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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 209, de 02/12/2010
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2010 IX Legislatura Núm. 209
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 198
celebrada el jueves, 2 de diciembre de 2010
ORDEN DEL DÍA:
Propuestas de resolución relativas a las memorias del Consejo General del Poder Judicial:
- Propuestas de resolución presentadas con motivo del debate de la memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los juzgados y tribunales de Justicia, correspondiente al año 2009. (Número
de expediente 245/000005.) ...
(Página 5)
Enmiendas del Senado:
- Proposición de ley, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, para reforzar las funciones asignadas a dicha Comisión mixta.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 202-1, de 23 de octubre de 2009. (Número
de expediente 122/000181.) ... (Página 14)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales:
- Acuerdo de servicio de préstamo entre los siguientes Estados miembros cuya moneda es el euro: el Reino de Bélgica, Irlanda, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, el Gran Ducado de
Luxemburgo, la República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República Portuguesa, la República de Eslovenia, la República Eslovaca, y la República de Finlandia y KfW, actuando en interés público, con sujeción a las
instrucciones y acogiéndose a la garantía de la República Federal
de Alemania, como prestamistas, y la República Helénica como prestatario y el Banco de Grecia como agente del prestatario, hecho en Atenas y Bruselas el 8 de mayo de 2010. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 361, de 22 de
octubre de 2010. (Número de expediente 110/000224.) ... (Página 15)
- Acuerdo entre acreedores suscrito por el Reino de Bélgica, la República Federal Alemana, Irlanda, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, el Gran Ducado de Luxemburgo, la República de
Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República Portuguesa, la República de Eslovenia, la República Eslovaca, y la República de Finlandia, hecho en Bruselas el 8 de mayo de 2010. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie
A, número 362, de 22 de octubre de 2010. (Número de expediente 110/000225.) ... (Página 16)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Continuación.):
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el papel que el Gobierno de España está desempeñando respecto a la dramática situación que padece el Sáhara Occidental. 'BOCG. Congreso
de los Diputados', serie D, número 481, de 23 de noviembre de 2010. (Número de expediente 173/000178.) ...
(Página 18)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las medidas que adoptará el Gobierno ante el rápido incremento de los índices de pobreza en España. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 481, de 23 de noviembre de
2010. (Número de expediente 173/000179.) ...
(Página 24)
Propuestas de resolución relativas a las memorias del Consejo General del Poder Judicial. (Votación.) ... (Página 30)
Enmiendas del Senado (Votación.) ... (Página 32)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Votación:
- Acuerdo de servicio de préstamo entre los siguientes Estados miembros cuya moneda es el euro: el Reino de Bélgica, Irlanda, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, el Gran Ducado de
Luxemburgo, la República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República Portuguesa, la República de Eslovenia, la República Eslovaca, y la República de Finlandia y KfW, actuando en interés público, con sujeción a las
instrucciones y acogiéndose a la garantía de la República Federal de Alemania, como prestamistas, y la República Helénica como prestatario y el Banco de Grecia como agente del prestatario, hecho en Atenas y Bruselas el 8 de mayo de 2010. 'BOCG.
Sección Cortes Generales', serie A, número 361, de 22 de octubre de 2010. (Número de expediente 110/000224.) ... (Página 32)
- Acuerdo entre acreedores suscrito por el Reino de Bélgica, la República Federal Alemana, Irlanda, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, el Gran Ducado de Luxemburgo, la República de
Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República Portuguesa, la República de Eslovenia, la República Eslovaca, y la República de Finlandia, hecho en Bruselas el 8 de mayo de 2010. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie
A, número 362, de 22 de octubre de 2010. (Número de expediente 110/000225.) ... (Página 32)
- Declaración de aceptación por España de la adhesión del Reino de Marruecos al Convenio relativo a los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980.
'BOCG. Sección Cortes
Generales', serie A, número 357, de 18 de octubre de 2010. (Número de expediente 110/000221.) ... (Página 33)
- Protocolo facultativo sobre la jurisdicción obligatoria para la solución de controversias de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, hecho en Viena el 18 de abril de 1961. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número
358, de 18 de octubre de 2010. (Número de expediente 110/000222.) ... (Página 33)
Página
- Protocolo facultativo sobre la jurisdicción obligatoria para la solución de controversias de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, hecho en Viena el 24 de abril de 1963. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número
359, de 18 de octubre de 2010. (Número de expediente 110/000223.) ... (Página 33)
- Convenio europeo para la protección del patrimonio arqueológico (revisado), hecho en La Valetta el 16 de enero de 1992. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 363, de 22 de octubre de 2010. (Número de expediente 110/000226.)
... (Página 33)
- Denuncia del Convenio europeo para la protección del patrimonio arqueológico, hecho en Londres el 6 de mayo de 1969 y publicado en el Boletín Oficial del Estado número 180, de 5 de julio de 1975. 'BOCG.
Sección Cortes Generales', serie
A, número 364, de 22 de octubre de 2010.
(Número de expediente 110/000227.) ... (Página 33)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 33)
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas:
- Proyecto de ley orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del protocolo por el que se modifica el protocolo sobre las disposiciones transitorias, anejo al Tratado de la Unión Europea, al Tratado de funcionamiento de la
Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, firmado en Bruselas en 23 de junio de 2010. (Número de expediente 121/000102.) ... (Página 34)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Propuestas de resolución relativas a las memorias del Consejo General del Poder Judicial ... (Página 5)
Propuestas de resolución presentadas con motivo del debate de la memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los juzgados y tribunales de Justicia, correspondiente al año 2009 ...
En defensa de las propuestas de resolución presentadas intervienen la señora Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds; Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ferrer Roselló, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Juanes Barciela, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Enmiendas del Senado ... (Página 14)
Proposición de ley por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, para reforzar las funciones asignadas a dicha comisión mixta ...
(Página 14)
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Becerril Bustamante, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Sáez Jubero, del Grupo
Parlamentario Socialista.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales ... (Página 15)
Acuerdo de servicio de préstamo entre los siguientes Estados miembros cuya moneda es el euro: el Reino de Bélgica, Irlanda, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, el Gran Ducado de
Luxemburgo, la República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la República
de Austria, la República Portuguesa, la República de Eslovenia, la República Eslovaca, y la República de Finlandia y KfW, actuando en interés público, con sujeción a las instrucciones y acogiéndose a la garantía de la República Federal de
Alemania, como prestamistas, y la República Helénica como prestatario y el Banco de Grecia como Agente del prestatario, hecho en Atenas y Bruselas el 8 de mayo de 2010 ... (Página 15)
Acuerdo entre acreedores suscrito por el Reino de Bélgica, la República Federal Alemana, Irlanda, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, el Gran Ducado de Luxemburgo, la República de Malta,
el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República Portuguesa, la República de Eslovenia, la República Eslovaca, y la República de Finlandia, hecho en Bruselas el 8 de mayo de 2010 ... (Página 16)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Nadal Belda, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y
Moscoso del Prado Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Continuación.) ...
(Página 18)
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el papel que el Gobierno de España está desempeñando respecto a la dramática situación que padece el Sáhara Occidental ...
Defiende la moción la señora Buenaventura Puig, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Fernández Davila y Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Ricomá de Castellarnau, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Valenciano Martínez-Orozco, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Xuclá i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las medidas que adoptará el Gobierno ante el rápido incremento de los índices de pobreza en España ... (Página 24)
Defiende la moción la señora Méndez Monasterio, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Sahuquillo García, del Grupo Parlamentario
Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Méndez Monasterio.
Propuestas de resolución relativas a las memorias del Consejo General del Poder Judicial. (Votación.) ... (Página 30)
Se someten a votación las propuestas de resolución relativas a las memorias del Consejo General del Poder Judicial.
Enmiendas del Senado. (Votación.) ... (Página 32)
Sometidas conjuntamente a votación las enmiendas del Senado a la proposición de ley por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, para reforzar las funciones asignadas a dicha Comisión Mixta, se aprueban por 328 a favor y uno
en contra.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Votación.) ... (Página 32)
Se someten a votación los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales que figuran en el orden del día, siendo aprobados.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 33)
Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el papel que el Gobierno de España está desempeñando respecto a la dramática
situación que padece el Sáhara Occidental, se aprueba por 327 votos a favor y una abstención.
Sometidos a votación separada los cuatro puntos de la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las medidas que adoptará el Gobierno ante el rápido incremento de los índices de pobreza en España, se aprueban los
números 1, 2 y 3 y se rechaza el número 4.
Tramitación directa y en lectura única. (Votación.) ... (Página 34)
Sometida a votación la tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del protocolo por el que se modifica el protocolo sobre las disposiciones transitorias, anejo al
Tratado de la Unión Europea, al Tratado de funcionamiento de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, firmado en Bruselas el 23 de junio de 2010, se aprueba por 324 votos a favor y una abstención.
Se levanta la sesión a las doce y diez minutos del mediodía.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
La Presidencia quiere anunciar, de acuerdo con las previsiones reglamentarias, que hoy votaremos, con carácter de orgánica y por tanto con votación final de conjunto, el proyecto de ley por el que se modifican diversos reglamentos, normas y
tratados en virtud de los cuales España tendrá cuatro eurodiputados más en el Parlamento Europeo. Esa votación, que requiere como les digo votación sobre el conjunto, no se efectuará antes de las once horas de esta mañana.
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN RELATIVAS A LAS MEMORIAS DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.
- PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN PRESENTADAS CON MOTIVO DEL DEBATE DE LA MEMORIA SOBRE EL ESTADO, FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009. (Número
de expediente 245/000005.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a examinar el VII punto del orden del día de este Pleno: Propuestas de resolución presentadas con motivo del debate de la memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder
Judicial y de los juzgados y tribunales de Justicia correspondiente al año 2009.
Por el Grupo Mixto ha solicitado la palabra, y la tiene, doña Rosa Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.
Señorías, voy a defender un conjunto de resoluciones que tienen que ver con la memoria del Consejo General del Poder Judicial, concretamente doce resoluciones que tienen todas ellas como objetivo favorecer una mayor independencia, una mayor
profesionalidad del sistema, una mejor dotación de medios materiales y humanos, todo ello para fortalecer la eficacia del sistema, la diligencia del mismo, y siempre pensando en el servicio a los ciudadanos que es el objetivo de nuestra tarea. De
una manera breve repasaré las doce resoluciones. Son bastante concretas cada una de ellas, hemos tratado de no hacer simplemente un discurso que sonara bien sino, en algún caso, plantear medidas concretas. Sé que no suele ser lo habitual en un
tipo de resoluciones como estas en las que se busca, como no puede ser de otra manera y siempre es bueno pretenderlo, un consenso lo más amplio posible, consenso que suele venir acompañado quizá de un exceso de generalidades. Hemos tratado de
compatibilizar las dos cosas, el intento de un consenso amplísimo con alguna concreción mayor de lo habitual en cualquiera de estas medidas. Empezaré por citarles las tres primeras resoluciones, las 17, 18 y 19, que tienen como objetivo la
independencia del sistema. La primera de ellas se plantea compartir una reflexión de carácter general que hace en este caso, pero que concreta, el propio Consejo General del Poder Judicial, de que la confianza que ofrece el Poder Judicial
independiente, prestigioso y eficaz es indispensable para remontar la grave crisis por la que atraviesa España.
No se trata solamente de cumplir con un principio constitucional de que la justicia sea eficaz, independiente y rápida en su actuación,
sino que además es importante, lo hace el consejo y lo hemos proclamado en más de una ocasión, una justicia independiente para dar confianza a todos, también a los ciudadanos, y para favorecer la
salida de la crisis política y económica que sufre nuestro país. En la segunda de ellas, que también tiene que ver con la independencia, se plantea la necesidad de que la independencia de la judicatura aprobada por la Asamblea General de
Naciones Unidas sea la que oriente el trabajo de nuestro sistema conforme al cual los jueces serán independientes cuando resuelvan los asuntos que conozcan con imparcialidad, es decir, hay una cita expresa a esa resolución de la Asamblea General de
Naciones Unidas; y en la resolución número 19 se insta también, en la misma línea de la independencia, a garantizar la independencia de los jueces y magistrados frente a todo tipo de interferencia de cualquier otro poder público y de los partidos
políticos. A lo mejor es llamativo que nosotros mismos nos hagamos una mención de estas características y una reclamación de estas características, pero sabido es que la independencia entre sistemas es garantía plena y garantía previa para que una
democracia se pueda llamar tal y con mayúsculas.
La cuarta resolución, es la número 20, plantea la necesidad de incrementar la transparencia y objetividad en el nombramiento de cargos tanto de naturaleza gubernativa como jurisdiccional. Como ven, seguimos insistiendo en la misma cuestión.
Esta vez es la transparencia el eje de nuestra resolución. La quinta resolución, que es la número 21, tiene también como referencia y como objetivo los nombramientos de los jueces, de los distintos magistrados, para que su carácter sea
fundamentalmente sobre la base de los méritos, algo que ya se ha debatido con anterioridad y que no siempre recibe la respuesta más adecuada. Se considera prioritario para decidir la preferencia de uno u otro candidato a la vista de la singladura
de plazas convocadas y los concretos aspirantes que participen en la convocatoria, así como las fuentes de conocimiento que hayan manejado para indagar cuáles podrían ser estos méritos en el conjunto de los aspirantes. Se puede decir que es una
exigencia lógica, pero sus señorías saben que, a pesar de que lo formulemos siempre como una exigencia lógica, la experiencia nos demuestra que no siempre el funcionamiento se adapta a esta exigencia normal y lógica de cualquier Estado democrático y
de derecho.
La sexta, es la número 22 en el orden de resoluciones, tiene la pretensión de unificar sistemas. Propone a sus señorías la necesidad de reconocer que la transferencia de competencias en materia de justicia ha dado lugar a la existencia de
diferentes sistemas o programas informáticos que dificultan la interconexión de datos entre los juzgados y tribunales de distintas comunidades, por lo que instamos al Consejo General del Poder Judicial a promover e implantar las medidas adecuadas
para solucionar este problema, un problema que termina siendo sufrido por los destinatarios del sistema, es decir, por el conjunto de los ciudadanos españoles. La número 23, séptima en este orden de doce, tiene por objetivo instar al propio consejo
a mejorar, a desarrollar un nuevo modelo de elaboración de la memoria que sea eficiente y racional, y que supere la tradicional radiografía a nuestro juicio estática del año anterior y ponga a disposición del conjunto de la sociedad la información
actualizada y detallada de la actividad desarrollada, incluyendo su coste personal y empresas contratadas al efecto en su caso. Tiene que ver también, como ven ustedes, con la transparencia en este caso del Consejo General del Poder Judicial a la
hora de elaborar una memoria. La octava, número 24 en el orden general, trata de apelar a la imparcialidad.
Instamos al Consejo General del Poder Judicial a profundizar en el fortalecimiento de la responsabilidad profesional de los jueces y
magistrados en el ejercicio de sus funciones, especialmente en lo que repercute directamente en la calidad del servicio prestado a los ciudadanos a través de la intensificación del control disciplinario con garantía de imparcialidad.
La novena resolución -la número 25- es una resolución quizá un poco antipática para los receptores de la misma y quizá políticamente incorrecta. Con ella instamos al Congreso de los Diputados a que rechace el acuerdo del Consejo General del
Poder Judicial de aprobar la constitución de un seguro de responsabilidad civil que cuesta en torno a 450.000 euros con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, para hacer frente a la responsabilidad civil en que incurran los jueces en el
ejercicio de su función, y que incluye el pago de las multas fruto de procesos penales y fianzas que eventualmente se les puedan imponer par eludir la cárcel por delitos dolosos, e insta al consejo a revocar dicho acuerdo. Yo creo que los jueces
han de ser responsables de sus actos, y si quieren un seguro que se lo paguen. No creo que los ciudadanos tengamos que pagar un seguro a los jueces para que si cometen un error, un error doloso en el ejercicio de sus funciones lo tengamos que pagar
el conjunto de los ciudadanos con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, porque si se hace con los jueces, por qué no con cualquier otro sector profesional. Por tanto, instamos a la revocación de este seguro acordado por el Consejo General
del Poder Judicial con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. En la propuesta diez en nuestro orden -26 en el orden general- se insta a fomentar la mediación y el arbitraje.
Se valora positivamente la labor realizada por el Consejo General
del Poder Judicial en cuanto al fomento y análisis de la práctica de medidas alternativas para la resolución de conflictos. Este, como saben ustedes, es un problema que muchas veces se ha destacado en esta Cámara y en los debates de la Comisión de
Justicia. Instamos a que se insista en estas medidas. La once en nuestro orden -27 en el orden general- solicita que se realice un informe de litigiosidad. Se insta al Poder Judicial a que realice las gestiones para obtener la información que
considere necesaria para la elaboración del informe relativo a las causas de litigiosidad existentes en el orden contencioso-administrativo. Por último, en la doce -número 28 en el Congreso de los Diputados- se insta al Consejo General del Poder
Judicial a realizar un informe que especifique el coste de la Administración de Justicia, con inclusión de los datos detallados relativos
a las comunidades autónomas, así como al personal, su número, tipo y coste tanto del dependiente del Ministerio de Justicia como el del conjunto. Se trata también en este caso de una resolución que pretende tener un mayor y mejor
conocimiento para actuar de forma más eficiente y de forma más justa.
Como he dicho, son doce resoluciones que pretenden todas ellas favorecer la independencia y la profesionalidad del sistema, incrementarla y dotar a todo el sistema de los medios materiales y humanos que favorezca, como les decía al
principio, una mayor eficacia y una mayor diligencia, todo ello al servicio de los ciudadanos.
Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Díez.
Por el Grupo de Esquerra Republicana tiene la palabra don Joan Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Señorías, hemos presentado siete propuestas de resolución. En primer lugar, un bloque de enmiendas sobre agilización de la justicia y reducción de la litigiosidad. Hay consenso sobre la necesidad de modernizar el sistema judicial,
empezando por la nueva oficina judicial y más y mejores medios materiales y humanos, pero también acometiendo reformas legislativas tanto en la legislación procesal como en la Ley de Demarcación y Planta, que es lo que planteamos en la resolución
número 2.
De los 39 millones de habitantes del año 1988 -año en que se aprobó la ley- hemos pasado a 46 millones actuales, la población se ha redistribuido por los propios flujos migratorios tanto internos como externos, y respecto a la
litigiosidad, ha aumentado de forma exponencial por un cambio de cultura jurídica de nuestra sociedad. En consecuencia, la Ley de Demarcación y Planta ha quedado superada, quizás agotada, y no da respuesta a los cambios demográficos, culturales y
socioeconómicos.
También es necesario emprender nuevas reformas procesales para agilizar los procedimientos, como se propone en nuestra resolución número 6 en concreto a lo que se refiere a la jurisdicción contenciosa. Finalmente, para cerrar el
bloque de resoluciones que persiguen la reducción de la litigiosidad, pretendemos, mediante la resolución número 3, dar cobertura a las actuales necesidades de muchos partidos judiciales, instando al Consejo General del Poder Judicial a seguir
colaborando en la creación de nuevos juzgados especializados en materia de familia, incapacidad y tutela. Igualmente, proponemos que el Gobierno regule para la judicatura el derecho de huelga. Esta es una de las dos resoluciones que no han sido
contempladas por el Grupo Socialista mediante la propuesta de transaccionales. A nuestro entender el artículo 28 de la Constitución lo consagra y no establece prohibición alguna a los titulares de la magistratura, razón por la que no ha lugar a
negar el derecho a ejercerlo. En todo caso, esta es una de las resoluciones sobre las que no hemos recibido ninguna oferta de texto transaccional. Tampoco nos sorprende porque ya se posicionó el Ejecutivo en contra de la convocatoria de huelga
convocada el pasado año por parte de los jueces.
Quisiera llamar la atención sobre la resolución número 4, que tiene como finalidad dar cumplimiento a determinadas previsiones estatutarias del Estatuto de Catalunya. Después de que el pasado mes de junio el Tribunal Constitucional fallase
contra el estatuto, que aprobó el pueblo de Catalunya, el presidente Zapatero se comprometió a buscar un apaño, si me permiten la expresión. Se trataba de solventar uno de los problemas que nacieron con la sentencia. La creación de los consejos
autonómicos de justicia, así como la casación, deberían contemplarse para permitir que los tribunales superiores de Justicia fueran competentes para conocer de los recursos de casación. El presidente Zapatero se comprometió -mediante una cierta
operación relacionada con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial- a recuperar de manera inmediata y por la vía de reformas legislativas, aquellos aspectos del estatuto que quedaron afectados por la sentencia. De ahí nuestra resolución,
que ha sido transaccionada, cuya finalidad es la de vincular al Consejo General del Poder Judicial con esta reforma necesaria para la creación de los consejos autonómicos de justicia y para la descentralización de la casación.
Debo decirles que, hasta aquí, todas las propuestas de Esquerra Republicana han sido aceptadas mediante la transacción, es decir, ponderadas, pero han sido rechazadas dos, una relacionada con el derecho de huelga y -¡oh, casualidad!- otra
con la lengua catalana. ¡Oh, casualidad! Ustedes avanzan pero siempre topan con lo mismo, con la lengua catalana. Habíamos presentado una propuesta de resolución instando al Consejo General del Poder Judicial a impulsar y promover el gusto del
conocimiento de todas las lenguas cooficiales del Estado español entre los jueces y magistrados, con la finalidad de que todos los ciudadanos con lengua propia distinta a la castellana pudieran dirigirse sin problemas a la Administración de Justicia
española. Pues bien, saben que en estos momentos la situación es francamente lamentable. Datos de un observatorio público: en el año 2009 solo el 25 por ciento de los juicios celebrados en Catalunya fueron celebrados en lengua catalana. Las
sentencias redactadas en catalán solo alcanzan el 8,2 por ciento, produciéndose en este caso una regresión respecto de las sentencias redactadas en el año 2004, que suponían un 20,6 por ciento. La redacción de otros escritos surte igual suerte,
siendo que el total de los mismos redactados en catalán solo alcanza el 14,2, y es que la lengua de la justicia sigue siendo casi exclusivamente la lengua castellana y ello debido en gran parte al desconocimiento de los actores jurídicos, jueces,
secretarios o fiscales de la lengua catalana. Por supuesto, pobres gallegos y pobres vascos, porque si con la lengua catalana que es la lengua distinta al castellano más hablada en el Estado español ocurre lo que ocurre, imagino
cómo sufren los ciudadanos gallegos o vascos ante la Administración de Justicia española.
Sin embargo, no me sorprende. No puedo resistirme, hoy que leo en los periódicos cómo la democracia española lo que hace es premiar al señor Hernando. La democracia española lo premia, otorgándole el honor de ser miembro del Tribunal
Constitucional, a una persona que utilizó el Consejo General del Poder Judicial para fomentar la catalanofobia, utilizando el aparato para ir contra el Estatuto de Autonomía de Catalunya. Es más, ¿se imaginan ustedes que en Bélgica una persona que
ocupara el cargo que ocupaba el señor Hernando hubiera salido en una televisión pública y hubiera dicho que aprender o conocer una de las lenguas del Estado belga era lo mismo, tenía la misma categoría que aprender el folklore de una zona del
territorio belga? Esto es lo que dijo el señor Hernando. ¿Lo recuerdan? (Rumores.) Fue el señor Hernando quien dijo que hacer aprender el catalán a los jueces no tenía ningún sentido porque era lo mismo aprender catalán que aprender a bailar
sevillanas. Esto lo dijo un personaje tan nefasto como el señor Hernando; políticamente nefasto, fomentador de la catalanofobia. (Rumores.) En cambio, fíjense, durante los años 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 ocupó la presidencia
del Consejo General del Poder Judicial y ahora es nombrado miembro del Tribunal Constitucional; un Tribunal Constitucional que, siempre hemos dicho, ejerce de manera impropia sus funciones.
Pues bien, ustedes podían haber aminorado un tanto esta tendencia y ustedes hubieran como mínimo transaccionado, ponderado, también nuestra iniciativa, nuestra resolución que solamente pretendía instar desde aquí al Consejo General del Poder
Judicial a ponerse en la labor de fomentar el uso de las lenguas vasca, gallega y catalana, a fin y efecto de que los ciudadanos del Estado español puedan dirigirse a la Administración de Justicia española sin ver vulnerados sus derechos como
ciudadanos. ¡Y maldita casualidad! La única resolución que no ha merecido transaccional ha sido la que afecta a los derechos de huelga y a la lengua.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra don Jordi Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.
Señorías, un año más llega al Pleno de la Cámara un debate quizá un poco descafeinado; no hemos sabido darle a este debate la trascendencia que debería tener tras la comparecencia en esta Cámara del presidente del Consejo General del Poder
Judicial y presidente también del Tribunal Supremo, debate que incluso inició el propio presidente de la Cámara en la Comisión de Justicia, presidiéndolo de forma solemne en el inicio de su intervención. Señorías, hoy estamos debatiendo las
resoluciones subsiguientes sin ningún miembro del Gobierno -no está el ministro de Justicia-, sin ningún vocal del Consejo General del Poder Judicial; es un debate, repito, descafeinado, como descafeinadas son las resoluciones que después
aprobamos. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.-El señor presidente del Congreso de los Diputados se dirige al escaño del señor Tardà i Coma.) Es cierto que se transaccionan textos, que se aprueban resoluciones,
pero después parece que muchas de ellas son literatura jurídica de esta Cámara que después no se plasma en el día a día del Consejo General del Poder Judicial. Por este motivo, nuestra resolución número 30 insta nuevamente al Consejo General del
Poder Judicial a cumplir resoluciones de anteriores años, concretamente resoluciones recogidas en las memorias 2005, 2006 y 2007 que fueron aprobadas en esta Cámara el año 2008 y que todavía están dormitando. El tema de la lengua ya está aprobado
como resolución -el señor Tardà se quejaba en este sentido- con una redacción, además, muy incisiva sobre la necesidad de dar a todas las lenguas oficiales el trato que los estatutos de autonomía les otorgan y respecto de las que existe ese déficit
lamentable. Por tanto, el de la lengua es un problema grave que ya está recogido en las resoluciones aprobadas en años anteriores, por eso simplemente decimos que se cumplan; no nos gustaría pensar que si hoy pidiésemos nuevamente esa redacción
esta no iba a ser aprobar, cuando sí lo fue en el año 2008. Si esto fuera así, se produciría el efecto cangrejo, algo que creo que nadie quiere en esta Cámara cuando estamos hablando de los derechos lingüísticos de los ciudadanos ante la
Administración de Justicia. Por consiguiente, como digo, el tema de la lengua está recogido concretamente en nuestra propuesta número 30, donde recordamos propuestas aprobadas en este sentido en informes precedentes.
En cuanto al resto de resoluciones presentadas por nuestro grupo, nos preocupa mucho -lo saben los miembros de la Comisión de Justicia- todo lo relativo al alto índice de movilidad de jueces y magistrados. Ese alto índice de movilidad
provoca una itinerancia en la titularidad de determinados juzgados que no es buena, que no fomenta la estancia y la estabilidad en ese territorio. Es bueno estudiar de manera precisa la cuestión de los índices de movilidad que, como saben, en
Catalunya están absolutamente disparados, y para nada es bueno. Lo que sería bueno para evitar esa desmesurada movilidad es que cada destino tuviese la retribución que le corresponda por la carga de asuntos que ese territorio o que esa ciudad
tenga, algo que es importante tener en cuenta. Si un juez es destinado a una ciudad a la que le corresponde una retribución inferior, cuando tiene una carga de asuntos muy superior a otras, se produce una discriminación en la retribución y ese juez
tenderá a buscar una ciudad que por lo menos tenga una categoría retributiva superior. En consecuencia, también debemos adecuar las retribuciones, algo que hemos dicho en infinidad
de debates, y siempre pongo como ejemplo el de la ciudad de Tarragona aunque hay muchos otros. En cualquier caso, debe realizarse esa adecuación retributiva, de ahí nuestra propuesta número 35, y aprovecho -lo he dicho ya a las letradas-
para decir que hemos detectado un error semántico en la parte final de esta resolución; donde dice poblaciones debe decir ciudades, porque se entenderá mucho mejor el significado de la misma.
En cuanto al resto de resoluciones, tengo que señalar que lamentablemente en una de ellas no hemos llegado a un acuerdo. Un año más Convergència i Unió plantea la necesidad de superar el sistema de juzgado único en España de marca
comunitaria. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) También queremos un juzgado en Barcelona de marca comunitaria porque el número de asuntos que se dan en Cataluña en el ámbito de la marca es muy importante y, por tanto, queremos que se cree
en Barcelona ese juzgado de primera instancia y una sección en la Audiencia Provincial como órgano competente en la materia. Lo hemos pedido en otras ocasiones, hoy lo volvemos a pedir y solicitamos el voto afirmativo del conjunto de la Cámara.
Otras resoluciones tienen relación directa con un tema de máxima actualidad. Hemos reivindicado otros años en otros debates la necesidad de cumplir las previsiones estatutarias en materia de Poder Judicial.
Tenemos ya una sentencia del
Tribunal Constitucional, sentencia que no nos agrada pero que está ahí y, nos agrade o no la sentencia, una vez pronunciada la misma debemos intentar desarrollar en el ámbito del Poder Judicial aquello que, a pesar de que no nos gusta, la sentencia
sí que permite y que el propio presidente del Gobierno se ha comprometido a impulsar, y es que por vía de ley orgánica se desarrollen aquellas previsiones estatutarias en dos ámbitos muy concretos. Tribunal de casación, con las competencias que en
el ámbito de los recursos de casación deben corresponder a los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas. Hay una función unificadora del Tribunal Supremo pero muy constreñida, y la Ley Orgánica del Poder Judicial la puede
limitar, pero la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por tanto, en ese ámbito, recurso de casación, que el tribunal superior de justicia de la comunidad autónoma sea el tribunal de casación. Y, el otro ámbito, la creación de los consejos de justicia
de las comunidades autónomas. Existe el compromiso, incluso con calendario, y quiero pedirles algo: pónganse de acuerdo ya, desde el Gobierno, desde el Grupo Socialista. No nos tomen el pelo en este ámbito. Si hay un compromiso, cúmplanlo o, si
no, no adopten el compromiso, pero no hagamos un planteamiento de engaño en este tema, que es serio. Lo digo porque son sucesivos. El proyecto ya se tenía que haber presentado en diciembre de 2008. No se hizo. Después se dijo: esperaremos la
sentencia del Tribunal Constitucional. Tras la sentencia del Tribunal Constitucional, el secretario de Estado de Justicia se comprometió a tener el proyecto de ley en las comparecencias de presupuestos, se comprometió a tener el proyecto de ley
antes de que finalizara este periodo de sesiones. Estamos en diciembre de 2010 y tampoco se va a presentar porque ahora el horizonte del calendario legislativo se sitúa ya en febrero de 2011. Quiero que conste en el 'Diario de Sesiones'. Espero
que se cumpla y espero que en esta legislatura tengamos finalmente esta ley, no sea que febrero se convierta en junio, junio se convierta en diciembre, se acabe la legislatura y -¡oh, casualidad!- no haya habido tiempo de tramitar una reforma
comprometida desde el primer día de esta legislatura. Por tanto, hoy volvemos a aprobar una resolución; hemos llegado a una transacción, igual que lo ha hecho el Grupo de Esquerra Republicana. Les pedimos que se cumpla, que no juguemos con los
calendarios porque es un tema serio. Uno puede decir: No lo voy a hacer o lo voy a hacer. Pero, si se dice que se hace, que se haga. Por tanto, es una advertencia que queremos realizar desde Convergència i Unió.
Por último, también hemos presentado una propuesta de resolución, la número 33, relativa a un aspecto que nos preocupa desde Convergència i Unió. Hay una ley orgánica que reforma el Código Penal, entra en vigor el próximo 23 de diciembre
-por tanto, este mismo mes- y hay novedades en el sistema de aplicación de penas. Las hay en un ámbito muy concreto, como es el de la multirreincidencia, el de la reiteración de faltas. En ese ámbito hay novedades que los jueces deben conocer y
que el Consejo General del Poder Judicial nos debe ayudar a darlas a conocer porque es el órgano de gobierno de los jueces y puede ejercer también esa actividad de destacar las novedades que el nuevo Código Penal implica. Por tanto, hay una
resolución en este ámbito que también hemos transaccionado, como hemos transaccionado igualmente -y con esto termino- la resolución relativa a la Ley de planta judicial, la futura Ley de Demarcación y Planta Judicial, de la que yo solo quiero
destacar un aspecto. Es necesaria, pero sobre todo es necesario -y en la transacción así se incluye- que se cumplan las previsiones estatutarias que en este ámbito garantizan una intervención de las comunidades autónomas en sus respectivos
territorios a la hora de definir la planta y demarcación judicial de sus ámbitos. Por tanto, aquí deberá oírse también la voz de esas comunidades autónomas.
Señor presidente, señorías, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.
Por el Grupo Popular tiene la palabra don Vicente Ferrer.
El señor FERRER ROSELLÓ: Señor presidente, señorías, se desprende de la memoria que son muchos y muy variados, probablemente demasiados, los problemas que aquejan a la justicia española, que vive desde algún tiempo al borde de un ataque de
nervios. No me voy a sobreponer -lo sospechan sus señorías- a la tentación
de citarles algunos, entre otras cosas porque inspiran parte de nuestras propuestas. Un desprestigio galopante que afecta a la confianza en las instituciones encargadas de impartir justicia; afecta, digo, a la confianza de los ciudadanos y
la justicia, señorías, es básicamente un asunto de confianza. Al final, el mecanismo último no es otro que el ciudadano ponga su asuntos, probablemente de la mayor importancia para el, vida, libertad, patrimonio, derechos, en manos de un tercero
que debe resolverlos y que debe resolverlos de acuerdo con las reglas y mecanismos que establece la ley. Si el justiciable desconfía de las personas y de las instituciones encargadas de tomar esas decisiones, el sistema quiebra, y es una realidad
que hoy el descrédito de la justicia pone en riesgo la propia continuidad del sistema. Súmenle a ello una maquinaria esclerotizada, incapaz de asumir los más de 9 millones de asuntos que entran anualmente en el sistema y que generan un colapso de
magnitudes bíblicas, cuya consecuencia para el ciudadano es un retraso en la resolución de sus asuntos, que convierte la acción de la justicia más en una rémora que en un instrumento para la resolución de sus problemas. A la justicia le pasa como a
la estrategia militar y ya saben lo que decía el emperador: es el arte de manejar el tiempo y el espacio; el espacio se puede recuperar, pero el tiempo nunca. Lo mismo podríamos aplicar a la justicia española, nadie pone en duda la calidad de sus
resoluciones y nuestro sistema de recursos permite disfrutar de la garantía razonable de que los posibles errores serán subsanados, pero el tiempo, señorías, el tiempo que transcurre entre el inicio de un procedimiento judicial y su definitiva
resolución es, como les decía, irrecuperable, es inadmisible y en demasiadas ocasiones invalida el propio resultado, invalida el concepto mismo de justicia. No hace falta que les repita, por sabido, el viejo aforismo de que la justicia lenta
sencillamente no es justicia.
Añadan ahora a ello los graves problemas de personal que nos aquejan. Para ser exactos, tenemos problemas de personal y problemas con el personal.
La verdad es que no nos privamos de ninguno. Tenemos un número de jueces y magistrados a
todas luces insuficiente, por no tildarlo de ridículo.
Baste decir que estamos por debajo de la posición 40 en Europa en la ratio de número de jueces por 100.000 habitantes. Si esto no era suficiente, además de ser pocos, los pocos que tenemos
están muy descontentos, por lo menos si hacemos caso a lo manifestado en el acto de apertura de los tribunales; descontentos en relación con sus remuneraciones, con la carga de trabajo, con la fijación de destinos, creo que excepto con el color de
la toga están descontentos con casi todo, señorías. Y la situación del personal adscrito a los juzgados y tribunales casi hace buena la de los jueces y magistrados. El interinaje es la norma, y el actual sistema de bolsas favorecer
extraordinariamente que las personas llamadas a cubrir las vacantes hayan desarrollado una notable experiencia laboral previa en el campo de la peluquería o de la reparación de vehículos a motor, por lo que su aportación resulta inestimable en el
sentido de poco estimada. En resumen, personas sin ninguna formación, que distraen los esfuerzos de sus compañeros que tratan de explicarles su trabajo y están más ocupados en ello que en su propio trabajo y que cuando empiezan a resultar útiles
para la Administración de Justicia los sustituimos y vuelta a empezar con el proceso. Si a esto le sumamos que la inversión en formación de personal al servicio de la Administración de Justicia ha caído aproximadamente un 40 por ciento en el actual
presupuesto, tendrán sus señorías un vivo retrato del horizonte al que nos dirigimos. Por último, no puedo dejar de mencionar en este apartado que si los medios humanos son precarios, los materiales no le van a la zaga. Hay problemas con los
inmuebles, procesos de modernización tecnológica que se eternizan y otros que se inician y acaban resultando incompatibles entre sí.
En fin, tampoco quiero aburrirles. Pues bien, con todo lo que les he dicho y que viene en parte recogido en alguna de las propuestas de resolución que el Partido Popular hoy somete a su consideración, no es ninguno de estos el principal
problema que tiene la justicia. ¿Cómo podemos aspirar a remediar los males que aquejan a la justicia española si empezamos por no tener claro el papel que esta juega en el entramado institucional y constitucional de nuestro país? ¿Cómo vamos a
paliar los problemas de funcionamiento cuando hoy ni tan siquiera estamos ya de acuerdo en el concepto? Hace aproximadamente un año les preguntaba en nombre del Partido Popular y desde esta misma tribuna si coincidían con el Partido Socialista en
concebir la justicia como un servicio público más que presta el Estado, como la sanidad o el transporte ferroviario por ejemplo. En definitiva, les preguntaba si sus señorías aceptan como buena la afirmación, desde las filas socialistas, de que
Montesquieu ha muerto y se consideran todos ustedes invitados al velatorio o si, por el contrario, todavía creían y respaldaban el sistema de división y equilibrio de poderes y, como consecuencia, atribuían a la justicia la condición de poder del
Estado con todo lo que ello comporta. Esta, no les quepa la menor duda, es la cuestión fundamental que hemos de dirimir en esta sala.
El Partido Popular no tiene duda alguna. La justicia es uno de los tres poderes del Estado y como tal debe ser tratada. De esta convicción nace el resto de las resoluciones que hoy sometemos a su consideración. No pretendemos que el
Consejo General del Poder Judicial suplante a esta Cámara ni invada tampoco los poderes que le son propios al Gobierno, pero, por ejemplo, cuando la criminalidad inicia un proceso de escalada que introduce en el sistema judicial penal seis millones
de asuntos por año mientras este tiene cerca de ochenta mil condenas a trabajos en beneficio de la comunidad sin ejecutar y centenares de miles de ejecutorias pendientes de carácter penal, no parece razonable que deparemos al Poder Judicial el papel
de mero espectador. O cuando el Gobierno anuncia reformas legislativas de enorme calado, como las relativas a la demarcación y planta o al
Tribunal Supremo, del que el presidente del Consejo General del Poder Judicial es también presidente, o la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que revoluciona el proceso de instrucción para retirárselo de las manos a los jueces y entregarlo a la
fiscalía. ¿Es razonable limitar la actividad del órgano de gobierno del Poder Judicial a la propia de un convidado de piedra? ¿O, como poco menos se propone en alguna de las iniciativas sometidas a debate, sugerir su colaboración aportando algunos
datos y estadísticas? ¿Es razonable esperar que el Consejo General del Poder Judicial asista indolente, se instale en una especie de política de laisser faire, laisser passer mientras el Gobierno amenaza con despojarle de buena parte de sus
funciones y repartirlas, vía ley orgánica, entre los diversos consejos autonómicos de justicia, y ello pese al mandato constitucional y a la reciente jurisprudencia del Alto Tribunal? Nosotros creemos que en su conjunto nada de esto sería sensato,
que está en juego algo más que la independencia y el prestigio, en definitiva la supervivencia como lo hemos conocido de uno de los poderes del Estado y, como consecuencia, el juego de equilibrios que garantiza el sistema de libertades que nos hemos
dado. Les ruego, señorías, que lo piensen, que lo mediten.
Muchas gracias. (El señor Trillo-Figueroa Martínez-Conde: Muy bien.-Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ferrer.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra doña Carmen Juanes.
La señora JUANES BARCIELA: Gracias, señor presidente.
Señorías, afrontamos el debate sobre las propuestas de resolución a la memoria del Consejo General del Poder Judicial correspondiente al año 2009 en un contexto diferente al de hace unos años, no solo por las especiales circunstancias
económicas por las que atravesamos, sino por la leal colaboración del consejo con el resto de los poderes públicos. Señor Jané, quiero aclarar simplemente que esta es la memoria del Consejo General del Poder Judicial. Sería confuso -por decirlo de
manera diplomática- que el Gobierno estuviese aquí. Ni puede ni debe porque no le corresponde; y se lo digo con toda la cortesía. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!)
Las propuestas del Grupo Parlamentario Socialista tienen mucho que ver con los desafíos planteados en la agenda política del Gobierno y por eso requieren coordinación y colaboración del Consejo General del Poder Judicial. Es cierto que este
Gobierno en esta materia está liderando el cambio en algunos aspectos y ha de saber coliderarlo en otros, lo que implica dosis añadidas de gestión política y, sobre todo, de trabajo compartido. Decía Martin Luther King: Da el primer paso con fe,
no tienes por qué ver toda la escalera, basta con que subas el primer peldaño. Si me permiten la similitud, en esta materia de justicia hemos dado los pasos con la fe de proporcionar un servicio público de calidad y, aunque no veamos toda la
escalera, ya hemos subido muchos peldaños. Estamos abriendo el camino, un camino para liderar este proceso de transformación. Y para esto era necesario un marco de referencia que nos permitiese trabajar, cada uno en el ejercicio de sus
competencias pero en una misma dirección.
Tenemos el Plan de modernización de la justicia 2009-2012 que inauguró una intensa agenda reformista. Es un plan que especifica cada paso de la hoja de ruta que tenemos que dar con las comunidades autónomas, con el Consejo General del Poder
Judicial, respetando -repito- el ejercicio de las respectivas competencias, para llegar a un punto de destino: contar con una justicia más ágil, más accesible y de más calidad. En este sentido va dirigida una de nuestras propuestas, concretamente
la propuesta 39: colegiación de esfuerzos para impulsar la aplicación de las reformas organizativas y tecnológicas de este plan de modernización. Un dato: solamente en estos dos años de vigencia se han destinado a la incorporación de nuevas
tecnologías 267 millones de euros, más los 20 millones de euros aportados por el Ministerio de Industria a través de Red.es. Se trata fundamentalmente de que las herramientas informáticas se conviertan en realidad en todas las oficinas judiciales
de nuestro país.
Todos tenemos que ser conscientes de que hemos hecho un esfuerzo de reforma y de modernización de la justicia que se ha intensificado precisamente en estos años de Gobierno socialista. Por darles un dato, señor Ferrer -y se lo he dicho más
de una vez-, en ocho años su partido, el Partido Popular, invirtió en materia de justicia 5.470 millones de euros, y esto se lo puede corroborar el señor Trillo. Pues bien, el Gobierno socialista en siete años invertirá 13.427 millones, y esto es
más del doble. La verdad no se habla, se ve.
Con todo, señorías, es cierto que la litigiosidad ha crecido mucho y así se refleja en la memoria. Según los datos de la estadística judicial, en 2009 ingresaron 9,5 millones de asuntos en los órganos judiciales, lo cual implicó un
incremento de un 5,7 por ciento con respecto a los ingresados en 2008. Estos datos evidencian que los problemas de la economía inciden también en la jurisdicción, en particular en los órdenes civil y social. Pero la memoria, señor Ferrer, también
destaca que el sistema judicial ha reaccionado ante este incremento del volumen de trabajo, lo que se hace patente con el número de asuntos resueltos en el conjunto de las jurisdicciones, que aumentó en un 5,9 por ciento con un incremento de un 6,8
por ciento en el número de sentencias. Además, en 2010 se están resolviendo más asuntos de los que entran en el conjunto de los órganos jurisdiccionales. Por cierto, la pendencia ya se ha reducido más de un 50 por ciento en relación con la que
existía en 2005. En relación con la litigiosidad y las cargas de trabajo, hemos presentado una propuesta para que el consejo evalúe los criterios
del módulo de la carga de trabajo y su adecuación a los niveles de litigiosidad.
Todos tenemos imaginación y hoy lo ha demostrado aquí el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Yo creo que todos podríamos hacer el ejercicio de imaginar qué hubiera ocurrido en España -algunos que se les llena tanto la boca hablando de
España- si en estos años de gobierno socialista no se hubieran duplicado las plazas de jueces y magistrados.
Les recuerdo que desde el año 2004 se han creado 148 unidades judiciales de media anual, más del doble que en las etapas del Partido
Popular. Solo en el último año se han creado cerca de 200 unidades judiciales entre órganos colegiados, unipersonales y de adscripción territorial. Se ha hecho por tanto un importante esfuerzo de dotación de nuevas plazas de jueces y juezas que
hoy prestan servicio en nuestro país. Yo no dudo, mi grupo no duda de que necesitamos más jueces, más fiscales y más funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, pero cada año estamos casi al límite del máximo que permite la capacidad
de la Escuela Judicial de Barcelona que, como saben, depende del Consejo General del Poder Judicial.
Otra de nuestras propuestas va dirigida a evaluar el funcionamiento de la nueva figura de los jueces de adscripción territorial y su impacto en la reducción de las cargas de trabajo de los órganos jurisdiccionales; necesitamos más justicia
titular. Todos éramos conscientes de que no era posible seguir gestionando las necesidades crecientes y complejas de nuestros tribunales manteniendo los esquemas heredados de las leyes procesales del siglo XIX, por eso pusimos en marcha la nueva
Oficina Judicial. Junto a la implantación de la nueva Oficina Judicial, la iniciativa de la reforma de la Ley de Demarcación y Planta debe servir como complemento de la profunda reforma de la justicia. Tras veinte años de vigencia de la actual Ley
de Demarcación y Planta, la modificación integral de la misma se ha convertido ya en una tarea inaplazable.
Tenemos un modelo judicial caduco y desfasado, tal y como refleja el informe de la comisión de expertos de la Ley de Demarcación y Planta.
Es cierto -y yo creo que todos somos muy conscientes- que esta reforma entraña una enorme dificultad; dibujar un mapa judicial en nuestro país es un trabajo técnicamente muy complejo y, sobre todo, muy sensible, pero también es cierta la necesidad
de adecuar el mapa jurisdiccional a las necesidades actuales como medida de optimización de nuestros recursos. En este sentido también hemos presentado una propuesta instando al consejo a colaborar en los trabajos para el diseño de ese nuevo mapa
de planta y demarcación considerando los resultados del informe de la comisión de expertos.
Voy finalizando. Si queremos tener éxito con las reformas procesales, el mapa judicial vigente no puede mantenerse porque no se adapta a la sociedad actual, pero la revisión de la Ley de Demarcación y Planta tiene que ir acompañada de un
amplio abanico de reformas que a corto, medio y largo plazo este Gobierno debe llevar y llevará a cabo. Por cierto, el Gobierno ya ha anunciado un calendario legislativo: mediación, arbitraje, Ley del Registro Civil, Ley Concursal y ley de nuevas
tecnologías de la Administración de Justicia, entre otras, que serán claves para la modernización de la justicia en términos de descongestión de asuntos.
En relación con las propuestas del Partido Popular, de CiU, de Esquerra Republicana y de UPyD, el grupo al que represento, tratando de mantener el clima de entendimiento y colaboración que preside nuestra Comisión, ha presentado enmiendas a
la mayoría de estas propuestas, que espero que sean aceptadas, porque, solo con todos, como diría mi maestro, merece la pena asumir este reto de contar con una justicia más ágil, más accesible y de más calidad.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Juanes.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra don Emilio Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente. Con la venia.
La verdad es que va a ser una intervención breve, aunque no sé si yo tengo mucha credibilidad cuando realizo estas manifestaciones. Pero al margen de esta circunstancia, señor presidente, quiero indicar que nosotros no hemos presentado
ninguna enmienda, es un turno de fijación de posición, en el sentido más estricto y reglamentario del término, el que vamos a usar, porque comentaba la señora Juanes -me voy a referir a ella, a su brillante intervención- que el Gobierno no pinta
nada o no debe tener ninguna especie de presencia significativa en el debate de este tipo de resoluciones o recomendaciones al consejo. La duda que nos embarga, señor presidente, es si nosotros tenemos que estar. El Gobierno, no. ¿Tenemos que
estar nosotros? Creo que tampoco. Señora Juanes y demás miembros de la reunión, ¿qué elemento de legitimidad constitucional o reglamentaria, legal, existe para establecer recomendaciones al Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de
un poder independiente del Estado? Es que no lo hacemos ni con un comisionado de las Cortes como es el Defensor del Pueblo. Difícilmente, por extrapolación, se podría hacer respecto a un órgano cuyo paradigma funcional es el de la independencia
que consagra el título VI de la Constitución. Es un elemento a través del cual se consagra la división de poderes y este tipo de recomendaciones no voy a decir yo que se la tomen los miembros del Consejo General del Poder Judicial a beneficio de
inventario, pero tengo muchas dudas. No pueden verse concernidos por las recomendaciones brillantes y bien articuladas que hacemos aquí, pero que a esta institución no le corresponde hacer en todo caso. Intentaremos, señor presidente, proponer en
la próxima reforma del reglamento, si alguna vez se acomete este
trámite, que esta actividad parlamentaria desaparezca de las consignaciones que están previstas en el propio reglamento.
Dicho lo cual, vamos a votar aquellas propuestas de resolución que hagan referencia a la configuración o creación de los consejos autonómicos del Poder Judicial, una asignatura pendiente que dimana de los requerimientos en algunos casos de
estatutos de autonomía como el de Cataluña y de las necesidades, desde una perspectiva de análisis jurídico-político, del ajuste de la administración de la Administración de Justicia a los requerimientos de un Estado compuesto y no unitario. (La
señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Esto tiene dos formulaciones: la potenciación de las competencias de las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas o la creación de
consejos autonómicos, utilizando el nomen iuris o la institución ex novo que algunos estatutos de autonomía de nuevo cuño o de última generación crean. Se está demorando demasiado y nos preocupa, como al señor Jané, esta demora. Tenemos que
afrontar la rápida constitución de estos consejos, un sistema de descentralización o de ajuste de la Administración de Justicia a los requerimientos de un Estado que ya no es unitario, sino un Estado pretendidamente compuesto.
En segundo lugar, vamos a aceptar aquellas enmiendas que hacen referencia a la normalización lingüística. En este ámbito, el tránsito que se va hacer es importante, y además la configuración para la normalización del uso de las lenguas
cooficiales en la Administración de Justicia está mal concebida ab initio, desde el principio. Mientras no se asigne un sistema de perfiles a los puestos judiciales, a los órganos judiciales, en lugares donde se usen lenguas oficiales, no será
posible avanzar, a pesar de que reglamentos del Consejo General del Poder Judicial ya reconocen como mérito para la promoción de los jueces y magistrados que dominen una lengua cooficial, el conocimiento de dicha lengua cooficial. El mérito se ha
demostrado manifiestamente insuficiente y todavía la normalización lingüística en el ámbito de la Administración de Justicia es una asignatura pendiente. Estas enmiendas van a merecer también por esa razón nuestro apoyo.
Van a merecer nuestro apoyo aquellas enmiendas que, como el señor Jané también ha comentado, intenten configurar de forma diferente el recurso de casación. En este momento no tiene sentido mantener la doble casación en el Tribunal Supremo,
la casación ordinaria, la que de alguna forma defiende el denominado ius litigatoris. Hay que reducir las competencias casacionales del Tribunal Supremo a la casación extraordinaria para la unificación de doctrina, entre otras cosas para desahogar
el volumen de trabajo, la pendencia existente en el Tribunal Supremo, la defensa del ius constitutionis. Todas estas propuestas de resolución las vamos a apoyar. Vamos a apoyar todas las propuestas de resolución que pretenden una reconfiguración
diferente de la demarcación y planta judicial y del incremento de la planta judicial, del número de jueces y magistrados.
Seguimos siendo el antepenúltimo país, a pesar de las reflexiones apologéticas de la señora Juanes en relación con el
incremento de la planta judicial. Comprendo las dificultades y la capacidad de creación de jueces, expresión particularmente poco forense, la posibilidad de formar nuevos jueces en la escuela judicial, que tiene unas posibilidades limitadas, pero
no podemos seguir manteniendo el dudoso honor de ser el anteúltimo país de la Unión Europea en número de jueces por cada 100.000 habitantes.
Por último, señor presidente, vamos a apoyar todas aquellas propuestas de resolución relativas a la potenciación de los derechos laborales o de los derechos funcionales que reclaman los jueces y que han provocado un conflicto severo mediante
el ejercicio del derecho de huelga, un derecho discutible en cuanto a su titularidad o a la posibilidad de ser ejercido por los jueces y magistrados. De hecho, tengo la convicción de que no son titulares del ejercicio de este derecho, del derecho
de huelga; el real decreto que lo regula es un real decreto preconstitucional pero constitucionalizado ex post tras la aprobación de la Constitución, el Real Decreto-ley de 4 de marzo de 1977 que atribuye la titularidad del ejercicio de huelga
exclusivamente a los trabajadores dependientes.
Obviamente, todo el mundo sabe que los jueces y magistrados no son trabajadores dependientes o no deberían ser, en términos materiales y formales, trabajadores dependientes de nadie. El señor
portavoz del Grupo Popular sabe perfectamente a lo que me estoy refiriendo. Desde esa perspectiva, todo lo que sea potenciar los derechos laborales en el ámbito de la conciliación, de la jornada horaria, de condiciones de trabajo, de seguridad e
higiene, del personal al servicio de la justicia y de los jueces y magistrados, merecerá también nuestro apoyo. En este sentido, señor presidente, aunque ya lo he dicho, vuelvo a manifestar la sorpresa que en mi grupo causa no solo la realización o
celebración en esta Cámara de este trámite, sino además el entusiasmo con el que se entregan algunos compañeros portavoces al mismo cuando no tiene ningún tipo de cobertura constitucional y si la tiene reglamentaria no es porque la Constitución
avale la posibilidad de establecer recomendaciones a un órgano independiente, que es el órgano de gobierno del Poder Judicial, cuyo paradigma, configuración y funciones no meritan o no merecen ningún tipo de recomendación ni por el Gobierno ni por
esta Cámara ni por nadie, al margen de las que ellos mismos, la autogestión que debe caracterizar el ejercicio de sus competencias y el principio de legalidad, decidan pertinentes configurar para el ejercicio de sus funciones.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Olabarría.
ENMIENDAS DEL SENADO.
- PROPOSICIÓN DE LEY, POR LA QUE SE REGULA LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA, PARA REFORZAR LAS FUNCIONES ASIGNADAS A DICHA COMISIÓN MIXTA.
(Número de expediente 122/000181.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a continuación al punto VIII del orden del día: Enmiendas del Senado. En concreto, las de la proposición de ley por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, para
reforzar las funciones asignadas a dicha Comisión Mixta.
En el turno de palabra, ¿piensa intervenir el Grupo Parlamentario Vasco del PNV? (Denegaciones.) Pasamos entonces al Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, muy brevemente, porque esta es una aportación interesante y positiva del Senado que hace que esta proposición de ley firmada por los distintos grupos vuelva al Congreso, pero se trata de una modificación muy puntual. El fondo de
la cuestión ya fue discutido y tramitado en este Congreso de los Diputados y, gracias a la modificación de la Ley 8/1994, por cierto la primera y única ley que crea una Comisión parlamentaria no por modificación del Reglamento sino por una ley, se
incorporan -de acuerdo con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y de los mecanismos de alerta temprana para recoger la opinión de los parlamentos, y en el caso de España, evidentemente, de las Cortes Generales pero también de los parlamentos
autonómicos- los mecanismos oportunos para recabar el criterio previo en los procesos legislativos a través del sistema de alerta temprana. Pero también hemos incorporado con esta modificación que supone un fortalecimiento de la Comisión con una
comparecencia regular del Gobierno en el control de su relación respecto a la política europea, el derecho de petición, si se me permite una expresión no del todo exacta, de que los presidentes y consejeros autonómicos puedan comparecer ante la
Comisión Mixta de la Unión Europea para exponer aquellos asuntos que desde la legislación europea afectan al ámbito de competencias de las comunidades autónomas. Pues bien, señorías, cuando mi grupo parlamentario presentó precisamente esta enmienda
para la posible participación de los presidentes y consejeros de las comunidades autónomas, cometimos una negligencia total, que fue no incorporar las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Gracias a la aportación del Senado y gracias a la
aportación de la senadora Sanín hemos modificado esta ley en el sentido de que puedan comparecer ante la Comisión Mixta los presidentes y consejeros y también los representantes de las ciudades de Ceuta y Melilla. Por tanto, evidentemente, acogemos
de forma positiva esta modificación, esta mejora, y la votaremos a favor.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Xuclà.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Becerril.
La señora BECERRIL BUSTAMANTE: Gracias, señora presidenta.
La aprobación de esta proposición de ley que viene ahora del Senado, con una enmienda que nosotros aceptamos, por supuesto, presentada además por una senadora del Grupo Parlamentario Popular, va a permitir a las Cortes Generales un mayor
seguimiento y un mayor conocimiento de aquellas decisiones que se toman en la Unión Europea y tienen una repercusión directa e indirecta muy trascendental para los veintisiete Estados miembros. Mediante esta proposición, mediante esta ley, porque
este texto se convertirá muy pronto en ley, el Gobierno también va a tener que explicar ante las Cortes Generales qué decisiones va a tomar en asuntos tan trascendentales como los que estamos viendo en los últimos meses, en materia de supervisión de
las entidades financieras, de control del déficit, de cumplimiento del Pacto de Estabilidad, de crecimiento y en tantos otros asuntos absolutamente trascendentales para la vida de los españoles. Además, estamos viendo como desde la Unión Europea,
desde las instituciones europeas, se nos está conminando a que tomemos o el Gobierno tome determinadas decisiones en las materias que acabo de mencionar y probablemente en las próximas semanas, quizá en un par de meses a lo más tardar, volverá a ser
necesario a instancias de la Unión Europea tomar otras medidas en materia de recortes, de reducción del déficit, de crecimiento y otros asuntos de materia económica y financiera, el cumplimiento de la reorganización del sector bancario, en materia
de pensiones y otros asuntos más. Esta ley nos va a permitir tener un conocimiento de la posición del Gobierno ante estos requerimientos y decisiones de la Unión Europea para hoy y para el futuro, porque tal y como están las cosas parece que la
Unión Europea va a tomar, en el futuro, cada vez más responsabilidades y más decisiones en materia económica -no solo monetaria, que ya las ha tomado en el pasado- y de cumplimiento de los grandes acuerdos que permitan a los Estados miembros de la
Unión Europea crecer en el futuro y tener una economía sostenible. Aprobaremos por supuesto las modificaciones que se han introducido en el Senado.
Gracias, presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Becerril.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Sáez Cubero.
El señor SÁEZ JUBERO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, con la aprobación de esta proposición de ley a propuesta del Grupo Parlamentario Popular y de la enmienda del Senado, reforzamos hoy el papel de la Comisión Mixta Congreso-Senado, su especialización en el seguimiento de las
iniciativas legislativas europeas, sus facultades de control a las instituciones europeas y con ello, en definitiva, una mayor implicación de los parlamentos nacionales en el proceso de construcción europeo. Se ha dicho hoy aquí que el nuevo
Tratado de Lisboa que ha entrado en vigor faculta a los parlamentos nacionales, a estas Cortes Generales, especialmente a velar por el respeto al principio de subsidiariedad y de proporcionalidad, es decir, que la Unión interviene cuando los
objetivos de una acción no pueden alcanzarse de manera suficiente por los Estados miembros y el contenido de sus acciones no puede exceder de lo necesario para alcanzar los objetivos previstos en los tratados. A este fin una de las tareas
principales de la Comisión Mixta Congreso-Senado es precisamente la revisión de la ingente cantidad de iniciativas legislativas, de actos legislativos, en reuniones quincenales de su Mesa y portavoces, a fin de seleccionar qué iniciativas
legislativas van posteriormente a ser objeto de un dictamen motivado ante la Comisión Mixta y con la participación también, porque somos un Estado compuesto, de los parlamentos autonómicos. Por otra parte, el Tratado de Lisboa nos ha conferido otra
oportunidad, que es la de evaluar las actividades de Eurojust y Europol. Nos congratulamos de que nuestro Parlamento haya sido el primero en poder evaluar las actividades de Eurojust a través de la comparecencia en la Comisión del presidente del
Colegio de Eurojust.
Con la aprobación de esta proposición de ley reforzamos los mecanismos de control y participación de nuestro Parlamento en los consejos europeos, a través de las comparecencias previas semestrales que van a hacer los miembros del Gobierno
ante la Comisión y que van a permitir incorporar, previamente a los consejos europeos, las aportaciones de los distintos grupos parlamentarios. Además, cada semestre, tras las presidencias rotatorias del Consejo, tendremos la ocasión, con la
presencia en este caso de la ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación o del secretario de Estado de la Unión Europea, de ir viendo la evolución de los objetivos del Consejo Europeo. Ello también es fruto de una feliz experiencia de la
Comisión en la que, con ocasión de la Presidencia española rotatoria de la Unión Europea, en un ejercicio de transparencia y de aportación del Parlamento, pudieron comparecer, previamente a la Presidencia del Consejo, la totalidad de los miembros
del Gobierno para conocer de antemano los objetivos de esa Presidencia, realizar aportaciones y, finalizada esa Presidencia, evaluarla también con la comparecencia de la totalidad de los miembros del Gobierno ante la Comisión. En definitiva, mayor
transparencia y acercamiento de las instituciones europeas a los ciudadanos a través de sus representantes electos.
La proposición de ley también posibilita, y lo ha explicado bien mi compañero Jordi Xuclà, la comparecencia de los gobiernos autonómicos. Con la enmienda del Senado corregimos el olvido del Congreso sobre la presencia de los representantes
de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, a fin de que informen sobre su posición sobre el conjunto de iniciativas legislativas europeas que les afectan en el ámbito de su competencia y que son objeto, como ustedes conocen también, de informe en
el test de subsidiariedad. Nos felicitamos de que esta iniciativa haya gozado del consenso del conjunto de la Cámara y también nos congratulamos de que la política europea sea una política de Estado, una política en la que los distintos grupos
parlamentarios somos capaces de ponernos de acuerdo. Aprovechando las palabras de la señora Becerril, me van a permitir la licencia y la oportunidad que da esta tribuna para reclamar al principal grupo de la oposición el apoyo a las medidas de
austeridad, de reformas y de cohesión social que impulsa el Gobierno. Ciertamente, muchas de las decisiones que usted ha comentado, señora Becerril, se deciden en el Ecofin y deben contar con el consenso de los grupos parlamentarios. Por tanto,
interpelo a su grupo para que preste apoyo en momentos difíciles como los que vivimos de crisis financiera y económica, ya que la diferencia del bono alemán con el bono español en parte también se debe a la posición que tiene la oposición a este
respecto. Por último, aprovecho para plantearles que la crisis económica también puede tener una crisis política en la Unión Europea. Por tanto, quiero evidenciar la necesidad de fortalecer las medidas de coordinación y las respuestas coordinadas
de la Unión Europea. En momentos de fatiga debemos pivotar los cimientos de la Unión Europea.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Sáez, por favor, tiene que acabar.
El señor SÁEZ JUBERO: Termino. Hace pocos días Javier Solana decía que la Unión Europea es el edificio más bello construido en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Hoy, con esta iniciativa hacemos una pequeña contribución y vamos a
pivotar esos cimientos de la Unión Europea entre todos.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Sáez.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES:
- ACUERDO DE SERVICIO DE PRÉSTAMO ENTRE LOS SIGUIENTES ESTADOS MIEMBROS CUYA MONEDA ES EL EURO: EL
REINO DE BÉLGICA, IRLANDA, EL REINO DE ESPAÑA, LA REPÚBLICA FRANCESA, LA REPÚBLICA ITALIANA, LA REPÚBLICA DE CHIPRE, EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURNO, LA REPÚBLICA DE MALTA, EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS, LA REPÚBLICA DE AUSTRIA, LA REPÚBLICA
PORTUGUESA, LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA, LA REPÚBLICA ESLOVACA, Y LA REPÚBLICA DE FINLANDIA Y KFW, ACTUANDO EN INTERÉS PÚBLICO, CON SUJECIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y ACOGIÉNDOSE A LA GARANTÍA DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, COMO PRESTAMISTAS, Y A LA
REPÚBLICA HELÉNICA COMO PRESTATARIO Y EL BANCO DE GRECIA COMO AGENTE DEL PRESTATARIO, HECHO EN ATENAS Y BRUSELAS EL 8 DE MAYO DE 2010. (Número de expediente 110/000224.)
- ACUERDO ENTRE ACREEDORES SUSCRITO POR EL REINO DE BÉLGICA, LA REPÚBLICA FEDERAL ALEMANA, IRLANDA, EL REINO DE ESPAÑA, LA REPÚBLICA FRANCESA, LA REPÚBLICA ITALIANA, LA REPÚBLICA DE CHIPRE, EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO, LA REPÚBLICA DE
MALTA, EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS, LA REPÚBLICA DE AUSTRIA, LA REPÚBLICA PORTUGUESA, LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA, LA REPÚBLICA ESLOVACA Y LA REPÚBLICA DE FINLANDIA, HECHO EN BRUSELAS EL 8 DE MAYO DE 2010. (Número de expediente 110/000225.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos al punto IX del orden del día: Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. Algunos grupos han pedido intervenir en los epígrafes 35 y 36 de los
convenios y lo vamos a hacer de manera acumulada.
Punto número 35: Acuerdo de servicio de préstamo entre los siguientes estados miembros cuya moneda es el euro: el Reino de Bélgica, Irlanda, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, el Gran
Ducado de Luxemburgo, la República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República Portuguesa, la República de Eslovenia, la República Eslovaca y la República de Finlandia y KFW, actuando en interés público con sujeción
a las instrucciones y acogiéndose a la garantía de la República Federal de Alemania, como prestamistas, y la República Helénica como prestatario y el Banco de Grecia como agente del prestatario, hecho en Atenas y Bruselas el 8 de mayo de 2010.
Punto 36: Acuerdo entre acreedores suscrito por el Reino de Bélgica, la República Federal Alemana, Irlanda, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, el Gran Ducado de Luxemburgo, la República
de Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República Portuguesa, la República de Eslovenia, la República Eslovaca y la República de Finlandia, hecho en Bruselas el 8 de mayo de 2010.
Para intervenir en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, he querido pedir el turno de palabra en relación con el fondo de rescate, en este caso a Grecia, para poner en evidencia dos términos que ha utilizado la presidenta en la lectura de los acuerdos. El primer término es el de
república y el segundo el de préstamo. Señorías, estos fondos de rescate, lo hemos visto en los últimos tiempos, no aplacan a la bestia. La fiera sigue igual que estaba o peor. El fondo de rescate de Grecia no ha garantizado que la inestabilidad
de los países del sur de la Unión Europea se haya superado. Muy al contrario, da la impresión de que el fondo de rescate es la sangre de la hiena que inmediatamente supone un nuevo ataque a un nuevo país, un nuevo rescate. Finalmente, estos fondos
sirven más para engordar a los mercados, para engordar a la especulación financiera contra la deuda de los países miembros, que a salvar a esos mismos países. Hacía referencia en mi intervención a república. Señorías, quiero hacer un paralelismo
histórico. En tiempos de la República, no de la República española, en tiempos de Calígula se pensaba también que ceder ante la tiranía era una forma de salvar la República. Lo cierto es que la única fórmula posible fue acabar con la tiranía. En
este caso, utilizando esta comparación, la fórmula, en opinión de mi grupo, no es aplacar la tiranía de los mercados, no son nuevos préstamos para la deuda pública de los países miembros, sino que la fórmula es recuperar la República y en este
sentido reconstruir una hacienda pública europea, reconstruir una política económica europea digna de tal nombre.
Termino, señorías, respecto a esta breve intervención. En la obra de Camus sobre Calígula hay una frase demoledora. La primera de ellas es que la libertad irrestricta, dice, la libertad sin justicia, sin igualdad, la libertad sin controles
es la tiranía. Calígula era insaciable, caprichoso, sádico. Pues bien, los mercados son como Calígula, son el Calígula de nuestros tiempos, insaciables, caprichosos y sádicos, y nosotros les damos la carnaza y nosotros aceptamos los créditos para
luego ajustar nuestra economía y castigar a nuestros ciudadanos. Tengo la impresión de que ese no es el mejor camino, pero quiero referirme a una de las reflexiones que hace finalmente Calígula en la obra de Camus, dice: Cuando la economía es lo
prioritario el ser humano es secundario.
Creo que esa es la cuestión. Poner de nuevo al ser humano en el centro de la política europea y de la política española significa negarse a este ataque de los mercados
y no apostar por aplacar a la bestia, no apostar por esperar a cuando Calígula se sacie, sino básicamente recuperar la República.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Catalán de Convergència I Unió tiene la palabra el señor Xuclà. (Denegación.) Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Nadal Belda.
El señor NADAL BELDA: Gracias, señora presidenta.
Mi grupo va a votar favorablemente, como no puede ser de otra manera, la ratificación de estos acuerdos, que vienen a ser el instrumento que el Estado español tiene que aportar para que uno de los primeros vehículos de rescate dentro de la
Unión Europea, el de préstamos a la República Helénica, pueda legalmente ser desembolsado. Y no va a ser el único instrumento, vendrán más, porque tenemos el mecanismo de estabilización financiera dentro de la Unión Europea que tendrá que venir
posteriormente a esta Cámara, que se va a utilizar de manera inmediata en el caso de Irlanda y ahí está como un instrumento para ver si se va a tener que utilizar en un futuro, porque este es el problema que tenemos ahora.
Tenemos un problema de
desestabilización de la zona euro, un problema serio que está afectando de manera muy directa a nuestro país. El mecanismo está diseñado correctamente y busca encontrar una capacidad financiera del conjunto de la Unión Europea para hacer frente a
turbulencias en los mercados financieros o situaciones de insolvencia de determinados países; y son las situaciones de insolvencia de las que tenemos que evitar hablar y evitar que nuestro país llegue a esa situación. ¿Por qué lo digo? Porque
evidentemente los fundamentos de la economía española son suficientemente sólidos para que no se nos pueda comparar con los dos casos que he citado anteriormente, el de Irlanda y el de Grecia.
Pero, sin embargo hay una percepción en los mercados de que nuestro país y algún otro -pero en esta Cámara nos importa nuestro país- está en una situación de riesgo. Los mercados no son como dice el señor Llamazares un monstruo o una hiena.
Los mercados son millones de ahorradores que durante su vida parte de su salario y parte de sus ingresos los están ahorrando y quieren meterlos en productos seguros. No quieren perder su dinero, porque ahí están los fondos de pensiones y ahí están
los ahorros de toda una vida de millones de trabajadores de Europa y de todo el mundo, eso es lo que hay detrás de los mercados. Y estos trabajadores -porque la inmensa mayoría de esos ahorradores son trabajadores- están preocupados y le preguntan
a su banco o a su sociedad de seguros en los cuales han invertido su dinero que dónde van a invertir el dinero, esos ahorros que ellos han puesto. Les preocupa que esas empresas en las cuales ellos invierten sus ahorros inviertan a su vez en países
de riesgo, y ahora España por esos millones de ahorradores es percibida como un país de riesgo y esto es lo que tenemos que evitar. ¿Por qué hemos sido percibidos como un país de riesgo? Evidentemente, porque hay cosas que no se han hecho bien,
porque otros países con situación económica parecida a la nuestra -puedo poner el caso de Bélgica o Austria-, que también tienen sus riesgos como todos los demás países, no se ven afectados de la misma manera que lo está siendo nuestro país. ¿Por
qué entonces España se ve sometida frecuentemente a los vaivenes del miedo en el mercado, del miedo de estos ahorradores que lo transmiten a los intermediarios financieros? ¿Por qué España sí y otros no tanto? Evidentemente esto ha tenido mucho
que ver con la política económica que hemos hecho en nuestro país; con la erraticidad; con solo reaccionar cuando los mercados se ponen al rojo vivo; con tomar medidas de manera precipitada como las que ayer nos anunció el presidente del
Gobierno, algunas de ellas incluso preocupante como, por ejemplo, la venta de Loterías, que es un ingreso fiscal del Estado. Esto no es una empresa pública al uso, no es una empresa de productos o servicios; esto es uno de los tantos ingresos
fiscales que tiene el Estado y además muy recurrente y estable. Loterías vale muchísimo dinero. O por medidas que llegan mucho más tarde de cuando se venían pidiendo que podían tener efecto. El Grupo Socialista votó en contra hace quince días,
cuando votamos los presupuestos, a las medidas fiscales que ayer anunció el presidente del Gobierno para pequeñas y medianas empresas y para trabajadores autónomos. Es muy curioso ese cambio de actitud en menos de quince días. Esta erraticidad,
estos vaivenes, este no saber adónde se va, este no tener claras las ideas nos está costando a los españoles mucha credibilidad y estar metidos en una situación de riesgo en la que nunca deberíamos haber estado. La economía española probablemente
no se merezca estar donde está, pero la política económica española nos hace estar donde ahora mismo estamos, percibidos como un país arriesgado, como un país en el que hay que tener cuidado a la hora de invertir en él, visto como tal por los
millones de ahorradores que componen el mercado financiero global y especialmente el europeo. Esto es algo que tenemos que evitar a toda costa y este Gobierno no hace prácticamente nada por evitarlo; más bien al contrario, nos está metiendo cada
vez más en una situación de incertidumbre. (Aplausos.-Un señor diputado: Lo que hay que oír.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Nadal.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Moscoso del Prado.
El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Voy a intervenir desde el escaño. Votamos hoy dos acuerdos fruto de los acuerdos alcanzados en el Consejo Europeo y en el Eurogrupo en mayo para poner en marcha el plan de rescate de Grecia, como han explicado los diputados que han
intervenido antes que yo. Comparto con el señor Llamazares parte de su reflexión cuando dice que la política económica -y la política europea creo yo- debe volver a colocar al ser humano, a la persona, en el centro de su actuación. Porque es
verdad que la unión monetaria, el euro, es una construcción imperfecta; es una construcción que cerró la parte monetaria, la parte del control de los flujos monetarios al fijar los tipos de cambio con una divisa única, pero se olvidó de avanzar y
profundizar en la construcción de una unión económica. Y esta unión económica imperfecta es la que ha llevado a la necesidad de adoptar medidas como las que se están tomando en los últimos meses. Decía también el señor Llamazares, cuando la señora
presidenta leía el nombre de las dos cuestiones que votamos, que le gustaba el sonido de la palabra república. A mí también me ha gustado el sonido de todos los nombres de los diferentes países y Estados que han sido mencionados, porque eso refleja
el esfuerzo de coordinación económica, de solidaridad, de integración, el esfuerzo que como europeos estamos intentando poner en marcha para buscar la única vía, la única salida que tiene esta crisis, que es la salida coordinada y solidaria.
Quiero recordar hoy, que estamos también conociendo una situación difícil en los mercados financieros, que primero ha sido Grecia y luego Irlanda.
Pero le quiero recordar al señor Nadal, del Grupo Popular, cuando hablaba de las cosas que en
su opinión no se han hecho bien, que lo que no se ha hecho bien en todo caso desde este país ha sido la absoluta falta de apoyo por parte del principal partido de la oposición a estas medidas excepcionales. Es verdad que hoy van a votar a favor,
pero es el único elemento que van a votar a favor. Ayer pudimos ver cómo incluso reaccionaron con sorpresa y sin capacidad de saber qué decir cuando el Gobierno hacía propuestas que ustedes mismos estaban defendiendo hace días. No se puede
defender todo tipo de cuestiones y cuando se ponen en marcha escurrir el bulto y esconderse porque, señores, la situación es muy, muy complicada. En todos los análisis económicos que se hacen por parte de los principales seguidores de la realidad
económica en el mundo se achaca a la actitud del principal partido de la oposición en España parte de la responsabilidad, incluso en la existencia de un diferencial de la prima de riesgo por encima de otros países. Creo que esto es algo sobre lo
que tenemos que reflexionar y algo que debe cambiar, porque si no es así nos costará más salir de la crisis. Creo que es importante recordar que el Gobierno ha sacado adelante unos presupuestos y que contamos con un marco estable de colaboración
para poner en marcha medidas económicas y fiscales para superar estos acontecimientos. Quiero también recordar que se están poniendo en marcha reformas importantes en muchísimas cuestiones y que existen propuestas de reforma sobre la mesa en otros
muchos ámbitos que deberían contar, no ya con el apoyo de la oposición, sino con una actitud distinta a la hora de enviar a los mercados mensajes de confianza diferentes a los que se están remitiendo.
En los próximos meses se tomarán medidas
complicadas, se deber cerrar el diseño del mecanismo permanente de salvamento de países, si es que ha de ser así -conocemos las propuestas de Alemania-, y también debemos realizar otro tipo de acuerdos.
Confío de nuevo en que este voto, hoy, del Partido Popular no sea una acción individual en todo ese océano de medidas que debemos tomar y que el Gobierno, con el apoyo de algunos grupos parlamentarios en esta Cámara, está sacando adelante,
con esfuerzo, desde la izquierda, con unos presupuestos razonables y con miras al regreso cuanto antes a la senda de crecimiento y de creación de empleo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Moscoso del Prado.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (CONTINUACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE EL PAPEL QUE EL GOBIERNO DE ESPAÑA ESTÁ DESEMPEÑANDO RESPECTO A LA DRAMÁTICA SITUACIÓN QUE PADECE EL SÁHARA OCCIDENTAL. (Número de
expediente 173/000178.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a continuación al debate de las mociones que quedaron pendientes del punto IV del orden del día el pasado martes. En primer lugar la del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el papel que el Gobierno de España está desempeñando respecto a la dramática situación que padece el Sáhara Occidental. Para defender la moción en nombre de su grupo tiene la palabra
la señora Buenaventura.
La señora BUENAVENTURA PUIG: Gracias, presidenta.
Señorías, la moción que presenta nuestro grupo es un llamamiento claro al conjunto de esta Cámara para instar al Gobierno a que actúe y se reconcilie con el sentimiento mayoritario del pueblo español, sentimiento mayoritario de condena y de
denuncia. De condena al desalojo violento del pasado 8 de noviembre del Campamento de la Dignidad y la represión posterior hacia los activistas saharauis por parte del Reino de Marruecos, y de denuncia a la violación sistemática de los derechos
humanos en los territorios del Sáhara Occidental ocupados
por Marruecos. También es un llamamiento al Gobierno para que juegue un papel activo en la coordinación de las acciones necesarias para la convocatoria de un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui, que también incluya la
independencia; además, de acuerdo con la legalidad internacional y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
A pesar de la censura y del bloqueo informativo que se está produciendo en Marruecos, nos llegan noticias y vamos conociendo casos concretos de tortura, vejaciones, destrozos de viviendas, detenciones indiscriminadas y graves agresiones por
parte de las fuerzas de seguridad marroquíes y de colonos contra la población saharaui. Se han podido ver videos en que se evidencia el uso de armas por parte de las fuerzas marroquíes. En definitiva, se constata lo que por parte de nuestro grupo
venimos denunciando desde el mismo día del desalojo brutal del campamento. Hoy justamente, Amnistía Internacional, en un informe, así lo reconoce.
Venimos denunciando que Marruecos también tortura a españoles. Tenemos testimonios de la familia
Baillal Gachbar, de nacionalidad española, que a día de hoy se están recuperando de las palizas recibidas. Queremos saber si es cierto o no, a raíz del comunicado de las organizaciones integrantes de la campaña Armas bajo control, que las armas
utilizadas por el ejército marroquí en el Sáhara podrían ser españolas, hecho que evidenciaría una flagrante violación de los derechos humanos. Después de la salvaje intervención por parte del ejército marroquí en la ciudad de El Aaiún, de la
brutalidad con la que han actuado para desalojar el campamento y de la situación actual en las calles de la ciudad, el Gobierno español no se puede quedar con los brazos cruzados. Contra el bloqueo informativo y contra los intentos del Gobierno
marroquí de silenciar la voz de los saharauis y esconder las barbaridades que las autoridades marroquíes están llevando a cabo en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, el Gobierno español debe asumir su responsabilidad. Y hasta el día de
hoy, creemos nosotros, el Gobierno español no ha actuado en coherencia con los principios básicos de defensa de los derechos humanos.
Señorías, ¿qué más tiene que pasar? Desde nuestro grupo parlamentario creemos que es necesario e importante decir: ¡Basta ya! Basta ya de poner en la misma balanza a agresores y a agredidos. España no puede mantenerse imparcial ante esta
situación, nuestro Estado es históricamente responsable y nosotros, como españoles, tenemos el deber de exigir a nuestro Gobierno el cumplimiento de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. España no puede mantenerse imparcial,
nuestra historia así lo reconoce. Habiendo transcurrido más de tres décadas sin que el conflicto del Sáhara Occidental se haya resuelto, la celebración de un referéndum de autodeterminación en la antigua colonia española es la única forma de zanjar
este anacrónico problema de descolonización.
Creemos que la estabilidad en el norte de África y el Mediterráneo depende fundamentalmente de la paz y que tan solo será posible cuando el pueblo saharaui haya podido ejercer libremente su derecho
inalienable de la autodeterminación.
La pasividad de España ante este conflicto ha sido vergonzosa históricamente, indignante e injusta. Durante todo este tiempo todos los gobiernos democráticos han dado la espalda al pueblo saharaui, incluso después de las falsas promesas.
Señorías, el Gobierno tuvo la oportunidad en la Presidencia española de la Unión Europea de liderar este cambio, de establecerlo como prioridad política, asumiendo un papel central en favor de una solución al conflicto del Sáhara Occidental, y no lo
hizo. Los saharauis son un pueblo que, con todo derecho, aspira a ser soberano de su propio territorio en el marco del principio de la descolonización y de la libre determinación de los pueblos, amparado por el derecho internacional. Creemos que
este Parlamento no puede ser menos que el Parlamento Europeo, que ha votado una resolución sobre el Sáhara Occidental. Por una vez la presión de Marruecos no ha triunfado y eso es bueno para la credibilidad de las instituciones. Todos los grupos
políticos de la Eurocámara condenaron durante el Pleno a Marruecos por el ataque al campamento de El Aaiún. También el Senado, justo hace dos días, ha votado una resolución de condena a las violaciones de los derechos humanos. El Sáhara, creemos
nosotros, no puede ser moneda de cambio para intereses económicos.
A ustedes, todos, esta Cámara, que otras veces han sido firmes defensores de esta causa, pedimos que, y esperemos que así sea, rectifiquen antes de que sea demasiado tarde. Condenemos la violencia de Rabat para con el pueblo saharaui y
denunciemos la violación sistemática de los derechos humanos en los territorios ocupados. Debemos exigir al Reino de Marruecos que cese en su actitud hostil hacia el pueblo saharaui, que dejen de hostigar a parlamentarios, a medios de comunicación
o a defensores de derechos humanos. La única solución justa pasa por que se pueda celebrar el referéndum de autodeterminación. Hagámoslo posible entre todos.
Quiero, para terminar, felicitarnos porque creo que va a ser posible una condena unánime de este Congreso a la situación de violación de los derechos humanos y a la vez instamos al Gobierno por parte de este Congreso a que actúe. Lo hacemos
de la misma manera que lo han hecho, como decía anteriormente, otras Cámaras, como el Parlamento Europeo o el Senado. Seguramente el planteamiento que hacemos en esta Cámara va más allá, porque también nosotros tenemos más responsabilidades en todo
este tema. Yo creo que hoy va a salir una muy buena resolución, una muy buena moción, de esta Cámara, en la que lo que hacemos es instar al Gobierno a que defienda los derechos humanos también para el pueblo saharaui.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Buenaventura.
A esta moción se han presentado enmiendas por varios grupos. En primer lugar, para defender las del Grupo Parlamento Mixto tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo para defender las enmiendas que nuestro grupo, el BNG, presenta a esta moción, pero de manera fundamental también para manifestar nuestro total y absoluto apoyo a la moción que la señora Buenaventura acaba de defender;
compartimos todos los puntos que en ella se plantean y compartimos, además, todos los argumentos que la señora Buenaventura acaba de exponer ante esta Cámara.
Lo hacemos, señorías, porque evidentemente la cuestión del Sáhara es algo que, como hemos manifestado en muchísimas ocasiones, el Estado español tiene que asumir, es un problema que el Estado español tiene que asumir definitivamente. La
responsabilidad histórica que tiene con el pueblo saharaui es innegable y pensamos además que, si bien nunca, desde nuestro punto de vista, el Gobierno español, independientemente de quién lo encabezara, actuó debidamente en este asunto, en el caso
que nos ocupa tenemos que denunciar que quizás fuera, de todas las ocasiones, cuando peor ha actuado. Nos alegra que en el día de hoy podamos llegar a una transacción a esta moción presentada, en la que el primer punto sea la condena de los
acontecimientos ocurridos en el Sáhara, concretamente en El Aaiún, hace unas semanas; una condena que el Gobierno español sistemáticamente se niega a hacer.
Esperemos que después de que se apruebe hoy esta moción tengamos una posición completamente distinta, porque no podemos entender que, por razones de prudencia, el Gobierno no condene estos hechos; sobre todo no podemos entender que se diga
que para hacer una condena se necesita tener un mayor conocimiento de la situación, para que, posteriormente a estas declaraciones, la ministra de Exteriores diga: Ahora sí tenemos algunas razones. Y resulta que las razones son aquellas que da el
Gobierno marroquí. La pregunta es ¿cómo se puede confiar en el Gobierno marroquí, en las informaciones que pueda dar de lo que acontece en el Sáhara, de lo que acontece en El Aaiún, cuando negó toda posibilidad de que los informadores pudieran
informar de lo que pasaba allí? ¿Cómo podemos dar credibilidad a un gobierno que sistemáticamente incumple aquellas resoluciones de la ONU, mientras los representantes saharauis llevan a rajatabla lo que la ONU ha decidido? Por tanto, señorías,
nuestro apoyo es total y absolutamente favorable a la moción de esta mañana.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Fernández Davila.
Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra la señora Díez González.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.
Intervengo para informar en este breve espacio de tiempo de que disponemos de nuestro apoyo a la moción presentada y defendida por Esquerra Republicana-Izquierda Unida y concretamente por la señora Buenaventura.
Creo también, como decía la
portavoz del BNG, que es un momento para que nos alegremos entre todos de que en la Cámara vaya a fructificar un consenso alrededor de una transaccional a una moción que todos hemos suscrito; aunque seguramente a cada uno de nosotros nos gustaría
que aparecieran algunas cosas que no aparecen o que no aparecieran algunas que aparecen, yo creo que se ha producido un avance en la dirección correcta, se han denunciado ya aquí los acontecimientos que hoy vuelven a traer este tema a colación en la
Cámara. Los acontecimientos de vulneración de los derechos humanos por parte del Gobierno de Marruecos respecto de los saharauis y el pueblo saharaui tienen antecedentes, alguno de esos antecedentes desgraciadamente es la pasividad de nuestro
Gobierno, del Gobierno de España.
La moción que hoy se aprobará tiene en su contexto un llamamiento también a revisar la posición, la política de nuestro Gobierno en esta materia.
No podemos comportarnos como si fuéramos un gobierno no alineado, no podemos ser un país
neutral, en lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos y la promoción de la democracia en todo el mundo.
Eso, concretado en el norte de África, significa defender a los que están siendo masacrados por el Gobierno de Marruecos. Por
tanto, me parece muy importante que destaquemos que de eso estamos hablando, que más allá de las palabras más o menos suaves que hemos elegido para hacer esta condena, esto es una condena política y sobre todo es un llamamiento al Gobierno de España
para que se comporte, para que se comporte en defensa de lo que es interés de todos los ciudadanos europeos, de todos los españoles, en defensa de los derechos humanos, de todos, y en este caso de los saharauis.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Díez.
Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco, del PNV, tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señora vicepresidenta.
En este asunto del Sáhara insistimos, también desde mi grupo, en que la responsabilidad española es evidente. No se puede reducir a remitir toda la responsabilidad al Grupo de Amigos del Sáhara. Como potencia administradora legal que es
España en estos momentos, tenemos, insisto, y el Gobierno tiene, una responsabilidad especial. Es evidente que se han violentado los derechos humanos en el territorio del Sáhara. Los sucesos del campamento desalojado violentamente por las fuerzas
de seguridad marroquíes, testimonios que nos llegan de fuerzas de seguridad marroquíes apoyadas por civiles
asaltando viviendas y comercios, testimonios abundantes de malos tratos a detenidos, todo ello, hace que sea necesario exigir rotundamente una investigación independiente. No puede ser hecha, de parte, por Marruecos, sino independiente, tal
y como ha solicitado el propio Parlamento Europeo. No nos vale que miembros del Gobierno español digan que creen a sus colegas cuando estos les dan las explicaciones. Hace falta una investigación y una investigación independiente.
Marruecos no puede quejarse de las críticas que le están viniendo de parte de la comunidad internacional, puesto que ha impuesto un bloqueo informativo incomprensible, que lo único que hace es aumentar los rumores sobre estos abusos que se
han producido. Es importante insistir en la presencia con libertad de los medios de comunicación; ello sería también en beneficio de Marruecos. Por cierto, hemos asistido últimamente a manifestaciones que a nosotros nos han recordado aquellas de
la plaza de Oriente, esas típicas manifestaciones de Estados totalitarios, en las que se quitan los peajes, se ponen autobuses, se dan bocadillos, hasta se suspenden partidos de fútbol, y hay una extraña unanimidad de todas las fuerzas políticas y
sindicales, con un primer ministro a la cabeza de la manifestación. Sinceramente, este tipo de unanimidad lo que hace es que parezca todavía más sospechoso lo que está sucediendo en Marruecos, que es una ausencia de libertades de todo el pueblo
marroquí. Que Marruecos sea un país clave para el control de la inmigración, un país clave ante la amenaza terrorista, no es excusa para obviar, para marginar los derechos humanos.
La falta de derechos humanos en la zona no va a mejorar la seguridad de terceros países en el ámbito del terrorismo, en el ámbito de la inmigración, etcétera. No lo va a hacer; al contrario, lo que puede crear es un caldo de cultivo
bastante dañino y que pueda, incluso, incrementar la potencialidad de elementos que se sientan tentados a unirse a este tipo de movimientos ante la falta de libertades en el lugar. Yo creo que sería bueno que Marruecos dejara expresarse al pueblo
saharaui. Muchas veces oímos comentarios de representantes marroquíes en el sentido de que no puede decirse que el Frente Polisario sea el único representante del pueblo saharaui. Que lo faciliten entonces, que dejen expresarse libremente a la
población saharaui, que veamos si, dentro de los territorios que en estos momentos controla de facto el Gobierno marroquí, hay expresiones de los saharauis de apoyo a otras organizaciones, a otros movimientos. Mientras tanto, mientras esto no sea
posible, una referencia imprescindible y a tener en cuenta por la comunidad internacional seguirá siendo el Frente Polisario. Tengo que confesar que algunos puntos de la moción presentada creíamos que eran un poco controvertidos. Nosotros también
hemos firmado esta enmienda transaccional, que es un paso importante pero que tampoco nos llena. Si en el punto primero se hubiera hecho una mención expresa a Marruecos hubiera sido lo correcto y nos hubiera satisfecho más.
Termino, señora presidenta. Esto no significa que el tema del Sáhara deba quedar aquí como punto final en el Parlamento. Está bien aprobar esta resolución, está bien además mostrar a las autoridades marroquíes cuál es la posición unánime
de todas las fuerzas políticas del Estado, pero es necesario que en este asunto se siga produciendo una información continuada, con comparecencias periódicas del Gobierno hasta tanto en cuanto no se aclare la situación.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Esteban, por favor.
El señor ESTEBAN BRAVO: Y esto es lo que seguiremos exigiendo en el futuro.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Esteban.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Ricomá de Castellarnau.
El señor RICOMÁ DE CASTELLARNAU: Muchas gracias, señora presidenta.
Estamos ante un debate completamente necesario, por razones obvias, por la responsabilidad y vinculación moral de España en el Sáhara Occidental, por la gravedad de los hechos acaecidos en El Aaiún y, tristemente, también por la
irresponsable inacción del Gobierno español frente a lo sucedido. Todos somos conscientes de que los equilibrios deben establecerse en las relaciones internacionales, estamos todos convencidos de la necesidad de mantener el mayor grado de relación
posible con nuestros países vecinos; sabemos también que en un conflicto no podemos determinar a priori buenos y malos, todos son actores. Todo ello es muy cierto, pero no lo es menos que existen ciertas líneas rojas que jamás debemos sobrepasar,
a las que jamás debemos renunciar, en el ejercicio de nuestra diplomacia; una de ellas, señorías, es el respeto a los derechos humanos. Lamentablemente, estos fueron completamente conculcados con la operación marroquí de desalojo del campamento de
Agdym Izik, de la misma manera que fue coartada la libertad de expresión y la libertad de prensa e información y también fue vetado el ejercicio de sus responsabilidades a organizaciones no gubernamentales, a observadores internaciones e incluso a
parlamentarios, hechos de suma gravedad en una zona muy sensible, líneas rojas superadas.
¿Y cuál ha sido la respuesta de nuestro Gobierno? Primero el silencio, después las evasivas y, finalmente, la claudicación, la renuncia -y eso es grave- a la firme defensa de los derechos humanos para no disgustar al más fuerte de los
actores en conflicto. ¡Quién les ha visto y quién les ve, señores socialistas! De encabezar manifestaciones a favor del pueblo saharaui a ignorarles en un momento de especial dificultad; de declarar la señora ministra, abiertamente, en acto
público, fidelidad incondicional
a favor de la causa saharaui a cerrar los ojos frente a una situación que han atravesado de extrema dureza; de afirmar el señor Zapatero que arreglaría el conflicto del Sáhara en seis meses a tener problemas con todos sus actores y a
inhibirse ante uno de sus episodios más lamentables.
En definitiva, Agdym Izik es un patinazo más en la trayectoria socialista en esta cuestión, incluso les ha llevado a abandonar la tradicional política de neutralidad activa que venía manteniendo el país desde el inicio de la democracia,
confundiendo con ello a todo el mundo, estoy seguro de que también a ellos mismos y, lo que es peor, generando desconfianza en quien más tiene que perder y en quien más necesita de España, que son aquellos que más sufren las consecuencias del
problema.
Por ello, ante la parálisis del Gobierno, ante el mutismo del Gobierno, es muy conveniente hoy un pronunciamiento claro y firme del Pleno del Congreso acerca de lo sucedido, un pronunciamiento que refleje la condena por la actuación de la
policía y el ejército marroquí en el entorno de El Aaiún, un pronunciamiento que refleje la condena por la censura impuesta a los medios de comunicación, una condena que refleje en definitiva la flagrante violación de los derechos humanos que todo
ello ha supuesto; un pronunciamiento que además reconduzca nuestra acción exterior en la zona hacia la tradicional, hacia la de la neutralidad activa.
Este es el contenido de la enmienda de sustitución que hemos presentado.
Lo sucedido en El Aaiún nos deja dos mensajes ante los que debemos posicionarnos claramente. Primero, con los derechos humanos no se juega y, segundo, el compromiso
en su defensa debe ser un eje innegociable de nuestra política exterior. Y digo que debemos posicionarnos claramente porque, primero, en el Sáhara Occidental se han violado los derechos humanos y, segundo, el Gobierno socialista de España ha mirado
hacia otro lado. Por ello consideramos que lo que deberíamos aprobar aquí es nuestra enmienda, porque es en lo que estamos todos de acuerdo, la defensa de los derechos humanos, y porque representa uno de nuestros pilares básicos en nuestras
convicciones democráticas. Ahora bien, el grupo proponente ha manifestado su voluntad de obtener el mayor grado de consenso posible.
Todas las iniciativas sobre el Sáhara en esta Cámara siempre han salido adelante por unanimidad. Por tanto, el
Partido Popular quiere contribuir a lo que debe ser la norma, que la política exterior sea también una política de Estado.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Ricomá, por favor.
El señor RICOMÁ DE CASTELLARNAU: Y vamos a colaborar, con una aportación que hemos hecho sobre la libre presencia y circulación por el territorio marroquí de los medios de comunicación extranjeros, apoyando esta enmienda transaccional
-termino, señora presidenta-, una enmienda de mínimos, en el bien entendido de que no será por el Partido Popular -y nuestra enmienda así lo demuestra- por lo que la condena y los incidentes sucedidos en los campamentos de El Aaiún puedan quedar
diluidos por lo abstracto o por lo impenetrable que a veces tiene la realpolitik.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ricomá.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Valenciano.
La señora VALENCIANO MARTÍNEZ-OROZCO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Socialista comparte con el resto de grupos de esta Cámara una profunda preocupación por los hechos acaecidos en relación con el desmantelamiento del campamento Agdym Izik y posteriormente en El Aaiún. La injusta situación
que sufre el pueblo saharaui y, en consecuencia, la resolución del conflicto del Sáhara Occidental han sido una preocupación constante y sostenida por el Partido Socialista durante los últimos treinta y cinco años; es precisamente la perspectiva de
más de tres décadas de fracaso la que nos empuja hoy a ser absolutamente responsables con nuestro papel en la búsqueda de la solución definitiva para el Sáhara Occidental. Por eso nuestra enmienda de sustitución, que ha intentado buscar el más
amplio consenso de esta Cámara, y tengo que agradecer muy particularmente a la señora Buenaventura su disposición a la negociación, su apertura y su generosidad para que sea posible que hoy salga de esta Cámara un pronunciamiento de todos los grupos
aquí representados. En el Grupo Socialista somos también partidarios del más amplio consenso en aquellas cuestiones que afectan a la política exterior de España. Hoy lo somos más, si cabe, porque entendemos que la unanimidad a la hora de que esta
Cámara -ambas Cámaras ya-, más el Parlamento Europeo se pronuncien multiplica la potencia de nuestro mensaje y aumenta nuestra capacidad de interlocución y de influencia.
Desde el Grupo Socialista defendemos con ahínco la buena vecindad con Marruecos, es un país clave y la relación con España, la relación entre España y Marruecos es una relación de orden estratégico, pero mi grupo no comparte la manera en que
ha sido gestionada esta crisis por parte de las autoridades marroquíes como administradoras de facto y temporales del territorio del Sáhara Occidental. Nos hemos encontrado ante dos relatos diametralmente opuestos cuyas cifras y responsabilidades
por la violencia desatada han sido utilizadas por cada una de las partes involucradas en el conflicto. El apagón informativo, que hemos rechazado desde el primer momento, ha agravado enormemente la situación en El Aaiún. La falta de información
fidedigna y contrastada ha generado una situación muy difícil, tanto para España como para el resto de la comunidad internacional, incluso para el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas, a la hora de evaluar la situación y fijar una posición definida.
En estos últimos días hemos conocido las primeras conclusiones de la organización Human Rights Watch, unas conclusiones que ahondan nuestra preocupación por la denuncia de acosos, detenciones y torturas, pero que al mismo tiempo han dado por
bueno el balance de muertos hecho público por el Gobierno de Marruecos; las dos cosas están en el informe de Human Rights Watch. Ante esta situación, el Grupo Socialista vuelve a expresar su total rechazo y su condena a cualquier uso
desproporcionado de la fuerza contra la población civil o de la tortura, sea esto en el Sáhara Occidental o en cualquier otro rincón del mundo; por cierto, también condenamos la muerte de policías marroquíes. Desde el Grupo Socialista hemos pedido
una y otra vez que se permita la entrada a la prensa española, y que esta pueda trabajar en total libertad. Hemos reclamado que haya una investigación independiente por parte de Naciones Unidas, y seguimos instando a que la Minurso incluya dentro
de su mandato la observación de los derechos humanos. Podemos afirmar en esta Cámara que no hay ningún país en todo el mundo que esté más comprometido que España con una solución definitiva para el Sáhara, que no hay ninguna sociedad en el mundo
que tenga lazos de solidaridad más fluidos e intensos que el pueblo saharaui y la española, que no hay ningún gobierno en toda la comunidad que haya hecho más en los últimos años por situar este conflicto en la agenda internacional. Eso hace el
Gobierno de España con muchas dificultades, porque ustedes saben que no hay el mismo interés en el resto del mundo.
Pero digamos la verdad. España no tiene en sus manos dar una solución definitiva al conflicto -la clave está en la comunidad internacional, y en su movilización se esfuerza España como nadie-, y tampoco se le puede pedir al Gobierno de
España que ante los últimos hechos acaecidos en El Aaiún ejerza de juez entre las partes; no es su papel ni debe serlo.
Tenemos un papel privilegiado como interlocutor de todas las partes, como no lo tiene probablemente ningún otro país del mundo,
y ese es un potencial que hay que favorecer: el diálogo, el acuerdo; eso es lo que nosotros debemos preservar. En virtud de ese papel podemos ser útiles a la resolución del conflicto.
Señorías, nuestro valor añadido está en nuestra capacidad de interlocución y no en nuestra capacidad -que no existe- de imponer una solución.
Gracias a esa posición hemos podido impulsar, tras años de estancamiento, las conversaciones
directas entre las partes. Sabemos que nuestra postura no es fácil ni cómoda, pero no estamos aquí para esto. Esta es la postura que hemos decidido llevar adelante, aunque sea compleja y aunque muchas veces sea amarga, porque creemos que esta es
la posición más útil, la que más ayuda. Nada mejor para hacer honor a la especial responsabilidad que tiene España que el hecho de que salga de esta Cámara un mensaje claro y unánime, un mensaje en el camino que todos los que estamos aquí
compartimos, que es avanzar en una solución definitiva para el Sáhara Occidental.
Gracias de nuevo a todos los grupos de la Cámara. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Valenciano.
Para fijar la posición del Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán para fijar posición ante el primer pronunciamiento de este Congreso, de esta Cámara después de los hechos acaecidos el día 2 de octubre en El Aaiún y que han producido, primero,
una interpelación de Iniciativa per Catalunya, y después también un debate el día 11 del mes de noviembre en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados.
Nos congratulamos de que se haya podido producir un pronunciamiento por unanimidad porque supone dar un paso en la definición de la posición de este Parlamento, pero también -y por fin- de la posición del grupo de la mayoría y del Gobierno
español. Digo esto porque en la comparecencia parlamentaria del día 11 de noviembre detectamos por parte del Gobierno y de la ministra de Asuntos Exteriores un discurso de extrema prudencia, que no iba acompañado de la explicación ante la Comisión
y ante la Cámara de toda la realidad que envuelve los hechos acaecidos el día 2 de octubre, y algunos hechos posteriores como el apagón informativo, que sin duda nosotros condenamos de forma muy notable. Por eso aquel día en Comisión nosotros
propusimos una investigación independiente a nivel internacional, y fue posteriormente cuando el Gobierno y la ministra de Asuntos Exteriores apostaron también por esta investigación independiente, indispensable.
Alguien nos podrá recordar que el Parlamento marroquí también está realizando una investigación, que desde la independencia de Marruecos es la cuarta vez que se realiza una investigación, pero a los hechos nos tenemos que atener para poder
hacer una valoración definitiva. Pasan los días y pasan las semanas y es oportuna la aprobación del punto número 1 que condena los evidentes incidentes, pero también es muy oportuno recabar toda la información necesaria para poder conformar una
opinión definitiva, una opinión definitiva que quizá irá más allá de la primera impresión, que quizá irá más allá de la primera información. Señorías, no podemos ir a este debate con reservas mentales, con veladas insinuaciones de que hay materias
reservadas que no se pueden plantear, y al final sin plantear y sin fijar una posición de España, de su Gobierno y de su Parlamento.
Es especialmente importante el punto número 5, un punto que reitera la doctrina de Naciones Unidas y el cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas y de su Asamblea General respecto al proceso de descolonización del Sáhara Occidental, así como el ejercicio efectivo del derecho a la autodeterminación sobre un territorio que está evidentemente entre el listado de
territorios pendientes de descolonización. Pero, señorías, sobre este punto número 5 no nos podemos quedar en la retórica, no nos podemos quedar en la melancólica retórica de los últimos treinta años sin hacer mediación entre las partes. Por esto
creo que también tiene un gran valor el punto número 6, que expresa el apoyo a la labor de la Minurso y del enviado especial del secretario general de Naciones Unidas en sus esfuerzos para el diálogo entre las partes. Quiero recordar algo
relevante: el día anterior a los hechos acaecidos el día 2 de octubre en El Aaiún en Nueva York se estaba produciendo un diálogo directo, un difícil diálogo directo entre las partes, entre el Frente Polisario y Marruecos. Esto nos invita también a
una reflexión sobre la influencia del Frente Polisario en estos hechos, y quizá sobre nuevas realidades que se articulan no sobre la reivindicación del derecho a la autodeterminación, sino sobre la reivindicación de una crisis social, de una crisis
de malestar social, de una crisis de pobreza que también afecta a algunas zonas del Sáhara Occidental. Por eso se tiene que reivindicar el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas, apoyar el diálogo entre las partes y acordar una
solución justa, duradera y mutuamente aceptada por las partes. Por fin este Parlamento ha adoptado una posición y por fin hemos conseguido un punto más de claridad del grupo de la mayoría. Como ha dicho algún otro portavoz -y con esto termino,
señora presidenta- con este debate y con esta resolución no se agota la posición y el interés de este Parlamento español respecto al proceso de autodeterminación del Sáhara.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Xuclà.
Señora Buenaventura, entiendo que el texto que propone someter a votación es el de la enmienda transaccional firmada por todos los grupos parlamentarios. (Asentimiento.) Muchas gracias, así se hará.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LAS MEDIDAS QUE ADOPTARÁ EL GOBIERNO ANTE EL RÁPIDO INCREMENTO DE LOS ÍNDICES DE POBREZA EN ESPAÑA. (Número de expediente 173/000179.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la moción del Grupo Parlamentario Popular relativa a las medidas que adoptará el Gobierno ante el rápido incremento de los índices de pobreza en España.
Para defender la moción en nombre de su grupo tiene la palabra la señora Méndez Monasterio.
La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Muchas gracias, señora presidenta.
Ya es conocido, señorías, por esta Cámara el elevado índice de personas que se encuentran bajo el umbral de la pobreza, y cómo está aumentando de forma imparable en estos últimos años. Son ya 9.000.000 de personas, y lo que es peor, aumenta
significativamente la tasa de pobreza extrema, el riesgo de pobreza en la población infantil, los sin techo y los que ya se denominan nuevos pobres, esas personas que nunca hubieran pensado que iban a vivir de la caridad. Esto es lo que ha
conseguido este Gobierno en el Año europeo de lucha contra la pobreza. ¡Qué dramática ironía, señorías! Según datos de la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística en 2010 casi el 25 por ciento de la población infantil
se encuentra bajo el umbral de la pobreza. Y un análisis realizado por la Comisión Europea en 2008 determina que España posee los más altos niveles de pobreza infantil, y los más bajos niveles de ayudas sociales. La crisis en España, señorías, ha
originado un paro que ha doblado la media de la Unión Europea, debido a un gobierno bloqueado y estático; más bien parece un boxeador noqueado anunciando medidas inconexas o aprobando o eliminando prestaciones sociales a conveniencia; un gobierno
incapaz de parar la cifra, que sigue aumentando, de casi cinco millones de personas sin empleo, muchas de ellas con serios problemas para garantizar o cubrir sus necesidades básicas. En este presupuesto además se prevé que muchas personas habrán
acabado el periodo de cobro de las prestaciones por desempleo y el subsidio posterior, y en estas circunstancias el presidente Zapatero ayer anuncia que va a haber 600.000 personas más sin cobrar absolutamente nada, que se sumarán al millón de
personas que no cobran absolutamente nada; tenemos un gobierno que, además de haber hecho a nuestras familias más pobres, reduce o elimina las prestaciones sociales.
Ante esta situación ayer releía la contestación que dio la nueva ministra a la interpelación de mi compañera la semana pasada, y estaba encantada de los logros obtenidos; de la inversión en ayudas a las familias, de la reducción de la
pobreza relativa para nuestros mayores, y de haber mejorado la renta de las familias con menos ingresos, comparándolo con épocas peores de hace pocos años. Ahora lo que no tienen esas personas es rentas, lo que no tienen es ingresos, y en épocas
anteriores existían cuatro millones de personas más trabajando. Pero es que hoy ya no solamente se trata de sacar a las personas que están bajo el umbral de la pobreza, ahora el esfuerzo es también contener y taponar el flujo que no cesa de
personas que están abocadas sin solución a incrementar esos índices. Hay muchas personas preocupadas por la situación presente y futura.
Les voy a dar unos datos. En 2008 España invirtió un 13,9 por ciento de su PIB en protección social, mientras que el promedio de la Unión fue del 18,5, situándose en penúltimo lugar, solo por delante de Irlanda. Este gasto incluye la lucha
contra la pobreza, las ayudas a la
tercera edad, la familia e infancia, desempleo, discapacidad, y vivienda, y está probado que la protección a la familia y a la infancia es sustancial para erradicar en lo posible el riesgo de exclusión. La divergencia sin embargo se hace
mucho más profunda en este gasto, invirtiendo España el 1,2 del PIB frente al 2,3 de media de la Unión Europea, no un 1,5 como dijo la ministra, que se hizo un lío con los números, aunque también se lo hizo en cuestiones de dependencia. No
obstante, cuando se hacen comparaciones habría que ser más serio y riguroso. De la misma manera, cuando hablamos de que ha bajado el índice de pobreza relativa en mayores de 65 años, sería conveniente explicar que estas medidas son relativas y
están en función de los ingresos medios de los hogares, y que del año pasado a este estos ingresos medios han bajado en tres puntos. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) ¿Qué significa esto?¿Qué quiere decir? Significa que en cantidades
reales los mayores de 65 años tienen menos dinero. Hay que ser más exacto y menos demagogo.
Nuestro objetivo es que se realice un plan específico de inclusión social para el periodo 2011-2013, que además pueda servir de base a las propuestas para la estrategia de inclusión y cohesión social 2011-2020 de la Unión Europea, pero no un
plan como el que se hizo en 2008-2010, donde no se cumplió prácticamente ninguno de sus objetivos. Les recuerdo que entre ellos estaba aumentar la tasa de empleo femenino y reducir la de desempleo juvenil. Yo creo que no precisa ningún comentario
más. Nosotros queremos un plan concreto, con recursos adecuados, consensuado con el tercer sector y con las comunidades autónomas, porque no es admisible que en el año 2010 el Gobierno de la nación hiciera un plan extraordinario de fomento de la
inclusión social y la lucha contra la pobreza, que con la elaboración de los presupuestos hemos podido comprobar que era un mero gesto, porque ostentaba en ese momento la Presidencia de la Unión Europea, sin existir ningún tipo de voluntad política
para cumplirlo.
Deberían leer este plan, les invito a que lo hagan. Entre otras se especificaban las siguientes medidas: dotar de mayores recursos a los ayuntamientos para los gastos de política social -hemos visto cómo se reduce el Plan
concertado para los ayuntamientos-, incrementar los recursos para la atención a las personas en riesgo de exclusión social a través de las ONG -se han congelado las partidas con el doble de las personas que atender por estas organizaciones-, crear
un fondo extraordinario para el fortalecimiento de políticas de inclusión social a través de las ONG -no sabemos dónde se encuentra ese fondo-, además de otras muchas medidas que en los presupuestos no se reflejan. Por eso esta moción también trata
de incidir en las ayudas a los ayuntamientos y a las ONG, y solicitamos ineludiblemente el restablecimiento de la ayuda por hijo a cargo, que por cierto en una resolución del debate sobre el estado de la Nación ya se aprobó por esta Cámara, y el
Gobierno de la nación no ha hecho caso de ella.
Nos parecen muy oportunas las enmiendas que han realizado el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el Bloque Nacionalista Galego porque además enriquecían nuestro texto. Convergència i Unió hablaba de un fondo extraordinario
-me imagino que ahora lo explicará-.
El Bloque Nacionalista Galego también hablaba de ayudar en los fondos de dependencia. Pero nos vemos obligados a no aceptarlas, no porque no nos gusten, sino porque en aras de un mayor consenso vamos a
solicitar que nuestro texto se vote por separado.
Señorías, termino diciendo que es obligación de los poderes públicos garantizar de modo efectivo los derechos fundamentales de las personas.
Entre estos derechos incluyo tener una vida digna, lo cual requiere contar con unos ingresos y
servicios suficientes para poder vivir adecuadamente. Esto nos lo recordaban las asociaciones y organizaciones del tercer sector de acción social, que se reunieron el mes pasado en una convención para emitir su propuesta para la estrategia europea
de lucha contra la exclusión a la tuve el honor de ser invitada y de participar.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Méndez.
Como grupos enmendantes, en primer lugar, tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Intervengo para defender las enmiendas que presentamos a la moción presentada por la señora Méndez Monasterio. Las presentamos porque desde nuestro punto de vista hay cuestiones que deben ser asumidas por las diferentes administraciones que
tienen responsabilidad en la ejecución de los servicios sociales. Por eso la primera enmienda que presentamos es para que ese nuevo plan de inclusión social que plantea la señora Méndez Monasterio se haga en colaboración con las comunidades
autónomas. Somos conscientes de que existe la necesidad de impulsar un nuevo plan de estas características porque la situación de crisis, y por tanto la situación de desventaja social en que se encuentran muchas y muchos ciudadanos les orientan no
solamente hacia la pobreza, sino que en caso de que no se actúe con celeridad la crisis -de la que de alguna manera todos somos responsables- podría conducir a la exclusión social de muchas personas.
De ahí la importancia de incrementar las
políticas que eviten que los ciudadanos y las ciudadanas lleguen a esa situación. Entendemos que el Estado tiene un compromiso, pero el compromiso de las administraciones autonómicas no se puede obviar, y es necesario por tanto que se haga en
colaboración.
En relación con el segundo punto de nuestra enmienda, reconociendo y respetando que son las comunidades autónomas las que tienen las competencias en servicios sociales -independientemente de que desde el Estado se tenga que transferir la
financiación correspondiente-,
planteamos que el Gobierno establezca un diálogo con las comunidades autónomas para mejorar la financiación de los servicios sociales. Desde nuestro grupo político, el BNG, ya hemos criticado y presentado enmiendas a los presupuestos de
2011 por el hecho de que el Gobierno haya reducido en más de un 7 por ciento las políticas de bienestar social, pero también tenemos que ser conscientes, y por tanto denunciar la actitud de los gobiernos autonómicos que están actuando en la misma
dirección que el Gobierno reduciendo la financiación de los servicios sociales en sus respectivos presupuestos. Es el caso concreto de la Xunta de Galicia, que está disminuyendo la financiación de los servicios sociales de una manera alarmante
desde nuestro punto de vista. Señora Méndez Monasterio, dado que esta es una moción del Grupo Parlamentario Popular, que nos parece muy oportuna y sabemos que usted la ha trabajado no solamente con buena intención, sino con esfuerzo, pedimos que su
grupo político que aquí se preocupa de estos temas tenga una consideración distinta de la que está teniendo allí donde gobierna, como es el caso de Galicia. Por eso nos parece importante incluir en la moción de la señora Méndez Monasterio esta
cuestión.
Por último, señorías, el que presentáramos la enmienda como enmienda de sustitución se explica porque, si bien la señora Méndez Monasterio en los puntos 2 y 3 nos pide un apoyo, un esfuerzo mayor por parte de la administración, también
queremos decir que sobre todo reconociendo el gran trabajo de las organizaciones no gubernamentales y el valor que además eso significa, e independientemente de cuáles sean -aunque fundamentalmente algunas como las que mencionó la señora Méndez
Monasterio-, entendemos que los esfuerzos financieros de las administraciones públicas deben estar orientados a los servicios públicos, y por lo tanto que la financiación que se haga tanto desde el Estado como desde las autonomías sea para reforzar
los servicios sociales que desde las administraciones es obligado dar a los ciudadanos. Las organizaciones no gubernamentales son efectivamente un apoyo a la Administración pública, es el apoyo civil, el apoyo a la ciudadanía allí donde la
Administración pública no llega, porque no puede o porque no tiene la voluntad política suficiente para hacerlo.
Reconocemos, señorías, señor presidente, que la señora Méndez Monasterio se ha esforzado mucho por sacar hoy adelante una moción que vaya en beneficio de aquellas personas que están, como dije antes, en situación de desventaja social, y por
lo tanto desde nuestro grupo vamos a tener también en consideración esta cuestión a la hora de dar nuestro voto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.
Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra don Carles Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Muchas gracias, señor presidente.
Agradecemos la iniciativa de la señora Méndez. Creo que lleva al Pleno de la Cámara una cuestión que debe preocuparnos y movilizarnos a todos: el incremento de la pobreza y de las desigualdades en el contexto de esta crisis económica. La
crisis está aumentando el número de pobres y la crisis está aumentando las desigualdades en España. (Rumores.) Las últimas estadísticas sobre condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística ponen de manifiesto el incremento del número de
pobres, el incremento...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Campuzano. Por favor, ¿tienen la bondad de hablar en voz más baja? Señorías, ¿tienen la bondad de sentarse? (Pausa.) Pueden estar de pie, pero si hacen el favor de hablar un poco más bajo, se lo
agradecerá sin duda el diputado, que es por quien lo pido; no crean que es por incomodar sus conversaciones, que imagino que son interesantísimas.
Adelante, señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, presidente, por su amparo.
Decía que la crisis aumenta el número de hogares con dificultades para llegar a final de mes, aumenta el número de hogares que no pueden hacer frente a gastos extras, como pueden ser el agua, la luz y el gas, aumenta el número de hogares que
no van a tener ninguna capacidad de reparar sus coches cuando los necesitan para poder desplazarse. En definitiva, aumentan las condiciones de pobreza y de desigualdad. Estos días en Barcelona Cáritas y las organizaciones que trabajan con las
personas sin hogar nos hablaban del número considerable de personas que han perdido sus hogares. Los desahucios están aumentando, y ayer mismo el señor Macias planteaba en este Pleno una interpelación en relación con esa problemática. La crisis
aumenta la pobreza y aumenta la desigualdad, y en este sentido cualquier iniciativa que vaya en la línea de situar esta cuestión en la agenda política va a encontrar el apoyo de Convergència i Unió.
Sobre la moción que nos ha presentado la señora Méndez mi grupo ha planteado tres enmiendas. Una de ellas en la línea de la propuesta de la portavoz del Bloque Nacionalista Galego, que es dejar muy claro que cualquier política de lucha
contra la pobreza y a favor de la inclusión social debe hacerse de acuerdo con las comunidades autónomas y con las entidades del tercer sector. Nos parece fundamental dejar clara esa idea.
En segundo lugar, nos parece imprescindible que aquello aprobado por el Consejo de Ministros el 26 de febrero del año en curso, que es la creación de un fondo extraordinario de lucha contra la pobreza, dotado con 30 millones de euros a
distribuir entre las organizaciones de acción social, se cumpla. Ese fondo, anunciado de manera muy pomposa por parte del Gobierno, por parte
de la antigua ministra de Sanidad y Política Social, hoy, a 2 de diciembre, sigue sin haberse ejecutado. Ninguna de las organizaciones sociales que trabaja contra la pobreza y que debían beneficiarse de ese fondo de 30 millones ha recibido
un euro. Me parece de escándalo que eso se haya producido, y que el Gobierno no dé respuesta a ese requerimiento.
Se lo planteamos a la ministra Pajín en su comparecencia hace quince días y no obtuvimos respuesta. Espero que el portavoz del Grupo
Socialista nos pueda aclarar en su intervención cuándo piensa el Gobierno dar cumplimiento a ese anuncio efectuado el 26 de febrero de creación de un fondo extraordinario de 30 millones de euros para luchar contra la pobreza.
En tercer lugar, planteamos la necesidad de reformar la Ley reguladora de las pensiones no contributivas. El principal instrumento en manos del Estado, que es quien tiene mayor capacidad de gasto, es la pensión no contributiva, y la pensión
no contributiva hoy, en su actual configuración, no está siendo un instrumento suficiente para evitar el riesgo de pobreza de sus beneficiarios, y al mismo tiempo los límites que aún tiene la legislación en esta materia dificultan el papel
complementario que pueden jugar las comunidades autónomas. Nos gustaría que estas enmiendas hubiesen sido aceptadas así como las que plantean esa reforma de la pensión no contributiva. El Grupo Popular no ha podido hacerlo por sus cálculos a la
hora de las votaciones; lo comprendemos.
Votaremos a favor de sus puntos, pero las cuestiones de fondo que plantea Convergència i Unió con sus enmiendas, el fondo de lucha contra la pobreza, la reforma de la Ley reguladora de las pensiones no
contributivas, y el desarrollo de esta política de lucha contra la pobreza de común acuerdo con las comunidades autónomas, van a continuar siendo fundamentales en nuestra posición en los próximos meses.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra don Luis Carlos Sahuquillo.
El señor SAHUQUILLO GARCÍA: Gracias, presidente.
Señorías del Partido Popular, ustedes piden al Gobierno austeridad y contención en el gasto al mismo tiempo que plantean propuestas que derivarían en un impacto presupuestario directo, lo que implicaría un aumento del gasto público.
Presentan una moción con la única finalidad de intentar seguir enredando con cuestiones que ya se han debatido, se han votado y no han prosperado, pues instan al Gobierno a tomar cierta medida imposible, por lo que nos obligan a presentar esta
enmienda de sustitución. Ustedes conocen perfectamente que ya está prevista la elaboración de un nuevo plan nacional de acción para la inclusión social 2011-2013 en el marco de las prioridades marcadas de manera conjunta con el tercer sector de
nuestro país. Por otra parte, no se puede subir a esta tribuna a plantear, como si no existiera, el apoyo a las entidades sin ánimo de lucro que acogen a personas con escasos recursos y no reconocer que el Gobierno ya apoya a las mismas a través de
la asignación tributaria del IRPF, con fines sociales, incrementándose en esta legislatura del 0,52 por ciento al 0,7 por ciento, hasta llegar a 205 millones de euros.
Tengo que recordarle que la mayor dotación de recursos de los ayuntamientos para gasto en política social se ha realizado mediante el Fondo estatal para el empleo y la sostenibilidad local, ya que han tenido todos los ayuntamientos la
posibilidad de destinar hasta un 20 por ciento la cuantía de 5.000 millones de euros, y esto ha supuesto que se hayan destinado 737 millones de euros, de los cuales 300 directamente a programas específicos de inclusión social. Ustedes a esto
dijeron que no con su voto. Pero también le diré que desde el Estado se financia el Plan concertado de servicios sociales, y que en los presupuestos hemos aprobado una enmienda de incremento de 2 millones de euro de gasto, que ustedes tampoco han
apoyado. De esta forma es como se apoya a los servicios sociales en las instituciones locales, y no como hacían ustedes. ¿O ya no se acuerdan de cuando en el año 2004 el señor Aznar redujo en 7 millones de euros el Plan concertado? (Aplausos.) La
coherencia en política y el respeto a las instituciones son prioritarios.
Ustedes no pueden venir hoy aquí a presentar una moción donde en un apartado concreto reproducen textualmente la enmienda de modificación 215 a los Presupuestos Generales del
Estado para el próximo año que, como les digo, ya fue rechazada, que implicaba un aumento del gasto público de no menos de 60 millones de euros y que en la Comisión de Presupuestos no fue apoyada por ningún grupo político. En este hemiciclo, el 16
de noviembre, esta misma propuesta que ustedes traen ahora como moción contó con 184 votos en contra. Esto no es serio, señorías. Este Parlamento convalidó el pasado 27 de mayo el Real Decreto 8/2010, por el cual se adoptaban medidas
extraordinarias para la reducción del déficit público, que es un compromiso del Gobierno de España, y que en su artículo 7 introduce una serie de modificaciones, entre las que se encuentra la cuantía de asignación económica por hijo a cargo,
manteniéndola conforme aprobó este mismo Gobierno socialista en enero de 2008. Esto les parece mal y, sin embargo, les gusta el modelo de David Cameron, el que Rajoy dice que aplicaría en España. Los próximos presupuestos protegen con más
intensidad a los beneficiarios con mayor necesidad, tales como los hijos mayores de 18 años con discapacidad, asignándoles una cantidad económica de mayor cuantía, dependiendo del grado de discapacidad.
No podemos permitir que ustedes quieran quedar como los adalides de la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Hasta ahí podíamos llegar.
Este Gobierno ya ha adoptado medidas para hacer frente a la
pobreza relativa provocada por la crisis económica y el desempleo. Así, el 26 de febrero de 2010, el Consejo de Ministros aprobó el Plan extraordinario de fomento de la inclusión social y la lucha contra la pobreza, con medidas tales como
el incremento de los recursos para la atención a personas en riesgo de exclusión social a través de ONG, con un fondo complementario de 30 millones de euros. Estamos trabajando en la nueva agenda social para mejorar la eficiencia de las
prestaciones sociales. Además, en los últimos años se han incrementado muy significativamente los niveles de prestación económica a las familias, con nuevas prestaciones, entre otras, el permiso de paternidad, permiso por riesgo durante la
lactancia, subsidio de maternidad no contributivo, excedencias por razones familiares, mejoras de las condiciones de los permisos por maternidad, ampliación de la oferta de servicios de atención a menores de 3 años, incremento en materia de becas en
cuantía y cantidad, aumento del salario mínimo interprofesional, y todavía nos parece poco. Las pensiones mínimas se han incrementado como nunca antes.
Por ejemplo, la de jubilación para mayores de 65 años con cónyuge a cargo, hasta en un 50 por
ciento; o la pensión de viudedad con cargas familiares, pasando de 5.372 euros al año en la época de España va bien del señor Aznar a 9.516 euros al año del convoque usted elecciones, señor Zapatero. Un 77 por ciento más en seis años. Y qué decir
de la nueva prestación económica para los padres que trabajen y que tengan que estar al cuidado de sus hijos menores de edad afectados por cáncer o cualquier otra enfermedad. Será una realidad el 1 de enero del próximo año porque este Parlamento
aprobará los presupuestos, no con su voto. Ustedes solo quieren legislar cuando están en la oposición. Si acaso gobiernan, utilizan una memoria selectiva, porque, claro, no es lo mismo llamar que salir a abrir.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sahuquillo.
Para fijar posición, por el Grupo de Esquerra Republicana tiene la palabra don Joan Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Señorías, los índices de pobreza, y especialmente de pobreza extrema, se mantuvieron durante los años de bonanza económica. Esta es la realidad.
La corta historia del Estado del bienestar español nos indica que este esquema se repite. Es
decir, que la pobreza, y en particular la pobreza extrema, más que coyuntural es de carácter estructural. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Tardà. Les ruego tengan la bondad de guardar silencio.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente. (Continúan los rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento. Espere a ver si conseguimos que se percaten de que va con nosotros lo que su señoría dice.
El señor TARDÀ I COMA: De hecho, va con los pobres. Gracias, señor presidente.
Decía que la pobreza es de carácter estructural y la pequeña reducción que se produce en años de vacas gordas es ampliamente superada en años de vacas flacas, lo cual implica que, pese al incremento del PIB, la pobreza crece. Por cierto,
este debate se produce al día siguiente de que el presidente del Gobierno, un gobierno de izquierdas, haya suprimido los 420 euros, que es la red -la última red- que tenían aquellas personas que ya habían caído del tren para no caer en la
marginalidad puesto que tendrán muchas dificultades para volver a coger el tren, y ahora resulta que ustedes han suprimido los 420 euros, es decir no renovarlos, lo cual tiene mucho que ver con el debate de hoy de la pobreza de carácter estructural
y con cómo las coyunturas depresivas lo que hacen es profundizar en esta pobreza de carácter estructural.
Vamos a ver cuál es la solución, el escenario poscrisis. Vamos a ver cómo va a afectar la manera en que pretenden salir de la crisis en todo aquello que afecta a la consolidación de esta pobreza de carácter estructural. Estamos hablando de
un Gobierno progresista pero que se negó a aceptar, por ejemplo, una enmienda de nuestro grupo parlamentario en la que pedíamos la creación de un fondo para luchar contra la pobreza, para darle un hachazo, de 100 millones de euros. Es más, lo que
hicieron fue no atender a ninguna razón. De hecho, el compañero Campuzano incluso les ha sacado los colores cuando ha hecho referencia a un plan anunciado que contenía 30 millones de euros para este año, de los cuales no se ha sabido nada. Es
decir, nada para 2010 y para el próximo año nuestras enmiendas rechazadas, ni tan solo dialogadas desde el punto de vista político, lo cual quizá podría haber aventurado un cierto acuerdo. No ha sido así. Atendiendo pues a los recortes
presupuestarios, parece como si no hubiera la posibilidad de encarar, repito, de forma contundente la cuestión relacionada con la pobreza. Este Gobierno habla del rescate de la banca, hace meses y meses que venimos hablando del rescate de la banca,
pero no se habla del rescate de la pobreza, se tiende de hecho a valorar la lucha contra la pobreza como una inversión estrictamente económica, cuando se trata de una inversión de carácter social puesto que económicamente resultará mucho más caro
resolver los déficits de una descohesión social galopante. Incluso desde el punto de vista de la sostenibilidad, de la viabilidad económica del sistema, profundizar y ampliar la pobreza de carácter estructural lleva a la ruina. Pero ustedes ni
siquiera quieren hablar del concepto de rescate de la pobreza. Todo para rescatar a la banca, pero para la pobreza, poco. Es más, incluso parece como si nos alejara de la modernidad hablar de según qué cuestiones.
Señorías, vamos a votar a favor de la moción incluso sabiendo que tiene un carácter también asistencial. Son medidas asistenciales, lo reconocemos, porque eluden las responsabilidades del Estado, que dan limosna pero no generan derechos.
La situación es tan grave que hasta nos vemos obligados a votar a favor de la propuesta un tanto demagógica del Partido Popular.
Bien, que esto sirva de vergüenza para ustedes.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra don Emilio Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Señora Méndez Monasterio, ha descrito usted de forma muy fiel la dramática radiografía de la pobreza en España en este momento. Me atrevería a decir que se ha quedado corta en alguno de sus posicionamientos sobre sus reflexiones en relación
con las características, dimensión y profundidad de la pobreza. Usted comenta que efectivamente hay nueve millones de pobres, y yo he visto informes de Cáritas que hablan de más de nueve millones de pobres en este momento, suponiendo que el
concepto de pobreza que se utilice sea el configurado por Eurostat, es decir la necesidad de percibir un salario superior a 784 euros al mes, que es el concepto técnico de pobreza que utiliza Eurostat para la descripción de los pobres. Dice usted
que tres de cada diez españoles llegan a fin de mes con mucha dificultad. Ojalá solo fueran tres. Nos da la impresión de que usted en sus reflexiones, utilizando el símil que se utiliza en el tenis, está pronunciándose con el brazo un tanto
encogido, en cuanto al diagnóstico, en la radiografía de la situación de pobreza en el Estado español. Hay 800.000 personas atendidas por Cáritas, además con un perfil de carácter sociológico sustancialmente diferente al tradicional. Pero, siendo
real el diagnóstico, la radiografía sobre la pobreza que explicita usted en su exposición de motivos, son discutibles las recetas que para acometer este problema nos propone. Son discutibles -y no considere que sea agresiva esta reflexión que voy a
hacer a continuación- las cuatro que ustedes preconizan. Ustedes proponen, en primer lugar, aprobar un nuevo plan de inclusión social para el periodo 2011-2013. Ya le ha dicho el portavoz del Partido Socialista que este plan existe. Cuando menos
existe nominalmente. No sé hasta qué punto está configurado y está dotado con suficientes consignaciones presupuestarias. No sé si estará el plan en el Ministerio de Asuntos Sociales -y le digo el Ministerio de Asuntos Sociales porque es difícil
seguirle la pista a esta sección orgánicamente de los ministerios, unas veces está en Trabajo, otras veces está en Educación, otras veces está en Igualdad, y otras veces está en Sanidad-, pero siguiendo la pista en la medida que es posible seguir la
pista a los asuntos sociales, desde una estructura orgánica en este país ese plan existe nominalmente y además tiene consignaciones presupuestarias.
Mejorar en la medida de lo posible los servicios sociales -me refiero a la tercera propuesta
realizada en su moción- supone en sus propios términos, en su literalidad, vulnerar competencias que están reconocidas con el carácter de exclusiva a las comunidades autónomas. Aquí alguna suerte de reserva competencial debía haber incorporado.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. Un momento, señor Olabarría. Por favor, ¿tienen la bondad de sentarse, al menos en el grupo en el que identifico al señor Grau de manera especial? Sí, es por el día, no es por el momento.
(Pausa.)
Adelante, señor Olabarría.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Gracias, señor presidente, por su amparo.
Comprendo que a estas alturas del Pleno ya es difícil mantener la concentración. Pero vamos a hacer un último esfuerzo para explicarle, por decoro y por el aprecio que
siempre he sentido por su persona, cuáles son las razones que nos impiden apoyar su moción.
En relación con la segunda medida, que ustedes no consignan, por cierto, y no consignan bien tampoco las enmiendas presentadas a la moción, apoyar a las entidades sociales forma parte del contenido material del Plan de inclusión social o el
Plan de lucha contra la pobreza del Ministerio de Asuntos Sociales -y vamos a utilizar otra vez esta denominación-. Nos llama poderosamente la atención, señora Méndez Monasterio, la inclusión de políticas natalistas o de promoción de la natalidad
en un plan de lucha contra la pobreza. Yo creo que aquí ustedes están equivocando el tiro o la dirección de lo que están solicitando para luchar contra una lacra con la que un país de la Unión Europea no debería convivir. Las políticas natalistas
están concebidas para otra cosa, señora Méndez Monasterio. Están concebidas para la sostenibilidad de los sistemas financieros que soporta la Seguridad Social, las prestaciones o contingencias protegidas por la Seguridad Social y el envejecimiento.
Léase, señora Méndez Monasterio, el Libro Verde sobre la Seguridad Social y el envejecimiento, aprobado por la Unión Europea, y ahí comprobará cómo no son subvenciones económicas, sino que es la educación o fortalecer los mecanismos de educación de
los niños pequeños lo que preconiza la Unión Europea desde la perspectiva del fortalecimiento de políticas natalistas.
Yo ya intuyo políticamente por qué ustedes han introducido esta cuestión, que no tiene nada que ver con la lucha contra la
pobreza, el mantenimiento o la ubicación de políticas natalistas o fomento de la natalidad. El señor Nadal, que está aquí, por fin nos ha explicado quiénes son los mercados. Aquí en este debate permanente entre que si mira o no demasiado el
Gobierno a los mercados, yo nunca he sabido, hasta que el señor Nadal lo ha explicado hoy, quiénes son los mercados, tampoco me lo ha
explicado la vicepresidenta económica del Gobierno, pero sí sé que los mercados nos miran a nosotros. Nos miran a nosotros y provocan consecuencias. El diferencial de la deuda española en términos spread con la deuda alemana está en 300
puntos más. Y nosotros, desde esa perspectiva de lucha...(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, un momento por favor. Decida su señoría si desea seguir hablando porque no le puede escuchar nadie. El propio presidente tampoco. Es una falta de respeto, e insistir en ello lo único que irá es en
detrimento de la autoridad de la Cámara y del prestigio de sus señorías. Individualmente puede no interesarles lo que dice el señor diputado, pero al conjunto le interesa y llamaré al orden si el señor Olabarría no puede terminar su intervención.
Por favor, les ruego que tomen asiento y se callen. También usted, señor Martínez-Pujalte. Lamento, señor Martínez-Pujalte, haber citado su nombre, cuando tantos otros lo merecen. Tengan la bondad de guardar silencio.
Señor Olabarría, adelante.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Le agradezco de nuevo su amparo. Ha tenido que proceder al mismo por segunda vez consecutiva, y lo siento por los compañeros diputados porque las reflexiones que este grupo modestamente estaba haciendo creo que
eran particularmente pertinentes y bien articuladas. Al margen de estas circunstancias, señor presidente, la lucha contra el déficit y la austeridad presupuestaria sería el último argumento que justifica el no. No sé si la señora Méndez Monasterio
ha podido escuchar los anteriores. Si no, con mucho gusto se los explicaré personalmente después, pero nos vemos en la tesitura de votar en contra de su moción, no sin compartir la radiografía de la pobreza dramática que usted, incluso con el brazo
un tanto...
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría. Le agradezco mucho su intervención.
Señora Méndez Monasterio, ¿acepta su señoría alguna enmienda para la votación?
La señora MÉNDEZ MONASTERIO: No podemos aceptarlas, no porque no nos gusten, ya que enriquecerían nuestro texto, sino que en aras de poder conseguir un mayor consenso solicitamos que se vote nuestra moción por puntos para ver si alguno de
ellos en un tema tan importante puede salir aprobado.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, muy amable.
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN RELATIVAS A LAS MEMORIAS DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. (VOTACIÓN.)
- PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN PRESENTADAS CON MOTIVO DEL DEBATE DE LA MEMORIA SOBRE EL ESTADO, FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009. (Número
de expediente 245/000005.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones. Votamos en primer lugar las propuestas de resolución presentadas con motivo del debate de la memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del
Poder Judicial y de los juzgados y tribunales de Justicia, correspondiente al año 2009.
Propuestas del Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Votación de la propuesta número 1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 18; en contra, 311.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la propuesta 2 en los términos de la enmienda 3 del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 185; en contra, 144.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación de la propuesta 3 en los términos de la enmienda número 4 del Grupo Socialista.
(Gritos en la tribuna de invitados: ¡El Sáhara no se vende! ¡Libertad!)
El señor PRESIDENTE: Les ruego expulsen de la sala a quienes gritan y tomen sus nombres por si estuviesen cometiendo alguna falta o delito.
Entréguenlos a la comisaría del Congreso.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 328, en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Rumores.)
Silencio, por favor.
Votación de la propuesta 4 en los términos de la enmienda 5 del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 183; en contra, 144.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación de la propuesta número 5.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 11; en contra, 310; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la propuesta 6 en los términos de la enmienda 6 del Grupo Socialista, y de la propuesta 7 en los términos de la enmienda 7 del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 329.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Propuestas del Grupo Popular. Votación de la propuesta número 9.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 145; en contra, 176; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 10 del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 143; en contra, 184; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 11 y propuesta 16 en los términos de la enmienda 8 del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 328; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votación de las propuestas 8, 12, 13, 14 y 15 del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 145; en contra, 176; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuestas de la señora Díez. Propuestas 17, 18, 19, 20 y 22 en los términos de la 1 del Grupo Popular, de la 24, de la 27 y de la 28. ¿De acuerdo, señora Díez? (Asentimiento.)
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 146; en contra, 175; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuestas 21, 23 y 25.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, una; en contra, 319; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuesta número 26 en los términos de la enmienda 9 del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 323; en contra, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió). Votación de la propuesta número 29.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 328; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuesta número 30.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 185; en contra, 142; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuesta 31.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 21; en contra, 308.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la propuesta 32 en los términos de la enmienda 10 del Grupo Socialista, y de la propuesta 34
en los términos de la enmienda 12 del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 183; en contra, 146.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Propuesta número 33 en los términos de la enmienda 11 del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 327; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuesta número 35 en los términos de la corrección de error que ha anunciado el portavoz del grupo autor en el sentido de donde dice poblaciones debe decir ciudades.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 328; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada en esos términos.
Propuestas del Grupo Parlamentario Socialista. Votación de las propuestas 36, 37, 38 y 39.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 185; en contra, 144.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votación de las propuestas 40 y 41.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 325; en contra, uno; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIÓN.)
- PROPOSICIÓN DE LEY, POR LA QUE SE REGULA LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA, PARA REFORZAR LAS FUNCIONES ASIGNADAS A DICHA COMISIÓN MIXTA.
(Número de expediente 122/000181.)
El señor PRESIDENTE: Votamos a continuación las enmiendas del Senado.
Proposición de ley por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea para reforzar las funciones asignadas a dicha Comisión.
Se votan todas las enmiendas en su conjunto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 328; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas del Senado.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES. (VOTACIÓN.)
- ACUERDO DE SERVICIO DE PRÉSTAMO ENTRE LOS SIGUIENTES ESTADOS MIEMBROS CUYA MONEDA ES EL EURO: EL REINO DE BÉLGICA, IRLANDA, EL REINO DE ESPAÑA, LA REPÚBLICA FRANCESA, LA REPÚBLICA ITALIANA, LA REPÚBLICA DE CHIPRE, EL GRAN DUCADO DE
LUXEMBURGO, LA REPÚBLICA DE MALTA, EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS, LA REPÚBLICA DE AUSTRIA, LA REPÚBLICA PORTUGUESA, LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA, LA REPÚBLICA ESLOVACA, Y LA REPÚBLICA DE FINLANDIA Y KFW, ACTUANDO EN INTERÉS PÚBLICO, CON SUJECIÓN A LAS
INSTRUCCIONES Y ACOGIÉNDOSE A LA GARANTÍA DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, COMO PRESTAMISTAS, Y LA REPÚBLICA HELÉNICA COMO PRESTATARIO Y EL BANCO DE GRECIA COMO AGENTE DEL PRESTATARIO, HECHO EN ATENAS Y BRUSELAS EL 8 DE MAYO DE 2010. (Número de
expediente 110/000224.)
- ACUERDO ENTRE ACREEDORES SUSCRITO POR EL REINO DE BÉLGICA, LA REPÚBLICA FEDERAL ALEMANA, IRLANDA, EL REINO DE ESPAÑA, LA REPÚBLICA FRANCESA, LA REPÚBLICA ITALIANA, LA REPÚBLICA DE CHIPRE, EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO, LA REPÚBLICA DE
MALTA, EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS, LA REPÚBLICA DE AUSTRIA, LA REPÚBLICA PORTUGUESA, LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA, LA REPÚBLICA ESLOVACA, Y LA REPÚBLICA DE FINLANDIA, HECHO EN BRUSELAS EL 8 DE MAYO DE 2010. (Número de expediente 110/000225.)
El señor PRESIDENTE: Punto IX: Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. Se ha solicitado por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya Verds votación separada de los puntos 35 y 36. Señor Tardà, ¿pueden votarse conjuntamente el 35 y el 36? (Asentimiento.) El 35 y el 36 se votan conjuntamente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 322; en contra, cuatro; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los dictámenes que vienen señalados con los números 35 y 36.
- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DEL REINO DE MARRUECOS AL CONVENIO RELATIVO A LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES, HECHO EN LA HAYA EL 25 DE OCTUBRE DE 1980.
(Número de expediente
110/000221.)
- PROTOCOLO FACULTATIVO SOBRE LA JURISDICCIÓN OBLIGATORIA PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE LA CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES DIPLOMÁTICAS, HECHO EN VIENA EL 18 DE ABRIL DE 1961. (Número de expediente 110/000222.)
- PROTOCOLO FACULTATIVO SOBRE LA JURISDICCIÓN OBLIGATORIA PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE LA CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES CONSULARES, HECHO EN VIENA EL 24 DE ABRIL DE 1963. (Número de expediente 110/000223.)
- CONVENIO EUROPEO PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO (REVISADO), HECHO EN LA VALETTA EL 16 DE ENERO DE 1992. (Número de expediente 110/000226.)
- DENUNCIA DEL CONVENIO EUROPEO PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, HECHO EN LONDRES EL 6 DE MAYO DE 1969 Y PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO NÚMERO 180, DE 5 DE JULIO DE 1975. (Número de expediente 110/000227.)
El señor PRESIDENTE: A continuación votamos el resto de dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 327; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE EL PAPEL QUE EL GOBIERNO DE ESPAÑA ESTÁ DESEMPEÑANDO RESPECTO A LA DRAMÁTICA SITUACIÓN QUE PADECE EL SÁHARA OCCIDENTAL. (Número de
expediente 173/000178.)
El señor PRESIDENTE: A continuación votamos la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el papel que el Gobierno de España está desempeñando respecto a la dramática
situación que padece el Sáhara occidental. Esta moción se vota en los términos de una enmienda transaccional presentada. ¿Algún grupo se opone a su tramitación? (Denegación.) Se votará, por tanto, en los términos anunciados.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 327; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LAS MEDIDAS QUE ADOPTARÁ EL GOBIERNO ANTE EL RÁPIDO INCREMENTO DE LOS ÍNDICES DE POBREZA EN ESPAÑA. (Número de expediente 173/000179.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Popular, relativa a las medidas que adoptará el Gobierno ante el rápido incremento de los índices de pobreza en España. Se vota en sus propios términos, pero a solicitud del grupo
proponente vamos a votar separadamente cada uno de sus cuatro apartados.
En primer lugar votamos el apartado 1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 328; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos a continuación el punto 2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 329.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
A continuación votamos el punto número 3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 329.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Por último votamos el punto 4.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 157; en contra, 172.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio y tomen asiento porque no hemos terminado de votar.
TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA. (VOTACIÓN.)
- DEL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE AUTORIZA LA RATIFICACIÓN POR ESPAÑA DEL PROTOCOLO POR EL QUE SE MODIFICA EL PROTOCOLO SOBRE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DEL ANEJO AL TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA, AL TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE
LA UNIÓN EUROPEA Y AL TRATADO CONSTITUTIVO DE LA COMUNIDAD EUROPEA DE LA ENERGÍA ATÓMICA, FIRMADO EN BRUSELAS EL 23 DE JUNIO DE 2010. (Número de expediente 121/000102.)
El señor PRESIDENTE: A continuación votamos el proyecto de ley orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del protocolo por el que se modifica el protocolo para las disposiciones transitorias del anejo del Tratado de la
Unión Europea, al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, al Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, firmado en Bruselas el 23 de junio de 2010.
Se trata de ultimar el trámite de este proyecto de ley, que se podrá votar porque no ha habido enmienda alguna y se ha tramitado por el procedimiento de lectura única. Ha habido unanimidad en el acuerdo de que así se tramitara.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 324, abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Se levanta la sesión.
Eran las doce y diez minutos del mediodía.