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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 211, de 14/12/2010
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2010 IX Legislatura Núm. 211
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 200
celebrada el martes, 14 de diciembre de 2010
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas:
- Del Parlamento de Galicia, de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para posibilitar la homogeneización del procedimiento de voto de las personas residentes en el exterior con el resto de
los ciudadanos (Orgánica). 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 121-1, de 5 de septiembre de 2008.
(Número de expediente 125/000022.) ... (Página 4)
Exclusión en el orden del día:
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el futuro modelo de gestión aeroportuaria que ha proyectado el Gobierno. (Número de expediente 172/000223.) ...
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la regulación de los contratos en las relaciones interprofesionales en el sector lácteo. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 274-1, de 1 de octubre de 2010.
(Número de expediente 122/000246.) ... (Página 5)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:
- Real Decreto-Ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras, para fomentar la inversión y la creación de empleo. (B.O.E. núm. 293, de 3 de diciembre de 2010). (Número de expediente
130/000036.) ... (Página 11)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a un nuevo modelo de evaluación del sistema educativo que sirva de herramienta eficaz para combatir el fracaso escolar. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 67, de 19
de septiembre de 2008. (Número de expediente 162/000196.) ... (Página 24)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas del Gobierno para combatir las consecuencias sociales de los desahucios.
(Número de expediente 173/000180.) ... (Página 30)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Díez González), sobre la posición del Gobierno respecto de la incompatibilidad entre la democracia y el proyecto político de ETA. (Número de expediente 173/000181.) ... (Página
35)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas de política económica para apoyar a pymes y autónomos. (Número de expediente 173/000182.) ... (Página 41)
Toma en consideración de proposiciones de ley (Votación.) ... (Página 44)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes (Votación.) ...
(Página 44)
Proposiciones no de ley (Votación.) ... (Página 44)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Votación.) ... (Página 45)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
El señor presidente informa a la Cámara de que el Parlamento de Galicia ha declinado la defensa de la proposición de ley que figura como punto I del orden del día, de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General, señalando que formalmente se exige que la Cámara dé su acuerdo a esta modificación, lo que se aprueba por asentimiento.
Exclusión del orden del día ... (Página 5)
El señor presidente informa a la Cámara de que en la Junta de Portavoces se ha propuesto la exclusión del orden del día de la interpelación del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre
el futuro modelo de gestión aeroportuaria que ha proyectado el Gobierno, lo que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 5)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la regulación de los contratos en las relaciones interprofesionales en el sector lácteo ... (Página 5)
Defiende la toma en consideración el señor Llorens Torres, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Fernández Davila y Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Canet i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Tarruella Tomàs, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el señor Alonso Núñez, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página 11)
Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras, para fomentar la inversión y la creación de empleo ... (Página 11)
La señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda (Salgado Méndez), explica las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Díez González y Oramas González-Moro y el señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Ridao i Martín y la señora Buenaventura Puig, del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Montoro Romero, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso y Fernández Marugán, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proposiciones no de ley ... (Página 24)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a un nuevo modelo de evaluación del sistema educativo que sirva de herramienta eficaz para combatir el fracaso escolar ... (Página 24)
Defiende la proposición no de ley el señor Gómez Trinidad, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto y el señor Álvarez Villazán, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y la señora
Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Gómez Trinidad.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 30)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas del Gobierno para combatir las consecuencias sociales de los desahucios ... (Página 30)
Defiende la moción el señor Macias i Arau, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Matos Mascareño, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds y la señora Fuentes Pacheco, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto y el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Macias i Arau.
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Díez), sobre la posición del Gobierno respecto de la incompatibilidad entre la democracia y el proyecto político de ETA ... (Página 35)
Defiende la moción la señora Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Hernando Vera, del Grupo Parlamentario Socialista y Bermúdez de Castro Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Xuclà i
Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Díez González.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas de política económica para apoyar a pymes y autónomos ... (Página 41)
Defiende la moción el señor Azpiroz Villar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Buenaventura Puig, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Gastón Menal, del Grupo Parlamentario Socialista.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página 44)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la regulación de los contratos en las relaciones interprofesionales en el sector lácteo, se rechaza por 162
votos a favor, 168 en contra y 15 abstenciones.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación.) ...
(Página 44)
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras, para fomentar la inversión y la creación de empleo, se aprueba por 177 votos a favor, nueve
en contra y 159 abstenciones.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 168 votos a favor, 176 en contra y una abstención.
Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página 44)
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a un nuevo modelo de evaluación del sistema educativo que sirva de herramienta eficaz para combatir el fracaso escolar, con la
incorporación de las autoenmiendas del mismo grupo, se rechaza por 151 votos a favor y 194 en contra.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 45)
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas del Gobierno para combatir las consecuencias sociales de los desahucios, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista, se aprueba por 196 votos a favor, uno en contra y 147 abstenciones.
Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario Mixto, Sra. Díez, sobre la posición del Gobierno respecto de la incompatibilidad entre la democracia y el proyecto político de ETA, se aprueba por 319 votos a
favor y 26 abstenciones.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas de política económica para apoyar a pymes y autónomos, se rechaza por 159 votos a favor, 185 en contra y una abstención.
Se suspende la sesión a las ocho y treinta y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS.
- DEL PARLAMENTO DE GALICIA, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL, PARA POSIBILITAR LA HOMOGENEIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE VOTO DE LAS PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTERIOR CON EL RESTO DE
LOS CIUDADANOS (ORGÁNICA). (Número de expediente 125/000022.)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
En primer lugar deseo comunicarles que el Parlamento de Galicia ha declinado la defensa de la proposición de ley que figura en el orden del día. Formalmente se exige que la Cámara dé su acuerdo a esta modificación. ¿Se entiende otorgado
por el Pleno? (Asentimiento.) Así lo entiendo.
EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE EL FUTURO MODELO DE GESTIÓN AEROPORTUARIA QUE HA PROYECTADO EL GOBIERNO. (Número de expediente 172/000223.)
El señor PRESIDENTE: Igualmente, en la Junta de Portavoces se ha propuesto la exclusión del orden del día de la interpelación del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre el futuro
modelo de gestión aeroportuaria. A solicitud del Gobierno, el grupo ha accedido y supone una modificación del orden del día. ¿Lo aprueba la Cámara? (Asentimiento.) Queda aprobado.
Igualmente, en la Junta de Portavoces se ha solicitado por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes la alteración en el orden de examen de las dos interpelaciones restantes, de modo que en primer lugar irá la que estaba con el
número 28 y en segundo lugar la que va con el número 27. Han otorgado su acuerdo todos los grupos afectados. ¿Lo acuerda también así la Cámara? (Asentimiento.) Queda acordado.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA REGULACIÓN DE LOS CONTRATOS EN LAS RELACIONES INTERPROFESIONALES EN EL SECTOR LÁCTEO. (Número de expediente 122/000246.)
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la regulación de los contratos en las relaciones interprofesionales en el sector lácteo. Don Ignacio Llorens tiene la palabra para su defensa.
El señor LLORENS TORRES: Señoras y señores diputados, el sector lácteo, como seguramente saben todos ustedes, atraviesa una grave crisis. En pocos años el número de explotaciones ha descendido de 170.000 a poco más de 24.000. El precio en
estos momentos fluctúa, pero está situado entre 0,25 y 0,30 euros por litro y todo el mundo coincide en que el precio de coste, contando todos los costes, está situado entre 0,35 y 0,40 euros por litro. Hay además un problema de recogida, a lo
mejor en estos momentos no subsiste, pero ha existido y ha atemorizado a los productores porque se llegaron a retirar de la recogida hasta 200.000 litros de leche al día.
El objetivo de esta iniciativa es ampliar los contratos homologados que tienen carácter voluntario, que han sido impulsados por este Gobierno, que es una buena iniciativa pero insuficiente porque cubren tan solo el 25 por ciento de la cuota
láctea. Con esta iniciativa pretendemos llegar al cien por cien de la cuota láctea haciendo obligatorios los contratos homologados voluntarios. Se trata de suplir algo que el sector no es capaz de hacer por sí mismo pero que ya ha manifestado la
voluntad de hacer porque en julio del año pasado propuso la generalización de los contratos homologados, que algunos se resistieron a aceptar. ¿Cuál es el objetivo de esta proposición de ley? Se trata de que no se pueda recoger leche sin que el
ganadero sepa a qué precio la va a vender, que eso, señorías, es lo que está ocurriendo en el sector, que no sabe cómo se le va a pagar, porque ahora los compradores recogen la leche, pagan al mes siguiente o más tarde y a resultas liquidan como
quieren. Pero la culpa y la responsabilidad tampoco es de los compradores, porque estos a su vez están presionados por las grandes distribuidoras, que a su vez están en plena guerra comercial unas con otras con productos de reclamo que no solo son
para la leche sino también para el aceite, que venden por debajo del precio del coste en contra de la protección de la ley al sector minorista -ahí no dice nada la defensa de la competencia-, en contra del nacionalismo comercial, porque las grandes
distribuidoras prefieren utilizar la leche de sus productos de origen de la marca de la distribuidora comercial, que al fin y al cabo es más barata ya que Francia, Alemania y Portugal tienen excedentes como consecuencia de la última reforma del
chequeo médico de la PAC y pueden utilizar precios mucho más baratos y están además utilizando prácticas dumping, como puede comprobarse en la leche líquida que aparece en los lineales del mercado y que cotiza a precio por debajo de los precios que
cotizan en los países de origen.
Antes, cuando había escasez, las industrias competían por asegurarse el suministro, por tener a un productor que les garantizaba la producción; ahora, con la situación de excedentes, que se ha agravado después del chequeo médico, después de
que se haya aumentado por igual la cuota de producción a todos los países, lo que ha acentuado la capacidad excedentaria de aquellos países a los que le sobraba cuota y ha acentuado la capacidad deficitaria de la nuestra, resulta que los compradores
presionan a los ganaderos. Pero a su vez los ganaderos, que -como saben ustedes, señorías- tienen una producción de largo ciclo, es decir, las vacas producen durante muchos años, y que además tienen un producto perecedero, es decir, que si no
venden la leche en el día en el que la producen o al día siguiente esa leche pasa a residuos,
están en una manifiesta situación de inferioridad. Al final, ¿qué es lo que ocurre en toda esta ecuación? Que los distribuidores presionan a los industriales y a los primeros compradores o a los segundos, y los compradores presionan a la
baja al ganadero, que es el que está vendiendo como puede y es el que está en una situación absolutamente desesperada.
Esta situación ha sido recogida por el Grupo de expertos de alto nivel de la Unión Europea, que en sus conclusiones del mes de
septiembre reconocía a los Estados miembros la posibilidad, la potestad de hacer obligatorios los contratos homologados voluntarios, que hasta ahora solo cubren -como he dicho antes- el 25 por ciento de la cuota. De ahí la oportunidad de esta
iniciativa que someto a la consideración de sus señorías y que fue registrada por nuestro grupo en el mes de septiembre, el mismo mes en que el Grupo de expertos de alto nivel recogía esa posibilidad, esa potestad que se les concedía a los países
para que pudieran convertir en obligatorios los contratos homologados voluntarios. Los contratos obligatorios homologados benefician a todas las partes. Efectivamente, establecen una relación estable de relaciones entre productores industriales;
a los industriales, a los primeros comparadores les aseguran el suministro y aseguran la supervivencia de los productores -y hay que decir aquí que sin productores las industrias españolas no podrían sobrevivir, de la misma forma que al revés
tampoco-; garantizan unos precios mínimos -aquí no quisiera que hubiera ningún factor de confusión porque alguien puede decir que garantizar unos precios va en contra de la defensa de la competencia-, acordados libremente entre las partes, entre el
que compra y el que vende, y que pueden estar sujetos a revisión de acuerdo con unas formas polinómicas como las que se están utilizando en Francia, pero que garantizan una identificación de las partes contratantes; una duración del contrato; unas
condiciones y unos plazos de entrega; unos precios mínimos libremente acordados por las partes contratantes estipulando un precio y un sistema de actualización; unas causas de rescisión y unas sanciones. La ley contempla que en cuanto la
legislación europea lo permita -y ayer lo permitió- se puedan producir unas negociaciones colectivas entre las organizaciones de productores, con unos límites en función de la cuota de toda la Unión Europea y de cada Estado miembro, que permitan que
se neutralice una posición de ventaja en estos momentos de todos los que compran respecto a los que venden y a los producen.
Por último, señorías, conozco los denodados esfuerzos que hace el portavoz socialista para decir que el grupo de la oposición no arrima el hombro y que no presenta iniciativas. El caso es que hemos presentado dos mociones aprobadas por esta
Cámara que están pendientes de cumplir. Ya le dije que lo recordaría en todas las ocasiones en que tuviera posibilidad de hacerlo. Están recogidas en el plan de choque -que tampoco se cumple- del señor Zapatero. Circula oficiosamente -decía- el
proyecto de real decreto del Gobierno, que no puede sustituir a la proposición de ley que hoy nos toca debatir aquí por varias razones. Aunque la presente el grupo de la oposición, este puede tener razones. Primero, este decreto oficioso, del que
hemos visto dos o tres ejemplares, sospechosamente ha surgido después de nuestra proposición de ley registrada en el mes de septiembre en esta Cámara y no dispone de un régimen sancionador. Se remite a la ley de calidad agroalimentaria, lo que va a
eternizar la solución porque esta ley ha sido retirada del Consejo de Ministros. En su defecto, se remite a la Ley de contratos homologados para el sector agrario, cuyo régimen sancionador es insuficiente, como se ha podido demostrar hasta el
momento. Si no hay régimen sancionador no hay obligatoriedad, y si no hay obligatoriedad no podremos solucionar el problema que nos denuncian todas las organizaciones profesionales agrarias, que nos han dicho que esta proposición de ley es mucho
mejor que ese decreto oficioso y clandestino que funciona por ahí con la única intención de neutralizar lo que algunos desde las bancadas del Gobierno consideran que es un tanto político y que no se quiere presentar como tal, porque ustedes, señor
Alonso -como pude recordarle ayer-, tienen la oportunidad de sumarse a este acuerdo. Esta es una proposición de ley que ya ha empezado; ha empezado en el mes de septiembre. Llevamos tres meses de retraso, pero ya ha empezado a funcionar,
contempla un régimen sancionador y por lo tanto va a permitir que sean obligatorios los contratos voluntarios, y si hay régimen sancionador los contratos serán obligatorios.
Pues bien, advertimos a las señorías que pueden conformar una nueva mayoría -que ojalá fuera total- que atiendan la petición de un sector que está angustiado en estos momentos. Está en una situación desesperada, por el abandono de la
actividad, el envejecimiento de la población, etcétera.
A todos se nos llena la boca diciendo que el sector agrario tiene un gran valor desde el punto de vista de la seguridad, la calidad y el suministro agroalimentario, que le esperan grandes
perspectivas en la vertebración del territorio y en la defensa del medio ambiente. Todos coincidimos en este análisis. Pero, señorías, cuando llega el momento de la verdad no atendemos a solucionar los graves problemas por los que está pasando.
Esta proposición de ley, que es muchísimo mejor que el decreto al que ustedes se están aficionando tanto en estos últimos momentos -el decreto, el veto, la descalificación en cuanto la oposición presenta iniciativas que no coincidan al cien por cien
con las suyas o en cuanto no las presenta-, abre las posibilidades a todos los grupos de la Cámara para que participen, para que le mandemos al sector una señal de firmeza, de unión, para que sigan al frente de sus explotaciones, que cada vez están
en mayor peligro no solo por las circunstancias actuales sino también por las futuras ya que en el año 2015 desaparece la actual organización común de mercados, desaparece el régimen de intervención y de gestión de mercados y se eliminan las cuotas;
es decir, se liberaliza totalmente el sector.
Señoras y señores diputados, hoy tenemos la posibilidad de demostrarle al sector que estamos atentos a los problemas que tiene en estos momentos.
Urgentemente, como en otras cosas, se hace por la vía de decreto, y permítanme que les diga
que por la vía de decreto, señoras y señores diputados, el descrédito de esta Cámara cada vez será mayor. Pido a todos los grupos políticos de esta Cámara que atiendan la demanda generalizada del sector y apoyen esta iniciativa. Luego, estamos
abiertos; lo hemos hecho otras veces cuando ustedes, señores de la mayoría, han presentado alguna iniciativa, que ahora se les está olvidando, y la hemos apoyado porque creíamos que era lo mejor para el sector. Estamos abiertos, pensamos que en el
trámite reglamentario que seguirá podremos mejorar seguramente las insuficiencias y las limitaciones que tenemos en esta proposición de ley. Pero hoy todos los ganaderos que nos están escuchando, los que producen leche desde Galicia a Castilla y
León, desde todas las partes de España, están esperando que este Parlamento les dé una respuesta a la gravedad de su situación.
Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señoras y señores diputados.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llorens.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señorías, ante el debate de toma en consideración de la proposición de ley que hoy nos presenta el Grupo Parlamentario Popular y que ha sido defendida en esta tribuna por el señor Llorens, permítanme que no pueda sustraerme de recurrir a la
memoria y a las muchas ocasiones en que el Bloque Nacionalista Galego presentó ante esta Cámara iniciativas orientadas a la creación de los contratos homologados para poder garantizar un precio digno a los ganaderos. (La señora vicepresidenta,
Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)
Evidentemente, el problema del precio de la leche en Galicia hace muchísimos años que existe. También es cierto que en estos momentos tenemos en Galicia, en cuanto al precio de la leche, el mismo problema que tienen no solo todo el Estado
español sino también la Unión Europea, y es en este momento cuando nos encontramos con diferentes acuerdos o decisiones políticas en la dirección que recoge la proposición de ley que estamos debatiendo. En relación con la memoria, señorías, hace un
momento una diputada de esta Cámara reconocía que recordaba cómo nuestro diputado Guillerme Vázquez defendía ya en el año 2000 la posición del BNG en relación con los contratos homologados. En esa decisión firme del Bloque Nacionalista Galego de
defender esta cuestión tenemos que decir -haciendo uso de esta memoria, como digo- que cuando el BNG tuvo ocasión, en el momento de tener responsabilidades de gobierno en Galicia, puso en marcha el contrato homologado para garantizar un precio
mínimo al sector lácteo, y esto fue, señorías, en el año 2008. Bien es verdad que después, en el año 2009, el Gobierno del Estado volvió a acordar en este caso un contrato homologado distinto, bastante diferente del de Galicia, que se implantó en
todo el territorio del Estado. Digo que era bastante diferente porque el contrato que se implantó en Galicia en el año 2008 establecía además un contrato de una duración de seis meses y recogía incluso un reconocimiento claro de la capacidad de
negociación colectiva entre las partes, es decir, sector productor y sector industria, en la medida en que era muy flexible la capacidad negociadora de estos dos sectores para acordar el precio. Este contrato estaba orientado a reducir las
diferencias de primas buscando lo que, desde nuestro punto de vista, era importante: eliminar las desigualdades existentes por las diferencias de capacidad de cuota que tenían los diferentes ganaderos. Mantenía este contrato también un criterio de
cálculo para los precios que era necesario establecer entre las partes, y tanto la industria como los ganaderos, a través del Observatorio del sector lácteo que se contemplaba en el contrato homologado establecido en Galicia, hacían este seguimiento
y marcaban los criterios para ese precio mínimo que, como digo, con la capacidad negociadora que se establecía en el contrato, permitía avanzar en la mejora del precio en los acuerdos entre productor e industria. Si digo esto, señorías, si hago un
recuento de aquellos aspectos que diferenciaban este contrato homologado aprobado en Galicia del aprobado en 2009 por el Gobierno del Estado o entre las partes y el Gobierno del Estado, es porque, desde nuestro punto de vista, lo que en él se
recogía era importante y además de no recogerse en el contrato acordado en el año 2009 no se recoge tampoco en la propuesta que hoy nos presenta el Grupo Popular ni se recoge, por lo que nosotros sabemos, en la propuesta de real decreto que tiene
previsto aprobar el Gobierno, y nos parece que estas son cuestiones muy importantes para el sector ganadero, de manera especial para el de Galicia.
En definitiva, señorías, en la medida en que esta proposición de ley llega a esta Cámara después de que estas actuaciones en materia de contrato homologado hayan tenido un recorrido que hace que en estos momentos el Gobierno esté elaborando
ese real decreto y que hace que la Unión Europea también apruebe medidas para que se establezcan en todo el territorio de la Unión, a pesar de eso, vamos a apoyar la propuesta que presenta el Grupo Popular, precisamente para tener la oportunidad de
incorporar en la tramitación de la proposición, a través de nuestras enmiendas, los criterios que se establecían en el contrato homologado que yo explicaba que teníamos en Galicia, que nos parecen más oportunos, más convenientes e incluso, diríamos,
imprescindibles para las mejores relaciones entre industria y productores. Cuando hablo de este contrato, señorías, lo hago en pasado por una razón: porque habiendo sido este contrato aprobado en el año 2007 y por lo tanto habiendo empezado a
funcionar
de manera muy positiva en Galicia, llegado el Partido Popular de nuevo al Gobierno dejó de actuar en relación con la continuidad de este tipo de contratos y solamente recuperó la política contractual entre la parte de industria y la ganadera
a propósito del aprobado en Madrid. Por eso nos preocupa que el Grupo Popular haga hoy una intervención tan descalificativa de lo que hace el Gobierno en Madrid y que en cambio cuando el Gobierno de la Xunta de Galicia deja un modelo de contrato
homologado en mejores condiciones que las que establecía el de Madrid abandona el que estaba siendo muy útil para el sector productor de leche en Galicia y se acoge al establecido por el Estado.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Fernández Davila.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Canet. (La señora Oramas González-Moro pide la palabra.) Perdone, señora Oramas, no constaba usted en el turno de
intervinientes. Tiene usted la palabra por tres minutos.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Por un minuto, señora presidenta, porque mi compañero José Luis Perestelo no ha llegado y tenía interés en intervenir para manifestar al portavoz del Partido Popular que vamos a apoyar esta proposición de
ley, que nos parece interesante y oportuna políticamente, por lo que cuentan con el apoyo de Coalición Canaria.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias.
Ahora sí, señor Canet, tiene usted la palabra.
El señor CANET I COMA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, compartimos absolutamente el planteamiento que ha hecho al principio de su intervención el señor Llorens cuando ha dicho que es objetivo a conseguir que no se puede recoger leche sin saber qué precio va a cobrar el productor, y en
ese sentido vemos con buenos ojos el texto que pretende regular los contratos en las relaciones interprofesionales en el sector lácteo. De todas formas, también ha planteado ya un primer problema, aunque de una forma muy breve y diríamos que no
troncal, evidentemente, y es que la proposición de ley fue presentada, al menos registrada, el primer día de octubre de este año y en ese momento el contexto no nos permitía hablar todavía de un borrador de reglamento comunitario, tampoco del
proyecto de real decreto del Gobierno. También es cierta, y son elementos con los que hemos de jugar a la hora de adoptar nuestra posición, la posibilidad evidente del recorrido parlamentario, que puede mejorar un texto que ya de por sí nos parece
bastante aceptable aunque en algunos aspectos podríamos tener algunos reparos. Podríamos comparar -sería un ejercicio legítimo- el texto de la proposición de ley del Partido Popular con el texto conocido del proyecto de real decreto, y llegaríamos
seguramente a conclusiones de que en unos aspectos nos puede complacer más uno y en otros aspectos nos puede complacer más otro, pero en realidad creemos que la reflexión no debe ser escoger entre dos textos. Creo que es bueno reconocer desde la
tribuna que en nuestro grupo nos parece muy positivo que se especifiquen claramente los casos de fuerza mayor y la excepcionalidad; creemos también muy positivo que el contenido mínimo de los contratos obligue a tener en cuenta los costes de
producción para poder variar los precios, con lo cual se beneficia claramente al productor. Otros aspectos los vemos menos favorables, por ejemplo las pocas referencias a las cooperativas, cuando los contratos deben ser escritos o no en función de
si el estatuto de las cooperativas lo prevé, como contempla el proyecto de real decreto. En cuanto a la transparencia de los contratos y la resolución de conflictos, creemos que se queda un poco corto el texto de la proposición de ley del Partido
Popular. En cuanto al régimen sancionador, el proyecto de real decreto remite a la ley de calidad alimentaria, lo que sería discutible. En cualquier caso, no creemos que se trate de escoger entre dos textos, porque uno, el que plantea el Partido
Popular, podría tener un recorrido parlamentario y podría ser mejorado. Pero, vuelvo al principio de mi intervención, para finalizar nos preguntamos: ¿Tiene sentido dar recorrido parlamentario a una proposición de ley en unos momentos en que se
está legislando en Bruselas sobre esta cuestión, legislación que deberá adaptarse, en su caso, al Estado español una vez quede definida? Tenemos nuestras dudas pese a que, como he dicho, vemos aspectos muy positivos en la proposición de ley, y
reconocemos al señor Llorens que ha hecho una excelente defensa del texto, pero, insisto, mantenemos nuestras dudas en la conveniencia de dar recorrido parlamentario a una iniciativa cuando el contexto nos deja otras dos en trámite.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Canet.
Por el Grupo Vasco PNV tiene la palabra el señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, hoy tenemos la toma en consideración de una proposición de ley de la regulación de los contratos en las relaciones interprofesionales en el sector lácteo, que nos ha presentado el Partido Popular, y antes de nada
quiero decir que nos congratulamos de esta iniciativa; nos congratulamos y no es novedad que mi grupo mantenga esta posición en torno a este tema porque mi grupo hizo una pregunta a la ministra doña Elena Espinosa pidiendo precisamente esto: Que
de una vez por todas tuviéramos un contrato homologado en el
sector lácteo, porque mi grupo veía la necesidad de la existencia de estos contratos. Le voy a decir lo que le decíamos a la ministra: Se viene reivindicando la necesidad de dotarse de instrumentos, como el contrato homologado, al objeto
de regular la relación comercial entre ganaderos, industrias y cooperativas. Usted misma -le decía igualmente- ha venido haciendo declaraciones favorables a la puesta en marcha de un contrato homologado de aplicación obligatoria que recogería,
entre otras cuestiones, el precio, aspecto que para nosotros era muy importante y, por otra parte, la Comisión Nacional de la Competencia venía mostrando su postura contraria o su reticencias. También le decíamos que el sector lácteo en el Estado
español es un sector muy atomizado, compuesto por 25.000 explotaciones y un conjunto de unos 350 primeros compradores, y que urgía poner orden en el conjunto de la cadena láctea, incluida la distribución. Para ello creíamos que había que atender
tanto a los planteamientos del grupo de alto nivel, que estaba asesorando a la Comisión, como a los planteamientos que el Gobierno había hecho en la Comisión Europea. Dicho esto nos congratulamos porque pedimos esto en esta pregunta y, en
consecuencia -no sé por fechas si será antes la proposición, el señor Llorens me dice que sí, pues así será-, tenemos la proposición de ley registrada del Partido Popular, y en este ínterin también tenemos el borrador del real decreto por parte del
Gobierno socialista. Un real decreto que hemos mirado, lo hemos visto y también tenemos una posición de la Comisión Europea en torno a este tema. Pero cabe decir, aunque parezca lo contrario, que hoy no debatimos el real decreto porque los reales
decretos no se debaten. Hoy debatimos aquí si se toma o no en consideración la proposición de ley que ha presentado el Partido Popular y cuál es la posición que toma cada grupo ante esto.
Pues bien, mi grupo tiene dos posiciones clarísimas en torno a este tema.
Una, estamos de acuerdo en tomar en consideración esta proposición de ley; por tanto, sí a la toma en consideración, porque consideramos que tiene elementos
fundamentales y necesarios que son los que pedíamos, incluso, cuando hacíamos esa referencia a la ministra. De la misma manera digo: Sí al real decreto, aunque esto no se vote y tengamos poco que aportar en un real decreto; y precisamente digo a
continuación por qué decimos que sí a la proposición de ley aun diciendo que sí al real decreto; pues porque el real decreto es una cosa cerrada en la cual los grupos parlamentarios poco tenemos que decir. Esta posición se debe a que es importante
que haya una iniciativa legislativa en un tema como este, y porque tiene que haber una participación de los grupos parlamentarios. En una cuestión como esta, aunque el Gobierno tiene una obligación y seguramente el señor Alonso en su intervención
dirá si tiene recorrido o no, los grupos parlamentarios debemos de participar.
Le voy a ser sincero, señor Llorens. El real decreto es mejor y más completo que la proposición de ley -mi grupo así lo entiende-, pero la proposición de ley es más abierta y, al ser más abierta, puede ser mejorada y pueden ser incluidas un
montón de cuestiones que los grupos podamos plantear. El real decreto llega a un tope que supera lo que ustedes plantean en la proposición de ley, pero ahí se queda y no podemos participar. En cambio, la generosidad permitiría, si esto saliera
adelante, incluir enmiendas y elementos porque consideramos que tanto la proposición de ley como el real decreto se quedan -digámoslo así- semicojos. Algunas cuestiones pueden ser mejoradas si hubiera la posibilidad de desarrollar esta proposición
de ley. Por tanto, estamos de acuerdo en que exista este real decreto porque mientras el tránsito de esta proposición de ley llegue a un momento en que pueda hacerse realidad necesitamos herramientas y esta es una herramienta necesaria. Además
quiero decir que queremos participar en el enriquecimiento de un tema como este. Hay que mejorar algunos elementos fundamentales. Por ejemplo, hay que dar seguridad jurídica y asegurar las condiciones en las que el productor se ve afectado, por lo
que la proposición de ley debe decir claramente que los contratos serán contratos tipo. No que podrían serlo, sino que deben serlo. También hay que hacer referencia a la aprobada Ley de Morosidad en la que se dice que este tipo de productos han de
ser pagados en treinta días. Habría que aplicar la Ley de Morosidad con los treinta días de pago en esta proposición de ley -si en su momento se convierte en ley-, porque estos productores necesitan que la leche se les pague en unos plazos
razonables; no como está ocurriendo hasta ahora que el monopolio está decidiendo cuándo, cómo y por qué pagar, dejando en una situación bastante miserable en más de una ocasión a los pobres productores. Podríamos mencionar otra serie de
cuestiones. Por ejemplo, el plazo de la rescisión no solo ha ser solo del vendedor al comprador, también del comprador al vendedor. Tienen que tener los mismos derechos a decidir cuándo tienen que rescindir un contrato. No puede ser
unidireccional, sino que tiene que ser bidireccional.
Creemos que las dos cosas son compatibles. Esto no es una decisión salomónica para quedar bien con unos y con otros. Mi grupo no va a entrar en esas guerras en las que se sumergen día a día el Partido Popular y el Partido Socialista,
excepto en Euskadi, quiero que quede claro.
Necesitamos ya una herramienta que ordene e implante el sistema del contrato homologado, porque lo necesitan los productores y lo necesita el sector lácteo.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Agirretxea.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Tarruella.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, voy a empezar diciendo que nuestro grupo no se va a oponer a la toma en consideración de esta proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular. No
nos vamos a oponer, pero tampoco la vamos a apoyar. Se lo digo ya desde el principio. La postura de nuestro grupo parlamentario -voy a explicar seguidamente por qué- va a ser de abstención. Cuando ha intervenido el señor Llorens ha
explicado que cuando presentó esta proposición de ley -dice que la presentó en septiembre; está registrada el 1 de octubre, es lo mismo- no teníamos todavía el borrador del decreto comunitario ni el borrador del real decreto del ministerio. Estos
meses se ha avanzado en ello. Nos consta que se está negociando con los productores, con las organizaciones, con comunidades autónomas y también -por qué no- vamos a intentar que haya negociaciones o que se nos escuche a los grupos parlamentarios.
No nos vamos a oponer porque el contenido de la proposición de ley nos parece correcto. El contenido es bueno, pero es mejorable, lo ha dicho usted. En algunos aspectos quizás nos gustarían más otros contenidos que están en el real decreto o en el
borrador, pero creemos que todavía se podrían mejorar más. Lo que pasa es que en estos momentos en los que se está acabando de legislar en Bruselas, una legislación a la que nos vamos a ver sometidos, y en un momento en el que se está negociando un
real decreto a nivel del Estado español, tendríamos que dar un pequeño margen. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Esperemos que después no nos defrauden con este margen que vamos a dar ahora al Gobierno, para que en sus negociaciones con
todo el sector salga de aquí un decreto con contratos con el que todas las partes estén satisfechas. Algunas voces nos han hecho llegar algo a lo que deberíamos unirnos, de hecho el señor Agirretxea, que me ha precedido en el uso de la palabra,
también lo ha mencionado. A menudo nos preguntamos si solo sentando en una mesa de negociación o si solo atando en estos contratos a productores e industria, si no sentamos también a la distribución vamos a conseguir aquello que todos deseamos, ya
que en algunos sitios la venta de según qué precios de leche está muchas veces por debajo de coste. Aquí hay otros temas que tienen que intervenir, y desde Bruselas principalmente. Además, hay un punto de la proposición de ley que sí que me
gustaría mencionar, porque si prospera esta proposición de ley, me gustaría que se pudiera contemplar. Creemos que la obligatoriedad de los contratos, tendrían que ser homologados en los territorios de la Unión Europea, y aquí muchas veces ya se
está trabajando en ello. La proposición de ley dice que la obligatoriedad del contrato es por la leche producida en España, lógicamente, pero este hecho puede favorecer que quizás alguna industria tenga más fácil la compra fuera de España, sin
obligación de contrato, por lo que estos contratos deberían ser obligatorios para toda compra de leche.
En estos momentos no me queda más que dar a este voto la esperanza de que las negociaciones se lleven a cabo y de que se introduzcan estas mejoras que estos días -ayer, hoy, mañana- se están negociando en el ministerio respecto a este
borrador del real decreto. Esperamos que se escuchen también algunas de las mejoras que a nuestro grupo le gustaría introducir. Por este motivo vamos a abstenernos en esta toma en consideración.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Tarruella.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Alejandro Alonso.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Subo a esta tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista sin ánimo de ninguna polémica con el Partido Popular, y mucho menos con su portavoz, el señor Llorens, aunque solo sea por el motivo de hoy, ya que es el
cumpleaños del presidente y siempre me aconseja que baje el tono en las discusiones que tenemos usted y yo en materia de agricultura.
La intervención del señor Llorens me obliga a hacer algunas matizaciones en relación con la misma. Una, señor Llorens, sobre el contenido de su proposición. A lo largo de toda su intervención ha hecho hincapié en que pretende hacer
obligatorios los contratos homologados. ¿Lo he dicho bien? (Asentimiento.) Pues usted no ha debido leer la proposición del Partido Popular, porque dice literalmente: Obligatoriedad de los contratos; los primeros compradores de leche y productos
lácteos deberán obligatoriamente ofrecer por escrito al productor un contrato de compraventa de este producto. Artículo 5º: Los contratos que podrán ser homologados., es decir, que habrá homologados o no homologados. Quiero decir que es una
matización importante, señor Llorens, para que no lancen mensajes contradictorios.
En segundo lugar, usted dice que tiene el acuerdo de todo el sector lácteo español. He mandado su proposición a distintos representantes del sector lácteo y le voy a leer algunas cosas que me dicen. Unos dicen que están concentrados en
prestar atención al borrador de real decreto que nos ha presentado esta semana el ministerio, y que ese real decreto va mucho más allá de la iniciativa del Partido Popular. Esto es lo más sencillo. Hay otros que me dicen que la proposición es algo
extemporánea dada la evolución de la propuesta legislativa para el sector lácteo acordada por la Comisión, que solo aborda parcialmente uno de los aspectos, los contratos, y que habría que ir más allá. Dicen, por otra parte -no le digo quién-, que
la proposición de ley presenta un reduccionismo simplista. Que las definiciones de fuerza mayor y casos excepcionales me parecen -me dicen- paternalistas y de cara a la galería. Dicen, por otra parte, que no desarrolla nada sobre las
organizaciones de productores y relaciones interprofesionales y que no aporta nada en relación con el escenario español ni europeo. Estas son, simplemente, matizaciones en relación con su intervención.
Como decía al principio, no vengo con ánimo de polémica. En el fondo existe coincidencia. Coincidimos con el Partido Popular en que el sector lácteo está
pasando por momentos de gran dificultad. Coincidimos en que se trata de un sector importante en España por sus cifras económicas y por su incidencia en algunas zonas del territorio español. Por ello estamos de acuerdo en que hay que tomar
algunas decisiones en cuanto a las normas de producción del comercio de la leche y de los productos lácteos. Tenemos un sector que tiene unos déficits estructurales muy importantes, por ello en España y en la Unión Europea hay que tomar algunas
decisiones. La necesidad de legislar para hacer obligatorios los contratos de compraventa de leche cruda es algo de lo que se viene hablando desde hace muchos meses, y es algo que las organizaciones profesionales agrarias de España y de Europa
vienen reclamando por parte de la Unión Europea y que hasta ahora no se ha hecho, sobre todo porque choca frontalmente con la legislación de las autoridades de competencia de Europa y de España. Precisamente por eso cualquier modificación
legislativa que abordemos en España tiene que hacerse en concordancia con una modificación previa de la reglamentación común, la OCM del sector lácteo. Es en esa línea en la que se está trabajando, señor Llorens. Han traído aquí una proposición de
ley que, repito, quiere abordar de una forma muy reduccionista una de las siete propuestas que el grupo de alto nivel de la Unión Europea realizó; grupo de alto nivel que ha elaborado un informe a petición del Gobierno de España y que ha realizado
los trabajos y sus conclusiones durante la Presidencia española. Su proposición de ley se refiere exclusivamente a esta materia, sin abordar en absoluto el resto de aspectos que tienen que ver con una adecuada distribución de esfuerzos en toda la
cadena de valor del sector lácteo. No dice nada en relación con la oferta, con la creación de organizaciones de productores en el sector lácteo ni establece ningún mecanismo de fortalecimiento de la interprofesional láctea, aspectos que son
fundamentales y que vienen reclamando reiteradamente todas las organizaciones profesionales agrarias. En el fondo del asunto, como le digo, estamos de acuerdo. Con lo que no estamos de acuerdo es ni con el contenido -que deja mucho que desear,
señor Llorens- ni con la necesidad de que el Parlamento, es decir, una ley vaya a regular un aspecto que ya ha sido asumido en cuanto a la reivindicación por parte de la Unión Europea y del Gobierno español.
Todo el mundo sabe, creo que usted lo sabe, señor Llorens, que el Gobierno de España ya ha remitido a consultas un proyecto de real decreto que persigue el mismo objetivo que el Partido Popular de hacer obligatorios los contratos en el
sector lácteo, pero que va mucho más allá y establece condiciones y una regulación especial en relación con las organizaciones de productores y a la interprofesional. Debería saber, señor Llorens, que este proyecto de real decreto ha sido ya
sometido a consultas con los consejeros de Agricultura de todas las comunidades autónomas, y hasta ahora no he leído ninguna valoración negativa por parte de ningún consejero que haya sido publicada por algún medio de comunicación. Sin embargo, lo
más importante, señor Llorens, es que debería saber que ayer los ministros de Agricultura de la Unión Europea analizaron una propuesta de modificación de reglamento de la OCM del sector lácteo, que España ha dado su visto bueno y que, por tanto, esa
modificación de la OCM del sector lácteo, que también se ha remitido al Parlamento Europeo, va a ver la luz en muy breve plazo. Asimismo, que contempla esa posibilidad con el amparo europeo para hacer obligatorios los contratos en los países que lo
consideren oportuno. En España, la ministra ya ha manifestado, ha puesto por escrito en ese real decreto, que aquí serán obligatorios los contratos en el sector lácteo. La pregunta es -con esto voy terminando- si se va a aprobar -ya lo sabemos-
una modificación del Reglamento, que es ley de obligado cumplimiento en España, de la OCM que va a hacer obligatorios los contratos en todo el ámbito de la Unión Europea. Si está y se va a aprobar un real decreto que lo desarrolle en nuestro país y
que obliga a los contratos por escrito en el sector lácteo. Si se va a aprobar la legislación específica en el ámbito europeo y español, para qué más legislación, cuando siempre el sector agrario está reclamando, reivindicando que no compliquemos
-tres normas para un mismo objetivo, un reglamento, una ley, un real decreto-. Señor Llorens, esto legislativamente es una auténtica barbaridad. El objetivo está cumplido, va a haber contratos obligatorios, por lo que es absolutamente innecesaria
esta iniciativa. Ayer le pedí personalmente que retirara la iniciativa o al menos que retrasara su tramitación, a ver qué resulta finalmente de las decisiones en Europa y en España. Usted no ha querido, señor portavoz del Partido Popular, retirar
la iniciativa que a nosotros nos parece en este caso absolutamente innecesaria. Por tanto, aun sintiéndolo, nos obliga, señor Llorens, a votar en contra de su iniciativa.
Muchas gracias. (Aplausos.)
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:
- REAL DECRETO-LEY 13/2010, DE 3 DE DICIEMBRE, DE ACTUACIONES EN EL ÁMBITO FISCAL, LABORAL Y LIBERALIZADORAS PARA FOMENTAR LA INVERSIÓN Y LA CREACIÓN DE EMPLEO. (Número de expediente 130/000036.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a examinar el punto III del orden del día: Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y
la creación de empleo.
Para explicar las razones que han llevado a la promulgación del presente real decreto-ley tiene la palabra la señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.
Comparezco ante esta Cámara con motivo del debate de convalidación del Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.
Consolidación fiscal y puesta en marcha de reformas estructurales, garantizando en todo caso la cohesión social, son los ejes de la política económica del Gobierno destinada a favorecer la recuperación económica. Esta orientación está dando buenos
resultados.
Incluso en momentos de considerable volatilidad en los mercados los organismos internacionales y los analistas reconocen que hemos dado pasos importantes para iniciar una recuperación sostenida gracias a esta política. Ante la
inestabilidad generada por la crisis irlandesa, el Gobierno ha ratificado su compromiso con las reformas y de hecho ha decidido dar un impulso a los calendarios para su aprobación, acelerando las de mayor importancia, como es el caso de la reforma
del sistema de pensiones. En esta línea se inscribe el real decreto-ley que hoy les presento y que como conocen recoge las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno en el Congreso. Su objetivo primordial es, por un lado, mejorar la
competitividad de la economía española, por otro, reforzar el compromiso con la austeridad y la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas, porque son medidas que fortalecen las bases del crecimiento futuro ya que fomentan el dinamismo de la
actividad empresarial, eliminan cargas para la misma y favorecen la inversión.
Consolidación fiscal y reformas estructurales como ejes de la política económica de este Gobierno y que están dando buenos resultados. Les recuerdo a este efecto la
acogida recibida en el marco del Eurogrupo y por parte de los representantes de instituciones europeas.
Quiero insistir en que el presente real decreto-ley pone en marcha medidas para facilitar el desarrollo de la actividad empresarial eliminando obstáculos y reduciendo costes, porque es el sector privado el que debe protagonizar la
recuperación económica, invirtiendo, generando empleo y mejorando su competitividad, dirigiendo su actividad hacia nuevos sectores y mercados con mayor potencial de crecimiento. Y al Gobierno le corresponde facilitar el crecimiento de las empresas
así como el nacimiento de otras que generen nuevos puestos de trabajo para quienes lo han perdido a causa de la crisis. Con este objetivo el real decreto-ley contempla medidas fiscales para reducir la tributación empresarial, muy especialmente en
el caso de las pequeñas y medianas empresas. Me gustaría destacar en primer lugar la ampliación de 120.000 a 300.000 euros del tramo de base imponible de las empresas de reducida dimensión que tributan a tipo reducido. Este nuevo límite se
aplicará también a las microempresas con una cifra de negocios inferior a 5 millones de euros y menos de 25 trabajadores. En segundo lugar y para que la tributación no suponga un condicionante para el crecimiento de las empresas, se amplía el
límite máximo de cifra de negocios que delimita lo que se entiende por empresa de reducida dimensión: se amplía desde 8 a 10 millones de euros anuales, y con la misma finalidad se extienden los incentivos fiscales a los tres periodos impositivos
siguientes a aquel en que se alcance la cifra de negocios de 10 millones de euros. De esta forma extendemos el tratamiento fiscal favorable a mayor número de empresas sin dejar de aplicar un criterio selectivo.
Además y para favorecer que se produzca a la mayor brevedad su entrada en vigor, se incluyen en el real decreto-ley dos medidas anunciadas por el presidente del Gobierno en su comparecencia del pasado 25 de noviembre en esta misma Cámara.
Así para estimular la creación de empresas y reforzar la estructura financiera de las ya existentes favoreciendo su capitalización, se introducen modificaciones en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. De
esta manera se exoneran de tributación en su modalidad de operaciones societarias las constituciones de sociedades, las ampliaciones de capital, las aportaciones de los socios para reponer pérdidas y los traslados a España desde fuera de la Unión
Europea de la sede de dirección efectiva o del domicilio social de sociedades no residentes.
Asimismo se modifica la Ley del Impuesto sobre Sociedades para que la libertad de amortización se aplique desde el año 2011 a 2015 y no esté sometida a
ningún requisito relacionado con el empleo. Se avanza así en una línea ya recogida en la Ley 4/2008 y en el Real Decreto-ley 6/2010. Y para no condicionar las decisiones empresariales de inversión en las próximas semanas, la norma establece que
los activos adquiridos en diciembre de este año 2010 se beneficiarán también de la libertad de amortización. Por otra parte se hace voluntaria la pertenencia a las cámaras y por tanto la contribución a la cuota cameral a través del recurso cameral
permanente. Éste se estableció con carácter obligatorio para todas las empresas en la Ley básica de las cámaras oficiales de comercio, industria y navegación, del año 1993.
La adopción de medidas liberalizadoras de nuestra economía debe incluir la transformación de la obligatoriedad a la voluntariedad de la pertenencia de las empresas a las cámaras, una transformación que debe ser en cualquier caso un incentivo
adicional para que las cámaras sigan cumpliendo sus funciones con eficacia. Y para facilitar que puedan ajustar su actividad a esta previsible disminución en algún elemento de la cuota cameral, el decreto-ley contempla un periodo transitorio en
cuanto a las cuotas correspondientes a 2010, excluyendo del mismo en todo caso a las empresas de reducida dimensión y respetando los plazos y procedimientos establecidos para las cuotas anteriores. El real decreto-ley recoge también medidas
contenidas en el proyecto de ley de economía sostenible para permitir su puesta en marcha inmediata, entre ellas la agilización de la constitución de sociedades. Esta reforma va a permitir que
los trámites necesarios para la constitución de sociedades de responsabilidad limitada puedan llevarse a cabo en un plazo máximo de entre uno y cinco días, y con un coste máximo en términos de aranceles y registros de solo 250 euros por
sociedad como máximo. Solo se exceptúan aquellos casos en los que la elevada cuantía del capital o la complejidad de la estructura societaria exigen un examen más detallado. Por otra parte, se elimina la obligación de que la publicidad de actos
societarios tales como la constitución, la modificación de estatutos, la reducción de capital, la convocatoria de juntas de accionistas o la disolución tenga que hacerse mediante publicación en periódico y se admite por tanto la publicidad a través
de medios telemáticos.
El real decreto-ley aborda asimismo la modernización y liberalización del sector aeroportuario y del de loterías para dotarles de mayor eficiencia, flexibilidad y agilidad y para permitir la participación del sector privado. Se reforma en
primer lugar el modelo de gestión aeroportuaria, modernizando la gestión de los 47 aeropuertos que integran la red de AENA. La norma va a introducir más transparencia, más eficiencia, más competencia en el sistema aeroportuario español en línea con
los cambios que se han introducido en otros países de nuestro entorno. Así, el decreto-ley establece la creación de una sociedad estatal que asuma la gestión de los aeropuertos de interés general; una gestión que hasta ahora viene desarrollando la
entidad pública empresarial AENA, a la que se dota de una estructura mercantil que posibilitará no solo una mayor agilidad sino un marco jurídico más adecuado para mejorar la realización de todas sus actividades. La nueva estructura empresarial
permite dar entrada al capital privado manteniendo en todo caso el carácter estatal de la sociedad o, lo que es lo mismo, el control de la mayoría de su capital. Además, se establecen dos vías para la posible gestión individualizada de los
aeropuertos: a través de la creación de sociedades filiales de AENA Aeropuertos, S.A. o a través del otorgamiento de concesiones a favor del sector privado. El real decreto-ley resuelve también las cuestiones relativas al trasvase de los bienes
integrantes de los recintos aeroportuarios que se integrarán en el patrimonio de la nueva sociedad y se garantiza a los actuales trabajadores de AENA el respeto de todos sus derechos. Además, en el decreto-ley se aprueban una serie de medidas en
relación con el control del tránsito aéreo, como la clarificación de la jornada laboral de los controladores. En relación con este último aspecto -las medidas referidas a los controladores aéreos que se incluyen en el real decreto-ley- sus señorías
han tenido ocasión de conocer la justificación y el posterior desarrollo de los acontecimientos y de las decisiones gubernamentales. Lo han podido conocer en el marco del debate mantenido en esta Cámara así como en Comisión con la comparecencia del
ministro de Fomento esta misma mañana, por lo que me permitirán que no me extienda sobre estas medidas.
Señorías, en otro orden de cosas, la necesidad de que el sector del juego en España se adecue al nuevo marco jurídico europeo hace que deban acometerse urgentemente medidas para modernizar el funcionamiento de Loterías y Apuestas del Estado
y para garantizar una competencia adecuada en este mercado. Esto implica transformar la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado, que hasta ahora era simultáneamente regulador y operador de los juegos de titularidad estatal, para
crear un operador independiente y eficiente que dé transparencia a este mercado.
Así, la creación de una empresa pública garantizará la máxima eficiencia en la comercialización de los juegos de titularidad estatal. En esta sociedad podrán
participar inversores a través de la adquisición de una participación minoritaria en el capital social. Eso contribuirá a fomentar una gestión más eficiente y competitiva, manteniendo siempre una mayoría de capital público y manteniendo también el
carácter y contenido de la relación con los administradores de loterías. Se crea asimismo un regulador independiente, inicialmente un órgano adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda, hasta la creación de la futura Comisión Nacional del Juego,
que va a fomentar la transparencia y la seguridad del sector.
El objetivo irrenunciable de creación de empleo hace necesario reforzar la eficiencia de los servicios públicos de empleo, concentrando el esfuerzo en facilitar el acceso de los desempleados a un nuevo puesto de trabajo.
En este sentido les
recordaré que en el Consejo de Ministros en el que se aprobó este real decreto-ley se trataron varias medidas dirigidas a esta finalidad, y entre ellas se encuentran las recogidas en esta norma. Me estoy refiriendo, desde el punto de vista de las
políticas activas, a los 1.500 promotores de empleo, que se sumarán a los 1.500 orientadores actuales, que van a seguir desempeñando su tarea hasta el año 2012. De este modo y en colaboración con las comunidades autónomas va a ser posible
desarrollar un modelo de atención individualizada a las personas en situación de desempleo basado en un itinerario personalizado de inserción.
Señorías, como les he mencionado al inicio de mi exposición, los ejes en los que se basa la política económica de este Gobierno en este momento son las reformas estructurales y la consolidación de las finanzas públicas. En relación con este
segundo aspecto el real decreto-ley recoge una elevación en la imposición sobre las labores del tabaco y, aunque es una medida que también sirve -como sus señorías conocen- de instrumento al servicio de la política sanitaria, fundamentalmente para
desincentivar el consumo, por su naturaleza es lógico que esté incluida en un real decreto-ley para evitar los movimientos de acopio. Es un incremento que se concreta en el caso en el caso de los cigarrillos en una subida del tipo impositivo
específico, que queda fijado en 12,7 euros por cada 1.000 cigarrillos, y en un aumento del impuesto mínimo, que queda fijado en 116,9 euros también por 1.000 cigarrillos. Y experimenta también un incremento la imposición de la picadura para liar,
ya que el diferencial de precio ha ido haciéndola cada vez más atractiva para el consumidor y se ha aumentado mucho
su consumo, especialmente entre los jóvenes, facilitando así el inicio en el hábito tabáquico. También se incrementan los tipos impositivos aplicables al resto de las labores en una proporción similar. Pero quiero resaltar que, aun tras
este incremento, los precios del tabaco en España van a seguir siendo muy inferiores a los del Reino Unido, Francia y Alemania, y van a estar en línea con los precios de Portugal.
Los ingresos derivados de esta medida van a compensar las reducciones derivadas de los incentivos fiscales a las pymes, manteniendo así nuestro firme compromiso con la consolidación fiscal. Pero también son necesarias medidas que
contribuyan a reforzar la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas en el largo plazo y por eso a partir de enero de 2011 todos los funcionarios de nuevo ingreso, independientemente de la Administración en la que vayan a prestar sus servicios, se
integrarán en el régimen general de la Seguridad Social a los efectos del sistema de pensiones. Es una modificación que afecta exclusivamente a los funcionarios de nuevo ingreso, no suponiendo ningún cambio para el resto de los funcionarios que
actualmente se encuadran en el régimen de clases pasivas. Únicamente va a quedar exceptuado de este régimen el sistema de cómputo de las pensiones extraordinarias del personal de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado; es decir, aquellas pensiones que se generen por fallecimiento, incapacidad permanente o inutilidad, producida en cualquier circunstancia en acto de servicio o como consecuencia del mismo. Esta es una medida, señorías, que avanza en la
simplificación y armonización de los sistemas de pensiones de los funcionarios públicos. Asimismo con ella se va a incrementar paulatinamente el número de cotizantes a la Seguridad Social y, por tanto, los ingresos de la Tesorería General de la
Seguridad Social. Esto nos va a proporcionar una mayor estabilidad del sistema público de protección social, avanzando en la dirección de una mayor sostenibilidad de nuestras pensiones en el medio plazo.
Como ya puse de manifiesto en el inicio de mi exposición, este real decreto integra un abanico de actuaciones destinadas a favorecer la actividad económica privada, dando acceso a ámbitos reservados al Estado y fortaleciendo y dinamizando el
tejido productivo para impulsar firmemente la competitividad de nuestra economía. Además, en este real decreto-ley se adoptan medidas que favorecen la consolidación fiscal en el corto y en el largo plazo. Y dado el contexto de elevada
incertidumbre en los mercados financieros y la necesidad de fortalecer la confianza en nuestra economía, todas estas medidas deben entrar en vigor de manera urgente, por lo que procede presentarlas como real decreto-ley.
Señorías, estas medidas se insertan en la línea de trabajo del Gobierno dirigida a asegurar la consolidación fiscal -objetivo, como saben, incondicional-, así como a poner en marcha las reformas que permitan reforzar la recuperación y apoyar
el proceso de cambio del modelo productivo, medidas que deben ser adoptadas con decisión, cuyos tiempos de diseño y ejecución no permiten dilaciones en una coyuntura económica como la que estamos viviendo; coherencia y rapidez son características
que están permitiendo lograr una mayor eficacia en su aplicación. Es fundamental, como conocen, responder de una manera extraordinaria y urgente a fin de recuperar la confianza de los operadores económicos sobre nuestra capacidad y nuestra
determinación de cumplir los compromisos. Por todo ello, la figura del decreto-ley es especialmente apta para la regulación a la que he hecho referencia.
Señorías, para terminar, y en el espíritu de que las decisiones que el Ejecutivo ha plasmado en este real decreto-ley que hoy les he presentado responden a enfoques y planteamientos que hemos tenido ocasión de escuchar a muchos de ustedes en
este arco parlamentario, espero que todos, con su voto, apoyen el contenido y convaliden esta norma.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta del Gobierno.
Para fijar la posición, por el Grupo Mixto van a intervenir el señor Jorquera y las señoras Oramas, Díez y Barkos. ¿Es así? (Pausa.) La señora Barkos no. Intervendrán tres. En primer lugar, lo hará doña Rosa Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.
Coherencia y rapidez, nos ha dicho entre otras cosas la señora vicepresidenta segunda a la hora de presentar este real decreto. Tengo que decirle que coherente sí es, rápido también, pero creo que hay una parte de la tarea parlamentaria, de
la tarea de gobernar que ustedes, su Gobierno, obvian de forma permanente, particularmente en esta legislatura. Ustedes se han acostumbrado a gobernar por excepción y casi todas las iniciativas del Gobierno, sobre todo aquellas que son las más
importantes, nos llegan a la Cámara para que digamos sí o no, impidiendo que hagamos un debate, impidiendo que cumplamos con nuestra función, que es la del control, pero también la del impulso al Gobierno. Y el impulso requiere debate, requiere que
nos escuchemos mutuamente, que aceptemos la posibilidad de que otros grupos, otras personas, otros parlamentarios, puedan incorporar a la propuesta del Gobierno algunas ideas que son positivas y que pueden resolver los problemas, porque para
resolver los problemas es para lo que se gobierna.
Señora vicepresidenta, yo estoy en contra de esta forma de gobernar, estoy en contra de que se gobierne -insisto- por excepción, de que la excepción sea la norma y no lo excepcional, que para eso están previstos los reales decretos. En la
democracia, en el Gobierno, en las relaciones humanas la forma termina siendo fondo y, por tanto, estoy en contra de que ustedes le hurten de forma permanente a este Parlamento la capacidad y el deber que tenemos de cumplir con nuestra obligación,
insisto, de controlar y de impulsar la tarea del Gobierno.
Debieran ustedes fiarse más del Parlamento, tener más confianza en el Parlamento. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, nada más ser elegido en su primera legislatura, se comprometió a devolverle el papel al Parlamento;
lo expresó con bastante contundencia y en más de una ocasión, y es justo lo contrario de lo que ustedes están haciendo. Nos están quitando nuestro papel, salvo que a ustedes les parezca que el papel del Parlamento es escuchar y decir amén o no.
Creo que en una democracia seria el papel del Parlamento ha de ser mucho más exigente y ustedes nos hurtan esa tarea. Nos traen hoy un real decreto -usted lo ha explicado detenidamente- en el que juntan una serie de medidas, muchas de ellas
positivas y sobre las que no tendría nada negativo que decir, algunas de una relativa importancia, otras tan intranscendentes y tan escuchadas en esta tribuna que una ya no sabe si se han aprobado o no -algunas de las que nos ha citado las hemos
oído explicar tantas veces cuando han hablado de la ley de economía sostenible que hay que ir a la ley para buscar si se aprobaron o no-. Al hurtar el debate, hurtan a la Cámara tener un debate sobre algunas cuestiones que sí son importantes. Si
es un decreto que pretende repuntar la economía y por tanto trabajar sobre uno de los problemas más importantes que tiene nuestro país, que es el paro, parece que tendría sentido que pudiéramos haber hablado en algún momento de la desaparición de
una de las redes sociales más importantes que son los 426 euros -una red social, la llamaban ustedes mismos así-, pero dicen que no viene en este decreto porque ya lo liquidaron hace unos meses; por cierto, en un debate en el que nos negaron que la
prórroga de aquel decreto fuera el punto final y que el Grupo Parlamentario Socialista negó que hubieran tomado ya la decisión de no volverlo a prorrogar. Es decir, nos hurtan debates importantes, meten de tapadillo algunas cosas, como la
privatización de AENA, que es un tema muy importante, a mí no me parece que sea un asunto para traerlo en un real decreto y que no podamos discutir sobre la cuestión. Me parece que es tan importante que debiéramos tener tiempo suficiente para
hablar de ello. De tapadillo también nos meten la militarización de las torres de control aeroportuario. No me parece que sea lo propio tratar asuntos tan importantes -de excepción sí porque a ustedes lo del estado de excepción les gusta-, no me
parece que sea un procedimiento para arreglar las cosas.
El señor PRESIDENTE: Señora Díez, debe acabar.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Sí hay rapidez pero no me parece que esta sea la forma de gobernar, por eso no van a tener nuestro apoyo. Insisto, la forma es fondo y nos parece que este modelo de copy-paste ha dado de sí todo lo que tenía que
dar. No da más confianza a los mercados; más bien, al contrario, da una sensación de Gobierno muy frágil, muy débil y muy poco consistente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.
Tiene la palabra doña Ana Oramas. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señora vicepresidenta, en circunstancias normales cualquier grupo parlamentario, incluido el que apoya al Gobierno de turno, tendría que pedir la tramitación de estas medidas como proyecto de ley por su alcance y su importancia,
pero no estamos en circunstancias normales, desde luego no lo estamos. Estamos vadeando una de las más difíciles coyunturas económicas por las que ha atravesado este país en décadas y se nos pide a todos un ejercicio de responsabilidad que
contribuya a poner en evidencia la fortaleza de España, de sus cuentas públicas y privadas, ante los ataques especulativos de unos llamados mercados que han encontrado una forma de hacer caja a costa del Reino de España -no solo del Gobierno, no lo
olviden- y que lo hacen amparándose no tanto en los déficit públicos, que están por debajo de la media europea, como en la incertidumbre futura que genera nuestro elevado nivel de paro. Seamos consecuentes y separemos claramente el sentido del voto
de la valoración sobre el futuro de España; separémoslo, señorías, porque no podemos hacerle el juego desde esta misma Cámara a los que juegan a cargar sobre todos los españoles unos tipos de interés que no son justos en un país que siempre ha
cumplido sus compromisos. Qué duda cabe de que algunas medidas pueden cuestionarse, no ya solo por su mayor o menor acierto sino también por el procedimiento de urgencia con el que se tratan de implantar. Tal es el caso de la privatización de
AENA, un proceso en el que llevamos años embarcados y que se resuelve ahora de sopetón. Y quiero advertirlo claramente, estimamos necesario que el Gobierno se comprometa públicamente aquí a que la carta de poderes que se le otorga para reformar el
sistema aeroportuario español no se utilice para imponer unilateralmente un sistema único y uniforme en todo el país, señora vicepresidenta, porque las situaciones son muy diferentes y en el caso de los archipiélagos -sobre todo del ultraperiférico
canario- la configuración de AENA tendrá una importancia radical, esencial en la recuperación económica y en la vida de sus habitantes. El Gobierno, señora vicepresidenta, debe dejar claro su compromiso de no abandonar las singularidades
aeroportuarias pactadas en estos años para Canarias porque sabe que la bonificación de las tasas aéreas es una de las palancas del despegue de la comunidad autónoma con más elevado índice de paro y con más dificultades de conectividad con el resto
del continente. AENA en Canarias no solo son unas cuentas rentables, es la supervivencia. Nos piden un ejercicio de corresponsabilidad y aspiramos a que ustedes la practiquen también en la medida que lo
exige esta circunstancia histórica tan difícil. Nadie podrá decir que Coalición Canaria se arruga en los momentos difíciles y comprometidos y por eso, señora vicepresidenta, vamos a votar a favor del decreto.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Oramas.
Por el mismo grupo, tiene la palabra el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señora presidenta.
Señora vicepresidenta segunda del Gobierno, señorías, el BNG va a votar en contra de la convalidación de este real decreto porque, aunque consideramos positivas algunas de las medidas, discrepamos profundamente de otras y sobre todo
observamos ausencias clamorosas. Al desmantelamiento escalonado del Estado del bienestar suman ahora con este decreto el inicio de la desamortización del patrimonio público, de la venta del patrimonio de todos. Ustedes parten del prejuicio de que
modernizar pasa por que no exista sector público, por privatizar toda la actividad económica, y se reafirman en este prejuicio cuando estamos viviendo una crisis que tuvo precisamente su origen en la desregulación de los mercados y en la falta de
tutela pública de la economía. Así, en vez de atender a la demanda de descentralizar el modelo aeroportuario, abren la vía a su transferencia a manos privadas. Y, por privatizar, hasta cantan por anticipado el Gordo de Navidad iniciando la
privatización de las loterías. Por el camino que van, Margaret Thatcher acabará convirtiéndose en su ideóloga de cabecera. Para el BNG, el principal problema que sufren las pymes es la falta de liquidez y la dificultad para acceder a crédito. Ahí
es donde el Gobierno debería concentrar todos sus esfuerzos. Ustedes, en cambio, optan por otra vía, la de las rebajas fiscales. Si intentan justificar estas rebajas apelando a la difícil situación de muchas pequeñas empresas, ¿por qué no
compensan esta medida estableciendo un tipo del 35 por ciento para las bases imponibles que superen los 100 millones de euros?, ¿por qué no recuperan el impuesto del patrimonio sobre las grandes fortunas? ¿No se aseguraría así mejor la
financiación del gasto público para evitar nuevos recortes sociales?, ¿no sería más justo y equitativo? Desde luego, estoy formulando preguntas ingenuas, pues no fue eso lo que le pidieron al presidente los 37 grandes empresarios. Por lo que
respecta a la política de empleo, coincidimos en la necesidad de reforzar los servicios públicos y las políticas activas favoreciendo la atención individualizada al desempleado, pero, señorías, no podemos olvidar que ustedes, al mismo tiempo,
renuncian a prorrogar la prestación de 426 euros para los parados de larga duración. Con una tasa de paro del 20 por ciento, con un índice de pobreza subiendo de forma alarmante, con un 40 por ciento de parados con todos los miembros de su familia
en paro, ustedes optan por retirar a cientos de miles de personas la última red de protección, por dejarlos caer, en definitiva, al precipicio; los condenan a la pobreza y a la exclusión social.
Señorías, por estas razones el Bloque Nacionalista Galego votará en contra de la convalidación de este real decreto y defenderá su tramitación como proyecto de ley. Si esta es la agenda social que el Gobierno nos tenía reservada para la
última fase de la legislatura, señorías, aunque sea agnóstico, Dios nos coja confesados.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Jorquera.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene en primer lugar la palabra el señor Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señora vicepresidenta del Gobierno, este nuevo paquete de medidas de ajuste y privatización -porque eso es lo que es este real decreto-ley, aunque el Gobierno en boca de usted lo haya presentado hoy como un conjunto de medidas
liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo- constituye en puridad un aparente golpe de efecto que ha de permitir al Gobierno ganar tiempo en plena tormenta económica, apaciguar a los mercados y enfriar el calentón de la
deuda, pero en realidad es una rendición, tardía pero definitiva y además forzosa, a las recetas de la derecha europea e incluso a la agenda y al programa económico del Partido Popular, un Partido Popular que no ha tenido más remedio estos últimos
días que aplaudirlas e incluso reivindicar su paternidad.
La secuencia, señorías, es una secuencia sembrada de graves indicios de desconfianza, es un auténtico déjà vu porque nos recuerda perfectamente la crisis vivida en el mes de mayo. Antes de aprobar este decreto-ley por parte del Gobierno el
presidente llevaba dos semanas negando todo tipo de riesgo, además descartando con solemne aplomo más ajustes y más recortes sociales y al cabo de pocos días ya hemos visto una vuelta de tuerca más sobre sí mismo, es decir, un Gobierno que vuelve a
ampliar los recortes y los ajustes y además deja en papel mojado una ley de presupuestos que todavía no se ha aprobado en esta Cámara y, por ejemplo, una ley que ha empezado a andar como la ley de economía sostenible.
Todavía desconocemos, señora vicepresidenta, qué es lo que ha sucedido realmente para obligar a este Gobierno a este enésimo ejercicio de acrobacia. ¿Ha sido la certidumbre de nuevas amenazas? ¿Ha sido la reunión con los 37 empresarios más
importantes en Moncloa? ¿Ha sido quizá la necesidad de reinventarse ante este nuevo vaivén experimentado por los mercados? En cuanto a la forma, que siempre es parte del contenido, quiero insistir en que se trata de un enésimo plan de medidas
variopintas, algunas -es verdad- positivas, pero sin ningún tipo de estructura ni objetivos claros. Y en cuanto al fondo, se trata en suma de nuevos recortes sociales, más
privatizaciones de servicios públicos que además se malvenden, como los aeropuertos, para tapar agujeros. Pan para hoy. Señorías, ese constante ir y venir de este Gobierno a ritmo de yenka, este ir siempre a rebufo de lo que le piden desde
fuera, es la viva estampa de un Gobierno sin un proyecto político ni económico claro. Hace falta, por tanto, mayor visión estratégica para culminar las reformas estructurales pendientes, para hacer una política económica que genere empleo, que
genere riqueza incluso a corto plazo y que en definitiva genere bienestar pensando en el largo plazo, no siempre actuando in extremis para evitar el colapso y la intervención.
La estrella de este decreto-ley es el nuevo modelo aeroportuario, un nuevo modelo que se nos cuela además por la puerta de atrás y que constituye un nuevo balón de oxígeno para reducir no solo la deuda que arrastra AENA sino el Estado, es
una simple privatización financiera de la empresa AENA, que perpetúa un modelo actual que es único en el mundo por anticompetitivo, en un mercado abierto y global donde los aeropuertos compiten entre sí, donde se gestionan individualmente, además de
que es un modelo antieconómico y claramente ineficiente. Por mucho que se nos presente como un remedo de modelo descentralizado, ustedes, señorías, se están haciendo trampas en el solitario; no sé a quién pretende engañar el Gobierno porque este
es apenas un atrezzo que enmascara la continuidad de un modelo radial, centralista, de kilómetro cero, donde todo empieza y acaba en la Puerta del Sol. Es un modelo que perpetúa y da continuidad a un modelo más imperial que funcional en términos
económicos y por tanto un nuevo bofetón al conjunto de instituciones catalanas, al conjunto de la sociedad civil de Cataluña, que hace tiempo que viene exigiendo un modelo de gestión plenamente autónomo y competitivo para el aeropuerto de El Prat.
Y tiempo al tiempo, porque a gestión central e ineficiente, colapso total. El egoísmo de algunas castas del poder central, el tándem AENA-Iberia y esa mentalidad centralista que embarga a este Gobierno y también a la oposición que encarna el
Partido Popular van a perpetuar de cara al futuro un modelo de segunda división y van a condenar al aeropuerto de El Prat a un triste papel de mera comparsa del aeropuerto de Barajas, algo que es totalmente inaceptable para nosotros.
Entre otras medidas, señora presidenta, señorías -acabo rápidamente-, hay un poco de todo. Hay alguna positiva, por ejemplo, la reducción del tipo del impuesto de sociedades...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: Acabo, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Sí porque no tiene tiempo.
El señor RIDAO I MARTÍN: ... y la libertad de amortización, algo que nosotros ya propusimos cuando los acuerdos de Zurbano, pero sin un marco general de reforma de la fiscalidad, además de ser claramente insuficiente. Hay otras medidas,
como la regulación de las agencias privadas de colocación, algo a lo que ya nos opusimos y que además es tributario de la reforma laboral. Se introducen algunos mecanismos para la creación de empleo de empresas que ya están en la ley de economía
sostenible y que ustedes vacían de contenido. Se incorporan los nuevos funcionarios al régimen general de la Seguridad Social, algo que ya estaba en la mesa de los Pactos de Toledo y por tanto ustedes desapoderan a la Cámara. Señorías, señora
vicepresidenta, este es un auténtico cajón de sastre, un cajón de sastre con el que, evidentemente, nosotros no podemos estar de acuerdo en absoluto.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ridao.
Señora Buenaventura, tiene la palabra por el mismo grupo parlamentario.
La señora BUENAVENTURA PUIG: Gracias, presidenta.
Señor presidente, ministros, señorías, ya lo sabíamos, pero este decreto nos confirma quién manda aquí. Nosotros creemos que el real decreto que hoy pretende convalidar este Congreso es fruto de las exigencias de los 37 empresarios con los
que mantuvo el Gobierno una reunión el pasado 27 de noviembre. ¡Qué pena que escuche tanto a unos y tan poco a otros! Lástima que no se hayan reunido con los sindicatos después de la huelga general del 29 de septiembre, lástima que no escuche a
este Congreso y tengan la práctica de gobernar basándose en decretos, decretos-leyes, que no permiten una discusión y una aportación a las medidas por parte de los grupos que todos podemos hacer.
Nosotros creemos que el Gobierno ha tirado la toalla y, a merced de los insaciables mercados, lo justifica todo: el recorte en políticas sociales, la reforma laboral, el incremento en la edad de jubilación, la supresión del Prodi, es decir,
de una paga de 426 euros para personas que están en estos momentos en paro y que no tienen ninguna otra manera de poder sobrevivir; además, también las privatizaciones. Al Gobierno le preocupa el déficit, a nuestro grupo, también, pero nos
preocupan muchísimo más los 4,5 millones de parados, el más de millón y medio de personas que ya no reciben ayuda alguna y los que desgraciadamente van a incorporarse el próximo mes de febrero; también las personas que están siendo desahuciadas y
las escasas cuantías de las pensiones con las que han de malvivir nuestros mayores. Señora vicepresidenta, señor presidente, ustedes han rescatado a bancos, pero ¿cuándo van a rescatar a las personas? Todas las medidas que están tomando acabarán
incrementando la conflictividad social y ello, lejos
de generar la ansiada confianza, ahuyentará igualmente a los mercados.
Entrando en materia, no vamos a obviar decir que el real decreto contiene aspectos con los que podemos estar de acuerdo: la duplicación de la plantilla de orientadores de los servicios públicos; la agilización y la creación de empresas en
24 horas; la conversión de los autónomos hacia pymes, siempre que esta sea una opción voluntaria; también podemos valorar positivamente parte de la nueva modificación del impuesto sobre sociedades como la ampliación del concepto de empresas de
reducida dimensión y la del primer tramo de ese impuesto, que tributa el 25 por ciento. Pero lo que desde nuestro grupo reclamamos es más justicia fiscal, más equidad. Si afrontamos estas reformas, a las que, repito, no nos oponemos, estas
concretas, debe ser en el marco de una reforma fiscal integral en la que profundicemos en la progresividad del sistema fiscal español y en la que incrementemos la presión fiscal para equipararnos a la media europea. ¿Por qué no introducimos una
escala de gravamen en función de la base imponible de la empresa? ¿Por qué no diferenciamos fiscalmente aquellas actividades productivas de aquellas actividades especulativas? Hoy, el Gobierno podría presentar un nuevo tramo para aquellas empresas
con una base imponible superior a los 100 millones de euros. De esta manera no solo compensaríamos la pérdida de ingresos de las medidas propuestas, sino que incluso mejoraríamos la capacidad recaudatoria del sistema.
Además de la modificación de estos impuestos sobre sociedades y de estas modificaciones fiscales, nos traen también hoy un tema de privatización, la privatización de los aeropuertos y, en parte, de la lotería. Con la privatización del 49
por ciento de AENA el Estado va a ingresar entre 9.000 y 10.000 millones, como mínimo, para el año 2011. A nadie se le escapa que este planteamiento está realizado desde una óptica puramente recaudatoria, ingresar una cantidad importante de dinero,
a corto plazo, con el argumento de reducción del déficit público, pero con un altísimo coste, la pérdida de patrimonio público y, lo que todavía es peor, se abre la puerta a la posible pérdida de control público en la toma de decisiones de carácter
estratégico. Todo ello nos lleva a pensar que vuelven a atacar lo público, como si este ataque fuera lo más conveniente y eficiente. En cambio, eliminan el Prodi, a lo cual nos oponemos nosotros radicalmente, pues a partir de febrero de 2011 van a
dejar absolutamente desasistidas a miles de personas, que ya están en situación desesperada. Desde nuestro grupo seguiremos solicitando por activa y por pasiva su prórroga hasta que se acabe la parte más dura de la crisis.
Podría esperar de otros
grupos dicha medida, porque para ellos la pobreza puede ser algo normal, fruto de los daños colaterales de nuestra economía de mercado. Lo que nunca nos hubiéramos imaginado es que el Partido Socialista Obrero Español propusiera estas medidas y
pretendiera dejar en la estacada a miles de parados, además de vaciar el bolsillo de nuestros mayores. Y todo ello mientras rescata a los bancos.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Buenaventura, por favor.
La señora BUENAVENTURA PUIG: Voy terminando.
No podemos estar de acuerdo con este decreto. Además, pediríamos que escuchase no solo a los 37 empresarios, sino al conjunto de los españoles. A sus representantes sindicales, a partir del 18 de diciembre podrá volver a escucharles.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Buenaventura.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señoras diputadas, señores diputados, señora vicepresidenta, señor presidente del Gobierno, hoy nos trae el Gobierno a esta Cámara para su convalidación un nuevo real decreto-ley que se denomina
de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras, para el fomento de la inversión y la creación de empleo.
En mi opinión, debiera incluir una finalidad más de las que señala: para fomentar la inversión, la creación de empleo y calmar
a unos mercados histéricos cuyo comportamiento está dañando sensiblemente, entre otras, a la economía española. Si quieren, podemos también enviar un saludo a la señora Merkel, que, con toda seguridad, apoya su convalidación.
Tras estas cuestiones preliminares, conviene realizar una reflexión en torno a la oportunidad de estas medidas en momentos de turbulencias financieras y ataques de lo que se denominan mercados y que son unos especuladores sin alma, que,
desde la City, desde Wall Street o desde otros ámbitos, se lucran buscando la pobreza y la miseria de muchos países y ciudadanos. Además, cuanto más especulan y ganan, más revierte directamente a través de los bonos en sus bolsillos. De ahí, su
enorme interés. Después de la intervención de Grecia hace unos meses y de Irlanda tan solo hace unos días, economías como la portuguesa, la española, la belga o la italiana han estado y están en el punto de mira de los desalmados mercados. Las
debilidades estructurales de estos países, de sus sistemas financieros y productivos y sus niveles de endeudamiento público y privado constituyen un caldo de cultivo propicio para sufrir ataques especulativos y poner en jaque a sus economías y al
mismísimo euro. Junto a estas deficiencias, una Unión Europea poco cohesionada y firme, sometida fundamentalmente a los intereses de Alemania, no ayuda a superar la situación. Los países o Estados muy poco pueden hacer individualmente sin contar
con una política monetaria y con una política fiscal dictada por los pactos de Estabilidad y
Crecimiento. Recluirse en medidas internas es un error y no conduce a nada. Por otro lado, una Europa débil sin conciencia de serlo, con escasa cohesión política y sin instrumentos de política económica propios, tampoco es útil para
enfrentarnos a la crisis económica actual.
Sé que este debate es profundo y de largo alcance y que hoy quizá no procede, pero sí quisiera señalar que solo con una Europa fuerte ahuyentaremos definitivamente los fantasmas de los especuladores. En este sentido sobran algunas
declaraciones de líderes europeos y son bienvenidos los cambios de actitud y política adoptados por el Banco Central Europeo. El señor Trichet, en ausencia de tensiones inflacionistas -que esto ayuda bastante-, ha puesto, aunque muy tímidamente, la
política monetaria al servicio de la estabilidad, del crecimiento y de la defensa del euro. Del mismo modo, aunque con mucha menor intensidad, lo está haciendo la Reserva Federal Americana. Hace casi dos semanas el Gobierno, en plena crisis
financiera y con unos spreads del bono español que habían superado los 300 puntos básicos en relación con el bono alemán, se encontraba ante un panorama preocupante y con la obligación de lanzar una señal positiva a los mercados y a las
instituciones europeas. De ahí, el real decreto-ley que hoy se nos trae a esta Cámara para su convalidación. Cabe preguntarse si ha cumplido su primer objetivo de calmar las tensiones financieras. Parece que de alguna forma sí, aunque nunca se
sabe cómo van a reaccionar y por dónde pueden salir los denominados mercados. Parece que sí, gracias a que ha coincidido en el tiempo con las medidas adoptadas por el Banco Central Europeo para facilitar la liquidez y comprar bonos.
El real decreto-ley en todo caso ha sido bien acogido por el Eurogrupo y por el Ecofin. ¿Son estas las medidas que se deben adoptar? Aquí el debate puede ser más amplio y es difícil que nos pongamos de acuerdo.
Existe un grupo de medidas,
como la de reducir la tributación de las pymes, la libertad de amortización, agilizar y abaratar la constitución de sociedades, aligerar las cargas de las empresas eliminando ciertas obligaciones de publicidad en los periódicos y reforzar los
servicios públicos de empleo para aumentar la formación y empleabilidad de los parados, que, sin ser soluciones mágicas, seguro que contribuyen de una manera modesta a la dinamización necesaria de la economía. Otras, sinceramente, como la supresión
de la cuota cameral e incluso el cambio de modelo aeroportuario de gestión, se podrían haber aprobado más tarde, buscando previamente un consenso más amplio, puesto que considero que su aprobación no era urgente y poco añaden al objetivo de
estabilidad que pretendía el real decreto-ley.
Permítanme, en consecuencia, que les traslade una breve reflexión en torno a estos dos asuntos. La crisis económica va a obligar a cambios drásticos a casi todo el mundo y las cámaras de comercio tampoco van a poder evitar estos cambios.
(La señora vicepresidenta, Pastor Julián, ocupa la Presidencia.) Muchas de sus tradicionales funciones, ejercidas con éxito en otros tiempos, fueron llevadas a cabo desde las instituciones públicas e incluso desde instituciones privadas, lo que les
obliga necesariamente a repensar y a reinventar sus tareas. Además, a las empresas les cuesta cada vez más pagar una cuota sin una contraprestación que les compense.
Siendo ambas cuestiones relevantes, la necesidad de reorientar la actividad
impulsada por la crisis y la dificultad de contar con unas cuotas impuestas a las empresas, hubiera sido deseable un punto de encuentro entre el Gobierno y las propias cámaras, al margen de lo establecido en la disposición transitoria, que de alguna
manera ofrece un balón de oxígeno a estas durante dos años, para que se adapten a la nueva situación de la no obligatoriedad de pertenencia a la cámara y al pago de su cuota correspondiente. Intentaremos desde nuestro grupo una iniciativa para que
el periodo transitorio se pueda alargar un poco más y todas las cámaras puedan acomodarse a la nueva situación con cierta comodidad.
Veremos si lo conseguimos.
En lo referente a la creación de la sociedad estatal que posibilite un futuro a la participación privada en la gestión aeroportuaria, desde el Grupo Vasco consideramos que se están poniendo los bueyes delante del carro. Salvo que se cree la
figura mercantil y nada más, lo cual no sería en absoluto urgente, hubiera sido más adecuado haber definido y acordado previamente el modelo global de gestión aeroportuaria, dando cabida antes en las mismas si acaso a la participación de las
comunidades autónomas.
Su aprobación, en lugar de facilitar, puede dificultar el modelo de gestión que se habrá de acordar en todo caso. Dejo ahí constancia de la preocupación de mi grupo parlamentario en relación con estas dos cuestiones.
La subida de los impuestos especiales al tabaco permitirá, amén del discurso de las bondades de reducir su consumo, que compartimos desde nuestro grupo, recaudar cerca de 800 millones de euros, lo que supondrá un pasito en la reducción del
déficit público y cubrirá a su vez la bajada de recaudación derivada de las medidas tributarias adoptadas en favor de las pymes. Con la privatización de las loterías se hará caja y disminuirá el endeudamiento del Estado. Algunos creemos que las
joyas de la abuela hay que empeñarlas cuando es necesario y este momento de crisis puede aliviarse con 8.000 o 9.000 millones, los millones que sean y que de la privatización se puedan derivar. Además, la gestión privada puede incorporar otros
juegos, modos de gestión, etcétera, que puedan redundar en beneficio de todos e implicar mayores recursos futuros incluso para el erario público. A última hora y como consecuencia del conflicto sobrevenido de los controladores aéreos, el Gobierno
introduce unas cláusulas específicas para tal fin. No es que sean medidas incentivadoras de carácter económico, pero nuestro grupo está conforme con ellas, tal y como quedó de manifiesto en el Pleno celebrado el jueves pasado. ¿Son estas todas las
medidas posibles? Nuestro grupo parlamentario cree que no, que es posible implementar otras medidas incentivadoras de la economía.
Algunas de ellas están incluidas en el proyecto de ley de economía sostenible y otras no son en absoluto urgentes, tal y como del real decreto cabría deducir. En todo caso, la aprobación de medidas económicas parciales vía real decreto-ley
no debe hacer olvidar al Gobierno que es urgente acometer en profundidad las reformas estructurales, unas por iniciar, como la del gasto público o la energía, y otras por culminar, como la del sector financiero. Solo a través de ellas se pueden
buscar las eficiencias, generar los ahorros e incrementar el potencial y la productividad del sistema económico.
Teniendo en cuenta lo dicho, nuestro grupo parlamentario, el Grupo Vasco en el Congreso, el Partido Nacionalista Vasco, considera que este real decreto-ley ha contribuido ya, aun parcialmente, a la deseada estabilidad económica y ha sido
aceptado y celebrado en el seno de la Unión Europea, lo que consideramos positivo. Estamos convencidos de que contribuirá a dinamizar la actividad y a facilitar las cosas a pymes y parados, amén de sanear las cuentas públicas. Por ello es por lo
que vamos a votar favorablemente a su convalidación y en contra de su tramitación como proyecto de ley.
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Parlamentario Catalán tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor presidente, señora vicepresidenta, ministros, señoras y señores diputados, independientemente de que este real decreto-ley que hoy estamos discutiendo en esta Cámara puede haber contribuido a generar confianza en los mercados y de que
algunos de sus aspectos económicos más relevantes son propuestas e iniciativas que Convergència i Unió ha venido reclamando desde hace bastantes meses, si tuviéramos que definir este real decreto en su totalidad lo definiríamos como un real decreto
estresante, señorías, en el que ha primado, desde nuestro punto de vista, la improvisación y que induce a muchísima confusión. Desde nuestra opinión y desde nuestra posición política, creemos que es muy poco serio legislar sobre un refrito de
normativas muy variadas y dispersas, que van desde plantear normativas fiscales y económicas en la dirección de la supresión de las cuotas obligatorias de las cámaras de comercio, de las privatizaciones de las loterías, de la privatización parcial
de los aeropuertos, de los diferentes sectores del empleo, sobre la Seguridad Social y de Muface, sobre regulación de los tiempos de los controladores, etcétera. Entendemos que no es una manera seria y ortodoxa legislar en esta dirección, lanzando
perdigonadas que van orientadas hacia muchísimos sectores, ya que, finalmente, tal y como decía al inicio de mi intervención, esto da una sensación de improvisación y, lo que es más importante, algunos aspectos -a los que me referiré seguidamente-
inducen a confusión y demuestran poca seriedad del Gobierno al legislar una iniciativa parlamentaria en la que también se está subsumiendo el reciente debate sobre los Presupuestos Generales del Estado para el año 2011; se acumulan y se plantean
las mismas iniciativas en diferentes tiempos en este real decreto-ley y en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2011. También hay que recordar, señorías, que estamos muy cerca de entrar en el debate de la ley de economía sostenible, en
la que también están incorporadas muchísimas de estas iniciativas que se están planteando en este real decreto. Quizás hubiera sido más serio, más prudente, más ortodoxo, más objetivo, abordar en profundidad todas estas medidas en la ley de
economía sostenible, con un debate sosegado con todos los grupos de la Cámara, para así poder hacer que fueran efectivas a partir del uno de enero del año 2011.
En definitiva, señora vicepresidenta, se trata de un real decreto, en concreto el décimotercero de este año, que no deja de ser, como he dicho anteriormente, estresante; al mismo tiempo, es una ley de acompañamiento por la vía exprés, ya
que no existe la posibilidad de debatirla como un proyecto de ley. Por tanto, les anticipamos que nosotros vamos a plantear que este real decreto-ley se pueda tramitar como proyecto de ley. Desde la perspectiva de las medidas económicas,
lógicamente no podríamos estar en desacuerdo, sino todo lo contrario, estamos totalmente de acuerdo con estas medidas porque, repito, algunas de ellas son propuestas o iniciativas de Convergència i Unió. Por ejemplo, las que hacen referencia al
aumento de 8 a 10 millones de la consideración de pequeña a mediana empresa, el aumento hasta 300.000 euros para que el tipo del impuesto sobre sociedades pueda rebajarse del 25 al 20 por ciento, la libertad de amortización sin estar condicionada a
la generación de empleo y la supresión del impuesto de operaciones societarias que grava las ampliaciones de capital de las empresas en un momento en que urge capitalizarlas. Realmente estamos de acuerdo con esas medidas y nos gustaría poderlas
apoyar con la máxima intensidad, pero no va a ser posible porque ustedes no lo van a tramitar como proyecto de ley o porque ustedes tampoco han querido recoger la sensibilidad de Convergència i Unió en el sentido de que quizá hubiera sido más
práctico hacer dos reales decretos y que uno fuera en la dirección económica y el otro lo hiciera en aspectos a los que más adelante me referiré.
Respecto a las cámaras de comercio, es cierto que hoy la mayoría de empresas aplauden la supresión de las cuotas obligatorias, pero pensamos que a unas entidades que han prestado unos servicios, que tienen una historia y una gran labor
orientada a la economía productiva, quizá tendríamos que darles un tiempo complementario para poder acogerse a esta nueva disposición. En este aspecto, les anuncio que vamos a intentar hablar con el Grupo Parlamentario Socialista para que se pueda
ampliar un año más el tiempo de subsanación, dando tiempo así a que se pueda presentar en esta Cámara un proyecto de ley de cámaras de comercio a fin de capitalizarlas
inmediatamente. Por tanto, en lo relativo a este aspecto, vamos intentar negociar un año más de plazo en la ley de economía sostenible para ver si es posible llegar a un acuerdo y a un consenso con el resto de fuerzas parlamentarias.
En lo que no estamos de acuerdo, discrepamos radicalmente, es respecto al modelo de privatización centralizado de AENA propuesto por el Gobierno, ya que creemos que esta no es una reforma estructural sobre el sistema de transporte aéreo que
necesita la economía española. La reforma estructural que necesita nuestro sistema de transporte aéreo es descentralización y liberalización del sistema, lo que debería permitir una participación mucho más intensa de los territorios en la
definición de la operativa de estas infraestructuras productivas capitales para el futuro. Señorías, a nosotros nos parece que la propuesta del Gobierno va a bloquear para las próximas décadas un sistema aeroportuario ineficiente y que actúa de
espaldas a las necesidades de los territorios. Creemos que por 8.000 millones de euros el Gobierno está dispuesto a consolidar un modelo aeroportuario que actúa en régimen de monopolio en España, a pesar de las medidas de la Unión Europea
destinadas a liberalizar el sector del transporte. Asimismo pensamos que por 8.000 millones de euros el Gobierno cambia la empresa AENA pública por la empresa AENA privada sin modificar el modelo. El sistema de concesiones previsto en este real
decreto para Madrid y Barcelona no modifica el monopolio y la centralización de AENA.
Los problemas que hoy padecemos con los controladores los ha creado en las últimas décadas el monopolio centralizado de AENA. A causa de este monopolio, los
contribuyentes hoy pagamos unos sueldos anuales a los controladores varias veces más elevados del que pagamos al presidente del Gobierno. Por 8.000 millones de euros, señorías, se cierra la posibilidad de crear aeropuertos competitivos capaces de
dar respuesta a las necesidades de la actividad productiva de los territorios.
Concretamente, en el caso de Cataluña, el pleno del Parlamento aprobó en la pasada legislatura la necesidad de que fueran las instituciones catalanas las que fueran mayoritarias en los órganos de decisión del aeropuerto de El Prat. También
las instituciones económicas y sociales dan pleno apoyo a esta propuesta; en cambio, el real decreto-ley del Gobierno reduce la presencia de las instituciones catalanas a un instrumento de apoyo al gestor aeroportuario, es decir, absolutamente
nada. CiU, desde esta perspectiva, no está en contra de este régimen de concesión pero no compartimos concesiones otorgadas desde el organismo centralizado, como la nueva AENA privada; en el caso de los aeropuertos catalanes, el control de la
gestión de la empresa concesionaria debe corresponder a las instituciones catalanas. Tampoco compartimos, señorías, la precipitada propuesta de privatización de las loterías del Estado por este real decreto-ley, cuando el Gobierno está comprometido
a presentar un proyecto de ley de regulación del juego el próximo mes de enero.
Con relación a todos aquellos aspectos que hacen referencia al incremento de impuestos del tabaco, en esta ocasión entendemos que el Gobierno ha acertado y ha sido capaz de tomar en consideración y conjugar un conjunto de intereses que
estaban en juego, en concreto ha intentado aunar las diferentes sensibilidades -que nosotros valoramos positivamente- del conjunto de la industria, los procesadores, los fabricantes, los distribuidores, en términos generales, y considera que estos
incrementos de las imposiciones mínimas dotan también de un marco más razonable de estabilidad al mercado y suponen además una continuación del esfuerzo gradual de convergencia europea en la materia de fiscalidad y de precios.
Quizá echamos en
falta, lo hemos hablado en diferentes ocasiones con la vicepresidenta, que este real decreto-ley no pusiera en marcha un nuevo mecanismo de ajuste automático. Ustedes saben que 14 Estados miembros de la Unión Europea tienen el impuesto mínimo con
un mecanismo de revisión automático de los montantes mínimos de imposición aplicables a los cigarrillos y a la picadura de liar, que contribuye a garantizar el cumplimiento de los objetivos recaudatorios, de los objetivos sanitarios y también la
rentabilidad social. Por tanto, repito que estamos de acuerdo en todos los aspectos económicos y en otros aspectos sectoriales que ustedes han tratado, pero repito que estamos radicalmente en contra de la privatización de AENA, de una parte del
sector público de AENA, y por este motivo no vamos a votar favorablemente este real decreto-ley y vamos a pedir su tramitación como proyecto de ley.
Muchísimas gracias, señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Montoro.
El señor MONTORO ROMERO: Señora presidenta, señor presidente del Gobierno, señores miembros del Gobierno, señorías, el Grupo Parlamentario Popular es crítico con el contenido del decreto-ley que hoy presenta el Gobierno a esta Cámara.
Somos críticos en primer lugar porque lo que necesita España son reformas, reformas estructurales, reformas de fondo, y frente a ello volvemos a tener un conjunto, un elenco de medidas improvisadas, incoherentes, desordenadas y que, en vez de
clarificar el horizonte, nos vienen a presentar a un gobierno incapaz de ofrecer confianza, de ofrecer certidumbre, de despejar ese horizonte, que es el que necesita la economía y la sociedad española dentro y fuera de nuestras fronteras.
Señorías, estamos ante una orientación fiscal que pretende ser favorable a la pequeña y mediana empresa y a la inversión empresarial y que realmente se queda muy corta en ese planteamiento, pero muy corta. No llega a las propuestas que en
este grupo parlamentario, señorías, señor presidente del Gobierno, estamos haciendo y ofreciendo a la sociedad española desde el
comienzo de esta legislatura; el Gobierno sucesivamente nos ha vetado su propio debate, su planteamiento en esta Cámara. Y ahora, parcial, fragmentada y, en definitiva, de una manera alicorta está presentándonoslas como una novedad. Ello
viene a revelar que este Gobierno no tiene filosofía, filosofía tributaria, como no tiene filosofía política. Porque otra de las razones de nuestra crítica está en que una vez más este Gobierno, y el presidente del Gobierno en especial, está
haciendo recaer el ajuste -el ajuste, señor ministro de Trabajo- sobre los más débiles de la sociedad. Y, por si quedara alguna duda, hoy tenemos las explicaciones del señor ministro de la Presidencia, el señor Jáuregui, que ha dicho que esto es
para que los parados espabilen, para que los parados se busquen su vida. Esa es la filosofía política de este Gobierno, del Gobierno socialista. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Cuando hacían aquellas manifestaciones callejeras contra
las reformas que planteábamos desde los gobiernos del Partido Popular, que realmente necesitaba España, ¿ustedes se imaginan esa situación? (Aplausos.) Pues eso es lo que nos trae este Gobierno; en definitiva, señorías, medidas tributarias
alicortas, subidas de impuestos, subida de la fiscalidad y unas privatizaciones que no son tales. Es decir, no estamos ante reconversiones de modelo -ni del modelo de juego ni del modelo aeroportuario de España-, sino ante la necesidad apremiante,
perentoria y equivocada de hacer caja. Y cuando se venden los activos del Estado por hacer caja, no por crear las condiciones de mercado, lo que se está haciendo es un serio perjuicio, un serio daño al Estado. Eso es lo que se está haciendo, y se
están abriendo las posibilidades de hacer negocio a iniciativas privadas que no deben estar actuando en determinados campos si no es en condiciones de competencia. Señorías, ¡quién les ha visto y quién les ve! Urgidos por esto que hemos escuchado
en esta tarde a los diferentes intervinientes en este debate -que han llamado mercados- y que son nuestros acreedores, que lo que quieren es cobrar su deuda, legítimamente.
Los españoles, que somos los que tenemos esa deuda frente a los mercados, tenemos que decirles que efectivamente la economía española tiene esa capacidad de crecer y de crear empleo, señorías. Pero esa capacidad depende de políticas
económicas, de reformas estructurales y no de tirones ni de improvisaciones ni de creaciones de parches ni de sugerencias ni de sacarse conejos de la chistera. Ya está bien, porque ya no sabes en qué número de plan estás; si era el plan B del
Gobierno subir el tabaco o si el plan B del Gobierno era también cambiar el régimen laboral de los controladores a través de un decreto-ley. Por cierto, este extremo no lo explicó la vicepresidenta segunda que estaba contenido en la explicación
pública tras el Consejo de Ministros; sabían ustedes, los miembros del Gobierno, lo que se estaba larvando y gestando. Todo ello -insisto- de una manera inconexa, incoherente y desordenada, que lo que hace es traer más confusión donde debería
primar un tratamiento clarificador. Además, lo que hacen es entrar en el régimen de cámaras de comercio. Nosotros estamos de acuerdo con la voluntariedad de todo asociacionismo, pero no lo estamos con un procedimiento tan arbitrario que no ha sido
consultado con nadie, ni con el sector y dudo que lo supiera ni siquiera el ministro de Industria, el ministro competente. De ahí la sorpresa cuando el presidente del Gobierno lo anuncia. Esa es su forma de gobernar, señor presidente del Gobierno.
Y así está el país, de sorpresa en sorpresa, de alarma en alarma, que es exactamente el acto siguiente que va a adoptar el Gobierno en un Consejo de Ministros extraordinario.
¿Ustedes creen que así se crea confianza en un país, trayendo este elenco de medidas económicas a estas alturas de la crisis? (Rumores.) ¿Ustedes creen que así se financia realmente la economía de nuestro país? ¿Así se recupera la
credibilidad de los mercados? ¿De esta manera, improvisando cada día, tratando de ser simpático hoy con las agrupaciones económicas que han sido más agredidas en la crisis? La pequeña y mediana empresa, los autónomos son los grandes perjudicados
de esta crisis económica y ustedes ahora hacen un gesto, a estas alturas, cuando lo que les falta es todo, facturar y vender más porque no hay confianza para recuperar el consumo, cuando les acaban de subir el IVA y cuando no tienen crédito
bancario, que realmente es como la sangre de sus cuerpos para que puedan volver a ponerse en movimiento y liderar nuestro crecimiento económico y nuestra creación de empleo.
Señorías, estamos ante un episodio más de lo que ha sido esta legislatura: un diagnóstico incorrecto de la situación. No en vano el próximo Consejo Europeo, el jueves y el viernes, es importante. España tendría que acudir realmente
haciendo los deberes, señorías, no dando palos de ciego, no haciendo descargar la crisis sobre los más débiles, no con reformas que no son capaces de acometer lo que realmente necesita nuestro país: la reforma del Estado, la reforma a través de
leyes que impidan el déficit y la deuda pública; la reforma tributaria global que realmente motive, incentive y estimule el crecimiento, la empresa y los emprendedores en España; la reforma laboral que necesita nuestro país con urgencia y que no
vamos a resolver incrementando el número de empleadores públicos, cuando realmente lo que ustedes han entendido que era crear confianza en nuestro país, que era convencer a los mercados, es, en definitiva, únicamente -insisto en esta idea- hacer
recaer la crisis sobre los parados, hacer recaer la crisis sobre los más débiles de la sociedad. Así un país no se recupera, señoría, señora vicepresidenta, así no se crea confianza, así ocurre lo contrario.
En definitiva, estamos asistiendo a los últimos estertores de un Gobierno; eso es a lo que estamos asistiendo, señorías. (Rumores y protestas.) Estamos asistiendo a lanzamientos de ideas, de proyectos, que son a la defensiva, que son el
último recurso, cuando deberíamos estar ya, a estas alturas de la crisis, acometiendo con sinceridad, con franqueza y con lealtad la recuperación económica a través de las reformas que necesita nuestro
país, que son las que he citado, a las que deberíamos añadir también la reforma del sector energético o las reformas orientadas a la innovación y a la internacionalización de nuestras empresas, señorías.
Se nos acaba el tiempo -y no solo el tiempo parlamentario de mi intervención-, señorías, se nos acaba el tiempo como país, se nos acaba el tiempo para tomar decisiones, y nos estamos jugando una posición de España que es ciertamente crítica.
Por eso la primera acción de este Gobierno, de este Grupo Parlamentario Socialista esta tarde, debería ser promover que al menos este decreto-ley se tramitara como proyecto de ley para que pudiéramos hacer aportaciones sustanciales, reformas
sustanciales, reformas tributarias, reformas orientadas a la modernización de los servicios públicos y, en definitiva, pudiéramos evitar los excesos en los que una vez más este Gobierno ha incurrido. Ya sé que pedir esto no deja de tener ese punto
de falta de realismo por mi parte en el sentido de que estamos en esta legislatura ya muy avanzada como comenzamos. Ustedes no escuchan al Grupo Popular, señorías, ustedes no escuchan a la oposición, pero nosotros desde el comienzo estamos haciendo
diagnósticos que se han demostrado veraces, fiables y estamos haciendo propuestas, propuestas de reformas económicas, de reformas fiscales, que cuando ustedes entran a ellas ya es tarde y entran, porque no creen en ellas, realmente mal. Por eso
España, que es sin duda alguna un gran país y una gran economía, con una capacidad de recuperación muy elevada, como se ha demostrado hace muy poco, necesita ya en este momento un nuevo oxígeno político, necesita un nuevo impulso político y esta
Cámara necesitaría también una revisión de su composición para que pudiéramos afrontar con fiabilidad y con seguridad un futuro económico que realmente nos devuelva al crecimiento creador de empleo cuanto antes.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Montoro.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra don Francisco Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señor presidente, señoras y señores diputados, la señora Salgado ha explicado que el objetivo del decreto-ley que hoy se somete a la convalidación de la Cámara es el de reforzar las políticas de impulso al
crecimiento, apoyando la actividad empresarial de las pequeñas y medianas empresas. Se trata de generar confianza en que la economía española será capaz de cumplir sus objetivos este año y el año que viene, y hacerlo en el contexto de un conjunto
de políticas que se vienen desarrollando en la Unión Europea, suturando aquellos escapes que se producen en los países que están atascados y perfeccionando todos los mecanismos que nos afectan al conjunto de la Unión. En ese terreno, la tarea es
doble, y lo ha dicho bien: consolidar fiscalmente las cuentas públicas y poner en marcha una serie de reformas estructurales para afianzar el crecimiento.
Mi grupo cree que este ejercicio de caminar en una doble dirección es complicado y difícil, pero también hay que decir que los resultados que vamos obteniendo a lo largo de los últimos meses son bastante fructíferos. Hay razones sólidas
para pensar que la voluntad manifestada en la Cámara de construir mayorías se va a traducir en un hecho importante políticamente: tendremos presupuestos para el año 2011, y de eso hablaremos la semana que viene. También podemos decir que los datos
agregados que vamos conociendo ponen de relieve que a lo largo de este ejercicio estamos siendo capaces de reducir el déficit público a la mitad. Después del desplome que se experimentó en los ingresos públicos en los años ocho y nueve de esta
década, el año 2010 presenta una recuperación de la recaudación que nos parece muy importante, y a ello contribuye, como no puede ser de otra manera, la lucha contra el fraude, que está dando frutos por encima de las previsiones iniciales. Como
consecuencia de ese hecho, la necesidad de endeudamiento se ha reducido a lo largo de los últimos meses y las pujas que se van a realizar las próximas semanas se situarán por debajo de las inicialmente previstas.
Por lo tanto, el Estado cumple con
los objetivos de reducción del déficit público, también lo cumplen las comunidades autónomas, quienes además van a hacer públicas sus cuentas trimestralmente, dando paso a una situación de transparencia que no se había experimentado en momentos
anteriores. En ese sentido el Banco de España viene realizando peticiones a las entidades financieras para que hagan públicas las situaciones de sus carteras inmobiliarias y despejar así las dudas que en muchos momentos surgen sobre la solvencia
del sistema financiero. La transparencia es un arma excelente que puede evitar cualquier tipo de contagio. Esto fue lo que hubieron de padecer en Grecia y en Irlanda, y desde luego nosotros estamos dando pasos en esa dirección para proporcionar
todo tipo de información que requieran los inversores que deseen manifestar su confianza en el sistema financiero español. Por último, en este conjunto de medidas que creo que vienen siendo fructíferas a lo largo de los últimos meses, hemos de
decir que las cajas que hayan recibido ayudas habrán de finalizar sus procesos de fusión en los próximos días.
En consecuencia, el Gobierno de España ha decidido actuar con celeridad; el Gobierno de España ha optado por la inmediatez y ha decidido adoptar un conjunto de medidas de corrección de los desequilibrios, que están dando unos resultados
positivos. Eso no quiere decir que nosotros no entendamos que la austeridad y las reformas han de ser pasajeras. La austeridad y las reformas han llegado a este tipo de sociedades para quedarse, y para quedarse durante un periodo largo de tiempo.
Será preciso realizar un esfuerzo de señalización de compromisos para corregir aquellas imperfecciones que la crisis ha puesto de relieve en el sistema productivo español.
El real decreto-ley marca una orientación que nos parece positiva, camina en la buena dirección, lo apoyaremos, entre otras cosas porque establece un conjunto de medidas que facilitan el desarrollo de la actividad empresarial, eliminando
obstáculos y reduciendo costes. En ese sentido, creemos que ha de ser la iniciativa privada la que en buena medida tome el relevo de una serie de actuaciones públicas, y que esta iniciativa privada se encuentre favorecida por las medidas que
acabamos de adoptar.
Se ha hablado aquí de la importancia que tiene Loterías y Apuestas del Estado; se ha puesto de relieve el cambio cualitativo que se produce en la reforma del modelo de gestión, aceptando la entrada en ambos casos del capital
privado en porcentajes minoritarios. En relación con la preocupación que se ha manifestado por algún grupo parlamentario respecto de los compromisos con la España archipielágica, quisiéramos decir que los consideramos adecuados. La idea que hemos
tenido es la de proceder a liberalizar una serie de actividades manteniendo el control de la misma de tal manera que los recursos que se obtengan sirvan fundamentalmente para evitar el endeudamiento, para que haya menores salidas del papel español
en el mercado internacional y para que los pagos de intereses sean más reducidos.
Hay un tema que mi grupo tiene interés en poner de relieve. Las medidas tributarias obedecen a una doble dirección: medidas destinadas a favorecer a las pymes, medidas destinadas a favorecer la aceleración de la amortización anticipada y
un segundo paquete de medidas orientadas hacia la fiscalidad del tabaco, con una idea que a veces no se pone de relieve y que nosotros queremos señalar. La sociedad española a lo largo de los últimos tiempos ha ido reduciendo el consumo del tabaco
barato y, como consecuencia de ello, el consumo de determinadas labores se redujo.
A lo largo de los últimos años, se ha producido un cambio cualitativo en esa dirección. Las ventas de la picadura para liar, que habían pasado a ser absolutamente
residuales, han aumentado y con ellas se han popularizado algunos elementos artesanales que antaño fueron muy destacados. Me atrevería a decir que aquellos libritos de papel que sirvieron en tantas familias españolas para liar el caldo de gallina
vuelven a encontrarse en este momento en los estancos españoles en abundancia, algo que no deberíamos ignorar. En cualquier caso, la expansión del consumo del tabaco tiene algunos elementos sanitarios que nosotros quisiéramos poder conjurar. En
ese sentido, nos hemos movido en una dialéctica que de alguna manera quisiéramos poner de relieve. Las grandes compañías tabaqueras nos decían que eleváramos la imposición única y exclusivamente del tabaco barato y que dejáramos libre el impuesto
específico que gravaba fundamentalmente los cigarrillos en general. Creo que nosotros hemos hecho una labor de equilibrio importante.
En la Cámara hay gente que cree que alguna de estas medidas tiene un copyright y que nosotros lo hemos utilizado de alguna manera hurtándole las posiciones a otros grupos parlamentarios. Ojalá fuera eso cierto, lo digo sinceramente. Ojalá
fuera verdad que hay opciones de política tributaria, como las que nosotros presentamos, que pudieran rivalizar con las que nosotros sostenemos hoy aquí. El Gobierno es plenamente consciente de que en materia de recursos impositivos el camino es en
este momento extraordinariamente escaso, diferente y tenemos que optar. Cuando nosotros decidimos favorecer específicamente a algunos grupos económicos como las pymes, somos conscientes de que les estamos pidiendo un esfuerzo a otros grupos
económicos. Cuando nosotros decidimos favorecer y utilizar un instrumento tan poderoso como es la amortización acelerada, tenemos que tener en cuenta que ese tipo de instrumentos poderosos supone una merma de recursos que solamente pueden
entenderse con alguna temporalidad. Por lo tanto, aquí se necesita ser capaces de elevar y de establecer una política fiscal de buen comportamiento, y el Gobierno de España ha hecho una política fiscal de buen comportamiento. Ha sido selectivo
cuando ha querido apoyar a las pymes, ha utilizado medidas de temporalidad cuando ha querido favorecer la amortización acelerada, ha hecho equilibrio comparando el coste de unas medidas y el rendimiento de otras, ha sido equitativo cuando ha optado
no solamente por elevar los mínimos, sino los específicos.
Frente a nuestras opciones, tengo que decir, lamentablemente, que lo que encontramos la mayor parte de las veces son propuestas tributarias empobrecidas, y hoy ha vuelto a ponerse de relieve este hecho. Estamos asistiendo a un debate sobre
propuestas que ni han sido realistas, ni han sido sensatas y que de haberse aceptado nos hubiéramos encontrado con unas difíciles situaciones desde el punto de vista de la configuración fiscal. Esta sociedad no está en condiciones de renunciar a
ingresos fiscales, ni lo está en razón de suficiencia ni lo está en razón de equidad. Y, en ese sentido, la posición del Gobierno es muy coherente, muy sensata, muy prudente, muy equilibrada, muy equitativa y temporal.
Por eso nosotros la
apoyamos.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández Marugán.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A UN NUEVO MODELO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO QUE SIRVA DE HERRAMIENTA EFICAZ PARA COMBATIR EL FRACASO ESCOLAR. (Número de expediente 162/000196.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa a un modelo de evaluación del sistema educativo que sirva de herramienta eficaz para combatir el fracaso escolar.
Para su defensa, tiene la palabra don Juan Antonio Gómez Trinidad.
El señor GÓMEZ TRINIDAD: Gracias, presidente.
Cosas muy importantes se están debatiendo en la tarde de hoy que tienen que ver con el futuro de nuestro país y que, sin duda alguna, están atrayendo la atención no solamente de los medios de comunicación, sino también de nuestra sociedad.
Les puedo asegurar a ustedes que el asunto que vamos a abordar ahora no es de los menos importantes. Tal vez estamos tratando asuntos... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Gómez Trinidad.
Les ruego tengan la bondad de hablar en voz más baja y de salir del salón quienes no piensen atender.
Adelante.
El señor GÓMEZ TRINIDAD: Gracias, señor presidente.
Decía que estamos ante una de las reformas más necesarias, más urgentes y más importantes que necesita este país, que tiene que ver, evidentemente, con la educación. Hoy nadie discute la importancia que tiene la educación para arreglar el
presente y el futuro -también el económico, aunque no solo económico- de este país. ¿Y qué tenemos de nuevo? Lamentablemente, nada nuevo, y si tenemos algo nuevo es que seguimos igual de mal o peor.
El ministerio ha valorado los datos PISA, que
se han publicado recientemente, diciendo que estamos bien. Me parece que es un exceso de optimismo. No estamos estancados, como se ha dicho, seguimos retrocediendo, lamentablemente, y seguir retrocediendo en educación es un tema muy serio que
tiene que preocupar a todos los españoles. ¿Qué más necesitamos para enderezar el rumbo educativo de este país? Los datos PISA nos dicen que estamos doce puntos por debajo de lo que nos encontrábamos hace diez años, que estamos doce puntos por
debajo respecto a la media de la OCDE; doce puntos en lectura y diferencias similares en matemáticas y en ciencias. ¿Qué más necesitamos?
Sabemos que un tercio de nuestros jóvenes están fracasando, sabemos que más de un tercio abandona el sistema escolar de forma prematura, sabemos que el 40 por ciento de nuestros jóvenes están en paro, sabemos que existe una correlación entre
el fracaso educativo y el paro, sabemos que cuanta menos formación el empleo es menos estable y más precario, y queremos salir de la desastrosa situación económica en que nos encontramos. ¿Qué necesitamos para tomar alguna medida? Que hemos hecho
el ridículo una vez más ya no lo dudamos, que nos han sacado los colores, pase, pero no se trata de hacer el ridículo, cosa que sería grave, sino de qué pasa con nuestros jóvenes. Además de lamentarnos, ¿sabemos hacer algo? Además de llorar,
¿sabemos proponer algo? (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Algunos grupos sostienen en esta Cámara que no podemos hacer nada, que esto es competencia de las comunidades autónomas. Si fuera así, tendría que
desaparecer evidentemente el Ministerio de Educación, porque entonces la educación no sería asunto de Estado, y tendría que desaparecer consecuentemente también la Comisión de Educación. Estoy convencido de que esta Cámara y el Estado tienen mucho
que hacer para mejorar la situación educativa de este país. ¿Podemos hacer algo? Estoy convencido de que sí, podemos hacer algo si tiramos por la borda los viejos tópicos en los cuales está anclado el sistema educativo español y que, curiosamente,
se han unido en el futuro a lo que es el proyecto socialista. Tiene tan poco futuro el proyecto socialista como tan poco futuro tiene en estos momentos el sistema educativo español. Han asociado, lamentablemente, el destino al de esos dogmas y el
futuro va a ser el mismo. Por eso no hemos conseguido cambiar hasta el día de hoy ninguno de los datos educativos. ¿Se puede hacer algo? Claro que sí.
Nosotros presentamos esta tarde una propuesta que, lejos de ser una medida ideológica, creo
que tiene mucho de racional, mucho de técnico y, por tanto, podría ser posible un acuerdo. Algo incluso avanzamos en aquel pacto no nacido, que, lamentablemente, hoy el Partido Socialista no ha querido recoger.
Uno de los mejores instrumentos para mejorar la educación es la evaluación. Hemos pasado de una ausencia de evaluación en el sistema educativo español a una sobreabundancia de evaluaciones, pero lamentablemente no tenemos ninguna evaluación
de carácter censal, es decir, global para todos los alumnos del Estado español, que permita tomar decisiones sólidas, maduras para corregir el rumbo del modelo educativo. Por eso hemos presentado esta moción. A diferencia de las demás evaluaciones
-en estos momentos tenemos PISA, que por cierto es censal y tiene el mismo modelo estadístico que la evaluación general de diagnóstico; por lo tanto, no tiene mucho sentido tal y como está planteada en estos momentos la evaluación general de
diagnóstico-, el modelo que proponemos aquí esta tarde no es contemplar una evaluación más, sino reorganizar la evaluación existente en estos momentos, y que se realice al finalizar las etapas educativas obligatorias a todos los alumnos. No
olvidemos que en última instancia lo que le importa a cada padre, lo que le importa a cada clase, lo que le importa a cada centro y lo que le importa a la comunidad es cómo está realmente la situación de su hijo, de su alumno, de sus alumnos o de su
centro. No nos vale una media para poder llegar a conclusiones, del mismo modo que no aceptaríamos un tratamiento médico a partir de la media del diagnóstico que se hiciera de la temperatura de esta Cámara. Cada uno tiene sus propios síntomas y,
por lo tanto, lo que hay que hacer es poner a cada uno unas medidas ajustadas a esas necesidades.
Evaluación censal, evaluación transparente, no hay que tener miedo a la transparencia. Hace ya más de una década se tenía mucho miedo a que se hicieran públicos
los resultados de cada una de las comunidades autónomas, hoy cada una de las comunidades autónomas se ha presentado a PISA con la madurez que le corresponde y ha dicho: yo quiero tener mi foto propia, yo quiero ampliar la muestra y yo
quiero aparecer en el ranquin no solamente con las demás comunidades autónomas, sino con el resto de los países del mundo occidental o de la OCDE. Así aparecen las comunidades y todos estamos orgullosos de aparecer, mejor aparecer ahí que no
aparecer. También queremos en nuestro modelo educativo una evaluación que sea externa, medidas que sirvan para alcanzar la excelencia y que sean consecuentes con los resultados, premiando a los mejores y poniendo medidas que refuercen allá donde
haya carencias.
Lamentamos -y con esto termino- que el Partido Socialista no haya llegado a un acuerdo con nosotros, no entiendo la postura de mano tendida del ministro, que nunca ha estado hasta el momento apoyando ninguna de nuestras propuestas y, como
texto alternativo, más que hacer una proposición no de ley lo que ha hecho es presentar en un folio las medidas que ya está haciendo.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Gómez Trinidad, por favor.
El señor GÓMEZ TRINIDAD: Creo que ante una iniciativa parlamentaria no consiste en contar lo que está haciendo el Gobierno, sino en hacer propuestas para que mejore. Evidentemente, lo que está haciendo hasta el momento el Gobierno se ha
mostrado claramente insuficiente.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Gómez Trinidad.
A esta proposición no de ley se han presentado enmiendas por parte de dos grupos. Para defender, en primer lugar, las del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Subimos a esta tribuna para defender la enmienda que presentamos a la proposición no de ley del Grupo Popular que acaba de defender el señor Gómez Trinidad, porque desde nuestro punto de vista la propuesta que nos presentan incide en
aspectos que desde el Bloque Nacionalista Galego no podemos apoyar, con los que no podemos estar de acuerdo. Por un lado, la propuesta invade, en el análisis que nosotros hacemos de la misma, muchas competencias autonómicas o, cuando menos, no le
da la relevancia que es necesario dar a las comunidades autónomas en la medida en que tienen la transferencia de la gestión de la educación y, por lo tanto, son las comunidades autónomas las que tienen que establecer medidas de evaluación en la
enseñanza. Por otro lado, no podemos entender cómo en la propuesta se excluye a la comunidad educativa en todo momento, aunque en alguna ocasión se hace alguna consideración a la misma, pero se excluye desde nuestro punto de vista el trabajo de
evaluación -por decirlo así- del modelo de evaluación actual, porque no podemos olvidar que es la comunidad educativa la que mejor conoce las deficiencias o las excelencias del sistema y, por lo tanto, para cualquier modificación del modelo la
opinión y la valoración de esta comunidad es fundamental.
Por otro lado, señorías, la propuesta incide, asimismo, en otra cuestión que tiene el rechazo del Bloque Nacionalista Galego porque incide en un modelo que no es el que apoya el Bloque Nacionalista Galego, ya que en ese excesivo hincapié que
se hace en el apoyo a la excelencia y a premiar a los mejores alumnos, como acabo de decir, se está incidiendo en un modelo de educación que, desde nuestro punto de vista, puede generar incluso marginación y exclusión de muchos alumnos de la
educación.
Nosotros entendemos que en estos momentos hay ya fórmulas de premiar la excelencia o premiar a los mejores alumnos, en tanto que existe una línea de becas, que no digo que no sea necesario mejorar, no digo que sea necesario su
transferencia a las comunidades autónomas. Por tanto, existe una forma de cualificar, a través de las correspondientes valoraciones que se hacen de los diferentes estudiantes. Desde nuestro punto de vista, es fundamental trabajar en la dirección
de mejorar el rendimiento de aquellos alumnos que no están en la condición de poder ser considerados como excelencia o como buenos estudiantes. Nosotros pensamos que es ahí donde se debe hacer el gran esfuerzo. No creemos que se pueda superar esa
diferencia que tenemos en este momento de fracaso escolar en relación con la media europea, premiando a los buenos alumnos; es necesario trabajar para esa recuperación actuando con relación a aquellos que no lo son.
Entendemos que habrá que actuar
en aquellas deficiencias que tiene el sistema y que, por ejemplo, y eso está ahí en los análisis que la propia comunidad educativa elabora en muchísimas ocasiones, puede incluso estar condicionada por el número de alumnos por aulas; cuestiones que
sería necesario tratar. Por tanto, la enmienda que nosotros presentamos, reconociendo la necesidad de mejorar el modelo de evaluación actual, establece que habría que hacerlo, desde nuestro punto de vista, partiendo de un análisis contando con las
comunidades autónomas y la comunidad educativa. No olvidemos, señorías, que estos datos que nos ofrece el informe PISA indican que existen diferencias entre los diferentes territorios del Estado en relación con los resultados, incluso con el
fracaso escolar. Por tanto, no nos parece oportuno que pudiéramos acordar unas medidas que fuesen generalistas o globales para todo el territorio estatal, dado que se constatan esas diferencias. El señor Gómez Trinidad reconocía los propios
síntomas de cada comunidad autónoma, de cada territorio o de cada sistema educativo dentro del sistema global del Estado.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Fernández Dávila. Ha terminado su tiempo.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Finalizo, señora presidenta. Nosotros entendemos que nuestra enmienda recoge lo que queremos decir.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Fernández Davila.
Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Álvarez Villazán.
El señor ÁLVAREZ VILLAZÁN: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Popular presenta una proposición no de ley que presentó por primera vez en el año 2008 y que curiosamente ha sido modificada por el propio Grupo Popular escasos minutos antes de cerrarse el plazo para presentar las
enmiendas, justificándolo en que habían pasado dos años desde que la presentaron. Es una pena que no se dieran cuenta antes de que habían pasado dos años. (Aplausos.) Empiezan modificando hasta la exposición de motivos con unas afirmaciones
realmente sorprendentes porque, señor Gómez Trinidad, no se corresponden -y usted lo sabe perfectamente- a la realidad. No pueden seguir alarmando a los ciudadanos hablando de la crisis profunda del sistema educativo, cuando saben perfectamente que
esto no es cierto. Ustedes saben -y lo han reconocido- que el sistema educativo español tiene problemas, por supuesto, pero que ha mejorado en los últimos años. Lo dicen ustedes y lo reconocen de una forma sorprendente. Que el sistema educativo
es bueno no lo puede negar nadie. Usted ha mencionado el informe PISA. El informe PISA dice que nuestro sistema educativo mejora; que mejora a un ritmo similar a los de la OCDE y a los de la Unión Europea; que mejora en comprensión lectora, un
aspecto fundamental de todo sistema educativo; y que mantiene buenos resultados en competencia matemática y científica, siendo además uno de los países más sobresalientes en materia de equidad. Pero por este tema ustedes pasan de puntillas.
Parece que no les interesa demasiado.
Una vez más con esta proposición no de ley y al no aceptar nuestra enmienda demuestran que no están interesados para nada en llegar a algún tipo de acuerdo y se atreve, señor Gómez Trinidad, a hablar de mano tendida al ministro de Educación.
Nosotros sí tenemos mano tendida y hemos presentado una enmienda que recoge -aunque algunas cosas no nos gustan- lo planteado ya por el ministerio en el Plan de acción 2010-2011 de acuerdo con las comunidades autónomas, también con algunas de las
comunidades autónomas en las que gobiernan ustedes. Por eso mismo hablamos del diseño de una evaluación general del sistema educativo en sexto de primaria y cuarto de la ESO. Malamente van a poder hacer un diagnóstico de la educación, del sistema
educativo si no parten de los datos reales. Nosotros hablamos de una evaluación general que sirva, como dice la ley, para mejorar la calidad y la equidad de la educación y para aumentar la eficacia del sistema educativo, pero no de una evaluación
censal, como dicen ustedes, que pueda ser utilizada para valoraciones individuales de los alumnos o para establecer clasificaciones de los centros.
A estas alturas nadie puede poner en duda la importancia que la LOE da a la evaluación del sistema educativo como un elemento fundamental para la mejora de la educación y para el aumento de la transparencia de la que ustedes hablan también.
Prueba de ello es que le dedica un título completo y dos artículos. La importancia concedida a la evaluación en la LOE se pone de manifiesto también al establecer los distintos ámbitos en que debe aplicarse, que van desde los procesos de
aprendizaje del alumnado hasta la actividad del profesorado, los procesos educativos, la función directiva, el funcionamiento de los centros, la inspección y las propias administraciones educativas. Ustedes saben perfectamente que en el curso
2007-2008 se llevó a cabo un plan piloto de evaluación general de diagnóstico, que se realizó una primera evaluación general en el curso siguiente y después una segunda evaluación en el curso 2009-2010 cuyos datos se están analizando en estos
momentos. Así pues, en estos momentos para conocer la evolución del sistema educativo español en su conjunto, promover mejoras de la calidad en los centros educativos, contribuir al éxito escolar del alumnado y favorecer su permanencia en la
educación y formación postobligatorias, se están realizando en nuestro país los suficientes estudios, coordinados por el Instituto de Evaluación y, lógicamente, en colaboración con las comunidades autónomas. Ustedes los conocen perfectamente: a
los 9 y a los 10 años, una evaluación de diagnóstico en cuarto de primaria y otra derivada del proyecto internacional de la IEA para evaluar la comprensión lectora en matemáticas y ciencias; a los 14 años, la evaluación de diagnóstico en segundo de
la ESO; a los 15, el estudio PISA que usted ha mencionado, señor Gómez Trinidad; a los 16, el estudio del indicador lingüístico de competencia de Europa. ¿Cómo pueden decir que no se realizan suficientes pruebas de evaluación de nuestro sistema?
Por si fuera poco, estamos dispuestos a aceptar también lo que se contempla en el Plan de acción 2010-2011 y, asimismo, en los programas de cooperación territorial 2010-2011 que ha establecido el consejo rector del Instituto de Evaluación, donde
están representadas todas las comunidades en las que ustedes gobiernan.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Álvarez Villazán, por favor.
El señor ÁLVAREZ VILLAZÁN: Cinco minutos. (Risas.) Perdón, cinco segundos, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): No me asuste.
El señor ÁLVAREZ VILLAZÁN: Señor Gómez Trinidad, ¿de verdad cree que en vez de implantar una nueva prueba de evaluación...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Álvarez Villazán, por favor.
El señor ÁLVAREZ VILLAZÁN: Señora presidenta, termino ya.
¿Por qué no mejoran la ratio en las comunidades en las que están gobernando? ¿Por qué no se aplica lo que ya nos dicen los instrumentos de evaluación que tenemos en vez de intentar instaurar un nuevo sistema de evaluación? (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Álvarez Villazán.
En el turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, nos decía el diputado Gómez Trinidad, del Grupo Popular, que no deberíamos tenerle miedo. Es imposible no tener miedo al Grupo Popular (Risas.), puesto que sus iniciativas tienen un ADN claro, que es la regresión y su voluntad
uniformizadora. Evidentemente, esto se refleja en esta iniciativa parlamentaria, puesto que no son capaces ni tan solo de tener en cuenta la autonomía de los centros escolares, lo cual significa situarse en tiempos muy pero que muy pretéritos.
Mire, en Cataluña, gracias a la Ley de Educación de Cataluña, ya hemos regulado precisamente la autonomía de los centros educativos y, además, todo aquello que compete a la evaluación, razón por la que ya se ha creado una agencia que tiene como
función primera evaluar los resultados de los aprendizajes. Es inaceptable lo que ustedes nos proponen, es una afrenta a nuestra agencia de evaluación. Si usted recuerda el frustrado pacto de educación que impulsó el ministerio, ya entonces
nosotros decíamos que la razón por la cual objetábamos del Gobierno aquello que planteaba en el tema de la evaluación es que se tenía que limitar todo a la evaluación de las competencias básicas y no de los conocimientos, que es un eufemismo que se
utiliza para hablar de los malditos contenidos. Le hablo en términos pedagógicos, y sabemos perfectamente de qué estamos hablando cuando decimos que lo que hay que priorizar es la evaluación de las competencias básicas y punto. Pero es que además
ustedes establecen en su propuesta algo que me parece francamente muy reaccionario: establecen ránquines de centros y se harían públicos los resultados de cada centro, como ya se viene haciendo en la Comunidad Autónoma de Madrid que, por cierto, no
es un ejemplo de política educativa progresista. A nuestro entender, esto va en contra de lo que al menos a mí me importa, va en contra de la Ley de Educación de Cataluña, que en el artículo 184, apartado 1, deja muy claro que el uso debe ser
reservado en todo aquello que afecta a la información para los agentes y los centros. Esta es la función, básicamente orientativa, de la evaluación. Ustedes díganlo claro, pretenden otorgar una nueva calificación al alumnado con independencia de
las calificaciones que otorga el centro. No se atreven a decirlo claro, pero en definitiva lo que ustedes plantean es una reválida vergonzante. En pocas palabras, desnaturalizar la ley Orgánica de Educación y colar por la puerta de atrás la
filosofía cursi, regresiva y elitista de la LOCE, de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, que impulsó el Partido Popular y el presidente Aznar. Porque el resultado de esta reválida tendría efectos sobre becas y ayudas; el alumnado con una
nota excelente tendría, además del diploma -que tanto les gustan-, preferencia en la adjudicación de becas y ayudas; saltaría por los aires la equidad y podría ser fuente de una profunda discriminación de los sectores sociales más desfavorecidos.
Esto es lo que ustedes nunca dicen y esconden. De manera que, señores del Grupo Popular, no pretendan abordar el problema del fracaso escolar como si fuera un argumento formal, porque lo que pretenden es promover acciones que uniformicen el
panorama educativo en el Estado español. Por cierto, teniendo en cuenta que solo me quedan treinta segundos, señores del Grupo Socialista, suerte tienen ustedes de que el Grupo Popular es tan patán, desde el punto de vista procedimental, que no les
ha aceptado la enmienda, porque si se la llegan a aceptar, señores diputados del Grupo Socialista, ustedes caen en el ridículo, porque en su enmienda ustedes también hablan de contenidos. Tampoco hacen una declaración explícita de que las
competencias pertenecen a la Comunidad Autónoma de Cataluña, y lo que no pueden hacer es intentar vulnerar las competencias que nos hemos otorgado los catalanes con la Llei d´Educació de Catalunya. Por suerte, ellos no se la han aceptado, si no,
tendríamos que votar en contra de ustedes.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Tardà.
Por el Grupo Parlamentario Vasco del PNV tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señora vicepresidenta.
La verdad es que no pensaba que íbamos a hablar de los resultados de la prueba PISA en este debate, puesto que además la propuesta que hacía el Grupo Popular está registrada desde hace mucho tiempo y, por tanto, ha dado la sensación al
principio de que traía causa de unos malos resultados por parte del sistema escolar español en esta prueba.
Sinceramente, discrepo de las valoraciones tan negativas que ha hecho el promotor de la propuesta. Hay que extraer una visión algo más
positiva y creo que se han ido dando pasos para mejor en todos estos años. Lo
que no puedo compartir en absoluto con el señor Gómez Trinidad es la asociación -porque parece que se quiere asociar- de la distribución competencial de la materia educativa que se ha hecho a las comunidades autónomas con el fracaso escolar,
porque parece que las únicas medidas que ustedes proponen para combatir el fracaso escolar, para mejorar los resultados, etcétera, consisten en reforzar las competencias del Estado central. Consisten en eso, básicamente; no solo con esta
propuesta, también con otras que han hecho. Profundizando en esto, sinceramente, quiero señalarle otra cosa. Aquí, solicitud de competencias en materia educativa por parte de las comunidades autónomas, había básicamente en tres lugares: en
Euskadi, en Cataluña y en Galicia. Después también en Andalucía, pero la gran transferencia de materia educativa a las comunidades autónomas la hicieron ustedes junto con toda la materia de sanidad a una con el Partido Popular y sin que hubiera
reclamo por parte de las comunidades autónomas. Decisión a nivel de Estado, aquí van todas las competencias de sanidad y todas las competencias de educación. Ahora no nos vengamos a quejar de que el sistema educativo, el modelo educativo y el
reparto de competencias educativas es inadecuado y de que debería suprimirse el Ministerio de Educación. Por cierto, igual lo podríamos discutir. Pero sería por decisión suya, porque son ustedes los que transfirieron todas esas competencias.
Desde luego, si quieren modificar el sistema educativo y si quieren recuperar competencias para el Estado no lo hagan quitando competencias a aquellas comunidades autónomas que las reclamaron desde el principio. Ustedes verán a futuro qué es lo que
quieren hacer, pero si quieren reforzar el Estado, a la Comunidad Autónoma vasca, Cataluña y Galicia ni tocarlas, porque esas reivindicaron esas competencias desde el principio.
Hay muchas evaluaciones, también se lo han señalado otros portavoces, a nivel institucional de los propios centros educativos, a nivel de quienes tienen las competencias -las comunidades autónomas-, también la de diagnóstico por parte del
Estado, PISA, alguna otra europea también. Hay evaluaciones suficientes. En todo caso, lo que podemos hacer es poner instrumentos quizá a la hora de la evaluación del diagnóstico. Creo que se han dado pasos en ese sentido también en la
conferencia sectorial a la hora de homogeneizar los parámetros que se puedan utilizar en unos lugares y en otros. Creo que puede ser perfectamente fruto de un espíritu de colaboración entre las instituciones que tienen esas competencias educativas
La verdad es que la propuesta también me suscita cierta perplejidad porque, por una parte, se plantea que toda esta evaluación deba tener un espíritu, una función orientativa pero, por otra, se habla de diplomas y también de ránquines de las
instituciones educativas, de los centros educativos, cosa que nos parece bastante peligroso, porque además se habla de dar publicidad de todo ello. Evidentemente, cada autoridad educativa tiene que tener en cuenta qué problemas puede haber en un
centro u otro, tiene que mejorarlos y poner los medios. Pero, de ahí, de una prueba censal que se quiere hacer, ir a sacar un ranquin y además que ese ranquin sea público, me parece absolutamente inadecuado. Aparte, por rematar la cuestión, los
puntos 5 y 6 inciden absolutamente en competencias que son de rango autonómico. Por tanto, votaremos en contra de la propuesta del Grupo Popular.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Esteban.
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Señorías, al estudiar la propuesta que hoy nos hace el Grupo Popular, la primera imagen que viene a mi mente es la del proverbio que dice que cuando alguien señala a la luna con el dedo, siempre hay quien prefiere
mirar el dedo. Señor Gómez Trinidad, ¿de verdad creen ustedes que la calidad de nuestra educación no es buena porque evaluamos poco? Pues este es, a nuestro entender, el erróneo mensaje que podríamos dar hoy a la opinión pública de prosperar la
iniciativa que estamos viendo. Coincidiendo con la publicación de los resultados PISA 2009, el Grupo Popular nos trae hoy a debate una iniciativa antigua, fechada en septiembre del año 2008, que nos propone, para hacer frente a los retos de nuestro
sistema educativo, la receta ya planteada por el Gobierno Popular en la LOCE de recurrir a una recuperación de competencias en materia de educación por parte del Gobierno central, en este caso en materia de evaluación. Sin mayor preámbulo, paso a
anunciar que nuestra posición va a ser negativa. Lo fue frente a la LOCE, lo es ahora y lo va a ser siempre que la propuesta sea la de volver a un Estado aún más centralista, que desconfía de la actuación de las comunidades autónomas, y no solo
porque tenemos vocación de autogobierno sino porque consideramos que el progreso, en esta y en tantas otras materias, pasa justamente por lo contrario; pasa, especialmente en educación, por potenciar la descentralización. Tampoco nos ha gustado la
enmienda que ha presentado el Grupo Socialista, una propuesta más matizada, pero también, a nuestro juicio, invasora de competencias autonómicas. Es la propuesta que se nos hizo ya con motivo del nonato pacto de Estado por la educación; se lo
dijimos ya entonces y queremos que así conste también hoy en el 'Diario de Sesiones'.
Compartiendo desde Convergència i Unió la preocupación por la situación de nuestro sistema educativo -un sistema que, reseñando los recientes resultados de PISA 2009, dos medios de comunicación tan distantes ideológicamente como pueden ser
ABC y El País, coinciden en titular como un sistema instalado o estancado en la mediocridad-, creemos que en lo que nos hemos de fijar es en mejorar lo que ya sabemos que tenemos que mejorar y que ya está perfectamente diagnosticado en las múltiples
evaluaciones que se hacen, en lugar de,
como nos proponen, seguir haciendo evaluaciones. Nosotros consideramos que ya tenemos suficientes evaluaciones: evaluaciones de cada alumno, evaluaciones de las comunidades autónomas de acuerdo con las leyes vigentes, evaluaciones de
diagnóstico estatal y evaluaciones de la OCDE que, por cierto, no es una evaluación censal. Nuestro problema no es la falta de evaluaciones. Sabemos los problemas que tenemos y los retos a resolver por el sistema en su conjunto y por cada
Administración de acuerdo con sus competencias: Abordar dos de las causas del estancamiento, como serían el alto índice de repetidores y la gestión del alto flujo migratorio; desencallar el modelo de formación del profesorado y abordar la carrera
docente, y quiero hacer un especial hincapié en este tema de competencia estatal y recordar que recientemente en un congreso en Málaga, donde usted y yo tuvimos la oportunidad de asistir, los docentes no entendían cómo estando todos de acuerdo en la
importancia de la formación inicial del profesorado, ni el Gobierno del PSOE ni el Gobierno del PP habían conseguido hacer un estatuto de la carrera docente. Más retos: combatir el fracaso y abandono escolar, profundizar en la autonomía de los
centros y no olvidar los recursos indispensables para una atención personalizada de apoyo, a los que me permito añadir también el apoyo a las familias, uno de los elementos básicos del sistema educativo. Estos serían algunos de los retos más
importantes. Estos retos ya los tenemos evaluados y lo que deberíamos hacer es hablar de ellos y saber qué medidas desde el ámbito estatal se van a adoptar para superarlos. Pero además no vamos a poder apoyar ninguna medida que lamine las
competencias autonómicas, porque creemos en el autogobierno y porque creemos que la descentralización es más eficaz, como se demuestra en el propio informe PISA. Para mejorar la educación es obvio que desde el Estado se tienen que definir
objetivos, pero ni siquiera estamos de acuerdo en que para conseguirlo se tengan que articular políticas educativas uniformes para todas las comunidades autónomas, porque esto va en detrimento de la capacidad de propuestas propias, que serán las
adecuadas a sus propias realidades territoriales y a su propia composición demográfica. Y esto es lo contrario de lo que hacen países que sí salen bien en la foto de PISA, Finlandia, por ejemplo, en donde la homogeneidad de los resultados se debe
no única pero sí principalmente a la descentralizacion de los centros, de cada uno de los centros. Más descentralización, pues, y no más centralización, que es lo que se viene a propugnar en la iniciativa que estamos viendo y que, reitero, no vamos
a poder apoyar.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Pigem.
Señor Gómez Trinidad, es su turno de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas a su proposición no de ley; creo comprender que va a aceptar las de su propio grupo.
El señor GÓMEZ TRINIDAD: Sí, señora presidenta, las de mi propio grupo las acepto, las demás las rechazo.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, se votará con ese texto.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO PARA COMBATIR LAS CONSECUENCIAS SOCIALES DE LOS DESAHUCIOS.
(Número de expediente 173/000180.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos al punto V del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas del
Gobierno para combatir las consecuencias sociales de los desahucios. Para defender la moción en nombre de su grupo tiene la palabra el señor Macias.
El señor MACIAS I ARAU: Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta una moción consecuencia de interpelación con el objetivo de dar un paso más en un tema que cada día adquiere caracteres más
preocupantes para nuestra sociedad. Estoy seguro, señorías, de que la totalidad de los miembros de la Cámara comparten la preocupación por lo que podríamos llamar aspectos de inclusión social o de lucha contra la exclusión. Y estoy seguro también,
señorías, de que uno de los aspectos que más puede contribuir a acelerar los mecanismos de exclusión es la falta de una vivienda, o aún peor, la pérdida de la propia vivienda por parte de los ciudadanos.
Ustedes saben perfectamente que como
consecuencia de la actual situación de crisis económica, provocada a su vez por el estallido de la llamada burbuja inmobiliaria y también por el colapso de determinadas instituciones financieras, el efecto sobre el propio mercado inmobiliario ha
sido muy importante. Tan importante que en estos momentos se está produciendo una situación absolutamente extraña, al menos en los últimos años, que es la de continua pérdida del valor de la vivienda.
Evidentemente esto, para quien tiene una
vivienda en propiedad y no necesita especular con la misma porque tiene un bien de uso, no provoca ningún efecto especialmente negativo más que saber que alguien es un poco menos rico. Sin embargo, para muchos ciudadanos que están en trance de
pagar su vivienda y sobre todo para aquellos que no pueden atender el pago de las cuotas hipotecarias, puede suponer una situación que puede llevar directamente, y de hecho en algunas circunstancias
así lo hace, a situaciones de exclusión social. ¿Por qué? Porque como saben las señoras y señores diputados, cuando alguien no puede pagar una hipoteca se debe ejecutar, la entidad crediticia se hace cargo de la vivienda y la liquida, y en
muchas ocasiones esta liquidación acaba proporcionando a la entidad crediticia una cantidad inferior al volumen de la deuda acumulada. Según la aplicación que se hace en nuestra legislación hipotecaria, la entidad crediticia no solamente se ha
quedado con la vivienda de este ciudadano, sino que además puede reclamarle hasta el último céntimo de euro de la diferencia entre la valoración que se ha hecho del bien -por decirlo de alguna manera- expropiado y el valor de tasación en su momento.
Como pueden imaginarse, esto nos lleva a todos a intentar buscar soluciones. De hecho, son muchas las asociaciones cívicas de perjudicados o de personas preocupadas porque estos mecanismos de exclusión social logren ser contenidos y que han hecho
llegar a sus señorías -estoy seguro- de todos los grupos, su profunda preocupación por este hecho. Nuestro grupo -repito-, como creo que todos los grupos, está profundamente preocupado por esta cuestión y ello ya motivó que nuestro portavoz, hace
pocas semanas, formulara una pregunta al presidente del Gobierno en este sentido.
Después de la interpelación que formulamos al señor ministro creemos que nuestra obligación, como siempre hace mi grupo, es plantear unas cuantas líneas de actuación que pueden generar mecanismos para evitar los efectos perversos de estas
ejecuciones hipotecarias. ¿Cuáles son estos mecanismos que proponemos para la aprobación de la Cámara? En primer lugar, proponemos que se modifique la regulación hipotecaria y, en su caso, procesal para que en ciertos casos se pueda tener en
cuenta lo que se llama la dación en pago. ¿En qué casos? En aquellos en los cuales concurran circunstancias como la buena fe del deudor o la falta de diligencia del acreedor en el momento de la concesión de la financiación y en otras
circunstancias. Este es un aspecto ciertamente importante que creemos que debería ser tenido en cuenta.
En segundo lugar, creemos que hay que realizar otras modificaciones legislativas con el objeto de incrementar las cuantías fijadas actualmente como inembargables de los salarios. Si llegado el caso hay que embargar a alguien, que al menos
esta persona o familia disponga de unos mínimos que le permitan sobrevivir con una mínima dignidad. En tercer lugar, también hay que intentar abordar modificaciones legislativas para paralizar la ejecución hipotecaria en determinadas
circunstancias, lo mismo para una persona que, como ya sucede, en el caso de empresario concursado. También cabe impulsar medidas para fomentar el pacto en escrituras de constitución de hipotecas por el cual la obligación se haga solamente efectiva
con bienes hipotecarios. Esto es posible y hay que impulsarlo e informar al ciudadano. También creemos que vale la pena promover medidas de protección y prevención. Por ejemplo, seguros de protección de tipos de interés, seguros de protección de
pagos que puedan cubrir aquellas contingencias de desempleo, etcétera, e incluso seguros de crédito hipotecario. Otro aspecto que también planteamos es el fomento de la mediación entre las familias y las entidades financieras. (El señor presidente
ocupa la Presidencia.) Este es un instrumento de mediación que debería ser mucho más utilizado y que podría coadyuvar a la resolución de muchos casos. Finalmente, como la Cámara ya se ha pronunciado en varios aspectos relativos a la problemática
que nos importa, lógicamente la moción de Convergència i Unió también los recoge.
Señorías, este no es un tema menor; este es un tema muy importante; es un tema que nos obliga a todos a actuar con la máxima responsabilidad y diligencia pero sobre todo que sitúa al Gobierno en una importantísima responsabilidad. Para
Convergència i Unió evitar la exclusión social, señoras y señores, es prioritario.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.
Por el Grupo Popular tiene la palabra don Pablo Matos.
El señor MATOS MASCAREÑO: Gracias, señor presidente.
Señor Macias, nosotros hemos seguido con muchísima atención la moción que ha presentado y también las explicaciones y el anuncio que ha hecho hoy, y sabe perfectamente que compartimos completamente todo lo que ha propuesto tanto en la moción
como en el debate de interpelación de hace quince días y también en su intervención de hoy. Hoy nos ha dicho aquí todo lo que propone, pero me temo, señor Macias, que esto no es lo que vamos a aprobar hoy en el Congreso de los Diputados porque,
según me ha anunciado previamente, se va a aceptar la enmienda presentada por el Grupo Socialista, y esa enmienda difiere y cambia radicalmente lo que ha propuesto como moción.
Señor Macias, efectivamente, en su intervención sobre la interpelación se puso de manifiesto el drama que supone para muchas familias que pierdan su empleo alguno de sus miembros o todos, ya que pierden sus ingresos y se ven abocadas a
incumplir sus obligaciones tanto en el pago del alquiler como en el pago de la cuota de amortización en la letra del piso. Y las consecuencias son dramáticas, que no son otras que el desahucio, el embargo y la ejecución hipotecaria. Sabe
perfectamente que hemos compartido en la Comisión, y también lo hemos hecho en este Pleno, la preocupación que manifiesta en su moción respecto a las consecuencias que en la vivienda y en los hogares de miles de familias ha provocado la brutal
crisis económica que vivimos en España y que ha tenido como consecuencia la pérdida para muchas familias de la vivienda, que constituye su hogar familiar.
Señor Macias, nosotros presentamos nuestras enmiendas dirigidas a la moción que usted ha presentado y, por tanto, estábamos dispuestos a que se hablara también en el Pleno, como se ha hablado en Comisión, de modificar la legislación
hipotecaria y poder analizar la posibilidad de que la obligación garantizada se haga efectiva sobre los bienes hipotecados; es decir, estábamos dispuestos a hablar sobre la dación en pago, pero teniendo en cuenta en todo momento las consecuencias o
el impacto que puede tener en el sistema financiero. El único punto con el que no estábamos de acuerdo era con la creación del fondo estatal para atender el impago de las rentas de alquiler, porque con la situación económica en la que nos han
dejado las arcas públicas es imposible acometer un fondo como este, pero sí proponíamos como alternativa la posibilidad de ampliar la línea ICO-Moratoria al pago de las rentas de alquiler para aquellas personas en situación de una alta
vulnerabilidad social. Y proponíamos en nuestras enmiendas que se cumplieran de una vez por todas las resoluciones de la Comisión de Vivienda de 18 de noviembre de 2009 y de 24 de febrero de 2010, referentes a la modificación de la línea
ICO-Moratoria, con el fin de que pudieran acogerse más familias.
Esta línea ha sido un fracaso: fue dotada con 6.000 millones de euros y en año y medio solo se han utilizado 72, debido a la rigidez con la que el Gobierno aprobó sus requisitos y
sus condiciones de acceso. Además, en una época donde a más de 100.000 familias se les ha ejecutado la hipoteca por no poderla pagar, el Gobierno ante estas resoluciones de la Comisión de Vivienda ha estado sin inmutarse. También proponemos en las
enmiendas algunas cosas. Queremos que los tipos de interés de demora tengan un límite máximo, porque es realmente casi usura la media de los intereses de demora que se están pagando, cercanos al 29 por ciento. Queremos que la cláusula de que el
vencimiento anticipado de un préstamo hipotecario que lleve aparejado esos tipos de interés no se pueda ejecutar hasta que se haya incurrido en impago durante un mínimo de seis meses. Y queremos que la posibilidad de rehabilitar una operación
crediticia con garantía hipotecaria no se limite de manera exclusiva a las personas sino también a las empresas y a los autónomos, lo que sería un balón de oxígeno para los emprendedores, para los creadores de empleo, a los que el Gobierno ha
colocado en esta situación dramática.
La moción que nos presentó, señor Macias, nos gustaba. La apoyaríamos en la mayoría de sus puntos, pero lo que usted ha decidido aceptar, la enmienda del Grupo Socialista, la desnaturaliza completamente. En la enmienda presentada no se
habla ni un solo momento de la dación en pago y creemos que es necesario que se empiece a hablar de ello como fórmula, analizando los requisitos y el impacto en el sistema financiero. Tampoco se dice absolutamente nada, al suprimir el punto 7, de
ayudas al alquiler ni por lo tanto de ayudas o compensaciones a las personas que pueden perder su vivienda por no poder pagar los alquileres por motivo de la pérdida de empleo.
El señor PRESIDENTE: Señor Matos, debe acabar.
El señor MATOS MASCAREÑO: Termino, señor presidente.
Estas ejecuciones hipotecarias han puesto de relieve y en evidencia que el sistema de ejecuciones hipotecarias es completamente desproporcionado, que hay que modificarlo. En esa línea estábamos en la Comisión y vinimos a este Pleno con ese
deseo de avanzar y profundizar en ese camino, pero al aceptar la enmienda del Grupo Socialista no podemos apoyar su moción.
Nos vamos a abstener porque no estamos dispuestos a apoyar mociones que no digan absolutamente nada.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Matos.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida tiene la palabra don Gaspar Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Señorías, mi grupo parlamentario presentó iniciativas similares en esta Cámara con escasa fortuna y va a respaldar esta iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) con igual fortuna, es decir escasa. Porque aquí se
trata de dos intereses contradictorios: el interés de los ciudadanos y el interés de los mercados. Y parece que los tiempos corren por el interés de los mercados y no por el interés de los ciudadanos. Señorías, en España hay un alto nivel de
desempleo y dentro de ese alto nivel de desempleo cada vez una mayor falta de cobertura, aunque según el propio Gobierno este nivel de cobertura sea alto. En estos momentos, con 4.574.000 parados, tenemos aproximadamente un 1,5 millones de parados
que carecen de cualquier tipo de prestación. Además, hoy mismo decidiremos que 700.000 parados que han recibido el Prodi, la ayuda de 426 euros, dejen de recibir cualquier ayuda a partir del mes de febrero. Eso explica, señorías, que en nuestro
país haya un alto nivel de pobreza, 8 millones de personas según Cáritas, y que la situación de pobreza extrema -fíjense qué coincidencia- sea aproximadamente para 1,5 millones de personas y para su entorno, en el que no solamente existe pobreza,
sino también exclusión. Señorías, junto al mantenimiento del Prodi, esta propuesta sería una de las medidas a incluir: prestación por desempleo amplia para evitar caer en la exclusión y por otra parte medidas que tienen que ver con el
mantenimiento de la vivienda.
Pues bien, señorías, esta iniciativa parlamentaria de nuevo no va a salir adelante en esta Cámara, aunque el derecho a la vivienda sea un derecho básico, porque ese
derecho se encuentra subordinado a intereses financieros, de tal manera y en tal punto que van creciendo las denuncias por estafa y por abuso de ley contra las entidades financieras, particularmente en relación con los créditos hipotecarios.
Nuestra legislación hipotecaria, por otra parte -y es conocido-, es una de las legislaciones más favorables a los bancos de toda la Unión Europea, sobre todo si nos comparamos con nuestro entorno más cercano, como Francia, pero incluso más favorable
a los bancos que la legislación norteamericana. Esta moción, como otras iniciativas que ya han pasado por esta Cámara, como he dicho antes, con escasa fortuna, plantea medidas sensatas y positivas para contribuir a mitigar las consecuencias
sociales de los desahucios y a establecer cambios para mejorar los derechos de los ciudadanos en lo que respecta a un bien básico como es la vivienda.
En el caso de la regulación de la dación en pago como procedimiento preferente para extinguir cualquier obligación derivada del impago de un crédito hipotecario, el incremento de las cuantías fijadas como inembargables o las medidas para
fomentar que solo el bien hipotecado responda como garantía del pago en un crédito hipotecario nos parecen convenientes, necesarias y de sentido común. Pero no se trata de eso, señorías, se trata de lo que en estos momentos provisionan las
entidades bancarias que no es el valor real del bien sino el valor inicial, especulativo e inflado del bien. Y esa es la situación que tenemos, la preferencia de las entidades hipotecarias y la preferencia de mantener la ficción de un valor inflado
del bien, en este caso de la propiedad inmobiliaria. Por eso, hemos planteado una serie de enmiendas: la del apartado 3, que plantea que no solamente se realice esta paralización de la ejecución hipotecaria porque haya un procedimiento concursal,
sino también porque haya una situación de desempleo; proponemos en el apartado 4 que las cláusulas abusivas en la contratación relativa a la vivienda también se tengan en cuenta: intereses moratorios, garantías y comisiones muy frecuentes en estos
momentos; en el apartado 5 planteamos la suspensión durante un mes de los procedimientos de embargo para poder alegar -cosa que prácticamente no ocurre en estos momentos-; modificamos el apartado 6 para resolver con mayores garantías la
permanencia en la vivienda en régimen de alquiler en caso de pérdida de la propiedad, y por último proponemos una cuestión a la que damos gran importancia como es la cuestión del sobreendeudamiento familiar. Planteamos en el ciclo expansivo que no
se podían dar duros a cuatro pesetas, que no se podían dar hipotecas del 120 y del 130 por ciento, que eso endeudaba a las familias, que era el interés de los bancos pero no el de las familias y por eso lo volvemos a plantear aunque sea este el
ciclo depresivo de la economía.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra doña Ana María Fuentes.
La señora FUENTES PACHECO: Muchas gracias, señor presidente, y feliz cumpleaños. Justo es felicitarle a usted que nos felicita siempre a todos y cada uno de nosotros el día de nuestro cumpleaños. (Aplausos.)
Hoy traemos a la Cámara una moción que me parece importante porque demuestra muchas cosas. Demuestra que podemos llegar a acuerdos cuando estamos preocupados por una cuestión que afecta a todos los ciudadanos, que además podemos hacerlo
procurándoles beneficios a estos ciudadanos y que simplemente hemos de hacerlo buscando la buena fe y la posibilidad.
(La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Porque, en definitiva, cuando estamos haciendo política
estamos haciendo la teoría de lo posible, estamos haciendo aquello que dentro de los recursos que poseemos -y actualmente estamos en una situación de crisis- podemos hacer en el día a día. Por lo tanto, señor Macias, quiero agradecer el trabajo que
se ha hecho en torno a esta moción. Y sin que sirva de precedente, esta tarde estoy de acuerdo con el señor Montoro.
Estoy plenamente de acuerdo con el señor Montoro cuando ha dicho mientras debatíamos el real decreto que el Partido Socialista
había hecho muchos planes, que había traído muchas cosas y que no paraba de plantear iniciativas. Por lo tanto, acuerdo absoluto con el señor Montoro. No entiendo entonces por qué el señor Matos acaba de decir en esta tribuna que no hemos puesto
en marcha medidas para atajar las situaciones que se producen como consecuencia de la crisis. Tiene que ser que el señor Matos, habiendo cumplido el entonces Ministerio de Vivienda el 50 por ciento de su programa electoral en el momento en que fue
suprimido, estará buscando nuevas medidas para traer a esta Cámara. Pero creo que todos y cada uno de nosotros compartimos varias cosas. Compartimos el diagnóstico y el origen de esta crisis, una burbuja inmobiliaria que hace que en España la
crisis no solamente afecte al sistema financiero sino que también lo haga al sector inmobiliario y especialmente al empleo.
Compartimos la situación económica actual, no podemos negar que hay una situación de crisis. Y además, compartimos el
impacto tan perjudicial que tanto la crisis inmobiliaria como la financiera están teniendo en las familias. Lo que pasa es que lo compartimos de distinta manera. El Grupo Parlamentario Socialista entiende que se están tomando medidas y que se
están llevando a cabo todas las medidas posibles en el momento actual y además queremos seguir poniendo en marcha todas aquellas que sean posibles. Ya en el Pacto de Zurbano hablábamos de subir -y se subió- el umbral de inembargabilidad y vamos a
seguir trabajando -y eso decimos en la moción- para seguir aumentándolo. La ley del fomento del alquiler y eficiencia energética en la que trabajamos también en esta Cámara busca otra fórmula de solucionar el problema y es hacer que haya más
alquileres. Asimismo, han sido importantísimas las medidas que se han tomado por parte
de la Sociedad Pública de Alquiler, así como la aprobación de la renta básica de emancipación.
Evidentemente, creemos que tenemos que aportar soluciones, pero no soluciones para hoy sino soluciones definitivas para que no nos volvamos a encontrar nunca con una crisis inmobiliaria, con una burbuja inmobiliaria como la que estamos
viviendo actualmente. Somos conscientes del esfuerzo que tenemos que seguir haciendo, pero también estamos orgullosos del que hemos hecho para seguir manteniendo políticas sociales incluso en momentos difíciles. De ahí que hayamos presentado una
enmienda de modificación de los puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, por supuesto adaptándose perfectamente al texto original. Lo mantiene y, lo que es más importante, mantiene el sentido global de la propuesta que hacía CiU, hasta el punto de que hay
párrafos que prácticamente se mantienen en su totalidad. Lo único que se hace es dejar claro que seguimos avanzando, que continuamos y que queremos seguir haciéndolo. Solamente ha desaparecido el punto 7 de esta moción.
Por tanto, queremos seguir trabajando fundamentalmente por el derecho a la vivienda de los ciudadanos. Señor Llamazares, está claro que muchas veces tenemos que apoyar al sistema financiero, porque haciéndolo estamos apoyando también a los
ciudadanos. No podemos entender que el sistema financiero sea el enemigo de los ciudadanos. Evidentemente, sí lo son las prácticas abusivas y contra ellas habrá que trabajar, pero desde luego haciendo posible que el sistema financiero español sea
un sistema rentable fundamentalmente para los ciudadanos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Fuentes.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Desde el escaño quiero solamente manifestar el apoyo a la moción presentada por el Grupo Catalán.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Fernández Davila.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Macias, no soy muy consciente de lo que usted ha pactado con el Grupo Socialista. En todo caso, le tengo que comentar que su moción nos gustaba en términos generales. Eran propuestas que hacían frente a una patología, que es la
imposibilidad de afrontar determinados préstamos o créditos hipotecarios, y usted lo había concebido muy bien, con algunas excepciones que le voy a comentar a continuación. El punto 1 era correcto, la dación en pago es una reclamación que muchos
grupos hemos hecho en esta Cámara para liberar al deudor de un crédito hipotecario que no puede afrontar, comprometiendo otros bienes diferentes a la vivienda, la dación en pago de la vivienda. Lo que pasa es que ustedes utilizan un criterio.
Dicen ustedes en el punto 1: Modificar la regulación hipotecaria procesal con objeto de que, en los casos que se estimen oportunos... Eso es manifiestamente metajurídico. Ustedes deberían precisar en qué casos se considera oportuno, porque estas
reflexiones de carácter deletéreo y no precisas jurídicamente son perturbadoras para la ejecución de la medida que es pertinente y son perturbadoras sobre todo para articular una jurisprudencia por parte de los tribunales de justicia, usando
criterios tan deletéreos como este. La segunda era muy buena: Realizar las modificaciones legislativas necesarias con objeto de incrementar las cuantías fijadas en los conceptos retributivos que están declarados inembargables en la actualidad,
como salario mínimo interprofesional, rentas de inserción y determinadas pensiones. Yo no sé si usted ha transado a la baja, si me permite la expresión, esta recomendación. Me parece que oyendo a la portavoz del Grupo Socialista no ha sido así,
pero en todo caso este es un requerimiento de justicia social y de justicia material. Nosotros apoyábamos en sus propios términos esta moción. La tercera: cuando hay una concurrencia de procedimientos concursales liberar o exonerar parcialmente
de los requerimientos hipotecarios al que está sujeto a un procedimiento concursal. No hay nada más razonable en esta materia que lo que ustedes preconizaban. Impulsar medidas para que en el pacto de las escrituras de constitución de hipotecas
solo se traben los bienes hipotecados y no otros es un manifiesto abuso; la posibilidad de hipotecar bienes diferentes a los que hacen referencia al sujeto o al objeto del instrumento de garantía que es una hipoteca nos parece también
manifiestamente incuestionable, porque además lo preconiza y exige así el artículo 140 de la Ley Hipotecaria.
Teníamos más dudas sobre los seguros que ustedes establecen. Es bienintencionada su propuesta pero yo no sé si usted conoce alguna compañía de seguros que esté dispuesta a asegurar lo que ustedes piden aquí. ¿Ustedes consideran que alguna
compañía de seguros va a asegurar la protección de los tipos de interés cuando no se pueden afrontar? ¿O alguna compañía de seguros está dispuesta desde sus previsiones actuariales a afrontar la protección de pagos que cubra la contingencia de
desempleo involuntario o la incapacidad temporal del prestatario? Si usted lo conoce... Quizás algún banco que existe en Portugal o en Brasil que se dedica a la bienaventuranza más que a la ejecución de requerimientos financieros. Pudiera ser,
pero desde esa perspectiva también nos gustaba, también desde una perspectiva progresista estaba muy puesta en razón. Por último, el establecimiento de sistemas de ayudas para la adquisición de viviendas, sobre todo para las viviendas en
alquiler, mediante ese fondo que ustedes preconizan también nos gustaba.
Ustedes han transado, no sé muy bien en qué términos. A mí me gusta la suya y cuando pueda tener una comprensión cabal de lo que dimana de la síntesis de la suya con la que ha pactado el Grupo Socialista posiblemente podré votar que sí,
pero aquí hay portavoces que han comentado que esa transacción es una especie de prostitución o de perversión (Rumores.) de lo que ustedes -perversión he dicho, señora presidenta- preconizaban. Espero que no sea así. En todo caso, las buenas
intenciones manifestadas por todos los portavoces nos pueden hacer afrontar un problema que es muy serio, señora presidenta -y con esto acabo-, y que debemos afrontar con las medidas que Convergència i Unió preconizaba o exponía, y si son buenas,
también el híbrido que resulte de sus consensos con el Partido Socialista.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Olabarría.
Señor Macias, entiendo del debate que pasaremos a votar el texto de su moción con las enmiendas del Grupo Socialista.
El señor MACIAS I ARAU: Sí, señora presidenta y, si me lo permite, sin prostitución alguna.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Me parece muy adecuada su precisión. Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA DÍEZ), SOBRE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO RESPECTO DE LA INCOMPATIBILIDAD ENTRE LA DEMOCRACIA Y EL PROYECTO POLÍTICO DE ETA. (Número de expediente 173/000181.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la moción del Grupo Parlamentario Mixto sobre la posición del Gobierno respecto de la incompatibilidad entre la democracia y el proyecto político de ETA. Para defender la moción
tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Vivimos un momento político en el que se podría presumir que todos estamos de acuerdo en que la democracia española ha de perseguir sin ningún tipo de ambages la derrota de ETA. Pero no es menos cierto que periódicamente y con desigual
intensidad se escuchan voces que pueden confundir a la opinión pública respecto del significado mismo de esta palabra o concepto de derrota. Según se acerca la fecha de las elecciones municipales, hemos escuchado argumentos a favor de legalizar,
entre comillas, a una parte de ETA. Quienes defienden tal desafuero no lo llaman así, lo llaman legalizar a la izquierda abertzale, que es la forma en la que han decidido llamar al conglomerado etarra para ver si cuela o nos la cuelan.
Yo no creo,
como el presidente Rodríguez Zapatero, que las palabras han de estar al servicio de la política. Sin embargo, conozco bien la consecuencia de pervertir el lenguaje, que no es otra que la perversión de la política. Por eso, me parece imprescindible
impulsar una acción concertada desde la sede en la que reside la soberanía popular para que los terroristas sepan que nuestra exigencia democrática va mucho más allá de una declaración de buenas intenciones y que no consentiremos que utilicen la ley
democrática para burlarse del Estado de derecho.
El terrorismo es una ideología totalitaria que persigue acabar con las sociedades libres y plurales. Por eso, para destruir a ETA es imprescindible derrotar su proyecto totalitario. Es su proyecto político el que merece estar entre
aquellos que han provocado los crímenes más deleznables de la humanidad. Son su historia y sus ejecutores quienes merecen nuestra radical reprobación.
La moción que someto a su consideración recoge el pronunciamiento del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo en relación con la ilegalización de Batasuna, Herri Batasuna y la más reciente sentencia en relación con la suspensión de las
candidaturas de Acción Nacionalista Vasca. Habrá quien podría argumentar que no hay por qué reiterar lo que ya han dicho los tribunales europeos. Eso sería cierto si no existiera tanta confusión provocada por distintas declaraciones en relación
con la palabra legalización -entre comillas- del entramado etarra. No traería este debate a esta Cámara si en un pasado reciente no hubiera permitido a una parte de ese conglomerado colarse en 43 municipios del País Vasco y Navarra y cuyas
candidaturas ahora mismo, como acabo de recordar, están suspendidas por el Tribunal de Estrasburgo. No lo traería si personas tan relevantes como, por ejemplo, la presidenta de las Juntas Generales de Guipúzcoa este mismo domingo, en una entrevista
en un periódico de tirada nacional, El mundo, no hubiera declarado expresamente: Un desmarque claro y expreso de la violencia por parte de Batasuna sería suficiente -cierro comillas-. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Lo que supone -lo
saben sus señorías- una rebaja de la exigencia impuesta por el Tribunal de Estrasburgo.
Señorías, ustedes saben bien que no es lo mismo pactar la paz que derrotar a ETA. Les recuerdo que las conclusiones de la banda tras la última negociación fueron estas: ETA no dará nunca las armas al enemigo, ni las romperá, las guardará.
ETA no desaparecerá. Continuará como organización política dentro de la izquierda abertzale hasta que otro tipo de situación y debates digan lo contrario. Para que me entiendan, ni la izquierda abertzale es un ente de naturaleza distinta a ETA, ni
ETA tiene previsto disolverse. Hay quien cree que se puede querer lo mismo que ETA pero sin ETA. Pues no. No se puede derrotar a ETA y salvar a la vez su proyecto político, porque es su proyecto político, ese proyecto totalitario
el que es incompatible con la democracia. No habremos derrotado a ETA si mantenemos a sus herederos políticos entre nosotros. El final del terror etarra ha de ser la derrota de su proyecto político, en el que, no se equivoquen, y sé que
quienes me escuchan no se equivocan, en ese proyecto político, en el de ETA, no cabemos ninguno de los que aquí estamos, por muy alejadas que puedan parecer nuestras posiciones políticas. No olvidemos que para ellos, para los totalitarios, todos
nosotros somos igual de enemigos. Aurelio Arteta publicó hace unas semanas un magnífico artículo del que quiero extraer este párrafo. Es de temer -decía-, con todo, que a las víctimas se les remuevan las entrañas ante la exhibición de unos
programas políticos que persiguen lo mismo por lo que ETA ha matado y por las mismas razones por las que ha matado. Y a los demás ¿acaso nos deberá bastar su adiós a las armas para quedarnos satisfechos? Podría bastarnos si solo viviéramos atentos
a la legalidad o a la legitimación social de lo que ocurre, pero en democracia no podemos sustraernos a juzgar sobre todo su legitimidad moral. En este régimen, una vez asegurados los medios pacíficos, lo que importa es justificar los proyectos
colectivos conforme a los principios de libertad e igualdad política. Cierro la cita.
Termino, presidente. Como dije al inicio de mi intervención, esta moción tiene por objeto instar al Gobierno a establecer con claridad qué entendemos los demócratas por derrotar a ETA para que todos sepamos a qué atenernos, para que lo sepa
el conjunto de los ciudadanos, para que lo sepan las víctimas y para que lo sepan también los malos, para que quede claro también en sede parlamentaria que la incompatibilidad más radical que existe es entre el proyecto político de ETA y la
democracia. Por eso instamos al Gobierno a que actúe; a que actúe en todo momento y particularmente con vistas a los procesos electorales, en coherencia con distintas resoluciones, la 79, la 91, la 93, todas aquellas de los tribunales que he
citado de esa sentencia que concretan y amparan que un Estado puede extremar sus exigencias para permitir que los partidos políticos puedan concurrir a unas elecciones con el amparo del convenio y proclaman que el modelo de sociedad propugnado y
concebido por Batasuna y Herri Batasuna estaría en contradicción con el concepto de sociedad democrática. Señorías, agradezco a los grupos Socialista y Popular su voluntad de llegar a un acuerdo que nos permitirá dar un paso más en esta lucha, que
es la lucha de todos los demócratas y que es una lucha hacia la derrota definitiva e incondicional de ETA. Les aseguro que agradezco mucho su voluntad, su espíritu de consenso y su sensibilidad positiva. No es que dudara de ella, pero agradezco
particularmente que en esta Cámara, la Cámara parlamentaria donde reside la soberanía popular, podamos una vez más llegar a un acuerdo que nos satisface a todos y que da esperanza a aquellas personas que más han sufrido y les quita la esperanza a
aquellas que más nos han hecho sufrir.
Muchas gracias, presidente. Gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.
Para la defensa de las enmiendas, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Antonio Hernando.
El señor HERNANDO VERA: Señor presidente, señorías, hace unos días, en contestación a la interpelación de UPyD, venía a decir el ministro del Interior que la historia de la lucha antiterrorista en España es muy amplia, tan amplia como la
actividad criminal de la banda terrorista; que está llena de sufrimiento y de dignidad, el sufrimiento y la dignidad de las víctimas de ETA y de sus familias, y que tiene un solo objetivo, el que han perseguido todos los gobiernos democráticos en
España, que es acabar con ETA, derrotar a ETA.
En este contexto, después de tantos años, de tanta experiencia y con un objetivo tan claro, discutimos hoy una moción que nos viene a decir que tenemos que respetar la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que declara acorde a
convenio la Ley de Partidos. Entre tanto, ha habido una nueva sentencia que declara que es respetuosa con ese convenio la anulación de 133 listas de ANV en las elecciones municipales de 2007 a las Juntas Generales y al Parlamento de Navarra.
Pienso sinceramente, señora Díez, que no era necesario decirle al Gobierno que respete esta jurisprudencia y esta sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Lo está haciendo y lo va a seguir haciendo. En todo caso, con el mejor espíritu,
el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular hemos presentado una enmienda de sustitución. Voy a pasar a exponerles cuáles son los motivos de dicha presentación y de que además sea conjunta. En primer lugar, tengo que
decirles que lo hacemos por los mismos motivos por los que con todos ustedes hemos pactado una proposición de ley para reformar y mejorar la Ley de Víctimas. Son los mismos motivos que nos han llevado a pactar con el Grupo Parlamentario Popular una
reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, en la convicción de que la democracia puede y debe dotarse de los mejores medios para defenderse frente a los terroristas. Para nosotros esa unidad es absolutamente fundamental. La unidad de
los partidos en la lucha contra el terrorismo ha tenido altos y bajos; altos -seguramente muy altos-, en el Pacto de Ajuria Enea y también ahora. Señorías, por doloroso que pueda ser recordarlo, la historia más reciente de esa unidad la hemos ido
construyendo en este Congreso los diferentes grupos parlamentarios más los sindicatos y los empresarios cada vez que ETA ha matado en estos últimos cuatro años. Ante cada asesinato hemos hecho declaraciones en las que hablábamos de unidad, de
defensa de la libertad, de la vida y de derrota de ETA a través de la fuerza exclusiva del Estado de derecho. Señorías, si esa unidad ha sido posible en esos momentos tan dolorosos, tiene que serlo también en todo momento y sobre todo cuando no hay
víctimas, cuando no hay atentados.
A esa unidad le debemos añadir la eficacia en la lucha contra el terrorismo, la eficacia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de la Ertzaintza, del Gobierno de España y del Gobierno del País Vasco, de los gobiernos de países extranjeros,
de jueces y fiscales. Esa eficacia ha supuesto 163 miembros de ETA detenidos, 142 relacionados con el terrorismo callejero, cinco veces la desarticulación de la cúpula de ETA en su estructura criminal o política y en tres ocasiones la eliminación
de la cúpula de Batasuna deteniendo a 55 de sus miembros. Esos son los hechos, esa es la eficacia y esa es la política antiterrorista que todos deberíamos compartir y por la que todos estamos felices. Por tanto, no podemos romper esa unidad con la
interpretación de cómo puede acceder un partido político a la legalidad, porque eso está claro en la ley. El ministro lo manifestó la semana pasada, pero para no repetir sus palabras quiero mencionar las que el lehendakari López manifestó la semana
pasada en la Cámara de Vitoria en relación con este tema. Decía lo siguiente: Integrarse en democracia no es solo presentar en un registro unos estatutos que puedan fotocopiarse de cualquier asociación legal. No, es asumir y es acatar las reglas
de juego que todos los demás aceptamos; es asumir los principios y los valores democráticos, entre los que están principal y básicamente romper con cualquier tipo de vinculación con una banda terrorista, rechazar el asesinato y la extorsión,
repudiar la violencia como una herramienta para obtener objetivos políticos y trabajar para que todo eso desaparezca definitivamente de nuestras vidas.
Esas son las verdaderas credenciales democráticas que tienen que presentar ante el registro de
la democracia, y ojalá lo hagan, yo también creo que ojalá lo hagan.
Termino ya. Quizás hoy no todos votemos la enmienda que hemos presentado o la transaccional que se llegue a pactar, pero quiero manifestar desde esta tribuna que para mi grupo no hay una línea imaginaria que divida a los que estamos a favor
o en contra de esta moción, esa línea no existe en esta Cámara entre los demócratas. Nosotros entendemos que la auténtica línea de división no está entre los aquí presentes, sino entre todos nosotros y los que practican, defienden o amparan la
violencia. Por eso les pedimos a todos que voten a favor de esta moción.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hernando.
También para defender sus enmiendas, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular don José Antonio Bermúdez de Castro.
El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo para defender la enmienda que hemos suscrito conjuntamente los Grupos Parlamentarios Popular y Socialista, una enmienda que en realidad no es de sustitución sino de integración, porque la moción de la señora Díez nos ha
permitido alcanzar un acuerdo de amplio espectro muy trascendente, un texto completo, un marco político y legal que refleja los elementos básicos, los principios y valores que deben sustentar la política antiterrorista del Gobierno con un único
objetivo firme e irrenunciable, la derrota definitiva e incondicional de ETA. Es un marco, señorías, que no queremos que sea puntual sino definitivo, que no queremos que sea coyuntural, como en el pasado, sino un marco estable que defina los
pilares inamovibles de la política antiterrorista en nuestro país, en la línea de lo establecido hace años en el Pacto por las libertades y contra el terrorismo. Un único objetivo, la derrota o la rendición de ETA, ese es el reto y la meta, no solo
el camino, y para eso y no para otra cosa estamos desde el Grupo Parlamentario Popular apoyando lealmente al Gobierno. Ese será además el triunfo de la libertad y el éxito de nuestra democracia, porque la democracia, señorías, es una tarea
permanente que exige defenderla frente a quienes quieren atacarla. La libertad no está exenta de amenazas, como la democracia tampoco está libre de enemigos, y el mayor enemigo de nuestra democracia es el terrorismo. ETA es una organización
criminal que ha hecho del asesinato, la extorsión, la amenaza y la violencia en todas sus vertientes su propia razón de ser. Ha dejado en estos años una huella de terror y sufrimiento y un reguero de sangre y de víctimas inocentes que nosotros
nunca vamos a olvidar.
Señorías, uno de los pasos más importantes en la lucha contra el terrorismo fue llegar a la convicción de que ETA no eran solo los comandos, sino que existía un entramado político y social indisolublemente unido a la misma que ayudaba a
prolongar y justificar social y políticamente el terror. Cuando el Estado de derecho utilizó todos los resortes para luchar contra ese entramado, desde la eficacia policial y judicial hasta la cooperación internacional, pero sobre todo la ley, fue
cuando más daño se hizo a la banda terrorista ETA. Por eso tenemos que seguir mostrándonos firmes e implacables en la política de lucha contra ETA y su entramado en todas sus vertientes, eliminando espacios de impunidad y dotándonos de nuevas
reformas legales para impedir que fraudulentamente los violentos consigan volver a las instituciones. Que nadie se engañe, cuanto más firmes seamos, cuanta más fortaleza demostremos, más cerca estará el final de la banda terrorista ETA. Esa
política de firmeza no da ni justificación ni alas a los violentos. Al contrario, se las corta. Lo que da alas a los violentos es la unidad en la pasividad y la expectativa de que en algún momento pudieran conseguir algún rédito político a través
de una negociación.
Porque ETA lucha para negociar y negocia para seguir luchando, pero lucha también para imponer su proyecto delirante y totalitario, incompatible con la democracia y los derechos humanos, y los demócratas debemos evitarlo. Como
también debemos evitar caer en las trampas del lenguaje, un lenguaje medido y ambiguo al que nos tienen acostumbrados, siempre insuficiente. No aceptemos los señuelos que algunos nos tienden cada
vez que se acercan unas elecciones. Los terroristas o quienes los justifican no pueden ser nunca agentes políticos ni pueden representar a nadie en democracia. No se pueden usurpar los conceptos de libertad y de paz para atropellar la
dignidad humana ni utilizarlos como contrapartida de chantaje. La democracia, señorías, no tiene ninguna deuda con la paz.
La paz y la libertad son derechos de toda sociedad y nunca un precio que haya que pagar a los terroristas. (Aplausos.) La
única deuda que tiene la democracia es una deuda moral con las víctimas del terrorismo. Es al colectivo al que más le debe la sociedad española, una deuda impagable, como homenaje de respeto a tanto dolor y tanto sufrimiento; un sufrimiento sobre
el que algunos llegaron a brindar y sobre el que otros muchos hemos llorado; un sufrimiento asumido siempre desde la entereza, sin atisbo de rencor ni de odio, desde la mayor decencia y decoro, solo reclamando memoria, verdad, dignidad y justicia.
Por eso nuestra democracia debe mucho a los hombres y mujeres que hicieron de su vida un ejemplo y un referente moral en defensa de la libertad, y por eso el futuro de nuestra democracia deberá cimentarse sobre su memoria. Termino, señor
presidente. Por lealtad a su memoria pero también por lealtad democrática debemos reforzar nuestra firme voluntad y determinación en la derrota del terrorismo y en la defensa de la libertad hasta la victoria final, que es lo que recoge esta
enmienda. Por eso la paz deberá cimentarse en la justicia y en la verdad; una verdad con buenos y malos, con criminales e inocentes, con víctimas y verdugos, con vencedores y con vencidos. Este y no otro tiene que ser el final, podemos hacerlo,
lo vamos a conseguir y la historia así lo recordará.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bermúdez de Castro.
Por el Grupo de Esquerra Republicana tiene la palabra don Joan Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente.
Señorías, la moción que hoy nos presenta la señora Díez nos dice en su exposición de motivos -y cito textualmente- que la derrota de ETA supone la victoria de la libertad y del derecho. Eso es cierto sin género de dudas, pero, digo yo,
dudosa victoria de la libertad y del derecho es aquella que pretende que para llegar a ese objetivo se deba impedir a un partido político concurrir a unas elecciones. Señorías, la verdadera victoria de la democracia sería aquella en la que los que
ayer defendían sus objetivos políticos a través de la violencia hoy asuman a través de la palabra y la democracia sus fines y sus objetivos políticos. No obstante, según esta moción, se pretende negar esta evolución democrática que, reitero,
constituye la verdadera victoria. Además, lo niegan justo en el momento en que es patente que la gran mayoría de la llamada izquierda abertzale está dispuesta a realizar esta evolución, este paso, y que viene trabajando para que la minoría que
todavía no lo acepta lo acabe asumiendo. Si hay quien no quiere ver que este proceso se está produciendo es porque, sencillamente, le ciegan el fanatismo o las ansias de venganza. Porque, señorías, se están produciendo cambios muy profundos
encaminados hacia la pacificación en el País Vasco y no solo conciernen a la llamada izquierda abertzale, vistas algunas actitudes como la del presidente del Partido Socialista en Euskadi, el señor Eguiguren. Desde esta tribuna hay que reconocerlo,
subrayarlo e incluso apoyarlo, porque ello lleva aparejado un proceso de pedagogía y de proselitismo interno sobre cómo asumir que la verdadera victoria democrática se consigue en los términos que antes he expresado. Son, por tanto, dos procesos
paralelos e incluso diría que complementarios, a la vez que son condicionantes y condicionados de forma simbiótica, que deben ser capaces de llegar a ser tangentes en un mínimo común denominador que alcance definitivamente la paz en un futuro lo más
cercano posible.
Obviamente, existen recelos, existen desconfianzas mutuas a la vista de los antecedentes y también de algunas treguas fallidas que todos tenemos en la memoria. Pero el Estado democrático y de derecho debe ser, señorías, capaz de conseguir
dar una nueva oportunidad a este proceso de paz y en todo caso de establecer los cauces oportunos para hacer efectivo ese compromiso, para hacer real ese compromiso con la paz y con las instituciones. Desde Esquerra, desde Izquierda Unida y también
desde Iniciativa per Catalunya-Verds confiamos en la sinceridad de la pacificación, confiamos en la voluntad y la determinación de llegar a ese objetivo por parte de la izquierda abertzale y tenemos además esperanza en esos cambios que acabo de
citar y que se están produciendo. Asimismo, reivindicamos que el Gobierno español y el Partido Socialista sean capaces si no de apoyar este proceso, como mínimo de no obstaculizarlo en la medida de lo posible, porque a menudo se transita, señorías,
a través de un camino fronterizo, de un terreno lábil que toca con lo antidemocrático en cuanto a que lo que se pretende no es simplemente erradicar la violencia -algo que lógicamente condenamos-, sino la erradicación de un proyecto político que
bien podría existir, señorías, al margen del fenómeno de la violencia. Señorías, cualquier proyecto político debe poder ser expresado en las urnas y en las instituciones y eso cualquier demócrata debería compartirlo. Contrariamente a ello, esta
moción se empeña, entendemos, una vez más en llevar a una parte significativa del pueblo vasco y a la izquierda abertzale a un auténtico callejón sin salida. Es posible, señorías, que quizá con más tiempo, con mayor represión, con incluso mayor
retorcimiento de los principios del Estado de derecho se podría conseguir una derrota total y definitiva de la organización armada, pero también implicaría, señorías, la propia derrota del Estado de derecho, del Estado democrático, que, en fidelidad
a sus principios, se habría visto incapaz de acabar con el fenómeno de la
violencia a través de otros medios, de otros cauces. Por todo ello, señorías, nuestro grupo parlamentario no puede dar en ningún caso apoyo a esta moción.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra don Emilio Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, felicidades por su aniversario, suponiendo que a partir de ciertas edades sea pertinente hacer esta glosa.
Al margen de esta circunstancia, señor presidente, a mi grupo le preocupa profundamente, señor Hernando, si algún día vamos a ser todos capaces de, en esta materia, superar la retórica fácil, aquella que pretende la obtención de réditos
electorales, y potenciar el consenso. Yo no soy digno de parafrasear a Luther King seguramente, pero yo sí tendría un sueño, muchos de los que estamos aquí tenemos un sueño, el de que algún día el consenso sea real y sea un consenso proactivo, a la
búsqueda de soluciones que sean factibles, eficientes; consenso que yo le invoco y le reclamo, como asimismo le reclamo que lo articule con quienes lo quiera pergeñar o lo quiera articular: con el Partido Popular, mediante la recuperación del
Pacto antiterrorista, con todos los demás; consenso amplio, de amplio espectro, que supere la retórica fácil y la retórica hueca en relación al fenómeno de la resolución de la lacra terrorista, que en el fondo todos compartimos, pero que en cuanto
a sus diagnósticos puede haber diferencias. Me gustaría obtener una respuesta por su parte, señor Hernando, sobre esta cuestión que a nosotros nos preocupa particularmente, en tanto en cuanto usted es representante del grupo que en este momento
sostiene al Gobierno.
Señora Díez, su discurso ha tenido dos partes. Una es incuestionable y estamos totalmente de acuerdo: las sentencias se deben cumplir, esta no es una materia disponible y yo creo que no merece que sea particularmente elocuente en una
reflexión sobre esta materia. Y ha habido una parte especulativa en la que usted ha reproducido un discurso que usted y yo hemos tenido hasta la saciedad. Hemos debatido múltiples veces la cuestión de cómo afrontar una problemática tan deletérea,
tan compleja como la de la violencia terrorista y cómo acabar, no, cómo afrontar esta fenomenología, vamos a utilizar expresiones perifrásticas, yo no voy a entrar en un intento de patrimonialización para obtener réditos electorales de esta materia
porque a mí esto me parece particularmente repugnante. Usted tiene cierta propensión a emitir certificados de calidad democrática, tiene cierta propensión a glosar o a certificar y explicarnos a los demás, a todos los demás, a todos los demás
grupos de esta Cámara, cómo se finaliza con la lacra terrorista; lacra terrorista lacerante, que a todos nos repugna y todos repudiamos. Tiene una gran propensión a definir y configurar los postulados democráticos o el conjunto de libertades y
derechos fundamentales sobre los que la remoción o la finalización de la lacra terrorista debe fundarse. Tiene una gran propensión también a explicarnos a todos, con su reconocida elocuencia, cómo tratar a las víctimas. Tiene una gran propensión
también a explicarnos qué partidos políticos pueden presentarse, con qué características, y cuáles no a las elecciones democráticas mediante la emisión de certificados de calidad democrática. Mucha pretensión, señora Díez, para ostentar una
representación de carácter absolutamente unipersonal. Pero tiene otra propensión o calidad que yo le alabo y de la que usted se debería jactar: tiene una gran capacidad de captar adeptos, apóstoles para la causa, que es una causa que, en mi
opinión humilde y personal, sencillamente busca pa-trimonializar políticamente determinadas posiciones políticas para obtener rendimientos o resultados electorales.
Y me llama mucho la atención esta capacidad de captar adeptos para una causa de
estas características.
Lo que usted propugna en el contenido material de su proposición es un cúmulo de obviedades. La sentencia se tiene que cumplir. La sentencia de julio del año 2009, del Tribunal de Estrasburgo, se tiene que cumplir. No necesito que usted
me lo diga para saberlo ni seguramente ninguno de los diputados de esta Cámara necesita ser ilustrado sobre esta circunstancia.
Las decisiones marco de la Unión Europea deben ser objeto de cumplimiento e incorporadas al ordenamiento jurídico
punitivo de los países que formamos parte de la Unión Europea. Las recomendaciones del Parlamento Europeo es bueno que se cumplan. Pero esto no es más que un cúmulo de obviedades, y un cúmulo de obviedades es lo más lejano a lo que una persona con
más autoridad moral y política que la que usted representa, Dieter Grimm, ex magistrado del Tribunal Constitucional alemán -tribunal o Constitución la alemana que incorpora el concepto de democracia militante y posibilita la ilegalización de
partidos políticos que refuten la Constitución o que actúen contra la Constitución alemana-, afirmaba: La forma de acabar con los partidos antidemocráticos o que refuten las libertades públicas y los derechos fundamentales es mediante el contraste
en la arena política, mediante su derrota en la arena política.
El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, debe acabar.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Sí, señor presidente, con esto acabo.
Y derrotar en la arena política a los partidos antidemocráticos significa fundamentalmente dos cosas. Para los que sean partidos políticos que cometen delitos no faltan tipos delictivos en el Código Penal español, que es una legislación
absolutamente de excepción en esta materia, que posibiliten su ilegalización. Y si a aquellos que sencillamente propugnen ideas políticas que nos pueden repugnar a todos, a usted, a algunos, a estos, si
se les ilegaliza, se penetra en ese peligrosísimo umbral de brumosos límites de criminalización de las ideas.
El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, por favor.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Ya con esto acabo, señor presidente.
En cincuenta años en Alemania no se ha ilegalizado a ningún partido; en Turquía, en los últimos tiempos, se ha legalizado a muchos. Busquemos entre todos la solución para estos problemas. Ni usted ni usted ni usted saben cómo va a acabar
la lacra terrorista que a todos nos avergüenza. No lo sabemos; ninguno lo sabe. En todo caso no es mediante la búsqueda de un ordenamiento punitivo de excepción la mejor fórmula para legitimar al Estado de derecho para acabar con esta lacra.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Catalán tiene la palabra don Jordi Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán para fijar posición en un asunto que afortunadamente genera un amplio consenso dentro de esta Cámara. Quiero celebrar que una vez más se pueda manifestar a través de esta
enmienda transaccional la unidad de toda la Cámara y de todos los demócratas en la lucha antiterrorista. Esta unidad es la que se refleja en los primeros puntos de esta enmienda transaccional, especialmente en los números 1 al 5 referidos a
reiterar el apoyo al Gobierno desde este Parlamento en su lucha antiterrorista.
Nosotros, sin duda y desde el primer día, estamos en este consenso antiterrorista; sin duda y desde el primer día estuvimos también con la Ley de Víctimas del
Terrorismo, ley firmada por todos los partidos políticos. En segundo lugar, señorías, quiero destacar algo que ya han destacado algunos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. Hay algo de obvio en el texto de esta iniciativa.
Nosotros podemos, esta tarde, instar al Gobierno a cumplir una sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. De hecho, señorías, mi grupo parlamentario, partidario de la democracia y del Estado de derecho no contempla ninguna otra
hipótesis que la de que el Gobierno cumpla las sentencias -más de una sentencia- que con agrado avala la vía democrática de lucha contra el terrorismo con lo cual, señorías, las dos sentencias producidas por parte del Tribunal de Derechos Humanos de
Estrasburgo son sentencias que se acogen favorablemente, se acatan, se respetan y ustedes quieren también que esta tarde instemos al Gobierno a algo que es obvio que es a su cumplimiento.
Señorías, sin embargo, no podemos abstraer este debate de algún punto que quizá los grupos enmendantes en la transacción no consideran un punto nuclear pero que queda reflejado en esta enmienda transaccional.
Concretamente en el punto
número 6 de esta enmienda transaccional se insta al Gobierno. Empiezo la cita: A tal efecto el Gobierno tendrá dispuestos los medios necesarios para aplicar de forma inmediata las reformas legales que estén en tramitación en el Parlamento y que
tienen la finalidad mencionada. -Señorías, termino aquí mi cita.- En primer lugar, seguramente esta referencia es poco respetuosa con la separación de poderes. Instamos al Gobierno a aplicar una ley que se está tramitando en este Parlamento. En
segundo lugar, no podemos abstraernos del hecho de que esta semana -el lunes en ponencia y el miércoles en la Comisión Constitucional- vamos a ver, a través de la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, una reforma de la Ley de
Partidos Políticos.
Señorías, desde la máxima predisposición de nuestro grupo a la unidad, ustedes saben que esta reforma de la Ley de Partidos Políticos ha sido una reforma consensuada exclusivamente entre el Partido Socialista y el Partido
Popular. Una reforma en la cual compartimos algunos aspectos, por ejemplo, la declaración de nulidad de aquellas listas que desde el día de la proclamación de las listas hasta el día de la celebración de las elecciones hagan apología del
terrorismo, pero la ley que contempla una figura como es la declaración de incompatibilidad sobrevenida, que desde un análisis riguroso de derecho constitucional tiene algunos elementos de arbitrariedad y les digo también que en su mecánica de
aplicación, tal y como está contemplada en la ley incluso podría llegar a ser contraproducente a los fines y objetivos que persigue. No podemos sustraernos, pues, justo en esta semana que se discute esta ley, a esta referencia del punto número 6.
Señorías, nuestro voto será de abstención, de una abstención muy, muy cercana a los puntos de vista de quienes votarán a favor, pero de reserva a esta previsión legal. Lo importante, señorías, es lo que ha apuntado el diputado don Antonio
Hernando: La línea está entre los demócratas y los terroristas, y sin duda nos pueden contar entre el primer grupo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.
Señora Díez, ¿entiendo que acepta su señoría la transaccional presentada?
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Sí, he presentado a su señoría una transaccional basada en la enmienda conjunta presentada por el Grupo Socialista y el Grupo Popular, y a esa se ha hecho una transaccional que hemos firmado, que le he presentado a
usted y que tienen el resto de los grupos políticos de la Cámara.
El señor PRESIDENTE: Está firmada por tres grupos parlamentarios. ¿Algún grupo se opone a su tramitación? (Pausa.) Se tramitará, por tanto, con la conformidad de la Cámara.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS DE POLÍTICA ECONÓMICA PARA APOYAR A PYMES Y AUTÓNOMOS. (Número de expediente 173/000182.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a examinar la moción del Grupo Parlamentario Popular sobre las medidas de política económica para apoyar a pymes y autónomos. Para la defensa de la moción tiene la palabra don José Eugenio Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, subo a esta tribuna para defender la moción consecuencia de la interpelación que hace unos días debatimos también aquí. Y lo que proponemos no es una novedad porque el Grupo Parlamentario Popular se ha empleado
con reiteración en plantear medidas que apoyen, en definitiva, a la pequeña y mediana empresa, a la microempresa y a los autónomos. Hoy planteamos un plan integral de impulso justamente a la pequeña y mediana empresa y al trabajador autónomo. Lo
hemos hecho en diversas ocasiones: en septiembre de 2008, con una moción sobre familia y empresas; en febrero de 2009, sobre cuestiones financieras y de fiscalidad; en junio de 2009, estabilidad presupuestaria, austeridad en el gasto,
financiación; en abril de 2010, fiscalidad, morosidad, etcétera, y en algunas otras iniciativas.
Hoy les puedo decir que las medidas que proponemos recogen en buena parte un decálogo que el presidente de mi partido, don Mariano Rajoy, acordó hace pocos días -el 25 del pasado mes de noviembre- con las asociaciones más representativas de
los autónomos: ATA, UPTA y OPA. Proponemos en línea con lo allí pactado y con lo otras veces defendido, reducir hasta el 20 por ciento el tipo reducido del impuesto sobre sociedades para las pymes, y subrayo lo que a continuación añado, y el
rendimiento neto positivo en el IRPF para los autónomos. Proponemos aumentar la base imponible de 120.000 a 300.000 euros que tributa al tipo reducido del impuesto sobre sociedades. Proponemos ampliar de 8 a 12 millones -no a 10 como hace el real
decreto que se ha debatido esta tarde- el límite de la cifra de negocios para beneficiarse en el tipo de sociedades como empresa de reducida dimensión. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Proponemos la reducción
del tipo de interés de demora del 5 al 3,75 por ciento. Proponemos además eliminar los requisitos de la libertad de amortización y no encorsetarlos como se plantea en el real decreto. Asimismo proponemos destinar los saldos de la deducción por
cuenta vivienda del IRPF a la posibilidad de establecer una actividad autónoma o una empresa de reducida dimensión. Volvemos a plantear, porque lo hemos hecho en situaciones precedentes, la capitalización del desempleo en el cien por cien de su
prestación.
También planteamos ajustar la tributación por módulos a la caída real de la actividad económica.
En este sentido, quiero decir que el Real Decreto 13/2010, de 3 de diciembre, que dentro de unos momentos se someterá aquí a votación, solo es aprovechable por entidades, dicho de otra forma, no por personas físicas sean profesionales u
autónomos, tal y como sí contemplan las medidas que plantea el Grupo Parlamentario Popular a través de esta moción, incluida, como decía hace un momento, la reducción de los rendimientos netos del IRPF. Además, nosotros planteamos un tipo de
sociedades del 20 por ciento y no como se hace en el real decreto del 25 por ciento. Diré más, el real decreto no contempla la situación real de pérdidas económicas y de situaciones de dificultad por parte de las microempresas y de los autónomos, y
ante ello nosotros hemos planteado que no se pague el IVA hasta el momento del cobro efectivo de la factura.
Hay que recordar que esto ha sido aprobado aquí y que el Gobierno lamentablemente lo incumple pese a la voluntad soberana expresada en esta
Cámara y que nos obliga a reiterar hoy. También planteamos permitir a pymes y autónomos la compensación de deudas que puedan tener con administraciones públicas; además mantener la Ley de Morosidad en los términos en que originalmente fue aprobada
en la Cámara, así como crear una línea ICO tantas veces reclamada para financiar los ayuntamientos de forma tal que puedan cumplir con sus obligaciones y pagar a sus proveedores, a sus suministradores, en definitiva, al elenco de pequeñas y medianas
empresas, autónomos y profesionales que se ven asfixiados económicamente por la morosidad cuando no por el impago de instituciones públicas.
La respuesta que nos dio en la interpelación la vicepresidenta del Gobierno era básicamente que el objetivo prioritario del Gobierno era la consecución para el año 2011 del 6 por ciento de déficit. No seré yo quien diga que debe
incrementarse tal déficit, pero es una mala filosofía política considerar que el apoyo al emprendimiento, el apoyo a la actividad económica y el apoyo a quienes son capaces de generar riqueza y empleo, a quienes son capaces de constituir pequeñas
empresas y actividades autónomas no sea capaz de generar con esa riqueza y con ese empleo nuevos recursos públicos, nuevos ingresos a la Hacienda pública, que en definitiva revierta en una riqueza muy superior a la que se deriva del gasto fiscal que
puede contemplarse en las medidas que estamos planteando y, por tanto, no se quebraría en absoluto el límite del 6 por ciento del déficit previsto para el año que viene, sino que tal vez contribuiría a que fuera inferior.
Voy a concluir, señor presidente, no sin antes hacer mención a algo a lo que también aludí en la interpelación, y es que yo ruego al Gobierno y en este caso al grupo parlamentario mayoritario en la Cámara, al Grupo Socialista que lo
sostiene, que escuchen a los autónomos, que escuchen los problemas que ellos plantean y las soluciones que demandan, que no les dejen rezagados en las reuniones de carácter económico que mantienen con grandes o con medianas empresas. Acuérdense de
la microempresa, acuérdense de los autónomos, escúchenles. Además de escucharles no les discriminen, sea
en los subsidios de desempleo o cuando finaliza la prestación del cese de actividad en relación con los trabajadores por cuenta ajena, a los que están en el régimen general en relación con los que están en el régimen de trabajadores
autónomos. No les discriminen excluyéndoles, no oyéndoles y no atendiéndoles en algo que van a constituir que es la comisión nacional de competitividad. También los autónomos de las microempresas y de las medianas empresas precisan de un impulso
en su competitividad. No les discriminen, como se ha hecho en las ayudas fiscales, que constituyen el núcleo del Real Decreto 13/2010, en el cual, como decía anteriormente, muchas medidas resultan aplicables para entidades pero no para los
profesionales, no para los autónomos y no para las personas físicas que desempeñan actividades económicas y actividades empresariales.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Azpiroz.
A esta moción no ha habido ningún grupo que haya presentado enmiendas. Por tanto, pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds tiene la palabra la señora Buenaventura.
La señora BUENAVENTURA PUIG: Gracias, presidenta.
Señorías, mi intervención va a ser similar en algunos aspectos a la de hace escasamente una hora cuando debatíamos la convalidación del real decreto con los nuevos recortes del Gobierno. La lógica de su propuesta, de esta moción, es la
misma que la del Gobierno: menos impuestos, menos Estado, más dominio de los mercados. Podemos compartir algunos aspectos de la moción y nuestro grupo apoyó firmemente las medidas contra la morosidad y ha reclamado la creación de la línea ICO que
estableció la ley, incluso podríamos llegar a acuerdos en la definición de empresas de reducida dimensión aunque en eso ya se las ha adelantado el Gobierno.
Pero no podemos compartir el resto del contenido del texto y mucho menos el tono; en
consecuencia, les avanzo el voto negativo de mi grupo en esta moción.
El principal problema que hoy tienen la mayoría de las pequeñas y medianas empresas es la carencia de liquidez y la dificultad para el acceso al crédito. Ello es consecuencia de un largo ciclo de expansión crediticia con riesgos elevados y
escasa supervisión. Si queremos impulsar medidas para apoyar a las pymes y a los autónomos tenemos que garantizar que las entidades financieras inyecten liquidez a la economía productiva, se deben buscar instrumentos para que el Estado lo garantice
mediante la supervisión y control de las entidades, porque una parte de la solución pasa justamente por incrementar los créditos a corto plazo y que se incremente la liquidez especialmente para las pymes. El Estado debe intervenir para mejorar la
liquidez a corto plazo que ayudaría a resolver muchos de los problemas de morosidad relacionados con cuestiones de tesorería, y las entidades financieras que han recibido ayudas del sector público deben comprometerse con la solución al problema.
Pero el Grupo Parlamentario Popular que ahora tanto insiste en que se reduzca aún más un impuesto en concreto, poco hizo para exigir a las entidades financieras cuando tuvo la oportunidad de hacerlo y ahora nos presenta justamente una gran solución
para las pymes, la rebaja fiscal. Como decía, una propuesta similar a la que ha aprobado el Gobierno pero que va más allá, proponen que sean consideradas empresas de reducida dimensión aquellas que tienen un importe neto de la cifra de negocios de
12 millones en lugar de los 8 millones actuales, mucho más allá de los 10 millones que ha aprobado el Gobierno. Y además de ampliar el número de empresas que pueden acceder al tipo impositivo reducido de impuesto sobre sociedades pretenden
rebajarlo 5 puntos, llegar hasta el 20 por ciento.
Repito lo que afirmábamos desde nuestro grupo en la intervención anterior, podemos estar de acuerdo con algunas modificaciones del impuesto sobre sociedades para facilitar la situación de las
pymes, pero siempre en el contexto de una reforma fiscal integral en la que profundicemos en la progresividad del sistema fiscal español, y en la que incrementemos la presión fiscal para equipararnos a la media europea. Por eso, para que nuestro
grupo apoye cualquier medida de modificación del impuesto sobre sociedades la propuesta debe cumplir dos requisitos.
Primero, garantizar un trato igualitario entre empresas inversoras y productivas y, en segundo lugar, proponemos establecer una
escala de gravamen en tramos en el impuesto de sociedades en función del importe absoluto de la base impositiva. La moción del Grupo Parlamentario Popular va justamente en la línea contraria a estas dos propuestas y por tanto consideramos que no
ayudará a resolver el problema de las pymes ni a crear ocupación ni a reducir el déficit ni a facilitar a las empresas y autónomos el acceso al crédito. Como decía anteriormente, en consecuencia votaremos en contra de la moción.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Buenaventura.
Por el Grupo Parlamentario Vasco del PNV tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, el Grupo Popular nos trae para su debate y votación una nueva moción que incorpora medidas de política económica para apoyar a pymes y autónomos. El Grupo Parlamentario Vasco está de acuerdo en que se
adopten este tipo de medidas tal y como las contempla el real decreto-ley que acabamos de debatir esta misma tarde.
Pero la diferencia fundamental entre el real decreto-ley y esta moción es que en el primero
la rebaja de recaudación que implican las medidas incentivadoras se compensa sobradamente con aumento de recaudación por otros conceptos, en este caso por el de los impuestos especiales al tabaco. De esta forma, las cuentas públicas no
experimentan deterioro alguno, y como es bien sabido tanto la Unión Europea como los compromisos adquiridos en su seno y los mercados están pendientes de lo que pueda ocurrir con el déficit público. Por tanto, a nuestro juicio, no deberían
plantearse desde posiciones de responsabilidad política con la situación actual medidas sin contrapartidas en otras que tengan el efecto contrario en los ingresos públicos. Es preciso también señalar que varias de las propuestas del Grupo Popular
se incluyen en el real decreto-ley y, por ello, no tendría sentido votar dos veces lo mismo, máxime cuando un real decreto-ley es mucho más efectivo desde el punto de vista jurídico y de instrumentación de una política concreta que cualquier moción
cuya aplicación real necesitaría de un desarrollo legal adicional posterior.
Sobre otras medidas que incluye la moción, nuestro grupo parlamentario ha tenido la oportunidad de manifestarse en anteriores ocasiones y no quisiera aburrirles repitiendo
los argumentos de sobra conocidos. En consecuencia, nos vemos obligados a votar en contra de esta iniciativa.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió va a votar favorablemente esta moción presentada por el Grupo Popular ya que, en definitiva, plantea algunos aspectos y algunas propuestas que son coincidentes
con las que ha presentado reiteradamente Convergència i Unió ante esta Cámara. Por este motivo, y dado que existe plena coincidencia, excepto en algunos aspectos que hacen referencia a la compensación del pago de impuestos entre las pequeñas y
medianas empresas y las administraciones autonómicas y corporaciones locales, salvando esta pequeña cuestión, estando de acuerdo con ellas, vamos a votar favorablemente.
Muchísimas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Gastón.
(El señor presidente ocupa la Presidencia.)
La señora GASTÓN MENAL: Gracias, señor presidente.
Señorías, esta moción ha sido presentada en sociedad como la receta alternativa del PP de medidas para pymes y autónomos, más allá de las ya recogidas en el real decreto-ley debatido esta misma tarde. Quisiera remitirles a todos y todas al
contenido de la interpelación del pasado día 1 de diciembre, interpelación en la cual la señora vicepresidenta dio cuenta de las medidas adoptadas por el Gobierno socialista dirigidas a pymes y autónomos, y así comprobarán que no son pocas
precisamente. Toda medida de gasto conlleva necesariamente otra paralela que la equilibre, y más en el actual contexto económico, ya que todas y todos somos conocedores de la limitación que tenemos, la que marca el cumplimiento de nuestros
compromisos de consolidación fiscal, de ajuste del déficit, unido a la merma recaudatoria que la crisis ha provocado. Señoras y señores del PP, creíamos en todo caso que los insaciables eran otros y ahora, a través de esta moción, vemos que solitos
se incluyen también en ese club de insaciables, eso sí, con otros objetivos. En el Grupo Parlamentario Socialista tendríamos una posible enmienda transaccional que ofrecerles a esta moción, las medidas contenidas en el real decreto-ley debatido
esta misma tarde pero, claro, para qué íbamos a hacerlo una vez conocida su publicitada intención de plantear esta moción como alternativa. Señoras y señores del PP, señor Azpiroz, esta es una moción que plasma nítidamente, más allá de su
insaciabilidad, toda una intención de no querer estar de acuerdo en nada con el Gobierno, de no querer estar junto al Gobierno ni siquiera cuando adopta medidas que más bien parece que debieran sosegarles, como es el caso. Pisan de nuevo cualquier
mínima posibilidad de acuerdo y de apoyo. Esa es la principal lectura de su receta. Supone todo un posicionamiento y toda una declaración de intenciones.
Tenemos todavía fresco el debate de los Presupuestos Generales del Estado en esta Cámara, debate que contenía como enmiendas del Grupo Parlamentario Popular muchos de los puntos que recoge precisamente esta moción; debate de los
Presupuestos Generales del Estado en el cual ustedes publicitaban apoyos sociales pero que luego precisamente no coincidían con ciertas peticiones fiscales para unos sectores más bien privilegiados. Y en esta moción siguen ustedes esa misma
estrategia que usaron en los Presupuestos Generales del Estado. Piden y piden, pero no dan a conocer la contrapartida necesaria en un contexto en el que no tenemos margen de maniobra si queremos alcanzar el 6 por ciento de déficit al que nos hemos
comprometido. Su receta pule la capacidad de llegar a tal objetivo si es que no viene acompañada, ustedes bien lo saben, de más recortes o mayores ingresos. Ustedes piden y piden mayores gastos y piden y piden menores ingresos, critican cualquier
subida impositiva y no dicen de dónde recortarían, muy cómodo por su parte pero también muy incoherente teniendo en cuenta que no cesan de quejarse de los recortes que plantea el Gobierno pero que, no lo olviden, aprueban en esta Cámara. Quejas que
a buen seguro volveremos a oír mañana en la sesión de control una vez vistas las preguntas que van a formular, y eso sí, seguro, allí no tienen alternativa alguna, solo tienen y agotan su creatividad a la hora de pedir más gasto o menos ingresos, en
definitiva, a la hora de empeorar el déficit.
Señor Azpiroz, no estén faltos de memoria, dice que escuchemos a los autónomos. Tendremos que recordarle que precisamente ha sido el Gobierno socialista el que ha escuchado a los autónomos y ha sido el Gobierno socialista el que más leyes y
más medidas ha tomado a favor de los autónomos, no estén tan faltos de memoria. Señoras y señores del PP, cada vez que ustedes presentan unos de sus refritos, como es el caso, con puntos de su programa electoral, no programa de crisis sino programa
de toda temporada y con propuestas ya rechazadas, como bien dijo el señor Azpiroz en la interpelación, el Estado del bienestar tiembla; tiembla porque mientras para unos el objetivo es precisamente su defensa -eso sí, señoras y señores del PP
constituye un plan integral en toda regla-, para otros al parecer se busca exclusivamente la selectividad para ciertos planes, y más bien creemos que debieran buscarse equilibrios con las medidas de modo que al menos quienes creamos en él tratemos
de preservar el Estado del bienestar; Estado del bienestar que ha costado mucho edificar, que nosotros sí queremos preservar y que tiembla, tiembla ante discursos de ciertos dirigentes de renombre del PP y también ante propuestas de aumentos
insaciables del déficit como esta que debatimos, porque a nadie se le escapa que conllevarían recortes parejos aunque ustedes no quieran decirlo.
El señor PRESIDENTE: Señora Gastón.
La señora GASTÓN MENAL: Termino ya. Gracias, señor presidente.
Señoras y señores del PP, por su insaciabilidad, por su falta de voluntad de un mínimo apoyo en firme al Gobierno socialista y por la inviabilidad de sus propuestas que, como ya se ha dicho de antemano, están más que debatidas en esta
Cámara, el Grupo Parlamentario Socialista no puede dar apoyo a su moción.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Gastón.
Comenzaremos las votaciones en dos minutos. (Pausa.)
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA REGULACIÓN DE LOS CONTRATOS EN LAS RELACIONES INTERPROFESIONALES EN EL SECTOR LÁCTEO. (Número de expediente 122/000246.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar las votaciones. Por favor, cierren las puertas.
Primer asunto. Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la regulación de los contratos en las relaciones interprofesionales en el sector lácteo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 345; a favor, 162; en contra, 168; abstenciones 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN.)
- REAL DECRETO-LEY 13/2010, DE 3 DE DICIEMBRE, DE ACTUACIONES EN EL ÁMBITO FISCAL, LABORAL Y LIBERALIZADORAS, PARA FOMENTAR LA INVERSIÓN Y LA CREACIÓN DE EMPLEO. (Número de expediente 130/000036.)
El señor PRESIDENTE: Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo. El voto sí es en favor de la
convalidación, el voto no en favor de la derogación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 345; a favor, 177; en contra, nueve; abstenciones, 159.
El señor PRESIDENTE: Queda convalidado.
¿Algún grupo desea su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia? (Pausa.) Desean la tramitación varios grupos.
Por tanto, pasamos a votar si se tramita como proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 345; a favor; 168; en contra, 176; abstención, una.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, no se tramitará como proyecto de ley.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A UN NUEVO MODELO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO QUE SIRVA DE HERRAMIENTA EFICAZ PARA COMBATIR EL FRACASO ESCOLAR. (Número de expediente 162/000196.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa a un nuevo modelo de evaluación del sistema educativo que sirva de herramienta eficaz para combatir el fracaso escolar. Se vota en sus propios términos
con las autoenmiendas del Grupo Popular. ¿Es así, señor Gómez Trinidad? (Asentimiento.)
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 345; a favor, 151; en contra, 194.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO PARA COMBATIR LAS CONSECUENCIAS SOCIALES DE LOS DESAHUCIOS.
(Número de expediente 173/000180.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre las medidas del Gobierno para combatir las consecuencias sociales de los desahucios. Se vota con las enmiendas del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a favor, 196; en contra, uno; abstenciones, 147.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SRA. DÍEZ), SOBRE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO RESPECTO DE LA INCOMPATIBILIDAD ENTRE LA DEMOCRACIA Y EL PROYECTO POLÍTICO DE ETA. (Número de expediente 173/000181.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Mixto, de la señora Díez, sobre la posición del Gobierno respecto de la incompatibilidad entre la democracia y el proyecto político de ETA. Se vota en los términos de la transacción que
ha sido aceptada a trámite.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 345; a favor, 319; abstenciones, 26.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS DE POLÍTICA ECONÓMICA PARA APOYAR A PYMES Y AUTÓNOMOS. (Número de expediente 173/000182.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular sobre las medidas de política económica para apoyar a las pymes y autónomos. Se vota en sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 345; a favor, 159; en contra, 185; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve horas.
Eran las ocho y treinta y cinco minutos de la noche.