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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 166, de 16/02/2011
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2011 IX Legislatura Núm. 166
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA ISABEL POZUELO MEÑO
Sesión núm. 25
celebrada el miércoles, 16 de febrero de 2011
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas (Núñez Pérez) para informar sobre los siguientes extremos:
- Informe anual de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ejercicios 2004 y 2005. (Número de expediente del Congreso 251/000097 y número de expediente del Senado 771/000097.) ... (Página 2)
- Informe anual de la Ciudad Autónoma de Melilla, ejercicios 2004-2005.
(Número de expediente del Congreso 251/000092 y número de expediente del Senado 771/000092.) ... (Página 10)
- Informe anual de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicios 2004 y 2005. (Número de expediente del Congreso 251/000117 y número de expediente del Senado 771/000117.) ... (Página 15)
Debate y votación de las propuestas de resolución:
- Informe de fiscalización de las actividades realizadas por el Consorcio de la Zona Franca de Vigo en el período 2002-2006. (Número de expediente del Congreso 251/000083 y número de expediente del Senado 771/000081.) ...
- Informe de fiscalización de la Fundación Teatro Lírico, ejercicio 2006.
(Número de expediente del Congreso 251/000103 y número de expediente del Senado 771/000103.) ... (Página 23)
- Informe anual de la Comunidad Autónoma de Aragón, ejercicios 2004 y 2005. (Número de expediente del Congreso 251/000118 y número de expediente del Senado 771/000118.) ... (Página 24)
Se abre la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos.
La señora PRESIDENTA: Comenzamos la reunión de la Comisión del Tribunal de Cuentas.
Antes de comenzar con el orden del día, les recuerdo a los portavoces y a los miembros de la Mesa que al finalizar la Comisión vamos a tener una breve reunión de Mesa y portavoces para alterar la previsión de convocatoria que teníamos para
la próxima reunión de la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas. Por ello, les ruego que se queden para que podamos acordar la próxima convocatoria.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS PARA INFORMAR SOBRE LOS SIGUIENTES EXTREMOS:
- INFORME ANUAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, EJERCICIOS 2004 Y 2005. (Número de expediente del Congreso 251/000097 y número de expediente del Senado 771/000097.)
La señora PRESIDENTA: Respecto al orden del día de la reunión de hoy, si no les importa, vamos a hacer también una pequeña variación, rogando al presidente del tribunal que empiece presentando el informe sobre la Comunidad de Murcia que
aparece como punto número 2 del orden del día.
Por tanto, tiene usted la palabra.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): Señorías, el informe de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de los ejercicios 2004 y 2005 fue aprobado por el pleno del tribunal el 29 de octubre de 2009 y fue remitido a
esta Comisión Mixta pocos días después, así como a la Asamblea Regional de Murcia, entre otros destinatarios, como es preceptivo.
La Ley 7/2004 estableció una nueva regulación del régimen jurídico y funcionamiento de la Administración general de la comunidad y de sus organismos, clasificándolos en organismos autónomos y entidades públicas empresariales y fijando un
plazo de dos años para la adaptación de las entidades que integraban la Administración institucional regional, a las que hay que agregar las fundaciones y las empresas mercantiles públicas autonómicas también contempladas en dicha ley, si bien sin
formar parte de su ámbito administrativo estricto. A la conclusión de la fiscalización dicho proceso de adaptación no se había iniciado. En estos términos no podemos concretar si la adaptación es completa o tiene todavía un ancho camino por
recorrer. En el periodo fiscalizado, el sector público autonómico estaba integrado por la Administración general de la comunidad autónoma, nueve organismos autónomos, veintiún empresas públicas -siete entidades de derecho público y catorce
sociedades mercantiles-, diecisiete fundaciones y veintiún consorcios, además de la Cámara Agraria de la Región de Murcia. Los objetivos de fiscalización son, en líneas generales, los que corresponden a todos los informes de fiscalización y
consisten -como saben sus señorías porque lo hemos repetido muchas veces- en la verificación del cumplimiento de la obligación de rendir cuentas; el examen de su representatividad; el cumplimiento de la normativa, especialmente la presupuestaria,
y el cumplimiento del objetivo de estabilidad, así como la aplicación de los recursos provenientes de los fondos de compensación interterritorial y, en lo posible, el sometimiento a los principios de eficiencia y economía, además de si se han
seguido o no las recomendaciones de los informes precedentes.
La fiscalización que vamos a examinar esta tarde se vio afectada por diferentes limitaciones al alcance, como consecuencia de la falta de concreción de los proyectos financiados con recursos de los fondos de compensación, de la ausencia de
una contabilidad analítica y de las deficiencias en la presupuestación por programas en cuanto a la definición de objetivos e indicadores, así como por no haber dispuesto de inventarios debidamente actualizados y valorados de los bienes y derechos
de dos organismos, y la falta de conciliación entre la Administración regional y la Agencia Regional de Recaudación de los saldos correspondientes a la gestión recaudatoria en fase ejecutiva que ésta realiza.
Los principales resultados que figuran en el informe que tienen sus señorías los podemos resumir de la siguiente manera. En cuanto a la rendición de cuentas, en el informe se deja constancia de que diferentes empresas, fundaciones y
consorcios no habían rendido sus cuentas al tribunal al principio de la fiscalización y en tiempo, si bien la mayor parte de las mismas fueron entregadas durante el curso de la fiscalización. Asimismo, se señala la fata en ocasiones de determinada
información que debería haberse remitido con las cuentas rendidas. En cuanto a la liquidación presupuestaria, las modificaciones de crédito supusieron un incremento del 4 y del 7 por ciento, respectivamente, en los dos ejercicios que estamos
analizando. Desde el punto de vista orgánico, destacan los incrementos registrados en la Consejería de Agricultura y Agua. Asimismo, el incremento interanual observado en el número de modificaciones de crédito aprobadas en el periodo fiscalizado
vino originado por las ampliaciones de crédito para hacer frente a las transferencias corrientes concedidas al Servicio Murciano de Salud. En cuanto al presupuesto de gastos, tuvo una ejecución del 98 y 97 por ciento respectivamente. El 79 por
ciento de las obligaciones reconocidas correspondieron a operaciones corrientes. Desde el punto de vista orgánico, las consejerías de Sanidad y de Educación y Cultura fueron las que gestionaron un mayor porcentaje de gastos, aproximadamente el 40 y
el 29 por ciento, respectivamente, del gasto total. Entre las salvedades puestas de manifiesto por el tribunal se destaca la falta de reconocimiento por la Administración regional de las pérdidas incurridas por el Servicio Murciano de Salud, que
ascendieron a 72 y 16 millones de euros, respectivamente, en los ejercicios fiscalizados. Por lo que se refiere al presupuesto de ingresos, el crecimiento por los derechos reconocidos entre ambos ejercicios fue del 18 por ciento, ascendiendo a
3.569 millones los derechos del último ejercicio fiscalizado, de los que el 81 por ciento fueron recursos percibidos y el 19 por ciento restante recursos propios. Entre otras salvedades, el Tribunal de Cuentas señala la incorrecta imputación
temporal de determinados ingresos y la carencia de un criterio uniforme en el reconocimiento de los derechos procedentes de la Unión Europea. El resultado presupuestario, según las cuentas rendidas, fue positivo en ambos ejercicios por 45 y 200
millones de euros respectivamente. No obstante, como consecuencia de las salvedades señaladas, dichas cuantías deberían minorarse en 80 y 15 millones, respectivamente.
Por lo que se refiere al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, los informes formulados por la Intervención General del Estado y los presentados por el Ministerio de Hacienda al Consejo de Política Fiscal y Financiera
pusieron de manifiesto que la comunidad autónoma había cumplido en ambos ejercicios el objetivo previsto. En cuanto a la situación patrimonial, se dedican en el informe sucesivos epígrafes para analizar las diferentes masas y rúbricas
patrimoniales.
Así, por lo que se refiere al inmovilizado no financiero se deja constancia del avance en la elaboración del inventario, si bien al final del periodo fiscalizado estaba pendiente de registro un volumen de inmuebles por un importe
aproximado de 153 millones de euros, que correspondían fundamentalmente a puertos y vías pecuarias de la comunidad. En el inmovilizado financiero, cuantificado en 4 millones al cierre del segundo ejercicio analizado, el incremento interanual
registrado se debió fundamentalmente a la ampliación de capital, por un importe de 49 millones, de la sociedad Gerencia de Infraestructuras Sanitarias de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia participada íntegramente por la comunidad. En el
análisis de los saldos deudores se pone de manifiesto el origen de la deuda mantenida en cuentas a cobrar sobre los ayuntamientos, su antigüedad, determinadas condonaciones y las actuaciones llevadas a cabo a través de la Agencia Regional de
Recaudación. Asimismo, en el examen de la tesorería, junto a otras incidencias, se resalta su elevado importe de 461 millones de euros al final del periodo, si bien 200 millones deberían haberse registrado como inversiones financieras temporales.
Por lo que se refiere al endeudamiento financiero de la Administración autonómica, al cierre del periodo fiscalizado era de 598 millones de euros, habiéndose respetado las condiciones establecidas en la Lofca respecto a la carga financiera, así como
las limitaciones establecidas en las respectivas leyes de presupuestos anuales. Algunas entidades autonómicas superaron su límite de deuda individual, pudiéndose destacar la desviación del Servicio Murciano de Salud en el primer ejercicio
fiscalizado. Destaca el informe el resultado positivo de las cuentas del resultado económico-patrimonial de ambos ejercicios, con significativos incrementos respecto al ejercicio precedente, hasta alcanzar los 313 millones en el segundo ejercicio
fiscalizado.
En el informe se hace un análisis de la gestión, que también brevísimamente voy a exponerles. Dentro del análisis de la gestión, la fiscalización se centró fundamentalmente en el examen de subvenciones y de contratos. Por lo que se refiere
a las subvenciones, el análisis se centró en las destinadas a programas de fomento de la economía social y las otorgadas a escuelas-taller y otros centros de promoción y desarrollo, observándose en las primeras deficiencias que afectaban a la
justificación
dada por los beneficiarios de la finalidad dada a los recursos recibidos, lo que ha conducido a la tramitación de numerosos expedientes de reintegro. Respecto a las segundas, fueron los ayuntamientos los que actuaron como promotores,
apreciándose carencias en los procedimientos implantados para la comprobación de la realización efectiva y para el mantenimiento de las inversiones. En cuanto a la contratación, se reiteran las deficiencias de ejercicios anteriores sobre la
insuficiente justificación de su necesidad, la falta de precisión de los criterios de adjudicación o la escasa valoración de las bajas económicas, así como las demoras injustificadas pese a haberse ofertado reducciones de plazos o las modificaciones
que no respondían a acontecimientos imprevisibles.
Sobre los organismos autónomos, el informe -como habrán podido ver- dedica un apartado específico al análisis de estos organismos, siete de carácter administrativo y dos comerciales. Las obligaciones reconocidas por este grupo de entidades
ascendieron a 202 y 231 millones de euros en cada uno de los ejercicios fiscalizados. Su actividad estuvo financiada fundamentalmente por la Administración regional, que en el último ejercicio les transfirió 152 millones, de los que 112 fueron para
operaciones corrientes. Los fondos propios del conjunto de organismos ascendían a 263 millones de euros y su pasivo exigible a 152 millones. A esta presentación general de este subsector se agregan en el informe referencias concretas a cada uno de
los organismos. Como cuestiones más relevantes se pueden señalar ciertas debilidades en los canales de comunicación entre la Administración autonómica y la Agencia Regional de Recaudación, así como también la carencia de procedimientos y plazos
para la liquidación y entrega de los fondos recaudados por la agencia.
Por otra parte, la agencia revisó las deudas de la Administración regional con los ayuntamientos, que cuantificó en 5,6 millones de euros al final del periodo fiscalizado. Asimismo, se describe la regularización del inmovilizado material
con una revalorización de 7 millones, efectuada por el Instituto de Servicios Sociales de la Región de Murcia sin el pertinente estudio de su motivación, que originó diferencias en saldos sin aclarar, además de modificar la vida útil de los
inmuebles, circunstancias que impidieron emitir opinión sobre su razonabilidad.
También se destaca la no emisión de opinión sobre la representatividad de las cuentas del inmovilizado del Instituto de la Vivienda y Suelo como consecuencia de la
falta de incorporación en el inventario de un volumen significativo de viviendas vendidas y de inmuebles propios explotados en régimen de arrendamiento. Además, se mantiene la situación expresada en ejercicios anteriores de que si el instituto no
tiene implantado un procedimiento que permita el seguimiento y control de las viviendas que gestiona, efectivamente, no cabe hacer luego la valoración adecuada y justa.
En cuanto a las empresas públicas, por lo que se refiere a las veintiuna entidades, cinco de las cuales se constituyeron en el periodo fiscalizado, que conforman el sector empresarial autonómico el informe señala que, al igual que en
ejercicios anteriores, la situación económica conjunta fue deficitaria, con unos resultados agregados negativos generados en cada ejercicio de 1.147 y 1.282 millones de euros respectivamente. Esta situación deficitaria alcanzó, salvo a tres
empresas, a la totalidad de las entidades, destacando el Servicio Murciano de Salud con unas pérdidas de 1.124 millones de euros en 2004 y 1.257 millones de euros en 2005. El endeudamiento financiero del subsector a corto y largo plazo al final del
periodo fiscalizado superaba los 70 millones. La cobertura financiera de las pérdidas generadas por las empresas autonómicas es asumida principalmente por la Administración regional mediante transferencias y subvenciones corrientes de capital, que
en los años fiscalizados ascendieron a 1.156 millones y 1.353 millones de euros respectivamente, correspondiendo 1.093 millones y 1.282 millones de euros al Servicio Murciano de Salud.
En cuanto a las fundaciones públicas -y ya vamos terminando-, como ya hemos mencionado, siete de las diecisiete fundaciones públicas existentes al final del periodo fiscalizado incumplieron su obligación de rendir cuentas, si bien dichas
cuentas -también lo dije al principio- se aportaron durante la realización de la fiscalización, salvo una que no ha tenido ninguna actividad. Se señala asimismo que las memorias remitidas no aportaban toda la información prevista en la normativa.
Por lo que se refiere a la situación económico-financiera, en estos ejercicios se mantuvo la recurrente generación de resultados de explotación deficitarios de 2,3 y 0,4 millones respectivamente, siendo su principal fuente de ingresos las
transferencias y subvenciones públicas recibidas.
En cuanto a los consorcios públicos, la comunidad participaba, al cierre de los ejercicios fiscalizados, en veintiún consorcios, ocho de los cuales se crearon en dichos ejercicios y su actividad se
puede agrupar en la promoción turística y cultural de la región, en la construcción de instalaciones deportivas, junto a determinados servicios de almacenaje de mercancías. Estas entidades gestionaron en el periodo fiscalizado un presupuesto
agregado de 11 y 33 millones de euros respectivamente, con un grado de ejecución del 39 y 26 por ciento, que fueron financiados fundamentalmente con transferencias y subvenciones de la Administración autonómica. El informe recoge una breve reseña
singularizada de cada uno de estos consorcios.
En cuanto a las recomendaciones, el informe finaliza, como habrán podido ver, con la presentación de diferentes recomendaciones dirigidas a la corrección y mejora de la representatividad de las cuentas anuales y de la gestión de los recursos
públicos, incidiendo principalmente en la necesidad de completar el registro de inventario de los bienes y derechos del inmovilizado material e inmaterial; en la conveniencia de revisar la oportunidad de mantener la inversión en las sociedades
mercantiles autonómicas recurrentemente deficitarias;
en la inclusión de los consorcios autonómicos en el ámbito subjetivo del control interno de la Intervención General de la comunidad, y en la mejora de los procedimientos de gestión en la concesión y seguimiento de las subvenciones, así como
en la celebración de contratos. Son trece las recomendaciones y si luego, en el debate o preguntas que se formulen posteriormente, quieren ustedes que las recordemos, con mucho gusto así lo haré.
Eso es todo, señora presidenta. Quedo a disposición de ustedes para cuantas preguntas quieran formularme.
La señora PRESIDENTA: A continuación le doy la palabra al señor Martínez-Pujalte para que tenga a bien plantearle las distintas cuestiones al presidente.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: En primer lugar, quisiera expresar mi satisfacción porque el presidente del Tribunal de Cuentas esté aquí, además en esta sala en la que, si se hace una foto desde la derecha, se puede ver al presidente y a
don Gabriel Cisneros, lo que recuerda otros tiempos. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por el informe que ha presentado de Murcia.
Quiero hacer, primero, dos consideraciones. La primera es que ahora que estamos reconsiderando cuál debe ser el marco institucional de las comunidades autónomas y si se deben o no deben repetir diecisiete veces todos los organismos, la
Región de Murcia no ha creado tribunal de cuentas ni nada similar, y nuestras cuentas, nuestra supervisión y nuestra fiscalización está atribuida en todos sus extremos y en todos sus puntos al Tribunal de Cuentas. Además, creo que eso es un
ejercicio de austeridad y también de transparencia. Esa es una primera consideración.
La segunda es que cuando uno se pone a estudiar las cuentas del 2004 y del 2005 y las enjuicia tal como estamos hoy en día, piensa que otros tiempos fueron
mejores y que quizás el juicio sobre las cuentas de esa época, a la luz de los problemas que estamos atravesando ahora, es distinto y que la fiscalización de las cuentas y las dificultades por las que atraviesan las cuentas públicas en el 2010 no
son las mismas que las del 2004 y del 2005. Eso exigiría, a la hora de valorar lo que estamos valorando hoy, ponernos en la situación del 2004 y del 2005, y eso no se puede hacer con superficialidad. Tercero -pasando ya al informe-, quiero decir
que me da la impresión de que el informe y ahora la exposición del presidente ofrece una radiografía muy detallada de lo que fue la organización y el funcionamiento de la actividad pública en la Región de Murcia y eso sirve -a pesar del desfase
temporal del que hemos hablado y de las distintas fotografías- para conocer los avances que se fueron registrando y aproximarse a la situación actual. Es cierto -y es otra consideración- que el informe ofrece deficiencias y limitaciones en la
gestión pública y también es cierto que el propio informe va reconociendo correcciones con el paso del tiempo. Una de las preguntas que le quería hacer al presidente es si, con el conocimiento que él tiene de las cuentas posteriores, entiende que
algunas de las recomendaciones que hace este informe ya están corrigiendo posteriormente.
Este informe también pone de manifiesto el elevado grado de ejecución de los presupuestos, muy próximo al cien por cien; no sé si 97 y 98 o 98 y 97, no me ha quedado muy claro. Y más importante que eso, ahora que se está hablando de a qué
deben dedicar el dinero las comunidades autónomas, es el grado de ejecución o a qué se dedica el dinero y el reconocimiento de que ese dinero se dedica fundamentalmente a sanidad y a educación -el informe pone a las consejerías de Sanidad y de
Educación-. Es una consideración muy importante, porque el 80 por ciento del dinero público de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se destina a sanidad y educación, y creo que en otras comunidades también estamos hablando de ese tipo de
porcentajes. Quizá -si estuvieran otros grupos parlamentarios de la Cámara lo dirían- cuando se habla de la austeridad en las comunidades autónomas hay que decir que la austeridad tiene que ser o puede ser en porcentajes pequeños del presupuesto,
porque el gran montante de los presupuestos de las comunidades autónomas es sanidad y educación. Desde luego en la Región de Murcia -así lo pone de manifiesto el informe-, un altísimo porcentaje es sanidad y educación, políticas sociales o gasto
social.
Otro punto importante que pone de manifiesto el informe es la financiación recibida de la Unión Europea y la utilización de la financiación recibida para modernizar la propia región y afrontar inversiones que han ayudado al crecimiento y a
la prosperidad de la Región de Murcia. También quiero señalar -en su intervención no lo ha hecho pero cuando se ven las cuentas de la Región de Murcia se puede analizar- que es una región, por los números, muy austera en el gasto corriente. He
procurado analizar estos datos comparándolos con datos de otras comunidades autónomas a los que he tenido acceso y, al comparar el gasto corriente por habitante, en la Región de Murcia el gasto corriente por habitante es muy bajo en relación con
otras comunidades autónomas; es de las comunidades autónomas con gasto corriente más bajo en relación con los habitantes o en relación con el PIB, lo cual también señala una política de austeridad y se sobriedad en los gastos. También quiero poner
de manifiesto que el informe de las cuentas de 2004 y 2005 señala endeudamientos muy bajos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. He procurado hacer el ejercicio, y además llevado en el tiempo, de cuál es el endeudamiento de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia en relación con el PIB y con la población porque, aunque estemos analizando los años 2004 y 2005, somos presos de la coyuntura. Se ha hablado en los últimos meses del endeudamiento de Murcia y uno nota que lo que
pasaba en los ejercicios 2004 y 2005 también sucede
ahora. Murcia es la tercera región con endeudamiento más bajo en relación con el PIB y la cuarta región con endeudamiento más bajo en relación con la población. Esto no es más que proyectar los datos de 2004 y 2005 a nuestros días. En
esos años el endeudamiento era bajo y además se ajustaban los gastos y los ingresos a un déficit cero. Sí se señala en los análisis recogidos en el informe la deuda de muchos ayuntamientos con la Administración, tema que proyectado en el tiempo si
hoy lo analizáramos sería quizá para tener un debate específico sobre el tema y sobre las cuentas de los ayuntamientos. Habría que hacerlo si eso se señala.
El informe indica una serie de deficiencias que yo entiendo que se van corrigiendo. Por ejemplo, se señalan una serie de consorcios que no están en el ámbito subjetivo de fiscalización de los años 2004 y 2005. Hoy, muchos de esos
consorcios incluso han desaparecido, quizá por la propia evolución y la necesidad de contención del gasto en las comunidades autónomas o de un mayor control. Le pediría que si puede nos informe sobre cómo ha evolucionado ese aspecto. No ha
señalado usted en su exposición, pero sí está medio señalado en el informe al detallar las entidades, fundaciones, consorcios, si eso es mucho o poco en relación con el resto de comunidades autónomas. No quiero justificar nada porque no es el
objeto de esta intervención, pero sí he procurado informarme -incluso por conocimiento personal- si eso era mucho o poco en relación con otras comunidades y he visto que es muy poco. He procurado también hacer el ejercicio de ver si se estaba
centrifugando deuda pública en esos organismos o entidades en relación con otras comunidades autónomas y he visto que no. Ni en el ejercicio 2004 ni en la proyección posterior hay una, entrecomillas, centrifugación del déficit público en otro tipo
de entidades periféricas no sujetas al ámbito de fiscalización.
La señora PRESIDENTA: Señor Martínez-Pujalte, finalice, se lo ruego.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Acabo. Quiero simplemente felicitar al Tribunal de Cuentas por el informe y manifestarle que desde mi posición, y creo que puedo hablar también desde la posición de mi grupo, el informe sirve y es útil para
mejorar en ejercicios posteriores, aunque creo también, y así lo debo reconocer, que muchas de las cosas que aquí se señalan se han mejorado ya o han sido puestas en práctica muchas de las recomendaciones que aparecen reflejadas.
La señora PRESIDENTA: En nombre del Grupo Mixto el senador Tuñón tiene la palabra.
El señor TUÑÓN SAN MARTÍN: Señor presidente del Tribunal de Cuentas, quiero nuevamente agradecerle el exhaustivo informe que hace en este caso de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que me parece que hay que contextualizar en la
situación general de los informes de todas las comunidades autónomas. Hubiera sido conveniente -no ha dado tiempo- que este informe se viera también en el contexto del informe general de las comunidades autónomas de los años 2004 y 2005, que está
pendiente de ver.
Prácticamente todos los aspectos que vienen recogidos en este informe pueden ser parecidos a los de otras comunidades, y aunque sé que es un poco repetitivo, este informe relativo a los años 2004 y 2005 cabe decir que queda
antiguo. El presidente del Tribunal de Cuentas, cuando se lo mencioné en otra ocasión, dio una explicación que yo admito y que me parece razonable.
El señor Martínez-Pujalte ha hecho alusión a que no había tribunal de cuentas autonómico, y yo he de decirle que esa es una decisión de cada comunidad. Desde mi experiencia en el caso de Navarra, quiero decir que fue una de las mejores
decisiones tomadas por la Comunidad Autónoma de Navarra, ya que me parece que esto ha servido para aumentar la transparencia en la gestión pública de esa comunidad autónoma y para tener siempre una proximidad al tiempo y una proximidad no solo al
informe de la cuenta general, sino a los múltiples informes que se hacen de diversos organismos de la comunidad autónoma. Sin ánimo de entablar polémica porque creo que todos los modelos pueden ser referenciales, en estos momentos en que estamos
hablando de organismos que se repiten en las comunidades autónomas, creo que un organismo de control externo a la comunidad autónoma siempre está justificado, como siempre está justificada la auditoría pública a través de la gestión de las cuentas
públicas. Me parece que esto es un ejemplo de transparencia, donde todavía tenemos mucho que avanzar; lo digo en un contexto general. Creo que todavía se dedican poco recursos a esta fiscalización porque hay muchos entes que no se fiscalizan.
En segundo lugar querría hacer una reflexión, porque en realidad no tengo muchas preguntas, sobre cómo valora el presidente uno de los aspectos quizá más débiles que puede tener este informe, que es el tema de la no rendición de cuentas. En
este caso, seis fundaciones, veinte consorcios y cuatro empresas en el año 2004; siete fundaciones, trece consorcios y una empresa en el año 2005. Es decir, estamos nuevamente en la mentalización de que hay que rendir cuentas, que creo que debería
ser obligatorio y debería ser realizado por todas las administraciones. Quiero saber cómo lo valoraría en este contexto general de no rendición de cuentas. Un segundo aspecto que quería abordar es el tema de las empresas públicas.
Realmente no se
sabe si son muchas o pocas. En estos momentos, en todos los informes estamos solicitando que se haga una valoración sobre la posible reordenación del sector público empresarial, fundacional y consorcial. En este caso no creo que sean exageradas en
cuanto a número pero sí en cuanto a la valoración, por ejemplo, en el caso de las fundaciones públicas, que no sé si algunas han desaparecido o no. De las diecisiete fundaciones que había se han auditado
once. Me imagino que las realizó la Intervención General. Hay otras que no se han auditado, aunque me imagino que el monto de estas fundaciones sería pequeño, pero el hecho es que se está diciendo que no se auditan; seis de ellas tienen
salvedades, que vienen fundamentalmente por la incertidumbre sobre la continuidad de su actividad. Esto nos indica que probablemente son fundaciones que en su momento habrá que liquidar porque no tienen razón de ser. Lo mismo podría ocurrir con
los consorcios públicos, que habría que analizar. En ese caso me gustaría que el presidente, si puede, hiciera una valoración, y si no quedo a su disposición sobre lo que me pueda decir sobre este tema.
Para finalizar, quisiera decir que nuevamente se repiten algunas deficiencias en el aspecto de las subvenciones, que quizá no sean relevantes o no más relevantes que otros informes, así como el tema de la contratación, que es uno de los
aspectos que se repite en todas las comunidades autónomas. Por lo demás, quedaría mucho por hacer en el tema de la eficacia de los fondos públicos, en cuanto a que no hay programas con objetivos indicadores, y la no existencia de la contabilidad
analítica, que también repite sistemáticamente el tribunal.
La señora PRESIDENTA: En nombre del Grupo Socialista el señor Hurtado tiene la palabra.
El señor HURTADO GARCÍA: En primer lugar, quiero dar la bienvenida, una vez más, al presidente del Tribunal de Cuentas a esta Comisión, que esta tarde va a estudiar, entre otras cosas, las cuentas de los años 2004 y 2005 de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. No hace falta decir, como hemos hecho en otras ocasiones, que cuando llega el momento del estudio de esas cuentas han pasado muchos años y es difícil trasladar nuestra mente al momento de la rendición de las mismas.
En cualquier caso, me gustaría empezar por donde terminaba el portavoz del Grupo Popular, y es que este buen informe, que pone de manifiesto los despropósitos que aparecen en las cuentas de 2004 y 2005, sirva para corregir los de los años sucesivos.
Sería estupendo para los ciudadanos y para los grupos políticos, para todos en general, que este informe sirviera para corregir las graves deficiencias a las que se hace mención en el mismo. Graves deficiencias que terminan en trece recomendaciones
que hace el propio Tribunal de Cuentas y que los grupos políticos de la oposición en la Comunidad Autónoma de la Región Murcia dijeron que debían asumirse; el grupo gobernante también lo asumió y por tanto se aprobaron por unanimidad todas las
resoluciones del Tribunal de Cuentas.
La primera pregunta que me atrevería a hacerle al presidente del Tribunal de Cuentas es si tiene algún dato sobre si ha avanzado la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en la presentación de sus cuentas -no de las cuentas en sentido
abstracto, sino de las cuentas de su Administración, de sus organismos autónomos, de sus empresas públicas, de sus fundaciones, de su consorcio, etcétera-, ya que es fundamental ver si desde el año que se rindieron esas cuentas, desde 2006 hasta
ahora, ha habido un avance sustancial, porque son muy graves las deficiencias que el propio informe apunta.
Me parece importantísimo -y el portavoz del Grupo Mixto también lo manifestaba- que la rendición de cuentas se haga de forma habitual y normal por todos los organismos que tiene cualquier comunidad autónoma, en este caso la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. Es curioso que haya muchísimas empresas públicas y varios organismos autónomos que no han rendido ninguna cuenta anual ni en 2004 ni en 2005, pero es mucho más importante que el servicio murciano de salud, que tiene
miles de millones de euros, no haya rendido ninguna cuenta. Eso no es que sea importante, sino que es preocupante y tiene otro nombre totalmente distinto.
Por hacer la intervención lo más rápida posible pasaría a la Administración regional, a la implantación del nuevo plan de contabilidad; la contabilidad analítica que desarrolla el propio informe del tribunal y que no se ha aplicado en
ningún caso, con lo cual es prácticamente imposible detectar los centros de coste donde se han llevado a cabo diversas actuaciones económicas; sin esa contabilidad analítica de los centros de coste nos es bastante difícil llegar a los mismos. Esa
ausencia de contabilidad analítica, como el propio informe dice, no permite detectar ni el coste ni el rendimiento de los servicios públicos.
Respecto a los inmuebles recibidos en adscripción en el año 2002 en el marco de las transferencias a la comunidad autónoma de los servicios sanitarios del antiguo Insalud, no fueron inventariados, ni se tuvieron en cuenta las tasaciones ni
se realizaron tasaciones sobre los mismos.
Han pasado nueve años y querría saber si, a fecha de hoy, tiene el presidente del Tribunal de Cuentas algún dato sobre si esos inmuebles han sido ya tenidos en cuenta por la Administración regional. El
inventario de inmovilizado material está también pendiente de recoger.
Voy a continuar con rapidez para poder llegar solo a algunas de las cuestiones que vienen en el informe porque es materialmente imposible, presidenta, en el tiempo que tenemos, poder llegar a todos los puntos ya que, si no estoy equivocado,
en rendición de cuentas hay varias observaciones, en Administración regional más de 30 observaciones, 10 en organismos autónomos, etcétera.
Las provisiones registradas para cubrir la insolvencia de las cuentas en algunos casos alcanza a la totalidad de las cuentas con antigüedad superior al ejercicio del año 1999. Para los que estamos preocupados por el déficit, ¿se están
teniendo en cuenta esos débitos anteriores al año 1999? ¿Han prescrito o no? ¿Se conocen, para que el déficit que nos pueda dar en su momento pueda ser incluso superior? Por lo que se refiere al remanente de tesorería registrado por la
Administración regional presenta, a 31 de diciembre, un saldo negativo de 57 millones de euros y en 2005 un saldo negativo de 145 millones de euros, pero, con las salvedades que vienen en el informe, dicha magnitudes disminuyen en 204
millones de euros y en 212 millones de euros, respectivamente, que son cantidades muy importantes. ¿Eso acarrea un déficit que se ha contemplado en cuentas posteriores o se ha dejado ahí y a partir del informe es cuando aparecerá en los ejercicios
de ahora? Esto viene a colación de lo que decíamos al principio, y es si todas estas cuestiones se han tenido en cuenta en ejercicios posteriores a los que estamos examinando ahora de 2004 y 2005; si se han tenido o se van a tener en cuenta a
partir de ese momento porque, como decía, son saldos negativos muy importantes. Según dice el informe no se ha respetado el procedimiento establecido en el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 6 de marzo de 2003 y, por otro lado,
deja bastante mal, en el concepto de las subvenciones de los fondos europeos, la posible justificación de las obras que se han desarrollado con esos fondos europeos.
Quisiera hacer referencia a un tema que me parece de vital importancia, que son los organismos autónomos. La agencia de recaudación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha mantenido en su tesorería fondos por más de 10 millones
de euros cuando la Administración regional ha tenido que ir a financiación, lo que pone de manifiesto la falta de comunicación existente entre la agencia de recaudación y la propia Administración regional para tener uno una tesorería bastante
boyante y el otro estar pidiendo créditos, con las consiguientes pérdidas que supone ese tipo de actividad. El mal funcionamiento del Instituto de Vivienda y Suelo lo ha puesto usted de manifiesto y no tengo que profundizar más en ello, así como
del Instituto de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. También quisiera hacer referencia a otra cuestión.
La señora PRESIDENTA: Señor Hurtado, le ruego vaya concluyendo.
El señor HURTADO GARCÍA: Termino enseguida, señora presidenta.
Quería referirme a los débitos de los ayuntamientos. Según se desprende del informe, todos los débitos de los ayuntamientos pueden estar prescritos porque en algunos casos son de la década de los ochenta, sin embargo, siguen figurando como
un crédito pendiente dentro de las cuentas de la comunidad autónoma. Hay algunas otras cuestiones en relación con los organismos, y la pregunta sería: ¿Se han creado algunos de estos organismos porque el endeudamiento no era tan bajo como estaba
diciendo el portavoz del Grupo Popular? ¿Se han creado para tratar de pedir créditos a través de ellos, porque posiblemente la comunidad autónoma como Administración general tenía dificultades para acceder a esos créditos? ¿Es posible que se hayan
creado esos organismos exclusivamente para ir hacia el crédito?
Muchas gracias, señora presidenta, por su benevolencia.
La señora PRESIDENTA: Para responder a las cuestiones que se han planteado tiene de nuevo la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte, señor Tuñón y señor Hurtado por sus sugerencias, preguntas y análisis. Efectivamente, estamos hablando de dos informes de fiscalización
correspondientes a los años 2004 y 2005; las circunstancias de aquellos años no son las actuales, pero eso no quiere decir que las conclusiones, los resultados, las recomendaciones del informe no hayan servido. Han servido porque en el informe de
2006 y 2007, que va a venir a esta Cámara dentro de muy pocas semanas puesto que ya está terminado, se advierten avances positivos ya que las trece recomendaciones y otros datos y cifras que recoge el informe han sido considerados. La primera
consideración que quiero hacer es justamente que el Parlamento regional suscribió las recomendaciones del tribunal y al suscribirlas les dio también su respaldo, el respaldo de la región de Murcia allí representada que, como es natural, advirtió los
defectos, las irregularidades en la gobernación del sector público de aquella comunidad y al mismo tiempo entendió muy razonables las recomendaciones que el Tribunal de Cuentas hacía.
Yo no voy a entrar aquí en si tener o no tener órgano de control externo aumenta o no la transparencia en la gestión pública, o mejor dicho, si es mejor la imagen que se refleja en el espejo del Tribunal de Cuentas de España o en los órganos
de control externo. Todos los espejos son necesarios, todos los ojos son necesarios. En todo caso siempre tiene que haber ojos de control externo para analizar el sector público, para controlar a los gobiernos, para controlar a la Administración,
para que ese control sirva no solamente al control político sino a la mejora de nuestro sistema, al fortalecimiento del sistema democrático y de libertades que nace de la Constitución y que se refleja, como es natural, en los estatutos de autonomía
de cada una de las comunidades autónomas, y ellas mismas, por su cuenta y entendiendo lo que les conviene, crean o no crean órganos de control externo. Hasta ahora, todas las comunidades menos cuatro tienen órgano de control externo, pero todas las
comunidades, todos los órganos de control externo están magníficamente relacionados -y utilizo la palabra a propósito- con el Tribunal de Cuentas que, a través de la coordinación, de la colaboración y de la cooperación, que son los tres elementos de
relación que utiliza el artículo 29 de la Ley de funcionamiento de 1988, nos obligan a actuar a todos en la misma dirección. En ese sentido, tanto la Cámara de Comptos de Navarra, que es el primera que se ha
creado en España como órgano de control externo, como la última, que es la de Aragón, todas tienen una magnífica, una perfecta relación con el Tribunal de Cuentas y sus trabajos se reflejan en ese informe al que alguna de sus señorías ha
aludido; informe anual de análisis de las comunidades autónomas que también traemos, como es natural, a esta Comisión Mixta para ser analizado por sus señorías.
No estoy disculpando ni justificando en estos momentos, ni muchísimo menos, la antigüedad de estos dos informes de 2004 y 2005, que llegan en una etapa en la que, repito, los datos parecen un poco incomprensibles en algunos de sus puntos.
Si quiero decir que estos informes llevaban aquí casi dos años, iba a decir que durmiendo el sueño de los justos, pero no, hemos actuado con mucha rapidez, hemos actualizado en esta etapa prácticamente todos los informes que estaban retrasados y
tengo que hacer como siempre un canto de gratitud y de alabanza a los desvelos de la Mesa y de los grupos parlamentarios por que estos retrasos sean cada vez menores. Tengo mucho empeño en que los informes atrasados queden expuestos en breves meses
o semanas y que los nuevos ya estén más actualizados. En ese sentido tengo que decir que en la próxima reunión de la Comisión Mixta es muy posible que veamos la declaración de la cuenta general del Estado de 2008, y añado a continuación que la de
2009 está ya prácticamente en fase de alegaciones; hemos recobrado una inmediatez respecto a los hechos fiscalizados que creo que debe predicarse tanto del Estado como de todas las comunidades autónomas. No voy a incidir en este tema de la
antigüedad de los informes y de la relatividad de las consecuencias de las irregularidades que en ellos se detectan porque vale para los tres que hoy traemos aquí, ya que los tres se refieren a ejercicios de 2004 y 2005.
El señor Martínez-Pujalte, el señor Tuñón y el señor Hurtado han aludido a las trece recomendaciones que hace el informe y me han preguntado si se ha avanzado algo, mucho o poco según los datos que obran en el Tribunal de Cuentas y que ya
deben figurar en el informe de 2006 y 2007 que, repito, está a punto de venir a esta Cámara. Tengo que decir que sí, que se ha avanzado bastante. Vamos a repasarlas una por una. ¿Definir los objetivos indicadores presupuestarios? Todavía se ha
avanzado poco.
¿Completar el registro del inventario? Se ha avanzado bastante. ¿Revisar por las autoridades responsables de la contabilidad pública las normas contables de las operaciones derivadas de los fondos de cohesión y estructurales que en
la actualidad no respetan los principios de declaración de ingresos y gastos? Aquí se podría haber avanzado más. Yo entiendo que en la contabilidad de costes, por ejemplo, hay una carencia muy clara y muy de destacar. Ahora bien, la carencia es
general en todas las administraciones territoriales. ¿Esto nos sirve de consuelo, señor Martínez-Pujalte, a efectos de comparación? Pues no quiero entrar en ese criterio de valoración. Si la contabilidad de costes no se hace bien, que se haga en
todas, en algunas o en ninguna es lo mismo. En este punto no se ha avanzado. En cuanto a mejorar el control interno de las subvenciones, les diré que sí se ha avanzado, porque se ha establecido un plan estratégico de subvenciones, que conocen sus
señorías. Por tanto, en este punto conviene decir que sí se ha avanzado. Lo mismo sucede con la oportunidad de las inversiones en empresas públicas deficitarias, en las que también en el informe de 2006-2007 se ha avanzado considerablemente y se
ha mejorado el control de la intervención general sobre los consorcios. Se ha determinado también la efectiva procedencia de la inclusión en el sector público autonómico de dos fundaciones. Se establece en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares mayor precisión en los criterios de adjudicación y valoración.
Hay otra serie de cuestiones que me gustaría destacar, por ejemplo, el endeudamiento en 2007 es bastante inferior al de 2003, al de 2004 y al de 2005. El objetivo de estabilidad presupuestaria se ha cumplido tanto en 2006 como en 2007, y lo
dejo también para hacer una consideración más general. Respecto a las cuentas rendidas sobre las que hablaba el señor Hurtado, las cuentas se han rendido, lo que pasa es que algunas no se han rendido a tiempo y se han rendido durante el tiempo en
que se hizo la fiscalización. Hacía usted referencia a una y tengo interés en contestarle. Por ejemplo, en el Servicio Murciano de Salud, en la página 105 del informe, se determina con claridad cuáles son las cuentas rendidas. ¿Que efectivamente
sea un defecto que se rindan a tiempo o no a tiempo? Efectivamente, lo es. Pero, si termina cumpliéndose esta obligación fundamental, que es la rendición de cuentas, tengo que decir que también en el informe de 2006 y 2007 se ha avanzado
considerablemente.
En cuanto al remanente de tesorería al que se refería el diputado señor Hurtado, hay que interpretar su alcance. Sus modificaciones no tienen por qué influir en el déficit presupuestario. Se trata de una aproximación a las disponibilidades
y necesidades de tesorería, cuestión diferente al déficit presupuestario. Por tanto, en ese sentido no se refugia el déficit en estos saldos, sino que se refleja con toda exactitud tanto en el informe de 2004 como en el de 2005 y, en ese sentido,
no hacemos trucos ni magia alguna para no exponer con claridad el origen de estas cantidades y no enmascararlas con adscripciones a otras entidades, a otros elementos o a otros entes que no están dentro de lo que llama la fiscalización.
Por lo que se refiere a si son muchas o pocas las empresas públicas que se han creado en las comunidades autónomas, requiere un debate en profundidad, en el que no vamos a entrar hoy. Son tantas las entidades y las empresas públicas que se
han creado en estos años para hacer más flexible la gestión, más alejada del control y huyendo del derecho administrativo, que -repito- en otro momento, quizá con ocasión de exponer el informe autonómico y el de las corporaciones locales, podamos
detenernos a conocer este dato con carácter general. No se trata -repito- de comparar a unos con otros, sino de ver la globalidad del problema y lo que este problema significa respecto al déficit, al endeudamiento, al gasto, a la
austeridad, a todos esos elementos que a todos nos preocupan, porque en ellos radica fundamentalmente también la eficacia y la eficiencia que debemos exigir a todos los gobernantes.
Hay algunas cuestiones por las que me han preguntado que son detalles muy concretos, como el inmovilizado material de los inmuebles, que voy a contestar por escrito. Aunque ha habido modificaciones y cambios en el informe nuevo de 2006 y
2007, no me lo sé de memoria. Se lo mandaré, como siempre hago cuando me hacen esta pregunta y no tengo aquí los datos.
- INFORME ANUAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, EJERCICIOS 2004-2005.
(Número de expediente del Congreso 251/000092 y número de expediente del Senado 771/000092.)
La señora PRESIDENTA: Terminado el primer punto que hemos analizado sobre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el informe anual de la Ciudad Autónoma de Melilla, correspondiente
también a los ejercicios 2004 y 2005.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): Señora presidenta, señorías, este informe también fue aprobado en el pleno del tribunal el 29 de septiembre de 2009 y remitido a esta Comisión mixta, a la Asamblea de la ciudad
autónoma, conforme establece el artículo 12 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas.
El objeto de esta fiscalización fue, como siempre, verificar el cumplimiento de rendir cuentas por parte de las entidades que conforman el sector público de la ciudad, que la cuenta general de la ciudad y las cuentas individuales de las
entidades públicas se ajustan a la normativa aplicable, así como verificar el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y analizar los recursos provenientes del Fondo de compensación interterritorial, en su doble modalidad de
compensación y complementario, y, en lo posible, evaluar la gestión desarrollada desde la perspectiva de la eficacia, la eficiencia y la economía.
El desarrollo de la fiscalización se vio afectado por determinadas limitaciones al alcance, entre las que se destaca en el informe las deficiencias en el registro, control e inventario de los bienes propiedad de la ciudad, la falta de
concreción de los proyectos financiados con los fondos de compensación interterritorial y la no aportación de determinada documentación sobre expedientes de contratación.
Las cuentas generales de ambos ejercicios se rindieron fuera de plazo y no estuvieron acompañadas de la pertinente información en la memoria sobre coste y rendimiento de los servicios públicos y la consecución de los objetivos programados.
Por lo que se refiere a las cuentas individuales, no se habían rendido las cuentas de una empresa pública, que las entregó durante la fiscalización, ni las del consorcio. Por su parte, un organismo autónomo no rinde sus cuentas conforme a la
instrucción de contabilidad para la Administración local, liquidando sus gastos en un concepto presupuestario de la Administración General de la ciudad. En todo caso, las cuentas se han rendido, con los defectos de fuera o dentro de plazo.
En el análisis de la liquidación de los presupuestos de la Administración General de la ciudad se puso de manifiesto la existencia de modificaciones de crédito que incrementaron un 24 por ciento los créditos iniciales. En el capítulo de
inversiones reales, estas modificaciones, originadas fundamentalmente por incorporaciones de remanentes, fueron del 109 por ciento en el segundo ejercicio fiscalizado. El grado de ejecución global del presupuesto de gastos de los ejercicios
examinados alcanzó al 71 y al 75 por ciento, respectivamente, si bien dicho porcentaje quedó reducido al 35 y al 42 por ciento en el capítulo de inversiones reales, cuyos créditos iniciales se habían visto ampliamente incrementados, como se ha
señalado. Por su parte, el presupuesto de ingresos se ejecutó en un 76 y un 75 por ciento, respectivamente, resaltándose el reducido grado de ejecución de las previsiones en el capítulo de transferencias de capital.
El resultado presupuestario de
ambos ejercicios resulta ligeramente modificado como consecuencia de las salvedades puestas de manifiesto en el informe.
Respecto a la situación patrimonial, en el informe se efectúa un análisis diferenciado de las diferentes masas patrimoniales, señalando las singularidades y los saldos más significativos de las distintas rúbricas, junto con las deficiencias
observadas. En relación con el inmovilizado, se destaca la carencia de unos inventarios debidamente actualizados y completos de los bienes que lo conforman, así como la práctica de contabilizar únicamente las operaciones de inmovilizado que
conllevan movimientos de fondos, por lo que las cesiones o adscripciones no se reflejan en las cuentas. En cuanto a los acreedores extrapresupuestarios, se señala que no consta la existencia de un registro que permita clasificarlos según la
antigüedad de sus saldos, así como el indebido tratamiento extrapresupuestario dado a determinadas operaciones.
El endeudamiento de la ciudad ascendía al final del periodo fiscalizado a 51 millones de euros. A este respecto, además de determinadas deficiencias contables, se señala que, considerando el endeudamiento de las empresas de titularidad
autonómica, la ciudad autónoma incumplía los principios establecidos en el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera. En cuanto a los fondos de compensación interterritorial, se destaca la generalidad con la que se definen en los
Presupuestos
Generales del Estado los proyectos de inversión que son financiados con dichos fondos, así como su atribución a un solo periodo anual, lo que implica la no asociación de los recursos a proyectos concretos, sino a la ejecución de determinadas
aplicaciones presupuestarias.
Respecto a las subvenciones, en el informe se analizan las subvenciones al deporte, señalándose cómo en la convocatoria del primer ejercicio fiscalizado no se precisaban los requisitos a cumplir por los beneficiarios ni los criterios para
cuantificar la subvención o su posible incompatibilidad con las subvenciones percibidas de otras administraciones, carencias que se vieron subsanadas en la convocatoria del ejercicio siguiente. Asimismo, se incluye un análisis de las ayudas
financieras a empresas generadoras de empleo estable.
Por lo que se refiere a la contratación administrativa, se analizaron veinte contratos y se concluye en el informe, junto con la carencia de las preceptivas relaciones de contratos realizados, que, con carácter general, no constaban los
informes de fiscalización del gasto a efectuar que debieron emitirse por la intervención con carácter previo a la aprobación del mismo; no se establecieron adecuadamente los criterios de valoración de ofertas y la adjudicación de los
correspondientes contratos, y en las ejecuciones examinadas se produjeron demoras no justificadas y modificaciones que no respondieron a nuevas necesidades.
Respecto al sector público de la ciudad, en el informe se efectúa también, como habrán visto, un breve recorrido por las cuentas y la gestión de las entidades que integran el sector público. Así, se ofrecen datos que permiten evaluar el
volumen de actividad desarrollada por los dos organismos autónomos y la fundación, financiada en su totalidad a través de transferencias de la ciudad, así como de un consorcio que no rindió las cuentas de los ejercicios fiscalizados. Igualmente, se
analiza la actividad y la situación de las cuatro empresas públicas cuyos resultados, una vez deducidas las ayudas públicas recibidas, son negativos por 17 y 3 millones en cada ejercicio, y cuyo endeudamiento era superior a los 30 millones de euros,
estando dirigida su actividad en un 86 por ciento al área de infraestructuras básicas y el resto a vivienda, información y desarrollo socioeconómico.
El informe concluye con un apartado de recomendaciones, en el que se reiteran las formuladas en el informe relativo al ejercicio 2003 al no haberse observado actuaciones dirigidas a su cumplimiento. Se mantienen -repito- estas
observaciones, referidas fundamentalmente a mejorar la contabilización de las operaciones en la liquidación del presupuesto y los procedimientos de gestión y recaudación del impuesto sobre la producción, los servicios y la importación en la Ciudad
Autónoma de Melilla. Además, hay otras cuestiones también recogidas en las recomendaciones, que asimismo han sido en parte cumplidas por el informe de 2006 y 2007, que -repito- está a punto de ser enviado a esta Cámara, y en las preguntas o en las
consideraciones que tengan a bien hacerme podremos detenernos en explicarlo y profundizar más en ello.
La señora PRESIDENTA: Señor presidente, gracias por su síntesis a la hora de presentarnos el informe. Ruego a los portavoces que, por favor, se atengan también al tiempo máximo de diez minutos en su intervención. (El señor presidente del
Tribunal de Cuentas, Núñez Pérez: Que me imiten.) Exactamente, que tomen como ejemplo al presidente del tribunal.
Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular el señor Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ MOLINA: Bienvenido, señor presidente. Ocioso es trasladarle la bienvenida cordial que desde mi grupo le doy a título personal y a título colectivo. Pese a mis muchos años en esta Cámara, es la primera vez que intervengo
como ponente en esta Comisión, por lo cual, señora presidenta, señorías, señor presidente, estoy seguro de que sabrán dispensarme, quizá como a los malos toreros que debutan tarde, por que debute yo también tarde en esta Comisión del Tribunal de
Cuentas.
La señora PRESIDENTA: Pero usted es un experto parlamentario.
El señor GUTIÉRREZ MOLINA: Gracias, señora presidenta, por su benevolencia. Voy a ceñirme exactamente a su recomendación y a la del señor presidente. Señorías, señora presidenta, señor presidente, me gustaría en primer lugar agradecer al
señor presidente el informe tan clarificador que ha presentado de la situación del periodo analizado de mi ciudad, de la Ciudad Autónoma de Melilla. Ciertamente es un informe clarificador, como decía al principio, que va a servir para el
seguimiento de las recomendaciones que ha dado el señor presidente, puestas de manifiesto en el informe de fiscalización de 2003. Ya que no se han observado actuaciones encaminadas a su cumplimiento, sí va servir desde esta reiteración para el
seguimiento de las más llamativas y quizás las más importantes, empezando con las reestructuraciones organizativas necesarias que permitan la adecuada segregación de funciones entre la gestión de ingresos y su control, que, si no he entendido mal,
ha sido uno de los aspectos en los que más énfasis ha puesto el señor presidente y que quizá también a nosotros más nos preocupa.
Con independencia de mejorar la contabilización de partida doble de las operaciones que se recogen en la liquidación del presupuesto para que exista una plena concordancia entre este y las cuentas de balance y resultado, como la implantación
de una contabilidad adecuada de los gastos con financiación afectada conforme a los principios contables públicos fijados por la Comisión de Principios y Normas Contables Públicas que el Tribunal de Cuentas ya aportó en uno de los documentos que
forman parte del exhaustivo informe, me gustaría hacer dos tipos de generalidades: una de aclaraciones y otra de alegaciones al informe del Tribunal de Cuentas a este ejercicio 2004-2005. Lo digo no solamente por el criterio de
transparencia y de claridad, sino también para que sepan el señor presidente, sus señorías, y la señora presidenta la primera, de las actuaciones que está llevando a cabo la Ciudad Autónoma de Melilla.
En cuanto a la rendición de cuentas, por economía procesal me voy a referir a las cuentas de la Fundación Melilla Ciudad Monumental, que se aprobaron con el resto, puesto que forman parte de la cuenta general que se rinde a la excelentísima
Asamblea para su aprobación. Después hay otra, que se trata ampliamente en el informe, que es la Fundación de Asistencia al Drogodependiente. Se trata de un organismo con un presupuesto mínimo, aunque naturalmente eso pueda ser discutible, por lo
que no compensa abrir una contabilidad puesto que carece de personal propio y sus labores son realizadas por el personal de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla. Hay un anexo al que me voy a referir,
ciñéndome estrictamente al tiempo asignado por la señora presidenta, relativo a la empresa pública Remesa, que cuenta con una alegación específica en el informe que tiene el señor presidente.
Se trata, como saben, de una empresa mixta -50 por
ciento de la ciudad autónoma y 50 por ciento de Emgrisa-, por tanto, no es competencia, salvo mejor criterio siempre posible y mejor fundado que el mío, de la Administración de la ciudad autónoma su rendición al Tribunal de Cuentas, puesto que el
artículo 209 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, señala claramente el contenido de las cuentas generales de las entidades locales y por quiénes están integradas
dichas cuentas generales. Hay una serie de criterios de modificaciones presupuestarias que me gustaría enfatizar, pero que en cualquier caso, si el señor presidente lo tiene a bien, aportaría por escrito para hacer lo más breve posible mi
intervención, si bien no quisiera pasar por alto en cuanto a la ejecución de gastos, a la que también se ha hecho mención por parte del señor presidente.
El procedimiento general utilizado por el servicio de contabilidad, según información que he recabado de la ciudad autónoma, es la tramitación de documentos ADO acumulando las distintas fases del gasto, tal y como permite a la Asamblea el
procedimiento administrativo establecido en las bases de ejecución del presupuesto. Señora presidenta, puede existir cierta discrepancia con respecto al tratamiento de los pagos a justificar, puesto que se tiene un control extracontable apoyado en
libros donde están recogidos por terceros los preceptores de dichos pagos con la aplicación presupuestaria, la fecha de concesión, el importe, el concepto, etcétera. Hay una serie de apartados y de anexos no muy explicitados, pero que sirven como
aclaración, que es de lo que se trataba, al estudio o al informe tan exhaustivo y clarificador que ha dado el señor presidente.
Hay una alegación al anteproyecto del informe remitido por el Tribunal de Cuentas sobre algo que se ha tratado en profundidad en el exhaustivo informe, que son los expedientes de la Consejería de Medio Ambiente correspondientes a los
ejercicios de 2004 y 2005. Por la importancia de dicha consejería, por lo macroconsejería que es, por los aspectos que aborda, a mí sí me interesa que siguiendo el mismo orden en que se producen los reparos -por decirlo de alguna forma- del
tribunal, se tuvieran en cuenta las alegaciones que ha presentado la ciudad autónoma, principalmente al consorcio Melilla Puerto XXI, que se constituyó para la construcción de un edificio emblemático, por decirlo de alguna manera -a mí desde luego,
señor presidente, señorías, no me gusta ese nombre, como ustedes pueden comprender pero es de uso común-, como son las torres del V centenario, que permutó las plantas que actualmente ocupa el Ministerio de Justicia por una serie de terrenos entre
los que constan los dedicados a una serie de actividades, estando participado dicho consorcio en el año 2005 al cien por cien por la Ciudad Autónoma de Melilla y que se disolvió con posterioridad, integrándose sus activos, y sus pasivos
naturalmente, al patrimonio -digámoslo de alguna manera para que todos nos hagamos cargo- municipal. Yo creo que también se junta -y es necesario hacerlo constar- la resolución del órgano de contratación, en la que consta la aprobación de los
gastos correspondientes al contrato 3/2005, en el que se indicaba el presupuesto de casi 5 millones de euros, ampliando el detalle de la financiación del mismo, y que se aportaba copia del certificado de estar al corriente con la Agencia Tributaria,
con la Seguridad Social de la adjudicataria de una serie de obras, junto con lo que ha dicho el señor presidente de que las cuentas efectivamente se han presentado con un desfase. El señor presidente conoce perfectamente las particularidades
sociales y de administración de la ciudad, que no es ningún tipo de excusa, es sencillamente un diagnóstico -y permítame la desviación profesional- de la ejecución presupuestaria, y ello hace que creyéramos que eran unas alegaciones lo
suficientemente importantes como para justificar parte de las recomendaciones que el Tribunal de Cuentas a través del señor presidente ha presentado.
He terminado, señora presidenta. Yo quisiera que en esta intervención necesariamente a vuela pluma, necesariamente panorámica, necesariamente desde una perspectiva generalista de las cuentas de la ciudad autónoma, quedara plasmado el
criterio fehaciente de la organización de la ciudad autónoma, del gobierno en una palabra, de ir aplicándose cada vez más en estas recomendaciones que con extraordinaria claridad ha emitido el Tribunal de Cuentas, ha firmado el señor presidente,
principalmente en los aspectos que antes he señalado y que por
no reiterar los doy por defendidos y por argumentados en la seguridad de que se tendrán en cuenta a la hora de valorar las actuaciones que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla ha tenido a la hora de evaluar los periodos contables de
este periodo de tiempo al que hace referencia el estudio que nos ha traído aquí esta tarde de hoy.
La señora PRESIDENTA: En nombre del Grupo Mixto tiene la palabra el señor Tuñón.
El señor TUÑÓN SAN MARTÍN: Yo no voy a consumir los diez minutos. En primer lugar, quiero agradecer este informe, que creo que se entiende bastante bien.
Quisiera resaltar simplemente dos o tres aspectos que me han llamado la atención y pediría algún comentario por parte del presidente. En primer lugar, las limitaciones. Las limitaciones no son novedosas, prácticamente son similares a lo
que hemos visto, pero había un quinto punto que dice: falta de aportación de elevado número de relaciones certificadas de contratos. Esto puede llamar un poco la atención. No sé si en el transcurso de la fiscalización se ha dado algún tipo de
explicaciones, porque esta me parecería una práctica bastante incorrecta. El señor portavoz del Grupo Popular, que ha tenido una brillante intervención, ha dicho que la Fundación de Asistencia a Drogodependientes no se presenta porque no tiene
personal. La pregunta sería para qué se crea un organismo autónomo; esa sería una de las cuestiones que podrían plantearse.
Se hace referencia al tema de las empresas públicas, yo creo que son cuatro empresas públicas. A mí siempre me queda la duda. Hay una primera empresa, que seguramente tiene mucho sentido y desde el desconocimiento que tengo de Melilla me
hace ser cauto, que es Emvismesa, cuyo objetivo es la promoción de suelo, que me parece un tema bastante importante, pero también es verdad que en estos momentos tiene un fuerte endeudamiento y unas fuertes pérdidas. Quería saber cómo se valora la
eficacia de esta empresa en función del objetivo social que cumple. En cuanto a la empresa Inmusa, hace una referencia a un informe del interventor que advierte a la sociedad de que debe tomar medidas necesarias en relación con las pérdidas
acumuladas. Nuevamente se vuelve a repetir el fuerte endeudamiento que tienen estas empresas, y me gustaría que en este caso también hiciera un comentario. El consorcio Melilla Puerto XXI, que es del año 1996, no rinde cuentas. Parece que es un
consorcio destinado a desaparecer -tal vez me estoy equivocando porque cumple una función importante-, pero también marca un poco la inercia que hay de que, una vez que se crean entes, desaparezcan.
Finalmente, me ha alegrado el último comentario que ha hecho el presidente del Tribunal de Cuentas -e iba a resaltar que en principio en el informe tal como estaba se decía que no había actuaciones encaminadas al cumplimiento del informe de
fiscalización del año 2003- en el sentido de que sí se están tomando las medidas, con lo cual no puedo más que alegrarme y felicitar en este caso a la Ciudad Autónoma de Melilla.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista, señor Sáez.
El señor SÁEZ JUBERO: En primer lugar, quería agradecer al presidente del tribunal el informe y las explicaciones que nos ha dado en esta Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas. También quería anticiparles, en el mismo sentido que el señor
Gutiérrez, que va a ser un día de debutantes porque me he enfrentado por primera vez a la lectura de un informe del tribunal y constato el rigor, la oportunidad y el trabajo que hace el Tribunal de Cuentas con estos informes de cuentas públicas. Le
quería decir al señor Gutiérrez que para mí es una satisfacción acercarme a muchas de las realidades de la Ciudad Autónoma de Melilla porque suplimos la ausencia de representación electa con que muchos diputados de este grupo parlamentario conocen
la realidad de Melilla y algunos descubrimos incluso lazos culturales. Si me permiten la digresión, siempre pienso -le hago la sugerencia- que yo como catalán y usted como melillense tenemos unos lazos con la arquitectura modernista que algún día
deberíamos potenciar con su Nieto y nuestro Gaudí, pero esto daría para otro debate.
Señor presidente, al enfrentarme por primera vez a un informe del Tribunal de Cuentas debo manifestarle mi sorpresa porque a una ciudad autónoma como Melilla, con un peso del sector público tan importante, con la cantidad de recursos,
transferencias e inversiones de la Administración General del Estado, de fondos de compensación interterritorial, de fondos europeos, no le vamos a exigir más que le exigiríamos a cualquier otra comunidad autónoma o ciudad autónoma, pero sí me
parece preocupante. Es verdad que son dos ejercicios, 2004 y 2005, y no sé si nos tranquiliza conocer que alguna evolución parece que ha habido en los ejercicios 2006-2007, pero es realmente un informe a mi modo de ver -y no sé si es el tono
habitual en esta Comisión- contundente, del cual no quisiéramos hacer una utilización muy política, porque, independientemente de quien gobierne en la ciudad autónoma, debemos estar conformes -y así espero- con las resoluciones que podamos acordar
entre los grupos parlamentarios, para que avancemos en el sentido de mayor transparencia y mayor rigor en el ejercicio de las cuentas públicas.
Me ha parecido alarmante también, presidente, esa reiteración de la ciudad autónoma en la tardanza en la rendición de cuentas, que se ha convertido -no sé si en 2006-2007 se habrá corregido- en algo habitual, incluso a mí me parece
preocupante, aunque usted ha hecho una defensa encomiable, señor Gutiérrez, pero a la luz de lo que ha manifestado el informe y el propio presidente hoy mismo, ha habido una falta de rendición de cuentas del consorcio Melilla Puerto XXI, hoy
disuelto, si bien en la fecha de fiscalización estaba plenamente en ejercicio con ocasión del V centenario de la ciudad de Melilla.
Hay incumplimientos muy graves, a mi modo de ver y al de mi grupo parlamentario, de falta de transparencia en la contratación que me imagino, señor presidente, que deben dificultar mucho la elaboración de su informe. En cuanto al gasto,
también sorprende la inexistencia de estados de gastos que dificulta evaluar las modificaciones de créditos.
Usted también ha hecho referencia a ello, señor Gutiérrez, pero existen muchos gastos, según reza el informe de gastos corrientes y
servicios, en gastos diversos en los que no se consignan los conceptos. El capítulo más hiriente es la propia contratación administrativa, donde hay déficits importantes de transparencia. Esta es una ciudad autónoma que tiene un volumen de
contratación importante, y me permito señalar que nueve consejerías no remiten al tribunal los contratos de administración y adjudicación que me imagino, señor presidente, que debe ser también una clara limitación para la verificación de las cuentas
anules. Siendo el límite de contratación de 3.000 euros, ya que a partir de 3.000 euros es competencia de la Asamblea, Presidencia adjudica por encima de 6.000 euros. Hay déficits en la publicidad de la contratación administrativa en las propias
mesas de contratación, que impiden o no facilitan las preceptivas invitaciones a los licitadores para que expongan observaciones a las propuestas de adjudicación.
El presidente del tribunal ya se ha referido a las recomendaciones; Lamento y es una sorpresa para mí que de un ejercicio a otro deban reiterarse con absoluta pasividad por parte del Gobierno de la ciudad autónoma. Espero que tengamos
buenas noticias en la réplica del presidente del tribunal al anunciarnos que en 2006 y 2007 algunos de estos aspectos puedan mejorarse. También me permito destacar que el tribunal hace referencia a algo que se refiere al respeto del principio
legal, y es que debe aplicarse la Ley de Procedimiento Administrativo de manera más estricta a los gastos y documentos contables. Otra tema que me parece cuestionable es el hecho de que se dé falta de intervención y de control al no segregar las
funciones entre la gestión de ingresos y gastos en la Dirección General de Hacienda e Intervención. Por otra parte también es contundente la recomendación de falta de respeto a los principios de publicidad, concurrencia y objetividad en la
concesión de ayudas y subvenciones, así como la falta de transparencia en los criterios de adjudicación en la contratación administrativa. He estado presente en el debate sobre las cuentas de la Comunidad Autónoma de Murcia, y hay faltas en otros
informes, pero difícilmente en 2004-2005 habrá un informe que hable tan claramente de la falta de rigor como en las cuentas públicas de la Ciudad Autónoma de Melilla, que celebraríamos que se fuera corrigiendo. Es verdad que estamos en 2011 y uno
quiere suponer que esto habrá mejorado, pero como nos toca evaluar 2004 y 2005, me veo en la obligación de valorarlo hoy en esta Comisión.
Para finalizar, señor presidente, mis preguntas, a tenor de lo que he dicho, van dirigidas a conocer si realmente pueden verificarse unas cuentas con una falta tal de información y de transparencia en algunos aspectos, así como qué
instrumentos tiene el tribunal para el efectivo cumplimiento de estas recomendaciones, si es el régimen sancionador o -algo que nos gusta más a los parlamentarios- el diálogo permanente con las autoridades de la ciudad autónoma, y si de ese diálogo
ya nos puede anticipar alguna mejora en las cuentas que va a evaluar este tribunal en 2006 y 2007. En cualquier caso los grupos parlamentarios vamos a trabajar para hacer algunas recomendaciones que permitan aprobarlas por consenso, porque todos
deseamos que la Ciudad Autónoma de Melilla, que es ejemplo en tantas cosas, también lo pueda ser en las cuentas públicas.
La señora PRESIDENTA: Señor presidente.
EL señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): Señorías, en primer lugar, quiero agradecer las palabras de don Antonio Gutiérrez. Yo también estoy muy contento de ver caras con las que he compartido muchos años en esta casa, y
sobre todo de ver que está en forma y muy bien.
Muchas gracias otra vez al señor Tuñón y al señor Sáez, porque son debutantes, pero lo hacen muy bien, y no lo digo con el ánimo de ponerlos a mi favor, sino todo lo contrario. Me agrada que los
informes del Tribunal de Cuentas tengan un fácil entendimiento y unos medios de valoración tan objetivos e incisivos como se ha demostrado en sus intervenciones.
Tengo que volver otra vez a la rendición de cuentas y a su retraso. Repito -que quede bien claro- que, salvo en circunstancias excepcionales, en estos tres informes que vamos a ver esta tarde las cuentas se han rendido, algunas con retraso,
pero terminan rindiéndose. Este tema de la rendición de cuentas es un elemento de capital importancia y preocupación para el Tribunal de Cuentas; supongo que también para los órganos de control del Estado. Ahora mismo las innovaciones
tecnológicas permiten que la rendición de cuentas sea más fácil de hacer, y por lo tanto habrá que exigirla todavía con mayor rigor y sin demoras. Voy a poner un ejemplo que me parece que ha salido en alguna otra comparecencia mía, pero que tal
como ha avanzado la rendición telemática de las cuentas de los ayuntamientos y de las corporaciones locales merece la pena conocer los datos que esta rendición telemática está aportando al control externo. Como saben, con motivo de la rendición
telemática de las cuentas se han producido determinados convenios con los órganos de control externo de las comunidades autónomas, y el Tribunal de Cuentas ha montado una plataforma con unos elementos que no son ahora del caso, pero que han dado el
siguiente resultado en cuanto a la rendición
de cuentas. De un 39 por ciento de rendición de cuentas en ayuntamientos de más de 5.000 habitantes, hemos pasado casi a un 90 por ciento. Si se ha visto que es posible hacerlo en ayuntamientos de importancia, como es lógico y natural se
debe exigir también a las comunidades autónomas que hagan lo mismo, tanto cuando tienen órgano de control externo como cuando tienen que rendir cuentas directamente al tribunal. Que conste que la rendición telemática de las cuentas de los
ayuntamientos debe hacerse al mismo tiempo a los órganos de control externo y al Tribunal de Cuentas, porque debe ser simultánea, como dice la Ley de Haciendas Locales y como ustedes saben de sobra. Por tanto quiere decirse que estamos en esa
preocupación, y en esa preocupación tengo que decir que en el informe de 2006-2007 de Melilla, que pronto va a venir aquí, también se ha corregido ya en parte la prontitud, la mayor celeridad en la presentación de las cuentas. Dicho esto, el señor
Gutiérrez hacía referencia a los organismos independientes que no habían presentado las cuentas. Estos organismos independientes, señor Gutiérrez, deberían tener también su propio presupuesto diferenciado del de la Administración general y rendir
sus propias cuentas. Eso, repito, hace referencia a todos los organismos y entidades de cualquier naturaleza jurídica que forman parte del sector público de cada una de las comunidades.
En cuanto al tratamiento de las alegaciones -que también usted se refería a ellas- tengo que reiterar lo que ya he señalado en otras ocasiones, que usted no me ha oído y por lo tanto se lo voy a decir; todas las alegaciones, absolutamente
todas las alegaciones que se envían al tribunal son analizadas por los servicios del tribunal, por los equipos de auditores y de contadores que analizan cada uno de los informes, y la opinión definitiva es la recogida en el informe, opinión
definitiva que valora estas alegaciones y que valora también el pleno del tribunal en función de los argumentos que el ponente y el equipo de trabajo nos remitan. En todo caso las alegaciones se adjuntan siempre con el informe para que puedan ser
conocidas por todos. Quiere decirse que todas las que ustedes presenten en cualquier momento son tenidas en cuenta por el tribunal, y si con esas alegaciones se demuestra una mejoría en la gestión del sector público esté usted completamente
convencido, señor Gutiérrez, de que el Tribunal de Cuentas será el primero en subrayar esa mejoría.
Sobre la contratación, a la que hacían referencia tanto el señor Tuñón como el señor Sáez, efectivamente según la normativa vigente, y por lo que se refiere a la remisión de las relaciones de contratos -como sabe usted muy bien, señor
Tuñón-, han de remitirse al tribunal estas relaciones además de los extractos de los expedientes de contratación. En la página 68 de este informe se indican las relaciones no enviadas, y efectivamente hay unas cuantas consejerías que no enviaron
estos extractos de los expedientes de contratación; esto quiere decir que ha habido un incumplimiento que figura, como es natural, entre los incumplimientos que se detallan en el informe de Melilla de 2004 y 2005, e igualmente en el informe de 2006
y 2007 se ha corregido en parte -aunque no todo este fallo, pero sí se ha corregido bastante-.
Por lo que se refiere al resto de las recomendaciones creo que respecto a las subvenciones se han respetado en un porcentaje mayor los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, y se han establecido también algunas medidas de
control respecto al cumplimiento de las ayudas otorgadas. Repito que esto es lo que puedo adelantar en un principio de un informe que todavía no está aprobado por el pleno, y que por lo tanto no puedo darlo como conclusiones definitivas,
simplemente les adelanto cosas que me piden que adelante, pero que no son ni muchísimo menos todavía datos que se puedan tomar como definitivos. En el área de la contratación administrativa, repito, con referencia a los pliegos de cláusulas
administrativas particulares, se establecen con mayor claridad los criterios de adjudicación y los métodos o formas de asignación de las puntuaciones de los correspondientes baremos, con lo cual en parte se ha atendido a esta recomendación, auque
siga habiendo un incumplimiento porque no todas las consejerías han cumplido como tienen que cumplir. Si al examinar el 'Diario de Sesiones' veo que hay algún dato que falta, con muchísimo gusto se lo completaré, enviándole la respuesta por escrito
a la señora presidenta.
- INFORME ANUAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA, EJERCICIOS 2004 Y 2005. (Número de expediente del Congreso 251/000117 y número de expediente del Senado 771/000117.)
La señora PRESIDENTA: Vamos a iniciar el tercer punto del orden del día, que es la presentación del Informe anual de la Comunidad Autónoma de Cantabria correspondiente a los ejercicios 2004 y 2005. Quiero comentarles a sus señorías que con
la presentación de estos tres informes culminamos el análisis de los informes de las comunidades autónomas correspondientes a los ejercicios 2004 y 2005. Lo digo porque en el transcurso de los debates y de las intervenciones se ha planteado la
preocupación por la tardanza en analizar estos informes. Así, para satisfacción de sus señorías, culminamos con la presentación y el debate de estos tres informes el análisis de esos ejercicios de 2004 y 2005.
Presidente tiene usted la palabra.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): Señorías, este informe fue aprobado por el pleno del Tribunal de Cuentas el 20 de julio de 2010. El objeto de la fiscalización es, como en los anteriores casos, el análisis del
cumplimiento de la obligación de rendir cuentas en plazo, de conformidad con la normativa contable y presupuestaria, así como la evaluación del cumplimiento de los principios de legalidad, eficiencia y economía en la gestión desarrollada,
y con especial atención al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.
Las verificaciones se extendieron a todas las entidades que conformaban en 2004 y 2005 el sector público de la comunidad autónoma. Al final de este periodo fiscalizado, es decir en 2005 -ha sufrido alguna variación en 2006 y 2007-, estaba
integrado por la Administración general, 6 organismos autónomos, 4 entes públicos, 25 empresas públicas, 4 consorcios y 7 fundaciones públicas. El alcance de la fiscalización se vio afectado entre otras limitaciones por la inexistencia de objetivos
e indicadores específicos y cuantificables que permitieran valorar la eficacia y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos, así como por la falta de un sistema de información contable que permitiera tener un conocimiento preciso de la
composición y valoración de los bienes y derechos de titularidad pública autonómica.
¿Cuáles son los principales resultados de la fiscalización? Voy a hacer un resumen atendiendo a la inteligente sugerencia de la señora presidenta, sobre todo porque sé que tienen ustedes mucho trabajo y tienen unos horarios que cumplir. En
cuanto a la rendición de cuentas la cuenta general del segundo ejercicio fiscalizado se rindió fuera de plazo; se rindió, pero fuera de plazo. Por lo que se refiere a las cuentas individuales de los organismos autónomos se deja constancia en el
informe de cómo en algunos casos no se adaptaban a lo establecido en el Plan general de contabilidad pública de obligatoria aplicación desde el ejercicio 2001, no presentando algunos de los estados contables en él establecidos e integrando sus
saldos en la cuenta general de la Administración general. Tampoco las cuentas de los entes públicos se ajustaban a lo previsto en el plan contable, y la mayor parte de ellos no presentaron la liquidación del presupuesto ni la memoria del ejercicio.
En cuanto a la liquidación presupuestaria los presupuestos iniciales de gasto de ambos ejercicios se vieron modificados en un uno y en un 5 por ciento respectivamente, hasta alcanzar los 1.768 y 1.958 millones de euros en cada uno de los
ejercicios fiscalizados. La propuesta de modificación generalmente no se acompañó de la memoria justificativa o esta era incompleta. El presupuesto de gastos resultó ejecutado en un 95 y en un 94 por ciento, correspondiendo a gastos de personal en
ambos ejercicios un 34 por ciento de las obligaciones reconocidas, y desde el punto de vista orgánico el mayor volumen de gasto se registró en el Servicio Cántabro de Salud alcanzando los 637 millones de euros en el último ejercicio examinado. Por
su parte el presupuesto de ingresos se ejecutó en un 96 por ciento y un 98 por ciento respectivamente, destacando la importancia del Fondo de suficiencia, utilizado como mecanismo de ajuste del sistema de financiación a las necesidades de la
comunidad autónoma, que representó aproximadamente un 30 por ciento de los recursos obtenidos. En el informe se destaca el tratamiento presupuestario incorrecto dadas las operaciones afectadas por el IVA, tanto el repercutido como el soportado
deducible. El resultado presupuestario deducido de la liquidación presentada fue de superávit en ambos ejercicios, por 11 y 67 millones de euros respectivamente -estando ambos afectados como ya he dicho antes por la mencionada incorrecta
contabilización del IVA-. Por lo que se refiere a los presupuestos generales de la comunidad autónoma tengo que decir que no recogen de manera diferenciada los créditos correspondientes a la gestión de los recursos de los fondos de compensación
interterritorial ni su ejecución, lo que nos impidió hacer la correspondiente fiscalización. Por lo que se refiere al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria el informe deja constancia de su cumplimiento en los dos ejercicios.
Sobre la situación patrimonial en el análisis del inmovilizado se constató la inexistencia de un sistema integrado de contabilidad patrimonial adecuadamente vinculado con la contabilidad financiera. En el informe se detallan las
deficiencias observadas en las altas y bajas registradas; también se destaca la antigüedad de determinados saldos de deudores que deberían ser objeto de justificada depuración, así como la singular contabilización de las relaciones con la Seguridad
Social, que da lugar a saldos contrarios a su naturaleza. Asimismo se señala que los saldos de tesorería no recogen los correspondientes a las cuentas restringidas de ingresos de titularidad autonómica, y que no se realizan las necesarias y
obligadas conciliaciones de las cuentas restringidas de pagos ni los pertinentes controles de las entidades colaboradoras, como determina la normativa aplicable.
Por lo que se refiere al endeudamiento de la Administración general al final del periodo fiscalizado alcanzaba los 302 millones de euros, ligeramente inferior al ejercicio precedente. Cabe señalar que no se registraban los intereses
devengados y no vencidos ni se efectuó ninguna reclasificación de la deuda que vencía a corto plazo. La cuenta del resultado económico patrimonial presentó beneficios en ambos ejercicios, que en el último fueron de 369 millones de euros, con un
incremento del 16 por ciento respecto a los del ejercicio precedente, si bien este resultado estaba afectado por todas las deficiencias contables puestas de manifiesto. En cuanto a la memoria, se resalta la falta de información sobre determinados
contenidos previstos en la normativa. La comunidad al cierre del último ejercicio tenía compromisos de gastos para ejercicios posteriores -este sí es un dato importante- por 665 millones de euros, y el riesgo vivo en concepto de avales ascendía al
final de los ejercicios fiscalizados al importe de 40 millones de euros, que sumado al asumido por las empresas públicas se elevaría a 62 millones.
Haciendo un análisis muy breve de determinadas áreas de la gestión tengo que decirles que en el informe, y por lo que se refiere a las subvenciones, se hace un seguimiento de la normativa autonómica reguladora de las mismas, observándose
algunas disposiciones incompletas.
En el análisis realizado sobre el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia y objetividad se constató que en general se habían satisfecho, y por lo que se refiere a la justificación y seguimiento de las subvenciones
percibidas se observó su aplicación a la finalidad prevista y su adecuada justificación, salvo en determinados expedientes que están en el informe en los que esta justificación fue insuficiente, y hago gracia a sus señorías de leer la relación de
los mismos.
En cuanto a la contratación administrativa ofrece el informe una detallada exposición de los resultados del análisis de 49 contratos examinados, por un importe total de 254 millones de euros. Se concluye en este análisis que en algunos
expedientes no constaban los preceptivos informes justificativos de la necesidad del objeto del contrato, y en ocasiones no se establecieron con precisión los criterios de adjudicación y se observaron también deficiencias en la valoración de las
ofertas. Se produjeron demoras injustificadas y modificaciones sin que se acreditasen las nuevas necesidades o las causas técnicas que las justificaban, y se resaltan el contrato de suministros de material para la unidad del dolor del Hospital
Marqués de Valdecilla y el de implantación de la sociedad de la información, por el singular procedimiento seguido en su adjudicación y por la insuficiente acreditación de los pagos efectuados.
Por lo que respecta al sector público autonómico el informe repasa la situación de las diferentes entidades que lo conforman. Así por ejemplo se señala la falta de segregación de los presupuestos de alguno de los organismos autónomos
integrados en la Administración general. No obstante se efectúa una exposición singularizada de la liquidación presupuestaria de cada uno de estos organismos, y a este respecto se indica que, de los datos conocidos, cinco de ellos recibieron
transferencias de la Administración general de la comunidad autónoma por un total de 3,4 millones, a la vez que se señalan en su caso las deficiencias detectadas.
Como ya se ha comentado, al final del ejercicio formaban parte del sector público
empresarial un total de 25 empresas, con un capital suscrito ligeramente superior a los 80 millones de euros, de las que 3 se encontraban en liquidación, 2 están incursas en causas de disolución, y en 8 empresas la cifra de fondos propios es
inferior a la del capital social como consecuencia de las pérdidas acumuladas. Con independencia de las referencias específicas que se ofrecen en el informe sobre cada una de las empresas cabe indicar que el activo agregado de las mismas ascendía,
al final del periodo fiscalizado, a 468 millones de euros, de los que un 45 por ciento correspondía a inmovilizado. Su endeudamiento con entidades financieras alcanzaba los 133 millones de euros, de los que 95 millones vencían a corto plazo.
Sobre los consorcios que forman parte del sector público el Gobierno regional acordó en el último ejercicio fiscalizado separarse del proyecto convenido en la constitución de uno de estos consorcios, al considerar que era inviable. El
informe incluye datos sucintos sobre cada uno de ellos así como sobre cada una de las 7 fundaciones públicas autonómicas, 2 de las cuales se constituyeron en el último ejercicio fiscalizado. El régimen contable seguido por las fundaciones, al igual
que por los consorcios, no fue uniforme, y 2 fundaciones no figuraban incluidas en el registro de las fundaciones autonómicas.
En cuanto a las recomendaciones tengo que decir lo mismo que dije en los otros informes; lo siento. En este informe 2004-2005 tenemos que reiterar las recomendaciones formuladas en el informe de 2003, porque no se había adoptado ninguna
medida para su cumplimiento. Si me preguntan ustedes -como supongo que lo harán- si se han cumplido en el ejercicio 2006 o 2007 diré lo que tenga que decir en ese momento.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presidente, por la presentación de su informe. La señora Madrazo tiene la palabra en nombre del Grupo Popular.
La señora MADRAZO DÍAZ: En primer lugar, deseo agradecer al presidente del Tribunal de Cuentas el esfuerzo de síntesis con que nos ha ofrecido la exposición de este extenso informe de la Comunidad Autónoma de Cantabria, referido a los
ejercicios 2004 y 2005. Una vez más tenemos que manifestar -ya sé que soy reiterativa- que nos hubiera gustado un informe de ejercicios más recientes, lo que nos permitiría hacer un análisis más global de la gestión de los gobiernos
socialistas-regionalistas en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Pero en este informe ya se apuntan algunas de las deficiencias en la gestión económica de nuestras cuentas públicas por parte del bipartito socialista-regionalista cuyos rasgos más
significativos, desde nuestro punto de vista -y así se pone de manifiesto en este informe-, son un crecimiento descontrolado del gasto y un enorme crecimiento del aparato administrativo, en especial de las entidades y empresas públicas, que ha
desembocado en un aumento del endeudamiento de nuestra comunidad autónoma, que en 2010 ya era una cifra cercana a los 1.000 millones de euros, con un crecimiento del 210 por ciento respecto al año 2003.
Entrando ya en el contenido del informe el Tribunal de Cuentas pone de manifiesto numerosas anomalías y deficiencias de índole contable, lo que resta fiabilidad y representatividad a estos estados contables que presenta el Gobierno de
Cantabria. Esta falta de credibilidad viene agravada por la insuficiente información y explicaciones que, como ha expuesto el presidente, se aportan en la memoria que acompaña a la información contable. Al ser un informe tan extenso voy a hacer
también un esfuerzo de síntesis, resaltando las anomalías, irregularidades y deficiencias que nos parecen especialmente llamativas, y aquí me gustaría apelar a la flexibilidad de la señora presidenta con el tiempo que utilice en mi exposición,
porque son muchas las cuestiones que se
plantean en este informe. Al margen de la necesidad que ya ha expuesto también el propio presidente de dotar al Servicio Cántabro de Salud y al Servicio Cántabro de Empleo de un presupuesto propio, como organismo autónomo que debe presentar
cuentas separadas con respecto a la comunidad autónoma, se ponen de manifiesto deficiencias que revisten, a nuestro juicio, mayor gravedad. El Tribunal de Cuentas pone de manifiesto que se tramitan expedientes de modificación presupuestaria sin que
se acompañen de la correspondiente memoria justificativa. En la página 19 del informe se reflejan modificaciones efectuadas en 2005 respecto al ejercicio 2004 que suponen un incremento del 568 por ciento, y esto es un fiel reflejo del carácter
despilfarrador del dinero público por parte del Gobierno regional, ya que según se indica en el informe la mayoría de las modificaciones se destinan a financiar mayor gasto corriente, especialmente gasto de personal y transferencias corrientes, y
esto es socialismo-regionalismo en estado puro, que ya iniciaba su andadura en aquel año 2004, con aquello que más le ha gustado practicar una y otra vez, que es más y más personal en la Administración autonómica. Por cierto, señor presidente,
hemos echado en falta en el informe un análisis de los procedimientos de contratación del personal al servicio de la Administración lógicamente, que hubiera resultado muy interesante a juicio de nuestro grupo. Me gustaría saber cuál es la razón de
que este tipo de informes no aborden esta cuestión de la contratación de personal, todo ello agravado, según nos dice el informe en la página 20, por el hecho constatado de que en diversos expedientes no figura una memoria que justifique los
incrementos de ese gasto.
Eran tiempos en que la herencia económica recibida del anterior Gobierno del Partido Popular -y esto no lo dice el Tribunal de Cuentas, evidentemente, pero se deduce de las cifras aportadas en el informe- permitía gastar alegremente el
dinero de todos los cántabros. Eran tiempos en que los altos cargos se subían el sueldo el 20 por ciento nada más llegar al Gobierno y eran tiempos en que la disciplina y la austeridad presupuestaria quedaban en el olvido, sembrando el germen de la
situación de déficit y endeudamiento en que nos encontramos actualmente todos los cántabros.
Observamos también en el informe un desproporcionado aumento de las obligaciones pendientes de pago, es decir, facturas sin pagar a los proveedores, que en el año 2005 ascendían a más de 282 millones de euros, lo que duplicaba prácticamente
la cuantía con la que se finalizó el ejercicio 2004. Por lo que respecta al presupuesto de ingresos, se observan también cosas interesantes, porque también eran tiempos en que llovían los ingresos para el Gobierno de Cantabria, impuestos que
pagaban los cántabros y que no se supieron administrar bien para cuando llegaron los tiempos de las vacas flacas.
Siguiendo con la estructura del informe del Tribunal de Cuentas, vemos que en la página 29 se destaca el desproporcionado aumento de los acreedores a corto plazo, un 86 por ciento de incremento en 2004 y un 62 por ciento en 2005. Por lo que
se refiere al inmovilizado, ya lo ha dicho también el propio presidente en la exposición de este informe, falta representatividad del inventario general por numerosas deficiencias en su contabilización; deficiencias que también se hacen extensivas
al inmovilizado financiero, impidiéndonos conocer su valor en los ejercicios 2004 y 2005. A este respecto me gustaría preguntar al señor presidente si a través de las alegaciones presentadas por el Gobierno de Cantabria o del análisis de las
cuentas de ejercicios posteriores -parece ser que ya se han analizado las correspondientes a 2006 y 2007-, se ha ido corrigiendo todo este rosario de irregularidades contables que se ponen de manifiesto en el informe.
Me parece particularmente grave el análisis que efectúa el Tribunal de Cuentas relativo a las cuentas restringidas, tanto de pagos como de ingresos, existiendo según el informe dinero en diversas cuentas que no coincide con su reflejo
contable. ¿Cómo es posible que existan cuentas restringidas de ingresos de las que no se tiene constancia por parte del Gobierno de Cantabria? Estamos hablando de dinero público, de dinero que pagan todos los cántabros. ¿Cómo es posible que no se
lleve un control exhaustivo de estas cuentas? También me gustaría que el presidente nos aclarara si en ejercicios posteriores el Gobierno de Cantabria ha hecho gestiones para subsanar esta grave situación de descontrol de estas cuentas restringidas
y si se pueden derivar responsabilidades contables de estas actuaciones que quedan reflejadas en la página 189 del informe.
Otro aspecto que también ha mencionado el presidente del tribunal es el referente a las subvenciones concedidas donde se
detectan numerosas deficiencias. Estamos hablando de unas cantidades de 536 millones de euros en el año 2004 y de 639 millones en 2005, es decir, más de 1.000 millones de euros de dinero público, repartidos sin la suficiente justificación de los
gastos subvencionados.
Entrando en el análisis referente a la contratación administrativa, que creo que es donde el informe es más contundente, las conclusiones del Tribunal de Cuentas en este apartado son particularmente inquietantes al establecerse que en
general no se cumplen en los concursos de adjudicación los principios de publicidad y transparencia, lo que por supuesto no es adecuado al principio de economía en la gestión de los fondos públicos. Quisiéramos conocer, aunque sabemos que escapa de
las competencias del tribunal, por qué criterios se ha guiado el Gobierno de Cantabria para contratar.
En este punto me gustaría analizar con especial atención una obra muy significativa para nuestra comunidad autónoma. Me refiero a las incidencias que detecta el tribunal en la ejecución de las obras del Plan director de
ampliación del Hospital General Universitario Marqués de Valdecilla.
Valdecilla es un hospital muy querido para todos los cántabros y que ha tenido a lo largo de la historia un prestigio y una calidad profesional reconocidos a nivel
nacional e internacional. Por ello, el Gobierno del Partido Popular consiguió convertirlo en hospital de referencia y así se recoge en nuestro Estatuto de Autonomía. El Partido Popular puso en marcha el plan director de Valdecilla con una
financiación de más de 200 millones de euros para ampliar y mejorar sus instalaciones. Si las cosas se hubieran hecho bien por parte del Gobierno socialista regionalista, deberían haber finalizado estas obras en el año 2007. Pues bien, el Gobierno
de Cantabria se gastó todo el dinero de ese plan director, las obras hoy en día todavía continúan -y estamos en 2011- y nos están costando una enorme cantidad de dinero a todos los cántabros. ¿Cómo es posible que se hayan gastado todo el dinero de
ese plan y que todavía no se haya finalizado la obra? La explicación la encontramos ahora en este informe y de forma resumida podemos decir que la ejecución de las obras ha sido un auténtico desastre, con el agravante de costarnos una gran cantidad
de dinero, que el Gobierno central hasta el momento se ha negado a aportar. La explicación, como decía, se encuentra en este informe porque nos dice que las obras complementarias de la fase 1 del Hospital de Valdecilla no se encuentran
suficientemente justificadas. Además, nos señala el Tribunal de Cuentas que los baremos que se han utilizado por el Servicio Cántabro de Salud para la valoración de las ofertas son contrarios al principio de economía en la gestión de los fondos
públicos, ya que el baremo precio apenas tiene peso, y esto afecta en especial a las obras de la fase 2 del Hospital de Valdecilla y a la redacción del proyecto de las obras de la fase 3. En resumen, señorías, derroche de dinero público que implica
que se han gastado el dinero, que no se han acabado las obras y que, para colmo, lo tenemos que pagar todos los cántabros.
Continuando con el Servicio Cántabro de Salud nos explica el Tribunal de Cuentas en su informe que destacan por sus deficiencias los criterios de adjudicación del contrato de gestión del servicio de transporte sanitario, así como el contrato
de servicio de lavandería y alimentación del Hospital Valdecilla.
La señora PRESIDENTA: Señora Madrazo, le ruego que vaya concluyendo.
La señora MADRAZO DÍAZ: Le pido un poco de flexibilidad.
La señora PRESIDENTA: Lo siento señora Madrazo, pero hay que hacer un esfuerzo de síntesis. Hemos pedido al presidente que lo haga, lo ha hecho y hay que hacer un esfuerzo para cumplir los tiempos.
La señora MADRAZO DÍAZ: Voy a intentar resumir lo más posible.
A la luz de todos estos datos nos gustaría que el presidente nos informase si a la vista de todas estas irregularidades detectadas en la contratación administrativa, se han remitido datos a la sala de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas a
fin de determinar posibles responsabilidades contables.
Nos parecen también muy graves las desviaciones que se han producido en los plazos y en el coste de las obras del hospital, que también se ponen de manifiesto en este informe, porque se tramitaron contratos adicionales, con un incremento
total de 12 millones de euros del coste de las obras, lo que implica una importante desviación. Continuando con infracciones cometidas también ponen de manifiesto que se infringe la Ley de contratos de las administraciones públicas, el contrato de
suministro para la unidad de dolor -lo ha mencionado el propio presidente- y el contrato de realización de un estudio sobre la implantación de la sociedad de la información.
A través de este informe -intentaré ir concluyendo- se analizan los dos primeros ejercicios completos del Gobierno socialista regionalista, pero se empezaban a esbozar ya estas grandes líneas de actuación en la gestión económico-financiera
de este Gobierno. Si hablamos de las empresas públicas, sobre las que también hace un análisis exhaustivo el Tribunal de Cuentas, también nos encontramos con algunos datos especialmente inquietantes. En cuanto a la Sociedad Regional Cántabra de
Promoción Turística, Cantur, se habla de todo un ejemplo de descontrol del gasto público, puesto que se pone de manifiesto que ha tenido en el ejercicio 2004 un incremento de las pérdidas de un 991 por ciento, motivado, textualmente según el
informe, por un fuerte incremento de los gastos de personal. Se detalla también la operación realizada por el Gobierno de Cantabria para ayudar a la situación económica de nuestro Racing, nuestro club de fútbol, y en ese sentido, como se hace un
análisis detallado, me gustaría saber la opinión del presidente respecto a la forma de organizar toda esta operación financiera en torno al Racing por parte del Gobierno de Cantabria, por si al final puede poner en riesgo el bolsillo de todos los
cántabros.
Por último, nos llama también la atención cuando habla de la Sociedad Regional de Coordinación Financiera de Empresas Públicas, CEP Cantabria, donde hace referencia a un incremento de los gastos de explotación desde el año 2004 a 2005 del
1.923 por ciento sin que se detalle en la memoria cuáles son esos gastos. Por eso me gustaría preguntarle una vez más si se ha remitido algún expediente a la sala de enjuiciamiento para determinar posibles responsabilidades. Asimismo querría
preguntarle si a lo largo del análisis de los ejercicios 2006 y 2007 algunas de estas anomalías han sido reiterativas o se han subsanado.
En resumen, para no extenderme más, son excesivos los elementos que nos llevan a la conclusión de que la gestión del Gobierno socialista regionalista cántabro no ha sido en absoluto respetuosa con la legalidad ni eficiente en la gestión del
dinero de todos los cántabros.
Los estados contables rendidos y el nivel de información presentan numerosísimas deficiencias.
La señora PRESIDENTA: Señoría, debe concluir, por favor.
La señora MADRAZO DÍAZ: Nuestro grupo presentará las propuestas de resolución que intenten solventar esta situación.
La señora PRESIDENTA: Señor Tuñón, tiene la palabra.
El señor TUÑÓN SAN MARTÍN: Le agradezco nuevamente el informe. Creo que este sí es un informe tipo. Sin quitar importancia a todas las valoraciones y a todos los incumplimientos, que creo que la tienen, no se desvía mucho de lo que hemos
visto en otras comunidades autónomas. En cualquier caso, como tampoco tengo grandes preguntas que hacer, me gustaría decir que aparte del tema de la gestión, hay dos o tres asuntos que son importantes -las subvenciones y la contratación-, en los
que nuevamente se ven deficiencias en esta comunidad. En cuanto a la transparencia, me gustaría resaltar también las memorias sin información necesaria para conocer la situación financiera de la Administración. Me parece algo importante a
resaltar, fundamentalmente porque es una comunidad, al igual que todas las comunidades, con fuerte endeudamiento y con altos riesgos con los avales.
Para terminar, simplemente quisiera decir, como no podía ser menos -ya se ha adelantado la pregunta- que esperamos que estas recomendaciones estén teniendo éxito y en los próximos informes se vayan subsanando.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Gómez Santamaría.
La señora GÓMEZ SANTAMARÍA: Señorías, me van a permitir que en primer lugar agradezca al presidente del Tribunal de Cuentas la presentación de este informe de la cuenta general de la Comunidad Autónoma de Cantabria en los años 2004 y 2005.
Ciertamente es un informe ya alejado en el tiempo, lo cual nos lleva a poder decir que algunas de las cuestiones a mejorar seguramente ya lo han sido o están en proceso de corrección. Me consta -lo quiero resaltar- el enorme esfuerzo que hace el
Tribunal de Cuentas para traer los informes con una mayor cercanía en el tiempo a la gestión que se analiza en los mismos. Si entramos en el informe, que consideramos riguroso, ciertamente el tribunal aprecia algunas cuestiones a mejorar y son
deficiencias que me consta es intención, y no solo intención sino responsabilidad, del Gobierno de la comunidad autónoma corregir, pero este informe no difiere mucho de lo que vemos que ocurre en otras comunidades autónomas.
Antes de entrar en su análisis me gustaría hacer referencia a algunas de las cuestiones que ha apuntado con anterioridad la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, porque hablar de descontrol me parece un poco ligero. Creo que el primer
control es el que establece la propia Intervención General de la comunidad autónoma. Es un control interno que tiene como misión velar por la seguridad, y yo creo en él, pero es que además tenemos también este informe de fiscalización, que es un
control externo que va en la misma dirección. Precisamente estamos aquí para proponer esas mejoras que solucionen los problemas detectados. Todo es mejorable, pero creo que algunas de las cuestiones que ha señalado la portavoz del Grupo Popular no
se deducen ni de las conclusiones ni creo que tampoco de la propia intervención del presidente del Tribunal de Cuentas. En todo caso, lo considero como una interpretación en algunos aspectos errónea del conjunto del informe.
La portavoz del Grupo Popular ha hecho referencia también a la empresa Cantur y a un fuerte incremento de los gastos de personal. Quiero aclarar por qué se produce ese aumento, en primer lugar, por la puesta en marcha de nuevos servicios
vinculados a Cantur y también porque en el año al que nos estamos refiriendo hubo unas mejoras salariales importantes. Voy a utilizar las mismas palabras que ha utilizado en alguna ocasión el consejero responsable de la empresa Cantur: en Cantur
se estaba dando una situación de explotación del hombre por el hombre. Aclaro esto diciendo que el salario bruto de la mayoría de los trabajadores de Cantur en este año no superaba los 800 euros.
Ha hablado también la portavoz del Grupo Popular de Valdecilla y de todos sus problemas. Sobre este tema hemos tenido posibilidad de hablar en la Comisión de Sanidad en alguna ocasión y creo que quedó bastante claro que el plan director de
Valdecilla lo hizo el Partido Popular, que el plan director de Valdecilla estaba mal hecho y que el plan director de Valdecilla estaba mal financiado. Esto podría dar lugar a un debate monográfico sobre Valdecilla. Lo cierto es que comparando este
informe con el de los años 2002 y 2003, observamos que las conclusiones son prácticamente idénticas. Por lo tanto, me cuesta aún más entender algunas de las apreciaciones a las que ha llegado la portavoz del Grupo Popular si tenemos en cuenta que
en los años 2002 y 2003 no gobernaba este bipartito, Partido Socialista-Partido Regionalista, sino que gobernaba el Partido Popular, y además era usted directora general de Hacienda, con lo cual en el año 2002 y en el año 2003 usted, teniendo
posibilidad de ejecutar, podía haber modificado alguna de las conclusiones que ya aparecen en estos años anteriores.
Las conclusiones que aparecen en el informe hacen mención a la falta de objetivos específicos y cuantificables en los presupuestos que permitan verificar la razón de ser de un presupuesto por programas. Es una deficiencia que viene
reproduciéndose de años anteriores y que también vemos que aparece reiteradamente en
informes de otras comunidades autónomas. Se hacen también observaciones a las modificaciones presupuestarias en las que la propuesta no acompaña a la memoria justificativa. Puede ser -y quisiera que el presidente del Tribunal de Cuentas lo
explicase- que este sea un dato meramente formal y que lo que ocurre es que a veces, en lugar de existir una propuesta y una memoria justificativa, todo se incluya dentro del mismo documento y sea más bien una cuestión formal. Si es posible, me
gustaría que nos pudiese aclarar esto. También en las conclusiones nos dicen que en el inventario general se incluyen bienes y derechos sin valorar. Se está procediendo a la valoración de la aplicación del Plan general de contabilidad pública.
Me
consta que lo están haciendo y como ya le ha preguntado la portavoz del Grupo Popular si en ejercicios posteriores esto se está regularizando, me sumo también a esa pregunta.
En cuanto a la conciliación de las cuentas restringidas, que son cuentas abiertas en diferentes entidades financieras para ingresar los importes recaudados por los distintos tributos, las entidades financieras lo que hacen es que cada cierto
periodo de tiempo realizan un volcado de los ingresos en la cuenta general de la comunidad autónoma y a partir de ese momento se contabiliza lo ingresado en el presupuesto de ingresos. Se viene haciendo así también en ejercicios anteriores. Vuelvo
a insistir que esto se podría haber corregido, puesto que estamos hablando de tributos, por quien fue en aquellos años directora general de Hacienda del Gobierno de Cantabria. En este momento me consta que la comunidad autónoma ya ha tomado medidas
para proceder a la conciliación de estas cuentas restringidas.
Hay algunos aspectos positivos en las conclusiones respecto a los años anteriores referidos a los datos de endeudamiento y de remanente de tesorería, que han mejorado respecto a ejercicios anteriores, a pesar de lo que hemos oído aquí
también a la portavoz del Grupo Popular. En cuanto al dato del saldo vivo de avales concedidos, ciertamente es el que aparece en el informe, pero creo que aquí también tenemos que tener en cuenta, y también le pido al presidente del Tribunal de
Cuentas que si me equivoco me corrija, que gran parte de ese saldo vivo proviene de ejercicios anteriores, porque en tanto que la garantía se mantiene, el saldo no se reduce.
En cuanto a las subvenciones y a la contratación, el informe indica cuestiones de interés como son la necesidad de mejorar las normas o las justificaciones en algunos casos insuficientes en los contratos; también hay que mejorar las
memorias justificativas y hacer más precisos los criterios de valoración. Creemos que son aspectos a tener en cuenta, pero en conjunto tampoco difieren en mucho -en todo caso comparándolo creo que incluso mejoran también respecto a lo que ocurre
ejercicios anteriores- de lo que observamos en el sector autonómico en general.
En cuanto a las empresas públicas, cuando se constituyen y con independencia de la fórmula jurídica que estas tengan, no se persigue un ánimo de lucro o un beneficio. En general se constituyen para la prestación de servicios y necesidades
públicas que no resultan en principio de interés para el sector privado. Por ello es habitual, aunque no es para nada deseable, que estas empresas presenten pérdidas. Hay que darle la vuelta a esta situación y convertir lo deseable, que es que no
presenten pérdidas, en lo habitual.
Señora presidenta, finalizo con dos preguntas que ya he mencionado anteriormente al señor presidente del Tribunal de Cuentas: si ha observado en la fiscalización de ejercicios posteriores, si es que está terminada, mejoras respecto a lo que
hemos apuntado aquí y si del informe también se ha apreciado algún indicio de responsabilidad por parte de los servicios jurídicos del Estado.
Quiero darle las gracias por su intervención y también por las conclusiones y por las recomendaciones, que tendremos en cuenta a la hora de formular nuestras propuestas de resolución. (El señor Aguirre Rodríguez y la señora Madrazo Díaz
piden la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Señora Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: Por una cuestión de orden. Como he sido aludida por la portavoz del Grupo Socialista en varias ocasiones, quisiera...
La señora PRESIDENTA: Perdone, señora Madrazo. Yo creo que no ha sido aludida más que en lo normal del debate que se produce en una Comisión de esta naturaleza.
La señora MADRAZO DÍAZ: Solo le pido unos segundos, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Le ruego que no entremos en el debate de nuevo, porque reabrirlo significa dar de nuevo la palabra a todos los portavoces. La intervención que ha hecho la señora Gómez Santamaría creo que se ha atenido perfectamente
al debate normal y a la presentación de las opiniones de cada grupo parlamentario. (El señor Aguirre Rodríguez pide la palabra.)
Señor Aguirre.
El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: En mi calidad de portavoz de la Comisión, solicito una intervención del Grupo Parlamentario Popular, no solo porque han sido insistentes las alusiones, sino porque han sido referidas a la condición anterior de la
portavoz que ha actuado en nombre del Grupo Popular en este debate como directora general de la Comunidad Autónoma de Cantabria en un Gobierno anterior al precisado por este informe.
La señora PRESIDENTA: No insista, señor Aguirre. Le doy la palabra por dos minutos, pero creo que esto es romper el normal desenvolvimiento de esta Comisión.
El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: Se lo agradezco.
La señora PRESIDENTA: Por tanto, a partir de ahora, entraremos en una situación en la que habitualmente cualquier portavoz puede pedir la palabra.
El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: Se lo agradezco.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Madrazo por dos minutos.
La señora MADRAZO DÍAZ: Como he sido aludida en varias ocasiones, quiero aclarar que este informe se refiere a los ejercicios 2004 y 2005; por tanto, estamos valorando la gestión económico-financiera que se ha hecho en estos ejercicios.
La portavoz socialista daba a entender que lo que yo he explicado en mi exposición me lo había inventado. Le quiero decir que hay que leerse el informe desde la página primera hasta la última, no solo las conclusiones, y todo lo que he dicho de
empresas públicas como Cantur o como la ejecución del plan director de Valdecilla está literalmente sacado de este informe. La responsabilidad en la gestión de ese plan director de Valdecilla en los años 2004 y 2005 es exclusivamente del Gobierno
socialista regionalista.
Por otro lado, en cuanto a lo que ha dicho de la explotación del hombre en la empresa pública Cantur cuando era gestionada por el Partido Popular, me han parecido palabras muy gruesas porque supongo que se cumplían los convenios laborales
vigentes en aquel momento, por supuesto, y si no se hubiera denunciado en su momento ante los organismos pertinentes. Solo quería aclarar esas dos cuestiones.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Antes de darle la palabra, señora Gómez Santamaría, quiero recordarles que estamos en un turno de presentación del informe por parte del presidente del Tribunal de Cuentas en la Comisión y que en el mismo no debe
abrirse un debate político entre los grupos parlamentarios, sino limitarse a plantear al presidente del Tribunal de Cuentas, por respeto al informe y a su presencia en esta Comisión, las solicitudes de aclaración o las preguntas que los grupos
parlamentarios consideren pertinentes. Le voy a dar la palabra, señora Gómez Santamaría, pero les recuerdo para futuras comisiones que este será el procedimiento que debamos tener entre todos.
La señora GÓMEZ SANTAMARÍA: Intervengo muy brevemente, señora presidenta, simplemente para decir que no solamente me he leído el informe referente a los años 2004 y 2005, sino que, como leo bastante, me he leído también los informes
referentes a los años 2002 y 2003, y creo que tengo derecho en mi intervención a hacer referencia a ellos cuando considere oportuno.
La señora PRESIDENTA: Señor presidente, tiene usted la palabra.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): Señorías, intervengo con muchísima brevedad. Perdonen si recuerdo que hay varias clases de control: el control externo, que es el que le toca hacer al Tribunal de Cuentas en este
caso -los órganos de control externo-; el control interno, que corresponde a la Intervención General de la Administración del Estado, y el control político, que no debe hacerse en esta sesión, en donde el Tribunal de Cuentas presenta sus informes y
simplemente viene aquí a aclarar cuestiones que los señores parlamentarios puedan pedir. Esto quiere decir por lo tanto que no voy a contestar ni a comentar todas las cuestiones relativas al control político. Únicamente señalo, eso sí, que me
agrada mucho ver que del informe del Tribunal de Cuentas, del control externo, efectivamente surgen cuestiones que fortalecen, facilitan y coadyuvan al control político, que en definitiva es el sentido de nuestro trabajo también. Por lo tanto, sin
ánimo -repito- de pasar por alto ninguna de las cuestiones que aquí se han planteado de valoración de la gestión con niveles de control político, simplemente voy a limitarme a contestar a lo que tiene que ver con la aclaración de puntos que figuran
en el informe de fiscalización, agradeciendo de antemano, como siempre, tanto a la señora Madrazo, como al señor Tuñón, como a la señora Gómez Santamaría las intervenciones que han tenido y el tono con que las han pronunciado.
Generalmente, en los informes de esta tarde se pregunta por lo que ha ocurrido después de 2004 y de 2005 y es natural, es decir, si las recomendaciones se han cumplido y si sobre la base del cumplimiento de esas recomendaciones ha mejorado
la valoración de la gestión de los gobiernos autonómicos a los que estos informes se refieren. Como dije de los anteriores informes, es natural que hayan mejorado las gestiones en parte y que en parte no se hayan tenido en cuenta las
recomendaciones.
Por lo que se refiere a Cantabria y al anteproyecto de informe de los ejercicios 2006 y 2007, que -repito- se remitirá muy pronto a la Comisión mixta, cabe resaltar lo siguiente. En primer lugar, desde entonces acá se aprobaron la Ley de
Patrimonio de la comunidad, la Ley de Subvenciones de Cantabria y la Ley de Finanzas. Estas nuevas leyes tuvieron su incidencia en la gestión y en la presentación de los estados contables. Se dio carácter definitivo a las cuentas del ejercicio.
Se llevaron a cabo actuaciones dirigidas a mantener un inventario completo y actualizado del inmovilizado. Se desarrolló un proceso de actualización de datos y valoración de bienes y se dotaron las correspondientes amortizaciones.
En cuanto al sector público, registró un incremento significativo, pasando las empresas públicas de 25 a finales de 2005 a 33 a finales de 2007. En este contexto,
cabe recordar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria anulando el proceso de privatización de la empresa pública Ecoparque Besaya, S.L., y asimismo cabe señalar los análisis efectuados sobre la naturaleza pública de la
Fundación Comercio de Cantabria, que a juicio del tribunal forma parte del sector público autonómico y consecuentemente formará parte del informe de dichos ejercicios.
En cuanto al análisis de los procedimientos de selección de personal, señora Madrazo, efectivamente hay que plantearlos en el Parlamento de Cantabria, o en otro momento cabría efectivamente plantearlos como una fiscalización especial al
Tribunal de Cuentas. En cuanto a las cuentas de ingresos restringidas, el hecho de que no aparezcan en las cuentas rendidas no quiere decir que no se controlen. Los saldos en entidades colaboradoras son saldos en entidades colaboradoras que se
remiten periódicamente a la Administración.
Respecto al Hospital de Valdecilla, el informe recoge numerosas irregularidades y no hay nada más que añadir a lo recogido en el mismo.
La valoración de las irregularidades la harán ustedes con arreglo a su leal saber y entender, y
plantearán, como es natural, las iniciativas a nivel parlamentario, a nivel legislativo, a nivel de control político, etcétera, que tengan por conveniente. También se indican las irregularidades en el Instituto Cántabro de Salud.
En cuanto a la memoria justificativa, decía la señora Sáenz de Santamaría que es la normativa presupuestaria la que obliga a elaborar una memoria justificativa de las modificaciones presupuestarias. En relación con otras mejoras o
recomendaciones que no se han tenido en cuenta, también tengo que decir para recordárselo que, según los datos que yo tengo aquí, permanecen recomendaciones que hacen referencia a que la comunidad debería implantar una contabilización adecuada de
los gastos con financiación afectada, un inventario de bienes y derechos completo y debidamente valorado e incorporar al saldo de tesorería los saldos de las cuentas restringidas de ingresos en los términos que antes he dicho.
Además en el área de
contratación sigue siendo necesario especificar los métodos de asignación de puntos de los baremos correspondientes a los diferentes criterios de adjudicación de los contratos, así como primarse las mayores bajas en la valoración de los precios de
las ofertas. Y como propia de los ejercicios fiscalizados, el proyecto recomienda -y no ha sido cumplida- la necesidad de dotar adecuadamente, presupuestaria y contablemente, los servicios que gestionan los organismos autónomos Servicio Cántabro de
Salud y Servicio Cántabro de Empleo.
En líneas generales, ustedes ponen a la actuación del Gobierno la nota que quieren. Yo lo único que digo es que este informe se ha traído aquí para valorar lo que hizo el Gobierno cántabro en el sector público en esos años 2004 y 2005, que
en el informe del Tribunal de Cuentas se recogen determinados supuestos de posible responsabilidad contable y en este sentido el informe ha pasado a la sección de enjuiciamiento, que en su momento determinará si hay o no responsabilidades contables.
Eso es todo, señora presidenta. Muchas gracias por su atención.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor presidente.
Vamos a suspender durante un par de minutos la Comisión para despedir al presidente del tribunal e inmediatamente continuamos. (Pausa.)
DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE VIGO EN EL PERIODO 2002-2006. (Número de expediente del Congreso 251/000083 y número de expediente del Senado 771/000081.)
La señora PRESIDENTA: Iniciamos la segunda parte de la Comisión con el debate y votación de las propuestas de resolución relativas a los informes que vimos en la anterior sesión de esta Comisión. El punto 4º del orden del día es el informe
de fiscalización de las actividades realizadas por el Consorcio de la Zona Franca de Vigo correspondiente al periodo 2002-2006. Se ha hecho llegar a la Mesa una propuesta de resolución acordada entre los grupos parlamentarios, por lo que les
pregunto si alguien quiere intervenir. ¿Desean hacer alguna intervención? (Pausa.) Pasamos a su votación.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN TEATRO LÍRICO, EJERCICIO 2006.
(Número de expediente del Congreso 251/000103 y número de expediente del Senado 771/000103.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto 5.º del orden del día, propuestas de resolución sobre el informe de fiscalización de la Fundación Teatro Lírico, correspondiente al ejercicio 2006. Hay también una propuesta de acuerdo entre los
diferentes grupos parlamentarios.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
- INFORME ANUAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN, EJERCICIOS 2004 Y 2005. (Número de expediente del Congreso 251/000118 y número de expediente del Senado 771/000118.)
La señora PRESIDENTA: Punto 6.º, propuestas de resolución sobre el informe anual de la Comunidad Autónoma de Aragón, ejercicios 2004 y 2005. En este punto han llegado a la Mesa dos propuestas de resolución, una conjunta del Grupo
Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Mixto, y la que había previamente presentado el Grupo Parlamentario Popular. ¿Desean sus señorías hacer intervenciones en este punto? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la
palabra el señor Blasco Marques.
El señor BLASCO MARQUES: Llega esta tarde al Parlamento nacional, a nuestra Comisión Mixta el debate y votación de las propuestas de resolución del informe de fiscalización de las cuentas de Aragón 2004-2005, informe de fiscalización que
vimos hace aproximadamente tres meses. En aquella ocasión pudimos oír al presidente del Tribunal de Cuentas contestar con claridad a una pregunta mía que del informe de fiscalización se podían derivar responsabilidades contables o penales y que por
ello habían dado traslado del expediente al ministerio fiscal para depurar y seguir investigando esas posibles responsabilidades. En mi opinión y por mi experiencia en esta Comisión, declaraciones tan contundentes de que sí se podían derivar
responsabilidades contables o penales fueron de carácter excepcional porque excepcional es la falta de control y de transparencia de las cuentas de la Comunidad Autónoma de Aragón de los años 2004 y 2005. Solo por recordar brevemente algunas de
estas irregularidades de las que estamos hablando, he de decir que el Gobierno de Aragón no cumple con las recomendaciones del Tribunal de Cuentas de años anteriores, que se otorgan subvenciones directamente sin convocatoria previa, que hay
organismos autónomos que dan subvenciones sin tener potestad para ello, que hay organismos dependientes del Gobierno de Aragón que ni siquiera rinden cuentas o las rinden fuera de plazo. En materia de contratación, hay organismos autónomos, como el
Instituto Aragonés de la Juventud, el de la Mujer, el de Servicios Sociales, el de Empleo o el Servicio Aragonés de Salud, que no incluyen en la cuenta general el detalle de los tipos de contrato formalizados o no recogen los listados de los
contratistas con los que se contrata directamente. Otros organismos públicos dependientes al cien por cien del Gobierno de Aragón no siguen el Plan General de Contabilidad, como son el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental o el Instituto Aragonés
del Agua.
También dice el Tribunal de Cuentas que hay muchas irregularidades en materia de contratación y vemos cómo son muchas las adjudicaciones de concursos sin publicidad. Se adjudican contratos en los que no figura el precio en los criterios
de adjudicación. En el entramado de sociedades tampoco se respetan los principios de objetividad y transparencia. Para ir finalizando con este rosario de irregularidades, vemos cómo no es infrecuente que, tras la apertura de los sobres en una
licitación, se hagan nuevos desgloses de los baremos no recogidos en los pliegos de condiciones; es decir, se readaptan las valoraciones tras la apertura de los sobres para lograr adjudicaciones de contratos a la carta.
Hasta aquí, como ya he dicho, el rosario de irregularidades detectadas por el tribunal, que ya debatimos hace unos meses, pero lo que me llama la atención y llama la atención de mi grupo es que desde entonces -de tres meses a hoy- el
Gobierno de Aragón, lejos de intentar ayudar a corregir los problemas, desde el primer día ha intentado desacreditar al Tribunal de Cuentas y engañar a la opinión pública. Como senador aragonés que soy, no estoy a gusto en esta Comisión cuanto se
audita a algún organismo -y ya van varios- de la comunidad autónoma. Hace un año debatimos sobre la fiscalización de la sociedad Expoagua y dio un resultado de 503 millones de euros de pérdidas. En diciembre y hoy debatimos las cuentas de Aragón y
están en la fiscalía. Dentro de unos meses viene el Ayuntamiento de Zaragoza, que ya está en portada de todos los medios de comunicación. Por estas graves irregularidades detectadas y por la negativa del propio Gobierno a facilitar información en
el Parlamento, y en especial estando el ministerio fiscal investigando estas irregularidades, hemos presentado unas propuestas de resolución muy contundentes, porque no entendemos la labor de obstrucción del Gobierno de Aragón. Hubiéramos querido
llegar a algún acuerdo, como suele ser habitual en esta Comisión, pero la distancia entre lo que quiere proponer el Grupo Socialista y nuestra opinión es mucha.
Por ello planteamos unas propuestas de resolución, presentadas hoy para debate, que voy a resumir rápidamente. Queremos que la Comisión del Tribunal de Cuentas le recuerde e inste al Gobierno a que el cumplimiento estricto de las leyes de
contrato de las administraciones públicas también le atañe al Gobierno de Aragón. Queremos recordarle al Gobierno de Aragón la obligación de respetar los principios de legalidad y transparencia, que siendo exigibles a las administraciones públicas,
también son exigibles a las empresas públicas. Queremos recordarle al Gobierno que las empresas e institutos públicos tienen la obligación de facilitar toda la información administrativa, financiera y contable en lo referente a los empleados
públicos al Tribunal de Cuentas, y no lo ha hecho, pero también al Parlamento, para el exigible control al Gobierno.
Queremos reprobar la actitud del Gobierno al adjudicar concursos de contratación sin publicidad y concurrencia, que también es
excepcional.
Queremos recordarle al Gobierno que los consorcios públicos también tienen que rendir cuentas, que no lo hacen. Queremos que la Comisión Mixta censure la actuación del
Gobierno al contravenir con excesiva frecuencia -y lo dice el tribunal- los principios de economía en la gestión de fondos públicos, al adjudicar en exceso contratos a la oferta más cara sin ninguna justificación.
Queremos censurar la
actuación del Gobierno al conceder subvenciones de forma directa y sin convocatoria previa, como ha ocurrido en los ejercicios que se auditan, 2004 y 2005. Queremos exigirle además al Gobierno de Aragón que cumpla escrupulosamente las
recomendaciones del Tribunal de Cuentas. Para finalizar, vista la actuación del Gobierno y vistas la declaraciones del ex ministro de Justicia, Belloch, desacreditando al tribunal, diciendo que está actuando de parte, así como las de algún
consejero que sigue diciendo que no piensa entregar los contratos al tribunal - o por lo menos no piensa entregarlos en el Parlamento-, tenemos que reprobar la gestión del Gobierno de Aragón en los ejercicios 2004 y 2005 en cuanto a la observancia
de las leyes de contratos de las administraciones públicas y al cumplimiento de los principios de legalidad y transparencia exigibles a toda Administración.
La señora PRESIDENTA: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista el senador Lacueva tiene la palabra.
El señor LACUEVA SOLER: Sorprende totalmente la actuación del Grupo Parlamentario Popular en este tema, empezando por una cuestión de formas.
Hoy estamos para aprobar unas propuestas de resolución de la Comisión Mixta del Tribunal de
Cuentas y no estamos para otra cosa. No estamos para recordar, para censurar, para reprochar y para exigir. (Rumores.-El señor Aguirre Rodríguez: Aquí hay que callarse.) Estos son los infinitivos que figuran en las propuestas de resolución del
Grupo Parlamentario Popular. El Tribunal de Cuentas hace recomendaciones a través de los informes de fiscalización -lo hace en el informe de fiscalización de las cuentas anuales de la Comunidad Autónoma de Aragón de los ejercicios 2004 y 2005- para
conseguir una mejora continua. Este es el ámbito al que va encaminado el desarrollo de nuestras propuestas de resolución. Una fiscalización externa debe servir para seguir avanzando en la mejora de la gestión, tanto contable y presupuestaria como
de control interno; y siempre en positivo. Esta no es una comisión de censura y de reprobación -señor Blasco, se está equivocando de sitio- y tampoco de recordatorio. Esta es una comisión que ha de servir para avanzar y para hacer que las cosas
se hagan cada vez mejor. Repito, mejora continua.
La mayoría de las cuestiones tratadas en este informe de fiscalización 2004-2005 de la Comunidad Autónoma de Aragón son temas casi recurrentes y transversales que podemos apreciar cotidianamente en el conjunto de los informes que el Tribunal
de Cuentas viene trayendo a esta Comisión. De hecho, esta misma tarde en el informe de fiscalización de la Comunidad Autónoma de Murcia se estaba hablando de que veinte fundaciones y siete consorcios no habían rendido las cuentas. Hablaba sobre la
racionalización del sector público. Hablaba de que las subvenciones deberían estar más documentadas. Hablaba de las contrataciones públicas en el sentido de que deberían primar de una forma mayor las bajas.
Hablaba de la contabilidad analítica.
(El señor Aguirre Rodríguez: Está hablando de Murcia.)
La señora PRESIDENTA: Señor Aguirre, por favor, le ruego un poco de silencio. Hemos escuchado atentamente lo que han dicho sus portavoces.
Les ruego que escuchen también atentamente, o por lo menos en silencio, lo que dice el portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
El señor LACUEVA SOLER: Estaba diciendo que son temas recurrentes, como puede ser el control de los inventarios de las administraciones.
Por otra parte, es sorprendente que el representante del Grupo Parlamentario Popular quiera llevar el informe de fiscalización a otros ámbitos que no son los propios de esta Comisión. En el punto g) del cuerpo de derecho positivo, en el que
se contempla la conexión entre el Tribunal de Cuentas y las Cortes Generales, se dice que conocido por la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas el resultado de las actuaciones fiscalizadoras y una vez que
dicha Comisión haya procedido a su examen, se publicarán en el Boletín Oficial del Estado las resoluciones que se aprueben conjuntamente con el informe o memoria. En ningún caso esta Comisión tiene que ver con una de las funciones del Tribunal de
Cuentas, que es la función jurisdiccional.
El Tribunal de Cuentas tiene dos funciones. Una es la fiscalizadora: realiza unos informes de fiscalización que vienen aquí, a esta Comisión, se valoran -como decía el senador Blasco, tuvimos hace tres
meses la posibilidad de debatir sobre ellos- y esta Comisión tiene la posibilidad de realizar unas propuestas de resolución. La función jurisdiccional no corresponde en absoluto a esta Comisión. Es excepcional, como decía el señor Blasco, que se
pregunte si el presidente del Tribunal de Cuentas conoce si la Sala Jurisdiccional del Tribunal de Cuentas tiene algo pendiente o va a realizar algún otro tipo de actuaciones. Este senador y nuestro grupo no conocen ningún informe de la función
jurisdiccional y nos extraña que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular sí tenga conocimiento de él.
Nosotros hemos presentado unas propuestas de resolución que además hemos consensuado con el Grupo Parlamentario Mixto y que recogen fielmente todas las recomendaciones que el Tribunal de Cuentas expresó en su informe de fiscalización. Las
hemos transaccionado, como decía, con el Grupo Parlamentario Mixto y desde aquí tengo que agradecer al señor Tuñón el trabajo y su colaboración. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a votación las propuestas de resolución relativas al informe de la Comunidad Autónoma de Aragón. En primer lugar, vamos a votar las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 20.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Pasamos a continuación a votar las propuestas de resolución presentadas conjuntamente por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 18.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Señorías, se levanta la sesión. Muchas gracias.
Eran las siete y veinticinco minutos de la tarde.