CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2011 IX Legislatura Núm. 226

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ

Sesión plenaria núm. 214

celebrada el jueves, 24 de febrero de 2011

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 del Reglamento:


- Comparecencia, a petición propia, del presidente del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, para informar y debatir sobre la evolución y el futuro de las políticas sociales en España. (Número de expediente 210/000084.) ... href='#(Página2)'>(Página 2)


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:


- Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas. (B.O.E. núm. 37, de 12 de febrero de 2011).
(Número de
expediente 130/000038.) ... (Página 40)

Página 2


SUMARIO


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.



Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 del Reglamento ... (Página 2)


Comparecencia, a petición propia, del presidente del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, para informar y debatir sobre la evolución y el futuro de las políticas sociales en España ... (Página 2)


El señor presidente del Gobierno (Rodríguez Zapatero), informa a la Cámara sobre la evolución y el futuro de las políticas sociales en España.



Intervienen los señores Rajoy Brey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Duran i Lleida, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Ridao i Martín y
Llamares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Jorquera Caselas, las señoras Oramas González-Moro y Díez González y el señor Salvador Armendáriz, del Grupo Parlamentario Mixto y el
señor Alonso Suárez, del Grupo Parlamentario Socialista.



Contesta el señor presidente del Gobierno.



Intervienen de nuevo los señores Rajoy Brey; Duran i Lleida; Ridao i Martín y Llamazares Trigo.



Cierra el debate el señor presidente del Gobierno.



Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página 40)


Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas.



El señor ministro de Trabajo e Inmigración (Gómez Sánchez), expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley.



En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Díez González, Oramas González-Moro y Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Tardà i Coma y la señora Buenaventura Puig, del Grupo Parlamentario Mixto; los
señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Echániz Salgado, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Membrado Giner, del Grupo Parlamentario
Socialista.



Sometida a votación la convalidación del real decreto-ley debatido, se aprueba por 169 votos a favor, seis en contra y 148 abstenciones.



Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 150 votos a favor, 171 en contra y dos abstenciones.



Se levanta la sesión a las dos y cuarenta minutos de la tarde.



Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.



COMPARECENCIA DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO DE LA CÁMARA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 203 DEL REGLAMENTO.



- COMPARECENCIA, A PETICIÓN PROPIA, DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO DE LA CÁMARA, PARA INFORMAR Y DEBATIR SOBRE LA EVOLUCIÓN Y EL FUTURO DE LAS POLÍTICAS SOCIALES EN ESPAÑA. (Número de expediente 210/000084.)


El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.



Comparecencia a petición propia del señor presidente del Gobierno para informar y debatir sobre la evolución y el futuro de las políticas sociales en España.



Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno.



El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Señor presidente, señoras y señores diputados, comparezco hoy ante la Cámara a petición propia para debatir con sus señorías sobre la evolución y el futuro de las políticas sociales en
nuestro país. A lo largo de esta legislatura hemos debatido mucho sobre la situación económica, y lo seguiremos haciendo, sin duda, porque las circunstancias nos lo exigen, pero nunca hasta ahora, ni en este periodo ni con anterioridad, había
tenido lugar una sesión monográfica sobre políticas sociales en esta Cámara. Si el Gobierno ha considerado oportuno que esta se produzca es porque creemos conveniente tomar conciencia del modelo de protección


Página 3


social que hemos alcanzado en España, de cómo se ha visto afectado por la crisis económica que aún padecemos, de cuáles son los desafíos a los que se enfrenta y en función de los mismos qué aspectos deben merecer un atención prioritaria.
Este pretende ser, pues, un debate sobre el presente y el futuro de nuestro Estado del bienestar. Es un debate promovido por un Gobierno que, de acuerdo con el sistema de valores que alienta al partido que lo sustenta, se siente comprometido con
las políticas sociales porque ve en ellas el instrumento para garantizar la igualdad de oportunidades, para asegurar el acceso de todos los ciudadanos a los servicios públicos básicos, para proteger especialmente a las personas que se encuentran en
una situación más frágil y para con todo ello preservar el bien colectivo de la cohesión social. Es un debate que planteo a partir de la necesidad de dar respuesta a los interrogantes que la crisis económica global y la proyección de la misma en
nuestro país arroja sobre la sostenibilidad del Estado del bienestar. Es este un debate que surge de una necesidad ante la que mi Gobierno se guía por la convicción de que dicha sostenibilidad, la del Estado del bienestar, solo se garantizará si se
siguen acometiendo las oportunas reformas económicas del modelo productivo y del modelo social y a que esto se haga con la clara determinación política de salvaguardar y reforzar los objetivos y los valores del Estado del bienestar a los que me
acabo de referir.



Esta es la disposición con la que hoy comparezco ante ustedes y con ella paso a anticiparles el guion de esta intervención inicial. Comenzaré con una breve referencia a los grandes hitos de la política social en el periodo democrático,
realizaré luego un repaso de las políticas sociales desarrolladas por mi Gobierno y seguidamente haré una recapitulación de la situación en la que hoy nos encontramos, para concluir exponiendo, en el marco de la nueva agenda social que promueve el
Gobierno, las líneas de acción prioritaria que han de desarrollarse, a nuestro juicio, para preservar y fortalecer nuestro Estado del bienestar en el escenario de salida de la crisis.



Señorías, durante estas tres décadas largas el legislador democrático en nuestro país ha ido dando pasos, con mayor o menor ritmo según las etapas políticas y la coyuntura económica, para enriquecer el contenido del Estado social. Entre
ellos creo que merecen ser mencionados los siguientes hitos: la Ley General de Sanidad de 1986, que configuró el actual Sistema Nacional de Salud al que se incorporaron seis millones de personas que estaban excluidas de la sanidad pública; la
extensión del derecho a una educación pública y gratuita desde los 6 hasta los 16 años y el fuerte incremento del número de becas, así como la gran expansión de la educación universitaria que se produjo en la década de los ochenta; la Ley de
integración social de los minusválidos de 1982, que inició el reconocimiento efectivo de derechos asistenciales, prestaciones económicas y fomento de su empleo, más tarde completada por la Ley de igualdad de oportunidades de las personas con
discapacidad de 2003; la Ley de racionalización de las pensiones de jubilación e invalidez, que en 1985 se adelantó a su tiempo y garantizó la estabilidad de nuestro sistema de pensiones durante estos casi 30 años; la Ley de pensiones no
contributivas de 1990, que supuso un avance fundamental en la protección a nuestros mayores más necesitados y de la que se benefician hoy más de 450.000 jubilados, de los cuales casi un 71 por ciento son mujeres; el Pacto de Toledo, firmado en
1995, que estableció un marco de consenso político para abordar las grandes reformas de nuestro sistema público de pensiones; la Ley de consolidación y racionalización de la Seguridad Social de 1997, aprobada prácticamente por unanimidad, que fijó
el criterio de revalorización de las pensiones.



Estos son a grandes rasgos, hasta 2004, algunos de los hitos más importantes de la conformación de nuestro Estado del bienestar y de la convergencia de nuestro país con el llamado modelo social europeo. Para que se aprecie en toda su
magnitud el valor de este esfuerzo histórico valga un dato. Si en 1980 destinábamos un 14 por ciento del PIB a los tres pilares clásicos del Estado del bienestar -educación, sanidad y pensiones-, en la actualidad, después del impulso de los últimos
años al que ahora me referiré, destinamos el 21 por ciento del PIB a esos tres pilare; o dicho de otra forma, el Estado dedica más de 4.700 euros por habitantes a esas tres políticas: educación, pensiones y sanidad. Casi el triple en términos
reales que hace treinta años. (Aplausos.)


En mi discurso de investidura de 2004 afirmé mi claro compromiso con el desarrollo de las políticas sociales. Ellas han sido siempre objeto de la preocupación y de la acción preferente del Gobierno. Lo fueron en momentos en que la
evolución económica era favorable y aún con mayor intensidad lo siguen siendo ahora, cuando las consecuencias de la crisis han afectado a muchos ciudadanos y la necesidad de velar por la cohesión social es más evidente. En la anterior legislatura
la acción del Gobierno se caracterizó tanto por el esfuerzo de las políticas sociales existentes, las que podemos denominar clásicas, como por la conquista de nuevos espacios, singularmente en la atención a la dependencia y en las políticas a favor
de la igualdad y la conciliación de la vida laboral y familiar. En relación con las primeras, creo que los avances se produjeron desde un primer momento. Así, las rentas de apoyo a los más desfavorecidos comenzaron a crecer más rápidamente que en
el pasado, cuando no a recuperar el terreno perdido en los años previos. Desde 2004 la ganancia de poder adquisitivo para las pensiones mínimas de jubilación con cónyuge a cargo ha sido del 27 por ciento y en el caso de las viudas con cargas
familiares del 50 por ciento. El salario mínimo interprofesional ha venido aumentando gradualmente de 460 euros al mes en 2004 a 641 euros en la actualidad, es decir, un incremento de más del 17 por ciento en términos reales de ganancia de poder
adquisitivo. En materia educativa, los recursos destinados por parte del Estado se han incrementado un 86 por ciento desde 2004. Las comunidades autónomas también han contribuido al importante incremento de recursos, de tal forma que


Página 4


por primera vez en nuestro país, señorías, los recursos totales destinados a educación superan, en el presupuesto de 2011, el 5 por ciento del producto interior bruto, lo que nos sitúa prácticamente en la media europea por primera vez. Ello
nos ha permitido en estos últimos años, señorías, ampliar el número de estudiantes con becas en 400.000, hasta un total de 1.700.000 estudiantes con becas en nuestro país, y aumentar la cuantía media de las becas en un 60 por ciento, hasta superar
los 900 euros. Además, hemos completado la cobertura pública en la educación de 3 a 5 años y hemos puesto en marcha, en colaboración con las comunidades autónomas, programas como el Educa 3, con el que se han creado cerca de 50.000 plazas públicas
de educación infantil, alcanzando un 30 por ciento de cobertura en el nivel de 0 a 2 años, y el programa Escuela 2.0, con el que se han facilitado más de 580.000 ordenadores portátiles a los alumnos y formado en el uso de las TIC a casi 140.000
profesores, y hemos logrado que el 39 por ciento de las personas entre 30 y 34 años cuenten ya con estudios superiores, frente al 32 por ciento de la Unión Europea. Repito, el 39 por ciento de las personas de nuestro país entre 30 y 34 años cuentan
ya con estudios superiores, frente al 32 por ciento de la Unión Europea. Es la mejor base para el futuro de nuestra prosperidad. En sanidad hemos trabajado para aumentar los recursos y mejorar la eficiencia en el gasto. El acuerdo de financiación
sanitaria de 2005 y el nuevo modelo de financiación autonómica han contribuido a incrementar significativamente la financiación sanitaria, que supera hoy en nuestro país, señorías, atención al dato (Rumores.), los 70.000 millones de euros anuales
para el conjunto de las administraciones públicas, lo que representa un incremento de más del 50 por ciento desde 2004. (Aplausos.) Repito, 70.000 millones de euros para el conjunto de las administraciones públicas. Estamos particularmente
satisfechos con la política de racionalización del gasto farmacéutico que, iniciada en 2006 con la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos, nos ha permitido pasar de un incremento interanual del gasto farmacéutico del 6,4 por ciento en
2004 a una tasa de crecimiento negativa del menos 2,3 por ciento en 2010.
(La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) La creación de centros nacionales de referencia nos mantiene en la primera línea mundial en materia de
trasplantes, y lo somos cada vez más en nuevos ámbitos como en la enfermedad de Alzheimer o el fomento de hábitos saludables en la población. Fruto de todo ello, señorías, el Sistema Nacional de Salud recibe una valoración positiva por parte de más
del 70 por ciento de los españoles.



En relación con las nuevas políticas sociales podemos afirmar que con la aprobación de la Ley de Dependencia en diciembre de 2006 se erigió en España el cuarto pilar del Estado del bienestar. Hoy, cinco años después, cerca de 700.000
españoles con dificultades para desarrollar una vida autónoma están recibiendo, con cargo al sistema, algún tipo de ayuda. Ha supuesto además una oportunidad de desarrollo empresarial y de consolidación y creación de empleo, generando consolidación
y creación en alrededor de 260.000 empleos solo el Sistema de Atención Nacional a la Dependencia. En materia de igualdad de género, la Ley de Igualdad efectiva entre hombres y mujeres es una apuesta y un compromiso por la dignidad misma de nuestra
sociedad y una apuesta y un compromiso por aprovechar al máximo la riqueza de la incorporación plena de la mujer a todos los ámbitos sociales y la importancia que esto significa para nuestro país. Les recuerdo que la Ley de Igualdad son nuevos
derechos en materia de Seguridad Social, nuevas posibilidades de conciliación de la vida familiar y laboral, nueva tutela de las mujeres que sufren la violencia machista y criminal para protegerlas de sus agresores y para facilitarles, a través de
la renta activa de inserción que en 2010 benefició a 25.500 mujeres, nuevas posibilidades de vida libre y segura.



Señorías, el impulso de la Ley de Igualdad en algunos ámbitos de la vida económica y la participación de las mujeres ha tenido ya alguna traslación evidente. Por ejemplo, la participación de las mujeres en los consejos de administración de
las empresas del IBEX 35 ha pasado del 3 por ciento en 2004 al 11 por ciento en 2010. Se ha duplicado el número de mujeres con representación pública municipal y aumenta el porcentaje de convenios colectivos que incluyen planes de igualdad,
conforme a las disposiciones de la Ley de Igualdad. Hemos pasado del 35 por ciento al 65 por ciento de convenios de empresa que incluyen los planes de igualdad.
Se creó el permiso de paternidad, del que ya han disfrutado cerca de un millón de
padres en nuestro país. Se mejoró el permiso de maternidad, estableciendo una prestación no contributiva y una nueva prestación asociada a la lactancia. Hemos desarrollado un modelo de inmigración que tras el proceso de normalización de 2005 para
responder a una situación de irregularidad preexistente se basa estrictamente en el control de las fronteras, en la adecuación de la inmigración a las posibilidades del mercado laboral y en las políticas de integración de los inmigrantes en
cooperación con ayuntamientos y comunidades autónomas. De otro lado, hemos trabajado por recuperar la función social básica de la política de vivienda, iniciándose más de medio millón de viviendas protegidas desde 2004, un 50 por ciento más de
media anual que en los años anteriores, y se ha incentivado el alquiler a través de diversas medidas, incluyendo la introducción en 2007 de la renta básica de emancipación de apoyo al alquiler para jóvenes de 200 euros mensuales, de la que se han
beneficiado ya 270.000 jóvenes en nuestro país.



Señorías, nuestro compromiso con las políticas sociales se ha cifrado en este último tiempo de crisis en un doble objetivo: Mantener, en primer lugar, los avances de la primera legislatura en todo aquello que fuera posible, tanto en el
reforzamiento de los servicios sociales básicos como en las nuevas políticas y, atender, en segundo lugar, las nuevas necesidades de protección


Página 5


y cohesión social planteadas por la propia crisis. Como consecuencia de ello, entre 2008 y 2011 las partidas referentes al gasto social en los Presupuestos Generales del Estado han aumentado un 22 por ciento; un 12 por ciento si excluimos
las prestaciones por desempleo. Un 12 por ciento de incremento durante la grave crisis económica de las partidas de gasto social, excluyendo el desempleo, que se puede lógicamente atribuir a un efecto automático de la crisis. Los esfuerzos
extraordinarios de consolidación presupuestaria que tuvimos que hacer en mayo pasado, después de la crisis de la deuda soberana y de los acuerdos y compromisos subsiguientes que asumimos los países de la Unión, comportaron ajustes que afectaron
directamente, ya en forma de reducción, ya de congelación, a la renta disponible respectivamente de funcionarios y pensionistas.
Fueron ajustes a la vez excepcionales e imprescindibles por la evolución sobrevenida de la crisis económica en Europa,
pero se adoptaron no obstante con un enfoque de equidad, tratando de minimizar al máximo el impacto sobre las rentas más bajas. La reducción incidió en efecto en mayor medida sobre los empleados públicos con mayores sueldos, y en cuanto a las
pensiones, como es conocido, las mínimas, que reciben más de tres millones de pensionistas, no se vieron afectadas por la congelación o no revalorización. El esfuerzo de consolidación nos obligó asimismo a dejar en el camino algunas de las
iniciativas adoptadas en la anterior legislatura, como el llamado cheque bebé. Así ha sido, pero debemos sentirnos satisfechos de que un millón y medio de familias hayan podido obtener esta prestación. Siento no haberlo podido aplicar a los niños
que están naciendo este año, como siento haber tenido que posponer la ampliación del permiso de paternidad que habíamos previsto pero que cumpliremos. Más allá de estos recortes extraordinarios, que a juicio del Gobierno resultaron inevitables,
puedo decir que a pesar de la dureza de la crisis económica hemos mantenido nuestro compromiso social y los aspectos fundamentales de la política social que desarrollamos y hemos incrementado en la legislatura de 2004 a 2008. (Aplausos.)


Señorías, los datos son concluyentes. Este año conoceremos la mayor inversión en becas de nuestra historia, completaremos la universalización de la cobertura sanitaria y continuaremos con el despliegue de la Ley de Dependencia con la
entrada en el sistema de los dependientes de menor grado, lo que supondrá cerca de 150.000 beneficiarios adicionales.
Además, hemos aprobado el Plan extraordinario de fomento de la inclusión social y la lucha contra la pobreza y se ha reforzado el
apoyo al tercer sector, que da trabajo en nuestro país -conviene recordarlo- a 2.300.000 personas y juega un papel instrumental fundamental en la lucha contra la exclusión. Ello se verá completado con la ley de economía social en trámite en esta
Cámara, que reconoce el importante papel de este colectivo de empresas y asociaciones en el desarrollo y consolidación del Estado del bienestar.



Señorías, el mayor esfuerzo realizado por el Gobierno durante estos años de crisis ha sido el destinado a proteger a los que más la sufrían, es decir, a los que perdían su empleo; ante todo con la política de protección al desempleo y
también con las políticas de fomento en un difícil contexto del empleo. El empleo, señorías, lo sabe bien toda la Cámara, es el factor clave de integración social de los ciudadanos; afecta a las oportunidades de desarrollo personal, a la
autoestima en el seno de la comunidad y también a la cohesión y a la estabilidad social.
Por eso el empleo es la gran prioridad, la primera prioridad del Gobierno de todas las políticas económicas y sociales que impulsa. Sin embargo, el aumento
del paro ha vuelto a ser -como en circunstancias similares precedentes de crisis económica en nuestro país- el factor diferencial y más grave en nuestra economía. Las cifras son, como bien sabemos, durísimas. Esto exige tener dos cosas claras, y
el Gobierno las tiene.
Hay que hacer todo, todo, para favorecer la creación de empleo. Y hay que hacer todo también para proteger a quienes pierden su empleo o lo han perdido y corren el riesgo de verse excluidos del bienestar y de la misma
sociedad. Hay quien se queda satisfecho con repetir una y otra vez que la mejor política social es el empleo, con la intención de desacreditar sin más cuanto se haga o quizá como coartada para silenciar cualquier compromiso con las políticas
sociales. Por el contrario, mi Gobierno, en la primera legislatura, aprovechando las buenas condiciones económicas para crear empleo, que llegó a que la tasa de paro fuera la más baja en la historia de nuestro país con un 8 por ciento, mientras se
creaba ese gran volumen de empleo, ampliaba las políticas sociales, incluidas las de atención a los desempleados, a pesar de tener la tasa de paro más baja.
Después, cuando la crisis se manifestó sobre todo en una destrucción de empleo intensa y
acelerada, lo que hace el Gobierno, además de austeridad fiscal muy exigente, es intentar fomentar el empleo y ante todo asegurar la cobertura por desempleo. El Gobierno seguirá dando la máxima prioridad a la protección a los desempleados, con una
cobertura que ahora se sitúa en el entorno del 80 por ciento, veinte puntos más que en 2004. Una cobertura que es de las más altas de los países de la Unión Europea y que pone de manifiesto un esfuerzo notable de cohesión social y de solidaridad
con aquellos que están en la dramática situación de no tener un empleo.



Para lograr esta protección del entorno del 80 por ciento de los desempleados debemos recordad que hemos ampliado las prestaciones por desempleo; que hemos mejorado la atención a trabajadores de más edad, a las mujeres, a los
cooperativistas y a los trabajadores agrarios; que tras la aprobación de su estatuto los autónomos, por primera vez, han visto reconocido su derecho a una prestación por cese de actividad.
(Aplausos.) Igualmente, pusimos en marcha el programa
temporal de protección por desempleo e inserción, el Prodi, que ha beneficiado a cerca de 790.000 personas. Un programa que tiene su continuidad en el Plan de choque para el empleo aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 11 de febrero, al
que me referiré más adelante.



Página 6


Señorías, como consecuencia de la evolución que ha experimentado nuestro Estado del bienestar desde la aprobación de la Constitución y con los avances producidos en los últimos años, si trazáramos a modo de recapitulación sobre el estado
actual de la protección social en nuestro país el perfil biográfico de un ciudadano español en relación con la misma podríamos decir que este ciudadano, al nacer, se beneficia por supuesto de un sistema de salud universal y gratuito, así como del
cuidado que le puedan dispensar su madre y su padre gracias a los permisos de maternidad y de paternidad. Durante toda su vida tendrá acceso a un sistema sanitario público y universal de alta calidad. Tendrá a su disposición el mayor número de
plazas que nunca en educación infantil, así como la garantía de un sistema de educación pública gratuito y universal desde los 3 hasta los 16 años; si su familia lo necesita, puede ser uno de los 1.700.000 estudiantes que hoy recibe becas o ayudas
al estudio, y si opta por realizar estudios universitarios el coste que deberá satisfacer está fuertemente subvencionado, de modo que en este momento solo abona el 15 por ciento del coste efectivo, uno de los más bajos de toda la Unión Europea. Si
reúne las condiciones, podrá beneficiarse de la renta de emancipación para acceder a una vivienda en alquiler y también, hasta determinado nivel de renta, de una deducción fiscal para adquirir la vivienda en propiedad. Una vez que inicie su etapa
laboral, tanto si es asalariado como si es autónomo, tendrá acceso a un sistema de cobertura de desempleo con prestaciones de hasta 24 meses de duración y pronto una atención personalizada para recualificarse y reincorporarse al mercado laboral. Si
al agotarse su prestación tiene más de 45 años y responsabilidades familiares tendrá un subsidio por desempleo que le ayudará a hacer frente a la situación. Si decide iniciar su propio negocio podrá ponerlo en marcha rápidamente con un coste máximo
de 100 euros y beneficiarse del apoyo a diversas ventajas fiscales y financieras, la mayores de nuestra historia. Si esa persona, si ese español es discapacitado, además del derecho a una prestación asistencial, podrá recibir la ayuda de diversos
programas de integración laboral, que suman cerca de 900 millones de euros al año. Si se encuentra en situación de dependencia, por primera vez en nuestra historia tendrá derecho a recibir diversos tipos de ayuda, como una ayuda a través de una
prestación económica, a través de un cuidador o cuidadora o a través de una inserción en un centro residencial, que va a alcanzar a 850.000 personas este año. Cuando se jubile, entre los 63 y 67 años, según haya sido su trayectoria laboral y
conforme a sus preferencias, tendrá la garantía de que su pensión se ve respaldada por un sistema público sólido. Y si su contribución a la Seguridad Social hubiera sido insuficiente, tendrá en todo caso la cobertura de una pensión mínima no
contributiva.



Señorías, este es el resultado real, en sus aspectos esenciales, de un sistema de protección social que en los Presupuestos Generales del Estado para 2011 se cuantifica en 180.000 millones de euros, el 60 por ciento más que en 2004, un 48
por ciento más si excluimos las prestaciones por desempleo. (Aplausos.) Ese es el resultado y el balance de la protección social y de las políticas sociales en nuestro país en los últimos años.
Este dato real del desarrollo de la protección social
en nuestro país es el resultado del esfuerzo de la propia sociedad española, el que le permite asegurar razonablemente su cohesión, incluso en las difíciles condiciones de la crisis que se ha impuesto a muchos ciudadanos. Son innegables los avances
que se han producido en materia social, tanto si consideramos toda nuestra etapa democrática como si solo tenemos en cuenta estas dos últimas legislaturas. Y sin embargo, señorías, no es una situación que debería mover a la complacencia. La
construcción de nuestro Estado de bienestar no puede darse, ni mucho menos, por terminada. Queda un largo camino por recorrer, en primer lugar, porque nuestro gasto social, en relación con el producto interior bruto, aunque ha avanzado de manera
considerable, aún se sitúa por debajo de la media comunitaria y el objetivo de alcanzarla, en esto como en lo demás, debe ser irrenunciable para todos. Pero, además, porque nos enfrentamos a dos desafíos que, de no superarlos, podrían poner en
cuestión la sostenibilidad de los avances conseguidos. El primero: conseguir un modelo productivo, competitivo y sostenible. El segundo: que el propio modelo social sea capaz de dar respuesta a la evolución demográfica y a la plena
incorporación, igualmente irrenunciable, de las mujeres al mercado de trabajo. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)


Esto ya abre, señorías, la última parte de mi intervención, la relativa al presente y el futuro inmediato de nuestras políticas sociales. Los dos desafíos que acabo de mencionar están profundamente ligados el uno al otro. Para consolidar y
expandir el Estado de bienestar necesitamos un crecimiento económico sostenible y sostenido, y ello requiere de la mejora de nuestra competitividad, de la competitividad de nuestra economía, es decir, de que completemos, sin dudas y con el máximo
consenso, ese proceso global de reformas que el Gobierno ha comprometido, que está llevando a la práctica y que anuncié en su estrategia global en el Pleno celebrado en esta Cámara en diciembre de 2009 cuando presenté ante la misma la estrategia de
economía sostenible. No me voy a referir a ese plan global en el día de hoy, únicamente quiero trasladarles una convicción: cuanto mayor sea el vigor y la profundidad de las reformas para mejorar nuestra competitividad, mayores serán las
posibilidades de consolidar y mejorar en el menor tiempo posible nuestro Estado del bienestar.



Señorías, es más que una convicción política, es una evidencia. Los países que más han avanzado en políticas sociales son aquellos que en los últimos años han ganado más productividad, los que han permitido, gracias a la competitividad de
su economía, impulsar más protección social a los ciudadanos. Países europeos como Finlandia y Suecia, que reformaron su modelo de crecimiento en los años noventa en profundidad, son los países donde


Página 7


han podido consolidar y desarrollar un amplio capítulo de políticas sociales y de protección social. Son ejemplos recientes de países desarrollados que han mantenido un elevado nivel de protección social gracias a que han avanzado en la
mejora de su productividad y, además, como es natural, han resistido mejor la crisis. Nuestra aspiración es situarnos en el nivel de los Estados miembros de la Unión Europea con el mayor desarrollo del Estado del bienestar y para ello debemos
buscar una mayor convergencia en renta per cápita, convergencia que hemos ido ganando progresivamente, y a la vez transformar nuestro modelo social para hacer frente a los retos que amenazan la sostenibilidad y la calidad de nuestro Estado del
bienestar. En la próxima década, solo en la próxima década, el 20 por ciento de nuestra población tendrá más de 65 años y la tasa de dependencia habrá subido 6 puntos entre activos y pasivos y continuará con fuerza el proceso de incorporación de la
mujer al mercado de trabajo. La población española en edad de trabajar en la próxima década contará con, aproximadamente, 2 millones adicionales de personas con estudios universitarios, de los cuales el 67 por ciento serán mujeres. Por ambos
motivos hemos comenzado a desarrollar una nueva agenda social, con el fin de responder a estos retos de futuro, haciéndolo, como no puede ser de otro modo, desde los criterios de austeridad, eficacia, lealtad y cooperación con administraciones y una
determinada visión de futuro.



El acuerdo social y económico que ha suscrito recientemente el Gobierno con los representantes de los sindicatos y de las asociaciones de empresarios responde ya a los principios de esa nueva agenda social y afronta los retos decisivos del
futuro de nuestro Estado del bienestar, de su consolidación, sostenibilidad y mejora. El acuerdo, además de reafirmar el valor, la vigencia y la utilidad del diálogo social, sienta las bases para la reforma de dos políticas esenciales del Estado
del bienestar actual y futuro, como son las pensiones y las políticas en favor del empleo, las políticas activas de empleo como las conocemos. La Ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, en línea con las
reformas que han emprendido los principales países europeos, responde a un reto demográfico al que se enfrenta nuestro sistema de pensiones, al igual que todos los sistemas de pensiones europeos, garantizando -ese es el gran objetivo- su
sostenibilidad para las próximas décadas. La reforma de las pensiones era, en el medio plazo, necesaria, inevitable, pero, gracias a que hemos actuado ahora, cuando nuestro sistema de pensiones no plantea ningún problema de solvencia, hemos podido
abordarla con tiempo suficiente para que sea a la vez gradual y flexible. Eso ha sido posible gracias, en buena medida, al acuerdo en el marco del Pacto de Toledo y ante todo gracias al acuerdo con sindicatos y empresarios, que además ha
transmitido confianza sobre la solvencia futura de nuestras cuentas públicas. Por todo ello el Gobierno confía en que la Ley de reforma de las pensiones pueda recibir un apoyo muy mayoritario en esta Cámara.



Señorías, el acuerdo social y económico también aborda la reforma de las políticas activas de empleo, el otro gran reto del futuro para ganar competitividad y por tanto para la sostenibilidad del Estado del bienestar, fundamentalmente porque
solo ganaremos creación de empleo si mejoramos la empleabilidad de las personas que en estos momentos no pueden tener un puesto de trabajo. Y solo facilitaremos la creación de empleo, además de con el crecimiento económico, si hacemos cambios y
reformas profundas en los instrumentos y en las políticas de ayuda y de apoyo que hemos venido utilizando hasta ahora. Tras la firma del acuerdo, hemos actuado con la máxima celeridad, presentando dos normas que lo desarrollan: el plan de choque
para promover el empleo estable y la recualificación profesional, que en unas horas se votará en esta Cámara y que busca impulsar la empleabilidad de los jóvenes y de los desempleados de larga duración estableciendo bonificaciones extraordinarias
para su contratación a tiempo parcial durante un periodo muy concreto. Además el plan establece un programa específico para atender a las necesidades de aquellos trabajadores que hayan agotado su prestación por desempleo, bien la prestación
contributiva, bien la asistencial, por el que se diseña un itinerario específico e individualizado que se complementará con una ayuda de 400 euros, condicionada al seguimiento de dicho itinerario, por tanto intentando vincular lo que venimos
conociendo tradicionalmente como políticas de prestaciones pasivas con políticas más activas. Por su parte el Real Decreto-ley de reforma de las políticas activas de empleo aprobado por el último Consejo de Ministros concreta efectivamente la
reforma más ambiciosa en esta materia de los últimos veinticinco años. Se fortalecen los servicios públicos de empleo, débiles en nuestro país en comparación con la calidad, el desarrollo y la maduración de otros servicios públicos como la sanidad,
la educación y otros que sus señorías conocen. Para ello tenemos que permitir que presten sus funciones los empleados de las comunidades autónomas, los empleados en esta área de las comunidades autónomas, de manera más flexible, más eficiente y más
adaptada a las particularidades de cada una de ellas. Por ello se incentiva la colaboración público-privada en la provisión de estas políticas, de las políticas activas de empleo, valiéndose de la participación de las empresas de servicio de
colocación recientemente creadas, y el objetivo es que en 2013 todos los desempleados puedan contar con una atención personalizada.



Junto con la reforma de las políticas activas, señorías, el Gobierno considera que hay otras cuatro prioridades en las que es necesario seguir insistiendo en el futuro inmediato y durante los próximos años por este orden de importancia:
educación, conciliación, política de vivienda y sanidad. Previamente quiero llamar la atención sobre una circunstancia, señorías: gracias a la mejora que se ha producido en los últimos años en las


Página 8


pensiones mínimas, que ha sido muy notable, aunque aún considero insuficiente, y al desarrollo del sistema de dependencia, hemos conseguido ensanchar el espacio de integración y de reducción del nivel de pobreza en nuestros mayores, como se
acredita desde todas las fuentes estadísticas disponibles. Necesitamos ahora hacer un esfuerzo equivalente en relación con los jóvenes después del impacto de la grave crisis económica, y eso significa educación y empleo, formación y empleo. A la
aplicación de nuevas políticas activas de empleo que tienen entre los jóvenes uno de sus principales destinatarios ya me he referido, voy a hacerlo brevemente a la educación. La educación, la formación en sentido amplio iguala oportunidades, aporta
cohesión social y es la base de la creación de riqueza. Sin lugar a dudas, nuestro principal desafío en este ámbito al que nos hemos comprometido en el seno de la Unión Europea es reducir el abandono escolar prematuro de jóvenes entre 18 y 24 años
del 31 por ciento actual al 15 por ciento en 2020. Este ha de ser un gran objetivo nacional. Sin la reducción de este abandono escolar, que ha tenido históricamente unas altas tasas en nuestro país, no podremos superar muchos de los retos de
competitividad y de productividad que tenemos por delante. Partimos de una cifra que no podemos aceptar como sociedad, que no nos podemos permitir porque compromete el futuro potencial de cada uno de los jóvenes que cae en el abandono escolar, pero
además compromete el futuro del país en su conjunto. No hemos acertado todavía a reducirla; no hemos, hablo globalmente. Hay un plan de acción 2010-2011 que se está ejecutando en colaboración con las comunidades autónomas, esperamos que se logren
avances tangibles, los necesitamos y desde luego debe ser objeto de una atención prioritaria por parte de todas las administraciones públicas. Además debemos reforzar la calidad de nuestro sistema educativo, avanzar decididamente en la promoción
del talento y de la excelencia académica. Este proceso debe iniciarse desde la escuela, por ello estamos articulando medidas de apoyo al alumnado con mayor capacidad y motivación, pero también en este terreno tenemos un amplio camino por recorrer a
diferencia de otros países. Asimismo, seguiremos desarrollando y ampliando la política de promoción de la excelencia e internacionalización de nuestras universidades mediante el programa Campus de Excelencia Internacional y trabajaremos en la
definición de un nuevo modelo de gobernanza y financiación universitaria que responda a estos objetivos. La universidad ha sido una gran palanca de igualdad de oportunidades desde el nacimiento de la democracia hasta nuestros días y de cohesión
social, pero debe ser una palanca con más potencial para aportar innovación, para aportar talento a la empresa y, por tanto, a la sociedad.



La reforma y el impulso de la formación profesional deben ser una de las medidas clave para la reducción del abandono escolar y la capacidad de inserción laboral. La Ley de Economía Sostenible introduce un perfil de formación profesional en
el último año en enseñanza obligatoria, mejora su accesibilidad y calidad permitiendo que responda mejor a las demandas de la empresa. Estas medidas, señorías, se van a desarrollar en los próximos meses regulando el carácter orientador del cuarto
curso de la educación secundaria obligatoria, flexibilizando el acceso a la formación profesional y a través del reconocimiento mutuo de los estudios superiores de formación profesional y los universitarios. Sin duda alguna aquí están buena parte
de los nudos históricos, de las barreras que en el fondo tienen un cierto componente corporativista, para abrir, flexibilizar, potenciar, facilitar y cualificar la formación profesional que es, por cierto, lo que necesita en gran medida nuestro
mercado de trabajo.



Otra prioridad, señorías, junto a la educación es profundizar en las medidas de apoyo a la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Tenemos que seguir induciendo los cambios en las dinámicas de los hogares para avanzar hacia un
modelo social y productivo que haga mucho más compatible familia y trabajo. A tal fin hay que seguir completando la cobertura de la educación pública de 0 a 3 años, decisivo.
Esta medida no solo es importante porque facilita de manera real la
conciliación, sino porque existe una evidencia sólida de que este periodo formativo, de 0 a 3 años, tiene una gran importancia en el desarrollo de capacidades claves para las restantes etapas educativas.



Seguiremos avanzando en la ampliación de derechos relacionados con el cuidado de hijos menores y de personas dependientes con el despliegue y mejora del sistema de atención a la dependencia, abordando en el marco del diálogo social la
racionalización de los horarios y su flexibilización para facilitar la conciliación, un debate -el del tiempo de trabajo y el de los horarios- pendiente en España y necesario, mejorando la atención a las familias monoparentales y manteniendo la
igualdad de trato hacia todas las formas de familia.



Señorías, la política de vivienda tiene una doble dimensión: la social y la referida a la vivienda como sector productivo. Por ello, además de seguir trabajando para garantizar el acceso a una vivienda digna, debemos generar un marco para
que el sector pueda recuperar un peso razonable en nuestro tejido económico, pero no el que llegó a tener ni de la misma manera en el pasado periodo expansivo. Esto requiere mantener una política de promoción de vivienda protegida especialmente en
alquiler, requiere igualmente que la construcción se desarrolle en un entorno urbano que garantice los criterios básicos de calidad y sostenibilidad del medio para lo que en el futuro deberá acometerse una importante labor de rehabilitación y
regeneración del tejido urbano. A todo ello contribuirá la Ley de calidad y sostenibilidad del medio urbano que el Gobierno presentará próximamente.



Por último, la cuarta prioridad de la agenda social será mantener la calidad del sistema sanitario y asegurar su sostenibilidad ante el reto del envejecimiento. La sanidad es, después de las pensiones, la partida a la que dedicamos un mayor
volumen de recursos. El envejecimiento


Página 9


de la población, los avances tecnológicos y la apuesta por mantener la calidad de nuestro Sistema Nacional de Salud en un contexto de austeridad presupuestaria exigen más que nunca mejorar la eficiencia y eficacia de nuestros servicios
sanitarios y de la inversión que en ellos hacemos. La hoja de ruta que hemos acordado con las comunidades autónomas para promover la calidad, la equidad, la cohesión y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud ofrece un catálogo de
actuaciones coherentes con estos objetivos. Ya hemos acometido algunas de las medidas, como la fijación de una norma común en tiempos máximos de espera o la creación de una central de compras de medicamentos y ahora pondremos en marcha la
dispensación de medicamentos en monodosis y presentaremos los proyectos de ley de universalización de la asistencia sanitaria y de salud pública.
Señorías, estas prioridades no agotan las reformas ni las medidas que es conveniente adoptar en
nuestro modelo de protección social, pero representan cuatro ámbitos en los que siempre, junto con el del empleo, el Gobierno considera más necesario un compromiso colectivo.



Señorías, concluyo yo. Hemos avanzado mucho en la construcción de nuestro Estado del bienestar en los últimos treinta años por la acción de los diversos gobiernos, mucho teniendo en cuenta el punto de partida, tanto o más que han mejorado
otros indicadores que reflejan el progreso de nuestro país en este tiempo. Hemos avanzado sin duda, en particular en los últimos años, como creo haber acreditado. Hemos podido consolidar estos avances a pesar de la crisis y ellos nos han ayudado a
sobrellevarla y confío en que a superarla definitivamente también, sobre todo en relación con las acciones de apoyo al empleo. Ahora, de cara al futuro, los que nos sentimos plenamente comprometidos con el Estado del bienestar y sus valores, hasta
el punto de que este compromiso da sentido a nuestra propia vocación política, sabemos que su solidez depende de que culminemos el proceso de reformas de nuestro modelo productivo, de que lo hagamos con determinación, con valentía y con visión de
futuro y de que sepamos afrontar los nuevos retos demográficos y de incorporación plena de las mujeres y los jóvenes al mercado laboral. Les aseguro que en el contexto de la recuperación económica el Gobierno va a centrar en ello todo su empeño
durante los próximos meses, en desarrollar una nueva agenda social con visión de futuro, que afronte decididamente los retos del empleo, de la formación y de la educación para los jóvenes y los retos demográficos del envejecimiento, en el marco del
acuerdo social y espero que en el marco de los acuerdos posibles -cuantos más, mejor- entre los grupos políticos de esta Cámara.



Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.



Tiene la palabra don Mariano Rajoy.



El señor RAJOY BREY: Muchas gracias, señor presidente.



Señorías, después de escuchar el discurso que nos ha ofrecido el señor Rodríguez Zapatero y después de observar la descripción de lo que él define como su política social, confieso que no sé todavía si nos habla en serio o asistimos a uno de
sus habituales ejercicios de propaganda.
(Rumores y protestas.)


El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.



El señor RAJOY BREY: Señor Rodríguez Zapatero, permítame una pregunta.
Exceptuando a quienes le acompañan en estos bancos, ¿podría usted enseñarme a un español que ratifique sus palabras y su alborozo? Ni siquiera le pido que sea padre o
madre de familia, pensionista, funcionario o trabajador que esté en el paro o que tema estarlo; me conformo con un español que diga: el señor Rodríguez Zapatero tiene razón, nunca hemos disfrutado una política social como la suya. Le aseguro que
los españoles que yo conozco y cuyos intereses debo defender no ven las cosas como usted. Con lo que está cayendo, cuando usted ha congelado las pensiones, ha reducido el sueldo de los funcionarios, ha eliminado bonificaciones fiscales a los
asalariados y ha suprimido la ayuda a la natalidad de 2.500 euros, entre otros recortes, parece una broma de mal gusto que acuda usted a esta Cámara a presumir de su política social.



¿Y cómo es posible, señoría, que intente disfrazar estos hechos con los edulcorados datos que usted difunde? Para usted es muy sencillo, porque no consiente que los hechos le estropeen sus descripciones. Como se suele decir, hay mentiras,
grandes mentiras y estadísticas. Por ejemplo, suele usted afirmar -y lo ha vuelto a hacer esta mañana- que los parados que reciben prestaciones por desempleo son el 77 por ciento -hoy ha hablado del 80- del total de parados. Pues bien, si nos
atenemos a las cifras oficiales, ese porcentaje se reduce en realidad al 64 por ciento. Es muy sencillo: reciben prestaciones por desempleo 3.015.462 personas y están en situación de desempleo 4.696.600, lo que viene a decir lisa y llanamente que
ha escamoteado más de 800.000 parados. Todo esto con datos oficiales, ya sean cifras del Ministerio de Trabajo o del Instituto Nacional de Estadística. También maneja usted de forma equívoca las cifras cuando afirma que el incremento en los gastos
educativos ha sido del 48 por ciento en su etapa de Gobierno, y no porque no se haya producido ese incremento sino porque no explica que lo que el Estado gasta en educación no representa más que el 5 por ciento del gasto público total en educación,
toda vez que la gestión del sistema educativo está transferida a las comunidades autónomas. Sigue usted repitiendo una y otra vez que ha desarrollado la política de becas más ambiciosa de nuestra historia al aumentar el número de becarios en
400.000 desde 2004.
La cifra es cierta, lo que no es cierto es que refleje el mayor aumento en el número de becarios de nuestra historia, puesto que


Página 10


durante los años de Gobierno del Partido Popular ese número creció en más de 470.000 becarios. (El señor Villarrubia Mediavilla: Mejor, mejor.-El señor Moraleda Quílez: Pasas por la izquierda.-Rumores.-Aplausos.) Ha metido usted en el
mismo puchero datos muy diversos que van desde 2004 -e incluso se remonta a los treinta años anteriores- hasta 2011; quizá porque no quiere hablar de lo que está pasando ahora. Con ese potaje se puede lograr el resultado que uno quiera y del color
que más le guste. En esto consiste la trampa, señorías, en manejar las cifras de una forma parcial para dar una falsa imagen de mejora permanente de sus políticas sociales.



Señor Rodríguez Zapatero, en el balance de su gestión figuran como hechos incontestables -esta es la realidad- los siguientes: 4.700.000 personas en el paro, el 43 por ciento de los jóvenes en el paro, 1.330.000 familias con todos sus
miembros en el paro, 1.680.000 parados que carecen de cobertura, 8.000.000 de personas -Instituto Nacional de Estadística- por debajo del umbral de la pobreza relativa, 800.000 personas que se acogen a los comedores de la Cruz Roja y 1.000.000 de
personas que sobreviven gracias a Cáritas Diocesana. Señoría, durante su Gobierno se ha hecho más profunda la desigualdad entre los españoles que más tienen y los que menos tienen. En 2003 el 20 por ciento de la población con más renta ingresaba
cinco veces más que el 20 por ciento que menos ganaba y en 2009 esa relación ya ha aumentado seis veces; incremento de la desigualdad social, señoría, incremento de la desigualdad social. Estos son los datos, y lo demás son palabras huecas. ¿Cómo
se puede presumir de política social en estas condiciones? Usted sabrá.



Pues bien, con esta realidad ¿qué ha hecho usted en los últimos tiempos? Vamos a verlo. En el último año ha cambiado en dos aspectos muy importantes, y ambos corresponden a decisiones personales suyas, los recortes sociales y los
Presupuestos Generales del Estado. Los españoles hemos conocido gracias a usted el mayor recorte en prestaciones sociales de todo el periodo democrático, el mayor, señoría; todo un rejonazo a la política social que ha plantado usted como un hito
para la historia. Como decía antes, ha congelado la pensión a más de 5 millones de españoles, saltándose la ley, la justicia y el Pacto de Toledo; ha suprimido la devolución de los 400 euros a los asalariados; ha eliminado el cheque bebé; lo
mismo digo de los famosos 420 euros, que van y vienen a los desempleados, y otras cuestiones. Esa es su actuación más reciente en política social, por no hablar de lo que podríamos definir como política antisocial, me refiero a la subida en dos
puntos del IVA o al incremento de los precios de la energía eléctrica. Cuando se congelan o se reducen la mayor parte de los salarios, cuando se congelan las pensiones, cuando el paro crece, un incremento de impuestos indirectos o de precios
regulados de bienes de primera necesidad, como es la luz, es un ataque a las condiciones de vida de las capas menos favorecidas de nuestra sociedad. (Aplausos.)


Señor presidente, de sus intenciones nos hablan los Presupuestos Generales del Estado en este año. Son los suyos, señorías, nosotros no los aprobamos, entre otras razones porque nos parecían antisociales. ¿Qué es lo que usted ha dispuesto
en política social? Escuchen a ver que les parece. Una reducción del 8,4 en el gasto en servicios sociales y promoción social, un tijeretazo del 19,3 del gasto en política de acceso a la vivienda, un recorte del 28 por ciento en los programas de
apoyo a las familias, una rebaja del 42 por ciento en el Plan de acción para la discapacidad, un ahorro del 7 por ciento en los programas de fomento del empleo femenino, una merma del 8,2 en sanidad, una pérdida del 8,1 en educación, una bajada del
10,4 en la dotación para dependencia y un quebranto del 43 por ciento en el Plan de acción contra la discapacidad.
A esto le llama usted política social. ¿En qué se parece esta realidad a lo que usted nos ha contado? En nada, señoría, en nada.
Es cierto que estos presupuestos dedican más del 50 por ciento a gasto social, pero no por su pregonada sensibilidad social, señoría. Las únicas partidas, las únicas que han crecido son aquellas que usted no puede eludir, el paro y las pensiones,
sencillamente porque en España crece el número de parados y crece de forma natural el número de pensionistas. Por tanto, ¿de qué presume usted, señor presidente? (Aplausos.)


Ya sé que insiste usted mucho en las diferencias de su política con respecto a la nuestra, y quiero darle la razón en este sentido; tiene usted razón. Afortunadamente para los españoles tenemos concepciones antagónicas en política social,
bastante más hondas de lo que usted sugiere. La primera diferencia es que usted en esto, como en todo, improvisa, carece de planes, no tiene más guía ni más norte que las necesidades de su propaganda. Dice esto y practica lo otro; promete una
cosa y, si le conviene, hace la contraria; un día toma medidas, al siguiente las rectifica, otro día las suprime y, si está de humor, las reemplaza. A veces improvisa incluso las cifras. Hoy nos ha dicho que el gasto sanitario ha subido más del
50 por ciento, pero el 31 de enero de este año en Televisión Española dijo que había subido el 30. En respuesta en la sesión de control el 15 de diciembre del año 2010 dijo que había subido el 40 y en una carta que le manda a los militantes
socialistas en el mes de febrero dice que ha subido el 50. (Rumores.-Aplausos.) Señor presidente del Gobierno, presenta como si fueran de acero planes que tienen la consistencia de una tela de araña y duran lo que un suspiro (Rumores.), más
pensados como ademanes del Gobierno que como soluciones, y tan pronto como ha calado el gesto se suprimen porque no tiene dinero para pagarlos; estoy pensando en los 2.500 euros por nacimiento o en los 400 euros de desgravación fiscal para los
asalariados, por poner solo dos ejemplos. Usted ni analiza las necesidades, ni calcula los gastos, ni fija criterios objetivos para medir los resultados; improvisa usted, señoría, en esto como en todo. La segunda diferencia, que es hija de la
anterior, consiste en que usted gasta sin preocuparse por el resultado.
Presume usted,


Página 11


señoría, de que gastamos más dinero que nunca; pregona usted mucho la cuantía del gasto, pero no dice una palabra sobre la eficacia. Si tuviéramos que hacerle caso, señoría, resultaría que cuantas más necesidades sociales existen mejor
sería la política social; lógicamente gastaríamos más. Por ejemplo, cuantos más parados más éxitos porque distribuiríamos más ayudas. Esto puede parecer una reducción al absurdo pero por desgracia no lo es, porque pregona usted mucho la cuantía
del gasto pero no dice una palabra sobre la eficacia. De qué sirve presumir, por ejemplo, del gasto en educación si los resultados nos colocan en los últimos puestos de la Unión Europea. Según su tesis, está usted invirtiendo mucho más para que
solo la tercera parte de los alumnos fracasen o abandonen los estudios. Hoy nos viene con nuevos planes y nos dice que quiere llegar al 15 por ciento de fracaso escolar en 2020, cuando el último plan aprobado por la Unión Europea dice que hay que
llegar a menos del 10 por ciento en 2020. Sobre la ayuda familiar, señor presidente, lo mejor será que pregunte usted a las familias para ver si están de acuerdo con sus afirmaciones. Le he puesto algunos ejemplos, aunque hay muchos más, de la
poca relevancia que usted concede a lo realmente importante. Importa mucho saber cómo se gasta el dinero, señoría; importa mucho e importa mucho la eficacia. Hace usted gestos, muchos gestos, y gasta dinero, mucho, pero no se preocupa del
seguimiento de los proyectos y de averiguar si se resuelven o no los problemas. Hasta aquí, señor presidente, nuestras diferencias en las formas, pero nuestras principales discrepancias son de fondo.



Con una mala política económica es imposible que exista una buena política social; es imposible. Hasta un niño sabe que de donde no hay no se puede sacar. Para prometer dinero a los jubilados hay que saber primero generarlo y después no
malgastarlo. Por ejemplo, ahora que hablamos tanto de la reforma de las pensiones importa saber que el problema acuciante no es tanto lo que pueda ocurrir dentro de diez o quince años sino lo que está ocurriendo ya, ahora. El pasado año 2010 el
conjunto de las cotizaciones no cubrió lo que nos gastamos en pensiones y nos tuvieron que sacar del aprieto los intereses del Fondo de reserva. ¿Sabe usted por qué? Porque los últimos tres años y medio el número de cotizantes se ha visto reducido
en más de 2.300.000 afiliados, algo más de un 11 por ciento de caída, y en ese mismo periodo de tiempo el número de pensionistas se ha incrementado en cerca de 450.000 personas, un 5,4 por ciento de aumento. Si a esto le añadimos que las pensiones
que entran en el sistema son más altas que las que desaparecen por defunción, tenemos un cuadro muy oscuro. Señoría, si sigue bajando el número de cotizantes -hablemos de lo importante-, olvídese de las proyecciones democráticas porque nos va a
urgir más el auténtico problema. Hay que conseguir que se incrementen de forma continuada y estable el número de cotizantes del sistema; dicho de otra manera, es necesaria una buena política económica capaz de generar empleo en España.
(Aplausos.) Señoría, el rigor económico no es, como ustedes han dicho siempre y se les escapa cuando se descuidan, enemigo de las prestaciones sociales; al contrario, es su mejor garantía, es su fundamento, y quien daña el rigor económico le quita
el pan de la boca a quien más lo necesita. Permitir que se seque la fuente que alimenta toda la política social es algo tan insensato e irresponsable como jugarse el presupuesto nacional en las quinielas.
Señoría, si dejamos secar el río no
podemos quejarnos de que falte agua.
Usted llama política social a que no falten flotadores en el naufragio, y es natural porque se ve que lo suyo son los naufragios; yo prefiero que los chalecos salvavidas no hagan falta. Pienso, efectivamente,
que no existe mejor política social que crear empleo, y comprendo que le moleste porque esta frase explica muy bien cuál es el resultado de su política económica, que luego le obliga a hacer los mayores recortes sociales de la historia de la
democracia española (Aplausos.); es esto, señor presidente del Gobierno.



Señoría, escúcheme bien, cualquier objetivo que un país se proponga en materia de política social, sea una educación y una sanidad universales, públicas y de calidad, sea la cobertura de la jubilación, el desempleo, la orfandad, la viudedad,
la incapacidad o cualquier otra contingencia que provoque el riesgo de exclusión, o sea el nuevo pilar de las ayudas a la dependencia que estamos iniciando en España, todos, insisto, todos ellos, necesitan un respaldo económico extraordinariamente
robusto. Para construir una sociedad cohesionada y equitativa no bastan las buenas intenciones, señor presidente, que esas las tiene todo el mundo, ni bastan las declaraciones de principios, porque eso lo puede hacer cualquiera. Elevar el
bienestar social y asegurar que los beneficios del desarrollo alcancen a todos, exige algo más que buenas palabras y buenas intenciones. Pagar las cuentas de la ayuda social exige una financiación sólida, estable y proporcionada a las necesidades.
Esto no se logra, señorías, más que con una política económica seria que promueva el bienestar que estamos tratando de repartir, que reduzca las necesidades asistenciales y que suministre los recursos que garanticen la solidaridad. Esa financiación
que necesita la política social y sin la cual los valores de la solidaridad, la justicia y la igualdad de oportunidades se vacían de contenido y no son más que meras palabras no conoce otra fuente que una economía eficaz. Señor presidente, hablar
de política social cuando falta el sostén de una economía sólida, cuando se están apuntalando con préstamos los gastos sociales y cuando no existe ninguna garantía de sostenibilidad en el tiempo -por eso cheque bebé sí, cheque bebé no, 400 euros sí,
luego no- es hablar por hablar. Lo más importante de la política social son las necesidades que hay que cubrir y las cuentas que hay que cuadrar; con usted ni se cubren las necesidades -porque no se cubren- y además no se cuadran las cuentas. Con
una política económica ruinosa es imposible que exista una buena política social. (Aplausos.)


Página 12


Señor presidente, tiene usted razón cuando afirma, sobre la salida de la crisis, que será distinta según gobierne el Partido Socialista o el Partido Popular; tiene razón. La salida de la crisis será muy diferente con nosotros, también en
el área social; será tan diferente como lo que va de malvivir con un subsidio a tener un trabajo (Aplausos.), de buscar refugio en el socorro de la familia a sostenerla, de carecer de oportunidades a poder escoger, de repartir la pobreza a repartir
el bienestar. Estas serán las diferencias, señoría. (Aplausos.)


Termino ya. Una vez más nos ha disfrazado la realidad con buenas palabras, una vez más -esta vez en el capítulo de la política social- hemos comprobado su perseverante gusto por los gestos de propaganda y por la improvisación. Está usted
utilizando eso que llama gasto social, que en sus manos es un gasto sin plan, sin objetivos y sin resultados, como paliativo de los graves problemas que usted causa a los españoles. En esto debo reconocerle el mérito; al menos no es usted
insensible al daño que causa. Es razonable que quien ha empobrecido tanto a tantos se ocupe a amortiguar el mal que siembra. Me recuerda usted al protagonista de aquel epigrama que dice el señor don Juan de Robres con caridad sin igual hizo este
hospital, pero antes hizo los pobres.



Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Popular, puestos en pie.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rajoy.



Tiene la palabra don Josep Antoni Duran i Lleida.



El señor DURAN I LLEIDA: Muchas gracias, señor presidente.



Gracias, señor presidente del Gobierno, por comparecer para abordar el debate sobre la evolución y el futuro de las políticas sociales. El debate es oportuno y necesario. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la
Presidencia.) Llevamos años de grave crisis y la respuesta social a menudo no ha estado a la altura, a nuestro juicio, de las circunstancias. Le reconozco el coraje y la valentía de abordar el problema de cara. También quiero reconocerle su
impertérrita capacidad de ser optimista pase lo que pase, aunque todos sabemos que ello no es suficiente. Hasta aquí los reconocimientos. También debo decirle que en los siete años que lleva, el presidente del Gobierno nos ha mostrado que sus
palabras y lo que consiguen sus decisiones no tienen porqué coincidir, incluso pueden llevar a conclusiones opuestas; este mismo debate también está rodeado de esa ambivalencia que le es tan peculiar.
Pocos mandatos presidenciales han sido tan
duros como el suyo con las políticas sociales y el Estado del bienestar, a pesar del contenido social de sus intervenciones. Voy a abordar el debate desde cinco ámbitos distintos: primero, desde la perspectiva del empleo; segundo, desde la
perspectiva estricta de las pensiones; tercero, desde la perspectiva de las políticas sociales que gestionan y dependen de las comunidades autónomas; cuarto, otras políticas sociales dependientes del Estado; y, quinto, desde la necesidad de
reforzar la colaboración público-privada de la gestión de políticas sociales.



Desde la perspectiva del empleo, señor presidente, el mantenimiento del Estado del bienestar para las sociedades desarrolladas se fundamenta en la voluntad plena y persistente de aumentar al máximo la tasa de actividad y de llegar al pleno
empleo. Tener trabajo nos hace libres para actuar, a la vez que nos permite ser solidarios con los demás. La verdadera política social no es pagar al que no tiene trabajo, sino asegurar que todo el mundo tenga trabajo. En España tenemos 18,4
millones de personas ocupadas; cuando empezó la legislatura teníamos dos millones más de empleos. Tenemos 4,7 millones de personas en paro; cuando empezó la legislatura teníamos 2,5 millones de parados menos. Nuestra tasa de paro es del 20,3 por
ciento, nada que ver con el pleno empleo y nada que ver con aquella tasa de paro del 9 por ciento de principios de legislatura o con la que padecen de media los demás países europeos. Como dije, no hay política social más potente como la de crear
empleo y ninguna como esta permite garantizar la solidaridad de los que tienen más respecto de los que tienen menos o permite garantizar la solidaridad intergeneracional de los que trabajan respecto de los pensionistas; sin empleo no hay Estado del
bienestar posible. Señor presidente, un 20,3 por ciento de personas activas en edad de trabajar pero en paro es el mayor fracaso que puede tener la política social de un país. Soy consciente de que uno de los aspectos importantes, muy importante,
al que usted hacía referencia, es el Acuerdo Económico y Social firmado por el Gobierno y las organizaciones sociales. Ya he dicho en otras ocasiones que también los partidos políticos debían haber estado en ese consenso, pero el Acuerdo Económico
y Social firmado el pasado mes de enero es un buen paso adelante del que nos congratulamos. Lamentablemente su gestación ha durado exactamente dos años y ocho meses, demasiado tiempo, un tiempo en el que hemos visto destruir más de dos millones de
empleos; llega tarde pero lo valoramos positivamente. Ahora es obligado recuperar parte del empleo perdido y para ello tenemos puestas nuestras esperanzas en tres ámbitos concretos. El primero es el plan de choque, positivo pero insuficiente.
Plan de choque significa plan drástico, ambicioso. El propuesto hasta el momento es políticamente correcto, pero después de destruir dos millones de empleos necesitamos más ambición para volver a crear nuevo empleo. Le proponemos de nuevo algunas
medidas de impulso a la contratación, concretamente la subvención de 5.000 euros por la creación neta de cada nuevo empleo, la plena bonificación de las cotizaciones a la Seguridad Social para el primer empleo creado por los trabajadores autónomos y
la plena capitalización de las prestaciones por desempleo a todas las personas que se encuentran en paro y tengan un proyecto de autoempleo.



Página 13


La reforma de las políticas activas de empleo, señor presidente, es el segundo ámbito de esperanza para reactivar la creación de empleo. La política de creación de empleo en este país descansa en un presupuesto enorme, 37.800 millones de
euros, casi el 4 por ciento de nuestro PIB.
Desde esta magnitud, cuatro de cada cinco euros van destinados a pagar prestaciones de desempleo -pagar el paro- mientras que el euro restante se destina a políticas activas, o sea a formación,
bonificaciones a la contratación y ayuda para encontrar otro empleo. El actual modelo de prestaciones por desempleo es demasiado largo y desincentiva y se limita a pagar sin contrapartida a favor de la sociedad, al margen de las bolsas de fraude y
de economía sumergida que pueda provocar al no ligarlo más a las políticas activas; este desequilibrio debe cambiar. Una parte de las prestaciones por desempleo debe alimentar las políticas destinadas a ayudar a encontrar un nuevo empleo. Mi
primera pregunta en este contexto es la de preguntarle al presidente qué ha hecho el Gobierno en los últimos tres años para cambiar esta situación, por qué ha tardado tanto en actuar. La reforma de la Ley de Empleo, aprobada ahora por el Gobierno,
debe permitir gastar de manera más eficiente los recursos presupuestados hasta el momento en políticas activas de empleo. Tenemos la confianza de poder reforzar estas políticas para mejorar la formación de quienes se encuentran en paro, facilitando
así que vuelvan a encontrar empleo. Necesitamos vincular más estrechamente las políticas activas y pasivas, pero a su vez desconfiamos sobre cómo se va a financiar la reforma y no queremos caer en un nuevo capital de centrifugación del gasto del
Estado a las comunidades autónomas. Por ejemplo, señor presidente: ¿Cómo se financiarán los itinerarios para la formación o acceso a un empleo por parte del desempleado? ¿Piensa el Gobierno que deben financiarlo íntegramente las comunidades
autónomas sin esperar transferencia económica alguna del Estado? ¡Atención con estos aspectos, ya que se trata de propiciar la creación de empleo, y las expectativas de los parados no admiten frivolidades!


El tercer ámbito de esperanza para la creación de empleo es la reforma de la negociación colectiva. Una aportación de nuestro grupo parlamentario a la reforma laboral fijó el compromiso del próximo mes de marzo como fecha tope para alcanzar
un acuerdo con las organizaciones sociales sobre esta reforma, compromiso que posteriormente ha sido rubricado por los propios agentes sociales. Para Convergència i Unió, reformar la negociación colectiva significa aproximarla a la actividad
productiva, desautomatizar la negociación salarial y vincularla también a las mejoras de productividad o a los resultados de las propias empresas. Para esta reforma necesitamos la participación activa y el compromiso de sindicatos y patronales.
Los sindicatos deberán conocer mejor la situación y evolución de las empresas, deberán asumir parte de sus riesgos y beneficios, y para ello las empresas deberán ser más abiertas y transparentes hacia los sindicatos. En definitiva y desde la
perspectiva de la más importante de las políticas sociales, nos urge que la economía vuelva a crear empleo. Ninguna economía ha destruido tanto empleo en esta crisis como la nuestra; ninguna economía desarrollada excepto la nuestra tiene una tasa
de desempleo superior al 20 por ciento; a ninguna economía le corresponde encontrar y concentrar tanto esfuerzo en la creación de empleo para salir de la crisis, de una crisis como la nuestra.



Segundo ámbito respecto a las políticas sociales, señor presidente: las pensiones. El segundo eje de las políticas sociales corresponde a las pensiones. Más del 60 por ciento del gasto social del Estado se concentra en las pensiones, y
ello afecta a casi 9 millones de personas. En muy poco tiempo el Gobierno ha adoptado dos decisiones trascendentes, seguimos discrepando de la primera, cuando el Gobierno congela las pensiones para 2011 creyendo además que el ahorro no compensará
el impacto social de la medida. Sobre la revisión de la edad de jubilación -que es la segunda- en el marco de los pactos de Toledo nos congratulamos del resultado obtenido y de nuestras aportaciones. La aprobación del voto particular en esta
Cámara -por cierto, no por todos los grupos parlamentarios- presentado por Convergència i Unió a las resoluciones del Pacto de Toledo abrió la puerta a mantener la edad de jubilación a los 65 años con el cien por cien de la pensión a la vez que
permitía retrasarla hasta los 67 para quienes tuvieran menos carreras de cotización. Asimismo propició que en el futuro cualquier planteamiento relacionado con la modificación de la edad de jubilación se vincule a aumentos efectivos de la esperanza
de vida. Sin embargo, no quiero pasar por alto la reiteración de algunas de las demandas que una y otra y vez ha venido presentado nuestro grupo parlamentario en relación con tres temas específicos: primero, el incremento de la base reguladora de
las pensiones de viudedad, especialmente para quienes tengan en esta pensión su ingreso principal; segunda, la mejora del trato fiscal de dichas pensiones para quienes además trabajan, especialmente cuando haya hijos a cargo; y, tercera, la
consideración del servicio militar como periodo cotizado.



Tercer ámbito de políticas sociales, señor presidente: la responsabilidad de las comunidades autónomas. El tercer ámbito de mi intervención corresponde a la perspectiva de quien presta de hecho las políticas sociales, que en muchas
ocasiones son las propias comunidades autónomas.
El Estado de las autonomías nos ha generado el mayor impulso económico y de mejora de bienestar social jamás conseguido en nuestra sociedad, ha sido motor de crecimiento y mejora de la calidad de
vida.
Lamentablemente, hoy cuando hay crisis algunos claman por erosionarlo.
Hay crisis y por tanto más necesidad de gasto social, y las comunidades autónomas y los ayuntamientos -no lo olvidemos- están más presionados que nunca por necesidades
sociales, pero es el Gobierno del Estado quien tiene la llave para dar más o menos oxígeno a las administraciones que más padecen esta presión social. Las comunidades autónomas son las


Página 14


administraciones responsables de gestionar las políticas de educación, sanidad, política social o vivienda; ellas absorben la mayor parte del gasto autonómico y más allá de las prestaciones por desempleo estas son las políticas sociales por
excelencia. Un ejemplo claro es el de la sanidad, sometida permanentemente a un aumento del gasto, a un aumento del gasto superior al de los ingresos. ¿Para cuándo, señor presidente, un pacto institucional para la sostenibilidad del sistema
sanitario? Porque sabe usted perfectamente que hoy no es sostenible. ¿Para cuándo podemos esperar más lealtad institucional respecto a la sanidad? La implantación, por ejemplo, del modelo de atención a la dependencia es otro caso concreto de
deslealtad del Estado con las comunidades autónomas. En este tema el Gobierno ha impuesto modelo y ha destinado los recursos para financiarlo; bienvenidos sean los recursos, pero no el modelo. El modelo estatal ha pervertido y ahogado las
políticas de atención a la dependencia que las comunidades autónomas llevaban a cabo antes con más eficiencia. En principio la Ley de Dependencia preveía un modelo de cofinanciación. El Estado debía poner un euro por cada euro de las comunidades
autónomas. La realidad concreta, señor presidente, del caso que mejor conozco, Cataluña, es muy distinta. En 2011, por cada euro público que se va a gastar en dependencia, el Estado pondrá 23 céntimos y los 77 céntimos restantes deberán salir de
los presupuestos de la Generalitat de Catalunya. Otro ejemplo, señor presidente, el 1 de enero se incorporarán al sistema las personas con dependencia moderada valoradas en grado I nivel 2, son 140.000 nuevos beneficiarios de la ley.
En cambio,
los presupuestos del Estado para 2011 destinarán a la atención de la dependencia menos recursos que el año pasado. Por tanto, ¿quién deberá pagar las nuevas prestaciones que la ley garantiza?, ¿las comunidades autónomas? Señor Rodríguez Zapatero,
señor presidente, su Gobierno ha impuesto un modelo de gasto inviable. Las comunidades autónomas gestionaban sus propios recursos, conscientes de sus limitaciones. Hoy el Estado paga una parte insuficiente de la factura impuesta. El grueso del
gasto lo pagan las comunidades autónomas y ello para que después venga el Estado exigiendo la reducción del déficit y del gasto de las comunidades. Le emplazo a reconocer la inviabilidad del sistema impuesto; le emplazo a reprogramar y revisar,
junto a las comunidades autónomas, el modelo y el calendario de aplicación de la Ley de Dependencia antes de las próximas elecciones generales; le emplazo a priorizar la atención a personas con dependencias graves y severas.



Otras políticas sociales dependientes del Estado. El cuarto ámbito de mi intervención se centra en aquellas otras políticas sociales, como inmigración, políticas de vivienda, pobreza, política familiar, donde el balance tampoco es positivo.
En inmigración, el Fondo de acogida de inmigrantes, instrumento fundamental para facilitar la integración, se ha reducido en los presupuestos para este año de 200 a 70 millones de euros y esta misma semana hemos sabido de una nueva reducción del 5
por ciento adicional. También en este caso son las comunidades autónomas y los ayuntamientos las administraciones perjudicadas por el recorte. En el ámbito de la política de vivienda el balance es nulo -subrayo, nulo-. Hoy tenemos en España miles
de viviendas vacías, un hundimiento generalizado del mercado de la vivienda, pero el acceso a la vivienda es tan o más difícil que el que teníamos hace siete años; es otro fracaso de la política social. Lucha contra la pobreza. Las entidades sin
ánimo de lucro -Cáritas, Cruz Roja, Banco de Alimentos y tantas otras- tienen un papel principal en esta batalla, sin que desde la Administración se hayan arbitrado medidas que contribuyan a reforzar este eficaz protagonismo de la sociedad civil en
la lucha contra la pobreza. En España hay 1,5 millones de personas en situación de extrema pobreza y 9 millones en situación de pobreza. Hace un año, el 26 de febrero de 2010, el Gobierno aprobó con cierto bombo el Plan extraordinario de fomento
de la inclusión social y la lucha contra la pobreza 2010, en el que se incrementaban los recursos destinados a Cáritas, Cruz Roja y otras entidades para la atención a personas en riesgo de exclusión social, pero estas dotaciones no han llegado a
puerto. Ahora todavía no se ha aprobado, por ejemplo, el plan 2011-2013. ¿Hay alguna razón, señor presidente, que justifique esta realidad que le estoy exponiendo? Política familiar. Qué diferente es la situación en la mayoría de países
europeos, donde las políticas a favor de la natalidad intentan contrarrestar el envejecimiento de la población y garantizar mejor el futuro de las pensiones. ¿Se ha planteado el Gobierno la importancia que puede llegar a tener el sector de los
servicios de ayudas personales y a las familias, trabajo doméstico, dependencia, ayuda al estudio, como sector generador de empleo, como en tantas otras ocasiones he repetido desde esta tribuna? Señor presidente, tampoco en estas políticas aprueba
usted la asignatura. Veamos algunos ejemplos. La renta de emancipación de los jóvenes para alquilar un piso está fijada en 215 euros/mes. En el País Vasco, en Madrid o en Cataluña el precio medio de alquiler de una vivienda está por encima de los
10 euros/metro cuadrado, mientras que en comunidades como Extremadura, Castilla-La Mancha o Murcia está por debajo de los 6 euros/metro cuadrado. En consecuencia, en las primeras comunidades un piso de 60 metros cuadrados costará más de 600
euros/mes, mientras que en la segunda costará unos 300 euros/mes. La renta de emancipación, por tanto, de los jóvenes permitirá que en estas segundas comunidades con 150 euros y la renta de emancipación los jóvenes puedan emanciparse. En cambio,
en el País Vasco, en Madrid o en Cataluña necesitarán un mínimo de 400 euros, misión imposible para muchos. ¿Sería justo o no ponderar las ayudas en función del coste de la vida? Se habló de becas, pues bien, hay comunidades donde más del 20 por
ciento de los estudiantes se benefician de una beca. Hay otras -Cataluña- donde las becas no alcanzan


Página 15


más que al 10 por ciento de los estudiantes, sin que ello signifique un mayor poder adquisitivo. Dependencia. De entrada, las prestaciones por dependencia son las mismas en todo el Estado. Sin embargo, según los datos en 2006 había
comunidades donde los precios públicos de la plaza concertada no alcanzaban los 1.000 euros/mes mientras que en otras superaban los 1.600 euros/mes. ¿Es justo o no ponderar también en este caso las ayudas en función del coste de la vida?


Acabo, señor presidente, con una reflexión. Hay que reforzar los mecanismos de colaboración público-privada, a lo que también usted hizo referencia, para impulsar políticas sociales. Reforzar el mecenazgo puede ser una vía. No tenemos
otro remedio que transitar desde el Estado de bienestar a la sociedad de bienestar, y para ello precisamos la colaboración de la sociedad civil, del tercer sector, de la familia, que es el auténtico motor y garante del bienestar social. En
síntesis, no estamos satisfechos de su obra de gobierno en política social. Con más empleo, los ingresos del Estado y las comunidades autónomas podrían cubrir una política social a donde hoy no llega. Señor presidente, ha tardado usted demasiado
tiempo en lograr un acuerdo económico-social y todavía nos queda mucho por hacer. Por tanto, mi primera y principal propuesta es la de impulsar creación de empleo a cualquier precio y con algunas de las medidas que ya he expuesto. Debemos también
racionalizar las políticas sociales del Estado.



La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Duran, por favor.



El señor DURAN I LLEIDA: Acabo inmediatamente, señora presidenta.



El Estado debería evaluar sus políticas y los criterios utilizados para gestionarlas con el fin de priorizar los recursos allá donde más falta haga. Las políticas de dependencia, las políticas de becas o las políticas de vivienda se
encuentran entre las políticas a revisar. En tercer lugar, para practicar una verdadera política social el Estado debería practicar más la lealtad institucional para con las comunidades autónomas y debería llegar a un pacto para la sostenibilidad
de alguna de ellas, por ejemplo, como ya cité, en sanidad. Finalmente -acabo definitivamente, aunque no he consumido más tiempo que el anterior interviniente-, solo donde no llegue la sociedad civil debe llegar el Estado. Ese es el principio de
subsidiariedad, pero para ello es necesario que el Estado arbitre mecanismos. La reforma de la Ley de Mecenazgo debe ser una prioridad. Ya le anuncio, señor presidente, que mi grupo parlamentario va a presentar una proposición de ley en esta
dirección.



Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señorías. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Duran.



Por el Grupo Parlamentario Vasco del PNV tiene la palabra el señor Erkoreka.



El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.



Señorías, señor presidente del Gobierno, sostenibilidad, esa es la palabra clave. Sostenibilidad, la palabra en la que se condensa la pauta que ha de guiar la gestión de la política social con vistas al futuro.
Sostenibilidad. Y la
sostenibilidad es, como todo el mundo sabe, la antítesis del desmantelamiento. Lo que se desmantela no se sostiene, es evidente. Pero tampoco debe confundirse la sostenibilidad con la intangibilidad, porque aun cuando ambas puedan parecer lo
mismo, en realidad no lo son. En puridad, la sostenibilidad y la intangibilidad están reñidas. La sostenibilidad de hoy procura evitar el desmantelamiento de mañana y la intangibilidad de hoy es, o cuando menos puede ser, el desmantelamiento de
mañana. El concepto de sostenibilidad no se acuña solo para garantizar el modelo de protección social frente a quienes aspiran simple y llanamente a destruirlo, no. La sostenibilidad procura también impedir que una actitud de sobreprotección
centrada exclusivamente en el presente comprometa la viabilidad del sistema para mañana. Este es, a juicio de mi grupo parlamentario, el marco en el que ha de tener lugar el debate sobre la evolución y el futuro de las políticas sociales. Ni
estamos dispuestos a desmantelar los logros alcanzados durante los últimos años en el terreno social, ni tampoco compartimos la conveniencia de aplazar ese desmantelamiento aferrándonos a posiciones numantinas que hoy pueden resultar cómodas,
incluso rentables, muy rentables, desde el punto de vista electoral, pero que se saben de antemano inviables a medio y largo plazo. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)


El debate es inaplazable, señor presidente, de hecho ya se ha demorado más de lo conveniente, y es preciso plantar cara de una vez por todas a la falta de consensos mínimos en torno al modelo social que queremos y el modo en que lo vamos a
financiar. Se trata pues de alcanzar consensos en torno a dos cosas: primero, qué modelo social queremos y, segundo, cómo lo vamos a pagar. Y este debate todavía pendiente, al menos en su integridad, ha de ser afrontado, a juicio de mi grupo
parlamentario, desde el máximo compromiso con la sostenibilidad del modelo actual, sin ceder ante las presiones de quienes, abierta u ocultamente, aspiran a destruirlo ni acantonarse en posiciones tan demagógicas como irresponsables que en el fondo
todo el mundo sabe que no significan más que pan para hoy y hambre para mañana. En Euskadi mi formación política se ha puesto ya manos a la obra, hace ya más de un año que viene reclamando públicamente la necesidad de alcanzar un acuerdo social de
sostenibilidad que ponga a trabajar conjuntamente a partidos políticos, agentes sociales e instituciones públicas en la línea de garantizar la viabilidad futura del modelo de protección social diseñado por las instituciones autonómicas y las forales
en el


Página 16


ejercicio de sus respetivas competencias; un modelo, por cierto, avanzado y bastante desarrollado cuyo futuro depende en buena parte de los ajustes que ahora seamos capaces de consensuar, manteniendo lo esencial, cuyo perímetro -el
perímetro de lo esencial, quiero decir- viene definido por la cohesión y por la equidad, y retocando todo aquello que sin afectar a lo esencial pueda, sin embargo, poner en peligro su futuro. Hasta la fecha hemos clamado en el desierto, nuestras
propuestas en Euskadi apenas han tenido eco, solo hemos conseguido que el Ejecutivo aplique recortes y ajustes unilaterales que no sabemos si están consensuados con el socio de referencia, que allí es el Partido Popular -todo hay que decirlo-, pero
sabemos que al menos no lo están ni con nosotros ni con la inmensa mayoría de las organizaciones que vienen desarrollando algún quehacer en el ámbito del trabajo social. La sostenibilidad, señorías, solo es viable si los ajustes necesarios para
garantizar lo esencial del modelo nacen del consenso; conviene tenerlo en cuenta: o la sostenibilidad es fruto del consenso o se aproxima peligrosamente al desmantelamiento.



Haciendo referencia a las medidas unilaterales, no quisiera dejar de mencionar aquí una cuestión que algún otro portavoz ha mencionado ya y que creo que constituye un tema que no podemos eludir en esta sesión.
Señor presidente, en su
intervención ha hecho todo un canto a la Ley de Dependencia y se ha puesto, con legítimo orgullo, notables medallas en relación con el avance que eso ha supuesto en las conquistas sociales y en la medida en que ha supuesto la puesta en marcha del
cuarto pilar del Estado de bienestar. Es verdad. Pero ha eludido uno de los grandes problemas que la aplicación de la Ley de Dependencia está plateando en la articulación institucional. Todo el mundo recuerda que cuando debatimos y aprobamos aquí
aquella ley se comprometió un reparto en la financiación de los costes de la dependencia que atribuía el 50 por ciento al Estado y el 50 por ciento de los costes a las administraciones autonómicas. Todo el mundo sabe que esto no se está cumpliendo
porque el Estado, por unas u otras razones, a través de unas u otras artimañas, ha bajado sus aportaciones hacia el 20 por ciento aproximadamente, forzando a las comunidades autónomas a que eleven su aportación al 80 por ciento. Esta situación es
insostenible, esta situación hay que afrontarla. Está bien ponerse medallas en lo que se refiere a la creación de este nuevo espacio de política social, pero hay que afrontar los problemas y las disfunciones que su aplicación irresponsable por
parte del Gobierno está generando en la articulación institucional de esta política.



Por lo demás, este debate, al que antes me refería, pendiente no es que nos afecte a nosotros de manera exclusiva, de una u otra manera toda Europa está inmersa en este debate, y de una u otra manera además en todas partes sobrevuela como
vía de actuación suprema el criterio de la sostenibilidad. Es la posición más prudente, la más responsable, la más realista, no nos engañemos, además de la más comprometida con la perdurabilidad de las conquistas sociales afianzadas durante los
últimos lustros en el marco del Estado de bienestar. El franquismo nos hizo llegar tarde a la cita con el Estado de bienestar. En los albores de la democracia - quién no lo recuerda- el gasto social de las administraciones públicas puesto en
relación con el PIB se situaba en índices ínfimos, casi podría decirse que irrisorios. Con el cambio de paradigma político ese porcentaje fue subiendo poco a poco hasta que llegó a alcanzar niveles estimables; la democracia trajo el bienestar.

Nunca llegamos a equipararnos a los países situados en la vanguardia del Estado social, pero el esfuerzo de homologación en Europa era objeto de reconocimiento y motivo de general satisfacción. Sin embargo, señorías, cuando más intensamente
avanzábamos hacia la equiparación con los países de referencia descubrimos con estupor que algunos de ellos estaban dando ya la vuelta y otros comenzaban a expresar su preocupación por la viabilidad del modelo, y durante los dos últimos años la
crisis económica y el consiguiente desplome de la recaudación nos está mostrando en toda su crudeza las carencias del modelo. Pero, no nos engañemos, ya antes de la crisis, y con independencia de ella, se había puesto de manifiesto gran parte de
los desequilibrios que aquejan al vigente sistema de protección social. La evolución de la demografía; el incremento de la esperanza de vida, con el consiguiente aumento del número de personas mayores, muchas de ellas dependientes; los avances en
la medicina; la transformación experimentada por los modelos y dinámicas familiares; el debilitamiento de las redes de apoyo social informal; el proceso de emancipación de la mujer, el incremento de su presencia laboral fuera del ámbito
doméstico; la eclosión y diversificación de los procesos de exclusión social en los entornos urbanos y otros muchos rasgos de la sociedad que vivimos eran datos que ya anticipaban de alguna manera la necesidad de repensar el modelo antes de que
hiciera crac y antes, por supuesto, de que se pusiera al rojo vivo la situación como consecuencia de la crisis económica. El incremento exponencial que venía experimentando el gasto social durante los últimos quince años era tan solo el indicador
que más claramente ponía de manifiesto esta necesidad.



Hoy las cuentas públicas muestran descarnadamente que el modelo no da más de sí, o se retoca para garantizar su viabilidad o se hunde, solo es cuestión de tiempo, y a eso atiende precisamente la idea de la sostenibilidad, a evitar que el
paso del tiempo acabe hundiendo el modelo. Pero la sostenibilidad requiere revisiones y ajustes que básicamente han de llevarse a cabo en tres niveles. En primer término, señorías, la sostenibilidad, a juicio de mi grupo parlamentario, nos obliga
a reformular o cuando menos a clarificar algunos planteamientos en el plano conceptual. No sé si alguien alguna vez pensó que el Estado de bienestar es un modelo de organización público diseñado para arrullar maternalmente a los ciudadanos,
garantizándoles de antemano la resolución de todos sus problemas y la consecución de


Página 17


elevados estándares de vida al margen del esfuerzo que cada uno de ellos pudiera llevar a cabo para procurar su propio desarrollo personal. No sé, insisto, si alguien alguna vez pensó que esto era así, pero si lo pensó creo que ya va siendo
hora de hacerle ver que no lo es y de hacerle tomar contacto con la realidad. El Estado de bienestar no es, no puede ser, un chiringuito en el que se ofrecen todo tipo de servicios al gusto del consumidor con la etiqueta de gratis total. Es, en
todo caso, si alguna metáfora puede servir para describirlo, una red dispuesta por la comunidad política para evitar que el que tropieza y cae se estrelle contra el suelo. El poder público está para asegurar a los ciudadanos unos mismos derechos y
oportunidades, pero no para suplantarles en el esfuerzo que solo a cada uno de ellos corresponde llevar a cabo para procurar su propio bienestar. Lo que el Estado debe asegurar es que cuando el individuo falle en el empleo de las vías que el poder
público ha puesto a su disposición para facilitar su propio desarrollo, exista una red de seguridad que le impida caer en una situación de absoluto desamparo y desprotección. Esto significa que las prestaciones y servicios del Estado social no
tienen por qué tener siempre carácter universal, antes al contrario, esas prestaciones pueden y deben modularse atendiendo a las posibilidades económicas de cada uno. Las crisis presupuestarias no deberían traducirse por ello en un recorte de
prestaciones y servicios automático y lineal igual para todos, sino en una optimización de los recursos disponibles concentrándolos en quienes realmente los necesitan. Desde esta perspectiva deben repensarse las políticas sociales de provisión
universal que, contra toda lógica, benefician por igual al presidente del banco y a su jardinero. Señorías, ¿es lógico que las ayudas a la familia equiparen a las ricas y a las pobres? ¿Es admisible que el cheque bebé no sea capaz de discriminar
entre quienes realmente necesitan esos fondos para sacar adelante al niño que nace y quien los utilizará para pasar un fin de semana en el campo? ¿Tiene sentido que por el hecho de estar jubilado un millonario pueda acogerse a la gratuidad de los
productos farmacéuticos, se beneficie de las rebajas en el transporte público o ingrese gratuitamente en una residencia municipal? Cuando los recursos sobran todo se puede hacer, pero cuando escasean es preciso discernir y concentrar el esfuerzo
social en los colectivos que realmente los necesitan.



El segundo ajuste tiene que ver con la persecución y erradicación del fraude, que constituye en este terreno el auténtico cáncer del sistema de protección social. Son múltiples las vías utilizadas para defraudar al sistema de protección
social: gentes que hacen compatible la prestación por desempleo o el ingreso mínimo de reinserción con el desarrollo de un trabajo sumergido; gentes que conciertan con el empresario simular un despido improcedente donde no lo hay para disfrutar de
las ventajas sociales vinculadas al mismo; gentes que con la complicidad del médico obtienen bajas fraudulentas para practicar el absentismo laboral pagado.
Quién más, quién menos, todo el mundo ha tenido conocimiento directo o indirecto de
algunos de estos casos u otros muy parecidos y ha tendido a enjuiciarlos con benevolencia, cuando no con abierta simpatía, por lo que tienen que genuina expresión de la picaresca más castiza. Pues bien, es preciso corregir radicalmente esta
situación. Sea grande o sea pequeño, el fraude social ha de ser desterrado con firmeza, porque conduce a la inestabilidad del sistema y a poner en cuestión su carácter equitativo, que es lo que le da legitimidad, y sobre todo porque también
contribuye a comprometer su sostenibilidad.



En fin, la revisión ha de proyectarse también sobre el capítulo de los ingresos -quién lo puede negar-, las cuentas hoy en día no cuadran y tienden a descuadrarse más en los próximos años. Todas las administraciones nos lo están diciendo.
Los ingresos públicos han descendido a los niveles de 2007, pero los gastos sociales son los de 2011, que están muy por encima de los de 2007. El desajuste es pues evidente y, lo que es peor, no es previsible que disminuya porque los ingresos no
despegarán con facilidad, mientras que puede darse por seguro que el gasto social seguirá aumentando exponencialmente. Si hemos de afrontar un debate integral sobre la sostenibilidad del modelo social, no solo tenemos que identificar lo que
queremos, sino también concretar claramente cómo lo vamos a financiar, y eso nos lleva de inmediato al régimen fiscal, por supuesto, también a la adopción de medidas económicas que permitan reactivar la economía, reducir el paro y disponer de más
recursos públicos para afrontar toda esta problemática, pero también al análisis del propio sistema fiscal. Mi grupo parlamentario -lo hemos expresado en repetidas ocasiones en esta tribuna- no es partidario de hacer experimentos con el sistema
tributario, pero parece evidente que cuando comience a capear el temporal y hayamos revisado y ajustado las ineficiencias del sistema, será el momento de hincar el diente al capítulo de los ingresos y de afrontar el debate sobre la financiación del
modelo social del que decidamos dotarnos. No puede debatirse sobre el modelo social sin debatirse al mismo tiempo el sistema fiscal, porque el uno y el otro están íntimamente relacionados, y antes o después el primero, el debate social, nos llevará
al debate sobre la política fiscal.



Por último, señor presidente, permítame una consideración final. En virtud de la distribución competencial vigente, en el Estado autonómico español una buena parte del peso del Estado de bienestar descansa hoy en día sobre las comunidades
autónomas; no todo él, pero si una buena parte, y en gran medida el gasto social es gasto autonómico. No sé hasta qué punto las voces que preconizan la revisión del Estado autonómico con el fin de recentralizar el poder -estas voces que se
intensifican en los últimos tiempos- no persiguen en el fondo el desmantelamiento del modelo social.
No hace falta hurgar demasiado para darse cuenta de que el propósito recentralizador y el desmantelador del Estado social vienen de la mano.
Ayer
se recordó en este hemiciclo el nefasto episodio del 23-F. Aquel golpe fracasó, pero,


Página 18


como todos ustedes recordarán, dejó un legado perverso: la Loapa, una ley recentralizadota cuyo espíritu todavía colea. Espero y confío que la crisis económica no sirva de coartada a los loapistas para impulsar en la coyuntura presente una
Loapa dos que comporte el desmantelamiento simultáneo del edificio social y del edificio autonómico.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Erkoreka.



Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra en primer lugar don Joan Ridao.



El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente.



Señor presidente del Gobierno, su extremado utilitarismo político, que es marca de la casa, le permite a usted sin ningún tipo de rubor decir hoy una cosa y mañana la contraria y vuelta a empezar. Usted ha venido hoy aquí, diría yo, a hacer
un alarde extemporáneo e injustificado de su política social, mientras ayer o el pasado fin de semana se presentaba públicamente como el gran timonel de las reformas -léase, tijeretazos-, aquel que siembra la prosperidad del mañana a base de todo
tipo de recortes sin misericordia. Es algo que resume muy bien, de entrada, este súbito afán reformista que a usted le embarga y que para nosotros es ahora mismo su particular forma de atornillarse al poder, es la enésima pirueta para reencarnarse
políticamente.



Créame, señor presidente, que ya no le vale a estas alturas el talante; ese talante que dice usted que nadie le va a hacer cambiar. Pero el talante no es esa sonrisa que usted esboza permanentemente y de forma amable en su rostro. Para
tener talante hay que tener credibilidad, hay que ser coherente y hay que hacer de cuando en cuando un mínimo ejercicio de autocrítica. Nadie le pide hoy que venga usted aquí a hacer un ejercicio de inmolación expiatoria. Talante quiere decir no
imponer su política a golpe de decreto. Y lo cierto es que en menos de un año usted ha fulminado totalmente lo único que era inteligible de su política hasta hace no mucho tiempo, que era la política social. En menos de un año ha pasado usted de
ser el obrero que reparaba algunos desperfectos de nuestro precario Estado de bienestar a ser alguien que con un martillo neumático va haciendo todo tipo de agujeros a la hora de siesta, con el consiguiente cabreo del vecindario. Le recuerdo que
los presupuestos de 2011 bajan las partidas de dependencia; amortizan totalmente el Fondo de inmigración; reducen un 10 por ciento la protección familiar; reducen un 10 por ciento las prestaciones por paternidad; reducen un 9 por ciento
educación y un 8 por ciento sanidad, congelan las pensiones a más de seis millones de pensionistas y solo han subido el Fondo de garantía salarial más de 400 millones de euros para pagar el despido más barato que usted ha hecho posible con su
reforma laboral tan del gusto de la patronal. Ese es el mejor resumen de su política social, señor presidente.



La prioridad absoluta -por no decir única- de su Gobierno, señor Zapatero, y del consorcio de centro derecha que le acompaña a usted como su equipo médico habitual, es disipar únicamente las tormentas financieras, salvaguardar la estabilidad
del euro con el apoyo del núcleo duro de la Unión Europea, apuntándose a ese dogma liberal que campa por sus respetos y que más o menos viene a decir que si hay paro es porque el despido es caro, si no somos competitivos es porque los salarios son
altos y si hay un déficit abultado es por culpa del excesivo gasto social. De modo que si hoy hiciéramos el juego de las siete diferencias entre usted y el señor Sarkozy o frau Merkel, francamente costaría mucho encontrarlas.
Cuando estuvo por
aquí la señora Merkel pasando revista llegó incluso a abrir otro flanco, un flanco crítico, llegó a plantear la desvinculación entre salarios e inflación. Agárrense, al parecer hay quien pretende que en el Estado español la competitividad en el
futuro sea a lo chino. Es decir, si su política económica hasta ahora ha consistido en un control férreo de las finanzas públicas y en un recorte a ultranza del gasto y del gasto social, ahora al parecer tocaría disciplina y disciplina salarial. Y
otro flanco que usted ha abierto recientemente, y al que aludía el portavoz del Grupo Vasco, PNV, es el de las administraciones territoriales. Al parecer el precio que usted ha pagado por la no intervención de España por parte de la Unión Europea
es cargarle el muerto del déficit público al conjunto de las administraciones territoriales y particularmente a las comunidades autónomas; el mundo al revés, señor presidente del Gobierno. Resulta que las comunidades autónomas concentran el 36 por
ciento del total del gasto público no financiero con una estructura de gasto, como se sabe, muy rígida en Estado del bienestar -en educación, en sanidad, en servicios sociales-, con un 70 por ciento de dicho gasto muy rígido porque tiene que ver con
el capítulo de personal. Por cada desastre financiero, señor presidente, señor Moraleda, que pueda exhibir usted, las comunidades autónomas pueden exhibir cinco, porque resulta que tienen cinco veces menos déficit y cinco veces menos deuda.



Hablando de política social, señor presidente, que es lo que le trae hoy aquí, sería injusto no reconocer que usted y su Gobierno han hecho estos últimos años importantísimos progresos y reformas sociales, especialmente en el primer periodo
entre 2004-2008, por cierto, un periodo en el que nosotros colaboramos con su agenda social socialdemócrata, y lo hicimos a satisfacción y con mucho gusto. Pero -y este es un gran pero, señor presidente- el crecimiento del gasto social no fue el
resultado de una política fiscal más progresista, ni más progresiva, en realidad con usted la regresividad fiscal ha aumentado en el mismo periodo en el que se han hecho políticas sociales. Todavía hoy el peso fiscal que recae sobre las rentas del
trabajo y del ahorro es de un 38 por ciento y sobre las del capital de un 18 o un 19 por ciento.



Página 19


Quiero decir con ello, como ha dicho el Fondo Monetario Internacional, que la culpa del elevado déficit estructural que en este momento estamos padeciendo se debe básicamente -y se ha estimado en un 40 por ciento- a la excesiva dependencia
que tenemos de los ingresos del Estado provenientes de las rentas del trabajo, y no del gasto público. En cambio, ustedes, señor presidente, han hecho un silogismo muy fácil: como el déficit público es abultado, hay que reducir el gasto y
particularmente el gasto social. Y así se ha impuesto poco a poco la idea -el marco, se diría hoy modernamente- de que gastamos más en bienestar de lo que nuestra economía puede sostener. En cambio, la evidencia científica demuestra todo lo
contrario, con datos que no son míos sino de Eurostat o del Observatorio Social de España. Resulta -y eso es innegable- que España es el país de la eurozona, de la Unión Europea a Quince, que gasta menos en política social; resulta que estamos a
la cola de toda Europa porque nuestro PIB por cápita es el 93 por ciento del promedio de la eurozona y nuestro gasto social el 71 por ciento. Es decir, si fuera del 93 por ciento, acorde con la renta de los españoles, usted debería gastar 70.000
millones de euros más en política social, que es lo que gasta exclusivamente en un capítulo como es el de la sanidad.
Contra el dogma liberal y contra el recorte permanente hay alternativas reformistas también, no somos inmovilistas, y hay
alternativas desde el punto de vista de la teoría económica y también de la praxis, viendo lo que han hecho en otros países. Por ejemplo, la reforma del sistema financiero es muy social, señor presidente, y es una evidencia que contra el
estrangulamiento del crédito lo único que ustedes han hecho ha sido liquidar las cajas de ahorro.



Hablan de racionalizar el gasto y continúan con obras públicas faraónicas e ineficientes. Acaban de licitar el trazado de la línea del AVE entre Olmedo y Ourense, que cuesta 7.000 millones de euros. ¿Realmente cree usted que eso es urgente
y eficiente en este momento? Insisten en la austeridad por la vía del gasto, sin tocar estructuralmente los ingresos y la fiscalidad, para corregir la actual excesiva concentración de rentas y de propiedad y todavía tenemos un fraude fiscal del 23
por ciento del PIB. Finalmente, estímulos fiscales. Cuando la gran recesión, que estuvo a punto de convertirse en una gran depresión, es verdad que hubo estímulos fiscales; los hubo aquí y los hubo en el resto de la Unión Europea, en Estados
Unidos, en China, en Japón y en otros países emergentes. Como ha dicho el Fondo Monetario Internacional, no fueron estos estímulos los causantes de este abultado déficit público que vamos arrastrando, sino el descenso de ingresos como consecuencia
también del descenso de la actividad económica y de la disminución de la carga impositiva. Resulta que su política fiscal, y evidentemente la que antes que usted hizo el Partido Popular, es lo que hoy nos ha traído a la situación que estamos
padeciendo. Mire el caso de Irlanda. En Irlanda ha habido una voluntad de recortar el gasto y de forma drástica, con una austeridad prusiana, y su economía ha caído en picado e incluso ha incrementado todavía más el déficit público de lo que
estaba.



Ustedes han hecho un pacto social -y con eso acabo, señor presidente- y nosotros valoramos positivamente el esfuerzo a favor del diálogo y la concertación. Nos parece una condición necesaria, aunque no suficiente, para la recuperación
económica. Pero este no es el pacto de Estado que le venía reclamando todo el mundo, primero porque han desapoderado a este Parlamento y ha sido un trágala para los partidos políticos, aprovechando por cierto la debilidad de sindicatos, del propio
Gobierno, de la patronal, pero esta es otra cuestión. Este es un pacto y un acuerdo en algunas cuestiones regresivo. Esperábamos de su Gobierno que en este pacto se incorporara, por ejemplo, en materia laboral la reforma de la reforma. Usted
comprometió algunos cambios en materia de despido objetivo, de flexibilidad interna y a los datos me remito. Esta reforma no ha sido positiva. Según los datos de la EPA del cuarto trimestre del año pasado, la tasa de paro es del 20,3 por ciento;
solo ha habido 21.000 contratos temporales menos y 35.000 contratos indefinidos menos. Si el paro es dramático y alcanza pronto los 5 millones de parados su reforma no ha ido en la dirección de garantizar mayor ocupación, de más calidad y más
estable. ¿Y pensiones? No nos resignamos con el recorte del recorte.
Esta, señor presidente, es una reforma que no hunde sus raíces en la viabilidad futura del sistema -que había tiempo para hablarlo y hacerlo con calma-, sino para potenciar
básicamente las pensiones privadas para...



El señor PRESIDENTE: Señor Ridao, debe acabar inmediatamente.



El señor RIDAO I MARTÍN: ...en definitiva, reducir el gasto del Estado en materia de pensiones. Hay gobiernos que están del lado de la gente y otros que no...



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. Debe acabar.



El señor RIDAO I MARTÍN: En lugar de actuar como un meritorio de los mercados, señor presidente, debería mirar el ombligo de su economía y el objetivo debería ser crear empleo, que es la mejor política social.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.



Por el mismo grupo parlamentario, señor Llamazares.



El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.



Señor presidente del Gobierno, no sé si recuerda una novela de Dürrenmatt llamada Justicia. En ella se intenta demostrar que la realidad no tiene nada que ver con la


Página 20


realidad oficial. Pues bien, en el día de hoy hemos visto cómo el Gobierno intenta crear una realidad oficial complaciente en relación con el Estado del bienestar, que los ciudadanos sin embargo ven como el Estado del medioestar, cuando no
del malestar social. Señor presidente del Gobierno, no en vano estamos en las fechas previas al carnaval. Cada uno se disfraza de lo que quiere o de lo que puede. El Gobierno disfraza la realidad, el Gobierno disfraza la política antisocial de
reformas para garantizar las políticas sociales y el Partido Popular se disfraza de izquierdas. Yo he oído hoy aquí cosas que no esperaba oír en boca del Partido Popular, porque niega toda su política allá donde ha gobernado.
Donde ha gobernado,
recortes sociales y privatizaciones han sido la norma, y no la prioridad la política social. Pero vayamos a la realidad, señoras y señores diputados. La realidad es que nuestro país sufre -es verdad que muy distanciado de lo que ayer recordábamos-
un golpe de mercado; un golpe de mercado que intenta aplicar todo tipo de recortes de prestaciones sociales y de derechos precisamente sobre las espaldas de los que no han provocado la crisis sino que fundamentalmente la han sufrido. Este golpe de
mercado, señor presidente del Gobierno, está creando malestar social y desafección política y usted parece no darse cuenta, cuando esto no solamente afecta al Gobierno, sino a la vitalidad de la propia democracia.



Señor presidente del Gobierno, en la calle, fuera de estos muros, hay más de 4.600.000 parados y paradas. En nuestro país hay un Estado del medioestar, que no un Estado del bienestar. Nos separan más de 7 puntos, más de 70.000 millones de
euros en gasto social de la media europea y tenemos la rara honra de ser los penúltimos en gasto social del conjunto de la Unión Europea a Quince. Por otra parte, nuestro país tiene una especificidad, ser uno de los países más desiguales, más
injustos de la Unión Europea. El 10 por ciento de los que más ganan y de los que más patrimonio tienen tiene diez veces más renta que el conjunto de la sociedad y, sobre todo, de los que tienen menos renta, y tiene treinta veces más patrimonio,
señor presidente. No se puede venir a esta Cámara a hablar de Estado de bienestar con esas cifras que lo que significan es un Estado del medioestar y una situación social de malestar.



Señorías, el Gobierno ha tenido dos etapas en su gestión, en una parte hemos intentado colaborar, sobre todo en las políticas sociales, y en los últimos años nos hemos visto en trincheras y posiciones diferentes. En una primera etapa el
Gobierno pensaba que era posible poner una vela a Dios y otra al diablo, hacer políticas neoliberales en materia fiscal, por ejemplo rebajar más de 30.000 millones de euros a las rentas y patrimonios más altos, y, al mismo tiempo, medidas sociales
como la Ley de atención a la dependencia. En eso vino la crisis y el Gobierno se dio cuenta de que no es posible servir a dos señores; se traiciona a uno de ellos y el Gobierno ha preferido traicionar a los ciudadanos y a los trabajadores,
manteniendo su compromiso con las políticas neoliberales y los mercados. En los últimos días, señor presidente, por si esto no fuera suficiente, el Gobierno ha acentuado la venta de las joyas de la abuela.
Señor presidente del Gobierno, una parte
fundamental del Estado social europeo también es el sector público. En los próximos días ya no nos va a quedar sector público en el ámbito financiero -teníamos el 50 por ciento del sector de interés social a través de las cajas en el ámbito
financiero- y en lo que podríamos denominar comunicaciones y transportes, el único ámbito con presencia pública significativa junto con el ámbito de las políticas sociales, el Gobierno ha decidido privatizar AENA y tomar decisiones en materia de
privatizaciones que, en nuestra opinión, debilitan al Estado social. Señor presidente del Gobierno, el Estado social europeo se basa, decía antes, en una presencia pública en la economía y en un sistema fiscal justo. Nuestro sistema fiscal es todo
menos justo. El 70 por ciento de los ingresos son de los trabajadores, a través de la renta y de los impuestos sobre el consumo. La aportación de los grandes patrimonios y de las grandes rentas contribuye de una manera mínima a la fiscalidad de
este país y, además, se defraudan más de 80.000 millones en forma de fraude fiscal. Señor presidente del Gobierno, una fiscalidad anémica no hay Estado social que la contemple ni que la aguante.



Por otra parte, señor presidente del Gobierno, una parte esencial del Estado del bienestar son las políticas sociales. No se puede decir que en España, con 7 puntos de diferencia en relación con la media europea y siendo los penúltimos en
gasto social, tengamos Estado del bienestar.
Como he dicho antes, Estado del medioestar y, a veces, Estado del malestar. Y el presidente del Gobierno y el Gobierno a lo largo de los últimos días, de las últimas fechas, lo que han hecho es recortar
el Estado del bienestar. Se nos presenta como el gran reformador. Yo no creo que sea el gran destructor, no comparto con la derecha el catastrofismo, pero tampoco comparto la complacencia del gran reformador que nos pide sacrificios hoy para
garantizar un futuro luminoso en el modelo social.
No, señor presidente del Gobierno, porque si ustedes podan un Estado social débil, ustedes están talando el Estado social. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Y
es lo que han hecho con los ajustes que se han producido en las últimas fechas y es lo que están haciendo, a pesar del esfuerzo ímprobo de los sindicatos, también con la política de pensiones públicas. No acusen ustedes a la demografía, no estamos
condenados a la demografía. Tenemos algo mucho más importante, que es la democracia. Y la pregunta es: ¿Cuánto está dispuesta a gastar la democracia en gasto social? Con una diferencia de 70.000 millones con la media de la Unión Europea no es
justo que la única respuesta del Gobierno sea recortar el empleo público, recortar el salario de los funcionarios públicos, congelar las pensiones de los pensionistas y, ahora, también recortar las pensiones en un cesarismo digno de mejor causa.
Señor presidente del Gobierno, usted está elegido para cuatro años, usted no


Página 21


está elegido para cincuenta años. Precisamente uno de los límites que establece la democracia es el tiempo. ¿Saben ustedes por qué? Para evitar eso de: Lo hago por vuestro bien y hoy os sacrificáis por el bien del mañana. Señorías, en
nuestra opinión, esa posición no es aceptable en relación al Gobierno.



Termino, señorías, diciendo que existe una alternativa de reactivación económica a través del impulso de lo público. Una alternativa de reactivación económica que no genere, como está generando ahora el recorte, más desempleo, más
precariedad y que no degrade la calidad de los servicios públicos. Cuando ustedes recortan el salario de los funcionarios o niegan su reposición están degradando la calidad de la sanidad, la calidad de la educación y la calidad de los servicios
sociales. Existe otra alternativa con una reforma fiscal que recupere al menos lo que han dejado de ingresar rebajándoles los impuestos a las rentas más altas; más de 30.000 millones de euros que harían hoy innecesario el recorte que ha hecho el
Gobierno. Y existe, en nuestra opinión, una alternativa que mejora, que consolida el Estado del bienestar en nuestro país o que avanza hacia el Estado del bienestar desde un Estado del medioestar y no recorta el Estado del bienestar de hoy ni
tampoco el Estado del bienestar del futuro. Espero que esto que se ha iniciado como un carnaval, con disfraces sobre la realidad y sobre la posición política cada cual, pueda terminar en un debate que cambie la política económica del Gobierno.



La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Llamazares.



Por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, tiene la palabra el señor Jorquera.



El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señora presidenta.



Señoras y señores diputados, señor presidente del Gobierno, pese a mi condición de licenciado en historia, permítanme, debido a lo limitado de mi tiempo, que no hable de historia, que no hable del pasado y centre mi intervención en analizar
las políticas del presente y sus implicaciones para el futuro. Y dado que hablamos del presente, un signo de los tiempos que corren es jugar con las palabras para intentar dotarlas de un envoltorio atractivo, presentable socialmente, con el fin,
insisto, de dotar de un envoltorio atractivo a medidas duras e impopulares por antipopulares. Así, en este universo de eufemismos, la precarización de las condiciones de trabajo se llama ahora flexibilidad, la sangría de la emigración pasa a ser
llamada movilidad y la última moda es iniciar el derribo del Estado del bienestar apelando a la defensa de su sostenibilidad. Esto es lo que está ocurriendo en toda Europa, señorías, y también aquí donde el Estado del bienestar ya era precario si
lo comparamos con nuestro entorno. El gasto social en el Estado español representa el 21 por ciento del producto interior bruto, casi 7 puntos menos que en la Europa de los Quince, y con este déficit de partida ustedes optaron por reducir el gasto
social en los últimos presupuestos, si excluimos lógicamente aquel gasto social al que ustedes están obligados por ley. El gasto en pensiones representa el 8,8 por ciento del producto interior bruto frente al 12,1 por ciento de la Europa de los
Quince y la edad real de jubilación es ya más alta en el Estado español que en estos países, como también es sensiblemente más baja la pensión contributiva media o la tasa de reposición de las pensiones en relación con los salarios. Y siendo este
el punto de partida, ustedes optan primero por congelar las pensiones y ahora por unos recortes que elevarán la edad legal de jubilación, endurecerán las condiciones para acceder a la pensión completa y rebajarán las pensiones medias futuras.
Incluso intentan captar inversores en los mercados extranjeros exponiéndoles las bondades de que en el año 2050 la edad de jubilación será de 69 años.



Señor presidente, usted sabe que el BNG y otras fuerzas de la Cámara hemos hecho propuestas que aseguraban la sostenibilidad del sistema de pensiones sin incluir estos recortes. Usted ha hecho mucho énfasis en su intervención en la apuesta
por incorporar a jóvenes y mujeres al mercado laboral. Esto, ¡claro que aseguraría la sostenibilidad del sistema! Cuantos más cotizantes, más sostenible es el sistema. Pero lo cierto es que elevar la edad real de jubilación va a ser una barrera
más para dificultar aún más el acceso de los jóvenes al mercado laboral.



Señor presidente, ustedes hicieron bandera en la anterior legislatura de la atención a la dependencia como un nuevo pilar del Estado del bienestar, pero en los últimos presupuestos la asignación a la dependencia sufrió un importante recorte
y ello seguirá imposibilitando el cumplimiento del abanico de prestaciones contempladas en la ley. Y por lo que respecta a la educación y a la sanidad, a la escasa dotación de recursos se suman ahora voces que nos preparan para una nueva
desamortización: el copago de los servicios públicos. Como si los ciudadanos no los costeásemos ya con nuestros impuestos.



Señor presidente, la sostenibilidad de las políticas sociales no puede asentarse en la lógica de los recortes. Debe sustentarse en dos pilares.
El primero, una política fiscal que asegure la suficiencia de recursos corrigiendo el
diferencial que también existe en esta materia con la Unión Europea y que distribuya de forma más justa la carga impositiva para que los impuestos cumplan su función redistributiva. Pero ustedes han renunciado a las políticas de redistribución y se
han instalado en competir con el Partido Popular por el título de campeón de las rebajas fiscales. El segundo pilar es una política que contribuya al crecimiento económico y a la generación de empleo. En este aspecto el fracaso de su Gobierno,
señor presidente, así lo tengo que decir, es absoluto. Han antepuesto su obediencia a los dictados de los mercados y de la señora Merkel, a las necesidades de la economía, al optar por contraer la inversión productiva y el gasto social que -no lo
olvide- tiene también un extraordinario impacto en la generación de empleo.



Página 22


El principal problema que atenaza a la economía productiva es la dificultad de acceso a la financiación y ustedes presentan un plan de reestructuración del sector financiero que amenaza el futuro de entidades básicas para la concesión de
crédito a pequeñas y medianas empresas, como son las cajas de ahorro, les imponen unas condiciones leoninas que van a dificultar aún más la restauración de los flujos de crédito y, además, amenazando la pervivencia de estas entidades amenazan una
obra social que es indispensable en muchos territorios para complementar las políticas sociales públicas. En el Estado español entró en crisis un modelo de crecimiento que buscó la competitividad en la degradación y precarización de la fuerza del
trabajo y no en la aportación de conocimiento y valor añadido al proceso productivo incompatible con un empleo de baja calidad.
Y ustedes responden con una reforma laboral que incide en los mismos problemas e incluso se muestran dispuestos a
considerar la conveniencia de que no se actualicen los salarios conforme a la subida de la inflación.



Ya concluyo, señora presidenta. Llevan ustedes años anunciando que empieza la luz al final del túnel, que empiezan a aflorar brotes verdes, y el desempleo sigue alcanzando marcas históricas. Mientras esto ocurre, se nos presenta como algo
bueno, incluso como algo deseable, que nuestros jóvenes más formados vayan a buscar empleo a Alemania. Señor presidente, en el primer tramo de esta legislatura usted asumió el compromiso de apostar por una salida social de la crisis, enfatizó en
distintas intervenciones que lo importante no es tan solo salir de la crisis sino también cómo se sale: manteniendo la cohesión social. Pero hoy, señor presidente, así tenemos que expresarlo, estas palabras se las ha llevado el viento.



La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Jorquera.



Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra la señora Oramas.



La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.



Señor presidente, señorías, cuando se utiliza la política social en todos sus frentes no como herramienta para producir cohesión y bienestar, para corregir desigualdades, sino como bandera de partido y martillo contra el adversario los
damnificados son los propios ciudadanos, especialmente los más débiles, es decir, aquellos que son beneficiarios de los derechos contenidos en una política social moderna. Usted, señor presiente, llegó a su segunda legislatura con un programa de
avances sociales y de iniciativas verdes y no tuvo los reflejos necesarios para aparcarlos a tiempo. En lugar de enfrentar la situación y llamar al país a un periodo de sudor y lágrimas, de esfuerzo, tesón y renuncia para enderezar el barco, se
dedicó a poner paños calientes embalados en mensajes ilusamente optimistas. Usted durante su mandato ha cometido varios errores y uno de los mayores es haber convertido la política social en una bandera de partido para atacar a otros, como si usted
tuviera el patrimonio del corazón y de la sensibilidad. Hizo usted durante buena parte de su mandato un uso fraudulento de sus propias decisiones, malvendiéndolas en el mercado defectuoso de la descalificación que, por desgracia, envuelve a la
política española y en particular al simulacro de debate que protagonizan el PSOE y el PP para aburrimiento general. Eso fue el principio, porque después de mayo del año pasado -y tras salvar el trago de un ajuste con la ayuda de algunos que, como
Coalición Canaria, sí entendemos el significado de la expresión sentido de Estado- usted ha ido renegando de todas sus creencias anteriores, ha roto con su relato y ha puesto a la política social en la cola de las prioridades, sometida al veredicto
de los mercados financieros porque, como usted mismo dijo en una entrevista en noviembre del año pasado, había que ser contundente.
Como si la sociedad española azotada y en buena medida asustada por la dureza de la crisis se mereciera además un
escarmiento.



Ahora comparece usted a petición propia para exponernos una nueva visión, la enésima sobre políticas sociales. Y me parece pertinente, desde el respeto que le profesa este grupo, preguntarle de una vez en qué clase de política social cree
usted, porque, la verdad, en su caso parece un concepto intercambiable que sirve para todo y sobre todo que sirve a la coyuntura del momento. Nosotros, desde luego, defendemos una política social que sin prometerlo todo -otro gran error que cometió
usted- sea capaz de ofrecer respuestas a quienes lo necesitan. No tenemos miedo de defenderlo y lo hemos demostrado. Usted, por el contrario, se ha olvidado de defender lo que se suponía que era su propia creencia. Hay dinámicas en la política,
dinámicas perjudiciales, que terminan por alimentarse mutuamente y lamentablemente los señores del PP y el señor Rajoy -que ahora no está- han utilizado los cambios de posición del presidente del Gobierno para escudarse en el inmovilismo, en el no a
todo, en el desgaste por el desgaste; pero ninguno de nosotros debería olvidar que las consecuencias de la parálisis no las pagan los políticos, sean del Gobierno o de la oposición, sino los ciudadanos. Hoy este país contempla atónito cómo las
consecuencias de las crisis económicas caen siempre sobre los mismos, sobre los pequeños empresarios, los trabajadores autónomos y los colectivos más débiles, mientras en el plano político la disposición al entendimiento es mínima, nula, lo cual
también es responsabilidad de la oposición y de su líder. La desigualdad y la inseguridad son corrosivas para la democracia, las políticas sociales deben de estar a salvo de la refriega permanente, porque no se puede producir sufrimiento a la
sociedad a través de medidas de ajuste y al mismo tiempo afirmar que no hay motivos para un acuerdo que traería más seguridad y más confianza, y que con ello limitaría el nivel de dureza de algunas medidas centradas siempre sobre los estratos más
débiles de nuestra sociedad. Como líder de la oposición,


Página 23


el señor Rajoy debería pensar en ello. No podemos estar entre un PSOE incapaz y un PP que no ofrece soluciones, bien porque no las tiene o bien porque son más antisociales. Es verdad que la política hoy y siempre se basa por encima de todo
en hechos. Quiero centrar la mirada en Canarias para exponer que el Gobierno de Coalición Canaria ha emprendido en las islas los esfuerzos que ahora aún pedimos sin éxito en la escena estatal.
Fue el primero en suscribir un pacto social por el
empleo, hace ya dos años, una medida que ahora ha sido escenificada por el presidente del Gobierno. Se han impulsado desde Canarias incentivos a la contratación con medidas de protección del empleo, como el llamado contrato alemán, que ahora figura
en las propuestas de su ministerio. Se abordaron los ajustes presupuestarios derivados de las caídas de ingresos con menor incidencia en los servicios de educación y sanidad, y precisamente ha sido el Partido Socialista de Canarias, que es un
modelo de oposición negativa e irresponsable, quien nos criticó por ello. Por cierto, señor presidente, le pregunto concretamente: ¿comparte usted la afirmación del portavoz socialista en el Parlamento de Canarias que anteayer, durante el debate
de la nacionalidad, dijo que el presidente de Canarias ha protagonizado cuatro años de confrontación con el Gobierno que usted preside? ¿Y qué le parece el calificativo de inmorales y antisociales que ha dedicado el portavoz socialista a los
recortes extraordinarios -e inevitables, como usted dijo- al presupuesto que, como usted, ha realizado el Gobierno de Canarias?


Señor presidente -y termino-, en Canarias no estamos ni para olas del PP ni para borrascas del PSOE; en Canarias tenemos los vientos alisios, nuestros vientos, que han traído prosperidad y que representan el tiempo sano; el viento alisio
es el que necesita Canarias, no necesitamos surfistas que vengan en olas, porque las olas vienen y se van, ni borrascas, necesitamos vientos alisios.



Gracias, señora presidenta.



La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Oramas.



Por el mismo grupo tiene la palabra la señora Díez.



La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.



Señor presidente, he escuchado con atención su discurso y me ha venido a la mente una frase de George Orwell, esa que se refiere al lenguaje político, que dice: el lenguaje político está diseñado para lograr que las mentiras parezcan
verdades, y para dar una apariencia de solidez al mero viento. Porque efectivamente usted no nos ha hecho un relato, usted nos ha contado una versión de la realidad poco respetuosa con la propia realidad. Mire, presidente, las medidas de política
social no son una parte de la realidad virtual en la que usted ha vivido hasta que la urgencia nacional y la gravedad del momento le han obligado a reconocer los hechos. Por eso hablar de política social requiere que hablemos de la crisis económica
y social que vivimos y a la que usted nos ha llevado.
Usted, que es el presidente que ha impulsado las políticas más antisociales de la democracia, tiene ahora la osadía de presentarse ante nosotros como modelo, de venir a presumir. Pero, con todo
respeto, señor presidente, ¿cree usted que los españoles somos tontos? Usted no ha tenido ni la capacidad ni la voluntad para actuar pronto y bien.
(Rumores.) Por mucha risa que le dé lo que le estoy diciendo, esto es cosa seria, estamos hablando
de la crisis más grave de nuestra democracia desde el punto de vista político y desde el punto de vista social. Usted ha dilapidado no solo la confianza del país, sino un enorme caudal de recursos públicos con medidas populistas. Usted ha negado
sistemáticamente la existencia de los problemas que le hemos señalado desde hace tres años, aferrado a un optimismo irracional e infantil, y ahora pretende que le aplaudamos por querer salir de la crisis de la manera más antisocial posible. Por eso
le vuelvo a preguntar: ¿cree usted que los españoles además hemos perdido la memoria? ¿O cree que no nos acordamos de los 13.000 millones de euros que destinó a sendos planesE para que los endeudados ayuntamientos siguieran haciendo obras
apresuradamente, sin importarles cuáles ni para qué y cuyo resultado para incentivar la economía y el empleo ha sido completamente nulo? ¿O cree que no nos acordamos de los 400 euros de rebaja indiscriminada respecto al nivel de renta, de IRPF, que
costaron 12.000 millones de euros? ¿Le parece que esa medida fiscal indiscriminada también ha sido social? ¿O cree que nos hemos olvidado de los 11.000 millones de euros que cedió a las comunidades autónomas con el nuevo sistema de financiación
sin exigir entonces un mínimo de disciplina fiscal?


Presidente, sus políticas nos han llevado a perder 13 puestos en el índice de competitividad como país, nos han llevado a que nuestro sistema educativo se sitúe en el puesto 107 de 139, justo seguido de Marruecos, Costa de Marfil y
Azerbaiyán. ¿De verdad se atreve usted a presumir de esto? Sigamos. La tasa de riesgo de pobreza ha avanzado en España durante su mandato del 19,9 por ciento al 20,8 por ciento. Los hogares con dificultades para llegar a fin de mes pasaron del
28,3 por ciento al 30,4 por ciento. O sea, pobreza y hogares con dificultades para llegar a fin de mes. Datos objetivos del avance, según usted. Y el gasto medio por hogar se situó en 2009 por debajo del registrado en 2006. Insisto, presidente,
¿cree usted que tiene razones para presumir de esta política social? Se vanagloria usted de la gran cobertura de prestaciones que tienen nuestros parados, que alcanza el 76,7 por ciento, o del gasto total en desempleo, como si eso fuera un éxito de
la política social, pero, ¿no se da usted cuenta de que la mejor política social que puede ofrecer a los más de 4.700.000 parados, y al resto de trabajadores en riesgo de perder su puesto de trabajo, es el propio empleo? ¿No es usted consciente de
que a medida que se alarga la crisis son más las familias que carecen de todo tipo de prestación? ¿Se le ha olvidado


Página 24


ya que el 23,3 por ciento de nuestros conciudadanos parados no perciben ninguna ayuda? ¿Cree usted -insisto- que tiene motivos para venir aquí a presumir? No sé si usted considera un avance social que se congelen las pensiones, que se les
recorte el sueldo a los bomberos, a los celadores, a las enfermeras, a los profesores, a los guardias civiles, a los policías, a los médicos, o que se supriman las ayudas a la natalidad o se elimine la ayuda de los 426 euros. Yo lo considero una
muestra de incapacidad y de falta de sensibilidad social de su Gobierno. No me parece que tenga usted ningún motivo para presumir ni ante nosotros ni ante el conjunto de los españoles. De Orwell al refranero español: dígame de qué presume y le
diré de qué carece. Y permítame, señor presidente, con todo respeto, que la haga una petición, una recomendación o que le dé un consejo.



La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Díez, por favor.



La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Considérelo como le parezca oportuno. Si de verdad quiere prestar un servicio social a la sociedad española, haga el favor de cumplir con su obligación y convoque elecciones.



Muchas gracias.



La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Díez.



Finalmente tiene la palabra el señor Salvador.



El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Señora presidenta, señorías, ¿cómo podemos explicar a los ciudadanos que ayer nos saludáramos todos con el orgullo de pertenecer a una misma nación que supo reponerse de un dramático golpe de Estado, que aquí
mismo pudo truncar la más exitosa historia colectiva de nuestro país, y menos de veinticuatro horas después sigamos inmersos en el mismo bucle ideológico, en la misma discusión de siempre, que nos impide alcanzar un gran acuerdo nacional para salir
de la crisis? A estas alturas, señorías, la pregunta que se hacen muchos españoles, sumidos en el escepticismo ante nuestra incapacidad absoluta de entendimiento, sigue siendo la misma de siempre: ¿somos o no somos un proyecto sugestivo de vida en
común? O peor aún, ¿queremos seguirlo siendo todavía? Vivimos, señorías, en un país políticamente imposible y económicamente insostenible. Imposible, porque el Gobierno ni sabe ni puede, y la oposición obviamente no quiere. Insostenible, porque
el nivel de bienestar que hemos disfrutado hasta ahora ya no lo podemos mantener si no asumimos unos sacrificios que nos va a costar mucho aceptar. Una España en la que los grandes empresarios y las compañías más importantes del país se organizan y
se hacen visibles y fuertes en distintas plataformas frente a la clase política, nosotros, que en vez de ayudarles parecemos estorbarles en la defensa de sus intereses, que también son los nuestros, es decir, los de España.



Señor presidente, señorías, política social -no nos engañemos- solo hay una: crear empleo. Que haya empleo es la condición fundamental, la única para poder garantizar la estabilidad de todos los pilares del Estado del bienestar. Es verdad
que debemos actuar decididamente para reducir el déficit, para optimizar los recursos, racionalizar el gasto, prestar de forma más eficiente los servicios, ser más austeros, luchar contra el fraude y la corrupción generalizada, pero si no ayudamos a
crear empleo estable todo esto será imposible, y para ello tenemos que poner todo nuestro esfuerzo en descifrar y comprender rápidamente las nuevas reglas de la sociedad y el mercado globales, en desideologizar sin prejuicios los modelos de
respuesta a la crisis; debemos favorecer las iniciativas de aquellos que verdaderamente arriesgan todo su patrimonio personal para sacar adelante sus negocios, es decir, los empresarios; si no entendemos esto pronto les aseguro que no quedará
Estado de bienestar que gestionar ni riqueza que distribuir; señorías, no perdamos el tiempo buscando alternativas al modelo económico liberal.



Señor presidente, han llegado a algunos acuerdos relevantes con los agentes sociales, está bien; los acuerdos son necesarios, pero es evidente que con 4.700.000 desempleados resultan claramente insuficientes. Siguen pendientes, fíjese, una
verdadera reforma laboral, una revolución valiente en materia educativa que introduzca rendición de cuentas, evaluación, competencia, libertad de elección y excelencia; un acuerdo en materia de energía que evite episodios como los que han tenido
que sufrir los pequeños productores de energía fotovoltaica; un debate sincero sobre los servicios y derechos que creamos, y la capacidad de las administraciones para financiarlos, como pasa con la dependencia; una política sin complejos a favor
de las familias y de fomento de la natalidad, y una apuesta clara por la utilización de las nuevas tecnologías que racionalice el Estado de las autonomías. Desde Unión del Pueblo Navarro reitero, señorías, señor presidente, una vez más nuestra
voluntad clara de construir, de apostar por sacar adelante este país, de sustraer del debate partidista el análisis y la posición política de mi partido ante las medidas que el Gobierno pueda querer impulsar. Sí le pido que gestione los acuerdos
con carácter abierto, con disponibilidad de escuchar lo que otros puedan aportar, y con espíritu de autocrítica, porque no podemos acostumbrarnos a legislar solo a golpe de reales decretos redactados muchas veces deprisa y corriendo, siempre de
forma reactiva, y sin capacidad de anticipación a los problemas.



En todo caso -termino ya, señora presidenta- el problema económico y social de España, señor presidente, es mucho más profundo que el que coyunturalmente pueda afectarle a usted, a su partido o al mío; el problema hoy es que no tenemos un
modelo económico al que nos queramos parecer, y por no saber cómo queremos ser, no podemos transmitir a los españoles esa ilusión necesaria que supondría participar de un renovado


Página 25


proyecto sugestivo de vida en común, como el que con perspectiva histórica se diseñó en 1978, y así seguimos, señor presidente.



Muchas gracias.



La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Salvador.



Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Alonso.



El señor ALONSO SUÁREZ: Gracias, señora presidenta.



Señorías, hay claramente dos opciones diferentes de plantar cara a la crisis económica: una consiste en mirar para otro lado, en no tener criterio, en dejar que pase el tiempo, en no responsabilizarse del futuro del país y, señorías, esta
opción, donde el papel protagonista lo interpreta el Partido Popular, es el ejemplo evidente de lo que no debemos hacer en estos momentos; eso es lo que está haciendo el señor Rajoy en esta Cámara y fuera de ella. Aquí, en el Parlamento, hay que
venir a retratarse, a decir el qué, el cómo y el cuándo de las reformas que necesita la economía española, y usted, señor Rajoy -hablo al señor Rajoy figurado porque sigue sin estar en las intervenciones del Grupo Socialista; ténganlo en cuenta-,
lleva casi tres años sin hacerlo. Se dice pronto, pero usted lleva toda la legislatura en blanco, sin más propuesta que el no a todo ante una crisis económica sin precedentes en el mundo y en España, y eso le inhabilita de raíz para siquiera pensar
en gobernar este país.



Señoras y señores diputados, hay otra forma de encarar los problemas. Los socialistas tenemos un objetivo claro y definido, estamos tomando medidas que aunque sean dolorosas en el corto plazo son necesarias para el futuro de nuestro país,
estamos ocupados únicamente en crear las condiciones objetivas para volver a crecer y crear empleo de calidad. A pesar de la derecha vamos por buen camino, señorías, las reformas ya están dando resultados positivos, tanto en la economía real como
en la confianza. A pesar de las medidas de austeridad presupuestaria en términos interanuales el cuarto trimestre de 2010 dio ya un crecimiento positivo del 0,6 por ciento, cuatro décimas por encima del trimestre precedente, y vamos a cumplir con
holgura el objetivo de reducción del déficit publico, y se están corrigiendo poco a poco los desequilibrios asociados al sector inmobiliario, y la productividad por hora, señorías, está mejorando claramente. Sin duda estamos ante uno de los
procesos de modernización económica más importantes de todo el periodo democrático, lo estamos haciendo con la convicción de que de él va a depender el bienestar de nuestros ciudadanos durante las próximas décadas. Todo ello, señoras y señores
diputados, lo estamos haciendo -y quiero destacarlo- sin renunciar a nuestro objetivo prioritario, que es el de mejorar los niveles de equidad y de igualdad de la sociedad española.



Vamos a los hechos sobre las políticas sociales, porque al final en esta vida todo es cuestión de hechos; esa es la prueba del algodón: lo que hace cada cual. Les voy a referir uno esencial. Las políticas sociales hoy reciben un 60 por
ciento más de recursos que en el último Gobierno del Partido Popular, primera diferencia clara de cuál es el partido político que apuesta con hechos por las políticas sociales de nuestro país. Ahí tienen, si quieren comprobarlos, los datos de
Eurostat que demuestran el recorrido comparativo entre sus años de Gobierno, señores del Partido Popular, y los nuestros, y no hay color. Nosotros hemos trabajado las políticas sociales, hemos trabajado a favor de la igualdad y de la equidad, y
ustedes no lo hicieron. (Aplausos.) Porque no solo hemos mejorado los niveles de protección social en comparación con nuestros socios europeos, sino que también hoy, señorías, tenemos una mayor protección a las personas que están sin empleo. La
tasa de cobertura del desempleo se sitúa ahora en torno al 75 por ciento, cifra muy superior al 60 por ciento que registraba en 2004. Quiero recordarles, señorías, en un capítulo fundamentalísimo para nosotros, fundamentalísimo para todo el país,
que una de las grandes diferencias con el Partido Popular la hemos marcado en las decisiones de mejora de las pensiones más bajas, es decir, de las que perciben más de tres millones de pensionistas de nuestro país.



En los últimos siete presupuestos, señorías, que han sido aprobados por un gobierno socialista hemos mejorado el poder adquisitivo para las pensiones mínimas de jubilación con cónyuge a cargo en un 27 por ciento, frente a un aumento del 3,6
por ciento que se produjo en los ocho años de Gobierno del Partido Popular, una diferencia abismal que sitúa a cada uno en su sitio, con datos de nuevo, no con eslóganes, y a su vez hemos multiplicado por cuatro el volumen del Fondo de reserva de la
Seguridad Social, pasamos de 15.000 millones de euros en 2004 a más de 64.000 millones en 2010, lo que demuestra nuestra voluntad de fortalecer la solvencia del sistema público de pensiones. Además, porque creemos firmemente en la sostenibilidad de
ese sistema público de pensiones, vamos a reformarlo con coherencia y sentido de la responsabilidad.



Señoras y señores diputados, hemos alcanzado un acuerdo económico y social, social y económico, para dar confianza a los ciudadanos, a los trabajadores y a los pensionistas de ahora y del futuro. Ante el rigor de los hechos, señorías,
¿quién ha trabajado por y para los pensionistas históricamente y en la actualidad? El Partido Socialista. ¿Y quién no ha hecho nunca nada? El Partido Popular. (Aplausos.) Ahí están los datos y ahí están los hechos, y eso lo deben saber todos los
pensionistas de nuestro país.



Señorías, la Ley de Dependencia no solo es un derecho, sino que es también un sector de futuro que está generando mucho empleo, y que será clave para modificar nuestro modelo productivo que sigue siendo una auténtica prioridad para los
socialistas. Por eso a mi grupo nos alarma la grave irresponsabilidad de algunos dirigentes políticos de la derecha que piden la paralización


Página 26


de la ley por falta de recursos económicos, cuando lo cierto y verdad es que el Gobierno socialista ha destinado más de 5.200 millones de euros desde su entrada en vigor a la dependencia, y resulta llamativo también, señorías, que quien no
desarrolla la ley la critique, el caso de los gobiernos autonómicos del Partido Popular de Madrid, Valencia y Galicia.
La pregunta ahora es: ¿quién ha atendido a los dependientes? El Partido Socialista. (Aplausos.) ¿Quién no ha hecho nada de
nada? El Partido Popular.



Y, si les parece, pasemos a hablar de la educación que para nosotros es la mejor arma para luchar contra el desempleo, para consolidar, desarrollar y profundizar la igualdad social a todos los niveles. Nuestro objetivo fundamental es
reducir el abandono y el fracaso escolar en todos los ciclos educativos. En ello estamos poniendo todos nuestros esfuerzos: en conseguir, señorías, que las próximas generaciones tengan más preparación y más oportunidades. De nuevo los hechos: el
gasto dedicado a educación ha pasado del 4,3 por ciento del PIB en 2004 al 5,1 por ciento en 2010; decenas de miles de millones de euros más. Esto supone, señorías, un avance importante de convergencia con el nivel de nuestros socios europeos y el
de la OCDE. Señorías, vamos a seguir reforzando las becas y las ayudas al estudio para que ningún alumno deje las aulas por falta de recursos. Ahí esta la política de progreso, ahí están las políticas sociales, en ayudar a los que no tienen
recursos, al conjunto de los ciudadanos, pero fundamentalmente a los que más lo necesitan, y justamente en el momento de sus vidas en que más lo necesitan. De hecho, señorías, hemos multiplicado los recursos destinados a ayudas y becas desde que
gobernamos. El resultado es contundente en este ámbito: el número de becarios en estos siete años ha pasado de 452.000 con el Partido Popular a más de 700.000 en el curso 2010-2011, lo que representa un incremento del 80 por ciento; la
escolarización de 0 a 3 años, que es fundamental como bien saben para el aprendizaje temprano ha aumentado de forma considerable con el Gobierno socialista, gracias a la implantación de la Ley Orgánica de Educación y a la puesta en marcha del Plan
Educa 3.
Gracias a eso hemos pasado de una tasa de escolarización del 24,8 por ciento en 2003-2004 a un 43 por ciento en 2008-2009. Cuando el Partido Popular abandonó el Gobierno en 2004 el 33 por ciento de los centros educativos tenía acceso a
banda ancha; con los socialistas en 2008 llegaron al 98 por ciento. Con el PP teníamos un ordenador por cada catorce niños; con nosotros tenemos un ordenador por cada cinco niños, y naturalmente estamos incrementando la oferta de plazas de
formación profesional en el sistema educativo para que responda a los retos actuales del mercado laboral, y especialmente para los que actualmente se encuentran desempleados. Vamos a convocar para ellos el procedimiento de reconocimiento de las
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral. ¿Quién ha trabajado en consecuencia, señorías, por la educación, y por lo tanto por la igualdad, la equidad y la modernización de nuestro país? El Partido Socialista. ¿Y
dónde queda aquí el Partido Popular? Como en el resto de los capítulos sociales queda en la nada más absoluta, en el cero patatero, que es a lo que se han dedicado en sus años de gobierno y en estos años de oposición.
(Aplausos.)


Vayamos ahora si les parece al salario mínimo, también un capítulo esencial en sí mismo por su valor intrínseco y por su valor de referencia, como bien saben todos ustedes, señoras y señores. Aquí también los datos son absolutamente
contundentes. Entre 2004 y 2011 el salario mínimo ganó un 17,5 por ciento de poder adquisitivo; en los ocho años de Gobierno de la derecha perdió un 5 por ciento de poder adquisitivo. Esa es la diferencia y deben saberlo todos los trabajadores de
nuestro país, y ahí están los datos para que cada uno sea puesto en su sitio, y eso que al Partido Popular no le tocó gestionar la peor crisis económica del mundo que se conoce, la peor crisis económica de los últimos ochenta años.



Señora presidenta, señoras y señores diputados, con toda sinceridad, hagan ustedes un ejercicio de memoria individual y colectiva. ¿Alguien recuerda un solo avance o derecho social durante los gobiernos del Partido Popular? (Varios señores
diputados: ¡No!-Protestas.) ¿Y ahora cuál es la alternativa que ofrecen? ¿Qué piensa el Partido Popular de todas nuestras políticas sociales? (Rumores.) ¿Quieren ustedes, por ejemplo, privatizar la educación y la sanidad, como lo están haciendo
poco a poco en la Comunidad de Madrid? (Protestas.-Aplausos.) ¿Es eso lo que van a hacer?


Señoras y señores diputados, todos sabemos que no existen soluciones mágicas inmediatas, que un país se hace a costa de mucho esfuerzo, de constancia, de dedicación y también de voluntad social y de voluntad política. Las soluciones mágicas
e inmediatas no existes, menos aún en una crisis de la magnitud histórica que ha vivido el mundo en los últimos años. Lo hemos repetido, señorías, muchas veces. La salida de la crisis requiere esfuerzo, determinación y reformas. Requiere buena
fe, voluntad política y que todos arrimemos el hombro, y el Partido Popular nunca lo ha hecho. La inmensa mayoría de los ciudadanos reconoce el avance social experimentado a pesar de todo por los gobiernos socialistas, y está tan lejos del
catastrofismo como de la autocomplacencia.



Señoras y señores diputados, los ciudadanos quieren confiar en su país y confían en su país. Ustedes, señores del Partido Popular, solo transmiten un modelo económico y social precario de un país gris y anacrónico que no quiere nadie.
Señorías, el Partido Socialista ha ostentado la responsabilidad de gobierno de este país durante veintidós de los treinta y tres años de democracia. Señorías, en estos años los avances sociales son indiscutibles. Las pensiones, la extensión de la
educación pública, la universalización de la sanidad, la integración en la Unión Europea, la aprobación de la Ley contra la violencia de género, la Ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la Ley de la Dependencia, la ley que permite el


Página 27


matrimonio entre personas del mismo sexo, etcétera, son progresos sociales que están íntimamente ligados a una serie de valores y principios que siempre vamos a defender los socialistas.



Señoras y señores diputados, durante mi intervención me he referido a datos y hechos objetivos, a realidades que ponen a cada uno en su sitio.
A ustedes, señoras y señores del Partido Popular, les ponen ante el espejo de lo que son: un
partido muy de derechas y con una clarísima deriva antisocial. (Aplausos.) A nosotros -no hay que olvidarlo y hay que estar bien orgullosos de ello- nos retratan como el proyecto político que ha desarrollado y sostenido el bienestar de los
ciudadanos justo donde estos más lo necesitan: en sanidad, en educación, en pensiones y en el conjunto de las cuestiones sociales. España ha avanzado y se ha modernizado con los gobiernos socialistas y, lo que es más, va a seguir haciéndolo en el
futuro. Señoras y señores del Grupo Parlamentario Popular, no duden de que precisamente por ello, porque los socialistas hemos hecho, estamos haciendo, y haremos muchas y buenas cosas a favor de la igualdad y la equidad de los ciudadanos, y
justamente porque ustedes no han hecho nunca nada y siguen sin hacer nada, los ciudadanos seguirán otorgándonos su confianza y ustedes no saldrán de donde están sentados, a la derecha de la Cámara, que es el sitio de la oposición y que es el sitio
que ustedes merecen.



Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Alonso.



Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. (Rumores.-El señor Villarrubia Mediavilla: ¡Mariano, Mariano!)


Silencio, señorías.



El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señora presidenta.



Señorías, a pesar del tono crítico de algunas de sus intervenciones, agradezco el esfuerzo de sus señorías por afrontar algunos de los temas fundamentales de la política social. El objetivo fundamental de esta comparecencia era y es evaluar
el Estado del bienestar en un momento de grave crisis económica, y ver la capacidad de resistencia que han tenido las columnas de ese Estado del bienestar para garantizar la cohesión y la protección social, que es el último fin del Estado del
bienestar, y desde ahí poder proyectar los retos decisivos que enfrentamos.



Es verdad que ha habido una buena parte de las intervenciones que se han destinado a otra cosa; en particular la del señor Rajoy. Señor Rajoy, se dice que la manipulación es peor que la mentira. Usted en su intervención ha manipulado
cifras como nunca. Ha intentado manipular cifras. Su intento de manipulación ha sido realmente notable, como le gusta decir a usted. Sus manipulaciones han sido hoy tan gordas como sus derrotas, como las que ha tenido y como las que le esperan en
el futuro.
(Aplausos.-Rumores) Sí, señor Rajoy. Porque manipular, por ser generoso, es decir, como ha dicho usted, que mentimos o engañamos porque la tasa de cobertura de protección al desempleo se hace en referencia al índice con el que se ha
hecho toda la vida, históricamente, que toma como elemento fundamental el paro registrado, y la tasa de cobertura... (El señor Rajoy Brey hace signos negativos.) Sí, señor Rajoy, eso es manipular, porque el Gobierno viene dando el índice de
cobertura de protección por desempleo que ha existido siempre, y con ese índice estamos cerca del 80 por ciento de la cobertura de protección por desempleo. (Aplausos.) Es decir, un 18 por ciento superior a la tasa de cobertura por desempleo de
cuando ustedes gobernaban, que llegaba al 59,5 por ciento. (Aplausos.-Rumores.) Y si usted quiere aquí, para intentar refutar, inventarse un nuevo concepto de cobertura de protección por desempleo, eso tiene un nombre: manipulación, manipulación
gorda e inaceptable. (Aplausos.-Protestas.-El señor Moraleda Quílez: Claro.). Con ese criterio que usted ha intentado inventar aquí, que es coger el número de desempleados de la EPA y aplicar el número de prestaciones, llegaríamos a la
conclusión, que nunca se ha dicho por nadie, de que con su mandato había un 40 por ciento tan solo de protección por desempleo. (Aplausos.-Rumores.-El señor Moraleda Quílez: Claro.) Segunda manipulación: las cifras de evolución del gasto
sanitario. Sí, señor Rajoy, con la estimación de las cifras de 2010 va a estar por encima del 50 por ciento el crecimiento desde 2004, y la cifra del 30 por ciento se refiere al periodo 2005-2008. Esa es la diferencia.
Y usted ha intentado
presentar aquí que cada vez se da una cifra; no, corresponde a un periodo concreto y su intento es una manipulación grosera e insostenible. (Aplausos.-Rumores.)


Sí, en más de una ocasión me ha oído decir -y usted lo ha intentado refutar hoy aquí- que bajo el periodo del Gobierno que presido se ha producido la mayor inversión y el mayor esfuerzo en becas de la historia de la democracia; afirmación
que ratifico, sostengo y demuestro con los datos que ahora mismo voy a aportar para su credulidad, para su credulidad. Espero, señor Rajoy, como son comprobables, que usted pueda o tenga la gallardía de subir aquí y decir: sí, son ciertos esos
datos, señor presidente del Gobierno y, por tanto, es cierto el dato de que se ha producido la mayor inversión en becas de la historia y la mayor evolución de incremento del número de becarios. Sí, del año 1996 al 2004 el gasto en becas en España
pasó de 578 a 739 millones, un crecimiento del 27,8 por ciento. Del año 2004 al 2011 -por cierto, estamos ya en el 2011, señor Rajoy- la inversión en becas ha pasado de 739 millones a 1.529 millones, un incremento del 106 por ciento; (Aplausos.)
106 por ciento de incremento de inversión o gasto en becas en relación con el 28 por ciento, y este ha sido el periodo de más inversión en becas. Pero además, sobre el crecimiento del número de becarios, a no ser que usted cuente los años y la
comparación para


Página 28


ustedes sean ocho y para nosotros siete, le diré año a año cómo ha crecido el número de becarios en nuestro país. Se lo voy a decir, anualmente: crecimiento de 1996 al 2003-2004, 54.000 por año; crecimiento del 2003 al 2010, 59.000 por
año. Por tanto, señor Rajoy, sí, no solo con amplia diferencia el mayor periodo de inversión y gasto en becas, sino también el mayor crecimiento en becas, en número de becarios. Pero, fíjese, más importante que todo eso, siendo importante las
cifras -que lo son, porque doblar el gasto y la inversión en becas supone doblar el esfuerzo que hace un país para la igualdad de oportunidades y para que ningún talento ni ninguna persona joven capacitada pueda dejar de dar de sí todo lo que tiene
para sí mismo y para un país-, siendo importante las cifras, es mucho más importante el criterio, porque la gran decisión de este periodo en materia de becas, que es sin duda uno de los fieles por los que se puede juzgar la política social de un
país, es que los umbrales de renta han mejorado y además los criterios para la concesión de becas son ya un derecho, no como antes que iba en función del número de becarios que podían existir y de la cantidad. Ahora hay un derecho, un derecho
subjetivo a tener la beca, con umbrales que se han mejorado, por cierto con nuevas becas -a las que si tengo tiempo luego haré referencia- y con nuevas prestaciones, de tal manera que hoy podemos afirmar que no hay ningún talento que se pierda por
razones económicas, porque se ha constituido en un derecho tener una beca con umbrales de renta que han mejorado, y por eso se ha duplicado la inversión y el gasto en becas.
Señoría, ese no es un gasto, como ha dicho usted, casi minusvalorando o
ridiculizando lo que es el gasto social y la eficiencia, que no sea eficiente; claro que tiene una gran eficiencia gastar en becas, la mayor eficiencia para un país es hacer que su gente tenga cada vez mayores estudios, que pueda estudiar
independientemente de sus condiciones económicas. Eso no son cifras, son familias con necesidades, hijos de trabajadores (Aplausos.), becarios que han llegado a la universidad por primera vez en la etapa democrática y que pueden ser doctores
mañana. Esa es la realidad.



Educación. Usted ha hablado de los resultados en educación y han invocado en más de una ocasión, en un ejercicio notable de falta de autoestima con su propio país, con su propio sistema y con sus propias políticas, el informe PISA y los
resultados, y todos hemos coincidido en que el abandono escolar es el gran problema del sistema educativo, hoy y cuando ustedes gobernaban, que estaba en un 31 por ciento. Por tanto, es un problema que ha trascendido los gobiernos. Y cuando
hablamos del informe PISA, que se hace sobre jóvenes de 15 años, estamos hablando de los jóvenes que empezaron a formarse en el año 2000 con un sistema educativo; cualquier informe PISA de una generación trasciende cualquier Gobierno.
Por cierto,
si usted evalúa y analiza con detalle, con una aproximación despolitizada o que no esté en el interés de hacer desde ahí la utilización para la crítica política, se dará cuenta de que nuestra posición en el informe PISA viene siendo constante. No
ha mejorado, es verdad, pero tampoco ha empeorado, pero no es una posición distante de la media de los países de la OCDE, porque los porcentajes de evaluación del informe PISA en las áreas principales son muy reducidos. Estamos en la zona media de
los países de la OCDE en este informe, y donde tenemos los problemas sí hemos actuado con un gran esfuerzo en este periodo en materia de educación. La reducción del abandono escolar al 15 por ciento, señor Rajoy, es la media exigida para España.
La media europea a la que usted hacía referencia es una media para el conjunto. Para cada país hay una media particular y el 15 por ciento en 2020 es lo que se ha aprobado para España, y vamos a hacer una reducción de 2 o 3 puntos por año. Lo
vamos a conseguir con el acuerdo de reducción del abandono escolar. Hay otros datos en materia educativa que son alentadores, donde estamos mejor que la media, España como país, y nos deberían permitir sentirnos con un cierto orgullo, reconociendo
los que tenemos como problemas, por ejemplo, el porcentaje de jóvenes con educación superior, que está en el 40 por ciento. Ese es el objetivo para 2020 de la Unión Europea y en España estamos ya por encima de ese 40 por ciento. En definitiva,
señor Rajoy, con este ejemplo que acabo de ponerle de las becas, de la sanidad, del criterio para medir el paro registrado o de los problemas de la educación, he querido llamar la atención de que se puede criticar siempre a un Gobierno, trucar la
realidad de las cifras no, desconocer los avances tampoco. Y usted hoy ha venido aquí a trucar las cifras, intentando manipularlas, a ignorar los avances -ahora me referiré a alguno de ellos-, algunos muy importantes -casualmente los ha ignorado-
y, por supuesto, a prescindir de cualquier tipo de análisis serio de lo que ha pasado en la destrucción de empleo y de la relación que hay entre empleo y política social. Ese ha sido el problema de su intervención.



¿Por qué digo que ha ignorado algunas cosas? Porque claro que se puede hablar de política social y de algunos elementos fundamentales de la política social, pero hay uno que nos ha ocupado mucho tiempo en las últimas semanas, que es el
relativo a las pensiones; sí, las pensiones.
Usted ha dicho aquí algunas cosas que merecen una réplica contundente.
Sobre la situación de nuestro sistema de Seguridad Social, he afirmado con contundencia la solvencia, más allá del momento de
crisis económica, y también que se ha hecho una política de ahorro de la hucha de las pensiones. El alto número de cotizantes que hemos tenido se ha utilizado no solo, como debe ser en época de prosperidad, para mejorar las pensiones con criterios
de equidad, pensiones mínimas, sino para fortalecer el Fondo de reserva de la Seguridad Social. (Muestra unos gráficos.) Esto es cómo nos encontramos el Fondo de reserva de la Seguridad Social y cómo está ahora, así, (Aplausos.) con un incremento
del 232 por ciento. Quiero decir a los trabajadores españoles que, frente a la afirmación del señor Rajoy de que hemos gastado mucho, lo que no teníamos, aquello que


Página 29


han cotizado trabajadores y empresarios en la época de bonanza económica está aquí, en el Fondo de reserva de la Seguridad Social, con 64.000 millones de euros, 200 por ciento más, y está en las pensiones mínimas, que hemos subido, con un 27
por ciento más de poder adquisitivo.
(Aplausos.-Rumores.) Está aquí, no en sus mentiras, señor Rajoy; está aquí, no en sus mentiras, señor Rajoy. Sí, esta es la diferencia de la ganancia de poder adquisitivo de las pensiones mínimas: en el
periodo de Gobierno del PP -en términos reales- el 4 por ciento y ahora el 27,7 por ciento, 3 millones de pensionistas. ¿Cómo se mide la mayor sensibilidad social en un país? (Rumores.) Por las políticas que se hacen con aquellos que menos rentas
tienen. ¿Quiénes son los que tienen menos rentas en un país? Aquellos que cobran una pensión mínima, aquellos que tienen el salario mínimo interprofesional. En lo que son políticas sociales públicas esta es la diferencia de esfuerzo, esta es la
diferencia de sensibilidad social, esta es la diferencia de política social, señor Rajoy, que usted se preguntaba durante el debate de esta mañana.
(Aplausos.)


También se ha invocado la política de ayuda a la familia. No lo ha hecho solo el señor Rajoy, también el señor Duran i Lleida ha hecho alguna afirmación importante. Podemos coincidir -en esto estaremos de acuerdo- en que la política de
maternidad y paternidad es una política fundamental de ayuda a la familia. Bien, pues esta es la situación, este es el cambio de política de ayuda a la paternidad y a la maternidad: en 2004 los recursos eran de 279.000 y ahora son de 647.000.
Esta es la diferencia, la mejora en maternidad, la incorporación del nuevo derecho de paternidad y la incorporación del nuevo derecho de prestación de maternidad por riesgos y por lactancia. El señor Rajoy ha dicho: claro, cuando las cosas las
quiere ignorar y no las quiere reconocer a quien las ha promovido y hecho, como la Ley de Dependencia que estamos construyendo. La Ley de Dependencia y el permiso de paternidad están aquí porque el Partido Socialista lo llevó en su programa y el
Gobierno socialista lo llevo a aprobar aquí en las leyes (Una señora diputada: ¡Muy bien!-Rumores.-Aplausos.) Sí, sí, sí, por eso están aquí. Sí, las pensiones mínimas y la ayuda a la familia. Por cierto, en lo referente a ayuda a la familia,
señor Duran, según los últimos datos de Eurostat que existen, el gasto social en 2008, la media europea de protección es del 7,9 por ciento. España en 2004, ayuda a la familia, señor Rajoy, estaba en el 5,3 por ciento. El último dato disponible
que tenemos es del 6,6 por ciento del PIB de gasto de ayuda a familias. Por tanto, hemos mejorado el gasto de ayuda a familias.



Inclusión social. Se ha aludido aquí a las ONG. Claro que sí, y están haciendo una gran tarea, la Cruz Roja, Cáritas, por supuesto, pero la inclusión social ha mejorado un 7,6 por ciento. Se ha incrementado en 200 millones de euros. Cruz
Roja y Cáritas tienen un aumento del 8 por ciento de los presupuestos públicos para esa tarea que hacen de ayuda social.
Cuando usted ha hablado, señor Rajoy, de Cáritas y de Cruz Roja parece olvidar que el Gobierno está haciendo un esfuerzo para
que canalicen esa tarea de ayuda social, incrementando los presupuestos de una manera notable. Por eso, los programas de inclusión social en el presupuesto de 2010 sufrieron un incremento del 26 por ciento. En cuanto al salario mínimo
interprofesional, ya sé que hay algunos que no quieren salario mínimo; cuánto más mínimo, mejor. Pero esta es la realidad. En su época de bonanza de esa política social que el señor Montoro jaleaba hace un momento -y ahora le voy a contestar
sobre el empleo-, el salario mínimo interprofesional descendió en poder adquisitivo un 5 por ciento (Rumores.) y en la etapa de 2004 a 2011 se ha incrementado un 17,5 por ciento (Aplausos.) Todo el mundo sabe que el salario mínimo interprofesional
lo decide el Gobierno de acuerdo con los sindicatos, en consultas con sindicatos y empresarios.



Estas son las cifras. Hemos hablado del gasto en educación. Pues sí, afortunadamente hemos llegado al 5 por ciento de gasto en educación.
Hemos hablado del gasto en sanidad. Afortunadamente, hemos llegado a 70.000 millones, aunque hay
que ahorrar, hay que sumar los esfuerzos de las comunidades autónomas. Pero si hemos llegado a ese gasto y a un incremento notable de gasto por habitante en sanidad, a un incremento de prestaciones y de una calidad que todo el mundo valora como muy
adecuada, es porque hubo, primero, un acuerdo en una conferencia de presidentes de incremento de 9.000 millones de gasto financiero para las comunidades autónomas en materia de sanidad; y segundo, porque hay un nuevo modelo de financiación
autonómica que incrementa la capacidad financiera de las comunidades autónomas y por supuesto, por tanto, la capacidad financiera para la sanidad. Estos son los datos, estas son las cifras y no los trucos. Estos son datos contundentes en sanidad,
en becas, en educación, en pensiones. Reflejan un esfuerzo de una política que ha sido de avances muy importantes cuantitativos y cualitativos en la época de crecimiento económico, y que ahora, en la época de crisis económica, estamos intentando
mantener lo sustancial, incluidos los avances y, por supuesto, proyectar las necesidades desde el punto de vista de lo que son los nuevos retos y los nuevos desafíos sociales que tenemos en nuestro país.



Me gustaría hacer hincapié en algunas de las cosas que han dicho sus señorías; por ejemplo, el señor Duran, que ha hablado de la dependencia.
Simplemente le haré algún matiz. El modelo de la dependencia es un modelo aprobado por esta
Cámara; el modelo de la dependencia supone una financiación, señor Duran, no del 50-50 sino del 33-33-33; 33, Gobierno central; 33, comunidades autónomas; 33, cofinanciación por los particulares. Sobre la dependencia, en Cataluña, el Gobierno
de España ha aportado 335 millones de euros en 2010 -aproximadamente la misma cantidad que la Generalitat- para beneficiar a 110.000 personas, que en estos momentos tienen prestaciones de distinto tipo en atención


Página 30


a la dependencia. El Gobierno ha cumplido con sus compromisos financieros, en materia de dependencia, desde luego, con las comunidades autónomas y por supuesto con Cataluña. Estos son los datos oficiales, señor Duran: 335 millones en 2010
en dependencia. Por tanto, puedo coincidir con su señoría en que el sistema de dependencia necesita en su desarrollo y en su aplicación todos los esfuerzos que entendamos, pero desde que se ha puesto en marcha, el Gobierno, con créditos ampliables,
con diversos instrumentos, ha cumplido sus compromisos en materia de dependencia.



Señor Llamazares y señor Ridao -puedo utilizar una contestación al mismo tiempo-, creo que son poco discutibles algunos hechos objetivos, vale para ustedes en la réplica pero también vale con carácter general. Si cogemos los grandes pilares
del Estado del bienestar, podemos concluir -no lo hago ni por afán de propaganda ni por nada- que desde el año 2004 a hoy se han producido avances en derechos y en prestaciones en todos los grandes campos del Estado del bienestar y de las políticas
sociales.
Repasemos. Educación. ¿Hay nuevos derechos? Sí, como el derecho que acabo de explicar en materia de becas. ¿Hay nuevas prestaciones o extensión de financiación? Sí, 3 a 6 años, cubierto al cien por cien, y estamos avanzando en 0 a 3.
¿Hay nuevas becas? Sí. ¿Hay más gasto global en educación? Sí. ¿Hay más gasto por alumno? Sí. Sanidad. ¿Hay más gasto global en sanidad? Sí. ¿Hay mejores prestaciones, más derechos? Sí, algunas de ellas con el esfuerzo de comunidades
autónomas. ¿Hay más gasto por habitante en sanidad? Sí. Pensiones. ¿Hay mejorado la capacidad adquisitiva de la pensión media? Sí. ¿Ha mejorado sustancialmente la capacidad adquisitiva de las pensiones mínimas en estos años? Sí, teniendo en
cuenta además que no están afectadas por la revalorización.
¿Se han incluido colectivos, mejoras en pensiones? Sí, en los acuerdos sociales. Por tanto, educación, sí; sanidad, sí; pensiones, sí.
Desempleo. ¿Hemos mejorado cobertura de
protección por desempleo? Sí, se ha mejorado, incluyendo, como se ha dicho aquí y se ha recordado, a los autónomos con el cese de actividad, de los cuales nadie se había acordado, ni incluso aquellos que tanto hablan de los autónomos y de los
emprendedores. (Aplausos.) Pero para un estatuto del autónomo y para el cese de actividad, ha sido quien ha sido. Políticas de ayuda a la conciliación. ¿Hemos mejorado en maternidad y en paternidad? Lo acabo de explicar, sí, claramente, en
derechos, en derechos y en prestaciones, pero seguramente para alguien que es de izquierdas es casi más importante que se avance en derechos, como el que he explicado de las becas, como el que hemos incorporado en maternidad y en paternidad o en
nuevos derechos en materia de desempleo. Dependencia. Aquí no es que se haya avanzado, aquí es que hemos empezado de cero y hemos construido un sistema de atención a la dependencia que en estos momentos ya ayuda a 770.000 personas. (Aplausos.)
Vivienda. Hemos incrementado en un 50 por ciento la vivienda de protección oficial, y hemos creado un nuevo derecho, el de la renta de emancipación. Señor Duran, planteaba que no habíamos hecho nada en vivienda social. Hay un 50 por ciento más de
vivienda social y la renta de emancipación, que es universal y con la misma cuantía para todos los ciudadanos españoles, porque sería imposible distinguir el precio del alquiler de una comunidad a otra, como sucede con la inmensa mayoría de las
prestaciones. El señor Duran puede decir que esto es insuficiente, lo puedo admitir, pero no que no hemos hecho nada y que la situación es de retroceso social en el apoyo a la política de vivienda. Por cierto, se ha hablado aquí del acceso a la
vivienda y casi siempre se olvida que tenemos el mayor porcentaje de familias con vivienda en propiedad, en cuanto al acceso a la vivienda, y sin embargo no se orienta, en mi opinión -el señor Duran nos ha apoyado en muchas de estas medidas-, en
favorecer la vivienda en alquiler, que debe ser el gran objetivo colectivo. Pero, señor Duran, decir que no hemos hecho nada cuando hemos puesto la renta de emancipación que ya beneficia a 300.000 jóvenes, no me parece ponderado, y su señoría suele
ser un buen ejemplo de ponderación parlamentaria, y quería resaltarlo.



Ahora entro en la falta de análisis, que he puesto de manifiesto en algún momento de esta réplica. El señor Rajoy ha centrado su crítica -junto a las manipulaciones porque no tenía otro recurso para intentar desmontar los hechos objetivos
de los avances en educación, en sanidad, en pensiones, en dependencia, en vivienda, en conciliación de la vida familiar y laboral- en el empleo, en la economía y lo que representa el empleo para la política social. He de decir que ahí estoy
básicamente de acuerdo, no podemos dejar de coincidir en que el empleo es pilar esencial de una política que permita hacer política social, que permita hacer política de cohesión y por supuesto que ayude a las familias. Pero, atención, la política
social no se acaba con el empleo, también hay política social para aquellas personas que no tienen empleo, como es la política de protección por desempleo, porque podremos coincidir en que podrá haber más empleo, una tasa de actividad más alta o una
tasa de paro más baja, pero eso no arregla las becas. Las becas son fruto de un esfuerzo de redistribución y de voluntad política. (Una señora diputada: Eso no tiene nada que ver.) Sí, sí tiene que ver. Sí tiene que ver porque por la lógica que
algunos quieren aquí poner encima de la mesa e implantar, la mejor política social sería la que no existe. (El señor Moraleda Quílez: ¡Claro!) Esa es la mejor política social. (El señor Moraleda Quílez: Porque cuesta mucho.) Igual que no debe de
existir el salario mínimo interprofesional e igual que no deben existir algunas de las conquistas que se han producido. Y siempre oímos que hay que escrutar la eficiencia del gasto social, muy pocas veces se oye que hay que escrutar la eficiencia
de otras partidas que hay también en los presupuestos de subvenciones y de ayudas. Siempre las que hay que escrutar son las de eficiencia del gasto social, los 200 euros a la renta de la vivienda o los esfuerzos que hacemos con las becas. (El


Página 31


señor Moraleda Quílez: ¡Claro, claro!) Pues yo digo que son las partidas más eficientes económica y socialmente, muchas de las partidas sociales que tenemos en el Estado del bienestar que nos hemos dado y que, por supuesto, haremos avanzar
en cuanto la economía nos lo permita.
(Aplausos.) Lo que tendríamos que concluir es en torno a los nuevos retos y tener una cierta coherencia. Señor Rajoy, si sus -no me atrevo a decir que han sido vaticinios- preocupaciones sobre el estado de la
Seguridad Social en cuanto al posible déficit en relación con los ingresos de cotizantes, con el pago de las pensiones, fuera cierto, usted debería ser un entusiasta de la reforma de las pensiones. Porque si ya ve los peligros tan inminentes sobre
la sostenibilidad, si usted lo ve tan grave, debería de ser un entusiasta de la reforma de las pensiones y, por supuesto, un firme defensor del retraso de la edad de jubilación. Mire que hemos tenido debate, negociación, acuerdo con sindicatos y
empresarios, y usted parece que sobre la reforma de las pensiones quiere pasar de largo, no dice nada, no lo ha dicho aquí. ¿Por qué será? Porque hay que tener el compromiso y la responsabilidad política de si, como ha dicho, ve que la situación
de la Seguridad Social es la que es, al mismo tiempo decir que hay que hacer esta reforma ya, cuanto antes, con un retraso de la edad de jubilación, y que esa es su propuesta, su proyecto.
Pero como usted eso no es capaz de hacerlo, lógicamente su
intervención aquí aparece en una clarísima incoherencia, lo que la convierte prácticamente en una intervención muy inútil. (Aplausos.)


Sobre el empleo, señor Rajoy, es verdad que tiene una buena especialidad en denunciar, y está en su obligación -fíjese que no le digo en su derecho, sino en su obligación-, la tasa de paro que tenemos, la grandísima pérdida de empleo que
hemos vivido en esta legislatura. Es verdad que incluso con esa pérdida de activos, de ocupados y de afiliados, hay más activos, más ocupados y más afiliados que en 2004, pero la pérdida de empleo ha sido gravísima, y es sin duda nuestro principal
problema. Lo que me sorprende, señor Rajoy, es que nunca haya profundizado lo más mínimo sobre el análisis, más allá de que profundizar sea decir que la culpa es de Zapatero. (Risas.-Rumores.) No discuto que ese sea un análisis profundo. A
cualquier observador imparcial le parecerá fácil, políticamente al menos. (Rumores.) Usted no lo ha analizado en ningún momento, ni el señor Montoro, y sabe muy bien por qué no lo puede hacer. (Rumores.-El señor Montoro Romero pronuncia palabras
que no se perciben.) Perdone, señor Montoro, no es ningún afán de... (El señor Montoro Romero pronuncia palabras que no se perciben.) De acuerdo, de acuerdo, tiene usted razón, señor Montoro, tiene razón. Pero en ningún momento ha profundizado en
el análisis de por qué ha habido un impacto sobre el empleo mucho mayor en nuestro país con la crisis que en otros países. ¿Dónde se ha producido el impacto y dónde están las causas de ese impacto? (Varios señores diputados: ¡Zapatero!) No, no,
esto no lo quieren escuchar. (Rumores.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Silencio, por favor.



El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Solo quieren, como es natural -además eso se les nota, no hace falta que lo demuestren-, que lo padezcamos únicamente nosotros. Sí, nosotros lo padecemos, asumimos la responsabilidad,
es nuestra, pero sin un mínimo análisis, sin un mínimo diagnóstico de rigor, no se puede hacer ninguna propuesta de solución, nos cueste más o menos tiempo, porque eso sí que sería engañar. Aquí se ha esgrimido de manera latente el número de
empleos que se creaban en una etapa y debemos decir la verdad, en algún momento hay que decirla. Ese número de empleos -en su etapa y en nuestro Gobierno, en las dos, intentemos tener algo de objetividad- tan abundante en el sector de la
construcción... (El señor Montero Romero pronuncia palabras que no se perciben.) Sí, pero ahora hemos perdido un 70 por ciento.



La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Montoro, luego no se queje. (Protestas.-Rumores.-El señor Floriano Corrales: ¡Pero si se está refiriendo a él!)


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Hemos perdido un 70 por ciento de empleo en el sector de la construcción, directa o indirectamente, y antes, el número tan elevado de empleos que ganábamos era fundamentalmente en el
sector de la construcción, que llegó a superar los 2,5 millones de afiliados a la Seguridad Social. No convirtamos ese empleo en política social, por favor, no lo convirtamos, porque ustedes y nosotros sabemos que eran empleos con muy poca base
sólida, con muy poco fundamento productivo para la economía. Como se ha demostrado con la crisis financiera, con un shock, lo que había sido por la laxitud financiera, por el estímulo del todo urbanizable, una burbuja inmobiliaria había generado
una actividad excesiva en un sector poco productivo, generador muy intensivo en mano de obra, muy intensivo en empleo, pero con los pies de barro.



Seamos objetivos y veamos el análisis, no lo digo por el debate de hoy ni por el debate político entre unos partidos y otros de cara a las próximas elecciones, sino por la sostenibilidad de la economía. Tenemos que saber que nuestro
crecimiento solo puede venir por la innovación y por el talento y desde luego los países que van a crecer, a aumentar la renta per cápita, a poder hacer políticas sociales, serán los que aumenten mucho más el número de patentes que el número de
viviendas a construir.
El número de patentes va a ser más determinante que los kilómetros cuadrados de un país; el número de titulados superiores y de personas con formación va a ser más determinante que las mejores infraestructuras. Esa es la
realidad, y no tener todo el suelo para urbanizar, ni siquiera tener la facilidad del crédito, que nos ha llevado


Página 32


a un crédito excesivo. Lo sabemos todos; la cuestión es que hay que ponerlo encima de la mesa y aprender de las lecciones que tenemos que aprender todos, por supuesto en lo que pueda responder o asumir la responsabilidad el Grupo
Socialista, el Partido Socialista, el Gobierno y en primer lugar yo mismo, pero me sorprende que algunos nunca digan que hemos aprendido la lección de esta crisis. Hubo errores en la etapa económica de 1996 a 2004. Nosotros sí asumimos que pueda
haber errores; otros nunca. En eso hay una diferencia de proyectos, no ya de talante; talante que parece que molesta a alguna de sus señorías, que dice que si yo pensaba que los españoles eran tontos. ¿Cómo voy a pensar eso después de haber
obtenido la confianza mayoritaria de los españoles en dos procesos electorales? (Aplausos.) ¿Cómo voy a pensar eso? Ahora, es verdad que en el juego dialéctico hay muchas veces que uno sube a la tribuna a decir de uno lo que él piensa de verdad.
Eso sucede; lo que piensa él se lo atribuye al contrincante, por cierto sin venir a cuento.



Al señor Llamazares le diré que tiene razón en que sin duda alguna ha habido en este periodo dos etapas, una donde el crecimiento económico nos permitió hacer un esfuerzo de mejoras en las políticas sociales, y otra en la que hemos tenido
que hacer un 40 por ciento de incremento del gasto social sin contar el desempleo. Señor Llamazares, un 40 por ciento. (El señor Llamazares Trigo hace gestos negativos.) Se puede negar todo; se puede negar incluso que la Ley de Dependencia la
trajo este Gobierno a la Cámara, se puede negar también, pero resulta patético intentarlo, de verdad. ¿Se puede negar que ha habido un aumento del 40 por ciento del gasto social? Pues no se debe negar porque son cifras que están ahí, si no, no
serían explicables los cuadros que acabo de exponer. Le decía que tenía razón en que había dos etapas; ahora bien, señor Llamazares, no hay dos caras ni una política de transformer. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) No, no. El proyecto
político que represento sabe muy bien -a ustedes hay una parte que les cuesta asumir- que la política de reformas o de modernización para el crecimiento va en paralelo a la política de desarrollo del Estado del bienestar, de la cohesión y de la
protección social. Sin reformas, no hay crecimiento; sin crecimiento, no hay mejora de las políticas sociales posibles. Y en cuanto a los márgenes fiscales, donde su señoría hace habitualmente hincapié, le diré -ya lo hemos discutido y no lo voy
a discutir mucho más- que en los ingresos hay márgenes relativos, estrechos. (El señor Llamazares Trigo pronuncia palabras que no se perciben.) Sí, estrechos. Su señoría decía que hay cinco puntos menos de gasto del PIB que la media europea.
Claro, y hay siete puntos menos de presión fiscal. Sí, siete puntos menos de presión fiscal. Se corresponde exactamente la presión fiscal con el gasto social.
Entonces tenemos dos caminos; usted puede ser partidario de hacer un gran esfuerzo e
incrementar la presión fiscal, pero eso automáticamente produciría una parálisis muy fuerte en la economía, absolutamente, si lo hace en sociedades -por cierto, si usted coge las cifras de sociedades verá cómo están los beneficios en época de
crisis-, o por supuesto puede hacer una mayor presión en las rentas de trabajo. En todo caso le diré que el criterio para diferenciar una política de otra en materia fiscal ha de ser, más que los ingresos, los gastos, cómo se redistribuyen. En una
economía competitiva, abierta y globalizada, señor Llamazares -a mí me gustaría que no fuera así-, el margen en ingresos es pequeño; el margen de actuación mayor es en la redistribución del gasto, y el margen mayor en que la economía sea muy
productiva, porque si la economía es muy productiva, muy competitiva, nos permitirá tener ingresos con unos tipos fiscales o con otros altos y hacer más política social, que sin duda alguna es lo que deseamos. Señor Llamazares, usted conoce los
datos de la lucha contra el fraude fiscal y me voy a remitir a ellos. Se han producido avances importantes.



No quisiera dejar de hacer referencia a todos los intervinientes. Señor Erkoreka, coincido básicamente en sus aproximaciones, sobre todo en la idea de sostenibilidad (Rumores.), y agradezco sobremanera que en los acuerdos para la
sostenibilidad de muchas políticas sociales, que son acuerdos de austeridad, su grupo esté participando y por supuesto de manera especial tenemos interés en que eso se concrete en la reforma de la Ley de pensiones, en la reforma de las políticas
activas de empleo, donde sabemos que desde posiciones como las que ustedes defienden desde el punto de vista de su concepción del Estado tienen que hacer también esfuerzos de aproximación importantes.



Señor Jorquera, creo haberlo demostrado y le hago el mismo relato.
Educación: derechos, prestaciones; sanidad: derechos, prestaciones; pensiones: derechos, prestaciones; desempleo: derechos, prestaciones; natalidad: ayuda a la
paternidad, si hay más derechos, más prestaciones; vivienda: si hay más derechos, más prestaciones; salario mínimo: si hay o no. (Rumores.) Es difícil, con esos datos, decir que ha habido un retroceso, porque ha habido avances en todas las
políticas sociales, y afortunadamente estamos pudiendo mantener lo esencial a pesar de la crisis. Es verdad, se me puede criticar -no ha quedado más remedio- haber anulado el cheque bebé; me lo ha criticado también el señor Rajoy, pero también me
lo criticaron cuando lo puse. (Risas.) O sea, aquí, hagas lo que hagas, pongas el cheque bebé o quites el cheque bebé, te lo critican.
Incluso lo critican aquellos que nunca dieron ninguna ayuda a la familia ni a la natalidad. (Aplausos.)
Nosotros sí lo hemos hecho, y mejoramos el permiso de maternidad y paternidad. (Aplausos.) Así se escribe la historia; avances en todo.



Señor Salvador, yo agradezco su colaboración habitual, aunque es verdad que a veces en sus intervenciones hace algunas afirmaciones... En fin, eso de que este país no es políticamente viable... Es muy viable, sobre todo cuando lo han
dejado vivir en libertad y tener democracia, instituciones, comunidades autónomas. Claro que es viable, muy viable; ha hecho 30 años de recorrido


Página 33


brillante, y solo los países que tienen poca conciencia de sus logros son los que no logran avances superiores, pero la mayoría de los españoles saben lo que han conseguido. Oiga, y ya que está la época de desafección que se dice, de cómo
se habla de un partido o de otro -la señora Oramas también ha ido por esa línea; el PP no sé qué, el PSOE...-, ahora tenemos una crisis y es normal que se haya incrementado la inquietud, la preocupación y la desafección, pero los partidos son lo
que son hace más o menos 30 años y esto lo hemos conseguido entre todos, con estos partidos y con estos representantes políticos, a los que habitualmente con tanto furor tenemos la tentación de criticar duramente. No puedo asumir esa parte de su
intervención, no puedo. Creo que es fruto de la tentación por la coyuntura, la tentación de decir aquello que puede ser más fácilmente escuchable por una parte de la opinión pública, pero no es, en mi opinión, la actitud de quien tiene la
responsabilidad política de un partido serio como es el suyo, que tiene que mirar un poco más allá y contribuir con las palabras a reforzar esa confianza, a reforzar esta institucionalidad y a reforzar la viabilidad política y, por supuesto, del
Estado del bienestar, que es para lo que estábamos aquí hoy.



Señor Ridao, creo que son notorias las discrepancias. Ha hablado de la credibilidad y de la coherencia. Alguna vez se lo he dicho, usted es muy dado a hablar de los demás en un tono que, a veces, cuando le escucho desde el banco azul, me
sorprende por la seguridad que transmite de todo y por cómo juzga a los demás. Yo, como tengo otra concepción -quizá sea por lo del talante-, le puedo asegurar que no le voy a juzgar a usted ni en credibilidad ni en coherencia, así como tampoco a
su formación política, a la que respeto porque se sitúa a la izquierda. A usted también le respeto, porque no voy a contribuir a esa facilidad -no debía haberlo hecho, pero he intentado refutar al señor Salvador- de pongámosle a todo un poco más de
desprestigio. No voy a contribuir a eso y le expreso mi respeto.



Creo que he contestado al señor Duran en lo que afecta a la dependencia y al gasto autonómico. Por supuesto, señor Ridao, le diré que, en lo que afecta al sistema financiero, no es una política antisocial. Para mantener la obra social
tenemos que tener cajas que funcionen y no entren en quiebra. Si no hay cajas que funcionen, no hay obra social. Si no hay beneficios en las cajas, no hay obra social. Es así. Pasa igual que con los presupuestos del Estado; si hay pocos
ingresos no se puede hacer gasto social. Afortunadamente las cajas han cumplido una misión muy importante en términos históricos, van a mantener una función importante y espero que mejoren en sus posiciones y consigan capitalizarse.



Señor Duran, más allá de las puntualizaciones que le he hecho sobre la dependencia y la vivienda, que me parecieron un poco chocantes sobre la renta de emancipación, le diré que me congratulo de la valoración que hace del acuerdo económico y
social por la importancia que tiene no solo en el sistema de pensiones, sino en las políticas activas de empleo y por que estén los empresarios. Por cierto, señor Salvador, no he visto la creación de ningún grupo a favor de la competitividad de
grandes empresas que se sitúan enfrente de los partidos, al revés, es un objetivo compartido para realizar por aquellos que más prestigio tienen, que son las empresas con resultados y posición internacional más favorable, una ayuda a lo que
podríamos denominar diplomacia económica a favor de España, a favor de la confianza en España, a favor de nuestros activos y no solo para poner encima de la mesa nuestros pasivos. Va a haber una reordenación en las políticas de gasto de las
políticas activas de empleo -lo digo porque planteaba cómo se va a financiar la formación de itinerarios- y por supuesto estamos instando a que el acuerdo sobre la negociación colectiva llegue cuanto antes porque es fundamental.
Sostenibilidad de
la sanidad. He recordado que ha habido ya unos acuerdos, afortunadamente, entre todas las comunidades autónomas y el Gobierno del Estado. ¿Son definitivos? No. ¿Tendrá que haber más acuerdos para garantizar la sostenibilidad de la sanidad? Sí.
¿Indirectamente me pregunta usted por el copago? Le digo, no; copago, no. ¿Debe haber otras medidas alternativas para racionalizar el gasto de la sanidad? Sí.
¿Trabajamos en ellas? Sí. ¿Trabajamos con las comunidades autónomas? Sí.

¿Podremos tener resultados a medio plazo? Espero que sí, porque hay conciencia plena sobre esta materia en todas las comunidades autónomas.



Señora Oramas, quería hacerle una consideración. No conozco las palabras del portavoz del Partido Socialista en Canarias y como no las conozco, no las voy a valorar. De entrada, las respeto, y seguro que tienen algún argumento. Junto a
eso le diré que la lógica política en cada Parlamento es la que el es, y el Partido Socialista en Canarias es un partido de oposición, por tanto, parece natural que a ustedes les critiquen, porque es un partido de oposición. Yo estoy agradecido por
la colaboración de Coalición Canaria, lo digo aquí públicamente y lo digo en Canarias si hace falta; ha tenido sentido de la responsabilidad en momentos muy difíciles y estoy agradecido, y además el Gobierno ha procurado siempre colaborar con el
Gobierno de Canarias poniendo un plan estratégico para Canarias, siendo conscientes de que es de las comunidades autónomas que más ha sufrido por el desempleo, pero, señora Oramas, el Partido Socialista está en la oposición en Canarias. No voy a
recordar por qué está en la oposición, pero lo está, y es normal que estando en la oposición, critique. Fíjese usted en lo que hacen los partidos en la oposición, cómo dan duro al Gobierno. Por tanto, no le daría más valor que eso. Le insto a que
sosiegue el análisis sobre el relato. Es verdad que hemos tenido que tomar decisiones difíciles y que ustedes las han comprendido y apoyado, pero no es por un cambio de posición ideológica, es por un cambio de circunstancia, hecho que me parece
absolutamente entendible. Las circunstancias cambian. ¿Va ir mejor el turismo en Canarias en los próximos meses? Sí. ¿Mucho mejor? Sí. Es por una circunstancia, ¿verdad? Sabemos


Página 34


por qué es. Podría decir ahora que está funcionando ya la política de empleo del Gobierno para Canarias, puedo decirlo, pero todos sabemos que es por lo que está pasando en los países del Mediterráneo, que es lo que nos va a dar un
incremento notable del turismo. Las cosas se pueden mirar desde distintos puntos de vista. En cualquier caso, le agradezco su actitud, la de su grupo, la del presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, Paulino Rivero, que ha estado siempre
abierto al diálogo y a la colaboración. Lo que no me puede pedir, porque yo entiendo a mis compañeros en Canarias, es que en su labor de oposición no critiquen al presidente de Canarias. A lo mejor les gustaría más que me criticaran a mí, pero el
cupo de críticas al Gobierno y al presidente ya es bastante amplio, por tanto, no pida a mis compañeros de Canarias que también se integren en esa lista de voluntarios.



En definitiva, señorías, desearía que en este debate se tuvieran en cuenta aquellos aspectos que tienen que ver más con el futuro que con la crítica a unos o a otros o con la comparación de gobiernos de unos y de otros, los que son de verdad
relevantes en el futuro, como son: envejecimiento, que va a tener un gran debate con la reforma de las pensiones; y empleabilidad, formación y educación para los jóvenes y en buena medida también para un amplio volumen de ciudadanos. Me gustaría
que hubiera la capacidad en los ámbitos parlamentarios adecuados para tener una actuación permanente de evaluación, de respuesta a los problemas de envejecimiento, del cambio demográfico y a los problemas de necesidad de empleabilidad y de educación
de la sociedad. Ese es el objetivo fundamental, los dos temas básicos para el Gobierno.



El Gobierno ha querido hacer por primera vez un debate de política social a fondo en esta Cámara. Es el primer Gobierno que lo ha hecho. Imagino que eso querrá decir algo de nuestra sensibilidad con las políticas sociales y con la defensa
del Estado del bienestar. Algo querrá decir.
Aunque quede mucho por hacer y nos hubiera gustado hacer más en esta legislatura en política social, lo hecho, hecho está. Es indudable y plenamente coherente con el proyecto que representa el Partido
Socialista Obrero Español.



Muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista, puestos en pie.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.



Tiene la palabra don Mariano Rajoy.



El señor RAJOY BREY: Señor presidente, señoras y señores diputados, a través de los medios de comunicación hemos conocido que cinco miembros del Ejército español han fallecido esta mañana en Hoyo de Manzanares. En nombre de mi grupo y de
quien quiera sumarse, quiero manifestar nuestro sentimiento, nuestro pesar a sus familias y nuestra solidaridad con todos los miembros de las Fuerzas Armadas españolas. (Aplausos.)


Señor presidente del Gobierno, por mucho que grite no va a tener más razón ni va a maquillar los números rojos de su gestión. Usted me ha acusado a mí de falta de análisis y de manipulación. De falta de análisis hablando del desempleo en
España, de la crisis de la construcción y del boom inmobiliario. Voy a recordar lo que dijo usted unos días antes de las últimas elecciones generales celebradas en España en el año 2008. Dijo usted: Un país que crece demográficamente como es
España básicamente por la inmigración, que ha crecido y que crea empleo va a seguir construyendo viviendas. Es uno de los síntomas. Estados Unidos se caracteriza por estar siempre en crecimiento y en crecimiento de la vivienda. Vamos a seguir
creciendo en el sector de la construcción. (Aplausos.) Fue el pronóstico del señor Rodríguez Zapatero, que terminaba su intervención diciendo que en dos años alcanzaríamos la renta per cápita de Alemania.



Señor presidente del Gobierno, según la EPA, en España hay 4.700.000 personas en el paro. Son los datos oficiales homologados por la Unión Europea. Según el Ministerio de Trabajo hay 3.000.000 que reciben una prestación por desempleo. Se
ponga como se ponga y utilice las estadísticas como las utilice o las haya utilizado en el pasado, hay 1.700.000 españoles que no trabajan y no perciben ninguna prestación, salvo que usted piense que aquellos jóvenes que no han trabajado antes y que
buscan trabajo no son parados. (Aplausos.) Por tanto, manipulación, la suya, señor presidente del Gobierno. (Protestas.)


El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.



El señor RAJOY BREY: Gasto sanitario, señor presidente del Gobierno. En carta dirigida a los militantes socialistas dice que se ha incrementado en su mandato el 50 por ciento. En el Congreso de los Diputados dos meses antes dijo que era
el 40 y un mes después de su intervención en el Congreso dijo que era el 30. Señor presidente del Gobierno, manipulación, la suya. (Rumores.) Quiero recordarle también que en el año 1996 el gasto sanitario en España era de 427 euros por persona y
en el año 2004 de 1.048 euros por persona, más del doble; mientras que en estos años, de 1.048 euros hemos pasado a entre 1.150 y 1.550. Por tanto, un aumento mucho menor en su etapa en materia sanitaria que cuando el Partido Popular gobernaba.
Manipulación, la suya. (Aplausos.)


Señor presidente del Gobierno, lo que no es ninguna manipulación son los datos de desempleo. Cuando llegamos al Gobierno, era el 22 por ciento; cuando nos fuimos, era el 10; y ahora tras su gestión es el doble, el 20 por ciento. Y lo que
no es ninguna manipulación es el dinero que hay que dedicar en España al desempleo, porque cuando nos fuimos del Gobierno eran 10.000 millones de euros y ahora es el triple, fíjese, 30.000


Página 35


millones de euros, y esos 20.000 millones de euros, si se hubiera creado empleo y se hubiera hecho una política económica buena en España, no necesitaríamos utilizarlos para eso, la gente tendría un trabajo y podríamos gastarnos el dinero en
pensiones, en sanidad y en educación.
(Aplausos.)


Señor presidente del Gobierno, vamos a hablar de pensiones. Le voy a contar cómo encontramos, cuando llegamos al Gobierno, el Fondo de reserva de la Seguridad Social: tuvimos que pedir un crédito para pagar la pensión de Navidad en 1996.
(Aplausos.-Protestas.) Así lo encontramos.



Señor presidente del Gobierno, ¿puede usted explicar a la Cámara qué Gobierno estableció por ley que las pensiones subirían como mínimo la subida de los precios y, por tanto, los pensionistas no perderían nunca poder adquisitivo? ¿Qué
Gobierno? Explíqueselo a la Cámara. Señor presidente del Gobierno, ¿puede usted explicar a esta Cámara quién fue el hasta ahora único y, por tanto, el primer presidente de la democracia española que congeló las pensiones de nuestros mayores,
saltándose lo previsto en el Pacto de Toledo? ¿Puede usted explicárselo a esta Cámara, señor presidente del Gobierno? (Aplausos.-Protestas.) Señor presidente, sí, usted ha subido las pensiones mínimas y los demás también subimos las pensiones:
las de viudedad, algunas un 42 por ciento, otras un 78; las de jubilación, algunas un 35 y otras un 38 por ciento. Se presenta usted como el monopolista de lo social y como la persona que da las pensiones, cuando las pensiones son un derecho que
tiene la gente por haber cotizado a la Seguridad Social. (Aplausos.)


Y ahora, señor presidente del Gobierno, le voy a dar el dato más importante, que resume lo que le he querido decir en el día de hoy aquí.
Cuando llegamos al Gobierno, en España había 12.400.000 cotizantes a la Seguridad Social, 12,4
millones; cuando nos fuimos, 16.998.000, es decir, 4.600.000 cotizantes más; cuando usted llegó, había 16.998.000, los que dejamos nosotros, y ahora hay 277.000 cotizantes más. En nuestra época aumentó el número de cotizantes en 4,6 millones y en
la suya en 200.000.
En nuestra época por cada seis cotizantes se incorporó un nuevo pensionista al sistema y ahora por cada cotizante se incorporan tres. Por eso, señor presidente del Gobierno, usted, que ha hablado del Fondo de reserva de la
Seguridad Social, ha tenido que utilizar este año, el pasado 2010, los intereses del Fondo de reserva de la Seguridad Social.
Yo espero que no nos vuelva a ocurrir lo que nos ocurrió en el año 1996 cuando nos dejaron las pensiones como nos las
dejaron.



Señor presidente, sin una buena política económica que genere inversión y, por tanto, empleo, todo lo demás son bellas palabras y las bellas palabras conducen a los recortes, que es lo que le ha ocurrido a usted.
Usted la primera parte de
su mandato vivió de la herencia y de la inercia, tiró de chequera; ahora, como consecuencia de su política, estamos como estamos y ha hecho los mayores recortes sociales en la historia de la democracia española. Esa es la verdad.
(Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Ah, ah!) Señor presidente del Gobierno, téngalo claro, porque es capital: quien no sabe gestionar la economía, por muy buenas intenciones que tenga, jamás podrá hacer una buena política social. (El señor
Villarrubia Mediavilla: ¡Qué vergüenza!-Un señor diputado: ¡Qué barato!-Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular puestos en pie.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rajoy.



Señor Duran, tiene la palabra. (Rumores.)


Silencio, por favor. Si van a abandonar el salón, les ruego lo hagan más rápidamente.



El señor DURAN I LLEIDA: Gracias, señor presidente.



Quiero expresar también por parte del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) nuestro sentimiento de adhesión a las Fuerzas Armadas por el fallecimiento de cinco de sus miembros -no lo conocía en la primera intervención sino
después- y especialmente a los familiares de las víctimas.



Señor presidente del Gobierno, en mi intervención olvidé algo que tenía interés en remarcar. Estoy muy de acuerdo en la racionalización de los horarios y en ese sentido creo que el Gobierno incluso debería intentar incorporar en el marco
del acuerdo o diálogo social esa cuestión.
Permítame una broma: puestos a racionalizar horarios, intentemos también en el Parlamento racionalizarlos al máximo para que los debates puedan ser más ágiles.



Me parece muy edificante que discutan sobre porcentaje de becas entre usted y el principal partido de la oposición, pero explique usted a muchas familias catalanas por qué en muchas comunidades autónomas es el 20 por ciento de los
estudiantes los que tienen el acceso a becas y en Cataluña solo el 10 por ciento. Queda muy bien hablar de porcentajes pero sepa la realidad de Cataluña respecto a esta cuestión.



En cuanto a familia, yo no he pretendido comparar, señor presidente, las políticas de familia de su Gobierno con las del Partido Popular. En cualquier caso, lo que hago es compararlas con Europa. Con Europa, en torno a una tercera parte de
la media de la Unión Europea, inversión en política familiar en España. En torno a una quinta parte en el caso de países como Austria, Finlandia, Suecia o Alemania y aproximadamente una sexta parte de lo que se invierte en Dinamarca o en
Luxemburgo. Y cuando usted habla del permiso de maternidad o de la ampliación del permiso de maternidad y de paternidad, señor presidente, no es mérito del Gobierno; es iniciativa de Convergència i Unió. Por supuesto que ha contado con los votos
del grupo que apoya al Gobierno, pero en cualquier caso reconozca que nosotros siempre hemos estado detrás de iniciativas a favor de la familia. Por cierto, hay una proposición de ley tomada en consideración


Página 36


hace más de dos años para universalizar las ayudas a la familia por hijo a cargo en la Seguridad Social que está durmiendo en el limbo y no precisamente por responsabilidad de mi grupo.



En cuanto a la dependencia, el modelo está votado por la Cámara, es cierto, no con el voto de Convergència i Unió y le explicaré el porqué porque tiene mucho que ver con lo que hemos discutido. En primer lugar, señor presidente, ¿puede
citarme usted qué artículo de la Ley de Dependencia habla de lo que usted dijo, que la financiación es 33-33-33 entre Gobierno, ayuntamientos y comunidades autónomas? ¿Qué artículo de la ley dice eso? No, señor presidente. Léase usted el artículo
32 donde habla de financiación y verá que lo que se dice es que las comunidades autónomas deberán poner como mínimo lo equivalente a lo que pone el Estado. (El señor presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, pronuncia palabras que no se
perciben.) Sí, pero no 33-33-33. Ustedes ponen un euro, las comunidades autónomas tienen que poner como mínimo otro euro.
Lo que ocurre en realidad es que el servicio cuesta más del euro que ponen ustedes más el que ponen las comunidades
autónomas. Ergo, lo que pasa en la realidad es que son las comunidades autónomas las que asumen, no el Estado, el coste real de los servicios.



Por otra parte, señor presidente, no manipulemos las estadísticas. Años del Gobierno tripartito: en el año 2010 la Generalitat ha puesto 622 millones de euros, el Estado 335; en el año 2009, 545 la Generalitat, 322 el Estado; en 2008,
241 la Generalitat, 126 el Estado. Estas son también estadísticas. En cualquier caso, lo que yo le he propuesto es otra cosa distinta. Hagamos una cosa. Intentemos, como le propuse en mi intervención inicial, racionalizar e intentar garantizar
que la Ley de Dependencia sea sostenible porque la Ley de Dependencia que ustedes inicialmente presentaron como una ley de izquierdas -que después cuando erróneamente a mi juicio se sumó el Partido Popular ya no pudieron presentar como una ley de
izquierdas- es un gran fracaso porque en el fondo no se trata de si la Generalitat o el resto de las comunidades autónomas ponen un euro y el Estado pone otro; es que el modelo de financiación previsto en la Ley de Dependencia no es sostenible. Y
así lo sostuvimos ya en el debate parlamentario. Por eso no votamos a favor de esa ley, no porque no creyéramos en la necesidad de garantizar los derechos de la dependencia. Por tanto, hagamos caso de un estudio que ya está en esta Cámara en el
que se nos pide que, por favor, intentemos racionalizar y hacer sostenible la Ley de Dependencia. Eso es a lo que deberíamos dedicarnos, señor presidente.



En relación con los autónomos, es cierto que hay un nuevo derecho pero hasta hoy ningún autónomo ha cobrado esa prestación. No lo hará hasta el mes de agosto, por una sencilla razón, señor presidente, porque se requieren doce meses de
cotización. ¿Sabe por qué se requieren doce meses de cotización y no será hasta agosto? Porque ustedes no hicieron caso antes a Convergència i Unió. De habernos hecho caso antes, señor presidente -sí, señor presidente, haber hecho caso antes a
Convergència i Unió, tanto en lo que hace referencia al Estatuto del trabajo autónomo como después al desplegamiento que le he requerido muchas veces en pregunta parlamentaria-, ya podrían cobrarla en estos momentos. Ahora no pueden cobrarla porque
han hecho tarde sus deberes.



En materia de vivienda una sola cosa, señor presidente. Pregunte a las entidades del tercer sector que hacen vivienda social si en este momento están haciendo vivienda social. Le anticipo la respuesta: No, porque ustedes han retirado las
ayudas.



En último lugar, usted ha hecho referencia a sanidad. No quisiera que quedara de ninguna manera la más mínima sombra sobre que yo he propuesto el copago. Usted lo ha matizado pero yo quiero remarcarlo. Sin embargo, esta misma semana en la
Comisión de Sanidad ha habido una iniciativa del señor Llamazares -por cierto- para que la Cámara se pronunciase en contra del copago y Convergència i Unió presentó una enmienda para que intentáramos de una vez por todas racionalizar el sistema y
hacerlo sostenible.



Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Duran.



Por Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Ridao.



El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente.



Señor presidente, señorías, señor presidente del Gobierno, es urgente que nos pongamos de acuerdo al menos en una cosa: en designar una autoridad única en materia de cifras, letras y estadísticas en esta Cámara. En todo caso, todo lo que
estamos discutiendo hoy se resume en un dato. Son indiscutibles los avances -como usted decía- sobre todo si se comparan con la derecha o con diez años atrás. España hoy en cuanto a gasto público social, entendido tanto como transferencias
públicas como pensiones y servicios públicos de educación, sanidad y servicios sociales, está a la cola de Europa, el 70 por ciento de la media de la Unión Europea a Quince. Más allá del dato, señor presidente, lo relevante es, ¿somos tan pobres en
estos momentos como para no converger socialmente con Europa? Pues no, porque ya tenemos un nivel de desarrollo social y económico, el 93 por ciento del promedio de la renta europea, como para haber avanzado muchísimo más en estos últimos años.



Segundo dato, usted ha estado otra vez erre que erre con los ingresos y la fiscalidad. Siempre insiste en que no hay margen por la vía de los ingresos. Mire, entre 2009 y 2010, con su política fiscal, con datos de la OCDE sobre valor cien,
el beneficio de los empresarios ha pasado de un 80 a un 140 y la masa salarial -las clases populares y trabajadores- ha pasado de 127 a 118, es


Página 37


decir, ha ido hacia atrás. En estos últimos años, a pesar de todo y con su política fiscal que primero ejecutó el PP y luego usted acabó rematando, el índice de polarización social se ha ido incrementando. Somos uno de los países con
mayores desigualdades. La renta del capital ha subido con su política fiscal y las rentas del trabajo han bajado, es decir, el 10 por ciento de las familias concentran el 58 por ciento de toda la riqueza y el uno por ciento el 18 por ciento. Es
una situación de la que nadie puede estar satisfecho. Su política fiscal no ha servido para corregir con mayor justicia redistributiva esta situación, porque las rentas del trabajo y del ahorro están pagando más y las rentas del capital menos.
Por
tanto, no me diga, señor Rodríguez Zapatero, que no hay margen a través de la política fiscal.



Tercer dato, dependencia. Creo -y no se enfade- que ahí lleva usted los papeles francamente mojados en relación con Catalunya. Según datos de 2010, la Generalitat de Catalunya está pagando el 68 por ciento de lo que cuesta la aplicación de
la ley, ustedes escasamente el 32 por ciento y nada la Administración local. Por cierto, no sé desde dónde le han informado usted. Este es un importantísimo derecho subjetivo. Nosotros contribuimos a aprobar a esta ley votando a favor, a
diferencia de otros grupos que la han criticado, pero lo que no es de recibo es que usted nos endose esta ley, es decir, venga aquí hoy y exhiba como triunfo esta ley y luego la estemos pagando el resto.



Empleo. Claro que usted pone mucho el acento en la protección por desempleo, pero no hay nada más antisocial que los datos de empleo, y el paro, después de su reforma laboral, es del 20,2 por ciento de la población activa. Y antes y
después de la reforma laboral tenemos todavía el mayor porcentaje de precariedad y de temporalidad; el salario medio es de 21.500 euros, la mitad que en Alemania y el 63 por ciento de los trabajadores son mileuristas. Por tanto, no venga a hacer
usted un ejercicio también de optimismo en relación con esta cuestión. Finalmente, pensiones. Ustedes han roto las reglas del juego, señor presidente del Gobierno.



El señor PRESIDENTE: Señor Ridao, muchas gracias.



El señor RIDAO I MARTIN: Primero con la congelación y luego con la bajada de la cuantía, y elevando también la edad de jubilación. Ello es totalmente inaceptable.



Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente del Gobierno.



El señor PRESIDENTE: Muy amable, señor Ridao.



Señor Llamazares.



El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.



Como da la impresión de que este es el primer mitin de la próxima campaña electoral y que la cuestión social estará en su debate, tengo que impugnar el relato tanto del presidente del Gobierno como del partido mayoritario de la oposición.
En el caso del partido mayoritario de la oposición, solamente daré un dato: cuando en España se ha divergido con respecto de la Unión Europea en gasto social -es decir, no solamente no nos hemos acercado, sino que nos hemos retrasado con respecto
al gasto social de la Unión Europea- ha sido con el Gobierno del Partido Popular y en el acuerdo previo de Gobierno entre el Partido Socialista y Convergència i Unió. Datos de Eurostat. En relación con la política de este Gobierno, y datos de
Eurostat, a lo largo de estos años ha habido un esfuerzo social -lo he reconocido-, pero un esfuerzo social insuficiente, a tal punto que en estos momentos tenemos la misma diferencia social que teníamos al principio de la primera legislatura del
presidente del Gobierno. Por tanto, un esfuerzo insuficiente en materia de gasto social.
Sin embargo, señor presidente, a usted no le van a juzgar por los esfuerzos insuficientes en materia de gasto social, le van a juzgar por una salida
antisocial y conservadora de la crisis económica. Por eso le van a juzgar. En ese sentido, señor presidente, su reforma laboral consolida un modelo de empleo precario, con aquello del despido objetivo por una razón tan subjetiva como es la
previsión de pérdidas, y su reforma de pensiones, paliada por la acción de los sindicatos, plantea también un recorte en materia de derechos sociales en este país, junto con el recorte del gasto público y otros recortes y retrasos de compromisos,
como por ejemplo, los compromisos de paternidad, el compromiso del salario mínimo interprofesional, etcétera. Señor presidente del Gobierno, por eso le van a juzgar; por eso vamos a juzgar los ciudadanos la política del Gobierno. No por su
sensibilidad social -sensibilidad social insuficiente en los tiempos de vacas gordas-, sino por la cirugía que está haciendo usted en estos momentos, en tiempos de crisis, de conquistas sociales muy importantes que tienen que ver con derechos
laborales, que tienen que ver con derechos sociales o que tienen que ver en materia de pensiones.



Termino. Con respecto a la fiscalidad, señor presidente del Gobierno, yo impugno desde la tradición socialdemócrata -no desde la mía, desde la socialdemócrata-, lo que usted acaba de decir de que la redistribución -y lo ha dicho muchas
veces su vicepresidenta del Gobierno- solo se produce en el gasto. Si la redistribución solo se produce en el gasto, está justificado que saquen ustedes el dinero de los impuestos a los asalariados y a los consumidores; pero si la redistribución
se produce también en los ingresos, los presupuestos -y lo dice así nuestra Constitución- tienen que establecerse sobre impuestos progresivos donde el que más tenga, más pague. Y eso no pasa en este país, donde los impuestos son injustos.



Página 38


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.



Señor presidente del Gobierno.



El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchísimas gracias, señor presidente.



Señorías, yo creo que después de escuchar el turno de las personas que han ejercido el derecho de réplica, podemos establecer dos conclusiones. La primera de ellas es que de manera implícita o explícita, con matices o con lagunas notables a
la hora de contrarreplicar, todos los grupos políticos han reconocido los avances en política social en estos años.
Porque los argumentos de la mejora en educación -derechos/prestaciones-, la mejora en sanidad -derechos/prestaciones-, la mejora en
pensiones -derechos/prestaciones-, la mejora en vivienda -en derechos y en prestaciones-, la mejora en políticas de ayuda a la natalidad -derechos/prestaciones- y la mejora en dependencia -de la nada a un sistema, con las dificultades y problemas-,
son incuestionables. Por tanto hemos extraído ya una conclusión relevante.



Segunda conclusión, que es la que me preocupa, porque todo debate y toda acción política debe tener como misión ante todo que sea una iniciativa hacia el futuro, es que debemos profundizar mucho más en el debate sobre el reto del
envejecimiento demográfico y en el debate sobre la empleabilidad, sobre la educación y sobre la formación. Más que arrojarnos Pisa unos a otros, porque es de todos y no es tan malo como se dice, veamos si vamos en la dirección correcta para
afrontar los grandes retos educativos que tiene este país que afortunadamente no se parece en su nivel a algunas de las comparaciones que hemos oído hoy. Y esa segunda parte, esa necesidad de profundizar en el análisis, debe ser fruto en mi opinión
de más debates. En el debate de pensiones vamos a tener una gran oportunidad.



Alguna puntualización concreta al señor Rajoy. Bueno, señor Rajoy, es verdad que en una tribuna cabe todo, pero, ¡hombre!, yo creo que usted, que suele ser una persona que invoca tanto el sentido común y la sensatez, no puede defender con
mucha confianza interior y con mucha credibilidad que porque el Gobierno utilice la cobertura de protección por desempleo, que está establecida, que se ha utilizado siempre, y demos la cifra de llegar al 80 por ciento, estemos intentando manipular
algo.
No, quien está intentando presentar otra realidad de cobertura de desempleo, y eso es manipular, es quien dice que no vale el criterio que se ha seguido siempre y es el que está vigente y que ahora el criterio tiene que ser los datos de la
EPA de parados. Pues no es serio, señor Rajoy. (Aplausos.) No es serio, sencillamente no es serio. Claro, es verdad que sobre becas no ha dicho nada, pero fue uno de los datos que esgrimió aquí para decir que venía a hacer propaganda y poner
cifras inexactas. Porque los datos que he ofrecido en la réplica han sido contundentes e inequívocos: sí, este ha sido el Gobierno que más esfuerzo ha hecho por mejorar las becas, la cuantía y los derechos de la igualdad de oportunidades más
potente que hay en una democracia, que es la educación (Un señor diputado: ¡Muy bien!) y que llegue al mayor número posible de familias independientemente de su renta. Ha sido este Gobierno y esa es una de las cosas de las que más orgulloso se
siente nuestro proyecto político. Por eso usted no ha podido replicar, porque la verdad es la verdad de las cifras.



En la sanidad, bueno, no vuelvo al juego del 30, el 40 o el 50. Se lo he explicado: el 30 al 2008, el 40 al 2009-2010, y en la previsión el 50 va a ser el 2011, el presupuesto de aumento del gasto sanitario. En efecto no llegaba a mil
euros de gasto sanitario por habitante en 2004 y ahora estamos en 1.500 euros de gasto sanitario por habitante. Eso es lo que he puesto encima de la mesa, que es un gran avance y que por tanto la prestación sanitaria, pilar del Estado del
bienestar, ha mejorado. Para añadir a continuación: tenemos que hacer sostenible el gasto sanitario.
Hemos tomado medidas, tendremos que tomar aún más, no el copago, pero habrá que tomar nuevas medidas entre las comunidades autónomas. Esa es la
realidad.



Luego el señor Rajoy ha vuelto a invocar que en el año 1996 se encontraron...Yo nunca le he contestado a esto porque era del año 1996, pero hoy se lo voy a contestar, con detalle además. Claro, cuando he puesto el gráfico de la hucha de la
Seguridad Social, es tan contundente el incremento del 200 por ciento de la hucha de la Seguridad Social hasta los 60.000 millones de Fondo de reserva de la Seguridad Social, que ha tenido que recurrir nuevamente al año 1996 para decir que cuando
llegaron al Gobierno se encontraron con que no podían pagar las pensiones. Más o menos. Proclamo, yo no estaba en el Gobierno pero tengo los datos, el señor Solbes se lo contestaría con, supongo, la autoridad que usted siempre le ha reconocido, y
le voy a decir lo que pasó en el año 1996. En el año 1996 no había ningún problema para pagar las pensiones, ningún problema en la relación entre compromisos de pago de pensiones y volumen de ingresos por cotizantes, el problema fue otro muy
distinto. Como saben, en el año 1996 los presupuestos se devolvieron por la Cámara al Gobierno -el señor Duran se acordará bien-, se prorrogó el presupuesto del año 1995 y se aprobó un real decreto-ley en 1995 sobre medidas urgentes en materia
presupuestaria para permitir la soluciones presupuestarias que podrían surgir con la prórroga. (El señor Villarrubia Mediavilla: ¡Escucha, Mariano!) En concreto, ese real decreto-ley alternativo a la prórroga de los presupuestos estableció durante
1996 las modificaciones presupuestarias necesarias para incrementar la participación del presupuesto del Estado en la financiación de la sanidad pública. (Una señora diputada: ¡Escucha!) A finales de 1996 el PP no realizó las modificaciones
presupuestarias que habrían permitido aumentar el presupuesto de la Seguridad Social, que en aquel entonces financiaba la sanidad, como es conocido. Por ello, lo que se produjo fue un simple desfase transitorio de tesorería a final de


Página 39


año, que se resolvió con un crédito obtenido de la banca privada y se canceló a principios del año siguiente por un importe de 511 millones de euros. (La señora Álvarez-Arenas Cisneros: Las cuentas.) Las cuentas, escuchen, escuchen.



El señor PRESIDENTE: Señora Álvarez, por favor.



El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Las cuentas de las prestaciones de la Seguridad Social en 1996, señor Rajoy escuche, no tenían déficit. Los derechos reconocidos por cotizaciones sociales ascendieron en el año 1996 a
54.694 millones de euros y los gastos por prestaciones contributivas de ese mismo año supusieron 54.519 millones de euros; por tanto había en la Seguridad Social un superávit de 175 millones de euros en el ejercicio del año 1996, señor Rajoy. Esto
es la realidad, y por tanto abandone ya esa letanía que cada poco utiliza.
(Aplausos.) Abandone ya esa letanía que cada poco utiliza de que en el año 1996 la Seguridad Social no tenía para pagar las pensiones. (El señor Cuesta Martínez: Es un
mentiroso colosal.) El déficit de 1.890 millones de euros registrados en la Seguridad Social se debía a que el Estado no había hecho la transferencia de ingresos para financiar la sanidad, no a que no hubiera volumen de cotizantes y de cotización
suficientes para pagar las pensiones. Esto es otra trampa, esto es otra manipulación. (Una señora diputada: ¡Muy bien!-Aplausos.) Esto no es serio viniendo de un partido que ha gobernado y que pretende gobernar. Pero es que hay más para que vean
hasta qué punto llega la manipulación y por eso he querido dedicarle un minuto a esto.



Para hacer frente a los déficits anuales ocasionados no por las prestaciones contributivas sino por no tener para financiar la sanidad vía presupuestos del Estado, la Seguridad Social recibió préstamos en los años 1996, 1997 y 1998. En 1997
y 1998 gobernaba el PP. La Seguridad Social en esos años sí registró déficit, en 1.055 y 1.520 millones de euros, y el Estado le concedió préstamos por importe de 3.039 millones de euros y 2.859 millones de euros respectivamente, que no había
podido hacer en 1996 por la prórroga de los presupuestos. Por tanto, y según su propia tesis -a no ser que su tesis y su criterio para medir la financiación de la Seguridad Social y para medir las cuentas de la cobertura del desempleo sea distinta
cuando gobierna el PP o cuando gobierna el PSOE, que es lo único que cabe entender de su discurso-, según la tesis del señor Rajoy, en los años 1997 y 1998, gobernando el PP, la Seguridad Social habría estado más que quebrada porque el crédito que
necesitó pedir el PP fue mayor que el de 1996, en concreto 2.670 millones. ((Una señora diputada: ¡Ahí, ahí, ahí.-Aplausos.) Si usted se aplica a sí mismo el criterio que ha intentado aplicar aquí en esta ocasión y que en otras ocasiones ha
aplicado.



Pronóstico: volverá el señor Rajoy a decir que en el año 1996 no tenían dinero para pagar las pensiones de la Seguridad Social, lo volverá a decir. Lo volverá a decir, ¿saben por qué? (El señor Villarrubia Mediavilla: Ni en el 98. Y es
porque miente.-Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Perdón, señor presidente.



Señor Villarrubia, le ruego tenga la bondad -ya que sabe que a lo largo de todo el Pleno le hecho algún gesto- de reducir el volumen de sus intervenciones.



Señor presidente.



El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Digo que lo volverá a decir -a no ser que nos dé una sorpresa que para mí sería muy agradable y además comportaría mi reconocimiento automático-, porque le cuesta decir alguna vez:
pues sí, puede usted tener razón, me equivoqué.
(Rumores.-La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Yo he reconocido muchos errores aquí y estoy dispuesto a reconocerlos; siempre y cuando una cifra es la que es -ahora
voy a decir algo sobre la dependencia en Cataluña- no tengo ningún problema, pero esto que acabo de explicar es tan claro que no era un problema de falta de recursos de las cotizaciones de Seguridad Social sino que el Estado no estaba financiando lo
que necesitaba la sanidad. Volver a repetir una y otra vez esto... (La señora Álvarez-Arenas Cisneros pronuncia palabras que no se perciben.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Álvarez-Arenas, por favor.



El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Volver a repetir esto me parece sencillamente un absurdo; aparte de lo que denota en sí mismo, me parece sencillamente un absurdo muy notable.



En definitiva, señor Rajoy, creo que más allá del debate del empleo, del debate de la burbuja, nuestro país claro que en condiciones normales tendría la capacidad -y la recuperará- de seguir construyendo viviendas; de hecho no ha parado de
construirlas, señor Rajoy. Es verdad que hemos pasado de construir 600.000, 700.000 a 100.000 el año pasado, por recordar ese párrafo que ha citado de mi intervención en campaña electoral. Es evidente que la crisis financiera y el parón del
crédito -prácticamente el frenazo, la yugulación del crédito- ha impedido -porque demanda de hogares hay por la evolución demográfica- que siguiéramos al mismo ritmo de construcción de viviendas, lo que por otro lado es positivo y deseábamos
moderar, aunque no a los niveles a los que ha caído, que son ciertamente muy negativos para la tasa de actividad y para el desempleo. En fin, creo que he tenido la objetividad de ponerlo encima de la mesa. A la burbuja inmobiliaria hemos
contribuido todos, todos; cuando digo todos digo todas las administraciones, todos los sectores sociales y los gobiernos; todos hemos contribuido a la burbuja inmobiliaria: intereses a tipos bajísimos, grandes plusvalías recalificando el suelo,
empleo, demanda de vivienda;


Página 40


el 40 por ciento de la inversión empresarial en este país se dedicó durante dos o tres años -el 40 por ciento- al sector inmobiliario porque daba una rentabilidad muy alta en muy poco tiempo, pero era muy poco productivo. Todos hemos
contribuido, y cuando digo todos digo toda la sociedad. Esto no es fácil decirlo, y menos para un presidente del Gobierno, pero hay que decirlo si queremos aprender la lección. Todos contribuimos. La máxima responsabilidad es de los gobiernos,
pero del suyo y del nuestro, porque la burbuja empezó cuando empezó. Ya termino, señor Rajoy, porque veo que mira el reloj con inquietud. (Rumores.)


Creo que al señor Duran le he contestado. No discuto sus cifras de dependencia. He dado las cifras de la aportación del Estado, y coinciden, las del Estado; las de la Generalitat no las voy a poner en cuestión -y menos las del tripartito,
claro-, pero lo que digo es que el 33-33-33 es así; hombre, 33-33 de las administraciones públicas es 50-50. Podemos estar de acuerdo: 33-33-33 supone 50-50 de Gobierno y de comunidades autónomas, si es lo que quiere decir, pero eso es lo que
está. No dejaré de reconocer que el modelo necesita esfuerzos para su sostenibilidad. Hay comunidades autónomas que están poniendo menos que el Estado, bastante menos, y por tanto tenemos que hacer una reflexión. Más allá de los aspectos
concretos, le recordaré dos cosas, señor Duran: la primera, que el nuevo modelo de financiación incorpora la variable dependencia, por tanto el Estado... (Rumores.) A usted se le ha olvidado, pero es así; se le ha olvidado o no lo dijo. No, no,
es así y está en los acuerdos de financiación; el señor Ridao lo sabe bien porque además fue uno de los temas en los que ellos insistieron. Claro, aquí se nos olvida. Obtenemos la financiación por la vía del modelo de financiación para
dependencia y además por la vía de la Ley de Dependencia. Hombre, si yo lo entiendo, pero comprendan que el Gobierno diga que tienen dos vías de financiación reconocidas objetivamente: una en cuantía, como no puede ser de otra manera porque es
incondicionada, por parte de las comunidades autónomas y otra muy determinada a través de la Ley de la Dependencia.



Vamos a esperar, señor Llamazares, señor Ridao, a los resultados de la reforma laboral. Sé que discrepan de ella, pero los resultados solo se podrán ver en el momento en que la economía genere un cierto crecimiento, una cierta actividad que
pueda dar lugar a la creación de empleo.



En definitiva, señorías, he querido traer aquí este debate, primero, para defender el Estado del bienestar, para reafirmar nuestro convencimiento en la protección social y en la cohesión social; segundo, para explicar la evolución y los
avances en todos los campos de lo que es el Estado del bienestar que se han producido en los últimos siete años (mejoras de prestaciones y de derechos); tercero, para asumir que en este periodo hemos tenido que hacer algún recorte y no hemos podido
avanzar; y, cuarto, para reafirmar el compromiso de la fuerza política que represento, conseguir seguir avanzando en el Estado del bienestar. Deseo expresar mi agradecimiento a todos. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)


Señor presidente, si me permite, deseo, como hacían el señor Rajoy y otros grupos, una vez que tengo confirmados los datos, expresar en nombre del Gobierno nuestra condolencia, nuestro dolor por el fallecimiento de cinco soldados que estaban
realizando su trabajo y hacer llegar a sus familias nuestra cercanía, nuestra proximidad, reiterando una vez más el orgullo que sentimos de la profesionalidad, del trabajo y de la misión que cumplen las Fuerzas Armadas de nuestro país.



Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.



CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:


- REAL DECRETO-LEY 1/2011, DE 11 DE FEBRERO, DE MEDIDAS URGENTES PARA PROMOVER LA TRANSICIÓN AL EMPLEO ESTABLE Y LA RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE LAS PERSONAS DESEMPLEADAS. (Número de expediente 130/000038.)


El señor PRESIDENTE: Vamos a examinar la convalidación o derogación del Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas
desempleadas. Solicito a la Cámara que concedan a la Presidencia la autorización para acomodar los tiempos tanto del señor ministro como de los intervinientes a fin de poder levantar la sesión en torno a las 14:30. ¿Se muestran de acuerdo?
(Pausa.) Así lo entiendo.



Señor ministro, tiene la palabra.



El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Gómez Sánchez): Gracias, señor presidente.



Señorías, comparezco ante ustedes para defender la convalidación del Real Decreto-Ley de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas.
Señorías, la principal
prioridad de la acción pública hoy no puede ser otra que la adopción de medidas contundentes, medidas contundentes contra el desempleo y a favor del desempleo. Tras más de dos años de fuerte crisis económica, el número de personas desempleadas en
nuestro país es dolorosamente elevado y presenta además algunos rasgos que acentúan su carácter problemático. Entre ellos destacan principalmente dos: uno, la clara asociación del desempleo con el agotamiento de un modelo productivo basado en un
auge inmobiliario a todas luces excesivo y, dos, la fuerte concentración y la persistencia del desempleo en las personas con baja


Página 41


formación, algo especialmente visible y grave en el caso de nuestros jóvenes. A la superación de esta situación se han dedicado todo un conjunto de medidas imprescindibles en el ámbito de la política fiscal y financiera, medidas que
comienzan ya a dar los frutos requeridos, como muestran los indicadores positivos registrados por la actividad económica en el último trimestre de 2010. Ahora el panorama apunta hacia la definitiva superación de las turbulencias financieras
internacionales que afectaron a toda la unión económica y monetaria y que agravaron la crisis de la economía a lo largo del pasado año con varios episodios singularmente delicados que todos en esta Cámara recordamos bien. Incluso hay algunos datos
más recientes que muestran también signos de recuperación en el terreno del empleo.



Pese a las cifras globalmente negativas, en enero de 2011, treinta y cinco ramas de actividad arrojaron cifras netamente positivas, cifras de crecimiento en el número de afiliados a la Seguridad Social. Estas no son suficientes aún para
determinar un saldo global positivo en la afiliación, pero son una buena muestra de que las cosas están empezando a mejorar. En esas ramas que suponen un 40 por ciento del total del empleo, señorías, la afiliación creció en el último año en más de
160.000 personas, y si no fuera por la continuidad del ajuste en el sector de la construcción ya estaríamos creando empleo neto en términos anuales. En definitiva, es visible ya el dinamismo en actividades productivas que además son a grandes
rasgos las que la ley de economía sostenible señala como prioritarias para conformar un nuevo modelo con capacidad de iniciar un nuevo ciclo de crecimiento económico más sano basado en la sostenibilidad, en la cohesión y en la innovación. En este
nuevo horizonte, señorías, es donde se incardina toda la serie de reformas estructurales de amplio calado que el Gobierno está instrumentando. Esta es una de ellas, pero las reformas comenzaron en junio de 2010, continuaron con la provisión de
1.500 nuevos orientadores en el ámbito de los servicios públicos de empleo en diciembre pasado, con la nueva regulación de las agencias privadas de colocación, con el nuevo reglamento de los expedientes de regulación de empleo, con la reforma del
sistema español de pensiones, con el decreto que hoy les traigo para su convalidación y continuarán también en próximos días con la reforma de las políticas activas y con la reforma de la negociación colectiva.



En este aspecto, el de combate a la crisis, el de evitar que el paro se haga crónico entre los grupos más golpeados por la intensidad y por la naturaleza de la crisis, es en donde se justifica en primer término el recurso a una figura
legislativa como la del decreto-ley, en la medida en que efectivamente respondemos a una situación de extraordinaria y urgente necesidad o más estrictamente lo que la jurisprudencia constitucional denomina una coyuntura económica problemática. A
este carácter perentorio responde, en primer lugar, el plan de choque para el que hoy venimos a solicitar el respaldo de todos los grupos políticos presentes en esta Cámara. Se trata de actuaciones urgentes, capaces de mejorar la empleabilidad de
los desempleados; actuaciones orientadas esencialmente en un doble sentido: por una parte para impulsar que los procesos de búsqueda de empleo y de oportunidades para encontrarlo sean procesos habituales entre los desempleados y que no descuiden
el mantenimiento de la protección por desempleo y, por otra parte, para animar, estimular, facilitar las decisiones de contratación de las empresas en atención a esos signos de buena marcha económica en no pocas actividades productivas a las que me
referí anteriormente. Se trata, señorías, a su vez, de actuaciones muy concentradas en grupos concretos de desempleados para incrementar la eficacia de la política como medio de mejorar su situación, especialmente dedicada, como decía, en esos
grupos: jóvenes, desempleados de larga duración, ingente número de personas afectadas por la crisis del sector de la construcción, en todos los casos incrementando aún más los esfuerzos frente a las situaciones de déficit o de obsolescencia de
cualificaciones, con acciones adecuadas y con acciones intensivas en formación, y en otros casos procurando combinar la intensidad de esas medidas activas con la provisión de algún tipo de soporte de apoyo de rentas cuando así lo requieran las
situaciones de necesidad más probadas.



Los contenidos del plan, señorías, se plasman en cuatro programas; los dos primeros ya son plenamente operativos, y en esencia se dirigen a estos grupos prioritarios para atender el conjunto de fines a los que me acabo de referir. Son los
programas siguientes: en primer lugar, un programa excepcional de empleo para la transición hacia la contratación estable.
Es un programa que tendrá doce meses de vigencia dirigido a las personas jóvenes con menos de 30 años de edad y a los
desempleados de larga duración. Es un programa que contempla importantes reducciones de cotizaciones, hasta del cien por cien, la práctica totalidad de las cotizaciones sociales, cuando la contratación la realizan empresas de menos 250 trabajadores
y del 75 por ciento cuando lo hacen empresas de mayor tamaño. En segundo lugar está un programa de recualificación profesional de quienes ya han agotado sus prestaciones por desempleo.
Será un programa cuya vigencia será de seis meses; se
valorará antes de que finalice este año y contemplará, en el marco de la participación de los desempleados en programas activos, programas de reinserción laboral, una ayuda económica de importe equivalente al 75 por ciento del Iprem, aproximadamente
unos 400 euros mensuales. La estimación inicial de beneficiarios rondaría para este caso las 190.000 personas en el conjunto del programa.



En tercer lugar está un programa de acciones combinadas de orientación y de formación para el empleo. Se trata de un programa dirigido a las personas con más baja formación, las personas mayores de 45 años, las personas paradas de larga
duración, sobre todo procedentes del sector de la construcción y de otros sectores especialmente afectados por la crisis. La previsión es


Página 42


que este programa esté operativo en el plazo de un mes. Por último, y en cuarto lugar, el decreto-ley contempla un programa para la inclusión de un importante porcentaje, entre el 20 y el 40 por ciento de los desempleados, en las acciones
de formación continua que las empresas ya realizan ahora y en cada momento. Los servicios públicos de empleo deben establecer en este caso medidas oportunas para asegurar ese acceso de estas personas desempleadas al conjunto de las acciones
formativas.



Estos son, señorías, rápidamente resumidos los contenidos del plan que, como todos ustedes saben, es fruto también del acuerdo social y económico suscrito el pasado 2 de febrero entre el Gobierno, los interlocutores sociales, los sindicatos
y los empresarios. El Gobierno es consciente de las ventajas de adoptar un tipo de acuerdo de esta naturaleza en el ámbito de la concertación social. Ha sido un esfuerzo importante de diálogo que ha dado como resultado, entre otros, un programa de
esta naturaleza, que no es exactamente el que hubieran preferido las organizaciones sindicales y desde luego no es el que hubieran preferido las organizaciones empresariales. Pero es un programa que puede ser útil; útil para la reactivación de la
contratación laboral en España en un momento especialmente delicado y útil también en la medida en que puede contribuir a hacer que el contrato a tiempo parcial, un contrato que en el mercado de trabajo español no está especialmente bien dotado,
pueda ir acercándose progresivamente a los ratios que en este ámbito predominan en los principales países de la Unión Europea.



El esfuerzo realizado es también muy considerable en el ámbito de la concertación con las comunidades autónomas. Han sido importantes y valiosas sus contribuciones en una actitud que hay que definir de cooperativa. En atención a este tipo
de actitudes, al diálogo con empresarios y sindicatos, a la concertación también con las comunidades autónomas que traslucen claramente en opinión del Gobierno una apuesta firme por el futuro de nuestro empleo, pedimos hoy aquí el voto favorable de
todos los grupos de la Cámara.



Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.



Por el Grupo Mixto, en primer lugar, tiene la palabra doña Rosa Díez.



La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Analizar un real decreto sobre creación de empleo o sobre transición de empleo estable y recualificación profesional de los trabajadores en dos minutos, después de haber escuchado con todo respeto un mitin de dos
horas sobre políticas sociales inexistentes, es verdaderamente en ejercicio imposible. Por respeto a la Cámara casi tendría que bajarme de aquí y marcharme a mi escaño, porque es imposible tomarnos en serio un ejercicio como este. Según ha dicho
el ministro de Trabajo, estamos hablando de un real decreto importantísimo. Por cierto, es el 31 real decreto de la legislatura; una costumbre de este Gobierno, convertir en ordinario lo excepcional. De repente es urgente, cuando tenemos tres
años de crisis continuada que nos ha hecho llegar a 4.700.000 desempleados, ciudadanos en paro. Solamente con la lectura del título del real decreto -vuelvo a repetirlo- se concreta la perversión del lenguaje y particularmente la perversión del
lenguaje político; un real decreto que se llama: de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas. Señor ministro -se lo digo con todo el respeto, pero con toda
claridad, aunque al presidente del Gobierno parezca interesarle menos que digamos lo que pensamos, que calificarnos de listos o tontos, según votemos al Partido Socialista o a otras fuerzas políticas-, esto no es un plan de choque para promover el
empleo, es una manipulación burda del lenguaje. Lo único que se trata de promover con las medidas que ustedes nos anuncian aquí es un tipo de contratación que ya está fracasado y que realmente quiere transitar del empleo temporal a tiempo completo
al empleo temporal a tiempo parcial. Usted nos ofrece modelos, contratos basura sobre basura. Por eso la posición de esta parlamentaria va a ser de voto en contra.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.



Por el Grupo Parlamentario Mixto la señora Oramas tiene la palabra.



La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.



Apoyar o defender la fundamental política para el principal problema de este país en dos minutos es impresentable. Dicho eso, quiero manifestar la opinión de Coalición Canaria sobre este decreto. El Gobierno de Canarias se adelantó un año
al Gobierno de la nación con bonificaciones a determinados colectivos, con la implantación del sistema alemán y sobre todo con la introducción en este decreto del impulso a la contratación a tiempo parcial, que es un tipo de contratación adaptada
perfectamente al sector turístico y de hostelería. Para nosotros es muy positivo en un momento en el que todavía el empresariado no está animado, a pesar de que en Canarias está ahora cubierto el turismo al cien por cien, a raíz de la tragedia y de
los problemas de Oriente Próximo. Puede dar ánimo al empresariado para que, igual que justificaron los ERE y los despidos cuando estaban los hoteles al 50 por ciento, ahora que están al cien por cien hagan esa contratación a tiempo parcial.



Termino, señor ministro, diciéndole que no estamos de acuerdo en que los fondos de promoción de políticas activas de empleo estén en función de población, cuando deben estarlo según el nivel de paro de cada comunidad.
Eso lo hemos dicho en
el famoso PlanE que sacó el Gobierno. Extremadura, Canarias y Andalucía por sus circunstancias han de tener unos planes de choque especiales.



Página 43


Hay planes de empleo, pero estando Canarias con el 30 por ciento de paro, no es justo que esté actualmente por debajo de la media de percepción de desempleo que el resto de las comunidades. No tiene sentido; eso hay que corregirlo, porque
no es progresista ni es social. Anuncio el apoyo al decreto por parte del Grupo de Coalición Canaria.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Oramas.



Por el mismo grupo parlamentario, señora Fernández Davila.



La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.



Señorías, señor ministro, hace un año el Gobierno trataba de convencernos de que era necesaria una reforma laboral que permitiera abaratar el despido para así hacer políticas que garantizaran o mejoraran el empleo estable. Después de los
meses en vigor de esa nueva ley no se puede constatar que el empleo estable haya tenido algún beneficio, pero se constata que el paro ha ido incrementándose. Ustedes ahora nos traen un decreto que incide en políticas que seguramente van a ser muy
positivas para bajar el paro, pero que se enmarcan en la cultura de la precariedad, de la temporalidad y que además facilitan el fraude. Lo han demostrado en tiempos anteriores cuando se estableció este tipo de contratos -por cierto, con gobiernos
del Partido Popular-. El Partido Socialista en campaña electoral dijo que había que había que abolir esos famosos contratos basura famosos. En el decreto también se elimina el artículo 6 de la ley de 2006 donde se recogía una cuestión que trataba
de limitar precisamente el fraude de las empresas con este tipo de contratación temporal, parcial; en este caso sacan esta cuestión tan importante aprobada en aquel momento del decreto. Por otro lado, en una parte del decreto que podría ser
positiva como es la correspondiente a los 400 euros del programa de recualificación, además de las limitaciones que se ponen para que las personas puedan acceder a esa prestación, vuelven a incidir en la centralización o recentralización de las
políticas de empleo dejando a las comunidades autónomas como meras gestoras, lo cual desde nuestro punto de vista es una clara injerencia competencial.



Señor ministro, no podemos votar favorablemente a este decreto porque incide en la temporalidad, en la precariedad laboral y en el fraude. No vamos a apoyar algo de estas características, entre otras razones porque defendemos la dignidad en
el trabajo, y no creemos que este decreto se la garantice a los jóvenes a los que va dirigido.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.



Señor Tardá.



El señor TARDÁ I COMA: Gracias, señor presidente.



Intervengo brevemente puesto que hay poco tiempo. Ya les anunciamos que votaremos que no. Lo hemos intentado con el buen compañero diputado Membrado. Debo decir que las formas del diputado Membrado son buenas, pero en los contenidos no se
ha movido un ápice. No se ría, señor ministro, porque estamos hablando de que ustedes se han cargado el Prodi, es decir la última red que impedía que miles de personas cayeran en la exclusión social. No es motivo de risa haberse cargado el Prodi.
Le pedimos al diputado Membrado que al menos hicieran un pequeño movimiento evitando poner una condición sine qua non para poder acogerse a este nuevo plan. Estamos de acuerdo con este plan en cuanto a su filosofía de convertir lo pasivo en activo
e iniciar procesos más modernos de individualización de los itinerarios, pero no hay ninguna razón para dejar en la estacada a miles de personas, aquellas que han sido beneficiadas por el Prodi y a las que ahora se les cierra la puerta. Si hacen un
reset de modernidad y dicen que lo pasivo tiene que ser activo, no dejen en la estacada a aquellos que, aun siendo beneficiarios del Prodi, no han podido coger el tren. Es una vergüenza que hayan dejado en la miseria y en la exclusión -potencial,
pero muy cercana- a miles de personas. Le pedimos al diputado Membrado que al menos eliminaran del proyecto la referencia al 16 de febrero. Me consta que lo intentó, pero ustedes dijeron que no. De manera que estamos obligados a votar que no.

Además estamos obligados a votar que no por otras razones, entre ellas, las que hacen referencia a un problema que está ya en el ADN de este real decreto, que vamos luego a retomar en el próximo, en el real decreto de modificación de la Ley del
Empleo. Ustedes hacen como hizo Aznar en el año 2003: déjennos a nosotros, que ustedes, las comunidades autónomas, no saben lo que hacen. E intentan blindar una ecuación perversa, que es asociar modernidad y eficiencia a centralismo. La
redacción de la disposición adicional tercera de este real decreto-ley no la hubiera hecho ni Aznar. En esto han copiado a Aznar. Las comunidades autónomas tienen que ser las que elaboren todo aquello que tiene relación con las políticas activas,
porque lo moderno es lo que algunos dicen desconcentrado, otros decimos descentralización, pero lo más cercano al modelo económico y productivo de cada uno de los territorios.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.



Señora Buenaventura.



La señora BUENAVENTURA PUIG: Gracias, presidente.



Señorías, en Izquierda Unidad-Iniciativa per Catalunya entendemos que este plan de choque que nos propone el Gobierno para atacar el problema del paro es insuficiente, pero nosotros no vamos a obstaculizar


Página 44


la posibilidad de que se tramite este real decreto y, por tanto, que se convalide. Nuestro voto hoy será de abstención a este real decreto, porque entendemos que algunas de las medidas sí son necesarias, sobre todo para las personas a las
que se les puede terminar su prestación en cuanto al Prodi. Por responsabilidad, nuestro voto será de abstención, entendiendo que hoy justamente aquí nos llega la convalidación de este real decreto, que es el primer trámite que llega a esta Cámara
fruto del acuerdo social y económico que el Gobierno firmó el pasado 2 de febrero con los interlocutores sociales. Por eso, antes de entrar en el contenido del texto que hoy votamos, si me da tiempo, quiero referirme al acuerdo cuyo eje central es
la reforma de las pensiones.



El acuerdo contiene muchas cosas que ustedes saben que a nuestro grupo no nos gustan, por lo que intentaremos en la medida de nuestras posibilidades enmendarlo en esta Cámara en los trámites pertinentes. Con más de un 20 por ciento de paro
y con la actual coyuntura económica, no creemos que sea el momento idóneo para plantear una reforma de la Seguridad Social, como ha hecho el Gobierno, pero también entendemos que sin la presión que han ejercicio los sindicatos durante la
negociación, sin sus aportaciones, el acuerdo hubiese sido mucho peor, inasumible completamente. Los sindicatos y sus movilizaciones han permitido frenar los recortes propuestos por el Gobierno. El acuerdo con los sindicatos demuestra también que
la huelga general del pasado 29 de septiembre fue útil, porque todas las mejoras introducidas fueron las que forzaron los sindicatos, porque el éxito de la huelga es lo que ha permitido a los sindicatos ir a la mesa en una posición de fuerza,
conscientes de su apoyo social, por más que exista la obsesión de minorarlo desde determinadas tribunas políticas o mediáticas. Este es el contexto del real decreto que hoy se convalidará en esta Cámara. Es un real decreto que contiene cuatro
medidas que configuran un plan de choque de lucha contra el paro, según ustedes, pero, como he dicho anteriormente, completamente insuficiente a nuestro entender. Es un programa especial de transición hacia la contratación estable, pero, dejémonos
de eufemismos, su principal política activa no es nada nuevo, es una reducción del cien por cien de las cuotas empresariales a la Seguridad Social para la contratación de jóvenes menores de 30 años o parados de larga duración.
Es decir, seguimos
con las recetas de siempre, por más que se hayan mostrado inefectivas, y, aún peor, en el mismo acuerdo en el que ustedes plantean, seguramente de manera poco fundada, la posible inviabilidad del sistema público de pensiones. El Gobierno nos
debería responder a una pregunta: ¿abre esto la puerta a más reducciones de cuotas empresariales a la Seguridad Social en el futuro? Como decía, este es un plan de choque completamente insuficiente, pero que nosotros no vamos a parar.



Gracias.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Buenaventura.



Don Emilio Olabarría.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.



Con esta acomodación del tiempo que ha hecho, aprobada por la Cámara, se están constriñendo peligrosamente las posibilidades de intervenir. Por lo tanto, vamos a entrar en materia sin más dilaciones afirmando, señor ministro, que ya decía
Schumpeter que el mejor plan de empleo es el que no existe, porque eso indica que todas las demás variables económicas están bien orientadas y por lo tanto no hace falta establecer medidas específicas de actuación en el ámbito de esta variable
macroeconómica. En una situación en la que estamos conviviendo con la lacra de 4,7 millones de desempleados este aserto es manifiestamente inaplicable -no podemos estar de acuerdo con esta afirmación ni usted ni yo ni seguramente nadie con un
mínimo sentido común en esta Cámara-, y esto nos impide votar que no a la convalidación de este real decreto-ley, señor ministro. La duda que tenemos es si se puede votar que sí, por varias razones. Hay razones de naturaleza formal en primer
lugar. El acuerdo interprofesional del que dimana este real decreto se ha dividido en dos reales decretos-ley. Yo recuerdo que usted me puede reprochar con toda legitimidad que es porque, entre otras personas, se lo hemos pedido nosotros, mi grupo
parlamentario, pero no se ha dividido bien, porque este incorpora simultáneamente en su propio texto, en su contenido material, medidas pasivas o prestacionales y medidas de políticas activas de empleo de forma no particularmente ordenada. Y el
otro también, en el que vamos a aprobar la semana que viene en el Pleno también se incorpora una articulación, una configuración de las nuevas políticas activas de empleo con las pretensiones de exhaustividad y globalidad y también medidas pasivas.



El segundo problema formal que nos preocupa sería el siguiente. Ya conoce usted la jurisprudencia constitucional -no se la voy a reproducir- en relación con las posibilidades de utilizar la fórmula del real decreto-ley. La jurisprudencia
del Tribunal Constitucional veta la posibilidad del uso de esta figura jurídica en relación con medidas de naturaleza estructural y duraderas en el tiempo. No obstante, existiendo un 42 por ciento de jóvenes que tienen capacidad y quieren trabajar
y no lo pueden hacer, nosotros vamos a prescindir también de este formalismo.
Pero hay cuestiones de naturaleza no formal, hay cuestiones de naturaleza material que nos preocupan, en primer lugar, la atención a los jóvenes menores de 30 años, en
las medidas del artículo 1 y en el primero de los planes que usted ha explicitado. Por cierto, extender el carácter de joven a una persona de 30 años ya es en sí mismo discutible; lo puede ser a efectos del desempleo, pero una persona de 30 años
sociológicamente no merecería quizás esa identificación. En todo caso sabemos que la incorporación al mercado de trabajo


Página 45


se produce entre los 28 y 30 años con mucha frecuencia, desafortunadamente, y al primer empleo también. Estará de acuerdo conmigo, señor Membrado, porque lo hemos discutido ad nauseam, en que usar las bonificaciones de cuotas para fomentar
empleo es la peor fórmula de afrontar la empleabilidad de un colectivo. Las bonificaciones de cuotas que preexistían eran particularmente onerosas para los presupuestos del Estado y en particular para los presupuestos del ministerio que usted
gestiona: 2.400 millones de euros en bonificaciones de cuotas, y no es la más eficaz, como se ha demostrado empírica y experimentalmente. No es la mejor forma de generar empleo. Desde esa perspectiva no solo el fortalecimiento de la empleabilidad
de los jóvenes menores de 30 años debería utilizarse mediante la política de bonificaciones de cuotas, que hasta la fecha solo la puede aplicar el Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco, puesto que es la única comunidad autónoma que la ha
incorporado una vez desbloqueada la transferencia de esta competencia a su acervo competencial, y dentro de poco, dada la nueva configuración o naturaleza jurídica o categoría de las bonificaciones, todas las demás comunidades autónomas que
reivindiquen esta competencia. En segundo lugar, y en relación con el Prodi o la nueva configuración del Prodi -que ya no tiene esta denominación-, y después del sinuoso íter legislativo que ha sufrido la primera Ley del Prodi que ustedes
presentaron mediante nada menos que siete peticiones consecutivas de prórroga de plazo de enmiendas, nos lleva a la determinación, en relación con aquellas personas que ya han agotado la prestación y subsidio de desempleo, de una prestación que no
es ya prestación ni subsidio, sino subvención del 75 por ciento del Iprem. Sin perjuicio de la valoración que nos merezca la suficiencia de la cuantía -nos parece manifiestamente insuficiente cuantificar esta prestación utilizando como criterio el
75 por ciento del Iprem-, si estamos hablando de una subvención y ya no estamos ante un subsidio o una prestación de desempleo, se está novando el título competencial habilitante para el Estado, y las comunidades autónomas con competencias en
materia de planificación de su actividad económica podrían reivindicar la aplicación de esta medida. En nuestro caso, una comunidad autónoma regida financieramente por el régimen de concierto económico, sería el 6,24 por ciento de los 200 millones
de euros destinados a esta finalidad en la memoria económica o en las disposiciones previstas en relación con la cuantificación de esta competencia; algo que no se explicita en este real decreto-ley. O recuperan ustedes la categoría de prestación
o subsidio de desempleo o ya la competencia no es del Estado, si es una subvención, o la categoría jurídica prevista en el nuevo Prodi -llámasele como se quiera porque carece de denominación jurídica en el real decreto-ley- es una subvención.



A estas medidas, como a otras, se incorporan otros colectivos con pertinencia, personas de escasa cualificación -usted lo ha dicho-, personas con responsabilidades familiares con cónyuge e hijos menores de 26 años, personas que tengan a su
cargo discapacitados con un 33 por ciento de discapacidad reconocida. Y para los mayores de 45 años, el otro colectivo que merita un plan de choque para su empleabilidad, porque este es un colectivo de desempleados prácticamente cronificado, aquí
se produce una desordenada acumulación de medidas de actuación activas y pasivas, es decir, pueden ser beneficiarios de la prestación a la que antes nos referíamos y de la incorporación -y en esto estamos hablando ya de políticas activas de empleo-
a los itinerarios de empleabilidad -que, por cierto, tampoco se definen en este real decreto-ley- o a las medidas de formación profesional, que tampoco este real decreto-ley especifica, sino que lo hará el siguiente.



El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Con esto acabo, señor presidente.



A pesar del desorden normativo que dimana de la norma, nosotros, por razones de equidad, de justicia social y de sensibilidad elemental con los requerimientos de los desempleados menores de 30 años y mayores de 45 años, no podemos votar que
no, pero tenemos dudas sobre si merece la pena o es pertinente votar que sí, señor ministro.



Muchas gracias, señor presidente.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.



Por el Grupo Catalán don Carles Campuzano tiene la palabra.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.



Convergència i Unió va a votar a favor de la convalidación de este real decreto, señor ministro. En primer lugar, porque proviene del acuerdo económico y social que creo que todos hemos glosado como positivo y necesario, y es tradición de
Convergència i Unió que aquello que llega a esta Cámara fruto del acuerdo con los agentes sociales y que además en sus rasgos fundamentales coincide con nuestras posiciones sea votado de manera favorable. (La señora vicepresidenta, Cunillera i
Mestres, ocupa la Presidencia.) Tan solo lamentamos, eso sí, que ese acuerdo amplio con los agentes sociales y económicos haya tardado tanto tiempo. En ese retraso alguna responsabilidad también tiene el Gobierno. Al mismo tiempo, ese real decreto
asume en el fondo una afirmación que desde esta tribuna hemos realizado en múltiples ocasiones: que faltaban medidas de impulso concreto al empleo que respondiesen a esa idea de plan de choque.
En muchos debates el señor Duran i Lleida le ha
reclamado al presidente del Gobierno -esta misma mañana lo ha hecho de nuevo- medidas específicas y concretas precisamente orientadas a la generación de


Página 46


empleo. Perdimos alguna oportunidad en la reciente reforma laboral para avanzar en esa dirección.



Este real decreto incorpora algunas medidas que son positivas. Cualquier medida orientada a la facilitación o la creación de estímulos para que las empresas puedan crear empleo siempre va a ser bienvenida por Convergència i Unió. Eso sí,
señor ministro -se lo hemos comentado y esperamos que en las próximas semanas podamos avanzar en ello-, notamos la ausencia de determinados colectivos en esas medidas de choque, muy singularmente el colectivo de trabajadores autónomos, tanto para el
autoempleo como para facilitar específicamente la creación de un primer empleo para los trabajadores autónomos. También echamos en falta medidas que afecten a las posibilidades de empleo para las personas con discapacidad. Pero dicho eso, insisto,
bienvenido sea un plan que incorpore incentivos a la contratación a tiempo parcial. Paréntesis: tenemos pendiente una buena regulación de la contratación a tiempo parcial. No es este un contrato basura, como algún orador ha afirmado desde la
tribuna, pero es un contrato que necesita ser más atractivo para el trabajador, en la medida que mejore la protección social que se deriva del mismo, y también más atractivo, en términos de flexibilidad, para las empresas. En todo caso, que España
decida avanzar en la senda de otros Estados europeos en potenciar el uso del tiempo parcial nos parece que va en la dirección adecuada.



Nos sorprende, señor ministro -y creo que ha sido la portavoz de Iniciativa per Catalunya, la señora Buenaventura, quien lo ha recordado- que en este real decreto no se opta por la bonificación a la contratación sino por la reducción. Sería
bueno que en algún momento el Gobierno explicitase el sentido. Nosotros en algunos momentos hemos defendido la necesidad de introducir políticas también de reducción de cuotas. Fue muy contundente el Gobierno negando esa posibilidad, pero lo
cierto es que en ese real decreto se incorpora. No optamos por la bonificación, sino por la reducción, con todo lo que ello implica. Además, el real decreto-ley mantiene una idea. Al margen de que consideremos o no el programa que viene a
sustituir al antiguo Prodi, política pasiva o política activa, continúa dibujando un modelo de funcionamiento que no nos parece racional ni adecuado ni respetuoso con el reparto de competencias ni tampoco eficaz para las personas. Es ese modelo en
el que la Administración General del Estado, a través del Servicio Público de Empleo Estatal, paga el subsidio, paga la ayuda económica asociada a este programa, y la comunidad autónoma gestiona el programa de recolocación, de activación del
desempleado. El real decreto reafirma ese modelo, del que hemos dicho desde la tribuna en múltiples ocasiones que no funciona bien. Nosotros somos partidarios, y el Gobierno lo sabe, de que en la tramitación parlamentaria del real decreto que
vamos a convalidar en las próximas semanas podamos discutir sobre esa vinculación efectiva entre pasivas y activas. Tenía razón el señor Tardà en que la formulación ideológica que subyace en la afirmación que establece el real decreto de que ese
debe ser gestionado desde el Servicio Público de Empleo Estatal parte del prejuicio de que una gestión de las comunidades autónomas no iba a garantizar la igualdad de derechos de los ciudadanos. Una idea perversa que un grupo catalanista nunca
puede pasar por alto. Por tanto, esa cuestión queda pendiente.



Nos preocupa la reducción de recursos para la formación de los trabajadores empleados al destinar más recursos a los trabajadores desempleados, no tanto porque no haya que incrementar los recursos a quienes no tienen hoy empleo y no pueden
acceder a la formación, sino sobre todo porque no apostar por la formación de los empleados va a ser un grave error. Nos preocupa que este real decreto establezca nuevas obligaciones para las comunidades autónomas sin contemplar los recursos
necesarios y que nos suceda lo que hoy está ocurriendo en los supuestos de las subvenciones a los centros especiales de empleo, donde las comunidades autónomas están asumiendo gastos que deberían de corresponder al Estado y que, por tanto, ese nuevo
real decreto no responda al principio de lealtad institucional que establece el Estatuto de Autonomía de Cataluña y que es muy claro: ante cualquier nueva obligación para la Generalitat, el Estado debe hacer el esfuerzo correspondiente y dotarlo de
recursos. En todo caso, bienvenido sea este decreto. Nos llega tarde, seguramente es insuficiente, pero hay que permitir que esté plenamente en vigor.



Muchas gracias.



La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Echániz.



El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señora presidenta.



Señorías, en relación con el real decreto que trae el Gobierno a convalidar debo señalar que jamás en la historia de España un gobierno ha desarrollado tal pléyade de normas tan inútiles, tan poco consensuadas ni tan a matacaballo. En la
medida en que el uso y abuso de los reales decretos forma ya una seña de identidad indisoluble de este Gobierno socialista, incorpora, desde nuestro punto de vista, dos grandes ideas para acabar con el paro en este país. (El señor presidente ocupa
la Presidencia.) Una es un contrato temporal, un contrato a tiempo parcial para unos pocos parados sin cotizaciones a la Seguridad Social. La otra es una prórroga del cheque parado de agosto de 2009 para quienes, agotados prestación y subsidios,
han perdido toda esperanza, es decir, una política pasiva pura disfrazada de política activa de empleo pero, eso sí, menor en su cantidad y para mucha menos gente que el cheque parado uno, el llamado nuevo cheque parado cuatro. Permítanme, por
tanto, señorías, mostrar la perplejidad y la preocupación de mi grupo, que coincide exactamente con la que expresan los ciudadanos españoles en cada encuesta del CIS, de abordar los gravísimos problemas de nuestro


Página 47


mercado laboral con estas dos nuevas bromas a los parados españoles.



Señorías, España tiene en estos momentos 4,7 millones de parados, una tasa del 20,5 por ciento de paro. Gracias al Gobierno socialista, somos los campeones en gente que quiere trabajar y que no puede de todos los países civilizados. Y el
Gobierno, tras el rotundo fracaso de su reforma laboral, inútil y centrada únicamente en favorecer el despido, y que no ha sido capaz no ya de crear un solo puesto de trabajo sino ni siquiera de mitigar la hemorragia permanente de parados que nos
anuncia cada trimestre la EPA, nos trae ahora, ocho meses después de esa reforma laboral, un contrato precario, un contrato que fomenta el subempleo juvenil, un contrato temporal, un contrato a tiempo parcial, un auténtico contrato basura para crear
100.000 empleos en todo el año 2011, es decir menos empleos que los que solo se han destruido en enero de 2011: 131.000 parados más. El Gobierno que prometió hace dos años y pico pleno empleo para España hoy promete, con 43 jóvenes de cada cien en
paro, un contrato temporal y a tiempo parcial para uno de cada 47 parados. Todo lo que promete el Gobierno hoy es un empleo precario y solo para 2011 y solo para el 2 por ciento de los parados españoles, y a eso le llaman fuerte impulso de la
contratación laboral y el presidente del Gobierno llama a eso política social.



Señorías, respecto al otro tema, recordarán que en agosto de 2009 esta Cámara aprobó el primer cheque parado, el primer Prodi, los primeros 420 euros temporales, porque se veían venir ya los brotes verdes, cuando ahora hay un millón más de
parados que en aquel momento. Y se decía en su ley reguladora que se mantendría mientras el paro no bajase del 17 por ciento, y se decía también que a cambio los parados suscribirían un compromiso de actividad y se comprometerían a realizar
políticas activas de empleo y participarían en un itinerario activo de inserción laboral.
Señorías, como los brotes verdes no llegaban, se prorrogó otros seis meses y llegó el Prodi dos, el segundo cheque parado, en febrero de 2010.
Y como en
agosto de 2010 tampoco llegaban los brotes verdes, se prorrogó otros seis meses, el Prodi tres, el cheque parado tres. La última, dijo doña Elena Salgado. La última vez, dijo don José Luis Rodríguez Zapatero.
La penúltima, dijo don Valeriano
Gómez. Y se lió, se aprobó otro real decreto y se tramitó como ley que hoy duerme el sueño de los justos.
Luego, como los brotes verdes seguían sin llegar y en los cajones empezaba a haber telarañas, intentaron crear el Prodi tres y medio, que
consistía en 350 euros pero que pagaban las comunidades autónomas, y como les dijeron que verdes las han segado, pues volvieron al Prodi cuatro, al cheque parado cuatro, que es el que hoy nos traen aquí. Es un cheque parado de menor cuantía, porque
baja a 399 euros, un cheque para menos parados, es decir solo para 192.000 personas, que es incompatible con haber cobrado el Prodi uno, el Prodi dos y el Prodi tres, es decir, 825.000 parados no lo van a poder cobrar y no tienen prestación en este
momento; y solo por seis meses, sin prórrogas y con vocación temporal, y además financiado con un crédito no prorrogable, lo cual quiere decir que aunque haya personas que no tengan derechos, si se consume ese crédito, no lo van a cobrar. Una gran
medida, señor ministro de Trabajo. Dicho de otra manera: cuantas más familias hay en estos momentos en España con todos sus miembros en paro, cuantos más parados hay sin cobertura, de larga duración, que han agotado sus prestaciones y sus
subsidios, este Gobierno, el Gobierno socialista, siete años después de no haber creado un solo empleo, trae este minicheque parado a esta Cámara. Además lo hace con una activación que deberán hacer las comunidades autónomas, que deberán hacerla
sin más medios ni más recursos y sabiendo que la activación es más cara incluso que el cheque parado, habiendo disminuido los presupuestos de las políticas activas de empleo en más de un 5,5 por ciento, sin haber librado los 1.500 promotores de
empleo a fecha de hoy, y tarde, porque si se aprueba hoy hay ya gente en las oficinas de empleo pidiéndolo desde que acabó el Prodi tres el pasado 15 de febrero, es decir hace diez días. Además esto lo han hecho sin haber dado tiempo a los
servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas para preparar esta nueva cara y difícil tarea de este nuevo colectivo y sin haber informado a los consejeros autonómicos en la conferencia sectorial, es decir, sin concierto ni territorial ni
político, al menos de los 153 diputados a los que yo represento. Eso sí, con la amenaza taimada de eliminar a estos parados de las cifras de paro registrado con la excusa de hacer orientación personalizada.



Señorías, para la otra medida, el contrato temporal parcial sin cotización a la Seguridad Social, permítame sencillamente que utilice la propia definición del secretario de Estado de la Seguridad Social y secretario de economía federal del
Partido Socialista: Vamos a ver si ponemos barata la mercancía de nuevos trabajadores. Vamos a ver si ponemos barata la mercancía de nuevos trabajadores. Mercancía, trabajadores, barata. Y el señor Rodríguez Zapatero hoy se permite hablar de
política social. Y mientras tanto, esos jóvenes, esa mercancía barata para este Gobierno, luchan por tener uno de esos contratos temporales a tiempo parcial que va a ponerse en marcha en estos momentos en este país. Sí, señorías, este contrato
precario basura es un contrato sin cotización a la Seguridad Social y eso, señorías, como no habrá transferencias del INEM, significa que este Gobierno va a pagar esta improvisada medida con el dinero de los pensionistas.



El señor PRESIDENTE: Señor Echániz.



El señor ECHÁNIZ SALGADO: Termino, señor presidente.



Es decir, que no hay dinero para pagar la inflación, que no hay dinero para prolongar la edad laboral hasta los 67 años, pero sí lo hay para las frivolidades del Gobierno. Esto, señoría, es un nuevo golpe al Pacto de


Página 48


Toledo que se acaba de aprobar en esta Cámara y un gran fiasco, un gran parche -el enésimo que vuelve a abordarse sin serenidad, responsabilidad, ni inteligencia ni eficacia- y al que solo nos impide votar que no el respeto y la
consideración que tenemos a aquellos pocos parados que puedan beneficiarse de los 399 euros al mes o de ese contrato que subvenciona el subempleo.



El señor PRESIDENTE: Señor Echániz.



El señor ECHÁNIZ SALGADO: Termino, presidente.



Pero solamente por eso, solo en atención a mitigar el sufrimiento a sus víctimas, a los casi 5 millones de parados españoles que sufren la política social de este Gobierno.



Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Echániz.



Señor Membrado.



El señor MEMBRADO GINER: Señor presidente, señorías, a la hora de fijar la posición de mi grupo en este debate de convalidación del real decreto quisiera comenzar reconociendo que este decreto sale en función de las tasas de desempleo que
tiene nuestro país. Hay que reconocer un dato que indudablemente todos conocemos, que nuestros datos sobre el empleo son malos. La crisis ha tenido un efecto muy negativo sobre el empleo y el paro estructural más la caída libre del mercado en la
construcción y un alto porcentaje en el sector servicios nos han llevado a un 20 por ciento de desempleo. Nuevamente se confirma en nuestro país que somos capaces de crear empleo rápidamente pero somos más rápidos a la hora de destruirlo.
Por eso,
nuestro objetivo con este real decreto es el de fomentar la actividad, el de recomponer en algunos sectores castigados en estos momentos por la crisis la vía de encaminarlos hacia una consecución del empleo.



Este Gobierno ha puesto en marcha a lo largo de los últimos meses una serie de medidas de reformas estructurales en el área del trabajo: la reforma del mercado de trabajo, la posible reforma de las pensiones, que discutiremos a lo largo de
los próximos meses, las políticas activas de empleo y también este real decreto, que es, en consonancia con los anteriormente descritos, una parte importante de las políticas que nuestro Gobierno está desarrollando. Señorías, es voluntad del
Gobierno mantener en una etapa tan complicada como esta la cohesión social en nuestro país, evitar situaciones límite de desprotección fruto del agotamiento de las coberturas de desempleo, porque, señorías, a pesar de mantener una tasa de cobertura
que está rondando el 78 por ciento, lo cierto es que hay familias que precisan de ayudas complementarias como son las derivadas del Prodi. Debemos procurar entre todos, señorías, que en la recuperación económica no haya sectores que queden
marginados con situaciones de desempleo crónico. Debemos sumar esfuerzos para conseguir entre todos esa facultad. El pasado 2 de febrero, el Gobierno y los interlocutores sociales CEOE, Cepyme, Comisiones Obreras y UGT, suscribieron el acuerdo
económico y social para el crecimiento del empleo y la garantía de las pensiones...(Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Membrado, un momento. Por favor, ¿serían tan amables, a un lado y a otro del hemiciclo, de guardar algo de silencio y respetar al orador?


Adelante.



El señor MEMBRADO GINER: Fue un acuerdo importante que recobra el diálogo social, la concertación y el entendimiento tan necesario con la sociedad civil. Para los socialistas, señorías, no se entiende la política sin concertación y, aunque
esta pase por momentos de conflicto, trabajar con los interlocutores sociales forma parte de nuestra manera de entender la política diaria. Por eso, no comprendemos cómo se critica e infravalora por parte del Partido Popular este acuerdo si todos
somos conscientes de que quien gana con él son fundamentalmente nuestros ciudadanos, de la misma manera que la concertación territorial con las comunidades autónomas ha sido una parte fundamental a la hora de la elaboración de este real decreto.



Señorías, hoy estamos debatiendo un real decreto fruto de esta doble concertación en el área social y en el área territorial. Y estamos hablando de un plan de choque que se articula con medidas de carácter coyuntural y que va dirigido
fundamentalmente a la reducción del desempleo de jóvenes y personas en paro de larga duración, a la recualificación profesional de las personas que hayan agotado la protección por desempleo y a la realización de acciones de mejora de la
empleabilidad para personas con especiales dificultades de inserción laboral derivadas de su baja cualificación. Son medidas, señorías, dirigidas a jóvenes, a parados sin cobertura para su inserción en el empleo, a trabajadores en paro provenientes
de la construcción, a personas mayores con desempleo de larga duración. Eso, señorías, al Partido Popular no le parece necesario, no lo ve conveniente, no le parece bien, y habría que preguntarse por qué, por qué para ustedes, señores del Partido
Popular, la confrontación, la crispación, la descalificación son un hábitat natural y la confianza no les gusta; la confianza solamente la pueden patrimonializar ustedes mismos. No les entiendo, señorías, ni entiendo que el señor Echániz trate el
contrato que se está planteando para los jóvenes como un contrato basura. No entiendo eso cuando él nos ha planteado en esta misma Cámara un contrato que llamaba de primer empleo joven, con bonificaciones de 1.200 euros al año durante tres años y
sin cobertura social; de la misma manera que él no entendía que era un contrato basura la prórroga del contrato de formación en aquellas empresas en función de otras actividades. No entiendo tampoco la alternativa del


Página 49


señor Echániz cuando planteaba que para crear empleo lo que había que hacer era trasladar las cuentas ahorro vivienda para generar nuevos emprendedores. Esa es la política social que plantea el Partido Popular, esa es la política social que
a ellos les lleva a decir que aquello es lo correcto y que lo nuestro no es posible ni es lo adecuado. Para nosotros, señorías, este es un plan de choque adecuado que tiene como objetivo fundamental intentar conseguir la formación y la
cualificación para buscar un empleo y que, al mismo tiempo, transforma las políticas pasivas del Prodi en políticas activas. Sí, señor Echániz, en políticas activas.
Intenta generar ayudas para que las personas que tienen problemas de mantenerse
en un curso de formación no tengan ninguna excusa para realizarlo. Eso que ustedes planteaban hace tres meses, en estos momentos, cuando lo traemos a la Cámara, no es posible, es una chapuza.
Verlo para creerlo. Para nosotros, señorías, este es
un proyecto...



El señor PRESIDENTE: Señor Membrado, debe acabar.



El señor MEMBRADO GINER: Este es un proyecto en el cual tenemos puestas nuestras esperanzas, nuestro compromiso y nuestras obligaciones, porque haríamos muy mal si no tuviésemos en cuenta los problemas de los parados y pasáramos por él de
puntillas. Es un plan de choque, fruto del diálogo social y de la concertación, con unos objetivos que afectan a miles de trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Es un plan medible, comparable y evaluable, que incide en el núcleo central de
nuestros parados, de los jóvenes, de los mayores de 45, de los parados de larga duración y con escasa cualificación. Es un plan aceptado por las comunidades autónomas...



El señor PRESIDENTE: Señor Membrado, debe acabar.



El señor MEMBRADO GINER: Termino.



Es un plan aceptado por las comunidades autónomas. El apoyo o el rechazo forman parte de la definición de cada grupo. Una vez aprobado, señorías, desacreditarlo y devaluarlo será fruto de la irresponsabilidad política de aquellos que
piensan más en la catástrofe como solución que en superar la crisis entre todos como alternativa.



Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Membrado.



Señor Vañó, puede pasar, si es tan amable, para proceder a las votaciones por el procedimiento que ya tenemos como habitual cuando no se puede acceder al escaño.



Vamos a iniciar las votaciones, habida cuenta de que los timbres han estado llamando durante siete, casi ocho minutos. Por favor, cierren las puertas. Votamos la convalidación o derogación del real decreto-ley.



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 169; en contra, seis; abstenciones, 148.



El señor PRESIDENTE: Queda convalidado.



¿Algún grupo desea su tramitación? (Pausa.) El Grupo Popular, para que se tramite como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Sometemos a votación esta solicitud.



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 150; en contra, 171; abstenciones, dos.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Se levanta la sesión.



Eran las dos y cuarenta minutos de la tarde.