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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 42, de 25/02/2009
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2009 IX Legislatura Núm. 42
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA ISABEL POZUELO MEÑO
Sesión núm. 8
celebrada el miércoles, 25 de febrero de 2009
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas (Núñez Pérez) para informar sobre los siguientes extremos:
- Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2006. (Número de expediente del Congreso 250/000003 y número de expediente del Senado 770/000002.) ... (Página 2)
- Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Cuenca, ejercicios 2004 y 2005. (Número de expediente del Congreso 251/000066 y número de expediente del Senado 771/000066.) ... (Página 15)
Debate y votación de las propuestas de resolución:
- Informe de fiscalización de la contratación celebrada por la Tesorería General de la Seguridad Social durante el ejercicio 2005. (Número de expediente del Congreso 251/000037 y número de expediente del Senado 771/000035.) ...
- Informe de fiscalización de la contratación celebrada durante el ejercicio 2005 por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. (Número de expediente del Congreso 251/000042 y número de expediente del Senado 771/000039.) ...
- Informe de fiscalización de la contratación celebrada durante el ejercicio 2005 por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales. (Número de expediente del Congreso 251/000043 y número de expediente del Senado 771/000040.) ...
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (NÚÑEZ PÉREZ), PARA INFORMAR SOBRE LOS SIGUIENTES EXTREMOS:
- DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006. (Número de expediente del Congreso 250/000003 y número de expediente del Senado 770/000002.)
La señora PRESIDENTA: Señor presidente, bienvenido de nuevo a la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas. Vamos a dar comienzo a la sesión de hoy, 25 de febrero de 2009.
Empezamos con la comparecencia del presidente del Tribunal de Cuentas, que nos va a presentar el informe que ha elaborado el pleno, sobre la cuenta general del Estado correspondiente al ejercicio 2006. Quiero comentarle, señor presidente,
que todos los portavoces y todos los miembros de esta Comisión estamos muy satisfechos de que en una fecha tan temprana por primera vez podamos conocer y debatir el informe que se ha elaborado sobre la cuenta general del Estado del ejercicio 2006.
Señor presidente, tiene usted la palabra para hacernos su presentación.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): Señorías, el pleno del Tribunal de Cuentas, en su sesión del 27 de noviembre, aprobó la declaración sobre la cuenta general del Estado de 2006. Antes de abordar su contenido,
estimo oportuno destacar, como ha hecho ya la señora presidenta, que esta cuenta se presenta dentro de los plazos más adecuados a lo que establece la legislación vigente sobre cuándo y cómo debe presentarse la declaración de la cuenta, es decir,
dentro de los plazos legales establecidos. Digo esto porque efectivamente se hace fácil criticar al Tribunal de Cuentas la demora en la presentación de sus informes, que algunas veces se alejan de la realidad, del tiempo en que ocurrieron los
hechos que se fiscalizan. Aquí se puede comprobar que el Tribunal de Cuentas ha hecho su declaración después de que en octubre del año 2007 la Intervención General de la Administración del Estado presentara las cuentas; en el plazo de un año,
cumpliendo a rajatabla los distintos plazos que hay que agotar para hacer esta declaración, se ha presentado la cuenta. Es, por tanto, una satisfacción para el Tribunal de Cuentas que quiero destacar, y el mérito hay que atribuírselo, como es
natural, a los consejeros, al pleno y a todo el personal del Tribunal de Cuentas, que han ido poco a poco adaptando las declaraciones de cuentas en la fecha de presentación a la realidad posible, al tiempo posible después de que la Intervención
General de la Administración del Estado presente al tribunal, como es su obligación, las cuentas. Es de destacar también que este dato sobre los tiempos de presentación se ha visto acompañado por el interés de esta Comisión parlamentaria por
conocer cuanto antes esta declaración, ya que la ha incluido en el orden del día inmediatamente, después de que el tribunal la haya presentado.
El examen de la cuenta general del Estado, realizado por el Tribunal de Cuentas por delegación de las Cortes Generales en virtud de lo establecido en el artículo 10 de su ley orgánica y otros preceptos concordantes, se ha dirigido
fundamentalmente, como en otros ejercicios, a comprobar el cumplimiento de la normativa aplicable y a verificar la consistencia interna de la cuenta y la representatividad de los documentos contables que la integran, comprobando si cumple con la
finalidad de informar suficiente y adecuadamente sobre la actividad desarrollada en el ejercicio, así como sobre la ejecución y liquidación de los presupuestos, incluyendo en este ámbito el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria
establecido para dicho ejercicio.
La cuenta general del Estado del ejercicio 2006 está integrada, como saben SS.SS., de acuerdo con lo establecido en la Ley General Presupuestaria, por la cuenta
del sector público administrativo, la cuenta general del sector público empresarial y la cuenta general del sector público fundacional, en las que se han incluido las cuentas de las diferentes entidades estatales, según el Plan General de
Contabilidad al que están sometidas. De conformidad con lo previsto en la normativa, su elaboración se ha realizado por la Intervención General de la Administración del Estado, siguiendo lo establecido en la Orden del Ministerio de Hacienda de 12
de diciembre del año 2000, con las modificaciones introducidas por la Orden de 25 de febrero de 2005. Su confección se ha efectuado mediante la agregación de los estados contables de las entidades incluidas en los sectores públicos administrativo y
fundacional o mediante la agregación en su caso de los estados consolidados de los grupos empresariales por lo que se refiere a la cuenta general del sector público empresarial.
A efectos de evaluar adecuadamente el alcance de las situaciones que a continuación se van a describir, se puede señalar, siempre con cierto grado de aproximación, ya que los criterios no son siempre coincidentes, que deberían formar parte
de la cuenta general del sector público administrativo, además de la cuenta de la Administración general, las cuentas de 123 entidades, incluidas las entidades gestoras y servicio común de la Seguridad Social y las 26 mutuas con actividad en dicho
ejercicio, a las que habría que agregar las cuentas de 5 fondos carentes de personalidad jurídica. Por lo que se refiere a la cuenta del sector público empresarial, el número de entidades que lo conformaban en dicho ejercicio era de 268, mientras
que el sector público fundacional estaba integrado por 55 fundaciones estatales. Si doy estos datos es para que den ustedes el valor correspondiente a aquellas entidades que no forman parte de la cuenta y por lo tanto no están incluidas en esas
cifras totales.
Las cuentas generales que conforman la cuenta general del Estado se han elaborado de forma incompleta. Así, por ejemplo, en la cuenta general del sector público administrativo no están agregadas las cuentas anuales de nueve organismos
públicos. En la cuenta general del sector público empresarial no se han integrado las cuentas de 28 entidades y tampoco las de 8 sociedades mercantiles estatales que, según información diferenciada recogida en la memoria de la propia cuenta,
figuran integradas en el grupo asegurador del que forman parte. Y en la cuenta general del sector público fundacional no se han agregado las cuentas de 14 entidades. Ha de destacarse que esta falta de agregación se viene reiterando en sucesivos
ejercicios, coincidiendo en ocasiones las mismas entidades cuyas cuentas no se han agregado; es decir, que tienen una especie de enfermedad crónica de no obedecer o de no cumplir las normas que le exigen presentar estas cuentas en cada ejercicio.
Se estima oportuno recordar en relación con el procedimiento de elaboración de la cuenta general que el pleno del Tribunal de Cuentas remitió a las Cortes Generales en abril de 2005 la moción solicitada por los plenos del Congreso y del Senado, a
iniciativa y a propuesta de esta Comisión, sobre los procedimientos de formación, alcance y contenido de la cuenta general del Estado y las posibilidades de su consolidación, considerando su viabilidad práctica, en la que propugnaba la elaboración y
rendición de estados consolidados en una cuenta general única y que ha dado lugar a sucesivas resoluciones parlamentarias, la última con ocasión de la declaración sobre la cuenta general del Estado del ejercicio 2005, por la que se instaba al
Gobierno a acelerar el proceso de consolidación de las cuentas públicas, superando el criterio de la mera agregación actualmente aplicado. El avance en este sentido no ha sido muy significativo.
Hablemos de rendición de cuentas. La cuenta general del Estado del año 2006 se recibió, como dije antes, en el Tribunal de Cuentas dentro del plazo legalmente establecido, habiéndose registrado su entrada el 29 de octubre de 2007, plazo que
lógicamente condiciona los plazos posteriores de su examen y de la elaboración y aprobación de la correspondiente declaración del tribunal. Como es sabido, la rendición de la cuenta general, documento agregado del sector público estatal, no
sustituye la rendición individual de las cuentas de cada una de las entidades exigida por el artículo 119 de la Ley General Presupuestaria y sobre cuyo cumplimiento tengo que señalar las siguientes particularidades. Primero, en el sector público
estatal administrativo no han rendido cuentas un organismo público, un consorcio y un fondo carente de personalidad jurídica, cuya dotación se ha efectuado mayoritariamente desde los Presupuestos Generales del Estado. En el sector público
empresarial estatal no han rendido las cuentas anuales individuales 15 entidades mayoritariamente estatales y otras 4 entidades, de las que dos son consorcios, participadas de modo paritario por distintos sectores públicos, lo que condiciona que
ninguno de ellos presente una participación mayoritaria. Tampoco han remitido las cuentas consolidadas 7 de los grupos obligados a su formación. Y en el sector público fundacional estatal no han rendido las cuentas anuales 6 fundaciones. El
relato de todas y cada una de ellas lo tienen ustedes, como es natural, en la declaración y por tanto en el informe presentado ante esta Comisión.
El tribunal ha reiterado formalmente a la Intervención General de la Administración del Estado y a las propias entidades la solicitud de remisión de las cuentas no rendidas, es decir, también nos hemos ocupado de formular los
correspondientes requerimientos, que en algún caso han sido obedecidos y en otros no. Por lo que se refiere al cumplimiento del plazo legal de rendición de cuentas, de los 84 organismos del sector público administrativo que han rendido sus cuentas,
solo 15 se recibieron en el tribunal dentro del plazo establecido. Las cuentas de los consorcios y las de los fondos carentes de personalidad jurídica también se recibieron fuera de plazo y, en cuanto a las entidades integrantes del sector público
empresarial, al vencimiento del plazo no se habían recibido las
cuentas del 73 por ciento de las mismas, lo que supone un significativo empeoramiento respecto al ejercicio anterior. Del sector fundacional estatal, las cuentas de 12 fundaciones se recibieron también fuera de plazo. Como puede deducirse
de las cifras ofrecidas, es muy reducido el número de entidades que cumplen con su obligación de rendir cuentas dentro del plazo establecido, a pesar de la amplitud del mismo, y por otra parte esta situación de falta de rendición o de rendición
fuera de plazo se viene reiterando en todos los ejercicios. Si me he detenido a precisar estos datos es porque creo que todos debemos hacer un esfuerzo, bien a través de la modificación correspondiente de las normas, del ordenamiento jurídico, o
bien a través de las acciones y los trabajos de campo del tribunal, nuestra propia realización de la fiscalidad o de la declaración, para tomar las medidas necesarias que minimicen o eliminen tanto el retraso en la presentación de las cuentas como
la no presentación o la no rendición de las mismas.
La cuenta general de cada uno de los sectores públicos citados comprende el balance agregado, la cuenta del resultado económico-patrimonial o cuenta de pérdidas y ganancias agregada y la correspondiente memoria, incluyéndose en la cuenta
general del sector público administrativo el estado de liquidación del presupuesto agregado. Y por lo que se refiere a la cuenta general del sector público administrativo y a la homogeneidad de sus estados contables, se siguen observando
diferencias en los criterios utilizados para su elaboración en distintas entidades, lo que en algunos casos ha repercutido negativamente en su representatividad. No obstante, las cuentas anuales rendidas por las entidades incluidas en la cuenta son
internamente consistentes y se ajustan generalmente a lo dispuesto en la normativa aplicable, si bien se han presentado algunas excepciones significativas que se describen en el correspondiente epígrafe de la declaración y que hago gracia a SS.SS.
de volver a relatarlo yo aquí ahora.
En relación con la cuenta general del sector público empresarial del ejercicio 2006, al igual que en la del ejercicio 2005, ha de señalarse la mejoría en su representatividad respecto a la de ejercicios precedentes, al haberse utilizado en
su elaboración las cuentas consolidadas de la mayoría de los grupos empresariales que han rendido dichas cuentas, lo que ha contribuido a reducir duplicidades y las consiguientes sobrevaloraciones en el balance y en la cuenta de pérdidas y ganancias
agregadas. En cuanto a la documentación a remitir con las cuentas anuales individuales, y en relación con el informe relativo al cumplimiento de las obligaciones de carácter económico-financiero contemplado en el artículo 129 de la Ley General
Presupuestaria, se siguen observando carencias, siendo especialmente significativa la falta de información en materia de ejecución presupuestaria. Por lo que se refiere a la cuenta general del sector público fundacional se ha constatado que sus
saldos son el resultado de la suma de los incorporados en las cuentas de cada una de las 41 fundaciones integradas en ella. No obstante, se han detectado diversas deficiencias en la elaboración de las cuentas individuales, así como determinadas
carencias relacionadas con el informe exigido por el ya citado artículo de la Ley General Presupuestaria.
En relación con las entidades cuyas cuentas están sometidas al régimen de auditoría externa o figuraban incluidas en el plan anual de auditorías de la Intervención General de la Administración del Estado, cabe señalar que en las diferentes
cuentas generales se agregaron, a tenor de lo previsto en el artículo 131 de la Ley General Presupuestaria, los estados contables sobre los que en el informe de auditoría se había emitido una opinión favorable con salvedades, una opinión
desfavorable o se había denegado opinión, sin que previamente se hubiesen subsanado las deficiencias en las que se fundamentó dicha valoración. Así, por ejemplo, en la cuenta general del sector público administrativo se incluyeron las cuentas de 28
entidades con opinión con salvedades, la de una entidad con opinión desfavorable y la de dos entidades en las que se había denegado la opinión, observándose una actuación similar en la confección de otras dos cuentas generales.
Vamos a pasar ahora al análisis de la liquidación de los Presupuestos Generales del Estado. El estado de liquidación del presupuesto agregado incluido en la cuenta general del sector público administrativo comprende la liquidación del
presupuesto de gastos en su clasificación económica y por programas, la liquidación del presupuesto de ingresos y el resultado presupuestario. En relación con la elaboración de los presupuestos, cabe destacar que en 138 aplicaciones
presupuestarias, con una dotación superior a los 719 millones de euros, no se ha reconocido ninguna obligación y que en otras 56 aplicaciones sus remanentes a final de ejercicio superan el 50 por ciento de los créditos definitivos. Según la
liquidación de presupuestos de gastos, los créditos presupuestarios iniciales, cifrados en 316.328 millones de euros, se incrementaron en 13.868 millones. Las modificaciones presupuestarias netas de la Administración General del Estado y de sus
organismos supusieron un incremento del 4,6 por ciento de los créditos iniciales, inferior al registrado en el ejercicio anterior, que era un 5,6 por ciento. Por su parte, el incremento neto de las modificaciones de crédito realizadas en la
Seguridad Social fue de 4.008 millones de euros, es decir, el 3,96 por ciento de los créditos iniciales. Todos los incrementos de crédito registrados en operaciones no financieras se financiaron en la forma prevista en la Ley General de Estabilidad
Presupuestaria y en la Ley General Presupuestaria, excepto ampliaciones de crédito por 109 millones de euros que se cubrieron con deuda pública, al igual que en el ejercicio precedente, para responder del aval del Estado al préstamo del Instituto de
Crédito Oficial a la República Argentina, según lo establecido por el Real Decreto-Ley de 27 de septiembre
de 2004. Respecto a esta operación, el Tribunal de Cuentas manifiesta no ser apropiado introducir por esta vía excepciones singulares a las leyes generales, criterio que fue expuesto por el Consejo de Estado en el preceptivo dictamen sobre
el proyecto de dicho real decreto-ley. Además, estas obligaciones podrían haber sido atendidas con el importe del Fondo de Contingencia, que al cierre del ejercicio figuraba con un remanente de 798 millones.
En las modificaciones de crédito de las entidades del sistema de Seguridad Social destaca el elevado importe del expediente de ampliación de crédito correspondiente a la materialización del fondo de reserva, que asciende a 2.770 millones de
euros, debido a que en el momento en que la Tesorería General de la Seguridad Social ha de efectuar la presupuestación inicial se desconoce el importe de la dotación que será autorizada por el Gobierno. Por otra parte, al igual que en la
declaración precedente, el Tribunal de Cuentas recuerda que la Ley General Presupuestaria modificó la forma de financiación de algunas modificaciones de crédito, sin que por parte del Ministerio de Trabajo e Inmigración se hayan dictado aún normas
para adaptar los procedimientos de tramitación de los expedientes.
En cuanto a la ejecución presupuestaria, según los estados de liquidación rendidos, las obligaciones reconocidas netas por operaciones no financieras y de activos financieros ascendieron a 282.541 millones de euros, lo que representa el 97
por ciento de los créditos definitivos, mientras que los derechos reconocidos netos ascendieron a 297.421 millones, superiores en 27.644 millones a los previstos, si bien este último importe está afectado por la falta de contabilización de las
modificaciones de las previsiones de ingresos. Por su parte, el resultado presupuestario por operaciones comerciales alcanzó los 116 millones, cifra próxima a la prevista.
Como síntesis de la ejecución de los presupuestos cabe destacar que, frente a la previsión inicial de un resultado negativo de 15.480 millones de euros, la cuenta presenta un resultado positivo de 14.996 millones. El análisis de las
distintas partidas que repercuten en esta desviación positiva de 30.476 millones muestra que se mejoraron las previsiones iniciales en todos los componentes del resultado presupuestario.
Asimismo, las desviaciones totales resultaron positivas en
todos los subsectores, destacando la de la Administración General del Estado, cuantificada en 24.722 millones, y la de las entidades del sistema de Seguridad Social, que ascendió a 3.321 millones. No obstante lo anterior, en el análisis de la
gestión de los gastos e ingresos se observaron irregularidades de naturaleza contable y jurídica, como se expone en los correspondientes epígrafes de la declaración, que afectan al resultado presupuestario de la cuenta y que, como consecuencia de
las mismas, debería incrementarse en 1.248 millones hasta reflejar un resultado presupuestario positivo de 16.244 millones, como resultado estrictamente imputable al ejercicio 2006. Agregando a este importe la variación neta de pasivos financieros
se alcanzaría el saldo presupuestario del ejercicio positivo de 9.374 millones. Por otra parte, y como resumen de las comprobaciones efectuadas sobre la liquidación presupuestaria y atendiendo a aquellas partidas que en el ejercicio eran
determinables y que debieron regularizarse, se destaca la existencia de operaciones pendientes de aplicar a presupuesto a finales del ejercicio cuantificadas en 1.282 millones de euros, por lo que se refiere a las operaciones de gastos, y en 1.869
millones en operaciones de ingresos, que deberán ser imputadas a los presupuestos de ejercicios posteriores.
En cumplimiento del acuerdo adoptado por los plenos del Congreso y del Senado en relación con la declaración sobre la cuenta general del Estado de 2003 y años posteriores, a los efectos de permitir una comparación interanual, el tribunal
presenta, al igual que en la declaración anterior, sendos cuadros en los que se ofrece la evolución de los resultados presupuestarios y de las partidas pendientes de aplicación al cierre de los ejercicios del periodo 2003-2006 y en los que puede
apreciarse tanto la variación positiva del resultado presupuestario como el significativo incremento en la liquidación del presente ejercicio de las operaciones de ingresos pendientes de aplicación a presupuesto, lo que no deja de ser un retroceso
desde el punto de vista de la representatividad contable.
¿Cuál ha sido el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria? En concordancia con el marco financiero y presupuestario introducido por la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, al igual que ha ocurrido en ejercicios
precedentes, se ha efectuado un seguimiento sobre el grado de cumplimiento del límite máximo de gasto no financiero del presupuesto del Estado y del objetivo de estabilidad presupuestaria. En cuanto al cumplimiento del límite de gasto, el importe
previsto en los presupuestos generales para los gastos no financieros del Estado fue de 133.951 millones de euros, importe que superó, si bien en una cuantía no significativa, el límite máximo fijado en el punto tercero del acuerdo del Consejo de
Ministros.
Respecto al análisis del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, cuantificado en términos de contabilidad nacional, ante la reiterada carencia de información sobre esta materia, el Tribunal de Cuentas solicitó a la
Intervención General de la Administración del Estado el informe que, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 9.1 de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, había de elevar al Gobierno sobre su cumplimiento, así como información sobre las
modificaciones por ella incorporadas al resultado de la liquidación presupuestaria hasta obtener la capacidad o necesidad de financiación en términos de contabilidad nacional. En el informe citado se concluía que el resultado del ejercicio en
términos de contabilidad nacional, y por lo que se refiere al ámbito de la cuenta general de Estado, presentaba
un superávit o capacidad de financiación de 18.886 millones de euros, lo que equivalía al 1,9 por ciento del producto interior bruto, con una desviación positiva respecto al objetivo fijado del 1,6 por ciento. Este resultado positivo es
consecuencia de la agregación al superávit de la Administración General del Estado y de sus organismos y entes públicos del de las entidades del sistema de la Seguridad Social. El análisis de las partidas incorporadas por la Intervención General
hasta alcanzar el citado resultado, como consecuencia de los diferentes criterios establecidos en el sistema de contabilidad nacional, ha puesto de manifiesto que en varios casos sus cuantías se corresponden con las observaciones señaladas por el
Tribunal de Cuentas en su análisis de la contabilidad pública, en tanto que otras modificaciones se basan total o parcialmente en información extracontable aportada directamente por determinadas entidades públicas y asumida, en sus propios términos,
por la Intervención General de la Administración del Estado. En todo caso, el tribunal considera que, para hacer plenamente efectivo el principio de transparencia, según el cual los presupuestos y sus liquidaciones deberán contener información
suficiente y adecuada para verificar su adecuación al principio de estabilidad presupuestaria, deben intensificarse los esfuerzos para aproximar los criterios aplicados en la contabilidad pública y en la contabilidad nacional, así como para disponer
de la máxima información sobre los ajustes incorporados. Con independencia de la necesidad de disponer de mayor información sobre estos ajustes, la reseña de los resultados favorables obtenidos en la liquidación presupuestaria y en el cumplimiento
del objetivo de estabilidad propuesto nos conduce a expresar la preocupación por la pronunciada evolución negativa que se está registrando en estos momentos en estos indicadores.
Doy por sentado que conocen ustedes muy bien los presupuestos de las entidades de los sectores públicos empresarial y fundacional. Por lo tanto, hago gracia de su exposición, aunque sea en resumen en estos momentos, para pasar a estudiar la
situación económico-financiera del sector público administrativo. El total del balance agregado de la cuenta general del sector público administrativo ascendió a 293.022 millones de euros. En el análisis efectuado sobre las rúbricas que lo
integran se ha observado en ocasiones la falta de concordancia interna en el registro de operaciones recíprocas entre administraciones y la necesidad de proceder a la regularización o corrección de diferentes saldos, en función del grado de
realización o exigibilidad de las operaciones de activo o pasivo que los sustentan. El Tribunal de Cuentas incorpora en su declaración información sobre las diferentes partidas que conforman los saldos de las diferentes rúbricas o agrupaciones y
sobre las deficiencias detectadas.
Respecto al activo, en el inmovilizado de la Administración General del Estado se han observado diversas deficiencias, algunas de ellas ya señaladas repetidamente en anteriores declaraciones y sobre las que las
Cortes Generales ha instado, en sus resoluciones, al Gobierno a que sean subsanadas. En este sentido, se ha constatado que se continúa careciendo de inventarios adecuadamente elaborados y actualizados de los diferentes elementos y categorías del
inmovilizado material y que se mantiene la infradotación a su amortización, aspectos que desde una perspectiva organizativa y contable se consideran esenciales. También se considera insuficiente la información contenida en la memoria sobre el
inmovilizado no financiero. Asimismo, se resalta la sobrevaloración de la cartera de valores y la existencia de aportaciones efectuadas para la suscripción de las ampliaciones de capital realizadas por diversas sociedades que, con independencia de
su tratamiento contable como inversiones financieras, se resalta que en algunos casos son partidas destinadas a hacer frente a gastos derivados de algunas celebraciones y conmemoraciones, actividad directamente relacionada con el objeto social de
aquellas sociedades. Se destaca igualmente otras deficiencias del inmovilizado financiero relacionadas con las operaciones de seguro de crédito a la exportación y las aportaciones a fondos carentes de personalidad jurídica, que, pese a su reiterada
exposición, continúan sin recibir el tratamiento contable adecuado.
En las entidades del sistema de la Seguridad Social, el inventario de bienes inmuebles continúa sin incluir datos de naturaleza contable; y los balances de las entidades gestoras siguen incluyendo en la cuenta de construcciones los
inmuebles entregados en uso a las comunidades autónomas y los edificios adscritos a diferentes fundaciones hospital, actuación que, si bien es concordante con lo previsto en la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades
gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, no se ajusta a lo que establece el propio Plan General de Contabilidad Pública. Por otra parte, las deficiencias detectadas en la elaboración de los inventarios, de las cuentas de terrenos y
bienes naturales y de construcciones en la tesorería general han impedido opinar sobre la fiabilidad del saldo de dichas cuentas, así como sobre el importe de la dotación a la amortización y de su correspondiente amortización acumulada. La
situación de este inmovilizado va a ser objeto de una fiscalización específica del tribunal, cuyas directrices me parece que van al próximo pleno que celebraremos justamente mañana.
Pasamos a otro capítulo al que creo que es importante que dediquemos unos minutos, el endeudamiento. El endeudamiento total de la Administración del Estado al final del ejercicio alcanzaba la suma de 342.034 millones de euros, con una
disminución del 0,76 por ciento respecto al ejercicio anterior. El tribunal recuerda en su declaración que continúa sin incluirse el importe de la deuda contraída por el Grupo Barcelona Holding Olímpico, S.A., por 189 millones; el de la deuda no
vencida a 31 de diciembre de 2006 que el Ministerio de Defensa mantenía con la empresa Navantia, S.A. por 995 millones; el de las deudas del Estado con el Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias por 225 millones; y con Renfe-Operadora por 81 millones. Por lo que se refiere a las entidades del sistema de la Seguridad Social, su endeudamiento ascendía a 34.719 millones de euros, con un ligero descenso
del 0,9 por ciento respecto al ejercicio anterior.
El criterio de agregación seguido en la elaboración de la cuenta general origina que la mayor parte de las operaciones que conforman este endeudamiento figuren también formando parte del activo del
balance de la cuenta general al haberse contraído, en su mayor parte, con la Administración General del Estado. Del endeudamiento total de las entidades del sistema de la Seguridad Social, 18.210 millones correspondían a deudas a largo plazo,
siendo las partidas más significativas, al igual que en los ejercicios precedentes, las correspondientes a once préstamos concedidos por la Administración General del Estado a la Seguridad Social, por importe de 17.169 millones, que han permanecido
sin variación durante el ejercicio y cuya regularización ha sido propuesta reiteradamente por el tribunal.
Con la mayor brevedad voy a referirme a otros capítulos, empezando por la cuenta de resultados. La cuenta agregada del resultado económico-patrimonial del sector público administrativo presenta un resultado positivo imputable al ejercicio
de 36.307 millones de euros que, teniendo en cuenta las deficiencias puestas de manifiesto por el tribunal, pasaría a ser de 35.053 millones. Por otra parte, se cuantifica en 6.750 millones el importe negativo neto derivado de operaciones
pendientes de regularización que deberá ser soportado por la cuenta del resultado económico-patrimonial de ejercicios futuros, junto a otras regularizaciones por la parte no recuperable de deudores o la dotación de las provisiones correspondientes,
así como la afloración contable de deudas pendientes de contabilizar.
En cuanto a la situación del sector público empresarial, como ya hemos mencionado, el balance agregado de la cuenta general del sector público empresarial, que ascendió a un total de 90.188 millones de euros, se elaboró por la Intervención
General de la Administración del Estado mediante la suma aritmética de los saldos de las cuentas consolidadas de los grupos que han rendido este tipo de cuentas y de las cuentas individuales rendidas por las restantes entidades, sin efectuar, por lo
tanto, todos los ajustes y eliminaciones de las operaciones realizadas entre las entidades, lo que afecta negativamente, muy negativamente, a su representatividad. La agrupación más importante del activo es el inmovilizado, cuyo análisis ha puesto
de manifiesto, entre otros extremos, que el inmovilizado material del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y de la entidad pública empresarial Renfe-Operadora está infravalorado, al no haberse contabilizado diversos terrenos, por ejemplo.
En el pasivo del balance, los fondos propios, integrados por saldos de signo positivo y negativo, representan el 36,3 por ciento del total. La práctica totalidad de los fondos propios negativos corresponde al grupo Radio Televisión
Española. Por su parte, las agrupaciones de acreedores representan el 41,4 por ciento del total del pasivo y su importe se concentra en los grupos Radio Televisión Española, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea y Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales y en la entidad pública Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
En cuanto a las diferentes partidas que integran el resultado del ejercicio cabe destacar que, al igual que en ejercicios anteriores, los consumos y los ingresos de explotación están infravalorados debido a la reclasificación realizada por
la Intervención General de la Administración del Estado de los aumentos de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y que el Tribunal de Cuentas considera menos acorde con el objetivo de imagen fiel contemplado en la normativa
contable y en la legislación mercantil.
El balance agregado de la cuenta general del sector público fundacional del ejercicio 2006 ascendió a 1.001 millones de euros, mientras que la cuenta de resultados agregada presentó un excedente negativo del ejercicio de 21 millones. En el
activo del balance hay que señalar que, con carácter general, las fundaciones del sector público estatal presentan excedentes de tesorería. En cuanto al pasivo, ninguna entidad presentaba fondos propios negativos, pero los fondos propios eran
inferiores a la dotación fundacional en cinco entidades. Respecto a la cuenta de resultados, cabe destacar que nueve de las diecisiete fundaciones que realizaron actividades sin fines de lucro y otras de carácter mercantil no incluyeron en la
memoria de sus cuentas anuales un apartado específico referido a elementos patrimoniales afectos a la actividad mercantil.
Concluyo haciendo una brevísima referencia a la información contenida en la memoria y al seguimiento de las conclusiones obtenidas y pidiendo disculpas por la gran cantidad de números que necesariamente he tenido que utilizar y ustedes han
tenido que soportar. Menos mal que, como este es el primer punto del orden del día de esta sesión, tienen ustedes todavía las mentes muy frescas y descansadas y por eso no me ha dado mucho cargo de conciencia largarles tanta munición numérica. En
todo caso, pido disculpas, pero el informe necesariamente exigía, aunque fuera muy breve, que estos datos y cifras fueran puestos encima de la mesa.
La memoria de la cuenta general del sector público administrativo sigue sin aportar la información necesaria para completar y ampliar el contenido de los correspondientes estados contables. Por lo que se refiere a la memoria de la cuenta
general del sector público empresarial, en la misma figura en un apartado independiente la información relativa a las entidades de seguro y crédito, cuyas cuentas anuales no se han agregado en la cuenta general del sector público empresarial, dadas
las peculiaridades propias de las actividades que desarrollan. En cuanto a la restante información, se considera insuficiente
parar explicar la composición de las partidas del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, dado el reducido grado de desarrollo que presentan estos estados financieros y la diversa naturaleza y procedencia de las operaciones agregadas
que recogen.
Asimismo, con independencia de que la memoria de la cuenta general del sector público fundacional recoja la información prevista en la orden ministerial, las memorias individuales de cada fundación continúan presentando algunas deficiencias
-bastantes- o carencias de información al no ajustarse su contenido a lo establecido en la adaptación del Plan General de Contabilidad que es de aplicación. En cuanto al seguimiento de las conclusiones obtenidas en ejercicios anteriores tengo que
decir que, en cumplimiento de los sucesivos acuerdos de los plenos del Congreso de los Diputados y del Senado en relación con anteriores declaraciones, el Tribunal de Cuentas ha realizado un seguimiento de las deficiencias más significativas puestas
de manifiesto, comprobándose cómo en su mayor parte persisten al final del ejercicio analizado.
Por último, se estima de interés señalar que en relación con las resoluciones adoptadas referentes a la anterior declaración, por las que se instaba al Tribunal de Cuentas a determinadas actuaciones con la Intervención General de la
Administración del Estado, se ha remitido recientemente un escrito al interventor general señalando cuál es la posición del tribunal en relación con la documentación complementaria que debería remitirse con la cuenta general para facilitar su
examen, así como la información que debería recoger la memoria en cuanto al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y remitiéndose a lo que está previsto en la normativa presupuestaria en relación con la documentación que debería
elaborarse y remitirse sobre la presupuestación por objetivos y el grado de cumplimiento de los mismos. Este escrito que hemos remitido a la IGAE, dando cumplimiento a una de las resoluciones de esta Comisión, como es natural está también a
disposición de SS.SS.
Señora presidenta, señorías, eso es todo por el momento.
El señor PRESIDENTE: Señor presidente, muchas gracias por la exhaustiva presentación que nos ha hecho sobre el informe de la cuenta general del Estado del ejercicio 2006, y no se preocupe porque SS.SS. son perfectamente conscientes -lo
somos todos- de que estamos analizando las cuentas del Estado, las cuentas de la Administración pública y que, por tanto, la abundancia de números y de referencias en ese sentido está perfectamente justificada y es entendible; faltaría más.
Pasamos a las intervenciones de los distintos portavoces. En primer lugar, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular señor Aguirre.
El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente, por su exposición, de la que mi grupo tiene que sacar una primera conclusión. Todas las deficiencias detectadas en la cuenta de 2005 permanecen crónicas, incluso podría decir que no
hay mejorías sensibles, salvo la de que estamos analizando la cuenta en un plazo más reducido de lo que anteriormente venía siendo costumbre. Una mejora formal que nos acerca el examen de la cuenta al tiempo del debate del año y del ejercicio en
discusión, pero en definitiva una mejora formal, porque después de su exposición le da toda la impresión a este portavoz que las de calado y de contenido, señor presidente, han empeorado. Asimismo llama la atención a este portavoz que estamos
analizando un año en el que la situación económica era bonancible. Si en estas circunstancias de situación económica en bonanza el manejo de las cuentas públicas, su liquidación y su ejecución mantienen estas crónicas irregularidades e
insuficiencias que viene detectando el Tribunal de Cuentas, mucho me temo que en los próximos ejercicios, donde queda claro que esa bonanza va a ser sustituida por un periodo de recesión intensa y prolongada, estemos ante una situación cuya inercia
vaya a hacer empeorar mucho la situación de cuenta general del Estado. Por eso casi empezaría por una conclusión que yo tenía para finalizar y la pondría en el frontispicio de mi intervención. Yo creo que la incapacidad del Gobierno de rendir
cuentas adecuadas durante los ejercicios de bonanza económica va a propiciar que ahora, en la situación financiera del Estado, que va a empeorar sustancialmente, esas irregularidades que usted ha venido mencionando aquí arrecien o se incrementen, y
eso a mi entender va a lesionar la situación en un momento crucial, va a lesionar la imagen de nuestra administración y en consecuencia va a lesionar la confianza de los agentes económicos en nuestro país en un momento en el que precisamente
tendríamos que estar haciendo todo lo contrario.
Hay una primera cuestión que casi está más allá de lo que acabamos de escuchar en su examen. En estos días -estamos comprobando al cierre del año 2008 y en 2009- el Gobierno está adoptando un conjunto de actuaciones tendentes a corregir los
efectos de la recesión económica que padecemos.
Por eso mi primera pregunta, después de la conclusión con la que he iniciado mi intervención, sería si tiene entre sus planes de trabajo el Tribunal de Cuentas hacer algún informe valorativo de
seguimiento de los efectos y el impacto de las medidas que se adopten, intentando comparar la finalidad de esas medidas con los objetivos que se intentan perseguir con ellas. Esa es una primera cuestión que le quisiera formular.
Entrando ya, por así decirlo, en lo ordinario del informe, he visto que se vuelven a producir problemas de una cuenta general incompleta por falta de dación de cuentas en cuentas individuales, por cuentas incluidas de manera deficiente
porque así han llegado al Tribunal de Cuentas, y por tanto esa característica que se repite de la cuenta incompleta vuelve a poner de manifiesto las dudas que se pueden presentar en cuanto al respeto del criterio de representatividad, y, por qué no
decirlo, también
se reiteran nuevamente todos los defectos que afectan a la consolidación de la cuenta. Usted mismo en su exposición ha venido a detallarnos que sigue pensando que estamos ante una cuenta que es una mera agregación.
Por ello, si el criterio
de representatividad no está mejorando, si el criterio de consolidación no está mejorando, yo le haría dos preguntas.
¿Qué más se puede hacer para que salgamos de lo que me parecería calificable de estar tumbados cómodamente en la ceremonia de la
reiteración de esa falta de representatividad, de la reiteración de esa falta de consolidación? ¿Qué más podríamos hacer, señor presidente, para salir de esa tumbona de la reiteración? Y una pregunta meramente curiosa.
Le imagino, señor
presidente, informado del contenido y conclusiones de la reunión que esta Comisión mantuvo con el interventor general del Estado, me imagino que habrá sido informado puntualmente. Si no fuera así, me gustaría conocerlo.
Vamos a la valoración y al análisis de la cuenta rendida. Si he seguido bien su exposición, y de la propia lectura de la cuenta se deduce, hay cierta preocupación en el Tribunal. Usted ha pronunciado una frase incluso que vendría a decir
que se encuentran extremadamente preocupados por la pronunciada evolución negativa de los indicadores de la estabilidad presupuestaria. ¿Podría el señor presidente desagregar un poco esta afirmación de esa evolución negativa de los indicadores de
la estabilidad presupuestaria? Lo ha unido usted al momento en que ha subrayado que el límite del gasto aprobado por este Parlamento ha sido excedido en la ejecución presupuestaria del ejercicio en examen, y me gustaría saber cómo valora el
presidente del Tribunal de Cuentas ese exceso del límite máximo del gasto aprobado por este Parlamento.
Si no deduzco mal de la lectura de la cuenta del ejercicio 2006, esta cuenta se aprobó con un voto particular que deduzco que se produce por no haber abordado determinados análisis sobre el cumplimiento del principio de transparencia. Si
esto fuera cierto, y así creo que lo es, me gustaría preguntarle cuál es el alcance de ese voto particular que se ha producido y qué razones han motivado su formulación. Siguiendo en esta línea de preguntas, en un momento determinado de su
intervención -y perdone esta pregunta meramente casi de curiosidad- ha hablado usted de la falta de idoneidad del tratamiento del crédito del ICO a Argentina. ¿Podría explicarme exactamente en qué consiste ese inadecuado tratamiento? Porque o yo
en ese momento me he perdido o no he entendido la afirmación que ha hecho en relación con este crédito. Continuando esta línea argumental, a este grupo parlamentario le preocupa que nuevamente el Ministerio de Trabajo e Inmigración vuelva a ser
protagonista dentro de los informes de fiscalización por no adaptarse a la normativa en materia de modificaciones de crédito. Querría hacerle dos preguntas. ¿Cómo valora este incumplimiento normativo por parte del Ministerio de Trabajo e
Inmigración? ¿Qué alcance tiene este incumplimiento en el criterio de representatividad?
Por mi parte voy a ir terminando con una de las cuestiones que considero más importantes. Ha expresado usted que se encuentran preocupados, como decía, por la evolución negativa de los indicadores de estabilidad presupuestaria. Si están
preocupados por lo que se pone de manifiesto en la cuenta de 2006, habrá que imaginarse lo que va a suceder en la cuenta de 2008 si ya ayer pudimos conocer que el déficit se fija en el menos 3,8 y hemos podido oír en esta misma sala, hace muy poco,
al comisario Almunia señalar que el déficit para el año 2009, las cuentas públicas españolas, estaría en la horquilla del 6 al 8, no del 6,8, sino del 6 al 8. Por ello se me hace todavía mucho más importante no solo preguntarle si tienen pensado
adoptar algunas medidas sobre las consecuencias y los efectos en las finanzas públicas de las políticas aplicadas para corregir los efectos de la crisis económica, sino decirle que lo vayan pensando.
Creo que sería una gran contribución para este
Parlamento y para el quehacer de las finanzas públicas españolas que un tribunal de sus características tomara parte en la valoración de los efectos de estas políticas económicas que se están adoptando entre finales de 2008 y 2009.
Termino. Lamentablemente tenemos que volver a oír de su boca, a través de la lectura del informe, de la rendición de la cuenta general del Estado, que vuelven a faltar inventarios en el inmovilizado, que existen excedentes de tesorería, que
hay una inadecuada contabilidad del seguro de crédito a la exportación, que falta la conciliación de saldos entre la Administración General del Estado y la Seguridad Social, que falta el reconocimiento de deudas en Renfe, Ministerio de Defensa y
olimpíada de Barcelona. Insisto en lo que he dicho al inicio: parece que del año 2005 al 2006 no solo se repiten los mismos defectos sino que hemos podido constatar lo poco o nada que se ha avanzado en la presentación de las cuentas públicas,
sobre todo en lo que al criterio de representatividad y de consolidación se refiere. En este trámite tenemos que plantearnos seriamente, tanto el tribunal como el Pleno del Congreso y el Pleno del Senado, poner fin de alguna manera a estas
reiteraciones, a esta falta de avance en las mejoras, porque si no, de lo contrario, estos debates van a parecer de trámite y esta Comisión va a tener la sensación de un trabajo estéril e inútil, y a las pruebas me remito con la falta de avance en
las mejoras que se deducen tanto de la cuenta general como de su exposición.
Señor presidente, nuevamente le agradezco su exposición y espero atentamente la contestación a mis interrogantes. Permítame una pequeña broma. Llévese, por favor, esta tarde las gafas a la reunión que tiene usted a las nueve menos cuarto
de la noche. (Pausa.) Como veo que no me entiende, se lo aclaro: Llévese las gafas de ver goles, señor presidente.
La señora PRESIDENTA: Parece que la tarde va de fútbol.
Tiene la palabra el señor Tuñón.
El señor TUÑÓN SAN MARTÍN: Bienvenido, señor presidente.
En primer lugar, yo también me sumo a felicitar al Tribunal de Cuentas por el adelanto sustancial en la emisión de este informe. Incluso si se hubiera adelantado esta comparecencia a finales del pasado año habrían pasado solo dos años.
Creo que también se puede plantear que en algún momento -sé que el Tribunal de Cuentas ha cumplido con sus plazos y la intervención ha cumplido los plazos- se adelante el cierre de las cuentas. Estamos a fecha 31 de octubre, si no me equivoco; las
sociedades mercantiles cierran el 30 de junio, se avanza informáticamente y sin embargo parece que la Administración no es capaz de adelantar la rendición de cuentas. Me parece que es un tema que habría que plantear, porque es importante que el
informe se presente al año siguiente y con este adelanto sería posible. También quería felicitar al tribunal porque ha reducido en 80 páginas el volumen del informe. Le animo a que siga reduciendo estos informes, si es posible; incluso le animo
-seguramente es un atrevimiento- a que introdujeran algunas novedades tendentes a facilitar su lectura. Todo lo que vaya en este sentido se lo agradeceremos.
Entrando en el fondo de la cuestión, podemos decir que el resultado de la fiscalización de la cuenta general por el Tribunal de Cuentas es semejante al de años anteriores, porque realmente no se han producido mejoras sustanciales en la
gestión presupuestaria, a pesar, es verdad, de que sí se han producido algunos avances. Todos sabemos que la Administración es muy lenta en introducir mejoras en la gestión y que las inercias priman sobre los cambios, pero seguramente en época de
crisis tendremos que volver al tan repetido concepto de la mejora de la gestión pública en sus niveles de eficacia y eficiencia. Es una época en la que todos los grupos estamos pidiendo evaluación de las actuaciones públicas en las políticas
anticrisis y también tenemos que pedir que la Administración del Estado sea capaz de gestionar sus recursos con el menor dinero posible. Si se pueden implantar medidas de austeridad en el gasto corriente significa que hay margen de maniobra para
que esto sea posible. En este sentido, nuevamente apelo al Tribunal de Cuentas para que sea capaz de evaluar en informes específicos su opinión sobre el contenido de la liquidación de los programas presupuestarios en cuanto a futuros análisis de
eficacia, eficiencia y economía, así como la posible evaluación de los gastos corrientes de la Administración.
En cuanto a la elaboración y rendición de cuentas usted ha explicado que se ha confeccionado de forma incompleta, que existen diversas empresas y fundaciones que no rinden cuentas, algunas desde los años 2000 y 2001. Mi planteamiento es:
¿son relevantes estas entidades que no rinden cuentas para que el Tribunal de Cuentas realice una fiscalización específica? Hemos dicho que se siguen observando en el sector público empresarial retrasos, incumplimiento de los plazos; se destaca,
no obstante, que la representatividad de la cuenta general ha mejorado respecto a ejercicios precedentes y los informes de las auditorías externas parece que son satisfactorios en mayor o menor grado. ¿Existe margen de maniobra para esta mejora del
sector público empresarial en cuanto a estas auditorías o se ha llegado a un grado de gestión que podríamos calificar como satisfactorio? En la cuenta general del año pasado se planteó también la posibilidad de una evaluación de la racionalización
de este sector público empresarial y fundacional, si fuera posible. Se comprueba algún avance respecto al año pasado en la utilización de la figura de las modificaciones presupuestarias, mejorando el alto grado de ejecución presupuestaria y los
buenos resultados presupuestarios; pero se repite que estos sectores públicos empresariales no proporcionan información en materia de planificación de la actividad económica y financiera del sector empresarial y estatal. En este tema le he
planteado si es posible la racionalización de este sector. (La señora vicepresidenta, Sanjurjo González, ocupa la Presidencia.)
En cuanto al balance, usted hace un análisis, y me alegro de que la secuencia sea que el tribunal haga una fiscalización específica sobre el tema del inmovilizado; creo que hay que profundizar, porque es verdad que produce un cierto
agotamiento estar repitiendo constantemente este tipo de afirmaciones y, por otra parte, los portavoces tenemos que destacarlo, pero cuando esto afecta incluso a la posible falta de fiabilidad de las cuentas, me parece que es interesante resaltarlo,
y en este caso alabo la iniciativa del Tribunal de Cuentas de hacer una fiscalización específica.
Me gustaría también conocer -aquí se ha citado- cuál es la causa de esa cifra de endeudamiento, de esas deudas contraídas y que no están reflejadas.
Hay otro tema que no ha tocado pero que aparece en el informe, que es la antigüedad de las partidas de activos y pasivos que están sin revisar para su regularización. Usted dice que es insuficiente la información que aporta la memoria. En cuanto a
la estabilidad presupuestaria, me gustaría que comentara el voto particular emitido por el consejero don Ubaldo Nieto de Alba sobre la no inclusión del análisis del cumplimiento del principio de transparencia.
Siguiendo con las deficiencias en la ejecución presupuestaria, dicen que provoca un desplazamiento temporal del gasto y del ingreso, y usted ha hablado de la necesidad de estos ajustes. ¿Es posible solucionar esto o no? ¿Cómo se van a
resolver las discrepancias entre la contabilidad patrimonial de la Seguridad Social y de la Administración General del Estado en cuanto a derechos de cobro que la Seguridad Social refleja, mientras que en la Administración del Estado no existe
partida
recíproca? Son cuestiones repetidas que usted ya ha expuesto, pero le planteo cómo es posible solucionar estos temas.
Finalmente voy a hacer una breve alusión a un pequeño error que creo que en el próximo informe tienen que corregir. Dentro del seguimiento de las recomendaciones, cuando habla de que están pendientes de amortización las deudas de la
Seguridad Social con la Administración General del Estado utilizan la palabra 'conciertos' del País Vasco y Navarra. En el caso de Navarra eso tiene un nombre y se llama convenio. Sería el concierto del País Vasco y el convenio de Navarra.
Simplemente es una matización, pero creo que sería bueno corregirlo.
Muchas gracias, señor presidente, por su exposición.
El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, Manel Mas.
El señor MAS I ESTELA: El Grupo Socialista, en primer lugar, quiere agradecer nuevamente la presencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas en esta Comisión, explicando, creo que bien, lo que es en este momento la cuenta general del
Estado del año 2006. La segunda cuestión que queríamos poner de manifiesto era la felicitación al Tribunal de Cuentas por haber adelantado el plazo de elaboración del informe de la cuenta general del año 2006 -me parece que es octubre de 2008- y,
en todo caso, poner de manifiesto -porque pienso que es un tema que hoy se está debatiendo en esta casa- que la demora en verlo dos meses después desde su entrada en el Congreso es culpa exclusivamente nuestra. Podríamos haber visto este informe a
finales del año pasado, pero se interrumpió la actividad en función del día de la lotería y luego no continuamos hasta la Candelaria, ya en febrero. El señor Tuñón decía que sería interesante avanzar un poco más, y creo que si al final de este
periodo legislativo acabáramos en dos años estaría muy bien. Por tanto, felicitaciones al tribunal por la rapidez. Tercer punto, una atrevida sugerencia -me ha pisado la intervención el senador Tuñón- en cuanto a la presentación del informe, señor
presidente. Creo que es normal que los informes de auditoría o de rendición de cuentas del tribunal se hagan de esta forma, pero si pudieran -y es una atrevida sugerencia al tribunal- hacer una síntesis con una visualización más gráfica de algunas
conclusiones, quizá a todos nos sería mucho más fácil encontrarlas, evitando buscarlas en la farragosa - no como puede ser de otra manera- literatura con la que se ha elaborado el informe. No es una queja, pero si se pudiera hacer alguna
presentación más visual sería más fácil. Por ejemplo, cuando usted hablaba de las comparaciones de los años 2003 y 2004, hay que buscarlas porque no hay ninguna nota de referencia que diga página 146. Hay que buscarlo y finalmente lo encuentras,
pero cuesta. O cuando, por ejemplo, el señor Aguirre habla de la desviación respecto a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, al tope de gasto, te das cuenta de que estamos hablando de un 0,03 por ciento de desviación, prácticamente ninguna. Esto
es una sugerencia atrevida, y piense si en el tribunal pueden hacer algo al respecto.
Entrando en materia, la pregunta que le podríamos hacer en esta primera intervención es muy sencilla: ¿La visión que el Tribunal de Cuentas tiene respecto a la cuenta general del Estado del año 2006 es mejor o peor que la del año 2005? Hay
cosas que evidentemente se reiteran: que al sector público administrativo le cuesta presentar las cuentas en formato de contabilidad nacional y que, en cambio, al sector público empresarial le cuesta presentarlas en formato de Administración
Pública. En especial, al sector público empresarial le cuesta hacer previsiones presupuestarias.
Probablemente, la diferente naturaleza de lo administrativo y lo empresarial influye en esta situación, y no sé si nuestra voluntad de que los dos lo
hagan de las dos formas lo facilita o no. Pero, en todo caso, se va reiterando -lo vimos el año pasado- que esto es así. Que hay campo de recorrido en la mejora de las memorias del sector público español, de los tres sectores, es evidente, pero lo
que a nuestro grupo le interesaría es la opinión del presidente sobre si, en líneas generales, avanzamos o retrocedemos y, si en la línea de la atrevida sugerencia anterior, hubiera alguna fórmula de sintetizar o visualizar este tipo de
resoluciones. Al final, continuaremos analizándolo porque en el seguimiento de las conclusiones algo voy a decir sobre esto.
Una reflexión en voz alta y en la línea, creo, distinta de la que el portavoz del Grupo Popular, señor Aguirre, planteaba sobre los años que estamos analizando. Estamos analizando el año 2006, todavía tenemos el año 2007 como año de vacas
gordas, el año 2008 ya sabemos que fue de vacas flacas y el 2009 también lo será. Evidentemente, el año 2008 lo veremos dentro de dos años, y tal como está el panorama, no creo que nadie se atreva a decir dónde estaremos en el año 2011 en términos
económicos, pero en la reflexión no tiene por que haber una disposición negativa del examen y la presentación de los datos contables porque los datos sean peores. Que los datos serán peores ya lo sabemos, pero no tiene por qué haber una
presentación y una valoración peor de esta presentación porque los datos sean distintos. A pesar de todo, este año podremos ver las cuentas del año 2007, que serán tan buenas como las del año 2006, pero dentro de dos años veremos las de 2008, que
como ya sabemos en estos momentos serán malas. Es bueno hacer esta reflexión aunque tengamos visiones distintas, pero es acertado reflexionar sobre que dentro de un tiempo nos encontraremos con unas cuentas distintas.
La información de la cuenta general del año 2006 corrobora que hubo superávit y cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y que hubo rebaja en el endeudamiento, pero hay asuntos en los que no avanzamos como son las deficiencias en la
valoración de lo inmovilizado en la contabilidad económico-financiero; que todavía tenemos problemas de consolidación del sector
público empresarial, a pesar de que ha habido avances en la consolidación de los grupos o que se pone de manifiesto nuevamente la picaresca en algunas entidades del sector público fundacional en cuanto a la utilización de los excedentes de
tesorería que van utilizando para lo que les conviene. Hemos de tener presente -y con esto vuelvo al tema de las presentaciones sintéticas- que el sector público fundacional tiene una importancia muy pequeña respecto del total, aunque después
hablaremos de alguna perla relativa a este sector.
Voy terminando. En cuanto al seguimiento de las conclusiones, nos gustaría preguntarle, señor presidente, qué piensa usted sobre la valoración del esfuerzo que sería necesario para mejorar el nivel de cumplimiento. Si hiciéramos un abecé
de cumplimiento veríamos que el 80 ó 90 por ciento de las entidades que componen el sector público español, los tres subsectores, cumplen mucho, aunque queda por hacer. Muchas veces en los análisis de este tipo se ve que el esfuerzo necesario para
acabar de cumplir es mucho mayor y muy difícil de conseguir. Hablando de la selva de lo que representa el sector público en España -no en el sentido peyorativo de selva sino en el sentido descriptivo- vemos al final de incumplimientos la existencia
de algún roble, como por ejemplo la Confederación Hidrográfica del Tajo, que no presentó cuentas en tiempo pero los presentó posteriormente en el año 2008. A su lado hay un madroño, que es la obra pía de los Santos Lugares de Jerusalén -que es algo
divertido o curioso que he descubierto- que no presentó las cuentas en el año 2005. Por Internet, señor presidente, encontré las del año 2004. Esto quiere decir que las hacen y las entregan en algún momento.
(La señora presidenta ocupa la
Presidencia.) Cuando uno se da cuenta de que el análisis que el tribunal ha de hacer del sector público español acaba hablando del museo de la basílica de San Francisco el Grande de Madrid y de no sé qué franciscanos que tienen relación con Tierra
Santa es una cosa curiosa; es evidentemente muy pequeña. Estando en Madrid es muy clarificador y muy expresivo hablar de un pequeño madroño en esta selva que son las cuentas públicas del sector público en España. Señor presidente, la última
pregunta era sobre la valoración del esfuerzo necesario y si podemos hacerlo.
Quiero acabar en nombre del Grupo Parlamentario Socialista reiterando el agradecimiento a la presencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas y a todos los que elaboran las cuentas, a los que dirigen la elaboración de las cuentas y a
los que controlan la elaboración de las cuentas, porque su trabajo es esencial para que la confianza de los ciudadanos en el sistema político democrático español sea manifiesta. Si podemos explicar que el 95, el 99 o el 85, o que si del 85 hemos
pasado al 87 y está bien; si se tiene en cuenta, está en tiempo en forma, se funciona bien, las desviaciones pueden explicarse, etcétera, los ciudadanos creerán en nuestro trabajo y en el sistema político democrático español.
La señora PRESIDENTA: Señor presidente, tiene de nuevo usted la palabra.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): Muchas gracias por las intervenciones de todos los portavoces y por las palabras de reconocimiento y felicitación que al Tribunal de Cuentas más que a este presidente -que además
están perfectamente dirigidas hacia quien tiene el mérito- se han dirigido; muchas gracias en nombre de los distintos colaboradores del Tribunal de Cuentas.
Voy a empezar por una cuestión que ha preocupado a los tres intervinientes y que supone una reflexión sobre el adelanto del calendario. Estamos efectivamente en un año bonancible -creo que fue un adjetivo que se utilizó-, el año 2006, un
año de vacas gordas, 2006; estamos todavía con la posibilidad de fiscalizar las cuentas de otro año de vacas gordas, que es 2007, y a todos nos preocupa la sombra de estos tiempos no tan bonancibles de vacas flacas que son 2008, 2009, etcétera.
Nos preocupa -son preguntas de todos pero del señor Mas concretamente- dónde estaremos en términos económicos en el año 2011, que es cuando tendríamos que fiscalizar si estamos todos, que así lo deseo, en ese tiempo con un aspecto físico tan
saludable como el que ustedes presentan hoy, yo también dónde estaremos en términos económicos. Ya veremos, lo que importa es dónde estaremos también en términos personales. Dicho esto, efectivamente no cabe ni mucho menos reflexionar hoy ante un
informe que se refiere exclusivamente al año 2006 sobre lo que está pasando en 2008.
Los recuerdos, encantos y alegrías de los pasados días, que dice Núñez de Arce en una de sus poesías, no cabe ni muchísimo menos utilizarlos para sombrear este
informe que tiene, como es natural, la parte bonancible que corresponde a un año de vacas gordas. Dicho esto, yo entiendo la preocupación, cómo no -y la prueba está en que los tres portavoces sin querer se han referido al problema-, acerca de la
fiscalización de la puesta en marcha de las medidas adoptadas por el Gobierno para hacer frente a la crisis económico-financiera y la posición del tribunal respecto de ellas y de su fiscalización. Simplemente, y sin entrar ni muchísimo menos a
valorar las medidas porque no corresponde hacerlo ahora, puedo decir, señora presidenta -porque la cuestión está enviada en el programa de fiscalizaciones del año 2009, y a eso es a lo único que voy a dar respuesta, como es natural-, que el Pleno
del Tribunal de Cuentas aprobó exactamente el día 29 de enero poner de manifiesto su propósito de someter a fiscalización la ejecución de los planes de ayuda contemplados en los reales decretos-leyes 6/2008, 7/2008 y 9/2008, y en sus normas de
desarrollo y planes que puedan establecerse en el futuro para hacer frente a la crisis económico-financiera. El pleno del tribunal aprobará las actuales fiscalizaciones concretas que hayan de realizarse al efecto incorporándolas al programa de
fiscalizaciones
vigente y dando traslado de sus acuerdos, como es natural, a las Cortes Generales de todos y cada uno de los temas. Por tanto, simplemente quiero dejar claro que también el pleno del Tribunal de Cuentas manifiesta su preocupación por la
situación actual y por la fiscalización de las medidas que están señaladas en estos decretos, que por cierto no citan al Tribunal de Cuentas, pero no hace falta citarlo porque es suficiente la que hace el artículo 136 de la Constitución. Repito, la
respuesta a las preocupaciones sentidas por los portavoces de los grupos parlamentarios se refleja justamente en el programa de fiscalizaciones que si hoy lo utilizo como respuesta es porque ya está aquí, porque esta fue a la primera institución,
como es natural, a la que ha sido enviado.
Hablaremos de él seguramente en la próxima reunión o en la reunión que tenemos pendiente la Mesa y la comisión de gobierno del Tribunal de Cuentas para tratar de la puesta en marcha de la coordinación de
nuestros trabajos. En este tema por lo tanto punto; me voy a remitir solo y exclusivamente a la fiscalización, es decir a la cuenta de 2006.
Me dice el portavoz del Grupo Popular, señor Aguirre, que en el año 2006 aparecen las crónicas de eficiencias que se dan en 2005 y así sucesivamente. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, también contesto así a una pregunta del señor Mas que me
plantea cómo valoro yo los avances que pudieron reflejarse en la presentación de estas cuentas con respecto a las de 2005. Creo que en la lectura del informe se ve claramente cuáles son las ventajas, los retrocesos y los mantenimientos de
determinados vicios en la presentación de las cuentas o de las memorias. El balance general es que en cierto modo se ha avanzado en la presentación de las cuentas del sector público administrativo y no se ha avanzado nada en el tema empresarial y
tampoco en el de las fundaciones. En ese sentido doy una valoración lo más justa posible. En todo caso me dice el señor Aguirre: ¿Qué podemos hacer? Es un tema que afecta fundamentalmente a la Intervención General de la Administración del
Estado. Nosotros venimos exponiendo aquí claramente cuál ha sido el resultado de los trabajos fiscalizadores del Tribunal de Cuentas, cómo se ha conseguido hacer la declaración y cuáles son los fallos o defectos que nos hemos encontrado a lo largo
del camino del proceso fiscalizador. Esos defectos y esas posibilidades de avance también quedan recogidos en las conclusiones y en las mociones que de vez en cuando presenta el tribunal para que se mejoren no solamente las normas, sino también que
ellas den pie a unos nuevos comportamientos; no obstante, lo lógico es exigir que la IGAE cumpla los plazos y que el Parlamento exija su cumplimiento y la atención a sus resoluciones. Es decir es el Parlamento el que debe exigirle a la IGAE y a
las distintas instituciones que cumplan con su cometido. En ese sentido estos debates no son ni mucho menos estériles, sino que yo creo que son bastante enriquecedores; yo entiendo que todo el mundo quiere lograr metas más avanzadas, pero entiendo
que se va avanzando y que se va haciendo gracias a los trabajos, los planteamientos, las mociones, los datos y cifras que en esta Comisión se analizan, que tienen que trascender de estas paredes e ir dirigidos al control político y, por tanto, a la
exigencia de las instituciones que no cumplen con sus obligaciones en lo que se refiere a la rendición de cuentas, al cumplimiento de plazos y todo lo demás. Por tanto, entiendo que se están haciendo cosas y se pueden hacer más. Por lo que se
refiere a hacer cosas mejores, contesto también al señor Mas y al señor Tuñón en cuanto a si efectivamente se pueden reducir plazos. No lo sé; es posible que sí, que las innovaciones tecnológicas permitan rendiciones más rápidas, y análisis más
ajustados a la realidad, como ocurre, por ejemplo, con la rendición telemática de las cuentas de los ayuntamientos, que ya he puesto de ejemplo en otras ocasiones y que está permitiendo que muchos ayuntamientos que antes no rendían cuentas las
rindan y lo hagan con facilidad y de manera simultánea tanto al Tribunal de Cuentas como al órgano de control externo. Por tanto, creo que podría hacerse un esfuerzo en la rendición de plazos, y eso necesitaría, como es natural, cambiar la norma
que le marca al Gobierno, a la IGAE, un plazo para la presentación de las cuentas al tribunal que, como todos saben, es el 31 de octubre posterior al cierre presupuestario.
En relación con este tema también contesto a la posibilidad de lograr unos adjetivos que dice el señor Mas que se debían aplicar a nuestros informes. Deben ser más breves, y esto ya es así -efectivamente hemos reducido unas cuantas
páginas-; más claros; más amenos -como lo hemos conseguido en otros que aquí se han reconocido como tales- y que tengan determinadas síntesis. En la declaración ya se considera la posibilidad de hacer una síntesis del informe, pero cabe también
seguir utilizando y elaborando cada vez con mayor perfección y claridad los gráficos que marcan una clara evolución en sus casillas de lo que ha ocurrido, por ejemplo, del 2003 al 2006, haciendo llamadas a pie de página para que el lector y el
estudioso del informe pueda ir a consultarlos de manera directa al lugar del informe donde están. Por tanto, entiendo esto y lo tomo como sugerencia. En cuanto a la posibilidad de que se reduzcan los plazos y podamos analizar las cuentas -no con
los más de dos años que estamos analizando esta, lo que, aun dentro de los plazos legales, nos parece que alarga el de presentación respecto a la realidad del año que se analiza-, si entre todos nos ponemos de acuerdo para pedir que se modifique la
norma en donde estos plazos están establecidos, el Tribunal de Cuentas apoyaría, como es natural, y recibiría con mucha satisfacción esta modificación.
Vuelvo al señor Aguirre que me pregunta sobre el alcance y motivación del voto particular presentado con la declaración sobre la cuenta general, y también me lo pregunta el señor Tuñón. Efectivamente, se ha presentado un voto particular a
la hora de aprobar la declaración de la cuenta general del Estado del año 2005. Aun cuando
el verdadero alcance y motivación de un voto particular únicamente la puede ofrecer quien lo ha formulado -en este caso es un consejero que me precedió en la Presidencia del Tribunal de Cuentas-, la lectura del voto particular formulado en
relación con esta declaración -sabía que lo iban a preguntar- lleva a interpretar que su emisión viene motivada por el interés en resaltar la importancia del principio de transparencia en el proceso de elaboración de los Presupuestos Generales y la
necesidad de que el Tribunal de Cuentas lleve a cabo la verificación de su cumplimiento. Tienen que tener ustedes en cuenta, y lo saben muy bien, que la transparencia en la elaboración de los presupuestos y en su ejecución ya no es solo un
principio, es una norma. En ese sentido, está en marcha una fiscalización sobre la transparencia en la elaboración de los presupuestos, que sigue todavía en el programa de 2009, que la recoge del programa de 2008, que no ha podido concluirse, pero
que está en trámite. Por tanto, para recordar que esta fiscalización aún no ha podido realizarse, es por lo que se presentó un voto particular para que, figurando en la declaración de la cuenta, conociesen SS.SS. que este principio de
transparencia que ya es norma debe cumplirse en la elaboración de los presupuestos. Esta verificación no se plantea como una actuación que pudiera afectar al ámbito de decisión de los responsables de las políticas públicas ni al ámbito de la
tramitación parlamentaria en el proceso de aprobación de los presupuestos. En el voto particular se exponen argumentos contrarios a los ofrecidos en el dictamen del Servicio Jurídico del Estado, entendiendo que no le corresponde al abogado del
Estado delimitar el ámbito competencial del Tribunal de Cuentas, sino que las competencias del Tribunal de Cuentas vienen marcadas tanto por la Constitución como por la ley orgánica y las normas que la desarrollan. En ese sentido, sobre todo
teniendo en cuenta lo que dice la Ley Presupuestaria y la Ley de Estabilidad Presupuestaria sobre el cumplimiento de este principio, se ha creído que este principio debe figurar claramente en la elaboración de los presupuestos y también ser
analizado a la hora de formular la declaración de la cuenta general del Estado del ejercicio 2006. Este es el sentido del voto; no es en contra de la declaración, sino que es un recordatorio del cumplimiento de este principio.
Más cosas que se me han preguntado. Siempre se me preguntan muchas y yo estoy encantado, porque eso quiere decir que incitamos el interés de las señoras y los señores diputados y de las señoras y los señores senadores.
Me dicen que ha
habido una evolución negativa de los indicadores de estabilidad presupuestaria. Creo que fue esa, señor Aguirre, su preocupación. Hay, efectivamente, un límite excedido por parte de los presupuestos. La cantidad la tienen que valorar ustedes
políticamente. Yo no tengo que dar mi opinión en ese sentido, porque mi opinión está reflejada tanto en la declaración como en las conclusiones. El Pleno del Congreso aprueba un límite que no se ha respetado en la aprobación de los presupuestos de
2006. Preocupa, efectivamente, como ha señalado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la situación de déficit presupuestario, pero estamos en lo de antes. Si comparamos el déficit de 2006 con el déficit de 2008 que se está ahora mismo
calculando y con el que se espera, son cifras perfectamente soportables para el principio de estabilidad. Pero a veces vale más el fuero que el huevo y, por muy pequeño que sea el huevo, lo que sí está claro es que debe siempre tenderse a respetar
al cien por cien el principio de estabilidad presupuestaria. Las cifras de 2006 repito que no son muy importantes -estoy de acuerdo con el señor Mas-, pero están ahí como un incumplimiento de este principio.
Sobre el tratamiento del aval a Argentina me ha preguntado también el señor Aguirre. Se trata de un aval otorgado a un crédito del ICO (Argentina) y lo que se denuncia -a lo mejor yo me expresé mal-, coincidiendo con el Consejo de Estado
cuyo dictamen, como saben ustedes, es preceptivo aunque no sea vinculante, es la financiación de la modificación presupuestaria a través de la deuda y no a través del Fondo de Contingencia como exige la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Eso es lo
que se denuncia. ¿De acuerdo, señor Aguirre? (El señor Aguirre Rodríguez: Sí, sí.) En cuanto a si el Ministerio de Trabajo ha tomado las medidas para que las modificaciones presupuestarias se acomoden a lo establecido en la Ley General de
Estabilidad Presupuestaria, está perfectamente señalado en la declaración, por tanto a ella me remito.
Hay otras cosas que me ha preguntado el señor Tuñón, al que le reitero mi agradecimiento, sobre que se adelante el cierre de las cuentas. Ya hemos comentado esta cuestión: Sobre la reducción del informe también le he contestado. Facilitar
su lectura es una pretensión que este pleno se ha tomado muy a pecho y, por tanto, en cada uno de los informes se verá este esfuerzo de redacción más clara, que no llegaremos a considerarla literaria en el sentido de arte, pero por lo menos
trataremos de que efectivamente sea una redacción que esté al alcance de cualquier lector.
Me preguntó por la evaluación de futuros análisis de eficacia y economía y la evaluación de los gastos corrientes y sobre la posibilidad de hacer informes
específicos de cada una de estas materias, sobre todo del inmovilizado, y creo que por ahí van los programas de fiscalización del Tribunal de Cuentas. Tenemos que ir hacia estas cosas, porque harán más ligero el informe que acompaña a la
declaración de la cuenta y, desde luego, darán la posibilidad de analizarlos aquí concretamente, informe por informe, y conocer con más claridad y con más precisión estos análisis de eficacia y economía y la evaluación de los gastos. En todo caso,
traslado esta preocupación, como hago siempre, a la próxima reunión del pleno del tribunal, que es mañana, para que efectivamente sepan cuál es el camino en el que todos coincidimos o en el que debemos coincidir si
efectivamente ustedes nos convencen de que debemos hacer las modificaciones que creen que pueden hacer más eficaz nuestro trabajo.
¿Son relevantes las cuentas rendidas? En cuanto a las entidades del sector público administrativo no
agregado a la cuenta general, se cuantifica su participación en el uno por ciento de los presupuestos; es lo que le puedo decir. Hay que añadir la importancia cualitativa de las cuentas no rendidas o rendidas con acusado retraso, porque esto
también influye a la hora de la valoración.
No sé si me queda alguna pregunta más, aunque creo que el señor Mas me ha hecho alguna otra. La valoración sobre mejorar el nivel de cumplimiento creo que ya la he contestado; las reflexiones en voz alta sobre los años 2006, 2007 y 2008,
también. Todos desearíamos, como es natural, que en el año 2011 volvamos a recuperar -si es posible mucho antes- los bonancibles resultados que nos recuerda la cuenta del año 2006 y que, efectivamente, todos los ciudadanos añoran, porque redundaron
en beneficio de todos ellos, y como es natural es de personas nobles entender, creer y desear que cualquier gobierno que esté al frente de estas situaciones avance para superarlas y mejorar, en datos y cifras, que es lo que nosotros estamos
obligados a analizar, para que nos ofrezcan la posibilidad de una intervención aquí, en el año que sea, en la que podamos decir que todo se ha superado y que todo se ha mejorado. No cabe duda que las sombras de la situación actual han aflorado en
las intervenciones de todos ustedes como no podía ser menos. En el informe que hoy presentamos, los datos y cifras son los que son, por tanto el Tribunal de Cuentas es lo que ha ofrecido.
Los resultados tienen sus defectos y sus virtudes y la
valoración política de los mismos en las posibles actuaciones, tanto resoluciones que se aprueben como posibles comparecencias que puedan ustedes pedir a las distintas instituciones a las que se refieren los datos, darán lugar a que estos informes
cumplan con el cometido que tienen y no sean voces o trabajos que queden en el vacío, porque los esfuerzos inútiles, como decía esa persona tantas veces citada, conducen a la melancolía; no estamos para eso, sino que estamos para ser optimistas.
La señora PRESIDENTA: Me quedo con sus últimas palabras en las que efectivamente tenemos que poner todos el punto de optimismo realista que tenemos que tener para afrontar estas difíciles situaciones en las que nos encontramos.
Supongo que los portavoces no quieren hacer uso de un segundo turno de réplica. Por tanto, vamos a pasar al siguiente punto del orden del día, pero antes de ello me gustaría puntualizar dos cuestiones muy breves. En primer lugar, quiero
rogarles a los portavoces que, si han llegado a acuerdos de transacción en las propuestas de resolución que veremos a lo largo de la mañana, las hagan llegar a esta Mesa para que luego sea más fácil su proceso de votación. En segundo lugar, quiero
referirme a un comentario que ha hecho el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, aunque saben perfectamente que no es mi costumbre hacer comentarios sobre las intervenciones de los grupos parlamentarios, pero en este caso me parecía obligado. Me
refiero, señor Aguirre, a un comentario que ha hecho usted dirigiéndose al presidente del tribunal, en el que le suponía informado sobre la reunión que Mesa y portavoces había tenido con el interventor General del Estado. Quiero decirle, como usted
bien sabe, porque fue a propuesta de una iniciativa suya, que esta Mesa no ha comunicado formalmente al presidente del Tribunal de Cuentas una acción que es producto de la soberanía de esta Cámara y que además fue una sugerencia que usted mismo hizo
y que no tenía más razón de ser que la de tener una relación directa con la Intervención General del Estado, a raíz de la presentación de la cuenta general del año 2005, para recabar información directa y tener una mejor información de la
Intervención General del Estado sobre los problemas y la situación en la que se elaboran las cuentas generales del Estado y se remiten al Tribunal de Cuentas. Solo quería hacer este comentario, porque las relaciones entre la Comisión, entre esta
Mesa especialmente y esta Presidencia, y el Tribunal de Cuentas y su presidente son absolutamente cordiales y transparentes y no quería que quedara ninguna sombra de duda de que transcurren por un ambiente de no bonanza, como usted ha comentado.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CUENCA, EJERCICIOS 2004 Y 2005. (Número de expediente Congreso 251/000066 y número de expediente Senado 771/000066.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto 2.º del orden del día que es el informe de fiscalización del Ayuntamiento de Cuenca correspondiente a los ejercicios 2004 y 2005. Vuelvo a darle la palabra, para la presentación del informe, al
presidente del tribunal, señor Núñez.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): Señorías, este informe se aprobó en el pleno del Tribunal de Cuentas en la sesión del 30 de octubre de 2008. La fiscalización se prolongó a iniciativa del pleno del Tribunal de
Cuentas con el objetivo de verificar la adecuación de la gestión económico-financiera y urbanística del ayuntamiento a la normativa y de evaluar los procedimientos de control interno aplicados; la incidencia de la situación de prórroga
presupuestaria, continuada desde el ejercicio 1998, en los procedimientos de gestión de la entidad y en su situación financiera; y la eficacia de las medidas de saneamiento financiero adoptadas por la corporación. La fiscalización ha estado
condicionada por la falta de localización y entrega al tribunal de los expedientes
referidos a operaciones anteriores a 2004, con incidencia en los ejercicios fiscalizados, lo que ha impedido conocer la correspondencia entre el anterior sistema contable y el implantado en el citado ejercicio. Asimismo, se ha visto
afectada por la inexistencia de información sobre derechos de cobro anteriores a 2001 y por una inadecuada definición de los proyectos de gastos con financiación afectada, que han supuesto limitaciones en el análisis de la representatividad del
remanente de tesorería. Igualmente, determinados aspectos de la fiscalización de la gestión urbanística del ayuntamiento se han visto condicionados por la falta de documentación justificativa.
Por ejemplo, no se dispuso de una copia del convenio
urbanístico o de estudios que permitieran verificar si el cálculo de los aprovechamientos tipo se ajustaba a los precios de mercado.
El análisis de la organización del ayuntamiento ha puesto de manifiesto deficiencias en su determinación y falta de definición en las competencias y responsabilidades asignadas a cada puesto de trabajo.
Además, el ayuntamiento no contó con
reglamento orgánico ni con relaciones de puestos de trabajo durante el periodo fiscalizado. Las principales deficiencias y riesgos de control que afectaron de forma directa a la gestión económico-financiera del ayuntamiento durante el periodo
fiscalizado fueron las siguientes: primero, la ausencia de planificación y definición de objetivos claros y precisos de actuación, destacando la falta de elaboración de presupuestos, de planes de inversión y previsiones de tesorería; segundo, la
inexistencia de manuales de procedimientos y de normas internas de funcionamiento, así como la insuficiencia de medios personales y la falta de adecuación de los trabajos desempeñados a las características del puesto de trabajo en determinados
servicios, especialmente en la gestión tributaria; y tercero, se detectaron deficiencias en la integración de las aplicaciones informáticas de registro de operaciones y en el sistema de archivo, además de una indebida concentración de las funciones
de gestión, contabilización y control, junto con una insuficiente supervisión y falta de control de las operaciones de gastos e ingresos.
Vamos a hablar brevemente de la contratación y gestión presupuestaria del ayuntamiento. La gestión realizada por la corporación se caracterizó por la falta de planificación de los gastos que hubieran requerido la celebración de contrato y
por deficiencias en su control. En el periodo fiscalizado se realizaron gastos en los que concurrían las notas caracterizadoras de los contratos administrativos, sin haber tramitado el correspondiente expediente de contratación por al menos 3
millones de euros. Destacan por su importancia cuantitativa los gastos realizados sin contrato en concepto de limpieza de los edificios e instalaciones municipales, por un importe global en los ejercicios fiscalizados de 1,3 millones de euros,
servicios que se han prestado sin contrato desde 1999.
Asimismo se observó la inadecuación de los importes de los contratos a las necesidades que se pretendía satisfacer y la existencia de modificaciones de contratos sin la pertinente tramitación
del expediente requerido. En la liquidación presupuestaria se constataron una serie de irregularidades contrarias a lo que exige la disciplina presupuestaria en la ejecución del presupuesto de gastos en sus diferentes fases. Así, por ejemplo,
entre otras se detectó la realización de rectificaciones y obligaciones al alza por 2,5 y 3 millones en cada uno de los ejercicios fiscalizados, que no respondían a errores u omisiones en los saldos iniciales ni a obligaciones presupuestarias reales
con terceros y que posteriormente, mediante un artificio contable, permitían generar crédito en el presupuesto de gastos corrientes del ejercicio siguiente. Además, se evidenció la falta de aprobación previa del gasto por el órgano competente en el
caso de los contratos menores y la contabilización e imputación a presupuestos de gastos de ejercicios anteriores por un importe acumulado en los dos ejercicios fiscalizados de aproximadamente 2,7 millones de euros, sin que se hayan reconocido
extrajudicialmente por el pleno de la corporación los correspondientes créditos, por lo que la asunción de dichas obligaciones careció de respaldo legal. Asimismo, la inexistencia de un sistema adecuado de gestión de ingresos tributarios, así como
la falta de procedimientos normalizados de gestión y de control, ocasionó deficiencias en la gestión recaudatoria con retrasos en el pase a ejecutiva de los valores impagados que deberían apremiarse, existiendo a 31 de diciembre de 2005 derechos de
cobro, por importe de aproximadamente 4 millones de euros, que por su antigüedad podrían encontrarse prescritos. Así, en el ejercicio 2004 solamente se pasaron a recaudación ejecutiva el 5 por ciento de los valores que deberían haberse apremiado y
en el ejercicio 2005 el 3 por ciento. En cuanto a la intervención municipal, el informe señala que no ejerció las funciones que la normativa le atribuía, lo que determinó que la gestión municipal careciera de hecho de intervención previa y de
control financiero. En el ejercicio de su función contable, la intervención no contabilizó las operaciones económico-financieras ni realizó el seguimiento de la ejecución del presupuesto de acuerdo con las normas generales y con los principios
presupuestarios y contables aplicables, cuyo incumplimiento fue generalizado, lo que originó que la contabilidad no fuera un instrumento valido y eficaz para la toma de decisiones por los responsables municipales, al no ofrecer información fiable de
la situación económico-financiera, patrimonial y presupuestaria, con el consiguiente riesgo para la economía municipal.
Ahora viene uno de los datos más espectaculares de este informe, y es la falta de aprobación de los presupuestos anuales, porque gran parte de las deficiencias procedimentales y de control interno que aquejaron al Ayuntamiento de Cuenca en
el periodo fiscalizado se debieron a la falta de elaboración y de presentación por parte del alcalde del presupuesto al pleno de la corporación para su aprobación, incumpliendo las prescripciones
establecidas en el artículo 168 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, no habiéndose presentado los presupuestos desde el ejercicio 1999 y hasta 2006. Durante dicho periodo la corporación funcionó con el presupuesto prorrogado
del ejercicio de 1998, último aprobado, si bien la falta de adecuación a la legalidad de los ajustes realizados a los créditos iniciales del presupuesto prorrogado y de las modificaciones de crédito, principalmente las incorporaciones de remanentes
de crédito y las generaciones de crédito por ingreso, han determinado que el 51 por ciento de los créditos definitivos del ejercicio 2004, que ascienden a 23,9 millones de euros, y el 56 por ciento de los del ejercicio 2005, que ascienden a 28,6
millones, no contasen con respaldo legal y, consecuentemente, que las obligaciones atendidas con cargo a los mismos se hayan realizado sin contar con crédito autorizado, de conformidad con la normativa aplicable.
¿Cuál es la situación financiera del ayuntamiento en el periodo fiscalizado? Presentaba una situación de insolvencia financiera a corto plazo, habiéndose liquidado el presupuesto desde el ejercicio 1996 al menos hasta el ejercicio 2005 con
remanente de tesorería negativo, si bien no se procedió conforme a las previsiones del artículo 193 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, estableciéndose únicamente medidas puntuales que no respondieron a un plan de saneamiento. Sin
embargo, y debido fundamentalmente a una insuficiente actividad inversora, el remanente de tesorería a 31 de diciembre de 2005 -aunque tal y como se expone en el informe este no reflejaba la verdadera situación a corto plazo de la entidad- pasó de
5,2 millones de euros, al inicio del periodo fiscalizado, a 1,4.
Quizás tendría que referirme a otros dos aspectos que son inevitables, aunque con todo detalle y con mucha mayor extensión los pueden ver ustedes en el informe. En él se analizan las relaciones laborales del personal y se destaca que las
retribuciones establecidas en el acuerdo marco del personal infringen la normativa aplicable y dieron lugar a pagos indebidos por importe de 1,2 millones de euros en el periodo fiscalizado.
En el ejercicio 2005, se constituyó la empresa municipal Empuser, cuyo objeto social, de conformidad con sus estatutos, es la prestación de determinados servicios municipales. Más adelante, con motivo del inicio de operaciones, se reconoce
en el pleno municipal celebrado el 5 de abril de 2005 que lo que se pretende con su creación es contratar externamente determinado tipo de servicios que pueden tener carácter de servicios de necesidad puntual o estructural. Sin embargo, dicha
intención no figura en los estatutos de la sociedad, que fijan su objeto social sin concretar el alcance de la actividad a realizar por esta, contradiciendo con ello el principio de especialidad de las empresas públicas. El análisis del proceso de
constitución de la sociedad y de su gestión durante el ejercicio de 2005 puso de manifiesto que su creación no estuvo motivada, no habiéndose elaborado la memoria prevista en el artículo 97 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de régimen local, relativas a los aspectos social, jurídico, técnico y financiero de la actividad económica desarrollada. Esta falta de motivación, junto con la falta de concreción del alcance de su objeto social y de su régimen
jurídico, así como la indeterminación técnica, jurídica y económica de los encargos realizados por el ayuntamiento a la sociedad y la ausencia de regulación de su régimen financiero, permiten concluir que la creación de dicha sociedad supuso de
hecho la externalización de parte de la contratación administrativa del ayuntamiento, sobre todo en materias atribuidas al servicio municipal de obras, eludiendo así el cumplimiento de los requisitos en aquella establecidos, especialmente en materia
de competencia, de publicidad y de control. Además no se ha acreditado que con la constitución de la sociedad se hubiera alcanzado la pretendida mejora en la gestión de servicios; por el contrario, se destaca el coste para el ayuntamiento de las
prestaciones realizadas por Empuser, que incrementaron -según los datos recogidos por nuestro trabajo de campo- en un 20 por ciento el coste directo de los contratos y ello sin que se hubieran fijado, como es preceptivo, entre el ayuntamiento y la
sociedad las condiciones de facturación.
En relación con la ejecución del Plan general de ordenación urbana del municipio, aprobado en agosto de 1996, destaca el grado de modificación del planeamiento, que ha supuesto un incremento de un 24 por ciento de la superficie de actuación
respecto de la inicialmente prevista y de un 28 por ciento del aprovechamiento, así como el reducido cumplimiento de las previsiones urbanísticas al haber alcanzado un mayor desarrollo de suelos inicialmente no programados o reclasificados sobre los
programados. Los ingresos procedentes de forma directa del urbanismo ascendieron durante el periodo fiscalizado a 12,6 millones de euros, de los que 5 millones se encontraban pendientes de contabilización y de cobro a 31 de diciembre de 2005.
Se admitió con carácter general en la concesión de licencias de obra mayor un exceso en la edificabilidad del 2 por ciento sobre la prevista en el proyecto de reparcelación, lo que supuso un incumplimiento de la ordenación territorial y
urbanística establecida en el planeamiento, contraria además al principio de equidistribución de beneficios y cargas que debe regir la parcelación urbanística. El control y la actividad inspectora y disciplinaria en materia de urbanismo fueron
prácticamente nulos durante los ejercicios 2004 y 2005, no habiéndose impuesto sanción alguna por comisión de infracciones urbanísticas durante dicho periodo.
Además en el informe se señalan las incidencias en la gestión urbanística del ayuntamiento que podrían haber supuesto un perjuicio para los intereses municipales, motivadas fundamentalmente por la falta de exigencia de medidas compensatorias
por deficiencias en las valoraciones realizadas por los técnicos, por el incumplimiento
de cláusulas de abono de tres convenios de monetarización suscritos con una única empresa, por la falta de exigencia de penalizaciones, por la falta de compensación económica por el exceso de edificabilidad del 2 por ciento tolerada por el
ayuntamiento y por la inexistencia de procedimientos dirigidos a realizar la liquidación definitiva del impuesto de construcciones, instalaciones y obras.
En cuanto al patrimonio municipal del suelo -y voy terminando, señora presidenta, señorías-, el Ayuntamiento de Cuenca no tenía constituido el patrimonio municipal del suelo ni había establecido procedimientos que garantizasen el adecuado
seguimiento y control de dicho patrimonio separado, no contando con un inventario individualizado de los bienes que lo integraban. Por otro lado, la contabilidad municipal tampoco permitía conocer su composición. No se dispuso de un instrumento
adecuado de seguimiento y control de los ingresos obtenidos como consecuencia de la enajenación de terrenos y de la sustitución por su equivalente en metálico de la cesión relativa al 10 por ciento del aprovechamiento tipo, por lo que no se
garantizó la afectación de la totalidad de los derechos reconocidos en los ejercicios 2004 y 2005 a los fines previstos en la ley para dichos recursos. Además, el destino dado a los recursos obtenidos no se ajustó a la finalidad exclusiva de
ampliación y conservación del patrimonio municipal del suelo.
Brevemente voy a hacerles una referencia a las recomendaciones que, por los datos y las conclusiones que el informe refleja, podrían ser muchas, pero voy a señalar por lo menos dos. Recomienda el Tribunal de Cuentas la revisión del acuerdo
marco regulador de las condiciones laborales del personal funcionario y la regulación del régimen de las relaciones con la sociedad municipal Empuser, con definición tanto de la forma y contenido técnico, jurídico y económico de los encargos como de
las tarifas aplicables y de los procedimientos de supervisión y control de las prestaciones realizadas. Respecto de la gestión urbanística, el informe recomienda la realización de actuaciones concretas dirigidas a solventar los puntos débiles
detectados en la fiscalización y a garantizar un desarrollo urbanístico ordenado, y asimismo se insta a formar el inventario individualizado del patrimonio municipal del suelo y a establecer los mecanismos necesarios para realizar un adecuado
seguimiento y control de los bienes y recursos que lo integran, garantizando su aplicación a las finalidades previstas en la normativa.
Concluye el informe diciendo que efectivamente las modalidades de control interno previstas en la vigente normativa presupuestaria deben ser, como es natural, no solo potenciadas sino cumplidas y que la normativa presupuestaria, haciendo que
el presupuesto sea un adecuado instrumento de gestión y un fiel reflejo del plan anual del ayuntamiento, sea de verdad la norma base para que estos problemas que se han detectado por este informe de fiscalización se superen en el futuro.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor presidente.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular el señor Conde tiene la palabra.
El señor CONDE BAJÉN: Los que hemos servido al Estado desde los ayuntamientos solemos tener algunas características comunes, una es sentir empatía por aquellos que desde los ayuntamientos se encuentran en la obligación de solventar muchas
penurias para prestar servicios directos a los ciudadanos; otra es, a sensu contrario, la profunda antipatía por aquellos que desde los ayuntamientos, saltándose la ley de modo sistemático, generan la opinión de que todos los ayuntamientos de
España son un pozo de corrupción, de malversación, de quebranto de la ley y de la norma, que son en definitiva una administración sospechosa. Esto nos genera profunda antipatía, porque no es en absoluto la realidad general de los ayuntamientos de
España, es la excepción, pero estas excepciones contaminan profundamente el conjunto. Y cuando una de esas excepciones se produce hay que actuar con tremenda contundencia para que esto no vuelva a pasar, para que sus responsables asuman las
responsabilidades de todo tipo y género y en definitiva, señorías, para que la transparencia, la limpieza y la decencia en el ejercicio de la política sean la norma común en España.
Señor presidente, de no ser por el Tribunal de Cuentas, cuya labor no nos cansaremos de alabar y de encomiar, quizá esto que ha sucedido en el Ayuntamiento de Cuenca podría haber pasado desapercibido, pero el Tribunal de Cuentas, cumpliendo
la función que la Constitución y la normativa de régimen local le encomiendan, nos trae hoy aquí, ante las Cortes Generales, un informe que es demoledor, absolutamente demoledor.
Es más, no conozco precedentes de un informe de la dureza de este que
hoy aquí se nos somete, no porque el informe en sí sea duro, sino por lo duro de la realidad contable, de la realidad de la gestión que desde el Ayuntamiento de Cuenca se ha venido haciendo.
Señorías, el presidente del Tribunal de Cuentas ha hecho un resumen magnífico, pero déjenme que desde este escaño hagamos también algún repaso a las cosas que aquí han sucedido. Señorías, no estamos ante meras irregularidades contables o
administrativas de esas que en general todas las administraciones pueden llegar a tener. Creo que la rigurosa lupa del Tribunal de Cuentas aplicada a cualquier administración pública detectará siempre algún tipo de deficiencia, cosas que no se han
contabilizado adecuadamente, procedimientos administrativos que no se han observado de modo absolutamente escrupuloso, plazos que se han excedido o que se han reducido. Estas cosas pasan en la Administración, en todas las administraciones. Pero lo
que nos está poniendo
el Tribunal de Cuentas encima de la mesa no son esas pequeñas deficiencias, son cuestiones de mucha importancia. Irregularidades severas -se dice en el informe- en la gestión económica y financiera del ayuntamiento por falta generalizada de
planificación de gastos para los cuales -se nos dice- no existe contrato alguno o no tienen objetivos claros y cuya documentación carece de un adecuado sistema de archivo y custodia. Prórroga presupuestaria continuada desde 1998 en adelante,
durante dos legislaturas completas. A mí me gustaría saber si hay algún ayuntamiento o capital de provincia de España que se haya pasado dos legislaturas completas sin tomarse la molestia el ilustrísimo señor alcalde -no es que no se haya podido
aprobar por carecer de mayoría bastante para aprobarse- de llevar un documento presupuestario y someterlo al Pleno. Insolvencia financiera a corto plazo, como no podía ser de otra manera con este modo de gestionar el ayuntamiento. Pagos indebidos
al personal funcionario. Creación de una empresa que, como se nos acaba de decir, no tenía otro objeto que eludir los controles administrativos en materia de contratación. Pero, es más, el Tribunal de Cuentas cuando ha venido a evacuar su informe,
su auditoría externa, se encuentra con que el ayuntamiento ni se toma la molestia de facilitar la documentación que el tribunal le requiere. Se nos dice que se ha cambiado el sistema contable, lo que impide localizar expedientes. Se nos dice que
no se ha proporcionado información sobre valores liquidados con anterioridad a 2001 y pendientes de cobro a 2005, con lo cual no se puede valorar por parte del Tribunal de Cuentas su efecto en el saldo de deudores. Se nos dice que los proyectos de
gasto con financiación afectada no están adecuadamente definidos. No se aporta al Tribunal de Cuentas un convenio urbanístico. Se nos dice también -y volveré sobre la cuestión- que en el Plan general de ordenación urbana no figuran estudios que
soporten la determinación de los coeficientes de ponderación y homogeneización de grado, con lo cual no se puede verificar si el cálculo de los aprovechamientos tipo se ajusta o no a los precios de mercado. Se nos dice que no se han justificado los
precios de venta ni los costes de construcción utilizados en la valoración de los aprovechamientos urbanísticos en determinados ámbitos y unidades de ejecución, de manera que el 10 por ciento del aprovechamiento tipo del área de reparto que le
corresponde al ayuntamiento no se sabe si tiene una valoración adecuada o no. Estamos hablando de lo que le toca al ayuntamiento recibir en concepto de las plusvalías generadas por el propio urbanismo. En definitiva, vemos que el Tribunal de
Cuentas no ha contado con documentación que tenía que mandársele.
No es una excepción, señor presidente del Tribunal de Cuentas, si le sirve a usted de consuelo, este comportamiento con la institución que usted preside, debe ser la norma en esta ciudad. El Defensor del Pueblo, órgano también dependiente
de estas Cortes Generales, en su informe en relación con este mismo ayuntamiento, ya puso de manifiesto su profunda queja y molestia con el Ayuntamiento de Cuenca porque tampoco se atendían las solicitudes de documentación que se le hacían a esta
corporación, con lo cual pensemos que el comportamiento debe ser generalizado con los órganos constitucionales. Y a este órgano constitucional también le deberá caber tener una opinión respecto a cuál es el comportamiento que una administración
local, como el Ayuntamiento de Cuenca, tiene con órganos constitucionales dependientes de estas Cortes Generales.
Señorías, se nos dice en el informe a la hora de señalar las deficiencias que había una muy deficiente estructura organizativa en el Ayuntamiento de Cuenca; que no existía relación de puestos de trabajo y que había, por tanto, deficiencias
en la determinación de las competencias y responsabilidades asignadas; que no había medios personales y faltaba una adecuación de los trabajos desempeñados; que no se señalaban objetivos; que había falta de normalización de funciones y
procedimientos; que había una indebida concentración de funciones de gestión, contabilización y control. Son deficiencias de organización que pueden merecer un juicio político, pero, lo que es más grave, se nos dice también que, en relación con
estos puntos, había una falta de planificación de gastos que requerían la elaboración de contrato así como deficiencias en la fiscalización que de los mismos debería haber hecho la intervención municipal. Por tanto, se destaca que hay gastos sin
contrato o que exceden de la cuantía del contrato por un importe total de más de cuatro millones de euros en el período analizado que son dos años. Dicho en román paladino, el Ayuntamiento de Cuenca en el período examinado gastó 4 millones de euros
sin que sepamos por qué y sin que se hubiera hecho una licitación adecuada, y además se decidió que fueran estos contratos como pudieran haber sido otros. Y uno se pregunta: ¿Con quién se contrato? ¿Por qué se contrató con quien se contrató?
¿Cuál fue el precio que efectivamente se pagó? ¿Qué sucede con estos 4 millones de euros que son de los ciudadanos de Cuenca?
Señor presidente, yo creo que este asunto aquí no puede terminar. Esto no puede acabar con la pura presentación de un informe y la valoración que los diputados y senadores hagamos en estas Cortes Generales porque los ciudadanos de Cuenca se
merecen saber qué se ha hecho con sus dineros.
Todo este dinero del que estamos hablando, y en los tiempos que están cayendo, este dinero, que no está en la caja del Ayuntamiento de Cuenca, está en el bolsillo de alguien y tendremos que saber en
qué bolsillo está y por qué ha llegado a ese bolsillo.
Se nos dice, señorías -y continúo-, que ha habido una contratación irregular de la gestión de expedientes sancionadores por infracciones de tráfico. Otro contrato irregularmente hecho. Se nos dice que solo se han pasado a recaudación
ejecutiva 47.000 euros de un total de 917.000 en el ejercicio 2004, y en el 2005, de un total
de un millón de euros, solo 27.000. Más dinero que deja de estar en el bolsillo de los ciudadanos de Cuenca. Se nos dice que a 31 de diciembre de 2005 existían derechos por importe de 4.015.000 euros con una antigüedad superior a cuatro
años y que están prescritos; es decir, otros 4 millones de euros que tampoco están en los bolsillos de los ciudadanos de Cuenca. Se nos dice que los procedimientos y criterios contables aplicados en el registro contable de los gastos e ingresos
han incumplido todos los principios: de especificidad, anualidad, devengo, registro, no afectación, no compensación. Se nos dice que hay deficiencias en el archivo y custodia de la documentación y en los procedimientos de supervisión y control de
gastos e ingresos.
Señorías, el hecho de que el presupuesto se haya prorrogado durante ocho años consecutivos, durante todo el tiempo que estuvo gobernando quien estuvo gobernando en Cuenca, hace que el 51 por ciento de los créditos del ejercicio 2004 y el 56
por ciento de los del 2005, el periodo analizado, no cuenten con respaldo legal. Y si los créditos no cuentan con respaldo legal solo hay una consecuencia y es que los gastos amparados por tales créditos son nulos; el 56 y el 51 por ciento. O
sea, la mitad de un presupuesto entero está indebidamente gastado. Yo no conozco precedente alguno. Esto va a quedar en los anales de la pésima gestión pública, de la muy deficiente gestión corporativa a lo largo de mucho tiempo. Esperemos que
este récord no se bata, aunque nada es de descartar.
Señorías, se nos dice que se han pagado indebidamente al personal funcionario del ayuntamiento cantidades de 560.000 euros en 2004 y 638.000 euros en 2007. Y se ha pagado porque parece ser que así lo ha decidido el alcalde, sin amparo legal
ninguno. Ha pagado porque quiere, a quien quiere y como quiere. Esto es absolutamente escandaloso.
Se nos dice que se ha creado una empresa, Empuser, de la que el presidente del Tribunal de Cuentas acaba de señalar que no tenía otro objetivo que eludir las normas de contratación pública porque ni había planificación de objetivos ni de su
objeto social, y los bienes o servicios que se contrataban a través de esa empresa han supuesto que el ayuntamiento pague un 20 por ciento más caro de lo que se venía haciendo. Uno es defensor, como buen liberal, de que aquellas funciones públicas
que pueden hacerse a través de empresas privadas se hagan así porque partimos de la base de creer que una empresa privada puede gestionar con mucha mayor eficiencia y puede suponer economías a la Administración pública, en definitiva al
contribuyente, que es el que nutre a la Administración pública, pero, claro, si resulta que desde ciertos bandos del otro lado de la mesa se acude a la creación de empresas públicas, no para mejorar la eficiencia en la gestión ni para contratar más
barato sino para eludir la normativa de contratación y para que al final el ciudadano pague un 20 por ciento más caro, esto vuelve a ser absolutamente escandaloso, señorías. Es escandaloso montar una empresa privada con el único fin y determinación
de eludir la normas de contratación pública.
Entrando ya en la gestión urbanística, se nos dicen varias cosas. Primero, no se manda un convenio urbanístico, no vaya a ser que lo lea el Tribunal de Cuentas, claro. El mejor modo de impedir que el Tribunal de Cuentas haga un informe
detallado sobre esa gestión urbanística en relación con ese sector es no mandar el convenio urbanístico. Si no se manda asunto resuelto. Pero es que en lo que sí ha podido ver el Tribunal de Cuentas nos encontramos con que los ingresos obtenidos
por el ayuntamiento ascienden a 12,5 millones de euros -ingresos obtenidos por el urbanismo-, de los cuales 9.800.000 corresponden a ingresos presupuestarios del periodo, pero a 31 de diciembre de 2005 la corporación no ha contabilizado -se nos dice
así- 5 millones de euros de ingresos urbanísticos.
La señora PRESIDENTA: Señor Conde, le ruego que vaya concluyendo porque lleva más de quince minutos.
El señor CONDE BAJÉN: Termino enseguida, señora presidenta, pero comprenderá usted que lo que tenemos aquí con lo del Ayuntamiento de Cuenca...
La señora PRESIDENTA: Yo lo comprendo, pero como esta es la comparecencia del presidente del Tribunal de Cuentas deberían ustedes atenerse a lo que corresponde en este procedimiento, que es dirigirse al presidente para solicitar
información, preguntarle y ampliar información sobre el propio informe que se ha presentado.
El señor CONDE BAJÉN: Así lo haré, señora presidenta. Voy terminando.
En definitiva, señorías, se edifica más de lo que se debe: un 2 por ciento más según se nos ha señalado. Es decir, aquí hay alguien que se ha enriquecido en un 2 por ciento de modo ilegítimo y sistemático, y se ha impedido la participación
en los beneficios del urbanismo, el reparto de cargas y beneficios, de los ciudadanos de Cuenca.
Cumpliendo con el apremio que me hace la señora presidenta, señor presidente del Tribunal de Cuentas, tengo varias preguntas que hacerle.
La primera, ¿cree el presidente del Tribunal de Cuentas que se puede consentir que una administración
no remita la documentación que se le está pidiendo? ¿Se ha planteado el Tribunal de Cuentas hacer uso de las previsiones que al respecto tiene su propia ley orgánica y deducir el tanto de culpa correspondiente por un delito de desobediencia en el
que se podría haber incurrido? Siguiente cuestión, señor presidente. A la vista del evidente quebranto a la Hacienda local de Cuenca, a los ciudadanos de Cuenca, a los que nutren con sus impuestos la Administración local conquense, ¿qué va a hacer
el tribunal? ¿Se van a
exigir responsabilidades, las que prevé la propia ley orgánica del tribunal? ¿Se va a buscar el modo de reintegrar lo que indebidamente salió del bolsillo de los ciudadanos de Cuenca? ¿Se va a dar cuenta o conoce la Fiscalía del Tribunal
de Cuentas esta gravísima situación? ¿Qué se ha hecho hasta el día de hoy?¿Se nos puede informar de si se van a ejercer las, por otro lado, absolutamente previsibles y lógicas acciones legales? Porque esto no puede quedar así, y en su momento se
harán las recomendaciones oportunas por parte de este grupo parlamentario porque -y termino ya, señora presidenta- lo que aquí se pone de manifiesto es de una extrema gravedad. Se contrata con quien se quiere, como se quiere, sin cobertura
presupuestaria. Aquí se ha hecho rico más de uno y nosotros queremos saber quién y por qué, y por supuesto queremos que el responsable o los responsables de esta situación asuman su responsabilidad en el orden político, en el orden administrativo y
por supuesto en el orden penal.
La señora PRESIDENTA: En nombre del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Tuñón.
El señor TUÑÓN SAN MARTÍN: La exposición del señor Conde ha sido bastante contundente y creo que parte de razón no le falta. Voy a exponer la visión que tengo. En primer lugar, me congratulo de que el Tribunal de Cuentas haya hecho este
tipo de informes -es un informe especial- porque lo que tiene de profundización en todo el tema del urbanismo. Realmente puede ser una garantía para que este tipo de informes se puedan aplicar a otros ayuntamientos, sobre todo teniendo personal y
metodología tan preparada.
El informe me ha gustado, no tanto el contenido sino la forma. Me parece que es un informe de los más claros que ha hecho el Tribunal de Cuentas, sobre todo por las expresiones claras, porque normalmente todos los informes del Tribunal de
Cuentas tienen que ser prudentes y a, pesar de eso, en algunos casos utiliza un lenguaje contundente que no da lugar a dudas. Leyendo las limitaciones del informe ya tienes la sensación de que este informe no puede ser bueno, porque las
limitaciones muestran una actitud o un condicionamiento de lo que va a venir luego. Muchas veces leyendo las limitaciones de estos informes ya se puede prever los resultados, y en este caso las limitaciones son muy importantes. Ya se han resaltado
y no conviene añadir nada más.
Quiero hacer otra reflexión. Se han ceñido ustedes, entre otras cuestiones, al tema urbanístico. Pero claro, que yo sepa Cuenca tiene 50.000 habitantes y en dos años se ha incrementado en 2.000 personas.
Aquí teóricamente no hay las
tensiones urbanísticas a las que estamos acostumbrados en otros ayuntamientos, con lo cual me produce más desazón.
Se podría decir que el informe es un manual de incumplimientos. Hay doce epígrafes en la parte primera, que son insuficiencias,
indefiniciones, deficiencias, ausencias, falta de normalización, inexistencia. Eso ya nos indica lo que es.
Otro tema realmente llamativo es la prórroga del presupuesto. Estoy de acuerdo en que es algo bastante inédito. Pero, ¿cuáles son las causas de esto? Estoy pensando en qué alegaciones ha hecho el ayuntamiento sobre este tema. ¿Ha
expuesto algunas causas? ¿Ha explicado el porqué? Porque puede haber cosas que aparentemente sean inexplicables pero pueden tener una explicación, nunca legal y nunca ajustada a derecho, pero puede haber algunas causas. Me gustaría saber si, ante
este informe tan contundente y sobre todo en el caso de la prórroga del presupuesto, el ayuntamiento se ha justificado, se ha defendido o ha hecho algún tipo de comentarios, porque me parece que algo hay que decir. Estoy de acuerdo en que ha habido
perjuicios ocasionados por esta mala gestión, exceso de edificabilidad, aumento de aprovechamientos privativos sin medidas compensatorias dotacionales, deficiencias de valoraciones técnicas, etcétera. Es decir, hay una sensación de que esto habría
que analizarlo desde el punto de vista de delitos contables o, por lo menos, instrucciones de expedientes en este sentido. Este informe nos dice que la capacidad inversora del ayuntamiento -porque yo pensaba que igual detrás de esto hay una
decisión política en cuanto a resultados económicos- a corto plazo es deficiente. ¿Y cuál es la situación económica de este ayuntamiento a medio y a largo plazo? ¿Tenemos datos, existen estos datos?
Una de las afirmaciones más contundentes que he visto en el informe es la que dice que una sociedad instrumental creada por el ayuntamiento ha permitido eludir la normativa de contratación administrativa. Lo dice casi sin matizaciones. Ha
actuado como una sociedad. Realmente lo que está diciendo es que ha actuado de esta forma. Además del incremento del coste, ¿es recomendable este tipo de sociedades? Aparte de que esta sociedad desde luego no es recomendable tal como está
diseñada, por supuesto, tal como usted ha explicado, en cuanto a objetivos, etcétera.
¿Hasta dónde se puede externalizar? Sobre todo cuando existe este interés o esta actitud en crear una sociedad pública precisamente para saltarse la normativa
pública. Eso es una contradicción y hay que pararlo o hay que intentar pararlo porque si no se hace así estas cosas se van extendiendo. Y aparte, y si funcionan bien, se corre la voz. Es un tema al que hay que poner barreras, si es que usted
considera que se puede hacer. Valoración de los procedimientos de contratación. Ya se ha dicho todo. Para terminar, solo diré que es un ayuntamiento que me parece que sí que necesitaría un repaso de fiscalización.
La señora PRESIDENTA: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Sahuquillo.
El señor SAHUQUILLO GARCÍA: En primer lugar, gracias, presidente, por su exposición sobre el trabajo realizado en el informe de fiscalización del Ayuntamiento de Cuenca ejercicios 2004 y 2005. Informe extenso, 147 páginas y 20 anexos. Eso
sí, en algunos aspectos de este informe se emiten opiniones que se alejan del rigor técnico que observamos en otros informes del Tribunal de Cuentas, donde el objetivo es la fiscalización de las cuentas generales de las corporaciones locales. Esta
especificidad del informe nos da pie para realizar algunas reflexiones y preguntas en aras de rechazar lecturas equívocas de su contenido y mejorar, si es posible, la concisión y claridad de algunas conclusiones que se han utilizado para alcanzar
las recomendaciones finales.
Comenzaré, señor presidente, por poner en valor aspectos ya puestos en marcha por el ayuntamiento y le citaré algunos ejemplos de los cuales aporto la documentación, si fuera necesario. En cuanto a los procedimientos de gestión y control
del ayuntamiento, se ha aprobado un reglamento orgánico municipal en el ejercicio 2006 y se han actualizado los padrones fiscales y las acciones para el cobro de los derechos de la corporación. Sobre la prórroga del presupuesto, como se recoge en
el texto del mismo, el ayuntamiento elaboró presupuestos para los ejercicios 2006 y 2007 por el mismo equipo municipal que realizó la gestión de los ejercicios 2004 y 2005. Tanto en la elaboración como en la ejecución de estos presupuestos se
consolida la tendencia al equilibrio presupuestario, dando cumplimiento al principio de nivelación presupuestaria, una vez que se había conseguido eliminar prácticamente el déficit. En condiciones laborales del personal, se ha aprobado una relación
de puestos de trabajo de todo el personal del ayuntamiento dando cumplimiento al artículo 74 del Estatuto básico del empleado público. Por último, en gestión urbanística, el pleno municipal aprobó igualmente una moción para que se negociaran las
condiciones y un nuevo calendario para el pago de la deuda no prescrita correspondiente al convenio de los sectores tres y cuatro.
Dicho lo anterior, pasaré a formularle, señor presidente, algunas preguntas que se plantea mi grupo a tenor de este extenso informe, estando en mi ánimo ser lo más breve y conciso posible frente a un documento, reitero, tan extenso. Mis
preguntas van a girar en torno a cuatro grandes apartados que le anticipo. El primero, el alcance y ámbito temporal de la fiscalización que se ha llevado a efecto; el segundo, la prórroga del presupuesto y su incidencia en la gestión; el tercero,
el análisis de la gestión urbanística y el cuarto, el tratamiento otorgado a las alegaciones formuladas por la Administración local. Quiero señalar que la fiscalización del Ayuntamiento de Cuenca que el Tribunal de Cuentas ha llevado a efecto ha
puesto de manifiesto algo que para este grupo no tenía duda alguna; que el equipo de gobierno que gestionó los fondos públicos del Ayuntamiento de Cuenca no distrajo ni malversó dinero de las arcas municipales. Lo anterior puede parecer una
obviedad, pero no está de más recordarlo frente a quienes fueron los peticionarios de la fiscalización por el Tribunal de Cuentas. También quiero dejar constancia, señor presidente, de que este grupo ve serias debilidades técnicas y jurídicas en
algunos antecedentes del informe que hacen referencia a actuaciones de los técnicos municipales o de la intervención que han podido menoscabar los ingresos municipales, más concretamente en materia de urbanismo. A este respecto se hace una
recomendación, la número 22, para que se impulsen actuaciones disciplinarias que corrijan estas conductas. Sin duda que la opinión de este grupo es compartida por el equipo municipal del gobierno actual, perteneciente al Partido Popular, desde el
momento en que no ha iniciado ninguna actuación disciplinaria para dar cumplimiento a lo recomendado en el informe de la fiscalización.
Le decía, señor presidente, que mis preguntas girarán sobre cuatro grandes apartados. Primero, sobre el alcance y ámbito temporal de la fiscalización que se ha llevado a efecto. En la página 157 de la memoria de actuaciones del Tribunal de
Cuentas correspondiente al año 2007 se incluye la fiscalización del Ayuntamiento de Cuenca, ejercicios 2004 y 2005, y se especifica que se están desarrollando los trabajos previstos en las directrices técnicas, aprobados por el pleno del Tribunal,
directrices técnicas que, según consta en la página 10 del informe, se aprobaron por el pleno del Tribunal en su sesión de 28 de noviembre de 2006. En la página 9 se dice que el informe no incluye la fiscalización de las cuentas generales de los
ejercicios 2004 y 2005 y por tanto no tiene como finalidad la emisión de una opinión sobre la representatividad de las mismas. Siguiendo con el ámbito temporal de la fiscalización, en el apartado segundo, alcance y limitaciones, página 10 del
informe, se especifica que el ámbito temporal de la fiscalización se ha referido a los ejercicios 2004 y 2005. Sin embargo, leído el informe, el ámbito temporal que se narra se retrotrae a los años 1996, en el apartado de urbanismo, o 1999, en los
apartados de procedimiento de gestión o prórroga del presupuesto. No existe por tanto un ámbito temporal del informe, sino que la fiscalización de cada una de las áreas que lo integran se ha realizado por un ámbito temporal distinto. ¿No cree el
señor presidente que el informe elaborado está en contradicción con el ámbito, tiempo y método aprobado por el pleno del Tribunal? ¿Deberíamos separar del informe aquellas actuaciones de fiscalización que se refieren a 2004 y 2005 de aquellas otras
anteriores y posteriores a estas fechas? ¿Se han cumplido las directrices técnicas aprobadas por el pleno del Tribunal de Cuentas de 28 de noviembre de 2006 tal como se expone en la página 10 del informe? Señor presidente, ¿se han analizado o no
las cuentas generales rendidas por el ayuntamiento? ¿O es que solo se ha analizado, tal y como consta en el informe, una rúbrica del balance de situación, sin dar opinión sobre la representatividad de dicho estado?
Segundo apartado, sobre la prórroga del presupuesto y su incidencia en la gestión. Nuestro grupo considera que la situación de prórroga presupuestaria es una situación anómala, no deseable, sin duda, poco ortodoxa, pero no ilegal. Es más,
se reconoce en el propio informe que la prórroga fue usada como un medio de contención del gasto y que durante la prórroga presupuestaria el remanente de tesorería negativo tuvo una evolución positiva, ya que pasó de 5.240.979,16 euros a
1.429.709,17 euros. Ahora bien, el informe afirma que la prórroga presupuestaria rebaja los límites y los estándares de control y permite a los gestores municipales una administración arbitraria de los fondos públicos; página 52. Estos efectos
negativos no se mencionan en cambio por el legislador ni tampoco por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Sala de lo Contencioso-Administrativo, con ocasión de resolver un recurso sobre este particular, del cual tengo la
sentencia. Ante esto, señor presidente, le rogaría las siguientes aclaraciones: ¿Cómo es posible que el artículo 149, de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contemple el presupuesto prorrogado como una posibilidad? ¿Desatendió el
Ayuntamiento de Cuenca alguna advertencia de ilegalidad o recomendación de este tribunal en el momento de ser censuradas sus cuentas generales durante todos los años en que funcionó con presupuesto prorrogado? ¿Tiene esa presidencia constancia de
por qué no se hizo advertencia de ilegalidad o se hizo mención del riesgo de falta de calidad en el control por parte de la sección correspondiente?
A mayor abundamiento, señor presidente, usted conoce perfectamente que la Ley Reguladora de las Haciendas Locales exige, en su artículo 168.1.e), como documentación para formar el presupuesto, un informe económico-financiero de la efectiva
nivelación del presupuesto; la intervención municipal elaboró sendos informes donde advertía de la imposibilidad de cumplir el principio de nivelación del presupuesto, informes que obran en poder del Tribunal de Cuentas. El informe de la
intervención es vinculante para la aprobación del presupuesto municipal.
Así, el Tribunal Supremo, en sus sentencias de 13 de mayo de 1988 y de 22 de mayo de 2000, anula presupuestos municipales aprobados por haberse omitido el trámite fundamental
de informe económico-financiero. ¿Por qué, señor presidente, el informe omite cualquier referencia a estos documentos económico-financieros de la interventora y atribuye únicamente a la voluntad del alcalde la decisión de prorrogar el presupuesto
municipal? Finalmente, en este apartado, señor presidente, si el pleno de la corporación ha aprobado, con emisión de dictamen previo por la comisión especial de cuentas, las cuentas generales de los ejercicios prorrogados 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004 y 2005, ¿cómo se puede afirmar que se anuló el papel del pleno en una materia que le es propia o que hubo un largo periodo de vacío presupuestario, como recoge la página 49?
En tercer lugar, el análisis de la gestión urbanística. Si la fiscalización es de los ejercicios 2004 y 2005, sorprende, señor presidente, que, en materia de urbanismo, el análisis de elementos de desarrollo urbanístico se retrotraiga a
1994, año en que se redactó el Plan general de ordenación urbana, y que se extienda hasta el año 2007.
La fiscalización ha sido además exhaustiva; han sido investigadas las 36 innovaciones tramitadas entre 1999 y 2007. El informe resalta que, con
carácter general, se han hecho las cosas bien. Así, en las páginas 104 y 137, se afirma que se ha verificado, de las comprobaciones hechas, que la tramitación del planeamiento y de los distintos instrumentos de gestión urbanística se ha realizado
con carácter general de conformidad con lo previsto en la normativa, especialmente lo que respecta al cumplimiento de los aspectos formales. Esta afirmación constituye una declaración en el sentido de que el Ayuntamiento de Cuenca gestionó el
urbanismo huyendo del trato de favor y de la arbitrariedad. Y no solo eso, sino que significa también que todos los actos, tanto de planeamiento como de gestión, se han desarrollado en el ayuntamiento con sujeción a la Lotau, sometidos a los
informes técnicos, jurídicos y económicos preceptivos antes de ser aprobados por el pleno, todos, excepto uno, por unanimidad, remitidos para su dictamen a la comisión regional de Urbanismo, donde han sido votados, también por unanimidad, y
aprobados por el consejero o consejera del Gobierno regional, competente para ello. Admite igualmente el informe que el uso que se dio a los recursos económicos obtenidos por la enajenación de los aprovechamientos municipales -cesión obligatoria
del 10 por ciento- fue respaldado por sentencias judiciales, aunque el Tribunal de Cuentas discrepa de esa interpretación judicial.
El informe es crítico con el trabajo de los técnicos municipales que realizaron las valoraciones de algunos convenios urbanísticos para sustituir el pago en metálico del 10 por ciento del aprovechamiento urbanístico correspondiente al
ayuntamiento. Hay una novedad reciente sobre este particular, es una sentencia judicial que revisa la valoración del aprovechamiento del sector 3B; también la tengo. El juez cuestiona todos los métodos de valoración que se han utilizado por los
técnicos intervinientes, tanto los municipales, como los peritos de parte y judicial. Entre los métodos rechazados está el utilizado por el Tribunal de Cuentas en el informe de fiscalización. Lo anterior nos sitúa en un marco de prudencia, por
cuanto nos adentramos en una materia de especialidad, controvertida y sujeta a tantas interpretaciones como órganos o autoridades supervisan una valoración. Por tanto, nos parece que hablar en estos supuestos de pérdidas patrimoniales es cuando
menos una conclusión no exenta de dudas razonables. Lo mismo podemos decir de la afirmación contenida en la página 133 sobre la existencia de derechos por importe
de 4.015.140 euros, respecto a los cuales se dice en el informe que podrían encontrarse prescritos. Si presentamos la prescripción como una mera posibilidad, no parece razonable que se obtenga una conclusión categórica de pérdida
patrimonial. Este ejercicio de prudencia nos lleva a la siguiente pregunta, señor presidente: ¿Cuenta el tribunal, en su relación de puestos de trabajo, con técnicos con capacidad suficiente para realizar un trabajo técnico de tal complejidad?
¿No cree el señor presidente que hubiese sido más prudente solicitar una motivación de las valoraciones con carácter previo y de modo general antes de emitir un juicio tan preciso? ¿No habría sido prudente recabar información adicional al
ayuntamiento para descartar que se incluyan en el informe imprecisiones innecesarias, como las que se refieren a derechos prescritos?
Para finalizar este tercer apartado, un apunte más. El día 24 de septiembre de 2008, en esta misma Comisión se presentó el informe de fiscalización de la gestión y control de los recursos integrantes del patrimonio municipal del suelo,
ejercicio 2004. En dicho informe se incluía, en su ámbito subjetivo, el Ayuntamiento de Cuenca y, en el ámbito temporal, se analizaba también la gestión del patrimonio municipal de suelo del ejercicio 2004. Quiero preguntarle, señor presidente:
¿Se han utilizado los trabajos desarrollados en la fiscalización del patrimonio municipal del suelo en el informe que analizamos hoy del Ayuntamiento de Cuenca, ejercicios 2004 y 2005?
Cuarto y último apartado, sobre el tratamiento otorgado a las alegaciones formuladas por la Administración local. Este grupo considera que el esfuerzo argumental y de aportación de documentación que han realizado las partes alegantes no se
ve reflejado en el informe de fiscalización.
Señor presidente, ¿es usual que en un informe se presenten tantas alegaciones? ¿Es habitual que las motivaciones al rechazo de las mismas se sustancien con frases como las que recoge el informe en su
página 14? ¿Por qué si el informe final se compone del documento aprobado por el pleno y las alegaciones -artículo 44 de la Ley del Tribunal de Cuentas-,estas no se han hecho públicas en las páginas de Internet del tribunal? Estas preguntas surgen
tras comprobar que la mayoría de las alegaciones fueron rechazadas usando una fórmula estereotipada, carente de motivación y sin establecer causa justificada adecuada a cada una. Nos encontramos con un rechazo sistemático que invita a la presunción
de que la desestimación se produce sin un estudio en profundidad de las mismas, ya que se mantienen en el informe final errores conceptuales y de terminología indiscutibles. A mayor abundamiento, no solo no son atendidos los criterios y argumentos
que sustentan las alegaciones, sino que del trámite surgen nuevos juicios de valor negativos, fruto de una interpretación que no se permite cuestionar, ya que no se abre un nuevo periodo de alegaciones. Señor presidente, ¿no se coloca al
ayuntamiento en una situación de indefensión cuando no se le da la oportunidad de completar o subsanar documentación, si se considera que falta, desoyendo la Ley de Procedimiento Administrativo Común y obviando la realidad de que el propio Tribunal
de Cuentas obtuvo del ayuntamiento abundantísima información, documentación, por lo que obran en su poder muchos de los documentos que se manejaron en la presentación de las alegaciones? Es precisamente esta duda y el respeto y aprecio que sentimos
por el trabajo del Tribunal de Cuentas lo que nos obliga a insistir en la conveniencia de que se estudie la posibilidad de que el informe vuelva a la sección de fiscalización para una relectura del mismo, de las alegaciones a él presentadas y la
reflexiones que con sumo respeto y consideración le hemos trasladado.
Para finalizar, quiero hacer unas precisiones al señor Conde. Me encanta la polémica, señor Conde. Disfrutaría polemizando con usted sobre estas cuestiones, porque, visto su tono y conociendo la historia política de cada uno, es más fácil,
pero hoy aquí yo no vengo a otra cosa distinta que a hacer lo que creo que tengo que hacer como miembro del Grupo Parlamentario Socialista y a explicarle nuestra posición al presidente del Tribunal de Cuentas. Yo no voy a hablar como lo hacía un
compañero suyo, el señor Ballestero, cuando aquí se analizó la fiscalización del Ayuntamiento de Toledo. Decía que era una caza de brujas, que era un objetivo político, que era una torticera utilización de las instituciones públicas, culpando de
ello al Gobierno socialista de Castilla-La Mancha, que eran las prácticas de acoso y de derrivo del Partido Socialista de Castilla-La Mancha. Por cierto, me alegra mucho que hoy ustedes alaben lo que criticaron y denostaron el 24 de septiembre de
2008; me alegro muchísimo. Decía también el señor Ballestero -es curioso- que, cuando se pide la fiscalización de ese ayuntamiento, se dice que se pedía porque había una sentencia del Tribunal Supremo, de 22 de junio de 2004, anulando el concurso
de adjudicación del servicio de aguas del año 1996.
¿Sabe quién era el alcalde en el año 1996? (El señor Conde Bajén: Yo.) Sí, usted, señor Conde. Pero fíjese, señor Conde, el Tribunal de Cuentas, cuando fiscaliza el Ayuntamiento de Toledo, dice
que, con independencia del retraso en la presentación en pleno de los presupuestos de los ejercicios fiscalizados, dichos presupuestos fueron informados negativamente por el interventor municipal, y dice por qué. Reitero, informó negativamente
contra las decisiones de los políticos y quiero reiterar y dejar muy claro que en toda las materias y procedimientos analizados por el Tribunal de Cuentas sobre la fiscalización del ayuntamiento en los ejercicios 2004 y 2005 se ha contado con los
respectivos y preceptivos informes emitidos por los distintos técnicos municipales y en modo alguno, en ninguna de las situaciones informadas por los mismos, se ha actuado al margen de las consideraciones contenidas en dichos informes. Es decir, la
actuación de los órganos municipales
se ha ajustado a lo previsto en la ley. ¿Cómo cambia el cuento, verdad?
Voy a decir algo más, para terminar, que es más bien una confesión. El alcalde que gobernó en los años que ahora se fiscalizan, 2004 y 2005, es el mismo que gestionó de 1991 a 1995. El ciudadano Cenzano, que es como le llamamos en Cuenca,
en plena crisis económica en 1994, con una deuda municipal insoportable y un déficit que crecía al mismo ritmo que la inflación, avaló con su patrimonio personal -y les aseguro que ni antes lo tenía ni lo tiene ahora- hasta 190 millones de las
antiguas pesetas en pagarés, para poder con ello satisfacer facturas tales como gasóleo para los colegios, suministro para la limpieza, material de repuesto de suministro de aguas o de servicio eléctrico de la ciudad, entre otros.
Ningún pagaré fue
ejecutado gracias a una dura disciplina de tesorería.
¿Creen ustedes que con este concepto de servicio público del señor Cenzano puedan cambiar tanto sus criterios morales para permitir que alguien se enriquezca a costa del erario público o pueda
fomentar esa política laxa? Contéstense ustedes mismos.
La señora PRESIDENTA: El señor presidente tiene la palabra.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): Muchas gracias, señorías, sobre todo a los portavoces que han tenido la amabilidad de intervenir, valorar y preguntar sobre el informe que estamos presentando.
Voy a empezar por las preguntas del representante del Grupo Parlamentario Popular, señor Conde, pero antes de contestar a las preguntas que me han hecho, voy a señalar que voy a limitarme a esto, a contestar preguntas y que no voy a hacer
valoraciones, porque no está en mi labor, ni en mi función, ni en mi responsabilidad hacerlas; ya las hace el informe y del informe es de donde tienen que derivarse las valoraciones. Me pregunta el señor Conde si se puede consentir que no se
remitan las documentaciones y la falta de colaboración que para determinados aspectos del informe se ha detectado y que efectivamente el informe determina. Tengo que decir a este respecto que el Grupo Parlamentario Popular tiene que saber que,
cuando no se pide colaboración, el Tribunal de Cuentas utiliza los procedimientos establecidos en la Ley de funcionamiento, en la legislación vigente y en la normativa que acompaña la forma de hacer las fiscalizaciones. Y se han producido los
requerimientos establecidos en la ley: el requerimiento primero, que es un requerimiento de petición de colaboración, y el requerimiento segundo, que es un requerimiento conminatorio con las sanciones correspondientes. Está claro que todos estos
procesos de requerimiento de colaboración y de petición de la documentación necesaria se han formulado en su momento al Ayuntamiento de Cuenca.
En las alegaciones enviadas por el ayuntamiento se explica por qué se han omitido, o no se han enviado, o no se han formalizado determinados documentos. Y esas alegaciones no se ocultan a nadie -con eso contesto también al señor
Sahuquillo-, están aquí. Se envía el informe con las alegaciones correspondientes; por tanto, no se trata de documentos secretos ni mucho menos, ni que se oculten a la valoración de los señores diputados. En la página web, efectivamente, no se
publican, pero eso no quiere decir nada, sino, sencillamente, que en la página web se da a la opinión pública general el informe, pero los documentos auxiliares se envían a donde tienen que tramitarse de acuerdo con la ley, que es justamente al
Congreso de los Diputados y al Senado, es decir a la Comisión mixta Congreso-Senado. Se remitió -y usted lo podrá comprobar- el documento con todas las alegaciones.
Me pregunta el señor Conde por las responsabilidades y sobre qué va a hacer el tribunal con respecto a este tema. Yo ni siquiera lo había planteado en mi primera intervención, pero, efectivamente, las posibles responsabilidades las ha
detectado tanto el servicio jurídico del Estado como la fiscalía. Tengo que decir que el fiscal no solamente está enterado de este informe, sino que forma parte del pleno; es decir, que en el pleno ha votado este informe y tiene conocimiento del
mismo desde que el consejero ponente, después del trabajo de campo y después de utilizar, como es natural, las alegaciones que se han podido enviar por la parte fiscalizada, envía su propia valoración de las responsabilidades contables o penales en
que pudiera haber incurrido el fiscalizado. Por tanto, el fiscal desde el primer momento, como el resto de los consejeros, tiene conocimiento del informe, antes incluso de ir este informe a la sección de fiscalización y desde luego antes de ir al
pleno, del que -repito- forma parte.
Se remite también este informe al servicio jurídico del Estado y tanto uno como otro, tanto el servicio jurídico del Estado como el ministerio fiscal, han pedido que se envíe todo el informe a la sección de enjuiciamiento, que es donde tiene
que ir en segunda fase; es decir, no tiene que volver a hacerse otro informe de fiscalización, sino que irá a la sección de enjuiciamiento, donde el fiscalizado cuenta con todas las garantías jurídicas -estamos en un Estado de derecho- para
defenderse del posible proceso que pudiera generarse, que a lo mejor no se genera. En todo caso, como la pregunta es muy clara, tengo que decir que tanto el ministerio fiscal como el servicio jurídico del Estado en sus respectivos dictámenes han
solicitado -repito- la remisión de antecedentes de diferentes actuaciones de escritos a la sección de enjuiciamiento. El ministerio fiscal distingue entre supuestos de alcance, responsabilidades distintas de alcance y posibles responsabilidades
penales de cuyos hechos ha pedido testimonio para trasladarlo a la instancia correspondiente.
Consta, por información recibida de la sección de enjuiciamiento, que se ha abierto el correspondiente procedimiento de responsabilidad contable y por
tanto aquí termina la información que puede
darle este presidente, porque el procedimiento yo creo que ni se ha iniciado todavía y si se inicia tendrán ustedes conocimiento del resultado del mismo.
En cuanto al servicio jurídico del Estado -si mal no recuerdo, y es importante decirlo porque así contesto ya algunas de las razonables dudas y sugerencias que nos ha hecho el señor Sahuquillo, defendiendo, como es natural, al ayuntamiento
en los términos que lo ha hecho- ha solicitado también la remisión de antecedentes a la sección de enjuiciamiento a fin de depurar la responsabilidad contable que pudiera derivarse de los siguientes hechos descritos en el informe: deficiencias
observadas en la gestión recaudatoria, irregularidades en la contratación puestas de manifiesto en los encargos llevados a cabo por el ayuntamiento, fiscalización a conformidad por parte de la intervención municipal respecto de los gastos que
proceden de retribuciones irregulares, perjuicios económicos que se derivan de la incorrecta valoración de los excesos de aprovechamiento, no actualización de los valores de repercusión en cobro de determinadas cantidades derivadas de los convenios,
incumplimiento de incompatibilidades y la incorrecta liquidación del impuesto de construcciones, instalaciones y obras. Esto es lo que hay, y esta es -repito- la fase siguiente en que se encuentra en el Tribunal de Cuentas este informe. Está en la
sección de enjuiciamiento; respetemos, por tanto, el proceso que se inicia sobre responsabilidades penales y contables, que terminará como la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas determine en su día y con la posible defensa -estaría bueno- que
tenga, que pueda y deba hacer la institución fiscalizada, en este caso, el Ayuntamiento de Cuenca.
El señor Tuñón me dice que este es un informe especial que profundiza en términos urbanísticos y que avanzamos en la claridad. Este avance en la claridad, en cambio, para el señor Sahuquillo es un defecto del tribunal, porque dice, si mal
no recuerdo, que son opiniones sin rigor técnico y que se alejan del rigor del Tribunal de Cuentas. Es muy difícil que digamos en un debate perfectamente regulado, donde no solamente los auditores que hacen el trabajo de campo, sino los letrados
que acompañan la labor de cada uno de los miembros del Tribunal de Cuentas, de los consejeros, que hacen sus observaciones antes del dictamen de sección y después del pleno -y me remito a los antecedentes que obran aquí de otros informes-, que se
prescinda del rigor técnico; es muy difícil. Por tanto, no puedo compartir, con todos los respetos, esta valoración, que yo creo que es poco respetuosa con las funciones atribuidas constitucionalmente al tribunal y con los procedimientos. En
cambio, usted ha dicho algo que a mí me ha alegrado profundamente, señor Sahuquillo. Ha dicho que desde el informe para acá, o desde 2006 para acá, se aprobó la relación de puestos de trabajo, se está pagando la deuda no prescrita y otra serie de
cosas que a mí -repito- me han alegrado profundamente, pero que, en definitiva, demuestran que si estas cosas se han corregido es que había que corregirlas y que por tanto el tribunal ha acertado en la valoración de las mismas.
Ha hecho usted otra serie de peticiones de aclaración o de consultas hechas con mucho rigor, con todo el rigor técnico que yo no pongo en duda, porque estoy seguro de que habrá estudiado usted, como es natural, las posibles bases de defensa
que pueda tener para la institución fiscalizada este informe, que yo entiendo que es un informe muy riguroso, muy concluyente respecto a la gestión del ayuntamiento en el plazo fiscalizado. Ese plazo fiscalizado -con eso contesto al ámbito temporal
por el que usted se ha preocupado- está recogido en las directrices técnicas. Las directrices técnicas siempre admiten -supongo que usted las ha leído y las tiene- una salvedad a periodos anteriores y posteriores.
¿Por qué? Porque los actos
jurídicos que se valoran en el informe fiscalizado pueden traer causa de sucesos anteriores o de decisiones anteriores, y en todos los informes del tribunal las directrices que se aprueban permiten al consejero ponente, a quien se ha atribuido por
el pleno la responsabilidad de hacer el informe, esta posibilidad de utilizar, como es natural, los antecedentes, que no van a fiscalizarse como tales. De ellos no se van a derivar responsabilidades contables, pero sí de los hechos que pueden traer
causa de aquellos datos, de aquellas decisiones, de aquel comportamiento. Por tanto, el pleno, al aprobar el informe, además habrá consolidado las directrices técnicas.
Efectivamente, tenemos ahora mismo un supuesto en donde se ha planteado la
posibilidad de que el consejero ponente o los que hicieron el trabajo de campo se hayan excedido del ámbito de fiscalización para el que fueron hechas las directrices, y eso ha dado lugar a unas observaciones que el pleno examina y, si aprueba el
informe, convalida los excesos que hayan podido darse sobre las directrices, siempre que considere que aquellos excesos están justificados o traen causa de los hechos que motivaron los que se fiscalizan. De todas maneras -repito-, este no es el
caso. Es decir, las directrices técnicas aprobadas por el tribunal son las que sirvieron para que los responsables de la labor de fiscalización hicieran el trabajo que ha dado lugar al informe que hoy examinamos. En todo caso tengo que decir que
esta no es una fiscalización de evaluación de la representatividad de las cuentas. Eso también lo ha expresado usted muy bien, con mucho rigor, y me alegro mucho de que se examinen con ese rigor técnico-jurídico los informes que aquí estamos
examinando. No es una evaluación de representatividad de las cuentas, entre otras cosas las deficiencias contables no habrían permitido esta evaluación, y se dice en las directrices y se dice también en el preámbulo del informe.
La prórroga de los presupuestos. Ha citado usted las disposiciones legales vigentes que la permiten, y como es natural no voy a negarle a usted el derecho vigente. Es así, pero sepa usted que la ley no justificaría una prórroga de
presupuestos de ocho años. No creo que eso se haya dado en ningún ayuntamiento o en casi ninguno;
no sé si es un récord Guiness, pero en todo caso no lo conozco. No se dice en el informe que la prórroga sea ilegal, señor Sahuquillo, pero es una actuación que da pie a pensar que es una fuente de irregularidades, como el informe
demuestra. Aquí no se presentó el proyecto de presupuestos, incumpliendo la previsión legal. Se presentó por la forma de gestionar del alcalde, que puede tener consecuencias positivas -no lo voy a poner en duda-, pero en este caso, por lo que
hemos visto en el informe y se ha comprobado, no las ha tenido. Pero no se dice en el informe que el proyecto de presupuestos no se presentó en esos ocho años, incumpliendo la previsión legal, aunque efectivamente creo que la norma no querría decir
que cualquier corporación local tenía tanta discrecionalidad como para no presentar el presupuesto como se hace normalmente año tras año, salvo que por circunstancias excepcionales se prorrogue en algún caso.
Está claro, pues, que el pleno del
Ayuntamiento de Cuenca no pudo participar -esta es la clave de la cuestión, señor Sahuquillo- en su función de aprobar los presupuestos, y eso es hurtar una competencia muy clara al pleno.
En cuanto a los temas de urbanismo, el tribunal señala las cosas que se han hecho bien y los defectos encontrados. No debería utilizarse, señor Sahuquillo, solo en aquellos aspectos que le interesan. Es decir, aquí está claro que hay unos
fallos muy graves y que al tribunal le hubiese gustado tener los datos que requirió en distintas ocasiones, y sobre todo tener una copia del convenio urbanístico o de los estudios que permitieran verificar si el cálculo de los aprovechamientos tipo
se ajustaba a los precios de mercado, petición que se hizo en diversas ocasiones y que no pudimos obtener, a pesar de los requerimientos. No entendemos -repito- por qué se negó al Tribunal de Cuentas este documento, que tan ilustrativo hubiera sido
para unos y para otros.
También me ha hablado usted de la capacitación técnica. Es una valoración injustificada de la organización y capacitación del personal cualificado que ha participado en foros y asuntos relativos a de esta materia. La capacitación técnica
del Tribunal de Cuentas está fuera de toda duda, señor Sahuquillo. (El señor Sahuquillo García pronuncia palabras que no se perciben.) Yo le he entendido eso y, por tanto, permítame que le conteste, porque no quiero que eso quede sin aclarar. La
capacitación técnica de los cuerpos de auditores, de contadores y de letrados del Tribunal de Cuentas y del personal de la administración, interventores, inspectores de Hacienda, etcétera, que prestan sus servicios en el Tribunal de Cuentas no es
que estén fuera de toda duda, es que tienen un prestigio ganado a pulso año a año, informe a informe, y no solo aquí sino que en los foros europeos donde participan las actuaciones de nuestros letrados, nuestros auditores y nuestros contadores son
piezas muy autorizadas para tomar decisiones. Hace poco, estuvieron técnicos del Tribunal de Cuentas estuvieron en Luxemburgo en un foro, en el que participaron a nivel de presidentes de órganos de control externo, sobre la forma en que los
tribunales de cuentas de Europa tienen que ver las medidas que la situación económica ha hecho que los gobiernos dicten.
Quiero dejar constancia aquí -permítanme que presuma como presidente de la institución de las personas que colaboran en aquella
casa- que sus planteamientos, sus propuestas, sus fórmulas de fiscalización han sido recogidas en las conclusiones que se aprobaron en Luxemburgo los días 16 y 17 de este mes. Es un dato que pongo no solo como motivo de orgullo del personal con que
cuenta el Tribunal de Cuentas y de su capacitación técnica, sino porque demuestra que no se puede utilizar la falta de capacitación técnica para minimizar o desautorizar las conclusiones y las recomendaciones de este informe.
No sé si me queda alguna cosa más -seguro que sí-, pero con el ánimo de que queden aclaradas todas las cuestiones que usted ha presentado y que, a vuelapluma, no hemos podido recoger, le ruego, señor Sahuquillo, que cualquier cuestión o
pregunta sobre la que le quede alguna duda la haga llegar al Tribunal de Cuentas y con mucho gusto se la contestaremos. No cabe, en todo caso, por las normas que regulan los trabajos del Tribunal de Cuentas, volver a hacer una nueva fiscalización,
porque la fiscalización, que ha terminado en la función fiscalizadora del tribunal, sigue abierta en la sección de enjuiciamiento y, por tanto, es allí donde debe cerrarse, y en ese proceso de enjuiciamiento es cuando caben también toda clase de
defensas por parte de la institución fiscalizada.
La señora PRESIDENTA: Supongo que no querrán volver a intervenir los portavoces.
El señor CONDE BAJÉN: Supone mal, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Ya saben ustedes que es un turno extraordinario, dado que es un tema que está requiriendo un tiempo también especial voy a conceder un segundo turno. Sin embargo, les ruego que se atengan al menor tiempo posible y que
se ajusten además al trámite que estamos actualmente tratando.
Tiene la palabra el señor Conde.
El señor CONDE BAJÉN: Señorías, como han podido darse cuenta cuando este senador en nombre de su grupo ha hecho las valoraciones que ha hecho en relación con el Ayuntamiento de Cuenca en su primera intervención, no ha hecho ni una sola
mención al signo político de las personas que gobernaron ese ayuntamiento durante el periodo fiscalizador. En mi boca no ha existido mención ni al Partido Socialista ni al Grupo Socialista, porque este portavoz entendía que el trámite que estamos
evacuando tiene una extraordinaria importancia no en la lucha partidaria de unos contra otros sino en la pureza del sistema, en la pureza del municipalismo, del gasto público, de la gestión honesta, recta y eficaz de los recursos que los ciudadanos
allegan a las arcas
públicas. Pero está visto que este tipo de planteamientos son incompatibles con la ética del Grupo Socialista. (Rumores.) Repito, son incompatibles con la ética del Grupo Socialista. (Rumores.-El señor Mas i Estela: Por favor.) La ética
y la estética porque tampoco se nos deja que hablemos.
El señor Sahuquillo ha pretendido, en vista de que hay argumentos que se explican por sí solos, intentar desacreditar al que lleva los argumentos.
En primer lugar, utilizando las palabras de un diputado, el señor Ballestero, en relación con
la fiscalización del Ayuntamiento de Toledo en ejercicios gobernados por un sucesor mío y haciendo mención -esto como es una alusión directa, he de contestarlo- a la anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de un determinado contrato
que el ayuntamiento celebró siendo yo alcalde. Y efectivamente lo anuló, señorías; por si les queda alguna duda, lo anuló. Lo anuló porque no se hizo la exposición pública del contrato durante quince días sino durante diez, siguiendo el informe
que sobre la tramitación de tal contrato había hecho el secretario del ayuntamiento. Esa es la causa. Desde luego a mí no me van a encontrar, señor Sahuquillo, habiendo gastado decenas de millones de euros sin respaldo contable ni contratación
ninguna. Por cierto, ya que el señor Sahuquillo ha venido aquí más que como diputado de estas Cortes Generales como abogado defensor del Ayuntamiento de Cuenca y dice que trae papeles, podía haber traído el convenio urbanístico. Si tenemos en
cuenta que él era el delegado de la Junta en la provincia de Cuenca en aquel momento y tenía competencia sobre la materia, podía haber abierto la cartera y haber sacado el convenio para que lo hubiéramos visto, para ver con quién se convenía y qué
se convenía. También nos podría haber dicho a quién se le dieron así 3 millones de euros en gastos de limpieza, que el presidente del Tribunal de Cuentas nos dice que no se sabe ni dónde están, ni cómo se ha contratado con esa empresa de supuesta
limpieza -que mucho habría que limpiar en este Ayuntamiento de Cuenca, desde luego- por 1,3 millones de euros; no sabemos ni a quién, ni cómo ni por qué. Todo esto resulta que se está diciendo, de contrario, que nos parece normal, y eso es
sinceramente, señorías, lo que a mí me sorprende.
La señora PRESIDENTA: Señor Conde, le ruego concluya porque ya ha consumido sus cinco minutos.
El señor CONDE BAJÉN: Voy terminando, señora presidenta.
Esto les parece normal cuando resulta que es escandaloso. En lugar de intentar encontrar la verdad, se intenta enterrar una pésima gestión que ha generado un quebranto grave al dinero que los ciudadanos de Cuenca han aportado a su
ayuntamiento, un quebranto gravísimo, y desde el Grupo Socialista se nos dice que esto es normal. Se nos dice que la técnica presupuestaria adecuada es la prórroga sistemática del presupuesto. No me extraña que estemos donde estamos.
Señor Sahuquillo, basta una mera lectura -sin necesidad de profundizar mucho- de la Ley de Bases de Régimen Local y la Ley de Haciendas Locales para saber las siguientes cuestiones. En primer lugar, cuando la ley exige que el día 31 de
diciembre entre en vigor un determinado presupuesto, está partiendo de la base de que el presupuesto es un documento anual, conforme a lo que dice el artículo 112 de la Ley de Bases de Régimen Local, la expresión cifrada conjunta y sistemática de
las obligaciones que como máximo pueden reconocerse en cada ejercicio presupuestario. Cuando ustedes dicen que ese es el sistema normal de presupuestar, es decir la pura y simple prórroga presupuestaria, están por otra parte, como muy acertadamente
le señala el señor presidente del Tribunal de Cuentas, manifestando un concepto sobre la democracia participativa muy particular, hurtando la posibilidad a los representantes del pueblo de Cuenca de tomar sus decisiones, de manifestar sus opiniones.
Teniendo en cuenta que además el presupuesto de las corporaciones locales, a diferencia de otros presupuestos de otras administraciones territoriales, ha de ser expuesto al público para que cada ciudadano pueda hacer las alegaciones que considere
conveniente están ustedes -insisto- dando un magnífico ejemplo de lo que entienden por democracia participativa.
Señor presidente, me deja muy tranquilo cuando me dice que este tema está ya en la sección de enjuiciamiento. Me deja muy tranquilo cuando me dice que tanto el fiscal ante el Tribunal de Cuentas como los propios consejeros del tribunal van
a pasar de la pura fiscalización a la exigencia de las responsabilidades en el momento, en el lugar y en el concepto que se considere oportuno en cada momento y que nosotros en este momento, por respeto precisamente a la actuación del propio
tribunal, no vamos a entrar en valoración ninguna. Sin embargo, nos deja tranquilos saber que aquí se van a exigir responsabilidades, aunque afecten a un alcalde del Partido Socialista y eso les moleste tan profundamente a los que ven siempre la
paja en el ojo ajeno y jamás se dan cuenta de la viga que tienen en el propio. No solo no ven la viga en el propio, sino que luego encima promueven a otros cargos a quienes así se comportan, lo cual demuestra varias cosas.
La señora PRESIDENTA: Señor Conde, le ruego concluya, por favor.
El señor CONDE BAJÉN: Termino, señor presidenta.
Primero, como ejercen los cargos unos y, sobre todo, si encima se premia, quiénes son los que actúan de tal manera. (El señor Mas i Estela pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Señor Mas.
El señor MAS I ESTELA: Señora presidenta, quería decir una pequeña cosa antes de que usted dé la palabra al señor Sahuquillo, si se la da usted, evidentemente.
Yo desearía que el señor Conde retirara la expresión que ha utilizado respecto a la ética del Grupo Socialista. Me parece -señora presidenta, usted me conoce y el señor Conde también me conoce- que tengo tanta autoridad o más que él en el
mundo municipalista para pedir que este tipo de expresiones no consten en el 'Diario de Sesiones' del Congreso de los Diputados. Por tanto, ruego al señor Conde que retire esta expresión.
La señora PRESIDENTA: Señor Conde.
El señor CONDE BAJÉN: ¿Ahora sí me da la palabra, señora presidenta? Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Antes también se la he dado, señor Conde. Por muchísimo tiempo además, mucho más del debido.
El señor CONDE BAJÉN: Señoría, me parece...
La señora PRESIDENTA: Señor Conde, no quiero que reabra usted un nuevo turno de debate. Se le ha solicitado que retire una expresión que ha hecho.Yo le ruego que la retire, porque está fuera de tono en el debate que hemos tenido. Si a
usted le parece bien la retira y si no, no. Pero aténgase, por favor, a decir sí o no. No me reinicie el debate, que no ha lugar. ¿De acuerdo? (Pausa.)
Señor Conde, ¿le importa a usted responder?
El señor CONDE BAJÉN: Si a usted le parece, es que hasta la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite decir sí o no y hacer aclaraciones.
La señora PRESIDENTA: No, es que no quiero que haga ninguna aclaración.
Quiero que me diga usted si retira o no un término que ha utilizado. No hay más debate.
El señor CONDE BAJÉN: Señoría, me encantaría poder aclararle la cuestión, pero la señora presidenta no me lo permite. Lo haré luego con mucho gusto, ya que la presidenta no tiene tiempo para ello.
La señora PRESIDENTA: Señor Conde, yo me he dirigido a usted, le he solicitado que retire un término que ha utilizado, a petición del portavoz del Grupo Socialista, y quiero que me dé una respuesta. Si lo retira o no lo retira,
simplemente.
El señor CONDE BAJÉN: ¿Quiere una respuesta, señora presidenta? Si usted quiere una respuesta, yo se la doy. ¿Quiere una respuesta?
La señora PRESIDENTA: Sí, señor diputado.
El señor CONDE BAJÉN: Señoría, en vista de que la señora presidenta quiere una respuesta, yo se la voy a dar. Cuando yo me refiero a la ética, me refiero a la ética parlamentaria. Es la aclaración que quería hacer. Me refiero a la ética
parlamentaria, no me estoy refiriendo a la ética en el sentido que usted dice. Me parece antiético desde el punto de vista parlamentario pretender descalificar al portavoz en vez de entrar en el asunto.
La señora PRESIDENTA: Señor Conde, por favor, no está en el uso de la palabra.
El señor CONDE BAJÉN: Esa era la cuestión y la aclaración.
La señora PRESIDENTA: Señor Sahuquillo, por favor, en nombre del Grupo Socialista.
El señor SAHUQUILLO GARCÍA: Yo voy a lo importante, que es lo que me interesa, y es que me escuche el señor presidente por algo que me ha dejado preocupado, y no quisiera en modo alguno que se llevase una impresión equivocada. Si en algo
he molestado al señor Conde, lo retiro, porque yo sé rectificar, pero lo hacía a colación de algo que comentaba: Alabo a usted, señor presidente, el trabajo bien hecho; y yo hacía mención a un trabajo que hicieron los técnicos, me imagino que
igual de bien hecho que el de los técnicos que dice el presidente -y no tengo ninguna duda de que son igual de buenos-, en el Ayuntamiento de Toledo, y su compañero -no sé si es compañero o no, pero de partido sí- decía lo que he dicho, pero eso me
importa un bledo, sinceramente, lo que me interesa es que el presidente no se lleve una impresión equivocada en relación con el comentario o pregunta que yo hacía referente a la capacidad técnica, no de los miembros del tribunal y de quien ha
elaborado este documento sino de las valoraciones en la patrimonialización del suelo público, de ese 10 por ciento. Le decía que había una sentencia -se la voy a facilitar para que la tenga- en la que hay una valoración municipal de una sociedad de
tasación, Valmesa, hay otra de los técnicos demandantes y una tercera que hace el propio juez.
En la propia sentencia se dice que no vale ninguna. Por eso le decía si entre las personas que han trabajado en este informe tan prolijo y extenso de
147 páginas ha habido alguien que ha hecho esta valoración porque tiene capacidad para ello y sobre qué base. En modo alguno me gustaría que se llevase la impresión de que ha sido una crítica para los miembros que han confeccionado este informe,
aunque no esté de acuerdo, claro que sí, tengo juicio de valor para ello, pero no quiero entrar en ningún tipo de polémicas con el señor Conde. Hay un dicho en mi pueblo -yo soy de un pueblo pequeño de Cuenca del que me siento orgulloso-: Dime de
qué presumes y te diré de qué careces.
La señor PRESIDENTA: Suspendemos por unos breves minutos la sesión para despedir al presidente del tribunal e inmediatamente la reanudamos.
(Pausa.)
DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN CELEBRADA POR LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO 2005. (Número de expediente del Congreso 251/000037 y número de expediente del Senado 771/000035.)
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN CELEBRADA DURANTE EL EJERCIÓ 2005 POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente del Congreso 251/000042 y número de expediente del Senado 771/000039.)
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN CELEBRADA DURANTE EL EJERCICIO 2005 POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES. (Número de expediente del Congreso 251/000043 y número de expediente del Senado 771/000040.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a reanudar la sesión. Los siguientes puntos del orden del día se refieren al debate y votación de las propuestas de resolución relativas al informe de fiscalización de la contratación celebrada por la
Tesorería General de la Seguridad Social durante el ejercicio 2005; el informe de fiscalización de la contratación celebrada durante el ejercicio 2005 por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, y el informe de fiscalización también del
ejercicio 2005 relativo al Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Le pregunto en este momento al señor Tuñón, al que no me he podido dirigir anteriormente, si le parece que no haya debate, que es lo que me ha manifestado el resto de los
portavoces de los grupos parlamentarios, y pasemos a la votación de estas propuestas de resolución en los términos en que se han hecho llegar a la Mesa relativas a cada uno de estos puntos a los que me he referido previamente. ¿Les parece que
votemos en su conjunto las tres propuestas de resolución en los términos que se han hecho llegar a esta Mesa? (Asentimiento.) Quedan aprobadas por unanimidad de los grupos parlamentarios y, sin más, levantamos la sesión.
Era la una y treinta minutos de la tarde.