado
para rescatarlos.


Es verdad que esta crisis puso en valor nuestro sistema financiero
en una primera fase en el sentido de que no fue intervenido, pero
enseguida se contó con las debilidades del sistema financiero porque las
entidades financieras no concedían créditos y no cumplían su papel
fundamental. El Gobierno actuó sobre el sector de las cajas en cuanto a
las fusiones, tan necesarias seguramente, y en la instauración del FROB,
pero está claro que la burbuja inmobiliaria siempre volvía a sembrar
dudas. Se hizo el primer test de resistencia, la primera prueba de estrés
bancario, de lo que se dedujo que nuestra prima de riesgo bajó, nuestros
mercados dieron un respiro; en definitiva, nuestra economía española dio
un respiro ante los mercados.


Pero nuevamente se pone en duda la solvencia del sistema financiero
español. Es verdad que el Banco de España aboga por realizar nuevas
pruebas, por la máxima transparencia, que es lo que va a dar validez para
que los mercados, en principio, no sigan dudando de nuestro sistema
financiero español, que en estos momentos se está cuestionando. Tenemos
por delante cuatro meses muy difíciles para nuestra economía. Tanto el
Estado como la banca van a poner, porque vamos a necesitar, 90 000
millones de euros para refinanciar nuestra deuda, de los cuales 27 000
procederán de los bancos españoles. El Banco de España ha anunciado que
hay 180 000 millones de euros que se consideran problemáticos, a pesar de
que están provisionados en un 33%, y la morosidad en estos momentos del
crédito a promotores inmobiliarios ha subido al 11,3%. La duda está en
cuántos de estos créditos problemáticos se van a considerar como
morosos.


La confianza pasa por la credibilidad, y en estos momentos la
credibilidad que tenemos es la que tenemos. Es verdad que hace muy poco
tiempo, en este mismo mes de enero, tanto el Banco Santander como el BBVA
han pasado por una situación difícil para conseguir dinero en los
mercados, y en estos momentos es absolutamente necesario dar la vuelta a
esta situación. La solución: inyectar más dinero público, reforzar el
capital de las cajas; de hecho, el Banco de España está pensando en una
nueva inyección. También es verdad que en estos momentos el Banco Central
Europeo está reforzando todos los bancos.


No nos queda más remedio que pedir confianza, estoy de acuerdo,
pero también es necesario parar esta sangría de un sistema financiero que
siempre hace alarde y ostentación de sus beneficios, de sus sueldos
escandalosos, de las jubilaciones millonarias de sus altos cargos, de sus
jubilaciones anticipadas a costa del erario público, etcétera. Es verdad
que el Banco de España ha adoptado medidas de control y supervisión, no
solo con planes de viabilidad, como en estos momentos está exigiendo la
Unión Europea cuando se inyecta dinero público, sino también con
limitaciones a estos elevados sueldos; es decir, se trata de que el
dinero público no se destine a incrementar los sueldos y los beneficios a
las entidades financieras.


Naturalmente, siempre va a quedar la duda sobre el tercer punto de
esta moción, que se refiere a las cajas. Yo también soy un firme defensor
de su carácter público, y creo que esta función social se debe mantener.
En mi opinión, es un punto que se debe aclarar, porque una cosa es dar
confianza y otra es adoptar medidas que en estos momentos no se
consideran necesarias.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el senador Sampol.


El señor SAMPOL I MAS: Moltes gràcies, senyor president.


Senyories, estic molt satisfet i orgullós de poder sumar-me a
aquest dia històric de reconeixement de la realitat pluricultural de
l’Estat. És molt emocionant sentir i parlar en la meva llengua
materna, el català. Però els he de dir que encara va ser més emocionant
ahir escoltar la nostra companya del Partit Nacionalista Basc, Miren
Lore, parlant el seu bellíssim èuscar, un autèntic tresor cultural del
qual ens hem de sentir orgullosos tots els ciutadans de l’Estat,
que tenim l’obligació de preservar-lo i protegir-lo.


Una de les senadores del Partit Popular ahir es va lamentar de no
poder entendre amb la mateixa fluïdesa que ho havia fet altres anys
anteriors en aquesta cambra. Li diré que, per la meva part, jo avui









Página
5828




m’expressaré amb més fluïdesa del que ho he pogut fer aquests
tres anys anteriors, quan estava obligat a traduir mentalment les meves
paraules. Perquè han d’entendre que no parlem la nostra llengua
materna per caprici, sinó que ho fem perquè hi pensem, hi sentim, hi
somniem i hi estimem en tots els àmbits de la nostra vida. I per això,
perquè hi volem viure normalment, creiem que tenim dret a expressar-nos
en tots els àmbits de la nostra vida. Amb reciprocitat i amb respecte a
les minories.


Fa pocs moments, el portaveu del Partit Popular defensava el dret
de la minoria cristiana de l’Iraq, i pocs minuts després ha
menyspreat el nostre company Iñaki Anasagasti quan s’ha negat a
entendre el que deia en èuscar. Respecte a les minories de l’Iraq,
menyspreu a la minoria basca, en aquest cas, al Senat.


Anat a la moció que ens ocupa, hem de dir que compartim les
inquietuds del senador Pérez Bouza, perquè el fet és que s’ha
aprofitat aquesta crisi econòmica perquè alguns oportunistes, amb el
suport d’una part dels mitjans de comunicació, han volgut aprofitar
el moment de debilitat de les caixes per reclamar-ne la privatització i
quedar-se una part d’aquest sucós pastís.


Algunes crítiques de les caixes poden tenir el seu fonament, però
d’aquí a reclamar la seva privatització, és com matar mosques a
canonades. I, sincerament, no entenem com pot entrar capital privat a les
caixes d’estalvis si no perden la seva condició de funció social i
no reparteixen dividends als accionistes. La realitat és que si les
caixes estan polititzades és per algú les ha polititzades, i aquest algú
té nom, llinatges i sigles. Com per exemple, els qui han fet una polèmica
pública per veure quin dels seus candidats havia de presidir una
determinada caixa; o ha contribuït a la politització aquest candidat,
avui president, quan assisteix a actes electorals del seu partit. Per
tant, aquí hem de fer una mica d’autocrítica. Però res no justifica
prendre una mesura com la que va prendre Margaret Thatcher, en el seu
moment, al Regne Unit, que va privatitzar el sistema de caixes. Avui,
precisament, quan es revisa tot el sistema financer, una de les solucions
que s’han aportat al Regne Unit és tornar a recuperar aquell
sistema de caixes. Perquè no únicament acompleixen una funció social en
invertir els seus beneficis en serveis socials a la seva pròpia població,
sinó que també acompleixen una funció reguladora del sistema.


Igualment, hem de matissar la necessitat de concentració de caixes
i concentració bancària. Cada caixa ha de respondre a les necessitats per
a les quals va ser creada, i cada caixa pot ser un món diferent. En
alguns casos, pot ser necessària la fusió de caixes; en altres, estan bé
així com estan. Perquè el que hem d’intentar evitar, també, és que
un sistema empresarial, o un sistema financer, ens dugui a unes entitats
bancàries tan grans que després la societat no pugui tolerar-ne la
caiguda perquè això comporta un risc inassumible per a la societat.
Aleshores, en alguns casos, la tendència no hauria de ser a fer més gran,
sinó a trossejar, per evitar estar en mans d’aquestes grans
corporacions, que precisament en la seva mida basen la seva immunitat, i
ens veiem obligats a córrer al seu rescat.


Moltes gràcies, senyor president; moltes gràcies, senyories; i vull
felicitar-los una vegada més per aquest pas que ha fet el Senat cap a la
realitat democràtica i l’acceptació de la realitat pluricultural de
l’Estat.


Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, estoy muy satisfecho y orgulloso de sumarme a este día
histórico de reconocimiento de la realidad pluricultural del Estado. Es
muy emocionante oír, escuchar y hablar en mi lengua materna, el catalán,
pero debo decirles que aún fue más emocionante ayer escuchar a nuestra
compañera del Partido Nacionalista Vasco, Miren Lore, hablar en su
bellísimo euskera, un auténtico tesoro cultural del que tenemos que
sentirnos orgullosos todos los ciudadanos del Estado, que tenemos la
obligación de preservarlo y protegerlo.


Una de las senadoras del Grupo Parlamentario Popular en el Senado
lamentó ayer no poder entender con la misma fluidez con la que lo había
hecho en los años anteriores en esta Cámara. Le diré que, por mi parte,
yo hoy me voy a expresar con más fluidez de la que lo he podido hacer en
estos tres años anteriores cuando me veía obligado a traducir mentalmente
mis palabras, porque deben entender que no hablamos nuestra lengua
materna por capricho, sino que lo hacemos porque pensamos, sentimos,
soñamos y queremos en esa lengua en todos los ámbitos de nuestra vida. Y
por eso, porque queremos vivir normalmente en nuestra lengua, creemos que
tenemos derecho a expresarnos en todos los ámbitos de nuestra vida con
reciprocidad y con respeto a las minorías.


Hace un momento el portavoz del Grupo Parlamentario Popular
defendía el derecho de la minoría cristiana de Iraq y pocos minutos
después ha despreciado a nuestro compañero Iñaki Anasagasti cuando









Página
5829




se ha negado a entender lo que decía en euskera. Respeto a las
minorías en Iraq, desprecio a la minoría vasca, en este caso en el
Senado.


Pasando a la moción que nos ocupa debemos decir que compartimos las
inquietudes del senador Pérez Bouza, porque el hecho es que se ha
aprovechado esta crisis económica para que algunos oportunistas, con el
apoyo de una parte de los medios de comunicación, aprovecharan el momento
de debilidad de las cajas para reclamar su privatización y quedarse con
una parte de ese jugoso pastel.


Algunas críticas a las cajas pueden tener su fundamento, pero de
ahí a reclamar su privatización es como matar moscas a cañonazos. Y
sinceramente, no entendemos cómo puede entrar capital privado en las
cajas de ahorros si no pierden su condición de función social y no
reparten dividendos a los accionistas. La realidad es que si las cajas
están privatizadas es porque alguien las ha politizado y ese alguien
tiene nombre, apellido y siglas, como, por ejemplo, quienes han hecho una
polémica pública para ver quién, entre sus candidatos, debía presidir una
determinada caja, o ha contribuido a la politización ese candidato, hoy
presidente, cuando asiste a actos electorales de su partido. Por eso,
creo que hay que hacer algo de autocrítica. Pero nada justifica tomar una
medida como la que tomó Margaret Thatcher en su momento en el Reino
Unido, que privatizó el sistema de cajas. Hoy precisamente, cuando se
revisa todo el sistema financiero, una de las soluciones que se ha
aportado en el Reino Unido es precisamente recuperar aquel sistema de
cajas, porque no solo cumplen una función social invirtiendo sus
beneficios en servicios sociales a su propia población, sino que también
cumplen una función reguladora del sistema.


Igualmente hay que matizar la necesidad de concentración de cajas y
de entidades bancarias. Cada caja debe responder a las necesidades por
las que fue creada y cada caja puede ser un mundo distinto, en algunos
casos puede ser necesaria la fusión de cajas, en otros están bien tal
como están, porque lo que tenemos que intentar evitar es que el sistema
empresarial o financiero nos lleve a unas entidades bancarias tan grandes
que luego la sociedad no pueda tolerar su caída porque eso comportaría un
riesgo inasumible para la sociedad. Así pues, en algunos casos la
tendencia no debería ser hacerse más grande, sino trocear para evitar
estar en manos de estas grandes corporaciones, que precisamente en su
tamaño basan su inmunidad y nos vemos obligados a correr a su
rescate.


Muchas gracias, señor presidente y señorías. Quiero felicitarnos
una vez más por este paso que ha dado el Senado hacia la realidad
democrática y la aceptación de la realidad pluricultural del Estado.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra el
senador Pérez Bouza.


El señor PÉREZ BOUZA: Grazas, presidente.


Comezo esta intervención da quenda de voceiros anunciando que o
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas vai votar distinto nesta
moción. Eu, en representación do BNG, votarei en contra, os compañeiros
do PNV votarán a favor. Polo tanto, vou expor aquí, nesta tribuna, a
posición unicamente do BNG.


O BNG está en contra da moción inicial e está en contra tamén da
transacción á que chegaron os distintos grupos excepto o Grupo de
Senadores Nacionalistas que, aínda que efectivamente suaviza a posición
inicial e aclara, como xa tamén aclarou na súa quenda correspondente o
senador Hurtado, ese problema de interpretación do punto número 3 que nós
viamos claro que pedía unha nova modificación da Lei de caixas como se
non tivésemos bastante coa modificación que se fixo no mes de xullo do
pasado ano.


Podemos compartir desa transaccional, como dicía xa na quenda de
defensa da emenda, reclamar confianza no sistema financeiro do Estado
español, debemos reclamar esa confianza e debemos ter esa confianza, pero
todos, incluso os que van votar esta moción, e dígoo dirixíndome ao
Partido Popular porque claro, se hai un membro moi cualificado dese
partido que di que o Estado español está intervido de facto, supoño que o
sistema financeiro tamén entrará dentro dese paquete que forma parte do
Estado español. Polo tanto, vostedes, que van aprobar esta moción, sexan
consecuentes coas declaracións que fan posteriormente e defendamos o
sistema financeiro español como un sistema solvente e sólido porque
efectivamente é unha das poucas fortalezas que temos neste momento de
crise.


Como dicía antes, podo compartir a autorización do FROB para levar
a cabo esa primeira reestruturación que buscaba un redimensionamento das
caixas, reducir o número total das mesmas aumentando o seu tamaño, pero
como lles dicía antes, isto nolo esixían hai dous meses e agora xa nos
esixen outra cousa e, á parte, con moi pouco rigor.


En Galicia se nos dicía que a fusión de Caixanova e Caixa Galicia
daría unha caixa cun tamaño moi considerable e que ademais só necesitaría
para ser perfectamente solvente 1.200 millóns de euros máis ou menos que
os achegaría o FROB. Agora, dous meses despois, xa nos din que non, que
non chega,









Página
5830




que temos problemas, que temos riscos, aclárense pero en dous meses
un organismo como o Banco de España non pode, se queremos ser un país
serio, estar dando estes bandazos, e isto é así e non ten discusión
porque son datos absolutamente obxectivos.


Curiosamente, estes son os mesmos que nos convidan a facer outro
tipo de reformas con argumentos absolutamente peregrinos e argumentos que
non se sosteñen como por exemplo a reforma das pensións. Dinnos que non é
solvente o sistema de pensións, dannos unha serie de datos que non se
corresponden coa realidade e fannos crer a todos que efectivamente hai
que ir con urxencia a esa reforma e dentro duns meses nos dirán outra
cousa. Por suposto, e reitero, non compartimos en absoluto a entrada de
capital privado nas caixas de aforros porque iso vai supor unha
privatización de facto e unha bancalización como xa está supondo naquelas
que foron a unha fusión fría.


Tamén me gustaría que o señor Hurtado, que sei que sabe moito de
economía, nos puidese aclarar esa dúbida que tamén expresou o senador
Sampol de como o capital privado vai entrar nunhas caixas que van seguir
tendo ese carácter social e que polo tanto non van repartir dividendos, a
ver se nos puidese aclarar isto porque eu a verdade é que non o entendo,
dígolle sinceramente que non o entendo.


Por suposto, non podemos permitir ou non podemos compartir esa
deslocalización da obra social e ese intento de diminuír o control e as
competencias de entidades locais e Comunidades Autónomas nos órganos de
dirección das caixas. Porque este ademais é o primeiro envite dese debate
que está hoxe xa a pleno rendemento, que é pór en cuestión o Estado
autonómico. É xa o primeiro envite, Comunidades Autónomas fóra dos
órganos de decisión das caixas, fóra competencia sobre as caixas e a
partir de aí virán outras iniciativas do mesmo tipo.


É curioso que en tres anos que levamos de lexislatura e en dous
anos que levamos de crise a única ocasión na que se puxeron de acordo
despois dunha xuntanza Zapatero e Rajoy foi para modificar a Lei de
caixas no mes de xullo e abrir a porta á súa privatización. Para isto
estiveron perfectamente de acordo e non lles levou máis de dous ou tres
minutos pórse de acordo.


Polo tanto, como hai moitas máis cousas que rexeita o BNG nesta
moción, incluso suavizada a través da transaccional, das que compartimos,
repito, que votaremos en contra, o PNV votará a favor.


Por último, e remato, a min gustaríame que todos os que durante
estes meses nos din que miremos para Alemaña para copiar todo o bo que
ten a economía alemá, que ten o Goberno de Alemaña, tamén me gustaría que
neste caso se mirase para o sistema de caixas que hai en Alemaña, que non
hai 27, non hai 45, hai máis de 400 vinculadas a entidades locais, caixas
dun tamaño moi reducido pero dunha solvencia absoluta para a función que
teñen asignada, que é actuar en apoio do desenvolvemento económico e
social do territorio. Ben, como temos que mirar para Alemaña para todo,
miremos tamén para isto que sen dúbida neste caso, si é un bo
exemplo.


Finalmente, señor Hurtado, dicía vostede que non hai ningún
problema, que non periga a obra social das caixas, que non periga a
vinculación co territorio porque en todo caso o capital privado non vai
chegar máis alá do 49 %. Todos os que estamos aquí sabemos que quen ten o
49 % nun consello de administración ten o temón e o mando para levar o
barco onde queira, entre outras cousas porque ese 49 % sabe perfectamente
o que quere, sabe perfectamente onde quere ir e vai actuar unido, en
cambio o outro 51 % responde a múltiples intereses e a múltiples
organismos que colocan aí ese 51 %, co cal, a min déame o 49 % de
calquera consello de administración que non necesito para nada o outro 51
% para levar esa empresa ou, neste caso, esa caixa onde a min máis me
interese, e iso sábeo vostede mellor, moito mellor ca min.


Polo tanto, reitero ese voto en contra a esta moción.


Gracias, presidente.


Comienzo esta intervención del turno de portavoces anunciando que
el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas va a votar distinto en
esta moción. Yo, en representación del BNG, votaré en contra, y los
compañeros del PNV votarán a favor. Por lo tanto, lo que voy a presentar
en esta tribuna es únicamente el posicionamiento del BNG.


El BNG está en contra de la moción inicial y está en contra también
de la transacción a la que han llegado los distintos grupos, a excepción
del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, aunque suaviza la
posición inicial y aclara, como también lo ha hecho en su turno
correspondiente el senador Hurtado, ese problema de interpretación del
punto número tres, que nosotros veíamos muy claro que pedía una nueva
modificación de la Ley de cajas, como si no tuviésemos ya bastante con la
modificación que se presentó en el mes de julio del pasado año.









Página
5831




Pues bien, podemos compartir esa transaccional, como decía en el
turno de defensa de la enmienda, reclamar la confianza en el sistema
financiero del Estado español. Debemos reclamar esa confianza, debemos
tener esa confianza, pero todos, incluso los que van a votar esta moción,
y lo digo dirigiéndome al Partido Popular, porque si hay un miembro bien
cualificado de ese partido que dice que el Estado español está
intervenido de facto, pues supongo que el sistema financiero también
entrará dentro de ese paquete que forma parte del Estado español. Por lo
tanto, ustedes, que van a aprobar esta moción, sean consecuentes con las
declaraciones que hacen posteriormente. Defendamos el sistema financiero
español como un sistema solvente y sólido, porque, efectivamente, es una
de las pocas fortalezas que tenemos en este momento de crisis.


Como decía antes, puedo compartir la utilización del FROB para
llevar a cabo esa primera reestructuración que buscaba un
redimensionamiento de las cajas, reducir el número, aumentar su tamaño.
Esto nos lo exigían hace unos meses, ahora se nos exige otra cosa, además
con muy poco debate.


En Galicia se nos decía que la fusión de Caixanova y Caixa Galicia
daría lugar a una caja con un tamaño muy considerable y que además solo
necesitaría, para ser perfectamente solvente, 1200 millones de euros, más
o menos, y que lo soportaría el FROB. Pues bien, ahora, dos meses
después, ya nos dicen que no, que no llega, que tenemos problemas, que
tenemos riesgos. Aclárense. En dos meses un organismo como el Banco de
España no puede, si queremos ser un país serio, estar produciendo estos
cambios. Esto ha sido así y no tiene discusión porque son datos
absolutamente objetivos.


Curiosamente, estos son los mismos que nos invitan a hacer otro
tipo de reformas con argumentos absolutamente peregrinos y que no se
sostienen, como, por ejemplo, la reforma de las pensiones. Nos dicen que
no es solvente el sistema de pensiones, nos dan una serie de datos que no
se corresponden con la realidad y nos hacen creer a todos que hay que ir
con urgencia a esa reforma, y dentro de unos meses nos dirán otra cosa.
Por supuesto, y reitero, nosotros no compartimos en absoluto la entrada
de capital privado en las cajas de ahorros, porque eso va a suponer una
privatización de facto y una bancarización, como ya lo está suponiendo en
aquellas que han ido de cara a una fusión de ese estilo.


También me gustaría que el señor Hurtado, que sé que sabe mucho de
economía, nos aclarase esa duda, que también planteó el senador Sampol,
de cómo el capital privado va a entrar en unas cajas que van a seguir
teniendo ese carácter social y que, por lo tanto, no van a repartir
dividendos. A ver si nos aclara esto, porque yo, la verdad, sinceramente
se lo digo, no lo entiendo.


Por supuesto, no podemos compartir esa deslocalización de la obra
social y ese intento de disminuir el control de las competencias de
entidades locales y comunidades autónomas en los órganos de dirección de
las cajas. Este es el primer envite de ese debate, poner en cuestión el
Estado autonómico cuando está ya a pleno rendimiento. Me refiero a
comunidades autónomas, órganos de dirección, competencias sobre las
cajas, y a partir de ahí vendrán otras iniciativas del mismo tipo.


Es muy curioso que en tres años que llevamos de legislatura y en
dos que llevamos de crisis, la única cosa en que se han puesto de acuerdo
Zapatero y Rajoy después de una reunión fue para modificar la Ley de
cajas en el mes de julio y abrir así la puerta a su privatización. Para
esto estuvieron perfectamente de acuerdo, y no les llevó más de dos o
tres minutos.


En consecuencia, como hay muchas más cosas de las que dudamos en la
moción, incluso suavizada a través de la transaccional, el BNG votará en
contra y el PNV a favor.


Para finalizar, les diré a todos los que durante estos meses nos
dicen que miremos a Alemania para copiar lo bueno que tiene la economía
alemana y lo moderno de Alemania, que me gustaría también que en este
caso se mirase el sistema de cajas que hay en Alemania. No hay
veintisiete ni cuarenta y cinco, sino más de cuatrocientas vinculadas a
entidades locales. Son cajas de un tamaño muy reducido pero de una
solvencia absoluta para la función que tienen asignada, que es actuar en
apoyo del desarrollo económico y social de ese territorio. Pues bien,
como tenemos que mirar hacia Alemania para todo, miremos también para
esto, porque yo les diría que es un buen ejemplo.


Finalmente, señor Hurtado, decía usted que no hay ningún problema,
que no está en peligro la obra social de las cajas ni la vinculación con
el territorio porque el capital privado en ningún caso va a llegar más
allá del 49%. Todos los que estamos aquí sabemos que quien tiene el 49%
en la administración tiene el timón y el mando para llevar el barco a
donde quiera, entre otras cosas porque ese 49% sabe perfectamente lo que
quiere, sabe perfectamente a dónde quiere ir y va a actuar como quiera,
mientras que el otro 51% responde a intereses de múltiples organismos que
colocan ahí a ese 51%. Por tanto, denme el 49% de cualquier consejo de
administración porque no necesitaré para nada el otro 51% para









Página
5832




guiar esa empresa o, en este caso, esa caja hacia donde a mí más me
interese. Eso lo sabe usted mucho mejor que yo.


En consecuencia, reitero el voto en contra a esta moción.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador
Vilajoana.


El señor VILAJOANA I ROVIRA: Moltes gràcies, president.


Senadores, senadors, el senador Hurtado ens porta avui una proposta
de moció interessant; interessant perquè al darrere d’aquesta
proposta s’està fent un debat que jo crec que, també, repeteixo, té
un gran interès. Jo voldria dir-li, i ho sap, que nosaltres hem signat
aquesta esmena transaccional, i per tant la votarem, per coherència amb
això; i ho fem perquè, com plantejava el senador Bouza, a nosaltres també
ens preocupava el tercer punt de la seva moció, que era aquesta
modificació de la llei de caixes d’estalvi, que vostè ara ha
aclarit que no pretenia fer una nova modificació, sinó que en el fons era
recuperar l’anterior, però això a nosaltres ens produïa
preocupació.


I també ens en produeix, tenint en compte que és cert, com diu
vostè, que en aquests moments hem de reafirmar la confiança en el sistema
financer; i és així perquè en aquesta casa, en aquesta cambra, amb una
ponència aprovada per unanimitat per aquest ple del Senat, en una
ponència de seguiment de la crisi, a l’informe final
d’aquesta ponència, el primer punt de proposta de resolució de la
crisi plantejava que necessitàvem, per sortir de la crisi econòmica que
estem afrontant, un sistema financer absolutament normalitzat. I del
primer punt, és a dir, si no som capaços de tenir un sistema financer
potent i que actuï de manera normalitzada, no ens en sortirem. No ens en
sortirem, no financerament, no ens sortirem de la crisi. És a dir, si el
sistema financer no és capaç de tornar a la normalitat... i això que vol
dir, la normalitat? Vol dir deixar diners a les empreses que ho
necessiten, empreses que demostrin la seva rendibilitat, empreses que
demostrin la seva competitivitat, empreses que demostrin que poden tornar
aquests préstecs i aquests diners, però és imprescindible que els diners
arribin amb normalitat a les empreses, grans, petites i mitjanes, i que
arribin a les famílies, perquè puguin estimular el seu consum, etcètera,
etcètera. Per tant, és determinant resoldre el sistema financer. I és
determinant per a aquesta resolució confiar en ell i aplicar les mesures
que resolguin els temes que ens han portat financerament a la situació
que ens han portat.


I aquí voldria, també, discrepar una mica del senyor Hurtado i
aprofitar aquest debat per introduir un element de preocupació, jo diria
que, en aquest sentit, molt personal. Sempre tenim una tendència a dir
que el regulador, el Banc d’Espanya, ha actuat adequadament en tot
aquest sistema. Jo discrepo en alguns aspectes. És cert que el Banc
d’Espanya, per dir-ho així, va intervenir obligant a uns controls
superiors a la banca, però hi ha un fet que el Banc d’Espanya no va
fer. Un dels problemes que hem tingut que ens ha portat a aquesta
situació, i és una cosa molt pròpia de l’Estat espanyol dins
d’aquesta crisi financera internacional, és el fet que la banca va
deixar molts i molts diners. Es va endeutar molt, és a dir, va deixar
molts diners a llarg termini, amb hipoteques, a promocions immobiliàries,
diners que no tenia, que els aconseguia amb una gran facilitat del Banc
d’Europa, però que els tenia a curt i els deixava a llarg. I aquest
és el gran tema que tenim a sobre de la taula. I aquí el Banc
d’Espanya, el regulador, sabia que tot això estava passant. Jo
entenc, i repeteixo, és una opinió personal, que el Banc d’Espanya
havia d’haver actuat en aquell moment, i dir-li a la banca
d’aquest país que no podia seguir deixant diners de la manera que
els estava deixant, no podia seguir endeutant-se i entrant en risc
d’una forma tan clara; sobretot concentrant molt en un sector, que
és l’immobiliari, que ens ha portat a la situació en què estem en
aquest moment. Per tant, el Banc d’Espanya ha fet bé algunes coses
i altres coses no les ha fet bé, i com a regulador, entenc que hagués
hagut d’intervenir en el moment que veia que la banca
d’aquest país, bancs i caixes, s’estava endeutant
excessivament; repeteixo, endeutant-se ells a curt termini per deixar
diners a llarg termini, que és una situació complexa que ens ha portat a
aquesta situació, a la problemàtica que tenim a nivell bancari.


Hem fet coses. S’ha fet una llei de caixes, s’ha fet un
FROP que permet teòricament la capitalització d’aquestes banques;
però també, com s’ha plantejat aquest matí, hi ha dubtes. Qui
capitalitzarà aquestes caixes? Ho farà la banca? És a dir, les
privatitzarem, clarament? Al 50%, però és cert que una privatització del
49% és potentíssima. I la pregunta és: mantindrem la filosofia de les
caixes i de la seva obra social? I es deia aquí, abans: acceptaran
aquests inversors privats que els seus dividends, una part dels diners
que es guanyin, es dediquin a obra social? Tot això són dubtes que queden
i, per tant, sense reiterar aquesta confiança en el sistema, sense
reiterar aquesta necessitat de resoldre aquesta situació, hi ha









Página
5833




preguntes, per veure: com s’aplica el FROP, fins on arribem?
Qui farà aquesta capitalització que sembla que és necessària? Qui la
farà? La farà, senzillament, l’Estat, i per tant estarem mirant a
una nacionalització de caixes? A mi no em preocupa, eh?. Parlem-ne. La
farem privadament? Si es fa privadament, ens carreguem el sistema, i per
tant, el tema d’obra social l’oblidem? És molt important tot
el factor que feia d’obra social al territori, a les comunitats
autònomes. Jo he estat conseller de Cultura del govern de Catalunya, i a
mi m’anaven molt bé els mil i escaig milions de les antigues
pessetes que em venien de l’obra social de les caixes per fer
tasques en l’àmbit de la cultura. Era molt important. Completava
adequadament el meu pressupost. Ho tindrem, això? Ho mantindrem? No ho
mantindrem? Seria bo que, en tot aquest procés de generar confiança,
expliquem amb claredat cap a on anem, com anirà i quins bancs tindrem i
quines caixes tindrem.


Jo estic d’acord amb el que deia abans el senyor Bouza:
s’ha dit durant molt de temps que les caixes, si no les tinguéssim,
les hauríem d’inventar. Les tenim. Potser no hem actuat
adequadament, per culpa de qui sigui, de tothom. Però el que és evident
és que aquest sistema no ens el podem carregar. Hem d’actuar, hem
de generar confiança, per anar a la normalització del sistema financer,
element imprescindible per normalitzar l’economia d’aquest
país. Però, repeteixo, hi ha dubtes que existeixen i, per dir-ho així: la
confiança tota, però hem d’aconseguir, i hem de saber, i volem més
informació per saber com es farà aquest procés quan, a més a més, et
trobes que, llegint documents d’Internet, diaris confidencials,
expliquen que hi ha dubtes sobre si aquesta capitalització de les caixes
la farà l’Estat, la faran bancs, si hi haurà una absorció per part
de la banca. I tot això, repeteixo, en el fons ens ho hem de qüestionar
amb un altre element molt important, també. Molts aspectes d’aquest
tema estan entrant al nivell competencial. Ja sé que en aquests moments
hi ha un debat sobre que això de les autonomies ens ho hem de
replantejar. Bé, si voleu, ho replantegem tot, però això vol dir que ens
hem de replantejar una constitució, etcètera, etcètera.


Repeteixo, i tornant al principi una mica en aquests dos minuts que
em queden. Confiança, sí, necessitat que els mercats es vegin amb
confiança, però també hem d’intentar aprofitar aquesta conjuntura
per resoldre les coses. Hem fet mecanismes de resolució, però en
l’aplicació d’aquests mecanismes hem de tenir cura de veure
com ho fem, i crec que en aquesta cambra seria bo que, de tant en tant,
ens expliquéssim, i sabéssim, com aplicarem aquestes normes que ens hem
donat, com es diu en català, «a fi de bé», per aconseguir un bé, però que
amb això no trenquem una història i un present, un present recent,
d’unes estructures de caixes que han estat uns elements
determinants en el funcionament d’aquest país.


Res més i moltes gràcies.


Muchas gracias, presidente.


Senadoras, senadores, el senador Hurtado nos trae una propuesta de
moción interesante, porque detrás de esa propuesta se está produciendo un
debate que tiene gran interés. Yo le avanzo, y lo sabe, que nosotros
hemos firmado esa enmienda transaccional y, por tanto, votaremos a favor
por coherencia. Y lo hacemos porque, como planteaba el senador Pérez
Bouza, a nosotros también nos preocupaba el tercer punto de su moción,
que era esta modificación de la Ley de cajas de ahorros, que usted ahora
ha aclarado que no pretendía hacer una nueva modificación, sino que en el
fondo era recuperar la anterior, algo que a nosotros nos producía
preocupación.


También nos la produce teniendo en cuenta que es cierto, como dice
usted, que en estos momentos debemos reafirmar la confianza en el sistema
financiero —es así— porque en esta Casa, en esta Cámara, una
ponencia aprobada por unanimidad por este Pleno del Senado, una ponencia
de seguimiento de la crisis, en su informe final, el primer punto de
propuestas de resolución de la crisis planteaba que necesitábamos para
salir de la crisis económica a la cual nos enfrentábamos un sistema
financiero absolutamente normalizado. Ese es el primer punto, es decir,
si no somos capaces de tener un sistema financiero potente y que actúe de
forma normalizada no vamos a salir de esta no financieramente, sino que
no vamos a salir de la crisis. Es decir, el sistema financiero ha de ser
capaz de volver a la normalidad. ¿Y qué quiere decir eso, la normalidad?
Quiere decir dejar dinero a aquellas empresas que lo necesitan y que
demuestren su rentabilidad, su competitividad y que pueden devolver esos
préstamos, ese dinero. Es imprescindible que el dinero llegue con
normalidad a las empresas, grandes, pequeñas y medianas, y a las familias
para estimular el consumo, etcétera. Por lo tanto, es determinante
resolver el sistema financiero, es determinante para esta resolución
confiar en él y aplicar las medidas que resuelvan los temas que nos han
llevado financieramente a esta situación.









Página
5834




Pero discrepo un poco con el señor Hurtado, y aprovecho este debate
para introducir un elemento de preocupación muy personal. Siempre tenemos
tendencia a decir que el regulador, el Banco de España, ha actuado
adecuadamente en toda esta historia pero yo discrepo, porque aunque el
Banco de España intervino obligándonos a controles superiores a la banca,
hubo algo que no hizo. Uno de los problemas que hemos tenido y que nos ha
llevado a esta situación —y es algo muy propio del Estado español
dentro de la crisis financiera internacional— es el hecho de que la
banca dejó mucho, mucho dinero, se endeudó mucho; es decir, dejó mucho
dinero a largo plazo, mediante hipotecas y promociones inmobiliarias;
dinero que no tenía y que conseguía con gran facilidad del Banco Central
Europeo, así que disponía de él a corto plazo y lo prestaba a largo
plazo. Ese es el gran tema que tenemos sobre la mesa porque aquí el Banco
de España, el regulador, sabía que esto estaba sucediendo. A mi entender
—y repito que es una opinión personal— el Banco de España
debía haber actuado en aquel momento y decirle a la banca de este país
que no podía seguir dejando dinero de la forma en que lo estaba haciendo.
No podía seguir endeudándose y entrando en riesgo de una forma tan clara,
sobre todo al concentrarse tanto en un sector: el inmobiliario, lo cual
nos ha llevado a la situación en la que nos hallamos en este momento. Por
lo tanto, el Banco de España ha hecho bien algunas cosas y otras no
tanto. Entiendo que, como regulador, debería haber intervenido en el
momento en que la banca de este país, bancos y cajas, estaban
endeudándose excesivamente a corto plazo para dejar dinero a largo plazo,
lo cual ha generado una situación compleja que nos ha llevado a la
problemática que tenemos a nivel bancario.


Hemos hecho cosas, por ejemplo una Ley de cajas y un FROB que
permite teóricamente la capitalización de estas bancas, pero también,
como se ha planteado esta mañana, hay dudas. ¿Quién va a capitalizar
estas cajas? ¿Lo hará la banca, es decir las privatizaremos claramente al
50%?, aunque lo cierto es que una privatización del 49% es potentísima.
La pregunta es: ¿Vamos a mantener la filosofía de las cajas y de su obra
social? Y como se ha comentado aquí antes, ¿van a aceptar los inversores
privados que sus dividendos, que una parte del dinero que ganan se
dedique a obra social? Todo eso genera dudas y, por lo tanto, sin
reiterar esa confianza en el sistema ni la necesidad de resolver la
situación, surgen preguntas en torno a cómo se aplica el FROB, hasta
dónde hemos de llegar, quién va a hacer esta capitalización que parece
necesaria. ¿La va a hacer el Estado y por lo tanto estaremos yendo hacia
una nacionalización de las cajas? A mí no me preocupa, pero debemos
hablarlo. ¿O lo vamos a hacer privadamente, pero entonces nos vamos a
cargar el sistema, y por tanto, olvidamos la obra social? Sin duda, en
las comunidades autónomas es muy importante un factor como la obra
social. Yo he sido consejero de Cultura del Gobierno de Cataluña y me
iban muy bien los mil y pico millones de las antiguas pesetas procedentes
de la obra social de las cajas para desempeñar labores en el terreno de
la cultura. Era muy importante y completaba de forma muy adecuada mi
presupuesto. Entonces, ¿lo mantendremos o no? Sería bueno para este
proceso de generar confianza explicar con claridad hacia dónde vamos,
cómo lo vamos a hacer y qué bancos y cajas vamos a tener.


Estoy de acuerdo con lo que ha dicho antes el señor Pérez Bouza
sobre algo que hemos mantenido durante mucho tiempo: que si no tuviéramos
las cajas tendríamos que inventarlas. Pero las tenemos. Quizá no hemos
actuado adecuadamente por culpa de quien sea, de todo el mundo, pero es
evidente que este sistema no nos lo podemos cargar y que tenemos que
actuar para generar confianza e ir hacia la normalización del sistema
financiero, elemento imprescindible para normalizar la economía de este
país. Pero, repito, existen dudas. Por decirlo de alguna forma,
confianza, la tenemos toda, sin embargo, queremos información para saber
—porque debemos conocerlo— cómo se va a desarrollar este
proceso, cuando, además, leyendo documentos de Internet, diarios
confidenciales, etcétera, vemos cómo se explica en ellos que hay dudas
sobre si es el Estado el que va a hacer esta capitalización de las cajas
o si la van a hacer los bancos, o si va a haber una absorción por parte
de la banca. Y todo esto, repito, en el fondo nos lo debemos cuestionar
junto con otro elemento muy importante. En muchos aspectos estamos
entrando en niveles competenciales, y sé que en estos momentos hay un
debate sobre esto de las autonomías. Pues bien, si quieren, nos lo
replanteamos todo, pero esto quiere decir que debemos replantearnos la
Constitución, etcétera.


Reitero —y vuelvo al comienzo de mi intervención en estos dos
minutos que me quedan—: confianza, sí —hoy existe la
necesidad de que los mercados se vean con confianza—, pero también
debemos intentar aprovechar esta coyuntura para resolver las cosas. Hemos
desarrollado mecanismos de resolución, pero en la aplicación de estos
mecanismos debemos ir con cuidado y creo que aquí, en esta Cámara, sería
bueno que de vez en cuando nos explicasen cómo vamos a aplicar estas
normas que nos hemos dado y que son parabién, como se dice en catalán, y
que no por ello rompamos una historia y un presente









Página
5835




reciente de unas estructuras de cajas que han sido elementos
determinantes en el funcionamiento de este país.


Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Entesa, tiene la palabra el senador
Sabaté.


El señor SABATÉ BORRÀS: Gràcies, senyor president.


Em permetran que, en primer lloc, com han fer altres senadors i
senadores en el decurs d’aquesta sessió, manifesti la meva
satisfacció per poder emprar el català, la meva llengua materna, llengua
pròpia de la comunitat autònoma de Catalunya, a la qual represento aquí,
al Senat. Certament, estem vivint moments històrics de cara al
reconeixement de la pluralitat cultural i nacional de l’Estat
espanyol, d’Espanya.


Senyores i senyors senadors: la crisi que estem vivint, una crisi
financera en origen i que ha esdevingut una crisi econòmica global, es
caracteritza, en part, per ser una crisi de confiança; una crisi de
confiança del consum intern i una crisi de confiança en els sistemes
financers. En aquest context, la Unió Europea està avançant en el camí
d’una veritable unió econòmica, no només monetària, de la zona
euro. Es vol avançar cap a una veritable governació econòmica de la Unió.
De fet, aquest és un dels veritables dèficits de la Unió: la incapacitat,
després de la creació de l’euro, d’haver avançat cap a
aquesta veritable governació, cap a aquesta veritable unió econòmica.


De moment, la Unió Europea ha fet passos endavant, més enllà dels
rescats de Grècia i Irlanda, amb la constitució del Fons Europeu
d’Estabilitat Financera, el FEEF. L’objectiu d’aquest
fons és preservar l’estabilitat, la unitat i la integritat
financera de la unió econòmica i monetària. Es tracta d’evitar que
les dificultats financeres d’un estat membre puguin posar en perill
l’estabilitat financera de la Unió Europea. Més enllà de la
possibilitat de disposar immediatament de tots els recursos del fons i de
la seva possible ampliació, és important la seva consolidació, a partir
del 2013, amb el seu substitut: el Mecanisme Europeu
d’Estabilització.


El Mecanisme Europeu d’Estabilització, el MEE, seguirà
prestant assistència als estats de la zona euro que ho sol•licitin
i complementarà el nou marc de governació econòmica reforçada de la Unió
Europea, amb l’aspiració de reduir substancialment la probabilitat
de crisis futures mitjançant una supervisió econòmica eficaç i rigorosa
centrada en la prevenció.


Quant al sistema financer espanyol, que és el que ens ocupa, tal
com ha reconegut reiteradament el Banc d’Espanya, i també
s’ha dit al llarg d’aquest debat, ha demostrat un elevat grau
de solidesa. Així mateix, s’ha fet un important esforç de reforma
del sistema, especialment en el sector de les caixes d’estalvis.
S’havia de resoldre l’excés de capacitat i augmentar la massa
crítica de les entitats. En aquest moment, com deia, fa dos mesos, el
governador del Banc d’Espanya, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, va
dir: “s’ha de completar el procés de reestructuració del
sistema bancari espanyol”. Fins i tot aquelles entitats que no
necessiten ajudes han de reaccionar davant d’un entorn que cada
vegada pressiona més a la baixa els beneficis. La digestió de
l’ajut immobiliari, l’encariment del finançament extern i
intern i el reduït nivell de tipus de bona part de l’actiu, així
com una recuperació de l’activitat econòmica, que inevitablement
serà gradual, com a conseqüència d’un llarg i desequilibrat cicle
expansiu, confirmen un escenari en què, si les entitats no reaccionen
ràpidament, ho patiran en el nivell de qualitat dels seus comptes de
resultats.


És per tot això que ara cal completar la reestructuració bancària,
clarificar l’autèntica situació de bancs i caixes d’estalvis,
millorant els tests d’estrès, en línia amb els acords de la reunió
d’ahir mateix de l’Ecofin, que es va reunir a
Brussel•les.


Gracias, señor presidente.


Me van a permitir que, en primer lugar, como han hecho otros
senadores y senadoras en el curso de esta sesión, manifieste mi
satisfacción por poder emplear el catalán, mi lengua materna y la lengua
propia de la Comunidad Autónoma de Cataluña a la que represento aquí, en
el Senado. Ciertamente estamos viviendo momentos históricos de cara al
reconocimiento de la pluralidad cultural y nacional del Estado español;
de España.


Señoras y señores senadores, la crisis que estamos viviendo
—una crisis financiera en origen que ha acabado siendo una crisis
financiera y económica global—, se caracteriza en primer lugar por
ser una crisis de confianza del consumo interno y una crisis de confianza
en los sistemas financieros. En este









Página
5836




contexto, la Unión Europea está avanzando en el camino de una
verdadera unión económica, no solo monetaria, de la zona euro, hacia una
gobernación económica real de la Unión. De hecho este es uno de los
auténticos déficits de la Unión: la incapacidad —tras la creación
del euro— de avanzar hacia esa auténtica gobernación, esa auténtica
unión económica.


De momento la Unión Europea ha dado pasos adelante, más allá de los
rescates de Grecia e Irlanda, con la constitución del Fondo Europeo de
Estabilidad Financiera. El objetivo de este fondo es preservar la
estabilidad e integridad financiera de la Unión económica y monetaria. Se
trata de evitar que las dificultades financieras de un Estado miembro
puedan poner en peligro la estabilidad financiera de la Unión Europea.
Más allá de la posibilidad de disponer inmediatamente de todos los
recursos del fondo y su posible ampliación, es importante su
consolidación a partir de 2013 con su sustituto el mecanismo europeo de
estabilización.


El mecanismo europeo de estabilización seguirá prestando asistencia
a los Estados de la zona euro que lo soliciten y complementará el nuevo
marco de gobernación económica reforzada de la Unión Europea, con la
aspiración de reducir de forma sustancial la probabilidad de crisis
futuras mediante una supervisión económica eficaz y rigurosa centrada en
la prevención.


El sistema financiero español, que es el que nos ocupa, tal y como
ha reconocido reiteradamente el Banco de España —y también se ha
dicho a lo largo de este debate—, ha demostrado un elevado grado de
solidez. Asimismo se ha hecho un importante esfuerzo de reforma del
sistema, especialmente en el sector de las cajas de ahorros —había
que resolver el exceso de capacidad y aumentar la masa crítica de las
entidades—. En estos momentos, como decía hace dos meses el
gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, hay que
completar el proceso de reestructuración del sistema bancario español;
incluso aquellas entidades que no necesiten ayudas deben reaccionar ante
un entorno que cada vez presiona más a la baja los beneficios.


La gestión de la ayuda inmobiliaria, el encarecimiento de la
financiación interna y externa y reducir el nivel de tipos de gran parte
del activo, así como la recuperación de la actividad económica, que
inevitablemente va a ser gradual como consecuencia de un gran ciclo
expansivo, confirman un escenario en el que si las entidades no
reaccionan rápidamente, lo sufrirán en el nivel de calidad de sus cuentas
de resultados.


Por todo ello es preciso ahora completar la reestructuración
bancaria, clarificar la auténtica situación de bancos y cajas de ahorros
mejorando los tests de estrés en línea con los acuerdos de ayer mismo del
Ecofin, que se reunió en Bruselas. Es necesario, si es preciso, inyectar
más recursos públicos para reforzar la capitalización de algunas
entidades, aunque va a haber muchos casos distintos, como reconocía hace
unos días el presidente del Gobierno de España, el señor Rodríguez
Zapatero. Asimismo, tal y como pide el sector, hay que mejorar la
prevención con nuevos criterios de regulación y supervisión, y también es
preciso tener capacidad de anticipación —hacen falta nuevas
competencias y facultades de intervención temprana—.


Tal y como decía hace unos días el presidente del Gobierno, el
señor Rodríguez Zapatero, a quien acabo de citar hace un momento, España
debe culminar el proceso de reestructuración del sistema financiero para
que no haya ninguna sombra de duda en cuanto a la solvencia española, en
un proceso de reforma que el presidente calificaba de la más ambiciosa de
los últimos veinte años. Igualmente, como afirmaba el presidente, y pide
también el presidente de la CECA —la Confederación Española de
Cajas de Ahorros—, hay que posibilitar la captación de capital
privado por parte de las cajas en un porcentaje que, obviamente, no haga
perder su condición de públicas, tal y como también ha comentado el
senador Hurtado. Con todas estas medidas aseguraremos la restauración de
la confianza internacional en nuestra economía, clave para asegurar las
bases de la recuperación y del crecimiento.


Por tanto, vamos a votar a favor de la moción del Grupo Socialista,
y hemos suscrito la enmienda transaccional.


Señorías, valoramos el consenso alcanzado, un consenso muy amplio
—si no absoluto, es lo más necesario—: la unidad en la
defensa de la solidez de nuestra economía.


Por los mismos motivos, son totalmente rechazables las
declaraciones como las del señor don José María Aznar de hace unos días
que decían que la economía española era una economía intervenida. Es una
muestra de escasa altura política, que solo refleja el talante de quien
la formula.


Muchas gracias.









Página
5837




El señor PRESIDENTE: Gracias.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Hurtado.


El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidente.


En primer lugar quiero agradecer la disposición de todos los grupos
parlamentarios para lanzar ese mensaje desde aquí, desde el Senado, desde
la Cámara territorial, hacia la ciudadanía y hacia los mercados
financieros de confianza en nuestro sistema financiero. Creo que todos
hemos hecho un esfuerzo —es de agradecer— y yo, como
proponente del Grupo Parlamentario Socialista, así lo quiero
manifestar.


Tengo que decir en relación con algunas manifestaciones que ha
hecho el señor Bouza que, evidentemente, si se reforma la ley de cajas de
ahorros es no solamente porque se cree en las cajas de ahorros, sino
porque se quieren preservar las cajas de ahorros como entidades
bancarias. Si no se creyese en las cajas de ahorros, posiblemente algunos
hubiesen estado interesados en que se mantuviesen, porque las pruebas de
resistencia, los tests de estrés así lo han puesto de manifiesto: son
solventes con muy pocas, poquísimas, excepciones.


Las pruebas de resistencia o tests de estrés se van a hacer desde
un ámbito de la Unión Europea previsiblemente para el próximo mes de
julio con muchas mayores exigencias y queremos tener nuestras cajas de
ahorros preparadas para entonces. Nosotros somos los principales
interesados en que las cajas de ahorros no solamente pervivan, sino en
que sean fuertes, en que no estén al albur de las crisis financieras
presentes y futuras y que puedan estar al mismo nivel que el resto de
entidades bancarias. Por eso, porque creemos en las cajas de ahorros,
pensamos que es necesaria especialmente en estos momentos su reforma. Y
en ese sentido ha habido un amplio consenso —yo diría que casi
total— desde el ámbito político, amplísimo desde el ámbito bancario
y financiero, con el aplauso de la propia Federación de Cajas de Ahorros
por la prontitud y por el alcance de esta reforma, y yo creo que también
desde el ámbito internacional se ha visto como una esperanza la respuesta
y las conclusiones que puedan dar de sí las reformas de nuestra ley de
cajas de ahorro. Creo que estamos totalmente de acuerdo con que hay que
mantenerlas, con que hay que mejorarlas, y, desde luego, tienen que
mantener su obra social.


Respecto a esto último se ha hecho alguna pregunta: ¿qué va a pasar
con la obra social y con las competencias autonómicas? Ahí están. Las
competencias son autonómicas, cada comunidad tiene su propia legislación
sobre las cajas de ahorros. En esa legislación se establece qué
porcentaje de los beneficios está dirigido obligatoriamente a la obra
social, y las propias cajas de ahorros serán las que definan —como
en estos momentos— qué parte de los beneficios tienen un destino
social en sus respectivos territorios. Para nada se cambia eso, muy al
contrario, y quien quiera invertir en las cajas de ahorros tiene que
tener claro que esa es una condición para poder ser beneficiario de
inversión de capital en estas entidades bancarias. Es un condicionante
para el inversor, pero, desde luego, no es para nada un condicionante
social, muy al contrario, eso lo establecen las respectivas comunidades
autónomas a través de sus propias leyes.


Quiero eliminar algunos tópicos de nuestro sistema financiero en
este momento en el que parece que todo es negativo a este respecto y
además quiero dar una información muy precisa, la información oficial del
Banco de España, del Banco Central Europeo, y con esos datos tenemos que
ser conscientes de cuál es la realidad de nuestro sistema financiero.
Quiero destacar, por ejemplo, uno de ellos. Nuestro sistema financiero
—cajas de ahorros y banca comercial— es el mejor sistema de
Europa en cuanto a captación de depósitos. ¿Eso qué quiere decir? Que hay
mucha fidelidad en nuestras entidades financieras y, por otra parte, en
relación con los activos y los préstamos que concede, hay un porcentaje
muy elevado: alcanzamos más del 50% de cobertura de préstamos con
depósitos en nuestras entidades bancarias. La media de la Unión Europea
es de un 30% —20 puntos por debajo—. Por ejemplo, un dato muy
significativo es que Irlanda no llega al 12% y Francia se queda en un
20%. Somos el sistema financiero de Europa que más nivel de cobertura
tiene en sus préstamos con relación a sus depósitos, con una enorme
capacidad para adquirir y captar depósitos nuestras entidades
bancarias.


Un segundo dato muy significativo es que nuestro sistema financiero
es también el líder en Europa y el que más préstamos concede a las
empresas. Tenemos que ser conscientes de ello y también de que, a pesar
de que ha bajado un 1,4% este último año, es el sistema que más presta a
las empresas de toda Europa, cerca de 922.000 millones de euros; el
siguiente es Alemania, que se queda en 898 000 millones de euros; después
se encuentra Italia, con 882.000 millones de euros; a continuación van
Francia, con 832.000 millones de euros, y los Países Bajos, con 342.000
millones de euros. Estos cuatro países









Página
5838




alcanzan el 83% de todos los préstamos a las entidades
empresariales. Eso quiere decir que no solamente tenemos un sistema
financiero que capta depósitos, sino que sigue haciendo un esfuerzo para
financiar a nuestras empresas.


Existe otro dato significativo en relación con los préstamos que se
conceden a los hogares: somos el tercer país de Europa; el primer país de
Europa, en concreto, es Alemania que presta a los hogares en torno a 1,4
billones de euros.


El segundo es Francia, que presta aproximadamente 1 billón de
euros. Pues bien, el tercer país es España, cuyo sistema financiero
aporta aproximadamente 885 000 millones de euros a nuestros hogares. Se
sigue manteniendo un importante esfuerzo a pesar de que el último dato
indica que ha bajado un 0,4% en el último año.


Por consiguiente, tenemos importantes razones para manifestar en
alto nuestra confianza, y tenemos importantes razones por poner en valor
las razones que estamos abordando y para instar —y en esta moción
lo hacemos— al Gobierno a que aproveche al máximo las herramientas
y los instrumentos que le ha concedido el Parlamento, instrumentos que no
solo son el fondo —del que todavía quedan muchos recursos—,
que tiene 9000 millones de capital y 90 000 millones para financiación,
es decir, un total de 99 000 millones de euros, de los que se han
utilizado en estos momentos 10 500 millones; todavía hay un importante
volumen de recursos para el caso de que nuestro sistema financiero
necesite un aporte de financiación pública a través de este fondo.


También nos hemos dotado de una herramienta fundamental, como es la
reforma de la ley de cajas, que hay que aprovechar al máximo. Aprovechar
al máximo significa preservar nuestro sistema de cajas de ahorros,
garantizar su supervivencia y, sobre todo, muscular nuestras cajas de
ahorro; necesitamos cajas de ahorro fuertes. Estas son un instrumento, yo
diría, como un coche. No queremos un coche viejo porque no sirve para
nada; queremos un coche que funcione bien, a su velocidad, porque, si no,
no sirve como transporte. Lo mismo pasa con las cajas de ahorros: no
queremos unas cajas de ahorros obsoletas, dimensionadas erróneamente, que
no funcionen, que se caigan —dos de ellas han tenido que ser
intervenidas—; queremos unas cajas de ahorro musculadas, fuertes,
como ese coche que llega y alcanza una buena velocidad. Para eso hay que
repararla, hay que reformarla, labor en la que hemos conseguido un
consenso total —yo diría que absoluto—, en esa reforma de la
ley de cajas de ahorros, para muscularla, para preservarla y para que
nuestra obra social siga revertiendo en el bien de todos los territorios
en las que están establecidas.


Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Barreiro.


El señor BARREIRO FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, permítanme una cuestión previa que creo que es oportuna.
A lo largo del día ayer y de hoy se ha expresado —y yo respeto esa
expresión— el orgullo de la utilización de las distintas lenguas
existentes en el Estado español, y a veces se ha dicho que aquellos que
con ese mismo orgullo utilizamos la lengua española parece que no
manifestamos el mismo nivel de compromiso con nuestra lengua materna, en
mi caso, concretamente, con el gallego. Y yo tengo que decir dos cosas:
primera, que respeto absolutamente el ejercicio que sus señorías están
haciendo de la modificación del Reglamento de esta Cámara, lo respeto
desde la total y absoluta discrepancia en relación con esta cuestión. Y
quien les dice esto es una persona que ha aprendido a hablar antes en
gallego que en castellano y que su forma de expresión habitual es
precisamente el gallego. Pero también es una persona que cree que en
política la sensibilidad es importante y desde mi punto de vista esta
reforma —y es un elemento clave de discrepancia con esta
reforma—, y en este momento que vive el país, no es una expresión
de sensibilidad en relación con lo que está pasando aquí; no es una
expresión de sensibilidad ni desde luego una expresión de prioridad.


Pero yo estoy aquí para hablar de una moción que me parece
importante. Empiezo diciendo que estoy satisfecho porque se haya podido
alcanzar este acuerdo —todos los grupos hemos hecho un esfuerzo
importante en esa dirección—. No oculto esa satisfacción que, en
buena medida, procede de que la parte del acuerdo se apoya en la enmienda
que ha presentado este grupo.


¿Qué defendemos nosotros? Evidentemente, nosotros defendemos de
forma clara la confianza en el sistema financiero, porque un país que no
tenga un sistema financiero fuerte se hunde —es la columna









Página
5839




vertebral de cualquier país—, y, por lo tanto, todos tenemos
la obligación de hacer los esfuerzos necesarios para que efectivamente
esto sea así.


En segundo lugar, ¿en qué apoyábamos nosotros la enmienda que dio
pie a la transacción? En algo muy sencillo: en decir al Gobierno que
gobierne, en decir al Gobierno, como indica literalmente la enmienda, que
utilice en profundidad todos los mecanismos de los que dispone para dotar
de esa fortaleza al sistema financiero. Y son mecanismos —hay que
decirlo una vez más aquí— que también hemos conseguido entre todos.
Hace año y medio este grupo apoyó claramente la creación del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria, porque entendíamos —y seguimos
entendiendo— que era necesario, aun cuando teníamos discrepancias
importantes con respecto a algunos de los elementos que se incluían para
su utilización, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el flujo o
con la circulación del dinero hacia las economías domésticas y hacia las
pequeñas y medianas empresas.


Y claro que defendemos la transparencia a través de los tests de
esfuerzo de las entidades financieras, incluso vamos más allá: como hoy
recogen algunos medios de comunicación, defendemos que esos tests deben
hacerse de forma periódica, reforzando los propios mecanismos para su
realización. Y, obviamente, creemos que la ley de cajas aprobada en julio
—también con el apoyo de este grupo— proporciona mecanismos
suficientes para fortalecer las cajas de ahorros.


Pero, dicho esto, nosotros creemos que el análisis queda cojo en
aras de conseguir el elemento central de esta iniciativa, que es la
confianza exterior. Lo dice el Grupo Socialista en su iniciativa primera.
Da la impresión de que el problema de la confianza exterior es del
sistema financiero español, y no es verdad. Yo no puedo estar de acuerdo
con esta afirmación.


El sistema financiero español forma parte de la estructura
económica del país, por tanto, el sistema financiero español no es ajeno,
más bien al contrario, desde mi punto de vista sufre los problemas de
confianza exterior que tiene el país. Por consiguiente es necesario
analizar a qué obedece esa desconfianza hacia España en nuestro entorno
internacional. Y, señorías, hay responsables. Obviamente, desde nuestro
punto de vista, esa desconfianza está centrada fundamentalmente en la
desconfianza hacia el Gobierno. Algún ejemplo creo que puede contribuir a
un mejor entendimiento de esta circunstancia. Miren ustedes, este lunes
el Gobierno de España ha colocado a través de una emisión sindicada 6000
millones de euros al tipo del 5,6%, el más caro en los últimos diez años.
Pero no es esta la reflexión que quiero trasladarles, sino la siguiente.
Señorías, hace justo un año en una subasta similar —en este caso
por la vía de subasta, no por la vía de emisión sindicada— se
colocaron 5.000 millones de euros con un coste anual inferior al actual
en 100 millones de euros. Conclusión: los 6.000 millones de euros del
lunes nos van a costar a todos los españoles 1.000 millones de euros más
que los 5.000 de hace un año. Por lo tanto, algo grave está pasando aquí,
porque tenemos que dedicar 100 millones de euros al año más para pagar
los intereses de la colocación del lunes de lo que teníamos que pagar
hace un año. Por eso, no nos quedemos solo en la situación del sistema
financiero, siendo importante, tenemos que ir más allá. Y por eso
nosotros pedimos al Gobierno que gobierne y adopte medidas que realmente
contribuyan a eliminar esa desconfianza que está habiendo en el exterior.


Recuerden ustedes, señorías, que el 21 de septiembre, hace tres
meses, el señor Rodríguez Zapatero en un viaje a Estados Unidos dijo
literalmente que había finalizado la crisis de la deuda en el entorno
internacional. Al día siguiente teníamos un debate en esta Cámara y yo le
decía que eso no era verdad y me refería a lo que más o menos iba a
pasar. Y ha ocurrido. Y es obvio que yo no tengo más información de la
que tiene el Gobierno.


Por lo tanto, el Gobierno tiene que gobernar, pero tenemos que ser
conscientes de la situación, tenemos que aplicar medidas de disciplina
presupuestaria, como venimos diciendo, tenemos que conseguir que todas
las administraciones vayan precisamente por esa senda de la disciplina
presupuestaria.


Y permítanme que les ponga otro ejemplo que pone de manifiesto
—aunque sea en el ámbito más provincial— que esto no es así.
Miren ustedes, administración socialista: la Diputación Provincial de
Lugo maneja un prepuesto de 92 millones de euros, que nos cuesta a los
ciudadanos lucenses 638 000 euros al año. El Gobierno de la Xunta de
Galicia tiene un presupuesto de 10.000 millones de euros y cuesta lo
mismo. Esto está pasando estos días y en muchas administraciones. Por lo
tanto, por ahí tenemos que ir. Por eso nosotros decimos: reforzar el
sistema financiero, sí, pero no habremos conseguido lo que realmente
necesita este país si el Gobierno no es capaz de ganarse la confianza
exterior. En nuestra opinión —y creemos que los hechos nos
avalan— el problema lo define muy bien el historiador económico
Robert Fitz-Roy: el problema en España es de incertidumbre del régimen.









Página
5840




El señor PRESIDENTE: Señoría, concluya, por favor.


El señor BARREIRO FERNÁNDEZ: Es un problema de incertidumbre y
desconfianza hacia Zapatero. Y eso es lo que tenemos que corregir. Por
esa vía, verá como estaremos apuntalando seria y claramente nuestro
sistema financiero.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Llamen a votación. (Pausa.)


Cierren las puertas.


Señorías, antes de proceder a la votación, tengo que decirles que,
una vez que finalicemos esta votación, empezaremos con los proyectos de
ley. Debatiremos los vetos y, una vez votados, seguiremos debatiendo las
dos leyes, tanto la primera, que tiene vetos, como la segunda, que tiene
que ver con lo mismo. El Estatuto de Autonomía de Extremadura se debatirá
a partir de las cuatro y media. Y después del Estatuto de Autonomía
votaremos las dos leyes.


Señorías, procedemos a la votación de la moción que acabamos de
debatir. (El señor Pérez Bouza pide la palabra.)


¿Sí, senador?


El señor PÉREZ BOUZA: Grazas, presidente.


Por unha cuestión de procedemento.


Penso que antes teriamos que votar a emenda que segue viva porque
hai unha transaccional que non foi asinada por todos os grupos, co cal a
emenda segue viva.


Gracias, señor presidente.


Por una cuestión de procedimiento.


Pienso que antes tendríamos que votar la enmienda que sigue viva,
porque hay una transaccional que no fue firmada por todos los grupos. Por
lo tanto, la enmienda sigue viva.


El señor PRESIDENTE: Señoría, hay una enmienda transaccional
firmada por todos los grupos, con la excepción del Grupo de senadores
Nacionalistas. Ha tenido lugar el debate de la enmienda y no ha sido
aceptada; por tanto, no se vota nada. Se vota la transaccional firmada
por todos los grupos, con la excepción de los nacionalistas.


Señorías, procedemos a la votación de la enmienda transaccional.
(Pausa.)


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
247; a favor, 240; en contra, 4; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.


— DE LA COMISIÓN CONSTITUCIONAL EN RELACIÓN CON LA
PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA
5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Número de expediente Senado 624/000012.)
(Número de expediente C.D. 122/000254.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto sexto del orden del día:
dictámenes de comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos
por el Congreso de los Diputados. De la Comisión Constitucional en
relación con la proposición de ley orgánica por la que se modifica la ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
(Rumores.)


Para la presentación del dictamen, señorías, tiene la palabra el
senador López Carrasco. (Rumores.)


Silencio, señorías. (Rumores.)


Silencio, señorías, o abandonen el hemiciclo.


Tiene la palabra, senador.









Página
5841




El señor LÓPEZ CARRASCO: Señor presidente, señorías.


Si me permite el señor presidente, voy a presentar en esta
intervención los dictámenes de la Comisión Constitucional sobre sendas
proposiciones de ley de reforma de la Ley Orgánica Electoral General.
Estas proposiciones de ley han sido el resultado práctico del informe de
la subcomisión del Congreso de los Diputados sobre las posibles
modificaciones del régimen electoral general, que fue aprobado por la
Comisión Constitucional del Congreso el 30 de junio de 2010. Ambas se
tramitan por el procedimiento de urgencia.


La primera de estas proposiciones de ley es la mas extensa, consta
de un preámbulo, un artículo único dividido en 63 apartados, destinado
cada uno de ellos a la reforma de un artículo específico de la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General; una disposición adicional única,
dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y dos
disposiciones finales.


Son numerosas e importantes las reformas que se introducen:
redefinición de los plazos de actualización del censo electoral;
garantías para impedir el empadronamiento fraudulento o de conveniencia;
supresión del voto de los residentes ausentes en las elecciones locales y
forales, quedando su voto reducido a las elecciones de diputados,
senadores, miembros de las asambleas legislativas autonómicas y diputados
del Parlamento Europeo; posibilidad de que estos residentes ausentes
voten en el consulado, sin perjuicio de emitir su voto por correo;
medidas para evitar las incidencias de los poderes públicos en las
campañas electorales; prohibición de realizar actos de propaganda
electoral antes del inicio legal de la campaña electoral; minoración de
algunos gastos electorales; extensión de la prohibición de contratar
espacios de publicidad electoral, ya vigente para los medios públicos, a
las televisiones privadas; sometimiento de las televisiones privadas a
los principios de igualdad, proporcionalidad y neutralidad informativa en
la programación durante el período electoral; exigencia de avales a los
partidos sin represtación parlamentaria para poder presentar candidatura,
y medidas contra el transfuguismo en los ayuntamientos, consistentes en
el agravamiento de los requisitos de aprobación de la moción de censura
contra el alcalde.


En el Senado se presentaron dos propuestas de veto: una, de los
senadores Guillot Miravet y Nuet i Pujals, y otra, de los senadores Belda
Quintana y Quintero Castañeda. También se presentaron 37 enmiendas al
articulado: 6 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, 5 del
Grupo Parlamentario Mixto y 26 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de
Progrés. La comisión dictaminó dicha proposición de ley el pasado día 11,
de conformidad con el texto recibido del Congreso de los Diputados, tras
rechazar las propuestas de veto y las enmiendas presentadas.


La segunda proposición de ley es de extensión más reducida. Se
centra en reforzar la regulación actual destinada a evitar que
formaciones políticas ilegales o que apoyan la violencia terrorista
concurran a los procesos electorales, lo que se consigue cerrando algunos
resquicios legales que podían utilizarse en este sentido.


En este caso se presentaron veinte enmiendas al articulado: una del
Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, 18 del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas y una del Grupo Parlamentario
Socialista. La comisión dictaminó esta proposición de ley el pasado día
11 y aceptó únicamente la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista,
consistente en añadir una disposición final de modificación del Código
penal, aprobando en lo restante el texto recibido del Congreso de los
Diputados.


Todo ello es lo que me honro en someter a la aprobación de sus
señorías.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Pasamos a continuación al debate de las propuestas de veto.


En primer lugar, la propuesta de veto número1, de los señores
Guillot y Nuet, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.


Senador Guillot, tiene la palabra.


El señor GUILLOT MIRAVET: Senyor president, señorías, defiendo este
veto —que presento en mi nombre y en el del senador don Josep Nuet,
de Iniciativa-Verds Esquerra Unida— por dos grandes razones. En
primer lugar, porque esta reforma de ley electoral no representa ningún
avance en cuanto a la igualdad de electores y partidos políticos en los
procesos electorales y no da ningún paso para mejorar la participación de
los ciudadanos en la política. En segundo lugar, porque niega el derecho
de sufragio municipal a los españoles residentes en el extranjero; dos
razones de peso para oponernos a esta proposición de ley.









Página
5842




Lamentamos profundamente que, después de veinticinco años de LOREG,
Ley Orgánica del Régimen Electoral General, y tras haber leído las
recomendaciones del Consejo de Estado, solo seamos capaces de discutir un
texto que, sin menoscabo de las reformas que realiza en determinados
aspectos, no afronta el principal problema de nuestro actual sistema
electoral, el de la proporcionalidad y el de garantizar la igualdad de
oportunidades, igualdad que el actual sistema no garantiza.


Señorías, un sistema que produce resultados como que con casi un
millón de votos solo se obtengan dos diputados y con poco más de 300.000
votos se obtengan seis, ¿no hace pensar?, ¿no convida a reformarlo,
modificarlo y revisarlo? Creo que sí. Este es un sistema injusto. Digan
lo que digan, los datos son insalvables. Insisto, con un millón de votos
se obtienen dos diputados, mientras que con poco más de 300 000 votos se
obtienen seis. Y aun aceptando que no tenga que haber una total
correspondencia entre el número de votos obtenidos y el número de escaños
atribuidos, la pregunta sería la siguiente: ¿Ustedes creen que el actual
sistema, que esta reforma no modifica, está orientado hacia un criterio
de proporcionalidad, como reclama el Tribunal Constitucional? No.
¿Nuestro sistema tiende a ser proporcional? No. Evidentemente, estas
restricciones a la proporcionalidad no están justificadas y resultan del
todo discriminatorias. Excepto para los que defienden los beneficios que
les comporta el actual sistema, no he escuchado ni leído a nadie que
justifique la actual Ley electoral.


Señorías, con la propuesta que hoy discutimos —de no
corregirse durante la tramitación en el Senado— se va a perpetuar
un sistema injusto en función de la circunscripción en la que se vote o
al partido al que se vote.


Realizaré una mera descripción de nuestro sistema electoral. En
primer lugar, la Constitución española afirma que la circunscripción
electoral es la provincia. La LOREG sitúa en dos escaños el mínimo
provincial, más Melilla y Ceuta. En total, 102 escaños, casi el 30% del
total del número de diputados, se asignan con independencia de la
población. La Constitución marca hasta un máximo de 400 diputados para el
Congreso y la LOREG los fija en 350. Entre las fórmulas electorales la
elegida es el sistema d’Hondt que, como todo el mundo sabe, es la
menos proporcional de las existentes.


Si sumamos todos estos factores, el resultado es un sistema
electoral que beneficia a los partidos mayoritarios, favoreciendo que su
porcentaje en escaños sea superior al de votos, al igual que beneficia a
los partidos cuyo respaldo electoral se circunscribe en un ámbito
territorial limitado. Todo ello explica la interesada alianza
parlamentaria PSOE-PP-CiU-PNV en la defensa de sus privilegios
electorales.


Señorías, en la defensa de este veto no solo estoy reivindicando la
igualdad de oportunidades para coaliciones como la de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds —que también—, sino
sobre todo la calidad de nuestro sistema democrático. Creemos que el
debate de esta proposición de ley es un buen momento para avanzar en
representatividad, en pluralidad y en participación. Tenemos una Ley
electoral —y esta reforma no lo modifica— que genera un doble
efecto, como muy bien indica el Consejo de Estado: por una parte, un
efecto mecánico de sobrerrepresentación de los partidos mayoritarios y de
penalización de los minoritarios, y por otra, induce un efecto
psicológico que lleva a la progresiva adecuación del comportamiento de
los partidos y de los electores a la dinámica representativa generada por
el propio sistema electoral. Y dice textualmente el Consejo de Estado:
Una vez conocido el elevado coste de la obtención de un escaño en las
primeras elecciones, numerosas formaciones políticas sin expectativas de
obtener diputados por sí mismas renunciaron a participar en sucesivos
comicios y unieron sus fuerzas a otras, al tiempo que los electores
orientaban su voto hacia aquellas candidaturas con mayores posibilidades
de victoria en detrimento de sus formaciones idealmente preferidas. ¿Es
este el objetivo de una Ley electoral? ¿Emplazar al ciudadano a elegir
entre utilidad e idealidad? Yo creo que no. Y todo esto porque tenemos un
sistema injusto que lo aprueba.


Hoy seguimos perpetuando un sistema bipartidista, sí, un
bipartidismo imperfecto pero bipartidismo al fin y al cabo; un sistema
con efectos negativos en la calidad de nuestra democracia, insisto en
ello. Pondré algunos ejemplos muy recientes y sensibles, como son el
mercadeo de cargos y las posibilidades de bloqueo. Nuestra vida
democrática no soporta bien las malas costumbres facilitadas por un
sistema que advierte a los ciudadanos de la inutilidad de su voto si se
empeñan en votar lo que realmente quieren, mientras que tranquiliza a los
partidos mayoritarios que, hagan lo que hagan, pueden tener la seguridad
de que nunca pagarán una factura muy alta.


Señoras y señores senadores, el tiempo ha demostrado que España es
un país gobernable, no por su sistema electoral sino por su madurez
democrática. Señorías, la pluralidad no es sinónimo de inestabilidad. Ya
no estamos en la transición; muchos de los peligros y problemas que en
aquellos momentos veíamos ya se han superado. Ahora hay ya una constancia
de cómo podemos gobernarnos y cómo podemos llevar









Página
5843




hacia delante a este país. Después de treinta y tres años de
democracia nos merecemos un sistema electoral que tienda a esa fórmula
de: una persona, un voto, y eso sí, siempre en igualdad de condiciones,
pero con esta proposición de ley no lo garantizamos.


Otro aspecto que no recoge la reforma son propuestas que permitan
acercar más las elecciones al ciudadano, lo que también recomienda el
Consejo de Estado. España, junto con Portugal, e Italia después de la
reforma del 2005, son los tres únicos países europeos con sistemas
proporcionales que siguen utilizando las listas cerradas y bloqueadas. En
este capítulo ha faltado también ambición para incorporar propuestas como
la del voto preferencial, que hubieran representado pasos en la dirección
de aproximar nuestro sistema electoral a la ciudadanía. Seguimos haciendo
oídos sordos a las críticas que se hacen sobre el exagerado control de
los partidos sobre las candidaturas electorales y el nulo margen que
tienen los electores en marcar sus preferencias.


El segundo gran argumento de este veto es la negación del sufragio
municipal a los residentes en el extranjero. ¿Por qué meterse ahora en
este jardín? ¿Dónde se ha visto una reforma electoral que retroceda en
derechos electorales?


Quiero en este momento saludar la presencia en la tribuna de una
representación de 1 300 000 españoles censados en el extranjero que
pueden ver hoy mermado su derecho a poder participar en el sufragio
municipal. Bienvenidos al Senado.


¿Y cuál es el argumento que se utiliza? Que la Constitución en su
artículo 140 nos dice que los concejales serán elegidos por los vecinos
del municipio. Es decir, que después de treinta y dos años de las
primeras elecciones municipales y después de ocho procesos electorales
municipales, hoy nos enteramos, a partir de la reforma de esta ley, de
que cumplimos la Constitución, de que a los concejales les tienen que
elegir los vecinos. Señorías, esto no se aguanta. Yo creo que con la
actual normativa, que ya obliga a los españoles residentes en el
extranjero a justificar el municipio en el que quieren participar, ya sea
por procedencia o arraigo, hay más que suficiente. ¿Por qué
modificarlo?


Y no se confundan. Una cosa es regulación, control y transparencia,
que todos deseamos, y otra es negar un derecho tan importante como es el
del sufragio municipal.


Por otra parte, el ajuste y progresiva extensión del sufragio
municipal a ciudadanos de países de la Unión Europea o a los que
amparados por tratados bilaterales pueden ejercer su derecho al voto en
las municipales, podía hacer que apareciera con mayor crudeza la
incoherencia de privar a los españoles residentes en el extranjero de un
derecho que los extranjeros pueden ejercer en España.


Nosotros no podemos expulsar del sistema político, vía mecanismos
electorales, a una parte de nuestros conciudadanos, por mucho que vivan
fuera de nuestras fronteras. Sería un error. Sería un profundo, injusto y
ofensivo error para este más de 1.312.646 ciudadanos y ciudadanas
españoles que viven en el extranjero.


Señorías, es posible en el marco de la Constitución, respetando sus
límites, sin tener que modificarlos, introducir reformas que permitan una
mayor proporcionalidad a nuestro sistema electoral. El senador Nuet
defenderá las enmiendas que Iniciativa-Verds, Esquerra Unida ha
presentado. Lo único que hace falta es voluntad. Una voluntad que,
lamentablemente, no encontramos ni en el PSOE, ni en el PP, ni en CiU, ni
en el PNV. Cuatro partidos que priorizan sus intereses electorales
respecto a lo que puede ser más justo, más democrático, más
participativo, más plural y que, por otra parte, creo que después de
tantos años clama al cielo. Creo que no es bueno que primen estos
intereses electorales. No es bueno para nuestra democracia ni para
nuestro sistema electoral. No aporta, sino que resta afección hacia la
política.


Lo que el senador Nuet y yo reivindicamos, en nombre de Iniciativa-
Verds e Esquerra Unida, es que con la defensa de este voto se dé pleno
respeto a la voluntad popular. Con esa intención hemos presentado este
veto para el que pido el apoyo de sus señorías y de la Cámara.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Para la defensa del veto número 2 tiene la palabra el senador
Belda, del Grupo Parlamentario Mixto.


El señor BELDA QUINTANA: Muchas gracias, señor presidente.


Buenas tardes, señorías. Antes de comenzar, quisiera saludar en
nombre de Coalición Canaria, a los representantes de la Plataforma contra
la privación del derecho de voto de los españoles en el exterior, que hoy
nos acompañan, fundamentalmente porque la presentación de este veto por
parte de los senadores de Coalición Canaria viene motivada por lo que
ellos mismos defienden.









Página
5844




En primer lugar, en Coalición Canaria quisiéramos valorar el
trabajo realizado por la subcomisión creada en el seno de la Comisión
Constitucional del Congreso de los Diputados durante casi dos años, que
ha desembocado en esta proposición de ley que hoy sometemos a debate y
votación en esta Cámara.


Sin embargo, pese a ese trabajo que reconocemos, creemos que se ha
dado, como bien decía el senador Guillot anteriormente, un paso atrás en
relación con el voto exterior, con el voto de nuestros emigrantes, con el
voto de los ciudadanos españoles que se encuentran fuera de España
respecto a su participación en las elecciones, que, como decía, es el
motivo principal de la enmienda a la totalidad que presentamos en el
Congreso y la razón por la que hoy defendemos también nuestro veto en el
Senado.


Tal y como dijimos la semana pasada en la Comisión Constitucional,
hace más de treinta años se posibilitó que los ciudadanos en el exterior,
los llamados electores CERA, pudieran votar en las elecciones locales.
Pudieron hacerlo en los años 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1999, 2003 y
2007. Es decir, en ocho procesos electorales.


Se dan básicamente dos argumentos para suprimir el derecho de
sufragio en esta reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General
mediante el establecimiento del requisito de estar inscritos en el censo
de residentes en España.


En primer lugar, se dice que hay que dotar de mayor garantía al
voto emitido por los electores en el exterior, en el sentido de que
mayoritariamente este voto se ejerce a través del correo y se han dado
casos de fraude, y, en segundo lugar, porque se vincula la residencia, es
decir, la condición de vecino del municipio, con la posibilidad de elegir
a sus concejales; se dice que los ayuntamientos son corporaciones
territoriales frente al carácter político del resto de instituciones, que
son elegidas periódicamente en elecciones libres por sufragio universal y
tienen carácter más político.


Por tanto, según el dictamen del Consejo de Estado hay una
dicotomía entre corporaciones territoriales e instituciones políticas, y,
tal y como dijimos en comisión, es algo así como decir que en los
ayuntamientos o en los cabildos no se hace política.


Frente a estos argumentos, señorías, en relación con los posibles
fraudes he de decir que desde hace muchísimos años Coalición Canaria
defiende el voto en las urnas para los ciudadanos en el exterior; ya
existe esta posibilidad en el articulado de esta reforma pero solo para
algunas elecciones, excluyendo a las locales. En consecuencia, en nuestra
opinión, habría que generalizar todas las elecciones y referéndums,
incluidas las locales, y que mayoritariamente se pudiera ejercer el
derecho de sufragio activo mediante urna. Esto daría una mayor
transparencia y seguridad al voto de los ciudadanos en el exterior, sin
excluir que se siguiera manteniendo el voto por correo para aquellos
electores que así lo solicitaran, porque hay mucha variedad de
circunstancias que puede darse en cada uno de los países donde viven
estos electores.


En relación con el vínculo entre vecinos y sufragio en las
elecciones municipales, Coalición Canaria entiende que ese vínculo de
tantos electores en el exterior con los municipios de origen sigue
existiendo. Muchos emigrantes que tuvieron que marcharse por muy diversas
razones, tanto políticas, después de la guerra civil, como económicas,
conservan sus propiedades en el municipio donde han ejercido hasta ahora
su derecho de sufragio; tienen su familia, pagan sus impuestos, visitan
regularmente su pueblo o ciudad, y durante muchísimos años han enviado
recursos económicos, fruto de su esfuerzo y trabajo, para mantener a sus
familiares que habían quedado en España. Sin embargo, mediante esta
reforma se generaliza y se dice que estos electores no tienen vínculos,
en definitiva, se pretende hacer pagar a justos por pecadores.


Por otra parte, esta razón del vínculo entre vecino del municipio y
la condición de elector para ese municipio quiebra, como ya dijimos en
comisión, en el caso de las elecciones a cabildos insulares. En Canarias,
ni estatutaria ni geográficamente, existen las provincias; no verán en el
Estatuto de Autonomía de Canarias ninguna mención a la provincia. Lo
determinante en el archipiélago son las islas y el mar que las une, no la
ficción jurídica de unas provincias virtuales. Por eso, en Canarias no
existen las diputaciones provinciales, que son entidades locales de
elección indirecta, y sí existen los cabildos insulares, que se eligen
directamente por sufragio universal.


Señorías, según lo establecido en el Estatuto de Autonomía de
Canarias, en concreto en su artículo 8.2, los cabildos insulares son
simultáneamente órganos de Gobierno, administración y representación de
cada isla e instituciones de la comunidad autónoma. Por su parte, el
artículo 12.3 dice que los cabildos insulares participarán en el
Parlamento a través de la Comisión General de Cabildos Insulares de forma
parecida a cómo se establece la participación de las comunidades
autónomas en el Senado a través de









Página
5845




la Comisión General de las Comunidades Autónomas. Igualmente, en el
artículo 12.5 del Estatuto de Autonomía de Canarias se otorga iniciativa
legislativa a los cabildos insulares. En Canarias, además del Gobierno y
los diputados, los cabildos insulares tienen iniciativa legislativa en el
Parlamento de Canarias.


Y en el artículo 23.5 del estatuto de autonomía se dice que los
cabildos insulares, en cuanto instituciones de la comunidad autónoma,
asumen en cada isla la representación ordinaria del Gobierno y de la
Administración autonómica y ejecutan en su nombre cualquier competencia
que esta no ejerza directamente a través de los órganos administrativos
propios, en los términos que establezca la ley.


Señorías, ni en el dictamen del Consejo de Estado ni en el informe
de la Junta Electoral Central se habla para nada de las elecciones a
cabildos insulares. No hemos encontrado ni una sola página —y son
muchas— en la que se cite a las elecciones a cabildos insulares. Se
habla de elecciones locales, pero siempre vinculadas a las municipales;
es más, se habla permanentemente de la vecindad en un municipio, pero no
se dice nada de la isla. En el dictamen del Consejo de Estado se ignora
el artículo 141.4 de la Constitución española y se cita solo el artículo
140 de la Constitución; concretamente, en la página 118 del dictamen del
Consejo de Estado podemos ver que este último artículo se refiere
exclusivamente a los municipios.


También se ignora el artículo 138.1 de la Constitución española,
que habla de la atención a las circunstancias del hecho insular y
únicamente se citan las islas al hablar de las circunscripciones al
Senado en las provincias insulares. En las elecciones al Senado, como sus
señorías saben, la circunscripción en Canarias es la isla, exactamente
igual que en las elecciones a cabildos insulares y exactamente igual que
en las elecciones al Parlamento de Canarias.


Si los cabildos insulares no son meras corporaciones locales sino
también instituciones de la comunidad autónoma, ¿por qué se les aplica la
supresión del derecho de sufragio que se está operando con esta ley en
las elecciones municipales? Si se argumenta la necesidad de vincular la
elección en los municipios con la condición de vecinos de ese municipio
para justificar la supresión del voto en las elecciones municipales a los
ciudadanos en el exterior, ¿por qué tiene que afectar también a las
elecciones insulares? Si un ciudadano residente en España cambia de
municipio, no puede votar en el primero sino en el nuevo donde se
empadrone. Sin embargo, en Canarias tenemos 88 municipios distribuidos
entre las siete islas, y si un ciudadano se cambia de residencia a otro
municipio dentro de la misma isla, sigue votando a ese mismo cabildo
insular o al Senado o al Parlamento de Canarias por esa isla.


En definitiva, señorías, con esta reforma no solo se están creando
ciudadanos de primera y de segunda con la supresión del voto de los
ciudadanos en el exterior en las elecciones locales, sino que se está
ignorando completamente el hecho insular reconocido por la propia
Constitución española. El dictamen del Consejo de Estado, en el que se
basa la propuesta de la subcomisión del Congreso, parece que está hecho
para alguien para el que solo existe la España continental, para el que
solo existe el municipio como corporación local electiva. Desde luego, no
está hecho por alguien que sepa que en las islas, al menos en Canarias,
la organización territorial es otra, y que la isla tiene su propio
Gobierno insular que también es una institución de la comunidad
autónoma.


Además de estos argumentos, tal y como ha dicho el señor Guillot en
la defensa del veto presentado por él y por el senador Nuet, esta
supresión de hecho de este derecho de voto a los ciudadanos en el
exterior en las elecciones locales se contraviene con lo establecido en
el artículo 4.1 de la Ley 40/2006, del Estatuto de Ciudadanía Española en
el Exterior, aprobado apenas hace unos años, que establece el derecho de
estos ciudadanos en el exterior a ser electores y elegibles en todos y
cada uno de los comicios.


Otras consideraciones a la hora de presentar el veto que hemos
tenido en cuenta pero que no hemos citado en la justificación se refieren
también a la generalización del voto rogado en todas las elecciones. En
la proposición de ley se establece con carácter general que los electores
en el exterior tienen que pedir la documentación para ejercer su derecho
al voto. En la legislación actual eso se establece solo para las
elecciones locales, pero ahora el voto rogado se amplía a todo tipo de
elecciones, excluyendo las elecciones locales, claro, porque esa
posibilidad de sufragio se suprime.


Por lo tanto, y según los datos que se aportan en el informe de la
Junta Electoral Central, estimamos que la participación en las próximas
elecciones locales va a pasar de una media del 32% del electorado CERA,
que participó en las últimas elecciones generales, de 2008, a estar en
torno al 5,75% de dicho electorado CERA, que fue la que participó en las
últimas elecciones locales con este sistema de voto









Página
5846




rogado. Así pues, este voto rogado no favorece el ejercicio del
derecho de sufragio, y vulnera el artículo 68.5 de la Constitución
española en relación con el artículo 23.1 también de la Constitución.


Señorías, por todos estos motivos solicitamos el apoyo al veto
presentado por Coalición Canaria a esta proposición de ley.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


En turno en contra, tiene la palabra el senador Pestana.


El señor PESTANA PADRÓN: Gracias, señor presidente por permitirme
ahora esta intervención.


Buenas tardes, señorías. Intervengo en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista para defender esta iniciativa legislativa frente
a los vetos presentados por los senadores de la Entesa Catalana de
Progrés y de Coalición Canaria, perteneciente al Grupo Parlamentario
Mixto. Y lo hago por una serie de razones, que son las siguientes. Porque
hay un trabajo detrás realizado en la subcomisión del Congreso de los
Diputados que ha logrado un amplísimo consenso, que se plasmó en la
votación final en dicha Cámara con 340 votos a favor y 8 votos en contra,
una amplísima mayoría en una ley muy importante, que es la que marca las
reglas del juego de los procesos electorales. Por tanto, creo que el
consenso obtenido es una pieza fundamental para después hablar de los
vetos que ustedes han presentado.


El Grupo Parlamentario Socialista defiende esta iniciativa
legislativa, que se plasmará finalmente, tras su aprobación, en una ley,
porque pretende obtener más transparencia en esos procesos electorales,
menos fraude, es decir, aquello que a todo buen demócrata le parece
evidente que debe ser un elemento fundamental de cualquier proceso
electoral. Nosotros hemos visto en muchos territorios —y permítame
que haga una ligera referencia a mi comunidad autónoma— momentos
muy desagradables en relación con el voto exterior. Hemos visto cómo en
juntas electorales se defendían por algunas fuerzas políticas votos
remitidos en sobres que no tenían ni siquiera el matasellos de entrada en
nuestro país o el matasellos de salida del país de origen. Creo que
cualquier demócrata tiene que defender que eso no ocurra en los procesos
electorales. En esa línea de mayor transparencia, de menos fraude, va
esta nueva regulación. También se pretende una buena regulación de la
publicidad en los medios de comunicación para que haya un cierto
equilibrio, una cierta igualdad de trato entre las distintas fuerzas
políticas y no existan privilegios en relación con ellas. Además, se
incorpora algo que las juntas electorales ya habían pedido durante mucho
tiempo: que una vez convocados los procesos electorales no hubiera
campañas institucionales ni inauguraciones, para que esos elementos no
supusieran un distorsión de un proceso electoral limpio que es, al final,
lo que todos queremos. Y también se ha regulado mucho mejor el censo
electoral con plazos y con recursos, en una línea en mi opinión
extraordinaria.


En cuanto a la regulación del voto exterior, aparece por primera
vez en nuestro ordenamiento el voto en urna. Yo creo que debemos
felicitarnos todos por ello. Y es que va a haber tres días para que los
españoles residentes en el exterior puedan votar en urnas en los países
donde residen. Ese es un elemento muy interesante, además de una
reivindicación histórica de los españoles en el exterior.


En relación con el voto rogado, del que también ha hablando el
señor Belda en su intervención, tengo que decir que nosotros consideramos
que se trata simplemente de trasladar la misma exigencia que se pide a
los españoles. Cuando estamos fuera de nuestra circunscripción, del
municipio en el que tenemos que votar, nosotros solicitamos el voto. Por
tanto, simplemente se trata de trasladar, como digo, la misma obligación
a los residentes en el exterior. Pienso que también es un elemento
positivo.


Algo de lo que se ha hablado, y que es negativo según los dos
vetos, es de la vinculación del voto en las elecciones locales y del voto
a través de la condición de vecino, como se establece en el artículo 140
de la Constitución española. Por cierto, señor Belda, usted no dice que
en esta iniciativa también se habla de las elecciones forales, en las que
se exige lo mismo que para los cabildos insulares y los consells
insulares. Por tanto, creo que ese es asimismo un elemento positivo en
nuestro ordenamiento. Veremos después algunos argumentos más.


En relación con el veto interpuesto por el señor Guillot y el señor
Nuet, compañeros senadores, tengo que decir que estamos hablando de una
iniciativa legislativa que parte de un amplísimo consenso en su origen,
al que se añadieron después otras fuerzas políticas no autoras
inicialmente de dicha iniciativa. Obviamente, ustedes tienen toda la
legitimidad para plantear sus enmiendas y su veto, pero en aquello que no
fue objeto de consenso no debemos romper el consenso amplio sobre unas
normas como estas, que marcan las reglas del juego de los procesos
electorales que queremos tener.









Página
5847




Tras referirme al veto de los senadores de la Entesa, que he
citado, y de Coalición Canaria, diré algo en relación con la comisión. En
ella Coalición Canaria presenta el veto y, sin embargo, se abstiene en la
votación del texto final de la iniciativa. Es un elemento de distorsión,
de incoherencia. Y es que si ustedes presentan un veto, no tiene sentido
que al final de esa iniciativa ustedes no voten en contra. Por tanto, lo
que pediría a Coalición Canaria, con el ánimo de ese consenso, es que
retirara el veto, incluso después de haberlo defendido, porque no parece
coherente, como digo, que se presente un veto y después se abstenga en el
texto final de esta iniciativa legislativa.


Veamos el fundamento de ese veto. Ustedes explicaban en comisión, y
hoy también lo han hecho aquí, los argumentos en relación con el voto
rogado. Y les hemos trasladado exactamente lo mismo. No aparece, sin
embargo, en el fundamento del veto interpuesto, pero sí lo han explicado
en esas dos ocasiones. Vuelvo a reiterarles que se trata simplemente de
equiparar las mismas condiciones, en el ejercicio del derecho al voto, de
los españoles que viven en el territorio nacional con aquellos que están
fuera. En la exigencia del voto rogado nos ocurre. Y permítanme que hable
de mi experiencia. En los primeros años en los que pude votar estaba en
la universidad, fuera de mi isla, por tanto, durante esos cinco años tuve
que votar por correo en diversos procesos electorales. Ejercía mi derecho
solicitando ese voto y votando. Me imagino que otros compañeros de otras
islas harían exactamente lo mismo si se encontraban fuera por sus
estudios. Por consiguiente, no hay ningún tratamiento discriminatorio en
relación con el voto exterior.


Además, como decía antes, debemos felicitarnos porque esta
iniciativa recoja el voto en urna. La primera vez que pude votar en urna
fue un momento muy importante en mi vida, porque recordé la cantidad de
palmeros que lucharon por traer la democracia a nuestro país, que
lucharon también en otros momentos, y que perdieron su vida simplemente
por algo que yo estaba haciendo con una naturalidad absoluta. Antes lo
había hecho por correo, pero no era exactamente lo mismo. Y es que votar
por primera vez en la mesa electoral, en urna, fue un momento
inolvidable.Por tanto, la persecución del fraude del que hablábamos es un
elemento más que garantiza que vamos a luchar más contra ese problema que
se produce en este tipo de elecciones.


La vinculación con la vecindad en las elecciones locales es acorde
con el informe del Consejo de Estado, algo evidente. Dicho informe es
claro, y lo es también el artículo 140 de la Constitución. Pero es que no
nos hemos dado cuenta ahora de ese proceso electoral; esa demanda, es
decir, que el voto sea, efectivamente, de los vecinos, se viene
reclamando por mucha gente desde hace muchos años. Con ello no se excluye
a nadie, ya que también las personas que por razones de trabajo están en
el extranjero y que, como decía el senador Belda, tienen una vinculación
con una localidad y permanecen algún tiempo en ella, se pueden empadronar
en ese municipio y, en consecuencia, podrían ejercer el derecho al voto.
Ahora bien, no comparto con usted que por el hecho de tener una propiedad
se pueda votar. Eso es recordar el sufragio censitario del siglo XIX, y
no estamos en los momentos históricos oportunos para hablar de ese tipo
de restricción al derecho de sufragio, que debe ser universal. Por tanto,
no se excluye a nadie, tenga o no tenga propiedades; simplemente se exige
lo mismo que a los españoles, que es el vínculo de vecindad, algo que
parece coherente con el sistema de elecciones.


Y vamos a hacer una pequeña reflexión sobre la tendencia en el
mundo democrático en el que nos encontramos, tanto en la Unión Europea
como en los países hispanoamericanos, con los que muchos territorios de
nuestro país —gallegos, canarios, andaluces, etcétera—
tenemos, evidentemente, muchas raíces. La tendencia es al revés, es
decir, que, mediante tratamientos de reciprocidad, al igual que nosotros
reconocemos a sus nacionales el derecho al voto en nuestro país, los
nacionales españoles puedan votar en las elecciones locales de esos
países. Eso es lo lógico, porque es el sitio del que tienen un
conocimiento mayor de la realidad política municipal, insular, etcétera.
Por lo tanto, creo que está justificado. Y esa es la tendencia del
derecho constitucional y de los convenios internacionales que nuestro
país ha ido firmando para garantizar ese derecho. No tendría sentido que
un español pudiera votar en unas elecciones municipales en cualquier país
hispanoamericano y también en nuestro país. Eso es un doble derecho al
voto en el mismo tipo de elecciones. Por lo tanto, creo que se está
haciendo un trabajo muy positivo en materia de convenios para extender
ese derecho al voto y que los españoles que no pueden empadronarse en
nuestro país puedan votar en aquellos donde realizan su trabajo, lo que
tan beneficioso ha sido para el nuestro. En este sentido, permítanme una
referencia a Canarias, porque ha sido importantísimo que durante
muchísimos años algunas islas, como de la que yo procedo, La Palma, hayan
recibido las remesas económicas que provenían de Hispanoamérica,
especialmente de Venezuela, algo que fue clave para su









Página
5848




desarrollo económico. Eso no tiene nada que ver con intentar
restringir derechos, sino hacer que esos derechos se ejerzan en las
mismas condiciones tanto en nuestro país como en el exterior.


Hay algo en lo que me gusta especialmente intervenir. Me refiero a
los cabildos insulares, a los que el portavoz del Grupo Parlamentario
Mixto, de Coalición Canaria, ha hecho referencia. La cuestión es si no
era acorde con la Constitución y con el hecho insular el que no pudieran
votar. Uno de los argumentos fundamentales que empleaba es el carácter de
instituciones de la comunidad autónoma de los cabildos insulares y que,
por lo tanto, no debería vetarse. Pues bien, los cabildos insulares están
a punto de cumplir cien años de existencia. Saben que en 1912, mediante
una ley, se crean los cabildos insulares, que venían a dar una plasmación
razonable al hecho insular después de la demanda de muchísima gente en
nuestro territorio. Permítanme también expresar que uno de los artífices
de esa ley fue Pedro Pérez Díaz, un palmero letrado del Consejo de
Estado, cuyo informe significó que se avanzara en esa iniciativa
legislativa que permitió la creación de los cabildos insulares. Por lo
tanto, los cabildos insulares nacieron mucho antes que las autonomías y
constituyen una entidad local desde su creación, como he dicho, en 1912.
Es más, incluso acudiendo al derecho histórico, cabe decir que antes de
las Cortes de Cádiz había municipios que tenían ámbito insular en
Canarias; por ejemplo, mi isla era un solo municipio y también se
denominaba cabildo aunque fuera propiamente un municipio.


Por todo ello, consideramos que en absoluto se desvirtúa que sigan
siendo corporaciones los cabildos insulares y entidades locales las
islas, y el Parlamento de Canarias así lo reconoce. Señoría, usted ha
votado conmigo en el Parlamento de Canarias, siendo diputado autonómico,
iniciativas legislativas que venían a reconocer ese carácter de entidades
locales. Y hago referencia a las leyes que en relación con los cabildos
de las islas de Lanzarote y de La Palma se aprobaron para adaptar su
funcionamiento —lo recordará— a la Ley de modernización del
Gobierno local. En mi caso, tuve oportunidad de intervenir con respecto a
la isla de La Palma, donde se aplica el régimen contenido en una
legislación estatal como entidad local. Entendíamos que se trataba de una
modernización que era deseable aplicar a los cabildos insulares, e
incluso en el Parlamento de Canarias, a través del preámbulo de alguna de
esas iniciativas, se dijo que lo que se debió hacer por el legislador
estatal era uniformizar, no solo para los cabildos que tuvieran más de
175 000 habitantes, que era el marco automático de la ley, sino para
todos los cabildos insulares, porque con las competencias que tenían
igualaban a los cabildos insulares.


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.


El señor PESTANA PADRÓN: Sí, señor presidente.


Es más —y ya termino, señor presidente—, la doctrina,
no solo del Consejo Consultivo de Canarias, que he tenido ocasión de
consultar, sino también la doctrina científica en Canarias, aclara ese
mismo carácter. Los cabildos insulares siguen siendo corporaciones
locales. Le cito expresamente a Sarmiento Acosta, que dice: La naturaleza
institucional comunitaria no desvirtúa en nada su inderogable carácter
local. Esta cita también la recoge el profesor Pérez Camacho en su libro.


Por lo tanto, creo que queda más que justificada la misma
aplicación a los cabildos insulares, consells insulares y diputaciones
forales para que pueda ser el mismo cuerpo electoral el que pueda ejercer
el derecho a voto en esas elecciones.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador
Belda.


El señor BELDA QUINTANA: Muchas gracias, señor presidente.


En primer lugar, tengo que decir que ni en comisión ni ahora en el
Pleno, en el turno en contra en relación con el veto, se nos ha dado una
respuesta satisfactoria sobre la supresión del derecho de sufragio para
los ciudadanos en el exterior en las elecciones a cabildos insulares.


Me alegro de que haya sido el senador Pestana el interviniente en
este turno, aunque de alguna manera ha tenido que justificar con esas
piruetas históricas la supresión del derecho a voto en las elecciones a
los próximos cabildos insulares a los ciudadanos que están en el
exterior. De hecho, la ley se sigue refiriendo a las elecciones de ámbito
municipal; en concreto, el artículo 2.3 de la proposición de ley, cuando
establece el requisito de estar inscrito en el censo de residentes en
España, dice que en las elecciones municipales, incluidas las elecciones
a cabildos insulares, consejos insulares, etcétera… Es









Página
5849




decir, se está tratando a las islas como si fueran un solo
municipio, con lo cual sencillamente se está ignorando lo que es el hecho
insular. .No se justifica, porque también se suprime el derecho de voto
de los ciudadanos canarios en el exterior en las elecciones a cabildos
insulares. Me gustaría que dentro de los grupos parlamentarios Socialista
y Popular se preguntara su opinión a los senadores que a la vez son
consejeros o presidentes de algunos de los cabildos insulares de las
islas. Pero, claro, si ignoran el hecho insular seguramente también los
ignoren o incluso algunos de ellos decidan ausentarse de la votación.


Por otra parte, el argumento principal para la defensa de la
supresión del derecho de sufragio activo de los ciudadanos en el exterior
en las elecciones municipales es el contenido en el artículo 140 de la
Constitución. Como decía el señor Guillot, ¡Vaya! ¡Qué sorpresa! Han
descubierto, señorías, que existe el artículo 140 de la Constitución, el
mismo artículo, con el mismo contenido, que existía cuando los electores
CERA participaron en todas las elecciones locales, municipales, o a
cabildos insulares, en el caso de Canarias, en 1979, 1983, 1987, 1991,
1995, 1999, 2003 y 2007. Si el artículo 140 existía durante todos esos
procesos electorales y no había ningún obstáculo para la participación de
los electores CERA, ¿por qué se suprime ahora para esos electores el
derecho de sufragio?


Desde nuestro punto de vista, pues, no existe justificación alguna
basándose en ese artículo de la Constitución, y prueba de ello es el
manifiesto que me ha entregado la Plataforma contra la privación del
derecho al voto de los españoles en el exterior, una plataforma integrada
por el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, adscrito
al Ministerio de Trabajo e Inmigración, miembros del Consejo de las
Comunidades Andaluzas en el Exterior, de las Comunidades Asturianas en el
Exterior, de las Comunidades Extremeñas en el Exterior, del Consejo de
Madrileños en el Exterior, del Consejo de Centros Valencianos en el
Exterior y de diferentes consejos de residentes españoles en el exterior,
mediante el cual se pide que se retire la prohibición del voto en las
elecciones municipales a los españoles inscritos en el CERA y que se
suprima la instauración del voto rogado en el resto de los comicios. Aquí
están sus demandas, y es lo que concuerda con nosotros.


Y en cuanto a la coherencia, de la misma manera que en relación con
el veto presentado por los senadores Guillot y Nuet nos vamos a abstener,
porque las razones del veto van más allá de las que nosotros
argumentamos, y hay algunas con las que no estamos de acuerdo, motivo por
el que no podemos votar en contra pero tampoco a favor, también nos vamos
a abstener en relación con el proyecto de ley porque, aunque hay algunas
cuestiones con las que sí estamos de acuerdo y de las que luego
hablaremos, el hecho de que se esté impidiendo el ejercicio del derecho
de sufragio a los electores inscritos en el CERA, a los españoles en el
exterior, es ya de por sí para nosotros motivo suficiente para votar en
contra. Pero como tenemos esos otros argumentos sobre otras cuestiones
con las que estamos a favor, nos vamos a abstener en el voto final de la
ley y, por supuesto, votaremos a favor de nuestro veto.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el senador
Mur.


El señor MUR BERNAD: Gracias, señor presidente.


Buenos días, señorías. A estas horas de la mañana voy a intentar
ser breve, pero voy a aprovechar este turno porque luego intervendré en
defensa de mis enmiendas.


Señorías, hoy somos noticia en los medios de comunicación por el
uso de todas las lenguas del Estado español en esta Cámara, lo cual es
sorprendente y supone desconocer la Constitución española y lo que
algunos quisiéramos que fuera esta Cámara. Pero seguramente mañana no
seremos noticia en esos mismos medios de comunicación por el debate que
está teniendo hoy lugar sobre la reforma de la Ley Orgánica del Régimen
Electoral General, cuando a mi juicio este es un tema clave en el Estado
constitucional. Las cosas son así y se ven así.


Aprovecho, pues, este turno sobre los vetos para fijar mi posición
global sobre la propuesta que hoy se nos plantea hoy aquí; y después ya
defenderé las dos enmiendas que he presentado. (El señor vicepresidente,
Molas i Batllori, ocupa la Presidencia.)


Primero, quiero poner de manifiesto el método utilizado: la
urgencia en una proposición de ley tan importante como yo la juzgo, que
se publica nada más y nada menos que el día 30 de diciembre —es
decir, al final de año, antes de Año Nuevo, seguido de un sábado y un
domingo—, y en la que el período de enmiendas en un primer lugar se
fija para el día 3, lunes —es decir, sus señorías tienen que
dedicar la noche vieja y el Año Nuevo a estudiarse una ley de nada,
intrascendente, que puede pasar desapercibida—,









Página
5850




aunque luego se rectifica y se amplía en dos días más para que
algunos tengamos un poquito más de tiempo para leerla, por lo que ese
plazo termina el día 5 de enero.


La segunda cuestión a la que me tengo que referir es a lo limitado
de la reforma. Yo no voy a entrar en los detalles de los vetos, que creo
que han quedado perfectamente explicitados aquí, pero tengo que hablar
—repito— de lo limitado de esta reforma y de lo mal que se ha
aprovechado esta circunstancia. Y es que ha faltado voluntad política o
ha sobrado entendimiento entre el Partido Socialista y el Partido Popular
para limitar a sus conveniencias el alcance de la reforma. ¿Por qué lo
han hecho así, sabiendo como saben que hay unas demandas insatisfechas
durante mucho tiempo en la Ley Electoral General de nuestro país?
Seguramente porque creen que les beneficia, simplemente por interés
partidista.


A este respecto, algunos que escriben en los medios de comunicación
—por ejemplo, en El Mundo del día 12 de enero, don Elviro Aranda,
que además de profesor de Derecho Constitucional es diputado del Grupo
Socialista— ya nos dan alguna pista. Dice el señor Aranda: Las
reformas electorales de momento difícilmente van a cambiar los elementos
estructurales del sistema. No lo hacen porque los agentes políticos que
han de impulsarlas se sienten conformes con el modelo y la gobernabilidad
aún es posible. Si un día los dos grandes partidos se tuvieran que aliar
—aliar— para cerrar el paso a reclamaciones nacionalistas que
pusieran en peligro la integridad de España, probablemente se empezaría a
pensar qué hacer para que la alternancia se pueda dar sin que los
intereses generales se pongan en juego.


Esto lo dice un diputado socialista que además es
—repito— profesor de Derecho Constitucional, y esta es la
clave de lo que estamos haciendo hoy aquí. Esta es la clave: no les
interesa, no les conviene, les va bien como les va. Por tanto, este es
uno de mis argumentos de protesta.


En tercer lugar, señorías, haré una reflexión sobre la desafección
de los ciudadanos con la clase política y con lo que estamos haciendo
aquí. A este respecto, como no tengo tiempo, les recomiendo —si les
queda algún rato— que se lean ustedes un librito de fácil lectura
de Nicolás Sartorius —que creo que todo el mundo sabe quién
es—, que se titula Carta abierta a los escépticos sobre los
partidos políticos. Léanlo, es interesantísimo. Hay un capítulo dedicado
a lo que debería ser precisamente la ley electoral española. Me ahorro
todos los comentarios, pero estoy básicamente de acuerdo con lo que dice
Nicolás Sartorius.


Y para terminar, señorías, yo creo que se ha desaprovechado la
oportunidad de hablar sobre las listas abiertas, que se ha desaprovechado
la oportunidad para que haya una mayor apertura, incluyendo el permitir
que en el sistema puedan tener lugar, crecer y desarrollarse nuevas
formaciones políticas. Ustedes han hecho una ley que, si ya era cerrada,
es más cerrada todavía. Que a nadie se le ocurra en este país nuevas
iniciativas de partidos políticos porque lo tiene cada día más difícil,
en contra de lo que creo que nos está demandando la ciudadanía. No damos
proximidad entre el elector y el electorado. Creo que lo único que se
refuerza con esto, señorías, es la partitocracia.


Y me pregunto: en este momento de crisis, en el que todo está en
revisión —el sistema financiero, el sistema autonómico, la reforma
laboral, las pensiones—, ¿por qué no se revisa también a fondo
nuestra ley electoral? Señorías, creo que es una ocasión perdida, pero ya
verán ustedes cómo las circunstancias y la presión de los ciudadanos, de
los ciudadanos informados y demócratas, nos llevará a que tengamos que
acometer una reforma de verdad y no un parche interesado, como en este
momento, en la verdadera ley electoral que necesita este país.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas tiene la
palabra el senador Pérez Bouza.


El señor PÉREZ BOUZA: Gracias, presidente.


En este turno solo quiero manifestar que en el Grupo Parlamentario
de Senadores Nacionalistas vamos a votar en contra de lo dos vetos
defendidos durante el debate de esta reforma de la Ley electoral por una
cuestión que nosotros sí apoyamos y que estos dos vetos cuestionan, que
es la eliminación del derecho al voto de los residentes ausentes en las
elecciones municipales. Esa razón es suficiente para que nos expresemos
de manera contraria a estos vetos, aunque, efectivamente, hay otras
argumentaciones que podemos compartir.


Finalizo ya esta intervención dirigiéndome al senador Guillot con
todo cariño y con todo aprecio, pero no puedo aceptar una afirmación que
usted ha hecho respecto a mis compañeros del PNV. Usted ha dicho desde la
tribuna que el PNV apoyaba esta reforma porque mantenía sus privilegios
electorales. Ni el PNV, ni el Bloque Nacionalista Galego, ni Convèrgencia
i Unió, ni ninguna fuerza nacionalista, con esta Ley









Página
5851




electoral, tiene ningún tipo de privilegios. Los dos únicos
partidos que mantienen privilegios y que están sobrerrepresentados son el
Partido Socialista y el Partido Popular. Es cierto que hay organizaciones
políticas, como Izquierda Unida, que están infrarrepresentadas y que es
una ley profundamente injusta con esta fuerza política, pero no puedo
aceptar la afirmación de que el PNV apoya el cambio de esta ley porque
así mantiene sus privilegios electorales. El PNV ha dado muestras en esta
Cámara, en el Congreso de los Diputados y en todas las Cámaras en las que
tiene representación, de que es una fuerza política seria, que no apoya
reformas ni apoya iniciativas únicamente por mantener privilegios, sino
porque las considera absolutamente razonables.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió, tiene la palabra el senador Roig.


El señor ROIG I GRAU: Gracias, señor presidente.


Voy a ser muy breve. Simplemente quiero anunciar nuestro voto en
contra de estos vetos que se han defendido.


Muchas gracias. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)


El señor PRESIDENTE: Gracias.


¿Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés? (Pausa.)


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Pestana.


El señor PESTANA PADRÓN: Gracias, señor presidente.


Intervengo de nuevo no para volver a reiterar los argumentos
expresados en mi anterior intervención —que doy prácticamente por
reproducidos—, sino para contestar al compañero y amigo Alfredo
Belda y decirle que en mi explicación no hay ningún tipo de piruetas
históricas. Yo creo que la historia también sirve para fundamentar
argumentos y, en este caso, los empleados por mí, creo que han servido
para demostrar que los cabildos insulares son una corporación local.


Efectivamente, desde hace muchísimos años se reconoce en la
Constitución el hecho insular y en la historia —vuelvo a dar un
argumento histórico—, en las Cortes de la República, un diputado
palmero, Alonso Pérez Díaz —hermano del que había citado antes,
Pedro Pérez Díaz—, se ocupó de defender en los escaños que los
cabildos insulares tuvieran la singularidad de que fueran elegidos por
los ciudadanos y no fuera una elección indirecta. Eso demuestra que en
Canarias siempre ha habido una preocupación para que hubiera elecciones a
los cabildos insulares.


En nuestro ordenamiento, especialmente en nuestra Ley Orgánica del
Régimen Electoral General, hay elementos que claramente nos señalan que
el hecho insular está reconocido, primero por el voto, aunque ya le he
dicho que no solo en los consells insulares de Baleares, sino que también
en las diputaciones forales hay un voto directo. Además, hay otros
argumentos de singularidad como es el tema de que la presidencia se
otorga directamente a la lista más votada, cosa que no ocurre en otras
corporaciones locales y, obviamente, el propio ámbito del Gobierno
insular, que es un reconocimiento a ese mismo hecho.


Hoy, igual que sucedió en el Congreso de los Diputados, va a haber
una amplísima mayoría que respalde esta reforma electoral, aunque eso no
es garantía de que estemos acertando con la reforma. Pero yo creo que
cuando coinciden partidos como Convèrgencia i Unió, el Partido
Nacionalista Vasco, el Partido Popular y el Partido Socialista, autores
de la iniciativa —a todos agradezco el apoyo a esta reforma—
y también otros grupos políticos que se han adherido, es porque entienden
la justificación de esta reforma.


Es una reforma importantísima; no es un parche —como se ha
señalado anteriormente desde la tribuna—, sino que es un reforma
muy importante que ahonda en la eliminación del fraude electoral, en una
mayor transparencia, en alcanzar un proceso electoral mucho más
garantista, y es un elemento para felicitarnos por ese amplio consenso.
Aquí, en el Senado, hay 4 senadores del Partido Popular y 8 del Partido
Socialista; en la misma correspondencia, somos 12 los representantes del
pueblo de Canarias en el Senado frente a 2 que van a votar a favor de
este veto. Eso también nos indica que la representación del pueblo de
Canarias va por otra línea.









Página
5852




Como su señoría no me ha contestado sobre el carácter local del
cabildo insular, debo recordarle que el carácter de institución de los
cabildos insulares de la comunidad autónoma no aparece en el estatuto de
autonomía del año 1982, sino en la reforma del estatuto que se produce en
el año 1996, por una la ley orgánica, la Ley 4/1996, que es la primera
vez que aparece en el estatuto el carácter de instituciones, pero además
de Gobierno insular; no se debe olvidar el carácter de entidad local que
también reconoce el propio estatuto.


Para finalizar, vuelvo a recordar que los elementos de esta reforma
vinculados a la vecindad siguen teniendo plena validez. La exigencia de
la vecindad para las elecciones locales es un elemento muy positivo, y
nuestro grupo va a seguir defendiendo, para evitar el fraude, el voto en
urna y por la igualdad entre los españoles que viven en el territorio
nacional y los españoles que viven en el extranjero, para que tengan la
misma obligación de realizar su voto rogado cuando no se está en la
circunscripción en la que les corresponde votar. Considero que son
elementos muy positivos que no decaen por los argumentos empleados por el
representante de Coalición Canaria, que no ha rebatido en ningún caso los
empleados por quien les habla.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
Vindel.


La señora VINDEL LÓPEZ: Señor presidente, señorías, como no puede
ser de otra manera, el Grupo Popular respalda el gran trabajo que se ha
realizado en el Congreso de los Diputados durante casi veinte meses; un
trabajo que ha registrado aportaciones no solamente de los grupos
parlamentarios allí representados, sino también del Consejo de Estado, de
la Junta Electoral Central y numerosa jurisprudencia constitucional.


La reforma contiene muchas novedades. Yo les recomiendo que estén
atentos, por ejemplo, al desdoblamiento de las funciones de interventor y
apoderado, porque cambia —y bastante—, y a la mejor
definición de los plazos de resolución de recursos por la Junta Electoral
Central.


Pero, si me lo permiten, las principales novedades afectan al censo
electoral, al voto en el extranjero —se ha hablado mucho
aquí—, a la publicidad de información electoral en medios de
comunicación, a los avales y, finalmente, se aborda, desde un punto de
vista muy consecuente, muy positivo y muy audaz, desde el punto de vista
del Grupo Popular, la cuestión del transfuguismo.


Señorías, el censo electoral refuerza las garantías para evitar
empadronamientos fraudulentos o de conveniencia y, por tanto, anticipa en
un mes la definición de censo cerrado para cada elección y excluye la
posibilidad de solicitar la rectificación por cambio de residencia de una
circunscripción a otra en los dos meses anteriores a la convocatoria
electoral y en un año para los residentes en el extranjero.


Voto en el extranjero. Siguiendo indicaciones de la Junta Electoral
Central, se permite que los españoles residentes en el extranjero voten
en urna durante los tres últimos días de la campaña electoral sin
perjuicio —como se ha señalado— de mantener el voto
tradicional —como se ha venido haciendo hasta ahora— por
correo para los que no pueden desplazarse a votar.


Señorías, publicidad e información electoral en medios de
comunicación: muy importante. Se reduce la publicidad y la propaganda
electoral para evitar la mala costumbre —si quieren la indeseable
incidencia— de los poderes públicos en las campañas electorales. Y,
señorías, les voy advirtiendo ya que con esta reforma solamente se
contratará publicidad electoral en los quince días estrictos de campaña
electoral. Se reduce el límite de gastos a asumir por las candidaturas y,
en línea con la Junta Electoral Central y la jurisprudencia del Supremo,
se extiende a las televisiones privadas el respeto a los principios de
pluralismo político y social.


Me importa destacar mucho la novedad de los avales, porque fue una
petición que hicimos desde la ponencia que se formó en tiempos —lo
recordarán— para modificar la papeleta del Senado. Atendiendo a la
petición de esta Cámara, el Congreso ha resuelto que se exigirán avales:
un 1% y un 0,1% respectivamente del censo de la circunscripción para
agrupaciones de electores, por un lado, y partidos que no hubieran
obtenido representación. Señorías, se trata de acabar de una vez por
todas con un fraude de ley totalmente intolerable.


Finalmente, la reforma incluye el muy loable propósito de
desactivar el transfuguismo. El transfuguismo, señorías, es un escándalo
que nos ha afectado a todos los partidos, todos lo hemos sufrido, y,
desde nuestro punto de vista, con pleno respeto a la doctrina del
Tribunal Constitucional, el Congreso ha logrado dar con una fórmula que
va a evitar que, con su actuación, los tránsfugas puedan modificar la
voluntad









Página
5853




popular y cambien Gobiernos municipales. Es una medida de
regeneración democrática que entendemos que va a contribuir a eliminar
tensiones políticas y sociales y va a favorecer la estabilidad en la vida
municipal. La fórmula es que la mayoría exigida en estos casos se va a
ver incrementada en el mismo número de concejales que formen o hayan
formado parte del grupo municipal al que pertenece el alcalde cuya
censura se propone en ese momento.


Estas son las grandes novedades, señorías, pero, a pesar de este
gran trabajo, estamos examinando ahora mismo dos vetos a la iniciativa
del Congreso, que se basan en la supresión del derecho de sufragio
municipal en los españoles residentes en el extranjero y la supuesta
falta de proporcionalidad entre votos y escaños.


Señorías, con esta reforma se sigue la recomendación del Consejo de
Estado y se une la condición de vecino de un municipio para el ejercicio
del derecho de sufragio en elecciones municipales, tal y como dispone el
artículo 140 de la Constitución, es decir, para votar en elecciones
municipales se ha de figurar en el censo de residentes en España. La
Constitución dice muy claramente que los concejales son elegidos por los
vecinos de los municipios, y la condición de vecino se adquiere —no
puede ser de otra manera— mediante la inscripción en el padrón
municipal.


La asimilación de la condición de vecino a quienes no residen en el
municipio, ni tan siquiera en territorio español, era una asimilación
formal y ficticia, según el Consejo de Estado y el Grupo Popular,
señorías, no puede estar más de acuerdo con esta afirmación, porque está
claro que un español residente en Buenos Aires, en Cartagena de Indias o
en Boston no es vecino de San Bartolomé de Tirajana, por mucho que nos
empeñemos y por mucho que queramos. Se trata, pues, de eliminar una
ficción, teniendo en cuenta que, si el censo de residentes ausentes era
determinante, no ya para elegir un concejal, llegaba incluso a determinar
toda la composición de una corporación entera. La petición del Consejo de
Estado se ha introducido aquí sin eliminar ningún derecho —como
aquí se ha dicho—. Se condiciona el ejercicio de ese derecho a
estar inscrito en el censo de españoles residentes en España.


Y en cuanto al vigente sistema electoral, creo que ,en general, ha
propiciado la formación de Gobiernos estables, ha permitido la
alternancia política en la gobernabilidad del país y, además, ha
garantizado la presencia de las minorías en las Cámaras. Creo que es
comprensible, señorías, que la mayoría de los grupos mayoritarios hayamos
optado por el mantenimiento de elementos básicos de nuestro sistema
electoral y de los principios más relevantes en los que se asienta. Y con
todo el respeto, les diré que las afirmaciones que aquí se han realizado
han sido muy poco rigurosas y, además, me parece que no resisten ni un
minuto, porque como toda propuesta se nos ofrece que se aumente en 50
escaños el número de diputados. Además, es una propuesta asombrosa, donde
las haya, dados los tiempos de austeridad que vivimos. Pero, aún más,
vamos a suponer que sí, que, efectivamente, se aumenta esa
representación. Pues bien, si extrapolamos los últimos resultados
electorales a una Cámara de 400, la represtación de los hoy vetantes les
aseguro que no mejoraría sustancialmente.


Y se ha hablado también de restos. Lo mismo ocurre con los restos,
exactamente igual, porque todos tenemos restos. Y los grandes partidos
también tenemos más restos. Y a la hora de distribuir o aplicar restos,
tampoco mejoraría su sistema electoral. Déjenme que les diga, señorías,
que no entiendo esta manía que se tiene a la Ley d’Hondt, a la que
se pretende sustituir por el sistema del matemático francés Hare, que no
se aplica, señorías, ni en Francia, ni en su propio país.


Quiero recordar en este momento —seguro que lo recordarán
también conmigo— que el entonces Partido Comunista de España con la
Ley d’Hondt llegó a tener 22 diputados en el Congreso, señorías.
Resumiendo, las causas de la supuesta infrarrepresentación me da la
sensación que son otras, y la primera que se me ocurre, señorías, es la
pérdida de votos.


En fin, señor presidente, mientras algunos solo piensan en la
proporcionalidad pura, sin importarles nada más, otros preferimos un
sistema proporcional que facilite la estabilidad y la gobernabilidad. Por
eso nosotros, junto con el resto de la gran mayoría de esta Cámara, vamos
a votar en contra de esos dos vetos.


Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Llamen a votación. (Pausa.)


Cierren las puertas. (Pausa.)


Señorías, vamos a proceder a la votación del primer veto, de los
señores Guillot y Nuet.


Se inicia la votación. (Pausa.)









Página
5854




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
243; votos a favor, 6; votos en contra, 234, abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Pasamos, a continuación, a la votación del segundo veto, de los
señores Belda y Quintero.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
241; votos a favor, 9; votos en contra, 232.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Señorías, rechazados los vetos, pasamos al debate de las enmiendas.
(El señor vicepresidente, Molas i Batllori, ocupa la Presidencia.)


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Si lo permiten los que
se ausentan, podríamos comenzar la defensa de las enmiendas. Pueden
ausentarse si lo desean, pero no defiendan posiciones mientras lo
hacen.


Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el senador
Mur.


El señor MUR BERNAD: Gracias, señor presidente.


Intervengo brevemente desde el escaño, dada la hora y la situación
nutritiva de nuestros compañeros, para defender las dos enmiendas que he
presentado a la primera parte de la modificación de la LOREG, con
expediente 624/000012. Podía haber presentado muchas más enmiendas,
teniendo en cuenta todo lo que he manifestado durante la toma de posición
del conjunto de la ley, pero estas dos son representativas de algunas de
estas cuestiones que he puesto de manifiesto. Una de ellas, la
discriminación que suponen los requisitos de gastos y subvenciones
electorales exigidos a formaciones políticas nuevas y pequeñas de
actuación electoral limitada, que no se exigen a los grandes partidos o a
los partidos ya instalados, es decir, a los que ya tienen representación
en las Cámaras. Por tanto, esto significa cerrar el sistema, y les pongo
dos ejemplos. En el apartado 3 del artículo 169 no solamente se exige
esto a las federaciones y a las agrupaciones de electores —ya había
una exigencia de la firma del 1% de los inscritos en el censo
electoral—, sino que, ahora, a los partidos políticos que se
quieran presentar, si antes no se habían presentado, se les exige un
mínimo de resultados para no necesitar el aval de más firmas. Es decir,
que un partido político va a ser considerado igual que una agrupación de
electores. A mí me parece que esa exigencia —que no entiendo en el
fondo— debería quedar limitada a aquellos partidos que, habiéndose
presentado, fueran castigados por contumaces al no haber obtenido la
mínima representación, con el fin de que no volvieran a utilizar otra vez
las papeletas desequilibrando el gasto y el presupuesto del Estado,
gastos que ahora se pretenden eliminar. Pero, ¡hombre!, a los partidos
que no se hubieran presentado no les pidamos requisitos que no se piden a
aquellos que ya están instalados, porque esta es una manera más de cerrar
la puerta a los nuevos partidos.


Y lo mismo digo en cuanto a las subvenciones electorales. Para
percibir el máximo de la subvención electoral se exige la presentación en
más de un municipio en las elecciones locales. De esta forma estamos
perjudicando de alguna manera a las agrupaciones de electores o a
aquellos pequeños partidos que se presenten en un único municipio, porque
al no presentarse y obtener representación en al menos el 50% de los
municipios de más de 10 000 habitantes, etcétera —que es lo que
dice la nueva ley—, les estamos imponiendo unas condiciones que no
existen para los partidos ya instalados, lo cual frena su acceso y los
discrimina. Evidentemente, una ley electoral que empieza con
discriminaciones —menores, si ustedes quieren, porque son
subsanables por otro sitio— no es un buen comienzo.


Señorías, esta es la defensa de mis enmiendas, para las que pido el
voto favorable, aunque sé que es una petición inútil, porque, según los
pactos alcanzados, ya ha quedado claro que estas enmiendas no van a
servir más que para que quede constancia de ellas en el Diario de
Sesiones.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.


Enmiendas de los senadores Belda y Quintero.


Senador Belda, tiene la palabra.









Página
5855




El señor BELDA QUINTANA: Gracias, señor presidente.


Nuestras enmiendas son coherentes con el veto que hemos presentado.
En concreto, la enmienda número 35 pretende suprimir el apartado 3 del
artículo 2 que se introduce en la LOREG, es decir, el requisito de que
para votar en las elecciones locales se exige ser vecino del municipio.
Esto no tiene sentido en las elecciones a cabildos insulares, porque,
como ya expliqué anteriormente, cada isla no es un solo municipio.


En Canarias existen 88 municipios distribuidos por las siete islas,
y en cada una de ellas existen, desde los 3 con que cuenta la isla de El
Hierro, hasta los 31 de la isla de Tenerife.


En la proposición de ley se excluyen las elecciones locales del
artículo 75. Pues bien, con la enmienda número 36 se trata de incluir de
nuevo que la posibilidad de voto de los electores no sea solamente para
las elecciones locales sino para todas las demás.


En cuanto a la enmienda número 37, es similar a la enmienda a la
totalidad con texto alternativo que presentamos en el Congreso de los
Diputados, que a su vez es alternativa a la enmienda anterior al artículo
75. Con ella se pretende regular de un modo un poco más exhaustivo y de
manera parecida a como lo hacía la proposición de ley del Parlamento
gallego el voto en urna de los ciudadanos en el exterior con las
demarcaciones y secciones consulares y las funciones de los consulados y
de las juntas electorales cuando se celebren elecciones en el exterior,
explicándose cómo se regula el voto por correo y las especialidades
propias del escrutinio de las mesas electorales ubicadas en el exterior.


Estas son, por tanto, las enmiendas que presentamos desde Coalición
Canaria en coherencia con el veto que hemos explicado antes.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.


Por el Grupo de Senadores Nacionalistas tiene la palabra el senador
Pérez Bouza.


El señor PÉREZ BOUZA: Gracias, señor presidente.


Hay un dicho que dice que los últimos serán los primeros. Pues si
hacemos del mismo una interpretación libre podríamos decir que los grupos
parlamentarios minoritarios alguna vez también podríamos ser
mayoritarios. Si ahora mismo se celebrara una votación en esta Cámara
—lo digo porque hay pocos senadores en este momento—, incluso
quizá podríamos ganarla.


Con respecto a esta ley, nosotros presentamos seis enmiendas,
concretamente las que van desde la número 29 hasta la número 34, con las
que pretendemos que mejoren algunas cuestiones que consideramos que, o no
se han abordado en profundidad, o no quedan suficientemente reguladas
para mejorar sustancialmente esta normativa electoral. Concretamente la
número 29 introduce algunas condiciones para formar parte del censo de
residentes ausentes que darían derecho a participar en determinados
procesos electorales, como son los autonómicos o los de ámbito general.
Nosotros consideramos que sería necesario introducir ahí una condición
que demuestre la vinculación con el territorio y que, por tanto, el censo
de residentes ausentes esté formado efectivamente por residentes ausentes
y no por quienes no lo son, es decir, por hijos de esos residentes
ausentes que en su día tuvieron que abandonar el territorio, en este
caso, y por la parte que me toca, de Galicia. Por tanto, ese censo
tendría que ser de residentes ausentes stricto sensu.


Las enmiendas números 30 y 32 pretenden mejorar la regulación de
determinadas cuestiones relacionadas con las campañas electorales y la
propaganda electoral en el extranjero.


Con la enmienda número 31 se pretende que quede claro, regulado y
explicitado que la forma de voto prioritaria para nuestros residentes
ausentes en elecciones autonómicas y generales va a ser el voto en urna,
y solamente en aquellos supuestos en que haya un número de residentes
ausentes que no justifique la creación de una mesa electoral o cuando no
se den las condiciones adecuadas para constituir una mesa electoral podrá
utilizarse el voto por correo que en todo caso debe ser rogado puesto que
esta es una condición que nosotros consideramos absolutamente razonable.
Lo que no tiene ningún sentido es enviar 500 000 cartas para unas
elecciones autonómicas al Parlamento de Galicia puesto que muchas de
ellas se devuelven ya que las direcciones no están actualizadas. Por
tanto, cuando hablamos de crisis, de ajustes económicos, tenemos que
referirnos a todo. En este caso no tiene sentido. Lo que sí tiene sentido
es enviar esa documentación electoral para que puedan ejercer su derecho
al voto a aquellos que realmente estén interesados en ejercerlo, como se
hace, por otra parte, con los ciudadanos residentes en el Estado español
que quieren votar por correo porque no pueden votar en urna.









Página
5856




Recogiendo una recomendación del Consejo de Estado —aquí se
ha citado varias veces— consideramos que la asignación de escaños
debería hacerse sobre la base del censo electoral. Parece también
bastante razonable que si los residentes ausentes van a poder votar en
los procesos autonómicos y en los procesos generales, puedan contar a la
hora de distribuir los diputados entre las distintas provincias. Lo que
no tiene sentido es que con su voto decidan qué organizaciones políticas
tienen representación y, sin embargo, a la hora de distribuir el número
de diputados por provincias no cuenten porque se tiene en cuenta la
población de hecho que reside dentro del Estado español y no el conjunto
de los electores.


Finalmente, en la enmienda número 34 nosotros proponemos un sistema
para mejorar la proporcionalidad del actual sistema electoral. Le repito,
senadora Vindel, que son ustedes, el Partido Popular, así como el Partido
Socialista, los que están sobrerrepresentados con el sistema que tenemos
ahora. Si hiciéramos un reparto proporcional puro ustedes tendrían en
este momento menos diputados de los que tienen y el Partido Socialista
también. Sin embargo, el BNG, por ejemplo, tendría un diputado más de los
que tiene. Eso es así. Datos objetivos que no tienen mucha
discusión.


Estas son las enmiendas que hemos presentado, para las que pido el
apoyo de los grupos. Asimismo, manifiesto con respecto a enmiendas de
otros grupos que votaremos en contra de todas ellas.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.


Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la
palabra el senador Nuet.


El señor NUET I PUJALS: Gràcies, president.


Intervendré muy rápidamente para defender y explicar el concepto
que hay detrás de las 26 enmiendas que la Entesa ha presentado en su
momento. He de anunciar que de estas 26 enmiendas, 20 corresponden a
Esquerra Republicana de Catalunya y 6 a Iniciativa per Catalunya Verds,
Esquerra Unida e Izquierda Unida. De estas 20 de Esquerra Republicana de
Catalunya, los compañeros de Esquerra retiran 11, y yo ahora voy a
indicar a la Mesa con exactitud cuáles son, para que esas 11 no se
sometan ya a votación, manteniéndose solo 9.


Quiero explicar muy rápidamente qué significan las 6 enmiendas
vivas que por parte de Iniciativa y de Izquierda Unida vamos a mantener
para pasar a su votación.


En primer lugar, analizamos dos conceptos que son los que durante
la mañana hemos estado repitiendo, uno más y otro menos. Uno es el tema
de que todos los votos valen igual y, por tanto, estamos hablando de la
reforma proporcional de la ley electoral, concepto que ha pasado menos
apercibido que otro que también está presente, el de que todos los
españoles, independientemente de dónde residan, son iguales para votar.
Esos son los dos conceptos que, de alguna forma, están en nuestras 6
enmiendas.


En primer lugar, respecto al tema de que todos los españoles son
iguales para votar, quiero agradecer también la presencia en la tribuna
de la Plataforma contra la privación del derecho de voto de los españoles
en el exterior, sobre todo porque son españoles y españolas que vienen de
Suiza, de Francia, de Alemania y de otros países muy lejanos y que, por
tanto, están defendiendo su derecho a voto hasta el último minuto con su
presencia en esta Cámara del Senado que va a aprobar la ley electoral.
Por tanto, les agradecemos su presencia y les diré que para nosotros
ustedes son españoles y españolas de primera, igual que los que residen
en el territorio español, por ello, el hecho de que ustedes residan en el
extranjero no debe, en ningún caso, menoscabar su derecho democrático al
voto. Además, sabemos que algunos de ustedes son hijos y nietos de
personas que emigraron por razones económicas y políticas. Por tanto,
creo que es una verdadera injusticia que hoy se les trate de esta
forma.


Recientemente, el Estado francés ha aprobado también una reforma
parecida en el sentido radicalmente contrario a la que pretendemos
aprobar aquí, dando a los residentes franceses en el exterior más
prerrogativas y representatividad política. Por tanto, creemos que
estamos dando un paso atrás con la aprobación que se nos propone hoy
aquí.


En definitiva, ¿qué queremos? No queremos otra cosa que hablar de
un derecho basado en el principio de igualdad reconocido en el artículo
14 de la Constitución, así como del derecho a la participación política
reconocido en el artículo 23 de aquella, que ha sido consolidado en el
artículo 4, apartado 1 de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del
Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, que, de alguna forma,
habla de que todos los españoles, independientemente de dónde residan,
tienen igual derecho a voto.


Por tanto, ese estatuto fue aprobado por unanimidad en el Congreso
de los Diputados por todos los partidos políticos; pensamos que es
realmente constitucional, por lo que hoy estamos cometiendo un error
importante, y ya hay anuncios públicos sobre la presentación de recursos
ante el Tribunal Constitucional,









Página
5857




ya que se infringe la Constitución española en ese aspecto, al
privar del voto a ciudadanos españoles que tienen derecho al mismo. Por
todo ello, este es un tema importantísimo.


Quiero decir también que en estos momentos hay elementos que no
acabamos de entender, por ejemplo, que es un avance el concepto de voto
en urna; es cierto, pero ustedes tienen que saber que simplemente dura 3
días mientras que en estos momentos el actual redactado de la ley
permitía que en un plazo aproximado de 10 días los españoles residentes
en el extranjero pudiesen depositar el voto; por tanto, estamos dando un
paso atrás en la cantidad de días habilitados para ejercer el voto
porque, sin duda, pasar de 10 a 3 días no es un avance democrático.


Otro ejemplo es el voto rogado, y sin duda damos también un paso
atrás porque se va a ejercer el concepto de solicitud y lo veremos en las
próximas elecciones cuando observemos el voto real comparado con los
votos en comicios anteriores, que va a ejercer un efecto de desinhibición
y va a dificultar el voto; por tanto, en un momento en que estamos
luchando contra la desafección política, unido a las dificultades que
tienen los españoles en el extranjero para organizarse y votar vamos a
añadir un nuevo elemento que, sin duda, puede tener efectos de mayor
control democrático y mayor transparencia que se podrían haber conseguido
con otras fórmulas y no dificultando más el tema.


Nosotros ponemos estas cuestiones sobre la mesa porque pensamos que
dificultan el voto, menguan derechos y no estamos de acuerdo con
ellas.


Las otras tres enmiendas dicen que todos los votos valen igual.
Señorías, entiendo perfectamente a la senadora del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado y, ¿saben por qué la entiendo? Porque el Partido
Popular tiene en el Congreso de los Diputados seis diputados que no son
suyos. ¿Qué significa esto? Que no los ha conseguido con votos sino con
un sistema electoral poco transparente en algunos aspectos y, sobre todo,
poco proporcional porque seis diputados del Partido Popular hoy estarían
sentados en escaños de Izquierda Unida y de Iniciativa per Catalunya
Verds si se modificase y mejorase la proporcionalidad de la actual ley;
por tanto, es fácil que a los partidos a los que les caen diputados,
repito, no por votos sino por una aplicación complicada del sistema
electoral, defiendan ese sistema.


Si seguimos profundizando en esta línea, ¿qué ocurrirá? Pues que si
esto se consolida, en el Congreso y en el Senado dentro de unos años, el
Partido Popular y el Partido Socialista van a hacer un eco entre ellos
mismos porque a menos proporcionalidad menos representatividad, y a menos
representatividad menos pluralidad; pues bien, si la idea de algunos
partidos es quedarse con todos los escaños sea como sea,
independientemente del voto de los españoles y españolas, vayan ustedes
llegando a acuerdos como los que van haciendo.


Y esto no lo propone Izquierda Unida ni Iniciativa per Catalunya
Verds, fue el Consejo de Estado el que lo propuso el año pasado. La
propuesta del Consejo de Estado es aumentar a 400 diputados el Congreso.
¿Por qué propone esa fórmula? Porque no requiere una modificación
constitucional. Ahora no estamos hablando de una propuesta que modifique
la circunscripción electoral, que es el segundo gran problema de este
país. No estamos hablando de la Ley d´Hondt, que es un problema
menor; estamos hablando del reparto que se produce en las
circunscripciones electorales que son las provincias, porque sumada la
provincia a la citada Ley D´Hondt, hace que a una tercera fuerza
política de ámbito estatal le sea prácticamente imposible conseguir
diputado o diputada en la mayoría de las provincias españolas.


Esta es una realidad lacerante y no lo compare usted con Francia,
donde existe un sistema mayoritario, que no es el sistema español, en el
que tenemos dos tradiciones electorales totalmente distintas y sistemas
de organización de Estado totalmente distintos; por tanto, no tenemos
nada que ver con Francia que tiene un sistema, del que desde luego tengo
mi opinión, pero, repito no lo voy a comparar con el español. Nosotros
tenemos un sistema que necesita más proporcionalidad.


Eso es lo que estamos pidiendo. No estamos pidiendo tener más
diputados, sino que los votos de los españoles y de las españolas que nos
votan tengan representatividad en el Congreso de los Diputados. Por
supuesto, estamos hablando de un millón de votos; nada, un millón de
votos es poquísimo, pero es un millón de hombres y de mujeres muy
respetable. Es posible que en las próximas elecciones generales no
hablemos ya de un millón de votos sino de unos cuantos más y, por tanto,
aún va a ser más sangrante la situación de entre uno o dos millones de
españoles y de españolas que no están correctamente representados, porque
un diputado o una diputada del Partido Popular le cuesta a esos partidos
60 000 votos, y un diputado o una diputada de Izquierda Unida y de
Iniciativa cuesta 500 000 votos, y esto no es democracia. Le pueden
llamar como quieran, pero no es democracia y de eso es de lo que estamos
hablando; repito, no hablamos de que queremos más porque somos más listos
y más listas, en absoluto,









Página
5858




sino de que queremos lo que nos corresponde porque tenemos un
número de votos respetable. Por tanto, eso es lo que estamos
pidiendo.


Quiero manifestar, como he dicho antes, que está avalado por un
informe del Consejo de Estado, que precisamente se pronuncia en esa
línea, para no llevar a cabo una modificación constitucional —que a
nosotros por supuesto no nos asusta— pero que no era el momento en
el debate de la ley de saltárnosla por encima, apelando a una futura
modificación constitucional. Por tanto, la enmienda que hemos presentado
cabe perfectamente dentro de la Constitución, y es un problema de
voluntad política que se ejerza.


Por último, señorías, como anteriormente se ha dicho, en ocasiones
la democracia cuesta dinero. Es verdad, los que estamos aquí cobramos
todos. También podíamos dejar de cobrar todos, y que esta Cámara siguiera
funcionando. Alguien se echará las manos a la cabeza, y dirá que no es
posible. La democracia hay que pagarla, hay que hacer pedagogía y a los
ciudadanos hay que explicarles que hay cosas que cuestan dinero, pero si
hay que recortar, por favor, no recortemos la democracia, recortemos
otras cosas.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias,
senador.


Turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador
Belda.


El señor BELDA QUINTANA: Muchas gracias, señor presidente.


Voy a compartir el turno con el senador Tuñón, del Grupo
Parlamentario Mixto. Como hemos dicho al principio de la defensa de
nuestro veto, Coalición Canaria también valora el trabajo que se ha
realizado en estos dos últimos años por parte de la subcomisión del
Congreso de los Diputados, en relación con la modificación de la LOREG y,
lógicamente, en todos aquellos aspectos que no afectan al voto de los
ciudadanos en el exterior. Compartimos, por tanto, gran parte de las
modificaciones que se proponen, como son los plazos de actualización del
censo electoral; las garantías para impedir empadronamientos
fraudulentos; las medidas para evitar las incidencias de los poderes
públicos en las campañas electorales, que ya se habían interpretado y
desarrollado mediante instrucción de la Junta Electoral Central, y que
ahora se incorporan a la ley; la prohibición de realizar actos de
propaganda o publicidad electoral antes del inicio legal de la campaña
electoral; la minoración de las cantidades de las subvenciones para
gastos electorales; la extensión de la prohibición para contratar
espacios de publicidad electoral ya vigente para los medios públicos,
también para las televisiones privadas; el sometimiento de las
televisiones privadas a los mismos principios que las públicas: igualdad,
proporcionalidad y neutralidad informativa; la exigencia de los avales a
los partidos sin representación parlamentaria, que es una novedad con la
cual también estamos de acuerdo, y las medidas contra el transfuguismo en
los ayuntamientos. En este último caso, entendemos que se va a impedir
una parte de los tránsfugas, pero quedarán sin solucionar otros casos de
transfuguismo que no se instrumentalicen a través de mociones de censura
sino mediante otra serie de actuaciones.


En definitiva, señorías, con estos asuntos estamos de acuerdo.
Valoramos el trabajo de la subcomisión en estos aspectos, pero no así el
requisito que se establece en la ley con respecto a los electores, que
era de que para las elecciones locales haya que estar inscrito en el
censo de residentes en España, que en la práctica supone la supresión del
derecho de sufragio para estos electores en este tipo de elecciones.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.


Senador Tuñón.


El señor TUÑÓN SAN MARTÍN: Voy a intervenir brevemente desde el
escaño, aunque ya es un poco tarde y todos los argumentos están dados,
porque me gustaría sumarme a las voces críticas de esta reforma de la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General. Creo que se ha dicho todo.
También comparto muchas de las cosas que ha dicho el senador Nuet en la
última intervención y otros senadores que me han precedido.


Estamos ante una ocasión perdida, lo ha dicho también el senador
Mur; estamos viendo las orejas al lobo, pero no hacemos nada; estamos
perdiendo credibilidad la clase política; estamos perdiendo
representatividad y sobre todo estamos viendo que se cuestiona por qué
los grandes partidos nos tienen que representar a todos los españoles.
Este tema en estos momentos se visualiza mucho más debido al poco
entusiasmo que despiertan estos dos partidos. Esto es así y entiendo que
es el origen, y aquí se ha









Página
5859




dicho. Pero la igualdad de voto es el requisito sine qua non de una
ley electoral para que esta sea considerada democrática. Si el voto no es
igual, la elección no es democrática y en esto también cito a un autor, a
Jorge Urdanoz.


Este es un asunto mucho más profundo de lo que parece, porque está
afectando a la calidad democrática de las instituciones, y estoy de
acuerdo en que la democracia es cara, pero no está perjudicando a dos
partidos que en estos momentos se pueden concretar en Izquierda Unida de
una forma real, y también UPyD. Hay que dar sentido a un voto diverso y
plural porque si no tiene viabilidad este voto útil, ¿cuál es la justicia
de este sistema electoral? Esto está avalado. Y cuando la senadora del
Grupo Parlamentario Popular desprecia un poco las propuestas que se
hacen, le diré que son las propuestas que hace el Consejo de Estado, que
no es ningún organismo para despreciar, que yo sepa. Otras veces el
Consejo de Estado parece que es la Biblia, pero ahora como no interesa,
es ocurrencia. Pero las ocurrencias son reales, señora senadora.


Se puede mejorar el sistema de manera que el voto de cada ciudadano
sea equitativo e igualitario. Ya sé que hay dos sistemas, el mayoritario
y el proporcional, pero está claro que en estos momentos lo debemos
corregir porque lo está demandando la sociedad y es un tema que sale
constantemente. Por eso le digo que pasar de 350 a 400 diputados no es
ninguna tontería; que reducir de dos a uno el mínimo que se exige para
cada provincia, no es ninguna tontería; que aplicar el sistema Hare en
vez del sistema d´Hondt, no es ninguna tontería. Creo que son temas
que volverán.


Sí quiero decir que esta reforma del sistema electoral considera
algunos asuntos que yo creo positivos: la reducción de la publicidad y la
propaganda. Queda el control, que es lo más importante; da igual que
tengamos cinco días de campaña o tres, porque si no se controlan los
gastos electorales, da igual. Y el transfuguismo se ha mejorado.


Para que se den ustedes cuenta de la importancia de este debate,
les diré que en este momento estamos 15 senadores en la sala.


Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Por el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra el senador
Pérez Bouza.


El señor PÉREZ BOUZA: Gracias, señor presidente.


Quiero aprovechar este turno de portavoces para saludar, en nombre
del BNG, la presencia de los representantes de las asociaciones de
emigrantes hoy aquí en este Pleno del Senado. A mí me gusta que estén
aquí porque así también podrán escuchar de primera mano los argumentos de
todas las fuerzas políticas y no distorsionados, como a veces llegan a
sus destinos.


Quiero expresar el máximo respeto y el máximo reconocimiento a los
miles de emigrantes gallegos que durante muchos años, y especialmente a
partir de la segunda mitad del siglo XX, tuvieron que emigrar a los cinco
continentes en busca de mejores condiciones de vida. Gracias a esa salida
fue mucho lo que aportaron al desarrollo de Galicia, al mantenimiento del
galeguismo político, del que algunos bebemos y nos sentimos
descendientes, y también han contribuido a difundir por casi todos los
países de los cinco continentes nuestra cultura, la cultura de Galicia.


Ese reconocimiento expreso que yo quiero hacer aquí no significa
que renunciemos desde el BNG a mejorar determinadas cuestiones
relacionadas con la participación de los residentes ausentes, de nuestros
emigrantes, en definitiva, en los distintos procesos electorales igual
que han hecho de una manera o de otra todos los países de nuestro
entorno.


En muchos países de nuestro entorno se considera que tener la
nacionalidad de un determinado Estado no significa tener la totalidad de
los derechos que se le asignan a los ciudadanos que viven en territorio
propio, y uno de los derechos que se cuestiona es si deben tener o no en
igualdad de condiciones que los ciudadanos que viven en territorio propio
el derecho al voto en todos los procesos electorales. Desde el BNG
defendemos con absoluta rotundidad, en consonancia con lo que defienden
muchos emigrantes gallegos, que en las elecciones municipales no ha lugar
a la participación de los residentes ausentes porque no son vecinos de
los municipios de nuestro territorio. En Galicia se estaba dando una
situación absolutamente clamorosa. Tenemos varios ayuntamientos en
Galicia con más residentes ausentes en el censo electoral —varios,
no uno ni dos ni tres— que vecinos viviendo en ese municipio, y no
es de recibo que el alcalde y los concejales se decidan por el voto de
personas que son muy respetables, que nos merecen todos los respetos,
pero que llevan muchos años sin vivir en ese municipio, e incluso muchos
de ellos, cientos de miles de ellos, nunca han pisado ese territorio. Eso
no lo podemos tolerar.









Página
5860




Igual que no podemos tolerar situaciones absolutamente surrealistas
y antidemocráticas como que permanecieran en el censo electoral durante
muchos años cientos y cientos y cientos de personas fallecidas con
absoluta normalidad. Y lo que es peor, votaban con absoluta normalidad y
decidían alcaldes y diputados en los procesos electorales. Eso pasaba en
Galicia proceso electoral tras proceso electoral. Por eso nosotros
defendemos que se vote en urna o que se vote a través de voto rogado y
con una identificación de que se está empadronado en el censo electoral y
de que se está vivo. No ponemos más condiciones y pensamos que son
absolutamente razonables y que mejoran nuestro sistema democrático,
porque es absolutamente indefendible que determinadas instituciones
democráticas puedan ser elegidas o condicionadas por el voto de
ciudadanos que llevaban varios años fallecidos. Estos casos se daban
proceso electoral tras proceso electoral.


En consecuencia, nosotros estamos de acuerdo y vamos a votar
favorablemente esta reforma de la ley electoral. No es la reforma
electoral que haría el BNG, pero en este momento es el acuerdo al que
hemos llegado. Por lo tanto, lo votaremos favorablemente. Nosotros
introduciríamos algunas otras mejoras reconociendo una vez más todo lo
que tengamos que reconocerle a nuestros emigrantes, que es mucho.


Esto también dignifica a los emigrantes. Supongo que ningún
emigrante querría escuchar elección tras elección que gracias a un voto
absolutamente incontrolable, a un voto que no tenía ninguna garantía
democrática, se estaban condicionando resultados electorales. Supongo que
a los emigrantes tampoco les gustaría escuchar esto. Ahora van a poder
participar en los procesos electorales porque se les va a permitir, y eso
es bueno para ustedes, para los emigrantes y también para los residentes
en los territorios del Estado español.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señor senador, debe
terminar.


El señor PÉREZ BOUZA: Termino, presidente.


Señora Vindel, ha hecho usted una mención al transfuguismo.
Efectivamente, se ponen algunas condiciones que van a hacer más difícil
este extraño arte político. Usted ha dicho que todos lo sufrimos,
efectivamente, pero no todos lo amparamos. Ustedes, el Partido Popular,
así como el Partido Socialista, sí lo amparan. El BNG, no.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la
palabra el senador Roig.


El señor ROIG I GRAU: Muchas gracias, señor presidente. Intervendré
desde el escaño y muy brevemente para fijar la posición del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió en relación con
esta ley.


Nosotros votaremos favorablemente la ley y votaremos en contra de
las enmiendas que se han discutido ahora porque entendemos que esta ley
parte de una situación de amplio consenso y, en general, nos parece una
buena ley.


Es cierto —también se ha dicho aquí por otros grupos—
que hay algunos aspectos de la ley que podrían ser mejorados o que
podemos estar incluso en desacuerdo con algún artículo total o
parcialmente, pero en definitiva le daremos apoyo y la votaremos
favorablemente porque nos parece una buena ley.


De todas las mejoras que se han producido, a mí, por mis
antecedentes en la política municipal, me parece especialmente importante
resaltar las trabas que pone la ley para evitar el transfuguismo. Es
decir, en este momento con esta ley facilitamos mucho más la
gobernabilidad de los ayuntamientos e impedimos o ponemos más
dificultades a las mociones de censura, que lógicamente son democráticas
y legítimas.


Aunque quedan cuestiones pendientes, como he dicho, votaremos
favorablemente esta ley.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.


¿Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés? (Denegación.)


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora
Sumelzo.


La señora SUMELZO JORDÁN. Muchas gracias, señor presidente.


Como no hemos hecho uso de nuestro turno en contra, le pido un
poquito de flexibilidad, pero intentaré ser breve en mi intervención.









Página
5861




Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para
manifestar nuestro voto en contra a todas las enmiendas presentadas a la
proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General que debatimos esta mañana. No quiero volver a
repetir el debate que se ha producido en los vetos a esta ley pero
nuestro grupo considera necesario y obligado volver a insistir, sobre
todo en el tema del procedimiento de votación de los españoles residentes
extranjeros y en el tema del censo de residentes ausentes.


Creemos que el Grupo Parlamentario Socialista ha dejado claro su
criterio en el debate que se ha producido con ocasión de los vetos
presentados y, además, ha quedado suficientemente fundamentado que el
derecho de sufragio en las elecciones municipales, locales y forales ha
de ir unido a la condición de vecino de un municipio, tal y como dispone
la Constitución española. Queremos dejar claro que con ello no se vulnera
ningún derecho de los ciudadanos españoles que residen en el exterior
porque se les exige exactamente lo mismo que a los ciudadanos españoles
que residen en España.


Además, a la hora de valorar esta reforma creemos que debería
tenerse en cuenta un dato significativo y es el hecho de que en la mayor
parte de los países de nuestro entorno, singularidades al margen, la
pauta general ha de ser la reserva del voto en las elecciones locales a
los vecinos residentes en la entidad local correspondiente, quedando
excluidos aquellos que no residen de manera permanente en el exterior.
Señor Belda, esto nos exige la aplicación de un mínimo principio de
coherencia al contenido de la reforma: que la condición de vecindad sea
exigible a todos los procesos de elecciones locales, como así establece
esta proposición contemplando este requisito para las elecciones a las
corporaciones locales, consejos insulares, juntas generales y,
lógicamente, también para los cabildos. También se aplicará en los
procesos de elección indirecta de los órganos de Gobierno de las
diputaciones provinciales.


El Consejo de Estado no menciona explícitamente a los cabildos
insulares porque en su informe se refiere a las especialidades propias de
las elecciones locales, debiéndose entender, como es lógico, que dentro
de estas han de agruparse todas aquellas que afecten a las entidades
locales sea cual fuera su ámbito territorial, garantizándose así la
homogeneidad del voto de los residentes ausentes en toda España con
independencia del lugar de su procedencia.


Insisto en que en las elecciones municipales se están eligiendo los
representantes políticos encargados de gestionar en esencia los servicios
públicos o los servicios a la comunidad, que por definición afectan
directamente a los que residen en la entidad local correspondiente. Es
decir, el requisito de vecindad efectiva adquiere un significado especial
en este tipo de elecciones, en las municipales, en las que la vinculación
del vecino con el sufragio está orientada a hacer que este participe en
la elección de aquellos representantes que han de tomar las decisiones
con trascendencia para quienes efectivamente viven en ese lugar pero que,
por el contrario, carecen de auténtica relevancia para los que residen
permanentemente lejos de allí.


Señor Bouza, no tenga ninguna duda de que se ha regulado un
procedimiento muy garantista. Usted mismo hace unos meses presentó y
defendió en esta Cámara una moción en la que pedía depurar el censo
electoral de residentes ausentes. Con estas reformas se presenta, además,
una importante novedad históricamente reclamada: la de permitir a los
españoles que viven en el extranjero que depositen el voto en la urna en
el consulado durante los tres últimos días de la campaña, sin perjuicio,
eso sí, de que se mantenga el voto por correo para todos aquellos que no
puedan desplazarse a votar en la dependencia habilitada al efecto.


Señor Nuet, el Grupo Parlamentario Socialista tiene claro que no se
está vulnerando ningún derecho de los españoles que residen en el
extranjero. No se vulnera el estatuto de la ciudadanía en el exterior
que, les recuerdo, impulsó el Gobierno socialista. Aquí se pide el mismo
requisito que a los españoles que residen en España: se les exige que
sean vecinos del municipio en el que van a votar; el mismo requisito para
los españoles que residen en el exterior que para los que residen en
España. Por tanto, tenemos claro que no existe vulneración de
derechos.


En cuanto a las enmiendas que se refieren a la mejora de la
proporcionalidad del sistema electoral, no entraré en su debate debido a
la escasez del tiempo de que dispongo, pero el Grupo Parlamentario
Socialista considera que proponen cambios en lo que consideramos uno de
los elementos esenciales del sistema electoral vigente. Nuestro grupo
parlamentario no puede aceptarlas por un motivo claro: nuestra posición,
que ha sido y es clara. En primer lugar, consideramos que nuestro modelo
electoral es válido; ha sido y es un instrumento esencial de nuestro
sistema político. Y en segundo lugar, entendemos que modificar el sistema
electoral vigente requiere un amplio consenso, a ser posible de todas las
fuerzas políticas, y ese consenso no existe hoy en las cámaras.









Página
5862




Por lo que se refiere al resto de las enmiendas, tras casi dos años
de debate en diferentes instancias parlamentarias, no hemos podido
alcanzar acuerdos en determinadas cuestiones, y coincidimos con los
grupos parlamentarios que las han presentado en que todo sistema es
mejorable, en que todo sistema debe ser sometido a análisis y revisión, y
en que debe serlo para evaluar las necesidades de actualización de modo
que se puedan corregir las eventuales disfuncionalidades y, desde luego,
para adaptar la normativa a la evolución histórica, política y social de
un país. Permítanme, pues, que manifieste la disposición de este grupo
para propiciar reformas, pero permítanme también que les manifieste que
consideramos que deben hacerse con el mayor consenso posible, con el
mayor acuerdo posible de todas las fuerzas políticas. Sin embargo, sobre
las enmiendas que se han presentado no existe acuerdo y, por tanto, no
consideramos oportuno proponer modificaciones en el sentido que pretenden
hacerlo.


Debatimos la reforma de una norma fundamental del Estado
democrático; una norma de gran relevancia constitucional: una ley que
contiene las reglas fundamentales de la representación política en
democracia. Esta ley garantiza la expresión de la soberanía popular,
articula un procedimiento del que mana la voluntad mayoritaria del
pueblo, permite la alternancia en el poder y da sentido al pluralismo
político. En una democracia representativa como la nuestra, la
participación de los ciudadanos se ejerce principalmente a través del
derecho de voto, cuyas condiciones vienen reguladas por el régimen
electoral, que traduce la voluntad en escaños y legitima democráticamente
las decisiones de los diversos poderes públicos. En consecuencia, el
Grupo Parlamentario Socialista considera que examinar y debatir
propuestas concernientes al régimen electoral supone adentrarse en el
corazón de nuestra democracia y en el territorio de los consensos
políticos y constitucionales sobre los que esta se asienta.


Y termino ya, porque no quiero extenderme, diciendo que se trata,
en definitiva, de una reforma que mejora el sistema electoral vigente; un
sistema que durante más de 30 años ha garantizado los tres principios que
los socialistas le pedimos a una ley electoral: que sea justa, que recoja
la pluralidad mediante un método proporcional, y que permita la formación
de mayorías y de gobiernos. Creemos que esta opinión la comparte los
demás grupos parlamentarios. No nos cabe duda de que esta garantía ha
contribuido decisivamente a la gobernabilidad y a la estabilidad política
en España, conformando un régimen democrático cuya solidez y calidad
están plenamente consolidadas y reconocidas.


Por todo ello, manifestamos nuestra intención de votar a favor de
esta proposición de ley.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
Vindel.


La señora VINDEL LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.


En primer lugar, y a efectos de dejar la debida constancia en el
Diario de Sesiones, señor presidente: señorías, yo no me invento las
cosas. En la propuesta de veto número 1, firmada por los senadores Nuet y
Guillot, que consta de cinco páginas, en la segunda página, párrafo
quinto, se hace referencia al método del cociente Hare, que es una
fórmula de escrutinio de efectos más proporcionales, según se nos dice
aquí. El señor Hare era un matemático francés, y yo simplemente he
resaltado, señor presidente, señorías, que ni siquiera en Francia se
aplica este sistema, de modo que no es que yo esté comparando nada.


Ciñéndome al reglamento y para que no me llame la atención su
señoría, inicio el turno de portavoces diciendo que esta ley no suscitó,
lamentablemente, la unanimidad en el Congreso de los Diputados, pero sí
una gran mayoría. Nosotros aquí, en el Grupo Popular del Senado, pensamos
que cuanta más mejor; que cuanta más mayoría suscite, mejor.


Las enmiendas que se han presentado son todas ellas muy
respetables, naturalmente, porque son un derecho reglamentario; pero
déjenme que les diga algo, señorías: todos —todos—
presentamos enmiendas cuando empezamos este trabajo. Por ejemplo, les voy
a hablar de dos enmiendas que presentamos nosotros. Una, relativa a la
gobernabilidad de los ayuntamientos, en el sentido de que, producidas las
elecciones municipales, en los ayuntamientos gobernaría la lista más
votada; no se aceptó, no obtuvo la mayoría y el consenso que se requería.
Y también presentamos una minoración de gastos mayor de la que viene
reflejada en el texto, señorías: en vez de un 15% un 30%. Señor
presidente, ninguna de estas dos enmiendas obtuvo los suficientes votos
como para que fuera incorporada al dictamen; desistimos de insistir en
ellas. Desistimos de insistir en ellas en el último trámite en el
Congreso de los Diputados y, como habrán podido comprobar todas sus
señorías, también hemos desistido de presentar aquí enmienda alguna. Sé
que no puedo pedir a sus señorías el mismo comportamiento que hemos
tenido tanto en el último tramo del Congreso de los Diputados como en los
dos trámites parlamentarios que hemos llevado









Página
5863




a cabo aquí. No se lo puedo pedir pero, señor presidente, solo me
queda lamentarlo y anunciar que, evidentemente, votaremos en contra de
las enmiendas.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.


— DE LA COMISIÓN CONSTITUCIONAL EN RELACIÓN CON LA
PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA
5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Número de expediente Senado 624/000013.)
(Número de expediente C.D. 122/000255.)


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Terminado el debate de
esta proposición de ley de reforma de la LOREG, pasamos al siguiente
debate: dictamen de la Comisión Constitucional, también sobre la LOREG.
Se tramita por el procedimiento de urgencia.


Como ha sido presentado anteriormente como tal, pasamos al debate.


¿Hay debate de totalidad? (Denegaciones.)


Pasamos directamente al debate de enmiendas.


Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, tiene la
palabra la senadora Leanizbarrutia.


La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Gracias, señor
presidente.


La proposición de ley que ahora nos ocupa lleva el mismo título que
la que acabamos de debatir, es bien cierto: proposición de ley orgánica
por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General. Pero es igualmente cierto que su gestación,
alcance y contenidos son radicalmente distintos. Aquella es fruto del
trabajo bien hecho de una subcomisión creada en el Congreso de los
Diputados para examinar las posibles modificaciones del régimen electoral
general. Así, en la iniciativa que presentaron varios grupos
parlamentarios, entre los que se encontraba el nuestro en aquella Cámara,
se atendió un importante elenco de propuestas, a la vez que se tenían en
cuenta los informes del Consejo de Estado y de la Junta Electoral
Central.


De la que en este momento debatimos no cabe decir precisamente eso.
No estamos ante una iniciativa trabajada. Apareció por sorpresa, digamos;
sin ninguna negociación previa entre las fuerzas parlamentarias. Nació,
en definitiva, de un acuerdo férreo entre los dos grupos parlamentarios
mayoritarios: el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario
Popular. Se trata, pues, de una reforma que, desde el inicio mismo de su
tramitación parlamentaria, tiene un evidente carácter político. Se sitúa,
o hay que encuadrarla, en el marco de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de
junio, de Partidos Políticos. En la práctica no es más que otra vuelta de
tuerca a esta ley; por medio de la modificación de la LOREG, en un
principio, pero que después, vía enmiendas, tanto en el Congreso de los
Diputados como en el Senado, lo va a ser también por medio de
modificaciones de la propia Ley de partidos y del Código Penal. En esta
cuestión concreta de las enmiendas que se han incorporado, y
principalmente sobre la que presentó el Grupo Socialista y que se aprobó
la semana pasada en la comisión con el apoyo del Grupo Popular, tendré
ocasión de detenerme posteriormente, en el turno de portavoces.


A la vista está que los nacionalistas vascos hemos presentado 18 de
enmiendas a esta proposición de ley; 18 enmiendas que son exactamente las
mismas que ya presentamos en su día en el Congreso de los Diputados y que
fueron rechazadas; 18 enmiendas que hoy volverán a ser rechazadas, pero
que creemos que debemos seguir defendiendo y manteniendo, pese a conocer
de antemano la suerte que les espera. Somos coherentes con nuestros
principios y posicionamientos, y eso nos hace ser reiterativos a la hora
de mostrar una honda preocupación respecto al texto de la iniciativa,
desde el punto de vista de las exigencias de un Estado de derecho.
Creemos, y así lo decimos, que hay en ella cuestiones de dudoso, e
incluso muy dudoso, encaje constitucional; que no pocos de sus contenidos
generan inseguridad jurídica, y que contiene demasiadas expresiones que,
querámoslo o no, tienen cierto grado de subjetividad.


Son enmiendas de supresión, las 18: de supresión del preámbulo, de
supresión del artículo único y de supresión de la disposición final
primera, incorporada en el Congreso de los Diputados modificando los
apartados 3 y 7 del artículo 11 de la Ley de Partidos Políticos; de
supresión, en definitiva, de la totalidad de la proposición. No me
detendré en una defensa individualizada de cada una de estas enmiendas,
pues todas tienen un común denominador. Pero, si me lo permiten, sí haré
especial referencia a la número cuatro, relativa al apartado 4 del
artículo 6 de la LOREG, que entendemos que entra en una clara
contradicción con el texto constitucional y la jurisprudencia, según las
cuales el cargo corresponde a la









Página
5864




persona electa que haya tomado posesión del mismo, y no al partido
u organización política que le incluyó en sus listas. Además, resulta
imposible compaginar el texto del artículo con el principio de presunción
de inocencia, desde el momento en que se exige una declaración expresa e
indubitada de separación y rechazo a personas que no han cometido ningún
delito o no han demostrado connivencia con la violencia. Por si esto
fuera poco, la Administración electoral asume unas funciones que deberían
corresponder, en todo caso, a los tribunales.


Quiero igualmente destacar la enmienda número 5 al apartado 5 del
artículo 41, que con su texto permite a las juntas electorales suspender
cautelarmente la entrega de las copias del censo a los representantes de
las candidaturas, cuando la proclamación haya sido objeto de recurso o se
considere que podrían estar incursas en algunas de las circunstancias
previstas en el artículo 44.4. Además de atribuir a la Administración
electoral decisiones que deberían corresponder, en todo caso, señorías, a
los tribunales, no puede silenciarse que la suspensión de la entrega de
la copia del censo provocaría condiciones de discriminación para todas
aquellas candidaturas que, tras resolverse el recurso, fueran
consideradas legales, ya que sería imposible volver a la situación
anterior.


Las enmiendas números siete y ocho se derivan de la inseguridad
jurídica a la que antes me refería; inseguridad jurídica, en el primer
caso, para la candidatura recurrida y para el resto de organizaciones en
liza electoral, al preverse un recurso en el artículo 49.5, y por tanto
una situación de provisionalidad hasta el mismo momento de la campaña
electoral, más allá de la proclamación de candidaturas; inseguridad
jurídica absoluta, en el segundo caso, pues ya se habrían celebrado las
elecciones. Hay que señalar también que un recurso de una candidatura con
efectos suspensivos, como el del artículo 108, podría provocar una
alteración de las mayorías elegidas por voluntad popular, pudiéndose
producir actos administrativos y procedimientos de elección en las
instituciones —elección de alcalde, etcétera— que sería
imposible retrotraer a un estado anterior, aún habiéndose obtenido una
resolución desestimatoria.


Termino, señorías, mi primera intervención diciendo que, en virtud
de la enmienda número 6, apostamos por la supresión del apartado 4 del
artículo único, porque la redacción que en él se da al apartado 4 del
artículo 44 es un ejemplo palpable de que las expresiones, parámetros y
términos utilizados son excesivamente objetivos. Tras establecerse que
los partidos políticos, las federaciones o coaliciones de partidos y las
agrupaciones electorales no podrán presentar candidaturas que vengan de
hecho a continuar o suceder la actividad de un partido político declarado
judicialmente ilegal y disuelto o suspendido, se añade que, a estos
efectos, se tendrá en cuenta la similitud sustancial de sus estructuras,
organización y funcionamiento, de las personas que lo componen, rigen,
representan, administran o integran cada una de las candidaturas, de la
procedencia de los medios de financiación o materiales o de cualesquiera
otras circunstancias relevantes que, como su disposición a apoyar la
violencia o el terrorismo, permitan considerar dicha continuidad o
sucesión. En suma, señorías, se abre un enorme abanico de interpretación,
y entrega el futuro de esos partidos, federaciones o coaliciones y
agrupaciones a la voluntad política del momento; cuestión esta muy seria,
muy grave, en un Estado democrático; dejarlo a la voluntad política del
momento.


Señorías, únicamente debo añadir como último apunte que nuestras
enmiendas están en la misma línea que la número uno del Grupo
Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, son coincidentes con ella.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.


Enmienda de Entesa Catalana de Progrés. (Pausa.)


Por cortesía, la vamos a dar por defendida.


Continuamos con el turno en contra. Por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el senador Vallés.


El señor VALLÉS MOLERO: Gracias, señor presidente.


En primer lugar, le ruego a la senadora Miren Lore que le trasmita
a Joseba mi deseo de pronta recuperación; sabía que iba a ser el
portavoz.


La proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General tiene como
fin cerrar las vías que pudieran emplearse para sortear o evadir las
consecuencias de la ilegalización de partidos políticos. Se establece en
el artículo 6, párrafo cuarto, una vía adicional para el cese de las
personas electas en candidaturas presentadas por partidos y otras fuerzas
políticas, cuando estas hayan sido declaradas ilegales por sentencia
firme con posterioridad a la









Página
5865




elección. Se equiparan causas de inelegibilidad e incompatibilidad
y consideración como incompatibles de los electos de partidos
ilegalizados. Conforme a la nueva regulación, la persona que se encuentre
en esta situación podrá mantenerse en el cargo si formula voluntariamente
ante la Administración electoral una declaración expresa e indubitada de
separación y rechazo de las causas determinantes de la declaración de
ilegalidad. Pero si durante su mandato se retracta de esta declaración o
actúa en contra de ella, la Administración electoral le notificará su
incompatibilidad definitiva. Esta decisión podrá ser recurrida por el
afectado ante la Sala del artículo 61 del Tribunal Supremo, en los plazos
perentorios del artículo 49 de la misma ley.


Esta reforma hace que hechos tan lamentables como los sucedidos
tras el asesinato de Isaías Carrasco a manos de ETA hubieran traído como
consecuencia la salida del Ayuntamiento de Mondragón de aquellos electos
que no condenaron el asesinato y siguieron apoyando la violencia
terrorista, porque hubieran incurrido en incompatibilidad sobrevenida con
su actuación. Durante demasiados años los consistorios vascos han sido
doblemente víctimas de la violencia terrorista. En primer lugar, lo han
sido porque las calles y plazas de tantas y tantas poblaciones han sido
el escenario dramático de atentados, agresiones y amenazas que han roto
la vida o han limitado la libertad de centenares de miles de personas,
vecinas y vecinos de esas poblaciones; también de alcaldes y concejales,
que desarrollaron su tarea de representación pública en los
ayuntamientos. Pero, en segundo lugar, también lo han sido porque, cada
vez que en esas poblaciones se ha producido un atentado, una agresión o
una amenaza, ha habido corporativos que han mirado hacia otro lado y se
han negado a ponerse de parte de sus convecinos golpeados por la
violencia terrorista. Y si el asesinato, la amenaza o la agresión rompen
la vida de las personas que lo sufren, la indiferencia ante estas
agresiones rompe la convivencia de nuestras poblaciones. Lo que más
deseamos es que nada de esto sea necesario, que nunca más nadie legitime
el uso de la violencia con el indecente argumento de alcanzar no sé qué
objetivos políticos; y que, en todo caso, si esto ocurre, nadie mire
hacia otro lado.


Es por estos hechos por lo que presentamos esta reforma, con
algunas propuestas de carácter instrumental que evitarán en el futuro
actuaciones de este tipo en nuestra vida democrática. Es esta una reforma
con un claro mensaje: que sepan quienes tienen que saberlo que se van a
cegar, a taponar, las vías ambiguas por las que, sin rechazar con
contundencia la violencia o sin distanciarse definitivamente de ETA, se
pretende buscar un resquicio legal para participar en las elecciones. En
la defensa de las enmiendas del Grupo de Senadores Nacionalista hemos
oído dudas acerca de la constitucionalidad de esta propuesta de reforma.
A nuestro juicio, es ajustada a derecho. Para justificar la violencia no
se puede tener derecho ni a ser representado ni a tener representantes en
las instituciones. Le ruego a la portavoz del PNV que no tome mis
palabras como duda de su defensa de la democracia en contra de toda
violencia terrorista.


Por todo lo expuesto, nuestro grupo se posicionará en contra de sus
enmiendas y a favor de la reforma de esta ley, no podría ser de otra
forma. Que sepan quienes tienen que saberlo que el camino para estar en
las instituciones está abierto para que se puedan presentar. Se lo han
repetido hasta la saciedad: o votos, o bombas; porque ambas son
incompatibles en democracia.


Les agradezco a los partidos el consenso en la presentación de la
presente reforma y deseo que sea un elemento más al servicio de la
desaparición del terrorismo y la llegada de la tan ansiada y definitiva
paz al País Vasco.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias,
señoría.


Para turno en contra, igualmente, tiene la palabra la senadora
Vindel.


La señora VINDEL LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, al igual que hacía el senador Vallés, quiero transmitir a
nuestro querido Joseba Zubia mis mejores deseos de pronto
restablecimiento.


En desarrollo de este turno en contra, permítanme que les diga que
la Ley de Partidos Políticos significó la ilegalización de un partido que
no era tal; era la prolongación de la amenaza, la violencia y la coacción
de una banda terrorista. Se aprobó para fortalecer nuestro sistema
democrático y en el Grupo Popular consideramos que es uno de los más
notables ejemplos de compromiso por la defensa y consolidación de nuestro
régimen de libertades, al establecer que los partidos políticos debían
respetar en su actuación el método democrático para defender sus ideas y
sus objetivos. Conllevó, además, la ilegalización de partidos que
justificaban la violencia como método y estaban en connivencia o servían
de instrumento a organizaciones terroristas para prologar el terror, la
intimidación y la extorsión.









Página
5866




Esa ilegalización, señor presidente, señorías, que suscitó muchas
dudas en algunas fuerzas políticas, fue respaldada el año pasado por una
sentencia histórica del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de
Estrasburgo, que dictaminó que la ilegalización de Batasuna era una
necesidad social imperiosa para la defensa de los derechos humanos y las
libertades de los ciudadanos en España, pues era un instrumento al
servicio de la estrategia de una organización criminal. Por principios,
señorías, por una necesidad social imperiosa en defensa del sistema
democrático, esto es lo que dijo el Tribunal Europeo.


Por eso la ilegalización de su partido le hizo tanto daño a la
banda terrorista: porque perdió su brazo político —uno de sus
instrumentos de financiación—; y por eso, desde entonces, ha
intentado burlar la ley para conseguir presentarse a las elecciones. Lo
ha intentado de todas las maneras posibles: con plataformas electorales,
con agrupaciones de electores, mediante partidos registrados o nuevos
partidos; y, casi siempre, el Estado de derecho ha descubierto su
disfraz. Es cierto que en algunos casos los que legitiman la violencia
lograron salvar la aplicación de la ley y volver a las instituciones,
pero hoy no nos corresponde preguntarnos por qué lo consiguieron, sino
adoptar las medidas para que eso no vuelva a suceder más.


¿Cómo vamos a desaprovechar, señorías, señor presidente, toda la
experiencia acumulada en estos nueve años de vigencia de la Ley de
Partidos Políticos? Sería una irresponsabilidad. En el Grupo Popular
estamos convencidos de que la democracia puede dotarse de instrumentos
jurídicos para su defensa; y, teniendo en cuenta la doctrina del Tribunal
Supremo, la del Tribunal Constitucional y la del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, consideramos conveniente reformar determinados
preceptos de la Ley electoral, para evitar que las formaciones políticas
ilegales o quienes justifican o apoyan la violencia terrorista puedan
utilizar nuevas vías para concurrir fraudulentamente a las elecciones y
obtener nuevamente representación institucional. Por eso proponemos que,
además de a las presentadas por las agrupaciones de electores —como
hasta ahora—, se amplíe a partidos, federaciones y coaliciones la
prohibición de presentar candidaturas que sean de hecho sucesoras o
continuadoras de la actividad de un partido ilegalizado y, por lo tanto,
se amplíe lógicamente la legitimación del Gobierno y del Ministerio
Fiscal para impugnarlas. Hacemos posible también la impugnación de
candidaturas durante la campaña electoral; ampliamos el plazo de
presentación de este recurso, y ampliamos también el plazo para que el
Tribunal Constitucional resuelva los posibles recursos. Igualmente, el
Gobierno y el Ministerio Fiscal podrán, desde la proclamación de electos,
solicitar al Tribunal Supremo la suspensión cautelar de la proclamación
de los electos pertenecientes a candidaturas contra las que se va a
promover un procedimiento o un incidente de ilegalización. Y, sí,
señorías, se introduce efectivamente en todas las modalidades de
procedimientos electorales una nueva causa de incompatibilidad
sobrevenida, que concurrirá en los representantes electos de las
candidaturas presentadas por partidos, federaciones o coaliciones de
partidos declarados ilegales por sentencia judicial firme, salvo que de
modo expreso e indubitado rechacen las causas que motivaron la
ilegalización de la formación bajo cuya lista concurrieron.


El objetivo de esta reforma, señorías, es que no se pueda
permanecer en las instituciones si no se condena la violencia. Aquellos
que justifican la violencia no pueden tener derecho ni a ser
representados ni a tener representantes en las instituciones, porque,
cuando las ideas se confunden con la violencia, la violencia las
contamina y convierte fines y medios en un todo incompatible con nuestra
democracia. Con esta propuesta, señorías, la democracia se dotará de
nuevos instrumentos legales para que ETA no alcance su objetivo de volver
a las instituciones. Ahora le corresponde al Gobierno aplicarlos, y el
Partido Popular estará vigilante para que eso se produzca.


Las enmiendas que ha defendido la senadora Leanizbarrutia, del
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, son como un veto pero por
capítulos, porque son vetos parciales, todas ellas enmiendas de
supresión, y manifiestan estar absolutamente en contra de la Ley de
partidos. En el Grupo Parlamentario Popular, señor presidente, señorías,
no estamos en contra de ningún grupo, ni mucho menos; pero creo que se
entenderá que, con la defensa cerrada que acabo de hacer de esta
propuesta, no podemos, bajo ningún concepto, votar a favor de sus
enmiendas. Además, como se ha dado por defendida la enmienda de Entesa
Catalana de Progrés, desde esta tribuna la doy por rechazada.


En esta Cámara representamos la soberanía popular a través de
nuestras ideas y por medio de la palabra. Debatimos con toda libertad,
sin temor a represalias, y entendemos el diálogo, el acuerdo y la
discrepancia como valores a defender y nunca a combatir con la violencia
ni la intimidación. Así debería ser en todas las instituciones
democráticas, pero no podemos olvidar que sigue habiendo ayuntamientos
donde el miedo se impone a la libertad, porque algunos utilizan los
ayuntamientos para justificar la violencia y la extorsión, y para
amenazar al resto de los representantes, ofreciéndolos como diana a los
matones.









Página
5867




En esos ayuntamientos hay concejales que se dejan la piel todos los
días por defender el bienestar de sus vecinos y el progreso de sus
pueblos, pero ven, con escoltas detrás, cómo el ejercicio de la
democracia allí tiene un riesgo y tiene un precio que no tendrían que
estar pagando. Y, a pesar de ello, lo arriesgan todo por defender con
valentía un futuro en libertad en su tierra donde nadie, absolutamente
nadie, tenga que verse amenazado por defender unas ideas distintas a las
de los demás.


Por ellos, por esos concejales, señorías, en defensa de nuestra
democracia, y desde la convicción, les pido el voto a favor de esta
importante reforma legislativa.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias,
senadora Vindel.


¿Turno de portavoces? (Pausa.)


Tiene la palabra la senadora Caballero, por el Grupo Mixto.


La señora CABALLERO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.


Buenas tardes, señorías.


He preferido quedarme sin comer y estar ahora aquí para intervenir
brevemente y expresar el apoyo explícito de mi partido, Unión del Pueblo
Navarro, a esta reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General
que llega hoy a esta Cámara, reforma con la que estamos de acuerdo
porque, después de la experiencia de casi nueve años de vigencia de la
Ley Orgánica de Partidos Políticos, se ha constatado la necesidad de
buscar la manera de que el Estado se blinde ante cualquier táctica
engañosa que pueda utilizar, y que ha estado utilizando, el mundo de
Batasuna-ETA para estar en las instituciones.


Valoramos también positivamente que sea fruto del acuerdo y del
pacto de los dos grandes partidos en la lucha contra el terrorismo. Un
consenso que hay que poner en valor porque pone por encima de los
intereses partidistas el interés general, y esa es la manera de
fortalecer el Estado de derecho, defender la democracia y defender los
derechos humanos.


La Ley Orgánica de Partidos Políticos fue una ley de
fortalecimiento democrático y uno de los más notables ejemplos de
compromiso en defensa y consolidación de nuestro régimen de libertades,
pues estableció que los partidos políticos, habiendo sido configurados
como una pieza medular en nuestro sistema, debían respetar en su
actuación el método democrático para defender sus ideas y objetivos. Esto
es lo que dice exactamente el preámbulo de esta ley, pero no significa en
ningún caso que se prohíban las ideas ni las ideologías, como algunos se
empeñan en denunciar, sino que se debe respetar el método democrático
para defenderlas. Por tanto, los que justifican la violencia como método,
y son o sirven de instrumento a organizaciones terroristas, deben quedar
fuera de nuestro sistema democrático.


A lo largo de los años transcurridos desde la aprobación de la Ley
de Partidos hemos visto cómo los partidos ilegalizados por pertenecer a
este entramado terrorista buscaban siempre la manera de burlar la ley y
de colarse en las instituciones de todas las formas posibles. Y como
suele pasar, y así lo recoge la sabiduría popular, puesta la ley, puesta
la trampa. Pues bien, señorías, de esto trata precisamente esta reforma:
de que aquellos que no creen en las instituciones, que no creen en la
democracia y que justifican la aniquilación de las personas, no puedan
volver a poner la trampa y no puedan volver a estar en los ayuntamientos
o en los Parlamentos, como así ocurrió en las pasadas elecciones
municipales. Y, lo que es más importante, si a pesar de todas estas
medidas consiguieran en algún momento acceder a las instituciones, se
introduce la causa de incompatibilidad sobrevenida para que no puedan
permanecer en ellas si no condenan la violencia o si concurre otra causa
de ilegalización.


Por todo esto, señorías, es para mí una satisfacción votar
positivamente esta reforma, por higiene democrática, porque muestra la
fortaleza de nuestro Estado de derecho y, sobre todo, porque pienso en
los cientos de concejales navarros, en los cientos de concejales vascos
que han tenido que sentarse en esta legislatura con los representantes de
ANV a pesar de ser un partido ilegal. Esto será un alivio para
ellos.


La lucha contra el terrorismo es una lucha por la libertad, y hoy
podemos decir que todos nosotros seremos un poco más libres.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señora
senadora.


Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, tiene la
palabra la senadora Leanizbarrutia.









Página
5868




La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Muchas gracias, señor
presidente.


Buenas tardes. Señorías, es evidente que no les voy a descubrir
nada si les digo que los nacionalistas vascos vamos a votar en contra de
la presente proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. El hecho
de haber presentado 18 enmiendas de supresión de todo su texto lo deja
meridianamente claro. Las razones que nos conducen a tomar tal decisión
son sobradamente conocidas. Nuestro grupo parlamentario en el Congreso de
los Diputados ya las puso de manifiesto en el debate mismo de toma en
consideración de la iniciativa en aquella Cámara, y las ha venido
reiterando en los sucesivos debates suscitados durante su tramitación.


Estamos ante una segunda fase de la Ley de Partidos Políticos
aprobada en el año 2002. Una ley que contó ya entonces con nuestra total
oposición, y a la que ahora se le da una vuelta de tuerca más. La
proposición de ley en su redacción originaria, presentada conjuntamente
por el Grupo Popular y el Grupo Socialista, tenía una finalidad y
contenido bien concretos: en primer lugar, ampliar a los partidos,
federaciones y coaliciones la prohibición de presentar candidaturas que
sean sucesoras o continuadoras de la actividad de un partido ilegalizado.
En segundo lugar, posibilitar la impugnación de candidaturas durante la
campaña electoral, ampliando para ello el plazo de presentación del
recurso hasta el día 44 posterior a la convocatoria de las elecciones, y
ampliando también el plazo para que el Tribunal Constitucional resuelva
estos recursos, y que será hasta el último día de la campaña. También
contempla la posibilidad de que, desde la votación hasta la proclamación
de electos, el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado y el
ministerio fiscal, solicite ante la Sede Especial del Tribunal Superior
del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial la suspensión
cautelar de la proclamación de elector pertenecientes a candidaturas
presentadas por partidos, federaciones, coaliciones integradas por
partidos contra los que vaya a promoverse un procedimiento de
ilegalización o un incidente de ejecución de sentencia de ilegalización
en los 15 días siguientes.


Y se introduce, además, un nueva causa de incompatibilidad
sobrevenida, que concurrirá en los electos de candidaturas presentadas
por partidos, federaciones o coaliciones de partidos declarados
posteriormente ilegales por sentencia judicial firme, salvo que
voluntariamente y de modo expreso e indubitado rechacen las causas que
dieron lugar a la ilegalización de la formación en la que concurrieron en
las elecciones.


Durante la tramitación en el Congreso de los Diputados también se
presentaron, vía enmienda, conjuntamente por el Grupo Parlamentario
Popular y el Grupo Parlamentario Socialista, diversas modificaciones en
los artículos de la LOREG objeto de la reforma, y se añadió una
disposición final primera por la que se modifican los apartados 3 y 7 del
artículo 11 de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos
Políticos, a fin de aplicar a los electos por candidaturas presentadas
por agrupaciones de electores las medidas contempladas en esta reforma,
de manera que para estos miembros de agrupaciones de electores, tanto con
anterioridad a su proclamación como electos como en cualquier momento
posterior de su mandato, si el Tribunal Supremo declara la vinculación de
su agrupación con un partido político ilegalizado, se podrá impedir su
proclamación.


En definitiva, señorías, todas ellas son medidas que no generan
preocupación —y debemos decirlo— desde el punto de vista de
las exigencias de un Estado de derecho. Es más, entendemos que estamos
ante un atajo de difícil encaje con lo establecido en la propia
Constitución en la medida en que defrauda las garantías materiales y
procesales del derecho punitivo, con consecuencias en el terreno de las
libertades públicas. Porque, señorías, el apoyo público o el respaldo
explícito al terrorismo se encuentran ya, rigurosa y expresamente,
regularizados por la legislación penal.


Esta proposición de ley lo que permite es que esas conductas por
las que el Código penal contempla la disolución de un partido político
puedan tener esa misma sanción, pero siguiendo un procedimiento mucho
menos riguroso y con esas garantías materiales y procesales que se
precisan en un Estado de derecho.


Lo hemos dicho anteriormente y lo reiteramos: son medidas que crean
una evidente inseguridad jurídica y, en no pocas veces, una situación de
provisionalidad, cuando no de discriminación, al resultar imposible la
vuelta a la situación anterior si una candidatura fuera considerada legal
tras resolverse el recurso. Todavía más dudas de constitucionalidad nos
genera la figura de la incompatibilidad sobrevenida. Son muchas las
cuestiones que nos llevan a mantener esta posición.


¿Solo me queda este tiempo, señor presidente?









Página
5869




El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Le quedan estos
segundos.


La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Permítame, por favor,
que pueda terminar porque no he controlado bien el tiempo. Enseguida
termino.


Tampoco queremos silenciar, entre otras cosas, el uso partidista
que se ha hecho de estas normativas para asegurarse el peso de unas
determinadas mayorías. Se han trucado las mayorías. Y me remito a la
distinta y curiosa aplicación que se hizo de la Ley de Partidos Políticos
en las elecciones municipales del año 2007.


Señorías, hay muchísimas cosas que me gustaría compartir con todos
ustedes, pero yo creo que, como portavoz del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas, tenemos que ser serios y tener claro que el
Estado de derecho se hizo y también se tiene que tener claro el estado de
las garantías del ciudadano ante el Estado. Seamos serios pues. Esto es
una magnificación de todas las reglas del Código penal vigente. No es ni
de lejos algo dirigido a subsanar errores de redacción detectados en la
citada norma, como se dice no sin descaro y como toda justificación en la
enmienda. Las correcciones, aunque quieren disimularlo, son otra cosa muy
bien distinta. En definitiva, se trata de otra manipulación vía enmienda
en el Senado y en el último momento, en una tramitación de urgencia, en
unos días incluso navideños y con disimulo para que cuele.


Por todo lo indicado, señorías, no tengan ninguna duda de que,
desde nuestra posición de defensa de la democracia, nuestro voto será
contrario a la proposición de ley, sin que ello esté reñido con nuestro
rechazo explícito, implícito, frontal a la violencia y nuestro apoyo al
Gobierno en la lucha contra el terrorismo que se da, como siempre lo ha
sido, en toda nuestra historia y que nadie puede tachar de ello al
Partido Nacionalista Vasco, al cual yo en estos momentos estoy
representando, y ha sido una lucha contra el terrorismo leal y sincera,
pero, señorías, sin atajos. La ley es la ley, el Código penal es el
Código penal, y no se puede intentar utilizar otras vías con unas formas
poco normales, sino sin atajos, señorías, y de cara. Nosotros, repito,
sin atajos y de cara.


Quiero agradecer a la representante del Partido Popular y también
al del Partido Socialista su preocupación por la salud de Joseba, y yo se
lo haré constar.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.


¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)


¿Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés? (Pausa.)


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Uzquiza.


El señor UZQUIZA GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, la hora es la que es y, aunque no somos muchos, lo que
estamos diciendo es importante.


Con esta reforma de la ley electoral que hoy aprobamos pretendemos
dar continuidad a la Ley de Partidos Políticos blindando nuestro
entramado normativo para defender la democracia del asalto del
terrorismo.


Señorías, la eficacia de las medidas policiales y judiciales unido
a la colaboración internacional han colocado a la banda en una situación
de debilidad extrema. En esta situación, la ilegalizada Batasuna busca su
salida, intentando por cualquier procedimiento concurrir a las elecciones
para mantener su presencia institucional, y pretende hacerlo con el menor
esfuerzo posible, sin condenar abiertamente a ETA, como si no hubiera
pasado nada, como si no lleváramos cincuenta años de angustia y de
terror, con casi mil asesinatos. Afirmamos rotundamente que así no. Los
demócratas somos generosos, pero no somos ni tontos ni tampoco ingenuos,
y sabemos de muchos engaños y mentiras durante todos estos años. La ley
es la misma para todos y a todos nos ha de obligar por igual.


Por eso, señorías, actuaremos con firmeza, facilitando el camino de
este mundo violento hacia las posiciones democráticas, pero les queda un
largo camino por recorrer, y lo tienen que transitar ellos solos; se
acabó ya el hermano mayor que está detrás de todo. ETA tiene que
desaparecer. Han utilizado con imaginación y con descaro todos los
procedimientos para sortear la ley con el objetivo de entrar en las
instituciones y utilizarlas desde dentro para sus propios fines y
amenazar al resto de los partidos democráticos, amenazas que en muchas
ocasiones llegaron a la eliminación física del adversario, y han obligado
a que el ejercicio de la representación democrática del País Vasco tenga
que ser amparado por una legión de escoltas. A esto es a lo que tratamos
de poner fin y este es el motivo de esta reforma que ahora debatimos en
el Senado.









Página
5870




Por ello, señorías, esta reforma tiene un marcado carácter
instrumental, surge para defender y proteger la democracia y los valores
democráticos. Entiendo que al ser un instrumento puede haber opiniones
discrepantes. Algunos pueden considerar que el instrumento lo llevamos a
límite, pero les puedo asegurar que quienes estamos realmente en el
límite somos todos los demócratas que llevamos más de cuarenta años
soportando esta lacra del terrorismo, y no queremos que se repitan más
casos como el ocurrido en Mondragón, que ya ha sido mencionado en este
debate, donde la alcaldesa ni condenó el asesinato del exconcejal
socialista Isaías Carrasco ni permitió utilizar los locales municipales.
Tuvimos, señorías, que sufrir esa humillación, esta indignidad, y no
queremos que vuelva a repetirse. Con esta reforma sabemos que en un caso
similar esta alcaldesa perdería su puesto y no tendríamos que soportar
—sobre todo, no tendría que soportarlo la familia— que quien
así se comporte pueda seguir varios años como número uno del
ayuntamiento.


Señorías, si no existiera el terrorismo no habríamos aprobado la
ley de partidos ni estaríamos debatiendo esta reforma. De la misma forma,
estoy seguro de que cuando ETA acabe todos nos olvidaremos de estas
normas porque no serán necesarias. Las posiciones independentistas pueden
ser defendidas democráticamente y, de hecho, varios partidos políticos en
Euskadi impecablemente democráticos las defienden y no pasa nada, pero lo
que no permitimos es que nos las impongan, y menos por la fuerza. Ese es
el límite, señorías, que confronten democráticamente sin chantajes ni
asesinatos.


Como se ha dicho en repetidas ocasiones, o bombas o votos. Con
violencia o con bombas no habrá listas; ambas opciones son del todo
incompatibles, y eso lo sabe ETA. También sabe que, por muchos
comunicados como últimamente prodiga, el Gobierno no va a modificar su
postura y va a seguir combatiendo el terrorismo con todos los
instrumentos del Estado de derecho, tal y como estamos viendo estos días
tanto en España como en Francia.


Señorías, como señalaba anteriormente, Batasuna tiene un largo
camino por recorrer y no hay atajos. Lo saben perfectamente: si quieren
ir a las elecciones, o ETA deja definitivamente las armas —lo que,
hoy por hoy, no están dispuestos a hacer—, o bien Batasuna rechaza
y rompe definitivamente su relación con ETA. El Gobierno estará vigilante
y todos los demócratas estaremos atentos, pero esta transición han de
hacerla ellos solos y la tienen que hacer ya, porque el tiempo se les
acaba definitivamente. Y digo esto a sabiendas de que los demócratas
estamos claramente ganando la batalla a los terroristas. Es cuestión de
tiempo, señorías, pero somos optimistas porque sabemos que la batalla
está ganada. Esta proposición de ley debe ser por tanto un claro mensaje
a la izquierda abertzale. Entendemos que el comunicado de la banda
terrorista se queda corto y nos ha defraudado; esperábamos más valentía
para pasar página. Simplemente, no vamos a aceptar condiciones; ETA tiene
que desaparecer.


Finalizo, señorías.


Los demócratas llevamos más de cuatro décadas sufriendo el
terrorismo y combatiéndolo juntos. Es cierto que hemos mantenido
discrepancias, pero también es verdad que juntos hemos alcanzado acuerdos
muy importantes como el Pacto de Ajuria Enea, el Pacto de Navarra y el
Pacto de Madrid, por poner algunos ejemplos. Por tanto, al margen de
desencuentros coyunturales —como hoy se ha demostrado en esta
tribuna—, ahora es más necesario que nunca mantener posiciones
unitarias en la lucha contra el terrorismo, pues está constatado que la
unidad de los demócratas es la herramienta más eficaz que tenemos para
lograr el fin de ETA y de la violencia terrorista.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor
senador.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
Vindel.


La señora VINDEL LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Intervengo con toda brevedad para anunciar que, según se ha
transmitido del tenor de la intervención de la portavoz del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas, el Grupo Parlamentario Popular
se reafirma en su intención de votar en contra de las enmiendas. Por otra
parte, votaremos favorablemente la iniciativa que hoy nos llega hasta
aquí suscrita por el Grupo Socialista y el Grupo Popular en el Congreso
de los Diputados. El resumen del resumen, señor presidente, se trata de
una reforma, la reforma de las garantías legales, para evitar que una
asociación de criminales se introduzca en las instituciones. Ante eso, no
tenemos nada más que decir que votaremos a favor.


Gracias.









Página
5871




El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.


Terminado el debate, las dos proposiciones de ley se votarán
después del debate del Estatuto de Autonomía de Extremadura.


Se suspende la sesión hasta las cuatro y media.


Eran las dieciséis horas y veinte minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y treinta minutos.


El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.


Señorías, buenas tardes. Tomen asiento.


— DE LA COMISIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN
RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA. (Número de expediente Senado
605/000001.) (Número de expediente C.D. 127/000002.)


El señor PRESIDENTE: Antes de pasar al debate del dictamen de la
Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con la
propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, quiero dar la bienvenida al Senado de España a las
autoridades de Extremadura: al presidente de la Junta, al presidente del
Parlamento y a las distintas instituciones que representan a la Comunidad
de Extremadura. (Fuertes aplausos.)


Gracias, señorías.


Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el presidente
de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, senador Lerma.


El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, en nombre de la Comisión General de las Comunidades
Autónomas me cumple el honor de hacer un breve relato sobre la
tramitación de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de
Extremadura, que tuvo su entrada en esta Cámara el día 27 de diciembre
del 2010, siendo publicada ese mismo día en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales. El plazo de presentación de enmiendas expiró el día 10
de enero. Durante dicho plazo se presentó una única enmienda del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas.


La comisión eligió una ponencia constituida por los siguientes
senadores: señores Monago Terraza y García Ballestero, del Grupo
Parlamentario Popular; señor Fuentes Gallardo, señora Fuentes García y
señor Pérez Sáenz, del Grupo Parlamentario Socialista; señor Bonet i
Revés, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; señor
Vilajoana i Rovira, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió; señor Pérez Bouza, del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas; señor Sampol i Mas, del Grupo Parlamentario
Mixto.


La ponencia se reunió el día 13 de enero y acordó diferir el examen
de la propuesta de reforma y de la enmienda presentada al debate en la
comisión. El mismo día 13 se reunió la Comisión General de las
Comunidades Autónomas para dictaminar la propuesta de reforma del
Estatuto de Autonomía de Extremadura, siendo aprobado el texto remitido
por el Congreso de los Diputados por 47 votos a favor y ninguno en
contra. Durante el curso de la sesión, la única enmienda presentada fue
retirada. El dictamen de la comisión ha sido publicado en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales del día 17 de enero.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, señorías.


Pasamos al debate de totalidad.


En turno a favor tiene la palabra el senador Fuentes.


El señor FUENTES GALLARDO: Gracias, señor presidente.


En primer lugar, quiero saludar a los representantes de
Extremadura, al presidente de la Junta y al presidente del Parlamento, y
agradecer de forma especial la presencia en este debate del presidente
del Gobierno de España.









Página
5872




Asistimos al último acto para la aprobación de la reforma del
Estatuto de Autonomía de Extremadura de 1983. Hace veintiocho años la
aprobación del antiguo estatuto no contó con el apoyo de la entonces
derecha política, pero hoy, afortunadamente para todos, contará con un
amplísimo apoyo parlamentario.


Cierto es que el viejo Estatuto de Autonomía ya fue reformado en
1991, en 1994 y en 1999. Sin embargo, hay que reconocer que esta reforma
es mucho más amplia y de mayor calado que las anteriores. Se incorporan
ahora principios, medidas y procedimientos que los redactores del
primitivo estatuto no podían prever, pues o bien no existían como
problemas en la sociedad extremeña de entonces, o tal vez no estaban
dentro de las prioridades de los proyectos políticos de hace veintiocho
años. Por ejemplo, hace veintiocho años el problema de Extremadura no era
la inmigración, sino que seguía siendo la emigración de los extremeños.
En cuanto a las energías renovables, hace veintiocho años nuestro
problema era cómo detener la construcción de una nueva central nuclear en
Valdecaballeros, en la cabecera de las grandes presas del Guadiana, así
como los problemas medioambientales o la cooperación entre las
comunidades autónomas.


Es un estatuto breve, de 91 artículos, que no incluye una carta de
derechos fundamentales de los extremeños. Y no es un olvido, es una
posición política deliberada. ¿Por qué? Tal vez algunos pretendan que con
el paso del tiempo las nuevas generaciones asocien sus derechos
fundamentales al hecho de que figuran en los estatutos de autonomía. Por
el contrario, nosotros queremos resaltar que los derechos fundamentales
están en la Constitución española. Los tenemos y nos amparan no por ser
extremeños, sino por ser españoles. Los disfrutamos y nos protegen no
porque aparezcan en un estatuto de autonomía, sino porque figuran en la
Constitución de 1978.


Otras comunidades autónomas han seguido un camino diferente en este
tema. Nuestro más profundo respeto. En Extremadura hemos seguido el
camino que he expresado y exigimos el mismo respeto. Nosotros pensamos
que la soberanía y el poder constituyente residen de forma exclusiva en
el conjunto de los españoles. Defendemos que los derechos fundamentales y
los estatutos de autonomía los tenemos porque son reconocidos en la
Constitución española de 1978. Sin esta, ni los unos ni los otros
existirían.


Esta reforma que hoy debatimos apuesta por la autonomía de los
municipios como un factor fundamental para el desarrollo de nuestra
región. En este sentido, podíamos calificar al estatuto como
municipalista. Con ello, hemos querido superar la contradicción que
supone criticar el centralismo y después practicarlo dentro de la propia
comunidad autónoma.


Esta reforma incorpora decididamente el concepto de cooperación y
colaboración de las comunidades autónomas entre sí y con el Gobierno
central como forma de cohesionar España. Porque estamos convencidos de
que el objetivo de cohesionar nuestro país no es solo una responsabilidad
del Gobierno central, también lo es de las comunidades autónomas. Por lo
tanto, colaboración y cooperación entre las propias comunidades
autónomas, así como entre estas y el Gobierno central. ¿Para qué? Para
conseguir un mejor funcionamiento del Estado autonómico.


En no pocas ocasiones hemos observado cómo a dirigentes autonómicos
de cualquier color político se les llena la boca de la palabra España
para, a continuación, practicar aquello de lo mío es mío y lo tuyo de los
dos. También, en no pocas ocasiones, hemos de reconocer que más que un
problema de competencias, el verdadero problema es la ausencia de lealtad
constitucional, es decir, invocar la Constitución cuando nos conviene e
ignorarla cuando nos interesa.


Por lo que se refiere a los aspectos financieros, la reforma del
estatuto pretende tres objetivos: suficiencia de medios, mecanismos de
cohesión y participación en las decisiones estatales.


En resumen, consideramos que esta reforma es un ejemplo de cómo
puede ser compatible el autogobierno regional y el reforzamiento de las
capacidades de la Administración General del Estado; un ejemplo de cómo
se puede fortalecer una comunidad autónoma, en este caso Extremadura, sin
pretender debilitar a España; un ejemplo de cómo si actuamos con lealtad
a la Constitución española la fortaleza de las partes no implica un
debilitamiento del conjunto.


En el debate de la comisión algún portavoz nos reprochaba de forma
educada y cordial la ausencia de referencias históricas en este texto, un
tic contra la historia se nos decía, y se extrañaba todavía más en
Extremadura, pues nuestro territorio ya figuraba en la Constitución de
Cádiz de 1812 y en la Constitución de la Primera República Española. Con
el mismo respeto y la misma cordialidad quiero expresar que nosotros no
negamos la importancia de la historia, lo que defendemos es que más o
menos historia no da más o menos derechos políticos. Nosotros no creemos
que los fundamentalismos identitarios se basen en elementos religiosos,
en la historia muchas veces reinventada, en la lengua o en lo que sea y
sean la base para organizar la sociedad.









Página
5873




En este terreno, y por desgracia en muchos otros, soy de los que
creen que hoy en España son más necesarios que nunca los viejos y nobles
principios de la Ilustración. El ciudadano es el sujeto de los derechos
políticos frente a identidades comunitarias o idealizaciones del concepto
pueblo o del concepto territorio. La razón frente al fanatismo y no
solamente frente al fanatismo religioso, sino frente a los mitos y a la
falsificación histórica. La ética pública como común denominador de todos
los ciudadanos, más allá de sus creencias religiosas, de su lengua, de su
raza o de su sexualidad. Asumir que no hay leyes ni naturales ni divinas
por encima de las leyes democráticas y que el pecado puede conducir al
pecador al infierno, pero no debe conducirlo a la cárcel.


Señor presidente, en los últimos tiempos —y acabo— han
surgido poderosas voces poniendo en cuestión el Estado autonómico. No
plantean un debate sobre los defectos del sistema, sobre las disfunciones
o sobre los errores de las autonomías, no; cuestionan el modelo en su
conjunto. Escuchando estas voces entramos en el túnel del tiempo y
desembocamos en 1978, en los debates sobre la Constitución española, y
vemos con sorpresa, mejor dicho, vemos sin ninguna sorpresa, que son los
mismos que en 1978 estaban contra el Título VIII de la Constitución y por
eso no la votaron, y de la mano de quienes en 1978 solamente querían que
hubiese tres comunidades autónomas.


Pues bien, hay que decir alto y claro que los españoles debemos
sentirnos satisfechos de nuestro Estado autonómico. Debemos decir con
orgullo que lo hemos hecho bien. ¿Se han cometido errores? Sí. ¿Hay
disfunciones? Sí. ¿Podemos mejorar algunas cosas? Sí. Pero una cosa es
mejorarlo para superar errores y disfunciones y otra bien distinta son
quienes, como buitres, pretenden transformar en cadáver el Estado de las
Autonomías.


Acabo, señor presidente. No hemos redactado este estatuto para dar
lecciones ni para ser ejemplo de nadie; no hemos redactado este estatuto
con un ojo puesto en Extremadura y otro en los vecinos. Este es el
estatuto que hemos querido los extremeños y que si hoy lo aprueba esta
Cámara lo habrán querido los españoles en su conjunto a través de sus
representantes. Estoy totalmente convencido de que en igualdad de
condiciones políticas y económicas en los últimos veintiocho años
Extremadura sin autonomía no hubiese conseguido los niveles de bienestar
de los que hoy gozamos. Sin Estatuto de Autonomía los extremeños no
habríamos vivido la gran transformación de nuestra tierra. Si alguien
quiere conocer los beneficios del Estado de las Autonomías, que se dé una
vuelta por Extremadura.


Gracias por escuchar, presidente. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Monago.


El señor MONAGO TERRAZA: Muchas gracias, señor presidente.


Antes de nada, quisiera dar la bienvenida a este Pleno del Senado
al presidente del Gobierno extremeño, también al presidente del
Parlamento extremeño, a muchos alcaldes que nos acompañan, miembros de
las Cortes, extremeños y no extremeños que han tenido a bien venir a este
Senado con motivo de la puesta de largo y aprobación definitiva del
Estatuto de Autonomía de Extremadura, así como al presidente del Gobierno
de España, al que se lo agradezco en nombre de mi grupo
parlamentario.


Me van a permitir que les hable en extremeño, que es el lenguaje de
mi tierra. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.) Realmente me van a entender porque no hacen falta instrumentos
para que al final compartamos este idioma. (Rumores.) Está claro que me
están entendiendo perfectamente. (Risas.)


Para mí es un honor, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en
la Asamblea de Extremadura, defender la posición de nuestro partido en
relación con la reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura. Ya tuve
la oportunidad de hacerlo en el Congreso de los Diputados, también en la
Comisión General de las Comunidades Autónomas y hoy en este plenario.
Tengo que decir que, honradamente, a nuestro juicio es un triunfo de la
democracia, porque la tinta con la que está escrito el Estatuto de
Autonomía de Extremadura es el esfuerzo de la sociedad extremeña a través
de sus representantes, de la sociedad civil y del arco parlamentario que
representa a los ciudadanos en la Asamblea de Extremadura.


Es, por lo tanto, histórico este consenso. Un consenso que no se
logró en el año 1983 pero que ahora ha sido posible porque todos hemos
hecho todo lo posible para que así fuera. Este no es el mérito de unos o
de otros; esto no es, como se ha dicho en alguna ocasión, que podríamos
haber hecho otro estatuto pero nos hemos puesto de acuerdo. Esta era una
necesidad porque se requería una mayoría cualificada para traer el
estatuto a la Cámara Baja y hoy a la Cámara Alta. Por lo tanto, este
estatuto, en extremeño, para que todos me entiendan, tiene padre y tiene
madre. O también para que me entiendan, es un hijo









Página
5874




deseado, es un hijo buscado, no es un hijo fruto del descuido ni
fruto, al final, de ninguna carambola. (Risas.) Sí, a ustedes les hace
gracia porque no están acostumbrados a escuchar el extremeño, pero mis
paisanos hoy me están entendiendo perfectamente. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)


No hubo referéndum para avalar este estatuto porque no había
previsión ni obligación de que así fuera. Es verdad que en el futuro en
la reforma de este estatuto ya se contempla que haya un referéndum para
su modificación. Es un estatuto para nuestra comunidad, hecho a su medida
pero también hecho a la medida de España, basado en unos pilares
esenciales como son la eficacia, el pragmatismo, la austeridad y la
vocación que tienen que tener todas las instituciones públicas de
servicio al ciudadano.


Este es un estatuto que huyó del corta y pega de otros estatutos y
que tiene sabor propio, que huele a encinar y a dehesa, que huele a
necesidades presentes y futuras de nuestra comunidad autónoma.


Otras reformas hablaron de déficit y de carencias imputables al
centralismo excitando sentimientos de abierta hostilidad, y no es hora,
un día como hoy, de buscar culpables, aunque hayamos tenido y sigamos
teniendo déficit de atención, de financiación, de inversiones e incluso,
en ocasiones, de falta de respeto.


Muchos extremeños, cientos de miles de extremeños, cogieron el
morral y se tuvieron que ir de nuestra tierra a buscar oportunidades en
otras tierras. Lo hicieron en el resto de España y lo hicieron en muchos
países de la Unión Europea, por lo que perdimos lo mejor en nuestra
historia, es decir, nuestra gente. Fueron 750 000 extremeños que tuvieron
que dejar una tierra de trabajadores, una tierra de oportunidades,
sencillamente porque no encontraron un hueco para poder desarrollar su
familia. Este es un gran déficit que se produce en nuestra comunidad
autónoma, la despoblación, y a la vez supone un gran reto que tenemos por
delante. Nos apena, por lo tanto, lo que pudimos ser y no fuimos por la
falta de medios y, en ocasiones también, por exceso de olvido.


Pero el pasado, pasado es, y con este estatuto lo que hacemos es
alzar la vista hacia el futuro para buscar vías a fin de que nuestros
emigrantes retornen a nuestra tierra, así como vías tendentes a conseguir
que haya un trabajo digno para todos. Tratamos también de profundizar en
valores y en principios como la igualdad y la libertad, al tiempo que
manifestamos nuestro profundo orgullo de sentirnos y de ser extremeños.
Este estatuto refuerza y mejora una organización institucional que
ayudará a Extremadura a avanzar en su desarrollo político, económico y
social desde la lealtad institucional, la cooperación y la solidaridad.
Ha de servir como argamasa para reforzar la Constitución española y hacer
a la vez más democracia y más sociedad.


Por lo tanto, es una reforma que no debilita al Estado, lo
refuerza, y no solamente al Estado sino al resto de las comunidades
autónomas. Con esta reforma nunca se ha buscado la polémica, ni en forma
ni en contenidos. Es un texto corto y sin pretensiones de ser una
constitución. No hemos previsto derechos y deberes que están en el haz de
los derechos y deberes recogidos ya en la propia Constitución para todos
los españoles. Lo que hemos previsto en este estatuto han sido principios
rectores de los poderes públicos extremeños. Además, lo que pretendemos
con este estatuto es instar a los poderes públicos, entre otras cosas, a
impulsar ese déficit que tenemos de despoblación, es decir, a incrementar
nuestra población para poder conseguir el futuro que todos soñamos, algo
fundamental en una tierra que en población ha crecido siete veces menos
que la media nacional durante el año 2010. Las personas son los cimientos
sobre los que sustentar un proyecto de futuro ilusionante para todos los
extremeños sin excepción.


Pero, además, hace una apuesta por el municipalismo creando un
fondo incondicionado, profundizando en esa necesidad de los municipios de
tener una adecuada financiación y declarando también nuestra voluntad de
que una competencia sea ejercida realmente por una sola administración.
Con este estatuto nosotros también queremos reforzar el papel de la
Asamblea de Extremadura como centro del debate político de aquellos
representantes del pueblo extremeño. Y pretendemos dignificar la vida
pública mejorando la fiscalización del gasto, para que nuestros
ciudadanos sepan en qué se gastan los cuartos las personas que les
representan en las distintas instituciones de nuestra comunidad autónoma.
Y profundizamos en la relación de nuestra comunidad autónoma con las
instituciones del Estado y con el resto de las comunidades autónomas con
técnicas como los convenios o los acuerdos.


En este estatuto también miramos al exterior, y lo hacemos por
razones geográficas y por vínculos culturales. En primer lugar, miramos a
Portugal, nuestra querida vecina, pero también a Iberoamérica, con la que
nos unen lazos desde hace ya muchos siglos, y a Europa, porque como
extremeños nos sentimos españoles y ciudadanos de pleno derecho de la
Unión Europea.









Página
5875




Y vamos a ser exigentes con este estatuto en materia financiera
porque reconoce una deuda nacional. Reconoce una deuda que tiene un
carácter histórico. Reconoce la necesidad de cicatrizar definitivamente
ese déficit que se ha producido con nuestra comunidad autónoma, porque
dimos a nuestra gente al resto de España y porque necesitamos, como dice
la propia Constitución, y exigimos el derecho a converger con la media de
las comunidades autónomas.


Pero no todo ha sido un camino de rosas, hay que reconocerlo.
Tuvimos algunas discrepancias con motivo de la referencia al agua, pero
se solventaron garantizando las necesidades presentes y futuras del agua
de Extremadura, que es lo que dice precisamente la legislación
administrativa en materia hidráulica; ese principio de prioridad de
cuenca que establece el Derecho español. Y tuvimos también algunas
discrepancias, pero buscamos siempre el punto de encuentro en interés de
los extremeños a la hora de redactar esa disposición que habla de
inversiones adicionales por parte del Estado equivalentes al 1% del
producto interior bruto de nuestra comunidad autónoma. Llegamos al punto
de encuentro en el agua, llegamos al punto de encuentro en ese déficit
que señalábamos con inversiones adicionales, y por tanto, creo que al
final el esfuerzo ha merecido la pena.


Ha sido, pues —y ya termino—, una legislatura dedicada
con mucho esfuerzo, con mucho sigilo, con mucho silencio, con mucha
dedicación a arrimar el hombro a favor de un acuerdo, que es este
estatuto que hoy traemos al Senado, en silencio para, al final, conseguir
que los extremeños se sientan orgullosos de este consenso que
lamentablemente no fue posible en 1983.


Y sin embargo este estatuto lleva diecisiete meses de tramitación
en las Cortes. Demasiado tiempo a nuestro juicio. Si se hubiera tardado
un poquito menos hubiéramos entrado en las previsiones estatutarias de
los Presupuestos Generales del Estado previstos para el 2011, señor
presidente, pero vamos a tener que esperar un año como consecuencia de la
tramitación tan lenta que ha experimentado nuestro estatuto en las Cortes
Generales.


Pero hoy no es el final del camino. Este Estatuto de Autonomía de
Extremadura no es el final de ningún camino, es una parada para tomar
impulso como comunidad autónoma. Sirva, por tanto, de estímulo a los
extremeños y a sus dirigentes para que consigamos esas cotas de progreso
que nos demandan nuestros paisanos y vecinos.


Agradezco honradamente a su señoría la atención prestada, y también
agradezco a los grupos parlamentarios representados en el Senado que este
Estatuto vea la luz con un apoyo mayoritario de la Cámara Alta, lo cual
es también un motivo de orgullo para mi grupo parlamentario.


Muchas gracias, señorías. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador
Belda.


El señor BELDA QUINTANA: Buenas tardes, señorías. Buenas tardes,
señor presidente del Gobierno, señor líder de la oposición.


En primer lugar, todos los componentes del Grupo Mixto del Senado,
y en particular los senadores de Coalición Canaria, queremos dar nuestra
bienvenida a esta Cámara a todos los representantes institucionales de la
Comunidad Autónoma de Extremadura encabezados por su presidente. Queremos
sumarnos también, en nombre de todos los senadores y formaciones
políticas que componen el Grupo Mixto en el Senado, a ese consenso
alcanzado entre los dos grandes partidos que posibilita la aprobación de
esta reforma, que en realidad es un nuevo Estatuto de Autonomía de
Extremadura.


Nos alegramos, por tanto, de que a partir de hoy Extremadura cuente
con un Estatuto de los llamados de nueva generación, mucho más exhaustivo
que el anterior, con una regulación más detallada de sus competencias que
entendemos implicará necesariamente menos contenciosos, menos conflictos
entre la Comunidad Autónoma de Extremadura y el Estado, a la vez que
contempla y plasma soluciones más avanzadas que el estatuto anterior para
la búsqueda de la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos
extremeños, y detalla mucho mejor las peculiaridades de Extremadura y el
funcionamiento de sus instituciones para posibilitar un desarrollo
institucional, económico y social con una amplia capacidad de
autogobierno.


Esperemos que esta tendencia continúe y que consigamos entre todos
el consenso necesario para terminar de modificar los estatutos de
autonomía cuya reforma aún está pendiente.









Página
5876




Señor presidente, hoy es un gran día en la historia de Extremadura,
que desde el Grupo Mixto del Senado compartimos plenamente.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, tiene la
palabra el senador Pérez Bouza.


El señor PÉREZ BOUZA: Gracias, señor presidente. Boa tarde a todos
e a todas. Boa tarde, señor presidente do Goberno, autoridades do
Parlamento de Extremadura e del Goberno de Extremadura.


Todo lo que tenía que decir con respecto al Estatuto de Extremadura
ya lo he dicho en la Comisión de Comunidades Autónomas y, por lo tanto,
hoy no repetiré los mismos argumentos. Tampoco voy a abrir ninguna
polémica con ningún portavoz que me haya precedido en el uso de la
palabra, aunque de buena gana le diría que si piensa que con esa gracia
sobre el extremeño va usted a ridiculizar o a menospreciar idiomas como
el gallego, el catalán o el euskera, se equivoca de plano (Protestas en
los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.— Varios
señores senadores del Grupo Parlamentario Popular en el Senado: ¡No, no!)
Usted y los que le ríen las gracias se equivocan de plano. (Protestas en
los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.—
Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.


El señor PÉREZ BOUZA: En Extremadura tienen ustedes lengua
propia… (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado.)


El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio.


El señor PÉREZ BOUZA: … pero no es el extremeño ni es el
habla, como dice usted, es a fala y el portugués de Olivenza, esas son
lenguas propias de Extremadura o, cuando menos, de una parte de
Extremadura.


En todo caso, hoy lo que me toca es felicitar a todos los
extremeños y extremeñas por la aprobación de esta norma que regirá el
futuro de los ciudadanos de Extremadura los próximos años, y que estoy
seguro de que contribuirá a mejorar su calidad de vida y su
bienestar.


Por lo tanto, ya me callo, porque hoy no es el día de Galicia
(Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.),
no es el día de Euskadi, no es el día de ninguna otra comunidad autónoma,
es el día de Extremadura, y por eso, en nombre del PNV y del BNG, le
quiero dar la enhorabuena. (Aplausos.—Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por Convergència i Unió, tiene la palabra el senador
Vilajoana.


Silencio, por favor.


El señor VILAJOANA I ROVIRA: Señor presidente, señor presidente del
Gobierno, señor líder de la oposición, senadoras, senadores, presidente
de la Comunidad extremeña, presidente del Parlamento extremeño,
autoridades extremeñas, bienvenidos a esta Casa.


El jueves —y hoy me repetiré—, en la Comisión General
de Comunidades Autónomas, en catalán, les dije lo que les voy a decir
ahora en castellano. Felicidades. Ustedes han decidido reformar su
estatuto, lo han hecho con una mayoría prácticamente total, amplísima en
su Parlamento, y creo que esto es positivo en un sentido: ustedes creen
que más autogobierno, que más competencias, que una reforma de estatuto
que lo hace mejor es mejor para Extremadura y es mejor para sus
ciudadanos, y lo compartimos absolutamente. Les felicitamos, les felicité
en nombre del Grupo de Convergència i Unió el jueves, y lo hago hoy otra
vez.


Pero como entre el jueves y hoy han pasado algunas cosas, me
gustaría alargarme un poco más en mi intervención. El presidente de
Extremadura dijo el jueves en una magnífica intervención —y repito
exactamente lo que está en el Diario de Sesiones, que me parece muy
significativo—, usted decía, presidente, que si alguien quiere
saber para qué ha servido la España de las autonomías tiene una magnífica
oportunidad de comprobarlo viniendo a Extremadura. Si nos preguntáramos
si sin autonomías Extremadura podría ser la región que posee el mejor
programa de cuidados paliativos de España, la respuesta sería no. Si nos
preguntáramos si sin autonomía Extremadura podría estar actualmente por









Página
5877




encima de la media española en cuanto a promoción de la educación
secundaria obligatoria, la respuesta sería no —todo esto lo decía
usted, señor presidente de Extremadura—. Si nos preguntáramos si
sin autonomía Extremadura podría haber frenado la sangría de la
inmigración y haber crecido en población, la respuesta también sería no.
Y, por último, si nos preguntáramos si sin autonomía Extremadura podría
haber crecido en los últimos diez años por encima de la media española en
términos de producto interior bruto, la respuesta sería no.


Señor presidente, he utilizado sus palabras en un día en que el
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por
supuesto con absoluto respeto, como hemos tenido cono todos los estatutos
que se han planteado en esta Cámara y en el Congreso de los Diputados, va
a votar favorablemente y les va a felicitar.


Antes escuchaba al portavoz del Grupo Parlamentario Popular decir
que esto no es el final del camino, que quieren llegar más lejos. Creo
que esto es muy positivo. Nosotros también lo compartimos. Cataluña
quiere tener una autonomía, quiere el máximo nivel de autogobierno
posible. Nuestro estatuto fue aprobado, pero fue discutido en el Tribunal
Constitucional y fue cuestionado, y entendemos que este no es el final
del camino y queremos conseguir al máximo nivel de autogobierno, como
ustedes en Extremadura. En estos momentos parece que el debate está en
que todos los problemas que tenemos se centran en el Estado autonómico.


Creo que es muy positivo que el presidente de Extremadura nos diga
lo que nos dijo el jueves —hoy no lo puede decir, porque usted no
interviene, pero lo he querido reproducir en esta sesión—. Reitero
mi felicitación por ese esfuerzo que han hecho. Tienen el nivel de
autogobierno que ustedes quieren tener. Nos han dicho que quieren ir más
lejos. Estaremos a su lado y seguiremos aprobando estas situaciones.


Me gustaría también destacar algunos elementos que me parecen muy
significativos y positivos. Ustedes plantean una línea —también el
presidente lo comentó el jueves— de voluntad de cooperación con
otras autonomías y también con otros países, y plantean una especial
relación con Portugal, su vecino.


Además, en el artículo 71 plantean otra cosa que me parece muy
novedosa, apoyados por el Grupo Socialista y el Grupo Popular. Dicen que
les gustaría que en la política exterior y en las relaciones bilaterales
con Portugal, el Gobierno de Extremadura esté presente. Me parece
magnífico. No estamos seguros de que si esto lo hubiésemos puesto en el
Estatuto de Cataluña hubiese sido aceptado de la misma forma, y lo digo
con tristeza, reconociendo, además, el esfuerzo que han hecho.


Ustedes hacen otra aportación que me parece muy interesante y que
vamos a analizar con afecto, porque creo que es una buena propuesta.
Plantean que en los próximos siete años haya una inversión extraordinaria
del 1% del PIB español en infraestructuras. Es una gran novedad y es la
primera vez que las Cortes —el Congreso de los Diputados y el
Senado— van a aprobar que el PIB del Estado es regionalizable.
Repito, es interesante, es un tema que analizamos y que nos parece muy
positivo.


Por todo esto, reitero mi felicitación. Nuestro voto va a ser
favorable, y estoy seguro de que van a avanzar con este estatuto.


Hemos de tener claro que el Estado de las autonomías lo ha decidido
la Constitución, que la Constitución es clara, y no entendemos cómo en
estos momentos hay gente que está cuestionando este sistema que nos hemos
dado, que es constitucional y que está demostrando —como ha
explicado claramente en su caso— que ha sido positivo para
Extremadura, que ha sido positivo para sus ciudadanos y ciudadanas y que,
además, lo han escogido ustedes y lo han votado en su Parlamento.


Por tanto, tienen todo nuestro apoyo.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la
palabra el senador Bonet.


El señor BONET I REVÉS: (El señor Bonet i Revés comienza su
intervención en catalán.)


Señor presidente, señor jefe de la oposición, señor presidente del
Senado, aprobamos hoy este nuevo estatuto de autonomía, momento en que
arrecia una campaña centralista que pone en cuestión la viabilidad
política y económica de la España de las autonomías.


El presidente de Extremadura, señor Fernández Vara —como
puede comprobar, su intervención será hoy muy comentada— decía el
otro día en la Comisión General de las Comunidades Autónomas que
Extremadura es uno de los éxitos de la España de las autonomías.
Relacionó una serie de logros sociales, culturales y económicos que
Extremadura, la Extremadura históricamente ejemplo de depauperación y









Página
5878




pobreza, la del viaje de Alfonso XIII en 1922 a Las Hurdes, ha
conseguido hoy superar estos atavismos y se encuentra en unos estándares
sociales y económicos muy significativos. Y esto ha sido gracias a la
autonomía.


Efectivamente, no cabe duda de que treinta años de autonomía han
hecho más por Extremadura que siglos de centralismo. Cuando alguien se
pregunta si las autonomías son muy caras, cabría preguntarse si a lo
largo de la historia no ha sido mucho más caro el centralismo. Espero que
los extremeños tengan esto muy claro y rechacen entrar en este estado de
excitación centralista que, aprovechándose de la crisis, pretende
replantear el sistema autonómico.


Tiene guasa que los promotores de esta campaña neocentralista y que
blanden la Constitución, como los fariseos lo hacían con las tablas de la
Ley, son personas y corrientes de opinión que rechazaron el Título VIII
de la Constitución, que se opusieron a que el artículo 2 reconociera que
España está integrada por nacionalidades y regiones y que trataron de que
el gallego, el valenciano, el catalán y el euskera no fueran consideradas
lenguas tan españolas como el castellano.


Hoy tenemos un ejemplo de este espíritu nacional. Muchos medios de
comunicación, tertulianos y políticos cargan contra el hecho de que en el
Senado español se usen todas las lenguas españolas. Esto, que debería ser
motivo de orgullo, dicen que es un despilfarro. Pero, si en España hay
alguien que considera un despilfarro destinar 300 000 euros a que el
Senado exprese la pluralidad lingüística española, si alguien cree que
España no puede destinar tres diezmillonésimas partes de su producto
interior bruto para que uno de los organismos centrales del Estado
exprese la pluralidad lingüística congénita y constitucional española es
que no quiere la pluralidad, es que no ama la pluralidad, es que no ama a
España. (Aplausos.— Protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.)


Hoy es un gran día para Extremadura. (Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.


El señor BONET I REVÉS: Pero, señor presidente, permítame
—como decía el otro día en la Comisión General de las Comunidades
Autónomas— que reclame una parte de este éxito y esta
responsabilidad que hemos tenido los partidos, la Generalitat y la
sociedad catalana en su conjunto, yo diría que también históricamente,
sobre todo en este proceso. Este estatuto forma parte del proceso de
reformas que se desencadenó cuando a finales de 2003 se formó en Cataluña
un gobierno de las izquierdas catalanas y que luego, en marzo de 2004,
culminó con el acceso del PSOE al Gobierno de España. Sin este hecho yo
no sé si hoy hablaríamos de una reforma del Estatuto de Extremadura y de
otras reformas. Pero precisamente por este hecho, el proceso ha sido
contestado y atacado —singularmente el Estatuto de Cataluña—
como el buque insignia de las reformas.


No nos duele que el Estatuto de Cataluña haya sido emulado. Lo que
sí duele, y lo que efectivamente ha producido heridas en el cuerpo social
catalán, es el hecho de que preceptos idénticos, en el estatuto catalán
hayan sido motivo de rasgaduras de vestimentas y en otros son
complacientemente contemplados.


De todas formas, me alegro de la ambición del Estatuto de
Extremadura, de sus relaciones con Portugal, del asunto hidrológico, de
la deuda histórica, de la inversión, del Consejo de Justicia, que también
sale. Históricamente, los políticos y partidos catalanes no han sido
contrarios al acceso a la autonomía de otros territorios. Y esto se puede
observar en los Diarios de Sesiones del siglo pasado y del anterior. Sin
embargo, los políticos catalanes sí estamos en contra de la
uniformización por abajo para que el centralismo continúe mandando. Estoy
convencido de que esta ambición extremeña a la que me refería contribuirá
a que el Estado vaya aceptando de una vez la pluralidad política, porque
en algunos ámbitos, como el de la justicia o el de la gestión tributaria
—por no mencionar más—, parece que todavía no se han enterado
de la España de las autonomías.


Señorías, con toda probabilidad este será mi último discurso en
esta Cámara. Han sido once años en el Senado, muy intensos, en los que se
han tramitado los nuevos estatutos, el Senado ha tenido más presencia en
los medios de comunicación y se han dado pasos para ser considerado como
Casa de las lenguas. Son años en los que he estado en este Senado. Quiero
dar las gracias a todos los senadores de todos los grupos, sin excepción
—con los que puedo tener, o no, diferencias—, a los letrados,
a las taquígrafas y al taquígrafo, a los ujieres, al personal del
restaurante, del bar, al servicio médico y, en definitiva, a todas las
personas de esta Cámara que durante estos años han hecho que la considere
como mi casa.









Página
5879




Además, me despido con una materia tan idónea para esta Cámara como
es la aprobación del nuevo estatuto de Extremadura. Esto hace mi
despedida más llevadera porque siento hoy como propia la alegría del
pueblo extremeño.


Felicidades. (Fuertes y prolongados aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Pérez Sáenz. (Rumores.)


Silencio, señorías, silencio.


El señor PÉREZ SÁENZ: Señor presidente del Gobierno de España,
miembros del Gobierno, señor presidente de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, representantes de las instituciones extremeñas, señor líder
de la oposición, mi intervención será poco polémica. Voy a intentar ser
lo más institucional posible. Voy a exponer una teoría, voy a poner un
ejemplo y me voy a sentar. (Risas.)


Sé que este es un día de celebración y de fiesta, pero la teoría
viene a cuento por algo que se ha comentado y de lo que creo que es
necesario hablar porque hoy estamos defendiendo el Estatuto de Autonomía
de Extremadura, pero creo que defendiendo ese estatuto todos los grupos
estamos defendiendo el Estado autonómico. En este sentido, la defensa del
Grupo Parlamentario Socialista de esta teoría descansa precisamente en la
defensa del Estado autonómico. Es necesario hacerla sencillamente porque
no creo que me invente que existe —voy a decirlo así— una
fuerte corriente de opinión que considera que el Estado autonómico es un
Estado fallido, es una experiencia fallida.


La teoría que vengo a expresar en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista no solo pretende manifestar que el Estado autonómico es un
acierto, sino que el error radica en confundir que si existen excesos, si
existen cosas negativas no es por culpa del Estado autonómico o del
sistema, es culpa del ejercicio del Estado autonómico. De la misma
manera, les diré que el ejercicio de la actividad política es un
ejercicio digno, y cuando en lugar de argumentar sustituimos los
argumentos por descalificaciones del adversario, el problema no es de la
actividad política sino del mal ejercicio de esta. La democracia, además
de ser un sistema es un valor, y si nosotros no estamos a la altura de
ese valor, el problema —si lo hacemos mal— no será de la
democracia, será que no apoyamos la calidad democrática. Si en el sistema
autonómico se cometen despilfarros y excesos, no es culpa del Estado
autonómico, es culpa de quien ejecuta esos principios del Estado
autonómico. Esta es la teoría.


Pero ayer, por ejemplo, oí —y tenemos que saberlo— que
lo que vamos a votar hoy va precisamente en el camino contrario —y
hay que decirlo— de la corriente de opinión. Tenemos que saber lo
que vamos a votar, y, por lo tanto, todos los grupos políticos nos vamos
a manifestar a favor de Estado autonómico y de su desarrollo.


Lo que no se puede decir, como ayer se dijo, es que autonomía no
equivale a responsabilidad. Autonomía equivale a responsabilidad. ¿Cómo
se pudo decir ayer, por ejemplo, en esta Cámara —y no voy a señalar
a nadie— que la culpa de las deudas autonómicas, de las deudas de
las comunidades autónomas la tiene el Gobierno de España? ¡No, hombre! La
autonomía es responsabilidad de cada uno, y cada uno tendrá la
responsabilidad correspondiente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)


El ejemplo. El ejemplo es Extremadura. Lo han recogido buena parte
de los portavoces que han intervenido esta tarde, que han aludido a las
palabras del presidente, don Guillermo Fernández Vara, en la Comisión
General de las Comunidades Autónomas. Extremadura es el ejemplo. Muchas
veces cuando hemos salido fuera de España y nos han hablado de España, de
cosas que les gustan de España en el ámbito político, hay dos cosas que
hemos recibido, además agradablemente, con satisfacción, incluso, si me
pongo un poco pedante, con orgullo: la transición española y el Estado
autonómico. A partir de ahora, cuando tenga que poner ejemplos, pondré el
de Extremadura, presidente.


Hay muchos que consideran que el Estado autonómico y España, así
como el desarrollo del Estado autonómico en España, no tiene ningún
mérito, desde el punto de vista económico, sencillamente porque como le
ha ido bien en unos años de progreso a España, también les ha ido bien a
las comunidades autónomas. Pero no es así, o no es solo así. Hay países
muy parecidos a España donde las diferencias entre el norte y el sur
—no lo quiero señalar, pero ustedes saben perfectamente a cuáles me
puedo referir— se mantienen. En estos años de Estado autonómico han
existido diferencias, pero queríamos conseguir un principio y lo hemos
logrado —como el presidente de Extremadura manifestaba el otro
día—, vamos hacia una convergencia, y la España del norte y la
España del sur están más igualadas que nunca.









Página
5880




Termino. En el preámbulo del Estatuto de Autonomía de Extremadura
hay algo que me parece importante —y en algún momento se ha
debatido—, es la referencia a la historia o, sencillamente,
alejarse de ella. Extremadura se ha acercado, a mi modo de entender, a la
teoría del patriotismo constitucional; es decir, lo que quiere
Extremadura es afianzar su identidad, fundamentalmente en un hecho clave
en España de acuerdo y de consenso, la Constitución. Extremadura no dice
que no quiere saber nada de su historia, Extremadura sabe de su historia;
lo que dice es que para conformar su comunidad y un sentido
—diríamos— de unidad en el futuro, lo que necesita es el
acuerdo y el consenso, lo que necesita son los valores que recoge la
Constitución. ¿Y qué mejor historia que la que están haciendo ahora?
Porque el proyecto actual, con un consenso unánime de las fuerzas
políticas y apoyado en la Constitución es la decisión mejor de su
historia. Es la parte de toda su historia donde hay extremeños con más
libertad y más igualdad que nunca.


Muchas gracias, y felicidades, extremeños. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Socialista.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Monago.


El señor MONAGO TERRAZA: Muchas gracias, señor presidente, con la
venia.


Intervengo, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en la
Asamblea de Extremadura, el Grupo Parlamentario Popular-Extremadura
Unida, para hacer alguna precisión, con todo el cariño del mundo.


Para hablar del Estatuto de Autonomía de Extremadura, primero hay
que leerlo y entenderlo, y no espigar para al final hacer algún discurso
que ni tiene que ver con lo que se dice en el Estatuto, ni con el
espíritu de aquellos que lo hemos redactado, ni con aquello que quieren
los propios extremeños. Por lo tanto, yo recomendaría que no se espigaran
algunas cuestiones porque esa no es la filosofía del Estatuto de
Autonomía de Extremadura.


Dice el señor Pérez Bouza que se siente ofendido o molesto porque
yo le he podido ridiculizar. No, señor Pérez Bouza, en Extremadura se
habla en extremeño, que es el acento que yo tengo, y a usted le podrá
sonar mejor o peor, pero, desde luego, barato sí que es que yo hable en
extremeño a todos los senadores, a sus señorías, y a usted mismo.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.—Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.) Y eso en Extremadura y en extremeño se dice hablar en
extremeño. Y si le he ridiculizado, le pido disculpas.


Señor Vilajoana, ha hecho usted una referencia a los tres minutos
de intervención del presidente de la Junta de Extremadura en la Comisión
General de las Comunidad Autónomas defendiendo el Estatuto de Autonomía
de Extremadura, y ha espigado algunos datos para, en el fondo, creo yo,
sacar a relucir el sentimiento de agravio entre comunidades autónomas,
cosa que no contribuye a hacer España; para decir y repetir —y
convertirse en portavoz del presidente extremeño— que si
Extremadura está mejor que la media nacional en cuidados paliativos, que
si Extremadura está por encima de la media española en promoción de la
ESO, que si Extremadura está frenando la sangría de la despoblación, que
si Extremadura crece por encima de la media nacional en términos de
producto interior bruto. Se le ha olvidado decir que Extremadura tiene
120 000 parados. Se le ha olvidado decir que tiene una tasa de desempleo
del 23% (Denegaciones.) Sí, a usted que ha sido el portavoz del
presidente de la Junta, permítame que se lo diga. (Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.


El señor MONAGO TERRAZA: Se le ha olvidado decir que el 50% de los
jóvenes extremeños está en situación de desempleo, siendo la comunidad
líder en toda España (Fuertes rumores en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.—Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.), y que todavía nos queda mucho por
hacer, y que lo anterior puede ser verdad, en algún caso con matices,
pero queda mucho todavía por hacer y por converger. El problema es que
los extremeños queremos converger, y difícilmente podemos converger con
las actitudes de algunos grupos que participan en la política española.
Porque aquí alguien ha dicho hoy, y me parece especialmente grave, señor
Bonet, que no está de acuerdo con que haya que igualarse a los que van
por debajo en el ranking del desarrollo. Es decir, usted quiere ir en
alta velocidad cuando los demás no tenemos ni trenes de mercancías. Usted
quiere ir rápido, rápido, y desprecia sencillamente a pueblos como el
extremeño, que le prestaron un cuarto de millón de extremeños para el
desarrollo de Cataluña y que no han tenido oportunidades.









Página
5881




(Denegaciones.—Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.—Rumores en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.)


El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.


El señor MONAGO TERRAZA: Y esa es la realidad; esa es la realidad.
Y eso no es lo que dice —no se molesten señorías—...
(Rumores.—Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado.)


El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.


El señor MONAGO TERRAZA: …, eso no es lo que dice la
Constitución española, cuyo espíritu era que se desarrollaran las
comunidades autónomas para alcanzar todas, al final, una media de
bienestar que igualara el desarrollo de todos los ciudadanos con
independencia del territorio donde vivieran. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) Eso es lo que dice el espíritu
de la letra de la Constitución. Por lo tanto, no me tacharán de nada
cuando lo que estoy diciendo es lo que viene en nuestra Carta Magna.


Y nosotros cuando miramos... (Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.


El señor MONAGO TERRAZA: Y nosotros cuando miramos a Portugal es
porque somos vecinos de Portugal, porque hay lazos económicos con
Portugal, porque hay lazos culturales con Portugal, porque hay lazos
sociales muy estrechos con Portugal, pero no queremos ser ni portugueses,
sino seguir siendo extremeños y españoles. Y esa es la diferencia de
algunos en su discurso cuando hablan de las relaciones bilaterales con
otros países.


Nos sentimos profundamente a gusto en este Estado de las Autonomías
siendo extremeños y siendo españoles. Por eso le decía antes que el
estatuto de autonomía no es un final de camino, es una parada para coger
aire, para revitalizar el texto del 83 desde el consenso, hablando de
principios comunes, buscando el punto de encuentros, buscando el arrimar
el hombro todos los extremeños para, al final, alcanzar las cotas de
bienestar, que estoy convencido de que ustedes, señores del Grupo
Parlamentario Socialista, y también ustedes, señores de los grupos
parlamentarios de Senadores Nacionalistas y Popular, quieren para el
pueblo extremeño. Eso es lo que nos une y eso es lo que nos ha motivado
hacer el presente texto. Por eso pedimos el 1% del PIB regional en
inversiones adicionales para converger, porque haciendo más Extremadura,
no les quepa ninguna duda, hacemos también más España. Ese valor añadido
del desarrollo de nuestra comunidad se lo queremos ofrecer en forma de
crecimiento, en forma de desarrollo, en forma de prosperidad al pueblo
español, como estamos haciendo en algunas cuestiones, por ejemplo, en la
producción energética con dos reactores nucleares, con multitud de
pantanos, con energías renovables, producción eléctrica que va dentro de
lo que es el mercado nacional de la energía y que se aporta desde una
comunidad autónoma que está al suroeste de la península ibérica y que se
llama Extremadura.


Y alguien ha dicho aquí, ha puesto la etiqueta de quién quiere la
pluralidad y quién quiere a España. Señor Bonet, usted no puede decir
aquí que nosotros no amamos la pluralidad y no amamos a España. Nosotros
como extremeños estamos cómodos... (Protestas.)


El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías. Silencio.


El señor MONAGO TERRAZA: Nosotros como extremeños estamos cómodos
en España y amamos la pluralidad y amamos profundamente a España. Siempre
nuestra historia ha sido así y siempre va a seguir siendo así porque ese
es el carácter, ese es el sentimiento que tiene el pueblo extremeño, y
esa es una grandeza en los tiempos que corren para algunos que
probablemente no les guste escuchar estas cosas.


Voy terminando.


Señor Pérez Sáenz —yo le agradezco también el tono, como no
podía ser de otra manera—, ha hecho usted una teoría y ha dicho en
un momento determinado: los extremeños no quieren saber de su historia.
Los extremeños sí queremos saber de nuestra historia, estamos muy
orgullosos de nuestra historia, estamos profundamente orgullosos de
nuestra historia... (Protestas.)









Página
5882




El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías. (Protestas.)


Silencio, señorías. Está todo en el Diario de Sesiones. (Rumores.)


Señorías, silencio. (Rumores.)


Señorías, silencio. (Rumores.)


Silencio, señorías.


El señor MONAGO TERRAZA: …y de eso que salió por consenso del
Parlamento extremeño. (Protestas.)


El señor PRESIDENTE: Silencio.


El señor MONAGO TERRAZA: Los extremeños estamos orgullosos de
nuestra historia. En muchas ocasiones determinados momentos históricos
han lastrado nuestro desarrollo, eso nadie lo duda, pero estamos muy
orgullosos de nuestra historia.


Y usted tiene una teoría un poco alambicada ¿no? que ha sido
difícil de descifrar. Ha dicho que es un acierto el Estado autonómico,
estoy totalmente de acuerdo, y habla —sin señalar a nadie— de
quienes están a favor del centralismo, de quienes atacan el Estado de las
Autonomías, pero no da nombres. Sí, sí, es como la voz de un gran
hermano, pero no señala de dónde viene. Yo le voy a explicar la posición
del Grupo Parlamentario Popular. (Protestas.)


El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.


El señor MONAGO TERRAZA: Claro que ha sido un acierto el Estado
autonómico, pero eso no quiere decir que no sea algo revisable. Si
tenemos que revisar determinadas cuestiones que tienen que ver con la
austeridad, habrá que revisar también las cuestiones que tienen que ver
con el gasto público, con el déficit público, con la duplicidad, con la
eficacia, con la prestación de servicios a los ciudadanos, con la
cercanía de los mismos, etcétera. Es decir, esto no es algo inamovible.
Esa es mi teoría, y usted estará de acuerdo con mi teoría estando yo de
acuerdo con su teoría. Por lo tanto, si alguien está en contra, señálelo,
pero no hable sin señalar quién está en contra del Estado
autonómico.


¿Cómo va a estar el Grupo Parlamentario Popular en contra del
Estado autonómico si tiene sentados en esta Cámara a presidentes de
comunidades autónomas y a otros que lo serán pronto en el futuro?
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
¿Cómo no va a estar de acuerdo con el Estado autonómico? (Protestas.)


El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.


El señor MORAGO TERRAZA: Este estatuto posee una virtud y es que
con él puede gobernar hasta el 22 de mayo el presidente Vara y, a partir
del 22 de mayo, podré gobernar yo también sin ningún problema.
(Risas.—Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado.—Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.


Tiene la palabra el presidente del Gobierno. (Rumores.)


Silencio, señorías.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Gracias,
señor presidente.


Señor presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura, señor
presidente del Parlamento de Extremadura, delegación extremeña, señorías,
durante estos últimos años he intervenido en diversas ocasiones ante esta
Cámara como presidente del Gobierno para mostrar mi apoyo a las diversas
reformas estatutarias aprobadas. Ello me ha dado la oportunidad de
ponderar reiteradamente el valor de nuestro modelo territorial de Estado:
el modelo autonómico que consagra la Constitución y que ella misma
permite actualizar. Un modelo indisolublemente ligado a la prosperidad
que ha alcanzado en nuestro país en la etapa democrática, a pesar de los
periodos de crisis económica como el que ahora aún vivimos; un modelo que
acerca la Administración a los ciudadanos y que, por ello, se ha revelado
como el más idóneo para gestionar y desarrollar de un modo equilibrado y
solidario las prestaciones propias del Estado social; un modelo también
—y ello no es menos importante que lo anterior— que hace
posible el reconocimiento de nuestra pluralidad territorial, la expresión
de las diversas identidades que integran nuestro marco común de
convivencia y que se fundamentan en la Constitución, pluralidad que no
nace de la Constitución, sino que la Constitución reconoce y ampara.









Página
5883




Asisto hoy con total naturalidad a una sesión de la Cámara en la
que esa pluralidad tiene una nueva manifestación entre nosotros: las
lenguas en que muchas de sus señorías se expresan a diario, como tantos
ciudadanos, encuentran hoy un nuevo espacio en la Cámara que está llamada
por definición a reflejar la pluralidad territorial, lenguas que, como
reconoce y establece la Constitución, son todas ellas lenguas españolas.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)


Señorías, hoy subo a esta tribuna para constatar una vez más el
vigor de nuestro Estado autonómico con motivo de la aprobación de la
reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura, y me sumo al respaldo
que por unanimidad le van a dar sus señorías.


Esta es la octava reforma estatutaria que va a ver la luz en el
último período de renovación jurídica del modelo autonómico y, como ha
ocurrido con cada una de ellas, estamos ante la reafirmación del
compromiso de los ciudadanos —hoy de los extremeños— con sus
propias instituciones, con las competencias y recursos financieros de las
mismas, con los servicios públicos de los que son responsables y con su
capacidad de actuar en cooperación con las demás administraciones y de
participar por los cauces previstos en las decisiones estatales y
europeas. Un compromiso con Extremadura, con su autonomía, que adquiere
pleno sentido a la vista de los avances que el ejercicio del autogobierno
le ha brindado ya y de las posibilidades de futuro que, sin ninguna duda,
abre a esta tierra. Porque gracias a la experiencia de estas últimas
décadas, y como dice el propio preámbulo de la reforma, Extremadura ha
conseguido ser cercana y reconocible, capaz de defender su presente y de
luchar por un porvenir que le pertenece.


Que hoy el sistema educativo extremeño sea capaz de ofrecer a sus
ciudadanos un nivel de calidad comparable al de cualquier otra comunidad
es una muestra del éxito del modelo autonómico. Que hoy la sanidad en
Extremadura ofrezca una atención plena y de gran calidad a todos los
extremeños es también un éxito del modelo autonómico. Que hoy en
Extremadura existan empresas de innovación o que la comunidad sea líder
en desarrollo de energías renovables o en el avance de sistemas
informáticos de código abierto, son también consecuencias de la opción
por un modelo que ha creído en el desarrollo de Extremadura y en la
capacidad de sus ciudadanos de construir su vida en la propia comunidad,
dando la vuelta a una historia de emigración. Y este modelo, señorías,
sigue siendo eficaz hoy y lo será en el futuro, porque del presente y del
futuro habla la reforma estatutaria que hoy aprobamos, cuando fija a las
instituciones de la comunidad la responsabilidad democrática de actuar
para la recuperación del empleo, para la preservación de la calidad
medioambiental y la diversidad de la región, para el ahorro y la
eficiencia energética, para la difusión de la cultura o la protección
pública frente a la dependencia, objetivos todos ellos a los que se
anudan las nuevas competencias y que identifican los principales desafíos
a los que se enfrenta cualquier sociedad desarrollada del siglo XXI.


Señorías, el compromiso con la España de las Autonomías entraña por
sí mismo un compromiso de lealtad y de cooperación, un compromiso de
desarrollo conjunto, de concertación y de solidaridad. Y este compromiso
también se hace explícito en el estatuto que hoy aprueba el Senado: se
recoge en los principios de lealtad institucional, solidaridad,
cooperación y mutua ayuda que presiden el título dedicado a las
relaciones institucionales, o en la redacción del precepto
—artículo 65— que afirma que la Junta de Extremadura podrá
proponer, negociar y formalizar con otros Gobiernos autonómicos convenios
para la planificación, gestión y prestación de servicios.


Las comunidades autónomas saben que el momento actual demanda de
todas las administraciones, empezando por la Administración General del
Estado, a partir de las propias competencias y responsabilidades de cada
una de ellas, un esfuerzo conjunto y exigente de gestión de los asuntos
públicos con la mayor austeridad y eficiencia posibles. Es una exigencia
para todos: para el Estado, para las comunidades autónomas y para las
corporaciones locales. Precisamente desde la Comunidad de Extremadura se
han venido impulsando en los últimos tiempos iniciativas de actuación
común entre las comunidades autónomas y de estas con el Estado para
concluir acuerdos de simplificación y modernización y para hallar formas
más eficaces de cooperación horizontal y de participación. Este camino
que el estatuto que hoy aprobamos permite abiertamente transitar, tiene
un largo alcance potencial entre nosotros a recorrer mediante la
concertación y la cooperación.


En definitiva, señorías, el estatuto que hoy aprobamos muestra la
vitalidad del modelo autonómico y su capacidad para adaptarse a las
necesidades del futuro y para Extremadura, en particular, supone
confirmar el compromiso conjunto con el futuro de esta comunidad que
deriva sucesivamente de la elaboración y aprobación del proyecto de
reforma por la Asamblea de Extremadura y de su aprobación definitiva por
estas Cortes Generales en ambas instancias, con un apoyo abrumador del
que nos debemos









Página
5884




felicitar, apoyo unánime que, en algún momento del debate, parecía
un poco extraño que se produjera. Pero, bueno, es la fuerza de la
democracia y del Parlamento.


A todos los que han trabajado de un modo tan constructivo y eficaz
por el buen fin de esta reforma, mi agradecimiento y mi felicitación, muy
especialmente a los representantes de las instituciones de la comunidad,
señor presidente, que están hoy presentes en la Cámara y, sobre todo, mi
felicitación a los ciudadanos extremeños por lo que han sido capaces de
hacer en estos años en los que han disfrutado de autonomía y de
autogobierno.


Mi felicitación y mi compromiso de lealtad y de colaboración desde
el Gobierno de España, con la aplicación y desarrollo de su nuevo
estatuto de autonomía. Enhorabuena, pues, a Extremadura.


Y, señor Bonet, como he escuchado que es su última intervención
después de once años, quiero trasladarle, en nombre del Gobierno, que ha
sido un placer trabajar con su señoría y que es usted un demócrata y un
caballero.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Llamen a votación.


Cierren las puertas.


Señorías, vamos a proceder a la votación de la propuesta de reforma
del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
241; a favor, 240; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


En consecuencia, queda definitivamente aprobada por las Cortes
Generales la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la
Comunidad Autónoma de Extremadura. Enhorabuena. (Fuertes y prolongados
aplausos de los señores senadores, puestos en pie.)


Señorías, les recuerdo que tenemos que seguir votando.


— DE LA COMISIÓN CONSTITUCIONAL EN RELACIÓN CON LA
PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA
5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Votación.) (Número de expediente Senado
624/000012.) (Número de expediente C.D. 122/000254.)


El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones.
En primer lugar, de la proposición de ley orgánica por la que se modifica
la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General.


Votamos primero las enmiendas números 1 y 2, del senador Mur, del
Grupo Mixto.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
241; a favor, 3; en contra, 235; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos a continuación… (Rumores.)


Señorías, silencio.


Votamos a continuación las enmiendas de la 35 a la 37, de los
senadores Belda y Quintero, del Grupo Mixto.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
242; a favor, 11; en contra, 230; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 31, del Grupo de Senadores Nacionalistas.


Se inicia la votación. (Pausa.)









Página
5885




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
242; a favor, 6; en contra, 231; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas números 29, 30 y 32, del Grupo de Senadores
Nacionalistas.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
242; a favor, 7; en contra, 231; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 33 y 34, del Grupo de Senadores
Nacionalistas.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
242; a favor, 2; en contra, 235; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos a continuación las enmiendas números 3, 7 y 12, del Grupo
Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
242; a favor, 8; en contra, 233; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 13 y 14, del Grupo Parlamentario
Entesa Catalana de Progrés.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
241; a favor, 5; en contra, 236.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 4, 5, 8, 11, 15, 16, 17, 24, 25 y 28,
del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
242; a favor, 6; en contra, 233; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos el resto de la proposición de ley.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
242; a favor, 235; en contra, 5; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la
proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.


— DE LA COMISIÓN CONSTITUCIONAL EN RELACIÓN CON LA
PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA
5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Votación.) (Número de expediente Senado
624/000013.) (Número de expediente C.D. 122/000255.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos, señorías, a votar la proposición de
ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de
junio, del Régimen Electoral General.


En primer lugar, votamos las enmiendas del Grupo de Senadores
Nacionalistas, de la 2 a la 19.


Se inicia la votación. (Pausa.)









Página
5886




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
241; a favor, 7; en contra, 234.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
241; a favor, 7; en contra, 234.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos a continuación las enmiendas aprobadas en comisión y no
votadas anteriormente.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
242; a favor, 235; en contra, 7.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votamos ahora el resto de la proposición de ley.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
242; a favor, 235; en contra, 6; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Señorías, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución,
daremos traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de
los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas de forma previa
a la sanción del texto definitivo por S. M. el Rey.


CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.


— DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DEL
REINO DE MARRUECOS AL CONVENIO RELATIVO A LOS ASPECTOS CIVILES DE LA
SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES, HECHO EN LA HAYA EL 25 DE OCTUBRE
DE 1980. (Número de expediente Senado 610/000221.) (Número de expediente
C.D. 110/000221.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto séptimo del orden del día:
Conocimiento por el Pleno de tratados y convenios internacionales
remitidos por el Congreso de los Diputados.


Declaración de aceptación por España de la adhesión del Reino de
Marruecos al Convenio relativo a los aspectos civiles de la sustracción
internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980.


No hay propuestas.


¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)


¿Se puede entender que concedemos la autorización?
(Asentimiento.)


Autorizamos.


— PROTOCOLO FACULTATIVO SOBRE LA JURISDICCIÓN OBLIGATORIA
PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE LA CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE
RELACIONES DIPLOMÁTICAS, HECHO EN VIENA EL 18 DE ABRIL DE 1961. (Número
de expediente Senado 610/000222.) (Número de expediente C.D.
110/000222.)


El señor PRESIDENTE: Protocolo facultativo sobre la jurisdicción
obligatoria para la solución de controversias de la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas, hecho en Viena el 18 de abril de
1961.


Tampoco se han presentado propuestas.


¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)


¿Se puede entender que concedemos la autorización?
(Asentimiento.)


Autorizamos.









Página
5887




— PROTOCOLO FACULTATIVO SOBRE LA JURISDICCIÓN OBLIGATORIA
PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE LA CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE
RELACIONES CONSULARES, HECHO EN VIENA EL 24 DE ABRIL DE 1963. (Número de
expediente Senado 610/000223.) (Número de expediente C.D.
110/000223.)


El señor PRESIDENTE: Protocolo facultativo sobre la jurisdicción
obligatoria para la solución de controversias de la Convención de Viena
sobre relaciones consulares, hecho en Viena el 24 de abril de 1963.


Tampoco hay propuestas.


¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)


¿Se puede entender que concedemos la autorización?
(Asentimiento.)


Autorizamos.


— CONVENIO EUROPEO PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO (REVISADO), HECHO EN LA VALETTA EL 16 DE ENERO DE 1992.
(Número de expediente Senado 610/000224.) (Número de expediente C.D.
110/000226.)


El señor PRESIDENTE: Convenio Europeo para la protección del
patrimonio arqueológico (revisado), hecho en La Valetta el 16 de enero de
1992.


Tampoco hay propuestas.


¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)


¿Se puede entender que concedemos la autorización?
(Asentimiento.)


Autorizamos.


— DENUNCIA DEL CONVENIO EUROPEO PARA LA PROTECCIÓN DEL
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, HECHO EN LONDRES EL 6 DE MAYO DE 1969 Y
PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO NÚMERO 180, DE 5 DE JULIO DE
1975. (Número de expediente Senado 610/000225.) (Número de expediente
C.D. 110/000227.)


El señor PRESIDENTE: Denuncia del Convenio Europeo para la
protección del patrimonio arqueológico, hecho en Londres el 6 de mayo de
1969 y publicado en el Boletín Oficial del Estado número 180, de 5 de
julio de 1975.


Tampoco se han presentado propuestas.


¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)


¿Se puede entender que concedemos la autorización?
(Asentimiento.)


Autorizamos.


INFORMES APROBADOS POR LAS COMISIONES DEL SENADO


— INFORME DE LA PONENCIA DE ESTUDIO SOBRE LA PROTECCIÓN DEL
ECOSISTEMA DE LA DEHESA, CONSTITUIDA EN EL SENO DE LA COMISIÓN DE MEDIO
AMBIENTE, AGRICULTURA Y PESCA. (Número de expediente Senado
543/000009.)


El señor PRESIDENTE: Finalizados los convenios internacionales,
pasamos al punto octavo del orden del día: Informes aprobados por las
comisiones del Senado.


Informe de la Ponencia de estudio sobre la protección del
ecosistema de la dehesa, constituida en el seno de la Comisión de Medio
Ambiente, Agricultura y Pesca.


Para la presentación del informe, el senador Bella tiene la
palabra.


El señor BELLA GALÁN: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, como presidente de la Comisión de Medio Ambiente,
Agricultura y Pesca, me cabe el honor de haber sido designado para
presentar ante el Pleno el informe de la Ponencia de estudio sobre la
protección del ecosistema de la dehesa, constituida en el seno de dicha
comisión.


La constitución de la ponencia vino motivada por la presentación de
dos mociones, una del Grupo Parlamentario Socialista, de fecha 2 de
diciembre de 2008 y otra del Grupo Parlamentario Popular, de fecha 9 de
diciembre de 2008.









Página
5888




En su sesión celebrada el día 15 de abril de 2009, la Comisión de
Medio Ambiente, Agricultura y Pesca debatió conjuntamente ambas mociones
y aprobó por unanimidad una propuesta de modificación firmada por todos
los grupos parlamentarios de la comisión con el siguiente texto. La
Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca acuerda: Primero, crear
una ponencia en la que pueda participar el sector afectado por el
ecosistema de la dehesa con la finalidad de elaborar un informe ante las
instituciones europeas que contribuya a establecer medidas económicas y
medioambientales para la protección del ecosistema de la dehesa. Segundo,
impulsar, apoyar y coordinar junto con las comunidades autónomas
afectadas, mediante los recursos precisos, la investigación científica y
la divulgación de las medidas preventivas orientadas a frenar, proteger
y, en su caso, erradicar la enfermedad del decaimiento forestal.


En la sesión de la comisión celebrada el día 25 de junio de 2009 se
designó a los miembros de la ponencia de estudio, que quedó conformada
con la siguiente composición: José María Batlle Farrán, del Grupo
Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; don Arturo Bagur Mercadal, del
Grupo Parlamentario Mixto; don José Manuel Pérez Bouza, del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas; Joan Maria Roig i Grau, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; el
senador que les habla, Francisco Bella Galán, del Grupo Parlamentario
Socialista; don Vicente Llanos Vázquez, del Grupo Parlamentario
Socialista; doña Maria Teresa del Carmen Camacho Vázquez, del Grupo
Parlamentario Socialista; don Matías Conde Vázquez, del Grupo
Parlamentario Popular; y doña Maria Teresa Cobaleda Hernández, del Grupo
Parlamentario Popular. La ponencia ha estado presidida por el presidente
de la comisión.


La ponencia celebró un total de quince reuniones, desde septiembre
de 2009 hasta noviembre de 2010, y en ella han comparecido cuarenta
personas. Han informado a la ponencia los consejeros competentes de cada
una de las comunidades autónomas con dehesas, diversos portavoces de
grupos parlamentarios en las asambleas autonómicas, catedráticos y
profesores de universidad expertos en la materia y un amplio elenco de
representantes de las distintas asociaciones y organizaciones
profesionales del sector, además de los cargos competentes del Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. La contribución de todos ellos
ha sido fundamental para los trabajos de la ponencia y así hemos querido
hacer constar nuestro agradecimiento en el informe que ha sido aprobado.


Señorías, los trabajos de esta ponencia han constituido una
oportunidad única para que todos seamos conscientes del especial valor
que aporta este ecosistema natural a la sociedad en su conjunto. La
dehesa constituye un ecosistema absolutamente peculiar dentro del ámbito
de Europa al ofrecer una altísima biodiversidad y proporcionar un
importante acervo de valores medioambientales, culturales y estéticos. El
ecosistema de la dehesa debe ser protegido precisamente por estos valores
y la sociedad no puede permanecer impasible ante su posible quiebra. A
pesar de su enorme valor, los alarmantes signos que evidencian desde hace
unos años, el progresivo decaimiento de las dehesas y su consiguiente
falta de rentabilidad económica han sido el detonante de la creación de
esta ponencia y la justificación de sus trabajos.


Las conclusiones del informe de la ponencia se desarrollan en torno
a las siguientes propuestas de actuación. Primero, desarrollar un modelo
integral para la gestión, conservación y desarrollo sostenible del
ecosistema de la dehesa. Segundo, determinar y evaluar los factores de
vulnerabilidad de las dehesas. Tercero, buscar estrategias para las
producciones de este ecosistema que contribuyan a su sostenibilidad.
Cuarto, crear un modelo socioeconómico para la gestión, el desarrollo y
la adaptación de las producciones del ecosistema. Cinco, contar con un
marco legal y administrativo capaz de dar respuesta al reto de lograr
mantener el equilibrio entre la rentabilidad y la conservación de
nuestras dehesas con el suficiente apoyo público que permita atender
desde la investigación los retos sanitarios que plantea.


En definitiva, el mensaje que pretende transmitir esta ponencia es
el de la responsabilidad; asegurar a la sociedad futura el disfrute
integral de un sistema productivo único en el mundo y exclusivo de la
península ibérica. Para nosotros la dehesa es hoy nuestra rentabilidad
comprometida, al igual que es responsabilidad de todos custodiarla para
futuras generaciones, mejorar su estado y propiciarle un futuro
esperanzador.


La dehesa es un paradigma de la agricultura sostenible, y si
queremos que perdure como ecosistema productivo, que genera beneficios
diversos a la sociedad, debemos actuar garantizando también su
mantenimiento.


Concluyo sin más expresando, como presidente de la comisión, mi más
sincero agradecimiento a todos los portavoces de los grupos
parlamentarios por sus contribuciones, y felicitándoles a todos por el
trabajo realizado, así como a la letrada de la comisión, que ha tenido un
papel muy importante, como









Página
5889




también el resto del personal de la Cámara que nos ha acompañado en
las distintas actividades necesarias para el desarrollo de este
estudio.


El pasado 23 de noviembre de 2010, tanto la ponencia, como la
comisión aprobaron el texto que hoy se somete a este Pleno.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegación.)


¿Grupo de Senadores Nacionalistas? (Denegación.)


Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tiene la palabra
el senador Roig.


El señor ROIG I GRAU: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, intervengo brevemente porque me parecía que debía hacerlo
ya que ha sido un placer, y lo digo sinceramente, fijar la posición del
Grupo Parlamentario de Convergència i Unió en la aprobación del informe
de la ponencia de estudio sobre el ecosistema de la dehesa. Y digo que es
un placer porque ha sido especialmente agradable trabajar en su
seno.


Señorías, yo soy una especie de animal deltaico —del delta
del Ebro catalán— y conocía muy superficialmente la dehesa; la
ponencia me ha dado la oportunidad de conocer este territorio tan
extraordinario, de una belleza y singularidad especiales.


Estamos hablando, por tanto, de un territorio extraordinario,
singular, con un alto valor medioambiental, económico, cultural y social.
Creo que la dehesa tiene encanto, tiene duende y personalidad, engancha,
pero también tiene problemas que tenemos la obligación de resolver.
Permítanme, señorías, que antes de entrar en las propuestas que aportamos
agradezca al presidente, el senador Bella, las facilidades, la
flexibilidad y el rigor con el que ha dirigido la ponencia. Ha sido un
placer.


Asimismo, quiero agradecer la paciencia que el resto de senadoras y
senadores, así como la letrada, doña Paloma Martínez, han tenido con este
senador.


El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió votará favorablemente
el dictamen, con entusiasmo. Estamos convencidos de que es un buen
documento que permitirá impulsar políticas dirigidas a la preservación y
potenciación de la dehesa. Es cierto que hemos mantenido, y mantenemos,
algunas dudas sobre el instrumento jurídico-técnico de apoyo a su
conservación. Proponíamos la elaboración de un plan estatal de dehesas,
no una ley que coordinase las diferentes actuaciones que se están
haciendo, respetando las competencias autonómicas y las leyes sectoriales
que se han ido aprobando.


Finalmente se ha optado por señalar que de forma urgente se acuerde
entre el Estado y las comunidades autónomas qué instrumento jurídico se
ha de aprobar. Ya se decidirá en su momento. En todo caso se han
incorporado nuestras propuestas que lógicamente en muchos casos coinciden
con las de otros grupos, y sobre todo con los técnicos, científicos,
expertos y responsables políticos que han comparecido.


No voy a citar nuestras aportaciones porque en definitiva el
presidente de la comisión y de la ponencia lo ha descrito perfectamente,
pero estamos satisfechos de haberlas podido hacer.


Acabo, señorías, insistiendo en que creo que se ha hecho un buen
trabajo. Ahora es responsabilidad del Gobierno y de las comunidades
autónomas impulsar estas conclusiones. En todo caso, estaremos vigilantes
para no defraudar a tanta gente que ha hecho grandes aportaciones a este
trabajo.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra el
senador Batlle.


El señor BATLLE FARRÁN: Gracias, señor presidente.


De los portavoces y de la gente que hemos intervenido en esta
comisión de estudio el que con menos propiedad puede hablar de este tema
quizá sea yo. Por dos razones: primero, por el desconocimiento inicial de
lo que significaba el ecosistema de la dehesa, su esencial aportación a
la conservación de la biodiversidad, y la segunda porque, muy a mi pesar,
me he perdido un montón de comparecencias, creo que más de la mitad, por
un percance —vamos a dejarlo así— que sufrí a finales del año
2009.


Y desde esta perspectiva, me ha parecido importante señalar que
después de leer y leer un montón de documentos que dejaron aquí los
muchos comparecientes que asistieron a la ponencia y a la comisión, he
llegado a una serie de conclusiones que me han hecho ver lo equivocados
que estamos en aquellas zonas donde no conocemos en profundidad la dehesa
y teníamos el falso concepto —hoy puedo afirmar









Página
5890




rotundamente: falso concepto— de que era un lugar de disfrute
personal para ocio, de carácter privado, de gente muy privilegiada
—vamos a dejarlo así—.


Y no es cierto, porque en las comparecencias a las que he podido
asistir y en el montón de documentos que he tenido la posibilidad de
consultar he visto cómo se ha hablado de la seca de la encina, del
importante papel dinamizador del hombre como conservador de la dehesa, de
la importancia del arbolado, de lo que significan sus collados, sus
podas, su regeneración. Hemos asistido —algunas las he
contemplado— a apasionadas comparecencias de técnicos hablando de
la importancia del arbolado como base fundamental del sistema adehesado;
como base de sustento del suelo para evitar la erosión, como base de
producción de frutas y bellotas, que después sirven para alimentar al
ganado; como base fundamental de la producción de corcho y como gran
reservorio del banco de semillas, que es de vital importancia para los
pastizales, de los que después también obtienen los frutos de la
ganadería extensiva.


Hemos asistido, he asistido —menos de lo que hubiera
querido—, a las comparecencias de cargos públicos y políticos
defendiendo también de forma apasionada la dehesa como un sistema
generador y catalizador de recursos económicos. Y en una zona productiva
como es Lleida, centrada, por lo que yo conozco, en frutal con carácter
intensivo, no teníamos conciencia —y a partir de ahora voy a
predicarlo con todas mis fuerzas y toda mi energía— de la cantidad
de recursos, bien de carácter público bien de carácter económico, que se
generan en un ecosistema tan importante como la dehesa, sin olvidar
—y es algo que me parece trascendental también— la alta
aportación de valores sociales.


Se ha defendido y se ha definido con precisión la viabilidad de un
sistema que es la expresión más palpable, el ejemplo más claro de la
multifuncionalidad, de lo que tantas veces hemos definido como un sistema
multifuncional; no hay que buscar nada, simplemente hay que visitar la
dehesa para darse cuenta de lo que es la multifuncionalidad, desde las
prácticas de regeneración de estrategia global de gestión del sistema,
hasta la diversificación del modelo productivo.


En definitiva, los comparecientes, por los documentos, pero, sobre
todo, por su presencia en las comisiones que he tenido la oportunidad de
seguir en directo, me han contagiado un gran aprecio por este sistema,
por la gente que ha luchado y sigue luchando con carácter, con
convencimiento y con pasión por defender el sistema. Por lo tanto, mi
agradecimiento para todos ellos por sacarme de la ignorancia sobre esta
cuestión.


También quiero agradecer —cómo no— a la letrada de la
comisión la gran disposición y, sobre todo, el gran trabajo que ha hecho,
porque es importantísimo y es esencial recopilar de una forma tan nítida,
tan clara y, sobre todo, tan leíble y tan manejable, la cantidad de
documentos, aportaciones y conocimientos que se han presentado en esta
comisión de estudio.


A todos ustedes, muchas gracias, especialmente a los que
participaban en la comisión de forma más directa, por la paciencia que
han tenido con este gran desconocedor del sistema y por las aportaciones
que han hecho para enriquecer mi conocimiento.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Llanos.


El señor LLANOS VÁZQUEZ: Gracias, presidente.


Señorías, antes de exponer la posición del Grupo Parlamentario
Socialista sobre el informe de la Ponencia de estudio sobre la protección
del ecosistema de la dehesa, quisiera agradecer en nombre de mi grupo al
Foro por la Defensa y Conservación de la Dehesa Encinal por venir al
Senado a plantearnos los problemas que tiene la dehesa, entre otros la
seca de la encina.


Señorías, la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca es
consciente del problema que tiene la dehesa en España, Portugal y demás
países de la Unión Europea. El Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo
Parlamentario Popular presentaron sus mociones y el día 15 de abril del
2009 se debatieron ambas, y por unanimidad de todos los grupos se acordó
constituir en el Senado una ponencia con la finalidad de elaborar un
informe que contribuyera a tomar ante las instituciones europeas medidas
económicas y medioambientales para la protección del ecosistema de la
dehesa.


El Grupo Parlamentario Socialista quiere agradecer también su
presencia a los cuarenta comparecientes, entre ellos, políticos,
investigadores y expertos relacionados con la dehesa, que han acudido a
nuestras reuniones de trabajo y que han sido fundamentales para poder
presentar estas propuestas y conclusiones.









Página
5891




Señorías, podemos entender la seca de la encina como un proceso que
comienza cuando el arbolado de la dehesa se debilita por efecto de un mal
manejo, causas ambientales, climáticas o simplemente por falta de
recursos nutritivos.


Si sumamos los datos aportados, observamos a la seca como una de
las enfermedades más dañinas para la dehesa. Las soluciones tienen que
comenzar por mirar el sistema de la dehesa como un sistema complejo,
único y muy diverso, que precisa de actuaciones directas, inmediatas y
coordinadas en la península ibérica.


El ganado constituye la esencia misma del sistema; en las dehesas
no existe solo una especie ganadera, sino que además de las ganaderas,
también existe la cinegética que convive con distintas especies.


Señorías, la dehesa es un paradigma de la agricultura sostenible y,
si queremos que perdure como ecosistema productivo que genera beneficios
diversos a la sociedad, fija el CO2 atmosférico, depura el aire, controla
los procesos erosivos, aumenta la absorción del agua en el suelo, evita
el cambio climático, garantiza el mantenimiento del paisaje, contribuye a
fijar la población evitando el despoblamiento por el aprovechamiento de
recursos y por la producción de alimentos de mucha calidad, debemos
actuar aumentando las ayudas públicas al mantenimiento, protegiendo este
ecosistema para futuras generaciones, garantizando una gestión integral y
sostenible de este.


La potencialidad de la dehesa es enorme y llega hasta nuestros días
después de siglos. Se ha mantenido en el tiempo porque es viable
económicamente y ha servido para dar trabajo de forma permanente. Pero si
falta la conservación desaparece el monte, desaparece la rentabilidad, la
viabilidad económica y la creación de empleo.


Señorías, las dehesas han sido un reflejo de las necesidades y
demandas de las sociedades que las explotan. Ahora, la dehesa, sin perder
sus rasgos tradicionales a los que siempre deberá su origen, tiene frente
a sí el reto de tener que transformarse conforme a las nuevas necesidades
que la sociedad actual demanda. Debe compatibilizar la obtención de
valores comerciales con valores ambientales mediante el juego del papel
que le puede corresponder realizar en la nueva economía de consumo, de
servicios ambientales y de ocio. En la caza, tiene un interesante
escenario de futuro en términos socioeconómicos, totalmente compatible
con su conservación. La renta que genera esta actividad en la dehesa
resulta, en muchos casos, un factor decisivo para el propio mantenimiento
de este ecosistema.


La dehesa es también la actividad agropecuaria que fija la
población rural, de forma que, si somos capaces de conservarla y
protegerla, seremos capaces de generar riqueza en el entorno rural;
apoyar la dehesa es generar igualdad de oportunidades, contribuir a la
vertebración social y territorial. Es necesario, en el campo comercial y
de comunicación, una marca de la dehesa que ampare los productos que
provienen de ella que tengan evidentemente una protección para que no
haya falsificaciones.


Señorías, el futuro de estos ecosistemas pasa por asegurar la
coordinación entre las administraciones competentes en materia de dehesas
en un proceso en el que, además, deben implicarse los titulares de
dehesas y, en general, la sociedad rural. Por eso esta ponencia
recomienda que entre el Estado y las comunidades autónomas se alcance un
acuerdo marco que permita encontrar fórmulas, tanto jurídicas como
técnicas y administrativas, más adecuadas para garantizar la futura
viabilidad de la dehesa.


Señorías, deberíamos contemplar una figura mucho más amplia del
ecosistema de la dehesa, abordándolo desde un punto de vista mediterráneo
y, dada nuestra pertenencia a la Unión Europea, poner énfasis particular
en las zonas adehesadas que en nuestro territorio se conservan. Con
Portugal sería conveniente adoptar una estrategia ibérica. La dehesa
tiene que ver favorecidas sus opciones de acceso a los nuevos recursos
públicos de la Unión Europea sobre la base de un principio equitativo.
Los costes de los propietarios de las dehesas, por la oferta de
beneficios públicos globales, deben ser compensados por los pagos de los
beneficiados globales. Debe ser reconocida la condición de espacio único
de la dehesa en un momento en el que nuestro país tiene mucho que decir
en la Unión Europea sobre la política agraria comunitaria en el horizonte
de 2020. Por tanto, es ahora cuando debemos aunar nuestros intereses y
esfuerzos para dotar a la dehesa de la protección necesaria que haga
viable su futuro.


Señorías, antes de finalizar esta legislatura, y de forma urgente,
el apoyo a la conservación de la dehesa deberá contar con un instrumento
jurídico-técnico que debe ser adoptado de mutuo acuerdo entre el Estado y
las comunidades autónomas, y que se plasmará en una ley específica que
sirva de marco coordinador.


Muchas gracias. (Aplausos.)









Página
5892




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Conde.


El señor CONDE VÁZQUEZ: Señor presidente, señoras y señores
senadores, en el día de hoy, la ponencia que ha venido desarrollando los
trabajos necesarios para la elaboración de un informe que contribuya a la
protección y defensa del ecosistema de la dehesa pretende que este Pleno,
con su aprobación, dé carta de naturaleza al informe elaborado en el que
se recogen las conclusiones y propuestas que desarrollarán el contenido
de la moción que el pasado 15 de abril de 2009 aprobó la Comisión de
Medio Ambiente, Agricultura y Pesca al aceptar el Grupo Popular, como en
su caso también hiciera el Grupo Socialista, la transaccional de todos
los grupos a su moción presentada solicitando la creación de la referida
ponencia.


Pues bien, señorías, el día 25 de junio se constituyó la ponencia y
el día 10 de noviembre inició sus trabajos con una primera reunión a la
que asistieron los cinco primeros comparecientes. Se han celebrado diez
sesiones, han asistido cuarenta comparecientes, que han representado al
mundo de la ciencia, la investigación, asociaciones ganaderas e
industriales, universidad, sindicatos y representantes de la
Administración del Estado y administraciones autonómicas, provinciales y
municipales.


No voy a hacer mención nominal de todos ellos porque ya figuran en
el informe, pero sí quiero resaltar el interés puesto de manifiesto por
los comparecientes en dejarnos constancia de sus conocimientos y
experiencias, sus distintas apreciaciones sobre la situación y
problemática de la dehesa, así como de las alternativas y posibles
soluciones, pero, sobre todo, señorías, quiero resaltar el gran cariño e
incluso la pasión que todos han mostrado por la defensa y protección del
ecosistema de la dehesa.


Por todo ello, quiero unir mi voz a quienes me han antecedido en el
uso de la palabra y han mostrado su gratitud a todos los comparecientes,
en particular y de forma global al Foro Encinal como portavoz de voces
autorizadas que vienen haciendo un trabajo encomiable a favor del
ecosistema de la dehesa. Les conmino a que continúen con la labor que
vienen realizando, porque el camino por recorrer aún es largo.


Cada uno de los comparecientes nos ha dado su visión sobre la razón
de ser que justificaba la creación de la ponencia y sobre la definición,
defensa y conservación de la dehesa sobre la base de su propia identidad
y como catalizadora de recursos económicos y medioambientales. Por esta
razón, los distintos grupos políticos hemos tenido conocimiento, entre
otras cosas, de que la cantidad de árboles perdidos por la seca supera
los 500 000, lo que supone una pérdida anual de productividad de más de
un millón de euros y una depreciación media de las explotaciones que
supera el 20% del valor inicial; que entre los años sesenta y ochenta ha
desaparecido el 10% de la superficie adehesada, contribuyendo a la
desaparición de los trabajos tradicionales, lo que provoca el
despoblamiento de las zonas de dehesa y la correspondiente pérdida de
puestos de trabajo; que la regeneración de la dehesa es fundamental, pues
tener en funcionamiento 4 000 000 de hectáreas, algo perfectamente
posible, significa unos beneficios netos de 360 millones de euros al año,
al mismo tiempo que mantienen de forma estable más de 40 000 puestos de
trabajo.


Igualmente, hemos conocido el papel transcendental que la dehesa
juega en el cambio climático, en la fijación de CO2 y en la mejora de la
biodiversidad, ya que es reservorio donde se unen las actuaciones
realizadas por el hombre con el hecho de ser un hábitat de especies
amenazadas, como el águila imperial y el buitre negro, y otras en peligro
de extinción, como el lince ibérico y la cigüeña negra.


En definitiva, se puede decir que todos los comparecientes
concluyen en que la dehesa es un paradigma de sostenibilidad y, si
queremos que perdure como ecosistema propio y productivo, que genera
beneficios a la sociedad y mejora nuestro medio ambiente, hay que actuar
incrementando las ayudas públicas para su mantenimiento, protegiéndolo
para el disfrute y desarrollo de futuras generaciones y garantizando su
gestión integral sostenible. Señorías, quien contamina paga, pero quien
produce mejoras ambientales debe cobrar.


De la misma manera que hemos tenido conocimiento de todas estas
cuestiones reseñadas que figuran en el informe, todos debemos coincidir
en que se realice su publicación como anexo a las conclusiones y
propuestas de resolución, y los distintos grupos también hemos coincidido
en la elaboración de las propuestas de resolución que figuran en el
informe, pero solamente me voy a detener en tres de ellas.


En primer lugar, mayoritariamente, todos los comparecientes han
coincidido en que es necesaria una ley básica específica de la dehesa,
que sirva de marco y sea coordinadora e impulsora de los agentes
sectoriales y comunidades autónomas, para lo cual se creará un grupo ad
hoc a nivel nacional que deberá posibilitar su elaboración en la presente
legislatura.









Página
5893




En segundo lugar, es también totalmente imprescindible la
visibilidad de la dehesa ante la Unión Europea y su coordinación con
Portugal. Tenemos que conseguir que la dehesa sea reconocida como sistema
agrario de alto valor natural, que la dehesa sea un ecosistema de la
Unión Europea, que se adopten medidas específicas para su protección y
también una estrategia ibérica de la dehesa.


Y la tercera gran resolución se centra en que todo esto no sería
más que una entelequia si realmente no se dota de los recursos económicos
necesarios para que sea viable la defensa y protección del ecosistema de
la dehesa.


Señorías, hasta aquí —y de forma resumida— todo lo
actuado. Pero es justo reseñar que en todo el trabajo realizado y en la
elaboración de la documentación emitida ha jugado un papel de la mayor
importancia la señora letrada de la comisión y la ponencia, doña Paloma
Martínez, y tanto mi compañera en la ponencia, la senadora doña María
Teresa Cobaleda, como este senador quieren hacer público el
reconocimiento a sus inquietudes, su trabajo y sus aportaciones, que han
dado como fruto la elaboración del informe. Por todo ello, muchas
gracias.


Señoras y señores senadores, la Comisión de Medio Ambiente,
Agricultura y Pesca primero, y la ponencia después, han hecho su trabajo.
Disponemos de un informe muy importante por ser serio, riguroso, rico en
contenido y por estar muy bien avalado por los extraordinarios
conocimientos de los señores comparecientes, que va a ser de la mayor
trascendencia para futuras generaciones y, sobre todo, para la defensa y
protección del ecosistema.


Estoy completamente convencido de que quienes nos precedieron
agradecerán el trabajo que hoy presentamos realizado. Viene ahora a mi
memoria el recuerdo de unos versos del poeta José Selgas en los que dice:
El que guarda tiene algo y pasa las noches en vela, y si se queda
dormido, al menor rumor despierta.


Señorías, el Grupo Popular, al que en este momento represento, es
consciente del contenido que atesora este informe, y por ello vamos a
estar en permanente vigilia y a reaccionar ante el menor rumor de olvido
para exigir el cumplimiento del compromiso político, social, económico y
medioambiental de las conclusiones y propuestas que contiene. No nos
vamos a dormir, y no lo vamos a hacer por el respeto al trabajo
realizado; por la ilusión y la prestancia con las que han defendido sus
análisis y propuestas todos los comparecientes; por la entrega y la gran
disposición de los miembros de la ponencia —que es de
agradecer— en límites sostenidos, y, por supuesto, quiero resaltar
de forma especial la actuación del presidente—; por la comprensión
mostrada y la voluntad de consenso que todos hemos puesto en la obra; y
por la ilusión de muchos andaluces, muchos extremeños, muchos
castellano-leoneses, muchos castellano−manchegos y de los
ciudadanos de otros muchos territorios de España con terrenos de dehesa,
que están pendientes de conocer cuál será el resultado de la votación en
este Pleno en relación con el trabajo que se presenta.


Y, sobre todo, quiero poner de manifiesto que nos sentimos
orgullosos porque con este trabajo vamos a contribuir a la defensa y
protección del ecosistema de la dehesa, al medio ambiente de todos los
países europeos en cuyos territorios existen dehesas y, cómo no, servirá
también para quienes tienen un hálito de esperanza ante la desilusión que
hasta ahora está suponiendo la gestión que se lleva a cabo en las dehesas
de España y de Portugal.


Mi grupo quiere agradecer profundamente a todos los miembros que
han intervenido en la ponencia el trabajo desarrollado, pero
fundamentalmente la prestancia que han puesto en buscar un informe de
consenso que, en definitiva, es lo que los ciudadanos en estos momentos
más necesitan y por lo que mayor apuesta hacen.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Finalizado el turno de portavoces, y tras oír las intervenciones,
se entiende que se puede aprobar por asentimiento. (Asentimiento.)


Se aprueba, pues, por asentimiento el informe de la Ponencia de
Estudio sobre la protección del ecosistema de la dehesa.









Página
5894




INFORME SOBRE LA ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE PETICIONES


— INFORME SOBRE LA ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE PETICIONES EN
EL PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE FEBRERO A JUNIO DE 2010. (Número de
expediente Senado 871/000005.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación, al punto noveno del
orden del día: Informe sobre la actuación de la Comisión de
Peticiones.


Tiene la palabra el senador Piñeiro.


El señor PIÑEIRO GARCÍA-LAGO: Muchas gracias, señor
presidente.


Señoría, como presidente de la Comisión de Peticiones me
corresponde elevar al Pleno el informe sobre las actividades de la
comisión en el período de sesiones de febrero a junio de 2010. En el
curso de la sesión celebrada el día 30 de noviembre de 2010 la Comisión
de Peticiones aprobó el informe correspondiente a las actividades
desarrolladas en el período de sesiones comprendido entre los días 1 de
febrero y 30 de junio de 2010. Conforme a lo dispuesto en el artículo 195
del Reglamento del Senado, la Comisión de Peticiones acordó en esa misma
sesión elevar a la Presidencia de la Cámara el informe de referencia, en
el que se ofrece una relación de las peticiones presentadas, de las
decisiones que se adoptaron sobre ellas y de las contestaciones recibidas
de las autoridades a que se trasladaron.


Durante el período de sesiones a que se contrae el presente
informe, la comisión ha recibido un total de 46 peticiones. Como en
informes anteriores, se acompaña la relación nominal de los
peticionarios, el número de peticiones y la indicación sumaria de su
contenido. Dichas peticiones han dado lugar a los trámites siguientes,
cuya totalidad no coincide con la de peticiones presentadas, puesto que
una misma petición da lugar, en algunos casos, a dos o más trámites
simultáneos o sucesivos y, por otra parte, las peticiones recibidas
después de la última reunión de la comisión, previa a las vacaciones
parlamentarias, se estudiarán al inicio del primer período de sesiones.
Hay un total de 20 archivos —sin perjuicio de dar conocimiento a
los peticionarios, si hay en el escrito datos que lo permitan—, por
no tener carácter de petición, faltarles las indicaciones indispensables
para conocer su objeto, no tener otra finalidad que su conocimiento por
la comisión o tratarse de reiteraciones en temas ya resueltos
anteriormente por la comisión, sin que se aporte ningún elemento de
juicio nuevo.


Los traslados a departamentos ministeriales son los siguientes: a
Asuntos Exteriores y de Cooperación, 2; a Defensa, 1; a Educación, 2; a
Interior, 1; a Justicia, 2; a Economía y Hacienda, 1; a Sanidad, Política
Social e Igualdad, 2; a Política Territorial y Administración Pública, 1;
a Fomento, 2; y a Trabajo e Inmigración, 1.


En cuanto al traslado a otros organismos son: 2 al Ayuntamiento de
Madrid; 1 a los ayuntamientos de Barcelona y de Arucas, al Consejo
General del Poder Judicial, la Generalitat de Cataluña, la Junta de
Andalucía, la Comunidad de Madrid y el Parlamento de Canarias; y 2 al
Fiscal General del Estado.


Durante el período de tiempo que comprende el presente informe se
han recibido respuestas a un buen número de peticiones, que se reseñan, y
de las que queda constancia en el acta de la comisión, así como del
Pleno.


Dado el número de peticiones que deben trasladarse a otros
organismos, la comisión se ha preocupado de su seguimiento, y a dicha
efecto se cuenta con expedientes individuales de cada petición, siempre
actualizados, que permiten consultar y conocer en todo momento el estado
de su tramitación.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Piñeiro.


¿Algún portavoz quiere intervenir? (Denegaciones.)


Por tanto, una vez presentado el informe, se levanta la
sesión.


Eran las dieciocho horas y cuarenta minutos.