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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 142, de 28/09/2010
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2010 IX Legislatura Núm. 142
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA ISABEL POZUELO MEÑO
Sesión núm. 22
celebrada el martes, 28 de septiembre de 2010
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del Presidente del Tribunal de Cuentas (Núñez Pérez), para informar sobre los siguientes extremos:
- Informe de fiscalización del organismo autónomo 'Agencia Española de Seguridad Alimentaria', ejercicio 2006. (Número de expediente del Senado 771/000076 y Número de expediente del Congreso 251/000074). ... (Página
2)
- Informe de fiscalización de los procedimientos de gestión aplicados por la entidad pública empresarial 'Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial' (CDTI) en la actividad relacionada con la financiación de proyectos de inversión
I+D+i durante los ejercicios 2004 a 2006. (Número de expediente del Senado 771/000075 y Número de expediente del Congreso 251/000075). ... (Página 9)
- Moción sobre la necesidad de evitar los riesgos de que los trabajadores de las empresas de servicios contratadas por la Administración, por las condiciones en que se desarrolla la actividad contratada, se conviertan en personal laboral de
la Administración en virtud de sentencias judiciales. (Número de expediente del Senado 773/000005 y Número de expediente del Congreso 251/000077). ... (Página 17)
Debate y votación de las propuestas de resolución:
- Informe de fiscalización del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (Número de expediente del Senado 771/000068 y Número de expediente del Congreso 251/000069). ... (Página 24)
- Informe Anual de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, ejercicio 2004. (Número de expediente del Senado 771/000070 y Número de expediente del Congreso 251/000070). ... (Página 24)
- Informe de fiscalización de los procedimientos de gestión aplicados por la sociedad estatal Empresa Nacional de Innovación, S.A. (ENISA) en el desarrollo de su objeto social durante los ejercicios 2004 a 2006.
(Número de expediente del
Senado 771/000074 y Número de expediente del Congreso 251/000072). ... (Página 24)
Se abre la sesión a las diez horas y treinta y cinco minutos.
La señora PRESIDENTA: Buenos días, señorías. Se abre la sesión.
Vamos a iniciar la sesión de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas prevista para el día de hoy. Bienvenidos a todos a la reanudación del curso político con esta primera sesión de la comisión correspondiente al mes
de septiembre.
COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (NÚÑEZ PÉREZ), PARA INFORMAR SOBRE LOS SIGUIENTES EXTREMOS:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO AUTÓNOMO 'AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA', EJERCICIO 2006. (Número de expediente del Senado 771/000076 y número de expediente del Congreso 251/000074).
La señora PRESIDENTA: Señorías, comenzamos con el primer punto del orden del día, que es la presentación por el presidente del Tribunal del informe de fiscalización del organismo autónomo Agencia Española de Seguridad Alimentaria,
correspondiente al ejercicio del año 2006.
Señor Núñez, tiene la palabra.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, a su bienvenida, he de decir que me encuentro de nuevo con ustedes para comenzar el curso parlamentario, y a todos deseo que cosechen triunfos y éxitos, que redundarán en beneficio de toda la sociedad.
Este informe fue aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 29 de enero de 2009. La fiscalización se llevó a cabo a iniciativa del propio tribunal, y tuvo como objetivos la comprobación de la representatividad de las cuentas anuales
del ejercicio fiscalizado, y el análisis y evaluación de los procedimientos de gestión seguidos por la agencia para el cumplimiento de sus funciones principales, junto con la comprobación del cumplimiento de la normativa aplicable en su actividad.
Durante el ejercicio fiscalizado, la agencia era un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Sanidad y Consumo que tenía como función general promover la seguridad alimentaria, en lo que se refiere a la salud pública, y ofrecer garantías
e información objetiva a los consumidores y agentes económicos del sector agroalimentario español. Su actividad se desarrollaba fundamentalmente
en sus oficinas centrales y en dos laboratorios: el Centro Nacional de Alimentación y el Laboratorio de Biotoxinas Marinas.
Creo bueno recordar que la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección de los consumidores y usuarios, con entrada en vigor en el ejercicio siguiente al fiscalizado, modificó la normativa precedente, asignando a AESA
objetivos y funciones en materia de nutrición y, en concordancia con estas nuevas funciones, se modificó la denominación de AESA por la de Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, es decir, AESAN.
Si me detengo en esta denominación de datos, permítanme que recuerde que la primera vez que el Ministerio de Sanidad se llamó Ministerio de Sanidad y Consumo tuve yo la responsabilidad de ser su titular. Quizá por eso he querido recordar
esta evolución de la agencia, que me parece muy correcta y muy acertada.
En relación con la representatividad de las cuentas rendidas, en el informe se concluye que las cuentas anuales del ejercicio analizado reflejan, en todos sus aspectos significativos, la imagen fiel de la situación financiero-patrimonial de
la agencia, de los resultados de sus operaciones y de la liquidación de sus presupuestos. No obstante, se incorporan determinadas salvedades como consecuencia de un error en el tratamiento contable de una baja en su inmovilizado y de la
insuficiente dotación de las provisiones necesarias para atender gastos comunes de su sede a compartir con otros organismos, como luego veremos.
Asimismo, se señala que no estaba regularizada la situación jurídica de los inmuebles utilizados por la agencia, ni el de sus oficinas centrales, de las que era titular la Tesorería General de la Seguridad Social, ni los de sus laboratorios,
pendientes de adscripción o de reconocimiento competencial para el ejercicio de dicha actividad.
El inventario de bienes de inmovilizado presentaba diversas deficiencias, habiéndose observado, por otra parte, que en la agencia no se realizaban comprobaciones sobre la existencia física y ubicación real de los bienes.
Por lo que se refiere a la gestión de su tesorería, se resalta el mantenimiento de un saldo superior a los seis millones de euros, lo que, unido a la existencia de elevados remanentes de tesorería, crecientes y no utilizados, viene a
significar que el presupuesto de la agencia estaba recibiendo un exceso de financiación por parte del ministerio.
En el informe se ponen también de manifiesto determinadas incidencias relacionadas con dos convenios de colaboración. El primero, suscrito sin concurrencia con la Universidad de las Islas Baleares, por un importe de 48 000 euros, tuvo un
período de vigencia de 22 días naturales en el que, pese a su brevedad, se emitió el informe con los resultados del estudio y evaluación de las actividades, y en el que participaron diferentes miembros del comité científico de la agencia. Por otra
parte, el segundo convenio, suscrito con la Organización No Gubernamental Aldeas Infantiles SOS, por importe de 25 000 euros, tenía por objeto la financiación parcial de un proyecto educativo a desarrollar durante el año 2006, habiéndose justificado
los gastos mediante facturas que en su práctica totalidad eran del año anterior.
Se aborda también en el informe, dentro del análisis de los pagos efectuados por servicios externos, los realizados a una empresa filial de TRAGSA por los servicios prestados por su personal en la actividad de la agencia, cuestión sobre la
que el tribunal recomienda justificar adecuadamente estos planteamientos de externalización de la actividad, máxime cuando se han planteado demandas de naturaleza laboral, asunto que será analizado en un punto posterior del orden del día de esta
sesión.
Se deja constancia también en el informe del análisis de la liquidación presupuestaria, así como del informe de gestión presentado por la agencia, señalando que los indicadores de gestión no se ajustaban a lo establecido en la normativa
presupuestaria y cuestionando su utilidad para la elaboración de un programa plurianual.
En relación con la evaluación de los sistemas de control interno, en cuanto a la programación y coordinación, una de las principales funciones asumidas por la agencia desde su ley de creación es la referida a la programación y coordinación
de las actuaciones relativas al control oficial de productos alimenticios, que posteriormente se ampliaron a la producción y comercialización de los piensos. La agencia asumió también la tarea, prevista en la normativa comunitaria, de recibir de
las comunidades autónomas y del Ministerio de Sanidad y Consumo, en cuanto autoridades competentes, los resultados de los programas anuales de control oficial para su remisión a la Comisión Europea, a la que ha de remitirse también, a partir del
2007, el Plan nacional de control plurianual, junto con los resultados de los controles y auditorías efectuadas. En relación con el ejercicio de estas competencias no se detectaron incumplimientos ni deficiencias dignas de mención.
El Estatuto de la agencia la configura como gestora y centro coordinador del denominado Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información, de alerta rápida sobre productos alimenticios destinados al consumo que presenten riesgo grave
para la salud y la seguridad de los consumidores, y también como punto de contacto de España con la red europea de análoga finalidad. En las comprobaciones efectuadas, pese a las diferencias detectadas y analizadas en la clasificación de las
notificaciones, no se observaron incidencias significativas, constatándose, no obstante, que la gestión de este sistema mejoró notablemente a partir del ejercicio siguiente al fiscalizado con la implantación de procedimientos electrónicos.
Respecto a las situaciones de crisis, la ley de creación de la agencia le asignó también la función de elaborar un procedimiento general de actuación para situaciones de crisis y emergencia alimentarias. Dicho procedimiento se aprobó por el
consejo de dirección el 31 de diciembre del año 2006, y el procedimiento general de
comunicación del riesgo a la población se aprobó por el consejo de dirección el 4 de octubre de 2006, siendo modificado en una nueva versión aprobada el 19 de junio del 2007.
Respecto a la gestión del registro público, como sabrán ustedes, la agencia está encargada de la gestión del Registro General Sanitario de Alimentos, que es público, y en el que han de figurar inscritos las industrias y establecimientos
situados en territorio nacional, si bien la tramitación de las autorizaciones y otras comunicaciones relacionadas con él son competencia de las comunidades autónomas, excepto en varios supuestos en que la competencia recae sobre la agencia, que
devenga tasas por esa actividad. No creo que en estas relaciones haya habido ningún tipo de conflicto; es necesario resaltarlo y decirlo.
Por tanto, en las comprobaciones realizadas en la fiscalización no se han observado incidencias reseñables, considerándose adecuado el flujo de información con las autoridades competentes de las comunidades autónomas.
La agencia gestiona las tasas legalmente establecidas, cuya recaudación corresponde a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que ingresa periódicamente su importe en cuentas bancarias de la Agencia de Seguridad Alimentaria.
En la fiscalización se comprobó que, en general, las tasas se gestionaban y recaudaban correctamente y que se realizaba el adecuado cruce de información con la Agencia Estatal de Administración Tributaria. No obstante, se observaron algunas
incidencias relacionadas con la aplicación de algunos de los hechos imponibles de las tasas y con retrasos en la prestación de los servicios que justifican el tributo.
Respecto a los laboratorios, es necesario decir que el Laboratorio Centro Nacional de Alimentación, adscrito a la agencia, desempeña funciones de apoyo científico-técnico y de control analítico en materia agroalimentaria, y es laboratorio
nacional de referencia para determinados análisis, consumiendo una parte importante de los recursos de la agencia. Su personal suponía en el ejercicio fiscalizado el 60% de la plantilla efectiva de la agencia.
En dicho ejercicio, en 2006, se presentaron al Centro Nacional de Alimentación un total de 3184 muestras, pudiendo dar lugar cada muestra a un considerable número de análisis y ensayos según se demande en cada solicitud. Durante la
fiscalización, pudo constatarse que la Orden 47/2004, del Ministerio de Sanidad y Consumo, en la que se establecieron los precios públicos por los distintos ensayos y análisis, aún no se había desarrollado en cuanto al trámite y gestión de las
solicitudes. En consecuencia, en el ejercicio fiscalizado solo se facturaron dos prestaciones de servicios por importe conjunto de 837 euros, similar a la facturación del ejercicio precedente y posterior.
De las comprobaciones realizadas en la fiscalización, se dedujo que una parte sustancial de los análisis y ensayos podría ser facturada, bien mediante la aplicación efectiva del precio público, o bien mediante la figura del convenio de
colaboración que aportase recursos a la financiación del laboratorio.
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria gestiona también, como habrán podido comprobar en el informe, el Laboratorio de Biotoxinas Marinas, en la ciudad de Vigo, que se financia principalmente con las ayudas que recibe de la Comisión
Europea en su condición de laboratorio comunitario de referencia para el control de biotoxinas marinas.
Según se pudo conocer en el transcurso de la fiscalización, la Comisión Europea realizó una auditoría del laboratorio en el año 2001, en la que se pusieron de manifiesto diversas incidencias que hacían peligrar, si no se cumplían
determinadas condiciones, su continuidad como laboratorio comunitario de referencia. A fin de cumplir con las condiciones exigidas, a comienzos de 2005 se realizaron diversas actuaciones, entre otras, encomendar a la Agencia Española de Seguridad
Alimentaria su gestión. A efectos de la Unión Europea, depende de la agencia, aunque no hay constancia de que se haya aprobado alguna disposición española que atribuya formalmente a la agencia su gestión.
Lo que es necesario destacar es que la Comisión Europea realizó otra auditoría en el año 2005, al laboratorio del que estamos hablando, en la que se reconocía que la situación era satisfactoria. En la fiscalización se comprobó que el
laboratorio había recibido y justificado sin incidencias las subvenciones previstas en la normativa comunitaria correspondientes a los ejercicios 2005 y 2006.
Por tanto, es satisfactorio presentar informes de esta naturaleza a la comisión, porque está bien que los informes de fiscalización determinen las buenas gestiones, las defectuosas gestiones, las responsabilidades de la gestión y también sus
bondades. Las recomendaciones que hace el informe están encaminadas a corregir las deficiencias observadas, así como a subsanar determinadas insuficiencias relacionadas con la organización y financiación de la agencia y la publicidad de sus
actuaciones.
Esto es todo de momento, señora presidenta, señorías. Quedo a su disposición para cuantas preguntas sobre este tema puedan formularme.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor presidente.
A continuación, pasamos al turno de portavoces para que planteen al presidente del tribunal las cuestiones que crean pertinentes.
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el señor Juncal.
El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.
Al presidente del Tribunal de Cuentas le quiero manifestar la satisfacción del grupo por su presencia en este
nuevo curso parlamentario, así como por la exposición que ha efectuado.
Intentaré ser breve. Desde mi punto de vista, estamos ante un informe que viene a decir que se analiza bien según la terminología de análisis de ensayo, pero que se administra mal o con deficiencias importantes. Es satisfactorio que se
analice bien, puesto que es un tema esencial y muy sensible de cara a la opinión pública. Es cierto, como muy bien ha dicho el presidente, que el tribunal emite una opinión positiva en cuanto a imagen fiel de lo que es el informe, pero con unas
salvedades.
Por tanto, mis preguntas se encaminan en ese sentido: en primer lugar, si se han corregido, porque indudablemente llama la atención que haya un error, por ejemplo, y que en el inventario de inmovilizado no figure correctamente contabilizado
a estas alturas; que no se hayan tratado las provisiones de forma correcta; que la propiedad de los elementos de los distintos laboratorios y muebles no estén correctamente asignados; así como el saldo excesivo en las cuentas de tesorería, que
viene a demostrar que, a la hora de elaborar el presupuesto, no se ajusta lo suficiente.
Otro asunto al que hace referencia el informe y que viene a demostrar también la oportunidad de la moción, que, como muy bien ha dicho el presidente, se tratará en otro punto del orden del día, es el relativo a la contratación de personal
independiente que da lugar a problemas. En relación con esta cuestión hay dos aspectos que llaman más la atención.
El primero no sé si será ético, pero estético desde luego que no. En cuanto a que un miembro de la dirección de la Agencia Española
de Seguridad Alimentaria contrate, no sé si hay algún tipo de responsabilidad o no, si se ha depurado o no, porque como decía, en el caso del convenio de Aldeas Infantiles ya se ha ajustado a la norma y si no se ha ajustado, si se han derivado o
depurado responsabilidades. Desde luego, parece que no es muy estético.
Otra pregunta, para finalizar, es la relativa al laboratorio de Biotoxinas Marinas de Vigo. He creído entender que después de esa nueva revisión por parte de la Unión Europea no peligraría la condición de laboratorio de referencia, porque
sería muy perjudicial para los intereses del ciudadano que ese laboratorio de referencia en Vigo dejara de tener esa catalogación.
Le doy las gracias al presidente y a todos los miembros del Tribunal por el esfuerzo que hacen en la elaboración de los informes.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a usted, señor Juncal.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Muchas gracias, presidenta.
Presidente, como ustedes saben, estamos en un momento de una crisis económica muy importante y en un contexto en el que hemos de vigilar, más si cabe, en qué gastamos cada euro, sobre todo si se trata de dinero que proviene de las arcas
públicas y debemos ser muy escrupulosos y estar muy vigilantes en el uso del dinero que hace la Administración y todos sus organismos. Creemos que la mejor manera de llevar a cabo esta vigilancia es mediante la creación de un marco legislativo
adecuado, que apueste por la transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas y en el caso de que esta normativa ya exista, vigilar por su estricto cumplimiento.
En este contexto y en esta tesitura, en el grupo parlamentario que represento hay distintas observaciones que nos han llamado la atención en relación con el Informe de fiscalización sobre la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. Así,
pese a que el tribunal afirma que las cuentas anuales reflejan en los aspectos más significativos la imagen fiel de la situación financiera, al mismo tiempo advierte ciertas deficiencias, como, por ejemplo, que la situación jurídica de los inmuebles
que utiliza la agencia no está regularizada o no existe un correcto inventario de bienes del inmovilizado, circunstancia, señor presidente, que vulnera los principios de legalidad y de control presupuestario.
También existen, a nuestro entender y procedentes de la lectura que hacemos, otras circunstancias que consideramos de cierta gravedad. En este sentido, el Tribunal de Cuentas denuncia que la tesorería de la Agencia Nacional de Seguridad
Alimentaria presenta un saldo positivo significativo en relación con los recursos que gestiona, alcanzando una cifra de más de 6.000.000 de euros y este hecho se une a la existencia de remanentes de tesorería considerados importantes, crecientes y
no utilizados, de lo que cabe deducir que el presupuesto de la agencia está recibiendo, a nuestro entender y de las cifras de las que partimos, una excesiva financiación por parte de la Administración General del Estado.
Nos gustaría conocer la
opinión del presidente sobre este aspecto, sobre el montante, en concreto, que representa la tesorería de la Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria y hasta dónde podrían llegar los recortes en su financiación, sin impedir la realización efectiva
de sus tareas.
Con estas consideraciones, me remito a lo expuesto al inicio de mi intervención y a todo ello hay que añadir que en la fiscalización del laboratorio del Centro Nacional de Alimentación, entidad suscrita a la Agencia Nacional de Seguridad
Alimentaria, el tribunal ha advertido que una parte sustancial de los ensayos y análisis que realiza podría efectuarse por la aplicación efectiva del precio público mediante la figura del convenio de colaboración, permitiendo así la captación de
recursos propios para la financiación del laboratorio. Sobre este aspecto quisiéramos conocer algún detalle más y la opinión del tribunal. Es por todo ello, señor presidente, y especialmente, como decía al inicio, en una época de austeridad y de
recortes presupuestarios como la actual, por lo que no podemos permitir que exista un organismo que siga recibiendo dinero de la Administración cuando ya posee recursos suficientes para llevar a cabo su actividad.
Asimismo, entendemos que deben facilitarse y regularse todas las vías posibles de financiación para los organismos autónomos, de manera que se les habilite legalmente para cobrar por la prestación de determinados servicios y aumentar así la
generación de recursos propios, cosa que conllevaría, a su vez, la necesidad de una menor inversión por parte del erario.
Estas son las consideraciones que hacemos desde el grupo parlamentario y pedimos su opinión sobre algunos de los temas concretos en los que he incidido.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Señora Riera, muchas gracias.
En nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Tuñón.
El señor TUÑÓN SAN MARTÍN: Muchas gracias, señora presidenta.
Bienvenido, señor presidente. Nos encontramos nuevamente con un informe bastante exhaustivo que presenta una gran información, lo cual a veces es útil al desconocer la existencia de este tipo de organismos y cómo funcionan.
Quiero decir, en principio, que tengo una visión favorable de la actuación, en este caso, de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, basada, fundamentalmente, en lo que es la opinión favorable, con algunas pequeñas salvedades, de la
situación económica y patrimonial, que es imagen fiel de su situación económica y patrimonial, y me parece que esto es importante. Pero también tengo una opinión favorable de las funciones que realiza esta agencia, como son las de control, el
registro general sanitario de alimentos y la actuación de los laboratorios, incluso la gestión de las tasas, que son los aspectos que funcionalmente evalúa el Tribunal de Cuentas.
Sin embargo, quisiera destacar que aun con esta opinión favorable nos planteamos dos cuestiones, que corresponden a dos temas de gestión, que ya se han destacado por el presidente y por los portavoces que me han precedido, en relación con
los inventarios y con el excedente de tesorería. Este informe es del 2006 y quisiera preguntar al presidente si se han producido algunas mejoras en el registro de inventarios y si se realizan, a raíz de este trabajo que ha hecho el Tribunal de
Cuentas, comprobaciones sobre la existencia física y la utilización real de los bienes, que me parece que es muy importante.
También me gustaría saber si el Tribunal tiene constancia -es verdad que en estos momentos es difícil de entender que haya un remanente de tesorería en la situación en la que nos encontramos, pero estamos hablando del año 2006 y creo que en
el año 2010 las cosas han podido cambiar, aunque seguramente el tribunal terminó su fiscalización en el año 2007 o 2008 como mucho, y me imagino que no conoce el trabajo de campo- de este asunto y si ha habido algún cambio, le agradecería que nos lo
comentara.
Por lo demás, estoy de acuerdo con las recomendaciones, que fundamentalmente hacen referencia al inmovilizado y al remanente de tesorería, y es verdad que se plantea un tema que, desde mi punto de vista, en el informe no queda muy claro que
sea importante pero que sí se recoge en las recomendaciones, que es la externalización de contratos de asistencia técnica. Parece que no son tan importantes como para recogerlo en las recomendaciones, pero la recomendación siempre es útil y
bienvenida.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias a usted, señor Tuñón.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Lacueva.
El señor LACUEVA SOLER: Muchas gracias, señora presidenta.
Bienvenido, señor presidente. Este informe de fiscalización a todas luces, como ha recogido el propio presidente, demuestra las bondades de la gestión de la agencia. Esto es lo primero que tenemos que poner encima de la mesa. Pero este
informe de gestión también demuestra la influencia que ha tenido la agencia en cuestiones puntuales. Sabe el señor presidente, y se puede constatar, que la mayoría de las precisiones, de las sugerencias que el informe relata han sido muy tenidas en
cuenta por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y aunque el propio informe no lo recoge, en estos momentos la agencia sigue la Estrategia Naos, matización que quizás debería haber aparecido en el propio informe para dar una imagen más fiel
de lo que es la agencia.
La necesidad de los informes de fiscalización para mejorar la gestión se recoge en este informe de una forma muy clara y, respetando mi procedencia, me gustaría desear a la Cámara de Cuentas de Aragón, que ha sido creada recientemente, el
mejor quehacer y la mejor trayectoria posibles igual que este Tribunal de Cuentas.
Ciñéndome estrictamente al informe de gestión, indudablemente en los tres puntos en los que se basaba la fiscalización: las cuentas anuales que cumplen los principios contables, no solo de imagen fiel sino de devengo y otros principios, los
procedimientos de gestión y el control interno, están establecidos perfectamente y en ese sentido lo ha desarrollado perfectamente el presidente del tribunal. Y yo me quisiera referir a algunas puntualizaciones y ver cómo están recogidas en estos
momentos.
Existe un problema con el tema de la ubicación, tanto de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, como del Centro Nacional Alimentario o del Laboratorio de Biotoxinas Marinas. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición se
ubica en unos locales de la
Tesorería General de la Seguridad Social, y aunque se solicitó la adscripción de uso por parte de la agencia, y así le consta al presidente del tribunal, en estos momentos hay un hecho constatable, y es que existe un convenio de reparto de
gastos en el que está perfectamente definida cuál es la zona de utilización, tanto por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, como de la agencia.
Algo similar ocurre con el laboratorio del Centro Nacional de Alimentación que depende del Instituto Carlos III, y también en lo que se refiere a las dependencias -y valga la redundancia-, y donde también hay un convenio de reparto de
gastos. Y en cuanto al Laboratorio de Biotoxinas Marinas, sus instalaciones dependen de la Autoridad Portuaria de Vigo cedido mediante una autorización temporal. Es indudable que el Tribunal de Cuentas tiene que hacer esta anotación, pero ello no
supone un problema en cuanto a la calidad de la gestión ni al desarrollo del objetivo de esta agencia.
En cuanto al inventario de bienes inmuebles, se trata de un problema que habría que madurar, y no solo respecto de esta agencia, pues casi seguro que es el día a día de casi todos los organismos públicos. Es un problema que afecta desde a
los hospitales hasta a los institutos de educación y a la mayoría de los organismos. Y esta sería mi primera pregunta, y no solo respecto de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, sino que, como digo, habría que buscar un procedimiento más
genérico y global que pueda dar solución a todos. Indudablemente estoy buscando la panacea, pero, debido a que vemos informe tras informe que esto constituye siempre un problema, habrá que buscar una solución más global. Pautas en este sentido
existen en los manuales de gestión de calidad, y a lo mejor debemos dar una normativa más genérica en este sentido, pero pongo este tema en manos del Tribunal de Cuentas que seguro hará una lectura precisa y correcta de ello siempre encaminada a
asegurar la calidad.
Por otra parte, y con respecto a lo que también se ha barajado aquí como algo hasta cierto punto muy preocupante, como es el hecho de que el saldo de la agencia sea positivo y que tenga remanentes de tesorería, debo decir que la agencia ha
tomado medidas en ese sentido. De hecho este año ha experimentado una reducción de aproximadamente un 5% en los presupuestos del Estado, pero habría que tener en cuenta para qué utiliza este colchón presupuestario.
Y nos tenemos que referir a la crisis alimentaria y a la alerta alimentaria. Quizá en un momento determinado, cuando hay una crisis alimentaria, no vendría nada mal tener este colchón para resolver directamente alguna de las posibles
incidencias. No me voy a referir a los dos convenios fiscalizados: el de Baleares, que indudablemente se solucionó, y el de Aldeas Infantiles, en el que se tuvo que devolver el dinero porque no era legal. Pero estos temas están fiscalizados por
el Tribunal de Cuentas y la agencia ha realizado las gestiones oportunas para solventarlo.
En el tema alimentario es difícil la coordinación con las comunidades autónomas y el presidente ha hablado del plan de control de la cadena alimentaria y de todo el tema de la gestión con los diferentes ministerios. Pero el presidente no ha
comentado el tema de las alertas rápidas con los dos sistemas que tiene la Agencia Española de Seguridad Alimentaria: un sistema más bien interno, el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información, que funciona perfectamente tal y como se
dice en el propio informe; o a nivel más europeo, el centro de referencia, el punto rápido en España de la Red Europea de Alerta Rápida -la RASFF-, sin incidencias en el informe de fiscalización, y como muy bien dice, mejorado con la implantación
de los procedimientos de las tecnologías de la información y la comunicación.
Ha hablado también del Registro General Sanitario de Alimentos, que funciona perfectamente, y de la facturación de los ensayos, análisis, etcétera, del precio público y de si hay determinados epígrafes o cuestiones sobre los que a la hora de
la verdad no ha habido ninguna facturación con ese detalle y al que hace referencia el informe del Tribunal de Cuentas. Creo que habría que poner encima de la mesa el proyecto de ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición que el Consejo de Ministros
remitió a las Cortes Generales el 3 de septiembre de 2010, y que está en proceso de tramitación. Este proyecto de ley es sin duda el que puede resolver estas cuestiones que podrían quedar en el aire.
En resumen, y a pesar de las preocupaciones que puedan tener otros grupos parlamentarios, este es un informe de una agencia que funciona perfectamente, que da seguridad a los ciudadanos en un tema tan importante como el de la nutrición y la
alimentación; una agencia que está cumpliendo su labor, y que lo está haciendo con el respaldo de la comunidad europea en la parte del Laboratorio de Biotoxinas Marinas de Vigo y también en la de alerta alimentaria.
Y me voy a referir a la última sugerencia que se hace según la cual se pide que se estudie la posibilidad, al igual que ocurre con las notificaciones que se sostienen en la red de alerta alimentaria, de que se publiquen en la web de la
Agencia Española de Seguridad Alimentaria las notificaciones gestionadas por la SCIRI.
Sobre esa cuestión -si me permite decirlo- tengo una duda porque publicar todas las incidencias, todas las alertas alimentarias, que se gestionan día a día en la web puede ser totalmente negativo por la alarma social que genera. El
presidente es muy prudente cuando habla de que se estudie esa posibilidad. No obstante, los responsables de la agencia ponen en duda que pueda ser publicada cualquier alerta alimentaria porque podría tener graves consecuencias. No es lo mismo
-como decía antes- una alerta alimentaria que una crisis alimentaria. En un caso de crisis alimentaria todos los ciudadanos tienen que conocer pormenorizadamente el problema que existe. De las 3 184 muestras que se realizaron sobre
alimentos en 2006 debemos tener la información oportuna.
Agradezco al presidente del tribunal sus informaciones; únicamente me resta decir que esta agencia realiza una buena gestión y nos da seguridad a todos los ciudadanos sobre los alimentos que tomamos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senador.
Doy la palabra al presidente del tribunal para que dé respuesta a los portavoces que han intervenido.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nuñez Pérez): Gracias, señora presidenta.
Les doy también las gracias a ustedes, señorías, y, en concreto, al señor Juncal, a la señora Riera, al señor Tuñón y al señor Lacueva.
Pongo sobre la mesa una cuestión preliminar. Se me ha pedido opinión sobre determinados temas. El presidente no opina, en relación con los informes, personalmente porque lo único que tiene que hacer es trasladar, como portavoz que es del
Pleno del Tribunal de Cuentas, la opinión y la valoración que se recoge en el informe, sin ir más allá, con independencia -repito- de que se tome buena nota de las sugerencias que aquí se escuchan para saber por donde debe discurrir nuestro trabajo
y por donde deben seguir las recomendaciones, las mociones o cualquier otra medida que pueda ser tenida en cuenta para dar respuesta a las preocupaciones vertidas aquí por los grupos parlamentarios.
Por tanto, las opiniones que se me han pedido para mejorar determinadas situaciones son las que se derivan -repito- de las recomendaciones del informe, al margen de que al comentar algunas cuestiones pueda caer en la tentación de dar una
versión más personal de la que sea necesaria. Pero voy a ver si no caigo en esa tentación.
Señor Juncal, usted dice muy bien en su intervención que la agencia analiza bien -eso es importante-, pero contabiliza mal. Lo ha dicho usted, señor Juncal. Me parece un buen resumen. La conclusión general del informe es que la gestión de
análisis es buena, pero que hay errores en la contabilidad que se ponen de relieve en el informe.
¿Qué ha primado más en mi intervención? ¿Dónde he puesto yo más énfasis? Lo he puesto, quizás por las razones personales que expuse en mi primera intervención, en lo primero, en la utilidad de la agencia, en el servicio que presta a los
ciudadanos, servicio que merece la pena destacar en lo que tiene de bueno. ¿Que la gestión de estos organismos, de los laboratorios, etcétera, es mejorable? Por supuesto ¿Que ha habido errores? Por supuesto ¿Que ha habido posibles
responsabilidades? Por supuesto. De eso vamos a hablar brevísimamente para aclarar los puntos del informe más que para salirnos del informe -repito- del que este presidente, como portavoz del Pleno del Tribunal de Cuentas, no puede salirse.
Si empezamos por las responsabilidades contables, por las que me preguntaba el señor Juncal, el proyecto, como siempre, se somete a la consideración del servicio jurídico del Estado y del Ministerio Fiscal y del Tribunal de Cuentas que
apreciaron informes de responsabilidad contable en los hechos descritos en el informe en relación con los convenios subscritos por la universidad de las Islas Baleares y por Aldeas Infantiles. Pero según la última información recibida de la
presidencia de la Sección de Enjuiciamiento se abrió un procedimiento de reintegro que fue archivado el 8 de julio de 2010. Por lo tanto, los errores no dieron lugar a responsabilidades, aunque no dejan de ser errores.
Un tema que se advierte en la intervención de todos los portavoces es la regularización de los inmuebles utilizados por AESA, así como la regulación de la dependencia de la Agencia del Laboratorio de Biotoxinas Marinas. Ha puesto usted el
dedo en la llaga, señor senador.
Efectivamente, el tema de los inmuebles se repite. Se repite en casi todas las fiscalizaciones que afectan al sector público este inventario de bienes inmuebles. ¿Por qué? Porque con las transferencias a las
comunidades autónomas la titularidad de determinados edificios pasó -como se sabe- a las comunidades. En cambio, en esos edificios se siguen gestionando competencias que son propias de la Administración central o del Estado. Es un problema muy
importante. ¿Quién tiene que resolverlo? El Tribunal de Cuentas tiene que poner sencillamente en sus informes el problema, pero al que corresponde solucionarlo es al control interno y a los responsables de la gestión. Que nosotros insistamos
continuamente y que propongamos fórmulas de solución es una cosa, pero son otros organismos los que tienen que tomar las medidas.
Concretamente, se ha informado por la agencia que se ha solicitado la regularización de los inmuebles utilizados en la sede principal de la Tesorería General de la Seguridad Social y del Centro Nacional de Alimentación de Majadahonda a la
Dirección General de Patrimonio sin que se haya obtenido aún ninguna respuesta. Pero la agencia ha pedido que se regulen estos inmuebles. La distribución de gastos es un tema que queda bastante claro, que no tiene ningún problema. El problema que
tiene es que se deriva justamente de la propia adjudicación de los inmuebles a unos u a otros.
Por lo que se refiere -y con esto termino el tema de los inmuebles- al Laboratorio de Biotoxinas Marinas, la falta de una disposición expresa que reconociera su dependencia de la agencia ha quedado subsanada a través de una modificación del
estatuto de la agencia introducida por el real decreto 1.041 de 2009. Este es un dato que, efectivamente, es muy posterior, que no está en el informe, pero que yo puedo facilitarles, aunque supongo que lo conocerán muchos porque el real decreto,
como todos, está publicado en el Boletín Oficial del Estado, y que nos indica que se dan respuestas a este problema.
Sobre los excedentes de tesorería han hablado todos ustedes, tanto el señor Juncal, como la señora Riera, el
señor Tuñón y también el senador Lacueva. Efectivamente, en la ejecución de presupuestos de ejercicios posteriores se ha observado que en determinados capítulos presupuestarios se ha ejecutado por encima de los créditos inicialmente
dotados, siendo el capítulo de personal donde ha persistido un menor nivel de ejecución.
En el conjunto de la ejecución presupuestaria se ha observado que los excedentes de tesorería han disminuido y no solamente porque se ha reducido el presupuesto este año en un 5%, también en años anteriores se ha reducido y eso se ha
reflejado en los excedentes de tesorería, pero se ha incrementado el remanente de tesorería como consecuencia de que las transferencias no pagadas por el Tesoro, con el consiguiente descenso de los excedentes, quedan registradas como derechos
pendientes de cobro, lo que significa, en resumen, que la presupuestación sucesiva no ha tenido en cuenta esta situación y no ha sido adecuadamente corregida. Es decir, que si se hubiera corregido esto el excedente de tesorería con la reducción
directa hubiera bajado considerablemente. Lo digo también respondiendo a la preocupación manifestada por la señora Riera porque, efectivamente, en estos casos, hay que tener en cuenta todos estos elementos a la hora de saber a qué destinamos cada
euro en un momento en que la crisis hace que velemos por la rentabilidad de cada euro. No obstante, repito, todos estos extremos deberían ser oportunamente analizados para tomarlos como resultados de fiscalización ofrecidos por el Pleno.
Las manifestaciones anteriores no son sino una primera aproximación a los datos que se han podido conocer con posterioridad a la fiscalización. A lo mejor cabe hacer en un próximo programa de fiscalizaciones otra nueva fiscalización, no
tanto con el ánimo de vigilar la calidad de los trabajos, sino sencillamente para saber si realmente se ha mejorado y se han superado estos errores, estas irregularidades, que se han producido en la gestión y que yo considero -repito- un mal menor
si lo comparo con la calidad de los trabajos que se ha conseguido.
¿Hubo alguna sentencia favorable a los trabajadores de Tracsa? Dije que de este tema hablaríamos con carácter general en la moción porque es un tema muy importante. En todo caso, según información recibida de la agencia, se han dictado dos
nuevas sentencias, una a favor y otra en contra de sendos trabajadores; los riesgos se mantienen y, por lo tanto, también la oportunidad de la recomendación a la que he hecho referencia.
Gestión de las tasas en los aspectos sugeridos por el tribunal que afectan al hecho imponible y al registro de empresas de países no comunitarios.
El señor Tuñón tuvo una opinión favorable y yo también entiendo que las tasas se han
gestionado razonablemente bien. Muchos de los aspectos señalados por el tribunal se pueden ver recogidos en el proyecto de ley presentado recientemente en el Congreso de los Diputados, por lo tanto, están pendientes de la correspondiente
tramitación parlamentaria. Yo entiendo -al menos, queremos entenderlo así en el Pleno del Tribunal de Cuentas- que nuestro trabajo ha inspirado este proyecto de ley y, por lo tanto, en ese sentido pongo una buena nota a la utilidad de nuestro
informe, al margen de agradecer las opiniones favorables que del mismo han hecho sus señorías.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presidente.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN APLICADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 'CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL' (CDTI) EN LA ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
I+D+I DURANTE LOS EJERCICIOS 2004 A 2006. (Número de expediente del Senado 771/000075 y número de expediente del Congreso 251/000075).
La señora PRESIDENTA: Concluido este primer punto, pasamos al segundo punto del orden del día: Informe de fiscalización de los procedimientos de gestión aplicados por la entidad pública empresarial 'Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial' (CDTI) en la actividad relacionada con la financiación de proyectos de inversión I+D+i durante los ejercicios 2004 a 2006, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 29 de enero de 2009.
Para la presentación del informe tiene de nuevo la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas, señor Núñez.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, este informe se aprobó por el Pleno del Tribunal de Cuentas del día 29 de enero del 2009 y se extendió a los ejercicios 2004 a 2006. El objeto de la fiscalización fue analizar las actividades realizadas por el Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial en el período indicado en relación con la financiación de proyectos de inversión en investigación, desarrollo e innovación verificando si los procedimientos aplicados eran adecuados para el debido cumplimiento de
sus fines.
El centro es una entidad pública empresarial dependiente actualmente del Ministerio de Ciencia e Innovación y durante el período de fiscalización, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y de conformidad con su objeto social, la
finalidad principal de su actividad es la promoción de la investigación, desarrollo e innovación tecnológica del sector empresarial con el objetivo de mejorar el nivel tecnológico de las empresas españolas y, en consecuencia, de aumentar su
productividad y
competitividad. Durante el período fiscalizado, el centro evaluaba y financiaba proyectos desarrollados por empresas privadas concediéndoles ayudas financieras propias o facilitándoles el acceso a las correspondientes subvenciones de la
Unión Europea y a la financiación bancaria de la línea para la financiación de la innovación tecnológica CDTI-ICO. Además, concedía las subvenciones del programa para la creación de Consorcios Estratégicos Nacionales de Investigación Técnica
-programa CENIT-.
En el año 2006 se puso en marcha el programa NEOTEC Capital Riesgo -la primera vez que cito las siglas voy a decir lo que significan: Programa de Fomento de la Inversión de Capital Riesgo en Empresas Tecnológicas- que se gestionó a través
de la constitución de dos sociedades de capital riesgo, cuyos accionistas mayoritarios eran el centro y el Fondo Europeo de Inversiones, con el objetivo fundamental de impulsar el segmento del capital riesgo tecnológico dirigido a las pymes
tecnológicas en sus primeros años de actividad.
El importe total de los recursos a aportar al Programa de Fomento de la Inversión de Capital Riesgo en Empresas Tecnológicas se fijó en 183 millones de euros, de los que 60 millones de euros fueron suscritos por el CDTI, es decir, por el
centro, 50 millones de euros por el fondo europeo, y de los 73 millones de euros restantes, 13 millones fueron aportados por las empresas españolas y por las empresas públicas Enisa y Axis, cuyos informes de fiscalización han sido presentados en
esta comisión mixta. La aportación debería hacerse efectiva antes del ejercicio 2012.
Asimismo, el centro interviene en la participación de sociedades españolas en programas tecnológicos internacionales con contenido industrial mediante la concesión de ayudas financieras y el asesoramiento y representación de los intereses de
la industria nacional en organismos internacionales como la Agencia Espacial Europea, el Laboratorio Europeo de Física de Partículas y el Sincrotrón Europeo, entre otros.
Durante el período fiscalizado el centro aprobó 2612 proyectos de investigación, desarrollo e innovación, lo que supuso unos compromisos de financiación para el centro de 1633 millones de euros, de los que se había pagado aproximadamente la
tercera parte.
Los fondos con los que contaba el centro para el cumplimiento de sus objetivos provenían fundamentalmente de los Presupuestos Generales del Estado, que en el conjunto de los tres ejercicios analizados -2004, 2005 y 2006- sumaron por todos
los conceptos un total de 1433 millones de euros, así como de los fondos Feder de la Unión Europea, de los que tenía registrado al final del 2006 un total de 323 millones de euros, y de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, cuyo
saldo vivo era de 6 millones de euros, que correspondía en su totalidad a proyectos anteriores a 1992.
El centro siempre dispuso de recursos suficientes para que ningún proyecto considerado técnicamente viable quedase sin ayuda financiera. Al final del período, el centro contaba con un activo total de 1669 millones de euros, habiéndose
registrado un importante crecimiento en los ejercicios analizados, que estaba financiado en su mayor parte con unos fondos propios de 1058 millones de euros y por acreedores a largo plazo. Las partidas más relevantes de su activo eran los créditos
concedidos por el centro para la financiación de proyectos empresariales, que a dicha fecha presentaban un saldo neto de provisiones por insolvencias de 779 millones, seguidos por los excedentes de tesorería de 492 millones, correspondientes a
compromisos de financiación, pendientes de desembolsar a las empresas beneficiarias de las ayudas, materializados en activos financieros de muy elevada liquidez.
Los instrumentos financieros diseñados por el centro durante el período fiscalizado eran los siguientes: la ayuda reembolsable, las subvenciones del programa CENIT y la línea de financiación para la innovación tecnológica CDTI-ICO.
De las ayudas reembolsables formaban parte los proyectos de investigación industrial concertada, los proyectos de desarrollo tecnológico, los proyectos de innovación tecnológica, los proyectos de promoción tecnológica internacional, los
proyectos de la iniciativa NEOTEC, ya mencionada y las ayudas para la preparación de propuestas en el ámbito de la Unión Europea, modalidades que tenían sus propias características y procedimientos. Estas ayudas reembolsables otorgaban a las
empresas beneficiarias una financiación a cero tipo de interés, variando el porcentaje máximo de ayuda entre el 40 y el 70% del presupuesto, con un plazo de amortización de 7 a 9 años.
Las subvenciones del programa CENIT eran uno de los instrumentos previstos para cumplir los objetivos establecidos en el programa Ingenio 2010, y su finalidad era la creación de Consorcios Estratégicos Nacionales de Investigación Técnica,
que se dirigían a financiar grandes proyectos integrados de investigación. (Los consorcios estratégicos nacionales de investigación técnica son el CENIT.) Estas subvenciones consistían en ayudas no reintegrables, siempre que su beneficiario
cumpliese los requisitos exigidos. Durante el período fiscalizado se presentaron un total de 53 solicitudes para el programa CENIT, resultando definitivamente subvencionados 16 proyectos. En el informe se describen los requisitos exigidos para
acceder a estas subvenciones y los procedimientos seguidos en la justificación de los gastos habitualmente mediante informe de gastos revisados por un auditor de cuentas. En el examen efectuado se constató que determinados gastos revisados de
conformidad no fueron definitivamente aceptados como subvencionables por técnicos del centro. A este respecto se destaca la ausencia de manuales que homogeneicen y sistematicen los criterios y pautas a seguir en estas evaluaciones.
La línea de financiación ICO-CDTI -, es decir, ICO-centro- tuvo vigencia durante el período 1999-2006, suprimiéndose a partir de este ejercicio.
Durante los años
fiscalizados se aprobaron 2443 operaciones por un importe de 29 millones de euros. La ayuda suponía una bonificación de 1,5 puntos porcentuales en el interés de los créditos otorgados a las empresas. Por no superar la evaluación técnica se
denegaron 175 proyectos. Aunque en los convenios suscritos se contempla la obligación del beneficiario de comunicar la realización de la inversión a los 30 días, esta comunicación no se produjo en la práctica, lo que obligó a solicitarla,
poniéndose significativamente el seguimiento de la aplicación dada a las subvenciones, que se efectuaba mediante muestras entre un 10 y un 20% de los expedientes. Las verificaciones realizadas sobre la muestra seleccionada no aportaron deficiencias
significativas.
En cuanto a los procedimientos -voy terminando-, con las salvedades ya mencionadas, el centro tenía establecido un procedimiento protocolo de concesión de ayudas que regulaba para cada una de sus fases los plazos, los órganos competentes y
los documentos e informes aportados por las empresas o confeccionados por el centro que debían incluirse en el correspondiente expediente.
Para los supuestos de retrasos o impagos de las cuotas de amortización de las ayudas por parte de las empresas el centro estableció un sistema de dotación de provisiones para insolvencias, en el que clasificaba los créditos según la
antigüedad de la deuda vencida y no pagada. El índice de morosidad durante el período fiscalizado ascendió al 6,2% de media, índice que ha ido disminuyendo progresivamente debido a las mayores exigencias tanto técnicas como financieras.
En los proyectos que se encontraban inmersos en actuaciones judiciales la deuda estaba provisionada en su totalidad. En esta situación se encontraban 265 proyectos. La deuda de estas empresas con el centro ascendía a 58 millones de euros.
Entre la deuda provisionada se encontraba además la correspondiente a 8 proyectos -nada menos que del período 1981 a 1984-, cuyo saldo superaba 2 millones de euros, y 33 proyectos, cuya ayuda había sido otorgada con anterioridad al año 1992 y cuyo
saldo ascendía a 6 millones.
Para llevar a cabo sus funciones, el centro contaba con una plantilla de personal de 255 empleados al final del período fiscalizado, habiéndose incrementado en un 39% respecto a la existente en el primer año analizado. La mayor parte de la
plantilla estaba integrada por personal técnico. El crecimiento del personal en el período analizado fue inferior al incremento registrado en la actividad del mismo y a las necesidades del centro.
En el informe se incorpora un apartado de recomendaciones que están destinadas, entre otros aspectos, a que se iniciase una labor de depuración de los proyectos vivos, en los que, debido a su antigüedad y a su situación jurídica, pudieran
existir indicios de incobrabilidad; a que se elaborase un manual de procedimiento interno que homogeneizase y sistematizase las pautas y actuaciones a seguir al efectuar la evaluación de los proyectos subvencionables dentro del programa CENIT dada
la importancia otorgada a estas ayudas y el volumen de recursos que representa; y a que el centro contase con unos efectivos personales acordes con las condiciones y tareas que desarrollaba y que pudiera asumir en el futuro.
Eso es todo, señora presidenta.
Señorías, muchas gracias por su atención.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor presidente.
Pasamos al turno de intervención de los portavoces.
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Pastor.
El señor PASTOR GONZÁLEZ: Señora presidenta, señorías, muy buenos días.
Me gustaría comenzar mi intervención agradeciendo, en mi nombre y en el de mi grupo, la comparecencia y el preciso resumen que el señor presidente ha llevado a cabo en la misma acerca de la fiscalización del Centro para el Desarrollo
Tecnológico e Industrial durante los ejercicios 2004, 2005 y 2006. Asimismo me gustaría hacer extensiva dicha felicitación a todo el Tribunal de Cuentas ya que siempre es de agradecer la claridad expositiva y el rigor del trabajo realizado por el
tribunal en cada uno de los informes que trae a consideración de la comisión.
El informe que hoy se nos presenta tiene, en mi opinión, una relevancia especial. En el mismo se fiscaliza algo más que una de las múltiples empresas, organizaciones o entes que conforman la Administración Pública española. Así, en el
mismo se trata de una materia tan relevante y trascendente para el desarrollo y progreso de un país como es la actividad investigadora y la promoción de la innovación, pilares fundamentales para el crecimiento y la competitividad futura de la
economía española y, por tanto, del bienestar de los ciudadanos.
No se nos puede ocultar que la actual situación de nuestra economía ha venido a cambiar los parámetros vigentes en los años a los que se refiere la fiscalización del tribunal, en los que, tal y como se señala en el informe que se nos ha
presentado, se habían venido produciendo incrementos en el importe destinado en los presupuestos a financiar la labor de investigación e innovación de las empresas españolas. De esta forma, la realidad actual de nuestra economía viene determinada,
como todas sus señorías conocen perfectamente, por unos importantes recortes presupuestarios dirigidos a equilibrar las cuentas del Estado tras los excesos cometidos cuando la actual crisis no era más que una desaceleración. Esos recortes, tal y
como en su momento se recogió por los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, han penalizado especialmente la inversión en el área de la innovación y la investigación, algo que sin duda pondrá freno a nuestro crecimiento, a
nuestras expectativas futuras y que va a dificultar la recuperación de la economía española y su competitividad en el mercado global.
Aparte de lo señalado hasta ahora, una de las primeras cuestiones que suscita la lectura del informe es la fuerte dispersión de entidades, órganos, consorcios y entes que, bajo diversas formas, tienen como actividad la potenciación de la
investigación, lo que viene a significar que una parte de los recursos se destine a actividades de intermediación y no lleguen a la verdadera actividad investigadora. En este sentido basta con centrarse en el apartado del informe referido al
programa NEOTEC, en el que, junto a otras dos empresas públicas, participa el CDTI y cuya gestión se efectúa a través de otras dos nuevas empresas creadas al efecto. Lo cierto es que alguna de estas empresas ha sido ya, como ha comentado el
presidente, objeto de fiscalización por parte del tribunal y de debate por esta comisión, planteando nuestro grupo parlamentario en su momento la necesidad de revisar su permanencia dado su reducido volumen de actividad y la necesaria eliminación de
las duplicidades en la Administración en aras de una mejor utilización de los recursos, especialmente en un momento en el que se está pidiendo a los ciudadanos un importante esfuerzo para hacer frente a la situación económica por la que atraviesan
las cuentas del Estado. Por estas razones, la presentación de este informe suscita de nuevo en mi grupo parlamentario la misma preocupación que entonces: la necesidad de revisar la organización de todas las medidas de impulso de la investigación,
innovación y desarrollo, evitando en la medida de lo posible entidades y circuitos innecesarios.
El informe que el tribunal presenta a la consideración de esta comisión tiene un contenido muy descriptivo de la actividad analizada, ofreciendo información sobre las diferentes modalidades de ayudas y actuaciones ofrecidas por el CDTI. Es
cierto que el volumen de recursos públicos destinados a la investigación e innovación ha aumentado significativamente, especialmente en el ejercicio 2006, pero también es verdad que el volumen de ayudas otorgadas se vio reducido, pues los créditos
concedidos por el CDTI a finales de 2006 no llegaban a los 800 millones de euros en todas sus modalidades siendo la más utilizada la línea de financiación abierta con el ICO, línea que, tal y como señala el informe, desapareció a la conclusión de
dicho ejercicio. Este volumen de actividad está acompañado además de importantes excedentes de tesorería que el CDTI parece que invierte adecuadamente, pero que vienen a indicar que su tesorería no está bien planificada y que los fondos sobrantes
no se aplican desde el primer momento a la finalidad que tienen prevista.
En la exposición que el informe recoge de esta modalidad surge la preocupación por las debilidades que pueden apreciarse en el sistema de seguimiento de los proyectos. Por un lado, los proyectos denegados son muy reducidos con respecto a
las operaciones concertadas -175 frente a 2400-. Pero es que, además, la justificación de la inversión se efectúa a través de una muestra muy exigua, como máximo del 20% de los expedientes.
Además, ante el incumplimiento de los beneficiarios de
las ayudas de aportar inmediatamente la documentación, el control se llega a retrasar varios ejercicios. En definitiva, a la luz de lo señalado hasta ahora, no parece que el control sea muy efectivo.
Por otro lado, si nos detenemos en el análisis de las subvenciones del programa CENIT, destinado al apoyo a consorcios estratégicos, lo primero que deberíamos plantearnos es si los objetivos asignados al programa Ingenio 2010, al que
aquellas estaban vinculadas, se han alcanzado o no, ahora que nos encontramos a pocos meses de alcanzar el final de dicho ejercicio- en definitiva, si se ha alcanzado el 3% del producto interior bruto destinado a la investigación e innovación- y si
se ha conseguido o no el 55% de contribución privada a estos fines y situarse en la media europea en inversión, en investigación, desarrollo e innovación.
Por otra parte, parece singular el procedimiento seguido para el registro de estas actuaciones denominado envolvente financiera al haberse comprometido el gasto de 200 millones de euros, mientras que las transferencias presupuestarias, de
naturaleza plurianual, no se han percibido, lo que lleva a preguntarse si estos compromisos se habrán cumplido o no. Igualmente, si vamos al capítulo de justificación de la inversión se suscitan nuevas preocupaciones, ya que dicha justificación se
realiza mediante informe de auditoría, sin precisar si dichos informes son contrastados o si tienen algún control de calidad o no. De hecho, el informe presentado por el tribunal señala que determinados gastos justificados en dichos informes de
auditoría fueron considerados no subvencionables por el CDTI, al tiempo que se afirma que se carecía de un manual o de unos protocolos que permitieran uniformar estos controles y que el tribunal recomienda elaborar.
En cualquier caso, mi intervención no pretende enjuiciar negativamente la actividad del CDTI pues tampoco el informe del tribunal ofrece suficiente información ni valoraciones como para llegar a un juicio de esta naturaleza, aunque sí señala
pistas sobre lo que debiera mejorarse. En este sentido, el propio informe señala en sus recomendaciones la necesidad de llevar a cabo una labor de depuración de proyectos vivos muy antiguos y sobre los que se plantean dudas razonables en relación
con su incobrabilidad. Igualmente, es posible que el CDTI necesite más personal, como parece defender el tribunal, pero, tal y como he señalado al principio de mi intervención, en una escala de prioridades quizá fuese más importante reorganizar
todas las entidades públicas dedicadas de una forma u otra a esta actividad promotora de la investigación, desarrollo e innovación, y disponer de unos procedimientos muy precisos que garanticen que los fondos públicos puestos a disposición de esta
actividad alcancen los fines pretendidos y no se queden en manos de especialistas, buscadores de rentas en un área tan especializada y vital para nuestro crecimiento y competitividad, presente y futura, como es esta que hoy nos ocupa.
Para concluir mi exposición, quisiera plantear algunas cuestiones al presidente del tribunal. Por un lado, me gustaría conocer si el tribunal dispone de información acerca del retorno que las inversiones y ayudas otorgadas por el CDTI hayan
podido generar en nuestras empresas y en nuestra economía, dato que considero importante al efecto de valorar el desempeño que hace de los recursos públicos que tiene asignados. Por otro lado, quisiera saber si se ha apreciado en su fiscalización
algún indicio de inadecuada e injustificada utilización de los recursos públicos que pudiera desembocar en algún tipo de responsabilidad, si tiene conocimiento de que algunas de las deficiencias expuestas en el informe, especialmente en el
seguimiento de los proyectos financiados, se hayan corregido; si se han depurado los saldos no recuperables; y si se ha incurrido en alguna responsabilidad por la no exigencia del retorno de las subvenciones.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a usted.
A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, la señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor presidente, señorías, a nuestro grupo parlamentario, como no puede ser de otra manera, y como portavoz no solo de la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas, sino también de la Comisión de Ciencia e Innovación, todo lo que concierne a
la I+D+i nos ocupa y nos preocupa, de ahí nuestro interés también en la gestión del CDTI.
Señor presidente, entendemos que la investigación, el desarrollo y la innovación tienen un papel clave en el cambio del modelo de crecimiento de nuestra economía, en el que todos estamos de acuerdo y por el que todos estamos trabajando, que
nos ha de permitir una salida sólida de la crisis a través del cual conseguir también un crecimiento más sostenible.
En este contexto la investigación, el desarrollo y la innovación, a nuestro entender, han de ser los instrumentos que permitan
mejorar la competitividad y la productividad de nuestras empresas y de nuestro tejido productivo. Aunque no cabe duda de que el liderazgo en la apuesta por la generación de conocimiento y la innovación ha de venir fundamentalmente del sector
privado, entendemos que es tarea de la Administración Pública fomentar y facilitar el desarrollo de proyectos de I+D+i, y en este caso de los agentes privados, ya sean empresas, centros tecnológicos u otros agentes del sistema. Y es en este
contexto donde hemos de enmarcar el papel y la contribución del CDTI, entidad pública empresarial cuyo objetivo es promover la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas, canalizando las solicitudes de financiación y apoyo a los
proyectos de I+D+i de empresas en los ámbitos estatal e internacional y contribuyendo a la mejora del nivel tecnológico de nuestro tejido productivo.
A la vista del informe de fiscalización que nos ha presentado el Tribunal de Cuentas a través de su presidente, el CDTI es un organismo que, en estos años a los que se refiere el informe, vemos que funciona razonablemente bien, ya que en él
se ponen de manifiesto de manera positiva los procedimientos de selección de los proyectos susceptibles de recibir ayudas financieras, el cumplimiento de todos los procedimientos establecidos en torno a la concesión de las ayudas y el uso de
aplicaciones informáticas fundamentales para la gestión de todos sus procesos. Asimismo se señala en el informe que entre los ejercicios 2004 y 2006 el CDTI concedió ayudas que representaron una media del 52% de la inversión elegible total de las
empresas que habían sido beneficiarias de sus ayudas. En sintonía con la opinión que tienen del Tribunal los agentes privados del sistema de I+D+i a nivel estatal, entendemos que están satisfechos con el papel del centro y el seguimiento exhaustivo
que este organismo hace de las ayudas que concede.
Señora presidenta, señorías, nuestro grupo parlamentario entiende que el CDTI ha gestionado y promovido y sigue gestionando y promoviendo programas complejos que han llegado no solo a las grandes empresas estatales sino también a las
pequeñas y medianas empresas, programas que han permitido a muchas de ellas situarse en el mapa internacional y ganar en competitividad. Y no podemos permitirnos de ninguna manera, especialmente en este contexto económico, y con los retos que
tenemos desde el punto de vista económico y social, poner freno a programas que han funcionado y se evidencian como efectivos.
Según datos aportados por el Tribunal, el CDTI gozaba de una dotación presupuestaria en el capítulo relativo a la aportación al CDTI para el apoyo a proyectos de I+D+i durante los ejercicios de 2004, 2005 y 2006 de 115 millones, 201,34
millones y 381,19 millones de euros, respectivamente; y para el ejercicio 2010 los presupuestos generales del Estado dotan de una partida de 529 millones de euros. Estos datos son una muestra de la trascendencia y el papel que juega y ha de jugar
el CDTI y el que ha de tener en el impulso de la actividad innovadora de nuestras empresas, porque debe ser -repito- motor y participar como actor en el cambio de modelo productivo.
Y a la vista del funcionamiento del CDTI -a nuestro entender, positivo- y de su alto valor estratégico como instrumento en la definición de la política industrial e innovadora de las empresas a nivel del Estado, a nuestro grupo parlamentario
le gustaría también dejar constancia en esta comisión de dos aspectos: en primer lugar, de la positiva gestión que se ha realizado por parte de la dirección que ha tenido el CDTI hasta hace escasas semanas; y en segundo lugar, de la efectividad de
los programas promovidos y gestionados por dicho organismo, como antes decía, así como del reconocimiento del tejido empresarial a nivel estatal e internacional y del proceso de internacionalización que ha tenido el CDTI, que también ha impulsado
hacia el tejido productivo.
Además de estos reconocimientos, que creo que son un deber porque el CDTI ha funcionado y ha tenido y tiene un papel importantísimo en nuestro crecimiento y competitividad, también queremos dejar constancia de una doble preocupación. Por
una parte, la preocupación en torno a la previsión de crear un nuevo agente de financiación, la agencia estatal de investigación, que se contiene en el proyecto de ley de ciencia, tecnología e innovación. El proyecto prevé que el CDTI y la nueva
agencia desarrollarán su actividad como agentes de financiación de forma coordinada y de acuerdo con los principios de autonomía, objetividad, transparencia, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia en la gestión.
Nuestro grupo espera que
realmente se cumplan estas previsiones y que la aparición de la nueva agencia no vaya en detrimento del indispensable papel que debe reconocerse al CDTI como entidad de fomento de la innovación en el ámbito empresarial.
En segundo lugar, también queremos manifestar nuestra sorpresa por los últimos cambios que se han registrado en el CDTI, al tiempo que hacer un explícito reconocimiento de la gestión anterior y de la dirección del centro hasta hace pocas
semanas. En este contexto, ante una nueva dirección y gestión, manifestamos nuestra apuesta por un CDTI fuerte, que continúe siendo un centro reconocido y, sobre todo, dotado de recursos.
Pero expresamos nuevamente nuestro temor a que se produzca
una cierta disgregación y se debilite un organismo que tiene y debe seguir desempeñando un papel muy importante en términos de crecimiento y competitividad.
Por último -termino, señora presidenta-, haciéndonos eco de uno de los puntos críticos que contiene el informe de fiscalización presentado, debemos señalar que entendemos necesario revisar y actuar sobre los proyectos vivos de mayor
antigüedad -coincidimos plenamente con ese objetivo-, y que sería muy positivo aumentar la plantilla del CDTI, ya que un aumento del protagonismo en el marco de las políticas de I+D+i y el consecuente incremento de funciones exigirían también un
reforzamiento de su propia estructura.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias a usted, señora Riera.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Tuñón.
El señor TUÑÓN SAN MARTÍN: Gracias, señora presidenta.
La verdad es que me uno a las manifestaciones realizadas por mi compañera, la diputada señora Riera. De este informe yo también tengo una impresión absolutamente favorable. Se trata de un organismo que lleva ya treinta y tres años en
funcionamiento y que se considera fundamental para el desarrollo de todo el proceso de ayuda a la financiación de la innovación empresarial. Desde ese punto de vista, el primer análisis que hay que hacer es que, tanto por los objetivos del CDTI,
como por la labor que realiza, por los instrumentos de financiación que utiliza, y por su gestión y resultados, la impresión es absolutamente favorable. (La señora vicepresidenta, Sanjurjo González, ocupa la Presidencia.) De hecho, solamente hay
tres recomendaciones, y una de ellas está referida a la necesidad de más personal, recomendación que apoyo en este momento.
Podemos decir que este es un informe sobre procedimientos, que no abarca la totalidad de la gestión del CDTI, es decir, no estamos hablando -como en el anterior informe- de inmovilizados o remanentes de tesorería sino de procedimientos sobre
si se utilizan bien los fondos públicos que llegan a las empresas para el proceso de innovación. Y el informe, que es fundamentalmente descriptivo, y como siempre, muy exhaustivo, nos habla de una plantilla técnica que se ha ido ampliando en los
últimos años, a pesar de que en 2006 su cobertura solo era del 56% de las necesidades de personal, lo que nos lleva a la recomendación que hace el Tribunal de Cuentas.
Creo que los instrumentos financieros que se utilizan se han considerado positivos. Se trata de las ayudas reembolsables, las subvenciones al programa CENIT, la línea ICO-CDTI, que ya no está en vigor, y la nueva línea un programa de
fomento de la inversión de capital riesgo en empresas tecnológicas. El informe hace un análisis de los tres tipos de ayudas, realmente positivas en cuanto al procedimiento y seguimiento y gestión de los proyectos. Considera adecuada su provisión,
así como el índice de morosidad, que va disminuyendo con el tiempo, lo cual también es positivo. Y es verdad que en un organismo de estas características siempre hay proyectos vivos muy antiguos que necesitan ser depurados. Eso pasa en la
Administración frecuentemente. Cuando hablamos de las cuentas generales siempre aparecen algunas que hay que depurar porque son de incobrables. Por tanto, para el caso de proyectos y operaciones abiertas desde el año 1981, contando con que los
plazos de amortización de estas ayudas son de siete a nueve años, no podríamos mantener proyectos vivos más allá de quince años.
En cuanto al programa CENIT, con dos convocatorias de ayudas en el periodo analizado, el Tribunal de Cuentas hace una recomendación que no sé si seguirá vigente. Se refiere a la existencia de un manual de procedimientos o protocolo interno
para la evaluación de los proyectos.
De hecho, la gestión de estas subvenciones aparentemente ha sido buena, pero parece que es oportuno dicho manual. En cualquier caso, los portavoces han hecho una serie de consideraciones, a las que podría
unirme, pero que considero que no forman parte del análisis de la fiscalización, al cual me remito.
En definitiva me alegro de la buena gestión del CDTI como importante instrumento para la innovación de las empresas y el cambio del modelo productivo que en estos momentos tanto necesitamos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Sanjurjo González): Muchas gracias, señor Tuñón.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ AGUERRI: Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quiero dar la bienvenida al presidente del Tribunal de Cuentas, señor Núñez, y agradecer la labor que realiza la entidad que representa y que permite año tras año mejorar los procedimientos de gestión de los diferentes entes
públicos, con el beneficio que eso supone para toda la ciudadanía.
Señorías, he de manifestar que me ha resultado gratificante analizar este informe de fiscalización de procedimientos de gestión aplicados por el CDTI, porque una entidad tan compleja y tan importante para el desarrollo de la innovación y de
la tecnología de nuestras empresas produce beneficios o perjuicios inestimables en función de su buen o mal funcionamiento, y de este informe se deducen tres recomendaciones fácilmente resolubles, a las que después me referiré.
Los recursos financieros que el CDTI ha recibido del Estado se han ido incrementando más que razonablemente: un 20% en 2005 con respecto a 2004; un 64% en 2006 con respecto a 2005; y un 37% en 2007.
En este sentido, reconoce el informe de fiscalización que el CDTI ha contado con recursos suficientes como para que ningún proyecto considerado técnicamente viable y de investigación, desarrollo e innovación quedara fuera de la ayuda
financiera.
En cuanto al procedimiento de aprobación de proyectos, el centro ha seguido el protocolo establecido para la concesión de ayudas en cada una de las fases, constando en los expedientes los informes y documentos preceptivos, tanto los
proporcionados por las empresas solicitantes como los generados por el propio centro para la concesión de las ayudas.
Dictamina asimismo el informe que el procedimiento ha sido adecuado al logro de los fines del CDTI: cuando se han detectado
irregularidades en la fase de seguimiento el centro ha procedido a retirar el proyecto, ajustando la ayuda en el caso de facturas irregulares o partidas no elegibles.
El incremento de proyectos aprobados en los tres ejercicios ha sido notable: 779 en 2004, 801 en 2005, y 1032 en 2006, que supusieron unos compromisos de financiación para el centro de 1633 millones de euros y una media del 52% de la
inversión elegible en el total de las empresas.
En cuanto a los proyectos rechazados, también están tipificadas las causas de denegación de la ayuda; y en lo relativo a los plazos, nos parecen razonables, ya que desde que se registra un proyecto hasta que se le comunica al solicitante la
aprobación o denegación de aquel transcurren entre tres y seis meses, teniendo en cuenta que es la propia empresa solicitante la que demora o agiliza el proceso en función de la prontitud o no que tenga la empresa en cumplir los requisitos de
información y documentación. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
Las mayores exigencias técnicas y financieras que solicita el centro a las empresas han hecho decrecer la morosidad en los tres ejercicios objeto de este informe, que, así, ha pasado del 7,6% en 2004 al 6,5% en 2006; nos parece acertado el
hecho de extremar las exigencias con el fin de minorar progresivamente la morosidad.
En lo que concierne a las provisiones por insolvencia, compartimos la observación del informe respecto de la conveniencia de depurar proyectos anteriores que por su antigüedad o por su situación jurídica son incobrables; sin duda eso
contribuirá a ajustar más las cuentas del CDTI.
En cuanto al proyecto CENIT, me ha sorprendido del informe la observación de que no exista un manual de procedimiento o protocolo interno que homogeneice y sistematice las pautas y actuaciones a seguir a la hora de proceder a efectuar la
evaluación de los proyectos subvencionables, y he podido comprobar que sí existe un procedimiento -y muy reglado, por cierto- así como un manual del evaluador. Entiendo, tal como ustedes hacen constar en el informe de fiscalización, que estamos
hablando de grandes proyectos integrados de investigación industrial de carácter estratégico, de gran dimensión y largo alcance científico y técnico, de potencial y de proyección internacional, por lo que deduzco que esa información ha de tratarse
con sumo cuidado y prudencia, tanto por los técnicos del CDTI como por los del propio Tribunal de Cuentas. Y estoy convencida de que así ha sido.
La semana pasada, en un periódico económico, el presidente de la patronal Asebio y Zeltia, don José María Fernández Sousa, manifestó que el CDTI ha funcionado muy bien y que el dinero que le concede el Ministerio de Economía lo gestiona muy
bien.
Es un sentir general el buen funcionamiento del centro, y hemos de trabajar para que un centro que tiene encomendadas unas funciones tan importantes para el desarrollo de nuestro I+D+i así como para nuestra presencia en los más destacados
proyectos internacionales de las tecnologías punteras pueda contar con los mejores medios materiales y humanos para el desarrollo de sus competencias.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias a usted, señora Fernández.
Señorías, de nuevo doy la palabra al presidente del tribunal, señor Núñez, para que dé respuesta a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): Gracias, señora presidenta.
Muchas gracias a los portavoces que han intervenido en nombre de los grupos parlamentarios: el señor Pastor, la señora Riera, el señor Tuñón, y doña María José Fernández, en último lugar, por el Grupo Parlamentario
Socialista. Y gracias también por el criterio favorable con que han juzgado los trabajos del Tribunal de Cuentas en relación con la gestión del CDTI.
Efectivamente, esta mañana nos ha tocado presentar y analizar dos informes de interés general: el primero, sobre la seguridad alimentaria, y el segundo, sobre la investigación, el desarrollo y el I+D+i. Estos temas afectan indudablemente al
desarrollo y bienestar de todos los ciudadanos y, por tanto, estos dos organismos que estamos analizando hoy, estos elementos de progreso -yo los llamo así- son tratados con especial interés, tanto por los órganos de control externo, como es el caso
del Tribunal de Cuentas, como por los órganos de control interno; y, sobre todo, han sido bien recogidos y estudiados con interés, por lo que he podido ver, por todos los grupos parlamentarios, lo que es de agradecer.
Quiero, pues, dejar
constancia, en nombre de todos los miembros del Pleno y de todo el personal del Tribunal de Cuentas, del agradecimiento por los adjetivos calificativos que nuestros trabajos han merecido esta mañana.
Dicho esto, paso a contestar las preguntas que se han formulado, y no haré referencia a las que repiten cuestiones que están perfectamente aclaradas en cada uno de los informes.
En primer lugar, empezando por el señor Pastor, del Grupo Parlamentario Popular, tengo que decirle, en cuanto a las posibles responsabilidades o errores en que se haya podido incurrir por el CDTI, que, sometido el proyecto al ministerio
fiscal y al servicio jurídico del Estado, ambos manifestaron no apreciar indicios de responsabilidad contable en los resultados obtenidos de la fiscalización.
Respecto de la fuerte dispersión de los protagonistas de la investigación, es decir, la parte que se llevan los intermediarios, para entendernos, y la parte que se llevan los investigadores, hay que ir ajustando ese equilibrio para que,
efectivamente, sea más lo que se investiga que lo que se administra. Creo que nos entendemos y que, en ese sentido, el informe y sus recomendaciones van en esa línea.
¿Se han mejorado los procedimientos de control sobre las subvenciones? Esta era otra de las cuestiones que me han planteado unos y otros. Pues bien, de manera informal, y como consecuencia de cierto seguimiento sobre la actividad del CDTI,
se ha tenido conocimiento de que se ha aprobado un manual para las modalidades de subvenciones al programa CENIT de apoyo a grandes consorcios de investigación, que era una de las debilidades señaladas en el informe. En ese sentido, se ha avanzado
en la línea que se ha planteado en las otras intervenciones.
¿En qué grado se ha cumplido el programa de NEOTEC Capital Riesgo? Este programa de inversión en capital riesgo se puso en marcha en febrero del 2006, y por lo que se refiere a la captación de empresas y recursos, se cerró en junio de este
mismo año, por un importe de 183 millones de euros. Como se ha comentado en mi primera intervención, la suscripción de estos fondos se llevó a cabo entre el CDTI, el Fondo Europeo de Inversiones, dos empresas públicas de esta actividad y trece
empresas españolas.
En cuanto al desarrollo del programa, tenía previsto un plazo de desembolso de los compromisos suscritos que se alargaba hasta finales del 2012. Al final del ejercicio analizado, el CDTI había invertido en una de las empresas que se habían
creado para canalizar estos fondos 39 millones de euros, estando pendientes de desembolso 2,1 millones registrados en el pasivo de su balance. Por otra parte, esta inversión se encontraba provisionada en 0,5 millones de euros.
Esta es la información disponible a la clausura de la fiscalización, pero tengo que añadir algo más. En estos momentos, y por lo que se refiere a la fuerte dispersión de las entidades de las que han hablado todos los portavoces, se está
llevando a cabo una nueva fiscalización en el Tribunal de Cuentas, de carácter horizontal, que evalúa la organización y las distintas entidades participantes, y creo que el resultado de esa fiscalización, debido a lo que sabemos del trabajo de campo
realizado por los auditores encargados, nos llevará a unos resultados positivos que permitan afianzar y potenciar la labor del CDTI en los términos que aquí se han señalado.
En cuanto a la valoración del control, repito que en el informe se describen los procedimientos, y no puedo añadir nada más que lo que en el informe se señala.
Se me ha preguntado también sobre si se han alcanzado los objetivos del CENIT. Ya lo he contestado. El plazo concluía a finales del 2010 y, por lo tanto, no puedo disponer de información más allá de lo que ya les he expuesto.
En relación con las propuestas de mejora, convendría tener en cuenta que a partir del 2008, es decir, dos años después del período a que este informe se refiere, el marco normativo ha cambiado y es de aplicación plena la normativa europea.
Por lo que se refiere a las palabras de la señora Riera, coincido plenamente con la valoración que hace de la labor del CDTI y la importancia que tiene. El I+D+i es un elemento fundamental para el desarrollo y, por lo tanto, para que la
economía y todo lo que se refiere al bienestar de los ciudadanos consiga unas cuotas de alta estima.
La nueva actividad del centro se va canalizando hacia los grandes proyectos de trascendencia internacional. Efectivamente, cambió de dirección entre julio y agosto del 2010, hay nuevos proyectos de gestión a través de la agencia, y entiendo
-claro está que yo no puedo meterme en cuestiones políticas, ni mucho menos- que estos cambios llevarán el propósito de mejorar, como es natural, la gestión y las conveniencias que al Gobierno le correspondan en cuanto a cuidar del CDTI.
Compartir los planteamientos y preocupaciones para que la actividad tenga la necesaria prioridad y apoyo es, repito, absolutamente natural y fácil, y así lo hago.
En cuanto al proyecto CENIT, por el que me preguntaba el señor Tuñón, ya he dicho lo que tenía que decir
sobre el manual de procedimiento. Según la información disponible, repito que parece que se ha elaborado, si bien no ha sido todavía analizado por nosotros.
Con respecto a la señora Fernández, coincido, como es natural, en los aspectos positivos que ha subrayado sobre la gestión del CDTI en los años a los que el informe se refiere.
En cuanto a la depuración de proyectos, efectivamente, es absolutamente necesario para clarificar todo lo que se refiere a la situación actual.
Hay algunos que son muy antiguos, y el señor Tuñón decía que no podía haber ninguno con más de
quince años. Los que hay están señalados en el informe, e incluso en mi primera exposición me he referido a ellos.
Y por lo que guarda relación con el manual del CENIT, ha sido posterior al informe, y no tengo más que añadir a la valoración que su señoría ha hecho de él.
Muchas gracias a todos por el interés que han puesto en el análisis de nuestro trabajo y por su agradecimiento, que yo trasladaré, como es natural, al Pleno del Tribunal de Cuentas que se celebrará el próximo jueves a las diez de la mañana.
La señora PRESIDENTA: Gracias de nuevo, señor Núñez.
- MOCIÓN SOBRE LA NECESIDAD DE EVITAR LOS RIESGOS DE QUE LOS TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS CONTRATADAS POR LA ADMINISTRACIÓN, POR LAS CONDICIONES EN QUE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD CONTRATADA, SE CONVIERTAN EN PERSONAL LABORAL DE
LA ADMINISTRACIÓN EN VIRTUD DE SENTENCIAS JUDICIALES. (Número de expediente del Senado 773/000005 y número de expediente del Congreso 251/000077).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto tercero del orden del día. Se trata de una moción aprobada por el Pleno del Tribunal de Cuentas sobre la necesidad de evitar los riesgos de que los trabajadores de las empresas de servicios
contratadas por la Administración, por las condiciones en que se desarrolla la actividad contratada, se conviertan en personal laboral de la Administración en virtud de sentencias judiciales.
Voy a darle de nuevo la palabra al presidente del tribunal para que nos presente el acuerdo sobre la moción que allí se ha tramitado.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): Muchas gracias.
Además de los informes de fiscalización, como saben sus señorías, el tribunal presenta, a través de la comisión mixta en la que estamos, que es la que nos acoge, mociones sobre distintas cuestiones. Algunas han tenido una acogida favorable
y han propiciado modificaciones en el ordenamiento jurídico, lo que nos llena de satisfacción y nos invita a seguir trabajando en esta línea. Y es que, efectivamente, los informes de fiscalización descubren a veces no ya zonas de impunidad en el
ordenamiento jurídico que permiten irregularidades, sino incluso zonas en donde los procedimientos puedan ser corregidos, y en ese sentido facilitan la gestión y, por lo tanto, contribuyen a la eficacia y a la eficiencia en la gestión del sector
público.
Esta moción nace de esa reflexión y trata de la necesidad de evitar los riesgos de que los trabajadores de las empresas de servicios contratados por la Administración, por las condiciones en que se desarrolla la actividad contratada, se
conviertan en personal laboral de la Administración contratante en virtud de sentencias judiciales, moción que fue aprobada por el Pleno del tribunal en su reunión del 26 de febrero de 2009.
La elaboración de esta moción, confeccionada a iniciativa del propio tribunal, está fundamentada en lo previsto en el artículo 28 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas y otras referencias normativas concordantes que prevén,
repito, la elevación a las Cortes Generales de cuantas mociones considere convenientes.
La presente moción, que viene a agregarse a otras ya formuladas por el tribunal -aunque ya lo he mencionado, lo quiero repetir-, deriva de actuaciones fiscalizadoras efectuadas con anterioridad y que pusieron de manifiesto ciertas prácticas
que debieran atajarse a la mayor brevedad, a fin de evitar distorsiones en la selección del personal al servicio de la Administración y efectuar una adecuada gestión contractual de los servicios públicos.
En el desarrollo de las fiscalizaciones llevadas a cabo por el Tribunal de Cuentas en diversos organismos dependientes de la Administración General del Estado, se había puesto de manifiesto que, en ocasiones, la contratación de empresas para
la realización de trabajos o servicios había dado lugar a demandas de su personal, que concluyeron con la emisión de la correspondiente sentencia judicial, en cuya virtud adquirieron la condición de trabajadores de los correspondientes organismos.
En otras ocasiones, aun cuando no han llegado a plantearse reclamaciones judiciales, la situación de riesgo ha existido y, por tanto, deben adoptarse las oportunas medidas para evitarlo.
Como situaciones más significativas, de entre las detectadas, quiero recordar las siguientes: en primer lugar, la incorporación a la Oficina Española de Patentes y Marcas, en el ejercicio 2002, de 82 trabajadores, y de otros 20, en el año
2003, como consecuencia del cumplimiento y ejecución de diversas sentencias judiciales, cuyo fundamento de derecho se basó en la cesión ilegal de trabajadores, según se contempla en el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores.
En segundo lugar, en el Fondo Español de Garantía Agraria, FEGA, ejercicio 2005, 19 personas, que en ese año estaban prestando los servicios de grabación contratados, interpusieron demandas ante los Juzgados de lo Social de Madrid. Las
sentencias dictadas por los Juzgados
de lo Social estimaron las pretensiones de los trabajadores y fueron confirmadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en los recursos de suplicación interpuestos por el FEGA.
En tercer lugar, en el ámbito de la Seguridad Social se han advertido situaciones similares a las descritas, según ha puesto de manifiesto en diversos informes de fiscalización, si bien no consta que hayan desembocado en demandas laborales.
En vista de los hechos expuestos, la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas adoptó la correspondiente resolución parlamentaria, recomendando a los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales y de Sanidad y Consumo
incrementar sus plantillas de personal con cualificación informática y limitar la contratación externa. Ese es el mandato de ustedes.
Asimismo, en los sucesivos informes de fiscalización de la contratación celebrada por las entidades del sector público estatal sometidas a los procedimientos de contratación establecidos en la legislación de contratos de las administraciones
públicas, se ha venido señalando la falta de una adecuada justificación de determinados contratos de consultoría y asistencia y de servicios, cuya celebración debería estar restringida a los supuestos de acreditada insuficiencia de medios. En el
informe hoy presentado sobre AESA, al que al principio nos hemos referido, se recogen, como habrán podido comprobar, situaciones similares.
¿Qué consideraciones sobre la situación descrita, con especial referencia a las soluciones aportadas por la jurisprudencia, podemos hacer? En primer lugar, el Tribunal de Cuentas ha tenido presentes en el análisis de la situación las
exigencias de la Constitución española, que, en su artículo 103.2, dispone que la ley regulará el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, así como el desarrollo de este precepto en la legislación
funcionarial. Asimismo, ha tenido en cuenta la legislación laboral, en particular el artículo 43 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, que aprobó el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en la redacción vigente
en la época en que se llevaron a cabo las actuaciones fiscalizadoras antes citadas, que reconocía el derecho de los trabajadores a adquirir la condición de fijos, a su elección, en la empresa cedente o en la cesionaria, en el caso de que hubieran
estado sometidos a tráfico prohibido.
En vista de los preceptos mencionados, la discordancia entre el ordenamiento administrativo y el ordenamiento laboral resulta patente. En efecto, a tenor de lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores, la cesión ilegal de los
trabajadores, cuando la Administración ocupa la posición de cesionaria, podría dar lugar a la adquisición de la condición de fijo por el trabajador sometido al tráfico prohibido. Sin embargo, la aplicación de este precepto daría lugar a un
resultado prohibido por el ordenamiento administrativo, al vulnerar las previsiones sobre el acceso al empleo público, sometido, repito, a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
La solución dada por la jurisprudencia a la situación de conflicto indicada ha sido la de atribuir a los contratos de los trabajadores que han demandado a la Administración la condición de indefinidos, aunque sin adquirir la de fijos de
plantilla. La diferencia entre ambas situaciones la expresó en los siguientes términos el Tribunal Supremo en una sentencia de 20 de enero de 1998, uno de cuyos apartados voy a reproducir literalmente: El carácter indefinido del contrato implica
desde una perspectiva temporal que éste no está sometido, directa o indirectamente, a un término. Pero esto no supone que el trabajador consolide, sin superar los procedimientos de selección, una condición de fijeza en plantilla que no sería
compatible con las normas legales sobre selección de personal fijo en las administraciones públicas. En virtud de estas normas, el organismo afectado no puede atribuir la pretendida fijeza en plantilla con una adscripción definida del puesto de
trabajo sino que, por el contrario, está obligado a adoptar las medidas necesarias para la provisión regular del mismo y, producida esa provisión en la forma legalmente procedente, existirá una causa lícita para extinguir el contrato.
Para el Tribunal de Cuentas, la discordancia de los ordenamientos administrativo y laboral en el aspecto analizado debe conducir a que se instrumente la solución a través de la cobertura de los puestos de trabajo mediante los medios de
provisión regulados en las normas administrativas, previa modificación de las relaciones de puestos de trabajo, si fuera necesario.
Desde la otra perspectiva, la de los contratos que se suscriben con las empresas que suministran el personal, la situación es igualmente inadmisible. Los contratos de consultoría y asistencia y de los de servicios, regulados en el Título IV
del derogado texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, tienen un objeto y un contenido propio, y utilizarlos en situaciones como las expuestas supone objetivamente emplearlos en fines que no son los perseguidos por el
ordenamiento jurídico. El riesgo de un empleo inadecuado de esta modalidad contractual no es desconocido por el legislador. La Ley de Contratos del Sector Público expresamente establece literalmente en su artículo 277.4 lo siguiente: '4. A la
extinción de los contratos de servicios, no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal del ente, organismo o entidad del sector público contratante'.
Propuestas. En la moción se recogen las siguientes: Primero. Que se evite, tanto por los órganos gestores del personal como por los responsables de la gestión de los servicios, el recurso a la contratación de servicios externos para
suplir la carencia de medios personales, cuando se trate de hacer frente a necesidades permanentes de personal, relacionadas con el ejercicio de las competencias que la entidad tenga atribuidas.
Segundo. Que por los órganos directivos de la función pública se valoren todas las circunstancias concurrentes en las solicitudes de modificación de las relaciones de puestos de trabajo, de manera que para evitar incrementos de personal no
se incurra en contratos que encubran una cesión ilegal de mano de obra.
Tercero. Que el control de incremento de efectivos de la Administración se fundamente en análisis comparativos de las necesidades de los distintos servicios, a fin de que las restricciones se produzcan allí donde aquellos sean menores y no
allí donde vengan exigidos por tareas cuya realización sea ineludible.
Cuarto. Que en los pliegos de prescripciones técnicas, así como en los de cláusulas administrativas particulares, de los contratos de servicios y de los que se celebren, en su caso, con empresas de trabajo temporal, se determinen con
precisión las prestaciones a realizar, de manera que se evite el riesgo de consolidación como personal del organismo contratante el procedente de las citadas empresas. Con la misma finalidad, debería cuidarse también que su ejecución no se desvíe
de lo pactado, así como el cumplimiento de los plazos de duración.
Quinto. Que los responsables de la gestión de los servicios para cuya ejecución se recurre a la contratación externa se abstengan de realizar, durante la ejecución de los contratos, acto alguno que, conforme a la interpretación que viene
realizándose en sede judicial, pueda conducir al reconocimiento de una situación de cesión ilegal, con las consecuencias que se anudan a este reconocimiento. En especial, deberán respetar, durante dicha ejecución, el poder de dirección que
corresponde al empresario, absteniéndose de asumir funciones directivas, sin perjuicio de las facultades que la legislación de contratos del sector público reconoce al órgano de contratación en orden a la ejecución de los contratos.
Sexto. Que la cobertura de puestos de trabajo con carácter indefinido, como consecuencia de las irregularidades en la contratación y de las consiguientes sentencias, desemboque en su amortización o en la provisión con arreglo a los
principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, en función de las necesidades de la Administración.
Y, séptimo, que en la aplicación de las medidas que se adopten, se delimiten las responsabilidades de los distintos órganos con intervención en los procedimientos, exigiéndose las que procedan en caso de incumplimiento.
Señorías, esta es la moción que el Tribunal de Cuentas trae a esta comisión mixta para que sean ustedes quienes la valoren y entiendan si debe o no seguir el trámite adecuado para que tenga su influencia en la modificación del ordenamiento
jurídico.
Muchas gracias, señora presidenta, señorías.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presidente.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Senado tiene la palabra la senadora Angulo.
La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en primer lugar quiero agradecerle al presidente del Tribunal de Cuentas su presencia en esta comisión, así como felicitarle, haciendo extensiva nuestra felicitación al Pleno del tribunal, por la moción que nos proponen hoy para su
aprobación.
El Grupo Parlamentario Popular entiende que esta es una moción necesaria y oportuna puesto que el tribunal, en el ejercicio de una función importante, como muy bien decía el presidente, formula propuestas concretas para establecer nuevas
prácticas o, como en este caso, para modificar el ordenamiento jurídico al objeto de corregir las deficiencias o, como dice el informe, las distorsiones que se hayan podido detectar en el ejercicio de sus funciones de fiscalización. Y tan
importante o más que la denuncia de situaciones o, como en este caso, de prácticas en la gestión pública que deben ser corregidas es la formulación de propuestas concretas para atajarlas. En este sentido le agradecemos al tribunal y al presidente
que nos presenten esta moción.
Como decía, es una moción importante puesto que nos propone una serie de medidas encaminadas a garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública evitando cualquier riesgo de que un uso inadecuado del
derecho laboral en la prestación de determinados servicios por empresas contratadas por la Administración pueda derivar en sentencias judiciales que obliguen a la Administración o al organismo público correspondiente a incorporar al personal de
dichas empresas. Todas ellas son medidas tendentes a evitar que, tratando de impedir incrementos de personal, se incurra en el riesgo de consolidar el personal procedente de esas empresas contratadas, consolidación que se ha venido produciendo en
los casos fiscalizados por el tribunal por sentencias judiciales y sin los procedimientos establecidos para la selección de personal por parte de los organismos públicos y, por tanto, sin garantías de los principios que, por mandato constitucional,
deben regir en dicha selección, y en general, en el acceso a la función pública.
A nuestro juicio no cabe admitir ninguna explicación, y menos justificación, en las actuaciones en relación con el objeto de esta moción, actuaciones que, como ha señalado el presidente, ya fueron objeto de fiscalización por el Tribunal de
Cuentas y fueron también analizadas en esta comisión mixta, habiéndose adoptado, además, alguna resolución en el mismo sentido que las que figuran en la moción que hoy nos propone el tribunal.
Por tanto, si queremos evitar que se produzcan resoluciones judiciales como las referidas en el informe, y que esas resoluciones se conviertan en una vía inadecuada e indirecta para acceder a la función pública, es necesario garantizar que
la Administración solo recurre a la contratación de servicios externos para cubrir unas necesidades estrictamente justificadas y unos objetivos determinados, y en todo caso nunca para hacer frente a necesidades permanentes de personal. Hoy mismo,
en
uno de los informes debatidos anteriormente, se traía el ejemplo de TRAGSA, una empresa pública que, directamente o a través de sus empresas filiales, está desarrollando actividades en muchas áreas que seguramente podría y debería
realizarlas -sería lo más adecuado- personal funcionario.
Esta moción nos permite reflexionar sobre una cuestión de actualidad, la organización y dimensión de nuestras diferentes administraciones, reflexión necesaria y sobre la que el presidente del Partido Popular llamaba la atención recientemente
al proponer una poda en las administraciones en aras de la austeridad y de la eficiencia, evitando así la duplicidad de funciones y servicios y evitando también la distribución irregular de efectivos, lo que puede determinar excedentes en unos
servicios y carencias en otros. Entendemos que mucho antes que recurrir a otro tipo de recortes, en una situación de restricciones presupuestarias es necesario plantearse con extremo rigor estas situaciones y efectuar un análisis exhaustivo sobre
el crecimiento de efectivos que también los medios de comunicación han recogido en sus informaciones, un crecimiento que, sin justificar en muchos casos, se está produciendo incluso cuando se están imponiendo nuevos recortes e incluso reducciones
salariales.
Termino, señora presidenta. El tribunal ha puesto de manifiesto en su informe y en la documentación que acompaña y justifica esta moción actuaciones de gestores públicos que se han producido sin el debido rigor en la contratación y que han
derivado en distorsiones en las obligadas incorporaciones de personal a la Administración Pública. En este sentido entendemos que es necesario exigir el debido rigor y el cumplimiento estricto de la normativa vigente y velar, en todos los extremos
recogidos en las propuestas que formula el tribunal en su moción, por que en todo acceso a la función pública se garanticen los principios de igualdad, mérito y capacidad, máxime cuando las dificultades para acceder al empleo son extremas, como
ocurre en la actual situación que vivimos en España.
Finalmente quiero reiterar mi felicitación al tribunal señalando que las propuestas que presentará nuestro grupo parlamentario estarán en clara sintonía con las que hace el tribunal en su moción.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias a usted, señora Angulo.
Tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor presidente, señorías, no cabe duda de que la moción que hoy se presenta ante la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas versa sobre un tema especialmente trascendente: la contratación de personal por parte de la
Administración.
En el texto de la moción el tribunal recoge -de manera exhaustiva, a nuestro entender- cómo en diferentes ocasiones -las que había denunciado el órgano fiscalizador-, en diversos organismos de la Administración General del Estado la
contratación de empresas para la realización de trabajos o servicios ha dado lugar a demandas de su personal que se han traducido en sentencias judiciales, declarando la cesión ilegal de trabajadores, en virtud de las cuales dicho personal ha
adquirido la condición de trabajadores fijos de los correspondientes organismos. En otras ocasiones, sin existir tales resoluciones judiciales, la situación de riesgo también se ha producido, por lo que deben adoptarse, a nuestro entender, las
medidas oportunas para evitarlo.
Toda esta problemática tiene como causa la discordancia -como ha hecho referencia el presidente del tribunal- entre el ordenamiento administrativo y el ordenamiento laboral, atendiendo a los fines que cada uno de ellos persigue. Mientras
según la normativa laboral la cesión ilegal de trabajadores cuando la Administración ocupa la posición de cesionaria puede dar lugar a la adquisición por el trabajador de la condición de fijo, la aplicación de esta solución da lugar a un resultado
prohibido por la normativa administrativa; normativa que contempla que el acceso al empleo público debe estar sometido a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Conflictos de este tipo se han dado en repetidas ocasiones ante
los tribunales de Justicia, de forma que estos han ido desarrollando jurisprudencia al respecto, en la que su última línea doctrinal establece que los trabajadores objeto de cesión ilegal se considerarán vinculados a la Administración por un
contrato de trabajo por tiempo indefinido, pero sin que ello conlleve la condición de fijo en plantilla.
Yendo más allá, en los orígenes de esta problemática también descubrimos que el punto de partida de todas las situaciones problemáticas es una actuación de la Administración -entendemos- no adecuada a la ley, de tal manera que los tribunales
se ven obligados a dar respuesta conforme a Derecho a una situación no acomodada a la legislación y generada por la Administración.
Y es evidente que este tipo de ilegalidades en el ámbito administrativo son inadmisibles, máxime cuando tienen que ver con la contratación de personal, un tema que los poderes públicos deberían y deben abordar con especial diligencia.
Por tanto, el grupo parlamentario que represento reclama que la Administración General del Estado proceda a la adopción de las medidas que sean necesarias a fin de evitar que se produzcan situaciones en las que el personal de empresas
contratadas para la prestación de determinados trabajos o servicios se conviertan en trabajadores de la Administración, vulnerando así los principios de acceso al empleo público.
En la moción se manifiesta que el remedio para situaciones de necesidad de contratar personal con carácter temporal no puede ser otro que el de recurrir a empresas de trabajo temporal dentro de las limitaciones establecidas
en la Ley de Contratos del Sector Público. Seguidamente se señala que, en la actualidad, el recurso a estas empresas no es posible por la renuncia a su utilización pactada en el vigente convenio colectivo único para el personal laboral de
la Administración General del Estado.
A este respecto, señor presidente, nos gustaría recabar su opinión acerca de la viabilidad de modificar esta normativa para permitir el acceso a ETT como recurso para la contratación de personal.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Riera.
Tiene la palabra el señor Tuñón.
El señor TUÑÓN SAN MARTÍN: Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quiero felicitar al tribunal. Ha sido una sorpresa este tipo de mociones pues, aunque tenía conocimiento, en este período no había estado presente en ninguna moción y me parece que son absolutamente oportunas, no solamente
porque, como se señala, ciertas prácticas deben ser atajadas a la mayor brevedad posible, sino también por el mismo contenido.
Y querría resaltar que esta moción de carácter técnico-jurídico es muy importante en el fondo, y hay tres aspectos que me gustaría destacar. En primer lugar, porque se refiere a actuaciones que se han puesto de manifiesto en el año 2005 y
que corresponden al ejercicio del año 2002, que fue el aviso más importante, según lo que dice el tribunal. En el año 2002, 82 trabajadores se incorporaron en este caso a la Oficina Española de Patentes y Marcas, y en el año 2003, otros 20 a este
mismo organismo.
Es decir, que estamos hablando de un problema antiguo, y desde la presentación de esta moción, que es del año 2009, han pasado 4 años desde que se puso de manifiesto este informe y no se han tomado medidas.
En segundo lugar, porque existe una normativa, que es precisamente la Ley de contratos, que de alguna forma ampara esta situación para que estas cosas no se produzcan, y porque ha habido informes de fiscalización y propuestas que se han
hecho por esta comisión en este mismo sentido. En tercer lugar -aspecto que me parece muy importante-, que este tema es conocido por la Administración, no solamente por los informes, sino porque los mismos informes de Intervención parece que así lo
dicen.
Estas propuestas, que suscribo en su totalidad -en este caso no hay ninguna matización que hacer-, me da la sensación de que inciden más en las prácticas de la Administración que en reformas legislativas; es decir, existen normativas y
procedimientos para que no se produzcan estos hechos, pero seguramente habrá que corregir prácticas de la Administración para que en este caso esto no vuelva a suceder. Por eso digo que va más dirigida fundamentalmente a la Administración, a la
Intervención del Estado y a los diferentes organismos que al Legislativo.
Finalmente, quisiera hacer una breve valoración. Esta moción no tiene nada que ver con el recorte de los empleados públicos; esta moción tiene que ver con una mayor productividad y eficiencia en la organización y gestión de los recursos
humanos de la Administración. No confundamos las cosas.
En este momento estamos hablando de cómo utilizar estos recursos, cómo utilizarlos mejor y, en este caso, que no hay que recurrir a los contratos de asistencia técnica cuando puede ser hecho
por la misma Administración; pero no estamos hablando del recorte de empleados públicos, extremo que es muy importante resaltar.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Tuñón.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor De la Rocha.
El señor DE LA ROCHA RUBÍ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor presidente del Tribunal de Cuentas, también en nombre de mi grupo quiero manifestar la satisfacción y el agradecimiento por la preocupación que el Tribunal de Cuentas ha mostrado en esta moción, sin duda una iniciativa singular, una
iniciativa que no se prodiga en demasía pero que está en la ley del funcionamiento del propio tribunal; preocupación del Tribunal en el análisis de un problema, en su diagnóstico y también en las propuestas que hace.
Yo quisiera hacer algunas reflexiones y observaciones complementarias que quizás puedan permitirnos en su momento a los distintos grupos formalizar de una manera más completa lo que pueda ser la moción definitiva que aquí se apruebe.
Porque lo que el Tribunal muestra es un problema no tanto de las administraciones directamente como de entidades y organismos públicos dotados de una mayor autonomía que utilizan la vía de la contratación de servicios -lo digo de una manera
más normal- en las administraciones a través del capítulo II cuando tienen restricciones presupuestarias en el capítulo I; organismos cuyos gestores creen que necesitan ampliar plantillas o utilizar personal para determinadas funciones, muchas
veces imprescindibles, otras veces más discutibles, y que en momentos de restricción presupuestaria -los casos que la moción recoge así lo señalan- facilitan o se corre más riesgo de que se utilicen estas vías no previstas por el legislador. Y,
efectivamente, la moción muestra bien cómo se produce una contradicción entre dos normativas que responden a dos tipos de intereses: el Derecho del trabajo, que busca la protección del trabajador, que es utilizado de forma fraudulenta por un
empresario que lo cede a otro a través de la figura que el presidente del Tribunal nos acaba de recordar aquí de la cesión ilegal de trabajadores; y, al mismo tiempo, el Derecho administrativo,
y no solo el Derecho administrativo, sino también el artículo 103 de la Constitución, que garantiza intereses generales, como el derecho de todos los ciudadanos de acceder al empleo público en condiciones de igualdad y, por tanto, bajo los
principios de igualdad, mérito y capacidad y publicidad. Son estos dos elementos los que aquí están en juego.
La moción señala en su redacción, en su argumentario, y usted lo ha hecho en su intervención cómo el Tribunal Supremo ha buscado una solución intermedia, en una sentencia muy importante de sala general que usted ha recordado. Una solución
que aquí se ha dicho que consolida plantillas, pero que no consolida exactamente plantillas; no hace fijos a los trabajadores, como ocurre en el ámbito laboral, sino que recoge una categoría nueva, que la doctrina laboral en su momento vio con
cierto asombro: la de los trabajadores en situación indefinida, pero que responde más a una situación de interinidad. Lo que viene a decir el Tribunal Supremo es: estas personas seguirán cumpliendo esa tarea, pero el organismo tiene la obligación
de regular su plantilla, de modificar su relación de puestos de trabajo, de hacer una convocatoria bajo los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, y la persona que está en ese momento ocupando esa plaza con carácter indefinido
-porque no hay una fecha de término fija, pero se sabe que será la de cuando se cubra la plaza- si saca esa plaza se queda allí y, si no la saca, habrá una causa -como ha dicho usted muy bien- legal, lícita, de extinción de su contrato. Por tanto,
no estamos exactamente ante una consolidación de plantillas, pero sí estamos ante una vulneración de esos principios generales que mencionaban, y ante una utilización anómala de un contrato, en algún caso fraudulenta, por parte de entidades y
organismos.
Yo quería hacer algunas observaciones más, aunque algunas ya se han hecho.
La primera es que esta moción se refiere fundamentalmente a hechos de cierta antigüedad; el más grave, como acaba de señalar el senador Tuñón, uno de los años
2002-2003, que afecta a 102 trabajadores, en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Aunque es verdad -y lo ha señalado usted- que sigue habiendo algunos supuestos, algunos casos, en que se producen fenómenos parecidos.
La segunda reflexión tiene que ver con la Administración Local. La moción del Tribunal se refiere a la Administración General del Estado, no afecta ni directa ni indirectamente en su expresión ni a la Administración Autonómica ni a la
Administración Local. Mi grupo siente cierta preocupación porque cree que en la Administración Local se pueden estar produciendo dos fenómenos, también anómalos: uno, el encadenamiento de contratos temporales, probablemente con trabajadores que
son fijos según la legislación laboral; y por otra parte, la contratación o la subcontratación de servicios para funciones que no son competencia estricta de los ayuntamientos, para las que no tienen presupuestos estables, sino más bien
subvenciones de administraciones autonómicas, y para los que utilizan estas vías, probablemente también con irregularidades semejantes a la que la moción del Tribunal de Cuentas señala.
La tercera reflexión que quiero hacer es que no es cierto que la Administración General del Estado esté con las manos quietas, que no haya hecho nada, porque, desde los informes que pusieron de manifiesto aquellas irregularidades la
Administración General del Estado algo ha avanzado. Quiero hacer referencia aquí a una instrucción conjunta de los ministerios de Presidencia y de Economía y Hacienda, de 15 de noviembre de 2007, que si bien de forma más directa se refiere al
encadenamiento de contratos temporales, por extensión se refiere también a esta otra vía de utilización de contratos de servicios para, en definitiva, hacer cesión ilegal de trabajadores que puedan ser al final, por una sentencia judicial, de
plantilla, aunque no consoliden un puesto de trabajo.
Mi última reflexión tiene que ver con algo que figura en el informe, que ha mencionado la portavoz de Convergència i Unió y que en su edición pública usted no ha comentado, que es esa no propuesta explícita, pero sí previa, esa frase que
dice la moción del Tribunal de que el remedio para situaciones de necesidad de contratar personal con carácter temporal no puede ser otro sino el de recurrir a empresas de trabajo temporal, aunque usted señala bien que hay ciertas limitaciones
actuales. Mi grupo tiene ciertas dudas de que esta sea la solución más adecuada; puede serlo para situaciones concretas, pero quizá no con una proyección universal, porque puede significar una extensión de la precariedad y el no cumplimiento de
algunas de las propuestas que hace el Tribunal y que, para terminar, quiero poner en valor: una, que se evite el recurso a este tipo de contratación; dos, que se acuda a la modificación de las relaciones de puestos de trabajo; que cuando haga
falta personal complementario al que ya existe para actividades estables y necesarias, no se busquen subterfugios por una vía o por otra -y las empresas de trabajo temporal pueden serlo en algunos casos-, sino que se acuda a las modificaciones de
las RPT, de las relaciones de puestos de trabajo, para su cobertura -se señala acertadamente- mediante convocatorias públicas bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad. Desde luego, a esas propuestas mi grupo se suma y, en su momento,
haremos los ajustes y propuestas complementarias que consideremos.
Termino con una reflexión que hago mía y que comparto: la que ha hecho el señor Tuñón, frente a la intervención de la senadora del Grupo Popular.
Aquí no estamos ante una necesidad de austeridad; sí de eficiencia, no de austeridad. Aquí
no estamos ante una propuesta que busque recortar plantillas, que pueda significar un deterioro de servicios públicos. Mi grupo no va a estar por el deterioro de los servicios públicos. Aquí estamos a favor de que los organismos -fundamentalmente
los organismos públicos, las entidades públicas y también la Administración cuando incurra en ello- actúen compatibilizando el derecho de los trabajadores
con el interés general, de tal manera que las contrataciones que se realizan se hagan mediante convocatorias públicas, bajo esos principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
Nada más y gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias a usted, señor De la Rocha.
Le vuelvo a dar la palabra al presidente del Tribunal para que dé respuesta a los planteamientos que han hecho los grupos parlamentarios.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): Muchas gracias, señora presidenta, señorías.
Muchas gracias otra vez por la favorable acogida que ha tenido esta iniciativa del Tribunal de Cuentas; esta moción, que la señora Angulo ha calificado de necesaria y oportuna, la señora Riera de trascendente y exhaustiva, y el señor Tuñón
de útil, que, efectivamente, pone en cuestión los problemas que la aplicación de la confluencia de las dos legislaciones, la laboral y la administrativa, nos ha planteado. También agradezco, como es natural, las consideraciones que ha hecho el
señor De la Rocha y sus reflexiones complementarias, las cuatro observaciones que ha señalado, así como todas las demás que han hecho los demás grupos.
Tengo que empezar diciendo que la moción ha sido aprobada por el Pleno del Tribunal de Cuentas, que la traslada a esta comisión mixta para que ella, a su vez, la ponga en juego ante el Poder Legislativo; para que le dé el juego y la marcha
que entienda que debe dársele, pero la aprobación de la moción ya está hecha por el Tribunal de Cuentas. Es la que está aquí la que nosotros hemos presentado, con el ánimo de recoger, como hemos recogido, con toda atención, las observaciones y
sugerencias que nos hagan y que yo trasladaré al Pleno. La herramienta que el Tribunal de Cuentas presenta aquí es una moción que abre el camino a la reforma del ordenamiento jurídico.
Entendido esto así, que yo creo que era un tema que había que precisar, yo no tengo más que agradecer, repito, las observaciones que me han hecho porque no puedo responder a todas, ni mucho menos; las acepto y las asumo. Y asumo, sobre
todo, un dato importante: esta moción no tiene como elemento básico o leitmotiv el recorte del número de funcionarios en las administraciones; es posible que sea necesario hacerlo, pero en este caso concreto lo que preocupa y da vida a la moción
es justamente la mejor utilización de los recursos humanos de la Administración. Ese es el leitmotiv que han puesto también de relieve sus señorías.
La Administración sí ha hecho algo, y voy a mencionar una actuación de última hora. Aparte de la instrucción de 2007 -a la que hacía referencia el señor de la Rocha- entre Presidencia y Economía, se ha aprobado la Ley 35/2010, de 17 de
septiembre, de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado de Trabajo, que ha incorporado diferentes novedades, algunas de las cuales han afectado al contenido de la moción. En relación con el trabajo de carácter temporal, por ejemplo, en la
moción se señalaba que el remedio para contratar personal con carácter temporal era recurrir a las empresas de trabajo temporal, pero esta opción estaba prohibida en la Ley de Contratos del Sector Público, salvo para determinadas actuaciones.
Sin
embargo, en la nueva ley, en la de 2010, se ha suprimido con efectos del 1 de abril de 2011 la prohibición prevista en la Ley de Contratos del Sector Público de celebrar contratos de servicio con empresas de carácter temporal. Así, el Gobierno
deberá establecer los criterios funcionales para aplicar la nueva regulación en el ámbito de las administraciones públicas, previa negociación de la mesa de negociación.
En relación con los puestos de trabajo con carácter indefinido, como consecuencia de determinadas sentencias, en la moción se proponía su amortización o que se proveyesen con arreglo a los principios de igualdad, mérito, capacidad y
publicidad; y la nueva ley da nueva redacción a la disposición adicional quince del estatuto, determinando que el trabajador continuará desempeñando su puesto hasta su provisión, aplicando los principios mencionados, momento en el que se produciría
la extinción de la relación laboral, salvo que el mencionado trabajador hubiera superado el correspondiente proceso selectivo.
Por lo que se refiere a la duración máxima del contrato por obra o servicio determinado, se indica que no es de aplicación a los contratos de las administraciones públicas. Y, en cuanto a la concatenación de contratos, queda restringida al
ámbito de cada administración. Por tanto, está muy bien su observación y su recuerdo de lo que ocurre en la Administración Local.
Como ven, y hay que reconocerlo, alguna de las preocupaciones plasmadas en la moción se ha tratado de resolver a través de una legislación nueva, de una legislación tan reciente como que su aprobación se plasma en la Ley de 17 de septiembre
de 2010, que he querido traer aquí y que no la he puesto antes sobre la mesa porque está en la línea de lo que ha aprobado el Poder Legislativo, que a nosotros nos congratula. Faltan muchas cosas, porque no se da respuesta a las siete propuestas
que la moción del Tribunal de Cuentas contiene y, por ello, he de decir que hay que seguir manteniéndolas porque no solamente ocurren estas cosas en organismos autónomos o entes de determinada naturaleza, sino en todos los casos observados, como en
los ejemplos que hemos traído a esta Cámara para reforzar nuestra moción; así, también se han dado casos en las administraciones generales, con independencia de que no formen parte de los ejemplos aportados en la moción. En este sentido, me remito
a otros informes que hemos presentado, en los que estos supuestos han quedado expuestos con datos y cifras, que muestran que en todas las administraciones -la Administración General del Estado, Administración institucional, Administración Autonómica
y Administración Local- cuecen habas de esta naturaleza. Y para todos sirve esta moción,
con independencia de que nuestras propuestas sean objeto de una ley básica -que no sé si les gustaría a todas las autonomías- o que sencillamente se recoja su espíritu y lo que se propone en todos los parlamentos, con el ámbito
correspondiente de la normativa. Quizá sería mejor que se recogieran con carácter general y básico las normas que se pueden derivar de esta moción, que repito que no tiene más mérito ni más intención o propósito que el que ustedes ponían de
relieve: que la eficacia y la eficiencia de la Administración adquiera cotas cada vez mayores, por el procedimiento de la mejor utilización de los recursos humanos.
Muchas gracias, señorías.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.
Concluido el debate de la primera parte del orden del día, vamos a hacer una pausa de un par de minutos para despedir al señor presidente del Tribunal de Cuentas. (Pausa.)
DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. (Número de expediente del Senado 771/000068 y Número de expediente del Congreso 251/000069).
La señora PRESIDENTA: Señorías, los portavoces han hecho llegar a la Presidencia de la comisión un acuerdo sobre las propuestas de resolución relativas a los puntos restantes del orden del día.
El punto cuarto del orden del día, es el debate y votación de las propuestas de resolución del Informe de fiscalización del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Los grupos que habían elaborado las propuestas de
resolución -el Grupo Mixto, el Grupo Popular, el Grupo Socialista y Convergència i Unió- han alcanzado un acuerdo. Por tanto, vamos a proceder a la votación.
Efectuada la votación, fueron aprobadas por unanimidad.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
- INFORME ANUAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, EJERCICIO 2004. (Número de expediente del Senado 771/000070 y Número de expediente del Congreso 251/000070).
La señora PRESIDENTA: Punto quinto del orden del día: debate y votación de las propuestas de resolución sobre el Informe Anual de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, correspondiente al ejercicio 2004.
Vamos a proceder a la votación.
Efectuada la votación, fueron aprobadas por unanimidad.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN APLICADOS POR LA SOCIEDAD ESTATAL EMPRESA NACIONAL DE INNOVACIÓN, S.A. (ENISA) EN EL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL DURANTE LOS EJERCICIOS 2004 A 2006.
(Número de expediente del
Senado 771/000074 y Número de expediente del Congreso 251/000072).
La señora PRESIDENTA: Punto sexto del orden del día. Propuestas de resolución sobre el Informe de fiscalización de los procedimientos de gestión aplicados por la sociedad Empresa Nacional de Innovación, Sociedad Anónima, ENISA, en el
desarrollo de su objeto social durante los ejercicios 2004-2006.
Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.
La señora PRESIDENTA: Se aprueba por unanimidad.
Sin otro asunto que tratar, se levanta la sesión.
Muchas gracias a todos, señorías.
Eran las trece horas y veinticinco minutos.