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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 193, de 28/09/2010
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2010 IX Legislatura Núm. 193
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. DOÑA TERESA CUNILLERA I MESTRES, VICEPRESIDENTA PRIMERA
Sesión plenaria núm. 182
celebrada el martes, 28 de septiembre de 2010
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la aplicación del tipo reducido del IVA del 4 por ciento al sector turístico. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie B, número 232-1, de 12 de marzo de 2010. (Número de
expediente 122/000207.) ... (Página 4)
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre seguridad de los cooperantes en el exterior. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 442, de 10 de septiembre de 2010. (Número de expediente 162/000714.) ...
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la reducción del personal eventual al servicio de la Administración General del Estado. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 412, de 18 de junio de 2010. (Número
de expediente 162/000684.) ... (Página 14)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las propuestas del Gobierno para reformar el sistema de pensiones. (Número de expediente 173/000166.) ... (Página
18)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el Gobierno clarifique la política de infraestructuras de transporte en España.
(Número de expediente 173/000167.) ... (Página 23)
- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la política del Gobierno en cuanto al uso por parte de la Administración General del Estado y sus organismos y entidades dependientes de otras lenguas oficiales distintas del castellano.
(Número de expediente 173/000168.) ... (Página 28)
Toma en consideración de proposiciones de Ley. (Votación.) ... (Página 32)
Proposiciones no de Ley. (Votación.) ... (Página 33)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Votación.) ... (Página 33)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de Ley ... (Página 4)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la aplicación del tipo reducido del IVA del 4 por ciento al sector turístico ...
(Página 4)
Defiende la toma en consideración la señora Salom Coll, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Canet i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sánchez i
Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Larrosa Piqué, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proposiciones no de Ley ... (Página 10)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre seguridad de los cooperantes en el exterior ... (Página 10)
Defiende la proposición no de ley el señor Calabuig Rull, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Robles Orozco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; las señoras Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Díez González, del Grupo
Parlamentario Mixto y el señor Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la reducción del personal eventual al servicio de la Administración General del Estado ... (Página 14)
Defiende la proposición no de ley el señor Barrachina Ros, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto; Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Pérez
Tapias, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Barrachina Ros.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 18)
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las propuestas del Gobierno para reformar el sistema de pensiones ... (Página 18)
Defiende la moción el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió);
Burgos Gallego, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora López i Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el Gobierno clarifique la política de infraestructuras de transporte en España ...
(Página 23)
Defiende la moción el señor Ayala Sánchez, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds y Simancas Simancas, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto y Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la política del Gobierno en cuanto al uso por parte de la Administración General del Estado y sus organismos y entidades dependientes de otras lenguas oficiales distintas del castellano ...
Defiende la moción el señor Esteban Bravo, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Seco Revilla, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; Janè i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y García-Tizón López, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Esteban Bravo.
Toma en consideración de proposiciones de Ley. (Votación.) ... (Página 32)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la aplicación del tipo reducido de IVA del 4 por ciento al sector turístico, se rechaza por 159 votos a favor,
175 en contra y ocho abstenciones.
Proposiciones no de Ley. (Votación.) ... (Página 33)
Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, se aprueba por 341 votos a favor.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la reducción del personal eventual al servicio de la Administración General del Estado, con la incorporación de las enmiendas del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, se rechaza por 161 votos a favor, 169 en contra y 12 abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 33)
Sometidos a votación separada los cuatro puntos de la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las propuestas del Gobierno para
reformar el sistema de pensiones, se aprueban todos ellos.
Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el Gobierno clarifique la política de infraestructuras de transporte en España, se aprueba por 336 votos a favor y seis
abstenciones.
Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la política del Gobierno en cuanto al uso por parte de la Administración General del Estado y sus organismos y entidades dependientes de
otras lenguas oficiales distintas del castellano, se aprueba por 192 votos a favor, 149 en contra y una abstención.
Se suspende la sesión a las siete y treinta minutos de la tarde.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA APLICACIÓN DEL TIPO REDUCIDO DEL IVA DEL 4 POR CIENTO AL SECTOR TURÍSTICO. (Número de expediente 122/000207.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Se inicia la sesión con el punto I del orden del día, toma en consideración de proposiciones de ley.
En primer lugar, proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la
aplicación del tipo reducido del IVA del 4 por ciento al sector turístico. Para defender la proposición en nombre de su grupo tiene la palabra la señora Salom.
La señora SALOM COLL: Señora presidenta, señoras y señores diputados, a pesar de las declaraciones del presidente del Gobierno España sigue atravesando la peor crisis económica de los últimos setenta y cinco años, una crisis que se resume
en un dato descarnado y que debería llevar al Gobierno a la acción. Tenemos un 20 por ciento de paro, y según dijo el ministro de Trabajo este dato será inamovible en los próximos años. La situación que atraviesa la vivienda ha hecho que el
turismo, el turismo, sea hoy sin duda la primera industria de nuestro país, por tanto, el debate que hoy nos ocupa es sobre uno de los sectores verdaderamente estratégicos de nuestro país; el medio de vida de más de 2,5 millones de personas; una
de las señas de identidad de nuestra economía y para algunas comunidades autónomas, como la mía -para las Islas Baleares-, la principal fuente de riqueza y de empleo. Lo primero que deseo trasladar como portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
materia de turismo es la profunda preocupación por el momento que atraviesa el sector, preocupación por los datos y preocupación por lo que nos va trasladando el sector turístico español.
Son varias las ocasiones, a lo largo de la legislatura, en que el Grupo Parlamentario Popular ha querido movilizar la conciencia del Gobierno en una cuestión tan importante como esta. Lamentablemente el Gobierno ha hecho oídos sordos a las
advertencias y sugerencias que hemos formulado a lo largo de esta legislatura, y podríamos decir que desgraciadamente ha sido una legislatura perdida en materia de turismo. No ha existido un diagnóstico por parte del Gobierno sobre nuestras
fortalezas, desafíos o sobre nuestros competidores. Aparte de declaraciones huecas no se sabe el modelo real de economía y de turismo que se apoya. No hay un liderazgo político; no hay un impulso político; no hay una política seria; no ha
habido medidas con contenido; no ha habido propuestas importantes en esta materia. El pasado mes de junio el Gobierno socialista en un alarde por recortar gasto público decidió suprimir la Secretaría de Estado de Turismo rebajando su rango a
secretaría general. Esto supuso la crítica de todo el sector, y yo creo que el Gobierno a la hora de recortar se ha equivocado en las prioridades.
En el actual escenario económico que vive España el sector turístico requiere más que nunca la mayor atención por parte del Gobierno para abordar la gestión de un cambio inaplazable, con múltiples medidas estructurales y transversales aún
pendientes que exigen coordinación al más alto nivel tanto en los distintos ministerios como con las distintas comunidades autónomas y ayuntamientos. Desgraciadamente al Gobierno socialista le ocupan poco tiempo las políticas turísticas. El
turismo es la hermana pobre del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. En definitiva, han recortado y degradado el turismo, de donde depende el futuro de cientos de miles de españoles y no han sabido ponderar, valorar, priorizar los recortes
en ese gasto. En los últimos meses, mientras el turismo atravesaba una situación delicada, complicada y preocupante -tema de las cenizas volcánicas, los conflictos con los controladores aéreos, el incremento del IVA, el incremento de las tasas
aeroportuarias o la supresión de la secretaría de Estado-, el clamor del sector turístico ha sido unánime: ¿Dónde está el ministro? ¿Dónde está el ministro de Turismo?
Lo ocurrido durante este año ha sido triste. La Presidencia de la Unión Europea ha sido una oportunidad perdida. El Gobierno español no ha llevado nada de contenido a Bruselas que beneficie al sector turístico.
No solo no se quiso dar la
batalla por introducir en la agenda y extender con carácter general para todos los países de la Unión Europea el IVA superreducido para
el turismo, que podía haberlo hecho, sino que se terminó aprobando en La Moncloa una subida del IVA que, como todos ustedes saben, hace más difícil el futuro del sector porque le resta competitividad; porque la subida del IVA, del 7 al 8
por ciento y del 16 al 18, se hace a costa de recortar beneficios, salarios y puestos de trabajo, por no hablar de la subida en torno al 30 por ciento en el coste de la tarifa eléctrica desde que el señor Sebastián es ministro, que también nos hace
menos competitivos. Estas asfixias al sector inciden aún más en la pérdida de competitividad que ya veníamos experimentando. El diagnóstico real, que el Gobierno socialista desconoce o no quiere ver para evitar reconocer la desnudez de su
política, es que llegan unos turistas a nuestro país que gastan menos dinero y que se quedan menos tiempo. No hay que obsesionarse con el número de turistas que llegan; mucho más importante es la calidad de los mismos.
El espejismo de la ligera mejoría en los últimos cuatro meses en el número de turistas se hace con referencia al peor año en décadas, que fue el año 2009, y además se hace a costa de unos enormes recortes en los precios de los alojamientos
turísticos, y además se hace porque había overbooking en los países competidores del arco mediterráneo. Y yo digo al Grupo Socialista: Deslizarse por el fondo no es recuperarse. Las tensiones a las que se somete al sector con subidas de
impuestos, con subidas de los costes energéticos, se añaden a una gran competencia internacional, especialmente en el arco mediterráneo. Al contrario que ustedes, hay gobiernos que han hecho del turismo una política estratégica y prioritaria, que
son agresivos con sus políticas turísticas porque les importa y ven los beneficios que supone esto para el conjunto del país.
Gracias a la profesionalidad de los empresarios y trabajadores del turismo en España, es todavía hoy el tercer país del
mundo en la entrada de turistas. Usted conoce los datos del INI. El sector de turismo lleva veintiún meses consecutivos bajando los precios. Este es un esfuerzo titánico para sostener la industria, mientras que el Gobierno no sabe estar -pensamos
nosotros- a la altura de las circunstancias. A nivel internacional el número de turistas se ha incrementado este año en un 7 por ciento y en España lo ha hecho muy por debajo, tan solo en un 4 por ciento. Como se ve, eso es perder ritmo respecto a
nuestros competidores.
Además, hay una veintena de países, que van desde Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania e Israel hasta Suiza o Brasil, en los que el gasto por turista es mayor que en nuestro país. Las previsiones de la Organización Mundial
del Turismo es que en los próximos años va a seguir incrementándose el turismo en el mundo. Con estas premisas valdría la pena que España hiciese los deberes que le corresponden en materia turística, porque hay una oportunidad de negocio y, más
importante aún, una oportunidad de crear nuevos puestos de trabajo. Eso es lo que nosotros exigimos al Gobierno porque el sector se lo merece. Le pedimos liderazgo, liderazgo y liderazgo, que el presidente del Gobierno se implique de lleno, con
contenidos; que no solo sea una foto, sino que exista la voluntad política, el empuje de todo el Gobierno para ayudar al sector, en coordinación, como es evidente, con las distintas comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias en
coordinación con los ayuntamientos, con los empresarios, para marcar entre todos un rumbo conjunto, unos objetivos claros, todos en la misma dirección. Ahí quiere estar el Partido Popular.
El turismo no debe seguir perdiendo peso ni en nuestra balanza exterior ni sobre el conjunto de la economía española, que en los últimos años ha ido perdiendo peso dentro del conjunto de la economía española; el turismo no debe seguir
perdiendo peso por el empleo que crea y por la riqueza que genera. Necesitamos que el Gobierno socialista salga de la inacción en la que está sumido y tome ejemplo de lo que están haciendo en otros países como Francia y Alemania, donde han decidido
rebajar el IVA que afecta al sector turístico. ¿No son conscientes de que con la subida del IVA vamos a contracorriente? ¿No se dan cuenta de eso, que vamos en contradirección? Miren el ejemplo de Luxemburgo que aplica un IVA superreducido en
hoteles y restaurantes de un 3 por ciento. Arrimen el hombro y apoyen la propuesta del Partido Popular de un IVA superreducido del 4 por ciento que afecte a los servicios de hostelería, al acampamiento y balneario, a los restaurantes, al suministro
de comidas y bebidas para consumir en el acto, así como al transporte de personas y de sus equipajes. Pensamos que esta medida, que técnicamente es posible, ayudará a mejorar la competitividad del turismo. Además, mandamos un mensaje importante de
cara al mundo: que España apuesta por el turismo, que España cree en el turismo.
El Partido Popular defiende que para salir de la crisis hay que controlar el déficit público y afrontar determinadas reformas estructurales de nuestro modelo económico y productivo. También hay que bajar los impuestos de forma selectiva, y
que la segunda industria de nuestro país debe sufrir una bajada en el IVA es algo que todo el sector de los servicios en España ve con muy buenos ojos. Hay muchas reformas por hacer, señorías: reformas educativas para mejorar el capital humano, es
necesario mejorar la coordinación entre los ministerios de Industria, Educación, Fomento, Medio Ambiente, Exteriores y Sanidad; hay que mejorar la coordinación con las comunidades autónomas, que son las competentes, para así desarrollar políticas,
medidas e infraestructuras destinadas al sector turístico. No podemos seguir perdiendo oportunidades a raudales como estamos haciendo. Es necesario que llegue la financiación de modo ágil a las pequeñas industrias del sector para que renueven sus
instalaciones, y afrontar con determinación, valentía y pactos la reforma de determinados destinos maduros que son urgentes y necesarios para el nuevo modelo turístico español, como son la playa de Palma, San Bartolomé de Tirajana o la Costa del
Sol. Es necesario reducir las tasas aeroportuarias, no subirlas otra vez. Hay que promover urgentemente un plan estratégico de colectividad a nivel
nacional e internacional. Hay que coordinar la acción de las comunidades autónomas. No tiene sentido que para abrir mercados, como en China o en India, cada comunidad autónoma tenga que ir por libre porque el ministerio no promueve nada.
Hay que terminar con la incertidumbre de que todos los años se discuta sobre chiringuitos sí o chiringuitos no. Eso forma parte de un valor añadido en nuestra cadena productiva y es una seña de identidad de nuestro turismo de sol y playa. Hay que
llevar a cabo campañas para reducir la estacionalidad del sector. Esto es fundamental, señorías, reducir la estacionalidad del sector, es fundamental, para que pueda haber un empleo mucho más estable y más consolidado.
En el Grupo Popular creemos que el turismo debe ser una prioridad en una política económica que busque la vuelta al crecimiento y a la creación de empleo. Los españoles hemos demostrado que sabemos crear desde la nada una industria
turística potente, pero estamos en un escenario en el que existe una competencia feroz y un Gobierno ausente. Hoy el Grupo Parlamentario Popular presenta esta proposición de ley en Pleno para su toma en consideración. Queremos que el IVA que se
aplica al sector turístico español sea el IVA superreducido del 4 por ciento. Votar sí es decir al sector turístico que los diputados del Congreso están para apoyar a la segunda industria de nuestro país, para ayudarla a salir de la crisis y a
mejorar su competitividad. Votar sí es permitir que haya un debate sosegado y tranquilo sobre las necesidades del sector turístico español, que son muchas. Por todo ello, en nombre del Grupo Popular solicito a los distintos grupos parlamentarios
de esta Cámara que voten sí a la toma en consideración de esta proposición de ley.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señora Salom.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. No se encuentra presente ningún representante del Grupo Mixto. Pasamos, por tanto, al Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y en su nombre
tiene la palabra el señor Canet.
El señor CANET I COMA: Gracias, señora presidenta.
Compartimos con el Grupo Popular la preocupación por el sector turístico, un sector fundamental en la economía española en general y especialmente en algunas de sus comunidades autónomas. En el caso de Catalunya es bien conocido que el 13
por ciento de su PIB depende del sector turístico.
También compartimos algunas líneas de actuación que propone para la mejora de este sector, pero no precisamente la que hoy nos lleva a debatir esta iniciativa. Consideramos que la Directiva de
aplicación del tipo reducido del IVA a servicios concretos extensible a todo el ámbito de la Unión Europea únicamente incluye, a nuestro juicio, los servicios de restauración de entre los que podemos denominar como servicios turísticos, por tanto,
susceptibles de aplicación de un IVA reducido. Así pues, siempre a nuestro juicio, otros servicios turísticos, por ejemplo, los hoteleros, se identifican con otras categorías desglosadas en la Directiva del IVA de 2006 sin opción a la aplicación
del tipo de IVA reducido. Señorías, nuestro grupo parlamentario no va a dar apoyo, como digo, a esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular no tanto por el fondo del asunto ni porque estemos de acuerdo con la subida del IVA realizada por el
Gobierno, que no lo estamos -ya hemos reiterado varias veces esta opinión nuestra- a pesar de que, evidentemente, la decisión del Gobierno equipare el nivel impositivo al de otros estados de la Unión Europea. No la vamos a apoyar, decía, porque nos
parece inviable desde un punto de vista práctico si nos atenemos a cuestiones jurídicas, puesto que como ya hemos indicado nos parece que la directiva no deja margen a la maniobra. La facultad de modificar este listado corresponde a la Unión
Europea y no al Estado español. Por tanto, no vemos viable reducir el IVA de forma general al sector turístico mediante una ley estatal, sin antes modificar a nivel europeo la directiva para que incluya todos los servicios relacionados con el
turismo entre aquellas actividades a las que se les ha aplicado el tipo reducido del impuesto. Quizá lo más adecuado sería apremiar, como dijimos la semana anterior con ocasión de una iniciativa semejante, al Estado español para que haga las
gestiones oportunas ante la Unión Europea para que se modifique la Directiva sobre el IVA. Este no es el objeto de la proposición de ley que hoy debatimos.
Por ello, sin entrar en otras consideraciones, no apoyaremos esta iniciativa, como ya hemos
indicado.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señor Canet.
Por el Grupo Parlamentario Vasco del PNV tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, el Grupo Popular nos trae a debate y votación una proposición de ley con la intención de reducir el tipo del IVA al sector turístico, pasando del 8 por ciento actual al superreducido del 4 por ciento.
Entiende el Grupo Popular que de esta manera se contribuirá a dinamizar un sector económico muy afectado por la crisis, con un gran peso en el PIB y en el empleo y con especial incidencia además en determinados ámbitos territoriales. Creemos, por
lo tanto, que la preocupación por el sector es legítima, está fundada y es preciso instrumentar medidas de política económica para solventar la situación; medidas que no corresponden todas a la Administración General del Estado, sino que están en
manos de las comunidades autónomas y serán estas las que deban impulsar el sector. Bien es cierto que la Administración General del Estado
tiene la competencia en el aspecto impositivo, es quien puede plantear o no la reducción de IVA que es el objeto de esta proposición. De todas formas, la duda que le surge a nuestro grupo parlamentario es si la medida que rebaja el tipo de
IVA es o no eficaz, es decir, si una reducción de IVA sirve efectivamente para impulsar al sector, un sector tan heterogéneo y tan complicado a la vez. Si la demanda del sector es elástica a las variaciones de los tipos impositivos o si, por el
contrario, es inelástica, es decir, no depende de las rebajas impositivas; en definitiva, si las decisiones de los individuos a la hora de consumir turismo dependen del tipo de IVA, porque pudiera ocurrir que la caída de la recaudación derivada de
la medida fuera incluso superior al impacto económico que se pretende dar al sector. Por otra parte, es preciso tener en cuenta que una parte importante de la rebaja se aplicaría a los turistas extranjeros que han reducido sus vacaciones o consumo
turístico más por motivos de la propia crisis económica que por un diferencial de precios, que puede imputarse en todo caso a un mayor tipo de IVA. Es necesario reflexionar al respecto poniendo sobre la mesa el conjunto de medidas de impulso al
sector y, en ese sentido, consideramos que este no es ni mucho menos el más importante. La reducción selectiva de IVA, sector a sector, no es la mejor manera de hacerlo, sin embargo, a pesar de lo anterior, con nuestra abstención no nos vamos a
oponer a la tramitación de esta proposición de ley.
Muchas gracias, señor Azpiazu.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, la posición del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió va a ser la de votar favorablemente la iniciativa presentada por el Grupo Popular en el sentido de tomar en consideración la aplicación de un IVA
superreducido del 4 por ciento al sector turístico. A algunos portavoces de algunos grupos parlamentarios les podrá sorprender de entrada que, en una situación de crisis económica en la que el déficit del Estado es una de las máximas preocupaciones
que tendría que tener el Ejecutivo, se pueda plantear por algunos grupos como Convergència i Unió dar luz verde a esta toma en consideración, aunque eso no quiere decir que se vaya a aplicar al día siguiente de su aprobación sino que será tomada en
consideración, y luego puede haber todas las interpretaciones y enmiendas de los diferentes grupos parlamentarios para llegar a un acuerdo. Pero, repito, puede sorprender que, dada la situación económica española, el gran volumen del déficit
público y la falta de recaudación de los ingresos del Estado, haya algunos grupos que lo planteen, pudiendo calificarse esta actuación por dichas formaciones políticas de aplicar demagogia en cierta medida en el sentido de proponer medidas que van
justamente en la dirección contraria a lo que se tendría que plantear para intentar corregir el déficit público. Esta quizá podría ser la opinión de algunos portavoces de algunos grupos parlamentarios, pero no es la misma del Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió. Nosotros, en el caso del incremento de fiscalidad en algunos productos como podría ser el IVA, estuvimos desde el primer momento radicalmente en contra de que se planteara dicha subida a primeros del mes de julio. Básicamente,
también estábamos en desacuerdo con que esta aplicación pudiera ser de inmediata aplicación -valga la redundancia- a todo el sector turístico. Planteamos en diferentes propuestas que la aplicación del incremento del IVA en el sector turístico
pudiera retrasarse hasta el último trimestre de este año, a fin y efecto de que pudiera pasar toda la temporada turística y el sector turístico en general no se viera perjudicado por un incremento de la presión fiscal del IVA en España que, dicho
sea de paso, iba directamente a dar en la línea de flotación de los sectores estratégicos españoles, empresariales-turísticos, en comparación con el resto de compañías de la Unión Europea.
Por tanto, la primera postura fundamental de nuestro grupo parlamentario es que estamos radicalmente en contra de la subida del IVA a partir del 1 de julio, y especialmente estamos en contra, pedimos su aplazamiento hasta primeros de
octubre, para el sector turístico. Posteriormente, la semana anterior, presentamos una proposición de ley que también iba referida a la prestación de determinados servicios turísticos por las agencias de viaje. En este sentido, también pedíamos
una bajada del tipo normal del IVA al tipo reducido para todas las agencias de viaje, también para que pudieran ser más competitivas con el resto de compañías de la Unión Europea. Esta propuesta no prosperó y esta semana nos llega una propuesta del
Partido Popular, que en cierta medida nosotros hemos apoyado también en otras circunstancias, planteando la posibilidad de una toma en consideración del IVA reducido para el sector turístico. De entrada, casi nunca nos oponemos a cualquier toma en
consideración, y quizás aquí si esta proposición de ley tuviera luz verde podríamos discutir si ha de ser el 4, el 5 o el 6 por ciento. De entrada, sí nos parece oportuna una iniciativa de esta profundidad para que el sector turístico no pierda
competitividad frente a otras empresas de la Unión Europea y con otras empresas internacionales. Repito, vamos a estar de acuerdo con esta toma en consideración, partiendo de la base de que el sector turístico español no deja de ser una de las
industrias más importantes de que dispone la economía española, ya que supone un 10,5 del PIB español y da ocupación a alrededor de 2,5 millones de personas.
Dada la importancia de su participación en el PIB y dada la importancia que tiene el
sector turístico en aquellos aspectos que hacen referencia al número de puestos de trabajo, merecen una consideración y una atención especial por parte del Gobierno. Entendemos que esta toma en consideración podría ser también una señal
positiva de cara al sector, en el sentido de que el Congreso de los Diputados se ocupa y se preocupa de una de las industrias más importantes para el futuro de la economía española. Incluso vamos más allá de lo que pueda representar esta
iniciativa presentada por el Partido Popular.
Mañana vamos a tener ocasión de interpelar al ministro de Industria sobre aquellas medidas de carácter urgente que, a nuestro entender, tendría que poner en marcha el Ejecutivo orientadas al sector
turístico. El sector turístico español tendría que ser uno de los pilares fundamentales de las compañías exportadoras españolas a todo el mundo y, para que esto se pueda producir, sería interesante que entre todos, aunque es el Gobierno el que
tiene esta competencia, declarásemos el turismo como un sector estratégico a nivel nacional y prioritario para que podamos incorporar propuestas como la que hoy debatimos, y que fuera una realidad que el sector turístico español lo podemos convertir
en una política industrial importante de la economía española y que, a su vez, también fuera uno de los pilares de la exportación de nuestro tejido productivo que se pudieran ver reforzados en el futuro.
Por todas estas consideraciones nuestro grupo va a votar la toma en consideración de esta proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, teniendo en cuenta otro factor importante: en el caso de que viéramos aprobada esta
toma en consideración y finalmente nos pusiéramos de acuerdo los diferentes grupos parlamentarios sobre cuál tendría que ser el tipo reducido aplicable al sector turístico, no sería el primer país de la Unión Europea que pone en marcha una propuesta
de este calibre. Si vemos cuáles son los tipos efectivos que se aplican en nuestro entorno veremos que, por ejemplo, en Francia se aplica un tipo reducido del 5,5 por ciento; en Portugal, del 5 por ciento; en Alemania, del 7 por ciento; en
Italia, del 5 por ciento; en el caso de transporte de viajeros, Alemania, el 7 por ciento; Francia, el 5,5 por ciento y Portugal el 5 por ciento. En este caso no seríamos los primeros, pero tampoco se trata de que seamos los últimos o que España
sea el único país de la Unión Europea donde no se hacen propuestas innovadoras para reforzar uno de los sectores competitivos más importantes de que disponemos en la economía española.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Larrosa Piqué.
El señor LARROSA PIQUÉ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, voy a empezar dirigiéndome al señor Sánchez Llibre porque creo que se ha puesto la venda antes que la herida, como dicen. Previendo lo que posiblemente se piensa que voy a decirle ha dejado claro que él está a favor de la
contención del déficit y de todas estas medidas que se han ido adoptando en esta Cámara en los últimos meses.
Hoy tengo que felicitar a la portavoz del Grupo Popular porque creo que hemos mejorado en cuanto al nivel de propuestas -se lo tengo que decir-, si bien me parece que hoy ha confundido el debate; el que usted está planteando posiblemente lo
volveremos a hacer el día 13 de octubre como consecuencia de las interpelaciones que tenemos. Hoy usted está planteando una medida concreta, una rebaja de un tipo impositivo en el IVA. Señora Salom, he estado mirando los argumentos que utiliza
para la toma en consideración de esta ley y he llegado a una primera conclusión: que para ser coherente lo mejor que podría hacer es retirarla -lo digo muy en serio-, porque los argumentos en los que basa esta iniciativa están ampliamente
superados, especialmente en cuanto a los datos a los que usted ha hecho referencia. Usted debe saber -ya ha reconocido que lo sabe- que los datos que están apareciendo en los últimos meses son positivos, datos -tengo la sensación- a los que ustedes
temen porque evidencian su estrategia de generar cierta desesperanza y frustración en el sector. ¿O es que me va a negar que llevamos un buen año desde el punto de vista de turismo internacional? ¿Es que me va a negar que ha subido el gasto
turístico? Ustedes hacen referencia a datos de hace más de un año y en algunos casos esconden la verdad, como no hacer referencia a la situación de los mercados clásicos de nuestros destinos y a su recuperación; nos baja el turismo internacional
cuando ellos tienen problemas, no cuando los tenemos nosotros; o bien no reconocer, por ejemplo, la referencia que hace en su exposición de motivos cuando dice que Estados Unidos nos ha sobrepasado en el ránquin por turismo internacional, cuando
tendría que decir que Estados Unidos ha estado siempre en la segunda posición y que fue a raíz de la desgracia del 11 de septiembre cuando la perdió. Por lo tanto, si los datos sobre los que basan su iniciativa no son los adecuados, creo que harían
bien en retirar la iniciativa. (Un señor diputado: Muy bien) Como ustedes no lo van a hacer, yo voy a argumentar el porqué de nuestra posición.
Señorías, el Grupo Popular pretende por enésima vez que el sector turístico mejore su competitividad con una rebaja de 4 puntos en el IVA en el trasporte de pasajeros, en la hotelería, en la restauración y en otros servicios, pero creo que
no han echado bien las cuentas. Si analizáramos los datos acumulados a fecha de hoy, solo con la hotelería pretende detraer al Estado del orden de 2.000 millones de euros. Si a esta cifra le añadimos los 4 puntos de la restauración y de los otros
servicios y productos la cantidad que dejaría de percibir el Estado nos colocaría en una situación difícil, que los mercados aprovecharían -seguro- para revisar la posición de solvencia de España, con lo cual acabaríamos pagándolo todos mucho más
caro. El Grupo Popular, que presume de proponer políticas de Estado, viene otra vez a esta Cámara con una propuesta de regalar dinero; no dicen a
quién, pero eso es regalar dinero, como pretendían que hiciéramos con el asunto del volcán islandés. Aquel día sí,dijeron que el dinero lo teníamos que regalar a las compañías aéreas, pero no dicen como ajustarían las cuentas del Estado.
Hasta fecha de hoy en este periodo legislativo, en esta legislatura -me han pasado una nota- ustedes han hecho propuestas en esta Cámara que suponen menos 32.000 millones de ingresos y más 12.600 de gastos, con un total de descuadre de 45.000
millones de euros. (Un señor diputado: ¡Qué barbaridad!) Ya me dirán ustedes cómo cuadran las cuentas del Estado con estas proposiciones o iniciativas que plantean aquí. Yo me pregunto, ¿son ustedes los mismos que en un debate de su fundación de
referencia planteaban una subida del IVA y recordaban que la política fiscal para reducir costes a las empresas -el primer coste- es el déficit público? Tendrán trabajo para que los mercados y los analistas financieros internacionales entiendan la
posición que mantienen. No son fiables y de ustedes no se fían. Cuando el señor Rajoy, por ejemplo, va a Girona la semana pasada y se sienta a hablar de la competitividad con empresarios del sector turístico catalán lo primero que tiene que hacer
es informarse. Hay que ser riguroso o al menos prepararse un poco, y tengo la sensación -se lo digo sinceramente- de que estos no son valores del señor Rajoy.
El Partido Popular pone como referencia a Francia, pero no dice que en Francia se está cuestionando la decisión de rebajar el IVA, primero, porque el cliente apenas ha notado la rebaja. Hay estudios que indican que la rebaja en el precio
medio del menú apenas ha llegado al 1 por ciento, y está por ver la creación de los 20.000 nuevos puestos de trabajo que propusieron las organizaciones empresariales del sector de la hostelería como contraprestación a la decisión del Gobierno de
Sarkozy.
También se hace referencia, por ejemplo, al impacto de la rebaja en el IVA que tuvo lugar en el Reino Unido durante seis meses, donde no se incentivó el consumo. Ya lo hemos discutido muchas veces, lo hemos debatido: los impuestos a
veces contribuyen a funcionar en otros tramos de la cadena de valor y no especialmente pensando en el cliente. El proponente pone como referencia Alemania. El señor Sánchez i Llibre también lo ha hecho, pero esconde que el IVA de la restauración
en Alemania es del 19 por ciento, 11 puntos por encima del IVA que se aplica a la restauración en España. El señor Rajoy ponía un ejemplo en Girona -leo textualmente-: Malta y Chipre tienen un IVA ridículo. Con todos mis respetos hacia estos dos
países y su cuota de mercado en el turismo internacional, ¿saben SS.SS. cuál es el IVA que se aplica en Chipre? El mismo que en España. Si ridículo es el IVA en Chipre, igualmente ridículo debe ser el que se aplica en España (Un señor diputado:
¡Muy bien!-Aplausos.) ¿Saben cuál es el IVA que se aplica en Malta a la restauración? El 18 por ciento, 10 puntos por encima del nuestro; un IVA ridículo según palabras del presidente de su partido. Por tanto, ya lo he dicho en otras ocasiones y
hoy lo voy a repetir, ustedes hacen un planteamiento clásico: competir basándose en el precio, y como no pueden incidir en las decisiones que se toman desde el sector privado optan por ir en contra de las finanzas públicas para favorecer -dicen- un
sector que posiblemente tenga otros problemas. ¿Cuándo se mentalizarán ustedes de que la clave de nuestro modelo está en el valor añadido y que la batalla por el precio está perdida? Ustedes y también sus socios de CiU auguraron una catástrofe por
el aumento del IVA en julio. Los resultados están a la vista: julio, un aumento de un 4,5 por ciento en la llegada de turistas internacionales; agosto, un aumento del 4 por ciento. Pánico en los mercados, incremento del IVA y resulta que subimos
un 4,5 por ciento en julio y un 4 por ciento en agosto; no solo eso. Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros subieron un 9,3; la rentabilidad que se obtiene por habitaciones disponibles subió un 5,6, cuando ustedes me hablan de
rentabilidad. Podemos hablar de ocupación y de muchas más cosas; podemos hablar de precio medio de habitación incluso en los meses de julio y agosto.
El turismo español tiene muchos retos, entre otros, reconvertir la oferta de establecimientos y destinos de acuerdo con las exigencias del siglo XXI para seguir creando productos emocionantes que compitan en los mercados por su alto valor
añadido, y manteniendo su identidad -repito, manteniendo su identidad-, diferenciándonos de nuestros competidores.
Estamos de acuerdo; hay que seguir avanzando en los planes de reconversión de Palma, de San Bartolomé de Tirajana y también de la
Costa del Sol, pero también hay que preservar nuestra identidad, por ejemplo, en El Cabanyal en Valencia, que es un elemento diferencial respecto a otras ciudades europeas, y ustedes con sus políticas no cumplen.
(Aplausos.)
¿Quieren que hablemos del Plan FuturE? 1.900 millones de euros de inversión en el sector privado gracias a la acción de este Gobierno, que dice usted que no existe o no existe su ministro. Esta iniciativa llega mal. Yo creo que ha
desaprovechado una gran oportunidad para poner otras medidas en valor, posiblemente también para que esta Cámara de forma unánime pudiera escenificar un apoyo unánime al papel estratégico del sector turístico y a la economía española. Supongo que
en los próximos días nos vamos a entender porque, como he indicado, hay dos interpelaciones en marcha, por eso este debate se va a reproducir.
Tengo que terminar diciendo lo siguiente, y entiéndalo usted: sería elegante por parte del señor Rajoy que cuando va a Cataluña y se reúne con los empresarios del sector turístico les recuerde también que él es el responsable de la mayor
agresión que ha tenido el autogobierno de Cataluña en los últimos años -esto hay que recordarlo-; que las campañas que ha lanzado el Partido Popular contra los catalanes han puesto en peligro los negocios de los señores con los que estaba reunido
aquel día y que sus iniciativas cuestionan nuestro modelo de financiación y ponen en peligro las inversiones en infraestructuras que se desarrollan en Cataluña. (Aplausos.)
Me han dicho que la semana que viene el señor Rajoy visita Lleida, espero que le lleven a visitar el nuevo aeropuerto de Lleida, una obra fruto de un nuevo Estatuto y de la capacidad de financiación que tiene la Generalitat de Catalunya, una
infraestructura turística. Espero que la visite y la apoye, como apoya otras infraestructuras que se desarrollan a lo largo del Estado español. Por todo ello, el Grupo Socialista va a votar en contra de la toma en consideración. (Aplausos.)
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señor Larrosa.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE SEGURIDAD DE LOS COOPERANTES EN EL EXTERIOR. (Número de expediente 162/000714.)
La señora VICEPRESIDENTA: La siguiente toma en consideración de proposición de ley ha sido retirada por el grupo parlamentario autor de la iniciativa. Pasamos, por tanto, al punto II del orden del día: Proposiciones no de ley. En primer
lugar se debatirá la del Grupo Parlamentario Socialista sobre seguridad de los cooperantes en el exterior. Para defender el texto de su proposición no de ley tiene la palabra el señor Calabuig.
El señor CALABUIG RULL: Muchas gracias, señora presidenta.
Tengo el honor de intervenir en nombre de mi grupo con ocasión de la presentación de esta iniciativa sobre la seguridad de nuestros cooperantes en el exterior. Como saben ustedes, el motivo que ha impulsado la presentación de esta propuesta
ha sido la liberación de los tres españoles secuestrados en Mauritania el 29 de noviembre de 2009, Alicia Gámez, Roque Pascual y Albert Vilalta, estos dos últimos después de haber pasado 267 días en manos de sus secuestradores. Somos conscientes en
esta Cámara de los riesgos a que se enfrenta nuestro personal humanitario, nuestras misiones civiles y las de nuestras Fuerzas Armadas en las zonas de conflicto, incluida la labor de determinadas órdenes religiosas que también desde hace muchos años
desarrollan sus misiones en lugares donde son muy vulnerables. Como se resalta en la exposición de motivos, solo en el año 2009, 102 trabajadores humanitarios fueron asesinados y 92 víctimas de secuestros. También se hace referencia en nuestra
iniciativa a las diversas medidas que en el marco de Naciones Unidas se han puesto en marcha para abordar la seguridad del personal dedicado a la cooperación al desarrollo.
En el ámbito de la Unión Europea, junto a la revisión permanente de la política sobre seguridad del personal con funciones operativas desplegado en el exterior, que adoptó por primera vez el Consejo de la Unión en mayo de 2006, la Oficina de
acción humanitaria europea, conocida en el sector por sus siglas ECHO, ha puesto en marcha toda una serie de medidas, protocolos de actuación y buenas prácticas, en estrecha colaboración con la Oficina de acción humanitaria de las Naciones Unidas y
el Comité Internacional de la Cruz Roja. En nuestro sistema de cooperación el Gobierno aprobó el Estatuto del Cooperante en 2006 estableciendo el deber de las organizaciones no gubernamentales que reciben subvenciones de la cooperación española de
proporcionar a los cooperantes las normas de seguridad básicas en el país de destino y los recursos a utilizar en aquellos supuestos en los que la seguridad del cooperante o las tareas a realizar resulten afectadas. Como saben ustedes, todas ellas
están obligadas a suscribir una póliza de seguro referida a las contingencias que su trabajo en el terreno les pueda acaecer. Todos estos gastos que acompañan al personal de las ONGD en las misiones en el exterior pueden ser imputados con cargo al
proyecto o programa de que se trate. Además de eso, en la pasada legislatura aprobamos medidas para hacer llegar una indemnización a las familias de los cooperantes fallecidos en el desarrollo de su labor. Conocemos perfectamente el trabajo de las
organizaciones no gubernamentales especializadas y del resto de entidades en zonas de conflicto. Sin ellas no sería posible alcanzar a las poblaciones más vulnerables y si no hubiera normas de seguridad y protección para su trabajo su tarea desde
luego sería inviable. A ello corresponden los protocolos estrictos de seguridad y códigos de conducta que antes hemos enumerado y que conocen y adoptan las ONG internacionales especializadas en ayuda humanitaria y en atención en zonas de conflicto.
No obstante, fuera de este ámbito y en el marco del voluntariado solidario hay numerosas iniciativas que llevan a cabo actividades de cooperación exterior.
Estas iniciativas para canalizar la solidaridad de nuestra ciudadanía y de los movimientos de solidaridad local interesados en la erradicación de la pobreza a escala mundial pueden tener efectos muy positivos tanto en origen como en destino,
creando vías de comunicación y apoyo entre las distintas comunidades de los diversos países. En ocasiones, sin embargo, ejercen su actividad en zonas de alto riesgo exponiéndose a graves amenazas contra su seguridad, como se ha puesto de manifiesto
con ocasión del largo secuestro que motiva la iniciativa que hoy debatimos. Tanto en el ámbito internacional como en España existe actualmente un vacío en la regulación de este tipo de iniciativas de voluntariado solidario en el exterior que
corresponde abordar con objeto de mejorar las condiciones de seguridad en que desempeñan sus actividades. En este sentido, también es muy valorable la opinión de las ONG especializadas, de la coordinadora y de las ONG de voluntariado acerca del
alcance de esta regulación que hoy creemos necesario abordar con la participación y el preciso consenso del sector y de las comunidades autónomas y entes locales que apoyan y promueven el tejido solidario en sus respectivos
territorios. En este sentido, debemos partir de la legislación vigente, por ejemplo la ley que desde 1996 regula en nuestro país los derechos y deberes del voluntario y de estas personas con las entidades en las que colaboran. Debemos
considerar e incorporar la aplicación del código ético para ONG que promueven el voluntariado, al que están adscritas la Congde y la Plataforma del voluntariado de España. Señorías, no podemos estigmatizar el voluntariado, como se ha cuestionado en
alguna declaración que se ha recogido recientemente en algunos medios de comunicación pero, eso sí, necesitamos atender situaciones y casos en los que la acción se desarrolle en países de especial riesgo, en los que es imprescindible una adecuada
preparación y un buen conocimiento del terreno. La cooperación para el desarrollo exige un grado cada vez más alto de profesionalización. Las ONG de desarrollo son conscientes y se han ido adaptando gradualmente. Nos corresponde a todos promover
un voluntariado responsable, complementario del trabajo que realizan nuestros cooperantes profesionales sobre la base de una adecuada ponderación de los riesgos en cada caso.
Esta iniciativa que hoy debatimos se complementa con otras propuestas en las que ha venido trabajando el Grupo Parlamentario Socialista y que tendremos ocasión de debatir en las comisiones correspondientes. Me estoy refiriendo a la PNL
presentada en la Comisión de Cooperación sobre las condiciones en que debe promoverse y actuar en cada caso el futuro cuerpo voluntario de la Unión Europea o la referida al reforzamiento y mejora de las capacidades civiles europeas en la resolución
de conflictos y de actuación en Estados frágiles que hemos presentado para debate y aprobación en la Comisión Mixta para la Unión Europea. Se han presentado distintas enmiendas a esta proposición no de ley y ya adelanto desde aquí la plena
disposición de nuestro grupo a que podamos llegar a un acuerdo, recoger el espíritu de todas ellas y, por tanto, ofrecer a los cooperantes, a las personas a las que me he referido en esta intervención, mayores medidas de seguridad para que puedan
desarrollar en muchas mejores condiciones su trabajo con el acuerdo de todos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señor Calabuig.
A esta proposición no de ley se han presentado enmiendas por parte de cuatro grupos parlamentarios. Para defender, en primer lugar, las del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Robles Orozco.
El señor ROBLES OROZCO: Señora presidenta, señorías, en primer lugar, nos parece muy oportuna la iniciativa que trae el Grupo Socialista en un momento en el que, después de un larguísimo secuestro y de una situación de tensión humanitaria,
se debe producir una reflexión serena sobre cómo se encuentran la cooperación española y, en general, el voluntariado social dentro de un país que cada día tiene un rol más importante en el ámbito de la solidaridad internacional y la lucha contra la
pobreza y que, por tanto, también eran nuevas para el conjunto de la opinión pública española. Quiero empezar diciendo que nuestro grupo se aproxima a esta iniciativa con el deseo de mejorarla y de que realmente podamos, si es que podemos, avanzar
en la regulación de algunas cuestiones que quedan pendientes, pero sobre todo construir un discurso. Hay cosas que son difícilmente regulables, pero es fundamental generar un discurso, un consenso en la sociedad española en el que los actores (las
organizaciones no gubernamentales, las asociaciones de voluntariado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, el Estado en general y la opinión pública) sean capaces de saber cuál es el rol que en cada momento tienen que jugar cada uno de los
actores y cuáles son los límites de las responsabilidades personales y globales que cada uno asumimos.
Quiero empezar reconociendo y agradeciendo el inmenso trabajo que hacen los voluntarios. Como ya ha explicado el portavoz socialista, en este momento hay un creciente número de personas que trabajan y dedican parte de su tiempo -ya sea
voluntariado corto o largo- a luchar por las personas más necesitadas en el Tercer Mundo o en los países en desarrollo. Por tanto, nuestro agradecimiento a las personas, a las asociaciones y a los colectivos que hacen esa labor impagable por muchas
partes del mundo. Es una labor que repercute directamente sobre las personas a las que va destinada pero también en nuestra sociedad, que se sensibiliza y toma conciencia de las dificultades, traduciéndose en un apoyo importante. Ejemplos de esos
hemos tenido con las catástrofes humanitarias a las que el mundo en general ha tenido que enfrentarse y que ha hecho que la sociedad española reaccionara con enorme generosidad; estoy seguro de que no solo es la labor de los medios de comunicación,
sino también la que los voluntarios hacen. Me parece oportuno que seamos capaces de trasladar esta reflexión y que hagamos posible que, hasta donde podamos regular, regulemos, mejoremos la Ley de Voluntariado, la Ley de Cooperación, mejoremos la
reflexión, pero sobre todo seamos capaces -aquí está el quid de la cuestión- de, a raíz de lo que ha sido verdaderamente esta crisis del secuestro, poder hablar con claridad de lo que anteriormente, durante los meses de secuestro, no hemos podido
hablar. Hay una labor importante a la que evidentemente no se puede poner freno. En un país libre y democrático las personas tienen derecho a hacerlo, pero con el apoyo económico de las instituciones puede tener un límite. Es verdad también que
hay decisiones que tienen unas consecuencias más allá de las cuestiones personales. No hay que hacer demasiado esfuerzo para saber lo que hemos leído estos días en los medios de comunicación. Hay países que se han sentido molestos con la actitud
española, que se han sentido agraviados por su política en la lucha contra el terrorismo y es evidente que no son inocuas las decisiones que se toman. Si nosotros en su momento entendíamos
muy bien la realidad que significaba respecto a ETA no pagar sobre un secuestro, es obvio que también tenemos que entenderlo en otros países.
No quiero entrar en la cuestión de detalles. El Gobierno ha tenido que enfrentarse a situaciones
complicadas, pero para el futuro las personas, las organizaciones, los colectivos, el propio Estado tienen que tener conciencia de sus límites individuales y colectivos. Tenemos que haber sido capaces de adelantarnos a ese debate sereno y
responsable de qué es en este momento el voluntariado, qué es la cooperación al desarrollo, cuáles son las diferencias, cuál es el camino de la profesionalización, cuáles son los límites a la seguridad en determinados lugares. Hemos de ser capaces
de trasladar todo esto desde el punto de vista de un país que está teniendo una acción más activa en el terreno más internacional.
Hemos presentado por ello enmiendas para mejorar esta proposición no de ley para que se pueda generar en la comisión sectorial de cooperación un debate con las comunidades autónomas, para que seamos capaces de construir este límite con la
financiación pública pero siendo conscientes de los riesgos que asumimos colectiva e individualmente. Quiero hablar de la necesidad de crear espacios humanitarios y también, como no, de las normas y de la seguridad que hay seguir en cada una de
estas acciones.
Con este espíritu es con el que hemos presentado las enmiendas. Seguro que es necesario en este momento avanzar en esta reflexión, y espero que, aparte de la iniciativa que hoy nos trae el Gobierno y podamos consensuar, en la
Comisión de Cooperación avancemos para arrojar claridad sobre los muchos cooperantes, voluntarios, profesionales y organizaciones que están trabajando por la seguridad, pero también por el bienestar de muchas personas en el mundo.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señor Robles.
Para defender las enmiendas del Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo para defender las enmiendas que mi grupo parlamentario ha presentado a esta iniciativa del Grupo Socialista, que valoramos positivamente y a la que hemos querido aportar estas propuestas con un espíritu de mejora. La
primera de ellas lo que hace es promover la profesionalización del trabajo humanitario en materia de seguridad entre las ONG que lleven a cabo su labor en contextos inestables, violentos o en los que se desarrollen conflictos armados, facilitando
que cuenten, entre otras cosas, con planes, guías de seguridad y preparación específica. En una segunda enmienda, que sería de modificación, proponemos regular las iniciativas de voluntariado solidario en el exterior en zonas de riesgo, trabajando
con las organizaciones que realizan estas actividades, las comunidades autónomas y las entidades locales; es decir, añadimos el que se trabaje con las entidades propias del sector. Una tercera enmienda, alternativa a la anterior, sería de
supresión del punto 3 de la proposición no de ley, en coherencia y en consonancia si se aprobara la redacción que nosotros hemos propuesto. Una cuarta consistiría en desarrollar en colaboración con las ONG y las comunidades autónomas los derechos y
obligaciones del voluntariado internacional de larga duración. En otra enmienda proponemos trabajar para garantizar que la ayuda humanitaria sea en todo caso imparcial, neutral e independiente y se desarrolle al amparo de las normas del derecho
internacional comunitario. Por último, proponemos una enmienda de adición que consiste en apoyar la implementación de directrices sobre la utilización de recursos militares y de protección civil para las operaciones de socorro en caso de desastre
de 2006, conocidas también como las directrices de Oslo, y las directrices sobre la utilización de recursos de defensa, militares y civiles, para apoyar las actividades humanitarias de Naciones Unidas, conocidas como directrices MCDA, en la
respuesta a las crisis humanitarias que se puedan dar. También se han presentado por otros grupos otras enmiendas y esperamos que a lo largo del trámite parlamentario podamos llegar a una redacción transaccional que con gusto entonces podríamos
votar.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pigem.
Por el Grupo Parlamentario Mixto y para defender sus enmiendas tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.
Señorías, efectivamente comparto la preocupación del grupo proponente, la reflexión que hace en su proposición no de ley y la que nos ha hecho aquí su portavoz respecto de los motivos y la oportunidad de traer a debate esta cuestión. Están
bien regulados, o por lo menos regulados de forma reiterada por ley, los derechos de los cooperantes, su forma de protegerlos, nuestra forma de ayudarles y de enfrentarnos desde todo punto de vista para resolver sus problemas y ayudarles a hacer su
tarea.
Pero hay una nueva figura que me gustaría destacar, por separarla y no confundir - eso tiene que ver con el objeto de nuestra enmienda-, que es la del voluntario, que no es exactamente la misma. Como saben SS.SS., la figura del cooperante
no es la de un profesional que se dedica a esa tarea sino que hace un trabajo que también es muy positivo pero que no se puede comparar, y no lo es desde ningún punto de vista, con el de aquellos profesionales trabajadores humanitarios que dedican
todo su tiempo a hacer esa tarea de cooperantes. Nuestro objetivo a la hora de plantear esta enmienda -es un párrafo que se añade, valga la redundancia, al último párrafo- es precisamente, por una parte, separar a la hora de la determinación dos
colectivos diferente, así como poner énfasis sobre la nece
sidad de que a la hora de regular el trabajo de los voluntarios tengamos en cuenta que en ese trabajo del voluntario y en todas las iniciativas que se hagan alrededor de él hemos de evitar desde todo punto de vista que se ponga en peligro la
vida y el trabajo de los profesionales que realizan funciones humanitarias en zonas de riesgo de forma cotidiana; también hemos de evitar que se ponga en riesgo una política internacional de lucha contra el terrorismo, que está siendo llevada a
cabo no solamente por nuestro Gobierno sino por las autoridades mundiales, entre ellas por las locales. Yo creo que combinar esa tarea, que no pongan en riesgo la vida de los cooperantes y además que no se ponga en riesgo la política exterior ni la
política común de lucha contra el terrorismo, es algo que nos ocupa y que nos debe de preocupar. Yo sé que en la cabeza de SS.SS. también está esta consideración. Ese es el objetivo de nuestra enmienda que espero, como ha dicho el portavoz del
grupo proponente, del Grupo Socialista, sea aceptada en su espíritu dentro de esa transaccional en la que, como nos ha anunciado, están trabajando.
Para terminar, y aprovechando la oportunidad que me da que el debate se celebre en el día de hoy, quiero recordar a SS.SS. o decírselo por si no lo saben que hoy, precisamente hoy, es el Día internacional del derecho a saber. Bien vendría
que sobre esta cuestión puntual que nos ha llevado a hacer este debate, la liberación de los últimos voluntarios, supiéramos más. Sería un buen día para pedirle al Gobierno que hoy, el Día internacional del derecho a saber, el Gobierno de la nación
nos informe más y mejor sobre todo lo que ha rodeado este caso, y que está en bruma, fundamentalmente sobre aquello acerca de lo que no preguntamos cuando no teníamos que preguntar pero sobre lo que tenemos derecho a saber y sobre lo que tenemos que
preguntar en el día de hoy. No me refiero a eso tan manido de cuánto nos ha costado, sino sobre todo cuánto ha supuesto desde el punto de vista político, cómo se han hecho las cosas y qué se puede hacer para que nuestra gente no sea secuestrada y
que si es liberada no sea a costa de poner en riesgo la vida de otras personas.
Gracias, presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señora Díez.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo de forma breve para decir que nuestro grupo parlamentario también agradece la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista, pero lo que hemos hecho ha sido presentar enmiendas atendiendo a lo que creemos que debe ser
una mejora del redactado. Es cierto que la proposición no de ley es oportuna, lo que hay que agradecer al portavoz socialista, señor Calabuig, pero a la vez creemos que hay algunas vaguedades que hay que solventar. En primer lugar, está bien que
hablemos de voluntariado y de cooperantes, está bien obviamente que optemos por un cooperante de larga duración e incluso entendemos que el redactado debería ir más allá. Lo digo porque hay que reconocer la tarea del voluntariado -es más, muchas
veces esos cooperantes de larga duración primero han sido voluntarios durante unos meses-, pero a la vez tenemos que optar por un modelo de desarrollo y de cooperación determinado que favorezca el desarrollo en los países a los que va dirigida esa
ayuda oficial. También es cierto que ha habido un debate sobre las caravanas y que hay un gran consenso en torno a que ese no es precisamente el mejor instrumento tanto por parte de la Congde como por parte de todos los actores y del conjunto de
fuerzas políticas, pero lo cierto es que hoy tiene que haber esa opción por el cooperante de larga duración. En cualquier caso, hoy los problemas de seguridad que existen en el exterior se derivan de varios temas y así lo apuntamos en las enmiendas
que hemos planteado. Hoy, la llamada guerra contra el terror ha sido un factor de desestabilización en la mayoría de los países y hay que reconocer que el mundo es más inseguro desde los inicios de la guerra contra el terror, lo cual ha tenido
nefastas consecuencias para la seguridad internacional.
Hoy, la seguridad hacia la población occidental en estos países es un problema, y es un problema precisamente por la mala política de esa guerra contra el terror, y cuando ustedes hablan de
los problemas de seguridad hay que circunscribirlo precisamente a ese contexto.
En segundo lugar, hemos querido añadir a través de una enmienda una reflexión sobre cuál es el papel de las Fuerzas Armadas en determinados procesos y qué papel juegan como agentes teóricos de cooperación para el desarrollo en esos
determinados contextos. Lo digo porque es frecuente que la población civil no distinga el papel de las Fuerzas Armadas del de organizaciones no gubernamentales sobre el territorio, y más aún cuando el papel de las Fuerzas Armadas es confuso o, como
pasa hoy en Afganistán, no se discrimina entre una misión y otra. Por tanto, eso tiene que estar clarificado y un redactado en esta materia podría ayudar a mejorar el texto de la proposición no de ley. Asimismo, hay que trabajar para conseguir,
como decíamos, ese entorno internacional mejor dirigido a aumentar la seguridad, y eso significa luchar contra la injusticia y a favor del desarrollo de los pueblos, lo cual obviamente tiene que conllevar una revisión de esa política de cooperación.
Se tiene que trabajar con las instituciones y con las organizaciones internacionales para conseguir el punto planteado anteriormente y para avanzar en el establecimiento de un marco de trabajo conjunto que aborde la problemática de la seguridad en
las tareas de cooperación para el desarrollo. Se tiene que limitar la participación de las Fuerzas Armadas en aquellos terceros países donde no puedan ofrecer ventaja añadida, y hay más de un caso donde eso sucede así. Entendemos que en todos
estos
procesos debería haber una participación muy activa del Consejo de Cooperación al Desarrollo, de la Comisión Interterritorial de Desarrollo y de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo para favorecer y para que se aborde de una vez por
todas el código de buenas prácticas, la información en el MAEC y en la AECID, donde se deberían elaborar guías para trabajar sobre el terreno más acordes con la realidad, con mayor formación, con mejor evaluación de proyectos, y desarrollar todo
esto de la mano del sector.
Estas cuestiones las hemos traducido en varias enmiendas, como el señor Calabuig habrá podido comprobar, y en definitiva nos gustaría que atendiesen a un texto fruto de la sensibilidad de las diferentes enmiendas que se han planteado con el
objeto de poder llegar a un redactado que las conforme a todas. No sé si será posible que acepten la literalidad de todas nuestras enmiendas; en cualquier caso nos gustaría que al final de la jornada ese redactado fuese posible.
La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señor Herrera.
Señor Calabuig, ¿entiendo de las diversas intervenciones que se va a presentar un redactado de enmienda transaccional?
El señor CALABUIG RULL: Sí.
La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señor Calabuig.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA REDUCCIÓN DEL PERSONAL EVENTUAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. (Número de expediente 162/000684.)
La señora VICEPRESIDENTA: Pasamos a la proposición no de ley del Grupo Popular, relativa a la reducción del personal eventual al servicio de la Administración General del Estado. Para defender la proposición no de ley tiene la palabra el
señor Barrachina.
El señor BARRACHINA ROS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, resulta desconcertante que la Intervención General del Estado haya dicho que el personal de confianza política en los ministerios ha crecido en el último año, en 2009, en 53 personas, lo que supone un 8,4 por ciento y elevar esa
cifra a 686 eventuales en el año 2009, el año de la mayor crisis económica y social que ha vivido nuestro país. El Gobierno de España propone austeridad para otros y ajustes del gasto público a la carta, pero en ese menú de recortes nunca figura el
propio Gobierno, que disfruta de una vicepresidencia más desde que estalló la crisis, ni tampoco su personal eventual, que hoy al servicio de los ministerios es un 24 por ciento mayor que cuando comenzó la crisis en 2007 y un 58 por ciento más su
gasto que cuando gobernaba el Partido Popular, pasándose de 28 a 45 millones de euros en el tiempo récord de seis años. La Administración General del Estado, el Gobierno de España es titular de más del 80 por ciento de la deuda pública de las 8.000
administraciones españolas y además el que ha creado el 85 por ciento del déficit público del último ejercicio, el mismo Gobierno que es capaz de anunciar en su presupuesto para 2011 405 millones de euros diarios de nueva deuda pública. Ese
Gobierno no es capaz de contener su personal, ni siquiera de contener su gasto de personal en el de confianza política.
En la contratación el panorama no puede ser más descorazonador, y desde que comenzó la crisis y el sector privado perdiera 2.300.000 empleos, el sector público, de acuerdo con los datos del propio Ministerio de Economía, los ha ensanchado en
212.000 empleados públicos; es decir, mientras crecía el sector público -contratados laborales, eventuales y personal funcionario- en 212.000 empleados, el sector privado en estos dos años de legislatura perdía 2.300.000. Según los datos del
propio presupuesto vigente hoy, el de 2010, se van a alcanzar este ejercicio los 875 eventuales. Esta cifra en 2004 era de 582, es decir, que el aumento que ha habido en el personal eventual en los seis años de legislatura socialista ha sido
exactamente de un 50,3 por ciento. Ese aumento de un 50,3 por ciento en el personal eventual, en el personal de confianza política de los ministerios, es el que reclamamos hoy que se reduzca a las mismas cifras que había en aquella fecha. Hoy, por
tanto, no es una cifra caprichosa lo que se pide que se reduzca de ese 50 por ciento, sino simplemente que se vuelva a una situación de normalidad como la que había en 2004. No es posible que después de múltiples transferencias hoy exista un 50 por
ciento más de personal eventual, cinco secretarías de Estado adicionales, dos subsecretarios, ocho secretarios generales, tres secretarías generales técnicas, siete direcciones generales en su conjunto, veinticinco altos cargos más que en el año
2004, a pesar de los recientes y presuntos recortes que se han llevado a cabo. Por tanto, reclamamos de esta Cámara que oriente al Gobierno y que, aunque aún esté pendiente de cumplirse el acuerdo de supresión de tres ministerios y de reducción de
un 25 por ciento de altos cargos, hoy esta Cámara envíe, en vísperas de la huelga general, un mensaje creíble con la disminución de su personal eventual. ¿Cómo puede un Gobierno pedir sacrificios a todo el mundo cuando no es capaz de aplicárselos
él mismo? El personal eventual es un instrumento necesario, los asesores son necesarios, pero cuando se exagera su número y cuando la confianza política desvirtúa la cantidad de personal eventual, se deslegitima a todo un colectivo que hace una
labor necesaria pero que se convierte, a los ojos de los ciudadanos, en un instrumento terriblemente costoso. La creencia de que el dinero público no es de nadie facilita el despilfarro, y este Gobierno, que ha multiplicado por cuatro el número de
teléfonos móviles -hoy el Gobierno de España, la Administración General del Estado, disfruta de 56.800 teléfonos móviles-, el mismo que tiene 600 vehículos oficiales y que hace un uso impropio de los aviones del Estado, ese hoy no puede
permanecer ajeno a la reducción que se reclama del personal político de confianza en los ministerios, que, como dice la propia Intervención General del Estado, el año pasado, el último liquidado, creció en número de 53. Por tanto, este Gobierno, el
mismo que ha subido el IVA o que ha aumentado un 35 por ciento la luz, el mismo que ha congelado las pensiones y que ha reducido el sueldo a los funcionarios, el que paraliza las infraestructuras o genera 4.600.000 parados, el mismo que cierra
200.000 empresas, no puede decir que no a esta reducción de un 50 por ciento en el personal eventual para retrotraernos al año 2004, en el cual gobernaba un partido con mayor austeridad en el gasto público. Por eso, reclamamos del conjunto de
grupos de la Cámara el apoyo a esta iniciativa.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señor Barrachina.
A esta proposición no de ley se han presentado enmiendas por parte de tres grupos. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, ¿el señor Perestelo va a defender la enmienda de la señora Díez? (Asentimiento.) Tiene la palabra el
señor Perestelo.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.
Brevemente, como es lógico, quiero dar por defendida la enmienda que ha presentado la señora Díez y aprovechar la oportunidad para posicionarnos como Coalición Canaria ante la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular. Coalición
Canaria ha defendido en numerosas ocasiones la necesidad de adelgazar el Gobierno en función del marco competencial actual y de las transferencias a las comunidades autónomas. No parece razonable que a menores competencias se produzca un
crecimiento en el número de ministerios. Por tanto, sería deseable, dentro de las competencias claras de la Presidencia del Gobierno para organizar su Gobierno, una disminución de ministerios.
Plantear a estas alturas exclusivamente una disminución del 20 por ciento de los cargos de confianza nos parece que no es resolver la cuestión importante. ¿Por qué el 20 por ciento y no el 25, o por qué no el 15 y no el 40? Creo que se
trata de algo que en definitiva no va a ponernos de acuerdo en lo fundamental, que sigue siendo la asignatura pendiente de este Congreso y del Parlamento, que es definir el marco competencial del Gobierno, de las comunidades autónomas, en Canarias
de los cabildos, de los ayuntamientos, en definitiva, que los ciudadanos en cada momento sepan quién les tiene que resolver un derecho, a qué institución tienen que reclamar ese derecho y, como consecuencia de ello, cómo esas instituciones van a
participar de los recursos, que no son del Gobierno ni del presidente ni de la ministra o del ministro, sino de todos los ciudadanos. Por tanto, las instituciones tienen que participar de ese reparto en función del marco competencial que tenga cada
uno. Por eso, nos parece que esta proposición no de ley no conduce a nada positivo y Coalición Canaria anuncia que no va a votar favorablemente esta iniciativa.
La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señor Perestelo.
Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, ya hemos discutido en otras ocasiones sobre lo que se ha venido a llamar la excesiva nómina de personal eventual o de asesores del Gobierno. Creo que fue hace aproximadamente un año, con motivo del debate presupuestario, cuando
saltó a la opinión pública una polémica sobre el número de asesores a cargo del presidente del Gobierno. Concretamente trascendió un número de 640; no sé exactamente en la actualidad, porque este es uno de los secretos mejor guardados de la
Administración. Ya juzgamos en su día como excesivo a todas luces, casi suntuario, ese número, incluso el coste aproximado del mismo, que se estimó en casi 30 millones de euros. Aun admitiendo el exceso no solo en el nombramiento de personal
eventual, sino incluso de altos cargos, ya dijimos en su día, cuando algún otro grupo parlamentario planteó una reducción del 25 por ciento de altos cargos -en aquel caso se refería a direcciones generales y a secretarios generales y sectoriales del
Gobierno- que el hecho de plantear una reducción en un porcentaje determinado, en este caso se pide un 50 por ciento del personal eventual, nos parece una medida arbitraria, nos parece algo discrecional. ¿Por qué el 50 y no el 40 o el 60? En este
caso, se ha razonado y se ha explicado que ese 50 por ciento corresponde a la situación que había en el Gobierno hace algunos años. Pero lo cierto es que cada Gobierno en cada situación, en cada contexto, debe dimensionar adecuadamente la
Administración y también el personal eventual. Por ello, en primer lugar, hemos presentado una enmienda de sustitución que propone algo que en el caso de la Generalitat de Catalunya ya viene poniéndose en práctica desde hace algunos años, que a
través de una norma reglamentaria, pero periódicamente a través de un acuerdo de gobierno, se va tasando, se va fijando un númerus clausus de personal eventual, que además se hace público, lo cual permite una fiscalización y un control. Se pide que
se haga pública esa relación de personal eventual, por tanto la totalidad del número de puestos de trabajo clasificado como tal; que se haga público también el nivel en que es valorado y clasificado el personal eventual.
En segundo lugar, hemos presentado una enmienda de adición que lo único que hace es reiterar en sus términos una moción que se aprobó en junio del año pasado; moción que todavía está pendiente de cumplimiento por parte del Gobierno, como en
tantísimas otras ocasiones; moción que instaba a racionalizar y a reducir la estructura de la Administración General del Estado con distintas medidas que preconizan no solo la austeridad sino también la eficiencia, la eficacia, la moderación del
gasto y, por cierto, el cumplimiento leal del principio de reciprocidad o de lealtad institucional con el objetivo también de mejorar esa eficiencia. Lo digo porque cosa distinta al debate que plantea la reducción del número de personal eventual es
un debate mucho más amplio, porque este debate sobre el personal eventual no deja de ser la punta del iceberg, no deja de ser la guinda del pastel de un debate más amplio que corresponde a la reducción de la Administración General del Estado, un
aspecto sobre el que también, insisto, se ha discutido repetidamente en esta Cámara, especialmente en este contexto actual de crisis económica y sobre el que existen varios mandatos incumplidos por parte del Gobierno, como es costumbre inveterada
por parte del mismo. No en vano en la presente legislatura, ya en la última remodelación del Gobierno, a pesar de los buenos augurios y promesas del Gobierno al inicio del presente mandato, hemos visto cómo pasamos de 14 a 17 ministerios, de 2 a 3
vicepresidencias. A pesar de que el Gobierno el 30 de abril pasado adoptó una propuesta de nuevo organigrama que suponía aparentemente una reestructuración, con el ajuste de algunas direcciones generales, etcétera, lo cierto es que la situación no
ha mejorado ostensiblemente.
Por tanto, pretendemos básicamente, señorías, como habrán visto, reestructurar en profundidad la Administración General del Estado, racionalizar, ahorrar, evitar la concurrencia desleal también con las competencias
autonómicas. Ello pasa básicamente por acometer algunos procesos de reforma y de simplificación administrativa que todo el mundo reclama y que el Gobierno se niega a acometer, pero no, señorías, con una propuesta que juzgamos inconveniente y
arbitraria como la reducción del 50 por ciento del personal eventual.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ridao.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Pérez Tapias.
El señor PÉREZ TAPIAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda alternativa, de sustitución por tanto, porque nos resulta inaceptable por diferentes razones la proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Popular y que ha
defendido en esta tribuna el señor Barrachina. No obstante, antes de entrar en materia, quiero empezar diciendo, dirigiéndome al señor Barrachina, que el Gobierno no ha generado 4.600.000 parados. El Gobierno afronta esta dramática situación de
España, de esas personas y de sus familias, y lo afronta hasta el día de hoy, como sabemos, con escasa o nula colaboración del Partido Popular.
Eso es lo primero que hay que subrayar, y hay que hacerlo porque decir que el Gobierno ha generado esos
millones de parados es jugar con un lenguaje equívoco que lleva de cabeza a la demagogia, y es la demagogia lo que inspira en gran medida una proposición no de ley como la que acaba de presentar y defender aquí el Grupo Parlamentario Popular. No
obstante, esa proposición no de ley se remite a una ley que aprobó el mismo Partido Popular cuando estaba en el Gobierno en el año 1997 y parte de la situación a la que dio pie esa ley dando paso a los órganos de apoyo político y técnico denominados
gabinetes que, efectivamente, se configuran en gran medida con personal eventual, aunque no todo el personal eventual se circunscribe a esos gabinetes. Hay que subrayar que en la misma PNL del Grupo Parlamentario Popular no se ponen en cuestión
esos gabinetes, lo cual es un dato importante.
Dicho esto, una primera razón por la que nos resulta inaceptable es la patente discriminación con que se aborda este asunto. Se pide esa reducción del personal eventual de la Administración General del Estado y no se dice absolutamente nada
de cómo habría que proceder en el caso de otras administraciones públicas cuyas cuentas igualmente inciden en lo que es la situación económica de España, una situación en este contexto mundial de crisis que ciertamente exige rigor, austeridad,
eficiencia y racionalización en todo caso de los recursos de nuestras administraciones públicas. Sorprende que sea así y, siendo así, digamos que es una propuesta injusta puesto que no utiliza un criterio universalizable para todos. Sorprende que
sea así invocando esas razones cuando lo hace el señor Barrachina, diputado por Castellón, que debería tener presentes situaciones como la de la Diputación de esa provincia, donde su presidente goza de un sueldo mayor que el del presidente del
Gobierno de España o donde el número de asesores de los que se rodea es inusualmente alto. (Aplausos.) Sorprende igualmente el esmero con que el señor Barrachina ha contado los móviles de los que dispone el personal de la Administración General del
Estado y no se haya detenido a contar los móviles, que tendría mucho más cerca, de las personas que constituyen todo ese gabinete de la Diputación de Castellón. Podríamos hablar -no hay tiempo- de qué ocurre en la Generalitat de Valencia que cojea
de la misma pata de la que cojea la Diputación de Castellón, y también de otras, que hacen su andar bastante penoso. Otro motivo que nos lleva también a rechazar esta proposición es que se mezclen distintas cuestiones. Se empieza hablando
directamente de unos gabinetes y eso se extiende al personal eventual en general sin muchas matizaciones, sin ninguna, olvidando además que buena parte de esos cargos de designación directa los cubren personas que son funcionarios de la
Administración
pública y que, por tanto, de una u otra manera, dependen para el cobro de sus sueldos -y por consiguiente en el gasto de la Administración- de esa misma Administración. ¿Qué le interesa al Grupo Parlamentario Socialista, que es lo que hemos
reflejado en la enmienda presentada? Nos interesa racionalizar la Administración, dotarla de eficiencia que permita mantener su eficacia, su calidad, su servicio a los ciudadanos. Eso es lo que nos interesa y, en función de eso, hemos trabajado,
seguimos trabajando y presentamos esta enmienda alternativa para la que pedimos el voto de la Cámara.
Señor Barrachina, para ir terminando quisiera decirle que una vez más se le puede aplicar el dicho de que ve la paja en el ojo ajeno y no ve la viga en el propio. En este caso la viga en el propio le distorsiona la mirada y efectivamente no
ve lo que no quiere ver. Pero la paja en el ojo propio, como dice el filósofo Adorno, a veces constituye una buena lente de aumento. En este caso, la paja en nuestro ojo, si la hubiera, nos permite ser una lente de aumento para ver la demagogia,
el resentimiento, el electoralismo, en este como en otros casos, con que actúa el Partido Popular. No nos interesa una tala indiscriminada de la Administración, ni siquiera una poda que no aplique criterios adecuados, ni la forma ni los tiempos
convenientes para racionalizar esas administraciones públicas.
Nos interesa ir en un buen camino, orientado, con criterios...
La señora VICEPRESIDENTA: Señor Pérez Tapias, por favor.
El señor PÉREZ TAPIAS: ... de justicia y de eficacia para que la administración de la que se dote el Estado le ofrezca los mejores recursos a nuestro Estado y los mejores servicios a nuestra ciudadanía.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señor Pérez Tapias.
En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, me alegra mucho que el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista haya citado al filósofo Adorno, en definitiva a la Escuela de Fráncfort, porque Adorno comentaba otra cosa: para hacer cierta reflexiones hay que cargarse de
legitimidad por congruencia con los actos propios. Señor Barrachina, le voy a decir honestamente que estoy de acuerdo con su argumentario en su totalidad en sus propios términos. Con lo que no estoy de acuerdo es con la actitud de su partido, con
la coherencia y congruencia de su partido con estas invocaciones y proclamaciones que ha hecho.
Dicho esto, señora presidente, este es un tema dudoso, desde el año 1997, que provoca muchas dudas y perturbaciones intelectuales a muchas personas. Esto de los asesores, de los gabinetes técnicos, de personas de partido que se les ubica en
determinadas posiciones adscritas al poder o adláteres al poder, que se busca fidelizar a posiciones ideológicas, o a posiciones ideológicas de alguna manera heterodoxas se las busca reincorporar a la ortodoxia del partido, es algo perverso por su
propia naturaleza. Desde esa perspectiva, en un contexto en donde los funcionarios públicos han sufrido una merma de sus retribuciones del 5 por ciento, en donde para las consignaciones presupuestarias para el próximo ejercicio presupuestario
congelan las retribuciones de los funcionarios, donde no va a haber ofertas de empleo público para el próximo ejercicio, que sigan creciendo espectacularmente 875 posibilidades de contratar gabinetes, asesores personales, personas de confianza, lo
que prevé la ley del año 1997, a mi grupo le desubica, le provoca una cierta perplejidad casi esquizofrénica de carácter intelectual. No sé cuál es la fórmula ideal para resolver esta vidriosa cuestión. El acceso a la Función pública en todas sus
dimensiones se basa en los principios de mérito y capacidad. Le puedo asegurar que de los asesores a los que se refiere la ley del año 1997, los requerimientos de mérito y capacidad, el 10 por ciento los hubiesen superado con justeza, el 90 por
ciento no los hubiesen superado. Estamos hablando de otras cuestiones. Desde esta perspectiva, a mi grupo no le gusta, en términos puramente intelectuales también, diga lo que diga Adorno, Habermas o cualquiera de los otros intelectuales de la
Escuela de Fráncfort, que se recurra a esta función. Pero si vemos que el Partido Popular recurre más que nadie, con más intensidad que nadie -particularmente que el Partido Socialista y todos los demás partidos-, a esta función, pues tenemos
dudas. Mi grupo fue el primero que presentó una proposición no de ley en relación con la reducción de este tipo de personal de confianza, de este tipo de asesores, de gabinetes técnicos de los previstos en la ley de 1997. ¿No se ha hecho nada
desde entonces? ¿Será porque no conviene a ningún grupo político? ¿Será porque no conviene a ningún partido político? ¿Será porque todos los partidos políticos tienen necesidades espurias y bastardas para seguir utilizando este tipo de fórmulas?
No lo sé, señora presidenta. Lo único que le puedo decir en este contexto, y en los términos en los que está articulado este debate, es que nosotros solo podríamos abstenernos si el Grupo Socialista admite la enmienda de Esquerra Republicana. Es
una fórmula razonablemente neutra para salvaguardar una situación que políticamente -y se lo voy a decir honestamente- no es presentable ni en términos jurídicos ni en términos políticos ni en términos de configuración de la administración pública
del Estado o de la administración pública de las comunidades autónomas. Y todo lo demás son brindis al sol.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señor Olabarría.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.
Señorías, esta Cámara vota distintas proposiciones no de ley, mociones, que después tienen diverso grado de cumplimiento. Pero hay un ámbito en el que el grado de cumplimiento es unánime, unidireccional y es en el de las propuestas ya
aprobadas en cada uno de los ejercicios de esta legislatura que después no son cumplidas por el Gobierno relativas a la reducción del personal eventual, de las estructuras, de abogar por una mayor agilidad en el funcionamiento de la administración
pública. Se aprueba en ocasiones con el voto en contra del Grupo Socialista y en ocasiones con el voto a favor vía transaccional, pero después no se cumplen.
Basta recordar la moción aprobada el 16 de junio del año 2009 en la que se impulsaban medidas de austeridad, de eficiencia, de moderación del gasto, de cumplimiento del principio de lealtad. Y no se ha cumplido, como ha destacado ya el
portavoz Joan Ridao en su intervención. El pasado 28 de abril, hubo una propuesta del Partido Nacionalista Vasco que incluso llegaba a concretar qué ministerios debían suprimirse. Citaba el de Cultura, el de Vivienda, el de Igualdad. La
proposición de ley que implica también una reestructuración del organigrama del Gobierno con menos vicepresidentes, con menos direcciones generales también está aparcada y, por tanto, no llega a ver la luz en el Boletín Oficial del Estado. En
consecuencia, una primera reflexión es que lo que aquí aprobamos en este ámbito no se cumple. Y una segunda reflexión es que necesitamos actuar realmente. En un momento de crisis económica, cuando se analizan los datos presupuestarios en materia
de gastos de personal y vemos que en esta legislatura han subido más de un 15 por ciento, una luz de alerta debiera dirigir nuestra atención a la hora de debatir mociones en la línea de aplicar austeridad, de simplificar estructuras, de aligerar
plantillas cuando sea necesario, pero atendiendo a parámetros objetivos previa una auditoría clara de qué es lo que es necesario y qué no lo es.
El Grupo Popular nos trae hoy una propuesta en la línea de las ya aprobadas en esta legislatura, pero es poco seria en el planteamiento inicial porque podría parecer que esto es una subasta. Ahora digo 50; la señora Díez dice: vamos a
pasar al 70. Son posiciones que se pueden defender en genérico, pero nos hace falta una pauta de seriedad en el sentido de racionalizar, de simplificar, de aligerar estructuras, pero sabiendo exactamente en qué ámbitos y en qué supuestos. En
algunos quizá ese porcentaje se queda corto, pero en otros quizá no se puede cumplir.
Nos queda la duda, decía el señor Olabarría, de evitar un brindis al sol.
Decía también el señor Olabarría que la propuesta inicial planteaba dudas; a nosotros
también nos las plantea. La propuesta inicial nos plantea incluso la duda de que si el que la propone llega a tener responsabilidades de Gobierno y efectivamente llega a ocupar cada uno de los ministerios va a aplicar ese porcentaje del 50 por
ciento a cada uno de los grupos de personal eventual que cada ministerio tiene. Quizá en algunos pueda ser así, pero en otros no.
A la hora de abordar esta proposición no de ley, compartiendo como compartimos el mensaje de la necesidad de austeridad, de simplificación, de reestructuración a la baja, de reducir plantillas, a mi grupo lo que le gustaría es que de esta
sesión saliera un punto de consenso. Quizás ese punto de consenso pueda conseguirse a partir de las enmiendas que hay presentadas a esta proposición no de ley, que quizás podrían dar una imagen más objetiva de lo que debe hacerse, más allá de fijar
un porcentaje, que puede ser muy llamativo, que puede incluso vender muchos titulares, pero que no siempre es fácilmente aplicable en la dimensión que hoy el grupo proponente nos ha planteado en esta proposición no de ley. Estamos a la espera de
ver el resultado final de la aceptación de enmiendas para poder definir el voto final de nuestro grupo ante esta proposición no de ley.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jané.
Señor Barrachina, es su turno de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley.
El señor BARRACHINA ROS: Señora presidenta, aceptaríamos de Esquerra Republicana las dos enmiendas: tanto la de sustitución, que propone la redacción en tres meses de una normativa que límite el número de personal eventual, como la de
adición, que lo que reclama es el cumplimiento del resto de acuerdos de reducción de altos cargos que aquí ya se han aprobado.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA: Por tanto, entiendo que acepta las dos enmiendas de Esquerra Republicana y rechaza el resto de las enmiendas.
El señor BARRACHINA ROS: Así es, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA: Muchísimas gracias.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LAS PROPUESTAS DEL GOBIERNO PARA REFORMAR EL SISTEMA DE PENSIONES. (Número de expediente 173/000166.)
La señora VICEPRESIDENTA: Punto III del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones
urgentes. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre las propuestas del Gobierno para reformar el sistema de pensiones.
Para defender la moción tiene la palabra en nombre de su grupo el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, mi grupo parlamentario presenta la moción subsiguiente en relación con el sistema público de pensiones. Nuestra crítica al Gobierno es una crítica con fundamento, porque el Gobierno a lo largo de los últimos meses y frente a un
sistema público de pensiones sólido y viable ha extendido la mancha de la desconfianza en su viabilidad y también ha desestabilizado el marco de defensa de nuestro sistema público de pensiones, que es el Pacto de Toledo. Ante esta situación, unida
a una medida unilateral del Gobierno congelando las pensiones para el próximo año dentro de la política de ajuste, nuestro grupo parlamentario ha interpelado al ministro de Trabajo y finalmente presenta esta moción. Es una moción que es muy
sencilla, pero, en nuestra opinión, muy importante.
En primer lugar, esta moción propone culminar el cumplimiento del acuerdo de pensiones de 2006, acuerdo de pensiones que está pendiente en relación con la separación de fuentes y, por tanto, afecta a los ingresos del sistema público de
pensiones; está pendiente también en relación con los regímenes, a la convergencia de los regímenes y, por tanto, también de alguna manera afecta a los propios ingresos del sistema público de pensiones; y está pendiente en la aplicación de los
coeficientes reductores de la edad de jubilación para trabajos especialmente penosos, tóxicos y peligrosos. O sea, lo que pretendemos es el cumplimiento de los acuerdos ahora vigentes. En segundo lugar, pretendemos algo tan sencillo, pero tan
importante como la defensa del consenso político en el Pacto de Toledo. Señorías, no es un tema menor, porque si dos virtudes tiene el Pacto de Toledo estas son, en primer lugar, la defensa del sistema público de pensiones y, en segundo lugar, el
procedimiento del consenso político, y ambas cuestiones, en nuestra opinión, están siendo gravemente afectadas tanto por los discursos como por la práctica. A los hechos me remito. El Pacto de Toledo ha sido afectado tanto por las decisiones
unilaterales del Gobierno como por sus discursos a nivel público, que ponen en cuestión la viabilidad de nuestro sistema público de pensiones y, por tanto, también el respeto al consenso político en el marco del Pacto de Toledo. Pero, señorías, el
Pacto de Toledo no es únicamente un ámbito político; es también un ámbito de concertación, y en ese sentido defendemos también que se cumpla con la participación de los sindicatos y las entidades empresariales en el desarrollo del Pacto de Toledo,
junto con el desarrollo específicamente parlamentario. Proponemos, asimismo, que se impulsen las reformas necesarias, que se adecúen a dos prioridades fundamentales. En primer lugar, mejorar los niveles de protección y, al mismo tiempo, garantizar
la sostenibilidad del sistema, habida cuenta de que, en nuestra opinión, el Gobierno hace demasiado hincapié en una supuesta insostenibilidad futura del sistema, pero en menor medida en mejorar los niveles de protección social que en nuestro país
son manifiestamente mejorables. Por último, proponemos de nuevo, por enésima vez, suspender la congelación de las pensiones para el próximo año porque, en nuestra opinión, incumple el Pacto de Toledo y porque es un pie forzado muy grave para el
desarrollo de nuevos acuerdos en el Pacto de Toledo que favorezcan las pensiones públicas y que garanticen la viabilidad futura de nuestro sistema de pensiones.
Señorías, esta es una de las causas, y no menor, de la huelga general de mañana; una huelga general contra la dictadura de los mercados, que pretende acabar con el modelo social en el marco de la Unión Europea; una huelga general también
contra la política de un Gobierno que actúa al dictado de los mercados y no al dictado de la ciudadanía, con medidas como la que tiene que ver con las pensiones, pero también con el recorte en materia de gasto social o con otras medidas en marcha;
y, por otra parte -por qué no decirlo también-, contra el despotismo de la empresa.
En las últimas horas estoy oyendo la preocupación de sectores muy importantes de este país en relación con los piquetes de los sindicatos que, comparados con los
piquetes informativos y con los piquetes empresariales, son hermanitas de la caridad, señorías. Están ejerciendo un derecho, el derecho de huelga, y, en nuestra opinión, en los últimos días en nuestro país se está corriendo el peligro de demonizar
a todo un sector social, intentando limitar el prestigio de los propios representantes sindicales y demonizando con ello también a una institución social muy importante como son los sindicatos de clase.
Ese es el sentido de la propuesta parlamentaria de mi grupo. Estamos convencidos de que el Gobierno atenderá estas indicaciones, incluso aquellas para las que ha demostrado ser muy duro de oído, por ejemplo, con respecto a la no congelación
de las pensiones para el próximo año.
Esperamos que el voto de los grupos parlamentarios sea mayoritariamente a favor y que le sirva al Gobierno para rectificar incluso antes de que se produzca la huelga general. ¿Por qué esperar a la huelga
general para rectificar algunas medidas que son a todas luces injustas, como es la congelación de las pensiones del sistema público para el próximo año?
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señor Llamazares.
A esta moción no se han presentado enmiendas y, por tanto, pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, al del Grupo Parlamentario Mixto, en cuyo nombre intervendrá la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la oportunidad que nos ofrece el señor Llamazares con esta moción en la tarde de hoy es importante no solamente para volver a incidir en la cuestión de las pensiones y, sobre todo, de aquellas reformas que sea necesario hacer en
relación con nuestra Seguridad Social, sino también porque nos recuerda que la huelga que está convocada para mañana no solo es para defender las cuestiones fundamentales de las relaciones laborales y, concretamente, aquellas que han sido
modificadas en la reciente reforma laboral aprobada en esta casa, sino para defender los derechos sociales de los trabajadores y trabajadoras que, desde el punto de vista de los diferentes anuncios del Gobierno, también peligran.
Por lo tanto, no
es una huelga convocada para defender algo que ya está aprobado, sino que es para incidir también en aquellas políticas que el Gobierno vaya a hacer en un futuro. Por eso, nos parece importante esta moción y por eso el Bloque Nacionalista Galego va
a apoyarla, y vamos a hacerlo independientemente de que hay puntos en la misma que, con toda la buena voluntad que tienen en el momento en el que la estamos debatiendo, no garantizan, desde nuestro punto de vista, que puedan ocurrir en el futuro.
Concretamente, me refiero a lo que se recoge en el punto número 2 respecto al consenso político que se pueda llegar en el Pacto de Toledo en relación con la revisión de las recomendaciones actuales para que el Gobierno las tenga en cuenta. Desde
luego, en lo que estamos total y absolutamente de acuerdo es en que el Gobierno debe ser respetuoso con aquellos acuerdos que se alcancen en esta revisión del Pacto de Toledo.
Lo decimos porque, después de que en febrero nos presentaran una
propuesta de modificación de nuestro sistema de Seguridad Social y tras los recientes anuncios manifestados incluso por el presidente, señor Rodríguez Zapatero, nos preocupa mucho que vaya a ser la que finalmente venga a esta Cámara. Desde luego,
el Bloque Nacionalista Galego, como ya dijimos en su momento, no la comparte ni la considera oportuna para la sostenibilidad del sistema en el futuro. Estamos completamente de acuerdo con el punto número 1, porque entendemos que ha habido tiempo de
sobra para llevar a cabo el cumplimiento de los acuerdos de pensiones de 2006 y, en concreto, la convergencia en el régimen general de regímenes especiales como el del hogar. Recientemente hemos tenido una proposición no de ley del Grupo Vasco en
este sentido. Nos preocupa mucho que se ponga en marcha el procedimiento para la aplicación de los coeficientes reductores en la edad de jubilación, especialmente en los penosos, tóxicos y peligrosos. ¿Por qué? Porque nuestro grupo presentó
diferentes iniciativas por algunas cuestiones concretas relacionadas con actividades penosas e insalubres como la actividad de las canteras y, a pesar de lo que se ha aprobado, incluso con cierto compromiso por parte del Gobierno de resolver esta
cuestión, a día de hoy y siempre teniendo como fondo la justificación del Pacto de Toledo está sin resolver. Señorías, vamos a apoyar los puntos 3 y 4, entre otras razones, porque desde que este tema salió a colación siempre tuvimos la misma
postura. Estamos en contra de la congelación de las pensiones para el año 2011 y consideramos necesario hacer mejoras en la protección social, sin que esto signifique una reducción de derechos actuales, aunque evidentemente garantizando la
sostenibilidad del sistema.
Señora presidenta, vuelvo a manifestar nuestro voto favorable a la moción presentada por el señor Llamazares.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señora Fernández Davila.
Por el Grupo Parlamentario Vasco del PNV tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
Intervengo para manifestar nuestra adhesión a la moción presentada por Izquierda Unida por las razones expuestas por el señor Llamazares, salvo las atinentes a la apología de la huelga de mañana, que no parece que sea una función, en nuestra
opinión, que corresponda a esta benemérita institución.
Dicho lo cual, evidentemente, congelar las pensiones de más de cinco millones de pensionistas contradice no solo las recomendaciones del Pacto de Toledo, sino la jurisprudencia constitucional en materia de regresividad consagrada por
distintas sentencias del Tribunal Constitucional. Elevar solo el uno por ciento las pensiones mínimas o no contributivas, que pueden ser hasta de 300 euros en algunos casos en lo ateniente a la pensión de viudedad, que sigue siendo contributiva,
también contradice el principio de suficiencia de la jurisprudencia constitucional. No contar con el Pacto de Toledo para este tipo de reformas -entrecomillando la expresión-, seguramente no endógenas, sino exógenas, impuestas por alguna
institución europea o mundial, o por esas deletéreas presiones de ese concepto metajurídico que se llama los mercados tampoco se corresponde con el contenido esencial del artículo 41 de la Constitución, con el Pacto de Toledo y con la jurisprudencia
constitucional. Desde esa perspectiva, el señor Llamazares tiene razón en todo lo que dice, en la necesidad de cumplir, pacta sunt servanda, los acuerdos del año 2006 con relación a la integración de diversos regímenes especiales en el general.
Dicho esto, señora presidenta, qué quiere que le diga, hasta qué punto nos ha desubicado intelectualmente esta apología de la huelga del día de mañana o invocación, pero esta no es la función que nos corresponde. Desde esa perspectiva, el tenor
literal de la moción presentada por Izquierda Unida nos parece en términos generales razonable. Todo lo demás es ajeno a las competencias de esta institución que todos representamos. Nosotros,
acogiéndonos exclusivamente al tenor literal de la moción, vamos a votar favorablemente a la misma.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
El señor Llamazares nos plantea una moción que es pura ortodoxia del Pacto de Toledo y, si mi grupo tuviese que empezar a redactar una moción sobre la materia, difícilmente se alejaría del contenido de su propuesta.
Espero que eso le
complazca al señor Llamazares, y eso va a indicar lógicamente, como no puede ser de otra manera, que Convergència i Unió vote a favor de la misma. Usted reclama el cumplimiento de un acuerdo social en dos aspectos concretos que aún siguen
pendientes de ejecución por parte del Gobierno y que no son dos temas menores ni fáciles. Usted reclama que en el marco del Pacto de Toledo se tomen las medidas por consenso político. Esa ha sido la característica desde 1995. Exige también que el
consenso incorpore los acuerdos en el marco de la concertación social, que es otro de los elementos que ha distinguido desde 1995 las reformas que se han hecho en este campo. Usted reclama que las reformas tengan una doble orientación: la
sostenibilidad del sistema para hacer frente al reto del envejecimiento de nuestra sociedad y también la mejora de los niveles de protección social del sistema de pensiones. Finalmente, usted nos reclama también, como se ha hecho ya en anteriores
ocasiones, la suspensión de la congelación de las pensiones para 2011. Por tanto, es un texto que Convergència i Unió -insisto- va a votar favorablemente.
Quiero hacer tan solo dos comentarios, señorías. En primer lugar, encuentro escandaloso que la Cámara haya aprobado en diversas ocasiones mantener el poder adquisitivo de todos los pensionistas para 2011 -insisto, en diversas ocasiones-, y
que el presidente del Gobierno, en una reciente sesión de control, con mucha tranquilidad haga oídos sordos a esa petición de la mayoría de la Cámara. En términos de respeto a las instituciones; en términos de respeto a la soberanía que expresan
los diputados y las diputadas en esta Cámara, sería motivo de escándalo. Creo que todos, con una cierta piel dura, nos hemos acostumbrado a que el presidente del Gobierno diga que va a incumplir un acuerdo del Parlamento y que no pase absolutamente
nada. Yo espero que en los debates de las próximas semanas, en el debate de presupuestos, en la posible toma en consideración de proposiciones de ley de los grupos parlamentarios eso se resuelva.
En segundo lugar, el reto que tenemos los grupos en las próximas semanas, en concreto la semana que viene, va a ser empezar a trabajar para alcanzar un acuerdo de fondo en materia de reforma de pensiones. Es evidente que durante todo este
año el Gobierno ha hecho las cosas especialmente mal y nos ha puesto muy difícil a los grupos la tarea de alcanzar un acuerdo de fondo en la reforma de las pensiones. Nos lo ha puesto difícil con los anuncios en enero de este año respecto al
aumento de la edad de jubilación, con posiciones contradictorias con relación a la modificación o no del periodo de cálculo de las pensiones y, posteriormente, en mayo, con la congelación de las pensiones. Y, entre una cosa y otra, ha habido
multitud de declaraciones contradictorias de ministros del Gobierno, calendarios fijados por el presidente del Gobierno que difícilmente se hacían compatibles con las previsiones del trámite parlamentario en marcha o incluso con el anuncio, hace muy
pocos días, de que el Gobierno ofrecía las pensiones como mecanismo de compensación al descontento de los sindicatos ante la huelga general convocada para mañana. Señorías, menos confusión.
El señor Llamazares nos propone una moción que la totalidad de la Cámara, con la excepción del Grupo Parlamentario Socialista, comparte. Este es un mínimo común denominador que nos puede permitir trabajar ese objetivo de garantizar el
sistema de pensiones, mejorar el nivel de protección social, que es lo que justificaba en su día la puesta en marcha del Pacto de Toledo. Convergència i Unió va a estar en esa dirección y hoy, como hemos hecho en otras ocasiones, vamos a votar
favorablemente la moción del señor Llamazares. Ojalá a partir de la primera semana de octubre impere de nuevo el sentido común en las filas socialistas en materia de pensiones.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, ante esta moción consecuencia de la interpelación al ministro de Trabajo, mi grupo confiesa un sentimiento ambivalente. Por un lado, compartimos básicamente su contenido, con matices en la argumentación de la exposición de
motivos, pero plenamente coincidentes en los cuatro puntos que incorpora, porque es cierto que este Gobierno lleva meses violentando de palabra, de obra y de omisión el Pacto de Toledo y todo el entramado de acuerdos políticos y sociales que le dan
sentido. Hoy ya, señorías, este pacto está hecho jirones. Es cierto que este Gobierno se ha convertido en un auténtico problema para la estabilidad, para la confianza y para la fiabilidad de nuestro sistema de pensiones, sometido en esta
legislatura a un carrusel de vaivenes y cambios de criterio; contradicciones que recalcan una vez más el improvisado discurso, el incongruente escenario que dibuja este Gobierno. Por eso las medidas que adopta no pueden responder a un cuerpo
lógico de motivaciones
y son una suerte de catarata de ocurrencias que no se sostienen. Aquí se toman primero las medidas y luego se buscan las explicaciones. Si no gustan unas, se sacan otras, aunque sean contrapuestas o se tira de todas a la vez, aunque se
caiga en lo grotesco.
Es cierto que el Gobierno no ha trabado un acuerdo político sobre posibles reformas necesarias en el sistema; que está en una especie de huida hacia adelante con desprecio absoluto al diálogo real, al consenso, incluso a la mera lealtad de
una información previa a sus decisiones y ha desestimado el pertinente acuerdo social que siempre ha acompañado las decisiones en materia de pensiones. Este Gobierno, en materia de pensiones, ha dado la espalda no solamente a los grupos políticos
de esta Cámara, sino también a los interlocutores sociales y los incumplimientos de los acuerdos políticos y sociales de los acuerdos del Pacto de Toledo y de los acuerdos sociales que lo desarrollan dibujan un triste panorama en estos momentos. No
son solo a los que se refiere la moción, ni mucho menos: no se han integrado los regímenes especiales pendientes ni se ha regulado la jubilación en trabajos penosos, tóxicos o peligrosos. Pero la responsabilidad de este Gobierno va muchísimo más
lejos que en estas dos cuestiones. Hay un listado interminable de materias de desarrollo del Pacto de Toledo o de los acuerdos sociales que configuran una situación en la que hemos perdido un tiempo precioso por la pasividad y por la falta de
compromiso en las necesarias reformas. Pero dejando claro lo pertinente de instar al Gobierno a cumplir con sus obligaciones, que son variadas y que no han sido atendidas, cuando hablaba de un sentimiento de ambivalencia me refería a la frustración
y al enojo que nos invade cuando asistimos a la desconsideración de la labor parlamentaria por parte de este Gobierno, su absoluta falta de sentido democrático, su inaceptable y total arrogancia desatendiendo una y otra vez los mandatos de este
Parlamento, en este caso además de ambas Cámaras.
Señorías, hasta la fecha diez votaciones parlamentarias sobre el sistema de pensiones, diez votaciones perdidas por el Grupo Socialista, diez votaciones en que se ha quedado rotunda y llamativamente solo: proposiciones no de ley, mociones,
resoluciones; de todo ha habido, señorías. El Gobierno ha logrado, eso sí, un total y contundente consenso de todas las fuerzas políticas de este país, pero no a su favor sino en su contra, en contra de sus intenciones, en contra de sus políticas
y de sus medidas. El Gobierno se ha negado de forma irracional, de forma injusta y de forma insensible a buscar alternativas a una congelación de pensiones que constituye todo un alarde de insolidaridad, de injusticia y de maltrato a los
pensionistas de este país, que tienen unos derechos adquiridos, unas legítimas expectativas y una protección que pretendía estar asegurada contra imprevistos por la ley y por el Pacto de Toledo, y hemos alcanzado cotas inaceptables desde el punto de
vista del respeto al Parlamento cuando esta situación continuada de minoría de los socialistas ha llevado al Gobierno a vetar que se tramiten iniciativas con rango de ley. Estas actuaciones son inaceptables y desde luego gozan de nuestro profundo
rechazo, y con ese sentimiento de convicción profunda en lo que nos estamos jugando como sociedad en la pervivencia del consenso político y social en materia de pensiones, es nuestra voluntad recuperarlo cuando tengamos la responsabilidad de
Gobierno, pero mientras tanto vamos a dar nuestro voto favorable a esta moción. Y no vamos a cejar en las demandas que venimos planteando...
La señora VICEPRESIDENTA: Señor Burgos, por favor.
El señor BURGOS GALLEGO: Acabo, señora presidenta.
Dadas las circunstancias, y si el Gobierno insiste en no escuchar y no respetar el clamor de la sociedad española que representamos aquí, cabe hacer un llamamiento a todos los grupos que han venido defendiendo esta tesis contraria a la
congelación de las pensiones para encontrar en estos presupuestos del Estado una fórmula acordada, consensuada entre todos para resolver definitivamente esta cuestión.
La señora VICEPRESIDENTA: Señor Burgos, por favor.
El señor BURGOS GALLEGO: Así lo hacemos desde el Grupo Popular; así les llamamos a todos ustedes al encuentro y al consenso.
Gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señor Burgos.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Señora presidenta, señorías, debatimos hoy aquí una moción consecuencia de interpelación del Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, con cuyos tres primeros puntos mi grupo no
tiene ningún problema pero sí los tiene, como ustedes conocen bien, con el punto 4. En esta moción algunos han cuestionado lo hecho, pero tengo que decir que en estos momentos el punto 1 ya está prácticamente terminado. Se ha llevado a cabo la
incorporación del agrario por cuenta propia al RETA y en estos momentos se está negociando con las organizaciones empresariales y agrarias y con los sindicatos cómo se incorporan los del régimen general, es decir, los de cuenta ajena. Señorías, hay
una cuestión, y es que nosotros somos un tercio en la negociación de esa incorporación. Lo que está haciendo el Gobierno es negociar, es decir, el día que haya un acuerdo acabará incorporándose del mismo modo que se hizo con los de cuenta propia.
En cuanto al sistema de empleadas del hogar, creo que ustedes saben -porque la semana
pasada hablamos de eso- que ya hay un documento que se está negociando con los agentes sociales sobre cómo se va a reformar.
Cuando hablamos de sentimientos y de incumplimientos, nosotros hemos dicho por activa y por pasiva en esta tribuna y a todos los efectos que queremos llegar a un consenso total en el Pacto de Toledo, pero el problema no es solo nuestro, el
problema es de todos, que todos queramos consensuar; y ahora la mayoría escoge, especialmente el PP, la excusa del decreto de congelación de las pensiones para el año 2011. Yo reto a cualquier grupo parlamentario, a cualquiera, desde un extremo
hasta el otro, a que me diga desde el año 1995 hasta hoy qué año ha ido al Pacto de Toledo la subida de las pensiones. Nunca, señorías. Jamás. Jamás se ha retratado en el Pacto de Toledo la subida de pensiones para el año siguiente, porque va
siempre en los Presupuestos Generales del Estado.
Además, nos acusan de que perdemos las votaciones. Nosotros hemos aprobado por mayoría de esta Cámara un decreto-ley que contiene las condiciones. Creo yo que tendrá tanta validez como cualquier
otro que hayan votado ustedes.
Don Tomás Burgos ha dicho unas palabras que me han dejado los ojos muy abiertos. Usted ha dicho que volverán a negociar en el Pacto de Toledo, que volverán al consenso cuando tengan la responsabilidad de Gobierno.
¿Quiere eso decir que no
va a haber consenso porque ustedes no están gobernando? Eso es lo que ha dicho usted aquí; eso es exactamente lo que he entendido. Les repito, el decreto sobre la congelación de pensiones se aprobó por mayoría de esta Cámara. Por lo tanto, es
tan respetable como cualquier otra posición. Por otro lado, jamás, nunca se ha llevado al Pacto de Toledo la subida de pensiones. Es comprobable por cuantos quieran de ustedes, porque la Comisión del Pacto de Toledo no es legislativa, es de
análisis y situación del sistema y recomendaciones de futuro, y eso es lo que estamos haciendo. Puedo entender que discutan otras cosas a través de los Presupuestos Generales del Estado, pero no este tema. Podemos decir lo que queramos, pero en
estabilidad del sistema, en subida de pensiones, en crecimiento del Fondo de Reserva no puede haber comparación porque no la hay. Durante el Gobierno del Partido Popular, se hizo el Fondo de Reserva en el año 2000 y hasta 2004 se ingresaron 5.500
millones; desde 2004 hasta hoy, 63.000 millones de euros.
La señora VICEPRESIDENTA: Señora López i Chamosa, por favor.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Termino.
Durante los gobiernos del Partido Popular hubo crecimiento de las pensiones y se mantuvo el poder adquisitivo; con el Gobierno del Partido Socialista, del señor Rodríguez Zapatero, ha habido un crecimiento de las pensiones mínimas con
cónyuge a cargo del 43 por ciento. Por lo tanto, señorías, se puede hacer una política mejor que esta, pero la haremos los socialistas, no el Partido Popular. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señora López i Chamosa.
Señor Llamazares, al no haberse presentado enmiendas a su moción, se votará en sus propios términos, aunque tengo una petición del Grupo Socialista de votación separada del punto 4. ¿No se opone el señor Llamazares?
El señor LLAMAZARES TRIGO: No.
La señora VICEPRESIDENTA: Así se hará.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, PARA QUE EL GOBIERNO CLARIFIQUE LA POLÍTICA DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE EN ESPAÑA.
(Número de expediente 173/000167.)
La señora VICEPRESIDENTA: Pasamos a la moción del Grupo Parlamentario Popular para que el Gobierno clarifique la política de infraestructuras de transporte en España. Tiene la palabra para defender la moción el señor Ayala.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, la semana pasada, en la interpelación al ministro de Fomento, al margen de no aceptar nada de lo que le señalamos, negar la evidencia y dedicarse a criticar al Partido Popular en lugar de hacer ofertas creíbles y positivas para
solucionar el galimatías en que se ha convertido la inversión de obra pública en España, nos apuntó cuestiones curiosas e importantes: que el Partido Socialista sí creía en la iniciativa privada, que existían fondos y consorcios extranjeros
deseando invertir en España y que la ambición y las ganas del Partido Socialista contrastan con la posición del Partido Popular, que solo pretende que este país vaya mal. Eso nos decía el miércoles pasado el ministro de Fomento, que se incorpora en
este momento al hemiciclo y al que saludamos.
Parecía que al ministro no le afectaba decir que va a actualizar el PEI dentro de catorce meses, cuando falten dos meses para las elecciones. Al ministro no le afectó llevar diez meses hablando del Plan Extraordinario de Infraestructuras
sin haber licitado ni presentado una sola obra -me refiero al proyecto y los datos concretos del mismo-. Al ministro no le afecta haber paralizado obras que están a medio hacer y al ministro no le afecta decir que va a invertir 7.500 millones de
euros en un Plan estratégico de infraestructuras por ferrocarril del que no es capaz de señalar ni una obra concreta. Es increíble que en este país se pare la obra pública, se paren obras a medio construir y no pase nada, cuando la mayor y más
escandalosa manifestación del fracaso de un gobierno es que se adjudiquen obras que no se pueden pagar. Pues eso pasa en España y no ocurre nada. Otra cosa sería que no se contratara nueva obra, que también es muy grave,
pero paralizar obra contratada es reconocer que las finanzas públicas están en quiebra. Pues el arte del señor Blanco, que yo le reconozco, es defender todo lo contrario y, eso sí, acusar al Partido Popular de incoherencia, sin darse cuenta
de que la incoherencia es anunciar aquí que tiene financiación extranjera y no licitar ni una sola obra del Plan Extraordinario de Infraestructuras. Sin duda ninguna el señor Blanco está en la permanente apariencia y, por lo que hemos podido ver en
la prensa en los últimos días, más dedicado a postularse como líder del post zapaterismo que a luchar decididamente por salvar la obra pública en España.
Pues bien, la moción consecuencia de interpelación que el Partido Popular ha presentado es para demostrar que el Partido Popular actúa en positivo.
El Partido Popular quiere que de una vez por todas se acredite que queremos que España salga
ya de la crisis y que son otros los que o no saben o no quieren salir de la crisis. La mejor demostración de que la moción va en positivo y es incuestionable es la enmienda que ha presentado el Partido Socialista con dos mínimas correcciones de
estilo que no hacen más que reafirmar tanto nuestra moción como la oportunidad de nuestra interpelación. La política de infraestructuras en España tiene que clarificarse, y vemos que el Grupo Socialista está de acuerdo con el Partido Popular. Nos
alegramos profundamente. Por fin quieren salir de la apariencia y actuar en positivo. No están tan alejados de la realidad ni son tan dispares nuestras pretensiones cuando el Grupo Parlamentario Socialista nos presenta una enmienda de mínimos. Lo
que esperamos, señor ministro, Grupo Parlamentario Socialista, es que, tras la votación que se va a celebrar hoy, el Ministerio de Fomento dé un cambio radical a su política y podamos ver cómo se puede frenar la caída del empleo en la obra pública
-que ya vamos por 700.000 parados-, cómo el retorno fiscal de la inversión permite mejorar la situación económica y en definitiva acelerar la salida de la crisis, algo que hasta ahora la política del Ministerio de Fomento no ha sabido ni ha querido
hacer.
Por eso los puntos de nuestra moción son, en primer lugar, presentar, a la mayor brevedad posible, una nueva planificación de infraestructuras con la enmienda del Grupo Socialista, a fin de que el PEIT 2005-2020 se ajuste a las
disponibilidades reales, tanto presupuestarias como de financiación público-privada, con expresión del horizonte temporal de la puesta en servicio de cada una de las actuaciones, recordando, señorías, que ya se aprobó en esta Cámara una moción para
que en el plazo de seis meses -ya vencidos- se hubiera presentado esta actualización del PEIT. En segundo lugar, remitir al Congreso de los Diputados en el plazo de quince días la relación definitiva de las obras suspendidas, anuladas, paralizadas,
demoradas o rescindidas como consecuencia de los recortes presupuestarios para que sepamos de verdad cuál es el grado de ejecución de cada obra, cuáles son las certificaciones o pagos realizados, cuánto le afecta el recorte a cada una de ellas -a
estas alturas solo sabemos la cifra global- y cuáles son las previsiones de su reprogramación porque, insistimos, no es normal que en un país no pase nada cuando se suspenden obras en ejecución. Evidentemente, remitir al Congreso de los Diputados
las obras del Plan extraordinario; tendríamos que tenerlas ya, antes de la presentación de los presupuestos. No es razonable que se vayan a presentar unos presupuestos el jueves con ausencia de obras públicas, es decir, con la exclusión de obras
que estaban en el presupuesto de 2010 y que no van a estar en el presupuesto de 2011, y que se nos remita a un plan extraordinario que no conocemos y que lleva diez meses anunciado ante esta Cámara. Esto ni es transparencia ni es claridad en la
política.
Por último, y con esto termino, señora presidenta, también informar, de acuerdo con los términos de la enmienda, en el plazo más breve posible, de ese plan estratégico de mercancías, del cual solo sabemos, como siempre, la cifra global,
pero no tenemos ningún conocimiento de cuáles van a ser los contenidos del mismo.
Por tanto, entendemos que con esta moción podemos empezar a clarificar la política de infraestructuras en España, ya que desde que está gobernando el Partido Socialista, y no exclusivamente el ministro actual, señor Blanco, estamos en una
auténtica desbandada y no sabemos a qué atenernos.
Esperamos sinceramente que a partir de este momento, con la aprobación de esta moción, en la cual el Grupo Popular quiere trabajar en positivo, clarifiquemos la política de infraestructuras.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ayala.
Para defender las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Macias.
El señor MACIAS I ARAU: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, me van a permitir que, ya que contamos aquí con la presencia del señor ministro de Fomento, haga referencia a un tema gallego. Hace algunos años, con ocasión de mi asistencia al Día de la Patria Galega con los
compañeros del Bloque Nacionalista Galego, oí que uno de los gritos de la manifestación era PSOE e PP a mesma coisa é, es decir, PSOE y PP son la misma cosa. Esto es lo que coreaban los gallegos, al menos en aquella manifestación. Cuando uno ve
episodios como el de esta tarde cree que a lo mejor tenían razón, porque hemos asistido a una interpelación en la que, con gran aparato eléctrico, con gran aparato retórico, el portavoz del Grupo Popular interpeló de forma contundente al señor
ministro y todo acabó en una gran pelea parlamentaria en la que francamente uno veía que la posición y las acusaciones del Grupo Popular y lo que defendía el señor ministro tenían poca cosa que ver. Pasa una semana y la moción consecuencia de
interpelación presentada por el Grupo Parlamentario Popular nos llega
a los portavoces y nos preguntamos: ¿qué le ha pasado al bueno del señor Ayala que, después de tantos fuegos artificiales, hace una moción que parece redactada por el propio señor Simancas? La prueba de esta transformación del señor Ayala
es que el Grupo Parlamentario Socialista se la enmienda de soi, de estilo, diciendo que se le cambia un punto por una coma para estar plenamente de acuerdo. ¿Cómo no van a estar de acuerdo? Lo que pedimos aquí es algo que el señor ministro ya nos
había dicho, y es que iba a reformular el PEIT, incluso tenemos un calendario para ello. Se pide -incluso con una fórmula que parece más del Gobierno que de la oposición- que se presente, a la mayor brevedad posible, una nueva modificación. Claro
que se lo acepta el Partido Socialista. Luego se dice que se va a remitir al Congreso de los Diputados en el plazo de quince días la relación de las obras. Esto lo sabremos mañana o pasado mañana en el conocido lápiz de la señora ministra Elena
Salgado; qué le van a decir. Remitir la relación de las obras incluidas en el plan. Muy bien, de acuerdo, un compromiso. Sabemos ocho de estas obras y está bien que sepamos las demás. Me parece bien, no formulo ninguna objeción.
Finalmente,
remitir al Congreso las actuaciones que se identifiquen con las inversiones previstas en el Plan de Transportes de Mercancías. Una buena intención que casa también con otra buena intención de otros grupos que hemos pedido la comparecencia
parlamentaria del señor Cachafeiro.
Lógicamente, a otros grupos nos ha parecido que merecía la pena ir algo más allá y pedir algo más, es decir, poner al señor ministro y al Grupo Socialista en la pequeñísima dificultad de que, además de remitirnos esta lista, nos justifique
cómo pueden casar esta lista y los criterios que nos contó el señor ministro en sus comparecencias veraniegas. Me temo que ni esto, que es un pasito más, un pasito tímido, un pasito de los que damos desde CiU y por los que nos acusan de tener tanto
seny, va a ser aceptado por unos y por otros, y vamos a terminar dándoles la razón a los buenos de los gallegos cuando proclaman esta proximidad entre el Partido Socialista y el Partido Popular. No me parece mal esta proximidad si de ella saliera
una política seria, una política responsable, una política de continuidad en las infraestructuras. Por tanto, nuestro grupo, que siempre ha defendido esta seriedad y este rigor en las infraestructuras y que no suele formular interpelaciones con
esta dialéctica, va a votar a favor aunque no admitan nuestra modestísima aportación.
La señora VICEPRESIDENTA: Señor Macias, por favor.
El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señora presidenta.
Voy acabando. Anuncio nuestro voto favorable, pero también pediría al Partido Socialista y al Partido Popular que hagan un pequeño esfuerzo y acepten la enmienda de Convergència i Unió.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señor Macias.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, brevemente para anunciar y presentar nuestras tres enmiendas, dos de ellas firmadas por Esquerra Republicana y la tercera por el compañero Joan Herrera, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. En primer lugar,
solicitamos que el Gobierno presente en esta Cámara cada tres meses un informe detallado sobre los niveles de ejecución real de las inversiones contenidas en el presupuesto y destinadas a Cataluña, en virtud de la disposición adicional tercera del
Estatuto. Una segunda enmienda pretende que el Gobierno cumpla de forma íntegra las inversiones contenidas también en los Presupuestos Generales del Estado en todo aquello que se deriva de la misma disposición adiciona tercera del Estatuto de
Autonomía aprobado en esta Cámara y a incorporar una nueva partida presupuestaria para la compensación de las desviaciones que se han producido entre la base de cálculo ya liquidada y el volumen de inversión ejecutado en Cataluña durante los
ejercicios anteriores a 2010. Entenderán que si la disposición adicional tercera fue uno de los mayores alcances del Estatuto de Autonomía aprobado en esta Cámara, nos debe preocupar a nosotros, ciudadanos catalanes representantes de la ciudadanía
catalana, que el Gobierno cumpla con aquello que mandata el Estatuto de Autonomía. Y una tercera enmienda a esta moción consecuencia de la interpelación urgente presentada por el Partido Popular en la anterior sesión plenaria de este Parlamento
pretende sustituir el contenido del punto número 1, instando al Gobierno a llevar a cabo una revisión del PEIT y de los planes sectoriales antes de finalizar el año 2010, a fin de poner en valor los criterios de sostenibilidad para reducir la
contaminación atmosférica y las emisiones que provocan el cambio climático. Son tres aportaciones a esta moción que esperamos que sean valoradas en sus justos términos por parte de sus señorías.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señor Tardà.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Simancas.
El señor SIMANCAS SIMANCAS: Señora presidenta, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista va a respaldar la literalidad de esta moción con la enmienda que el grupo proponente ha tenido a bien aceptar, porque la literalidad de la moción se
limita a reclamar información. Este Gobierno tiene a gala actuar siempre conforme a la premisa de la máxima transparencia, el diálogo y la búsqueda del acuerdo. Si para buscar lugares de encuentro
es preciso compartir información con más detalle, adelante. De hecho, el ministro de Fomento está batiendo récords de comparecencia ante las Cortes para compartir información, para explicar sus políticas y para establecer consensos en torno
al mejor futuro posible para las infraestructuras del transporte en este país. Sobre la literalidad de la moción, no hay problema. Ahora bien, sobre el discurso que acompaña a la moción, déjenme que les haga cinco apuntes rápidos. Primero, el
Grupo Parlamentario Popular en la oposición se muestra exigente, más que exigente, insaciable, en su reivindicación de explicaciones al Gobierno de España sobre el alcance del ajuste. Pero a día de hoy, aún, señor Ayala, ya se lo he dicho varias
veces, ni un solo presidente autonómico, ni un solo consejero de infraestructuras en los gobiernos del Partido Popular ha comparecido en sus respectivos parlamentos para dar cuenta de la naturaleza y de las razones de sus propios recortes.
Exigentes aquí, condescendientes allí; tienen ustedes un pequeño problema de coherencia, señor Ayala.
Segunda cuestión. Podrán hacer ustedes uso de los argumentos y de los calificativos más sonoros para intentar el desgaste del Gobierno a cuenta del ajuste presupuestario, pero saben ustedes, señorías del Partido Popular, como sabemos
nosotros, que el ajuste es inevitable, es inexorable porque responde al compromiso de nuestro país con los socios europeos para acelerar la reducción del déficit, sanear nuestras cuentas, recuperar confianza en los mercados y facilitar la
reactivación económica y el empleo. La alternativa al ajuste es el descrédito de España en el escenario económico internacional. Lo sabemos nosotros y lo saben ustedes. Por eso hoy en esta moción no nos piden un aumento de la inversión pública en
infraestructuras. Van a poner el grito en el cielo, se van a quejar de una obra aquí y de otra allá, pero a la hora de la verdad en el papel sobre esta moción no se pide más inversión. ¿Por qué? Porque, parafernalia aparte, ustedes saben como
nosotros que el ajuste es inevitable. Tan es así, que ustedes mismos están ajustando drásticamente sus presupuestos de infraestructuras allí donde gobiernan: del 30 por ciento en Madrid al 50 por ciento en Galicia, por ejemplo. Sin
comparecencias, sin explicaciones, es verdad, pero lo están haciendo porque es inevitable. ¿Dónde está el debate útil? En cómo y con qué criterio se aplica el ajuste necesario. ¿Cómo lo hace el Gobierno? Como les hemos mandatado desde esta
Cámara hasta en tres resoluciones aprobadas con amplia mayoría: priorizando la eficiencia económica, la cohesión territorial y la rentabilidad social como claves para la planificación y la ejecución de infraestructuras; reduciendo el gasto no
productivo mediante planes de austeridad y eficiencia; acudiendo a la colaboración público-privada para buscar y encontrar financiación extra -por cierto, señor Ayala, para su tranquilidad, el Consejo de Ministros del próximo 8 de octubre aprobará
la licitación de la primera obra con cargo al PEI, la colaboración público-privada, y tengo además el honor de anunciar que será una obra en mi circunscripción, en Madrid, el centro logístico de Aranjuez-; apostando por el ferrocarril como modo de
transporte eficiente y sostenible; invirtiendo en intermodalidad. Es decir, el Gobierno actúa conforme dictan el sentido común y las resoluciones de esta Cámara, con el horizonte claro de hacer compatible el ajuste en las cuentas públicas con la
mejora de nuestras infraestructuras para ganar competitividad. ¿Que a veces con ese horizonte claro hay que cambiar planteamientos y rectificar? Claro, señor Ayala, porque el contexto y la realidad sobre la que actuamos son dinámicos. Nada hay
más absurdo que bloquear el volante de un vehículo transitando por una carretera con curvas; absurdo y peligroso. Aun así les digo que, con crisis galopante y con ajuste incluido, durante el ejercicio 2010, el 2011 y en la media del periodo
2009-2013 la inversión pública en infraestructuras en España será superior a la que ejecutaron los gobiernos del Partido Popular en su mejor época, sin crisis y sin ajuste.
Termino ya. Les prevengo, señorías del Partido Popular, sé que son ustedes algo alérgicos a las buenas noticias. Vayan sacando los pañuelos y los antihistamínicos porque esto, señor Ayala, funciona. El ajuste se está aplicando con
eficiencia, nos está ayudando a rebajar el déficit a un ritmo mejor del esperado, estamos ganando confianza para el país en los mercados y esta confianza se va a traducir más temprano que tarde en crecimiento económico y en más empleo. Y todos, me
temo que salvo ustedes, nos alegraremos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señor Simancas.
En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, sin pretender anticiparme al debate presupuestario que tendrá lugar en esta Cámara en fechas próximas, es conocida, porque así lo hemos expuesto con reiteración en todos los debates económicos, la oposición del BNG a un ajuste
presupuestario que se concentra en reducir la inversión productiva y el gasto social. En un contexto de crisis es casi una receta clásica, una receta tradicional recurrir a la inversión pública para que esta tenga un efecto anticíclico en la marcha
de la economía a fin de que actúe como motor de la recuperación económica. En ese sentido consideramos que en un contexto en el que la crisis económica sigue en su fase aguda, en que la recuperación ni muchísimo menos está consolidada, es total y
absolutamente contraproducente reducir la inversión productiva, porque en vez de favorecer esa recuperación se va a convertir en un freno a la recuperación por su efecto tan negativo en la dinamización de la actividad económica y en la generación de
empleo. Como son contraproducentes medidas que contribuyen a una reducción práctica del poder adquisitivo,
así difícilmente, señorías, aparte de la dimensión social de estas medidas, se puede recuperar la demanda, se puede recuperar el consumo, necesarios para favorecer la recuperación. Tengo que admitir que en estos días me sorprendía leyendo
artículos donde destacados economistas, defensores a rajatabla de los dogmas fiscales imperantes en la Unión Europea, alertaban de que las previsiones de crecimiento del Gobierno son demasiado optimistas y de que si no se cumplen estas previsiones
difícilmente se podrán alcanzar los objetivos en materia de reducción del déficit. Señorías, esta es la pescadilla que se muerde la cola. Por un lado, en las políticas presupuestarias se antepone el objetivo de reducción del déficit a lo que desde
nuestro punto de vista tiene que ser el objetivo principal, que es que contribuyan a la recuperación económica y a la generación de empleo. ¿Y qué ocurre? Que al apostarse por una reducción drástica de la inversión productiva y por una reducción
del gasto social esto va a frenar la recuperación económica y va a tener un impacto negativo en las perspectivas de crecimiento, lo cual dificultará que se cumplan los objetivos en materia de déficit. Desde nuestro punto de vista, hay que romper
esta pescadilla que se muerde la cola, hay que situar las prioridades en un contexto donde la crisis sigue siendo aguda, en el que las políticas presupuestarias contribuyan a la reactivación económica y a la generación de empleo.
Pero dicho esto, señorías, nos sorprende, aludiendo a la frase, al eslogan, al que ha hecho también alusión el compañero de Convergència i Unió Pere Macias, esa sobreactuación a la que tantas veces nos tienen acostumbrados el Partido Popular
y Partido Socialista a la hora de escenificar su confrontación política, pues mientras el Grupo Popular hace una crítica incisiva en la gran reducción de obra pública, incluso quiere acometer una reforma de la Constitución para que el dogma del
déficit cero tenga reflejo constitucional, en el fondo hay coincidencia en las políticas pese a esta sobreactuación. No obstante, coincidimos en manifestar nuestra preocupación con las continuas contradicciones, con las continuas ambigüedades del
Gobierno a la hora de explicar el impacto del recorte en las distintas actuaciones y a la hora de clarificar en qué medidas estas se van a ver compensadas por los recursos adicionales anunciados y por la colaboración público-privada. Entendemos que
el Gobierno tiene que aclarar perfectamente cuáles son sus planes respecto a las distintas actuaciones, tiene que actuar con total y absoluta transparencia, tiene que trasladar esta información a la Cámara. Por tanto, anunciamos nuestro apoyo a
esta moción consecuencia de interpelación.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jorquera.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, del PNV, tiene la palabra el señor Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, numerosas han sido las ocasiones en las que todos los grupos hemos expresado nuestro posicionamiento en relación con el tema objeto de esta moción, y lo voy a resumir, voy a resumir la posición de mi grupo.
Mi grupo quiere y
entiende que es necesario un giro radical en este capítulo, un giro de verdad, no de palabras, no de boquilla, no un giro ruidoso de las tormentas secas, no, de las de verdad. Porque hay mucha literatura al respecto que parece que compartimos
todos, pero los hechos siguen implacablemente siendo los mismos un año y otro año, una legislatura y otra, un ministro y otro. No hacía falta que llegara la crisis para darse cuenta de esto, pero la crisis, como en tantos otros campos, nos ha dicho
que el Ministerio de Fomento y la planificación del Ministerio de Fomento estaban simplemente desnudos, no había nada. Había mucha supuesta vestimenta, pero la verdad es que estaba desnudo el ministerio y estaba desnuda la planificación. Y no
estaban desnudos este ministerio y esta planificación, lo han estado todos los ministerios anteriores y todas las planificaciones anteriores. El Plan general de carreteras de 1984, el Plan de transporte ferroviario del año 1987, el Plan llamado
Felipe de los años 1994-2001, el Plan de infraestructuras de transporte 2000-2007 y el PEIT estaban desnudos, por mucha ropa que aparentaran tener. Pero es evidente que tampoco esta vez va a haber un giro, a la vista de cómo están ocurriendo las
cosas. Mucho nos tememos que las cosas no vayan a cambiar. Los documentos que ya nos habían anticipado desde el Ministerio de Fomento en torno a lo que genéricamente podemos denominar como la reformulación del PEIT no nos llevaban al entusiasmo.
No nos llevaban al entusiasmo tampoco los comportamientos, porque alguien ve algún giro en el hecho de que este verano se anunciara -y de la forma en que se hizo- que ahora vamos a tener un tren de alta velocidad, línea directa, entre Cantabria y
Madrid. ¿Dónde estaba la planificación? ¿Dónde están los estudios económico-financieros, por poner solo un caso? Pero qué quiere que le diga, tampoco las propuestas de la oposición nos animan a que vaya a haber ningún giro. Esta es la verdad.
No hay más que leer la moción del Grupo Popular, y no nos extraña para nada que ahora se hayan puesto de acuerdo los dos, porque es seguir hablando de lo mismo para no hacer nada, para seguir haciendo lo mismo.
Parece que todo se tiene que reducir
a puros términos coyunturales de debate político, y nosotros consideramos que eso tiene un margen, pero hay que decir con claridad: valdrá para el debate político pero no valdrá en absoluto para una nueva política del Ministerio de Fomento. ¿Es
posible hoy día empezar a hablar de una nueva planificación si no se define un nuevo sistema de financiación? ¿Alguien cree que de verdad se puede estar hablando de una nueva planificación sin que este tema se defina? Pues ni una sola palabra, ni
en la interpelación ni en la moción ni en las enmiendas ni en nada de nada. ¿Por qué? Porque sencillamente no
se quiere entrar en el tema de verdad. Por tanto, nula esperanza la que mantiene mi grupo.
Voy terminando con unas palabras de Charles Handy, que hablando de los sistemas de medición de los transportes a la hora de la planificación dice lo siguiente: Al principio medimos lo que se puede medir -y planificar, añadiría yo-; una
segunda fase es no tener en cuenta aquello que no se puede medir o bien asignarle un valor arbitrario. El resultado es artificial y engañoso, tal y como han sido las distintas planificaciones que ha habido. La tercera etapa -dice él- es suponer
que aquello que no es fácilmente medible en realidad no es importante.
Seguimos haciendo las planificaciones porque como está bastante difícil de medir, nosotros seguimos haciéndolo. Esto -dice él- supone ceguera. La última etapa es afirmar que
lo que no se puede medir con facilidad en realidad no existe. Y esto -dice él- es suicida. Yo tengo la impresión de que estamos justamente al borde de ese abismo y dispuestos, al parecer, a dar un paso en esa dirección. Mi grupo no les
acompañará; nos abstendremos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señor Beloki.
Señor Ayala, es su turno de aceptación o rechazo de las enmiendas que han presentado otros grupos a su moción.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Tal y como hemos anunciado, aceptaremos la enmienda del Grupo Socialista exclusivamente.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ayala.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN CUANTO AL USO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y SUS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEPENDIENTES DE OTRAS LENGUAS OFICIALES DISTINTAS DEL CASTELLANO.
(Número de expediente 173/000168.)
La señora VICEPRESIDENTA: Pasamos a la moción del Grupo Parlamentario Vasco, del PNV, sobre la política del Gobierno en cuanto al uso por parte de la Administración General del Estado y sus organismos y entidades dependientes de otras
lenguas oficiales distintas del castellano. Para defender la moción tiene la palabra el señor Esteban, que asimismo defenderá la enmienda que ha presentado su grupo.
El señor ESTEBAN BRAVO: Sí, señora presidenta, y además una enmienda transaccional a la que hemos llegado con el Grupo Socialista.
Creo que quedó bastante claro en el debate a consecuencia de la interpelación que todavía queda mucho trabajo que hacer en la Administración General del Estado y en sus organismos dependientes para que la cooficialidad de los idiomas
distintos del castellano sea una realidad a todos los efectos en la relación entre los ciudadanos y las dependencias correspondientes de la Administración central. No hemos querido abrir nuestra moción a todos los campos en los que podría ponerse
en foco en las dificultades existentes, sino que hemos intentado centrarla en asuntos concretos, en materias concretas, en organismos que están relacionados muy directamente con los ciudadanos y que día a día tienen que realizar multitud de
trámites, y ello de una manera que luego pueda ser fiscalizable.
Evidentemente, esto no quiere decir, insisto, que con las peticiones que se realizan en la moción acabe todo el problema. De ahí que uno de los puntos diga que el Gobierno debe presentar ante el Congreso de los Diputados este año un informe
detallado de la situación de cada ministerio, qué avances y qué faltas hay en cada uno de los ministerios y los organismos dependientes, así como un plan de actuación para que esta Cámara pueda ir controlando los avances que se vayan produciendo año
a año, y además que esto se produzca de manera anual en el futuro. Hay regulaciones que afectan a la Tesorería de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de Seguridad Social, el servicio de empleo, a la Agencia Española de Protección de Datos,
como ven, todos ellos organismos muy relacionados directamente con el ciudadano. No se trata solo de la traducción de las páginas web, sino que en la relación diaria y, sobre todo, hoy en día a través de medios telemáticos que se están implantando
cada vez más sea posible para los ciudadanos utilizar lenguas diferentes al castellano. Con esto estaremos cumpliendo sin más con la cooficialidad de estas lenguas.
Hemos añadido en una autoenmienda otro asunto que recientemente se planteó en el País Vasco y que es el referente a los registros civiles. Está anunciado desde hace mucho tiempo por parte del Ministerio de Justicia que la aplicación
informática Inforeg estaría disponible en los registros en lenguas diferentes al castellano; de hecho, las traducciones están hechas desde hace mucho tiempo -al menos en el caso del euskera, el caso que conocemos, o así lo afirma el Gobierno vasco
al menos- y, sin embargo, el sistema no acaba de ser implantado. Por eso creíamos que era necesario hacer una mención específica a ello. También el Ministerio del Interior, que sobre todo en los trámites de renovación de DNI y pasaporte tiene un
contacto muy directo con el ciudadano, debe ponerse las pilas.
Es verdad que se han hecho avances importantes, incluso por ley. El propio documento nacional de identidad está, en aquellas comunidades autónomas que tienen dos lenguas, impreso de
forma bilingüe, pero el contacto con los ciudadanos, el contestador de cita previa, la documentación a firmar por los ciudadanos, las pantallas, etcétera, está todavía sin cuidar, sin ser adecuado por parte del ministerio. Nos hacemos eco
de ello también.
Por último, en el documento que hemos consensuado hacemos una mención a algo a lo que ya se refirió el ministro en la contestación a la interpelación que le hice la semana pasada, y es que, ya que se ha constituido un grupo de trabajo en el
Gobierno para trabajar sobre todos estos temas, sería muy adecuado que se pudiera presentar un proyecto de ley ante esta Cámara para regular la utilización ante la Administración General del Estado de los idiomas distintos al castellano y también
las obligaciones por parte de la Administración y los derechos de los ciudadanos en relación con este tema. Es algo que apuntó, insisto, aunque fuera de manera muy ligera, el vicepresidente tercero y que nosotros ahora, recogiendo esa mención,
queremos que se plasme en un acuerdo y en un mandato al Gobierno, de manera que esto pueda ser realidad a lo largo del año que viene y pueda ser tramitado en esta Cámara. Espero que la moción, que ha sido redactada con la intención de llegar a un
acuerdo, de buscar soluciones y de avanzar en temas concretos más allá de demagogias y de estridencias, sea acogida con aceptación por parte del resto de grupos y que podamos manifestar en un tema tan sensible en algunas comunidades autónomas una
comunidad de acción por parte de todos los grupos de esta Cámara.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señor Esteban.
Para defender las enmiendas presentadas a la moción, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, a uno le viene a la memoria el mito de Sísifo, eternamente condenado, intentando llegar hasta una cumbre muy lejana y arrastrando la piedra a sabiendas de que la piedra volverá a la base. Así nos sentimos cuando hablamos de temas
relacionados con la normalización del uso de las distintas lenguas del actual Estado español en todo aquello que compete a la Administración General del Estado y a los órganos constitucionales.
Les voy a dar un ejemplo que ha ocurrido hace pocos
días a un ciudadano catalán que en Cáceres necesitaba un documento de la Gerencia Territorial de Justicia, de hecho, un certificado de últimas voluntades, y no se lo quisieron tramitar. Y uno se pregunta: ¿cómo puede ser que en el año 2010 a un
ciudadano de este Estado le ocurra esto si en el año 2005 ya modificamos en este Parlamento la Ley de Registro Civil para hacer los asientos en las distintas lenguas cooficiales? Es decir, en el año 2005 este Parlamento debatió y aprobó una
modificación legislativa para que los asientos pudieran hacerse en cualquiera de las lenguas, y en el año 2010 un ciudadano en Cáceres recibe el portazo y la vejación -no tengo tiempo para contarles lo que padeció este ciudadano- porque el documento
contenía al parecer alguna palabra que el funcionario dijo que no entendía y que no tenía por qué entender. Ustedes saben que el artículo 23 de la misma ley deja claro que los asientos pueden hacerse en cualquiera de las lenguas, y los documentos e
impresos ya están en castellano y con la otra lengua propia del territorio donde fueron expedidos, en este caso la ciudad de Granollers. Permítanme este ejemplo porque afecta a los ciudadanos, a las personas, y esto francamente es lamentable. Por
eso esta interpelación es necesaria y la moción también.
Debo decirles que para nosotros fue una sorpresa agradable que el vicepresidente del Gobierno dijera textualmente que iban a presentar un proyecto de ley a fin y efecto de que se reconozca -cito textualmente- a los ciudadanos la iniciativa
de poder dirigirse en cualquier lengua cooficial a determinados órganos del Estado. Estas fueron las palabras con las cuales terminaba el vicepresidente señor Chaves su intervención en la interpelación de la pasada semana. Pues bien, ¿qué les
pedimos nosotros en nuestra enmienda número 3? Les pedimos que este proyecto de ley se presente antes de finalizar el año 2010, puesto que entendemos que tendremos todo el año 2011 para poder tramitarlo, para poder debatir este proyecto de ley, que
a nuestro entender debería ser muy ambicioso puesto que es del todo necesario, como bien saben ustedes, de una vez por todas, hilvanar aquello en lo que teóricamente todos participamos, que no es otra cosa que este discurso a favor de la
normalización de las lenguas.
Pues bien, hemos sabido -un segundo, señora presidenta, por favor- que al parecer ustedes han presentado o pretenden presentar una transaccional instando al Gobierno a presentar este proyecto de ley antes de finalizar
el año 2011, lo cual nos parece una verdadera trampa, porque es evidente que si ustedes presentan el proyecto de ley el día 29 de diciembre del año 2011 ya no habrá ley, con lo cual pedimos por favor si es posible transaccionar una redacción final
que rebaje el tope del calendario. Si no, no cuenten con nosotros, y vamos a vetarla.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señor Tardà.
Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Seco Revilla.
El señor SECO REVILLA: Gracias, señora presidenta.
Señor Esteban, hace año y medio, en esta tribuna, S.S. calificaba a la Administración del Estado como gran símbolo de la España eterna, algo así como un inexpugnable castillo al que no podían acceder unas lenguas ajenas al castellano -decía
usted- por no formar parte
de lo español. Es cierto que a pesar del énfasis de la Constitución por la cooficialidad de las lenguas oficiales y de su mandato para proteger la herencia cultural que suponen como integrantes del patrimonio lingüístico español, hasta el
año 2004 muy poco fue lo realizado por la Administración General del Estado, por el Gobierno de entonces, más allá de aquellos momentos íntimos en los que Aznar se expresaba en catalán. Es incontestable que al Partido Popular esta riqueza cultural
no le suscita aprecio singular, sino que a lo sumo es objeto de uso utilitarista, cuando no frívolo o despectivo.
Repasando la intervención en el Pleno del 17 de marzo de 2009, su portavoz llegó a tergiversar la cita de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para afirmar que solo el español es lengua vehicular de la Administración del Estado.
Cualquiera de las sentencias dictadas sobre esta materia por el Constitucional resuelve que la cooficialidad afecta sin exclusión a todos los órganos dependientes de la Administración central y de otras instituciones estatales. Solo año y medio
después, el vicepresidente tercero del Gobierno ha justificado un elenco numeroso de avances en el bilingüismo real y de normalización del uso de lenguas oficiales: en educación, Registro Civil, permisos de circulación...
También le resalto el
esfuerzo del Gobierno en la protección, reconocimiento y difusión de las lenguas cooficiales ante instituciones europeas que no voy a repetir por economizar el tiempo. Por su sola significación, sí le daré cuenta de la ratificación de la Carta
europea de las lenguas regionales. Señor Esteban, le diré además que el Gobierno, en su interés por ofrecer el mejor servicio posible al ciudadano, viene realizando un importante esfuerzo para facilitar el acercamiento a sus servicios en términos
de accesibilidad lingüística a la información, los servicios y los procedimientos de la Administración General del Estado así como la Administración electrónica mediante Internet. Y respecto a los supuestos concretos que son objeto de su queja
específica, a esta fecha la situación está notablemente superada en buena parte de los puntos, tanto en Trabajo y Seguridad Social como en Interior. A día de hoy, el documento nacional de identidad electrónico es bilingüe en todas las comunidades
autónomas que tienen lengua oficial propia, los formularios se confeccionan de forma bilingüe, la aplicación y la herramienta informática es bilingüe y el sistema automático que atiende las llamadas de cita previa está preparado para activarse
cuando las respuestas se dan utilizando los topónimos oficiales de la lengua propia de la comunidad autónoma.
Ciertamente, cuando en el año 2004 partimos de una cota muy baja, casi cercana a cero, se han de implementar procesos graduales en la capacitación lingüística de los empleados públicos, en los formularios y procedimientos administrativos,
pero muy especialmente en la administración, páginas web y portales. En todos estos campos los avances y logros de los gobiernos del presidente Zapatero son bien visibles y se han de valorar en su justa medida, en especial con la creación del
Consejo y la Oficina para las Lenguas Oficiales, y precisamente a partir de su existencia quizás en una actividad sorda pero eficiente.
La propuesta que le formula mi grupo, señor Esteban, y que va a dar cuerpo a la enmienda transaccional junto con las aportaciones que usted formula van a conseguir asegurar que en esta legislatura logremos el derecho de un ciudadano a
relacionarse con la Administración del Estado en la lengua oficial de su elección. Ese es el alcance de la enmienda, que a lo largo del próximo periodo de sesiones completemos las lagunas pendientes en Justicia, Interior, Trabajo y Seguridad
Social, tanto en atención como en impresos y formularios, en la Administración electrónica y en materia de lenguas oficiales. Y es que el modelo constitucional no solo contempla y ampara la protección y fomento de las lenguas cooficiales sino que
además tutela el derecho subjetivo de cada ciudadano a hablar la lengua oficial en el ámbito de su comunidad y garantiza que las relaciones del ciudadano con la Administración se puedan desenvolver en la lengua de su elección, ese derecho de opción
lingüística que a la vez es garantía del pluralismo político, lingüístico y de la diversidad del país.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señor Seco. (Aplausos.)
En turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Uso de las formas deturpadas de las provincias de A Coruña y Ourense en vez de su forma originaria y legal en páginas web del Ministerio de Industria; deturpación de la toponimia gallega en la web de la Seguridad
Social, en la web del Imserso o en la marquesina de alguna estación del ADIF; ausencia de versión en gallego en la página web del ICEX, organismo dependiente del Ministerio de Industria, o en los portales policía.es, guardiacivil.es,
dnielectrónico.es, citapreviadni.es, dependientes todos del Ministerio del Interior, o en la web de la Seguridad Social; ausencia también de versiones en gallego en las campañas publicitarias del Ministerio de Ciencia e Innovación sobre ayudas a la
innovación empresarial o en la campaña publicitaria del Tesoro Público; discriminación y acoso laboral en una capitanía marítima de Galicia a trabajadores por expresarse en lengua gallega; imposibilidad de realizar trámites en gallego ante la
Dirección General de Tráfico; negativa de la Policía y de la Guardia Civil a admitir certificaciones de estudios de bachillerato expedidas en gallego para poder acceder a las oposiciones de ingreso a estos cuerpos; imposibilidad de presentar tesis
doctorales en lengua gallega en la Universidad Nacional de Educación a Distancia; insuficiente convocatoria de plazas para la atención telefónica en gallego en la campaña de la renta. Señorías, este es un pequeño resumen de las distintas
iniciativas presentadas por el Bloque Nacionalista Galego desde el inicio de la
presente legislatura, reveladoras todas ellas de la ausencia de una asunción real de la diversidad lingüística existente en el Estado español y, por tanto, de un respeto real a esa diversidad lingüística.
Señorías, estas iniciativas que acabo de enumerar describen la situación que tenemos que padecer muchos ciudadanos que no tenemos como lengua propia el castellano en nuestra vida diaria y en nuestra relación con la Administración, en
particular con la Administración General del Estado y sus organismos periféricos. Señorías, esta es la realidad de las cosas frente al discurso demagógico que presenta una realidad invertida en materia de discriminación lingüística en el Estado
español. Por eso, señoría, apoyamos total y absolutamente los contenidos de esta moción.
Además, con respecto al texto original, nos gusta que no sea una moción meramente declarativa, sino que proponga medidas taxativas para corregir esta
situación. Es fundamental para avanzar en el reconocimiento de la diversidad lingüística existente en el Estado español y en el respeto a los ciudadanos asegurar el derecho de todos a poder relacionarse con la Administración General del Estado en
su propia lengua.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jorquera.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.
Señorías, Convergència i Unió apoya la moción que hoy ha presentado el Partido Nacionalista Vasco ante el Pleno de la Cámara. Esta es una moción que demuestra una vez más que tenemos una asignatura pendiente. No va a ser la única
disposición que en este sentido se aprueba y queda después en el cajón del olvido de los cumplimientos del Gobierno. Porque, señor Esteban, coincidimos en el diagnóstico y en las propuestas que nos plantea su grupo parlamentario, pero es que ya
existe dentro del Ministerio de Política Territorial, entrando en el organigrama y bajándose las subdirecciones, una oficina para la promoción de las lenguas distintas del castellano como órgano interministerial que debe velar para dar cumplimiento,
entre otras, a cuestiones que ya hemos votado en sentido similar y a las que hoy nos plantea una vez más el Partido Nacionalista Vasco: avanzar en esa concepción de Estado plurilingüe; Estado plurinacional, Estado plurilingüe. Por tanto, esta es
una asignatura pendiente; se realizan avances tímidos que al final son difíciles de concretar en el día a día, pero el Grupo Vasco hoy ha hecho un excelente esfuerzo de concreción en aspectos de la vida diaria: esos formularios que no puedes
bajarte, esas solicitudes que nunca encuentras en las diversas lenguas, que son oficiales y propias de las comunidades autónomas, porque el concepto de lengua propia también hay que ponerlo en valor. Por tanto, asignatura pendiente y apoyo total a
lo que hoy se nos plantea por el Grupo Nacionalista Vasco.
Y una reflexión, celebro que finalmente hoy vaya a aprobarse esta moción, vía texto transaccional. Si se aprueba, habrá -para entendernos- quizá un horizonte de nuevos avances y nuevas perspectivas, quizá también nuevas perspectivas de
incumplimientos si lo que hoy aprobamos finalmente no llega a materializarse. Fíjense que en el texto inicial de la enmienda transaccional que el Grupo Socialista proponía al Grupo Vasco ya se intuía alguna intencionalidad de quedar bien y cumplir
poco, pues en el texto inicial que se nos ha repartido se pretendía que se presentara un proyecto de ley antes del 31 de diciembre del año 2011. Como nunca se presentan antes de la fecha que se aprueba -siempre es después-, esto quería decir que no
se iba a tramitar en esta legislatura porque evidentemente en diciembre de 2011 ya no habrá horizonte legislativo para aprobar ningún proyecto de ley. Las elecciones van a ser convocadas en el primer semestre de 2012 y, por tanto, las Cámaras se
van a disolver a inicios de ese año. Por tanto, eso era ya un brindis al sol absoluto.
Finalmente, y con buen criterio, se modifica ese compromiso. En el texto que vamos a votar se compromete el Grupo Socialista a presentar un proyecto de ley
antes del final del próximo periodo de sesiones -estamos hablando de antes del 30 de junio del año 2011-. Si se cumple este compromiso, y esperemos que la rectificación obedezca a una voluntad de cumplirlo, vamos a situar el final de esta
legislatura en los términos que muchos venimos reclamando: un proyecto de ley específico que cumpla lo que viene reclamándose ya incluso con leyes aprobadas como el Estatuto de Autonomía de Cataluña: reconocer la iniciativa de poder dirigirse en
cualquier lengua cooficial a determinados órganos del Estado. Esta es también una asignatura pendiente, debe legislarse sobre la misma y esperamos que, tras la aprobación de esta moción, se cumpla esta vez con el compromiso y que antes del 30 de
junio del próximo año tengamos ese proyecto de ley. Estaremos vigilantes. Esperemos, más allá de presentarlo, que llegue a aprobarse y contribuya a esa necesaria pedagogía de un estado plurinacional y plurilingüe que es el que defendemos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jané.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor García-Tizón.
El señor GARCÍA-TIZÓN LÓPEZ: Señora presidenta, señorías, voy a fijar con toda brevedad la posición del Grupo Parlamentario Popular en relación con la moción presentada por el Grupo Vasco sobre la posibilidad de cooficialidad de las lenguas
en determinadas instancias de la Administración del Estado y sus organismos autónomos.
Este debate nos retrotrae en cierto modo al debate que se sustanció en torno al artículo 3 de la Constitución respecto de la cooficialidad de las distintas lenguas españolas y particularmente el alcance que se daba a esa cooficialidad. No
les diré nada nuevo a SS.SS. si afirmo que este debate tiene una dificultad técnica normativa, como ha sido recogido por el propio Tribunal Constitucional en su sentencia 205/1990, de 13 de diciembre, porque se trata de una materia de considerable
importancia simbólica y afectiva en la estructuración autonómica del Estado. Una de las funciones esenciales que corresponde a la Constitución es favorecer la integración política, tanto funcional como material, y en esta integración, en un estado
de construcción plural como es el Estado español, tiene un papel decisivo o esencial la diversidad lingüística. En este sentido, el artículo 3 de nuestra Constitución estableció una fórmula innovadora que iba más allá de su precedente más
inmediato, el artículo 4 de la Constitución de la República del año 1931. En aquella quedaba a lo que dispusieran las leyes respecto de la eficacia o el uso que pudieran tener otras lenguas en provincias o regiones, mientras que la actual
Constitución española, en una fórmula ciertamente original, estableció un proceso que ha venido a denominarse de cooficialidad. Por una parte, reconoce el castellano como la lengua oficial del Estado.
(Rumores.)...
La señora VICEPRESIDENTA: Perdone un momento, señor García-Tizón.
Señorías, les ruego un poco de silencio. (Pausa.) Claro, como no me oyen, no pueden guardar silencio.
El señor GARCÍA-TIZÓN LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Decía que la actual Constitución, por una parte, reconoce el castellano como lengua oficial del Estado que todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho a usar. Al mismo tiempo, reconoce la cooficialidad; que serían oficiales
aquellas lenguas en aquellas autonomías según lo que dispusieran sus respectivos estatutos de autonomía y que esta cooficialidad o este sistema plurilingüe es un patrimonio cultural objeto de especial respeto y protección. El problema viene a la
hora de determinar cuál es el alcance de esa cooficialidad, y el primer plano que debemos entender es que el castellano es la lengua oficial de todo el Estado y por ende la lengua oficial normal de utilización de lo que es la Administración General
del Estado, que es la que sirve a todo el conjunto del Estado español. El segundo plano es el alcance territorial, y el artículo 3 de nuestra Constitución huyó en cierto modo de una configuración territorial o personal remitiendo esto al espacio
que definiesen los estatutos de autonomía, aunque nunca o no siempre debe coincidir la actuación lingüística con lo que es el propio territorio de la autonomía, y de hecho tenemos territorios en que esto es así. El tercer plano es el de la
proporcionalidad que cabe aceptar respecto de la cooficialidad de estos sistemas, porque si bien es cierto que la utilización de las lenguas cooficiales en los distintos territorios de las comunidades autónomas no es incompatible con un principio de
igualdad, hay que reconocer que de alguna manera alguna barrera real se establece a la libre circulación e igualdad exigible a los funcionarios públicos en las correspondientes comunidades autónomas. En definitiva, señorías, lo que ha venido a
decir el Tribunal Constitucional es que el tema de la cooficialidad hay que cohonestarlo con el principio de libertad de circulación y el sentido de la proporcionalidad, y en ese sentido, señorías, no significa que con carácter general deba
reconocerse la utilización en todos los ámbitos correspondientes. Es indudable que en el ámbito propio de la comunidad autónoma y de la Administración autónoma sí debe aceptarse; sin embargo, cuando hablamos de la Administración General del Estado
esto debe remitirse a las propias relaciones de puestos de trabajo y determinar con claridad cuáles son aquellos puestos de trabajo en los que sí se requiere esta cooficialidad.
Nuestro grupo entiende que los términos en los que ha sido presentada la moción, los aspectos a que hace relación la misma no exigen ese deber de cooficialidad que dice la moción. Por lo tanto, nuestro grupo va a votar en contra.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señor García-Tizón.
Señor Esteban, entiendo que vamos a votar el texto transaccional que ha presentado; es decir, con la enmienda del Grupo Socialista.
El señor ESTEBAN BRAVO: Sí, señora vicepresidenta, el texto transaccional.
La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señor Esteban.
Votaremos dentro de tres minutos. (Pausa.)
Señorías, vamos a proceder a las votaciones. Por favor, cierren las puertas.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA APLICACIÓN DEL TIPO REDUCIDO DEL IVA DEL 4 POR CIENTO AL SECTOR TURÍSTICO. (Número de expediente 122/000207.)
La señora VICEPRESIDENTA: Votación de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la aplicación del tipo reducido del IVA del 4 por ciento al sector turístico.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 159; en contra, 175; abstenciones, ocho.
La señora VICEPRESIDENTA: Queda rechazada.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE SEGURIDAD DE LOS COOPERANTES EN EL EXTERIOR. (Número de expediente 162/000714.)
La señora VICEPRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre seguridad de los cooperantes en el exterior. Vamos a votar la transaccional presentada a la Presidencia si ningún grupo parlamentario se opone.
(Pausa.) Votamos entonces en los términos de la transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 341.
La señora VICEPRESIDENTA: Queda aprobada la proposición no de ley.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA REDUCCIÓN DEL PERSONAL EVENTUAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. (Número de expediente 162/000684.)
La señora VICEPRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa a la reducción del personal eventual al servicio de la Administración General del Estado, que se vota con las enmiendas de Esquerra
Republicana, una de ellas de sustitución y la segunda de adición.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 161; en contra, 169; abstenciones, 12.
La señora VICEPRESIDENTA: Queda rechazada la proposición no de ley.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LAS PROPUESTAS DEL GOBIERNO PARA REFORMAR EL SISTEMA DE PENSIONES (Número de expediente 173/000166.)
La señora VICEPRESIDENTA: Moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre las propuestas del Gobierno para reformar el sistema de pensiones. En primer lugar, votaremos los puntos
1, 2 y 3 de forma conjunta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 342.
La señora VICEPRESIDENTA: Quedan aprobados los puntos 1, 2 y 3 de la moción.
A continuación, votamos el punto 4 de la misma moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 168; en contra, 166; abstenciones, ocho.
La señora VICEPRESIDENTA: Queda aprobado el punto 4.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, PARA QUE EL GOBIERNO CLARIFIQUE LA POLÍTICA DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE EN ESPAÑA.
(Número de expediente 173/000167.)
La señora VICEPRESIDENTA: Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso para que el Gobierno clarifique la política de infraestructuras de transporte en España. Se añade la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. Ese es el
texto que pasa a votación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 336; abstenciones, seis.
La señora VICEPRESIDENTA: Queda aprobado el texto de la moción.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN CUANTO AL USO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y SUS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEPENDIENTES DE OTRAS LENGUAS OFICIALES DISTINTAS DEL CASTELLANO.
(Número de expediente 173/000168.)
La señora VICEPRESIDENTA: Moción del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) sobre la política del
Gobierno en cuanto al uso por parte de la Administración General del Estado y sus organismos y entidades dependientes de otras lenguas oficiales distintas del castellano. Se va a votar el texto de la transaccional presentada y acordada
entre el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y el Grupo Parlamentario Socialista. ¿Algún grupo se opone a su tramitación? (Pausa.) Pasamos a votar el texto de la transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 192; en contra, 149; abstenciones, una.
La señora VICEPRESIDENTA: Queda aprobada la moción.
Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve.
Eran las siete y treinta minutos de la tarde.