En primer lugar, enmienda número 6, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

Señor vicepresidente, me gustaría que ocupara la
presidencia. (El señor vicepresidente, Sanz Carramiñana, ocupa la
Presidencia.)

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Carramiñana): Para la defensa
de la enmienda número 6, tiene la palabra el senador Vilajoana.

El señor VILAJOANA I ROVIRA: Señoras y señores senadores,
miembros de la Mesa, en el turno de portavoces expresaré mi discrepancia
respecto a la posición del Gobierno sobre las dos enmiendas que hemos
presentado para intentar resolver la cuestión creada por el real decreto
sobre las energías fotovoltaicas que ha afectado de forma grave a un
conjunto de ciudadanos que en su momento efectuaron unas inversiones y
que ahora se ven claramente perjudicados.

Paso a defender una enmienda significativa que trata
fundamentalmente del elemento capital riesgo, que en la actual situación
de crisis cobra mayor importancia, en el sentido de que es un mecanismo
de inversión en proyectos, sobre todo de empresas, donde uno de los
objetivos que nos hemos planteado todos, y se ha defendido en esta Cámara
muy a menudo, es la necesidad de competir a partir de la innovación.
Estas compañías que basan su proyecto empresarial en la innovación
tecnológica utilizan a menudo la inversión de empresas de capital riesgo.
Estas inversiones no se hacen todas de golpe, ya que al acompañar estos
proyectos tecnológicos de elevado riesgo, en el sentido de que son
inversiones que están condicionadas a que esta investigación avance en la
idea de lanzar un nuevo producto, descubrir algún nuevo elemento que
aporte novedades al mercado, hace que habitualmente se produzca, a medida
que estos proyectos de innovación tecnológica avanzan.

En ese sentido, lo que pretende esta enmienda
fundamentalmente es que la desgravación fiscal de este tipo de compañías
y este tipo de inversiones contemple este proceso de inversión en el
tiempo y, por tanto, se considere el total del capital invertido a
desgravar en el conjunto de estos años donde se ha producido esta
inversión. El planteamiento de esta enmienda nos parece razonable, lo ha
solicitado el sector, y, repito, consideramos razonable debatir este
asunto ahora, aquí, y en estas circunstancias porque todos, en distintas
intervenciones y en distintos momentos, tanto el Gobierno, la oposición,
como el conjunto de los grupos parlamentarios de esta Cámara, hemos
defendido que la inversión en innovación, en tecnología, es el futuro por
el que debemos apostar y, en este sentido, es razonable que el sistema
impositivo beneficie a estas empresas de capital riesgo que están
invirtiendo de una forma muy clara y contundente en estos sectores.

Dicho esto que figura en la enmienda, también quiero
avanzar que el capital riesgo —lo cité no hace mucho en una
intervención donde hablaba de los jóvenes, de la creación de empresas, de
microempresas, etcétera—, es uno de los factores de inversión de
estas iniciativas empresariales llevadas por jóvenes emprendedores. Por
tanto, entiendo que el asunto del capital riesgo debemos tratarlo en
profundidad, porque proporciona grandes oportunidades, cada vez va a ser
más valorado, y repito, esta enmienda es solamente uno de los caminos en
el que debemos incidir en el futuro.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Carramiñana): Gracias,
senador Vilajoana.

Para la defensa de las enmiendas números 4 y 5, y
existiendo la posibilidad de que defienda también la número 3, que ha
sido presentada conjuntamente con el Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.

El señor VÁZQUEZ REQUERO: Muchas gracias, señor presidente.

En principio, doy por defendida la enmienda número 3,
haciendo la salvedad a que ha hecho referencia el presidente al comienzo
de la comisión, independientemente de si se plantea un problema
técnico-jurídico.

Voy a ceñirme muy escuetamente a la defensa de las
enmiendas números 4 y 5. La enmienda número 4, presentada al artículo
7.1.b), hace referencia a la supresión de una expresión que aparece en
esa letra, y es la siguiente: «… en grado de secreto o
equivalente…». Es decir, en el artículo 7 estamos hablando de la
ley sobre los negocios jurídicos excluidos para los contratos de defensa
y seguridad, y se dice: «Aquellos contratos que, de regirse por la
presente ley, resultaría necesario revelar información clasificada

en grado de secreto o equivalente, o bien resultarían
perjudicados los intereses esenciales de la defensa o la seguridad
nacional».

Mi grupo considera que se debe excluir de esa redacción la
expresión: «… en grado de secreto o equivalente…», y dejarlo
únicamente como los contratos en los que resultaría necesario revelar
información clasificada. ¿Por qué motivo? Pues porque la consideración de
la palabra secreto a que se refiere el artículo requiere, además, un
acuerdo del Consejo de Ministros y, por tanto, haría irrelevante el
contenido en esta ley. En ese sentido, mi grupo considera que para que se
cumpla el espíritu del artículo, es decir, de los negocios jurídicos
excluidos en este contrato, debe quitarse la palabra «secreto», que, como
he dicho, hace referencia a un acuerdo del Consejo de Ministros.

También quiero manifestar muy brevemente que la enmienda
número 5, presentada por mi grupo, hace referencia al artículo 61.2 del
proyecto de ley, en relación con el sentido del principio general, en los
supuestos en que se admite la subcontratación en este tipo de contratos.
Consideramos que es necesario elevar el porcentaje al 50%, pues en la ley
está establecido un porcentaje de subcontratación al 30%. Y decimos esto
por coherencia con la redacción de la Ley de Economía Sostenible, que
también eleva a un 50% el porcentaje de subcontrataciones en esa ley.

Por tanto, consideramos obvio que estas dos cuestiones las
debe tener en cuenta la comisión, y solicito la aprobación de todos los
grupos.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Carramiñana): Gracias,
senador Vázquez.

A continuación, para la defensa de la enmienda número 3,
tiene la palabra el senador Arjona.

El señor ARJONA SANTANA: Gracias, señor presidente.

La enmienda número 3, que hace referencia a la regulación
contenida en el artículo 13.1, de la Ley Orgánica de derechos y deberes
de los miembros de las Fuerzas Armadas, será también de aplicación a la
Guardia Civil en su condición de instituto armado de naturaleza militar.
En la medida en que se trata de un instituto armado de naturaleza
militar, se propone extender a la Guardia Civil la aplicación de lo
previsto en el artículo 113.1, de la Ley Orgánica de derechos y deberes
de los miembros de las Fuerzas Armadas.

Gracias, presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Carramiñana): Gracias,
senador Arjona.

Pasamos al turno en contra.

¿Algún grupo desea intervenir en el turno en contra de las
enmiendas? (Denegación.)

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Arjona.

El señor ARJONA SANTANA: Gracias, presidente.

Voy a intervenir para manifestar nuestra posición en contra
de la enmienda número 6, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, porque uno de los objetivos de beneficio fiscal
establecido en la Ley del Impuesto sobre Sociedades es incentivar un
tiempo mínimo de permanencia, que no es excesivamente largo, de la
inversión en las empresas de capital riesgo en las sociedades
participadas, de forma que las transmisiones de valores realizadas en el
primer año de tenencia no se beneficien de él. Al objeto de asegurar el
cumplimiento de dicho objetivo, se debería mantener la norma en su
redacción actual, con el fin de promover una actividad con una función
económica importante: la financiación temporal de las empresas y evitar
que se beneficien del mencionado régimen especial participaciones
meramente especulativas.

Con respecto a la enmienda número 4, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, he de manifestar que la redacción que
propone la enmienda sería contraria al sentido de la directiva, ya que no
basta con que, asociada a la gestión de un contrato en materia de defensa
y seguridad, exista información clasificada para que se aplique esta
excepción. Ninguna de las reglas, procedimientos, programas, acuerdos,
regímenes o contratos mencionados en la presente sección, podrán usarse
con objeto de eludir las disposiciones de la presente directiva. Esta
enmienda fue presentada ya anteriormente también por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, y fue rechazada.

En cuanto a la enmienda número 5, del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, he de manifestar que, aunque podamos compartir la
filosofía que inspira la enmienda, el límite máximo del volumen de
subcontratación que el órgano puede exigir viene determinado por la
directiva 2009/81, del Parlamento Europeo y del Consejo, que fija el
porcentaje del 30%, por lo que la alteración al alza de un valor

configurado como máximo por la directiva no cumplimenta
adecuadamente el principal objetivo de la ley, que es la transposición de
esa directiva.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Carramiñana): Gracias,
senador Arjona.

¿El Grupo Parlamentario Popular en el Senado desea hacer
uso del turno en contra? (Denegación.)

Pasamos al turno de portavoces.

Tiene la palabra el senador Pérez Bouza.

El señor PÉREZ BOUZA: Gracias, presidente.

Quería utilizar este turno en contra para mostrar nuestro
posicionamiento en contra de la enmienda número 3, conjunta de los grupos
parlamentarios Popular y Socialista. A mí esto me parece increíble, sobre
todo por parte del Grupo Socialista y del Gobierno. En esta legislatura
el Grupo Socialista y el Gobierno no solo han abandonado su programa
social, sino otro tipo de medidas, de propuestas, de promesas
electorales, ya que era una promesa electoral del Gobierno socialista
desmilitarizar a la Guardia Civil. Resulta que no se cumple esa promesa,
pero no solo eso, sino que se aprueba una ley en el año 2007, donde se le
permite a la Guardia Civil el derecho a la manifestación sin armas, eso
sí me parece bien y estoy totalmente de acuerdo, pero en tan solo cuatro
años se cambia de criterio y se le aplica el mismo régimen que a las
Fuerzas Armadas.

Es cierto que la Guardia Civil aún sigue siendo,
desgraciadamente, un cuerpo de seguridad de naturaleza militar, pero no
es el Ejército ni son militares. Por lo tanto, creo que ese avance del
derecho de manifestación que se reconocía en el año 2007 era adecuado,
justo, razonable, absolutamente ponderado y este retroceso no se entiende
y me gustaría que se explicara y se hiciera con algo más de convicción y
de ánimo con que lo ha hecho el portavoz socialista a la hora de defender
la enmienda, que supongo que tampoco tiene un gran convencimiento de lo
que está defendiendo porque yo creo que es indefendible. Por
consiguiente, el posicionamiento del BNG es contrario y de defensa de los
derechos de los guardiaciviles a mantener ese derecho que se le ha
reconocido de poder manifestarse cuando lo crean conveniente.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Carramiñana): Muchas gracias,
senador Pérez Bouza.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Mixto? (Denegación.)

¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas?
(Denegación.)

¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió? (Pausa.)

Tiene la palabra el senador Vilajoana.

El señor VILAJOANA I ROVIRA: Muchas gracias, señor
presidente.

Voy a ser muy breve. En primer lugar, quiero informar que
nos abstendremos en las enmiendas números 3, firmada por el Grupo
Socialista y el Grupo Popular, y las números 4 y 5, del Grupo Popular. No
me voy a alargar, pero algunas son significativas. Lamento que el
Gobierno nos haya vetado las enmiendas 1 y 2. Hemos presentado un recurso
de amparo, que el presidente contestará cuando crea oportuno, pero la
base de nuestro recurso es que entendemos que el Gobierno no actúa con
estas dos enmiendas con el mismo criterio que adoptó en el proyecto de
ley de Economía Sostenible, al que se presentaron las enmiendas números
468, 469, 470, 471 y 472, con similar contenido al de las enmiendas 1 y 2
mencionadas, y no fueron objeto de disconformidad por parte del Gobierno,
a pesar de que la primera de ellas pretendía la supresión de la
disposición adicional primera; la segunda, la modificación de la
disposición transitoria segunda, ambas del Real Decreto-ley 14/2010 y la
tercera, la creación de una nueva línea del ICO, que es lo que
exactamente pedíamos en nuestras enmiendas.

¿Por qué presentamos estas enmiendas en esta ley que no
tocaba? Esto es algo que nosotros lamentamos. Últimamente en muchas leyes
está entrando lo que haga falta. No creemos que sea un buen
procedimiento, pero en este caso lo hemos hecho porque entendemos que lo
que proponemos aquí es el elemento central de una negociación que
promovimos entre el ministro de Industria y el sector, negociación que se
produjo y se llegó a un casi acuerdo en la línea de las dos enmiendas que
hemos presentado. Lo que queríamos con ellas era algo que nos parece
fundamental, como es corregir algún elemento de un decreto ley que ha
afectado gravemente a un conjunto de pequeños empresarios, que se han
visto

claramente perjudicados y este perjuicio lo van a notar con
una gran dureza en los próximos meses de octubre y noviembre, cuando les
vencen un conjunto de créditos basados en un planteamiento económico que
les había ofrecido el Gobierno. Habían hecho unas inversiones, repito,
personas del sector agrario básicamente, que estaban utilizando una parte
de sus campos con esta nueva tecnología y con unas condiciones muy
favorables. Además, pidieron créditos basados en unos ingresos teóricos
que tendrían en los próximos veinticinco años. Esto afecta a muchísima
gente y es lo que intentaba resolver esta enmienda, que tenía un coste
total no muy significativo, 145 millones de euros en el año 2012 y 202
millones en el 2013. Esto representaba una solución. Ellos mismos en los
correos —que seguro que han recibido todos ustedes,
senadores— decían que eran medidas paliativas que no resolvían el
problema, pero que sí lo paliaban , repito, porque representaban al 66%
de las instalaciones fotovoltaicas y afectaba al 33% de la potencia
instalada.

Este es el asunto. Entendíamos que era razonable lo que
planteábamos, en el sentido de intentar buscar una solución con el
Gobierno, que es lo que hemos intentado y siempre intentaremos, acercar
los sectores con problemas al Gobierno para que se busquen soluciones.
Lamentamos mucho que esta solución no haya sido posible. El objetivo de
estas enmiendas era volver a sentar al Gobierno con el sector y volver a
negociar e intentar encontrar una solución. La solución estaba muy
cercana pero, por el motivo que sea, no se ha conseguido y lo lamentamos.

Nosotros presentamos este recurso, seguimos recurriendo y
seguiremos luchando. Ya lo hicimos en esta Cámara, porque hace dos o tres
meses le hice una pregunta al presidente sobre este tema, le pedí un
conjunto de cosas y lo que le solicité fue lo que ahora le pido en estas
enmiendas. Recuerdo que el presidente dijo en aquel momento que lo que
decía era razonable, que iba a estudiarlo para ver si había una solución.
Luego se nos dijo que no era posible. Después de esto ha habido
negociaciones entre el sector y el Gobierno, pero no se ha llegado a
acuerdos, cuando yo creo que esta fórmula que proponíamos aquí era una
fórmula que hubiese resuelto una buena parte con un coste. Repito, la
alternativa a esto es una batalla judicial que seguro que va a ser muy
larga, dura y que afecta a gente que de buena fe ha invertido en este
sector; son —repito— pequeñas instalaciones, en las que se ha
hecho una inversión significativa y gente a la que vamos a poner en una
situación de gran dificultad personal y económica.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Carramiñana): Gracias,
senador Vilajoana.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador
Caballero.

El señor CABALLERO MOYA: Muchas gracias, señor
presidente.

Haciéndome eco de lo que decía el portavoz de Convergència
i Unió, el senador Vilajoana, diré que es cierto que estamos hablando
esta mañana del sector eléctrico, de tecnología fotovoltaica, de
impuestos sobre sociedades, de la Ley Orgánica de derechos y deberes de
las Fuerzas Armadas, de derechos y deberes de los miembros de la Guardia
Civil y el objeto del proyecto de ley que estamos tratando es el de
contratos del Sector Público en los ámbitos de la Defensa y de la
Seguridad. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Afortunadamente, había dos enmiendas que hacían referencia
a este proyecto de ley, que son las que ha defendido el portavoz del
Grupo Popular, y aunque solo sea por hacer referencia a lo que es objeto
de esta tramitación diré que se trata de la transposición de una
directiva de la Comisión Europea que surge para dotar de una regulación
específica a los contratos cuando sean celebrados en los ámbitos de la
defensa y de la seguridad. Supongo que en el Pleno tendremos ocasión de
hablar de este proyecto de ley y de lo que supone para un sector tan
importante como es el de la defensa y la seguridad, pero puesto que se ha
hecho referencia a una serie de enmiendas, que con una falta de rigor y
de técnica legislativa se vienen sucediendo una vez tras otra, quiero
hacer también algún tipo de referencia a ellas. No voy a hacer referencia
a las que ha defendido el Grupo Popular porque ya lo ha hecho mi
compañero, el senador Arjona, que también se ha referido a las otras
enmiendas del impuesto sobre sociedades y a la ley de derechos y deberes
de los militares.

Hay que tener en cuenta —en relación con las
enmiendas que han sido objetadas o vetadas por el Gobierno— que la
enmienda número 1 afecta desfavorablemente al objetivo de eliminar el
déficit del sistema eléctrico en 2013 y al cumplimiento del programa de
emisión de lo que se viene denominando Fondo de Titulización del Déficit
del Sistema Eléctrico. La enmienda número 2 pretende la creación de una
nueva línea de financiación que afecta a la solvencia financiera del
Instituto de Crédito Oficial, lo que daría lugar a tener que llevar a
cabo cambios en su estructura de capital para equilibrar su estructura

financiera y cumplir con los coeficientes de solvencia
establecidos en la normativa. Esto hace que estas enmiendas no sean
coherentes con el proceso de consolidación fiscal para garantizar la
sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo conforme a los
objetivos de los Presupuestos Generales del Estado para el 2011. Por lo
tanto, la aprobación de estas dos enmiendas, la 1 y la 2, supondría un
incremento de los créditos o una disminución de los ingresos
presupuestarios, que es por lo que el Gobierno no presta su conformidad a
su tramitación.

También me hago eco de los comentarios del portavoz de CiU
y quiero recordarle que esto es algo que se hace habitualmente. Así, en
el Pleno pasado estuvimos tramitando la Ley de derechos y deberes de las
Fuerzas Armadas, al que se presentaron distintas enmiendas en el
Congreso, que, por la misma causa que estas, fueron objetadas por el
Gobierno y no se pudieron debatir. Se debatieron aquí en la comisión
porque la enmienda tenía un artificio consistente en posponer su
aplicación al ejercicio del 2012 en lugar de en 2011. Por lo tanto, creo
que están en su legítimo derecho para plantear el recurso de amparo, pero
esta práctica no es extraña en determinados proyectos de ley cuando
suponen incrementos de crédito o disminuciones de ingresos
presupuestarios.

Y por no rehuir el debate —creo que el senador Arjona
lo ha expresado con toda claridad y lo ha dicho también el portavoz del
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas—, debo decir que es
cierto que la Guardia Civil es un instituto armado de naturaleza militar,
pero también quiero recordarle al senador Bouza que en el Pleno pasado se
aprobó con un amplio consenso la Ley Orgánica de Derechos y Deberes de
los miembros de las Fuerzas Armadas. Precisamente de lo que se trata es
de aplicar —porque quieren darle un similar tratamiento— una
enmienda, la 74, planteada por el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, que, con el apoyo del Grupo Parlamentario
Popular, se introdujo en el texto —en el artículo 13— y que
no pretende otra cosa que es que lo que se legisle para las Fuerzas
Armadas tenga la misma consideración para la Guardia Civil por su
naturaleza militar.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Vázquez.

El señor VÁZQUEZ REQUERO: Muchas gracias, señor
presidente.

No voy a hablar ni de chapuzas legislativas —las
vemos todos los días— ni de vetos presupuestarios del Gobierno a
los que ya estamos demasiado acostumbrados, voy a hablar de mi libro, es
decir, de lo que he venido a hablar aquí, que es de la ley de contratos,
que para eso estamos.

Mi grupo ha presentado las enmiendas relativas a dos
artículos y al tema de contratos, que es el que nos ocupa. Insisto
—porque creo que ha habido un error en el anterior turno del Grupo
Parlamentario Socialista— en que no hemos presentado en el Congreso
una de las enmiendas —la otra sí—.

Esta ley ha venido bastante consensuada en general del
Congreso de los Diputados, pero, no obstante, nuestra primera enmienda,
la número 4, referida al artículo 7.1.b, es importante porque, como le
decía anteriormente, la consideración de secreto a que hace referencia la
propia letra del artículo requiere un acuerdo del Consejo de Ministros, y
son muy contados los asuntos en este país que ostentan dicha calificación
de secreto oficial, no así de información clasificada, que es un grado
inferior al del secreto. Por lo tanto, nosotros creemos que esa expresión
de secreto hay que excluirla del texto, porque haría falta un acuerdo del
Consejo de Ministros para llevarlo a cabo, y cuestiones tan sensibles
para la seguridad como la firma magnética de un buque o los sistemas de
armas jamás son clasificados como secretos por cuanto que requeriría,
como les digo, la manifestación así del Consejo de Ministros y sí pueden
ser clasificados como información privilegiada. Por estas razones afectan
a la defensa nacional y tales informaciones no pueden revelarse de forma
indiscriminada a cualquier empresa que exprese su deseo de participar en
un proceso de contratación, que es de lo que estamos hablando.

Aunque se ha hecho alguna referencia anteriormente por el
Grupo Parlamentario Socialista, con la inclusión de la calificación de
secreto en este texto legal, asumimos unos riesgos que en absoluto nos
han sido exigidos por la directiva comunitaria. Por lo tanto, niego la
mayor en lo que se refiere a la exposición y al argumento que
anteriormente se ha explicado.

La segunda enmienda, la número 5, presentada por nuestro
grupo es más formalista, pero creo que hay que respetar la formalidad,
sobre todo en las leyes. Ya les decía anteriormente que hace referencia a
una pequeña modificación del artículo 61, donde se establece el principio
general de los supuestos en los que se debe admitir la subcontratación, y
a la elevación de ese límite a un 50% —está en un 30% en la
actualidad—, y no entendemos por qué no se quiere coordinar, como
les he dicho anteriormente, con la

Ley de Economía Sostenible, que eleva precisamente ese
porcentaje máximo de subcontratación al 50% de la subcontrata que se deba
hacer en el mismo sentido. Esto también va en consonancia con lo
establecido en diversas disposiciones de la Unión Europea. Por lo tanto,
sería una cuestión de voluntad de los grupos intentar coordinar estas dos
subcontratas, tanto la de la Ley de Economía Sostenible, que ha sido
modificada, como les digo, como esta Ley de contratos en los ámbitos de
la defensa y la seguridad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador.

DEBATIR

— MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE SE
CONSIDEREN EXENTAS DEL CÁLCULO DE LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA AQUELLAS CANTIDADES QUE SE OBTENGAN DEL COBRO POR UNA SOLA VEZ Y EN
FORMA DE CAPITAL DE LOS DERECHOS CONSOLIDADOS DE LOS PLANES DE PENSIONES.
(661/000683).

AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO.

El señor PRESIDENTE: Como hemos dicho, la votación la
pospondremos para la 1:15 o la 1:30. Por tanto, seguimos con el debate y
votación de las mociones.

Empezamos con la primera moción, del Grupo Parlamentario
Popular, por la que se insta al Gobierno a que se consideren exentas del
cálculo de la base imponible del impuesto sobre la renta aquellas
cantidades que se obtengan del cobro por una sola vez y en forma de
capital de los derechos consolidados de los planes de pensiones.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra el portavoz
del Grupo Parlamentario Popular, autor de la misma.

El señor PÉREZ DE JUAN ROMERO: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías.

Esta moción resulta como consecuencia de que el pasado año
el Gobierno realizó un consejo extraordinario de ministros para permitir
que, ante la grave situación de desempleo, un parado, aunque no sea de
larga duración, pueda rescatar su plan de pensiones para así poder
sobrevivir.

En el año 2007, el Ministerio de Economía perjudicó el
cobro único y en forma de capital eliminando ya la exención del 40%.
Junto a la incertidumbre de las pensiones públicas, el paro de larga
duración es un problema de difícil solución, sobre todo para personas de
más de 50 años, que difícilmente van a encontrar un nuevo trabajo y a las
que aún les quedan muchos años para tener acceso al cobro de una pensión,
máxime si como pretende el Gobierno se amplía la edad de jubilación por
encima de los 65 años. Tengo que decir que esta moción fue presentada en
octubre del pasado año, cuando se discutía lo de la ampliación de la edad
de jubilación.

En la actualidad muchas personas cobran y rescatan sus
planes de pensiones con la única finalidad de hacer frente a sus
necesidades más elementales de manutención, pago de vivienda, hipoteca,
enfermedad, educación, etcétera. Si, como parece, prospera la idea de que
a partir del año 2011 se incremente con un nuevo tramo la tarifa del
IRPF, se estaría castigando nuevamente a este desfavorecido colectivo de
parados en edad avanzada al considerar el cobro del importe de estos
planes como una renta más de trabajo, provocando la aplicación de esta
tarifa extraordinaria a todos sus ingresos sin distinción.

Por todo cuanto antecede, el Grupo Parlamentario Popular
propone a la Comisión de Economía y Hacienda que inste al Gobierno a que
se consideren exentas del cálculo de la base imponible del impuesto sobre
la renta y, por tanto, no computen a efectos de aplicación de este
posible nuevo tramo superior excepcional aquellas cantidades que se
obtengan del cobro por una sola vez y en forma de capital de los derechos
consolidados de los planes de pensiones, bien procedan de un rescate
anticipado como consecuencia de encontrarse en situaciones de paro, en
dificultades económicas, bien por cumplir la edad de jubilación.

Tengo que hacer un comentario respecto a este último
apartado relativo a la edad de jubilación. Entiendo que todo el mundo va
a apoyar que un parado de larga duración pueda rescatar el plan de
pensiones y entiendo que la mayoría de la gente que rescata un plan de
pensiones es como complemento de su pensión —y son la
mayoría—, pero puede haber un resquicio y es que alguna persona que
realmente no esté en esta situación pudiera utilizar esta vía para no ser
tan penalizado fiscalmente. En

ese caso se propuso la posibilidad de poner el límite de
una cantidad siempre y cuando el rescate sea único y de una sola vez.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Pérez de Juan.

Pasamos al turno en contra. (Denegación.)

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Mixto? (Denegación.)

¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas?

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas,
tiene la palabra el señor Pérez Bouza.

El señor PÉREZ BOUZA: Gracias, señor presidente.

Intervengo para expresar, y de manera muy breve, el voto en
contra a esta moción que plantea el Grupo Parlamentario Popular, de la
que tal como lo ha expresado el senador Pérez de Juan y de su lectura no
muy profunda se puede desprender la buena intención de que,
efectivamente, una persona parada, de larga duración, que tenga un fondo
de pensiones, pueda rescatarlo sin tener, yo no diría, una penalización,
ya que tiene que pagar los impuestos que están contemplados en la
normativa vigente.

Yo creo que esta moción va más allá y lo que pretende es ir
imponiendo la filosofía que el Partido Popular defiende con ahínco de
fomentar los planes de pensiones y que parte del ahorro de los ciudadanos
del Estado español vaya a planes de pensiones, presionados por la banca
porque tienen estudios que les dicen que en el Estado español aún estamos
muy por debajo de la media de los países europeos en inversión, en fondos
de pensiones, los ahorros que tienen acumulados los ciudadanos españoles.

Por contra, este tipo de mociones ponen en cuestión nuestro
sistema de Seguridad Social y generan la desconfianza en el sistema de la
Seguridad Social. Tanto en esta moción como en la que debatiremos a
continuación de alguna manera se deja caer que el sistema público de
pensiones de la Seguridad Social no es de fiar. Por lo tanto, hay que
acudir a fondos de pensiones. Y con eso nosotros estamos totalmente en
contra. (El señor vicepresidente, Sanz Carramiñana, ocupa la
Presidencia.)

Por lo tanto, votaremos negativamente esta propuesta porque
pensamos que la idea del Grupo Parlamentario Popular va más allá de
solventar una cuestión puntual a un colectivo que pueda estar pasando por
dificultades, como son los parados de larga duración, y así puedan pensar
en rescatar un fondo de pensiones, si es que lo tienen. No creo que sean
muchos los parados de larga de duración que tengan fondos de pensiones.
Por lo tanto, aquí me huele que se busca otro tipo de posicionamientos,
otro tipo de posturas como ir fijando en el subconsciente de los
ciudadanos del Estado español la necesidad de suscribir planes de
pensiones, de ir buscando incentivos fiscales para estos planes de
pensiones e ir poniendo en cuestión o introduciendo dudas sobre el
sistema de pensiones públicas, que está perfectamente garantizado para
muchos años, goza de buena salud y, por lo tanto, no hay nada que temer.
Lo que debemos hacer es seguir apuntalando este sistema público de
pensiones, y el ciudadano que quiera y pueda libremente suscribir un plan
de pensiones que lo haga, pero que no sea a costa de incentivos fiscales
que paguemos el resto de ciudadanos.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Carramiñana): Gracias,
senador Pérez Bouza.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Vilajoana.

El señor VILAJOANA I ROVIRA: Gracias, señor presidente.

Vamos a apoyar esta moción por tres motivos fundamentales.

En primer lugar, nosotros creemos que el sistema de
pensiones de la Seguridad Social funciona y funcionaría mejor si fuéramos
capaces de tomar las medidas adecuadas. En estos momentos en toda Europa
se están tomando medidas. ¿De qué tipo? Hemos conseguido una sociedad,
sobre todo la europea, la occidental, donde cada vez vivimos más, es
decir, la esperanza de vida se sitúa en los 85 años y va creciendo, y
seguimos, en principio, trabajando menos años respecto al total de la
vida. Esto es muy positivo, es una gran noticia y nos exige adaptar las
pensiones a esta nueva situación vital no porque sean inseguras, sino
sencillamente porque la vida cambia y porque estamos en sociedades
distintas. En todo el mundo, en donde mandan la derecha, la izquierda, el
centro, los liberales, los socialdemócratas, están tomando medidas, y las
medidas que toman son de dos tipos: una, ajustar la edad de jubilación a

este tema, y dos, adaptar —como ha sido nuestro caso,
y nos parece muy positivo— los años de cotización. Pero existe la
recomendación global de intentar la vida útil que no va contra las
pensiones sino a favor de las personas para hacer dos cosas: vivir, pero
además ahorrar. Y un mecanismo de ahorro a largo plazo es la pensión, es
lo que se hace en todo el mundo y es lo que nuestro grupo recomienda a
los ciudadanos. Es decir, no va contra las pensiones, al revés, el
sistema de pensiones cuanto más sólido sea mejor. Nosotros hemos
promovido el Pacto de Toledo, hemos estado en él, y ahora estamos
promoviendo esta reforma de las pensiones que ha propuesto el Gobierno; y
estamos claramente a su lado, buscando alternativas y buscando
soluciones. Pero, junto a todo esto, recomendamos que haya alternativas
de los planes de pensiones que permitan a la gente complementar estas
pensiones en función de sus posibilidades.

Luego existe otro aspecto muy significativo y es que,
cuando pensamos en gente parada de larga duración, nos referimos, entre
comillas, a la persona de un nivel muy reducido, y no es así: hay grandes
ejecutivos que se han encontrado en estas circunstancias, sin trabajo, a
los cincuenta y pocos años, y no son ni uno ni dos, sino muchos, que
tienen que vivir de sus ahorros —que es lo que se plantea
aquí—, si han sido capaces, y de la indemnización mayor o menor que
hayan conseguido de la empresa. Estoy hablando de directivos de
multinacionales que a los cincuenta y bastantes no son capaces de
encontrar un empleo, porque no lo hay. Por tanto, también estamos
hablando de estas personas para las que un mecanismo del que puedan
disponer sea rescatar su plan de pensiones, si lo han hecho. Y nos parece
bien aplicarle deducciones y que esto sea posible pero a un coste
razonable.

Por todo ello, este grupo va a apoyar esta moción.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Carramiñana): Gracias
senador, Vilajoana.

Por el Grupo Parlamentario de Entesa, tiene la palabra la
senadora Alberich.

La señora ALBERICH CANO: Gracias, señor presidente.

Yo creo que al final de la intervención del señor Vilajoana
ha quedado claro cuál es el sentido de la moción. En todo el argumento de
la misma se expone la necesidad de que los parados de larga duración
puedan hacer frente a necesidades básicas, pero realmente no es así,
señorías, y ustedes lo saben. Aquel que rescata un plan de pensiones a
modo de capital no lo hace para vivir en el día a día, para hacer frente
a estas necesidades básicas, lo hace para otros objetivos absolutamente
lícitos. De hecho esta moción es contraria completamente a la filosofía
de la exención o del incentivo fiscal al ahorro en forma de planes de
pensiones. Lo que se pretende con el incentivo, tal cual está ahora mismo
en la ley, es complementar la pensión pública de manera que una persona
se pueda aproximar a los últimos niveles de sueldo, y se le incentiva en
la aportación y no en el rescate. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.) Pretender aplicar lo que ustedes proponen sería duplicar
ese incentivo.

Nosotros creemos que los planes de pensiones son un buen
complemento para aquel que se los pueda permitir, que nunca deben ir en
detrimento de las pensiones públicas y que, en cualquier caso, aquel que
se lo pueda permitir —que nos parece perfecto— que tenga los
modos que se determinan en los reglamentos para el rescate, pero la
extensión a un rescate que realmente no va a cubrir las necesidades
básicas de la vida diaria sino otro tipo de necesidades, como le digo,
absolutamente lícitas, pero no prioritarias, pues que tributen al tipo
que deben hacerlo y que así esté estipulado por ley.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Ramis.

El señor RAMIS OTAZUA: Gràcies, senyor president.

El Grupo Popular propone mediante esta moción la exención
total en el cálculo de la base imponible del impuesto sobre la renta de
todas aquellas cantidades que se obtengan del cobro de prestaciones en
forma de capital de los sistemas de previsión social. Y no es que
nosotros cuestionemos los planes de pensiones privados, sino que
consideramos que los planes de pensiones son un complemento a las
pensiones de jubilación estatal, un producto más bien orientado a rentas
medias y altas.

De una primera lectura de la motivación de esta moción se
podría entender que el Grupo Popular se preocupa ahora de los efectos de
la crisis y, sobre todo, de las personas más desfavorecidas que están
sufriendo sus efectos. Creía inocentemente que el Grupo Popular había
decidido no solo no aprovecharse de la crisis por motivos electorales,
sino también empezar a arrimar el hombro en la dirección correcta,

pero no, no hemos tenido suerte con la propuesta pues sigue
los mismos caminos de demagogia que ha utilizado el Partido Popular en
los tiempos en que este país necesitaba del compromiso y la
responsabilidad de todos los partidos, especialmente del principal
partido de la oposición.

Es cierto que a través de su portavoz, el señor Pérez de
Juan, el Grupo Popular me ha manifestado su intención de ayudar a estos
parados de más de 50 años, lo que me parece loable, pero ¿cómo podemos
entender si no la utilización, el uso o más bien abuso que se hace en la
moción de las personas en paro de más de 50 años que rescatan sus planes
de pensiones para su manutención, para el pago de su vivienda, la
enfermedad cuando en realidad lo que se pretende es ni más ni menos que
exonerar de cualquier impuesto a las personas que hayan podido suscribir
un plan de pensiones, especialmente a las rentas más altas? No están
pidiendo que los parados no tengan que pagar IRPF por el cobro de las
prestaciones por desempleo, lo que están pidiendo es que las grandes
fortunas de este país se beneficien de las bonificaciones por sus
aportaciones a un plan de pensiones y después no tengan que pagar ningún
impuesto ni por las cantidades dispuestas ni por los beneficios
obtenidos.

Es esta una propuesta que pretende eludir del pago de
impuestos a los más poderosos, es una puerta abierta para eludir la
obligación de todo ciudadano a contribuir con los gastos del Estado,
pero, sobre todo, es una propuesta incoherente. ¿Cómo si no el Partido
Popular, que pide austeridad al Gobierno, pretende explicar a los
ciudadanos de este país, y en estos momentos de dificultad, que a partir
de ahora el Estado bonifique por partida doble —en primera
instancia, en las aportaciones y en segunda, en la prestación o en el
rescate— a todos aquellos que decidan invertir su patrimonio en
planes de pensiones, seguros de que en cualquier momento podrán retirar
su dinero con una significativa diferencia? Con la propuesta del partido
de los pobres, las grandes fortunas del país quedarán exentas de pagar
impuestos. Y es que esta moción no tiene desperdicio al hacer mención
expresa al nuevo tramo de tarifa del IRPF correspondiente al año 2011, un
tramo expresamente dirigido a las grandes fortunas, a las que la moción
califica como colectivo de parados en edad avanzada. Miren ustedes, a mí
no me da ninguna pena la subida para los contribuyentes con rentas
superiores a 120 000 euros, ni los que ganan más de 175 000 euros; tal
vez un poco de envidia, pero ya le digo, ninguna pena. Y estos son sus
parados, a los que ustedes pretenden exonerar de pagar impuestos. Quizás,
ustedes no son conscientes de la situación en que vivimos ni de las
dificultades que pasan los parados, que no cobran ni 120 000 euros ni 175
000 euros.

El Grupo Popular quiere crear con esta propuesta una puerta
business para que las grandes fortunas eludan el pago de impuestos y
utilizan como escudo a las personas con más dificultades, que se ven
obligadas a recuperar sus planes de pensiones, tal como lo ha hecho
posible el Gobierno socialista.

Por tanto, es una propuesta totalmente incoherente y
nosotros les solicitamos que la retiren.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ramis.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
señor Pérez de Juan.

El señor PÉREZ DE JUAN ROMERO: Muchas gracias, señor
presidente.

Ante todo, quiero agradecer a CiU el apoyo a esta moción.
No esperaba menos del senador Vilajoana (Risas.), de que iba a entender,
lógicamente, esta moción, no como otros grupos, que ya sabía que
realmente iban a derivar un poquito el contenido de la moción.

Tengo que decir al señor Pérez Bouza que aquí, dese luego,
no hay doble intención, téngalo por seguro. Es más, es una moción
totalmente personal y que se me ocurrió a mí, ya que usted sabe que yo
trabajo con parados y que conozco el tema de los parados de larga
duración. Es el propio Gobierno el que regula esta medida, es decir,
permite rescatar el plan de pensiones para que puedan sobrevivir parados
de larga duración que no tienen otra manera de vivir. Como ha dicho el
señor Vilajoana, es un método de ahorro de muchos años, que siempre fue
considerado como una renta variable y por eso estaba exento de ese 40%;
no es una renta de trabajo, se trata de un dinero que se ha ahorrado
durante treinta o cuarenta años de trabajo. Es más, en otros países ya lo
descuentan de la propia nómina para que tenga un plan de pensiones
adicional, que permita a este parado el día de mañana que sea un
complemento de su pensión.

Usted siempre me habla de la pensión del que puede; yo no
hablo de la pensión de la mayoría de la gente que son la mayoría de las
personas que necesitan ese complemento el día de mañana, y ya no digamos,
dejar en este momento, al no apoyar esta moción, tirados a los parados,
que es lo que da sentido a la moción. Es una moción claramente dirigida
al parado de larga duración que tiene que rescatar un ahorro de treinta
años para poder sobrevivir, pagar la hipoteca, no perder la vivienda, y
se le aplica un

nuevo impuesto que no tiene sentido. Yo propuse ayer al
portavoz del Grupo Socialista que estableciéramos un tope: 60 000 euros
—le dije la cantidad para que usted no me hablara hoy de 175 000 o
de 200 000 euros—, en un rescate único, para que no exista la
posibilidad de que siempre haya un listo que rescate año a año o de vez
en cuando una cantidad inferior y, al final, rescate una cantidad mucho
más alta.

Usted podía haber presentado una enmienda en la que se
propusiera un rescate único que no superara los 60 000 euros y solicitar
que fuera aceptada, estaríamos hablando de la misma persona y del mismo
grupo al que se dirige la moción.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pérez de
Juan.

— MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A FIJAR UN
LÍMITE MÁXIMO Y ESTABLECER EL OPORTUNO CONTROL A LAS COMISIONES QUE LOS
BANCOS Y AGENTES FINANCIEROS APLICAN A LOS PLANES DE PENSIONES.
(661/000684)

AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO.

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente moción: Moción
del Grupo Parlamentario Popular por la que se insta al Gobierno a fijar
un límite máximo y establecer el oportuno control a las comisiones que
los bancos y agentes financieros aplican a los planes de pensiones.

A esta moción se ha presentado una enmienda transaccional
firmada por todos los grupos que sustituye al texto de la moción.

Así, pues, vamos a proceder a defender el texto de la
enmienda transaccional. En primer lugar, intervendrá el Grupo Popular y
después, el resto de grupos, comenzando por el Grupo Socialista, o si
ustedes lo desean, podemos pasar directamente al turno de portavoces.
(Asentimiento.)

Turno de portavoces.

Bien, en este caso, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene
la palabra el senador Bagur.

El señor BAGUR MERCADAL: Muchas gracias, señor presidente.

Quiero decir que circunstancialmente estoy representando al
Grupo Parlamentario Mixto —que en este momento está prácticamente
en cuadro dadas las bajas que hemos tenido este mes—, en
sustitución de mi colega Pere Sampol.

El señor PRESIDENTE: Son bajas temporales. (Risas).

El señor BAGUR MERCADAL: Me parece una moción interesante,
pero más aún esta enmienda transaccional que he firmado con el resto de
portavoces. Por tanto, daré soporte a esta moción del Grupo Popular.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas,
tiene la palabra el senador Pérez Bouza. (El señor vicepresidente, Sanz
Carramiñana, ocupa la Presidencia.)

El señor PÉREZ BOUZA: Muchas gracias, señor presidente.

En este caso, sí nos parece una moción acertada porque,
igual que consideramos que los planes de pensiones, máxime en los
términos en que se han presentado en la moción anterior, no tienen por
qué gozar del privilegio de estar exentos de tributar cuando se rescatan,
pensamos que el hecho de que alguien decida dedicar sus ahorros a un plan
de pensiones no tiene por qué estar penalizado con comisiones de las
entidades suscriptoras. Por lo tanto, repito que en este caso
consideramos la propuesta del Partido Popular acertada y razonable, y la
vamos a apoyar.

No obstante y por la alusión que ha hecho el senador Pérez
de Juan en la moción anterior, me gustaría preguntarle cuántos de los
muchos ciudadanos que pasan por su asociación, que hace un gran trabajo,
le han planteado esta necesidad. Me temo que el 90% de ellos al menos no
tienen, desgraciadamente, un plan de pensiones, señor Pérez de Juan.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Carramiñana): Gracias,
senador Pérez Bouza.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Vilajoana.

El señor VILAJOANA I ROVIRA: Gracias.

Vamos a apoyar esta transaccional, que refleja el espíritu
de la moción y que concreta, además, elementos que compartimos
absolutamente. Pero me gustaría aclarar por qué coincidimos.

Antes he hecho alusión a que a veces hablamos de parados y
pensamos solamente en un perfil de parado, cuando en esta crisis hay
parados de todo tipo; estar parado es complejo económicamente,
psicológicamente, etcétera. Desde luego, mi grupo va a seguir apoyando
que los planes de pensiones sean un complemento al sistema público de
pensiones, al que siempre hemos defendido y al que siempre apoyaremos; y
entiendo que esta Cámara hará lo mismo, lo han explicado muy bien los
portavoces en las distintas intervenciones. Quiero decir que, a la vez
que defendemos las pensiones públicas, apoyaremos el funcionamiento de
los planes de pensiones como alternativa para mejorar la calidad de vida
de los hombres y mujeres de este país que, después de haber trabajando
muchos años, quieren tener un retiro adecuado.

Siendo esta nuestra línea, estamos totalmente de acuerdo en
ciertas cosas. Estamos atravesando una situación compleja y en este
momento los planes de pensiones, dirigidos en su mayor parte a la renta
fija, no tienen una gran rentabilidad, es decir, está cayendo la
rentabilidad; sin embargo, las comisiones no caen. Este es el problema
que tenemos. No puede ser que la banca, como es razonable en tanto que el
mercado es como es, esté bajando las rentabilidades de los planes de
pensiones y se esté perdiendo el principal y, en cambio, las comisiones
no se reduzcan. Esto no nos parece adecuado. Por tanto, considero una
iniciativa potente que la banca cuando vienen maduras viva bien y cuando
vienen duras afloje, porque no puede ser que solamente aflojen los
sujetos pasivos.

Por eso, apoyamos esta iniciativa; hubiésemos apoyado la
anterior pero esta, también. Considero necesario que la banca, que hace
una labor comercial razonable de captación de dinero para sus planes de
pensiones con mecanismos complejos, como regalos de televisores,
etcétera, realice esas operaciones con total transparencia. La banca ha
de entender que cuando van las cosas bien, fenomenal; pero cuando van
mal, debe repercutir en todos. No nos parece razonable que en este
momento estén cayendo las rentabilidades, y no las comisiones. Por esto,
con mucho entusiasmo, también apoyamos esta iniciativa.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Carramiñana): Gracias,
senador Vilajoana.

Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés,
tiene la palabra la senadora Alberich. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)

La señora ALBERICH CANO: Muchas gracias, señor presidente.

Quiero hacer una reflexión previa en torno al debate que se
ha generado sobre los planes de pensiones. Los planes de pensiones son un
instrumento de ahorro como cualquier otro, pero con un incentivo fiscal
añadido, están bonificados y la ciudadanía, la gente, los utiliza
básicamente no tanto pensando en su jubilación, sino en pagar menos en el
impuesto sobre la renta del año en curso. Eso es así y seguirá siendo así
mientras exista ese incentivo para los planes de pensiones, y dejará de
serlo y funcionará como cualquier otro instrumento de inversión o de
ahorro en el momento en el que se modifique la Ley del IRPF. Es un
instrumento de ahorro absolutamente respetable, pues, si bien algunas
personas se pueden permitir contratarlo y disponer de él de cara al
futuro, mientras que otras, más mundanas, la gran mayoría, lo utilizan
cuando pueden para ahorrarse un piquito en la renta y no vuelven a
invertir durante el resto de su vida; de manera que es poco lo que les
acaba quedando en el momento de la jubilación. Podemos decir muchas más
cosas y quedar muy bien. Pero la realidad de este país es esta, señorías,
pregúntenselo a cualquiera de sus vecinos, compañeros o amigos.

Por tanto, como instrumento de ahorro y de inversión nos
parece bueno y, como tal, creemos que hay que aumentar su seguridad
jurídica y su transparencia y la supervisión de las entidades e
instituciones de inversiones que lo promueven. Nuestra filosofía es que
deberíamos hacer exactamente lo mismo con cualquier otro instrumento de
inversión, de ahorro o de gestión de cualquier entidad bancaria o
institución de inversión.

Por todo ello, obviamente, hemos apoyado esta transaccional
y vamos a votarla favorablemente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Hurtado.

El señor HURTADO ZURERA: Muchas gracias, señor presidente.

Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a todos los
portavoces y también al portavoz del grupo proponente, el Grupo
Parlamentario Popular, su buena disposición para llegar a la
transaccional que ha promovido el Grupo Parlamentario Socialista.

Desde el principio hemos valorado muy positivamente la
intención que tenía la moción, puesto que creemos que es necesario hacer
un mercado mucho más competitivo en cuanto a estos productos financieros,
para lo cual hay que adoptar medidas normativas. Pero también es
evidente, y así se lo he trasladado a los portavoces, que la formulación
tenía importantes inexactitudes, por decirlo así. No era una formulación
exacta y voy a dar los argumentos.

Inicialmente, la moción pretendía poner límites a las
cuotas o retribuciones que cobran las entidades por la gestión o el
depósito de estos productos, y tenemos que decir claramente que en la
normativa vigente ya existen límites. Actualmente, existe un límite del
2% de la cuenta de posición o del patrimonio acumulado para las entidades
gestoras; es decir, hay un 2% anual como límite para el cobro de esta
comisión gestora. Por otra parte, también hay un límite para la comisión
de depósito; en concreto, son las entidades bancarias las que vienen a
ser depositarias de este tipo de productos financieros y en la actualidad
esa comisión está limitada al 0,5% de la cuenta de posición o del
patrimonio acumulado. Además, la normativa actual no admite ningún tipo
de comisión añadida e incluso hay unas comisiones, que se denominan
comisiones en cascada y que venían a sortear la normativa vigente, que
también se están computando a efectos de este límite máximo. Esto, que
inicialmente no estaba muy claro, lo ha establecido como criterio una
instrucción de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Y
no se admite ningún otro tipo de comisión. La normativa actual solamente
admite esos dos tipos de comisiones: la de gestión y la de depósito, con
las limitaciones que he acabo de expresar.

Por otra parte, para garantizar la transparencia de estos
productos, en la normativa actual está prevista una exigencia de
información bastante sustanciosa. Se trata de garantizar la información
no solamente al que accede a este plan de pensiones y participa del fondo
—al partícipe, como se le denomina—, sino también al
ministerio a través de la correspondiente dirección general. Es más, no
solo se exige información acerca de las comisiones sino también sobre
cualquier tipo de modificación que puedan sufrir estas, y en concreto el
plazo es de diez días para la dirección general y de un mes para el
partícipe.

Por tanto, respecto a la intención inicial de la moción,
hay que puntualizar que hoy existen ya unos límites. Sin embargo, en lo
que sí estamos de acuerdo es en matizar su objeto. En la exposición de
motivos se mencionan explícitamente los planes de pensiones que van
unidos a préstamos hipotecarios, y aquí hay que hacer una serie de
aclaraciones de gran interés informativo. En primer lugar, la Ley general
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios prohíbe expresamente que
el adquirente de un bien o servicio se vea obligado a contratar otro bien
o servicio complementario subsidiario o que no tenga nada que ver con el
inicial. Por tanto, los ciudadanos tienen que saber claramente que, al
contratar un préstamo hipotecario, no les pueden obligar jamás a la
contratación de un plan de pensiones unido a este préstamo hipotecario.
En segundo lugar, el Reglamento de planes y fondos de pensiones también
establece la misma prohibición expresa; es decir, que la adquisición de
un plan de pensiones no puede ir unida a la obligación de adquirir otro
tipo de bien o servicio. Por tanto, esa vinculación no existe
formalmente, y hay que denunciar expresamente que no puede ser objeto de
oferta. En tercer lugar, la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones está haciendo un gran esfuerzo por aumentar la transparencia de
este mercado. En concreto, en la página web de la dirección general se
están publicando datos comparativos de los planes de pensiones, no solo
en cuanto a la rentabilidad sino también en cuanto a las comisiones que
soportan los partícipes. Es una información básica y sustanciosa para
garantizar la transparencia en el mercado de este producto financiero.
Igualmente, se está trabajando para agilizar los trámites administrativos
y eliminar las trabas burocráticas. Por cierto, a efectos de comisión de
gestión y de depósitos, se computan también los gastos que producen las
empresas de inversión de capital riesgo; un avance considerable en la
reducción de las comisiones que soportan los partícipes y en la garantía
de la transparencia de este mercado.

En la enmienda transaccional a que hemos llegado se
explicita muy claramente, en primer lugar, la necesidad de mejorar la
información que se le da al partícipe, para que haya más transparencia y
publicidad y una mayor supervisión de este mercado. En segundo lugar, se
expone la necesidad de mejorar su competitividad, su eficiencia, para lo
que establecemos que se regule una posibilidad que ya existe: que las
comisiones de los tipos máximos se establezcan de forma variable, en
función de la rentabilidad. No obstante, el sector, la industria
financiera, en estos momentos está renunciando a hacerlo,

porque parece que no le interesa. En la conversación que
hemos mantenido coincidía con usted en que en un plan de pensiones no
rentable no hay por qué cobrar unas comisiones tan elevadas. Respondiendo
a esa necesidad social actual, somos partidarios, como hemos explicitado
en la enmienda transaccional, de que las cuotas o comisiones fijas se
diferencien de las cuotas o comisiones variables, y que estas últimas
vayan en función de la rentabilidad del plan de pensiones. Este es un
añadido que consideramos sustancial.

En la enmienda transaccional también incorporamos la
necesidad de autorregulación de las campañas de regalos e incentivos para
la movilización de partícipes, y damos especial importancia a la
necesidad de dar información sobre la permanencia a que se obligan los
partícipes al recibir esos donativos o regalos. Por último, se pone de
manifiesto la necesidad de seguir abundando y profundizando en la mejora
de los trámites administrativos, y sobre todo en su agilización.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Hurtado.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Pérez de Juan.

El señor PÉREZ DE JUAN ROMERO: En primer lugar, tengo que
agradecerles a todos los grupos parlamentarios que hayan entendido el
sentido de la moción. Esta moción es muy clara y resume dos cosas
fundamentales, siendo una de ellas las comisiones elevadas. Yo sé que hay
establecido ya un límite para las comisiones, pero considero que el que a
alguien le cobren un 2% supone que le cobren mucho, cuando resulta que
esa persona es quien ha puesto su propio dinero. Yo no ligo en absoluto
el plan de pensiones con un plan hipotecario, al menos así lo interpreto
yo; la única comparación que hago entre ellos es que en un plan
hipotecario a uno le prestan el dinero, mientras que en un plan de
pensiones es uno el que pone el dinero. Cobrar entre un 0,5 y un 1 % por
el depósito me parece cobrar una cantidad elevada, puesto que es un
dinero que yo aporto y que arriesgo al invertirlo en el banco; como se ha
dicho, puedo perderlo y además me cobran un 2% por él. Es decir que la
moción va dirigida a exponer que las comisiones son elevadas y que tienen
que bajarse. No sé, señoría, qué es lo que piensa usted, pero arriesgar
un dinero y que además el banco te cobre un 3%, a mí me parece exagerado.
Hoy he revisado las comisiones que cobran todos los bancos por la gestión
o administración, que muchas veces es deficitaria, y he visto que están
entre el 0,5 y el 1% por el depósito, dependiendo de cada banco. Y repito
que el banco no arriesga nada. Y como se acaba de decir aquí, este es un
método de ahorro que estimula el Gobierno con deducciones de IRPF, pero
ese dinero se invierte. Ese es sencillamente el sentido de la moción y yo
creo que precisamente en este momento es cuando más que nunca se debe
plantear.

En cuanto a la incertidumbre de los planes de pensiones, el
Partido Popular no va por ahí. Siempre hemos pensado que el plan de
pensiones está asegurado; quizá sea el Gobierno actual el que ponga algo
de incertidumbre en ello, pero el fomento de los planes de pensiones en
todas las clases sociales, incluso en las medias, no creo que sea
negativo.

Senador Pérez Bouza, usted sabe que mi organización se
dedica a la gente pobre, que padece exclusión social. Lógicamente, yo no
puedo exigir que esa gente tenga un plan de pensiones o un depósito en el
banco, pero es usted conocedor de que en los últimos tres o cuatro años
ha aparecido un nuevo perfil de pobreza, ya lo ha advertido nuestra
organización: se trata de personas de clase media que no llegan a fin de
mes, que no son capaces de pagar su hipoteca ni de sobrevivir. Esa clase
media sí que tiene un plan de pensiones, puesto que va aportando pequeñas
cantidades, 10 o 20 euros al mes, y yo estoy defendiendo aquí que puedan
rescatar esas cantidades, que el Gobierno les permite hacerlo, para pagar
la hipoteca. Pero, claro, si uno rescata ahora 60 000 euros de un ahorro
de 30 años y resulta que el Gobierno se queda con 15 000 o con 20 000
euros, uno no puede rescatar ese dinero para intentar sobrevivir. Es más,
podrían necesitarse menos prestaciones sociales. A mí sí me parecería
lógico que durase menos tiempo el paro para esa gente que es capaz de
rescatar un plan de pensiones y que va a tener un dinero para sobrevivir.
Esa es otra medida que podría tomarse; es decir, rescatar el plan de
pensiones y, en lugar de tener dos años de subvención de paro, que el
Gobierno estableciese solo un año de paro por haber recuperado una
determinada cantidad. Pero no se debe cobrar un impuesto por rescatar un
ahorro de 20 o 30 años para poder vivir y para pagar una hipoteca. Ese es
únicamente el sentido de la moción original. No había doble intención,
senador, y usted sabe que, si yo le digo esto, es exactamente porque no
había ninguna otra intención.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Si les parece bien a sus señorías, vamos a suspender la
sesión para acudir a la Diputación Permanente. Reanudaremos esta sesión
hacia la 1:10 de la tarde.

Gracias, señorías. (Pausa.)

— MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A MODIFICAR
LA VIGENTE LEY HIPOTECARIA PARA REGULAR LA DACIÓN EN PAGO DE LA VIVIENDA.
(661/000722)

AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS.

El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión con la
moción del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas por la que se
insta al Gobierno a modificar la vigente Ley Hipotecaria para regular la
dación en pago de la vivienda.

Tiene la palabra el senador Pérez Bouza para defender esta
moción.

El señor PÉREZ BOUZA: Muchas gracias, señor presidente.

Efectivamente, vamos a debatir una moción respecto de la
que, como tendré que hacer de adivino sobre el posicionamiento del resto
de los grupos, si alguien tiene la intención de referirse a la
subcomisión que se ha creado en el Congreso de los Diputados para
estudiar este tema, ya adelanto que esta moción fue presentada en el mes
de febrero —por lo tanto, mucho antes de que a principios de junio
se creara esa subcomisión en el Congreso de los Diputados—, de modo
que tiene toda la razón de ser y de que se pueda debatir por los
distintos grupos y finalmente sea votada.

En primer lugar, esta moción recoge un problema real de los
ciudadanos y, por tanto, tiene la gran virtud de hacerse eco de una
demanda de importantes colectivos de la sociedad, que además coinciden en
considerar que los políticos nos dedicamos demasiadas veces a temas que
resultan de poco interés para los ciudadanos que sufren esos problemas
día a día y que a los que les afectan les dedicamos poco tiempo. Esta
moción trata sobre un tema que cada día afecta a cientos de personas en
el Estado español, más de 300 000 en los últimos tres años, que han sido
desahuciados, han perdido su vivienda y en la inmensa mayoría de los
casos tienen que seguir soportando una deuda con la entidad bancaria que
les ha facilitado una hipoteca.

Este tema tiene su origen en el boom inmobiliario que
sufrimos en el Estado español durante los últimos diez años. Para
alimentar este boom inmobiliario y para que la burbuja no se viniera
abajo, se alimentó por las entidades bancarias facilitando el crédito
prácticamente a todo el que entraba por la puerta, sin demasiadas rigidez
en las condiciones de concesión. Esto hizo que la inmensa mayoría de
ciudadanos españoles se hipotecara más allá de lo que podían soportar con
sus ingresos, dadas las facilidades que las entidades de crédito les
daban. Pero esto, que parecía que era una ayuda para esas personas, al
final, se ha convertido en una auténtica trampa y ha supuesto un
auténtico drama para buena parte de ellas. Era previsible que, con
endeudamientos superiores a un 30% de los ingresos mensuales, con
hipotecas a cuarenta, cincuenta años, en algún momento esto tendría que
explotar, como ha explotado hace ya un par de años, porque explota sobre
todo cuando la crisis destruye miles de puestos de trabajo y esas
personas dejan de tener unos ingresos que entonces ya eran muy ajustados,
reduciéndose de forma alarmante en algunos casos, e, incluso, hasta el
hecho de que muchas familias en el Estado español hoy no tienen ni un
solo euro de ingreso mensual.

Por lo tanto, los bancos son implacables y en el momento en
que un ciudadano deja de pagar su hipoteca durante dos, tres meses,
ejecutan las cláusulas de los contratos hipotecarios. Hasta el pasado
viernes, cuando el Consejo de Ministros adoptó alguna medida, que ya
adelanto que valoramos positivamente en el BNG aunque consideramos
claramente insuficiente, las consecuencias eran las de un desequilibrio
total entre las entidades financieras y las personas a las que se iba a
ejecutar ese proceso hipotecario, hasta tal punto que el banco, si la
subasta quedaba desierta, se podía quedar con la vivienda por el 50% de
la tasación realizada en su momento y embargar una parte muy alta del
salario, dejando al sujeto prácticamente sin ningún tipo de recurso. Por
lo tanto, había una gran desproporción, que es cierto que con estas
medidas se equilibra un poco, si bien consideramos que de manera
insuficiente.

Desde hace mucho tiempo determinados colectivos de
afectados, pero también sindicatos, organizaciones políticas, de jueces,
de fiscales, organizaciones de todo tipo vienen reclamando que el
Gobierno debe llevar a cabo distintas reformas normativas que en el
ámbito procesal, en el ámbito hipotecario y también en el ámbito civil
presten más protección a estos ciudadanos, que, al fin y al cabo,

son consumidores, frente a estas ejecuciones hipotecarias
que están llevando a cabo los bancos. Es cierto que cuando se hace un
negocio las dos partes deben asumir algo de riesgo, un riesgo que no debe
estar residenciado solo en una parte.

En la concesión de hipotecas todo el riesgo está
residenciado en la parte contratante, en el ciudadano que contrata esa
hipoteca, a pesar de que fue el banco el que se la concedió y, por lo
tanto, debía asumir algún tipo de riesgo y se la concedió en base a una
tasación que, en la mayoría de los casos, ha hecho una entidad tasadora
participada por el propio banco. Y la entidad tasadora tampoco tiene
ningún tipo de responsabilidad. Curiosamente, un tasador tasa una
vivienda en una cantidad equis, seis meses después la tasa en un 30 o en
un 40% menos, y no tiene ningún tipo de responsabilidad. Pero, además,
estas bajadas en las tasaciones previas a las ejecuciones hipotecarias no
se corresponden en absoluto con la bajada que ha sufrido la vivienda en
el mercado. Nadie compra hoy una vivienda nueva o de segunda mano con una
rebaja del 50% con respecto al precio que tenía hace tres años. Las
rebajas están en torno al 10 y al 15%, pero nunca superiores a esos
porcentajes. Por lo tanto, aquí hay muchos actores que tienen parte de
culpa en esta situación dramática que están viviendo muchos ciudadanos,
pero solo la están pagando esos ciudadanos que pierden su vivienda y
tienen que hacer frente de por vida a una deuda que le queda pendiente
con la entidad bancaria.

¿Qué pedimos nosotros? Que el Gobierno siga dando pasos,
que haga lo que ha hecho este viernes, y que no espere al dictamen de esa
subcomisión que se ha constituido en el Congreso, que a nosotros nos
parece muy bien, y en la que vamos a participar. De hecho, ya hemos hecho
llegar nuestras recomendaciones o medidas que se deberían adoptar, pero
todos sabemos que esta subcomisión se ha dado un plazo de trabajo de seis
meses; se ha creado en la primera semana de junio, con lo cual concluirá
sus trabajos a principios de diciembre y, si no hay un adelanto
electoral, las Cortes Generales se disolverán a principios de enero. Así,
pues, todas las recomendaciones que pueda hacer esta subcomisión, si no
nos adelantamos, no van a valer absolutamente para nada. Esto es urgente,
porque cada día que pasa son cientos los ciudadanos del Estado español
que ven ejecutadas sus hipotecas, sus deudas con los bancos y, por lo
tanto, pierden su vivienda.

Por otra parte, yo defiendo que el Senado no tiene nada que
ver con el Congreso. Me parece muy bien que en el Congreso se dediquen a
estudiar este tema, pero en el Senado no debemos dejar de lado nuestra
responsabilidad; podemos debatir estos mismos temas e instar al Gobierno
a que tome determinadas medidas, que si son coincidentes con las que les
recomiende esa subcomisión, perfecto, y si no lo son, supongo que serán
suficientemente responsables si salen de un acuerdo tomado entre los
distintos grupos.

En definitiva —y termino— lo que pretendo con
esta moción no es más que pedir que recojamos la sensibilidad que hay en
la calle, que recojamos un problema que existe, que es real, que es
objetivo, que es palpable y que instemos al Gobierno a que se mueva más
de lo que se ha movido hasta el momento y que tome otras iniciativas
distintas de las que ha tomado, que, repito, son positivas, pero
claramente insuficientes para terminar con esta situación absolutamente
grave que padecen muchos ciudadanos.

Se trata de buscar el equilibrio. No pretendo ni pretende
el BNG con esta moción crear un problema financiero. Sabemos que los
bancos han invertido muchos recursos en financiar la compra de viviendas
y, por lo tanto, tampoco es intención del BNG crear un problema
financiero, de inestabilidad financiera para muchas entidades, pero sí
que todos los actores que han participado en esta situación asuman una
parte de ese riesgo y que ese riesgo no acabe teniendo que asumirlo solo
una parte, la parte claramente más débil.

En el turno de portavoces haré alguna consideración más
sobre las intenciones y sobre la negociación que tuvimos principalmente
con el Grupo Socialista —también con el Grupo Parlamentario Popular
y con otros grupos— para intentar llegar a un acuerdo que, por mi
parte, pretendía suavizar el planteamiento inicial en función de todo lo
que ha pasado desde el mes de febrero hasta el mes de julio. Creo que no
va a ser posible llegar a ese acuerdo pero, en todo caso, hasta el final,
hasta las votaciones, espero que todos hagamos un esfuerzo por arrojar
luz sobre esas personas que están sufriendo y que merecen nuestra
atención; merecen que desde el Senado instemos al Gobierno de manera
urgente, sin esperar más, a que se tomen medidas que alivien esa
situación.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bouza.

Hay presentada una enmienda de sustitución por parte del
Grupo Socialista, que va a defender el senador Lacueva.

Senador Lacueva, tiene usted la palabra.

El señor LACUEVA SOLER: Muchas gracias, señor
presidente.

El senador Pérez Bouza ha planteado muy bien el problema y
ha definido muy bien su enunciando .Con lo que no estamos de acuerdo es
con la forma de buscar la solución y con algunos de los términos.

En el Congreso de los Diputados, como muy bien ha dicho, se
ha constituido una subcomisión para estudiar el tema. Nos parece que
tomar acuerdos, en principio, podía ser precipitado ya que, como muy bien
ha dicho, intervienen muchos actores en el problema y en la búsqueda de
soluciones. Otra cuestión hubiera sido que su grupo hubiera solicitado ya
en febrero la creación de una subcomisión en el Senado. En estos
momentos, creada ya la subcomisión en el Congreso de los Diputados, nos
parece que sería repetir el tema.

Además, no nos parece correcto en los términos en los que
viene planteada la moción acotar, predefinir o dirigir las conclusiones
de la subcomisión, creada por todos los grupos políticos en el Congreso
de los Diputados, para que pueda tener su margen de estudio y llegar a
las conclusiones que con todos los grupos políticos y con los expertos
consideren oportunas. Nos parece que debemos dejar que la subcomisión
saque sus conclusiones; que las aportaciones de las asociaciones de
consumidores, de constructores, promotores, entidades de crédito tengan
voz, y seguro que la comisión dará respuesta a la problemática y aportará
las soluciones oportunas.

Nuestro grupo ha presentado una transaccional que va en el
sentido de impulsar a la comisión del Congreso de los Diputados y así
nuestra enmienda iba encabezada en la dirección de adoptar con la mayor
eficiencia las conclusiones de la subcomisión de estudio del Congreso de
los Diputados de posibles cambios del sistema hipotecario español para
seguir avanzando en las medidas de protección social para hipotecados de
la primera vivienda con especial atención a acelerar la introducción de
las subastas judiciales electrónicas, a supervisar las condiciones para
la concesión de créditos hipotecarios, con el fin de evitar cláusulas
abusivas, especialmente las llamadas cláusulas suelo, a desarrollar en
colaboración con agentes sociales, económicos, financieros, de sistemas
de información, mediación y resolución de conflictos que permitan a las
familias españolas afrontar con mayor seguridad, conocimiento y garantías
jurídicas sus operaciones de crédito, ya sea en el momento de la
constitución o a lo largo de la vida del préstamo hipotecario; y, por
último, incentivar que las entidades bancarias ofrezcan la información
suficiente sobre la constitución de hipotecas que contempla que la
obligación garantizada se realiza únicamente sobre el bien hipotecado,
tal y como se recoge en el artículo 140 de la Ley Hipotecaria.

La dación en pago generalizada, que es lo que propone la
moción del Grupo de Senadores Nacionalistas, seguramente no es la mejor
solución, puesto que tiene otros efectos colaterales a los cuales nos
podemos referir. No estoy seguro de que el senador Pérez Bouza esté de
acuerdo con la dación en pago generalizada; en nuestro grupo simplemente
apuntamos la posibilidad de diferenciar, entre otras cuestiones que no
plantea en su moción, entre lo que es primera vivienda y lo que son otras
viviendas.

Sin duda alguna, es mejor realizar un estudio exhaustivo,
como el que propone el Congreso de los Diputados, y nosotros estamos por
la labor de respaldar y dejar trabajar a la subcomisión del Congreso de
los Diputados.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador.

Tiene la palabra el senador Pérez Bouza, para posicionarse
sobre esta enmienda de sustitución.

El señor PÉREZ BOUZA: Gracias, señor presidente.

Quiero agradecer al portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, senador Lacueva, su interés y voluntad para llegar a un
acuerdo, pero es muy difícil conseguirlo cuando lo que se pretende es una
enmienda de sustitución que cambia radicalmente el planteamiento inicial
de la moción, y ya le adelanto que no tengo ningún problema en aceptar su
enmienda como una enmienda de adición pero, evidentemente, no la puedo
aceptar como una enmienda de sustitución porque desvirtúa totalmente el
espíritu de la parte resolutiva de la moción.

Como ya le he comentado en privado, y se lo digo ahora
públicamente, el primero que se ha saltado la subcomisión ha sido el
Gobierno; el pasado viernes, el Gobierno, con buen criterio, decidió
tomar dos

medidas para poner remedio a esta grave situación y no
esperó a que la subcomisión terminara sus trabajos ni le hiciera ningún
tipo de recomendación, porque el Gobierno es autónomo y tiene capacidad
para adoptar las medidas necesarias cuando hay un problema grave.

Por tanto, como el Gobierno ha sido el primero que se ha
saltado la subcomisión, no pasa nada porque adoptemos hoy un acuerdo, a
pesar de los trabajos de la misma que, supongo que serán muy
interesantes.

Suele ocurrir que este tipo de subcomisiones, comisiones de
estudio y demás se suelen crear cuando no hay voluntad de tomar acuerdos,
y para dilatarlos en el tiempo. Considero que este no ha sido el caso
pero sí en otros, que todos conocemos, y sabemos que es una técnica a la
que recurren muy de vez en cuando los distintos Gobiernos.

Además, difícilmente podemos decir hoy a esos cientos de
personas que cada día ven que sus bancos se quedan con sus viviendas y
les cargan con una deuda durante muchos años que esperen seis meses hasta
que decida la subcomisión y las recomendaciones que adopte o no el
Gobierno, que ya será un nuevo Gobierno, sea de este u otro color, que
tomará posesión allá por abril o mayo del próximo año.

Por tanto, a ver quién sale a decir públicamente a esos
ciudadanos que tienen que esperar un año para adoptar algún tipo de
decisión. El BNG considera que esto es más urgente y que el Gobierno
debería adoptar de inmediato las medidas oportunas.

Señor Lacueva, señorías, lo que vamos a aprobar o rechazar
hoy no es una ley, es simplemente una iniciativa parlamentaria por medio
de la cual decimos al Gobierno que, si tiene a bien, tome en
consideración nuestras recomendaciones. Por tanto, creo que no habría
ningún problema en que una solución —que no la propone el BNG, sino
muchos colectivos, partidos políticos, sindicatos, asociaciones de todo
tipo— fuera estudiar la posibilidad de generalizar la dación en
pago como una forma de ejecutar una deuda hipotecaria; simplemente, que
se estudie y valore si ese pudiera ser un camino; nosotros pensamos que
sí.

Además, para que quede clara nuestra voluntad de llegar a
acuerdos estábamos dispuestos a prescindir de ese texto inicial que fue
redactado en el mes de febrero y conseguir un texto más interesante que
planteara otro tipo de medidas, como reformas no solo en la Ley
Hipotecaria sino también en las normativas civil y procesal, no tanto
para generalizar la dación en pago como método preferente a la hora de
contratar una hipoteca sino para dar instrumentos a los jueces, al Poder
Judicial para que en determinadas circunstancias, cuando se trate de
deudores de buena fe, en el caso de la primera vivienda, y cuando se
pueda demostrar que los recursos de una persona han mermado con respecto
a los que tenía cuando contrató el crédito, se pudiera ejecutar la deuda
hipotecaria con la entrega de la vivienda.

El Grupo Parlamentario Socialista no lo ha considerado así,
y yo lo respeto, y no ha aceptado nuestro segundo planteamiento, por lo
que rechazamos la enmienda de sustitución planteada por el Grupo
Parlamentario Socialista, aunque la aceptaríamos encantados como enmienda
de adición.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pérez Bouza.

¿Turno en contra? (Denegaciones.)

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Bagur.

El señor BAGUR MERCADAL: Gracias, señor presidente.

Señorías, es difícil no estar de acuerdo con la propuesta
del senador Pérez Bouza. El Gobierno ha hecho un esfuerzo para introducir
algunas cuestiones con objeto de aprobar una moción que a todas luces
pensamos que es importante, pero también entiendo que ha sido imposible
llegar a un acuerdo, dada la complejidad de los dos primeros puntos.

Sin los dos primeros puntos, esta moción pierde parte de su
fuerza pero, en mi opinión, entre todos tendríamos que buscar una
solución a uno de los dramas más habituales en épocas de crisis, que es
la imposibilidad de hacer frente a uno de los derechos fundamentales de
todas las personas, el derecho a una vivienda digna.

En estos días se han dado pasos importantes al establecer
un techo para que los bancos puedan intervenir de forma drástica en los
sueldos de los hipotecados; por tanto, siento que no se haya podido
llegar a un acuerdo pero comprendo que es imposible hoy aprobar la
propuesta del senador Pérez Bouza.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas,
tiene la palabra el senador Pérez Bouza.

El señor PÉREZ BOUZA: Gracias, señor presidente.

Voy a intervenir muy brevemente. Como esta forma de debatir
las propuestas obliga a los grupos minoritarios a posicionarse en el
turno de portavoces antes de conocer el sentido del voto del resto de los
grupos, si alguno tiene a bien apoyarnos, se lo agradezco y a los que no
la apoyen también les agradezco su interés hacia esta moción.

Creo que si se votara individualmente, sin seguir la
disciplina de grupo, recibiría más apoyos de los que va a recibir; en
todo caso, me gustaría que se transmitiera la idea de que es un tema
interesante, que preocupa, y que algo más de lo que se ha hecho hasta
este momento habría que hacer.

No sé si se acordarán pero hace ya más de un año presenté y
defendí en esta misma comisión dos mociones muy similares a la que hoy
debatimos; una era exactamente igual, y en aquel entonces, tanto el Grupo
Parlamentario Socialista como el Grupo Parlamentario Popular dijeron que
no iban a apoyar esa moción porque supondría encarecer demasiado los
créditos y dificultaría que fluyera el crédito hacia los ciudadanos. Pues
bien, lo de encarecer no se ha podido comprobar, pero lo de que fluiría
menos el crédito ya ven que no ha sido así porque no se aprobó la dación
en pago, pero el crédito sigue sin llegar al ciudadano.

Por tanto, este argumento que utilizan los detractores de
esta iniciativa está en entredicho porque en estos momentos las entidades
no conceden crédito, ya que están preocupadas por alcanzar esos límites
de solvencia que les ha impuesto el Gobierno.

Y la otra moción que tampoco salió adelante, a la que se ha
referido ahora el presidente del Gobierno, pretendía la creación de una
entidad tasadora pública para que cuando un ciudadano no estuviera de
acuerdo con la tasación efectuada por la tasadora privada, participada en
buena medida por la entidad financiera que le ha concedido el crédito,
pudiera recurrir a ella para tener, hablando en términos sanitarios, una
segunda opinión.

Yo ya me conformo con el debate. Espero que, aunque no
voten a favor, al menos en sus conciencias quede que se trata de una
iniciativa justa y que a lo mejor dentro de unos meses todos estaremos
más convencidos de que algo hay que hacer para solucionar este grave
problema. (El señor vicepresidente, Sanz Carramiñana, ocupa la
Presidencia.)

En todo caso, muchas gracias a todos los grupos
parlamentarios por el interés que han demostrado hacia esta iniciativa.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Carramiñana): Gracias,
senador Pérez Bouza.

Por Convergència i Unió, tiene la palabra el senador
Vilajoana.

El señor VILAJOANA I ROVIRA: Muchas gracias,
presidente.

Señor Pérez Bouza, creo que un objetivo importante ya lo ha
conseguido: debatir sobre este asunto que, estoy de acuerdo con usted, es
un problema que está ahora mismo en la sociedad, que afecta a muchísima
gente. Y hay varios responsables. Estos temas los hemos tratado por
iniciativa suya y por iniciativa de este senador en otras ocasiones,
durante estos años de alegría, de boom inmobiliario, en los que esto era
Hollywood: ya éramos mejor que los italianos, y los franceses estaban a
punto de rendirse. Hemos debatido, por ejemplo, las garantías de los
intereses; había una especie de seguros de interés, que luego resultaban
unos swap impagables.

Se han pasado muchas cosas, y esta alegría le ha permitido
al sistema financiero no cumplir adecuadamente en cuanto a trasparencia,
en cuanto a información, etcétera. En este aspecto también hay un
culpable, que durante estos últimos meses se ha dedicado a darnos
lecciones a todos: el Banco de España. El Banco de España tampoco ha
hecho su trabajo. Usted decía que la banca había dejado dinero a todo el
mundo, pero había un Banco de España que la controlaba; teóricamente, el
Banco de España tenía funcionarios dentro de estas empresas
permanentemente, pero resulta que debía de mirar hacia otro lado sobre
todo esto de que ahora estamos hablando. Así que aprovecho la ocasión de
este debate, que no sé cómo acabará pero que es interesante que lo
tengamos en la Comisión de Economía, para decir que el Banco de España
tampoco ha hecho su trabajo. Usted, como yo y otros miembros de esta
comisión, ha estado en una subcomisión que ha analizado la crisis y en la
que un alto responsable de la banca de este país, cuando le preguntamos
por qué había pasado esto que está pasando y cuyas consecuencias estamos
viviendo ahora, nos contestó que esto era el efecto estampida; cuando un
banco

se pone a dar hipotecas, el otro banco dice: oye, no voy a
ser menos; y se pone a dar hipotecas. Y en este país ha dado hipotecas
todo el mundo. Insisto en que esto ya se ha publicado, está en un libro
de mil páginas, lo pueden leer. Un libro de esta Casa, un libro que hemos
hecho entre unos cuantos de los que estamos aquí. La pregunta que se le
hizo fue: ¿por qué ha pasado esto? Y la respuesta fue: efecto estampida.
Bueno, pues el efecto estampida nos ha llevado donde nos ha llevado. Los
bancos son responsables; y el Banco de España, controlador, es
responsable.

Ahora nos encontramos con una Ley hipotecaria que, en el
fondo, permite la dación en pago; la ley la permite, lo que pasa es que
no se aplica. ¿Por qué? El argumento es el que usted decía, señor
senador: esto va a ser muy caro, los términos van a ser mucho más
amplios, y la gente no lo querrá. Claro, si hay una alternativa, pero no
me cuenta las consecuencias..., pues no. La dación en pago es más cara,
es en menos años, es más compleja y no me interesa. Este es el problema.
Por tanto, este es un asunto que hay que resolver. Las medidas que ha
tomado el Gobierno recientemente están bien, pero también hay que decir
que los afectados nos decían estos días que esto no resolvía demasiado o
resolvía poco. Es un problema de gran complejidad, sobre todo pensando en
el pasado; es decir, es muy difícil cambiar un contrato que han firmado
dos personas, es muy complicado. Y pensando en el futuro, es cierto que
este planteamiento exigirá un cambio en el sistema financiero y una forma
de créditos y unos años, esta es la realidad. Es más difícil garantizar
un producto cuando existe incertidumbre sobre él. Es muy complicado, ya
digo. El problema es muy claro, es muy importante, afecta gravemente,
pero la solución no es fácil.

Desde mi punto de vista, las subcomisiones sirven, sobre
todo, para hablar de los problemas e intentar acelerar su solución. Se ha
constituido en el Congreso, y estoy satisfecho de que se haya hecho. Este
es un problema que hay que resolver. Este Gobierno o el próximo, o quien
sea, tendrá que resolverlo, porque hay mucha gente afectada y, sobre
todo, porque debemos evitar que vuelva a ocurrir esto. Y esto requiere,
como siempre, trasparencia e información. Además, en el proceso de
solución de este problema no se está trabajando adecuadamente sobre la
forma de hacer las subastas, las licitaciones, las tasaciones. Creo que
debemos entrar mucho más en esta área, en vez que decidirnos por la
fórmula más apetitosa, por decirlo así, que usted propone: dación en
pago, entrego la vivienda y me voy. Esto es de una gran complejidad
jurídica, económica, etcétera, dada la situación en la que nos
encontramos.

Mirando al pasado, responsables: uno, la banca, sistema
financiero, por supuesto. Dos, Banco de España, que no ha actuado como
regulador en esto y en otras muchas cosas. No tengo ningún inconveniente
en que me siga dando lecciones, pero cuidado, porque un día lo tengo
aquí, y un día lo tendremos, se lo diré. Insisto en que es bueno que nos
hayas dado la ocasión de decir estas cosas, senador, y la ocasión de que
figuren en el Diario de Sesiones. No estará el gobernador, pero un día de
estos a lo mejor se lo lee.

Mi grupo se va a abstener. ¿Por qué? Porque entiendo que
esto hay que resolverlo, pero que es de una gran complejidad, y lo
positivo de lo que está ocurriendo hoy es que estamos hablando con esta
claridad, con la claridad que usted ha hablado. Por mi parte, le
agradezco la ocasión, porque me ha permitido a mí también decir lo que
estoy diciendo, que es lo que pienso y es lo que quiero defender a corto,
a medio y a largo plazo, y también exigirle responsabilidades a quien le
corresponda, a más de uno.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Carramiñana): Gracias,
senador Vilajoana.

Por el Grupo de Entesa, tiene la palabra la senadora
Alberich. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

La señora ALBERICH CANO: Gracias, presidente.

La verdad es que a veces siento frustración, porque me
gustaría que fuéramos capaces de resolver los problemas de los ciudadanos
de forma más rápida y más ágil. Pero, a la vez, la responsabilidad y la
experiencia te hacen ver que la velocidad puede ser peligrosa, porque
puede hacer caer en errores que agraven problema. El debate de la dación
en pago no es un debate nuevo; es un debate más relevante ahora mismo,
por culpa de la crisis económica, porque ha aumentado el número de
parados, el número de personas que no reciben prestación y el número de
familias que no pueden hacer frente a la hipoteca. Una hipoteca que, por
otro lado, se les dio en unas condiciones altamente peligrosas, pero que
todos asumíamos como tales y, en una economía perversa como la que
vivíamos hace tres años, nadie era consciente de que esto podía pasar. Sí
que había plataformas ciudadanas que lo reivindicaban, pero nadie les
hacía caso; hay plataformas ciudadanas y asociaciones que llevan muchos
años trabajando en esto, que ahora sí que hay conseguido más protagonismo
y que los poderes públicos, las instituciones y

nosotros, como representantes de los ciudadanos, intentemos
poner remedio a esta situación evidentemente grave.

El debate de la dación en pago no es más que un pequeño
debate dentro de otro debate mayor sobre qué modelo de mercado de la
vivienda queremos, sobre cómo hacemos efectivo ese gran derecho que
establece nuestra Constitución de que todo ciudadano o ciudadana tiene
derecho a una vivienda digna. Lo digo porque en los países en los que
existe la dación en pago, en los países en los que la entrega de la
vivienda salda completamente la deuda hipotecaria, no todo el mundo puede
contar con una hipoteca, porque los tipos de interés son más caros, y las
exigencias y las garantías son mucho más elevadas. Son países en los que
no todos los ciudadanos acceden a una vivienda en propiedad, y la gente
lo ve natural, porque lo natural es el mercado de alquiler.

Creo que ese es el gran debate. ¿Por qué opta este país?
¿Por que todo ciudadano o ciudadana tenga una propiedad, se sienta
propietario y viva pensando que realmente tiene ese dinero, ese valor que
le dan las tasaciones, o simplemente porque todo ciudadano o ciudadana
tenga derecho a vivir tranquilo, a tener una vivienda y a moverse en
cualquier momento sin sentirse ahogado por ese 30 o 40% de deuda con una
entidad? Este es el gran debate que debería abordar esa subcomisión, a la
que respeto porque respeto las instituciones. Decía al principio que me
sabía mal no poder dar a los problemas las soluciones rápidas que exigen
los ciudadanos, pero ha habido una Cámara legislativa que ha sido más
rápida y que aprobó antes que nosotros que se llevase a cabo el estudio.
Deberíamos reivindicar, y yo lo hago ahora, que se tenga en cuenta
también a esta Cámara, al Senado, para los grandes temas del país. A lo
mejor deberíamos haber constituido una comisión mixta. En cualquier caso,
el que más corre se lleva el premio, y hay que reconocer que ellos
corrieron más, así que son ellos los que han constituido la subcomisión y
los que van a estudiar este tema. Hacer aportaciones al debate es
importante y formar parte de él también, pero nos vemos obligados a
respetar los plazos que nuestros compañeros han marcado.

Personalmente, estoy de acuerdo en la dación en pago,
siempre y cuando no perjudique a la solvencia del sistema, de modo que le
obligue al propio sistema a establecer muchas más garantías para las
hipotecas. Así que, con la dación en pago, estoy defendiendo
indirectamente un mercado de la vivienda que promueva el alquiler mucho
más que la compra. Creo que ese es el modelo que deberíamos marcarnos.
Obviamente, hay que dar soluciones concretas a las situaciones concretas
que están viviendo ahora mismo los ciudadanos, por lo que valoro
positivamente las medidas de urgencia que el Consejo de Ministros adoptó
la semana pasada y pido que se incrementen estas medidas coyunturales.
También le pido a la subcomisión que no retrase sus conclusiones hasta la
próxima legislatura, porque el problema lo tenemos ahora y tenemos que
ser capaces de darle solución lo antes posible.

Muy a mi pesar, vamos a votar en contra de esta moción.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora.

Tiene ahora la palabra, por el Grupo Parlamentario
Socialista, el senador Lacueva.

El señor LACUEVA SOLER: Muchas gracias, señor
presidente.

Es innegable la oportunidad de esta moción: las hipotecas y
los desahucios están de actualidad debido, en gran medida, a la crisis
económica que padecemos. La dación en pago es una buena solución, si las
dos partes que han firmado la hipoteca están de acuerdo, cosa que no
suele ocurrir. Además, según la actual legislación española, es posible,
ya lo decía el senador Vilajoana; pero hoy en día son muy pocos los
bancos que la aceptan, porque se supone que el valor de las viviendas ha
bajado considerablemente con la situación actual.

Resulta muy dramático el desahucio de una familia, dejarla
sin hogar. También resulta dramático que, además, esta tenga que seguir
pagando el resto de la hipoteca. Por otra parte, resulta lesivo que el
banco que prestó el dinero necesario para la compra de la vivienda no
pueda recuperarlo. Nos encontramos, pues, en una situación difícil de
resolver. En primer lugar, sería necesario diferenciar claramente las
hipotecas de primeras viviendas de las que no lo son. No deben tener el
mismo tratamiento, ya que las primeras pueden ocasionar un problema
social y en las otras existe un posible grado de inversión y, hasta
cierto punto, de especulación.

Valoramos positivamente las tres medidas respecto a las
hipotecas que adoptó el Consejo de Ministros el viernes pasado: la subida
de la parte de la nómina no embargable al 150% del salario mínimo
interprofesional; la subida del mínimo de la tasación para la
adjudicación, que pasa del 50 al 60%; y la bajada del mínimo requerido
para acceder a una subasta, del 30 al 20%. El Congreso de los Diputados,

por su parte, ha creado una subcomisión, por acuerdo de
todos los grupos parlamentarios, para estudiar este tema.

Nuestro grupo presentó una enmienda transaccional a la
propuesta de resolución número 36 del debate del estado de la Nación que
se celebró la semana pasada, sobre la base de la enmienda 56 del Grupo
Parlamentario Popular y de la enmienda número 96 del Grupo Parlamentario
Socialista. Nuestra enmienda transaccional se refería al mismo asunto que
la moción del senador Pérez Bouza, y fue apoyada también por Convergència
i Unió.

Este es un problema que afecta a muchas familias. Con todos
estos datos, podemos concluir que se está avanzando en la toma de
decisiones y en la búsqueda de las mejores soluciones, tanto en el
Parlamento como en el Gobierno. No obstante, la dación en pago
generalizada, como se plantea en la moción, no es la solución, porque
generaría otros problemas tal vez más complejos que el que aquí se
plantea. Por una parte, el modelo actual, en el que actúa como garantía
del préstamo, no solo el inmueble sino también el resto del patrimonio
del deudor, permite unos tipos de interés más bajos. En otro caso, las
consecuencias podrían ser, como se ha hablado aquí, la reducción del
plazo de amortización, la reducción de la cuantía del capital prestado o
el incremento de los tipos de interés, cuestión nefasta cualquiera de
ellas. Por otra parte, como también se ha dicho, la reducción de las
garantías derivadas del levantamiento de la obligación universal del
deudor hipotecario podría suponer una reducción de la calificación de las
emisiones, tanto de las que están en circulación como de las futuras,
cuestión que debe ser especialmente ponderada en un entorno de
dificultades financieras como el actual. Parece, pues, razonable y
sensato que la subcomisión constituida al efecto en el Congreso de los
Diputados ejerza de forma rápida y eficiente su labor, y aporte las
soluciones factibles y óptimas para resolver esta situación que nos ha
traído esta crisis financiera.

Nuestra posición será en contra de la moción. Y no porque
nos opongamos a buscar soluciones ni porque nos opongamos a que se
estudie. A lo que sí nos oponemos es a dar una solución apriorística, que
no valore todas las posibilidades y que no tenga perfectamente medidos
los posibles efectos colaterales. Votamos que no al texto tal y como
viene en la moción, aunque nuestro grupo sí está muy preocupado por la
cuestión que la moción plantea.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene ahora la palabra
la senadora Serrano.

La señora SERRANO ARGÜELLO: Buenos días a todos. Gracias,
presidente.

Intervendré muy brevemente para lanzar tres ideas en nombre
del Grupo Parlamentario Popular, porque entiende esta portavoz que el
tema está bastante debatido. El Grupo Parlamentario Popular está
absolutamente de acuerdo en la filosofía que subyace a la moción, que no
es otra que la de ponderar adecuadamente los intereses que están en
conflicto en el caso de la ejecución hipotecaria, cuando el deudor actúa
de buena fe y el inmueble sobre el que se ha producido la garantía
hipotecaria constituye su vivienda habitual. No es lo mismo la dación de
pago cuando se trata de la vivienda habitual, como plantea el proponente,
que cuando se trata de una inversión para la compra de una segunda o
tercera vivienda.

No obstante, y estando de acuerdo, como he dicho, en la
filosofía subyacente a la moción que ha suscitado este interesantísimo
debate, tengo que recordar que algunos, ante la evidencia de los
problemas que existían, no en este momento como ha dicho alguna portavoz
sino en 2007, hace ya cuatro años, propusieron soluciones habitacionales
y la entrega de un par de zapatillas, mientras que otros hemos venido
proponiendo desde hace cuatro años medidas, como la incentivación fiscal
a los propietarios por el arriendo de sus viviendas a jóvenes menores de
treinta y cinco años a un precio menor, o la modificación de la línea ICO
Moratoria para aquellas familias que pierdan su empleo y que no puedan
hacer frente al pago de la vivienda cuando esta es el hogar familiar, o
el mantenimiento de la deducción por la adquisición de vivienda habitual
cuya supresión fue una absoluta barbaridad cuando la vivienda iba en
caída libre, o instrumentos económicos y financieros o incentivos
fiscales para que buena parte del stock de viviendas sin vender se pueda
incorporar al mercado de alquiler regulando de este modo el precio de la
vivienda en alquiler. Es decir que, a lo largo de estos años, se puesto
de manifiesto una clara diferencia entre las medidas que han propuesto
unos grupos políticos y las que han propuesto otros: unos han propuesto
soluciones habitacionales, cuando han tenido la posibilidad de gobernar,
y algún par de zapatillas, y otros hemos propuesto otras medidas
diferentes.

Este es un problema real que hay que atajar. Sin embargo,
en el Grupo Parlamentario Popular discrepamos en parte de lo que dice el
proponente: efectivamente, hay que actuar, pero hay hacerlo bien y para
eso hace falta tiempo. No sé si seis meses es mucho o es poco, porque es
cierto que el problema está ahí, pero, como digo, hemos de actuar bien.
Todas las medidas que se lleven a cabo tendrán su repercusión, y esa es
precisamente la razón por la que todos los grupos parlamentarios apoyaron
en el Congreso de los Diputados la creación de esta subcomisión en la que
se pueda oír a jueces, a magistrados, a las asociaciones de usuarios de
la vivienda, a las asociaciones de afectados, a economistas, al Banco de
España, a distintas entidades financieras, etcétera; es decir, a un
elenco de personas que tienen mucho que decir y que conocen la materia.

La opinión que tenemos en nuestro grupo del sistema
hipotecario español es sobradamente conocida por todos ustedes: es en
muchas ocasiones desproporcionado y en muchísimas ocasiones injusto, y
esto hay que arreglarlo. Claro que, como ha recordado el señor Vilajoana,
nuestro presidente del Gobierno decía que habíamos ganado a los
italianos, que los franceses estaban a punto de rendirse, que estábamos
en la champions league y que teníamos el sistema financiero más fuerte
del mundo, aunque el 14 de junio desayunamos con la noticia del aviso del
Gobierno de que probablemente a finales del verano cuatro de nuestras
cajas estén nacionalizadas o sean susceptibles de ser nacionalizadas.

Estamos ante un problema de una enjundia tremenda, ante un
problema muy serio que nos afecta a todos. El sistema financiero es muy
importante para todos los españoles, y el Grupo Parlamentario Popular no
solamente quiere hacer las cosas, sino que quiere hacerlas bien, y eso
requiere un estudio. Le insistimos al proponente: estamos absolutamente
de acuerdo en el espíritu que sustenta la moción, pero ese es el motivo
también por el que pensamos que tenemos que escuchar todas y cada una de
las opiniones y de las conclusiones de la subcomisión. Cualquier
modificación que se haga en este momento ha de hacerse con mucha cautela
y sabiendo cuál puede ser su impacto sobre el sistema financiero.

Le adelanto que nuestra postura será de abstención.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora.

Damos por cerrado este debate.

— MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA
ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA REESTRUCTURACIÓN DE
LAS CAJAS DE AHORRO. (661/000726)

AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS.

El señor PRESIDENTE: Entramos en la cuarta moción. Voy a
dar la palabra al proponente de la misma, al señor Pérez Bouza, porque
nos quiere decir algo.

El señor PÉREZ BOUZA: Gracias, señor presidente.

Anuncio que voy a retirar esta moción, porque está
claramente desfasada y superada por el tiempo. En política, los tiempos
son importantes. Esta moción se presentó cuando el Gobierno anunció que
iba a aprobar un decreto con determinadas medidas destinadas a la
restructuración del sistema financiero, fundamentalmente a las cajas de
ahorro. Ese decreto se aprobó; lo refrendó el Congreso de los Diputados;
está vigente y, por lo tanto, no cabe debatir sobre algo que ya es agua
pasada, por mucho que este senador y su grupo estén totalmente en contra
de las medidas que se aprobaron por mayoría.

Por lo tanto, retiro la moción y le doy las gracias al
Grupo Parlamentario Popular por la enmienda que había presentado. Es
curioso, casi nunca estamos de acuerdo en materia económica y, en este
caso, sí que hubiéramos podido llegar a un acuerdo. A pesar de todo,
muchas gracias.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pérez Bouza.

Creo que es bueno, aunque sea temporalmente, llegar a
acuerdos con todos, porque la moción que ha planteado atañe a un tema que
a todos nos preocupa y que nos une a todos.

DICTAMINAR

— PROYECTO DE LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO EN
LOS ÁMBITOS DE LA DEFENSA Y DE LA SEGURIDAD.

AUTOR: GOBIERNO. (Votación.)

El señor PRESIDENTE: Antes de comenzar las votaciones,
vamos a pasar lista.

Por el señor letrado se procede a la comprobación de las
señoras y los señores senadores presentes.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, letrado.

Votamos las enmiendas vivas del proyecto de ley de
Contratos del Sector Público en los ámbitos de la Defensa y de la
Seguridad.

En primer lugar, votamos la enmienda número 6, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 1; en contra, 13; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 4 y 5, del Grupo Parlamentario
Popular.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 12; en contra, 13; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 3, presentada conjuntamente por
el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 24; en contra, 1; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Ahora se someterá a votación el texto remitido por el
Congreso de los Diputados, salvo aquellas partes del mismo que pudieran
considerarse ya incluidas en la enmienda aprobada, la número 3.

Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.

Finalizada la votación, se proclama dictaminado por la
Comisión de Economía y Hacienda el proyecto de ley de Contratos del
Sector Público en los ámbitos de la Defensa y de la Seguridad.

Ahora debe nombrar la comisión a la persona que presente
este dictamen en el Pleno del Senado. (Varias señoras y señores
senadores: El presidente de la comisión.) Es para mí un honor, un placer
y una gran satisfacción hacerlo.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Carramiñana): Y una gran
responsabilidad.

El señor PRESIDENTE: Y una gran responsabilidad, como dice
el señor vicepresidente, que intentaré cumplir adecuadamente.

DEBATIR

— MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE SE
CONSIDEREN EXENTAS DEL CÁLCULO DE LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA AQUELLAS CANTIDADES QUE SE OBTENGAN DEL COBRO POR UNA SOLA VEZ Y EN
FORMA DE CAPITAL DE LOS DERECHOS CONSOLIDADOS DE LOS PLANES DE PENSIONES.
(661/000683).

AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO.
(Votación.)

El señor PRESIDENTE: A continuación, vamos a votar las
mociones.

En primer lugar, votamos la moción del Grupo Parlamentario
Popular por la que se insta al Gobierno a que se consideren exentas del
cálculo de la base imponible del impuesto sobre la renta aquellas

cantidades que se obtengan del cobro por una sola vez y en
forma de capital de los derechos consolidados de los planes de pensiones.

Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: El letrado me informa de que, una vez
ponderados los votos, esta moción queda aprobada por 130 votos a favor
frente a 123 votos en contra.

— MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A FIJAR UN
LÍMITE MÁXIMO Y ESTABLECER EL OPORTUNO CONTROL A LAS COMISIONES QUE LOS
BANCOS Y AGENTES FINANCIEROS APLICAN A LOS PLANES DE PENSIONES.
(661/000684)

AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO.
(Votación.)

El señor PRESIDENTE: Votamos la moción del Grupo
Parlamentario Popular por la que se insta al Gobierno a fijar un límite
máximo y establecer el oportuno control a las comisiones que los bancos y
agentes financieros aplican a los planes de pensiones.

A esta moción se ha presentado una enmienda transaccional
firmada por todos los grupos.

Por tanto, ¿la comisión entiende que se da por aprobada en
los términos en que ha sido planteada? (Asentimiento.)

Queda aprobada por unanimidad.

— MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A MODIFICAR
LA VIGENTE LEY HIPOTECARIA PARA REGULAR LA DACIÓN EN PAGO DE LA VIVIENDA.
(661/000722)

AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS.
(Votación.)

El señor PRESIDENTE: A continuación, votamos la moción
presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas por la
que se insta al Gobierno a modificar la vigente Ley Hipotecaria para
regular la dación en pago de la vivienda.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 1; en contra, 11; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

ELECCIÓN PARA CUBRIR LA VACANTE EXISTENTE EN LA
VICEPRESIDENCIA 2.ª DE LA COMISIÓN. (541/000014)

El señor PRESIDENTE: El orden del día de la presente sesión
ha sido ampliado por acuerdo de la Diputación Permanente de la Cámara con
objeto de cubrir una vacante en la Mesa esta comisión.

La senadora doña Gádor Ongil Cores ha dejado de formar
parte de la Mesa de la comisión en la que ocupaba la Vicepresidencia
Segunda. En nombre de los demás integrantes de la Mesa y en el mío propio
agradezco a la señora Ongil su eficaz colaboración durante el tiempo que
ha formado parte de la Mesa, así como nuestra satisfacción por seguir
contando con ella en la comisión. Así pues, senadora, la perdemos en una
parte, pero la tendremos con sus aportaciones a esta comisión.

Conforme a la práctica de la Cámara, si existiera una única
candidatura para el puesto a cubrir, la elección se llevaría a cabo
directamente por asentimiento.

Señores portavoces: ¿tienen candidaturas para la
Vicepresidencia segunda de la comisión? (La senadora Angulo Martínez pide
la palabra).

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, presidente.

El Grupo Popular propone a don José María Rodríguez
Barberá.

El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo desea proponer otro
candidato? (Denegaciones.)

En este caso, por asentimiento queda nombrado
vicepresidente segundo de la Mesa el señor don José María Rodríguez
Barberá, al que ruego pase a ocupar su puesto en la Mesa antes de
levantar la sesión. (Pausa.)

Una vez que ha tomado posesión, se levanta la sesión.

Eran las catorce horas y quince minutos.