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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 173, de 15/06/2010
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2010 IX Legislatura Núm. 173
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 164
celebrada el martes, 15 de junio de 2010
ORDEN DEL DÍA:
Inclusión en el orden del día:
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la recuperación de los incentivos fiscales a la compra de vehículos de turismo y vehículos industriales. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 174-1, de 3 de abril
de 2009. (Número de expediente 122/000151.) .... (Página 5)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Oramas y Sr. Perestelo), de modificación de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del régimen económico y fiscal de Canarias. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 236-1, de 16
de abril de 2010. (Número de expediente 122/000211.) ... (Página 12)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre organización de respuesta a catástrofes humanitarias en la UE. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 404, de 7 de junio de 2010. (Número de expediente 162/000671.) ...
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la regulación de la utilización de aviones militares en caso de usos exclusivamente particulares o partidistas por miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración General del
Estado. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 216, de 5 de junio de 2009. (Número de expediente 162/000444.) ... (Página 23)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la necesidad de reafirmar los principios del Pacto de Toledo al abordar las reformas del sistema de pensiones. (Número de expediente 173/000149.) ...
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la política fiscal que necesita nuestra economía para recuperar su capacidad de crecimiento y creación de empleo. (Número de expediente 173/000150.) ... (Página
33)
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la racionalidad, austeridad y transparencia en la gestión y remuneración de directivos de bancas y empresas cotizadas, y la necesidad de
garantizar el crédito a familias y empresas. (Número de expediente 173/000151.) ... (Página 39)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página 44)
Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página 45)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 45)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Inclusión en el orden del día ... (Página 4)
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento y lo acordado por la Junta de Portavoces, el señor presidente somete a la consideración de la Cámara la inclusión de un punto nuevo en el orden del día consistente en la creación de una
subcomisión en el seno de la Comisión de Economía y Hacienda para el fomento de la economía social, lo que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 5)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la recuperación de los incentivos fiscales a la compra de vehículos de turismo y vehículos industriales .... (Página 5)
En defensa de la toma en consideración de la proposición de ley interviene el señor Delgado Arce, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; Herrera Torres y Canet i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds;
Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el señor Alique López, del Grupo Parlamentario Socialista.
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Oramas y Sr. Perestelo), de modificación de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del régimen económico y fiscal de Canarias ... (Página 12)
En defensa de la toma en consideración de la proposición de ley interviene el señor Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario Mixto;
la señora Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y los señores Ponce Anguita, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Segura Clavell, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proposiciones no de ley ... (Página 18)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre organización de respuesta a catástrofes humanitarias en la UE ... (Página 18)
Defiende la proposición no de ley el señor Tudanca Fernández, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Soravilla Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Llamazares Trigo, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Tudanca Fernández.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la regulación de la utilización de aviones militares en caso de usos exclusivamente particulares o partidistas por miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración General del
Estado ... (Página 23)
Defiende la proposición no de ley el señor Aguirre Rodríguez, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y
Cuadrado Bausela, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Aguirre Rodríguez.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 27)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la necesidad de reafirmar los principios del Pacto de Toledo al abordar las reformas del sistema de pensiones ... (Página 27)
Defiende la moción el señor Campuzano i Canadés, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y la señora López i Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Díez González y Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Burgos Gallego, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Campuzano i Canadés.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la política fiscal que necesita nuestra economía para recuperar su capacidad de crecimiento y creación de empleo ... (Página 33)
Defiende la moción el señor Tomé Muguruza, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Díez González y el señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y las señoras Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) y Gastón Menal, del Grupo Parlamentario Socialista.
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la racionalidad, austeridad y transparencia en la gestión y remuneración de directivos de bancas y empresas cotizadas, y la necesidad de
garantizar el crédito a familias y empresas ... (Página 39)
Defiende la moción el señor Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Nadal i Aymerich, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Fernández Marugán, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto y Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y la señora Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página 44)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la recuperación de los incentivos fiscales a la compra de vehículos de turismo y vehículos industriales, se
rechaza por 160 votos a favor, 181 en contra y una abstención.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Oramas y Sr. Perestelo), de modificación de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del régimen económico y fiscal de
Canarias, se aprueba por 341 votos a favor.
Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página 45)
Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre organización de respuesta a catástrofes humanitarias en la UE, se aprueba por 332 votos a favor y 10 abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la regulación de la utilización de aviones militares en caso de usos exclusivamente particulares o partidistas por miembros del Gobierno y
altos cargos de la Administración General del Estado, con la incorporación de la enmienda del Grupo Vasco, se rechaza por 162 votos a favor, 177 en contra y tres abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 45)
Sometidos a votación conjunta los tres primeros puntos de la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la necesidad de reafirmar los principios del Pacto de Toledo al abordar las reformas del sistema de pensiones,
se aprueban por 342 votos a favor.
Sometido a votación el punto 4 de la misma moción, se aprueba por 174 votos a favor, 166 en contra y una abstención.
Sometidos a votación separada los seis puntos de la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la política fiscal que necesita nuestra economía para superar su capacidad de crecimiento y creación de empleo, se aprueban los
puntos 2, 4 y 5 y se rechazan los puntos 1, 3 y 6.
Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la racionalidad, austeridad y transparencia en la gestión y remuneración de
directivos de bancas y empresas cotizadas, y la necesidad de garantizar el crédito a familias y empresas, se aprueba por 181 votos a favor, 156 en contra y cinco abstenciones.
Se suspende la sesión a las ocho y cuarenta y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
Como asunto previo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento y lo acordado por la Junta de Portavoces,
someto a SS.SS. la inclusión de un punto nuevo en el orden del día consistente en la creación de una subcomisión en el seno de la Comisión de Economía y Hacienda para el fomento de la economía social. ¿Lo acuerda así la Cámara?
(Asentimiento.) Así queda acordada la inclusión en el orden del día del punto anunciado.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA RECUPERACIÓN DE LOS INCENTIVOS FISCALES A LA COMPRA DE VEHÍCULOS DE TURISMO Y VEHÍCULOS INDUSTRIALES. (Número de expediente 122/000151.)
El señor PRESIDENTE: Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley. Proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a la recuperación de los incentivos fiscales a la compra de vehículos de turismo y
vehículos industriales. Para la defensa de la toma en consideración tiene la palabra don Celso Delgado.
El señor DELGADO ARCE: Gracias, señor presidente.
Señorías, comparezco en nombre del Grupo Parlamentario Popular para defender una proposición de ley presentada el 17 de marzo del pasado año 2009 destinada a fomentar la actividad en el sector del automóvil recuperando y ampliando los
beneficios fiscales contenidos en el Plan Prever y que se aplicarán tanto a los vehículos de turismo como a los industriales. El de la automoción es un sector que entre las empresas fabricantes de automóviles, las distribuidoras y la industria
auxiliar de componentes cuenta con más de 350.000 empleos directos e indirectos.
Comienzo diciendo con claridad que lo que pretendemos con esta intervención en el centro del debate político de este país, que es precisamente este Pleno, es que
hablemos nuevamente de las ayudas, de los incentivos a la compra de automóviles.
Señorías, el Pleno del Congreso aprobó el 27 de abril del presente año por un solo voto de diferencia sendas proposiciones no de ley del Grupo Popular y de Convergència i Unió. Reclamábamos entonces la prórroga durante este año del Plan
2000E de ayudas directas a la compra de vehículos una vez que se agotasen los 100 millones de euros presupuestados por el Gobierno y forzábamos al Ejecutivo a rectificar su posición. Pues bien, señorías, el Gobierno una vez más, despreciando lo que
aquí se acuerda, lo que aquí votamos, ha decidido que no va a prorrogar el Plan 2000E. El propio señor ministro en el Pleno del Senado el 8 de junio manifestaba su negativa argumentando que el 80 por ciento de la demanda de vehículos en España va a
la importación y que estamos en un periodo de austeridad fiscal y que no le parecía razonable continuar con el plan de ayuda a la compra del automóvil. Pues bien, señorías, voy a refutar estas argumentaciones.
Lo primero es recordar el retraso en acordar estas ayudas. Señorías, la crisis de la automoción se desató ya en el año 2008, y era mayo de aquel año 2008 cuando este Grupo Parlamentario Popular defendía el establecimiento de un plan Prever.
Por supuesto, nuestra iniciativa fue rechazada, pero nuestros temores se cumplieron: las matriculaciones de turismos cayeron en 2008 en 450.000 unidades. Señorías, hasta mayo del pasado año 2009, en el mercado español había una acumulación de un
retroceso de un 42,7 por ciento en la venta de coches, lo cual era la expresión más clara del fracaso del entonces llamado Plan VIVE. Una vez más el Gobierno socialista negó la crisis y no aceptaron las sugerencias del sector. Hubo que esperar
hasta el debate sobre el estado de la Nación del pasado año, el 12 de mayo, para que el Gobierno propagandísticamente anunciara unas medidas en las que él ponía la cuarta parte, 500 euros, le endosaba los otros 500, sin consultar, a las comunidades
autónomas y 1.000 se imputaban a fabricantes y a concesionarios. Lo cierto y verdad es que solo fue aprobado por un decreto en mayo del año 2009, que estableció la vigencia de estas ayudas para adquisiciones a partir del 18 de mayo y se dotó con un
crédito de 100 millones de euros.
La primera conclusión que hemos de extraer es por lo tanto que las ayudas directas al automóvil llegaron a España tarde, cuando ya estaban en vigor en Alemania y en Francia y, por cierto, con cuantías que doblaban las que finalmente se
reconocieron en España. En países de nuestro entorno la media de duración de estas ayudas ha sido de dieciocho meses. Recuerdo que aquí llevamos doce meses y algunos días. Pues bien, señorías, ¿fueron buenas estas ayudas para España, para la
economía española, como vaticinaba el Partido Popular? Sí, fueron muy buenas, fueron muy buenas para la producción incluso de los propios vehículos fabricados en España.
Recordemos que desde su puesta en marcha se incrementaron en 100.000 unidades
los turismos producidos en España y destinados a los mercados internos y que la cuota de matriculación del mercado español de producción nacional se incrementó en un 12 por ciento. La incentivación del mercado se tradujo también en las ventas,
porque en el año 2009 las matriculaciones solo cayeron un 17,7 por ciento, cuando en el año anterior habían caído la enorme cifra de un 28,8 por ciento, y en 2009 se vendieron 950.000 vehículos con 280.000 operaciones imputadas al Plan 2000E, de las
que nosotros estimamos -al decir nosotros nos referimos también al sector del automóvil- que se pueden imputar directamente a la demanda generada por estas ayudas 130.000 vehículos, y en este año 2010 llevamos 110.000 vehículos imputables
directamente al Plan 2000E.
Señorías, la rentabilidad y las bondades de estos incentivos y ayudas no se pueden poner en duda bajo ningún punto de vista. Recientemente una consultora
contratada por la Comisión Europea ha constatado que los planes de ayuda a la compra de coches implementados en el pasado año por diferentes países europeos incrementaron el PIB europeo entre el 0,16 y el 0,2 por ciento, generaron un consumo
añadido de 2,16 millones de coches y mantuvieron el empleo con 120.000 puestos de trabajo en las plantas de fabricación de toda la Unión Europea. Aquí, estas ayudas del Plan 2000E hasta mayo eran responsables de una subida del 44 por ciento de las
ventas.
Otra pregunta que debemos hacernos con toda la seriedad, ¿producen retornos fiscales estas ayudas o estamos tirando el dinero? Señorías, producen retornos fiscales innegables. Hoy mismo los técnicos del Ministerio de Hacienda han difundido
que desde mayo de 2009 -fecha en la que entraron en vigor estas ayudas- hasta abril de 2010, el Estado ingresará con cargo a todas las operaciones del Plan 2000E -400.000 operaciones- un total de 1.016 millones de euros, una cifra descomunal y
extraordinaria. Solo de IVA los ingresos son 747 millones de euros, es decir cuatro veces más que los 240 millones de euros de dotación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para el Plan 2000E. Si esos cálculos son los de los técnicos
del Ministerio de Hacienda, que nosotros respetamos, haciéndolos todavía más moderados y simplemente computando las operaciones imputables al Plan 2000E, nos encontraríamos con que se generó en 2009 una demanda adicional de 130.500 vehículos, que a
una repercusión unitaria de 3.208 euros supusieron una recaudación fiscal de 418 millones en 2009 y de 352 millones en lo que va de año 2010. No solamente, señorías, hay que valorar la repercusión directa fiscal de ingresos, sino que hay que tener
en cuenta el mantenimiento de al menos 30.000 empleos en España que se han librado de engrosar las listas del paro, de tener que cobrar subsidios y prestaciones por desempleo y de tener que dejar de cotizar a la Seguridad Social. Si sumamos esas
repercusiones, el Estado obtiene un retorno fiscal altamente positivo.
Señorías, las alertas han saltado. El Plan 2000E ha agotado ya su presupuesto en las fechas en las que estamos. Todos los sectores que operan en el mundo de la distribución de automóviles apuntan a que podría seguirse generando una demanda
adicional en el segundo semestre de 2010 de 160.000 vehículos, 160.000 vehículos que se pueden dejar sin vender no solo porque estos incentivos van a desaparecer -de hecho, desaparecen- sino también por el fenómeno de la subida del IVA. El 1 de
julio sube el IVA del 16 al 18 por ciento, lo que tiene una incidencia muy clara en el precio de todos los artículos pero por supuesto en el precio de los automóviles: como mínimo, sobre un precio medio estimado de 14.500 euros, una subida de 300
euros. Ya se nos alerta claramente sobre los síntomas.
Si bien en el mes de mayo las matriculaciones crecían un 44 por ciento, en estos momentos ya se está experimentando un retroceso en pedidos a fábrica del 30 por ciento y además ha bajado
alrededor de un 75 por ciento el tránsito de clientes por las exposiciones de venta de coches y también desgraciadamente, por primera vez en ocho meses, ha descendido la producción de turismos en las plantas españolas. Todos estos síntomas son la
expresión de que podemos pegarnos un gran batacazo en la industria del automóvil, en el sector del automóvil. Podemos contribuir desde aquí a remediarlo si somos sensibles, si nos anticipamos, si no seguimos renqueando como en otras ocasiones. Es
indiscutible que estas ayudas son buenas para el sector y, como ya expliqué antes, para el retorno fiscal a las arcas del Estado. Hemos dicho hasta la saciedad que las rebajas selectivas de impuestos, la aplicación de incentivos a aquellos sectores
que realmente pueden dinamizar nuestra economía son medidas de política económica necesarias en momentos como este. No podemos vivir permanentemente de una economía subsidiaria y a la defensiva. Tenemos que incentivar allí donde podemos generar
demanda. No solo hay que hablar de recortes, hay que hablar de reformas, que es lo que en las bancadas socialistas no se quiere pronunciar, o cuando se pronuncia se llega siempre tarde.
Señorías, el instrumento existe, hemos visto sus bondades. ¿Por qué no lo mantenemos hasta fin de año? ¿Por qué no permitimos que la economía siga manteniendo en algún sector algún síntoma que contribuya al despegue de nuestro país? Esta
es la gran reflexión que yo he venido a hacer aquí.
Más que referirme al texto de la proposición de ley que sometemos hoy a debate, es la recuperación de un antiguo plan Prever. Nosotros sabemos que aunque hoy aprobásemos la toma en consideración
de la proposición de ley, no se podrían implementar estas ayudas, pero utilizando esta tribuna, en nombre de mi grupo parlamentario quiero, como dije al principio, alzar la voz. Necesitamos que se prorroguen las ayudas del Plan 2000E y nosotros
planteamos este debate justamente en estos términos.
No quiero dejar de mencionar que estas ayudas se destinarían también a la compra del vehículo industrial, que depende directamente de la actividad económica y especialmente de la construcción, tanto residencial como de obra pública. Si no
hay construcción y actividad económica, no se venden ni se reparan camiones. Tengo que darles el triste dato de que las matriculaciones en 2009 cayeron un 62,68 por ciento y el derrumbe de todo este sector es espectacular. Nosotros tenemos que
hacer algo para lograr que este sector no se derrumbe todavía más, porque está influyendo en la posventa, en los talleres, en los transportistas y en los autónomos.
Emplearé un minuto, ya que estamos hablando del Plan 2000E, para reiterar lo que ya dije en este hemiciclo el día 14 de abril, cuando le decía al señor ministro que la gestión de estas buenas ayudas del Plan 2000E no estaba siendo eficaz
porque los concesionarios, que fueron los que adelantaron estas ayudas, están viendo como todavía a día de hoy hay más de 27.975 operaciones sin gravar, de las que 11.880 expedientes corresponden al Ministerio de Industria. Una vez más denuncio
aquí esta situación, que se debe a la inoperancia y a la
mala gestión de la fundación a la que el Ministerio de Industria encomendó esta gestión y pido una vez más que el Ministerio de Industria reembolse en su integridad a los concesionarios las subvenciones adelantadas a los compradores hasta el
31 de marzo de 2010.
Termino, señorías, pidiéndoles la toma en consideración de esta proposición de ley, a sabiendas de que la petición, reitero por tercera vez, es una llamada de atención a que podemos y debemos animar e incentivar al sector de la automoción
con unas ayudas fiscales que producen un retorno muy positivo a las arcas del Estado. El empleo, la productividad de nuestra economía, la recuperación y la salida de la crisis necesitan de estímulos como los que hoy he venido a defender.
Espero de
su sensibilidad y agradezco en cualquier casos todas sus interesantes aportaciones y sugerencias, que por supuesto en el trámite de la proposición de ley, caso de ser admitida, estaríamos gustosamente dispuestos a aceptar, reconsiderar y adaptar al
momento y a la situación actual.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Delgado.
Para fijar la posición por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.
Señorías, manifiesto en primer lugar nuestra coincidencia con el grupo proponente en que el sector del automóvil necesita medidas de estímulo para hacer frente a las consecuencias de la crisis económica, dada la importancia que el mismo
tiene en nuestro tejido industrial y en el empleo. Si esta importancia es indiscutible en el conjunto del Estado, lo es más aún, como muy bien sabe el señor Delgado, en Galicia, donde el sector del automóvil es un pilar básico de nuestra economía.
Baste dar el dato de que representa el 12 por ciento de nuestro producto interior bruto y el 32 por ciento de las exportaciones de nuestra comunidad. El sector gallego del automóvil es el más importante de España, representa nada menos que el 17,5
por ciento de la producción total española y genera 20.000 empleos directos; de ahí que seamos enormemente sensibles -como es obvio- al tema objeto de esta proposición de ley. No obstante, estará de acuerdo el señor Delgado en que si algún sector
se ha beneficiado de medidas de estímulo tras el desencadenamiento de esta crisis, este ha sido precisamente el sector de la automoción. En este sentido, disentimos de los contenidos concretos de esta proposición de ley por varias razones.
En primer lugar, es una proposición de ley obsoleta. Describe una situación anterior a la puesta en marcha de una serie de medidas de estímulo que han tenido efectos positivos en la reactivación de la demanda -por cierto, medidas de
estímulo que aún no se han agotado-. Dado que la proposición de ley, de aprobarse, entraría en vigor en 2011, sería más razonable, desde nuestro punto de vista, discutir la pertinencia de estos u otros incentivos en el marco de la negociación de
los próximos Presupuestos Generales del Estado o bien una vez examinada la situación del sector, una vez agotadas las actuales medidas de estímulo. El actual escenario de crisis económica y de recortes presupuestarios exige actuar con el máximo
rigor en esta materia, máxime cuando el grupo proponente dice ser partidario de un retorno apresurado al dogma del déficit cero, dogma que nosotros no compartimos. Por mucho que el señor Delgado haya aportado unos datos muy importantes de como la
activación de la demanda ha provocado un retorno a las arcas del Estado superior a las ayudas impulsadas para la renovación del parque automovilístico, nosotros pensamos que en este contexto cualquier política que conlleve más gasto o menos ingresos
debe ser muy meditada, muy reflexionada y con datos incuestionables sobre la mesa.
En segundo lugar, concentrar las medidas de estímulo en una serie de incentivos fiscales para la compra de vehículos, es decir para reactivar la demanda interna, tiene una eficacia limitada. ¿Y por qué, señorías? Porque el 86 por ciento de
los vehículos fabricados en el Estado español están destinados a la exportación, por tanto no dependen tanto de la reactivación de la demanda interna; demanda interna que de todas maneras ya se ha reactivado de manera muy sensible en el último año.
En tercer lugar, las medidas de estímulo en economía deben servir para incentivar cambios necesarios en la industria de unos patrones de consumo. En ese sentido no creemos que sea una buena medida extender los incentivos fiscales a todo
tipo de vehículos, incluidos vehículos con altas emisiones de CO2. Pensamos que eso no contribuye a introducir los cambios que necesita la industria del automóvil en el Estado español ni contribuye a incentivar cambios en los patrones de consumo,
aunque coincidimos en que en este aspecto los vehículos industriales merecen una atención singular y diferenciada.
Dejo para el final, señorías, el cuarto argumento, desde nuestro punto de vista el más importante. Las medidas contenidas en esta proposición afectan a impuestos, como el impuesto de matriculación, cedidos a las comunidades autónomas; por
tanto, de aprobarse esta proposición de ley con estos contenidos, tendría un impacto en la recaudación autonómica y además no consideramos que sea respetuoso arbitrar medidas de este tipo sin contar con ellas, que en todo caso deben ser las que, en
ejercicio de su autonomía, apliquen estos u otros incentivos fiscales si lo consideran conveniente.
El señor Delgado -concluyo, señorías- ha insistido muy mucho en su intervención en que ante todo lo que quiere hacer es una llamada de atención, que el Gobierno tiene que cumplir las proposiciones no de ley aprobadas por el Congreso de los
Diputados y que es necesario prorrogar las medidas de estímulo más allá del agotamiento de las contenidas en el Plan 2000E. Quiero
expresarle muy claramente que en este aspecto tiene toda la voluntad del BNG para llegar a acuerdos. Le recuerdo al grupo proponente que de hecho en los Presupuestos Generales del Estado para este ejercicio, si se contempla una prórroga del
Plan 2000E, ha sido fruto entre otras cosas de una enmienda presentada por el BNG transaccionada con el grupo que da soporte al Gobierno. Creemos que las proposiciones no de ley hay que cumplirlas y por tanto estamos dispuestos a dialogar y a
llegar a acuerdos para estudiar la pertinencia de prorrogar estas medidas de estímulo y ponernos de acuerdo en los contenidos concretos, pero no creemos que la forma y los contenidos concretos de esta proposición de ley sean los más afortunados;
por eso no vamos a dar apoyo a esta proposición de ley, aunque reiteramos este ofrecimiento al diálogo para estudiar la pertinencia de prorrogar las medidas de estímulo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra en primer lugar don Joan Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Muchas gracias, señor presidente.
Subo a la tribuna para decir que no me parece esta la proposición más razonable y voy a explicar los motivos que me llevan a esta afirmación.
El primero de ellos es que en España se han hecho modificaciones en materia de fiscalidad sobre
los vehículos. Aún recuerdo la Ley de Calidad del Aire, donde a iniciativa de los grupos parlamentarios se modificó el impuesto de matriculación, modificación que permitió que se gravase más a vehículos más contaminantes y menos a aquellos que
menos contaminaban. De hecho quedó pendiente -el Gobierno aún no lo ha incorporado- la modificación en torno al impuesto de circulación, que permitiría gravar más a vehículos más contaminantes y menos a los que menos contaminan.
¿Cuál es el
problema? Que existiendo una fiscalidad que se tiene que desarrollar aún porque la sensibilidad ambiental del Gobierno en materia fiscal ha sido casi igual a cero, no nos parece nada razonable que hoy esta Cámara quiera incluso desandar el camino
haciendo que haya una fiscalidad por igual hacia vehículos más contaminantes y hacia aquellos que menos lo son, teniendo presente además que nuestras fábricas, que nuestra industria de automoción es una industria volcada en vehículos menos
contaminantes; sabiendo que en España ha habido una gran transferencia de recursos con la compra de vehículos más contaminantes y entendiendo que una fiscalidad en materia de automoción que tuviese presente precisamente la contaminación de los
vehículos lo que haría es favorecer a nuestra industria. Este es el primer motivo por el que no podemos votar a favor, porque la propuesta que hace hoy el Grupo Popular no discrimina a un vehículo más contaminante de aquel que menos lo es, y en un
país con una fuerte dependencia energética del exterior esa es una política nada racional, como tampoco es racional que a estas alturas aún no hayamos desarrollado una fiscalidad ambiental, ni modificaciones en el impuesto de circulación, como se
había comprometido el Gobierno a hacer.
Hay una segunda consideración que se refiere a las consecuencias, que afectan a la financiación autonómica, que afectan a un impuesto que recaudan las comunidades autónomas, y de aprobarse la medida que hoy plantea el Grupo Popular,
afectaría gravemente a las finanzas de las mismas. Este es el segundo motivo por el que nuestro grupo no votará a favor.
Voy a añadir un tercero, que es una reflexión. Hoy en Europa la política hacia la automoción es una política dirigida exclusivamente al consumo.
En Estados Unidos, por contra, han hecho una política que lo que hace es acompañar a la
industria de una cierta reconversión industrial para que esa industria empiece a canalizar toda su política hacia un vehículo más sostenible, hacia un vehículo eléctrico o hacia un vehículo verde, mixto.
¿Cuál es el problema? El problema es hoy el
conjunto de la política europea donde también se ha ubicado la política española, una política de incentivo del consumo y una política que no acompaña de recursos la reconversión del sector de la automoción; una reconversión que tiene que ser
justa, que no tiene que tener costes laborales, una reconversión que obviamente tiene que ser acompasada, porque nuestra industria de la automoción es una industria muy importante y muy potente en el conjunto del Estado, pero en particular en
determinadas zonas. Ponían el ejemplo de Galicia, pero está también el ejemplo de Cataluña y de muchas otras zonas del Estado. Nosotros entendemos que hoy lo que es imprescindible hacer es una política que se acompañe de recursos, y recursos no es
solo financiar casi hasta el infinito la compra de un vehículo eléctrico cuando nuestra industria aún no se ha adaptado a la construcción del vehículo eléctrico. La reconversión y los recursos para ella significan obviamente acompañar para que haya
incentivos para que nuestra industria pase de ser una industria como la que es hoy a una industria líder en el vehículo eléctrico y en el vehículo verde, que es aquel vehículo que lo que hace es combinar el uso de combustibles con elementos y
componentes eléctricos. Por todos estos motivos, presidente, nuestro grupo, en concreto Iniciativa Verds e Izquierda Unida, vamos a votar en contra de la proposición de ley del Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrera.
Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra el señor don Francesc Canet.
El señor CANET I COMA: Gracias, señor presidente.
Señorías, la proposición de ley relativa a la recuperación de los incentivos fiscales a la compra de vehículos de turismo y vehículos industriales que trae a esta Cámara el Grupo Popular contiene a nuestro juicio una filosofía que podríamos
compartir en algo, pero ya explicaré que no en mucho. Nuestro partido ha estado de acuerdo en general en la aplicación de medidas que estimulen la demanda y lo ha demostrado con una apuesta lanzada con decisión a finales del año 2008 para impulsar
un sector evidentemente en crisis. Recordemos que la Generalitat de Catalunya añadió un plan propio, el AutoCat, al Plan 2000E del Gobierno.
Sabemos que las medidas que estimulan la demanda son del agrado del sector, pues los resultados a la vista
están. Basta dar un vistazo a las cifras de ventas para comprobar el efecto positivo, al menos desde un punto de vista cuantitativo. De todas formas, al margen de que la proposición de ley ya se planteó en abril de 2009, por tanto el contexto se
resiente un poco, les decía que solo estamos de acuerdo en parte o en algo en la filosofía. Desde Esquerra Republicana pensamos que las medidas deben ser coyunturales, intensas si se quiere pero limitadas en el tiempo para que den resultado y no
generen efectos contraproducentes. Por eso no veíamos clara, y no votamos a favor, la prórroga de las ayudas de apoyo a la demanda hasta finales del año 2010.
Como se ha dicho ya antes por más de un portavoz, no estamos en absoluto de acuerdo con una deducción exclusivamente en el impuesto de matriculaciones, que está traspasado enteramente a las comunidades autónomas. Con ello el esfuerzo fiscal
para incentivar la demanda correría a cargo exclusivamente de estas. Probablemente, reiterando el criterio genérico antes enunciado, es decir medidas de estímulo a la demanda entendidas como algo coyuntural limitado en el tiempo, si tenemos en
cuenta el contexto actual, veríamos con más agrado -no con mucho, pero con algo más agrado- otra línea de estímulos que afectasen por ejemplo al IVA para distribuir el esfuerzo fiscal entre el Estado y las comunidades autónomas. Tampoco podemos
ocultar que desde el punto de vista medioambiental, y también se ha dicho, vemos negativo el contenido de la proposición de ley. No discrimina y por tanto no estimula la compra de vehículos con emisiones más bajas. En resumen, podemos compartir en
parte la filosofía de la proposición de ley, pero no compartimos, en gran parte también, las medidas concretas que se proponen, y por ello no podemos votar a favor de ninguna de las maneras.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Canet. Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra don Pedro Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.
Voy a intervenir brevemente desde el escaño para no repetir muchos de los argumentos que ya se han esgrimido por los que han intervenido antes que yo en este punto. Lo primero que debo decir es que, a pesar de que el discurso del
representante del Grupo Parlamentario Popular ha sido un discurso actualizado teniendo en cuenta cuál es la realidad presente en el sector del automóvil, lo cierto es que la proposición es muy antigua y no recoge lo que ha ocurrido desde hace un año
y pico para acá, que es mucho, en el sector de la construcción y en la economía en general, y además la propuesta que se deriva de la proposición es estrictamente la reducción del impuesto de matriculación, con lo cual es una actuación parcial de
impulso al sector del automóvil. Como bien sabe, nuestro grupo ha venido defendiendo las medidas del Plan 2000E, incluso votamos favorablemente la prórroga del plan. Creemos que el del automóvil es un sector relevante tanto en el PIB como en el
empleo y que tiene un efecto multiplicador muy importante en el resto de los sectores de influencia.
Es un sector a tener en consideración. Pero desde las últimas actuaciones del Plan 2000E, como ya ha señalado el ponente, las ventas de coches han
aumentado de una manera notable. Ello no quiere decir que los problemas del sector del automóvil hayan acabado. Es más, ni los problemas del sector del automóvil ni de otros muchos sectores que se encuentran en dificultades. En este sentido, la
proposición de ley que plantea el Grupo Parlamentario Popular me parece un tanto parcial, máxime teniendo en cuenta que va a haber una subcomisión de política industrial en la que se incluirá el subsector del automóvil, en el que habrá que tratar
con mayor detenimiento las medidas que convienen al sector para generar más actividad y empleo. De hecho, desde que se presentó la iniciativa hace más de un año, las medidas que se han adoptado han permitido que muchos vehículos, los más pequeños,
ya no paguen el impuesto sobre matriculación, con lo cual estamos planteando unas medidas que en algunos casos ya se han puesto en marcha. Por otra parte, tal como se ha dicho esta tarde, el impuesto de matriculación lo recaudan las comunidades
autónomas, con lo cual estaríamos afectando a los recursos y, por tanto, a los déficits de las comunidades autónomas tomando una medida de estas características. Para adoptar una medida así sería mucho más razonable contar previamente con las
comunidades autónomas.
Invitaría al representante del Grupo Parlamentario Popular a que redefiniera y planteara otra iniciativa más actualizada, más coherente y más global, con lo que podría contar con el apoyo de nuestro grupo parlamentario. Pero en esta
iniciativa, en los términos en que está redactada, nos resulta muy difícil prestarles apoyo y es por lo que vamos a votar en contra.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra doña Inmaculada Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Señor presidente, señorías, el Grupo Parlamentario del Partido Popular nos trae a debate la toma en consideración de una proposición de ley por la que se recupera el Plan Prever mediante la articulación de una
deducción en el impuesto sobre matriculación para turismos y una deducción en el IRPF o en el impuesto de sociedades para vehículos industriales. Desde nuestro grupo parlamentario, señorías, debemos hacer varias reflexiones al respecto. En cuanto
al sector haré dos tipos de consideraciones. En primer lugar, algunas con respecto al plan. Hemos de evidenciar una vez más desde el grupo parlamentario al que represento -y entendemos importante hacerlo- que el plan de ayudas directas a la compra
de vehículos ha funcionado y que estas ayudas han sido el motor del incremento sostenido de las ventas del sector en los últimos meses del año pasado y en los primeros de este. Asimismo el plan incide muy positivamente en la sustitución de
automóviles antiguos por otros nuevos que cuentan con mayores medidas de seguridad y tienen un menor impacto sobre el medio ambiente. Además, el plan incide muy positivamente en la sustitución de otros vehículos y en el impulso de compra de nuevos
vehículos -repito- mucho más favorables y con menor impacto sobre el medio ambiente, aspecto que desde nuestro grupo parlamentario queremos resaltar. El Plan 2000E, señorías, ha finalizado en la práctica. La dotación económica prevista ha
finalizado y desde CiU hemos reclamado su prórroga. Existe un mandato aprobado por esta Cámara en este sentido, en el que textualmente se dice: el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incrementar la dotación económica prevista para el
desarrollo del Plan 2000E con el objeto de asegurar el mantenimiento de las ayudas económicas para la adquisición de vehículos durante todo el ejercicio presupuestario 2010 -fecha, 27 de abril de este año-. Pero el ministro de Industria ya ha
puesto de manifiesto que no considera la prórroga del Plan 2000E y desde nuestro grupo parlamentario lo consideramos un error.
En segundo lugar, quisiera hacer unas consideraciones con respecto a la decisión tomada por el Gobierno sobre la subida impositiva del IVA. No podemos olvidar, señorías, ni dejar de tener en cuenta la incidencia del incremento del IVA a
partir del próximo mes de julio. El sector prevé por este efecto un encarecimiento de los vehículos de entre 400 y 450 euros de media. Estas consideraciones, señoría, pueden tener graves efectos en el sector de automoción; un sector de grandes
empresas de fabricación pero también de empresas pequeñas y medianas en la distribución y en componentes, con un fuerte impacto en el mercado económico y laboral y también -incido- en Cataluña.
Entrando ya en el fondo de la proposición de ley que nos plantea el Partido Popular, por parte de nuestro grupo parlamentario quisiera hacer al respecto unas consideraciones de orden más técnico. En primer lugar, no creemos que cortar y
pegar las medidas sea lo oportuno, más cuando el impuesto de matriculación ha cambiado su estructura. Esto supone que un número muy importante de vehículos, aquellos que emiten menos de 120 gramos/kilómetro de CO2, que no tributan por el impuesto
sobre matriculación, no se beneficiarían de la medida. Proyectando esta cifra significaría que un 36 por ciento de los vehículos que se han beneficiado del Plan 2000E no obtendrían en este caso la ayuda de este Plan Prever.
Como los tipos
impositivos del impuesto sobre matriculación se incrementan en relación con el nivel de emisiones de CO2, únicamente los vehículos más contaminantes se beneficiarían de la ayuda máxima.
En segundo lugar, señorías, y con respecto a la proposición de ley, entendemos que se limita la sustitución a vehículos de segunda mano con solo un año, siendo aplicable únicamente a los llamados kilómetro cero y creemos que debería
ampliarse también, y más, este plazo. Por último, entendemos que se instrumenta como una medida de carácter más permanente y no coyuntural.
Presidente, señorías, con estas reflexiones de ámbito más general en torno a las medidas sectoriales y de ámbito más concreto con respecto a la proposición de ley que se debate, dos últimas consideraciones. La primera es para resaltar, como
he expuesto al inicio de mi intervención, que desde CiU nos hemos mostrado partidarios de prorrogar el Plan 2000E como medida de ayuda al sector de la automoción y de la modernización del parque automovilístico con todos los aspectos como el medio
ambiente, la seguridad vial, etcétera.
La segunda consideración es que pensamos que la medida propuesta por el Grupo Popular presenta deficiencias importantes. Por una parte, y tal como he señalado en mi intervención, falta de actualización porque no recoge los últimos cambios
normativos. Por otra, tampoco favorece los vehículos menos contaminantes ni una renovación efectiva del parque automovilístico en línea con el mercado. Y también creemos que el actual contexto económico y productivo requiere más de medidas
coyunturales, como el mantenimiento del Plan 2000E, tal como insistimos desde nuestro grupo parlamentario, que de medidas que impliquen cambios permanentes.
Pero, teniendo en cuenta que se trata de una toma en consideración, que se trata de un
sector estratégico para nuestra economía, que contribuye de manera muy importante a la actividad industrial y productiva y que requiere también de impulsos y de medidas efectivas que se traduzcan en más crecimiento, más competitividad y más
ocupación, tal como está demostrando el Plan 2000E, nuestro grupo, aun con las consideraciones hechas y con las deficiencias y la falta de actualización que evidenciamos en la proposición de ley, la vamos a apoyar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Riera.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra don Jesús Alique.
El señor ALIQUE LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor Delgado, ustedes los del Grupo Popular se llenan la boca con la palabra patria. Yo les tendría que decir que ser patriotas es trabajar para los ciudadanos y que ser patriotas es saber estar a la altura de las circunstancias
y ser responsables en unos momentos difíciles como los que atraviesa la economía española, como, por cierto, hacen los partidos en la oposición en el resto de Europa y como, por cierto, les ha recordado a ustedes recientemente el coordinador del
Grupo Popular Europeo diciéndoles que hay que arrimar el hombro en estos momentos, que ahora no es tiempo de réditos políticos a corto plazo, como ustedes hacen día tras día. En definitiva, señorías, ser patriotas es buscar el interés general y no
ser demagogos e irresponsables como es el Grupo Popular, que se llena la boca diciendo que hay que reducir el gasto público y todos los martes en esta tribuna proponen aumento del gasto público o apoyan el aumento de gasto público que proponen otros
grupos políticos o, como es el caso, proponen reducción de ingresos, sabiendo cuál es -como he dicho anteriormente- la situación presupuestaria, cuál es la situación de las cuentas públicas. Una y otra cosa, señorías, señor Delgado, no es
compatible. Así no se hace patria, señores del Partido Popular, así lo único que hacen es engrosar la lista de incoherencias en las que incurren habitualmente.
Sinceramente, no me parece responsable presentar una iniciativa parlamentaria, una proposición de ley, que falla en su diagnóstico y en su tratamiento, como ya han dicho otros portavoces. En primer lugar, nos presentan una iniciativa
firmada hace un año y medio, totalmente desfasada y fuera de contexto. Ustedes, una vez más, están fuera de juego, nos hablan de datos -usted lo ha hecho esta tarde, señor Delgado- de mayo del año 2008. Los datos de matriculación del mes de mayo,
es decir, de hace quince días, no de hace un año y medio, son un incremento en el número de las matriculaciones del 44,6 por ciento con respecto a mayo del año 2009, y con respecto a lo que va de año, un incremento del 43,5 por ciento, y la
producción industrial -usted ha dato erróneo- ha aumentado de mayo del año 2009 a mayo del año 2010 en un 33,76 por ciento. Es decir, una situación bien distinta a la que ustedes han dibujado, mal que les pese.
Señores del Partido Popular, si ha habido un sector que ha tenido apoyos del Gobierno ha sido precisamente el sector del automóvil, que es un sector clave para la economía española, apoyos tanto desde el lado de la oferta, con el Plan de
competitividad, que ha hecho posible que se anuncien nuevos modelos de vehículos que se van a fabricar en las plantas españolas, como desde el lado de la demanda, con el Plan Vive, posteriormente con el Plan 2000E y durante este ejercicio
manteniendo el Plan de competitividad y también una nueva línea de crédito, en este caso de avales, por importe de 1.000 millones de euros para favorecer la competitividad, la innovación de las fábricas españolas, que les recuerdo que exportan un 80
por ciento de lo que producen. Por tanto, fallan en el diagnóstico, es erróneo, está fuera de la realidad y, además, no construye futuro. Y fallan también en el tratamiento, porque lo que nos proponen es un esquema de trabajo antiguo y arcaico,
como es el Plan Renove, que desapareció en 2008 -ya lo ha dicho algún portavoz, creo que el señor Herrera- con una modificación de la ley para el cobro del impuesto de matriculación, estableciendo criterios fiscales verdes -les recuerdo que se
introdujeron tipos impositivos en función de las emisiones de CO2-, primando mediante la aplicación de un tipo impositivo cero aquellos vehículos menos contaminantes y graduando la tributación de los demás vehículos en función de las emisiones. (La
señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)
La propuesta, si me permiten la expresión, no tiene desperdicio. En primer lugar, en un contexto -como he dicho anteriormente- de ajuste presupuestario, esta proposición de ley propone reducir los ingresos públicos. Es decir, cuando a
ustedes se les pide que concreten en qué hay que disminuir el gasto, ustedes nos salen diciendo que hay que bajar los impuestos. Los impuestos, señor Delgado, no son costes. Los impuestos son aportación a lo común y, por lo tanto, reducir ingresos
y reducir el déficit público es simple y llanamente incoherente e incompatible. En segundo lugar, la creación de este incentivo fiscal supondría una falta de lealtad -lo ha dicho ya algún portavoz- a las comunidades autónomas, pues supondría una
pérdida de recaudación, puesto que este impuesto está cedido totalmente a las mismas. En tercer lugar, la proposición de ley no tiene en cuenta criterios ambientales, es decir, no se modula en función de las emisiones de CO2, no se discriminan
positivamente aquellos vehículos menos contaminantes, como son los híbridos o los eléctricos, que serán el futuro del sector del automóvil. Y, en cuarto lugar, no tiene sentido fijar límites por cilindrada -como hacen ustedes- porque los vehículos
menos contaminantes ya no tienen ningún tipo de tributación, contribuyen al tipo cero, por lo que cualquier deducción que hagamos con esta propuesta que ustedes hacen no les afecta. Y para cuadrar el círculo, ustedes piden que la proposición de ley
entre en vigor al año siguiente. ¿No creen que es más razonable dejar al Gobierno que, según vaya evolucionando el mercado y las ventas, tome las decisiones adecuadas? Esa es, precisamente, la ilógica del Partido Popular: una propuesta fuera de
la realidad de hace un año y medio que quieren que entre en vigor el año que viene.
Como SS.SS. conocen y como ya ha dicho algún portavoz, la propuesta se encierra en que piden pérdida de recaudación para las comunidades autónomas. Eso, simple y llanamente, significa tomar una decisión por esta Cámara sin consultar con
sus afectados -en este caso, con las comunidades autónomas-, en una clara falta de lealtad institucional.
Además, les recuerdo a
todos los grupos políticos de esta Cámara que en función de su voto también contribuirán a esa irresponsabilidad y a esa incoherencia que hoy nos presenta el Grupo Popular. Señores del PP, sinceramente creo que se han pasado de frenada.
Para este viaje no hacía falta alforjas. Podían haber preguntado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Esperanza Aguirre, la cual no se ha adherido al Plan 2000E y, sin embargo, tiene una bonificación del 20 por ciento para todos los
vehículos, contaminen lo que contaminen, de tal manera que priman a los más ricos, a los que tienen posibilidad de comprarse un coche caro, que además contamina más. Por último, si ustedes hubiesen llevado a cabo esta medida o fuese hoy apoyada por
la Cámara, estaríamos apoyando precisamente a los vehículos más contaminantes y, por el contrario, no apoyando a los menos contaminantes, puesto que como ya están exentos del impuesto de matriculación no tendrían ningún tipo de deducción.
Señorías -termino, señora presidenta-, el Grupo Socialista votará en contra de esta proposición de ley, primero, porque se encuentra fuera de lugar; en segundo lugar, porque es incompatible con los objetivos de reducción de déficit público
y, en tercer lugar, porque daña los intereses de las comunidades autónomas.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Alique.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA ORAMAS Y SEÑOR PERESTELO), DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 19/1994, DE 6 DE JULIO, DE MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL DE CANARIAS. (Número de expediente 122/000211.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos al punto 2: Proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, de modificación de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Para
defender la proposición de ley tiene la palabra el señor Perestelo.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, permítanme, en primer lugar, un saludo al senador Abreu, que se encuentra en este hemiciclo compartiendo esta sesión plenaria.
Coalición Canaria somete a la consideración de la Cámara esta propuesta que modifica una de las dos grandes leyes que constituyen el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, REF, que para los canarios constituye una parte esencial del bloque
constitucional español, aunque en sentido estricto no es considerado como tal por algunos estudiosos, pero para nosotros lo es. Canarias no podría entenderse en lo que ha sido, lo que es y lo que será sin una triple mirada al basamento normativo
que regula y concreta su vinculación a España y a Europa, y me refiero al Estatuto de Autonomía, a las dos leyes de Régimen Económico y Fiscal, de 1991 y 1994, y a su modelo de adhesión diferenciado a la Unión Europea. Solo si estos tres
instrumentos cumplen en cada momento el papel histórico que están llamados a desempeñar se puede garantizar en Canarias un nivel de bienestar equivalente al del territorio peninsular. Son leyes y acuerdos internacionales sustanciados y definidos en
esta Cámara pero no siempre bien conocidos, porque hace dieciséis años la mayoría de los diputados no ocupábamos estos escaños. Hace dieciséis años el Gobierno y su staff directivo era otro, con la excepción del incombustible ministro Rubalcaba y
del diputado Segura, que entonces era senador. Por ello, los diputados canarios nos vemos muchas veces en la obligación de recordar que, mientras en el resto de las comunidades cada Estatuto de Autonomía es la piedra angular de la que parte todo su
desarrollo autonómico, en Canarias las cosas no son exactamente así. También existen leyes estatales como la que nos ocupa dedicadas exclusivamente a Canarias y que se generan, tramitan, aprueban y modifican aquí y no en el Parlamento de Canarias.
Esto es así porque la singularidad canaria era y es tan fuerte como para que el Estado no pueda funcionar en Canarias con los mismos parámetros que en la Península. Digo esto porque si en cada periodo de sesiones estamos modificando constantemente
la legislación común, ¿cómo no va a ser necesaria la adaptación permanente de las normas exclusivas de Canarias? Necesitamos tanta o más flexibilidad que en la Península para funcionar y si no nos adaptamos permanentemente en unos tiempos de tan
drásticos cambios, Canarias se resiente rápida y profundamente, como la gravedad del desempleo lo demuestra. Siendo esto así, es lógico que en esta Cámara hablemos tanto de Canarias, porque ningún otro territorio tiene tantas leyes específicas que
se modifican en este hemiciclo. A los nacionalistas canarios nos gustaría no tener que traer aquí iniciativas como esta, preferimos que fueran competencia autonómica, pero mientras esto no ocurre esta Cámara es la llamada a regular la Zona Especial
Canaria que creó en 1994. Dicha zona ha cumplido las expectativas y si no las ha cumplido, ¿qué puede hacerse para mejorar este instrumento de desarrollo económico?
Permítanme advertirles casi de entrada que nuestra propuesta no supone mayores gastos para el Estado, que no es una cuestión baladí en estos tiempos de recorte que corren. Esta premisa y el hecho de que el pasado mes de septiembre esta
Cámara aprobara una proposición no de ley para la reforma de la ZEC, nos permiten pensar que se dan las circunstancias claves para que esta proposición de ley sea tomada en consideración y continúe su tramitación. Lo contrario sería ir contra los
propios actos y acuerdos de esta Cámara tomados hace menos de un año. Entonces, en septiembre, se entendía que había que eliminar algunos de los corsés que bloqueaban y paralizaban la ZEC para que pudiera cumplir su principal misión: atraer
capitales exteriores a Canarias, a España, en un formato que la Unión Europea ha permitido en
Canarias atendiendo a sus especiales condiciones. Lo que nunca se hubiera autorizado en la Península lo hizo con Canarias, y por eso la ZEC es una buena oportunidad para que este país pueda atraer inversiones del exterior que, de otra
manera, no estarían en territorio español y, además, en la zona que más lo necesita por su alto grado de desempleo.
Esto se olvida a veces y no están los tiempos hoy para desaprovechar ninguna oportunidad. Hace dieciséis años se conformó una zona
económica especial, con muchos miramientos, con muchos temores, con muchas condiciones y requisitos, que han hecho huir a los inversores. Tanto en el Ministerio de Hacienda como en algunas instancias europeas se pensaba que existía el peligro de
que se produjeran deslocalizaciones de empresas. La experiencia nos dice que no ha sido así e incluso nos dice que, lejos de ser así, Canarias no ha logrado atraer inversión extranjera en los últimos años. En ese periodo, de 2000 a 2007, el
archipiélago canario recibió un 0,8 por ciento del total de la inversión directa extranjera recibida en España, cuando Canarias representa casi el 5 por ciento de la población española. Además de que esa captación exterior era escasa, gran parte de
la misma se invirtió en la hostelería y el sector inmobiliario, ámbitos que están fuera de la zona económica canaria.
Hay, por tanto, motivos suficientes para replantearnos el instrumento ZEC.
No hay que olvidar que uno de los seis principios básicos de la Ley del REF de 1994 se refiere concretamente a la creación -y cito textualmente- de una Zona Especial
Canaria en la que, respetando el principio de estanqueidad, puedan ubicarse capitales y empresas provenientes del exterior, las cuales, atraídas por las ventajas inherentes a este tipo de zonas especiales, coadyuven a potenciar el desarrollo
económico y social del Archipiélago. Y ahí, señorías, es donde radica precisamente uno de los principales hándicaps que ha tenido el desarrollo de esa Zona Especial Canaria. Hacía referencia a que el título preliminar hablaba de la estanqueidad de
la Zona Especial Canaria y eso obligaba a una ubicación en el territorio insular en unas determinadas zonas y con unas determinadas limitaciones, olvidándose de que en el desarrollo de la propia ley se suprime la estanqueidad, pudiéndose comerciar
con el propio territorio, con lo cual no parecía razonable el establecimiento de zonas concretas en cada una de las islas, sino que habría que plantear superficies en cada una de las islas, algo que ya se modificó pero que hoy, en esta proposición
de ley, lo planteamos de una forma más abierta, permitiendo -eso sí, acotando la superficie donde se pueden instalar las empresas- que puedan ubicarse en cualquier lugar del territorio insular en cada isla.
Otro hándicap importante que se planteó es la materialización de las reservas de inversiones de Canarias en la Zona Especial Canaria. A pesar de que se ha incorporado, pero condicionándolo a una participación conjunta con capital
extranjero, entendemos que esta limitación condiciona también el desarrollo de lo que significa atracción de capitales a esa Zona Especial Canaria. Por eso, en esta proposición de ley planteamos esa supresión. Lo que también representa un hándicap
importante para la inversión española es que consideramos que la actual regulación contiene una doble tributación que en estos momentos nos parece injusta para los empresarios españoles en relación con los inversores extranjeros.
Señorías, si los datos demuestran que no se han logrado los objetivos en la pasada década lo procedente es ajustarla para que sea más atractiva.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Perestelo.
Ningún grupo ha pedido efectuar un turno en contra. Pasamos a la fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor
Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
Fijo la posición del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana- Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en relación con la toma en consideración de la proposición de ley de modificación de la Ley 19/1994, de modificación del Régimen
Económico y Fiscal de Canarias presentada por Coalición Canaria.
Cuando he oído al señor Perestelo plantear que esta modificación afecta al bloque de constitucionalidad he cruzado los dedos por aquello del Estatuto de Cataluña, e incluso cuando he oído hablar de la crisis he tenido la tentación de echar
mano a la cartera. No voy a hacer ninguna de las dos cosas y voy a mantener una actitud de confianza. Esta proposición plantea la modificación de la Ley 19/1994, que hace referencia al Régimen Económico y Fiscal de Canarias y a uno de sus
instrumentos, la Zona Especial Canaria. En esta iniciativa vamos a mantener una actitud abierta y positiva. Como se argumenta en la exposición de motivos, el Congreso por unanimidad aprobó en septiembre de 2009, es decir, hace más de nueve meses,
una moción con la voluntad de promover el desarrollo económico y social de Canarias y la diversificación de su estructura productiva en condiciones de crisis. Por ello, se instaba al Gobierno a modificar la normativa reguladora de la Zona Especial
de Canarias, de forma que, respetando el vigente marco normativo comunitario, supusiese la potenciación y la mejora de esa zona. Para ello, los objetivos de la moción eran los siguientes. En primer lugar, mejorar el tratamiento fiscal
simplificando y actualizando los límites existentes a la aplicación del tipo reducido en las bases imponibles obtenidas por las empresas; en segundo lugar, resolver la supuesta discriminación que supone la doble imposición de dividendos, que
discrimina al inversor nacional frente al extranjero; en tercer lugar, eliminar el concepto de zona estanca, reducida para las empresas de producción industrial, sustituyéndolo por
la propia estanqueidad física que supone la delimitación del espacio canario frente al territorio común español y europeo -el archipiélago canario es una zona restringida en sí misma y por ello se defiende que la zona especial es el conjunto
de Canarias-, y en cuarto y último lugar, revisar la compatibilidad de la ZEC y la Reserva para Inversiones en Canarias, RIC, eliminando las restricciones vigentes.
La proposición de ley está planteada en teoría sobre la base de dicha moción, si bien las modificaciones normativas que propone son en algunos casos más avanzadas y discutibles en otros, aunque negociables. En primer lugar, entendemos
perfectamente la necesidad de las ayudas para las empresas radicadas en Canarias con la intención de compensar los costes en los que incurren al radicarse en las islas, pero también hay que entender que estas ayudas suponen -en contraste con lo que
dice el señor Perestelo- un coste estimable para las arcas del Estado, básicamente por beneficios fiscales en el impuesto sobre sociedades, cuando en esta Cámara se aprobó el Real Decreto-Ley 12/2006, que regula el REF y la ZEC para el periodo
2007-2013. Se estimó entonces el coste para el Estado -insistimos, básicamente en beneficios fiscales respecto al impuesto sobre sociedades- en unos 7.000 millones de euros de entonces para este periodo. Por tanto, mantenemos interrogantes sobre
si sería más útil que estas medidas de deducción fiscal medidas de inversión directa en la zona, aunque reconocemos las limitaciones de la legislación tanto estatal como comunitaria. En segundo lugar, en ese momento se estableció un tipo único del
impuesto sobre sociedades aplicable a las entidades de la ZEC del 4 por ciento, sustituyendo el sistema de varios tipos aplicables en función de variables. En esta proposición de ley, por ejemplo, el tipo único y especial del impuesto sobre
sociedades a las entidades de la ZEC, establecido como decimos en la actualidad en el 4 por ciento, se plantea su reducción hasta el uno por ciento. En nuestra opinión, es una reducción excesiva que plantea prácticamente la anulación de cualquier
tipo de fiscalidad, por lo que estamos dispuestos a discutirlo aunque con diferencias de fondo.
Hay una última cuestión. La moción aprobada por unanimidad contenía un punto 5 del siguiente tenor literal que nos parece muy importante: Constituir un grupo de trabajo conjunto del Gobierno de España y del Gobierno de Canarias que con
carácter urgente realice un análisis exhaustivo de la ZEC en relación con el Régimen Económico y Fiscal de Canarias que permita desarrollar las modificaciones necesarias de la normativa reguladora de dicha Zona Especial de Canarias. Desconocemos si
este grupo de trabajo, entre otros tantos grupos de trabajo donde están tanto el Gobierno de Canarias como el Gobierno español, se ha constituido y si en su caso ha habido algún tipo de análisis que considerar para el desarrollo de las
modificaciones en la norma reguladora de la ZEC; lo que sí sabemos es que no ha habido conclusiones por ahora. Nos parece importante este extremo a la hora de desarrollar modificaciones que mejoren determinados aspectos que se proponen en la
iniciativa y que tienen como referencia el REF o la ZEC. Todo ello, señorías, nos lleva a votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley, y si como parece ser, a tenor de la posición del resto de grupos parlamentarios, se
aprueba su toma en consideración, anunciamos que trabajaremos para modificar sus contenidos y para que realmente beneficie al conjunto de Canarias y no a unos pocos, es decir, que se traduzca en beneficio para el conjunto de los canarios y canarias.
Esa es la posición de mi grupo parlamentario. Mantenemos, como he dicho antes, una actitud de confianza, y ni cruzaremos los dedos ni nos echaremos la mano a la cartera.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Riera i Reñé.
La señora RIERA I REÑÉ: Presidenta, señorías, avanzamos que nuestro grupo parlamentario votará favorablemente la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Grupo Mixto de modificación de la Ley 19/1994, de 6 de julio,
del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
En esta ocasión no podemos dejar de volver a subrayar la crítica situación económica en la que nos encontramos ni tampoco la importancia de activar medidas de recuperación económica que favorezcan
entornos atractivos para la actividad económica, para la inversión y para la creación de empleo, que es hoy nuestra principal preocupación y ocupación. Continuamos insistiendo desde mi grupo parlamentario en que, ante la crítica situación en la que
se encuentran nuestras finanzas públicas y ante la necesidad de una reactivación inmediata de nuestra economía y de nuestro tejido productivo, es necesario actuar tanto por la parte de la contención del gasto como por la parte de la activación de
los ingresos. El ajuste fiscal, señorías, depende de ambos, e ingresos significa más actividad económica, más empleo y por tanto también reducción de una de las partidas más importantes del gasto público.
En el marco de la reactivación económica y de la necesidad de generar entornos más atractivos para la inversión, el crecimiento y la ocupación, Canarias, y en concreto el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, cuenta con un instrumento, la
denominada Zona Especial Canaria, orientado entre otras cosas a incentivar, en primer lugar, la inversión interior y la captación de capital extranjero y, en segundo lugar, a diversificar el tejido productivo y en general una economía muy basada en
servicios y en definitiva orientada a generar y a crear ocupación. La toma en consideración de esta proposición de ley persigue la actualización de este instrumento, adaptándolo a través de las modificaciones
que se proponen a una situación económica, la actual, que requiere con intensidad de más inversión, más actividad productiva, más diversificación, más crecimiento y sobre todo más competitividad. Lo requiere la situación actual y también el
cambio en nuestra estructura de crecimiento.
En este contexto, señorías, Canarias afronta también nuevos retos de competitividad y una urgente necesidad de recuperar actividad y empleo.
Su dependencia del sector turístico, constituyendo también un activo clave, ha hecho que la caída
del sector registrada a nivel mundial en los dos últimos años por la crisis económica que ha afectado a países emisores importantes se haya traducido en Canarias en una de las tasas de desempleo más importantes del Estado. En este contexto,
instrumentos como el de la zona especial pueden y deben ser eficaces y contribuir a esta mejora de la competitividad a través de nueva actividad económica, nuevas inversiones y más empleo. Será en el marco de la tramitación donde se concreten las
mejoras y las modificaciones en términos de fiscalidad y de financiación, el ámbito de aplicación o el ámbito de los sujetos pasivos.
La tramitación de esta proposición de ley puede y debería permitir actualizar este instrumento adaptándolo a este
nuevo entorno y permitiendo una mayor eficacia en el mismo. Instrumentos que se han evidenciado positivos deben estimularse a través de su adaptación y actualización de manera que sean más eficaces y cumplan en mayor medida con sus objetivos, en
este caso contribuir a diversificar más la economía de Canarias, a generar más inversiones a través de la atracción de capital extranjero y a crear nuevo tejido productivo, creando más empleo y favoreciendo la tan necesitada diversificación y
competitividad de la economía canaria. Si estos objetivos no se han cumplido de manera satisfactoria hasta hoy, es prueba de que es necesaria su actualización y su modificación en el respeto del marco normativo comunitario. Esto es lo que persigue
esta proposición de ley, cuya tramitación votaremos favorablemente.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Riera.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Ponce Anguita.
El señor PONCE ANGUITA: Señora presidenta, señorías, el Grupo Parlamentario Mixto-Coalición Canaria presenta esta proposición de ley para la modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. En la exposición de motivos se habla de
la importancia de la zona especial como uno de los instrumentos del Régimen Económico y Fiscal orientado a incentivar las inversiones y la creación de nuevas empresas productivas de bienes y servicios, a diversificar la economía canaria y a crear
empleo, una Zona Especial de Canarias que no ha logrado cumplir con todas esas expectativas. Desde el Grupo Popular estamos de acuerdo en que es necesario hacer una modificación del actual Régimen Económico y Fiscal.
Claro que es necesario, y no
lo consideramos así ahora, sino que ese trabajo se está desarrollando desde hace más de un año por parte del Gobierno de Canarias. Estamos de acuerdo en la necesidad de cambiarlo, insisto, pero no lo estamos con los términos presentados en esta
proposición y tampoco con las formas. El Grupo Parlamentario Popular ha encontrado deficiencias técnicas en esta proposición y en los planteamientos que se traen a esta Cámara, indicadores de que los proponentes no los han sustentado con toda la
información que se precisa y que, de aplicarse, por su falta de concreción y ámbito de actuación, podrían ser, más que un beneficio para Canarias, un obstáculo al necesario desarrollo económico.
Esta proposición de ley que presentan se apoya en varios casos en autorizaciones caducadas de la Comisión Europea dentro del periodo 2000-2006 y van en contra de la autorización de la Comisión que está en vigor, la de los años 2007-2019, y
de la ayuda estatal N 376/2006. Solo algunas propuestas son adecuadas y permitirían realizarse, pero para el resto sería necesario modificar y obtener la autorización de la Comunidad Europea. Existen otros inconvenientes técnicos que, teniendo los
argumentos, por su extensión no entraré a detallar. Podríamos compartir algunas modificaciones, pero la primera propuesta afecta a una cuestión tan importante como la Reserva para Inversiones en Canarias, RIC, y la última supone nada menos que la
modificación de la Ley Reguladora del Impuesto sobre Sociedades. Estas reformas, que no se limitan exclusivamente a la Zona Especial Canaria, actúan sobre cuestiones de gran calado y convertirían el mapa fiscal de Canarias en otra cuestión de
dudosa efectividad y consecuencias. Por ello es preciso que, lejos de aprobarlas, se continúe con los trabajos del propio Gobierno de Canarias y de los agentes sociales, empresariales y políticos, de los que sin duda alguna adolece esta proposición
de ley, y flaco favor supondría su aprobación para Canarias.
Para el Grupo Popular es también importante expresar a SS.SS. nuestra sorpresa cuando los proponentes, conociendo que desde hace más de un año se está elaborando por parte de la Consejería de Economía y Hacienda una modificación en
profundidad de la mayoría de los instrumentos del régimen económico y fiscal de Canarias con un carácter integral, debatida en Canarias, consensuada y fundamentada, se aventuran a presentar una proposición fuera de ese marco. Unas negociaciones, a
las que antes se refirió el señor Llamazares, en las que están activas esas mesas de trabajo desde el Gobierno de Canarias y en las cuales participa el Ministerio de Hacienda con la Agencia Estatal y con escritos continuos desde la Consejería de
Economía y Hacienda hacia el Gobierno con los últimos ministros, y el próximo jueves se seguirá con ese trabajo desde el ministerio.
Esta proposición de ley presentada por Coalición Canaria es otra decisión errónea hacia los intereses de los canarios en unos momentos en los que nuestra tasa
de desempleo llega a sus mayores cotas. Parece que preocupa más una acción individual de dudosa efectividad que lograr los mejores objetivos para los intereses de los canarios. Es una contradicción sin duda que el Pacto social por la
economía y el empleo en Canarias 2009-2011 tenga participación de los distintos colectivos sociales, económicos y políticos en aras de un consenso en la toma de decisiones que se han plasmado en acuerdos suscritos hace un año por el Gobierno de
Canarias.
Concretamente, este documento que enseño a SS.SS. está firmado por el presidente don Paulino Rivero, junto al consejero de Hacienda, don José Manuel Soria, y los representantes de las principales fuerzas sindicales, UGT y Comisiones
Obreras, la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife y la Confederación Canaria de Empresarios, a las que se han unido la mayor parte de los cabildos y ayuntamientos con un solo propósito: trabajar conjuntamente en los
aspectos económicos, laborales y sociales sobre normas que afectan a medidas estructurales y coyunturales a través de la propia actividad del Gobierno de Canarias con los acuerdos adoptados. Y, por supuesto, con las correspondientes mesas de
trabajo para la concertación social y la necesaria reactivación económica.
Este pacto social, entre sus distintas acciones y para la aplicación de las mismas, establece medidas, a iniciativa de la consejería de Economía del Gobierno de Canarias, con quien ustedes, señores proponentes, no han contado para esta
proposición de ley, ni tampoco con el resto de actores del mismo, incluyendo cabildos y ayuntamientos, que lo apoyaron. Un documento que recoge la modificación de la Ley del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, pero no como se trae a esta Cámara
sino en toda su amplitud y en los términos que el propio Gobierno ha acordado con esas organizaciones sindicales y empresariales más representativas en Canarias, insisto. Para alcanzar esos acuerdos se celebraron reuniones técnicas con sus
correspondientes debates, organizaciones y gobierno con las que Coalición Canaria no ha contado para la proposición de ley. Una reforma del REF necesaria, sí, pero adecuada, por la que se está trabajando desde el Gobierno de Canarias. Una reforma
que con esta proposición presentada se desvirtúa, sin rigor, sin valoración económica, sin evaluación de creación de empleo ni del incremento previsto de inversiones posibles; falta de evaluación presupuestaria que supondría para nuestra comunidad
autónoma, y en contra, como hemos dicho al principio, de la propia autorización de la Comunidad Europea, autorización que actualmente está vigente.
No son momentos para aquellas medidas que no sean certeras y consensuadas en materia económica. Una proposición de ley que podría haber sido llevada inicialmente al Parlamento de Canarias para su estudio, análisis y desde luego con la
colaboración de los responsables políticos y técnicos de la consejería de Economía y Hacienda, con reflexiones y un trabajo que desde el Gobierno de Canarias se ha compartido con ilustres y prestigiosos analistas de ámbito regional, nacional e
internacional para afrontar la situación de nuestra economía, su evolución a corto y medio plazo y las líneas plasmadas en ese pacto social por la economía y el empleo que se recoge en distintas partes de este documento; la reformulación del
Régimen Económico y Fiscal y también medidas para potenciar la Zona Especial de Canarias, tal y como se propone en algunas partes de este documento, para un auténtico programa de transformación que nos permita paliar los efectos de esta crisis que
golpea a las familias canarias con especial dureza. La pregunta es: ¿esta proposición de ley es buena para Canarias? El Grupo Popular dice rotundamente que no.
Mejorar y ser competitivos no depende de una medida sino de un conjunto de reformas y
acciones plenamente coordinadas y estructuradas para que desplieguen sus efectos a corto y medio plazo. Ese es el trabajo que se está realizando para el cumplimiento de los objetivos reflejados en ese pacto 2009-2011, que precisamente en esta
proposición de ley no se contempla. La segunda pregunta sería: ¿es normal que cuestiones económicas propias de la comunidad autónoma de Canarias se traten primero en Madrid y luego en Canarias? ¿Este es el concepto de la autonomía que Coalición
Canaria tiene? Por todo lo expuesto, el Grupo Popular votará en contra de esta proposición de ley.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ponce.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Segura Clavell.
El señor SEGURA CLAVELL: Señora presidenta, señorías, tal como indicó coloquialmente el defensor de la iniciativa parlamentaria del Grupo Parlamentario Mixto de Coalición Canaria, señor Perestelo, tengo el privilegio de ser uno de aquellos
parlamentarios que participaron como ponentes en la tramitación de las dos leyes de 1991 y de 1994, que constituyen las columnas vertebrales del Régimen Económico y Fiscal canario. Los que tuvimos aquella oportunidad hemos hecho un seguimiento año
tras año de la evolución de los contenidos de aquellas normas que proponíamos y tenemos la satisfacción de haber visto crecer el producto interior bruto canario y el producto interior bruto per cápita por encima de la media de crecimiento que se
experimentaba en España, con la convicción de que aquellos instrumentos recogidos en las leyes configuradoras del Régimen Económico y Fiscal canario han sido instrumentos positivísimos. Y hoy viene una iniciativa con la que nosotros nos
identificamos. Pero ante la intervención del representante del Grupo Parlamentario Popular, señor Ponce, reoriento la dirección del contenido de la intervención que habíamos diseñado, con el objeto de aportar rigor y seriedad metodológica a esta
tramitación y fundamentar las razones por las cuales vamos a dar nuestro voto favorable para su admisión a trámite.
Como primera medida, con carácter preliminar, quisiera indicar a SS.SS.
que el artículo 108.3 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea -antiguo artículo 88.3 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea-, establece textualmente
que la Comisión será informada de los proyectos dirigidos a conceder o modificar ayudas con la suficiente antelación para poder presentar sus observaciones. Y queremos añadir que en desarrollo del artículo 88.3, al que he hecho referencia, del
Tratado Constitutivo, se aprobó el Reglamento comunitario 659/99, del Consejo, de 22 de marzo de 1999, que a su vez fue desarrollado por el Reglamento de la Comisión 794/2004, de 21 de abril, por el que se establecen disposiciones de aplicación, que
en su artículo 4 establece en qué casos la modificación de una ayuda existente -como es en el nuestro de la Zona Especial Canaria- exigiría la notificación previa a la Comisión Europea. A tenor de estos fundamentos, voy a argumentarle, señoría, las
razones por las que -reitero- damos nuestro voto favorable a esta admisión a trámite.
Se trata de la modificación a través de un solo artículo con cinco puntos.
Respecto del punto número uno de ese artículo único de la proposición de ley, que propone modificar el número 2º de la letra D del punto cuarto del artículo 27,
reserva para inversiones en Canarias, queremos afirmar y dejar constancia en el 'Diario de Sesiones' -para dejar de forma sólidamente argumentadas las razones, reitero por tercera o cuarta ocasión, de nuestro voto favorable- que la compatibilidad de
la reserva para inversiones y de las ayudas fiscales en la ZEC se autorizó por la Comisión Europea en el año 2000, en su carta de 4 de febrero por la que se aprobaba la Zona Especial Canaria. Esa autorización no establecía limitaciones a la
compatibilidad de la RIC con la ZEC, que fueron introducidas por el legislador español, por las Cortes Generales, mediante el Real-decreto 12/2006, de 29 de diciembre, por el que se modificaba la Ley 19/1994, de 6 de junio. En consecuencia, el
presupuesto inicial de la ayuda autorizado en el año 2000 preveía una compatibilidad RIC-ZEC sin las restricciones que se impusieron en el año 2000. Su eliminación ahora no implica en modo alguno un aumento del presupuesto inicial y en consecuencia
esta medida no tiene la consideración de modificación de una ayuda existente, por lo cual no es necesaria, no se debe exigir, la notificación previa de la Comisión Europea. En efecto, el artículo 4 del Reglamento 794/2004, establece textualmente
que un aumento con respecto al presupuesto inicial de un régimen de ayudas de hasta el 20 por ciento no se considerará modificación de ayudas existentes. Y como he indicado en mi intervención dos o tres minutos atrás, el presupuesto inicial de la
Zona Especial Canaria se ha estimado tomando en consideración la compatibilidad de la ZEC con la RIC sin limitación alguna, de modo que la eliminación de lo que ahora se propone en el punto uno de ese artículo único de la proposición de ley no
supone un aumento del coste de ayuda ni lo modifica.
En el punto dos de este artículo único se propone la modificación del artículo 30, por el que se regula el ámbito geográfico de aplicación.
Nosotros creemos también que la modificación de ese artículo no precisa notificación previa de la
Comisión Europea, y lo vamos a fundamentar -reitero- para que conste con rigor las razones por las que nos apoyamos para marcar nuestro voto positivo. La modificación que se propone, señorías, no es una modificación de la ayuda, sino una simple
concreción de las áreas geográficas restringidas en las que tienen que colocarse las entidades que quieran instalarse en la ZEC y que tengan por objeto el desarrollo de actividades de producción, transformación o manipulación de mercancías. En
consecuencia, señorías, no se altera el Régimen Fiscal Especial, puesto que esta nueva concreción de las áreas no afecta al coste de la ayuda, tal como dice el artículo 4 del Reglamento 794/2004, toda vez que se respeta el número máximo de hectáreas
a ocupar por este tipo de entidades que establece el artículo 30 de la Ley 19/1994, lo que garantiza el respeto al sistema inicialmente aprobado para controlar el cupo máximo de entidades de carácter industrial acogidas a las ventajas fiscales de la
Zona Especial Canaria.
Pasamos al punto tres de ese artículo único de la proposición de ley, que está vinculado al ámbito subjetivo de aplicación. Reiteramos en este punto que tampoco se precisa notificación expresa de la Comisión Europea.
La expresa mención a
las sucursales en el artículo 31 de la Ley 19/1994 no modifica en absoluto la ayuda, antes al contrario, supone atender a lo ya autorizado en el año 2000 por la propia Comisión, que en su carta de autorización de la ayuda de 4 de febrero, a la que
he hecho referencia, señalaba -y leo textualmente-: De las empresas localizadas o que se van a implantar en las islas Canarias, los beneficiarios serán personas jurídicas de nueva creación y nuevos establecimientos permanentes. Es decir, señorías
del Grupo Parlamentario Popular, la Comisión Europea autorizó la inclusión -ya lo autorizó- en el ámbito subjetivo de aplicación de las sucursales como beneficiarios del Régimen Especial Fiscal a esas entidades. Consiguientemente, la inscripción de
sucursales en el registro oficial de entidades de la Zona Especial Canaria no implica la modificación de la ayuda; más bien al contrario, supone el respeto de las condiciones en las que se autorizó, allá en el año 2000, diez años atrás. Y al no
tratarse de una modificación, señorías, no es preciso, por tanto, la notificación de la Comisión Europea.
Pasemos al punto cuatro, que está vinculado al tema del gravamen especial.
Razonamiento bastante equivalente. El punto cinco plantea la modificación de la regla tercera del artículo 44, el de límite de bases imponibles.
Argumentamos que
tampoco se necesita notificación de la Comisión Europea.
¿Por qué? Porque la actualización de los límites a las bases imponibles que plantea la proposición de ley difícilmente va a suponer un aumento
del coste de la ayuda superior al 20 por ciento, que es el que autorizó la Comisión en el año 2006.
Permítanme, por razones de tiempo, que vaya a la disposición adicional única de la proposición; es decir, artículo único, con cinco puntos que no precisan de autorización de la Comisión Europea. Las Cortes Generales, si dan luz verde a
esta tramitación y si se aprueba definitivamente la proposición de ley, no está violentando normativa comunitaria. Tenemos la convicción al respecto. Por último, en la disposición adicional única, la modificación propuesta tiene por objeto
permitir la aplicación de la deducción por doble imposición interna a los socios de entidades ZEC residentes en España. Tengo la argumentación suficiente y, habiendo consumido el tiempo, no quiero abusar de la Presidencia, pero en esa línea de
conducta es en la que se mantiene el Grupo Parlamentario Socialista. En consecuencia, a toda la Cámara le decimos, con total y absoluta claridad, desde la paternidad de mi grupo parlamentario de los años 1991, 1992, 1993 y 1994, configuradores de
las dos columnas vertebradoras del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, que la Zona Especial Canaria ha funcionado, ha generado empleo, ha generado actividad económica y queremos que continúe ampliando su espectro de actividad y que Canarias se
convierta en una auténtica plataforma logística en el Atlántico hacia un continente que precisa de nuestra actividad comercial.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Segura.
PROPOSICIONES NO DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE ORGANIZACIÓN DE RESPUESTA A CATÁSTROFES HUMANITARIAS EN LA UE. (Número de expediente 162/000671.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): El turno de debates de proposiciones no de ley vamos a iniciarlo con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre organización de respuesta a catástrofes humanitarias en
la Unión Europea. Para defender la proposición no de ley, en nombre de su grupo tiene la palabra el señor Tudanca.
El señor TUDANCA FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
El 13 de enero de este año un devastador terremoto asoló Haití dejando tras de sí miles de muertos y heridos y un país desolado. En una trágica ironía esta catástrofe trajo consigo también una ola de solidaridad mundial en la que las
instituciones y los ciudadanos españoles dieron, una vez más, un gran ejemplo. Son muchas las ONG y los voluntarios españoles que han realizado desde el primer día y hasta hoy un gran esfuerzo para ayudar a los haitianos a levantar su país tras la
catástrofe. Además, ayuntamientos, comunidades autónomas y muchos ciudadanos anónimos han aportado también su granito de arena y todos ellos merecen el reconocimiento de esta Cámara. También los gobiernos europeos y el español reaccionaron.
Apenas unos días después, los primeros militares españoles ya se encontraban sobre el terreno asistiendo a los haitianos y conformando la primera misión internacional de respuesta ante catástrofes que precisan de ayuda humanitaria en la que
participaba nuestra Unidad Militar de Emergencias. No ha sido, además, la primera vez que nuestras tropas participaban en este tipo de misiones. En 1998 acudieron a Centroamérica tras el huracán Mitch, un año después auxiliaron a Turquía tras un
seísmo, en 2004 estuvieron en Indonesia después del maremoto que asoló sus costas y en 2005 socorrieron a las víctimas del terremoto de Pakistán. Nuestras Fuerzas Armadas por su estructura, sus medios y capacidades y su profesionalización y
experiencia responden muy bien a las necesidades que se plantean en estas emergencias.
El trabajo de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales implicadas en la ayuda tras una catástrofe requiere un ambiente que asegure su libertad de movimiento y la posibilidad de llevar su trabajo en condiciones de seguridad
aceptables. En estas misiones no solo comprometemos el esfuerzo económico y de medios de nuestro país, también comprometemos el trabajo y la seguridad de nuestras tropas. El esfuerzo solidario de Haití costó la vida a cuatro de nuestros soldados
en un trágico accidente, además de las vidas de otras dos ciudadanas españolas que ya se encontraban allí cuando sobrevino la catástrofe trabajando por la seguridad y la estabilidad del país. Quiero aprovechar para volver a recordar a tantas y a
tantos de los nuestros que han perdido su vida en misiones en el exterior.
Cuando nos encontramos con problemas coyunturales internos corremos el riesgo de olvidar a aquellos que siempre viven en dificultades. El pueblo español nunca ha olvidado su responsabilidad y ha respondido con solidaridad, y lo hará siempre
cuando se produzca una emergencia que requiera una intervención de nuestras instituciones. El escenario de Haití ha sido el primero al que se ha enfrentado la Unión Europea con la nueva arquitectura institucional del Tratado de Lisboa, la primera
misión humanitaria en la que tenemos en vigor la cláusula de solidaridad del tratado según la cual la Unión y los Estados miembros actúan conjuntamente con espíritu de solidaridad ante un ataque o una catástrofe. La Unión, bajo la Presidencia de
turno española, no ha escatimado esfuerzos y recursos para responder a la llamada de las Naciones Unidas y del Gobierno haitiano, y creo que hemos estado a la altura de lo que nos demandaban las ciudadanas y los ciudadanos europeos, porque Europa
tiene que ser, en estos casos también, un actor fundamental y decidido en la esfera internacional. Ante estas situaciones de emergencia y catástrofes naturales, debemos estar preparados para dar una respuesta rápida y eficaz con todos los medios a
nuestro alcance, porque
de ello dependen las vidas de miles de afectados. Debemos de ser capaces de fortalecer la capacidad y respuesta de la Unión Europea, de combinar y coordinar de forma efectiva los medios y las capacidades civiles y militares y de garantizar
que el trabajo de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de diferentes países cumpla los objetivos de auxilio a la población. Pero también debemos aprender. Cada crisis es diferente y nos enseña el camino para mejorar. No partimos de
cero ni necesitamos improvisar, porque en lo que respecta las capacidades de la Unión Europea disponemos de algunos elementos, como las agrupaciones tácticas o battelgroups, que pueden adaptarse para responder a estas emergencias. En la reunión
informal de ministros de Defensa, celebrada el pasado mes de febrero, en Palma de Mallorca, los máximos responsables de esta materia dieron su respaldo a la propuesta española para mejorar la capacidad de reacción rápida de estas agrupaciones
tácticas para operaciones de gestión de crisis, incluidas las catástrofes que precisan de ayuda humanitaria, basándose, sobre todo, en las lecciones extraídas en la misión de Haití. La Presidencia española recogía así el testigo de la presidencia
anterior, la sueca, que inició el refuerzo de estas agrupaciones tácticas y proseguía con los esfuerzos para perfeccionar los mecanismos que faciliten el empleo de dichas agrupaciones.
España debe liderar, por tanto, todas las iniciativas que pretendan optimizar la capacidad de respuesta de la Unión ante las emergencias y catástrofes y la experiencia adquirida nos ha hecho comprobar que tenemos margen de mejora en algunos
aspectos. Este es el motivo de la proposición que hoy presenta el Grupo Socialista y que pretende instar al Gobierno a adoptar iniciativas en Europa para consolidar la estructura de gestión de crisis de la Unión Europea, impulsando el desarrollo de
las capacidades civiles y militares; para reforzar las estructuras permanentes de planeamiento y coordinación con el fin de lograr una respuesta más ágil; para facilitar la plena disponibilidad de estos battlegroups para su utilización como
recurso de reacción rápida ante emergencias y catástrofes, y para regular la integración adecuada y eficiente de los medios civiles y militares frente a catástrofes, incorporando los importantes criterios de las directrices de Oslo. Estos objetivos
no surgen de la nada y la propia ministra de Defensa ha señalado en reiteradas ocasiones que la mejora de las capacidades de la Unión y el refuerzo de las ya existentes, además de la necesidad de coordinar y combinar mejor los medios civiles y
militares, eran retos que iba a perseguir y ha perseguido nuestro país durante su semestre de Presidencia europea en coordinación con el resto de países. Estos objetivos deben cumplirse de acuerdo con las normas internacionales y con las
directrices de Oslo sobre la utilización de recursos militares y de la defensa civil en apoyo de las actividades humanitarias en situaciones de emergencia. De este modo, los principios de humanidad, neutralidad e imparcialidad deben regir sobre
estas actuaciones que en todo caso serán ejecutadas por petición del país afectado. Además, las misiones se harán con plena colaboración entre organizaciones civiles y militares y nunca detrayendo fondos de la cooperación al desarrollo para
responder a estas emergencias.
Quiero agradecer, por último, la excelente disposición de todos los grupos de la Cámara con esta proposición, a la que varios han presentado enmiendas para aportar algunos matices. Intentaremos lograr un texto que cuente con el máximo
consenso. Sé que hacer en cualquier caso más rápida y eficaz la respuesta de la Unión Europea ante estas crisis es una preocupación compartida por todos los grupos y manifestada con anterioridad en esta Cámara. El apoyo del Congreso y la segura
celeridad del Gobierno de España para trasladar estas iniciativas a los organismos competentes de la Unión Europea nos harán seguir progresando en el futuro para reaccionar con mayor agilidad y con la energía y medios suficientes para afrontar
situaciones de emergencia y catástrofes en las que están en juego vidas humanas. Sigamos en cualquier caso trabajando porque lamentablemente es probable que en el futuro tengamos otra crisis en algún lugar del mundo que requiera nuestra presencia,
pero parafraseando a Forges, no nos olvidemos de Haití.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Tudanca.
A esta proposición no de ley se han presentado enmiendas por tres grupos parlamentarios. En primer lugar, para defender las del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Soravilla.
El señor SORAVILLA FERNÁNDEZ: Presidenta, muchas gracias.
Señorías, en primer lugar quiero rendir recuerdo a los españoles que entregaron su vida en estas misiones. Debo decir también que Haití no es el origen sino que puso en evidencia, una vez más, las necesidades de hacer uso de estas
capacidades conjuntas civiles y militares. Ha recordado bien que fue la Presidencia sueca la que inició todos estos trámites aunque ya venía de atrás, porque incluso en el documento de estrategia europea 2008 ya se hablaba de estos asuntos. Es en
las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores de 26 de abril pasado en Luxemburgo en donde se habla de esto y creo que en cierto modo también es el inspirador de esta proposición no de ley.
Nosotros hemos presentado tres enmiendas. Suponemos que probablemente puedan ir incorporadas en una transaccional. Diré que una de ellas es que no sea la plena disponibilidad de estas agrupaciones tácticas, los battlegroups, porque la
primera misión es de defensa y no todos los países están dispuestos a tener una UME como tenemos nosotros. En consecuencia, la disponibilidad debe ser menor, aparte de que las misiones de las Fuerzas Armadas incluyen también este tipo de misiones
aunque sea de manera alternativa. La segunda es también una modificación sobre las directrices de Oslo para que
no se aplique y se haga una trasposición íntegra. La última -que parece ser la más dudosa- es la de crear un centro donde se pudiera hacer todo un elemento doctrinal y además pudieran también proporcionarse ejercicios conjuntos. Este
parece que tiene mayores dificultades, pero entraré en ello.
Estamos hablando de todas formas de un concepto que es bastante antiguo, desde luego es anterior a lo que se dice en la exposición de motivos referido al año 2005. Por decir algo, en Afganistán en el año 2001 ya aparecía la imagen de las
PRT, que no deja de ser una cosa parecida, y la idea que se está proponiendo es la misma en la que está trabajando en este momento el Consejo, que es introducir en la gestión de emergencias y catástrofes una especie de comprehensive approach, es
decir, un enfoque integral, que es lo que en efecto se menciona también en las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores de Luxemburgo, aunque está muy falto de concreción. Lo que se percibe es que la Unión Europea en este momento no tiene un
criterio teórico de aplicación práctica. Por otra parte, creo que sería aconsejable coordinarlo con el que está desarrollando y que tiene mucho más avanzado la OTAN y que muy probablemente se aprobará en la cumbre de Lisboa, a la que por cierto, a
esa sí, vendrá Obama. Además, cuando estamos hablando de capacidades de defensa, de capacidades militares en la Unión Europea yo creo que, y aquí se notaría la iniciativa de una Presidencia española, habría que resolver primero el viejo dilema
existencial que tiene la Unión Europea: ¿qué es lo que se desea? ¿Duplicar esfuerzos, como se decía en la cumbre de Colonia del año 1999? ¿Tener una plena autonomía o complementar esfuerzos, lo cual quiere decir que vamos a ahorrar? Es decir,
que haya una defensa de carácter militar en la OTAN y que la gestión de crisis se haga en la Unión Europea, que está mejor preparada, como de alguna manera recoge también el punto 88 de las conclusiones del Consejo de Luxemburgo, que dice: Reforzar
la asociación estratégica en gestión de crisis. Esto supone revisar, quizá, algunos temas como el Berlín Plus, el asunto de Turquia, Berlín Plus Inversos y todas las misiones Petersberg de las que estamos hablando. Digamos también que en esto de
las capacidades solo hay siete u ocho países que tenemos la capacidad además de poder contribuir con estas fuerzas de la Unión Europea.
Es hasta cierto punto sorprendente que sea el Grupo Socialista el que presente esta iniciativa, cuando somos el cuarto país en fuerzas policiales y estamos en este momento con 18 efectivos en el exterior y cuando los otros, Francia o
Alemania, que tienen un número parecido de efectivos, están con 240 ó 220, según datos oficiales de la Unión Europea. ¿Qué es lo que ocurre? Que en Europa tenemos escasa capacidad de despliegue, un 7 por ciento de los 2 millones de efectivos que
tenemos, dificultad de obtención de capacidades, etcétera. Creemos que lo fundamental sería crear ese centro donde pudiéramos elaborar todo ese conjunto de doctrina, poder hacer todos estos entrenamientos y una programación real para de verdad
tener un concepto claro que coordinar con Unión Europea, que sería lo ideal. Así además opina el director de gestión civil de crisis, señor Leinonen, del Consejo, con el que hablamos en una ocasión de que incluso...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Soravilla, por favor.
El señor SORAVILLA FERNÁNDEZ: Sí, muchas gracias. Termino.
Hablábamos en aquella ocasión de que Oberammergau podría ser un modelo para Europa. Esperaremos a ver cómo está en este momento la transaccional, pero desearíamos, desde luego, votar a favor, porque queremos impulsar esta iniciativa.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Soravilla.
Para defender la enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoría, intervengo para defender la enmienda de Convergència i Unió y a la vez para fijar posición sobre la iniciativa que nos plantea el Grupo Parlamentario Socialista. Acogemos y saludamos favorablemente esta iniciativa, pero quizás en
el diagnóstico de cómo reaccionó la Unión Europea, dadas sus capacidades reconocidas por el nuevo Tratado de Lisboa, ante la crisis humanitaria de Haití vamos a ser un poquito menos complacientes. No es una crítica ni al grupo ni al Gobierno,
porque estamos hablando de política europea. El Tratado de Lisboa entró en vigor el día 1 de diciembre del año pasado y estamos hablando de una desgraciada crisis humanitaria que puso a prueba los mecanismos de la Unión Europea, que demostró que
hay una vicepresidenta y ministra de Asuntos Exteriores de la Unión Europea que estaba entrando en materia y que no tuvo precisamente una iniciativa muy rápida, lo que demostró que aún había una cierta invisibilidad de la Unión Europea en la gestión
de crisis humanitarias a partir de los nuevos instrumentos contemplados en el Tratado de Lisboa.
Estamos de acuerdo en que ante este tipo de crisis de carácter humanitario, los medios de los que deben disponer los Estados y la Unión Europea son a la vez y de forma absolutamente complementaria medios de carácter civil pero también de
carácter militar. De hecho, las misiones humanitarias bien entendidas, bien analizadas y con un buen control parlamentario es una de las nuevas dimensiones crecientes emergentes que tienen los ejércitos en estos inicios del siglo XXI. Haití
también nos demostró que podía haber existido una mayor coordinación de los fondos europeos, una mayor integración de
las aportaciones, reconociendo y conociendo la importante cantidad que aportó España como país donante en la reconstrucción de Haití, pero se trata de hacer una política coordinada de fondos europeos y de los distintos Estados miembros
estratégicamente distribuidos, sabiendo cuánto y sobre todo el porqué de esta política de cooperación.
Finalmente, estos primeros siete meses del Tratado de Lisboa han puesto de manifiesto que Europa tiene una política de defensa propia en potencia pero no en acto; que tiene instrumentos, que tiene los battlegroups, que tiene posibilidades
de desarrollar esta política, pero que esta política de defensa requiere de foros de discusión, que el Parlamento Europeo no será el lugar donde se procederá a la discusión sobre política de defensa y que la desaparición de la Unión Europea
occidental dará paso, seguramente, a una incorporación de estas funciones dentro de la Cosac.
Conviene y es necesaria una voz europea y una posición europea también en el ámbito parlamentario sobre la política de cooperación, de ayuda humanitaria y
las funciones de los ejércitos en las catástrofes humanitarias. Europa, en esta materia, no se puede convertir simplemente en un comentarista de estrategias definidas en el marco de la cooperación transatlántica por parte de Estados Unidos.
Termino ya defendiendo la literalidad de nuestra enmienda de adición que espero que pueda complementar esta iniciativa del grupo de la mayoría.
Hemos hablado de los nuevos instrumentos que tiene Europa con el Tratado de Lisboa para hacer
frente a catástrofes humanitarias. Hemos hecho un análisis menos complaciente y más crítico sobre la respuesta que se dio ante la grave catástrofe en Haití, pero es evidente que se tiene que abrir un proceso dentro de la sociedad española, un
proceso abierto y participativo, para que los distintos actores que actúan en el ámbito de la ayuda humanitaria intervengan en la definición de las estrategias y las nuevas posibilidades de coordinación europea. Estamos hablando de Fuerzas Armadas,
de Protección Civil, de las ONG y del sector privado.
Precisamente hoy se están celebrando en Madrid unas jornadas de reflexión sobre cómo incorporar los distintos actores en el marco de un liderazgo que creemos que tiene que ser claramente de la
AECID, de la Oficina de Acción Humanitaria. Votaremos, pues, favorablemente esta iniciativa esperando y deseando que esta aportación de nuestro grupo parlamentario sea incorporada al texto transaccional.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Xuclà.
Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, saludo la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista con relación a la respuesta por parte de la Unión Europea ante las crisis humanitarias o, mejor dicho, humanas, pero lamento que esta iniciativa se dé en un contexto en el que
los países europeos, en concreto el nuestro, hayan disminuido de manera drástica su solidaridad y su cooperación con los países empobrecidos. Da la impresión de que cuando las cosas vienen complicadas para nuestro país, cuando la crisis se ceba en
la Unión Europea, no existe margen para la solidaridad. Alguien decía que cuando se ve realmente a un solidario -un ciudadano o un país- es cuando vienen mal dadas, que es cuando hay que mantener la solidaridad con aquellos que ni siquiera tienen
las migajas. Tenemos que lamentar que no hayamos sido capaces de sustraernos a esa corriente egoísta que no solamente quiere que la crisis la paguen los más débiles en nuestro país, sino que, además, hace a los más débiles a nivel internacional los
paganos de la crisis y, en este caso, a los países empobrecidos o a los que sufren crisis. Dirán ustedes: es que crisis también la sufren los países no empobrecidos. No es verdad, no es verdad. Pueden ver la catástrofe existente todavía en
Haití, la provocada por el terremoto de 7 grados de la escala Richter, en el que murieron 200.000 personas y hubo miles de heridos y en Japón, en esa misma época, con un terremoto de 7,1 en la escala Richter, murieron dos personas. Por lo tanto, no
se trata únicamente del terremoto y de la consiguiente crisis, sino de la fragilidad social, de la fragilidad del Estado, de la crisis en la que ya vivía Haití y en la que sigue viviendo, a pesar de no ser ya objeto mediático y de solidaridad. En
ese sentido hay que aprender lecciones de Haití.
¿Cuáles son las lecciones de Haití? En primer lugar, que la solidaridad no es únicamente la respuesta a una crisis humana, la solidaridad tiene que ver con unas relaciones políticas y económicas más equilibradas. En segundo lugar, que esa
solidaridad debe ser compatible también con la solidaridad HACIA los más cercanos. Eso de solidarizarse por televisión y pisotear a tu vecino porque es inmigrante no parece lo más adecuado. La solidaridad también debe tener en cuenta a los más
cercanos. En tercer lugar, hay situaciones manifiestamente mejorables dentro de la Unión Europea en materia de cooperación frente a las crisis o de protocolos frente a las catástrofes. No hemos sido una posición reseñable en relación con la
catástrofe de Haití. Alguien ha recordado cómo reaccionaron las instituciones europeas en el momento de la catástrofe pero les voy a dar un dato, señorías. Hoy mismo en almacenes de la Comunidad de Madrid están depositados miles de litros de
plasma a la espera de transporte a Haití, en estos momentos, lo cual demuestra, señorías, que tenemos problemas no solamente de dirección, coordinación y logísticos, sino que tenemos un grave problema para responder a las catástrofes humanas.
Nuestro grupo ha introducido una serie de enmiendas que tienen que ver con los acuerdos de Oslo y que pretenden
la complementariedad civil y militar -porque parece que se hace demasiado hincapié en el ámbito militar y escaso en el civil-, la necesidad de un cuerpo civil en nuestro país y en el marco de la Unión Europea de gestión de crisis y de
respuesta a las crisis humanas, y otro aspecto muy importante con lo que termino: el respeto a la soberanía de los países que sufren una catástrofe. Haití ha sido una lección clamorosa de falta de respeto a la soberanía. Hay que hacer un homenaje
a las Fuerzas Armadas que fueron -entre ellas las de nuestro país- con un evidente sacrificio de vidas, pero también hay que reseñar que esos países tienen Estado, que esos países tienen Gobierno, que esos países tienen sociedad civil y que no
merecen ser ninguneados, y en algunos casos han sido ninguneados por una cierta prepotencia de los Estados desarrollados.
Esta es la posición de mi grupo parlamentario y en ese sentido van nuestras enmiendas, que pretenden ser constructivas y pretenden lamentar que no se mantenga la cooperación y la solidaridad pero al tiempo saludando este tipo de iniciativas.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Llamazares.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, mi grupo va a sumarse al apoyo de la proposición no de ley que presentada por el Grupo Socialista insta al Gobierno a tomar cuantas iniciativas sean necesarias en la UE para aumentar su capacidad de respuesta ante las emergencias y
catástofres humanitarias y, en concreto, para conseguir las cuatro medidas que propone y sobre las que, por ya citadas y conocidas, no volveré.
Sobran razones para votar a favor de esta proposición no de ley y he aquí las razones de mi grupo. Para comenzar, constituye una iniciativa que va en una buena dirección. Quiero decir que va creciendo en el mundo una cierta conciencia que
pudiéramos definir como genéricamente conciencia humanitaria, según la cual lo que pasa en cualquier parte del mismo es algo que nos afecta de alguna forma a todos. Afortunadamente esto va creciendo porque, a nuestro juicio, las consecuencias de no
disponer de una conciencia de este género y de actuar al margen de ella pueden ser lamentables y catastróficas para todos los humanos, por supuesto para aquellos que sufran directamente las catástrofes, pero, más o menos, directa o indirectamente,
para el género humano. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) No hablaría solo de las catástrofes naturales, creo que hay otro tipo de catástrofes: económicas, financieras, terroristas. Todas ellas empiezan a ser problemas de todos. En la
conciencia humana están las catástrofes humanitarias. Ver a un pueblo azotado por una catástrofe siendo incapaz de hacer frente a la misma e imaginar al resto del mundo de puro espectador va llamando cada vez con más fuerza y con más contundencia a
una conciencia de todos, humanitaria, progresivamente más consolidada. Iniciativas que van en esta dirección son iniciativas que van en la buena dirección.
Desde esta perspectiva, la cláusula de solidaridad del Tratado de Lisboa constituyó en su día y constituye hoy un paso que solo puede ser saludado positivamente, pero la iniciativa va también en la buena dirección desde otro punto de vista,
al menos para este grupo: va por el reforzamiento de Europa como marco común de los europeos a la hora de participar, va por hacer frente o atender problemas de perspectiva o alcance mundial. Más y mejor Europa forma parte también del
convencimiento, de la vocación y del propósito político de mi grupo, del Grupo Parlamentario Vasco, y esta conciencia, que aunque no sin grandes dosis de incertidumbre y confusión parece ir ganando terreno, es una conciencia que nosotros saludamos
positivamente siempre. Somos favorables a la extensión de esta conciencia a todos los campos, y por supuesto al campo de las catástrofes humanitarias, pero también al resto: a la política fiscal, a la presupuestaria y también, genéricamente y de
forma destacada, a la política de defensa y de seguridad.
La iniciativa socialista apunta en esa dirección y en el campo de los desastres naturales nada tenemos que objetar, muy al contrario. La iniciativa en su formulación de detalle da en todo caso una idea clara de las dificultades de hacer
esto en este momento porque constituye todo un encaje de bolillos analizar lo que dicen al respecto las directrices de Oslo. Es todo un auténtico encaje de bolillos aquello que hay que guardar para que se pueda intervenir, respetando y al mismo
tiempo haciendo una labor humanitaria sin que otros derechos de otras naciones y otros Estados se vean supeditados y en todo caso sean respetados. Habría que decir que no siempre ese encaje de bolillos responde al futuro sino más bien al pasado o a
un presente muy inercial de las cosas, y que de vez en cuando también es necesario someter a debate si los esquemas con los que venimos procediendo son esquemas realmente de futuro o son esquemas derivados de comportamientos, actitudes y de formas
de abordar las cosas que ya debemos ir dejando en el pasado.
Quiero terminar señalando que, en línea con lo que han dicho quienes me han precedido en el uso de la palabra sobre que la participación de los ejércitos en este tipo de actuaciones forma parte en algún sentido de lo que pueden ser las
dimensiones de los ejércitos en el siglo XXI, quisiera que en algún momento este Congreso pudiera ver, además de este tipo de iniciativas, aquella otra de 24 de diciembre del año 2009 y que previamente había anunciado en su discurso de investidura
el presidente Zapatero cuando manifestó al señor Solana que antes del 30 de diciembre de este año habría una estrategia española de seguridad realmente nueva y realmente ajustada a las necesidades de presente y de
futuro. Hoy aprobamos esto pero seguimos esperando lo que debe ser una revisión mucho más a fondo de cosas que, como decía, se están quedando viejas y que es necesario revisar a fondo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Beloki.
Señor Tudanca, ¿aceptan alguna de las enmiendas presentadas o hemos de esperar la transaccional anunciada?
El señor TUDANCA FERNÁNDEZ: Vamos a intentar llegar a una transaccional a lo largo de la sesión que remitiremos a la Mesa.
El señor PRESIDENTE: Como sabe, hasta la hora de las votaciones esperamos la transaccional y, en caso contrario, le preguntaría si acepta alguna enmienda.
Muchas gracias, señor Tudanca.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA REGULACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE AVIONES MILITARES EN CASO DE USOS EXCLUSIVAMENTE PARTICULARES O PARTIDISTAS POR MIEMBROS DEL GOBIERNO Y ALTOS CARGOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL
ESTADO. (Número de expediente 162/000444.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, sobre la regulación de la utilización de aviones militares en caso de usos exclusivamente particulares o partidistas por miembros del Gobierno y altos cargos de la
Administración General del Estado. Para la defensa de la proposición por el grupo proponente tiene la palabra don Ramón Aguirre.
El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Esta proposición no de ley viene al caso de los términos en los que se ha explicado el Tribunal de Cuentas recientemente sobre la utilización del avión Falcon por parte del presidente del Gobierno en la campaña electoral correspondiente a
las elecciones europeas, y en este sentido quiero empezar mi intervención leyendo el artículo 130 e), relativo a los gastos electorales. Dice este artículo que serán gastos electorales los medios de transporte y gastos de desplazamiento de los
candidatos, de los dirigentes de los partidos, asociaciones, federaciones o coaliciones y del personal de servicio de la candidatura. Por tanto, lo primero que podemos colegir es que el Tribunal de Cuentas ha venido a confirmar, a concluir y a
calificar que estos viajes son en sí mismos gastos electorales. La literalidad de este artículo no permite entrar en ninguna interpretación y, por tanto, estamos ante un hecho claro de gastos electorales. Pero voy a decir más, el acuerdo del pleno
del Tribunal de Cuentas es por unanimidad, en donde, señorías de la mayoría, están ustedes representados y donde de alguna manera también está el resto de los grupos de esta Cámara. En consecuencia, la unanimidad encierra eso, que no hay ningún
voto en contra y además tenemos que confirmar que tampoco hay ningún voto particular. Primera conclusión.
Señorías, ¿a qué consideraciones llevan este tipo de afirmaciones al Grupo Popular? La primera es que se produce un flagrante incumplimiento de la Ley Electoral, no solo en su artículo 130 sino también en el 131, porque puede ser o pudiera
ser que si registráramos como gasto electoral este tipo de transportes estaríamos infringiendo el límite máximo de gastos electorales por campaña. Dos preceptos claramente incumplidos. Otra segunda consideración importante -mi grupo así lo
entiende- es que se rompe el principio de igualdad, es decir, algunos tienen ventajas que clarísimamente perjudican a aquellos que no tienen oportunidad de poder utilizar los medios públicos de transportes. Pero también hay una tercera
consideración, responsabilidad contable, Señores de la mayoría, el gasto es fácilmente cuantificable, está publicado en todos los medios de comunicación -yo no voy a entrar en ello-, pero el gasto, si es gasto electoral, tiene que estar registrado
en los gastos y en los estados electorales del gasto de las campañas, como es el caso de la campaña europea. Por lo tanto, el propio tribunal va a exigir, y exige en sus recomendaciones, inmediatamente el reconocimiento explícito de ese gasto.
Esto lleva a una cuarta consideración: las cuentas de la campaña electoral relativa al hecho que nos ocupa tienen falta de representatividad, porque no reconocen el gasto electoral que se ha producido con estos viajes, y no estamos hablando de poco
gasto, podemos estar hablando de 30.000 ó 50.000 euros. Por lo tanto, no es ninguna cifra baladí. Y luego, qué quiere que le diga, es tan reciente que el Tribunal de Cuentas ha afirmado en la última sesión que se ha producido en los ejercicios
2004, 2005 y 2006 una condonación de deuda por créditos concedidos en campañas electorales al Partido Socialista, que para nosotros este elemento unido a este otro, agregados los dos haciendo un conjunto, significa una clara falta de
representatividad de las cuentas electorales del Partido Socialista. Y una última consideración, un abandono del código de buen gobierno, que ustedes mismos en el Consejo de Ministros del 18 de febrero de 1985 dieron a luz y se llenaron de boca de
publicitarlo. Por lo tanto, cinco irregularidades, algunas de las cuales, a nuestro juicio, por qué no decirlo, tienen sanción en nuestro marco normativo. Es decir, incumplir la Ley Electoral, excederse en los gastos electorales, tiene
clarísimamente una sanción en el régimen electoral, y no pequeña, por cierto. Pero luego, hay una sanción, a mi juicio, política por el hecho de que estamos claramente incumpliendo uno de los primeros elementos que a tantos nos llama la atención en
estos días de crisis: la austeridad. ¿Qué es eso de irse a Bruselas tres ministros
el mismo día en tres aviones distintos? 80.000 euros en ese viajecito. ¿O qué es eso de utilizar el avión militar para ir a un mitin a Dos Hermanas o a Asturias o adonde sea? Cada viaje de esos puede costar la friolera de 15.000 euros.
Ahora que nos estamos llenando la boca de austeridad, austeridad y austeridad, ajusten el gasto público y recorten el gasto público. A mí personalmente me parece que esto es un ejemplo de lo que no hay que hacer y por esa razón creo que esto tiene
una sanción clarísimamente política.
Mi grupo ha presentado esta proposición no de ley para que se tome una iniciativa por parte del Gobierno que regule el uso de los aviones militares. Ya vendrá en su momento el trabajo que tenga que hacer la subcomisión, que está estudiando
cómo se puede reformar la Ley Electoral.
En todo caso, quiero agradecer las enmiendas que se han presentado a esta proposición no de ley por parte del PNV, de Esquerra y del Grupo Socialista. No vamos por el lado del proceso de la reforma de la
Ley Electoral, que eso tiene su seno y su sede, y por lo tanto será la subcomisión la que tenga que pronunciarse. En segundo lugar, agradecemos a Esquerra la voluntad que ha tenido y creemos que parte de su enmienda sería asumible. En tercer
lugar, queremos anticipar que aceptamos la enmienda del PNV, que por cierto es de modificación. Yo estoy viendo esta práctica de enmendar una proposición no de ley con una enmienda de sustitución. ¿Qué vocación de pacto tiene eso? Yo creo que si
uno quiere tener pacto hace una enmienda de modificación y no de sustitución. Por eso, le decimos al PNV que estamos dispuestos a aceptar su enmienda, a eliminar el punto 2 de nuestra proposición no de ley y a quedarnos estrictamente en lo que
concierne al punto 1. Por lo tanto, señores de la mayoría, les rogaríamos un poquito de responsabilidad con el programa y el plan de austeridad que tanto han defendido ustedes, porque claramente estamos ante un caso flagrante de falta de dar
ejemplo, de dar muy mal ejemplo en materia de despilfarro del gasto público.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aguirre.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) tiene la palabra don Aitor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente.
Mi grupo entiende que en este asunto que trae a la Cámara el Grupo Popular tenemos que ir más allá de las anécdotas o de los hechos puntuales que hayan podido querer denunciarse en un momento determinado por uno u otro partido político,
porque uso de estos medios públicos han hecho los dos grandes partidos cuando han estado en el Gobierno, el Partido Popular lo ha hecho y el Partido Socialista lo ha hecho. Lo que debería llevarnos a la reflexión, en nuestra opinión, es si parece
lógico pensar que sería conveniente o positivo que exista una regulación del uso de los medios públicos del tipo que nos propone el Grupo Popular en esta proposición en concreto. Nosotros entendemos que la respuesta es positiva. Sería bueno
regularlo e intentar distinguir en la medida de lo posible la casuística.
Sería bueno que los medios públicos se utilizaran mayoritariamente para esos fines públicos y que solo circunstancias justificadas de uno y otro tipo pudieran habilitar para
fines de tipo privado o no de estricta representación institucional. En ese sentido, y porque la casuística puede ser muy compleja, bastante complicada, el punto 2 del Grupo Popular era adelantar demasiado. Tampoco tenía cierto sentido decir que
se establezca bajo qué causas pueden utilizarse esos medios públicos pero que, si se usan y aunque esté justificado, deben reembolsarse los gastos que haya supuesto el uso de esos medios. Nos parece que eso no tiene una lógica. Si está justificado
por las razones equis -de seguridad o de otro tipo, que la legislación, el ordenamiento o la normativa regularían- que esos medios oficiales puedan ser usados, no tiene ningún sentido que tengan que ser reembolsados.
De ahí nuestra enmienda de suprimir el punto número 2, dejando el primero, que solicita un régimen jurídico sobre el uso de aviones militares para fines exclusivamente privados o partidistas -dice- por parte del presidente u otros miembros
del Gobierno o de los altos cargos de la Administración General del Estado. Esta reglamentación tiene que hacerla alguien que conozca bien la Administración y cuál es la práctica diaria, porque seguro que a nosotros se nos escapan muchos casos de
utilización, que alguna nos puede parecer correcta y otra incorrecta, de esos aviones.
Mi grupo se atrevería a sugerir a la persona que se pusiera a redactar esa reglamentación una serie de ideas. Yo creo que deberíamos ir más allá de presidente,
otros miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración General del Estado; también la Jefatura del Estado, también el Rey y la familia real -¿por qué no?- deberían entrar en esa consideración. Deberíamos hacer una reflexión también sobre
el uso que pueden estar haciendo determinados mandos militares, sobre todo después del escandaloso asunto del transporte de invitados a una boda en las Islas Baleares hace poco con helicópteros del Ejército. Todo eso, que la verdad es que parece de
pandereta -pero, por lo que parece y si lo hicieron de manera tan flagrante, no debe ser una excepción o una cosa puntual-, debería ser regulado. Insisto, no solo para el caso del Gobierno y de altos cargos de la Administración, sino que tenemos
que ir más allá de la Jefatura de Gobierno, también a la Jefatura de Estado y a los oficiales públicos, que muchas veces tienen a su cargo esos medios de transporte y que en este caso son los militares. Nosotros lo enfocaríamos en ese sentido. En
cuanto al gasto electoral, nos parece correcto que se impute y que esto sea contabilizado en las cuentas que los partidos tengan que reflejar ante el Tribunal de Cuentas, pero entendemos que iría más allá de la regulación y de lo que se propone en
esta proposición no de
ley. Entendemos que debería estar centrada en una regulación en cuanto a permisos de utilización y después correspondería entrar, a través de la subcomisión de modificación de Ley Electoral u otra comisión, a modificar el tema de gastos
electorales.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.
Por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida tiene la palabra don Joan Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente.
Señorías, aunque en política la memoria es más bien frágil y efímera, se trata de una casi reiteración de un debate que ya sustanciamos hace casi un año en esta Cámara a raíz de una moción de nuestro grupo parlamentario que es, en
definitiva, la que motiva también la presentación de la enmienda en este debate. Bien es cierto que aquella moción que presentó nuestro grupo tenía un propósito mucho más amplio, porque se instaba al Gobierno no solo a regular el uso, como se hace
a través de esta proposición no de ley, de los aviones militares para fines privados, sino también a regular todos los medios públicos no solo por parte del presidente del Gobierno sino también de los ministros y altos cargos del Gobierno para la
actividad pública, pero también privada. En concreto, a regular el eventual goce de inmuebles, de medios de transporte, de desplazamiento y, en particular, en periodo electoral. Todo ello atendiendo no solo a criterios de representatividad sino
también de seguridad y al hecho de que, como se ha dicho repetidamente, las subvenciones electorales que prevé la Ley Electoral ya vienen a incluir o subvienen este concepto de transporte y desplazamiento de los candidatos en campaña electoral.
Como recordarán, aquel debate de hace un año vino a razón de una polémica que ha rebrotado últimamente, como fue la utilización de distintos aviones Falcon por parte del presidente del Gobierno para asistir a sendos mítines, concretamente en Sevilla
y en Oviedo, como consecuencia de la campaña electoral de las pasadas elecciones al Parlamento Europeo. Esta no es una cuestión fácil, estamos ante un tema complejo, en un terreno más bien lábil, difuso, es evidente que el presidente del Gobierno,
para utilizar el ejemplo de hace un año, lo es las veinticuatro horas del día, no es una especie de dios Jano, bicéfalo, que se desdoble, independientemente de los actos en los que participe y de la condición en que lo haga. Por tanto, admito que
es una cuestión compleja. En segundo lugar, hay una razón sobrevenida, un criterio de estricta oportunidad. En un momento como el actual de aguda crisis económica en que se pide a todo el mundo que se apriete el cinturón, no nos parece razonable,
por ejemplo, que, como se ha dicho hace un instante, se hayan utilizado hasta tres aviones distintos para desplazar a tres ministros a una reunión, en este caso a Bruselas.
Tampoco es razonable que un dirigente, un cargo orgánico sin
responsabilidades institucionales, hubiera utilizado también el mismo avión que un ministro de Exteriores del Gobierno español para asistir a un acto político. Evidentemente, no nos parece razonable. Más allá de estos, hay otros que podríamos
llamar contraejemplos, porque esta misma semana hemos visto cómo el viceprimer ministro del Reino Unido, el señor Nick Clegg, ha viajado a España y lo ha hecho en un vuelo regular. Hace algunas fechas incluso fue motivo de cierta ironía el hecho de
que el presidente de la Generalitat utilizara algunos vuelos de los llamados de bajo coste para desplazarse. Son todos ellos ejemplos de una utilización razonable y oportuna de los medios en un contexto de aguda crisis económica.
Por todo ello, señorías, lo que proponemos básicamente es reiterar casi en sus términos lo que aprobó el Congreso en su día, es decir, instar al Gobierno a hacer algo que no ha hecho durante este año, regular el uso de los medios públicos,
en el bien entendido, repito, que entonces dijimos que queríamos, y lo reitero ahora, que la regulación no se convierta en una limitación de medios para la labor de los miembros del Gobierno, sino establecer una regulación para fijar unas reglas del
juego mucho más transparentes, que las cosas queden claras y particularmente durante la campaña electoral. Porque, como se ha dicho, actualmente la Ley Electoral ya contempla en su artículo 130 algunos de los conceptos, como los medios de
transporte y gastos de desplazamiento. Además de que entre los gastos imputables como gasto electoral están también incluidos, por cierto, los de seguridad y es ya criterio perfectamente asentado por parte del Tribunal de Cuentas en sucesivos
informes que estas subvenciones deberían quedar perfectamente reflejadas normativamente precisando la naturaleza del gasto, el periodo de devengo y también la justificación pertinente de la subvención otorgada. Y hasta la fecha nada de todo ello
queda claro porque no se ha hecho una regulación en ese sentido y, por cierto, es lo que hace muy pocas fechas el presidente del Tribunal de Cuentas nos recordaba a través de su informe de fiscalización correspondiente a las elecciones al Parlamento
Europeo, concretamente las que tuvieron lugar el 8 de junio del año pasado. Por tanto, lo recomienda el Tribunal de Cuentas, es un mandato de esta Cámara, lo único que hacemos es reiterar en sus términos algo que ya dijo hace un año esta Cámara e
insistir al Gobierno en que haga los deberes.
Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Jesús Cuadrado.
El señor CUADRADO BAUSELA: Gracias, señor presidente.
Señorías, a este debate que hoy trae aquí el Grupo Popular uno se puede aproximar de dos maneras: en serio, de una forma seria, o de una forma no seria. Voy a empezar, señorías, por poner de relieve lo que creo que no es serio, y no es
serio que usando la técnica del escándalo fabricado se empleen palabras gruesas para una especie de fraude electoral en el empleo de medios por parte de miembros del Gobierno o por parte de cargos institucionales. Y no es serio, señorías, que se
diga que se trata de un hecho inmoral, de un uso impropio, privado, partidista; que se hable de nepotismo, que se hable de gorronería -palabra que se ha llegado a emplear en su partido, señor Aguirre, exactamente esa expresión-, cuando
indudablemente no estamos ante ninguno de esos supuestos. Pero, señor Aguirre, le diré que es aún menos serio el momento en que lo hace el Partido Popular, porque usted viene hoy aquí a revitalizar una proposición no de ley de hace un año justo al
día siguiente de saberse a través de los autos -autos- de tribunales como el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que han incurrido ustedes como fuerza política en todos los supuestos posibles de delitos electorales: con el caso Gürtel en la
Comunidad Valenciana; en las elecciones, el empleo fraudulento de medios -supuestamente, según los autos judiciales- privados, particulares, para una campaña electoral en Baleares, en la Comunidad Valenciana, en Galicia, en Madrid, en toda España,
en las elecciones de 2004 como señalan los propios autos. ¿Y vienen ustedes aquí a establecer un discurso sobre un supuesto uso impropio o irregular por parte del presidente del Gobierno, por parte de autoridades del Partido Socialista, en las
campañas electorales o en la campaña electoral de 2009? Señorías, no es serio y yo quiero, desde luego, ser serio en este debate, y quiero ser serio diciendo cuál es la posición sobre este tema del Grupo Parlamentario Socialista.
Nosotros aceptamos, y lo hemos presentado por escrito en una enmienda, todo lo que dice el Tribunal de Cuentas a través de una recomendación, todo. Porque el Tribunal de Cuentas -y esta es la trampa y la falta de salida, señorías- no dice
que se regule el uso de los aviones militares, no. El Tribunal de Cuentas dice que se regulen todos los medios de transporte que se utilicen en las campañas electorales de todas las administraciones públicas, señor Ridao, de todas: del Gobierno
central, de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos; de todas. Es decir, que si tuviéramos que definir si es un uso adecuado el que hace el alcalde de Madrid cuando coge el coche oficial y va a un acto del PP, eso es tan discutible aquí,
en términos serios, como que el presidente del Gobierno utilice, también por motivos de seguridad, un Falcon para ir a un acto electoral de su partido. Exactamente igual. Como la hace Angela Merkel, o como lo hace Sarkozy, o como lo hacen todos
los primeros ministros y presidentes de Gobierno de la Unión Europea. Todos, señorías.
Pero veo que no le interesa esta cuestión. Por tanto, posición del Grupo Parlamentario Socialista: sí a la regulación que nos pide el Tribunal de Cuentas
modificando nosotros, las Cortes, el Parlamento, no el Gobierno, la Ley Electoral en su artículo 130, como cita exactamente la recomendación del Tribunal de Cuentas. Por tanto, no se modifique, no se cambie, no se haga el truco.
Ahora bien, si ustedes, señorías, lo que quieren es hablar de aviones, vamos a hablar de aviones; de aviones, no militares, de aviones propiedad del Estado que gestionan los militares, pero hablemos de aviones. ¿Es irregular, nepotismo,
ilegal, inmoral, una gorronería, etcétera, que el señor Rajoy en tres años utilizara 94 veces en 94 días distintos el Falcon? (Un señor diputado: ¡Qué barbaridad!-Otro señor diputado: ¡Qué fuerte!) ¿Eso es una irregularidad, una gorronería, una
ilegalidad, un uso impropio? Señoría, 94 veces en tres años. Sí, un uso privado del señor Rajoy, por motivos de seguridad. (Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben.) Sí, por motivos de seguridad, bien utilizado. Yo estoy de
acuerdo. Es correcto. Pero es que ustedes dicen que cuando lo hace un miembro del Partido Socialista es ilegal, irregular, impropio. Señorías, un poco de seriedad.
El señor PRESIDENTE: Señor Cuadrado, debe acabar.
El señor CUADRADO BAUSELA: Termino, señor presidente. O, por ejemplo, cuando el señor Aznar utiliza 940 vuelos propiedad del Estado en cuatro años, 21 para ir de vacaciones a Baleares y más de 50 para ir a lo que el señor Bush llamaba el
rancho de Aznar en Toledo, ¿eso es irregular, impropio, ilegal? Señorías, un poco de seriedad. No es de recibo, y por eso hemos hecho una propuesta seria, que se empleen dos varas de medir.
Termino, señor presidente. Para hablar de austeridad ha
elegido usted una mala metáfora. Hablar de austeridad refiriéndose al señor Aznar como el ejemplo de austeridad, cuando todos los españoles tienen en la retina la boda de El Escorial, es un mal ejemplo, señorías. (Rumores.-Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cuadrado.
Pasamos al Grupo Mixto. (Pausa.) No hará uso de la palabra el Grupo Mixto.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra don Jordi Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en último término en este punto del orden del día que podríamos calificar como un festival del: y tu más, y en el que aún quedan restos de tinta de calamar en esta tribuna, recordando un pasado reciente o no tan
reciente. A mí me gustaría salir de la casuística para ir al caso general y decirles que esta tarde el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió va a defender lo mismo que ha venido defendiendo en estos
últimos años. A un partido político, a los ciudadanos, les puede gustar mucho, un poquito o nada el presidente del Gobierno y el Gobierno en su conjunto, pero el presidente del Gobierno en España, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos
y en cualquier sociedad mínimamente articulada y de Estado no fallido, y España es un Estado articulado, el presidente lo es las veinticuatro horas del día. Era muy previsible que al Partido Popular se le recordaran los desplazamientos del anterior
presidente del Gobierno y del actual líder de la oposición y ex vicepresidente del Gobierno. Tiene que haber buenas prácticas, tiene que haber actitudes de austeridad, tiene que haber posiciones de austeridad, sin duda; se tiene que luchar contra
el nepotismo, sin duda. Me preocupa mucho más el mal uso eventualmente de los medios públicos por cargos intermedios del Gobierno y de posibles usos partidistas por cargos intermedios de gobiernos en plural que el hecho de que el presidente del
Gobierno o que los miembros del Gobierno se desplacen con las condiciones, características y requisitos de seguridad que se precisan para cualquier alta autoridad, en este caso del Estado. Serán los medios sociales de comunicación los que
denunciarán, como lo han denunciado, las malas prácticas. No hemos de hablar necesariamente del Gobierno. Hemos de hablar de una muy mala práctica, como es el desplazamiento de un número importante de militares hace pocas semanas en Baleares para
asistir a una boda. Sin duda esto es altamente reprobable; supone la reprobación del Parlamento, creo que del Ejecutivo y de los medios sociales de comunicación. Permítanme, señorías, que al debate de esta tarde aporte un punto de vista nuevo
para esta eventual regulación que algún día se debe plantear. Durante las campañas electorales -esta es la posición del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió-, en las cuales se presenta el Gobierno a la contienda, se debe regular los
desplazamientos de los candidatos porque en aquel momento, desde el día de la convocatoria hasta el día de la celebración de las elecciones, como muy bien saben SS.SS.
convocadas entre 60 y 54 días antes de la celebración de las elecciones, el
presidente del Gobierno y sus miembros confluyen claramente en la misma persona y en la doble condición de candidatos y de responsables del Gobierno en funciones. En ese momento se debería deslindar claramente los momentos de actividades de partido
de los de representación institucional; lo que vale para el presidente del Gobierno puede valer para ayuntamientos y comunidades autónomas. Durante el periodo de la legislatura la función de representación de un presidente de Gobierno, que nos
puede parecer bueno, malo o muy malo, lo es en sus 24 horas del día. Sí a la austeridad, sí al control parlamentario, sí al sentido común, sí a la prudencia, sí a la lucha contra el nepotismo, que, insisto, eventualmente se puede producir más en
cargos intermedios que en las primeras filas del Gobierno. Sería bueno que todo esto se reflejara en la subcomisión de reforma de la Ley Electoral con alguna modificación puntual de algún artículo en un clima de rigor y no en este clima de: y tú
más, así como de la tinta del calamar, que ha presidido el debate de esta tarde.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.
Señor Aguirre, si tiene la bondad, aunque ya se ha manifestado en su intervención, en el momento actual ¿acepta alguna enmienda para su inclusión?
El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: Aceptamos la enmienda de modificación que ha presentado el PNV que propone eliminar el punto 2 de la proposición no de ley y mantenemos para votación el punto 1.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aguirre.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LA NECESIDAD DE REAFIRMAR LOS PRINCIPIOS DEL PACTO DE TOLEDO AL ABORDAR LAS REFORMAS DEL SISTEMA DE PENSIONES. (Número de expediente 173/000149.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a examinar la moción del Grupo Parlamentario Catalán, sobre la necesidad de reafirmar los principios del Pacto de Toledo al abordar las reformas del sistema de pensiones. Para la defensa tiene la palabra don
Carles Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Efectivamente, voy a defender esta moción de Convergència i Unió consecuencia de la interpelación que planteamos el pasado miércoles al ministro de Trabajo e Inmigración en relación con la necesidad de reafirmar los principios del Pacto de
Toledo. Lo hacemos de entrada desde una cierta decepción por el debate que mantuvimos con el ministro. De nuevo no se dio ninguna razón que explique o justifique por qué se van a congelar las pensiones en el año 2011, por tanto nos reafirmamos en
la calificación que hemos hecho de esta decisión: injusta, inequitativa y que entra en contradicción con los principios y la lógica del propio Pacto de Toledo en su formulación finalista y en los propios métodos que lo componen. En dos últimos
plenos consecutivos la Cámara votó en contra de esta medida; ha reclamado al Gobierno una marcha atrás en este asunto, y de manera sorprendente esta mañana el secretario de Estado de la Seguridad Social en la Comisión del Pacto de Toledo se ha
reafirmado en esa vocación del Gobierno de no dar cumplimiento a las mandatos parlamentarios. Hoy, esta tarde, Convergència i Unió vuelve a poner encima de la
mesa la necesidad de que el Gobierno corrija el tiro y tome aquellas medidas necesarias que garanticen el mantenimiento del poder adquisitivo para los pensionistas en el año 2011.
Estamos convencidos de que es absolutamente necesario corregir esta decisión. También queremos que esta moción suponga una reafirmación de los principios y de la filosofía del Pacto de Toledo. Estamos muy convencidos de que el Pacto de
Toledo es el instrumento que permite, desde el consenso político y social, promover las reformas que hacen posible el sostenimiento del sistema público de pensiones. Ese ha sido un éxito colectivo de la sociedad española desde el año 1995. Ese
éxito colectivo, que ha permitido que desde 1995 hayamos promovido reformas, gobernando el Partido Popular, gobernando el Partido Socialista, con acuerdos con el conjunto de los agentes sociales -con la CEOE-Cepyme, con Comisiones Obreras y con la
UGT-; ese sistema que ha permitido introducir elementos de racionalidad y sostenibilidad en nuestro sistema de pensiones es un bien a preservar. Queremos que el conjunto de la Cámara reivindique ese bien a preservar que es el Pacto de Toledo desde
la convicción de que las reformas y el consenso que lo justifican no pueden ser arrastrados por la crisis en la que estamos inmersos; que la incompetencia política del Gobierno gestionando esta crisis no puede poner en riesgo ese método de reformas
y, por tanto, reivindicando el consenso político y social, así como la audacia de las reformas, y que el Pacto de Toledo en esta legislatura debe ser capaz de poner encima de la mesa aquellas reformas que nos puedan garantizar la sostenibilidad
futura de nuestro sistema público de pensiones. Pero también estamos muy claramente convencidos de que sin empleo, sin generación de empleo, sin generación de oportunidades para las empresas, sin capacidad de generación de nueva actividad
económica, sin incrementar el número de cotizantes, nuestro sistema de protección social no se sostiene. De hecho el éxito del Pacto de Toledo desde 1995 hasta la fecha ha ido ligado a sus reformas, pero muy sustancialmente ligado a un gran
incremento de personas incorporadas a nuestro mercado de trabajo. Sin una economía que sea capaz de ofrecer empleo, de incorporar a más mujeres, de hacer preservar a más personas mayores en nuestro mercado de trabajo, sin generar más oportunidades
de empleo para las personas jóvenes, este sistema de pensiones, cualquier sistema de bienestar, no es sostenible.
Por tanto, señorías, asumamos también, y asuma especialmente el Gobierno, que aquello que va a preservar nuestro Estado de bienestar
es precisamente la capacidad de generación de empleo, pero con las tasas de desempleo que hoy tiene España, con el desempleo estructural en el que España está instalada, difícilmente eso es posible.
Esto va muy directamente ligado, no tan solo pero muy directamente ligado, a esa reforma del mercado de trabajo que algunos grupos venimos exigiendo desde hace muchos meses, incluso muchos años, y sobre la que en las próximas horas el
Gobierno deberá decidir qué hace, una reforma del mercado de trabajo que sea capaz junto con otras reformas de generar el empleo que garantiza el Estado del bienestar. Eso exige liderazgo político del Gobierno; el proceso de revisión del Pacto de
Toledo exige liderazgo político del Gobierno y además un gobierno que sea capaz, junto con los grupos parlamentarios, de manera inteligente, hábil, cómplice con el conjunto de los grupos parlamentarios, de liderar las reformas que nuestro sistema
necesita. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Señorías, desde enero de este año 2010 el Gobierno en materia del Pacto de Toledo está siendo arrastrado por las circunstancias y por los hechos. El Gobierno está
siendo incapaz de continuar en ese proceso exitoso.
Esta moción que sometemos a consideración de SS.SS. pretende reafirmar esos valores, esos principios y esa aspiración al consenso y al pacto político como método de reformas. Señora presidenta, termino. Hay enmiendas del Grupo Socialista
que mi grupo no puede aceptar, porque entran en contradicción con aquello que defendemos, con ese mantenimiento del poder adquisitivo para 2011, y enmiendas de don Gaspar Llamazares que mi grupo estaría en condiciones de aceptar.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Campuzano, por favor.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: En aras de un posible mayor consenso, señor Llamazares, finalmente no podremos aceptar la de su grupo, para permitir quizás alguna votación separada que algún grupo nos va a plantear.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Campuzano.
Efectivamente, a esta moción se han presentado enmiendas por parte de dos grupos parlamentarios. En primer lugar, para defender las del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la
palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
Mi grupo parlamentario ha presentado dos enmiendas a la iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió en relación con el sistema de pensiones y el Pacto de Toledo. Nuestra voluntad es darle mayor contundencia al acuerdo
de la Cámara, en primer lugar, planteando como requisito indispensable el Pacto de Toledo para cualquier reforma de las pensiones, porque nos parece que es adecuado con las amenazas que existen de reformas exprés sobre nuestro sistema de pensiones,
incluso antes del verano; y, por otra parte, también planteamos el rechazo a medidas unilaterales, que tienen causa en medidas recientes adoptadas por el Gobierno, tanto en lo relativo a la
congelación de las pensiones como en el aumento de la edad legal de jubilación.
Sentimos que el grupo parlamentario proponente no acepte nuestras enmiendas y también entendemos su voluntad de mantener una parte sustancial del texto para un acuerdo mayoritario del Congreso. Anunciamos que en todo caso facilitaremos la
aprobación de esta iniciativa, porque nos parece que reitera la posición de la Cámara en relación con el Pacto de Toledo. Yo quisiera, señorías, alertar de dos peligros, sobre la política de pensiones, a la Seguridad Social y al Pacto de Toledo, y
no son los peligros que algunos esperan. Yo y mi grupo parlamentario no tenemos dudas de la viabilidad de nuestro sistema de pensiones y de la salud de nuestro sistema de pensiones. Incluso en el peor año, dos años de crisis económica y en el
momento más importante de recesión, no hemos entrado en déficit, no ha entrado en déficit la Seguridad Social y no hemos tenido que recurrir al Fondo de reserva, lo cual demuestra la salud de nuestro sistema de pensiones -la salud actual- y la
viabilidad futura incluso en condiciones de crisis tan grave como la que vivimos.
Señorías, quería hacer dos matizaciones. La primera de ellas tiene que ver con los decretos, con la generalización de los decretos. Quiero parafrasear a Agamben en relación con la democracia de excepción, hablando de la economía de
excepción. Da la impresión de que la única forma de enfrentarse a esta crisis es mediante medidas de excepción.
Señorías, no lo comparto. No comparto que la democracia se arrodille ante la eficacia económica. Es perfectamente compatible la
eficacia económica, la eficacia social y la democracia. Aviso y alerto a la Cámara sobre lo que podríamos llamar la economía de excepción, que generaliza el decreto como única fórmula para enfrentar las dificultades; decreto que por otra parte
agota y reduce la pluralidad y la participación democrática de la Cámara. Una segunda matización tiene que ver con los consensos y con los acuerdos. Una parte importante de la democracia, además de los derechos políticos y de los procedimientos
democráticos, son los pactos o los acuerdos. Los pactos no son nada extraños a la democracia, sino consustanciales a la democracia tal y como la conocemos, sobre todo los acuerdos y la concertación social. Cuando hablamos de Pacto de Toledo
hablamos de un pacto político para reformar y mantener nuestro sistema público de pensiones; hablamos de un reconocimiento de que ese pacto político afecta al salario indirecto de los trabajadores, por lo tanto los trabajadores y los agentes
sociales en general tienen un papel prioritario también con el Pacto de Toledo. No deberíamos olvidar que para las pensiones es necesaria la concertación y el acuerdo político de la Cámara ni tampoco deberíamos olvidarlo con doble moral para las
reformas laborales. Señorías, no se puede defender una cosa para las pensiones y otra para la reforma laboral. No se puede decir en materia de pensiones que es necesario el acuerdo político y que el salario indirecto de los trabajadores hace
necesario el acuerdo social y, sin embargo, en relación con la reforma laboral, a pesar de que no haya habido acuerdo laboral, añadir que nos toca a nosotros, y va a haber una medida política que en definitiva tiene toda la legitimidad.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Llamazares, por favor.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Termino. Toda la legitimidad sí, pero también una parte es concertación y acuerdo social que hará inviable una legitimidad únicamente política.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Llamazares.
Para defender la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Pacto de Toledo es sin duda el mayor consenso de la democracia y el mayor esfuerzo que hemos hecho todos los grupos por mantener el consenso de las pensiones de la Seguridad Social hasta ahora.
El Grupo Socialista quiere
remarcar hoy aquí su voluntad y su firme decisión de que las reformas del sistema de la Seguridad Social, los sistemas de pensiones, las reformas de pensiones, vayan con el consenso dentro del Pacto de Toledo. También hemos de acostumbrarnos a
hablar todos el mismo lenguaje. La subida de pensiones siempre se ha decidido e incluido en los Presupuestos Generales del Estado. Nunca -y cuando digo nunca es nunca- ha venido al Pacto de Toledo si íbamos a subir cinco o dos a las pensiones,
porque no es la función del Pacto de Toledo. La función del Pacto de Toledo es de análisis y de propuestas al Gobierno.
Por lo tanto, el decreto que toma las medidas para el año que viene relativo a las pensiones está totalmente justificado y es
respetuoso con el Pacto de Toledo.
Decía el proponente de la moción que no hay ninguna razón para esta medida. Señorías, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ustedes saben que la realidad del país y del conjunto de la Unión Europea ha llevado a tomar medidas al
conjunto de la Unión, y cuando digo tomar medidas me refiero a acuerdos de toda la Unión. A nosotros nadie nos impone nada porque participamos en esa toma de decisiones, aunque en ella se acuerde tomar una serie de medidas. Por cierto, tanta queja
de que este Gobierno era lento y no tomaba medidas pero ha sido el primero de la Unión en tomarlas, y después han venido los demás países. ¿Es que Alemania, Francia, Portugal y Reino Unido no han tomado medidas? Todas esas medidas son consecuencia
de una situación como la que tenemos en estos momentos. Decía esta mañana el secretario de Estado -creo que todos le comprendemos, si queremos- que las pensiones en el año 2009
subieron un 2 por ciento como IPC, cuando a final de año el IPC de 2009 fue del 0,3 por ciento, es decir con una ganancia de 1,7 de beneficio para las pensiones por encima del IPC. Por lo tanto, con esta medida que estamos tomando para
2011, si realmente la inflación es lo que dicen las previsiones, que quedará en algo menos del 1 por ciento, estamos garantizando en periodos y legislaturas el poder adquisitivo de las pensiones. Reto a cualquiera de la Cámara, a cualquier partido,
a demostrar quién mantiene legislatura por legislatura el poder adquisitivo de las pensiones y quién no. Como con el único que me puedo medir es con el Partido Popular se lo discuto. Además no necesito ni ocho años, seis años contra ocho, y
veremos cómo están las subidas de las pensiones.
(Aplausos.)
Liderazgo político y consenso. Claro, nos hemos de poner de acuerdo en qué es liderazgo político, porque cuando el Gobierno toma medidas no estamos de acuerdo porque las ha tomado y ha roto el consenso, pero si no las toma es que le falta
liderazgo político. Pues bien, señorías, este Gobierno tiene liderazgo político, ha tomado una serie de medidas y realmente vamos a mantenerlas. Por ese motivo hemos hecho esta enmienda, para votar a favor de esta moción. Como ya nos ha dicho el
proponente de la iniciativa que no nos acepta la enmienda, pedimos a la Mesa de la Cámara poder votar apartado por apartado, para poder reafirmar nuestra voluntad de consenso y de actuación dentro del Pacto de Toledo...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora López i Chamosa, por favor.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Realmente -termino, señora presidenta- no estamos de acuerdo con el último punto.
Una cosa más, señorías, pongámonos a trabajar, porque diciendo un día que no nos va bien y otro que tampoco, sin tratar lo que tenemos tratar, luego no nos llamemos a engaño si no somos capaces de consensuar que haya que hacer otras cosas.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora López i Chamosa.
En el turno de fijación de posiciones tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.
Anuncio que estoy completamente de acuerdo con la iniciativa que ha defendido hoy el diputado de Convergència i Unió Carles Campuzano, tanto con su texto como con su intervención a la hora de defenderla. Yo también soy de las que piensa que
el tema de las pensiones tiene que dilucidarse, tratarse y acordarse en el Pacto de Toledo; que no pueden congelarse las pensiones por ninguna otra vía, ni con un decreto-ley, ni con un debate al margen, ni por la vía presupuestaria; no se puede
ir a una congelación de las pensiones. Estoy por tanto plenamente de acuerdo con su intervención y con esta iniciativa, por eso la voy a votar conjuntamente o por separado. Ahora bien, permítame que le diga sin acritud y con todo respeto, señor
Campuzano, que me ha parecido que hoy ha hecho una enmienda a la totalidad a su portavoz Duran i Lleida, porque lo que él sostuvo, defendió y permitió con su voto de abstención el día 27 de mayo es justamente lo contrario de lo que usted acaba de
plantear. Permitió que con un decreto-ley se congelaran las pensiones y se rompiera el único pacto de Estado que permaneció vivo en la primera legislatura del señor Rodríguez Zapatero, o sea el Pacto de Toledo. Me parecen muy bien las enmiendas a
la totalidad, por eso voy a votar a favor, pero permítame que le diga que a veces hay que traer una guía, porque uno no sabe muy bien si van a venir de hombres de Estado o de defensores del Pacto de Toledo.
Por tanto, aunque no apelen para ustedes
a la condición de ser hombres de Estado, vienen a reivindicar hoy lo que el otro día perdieron, o sea la posibilidad de defender también con su voto el mantenimiento del único pacto de Estado que estaba vivo, que es el Pacto de Toledo. Dicho esto,
reitero que apoyaré esta moción, pero no me quería quedar con las ganas de decirle lo que pienso, no sobre el texto, sino sobre el contexto.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Díez.
Por el mismo grupo tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Bloque Nacionalista Galego va a votar favorablemente a esta moción de Convergència i Unió que defiende el señor Campuzano y lo vamos a hacer por varias razones. Creemos necesario que sea el Pacto de Toledo quien resuelva
definitivamente a través de un consenso, o no, aquellos asuntos que en su momento forman parte de los acuerdos, como son los relacionados con la Seguridad Social, pensiones, etcétera. Hay una cuestión que está clara y es que el hecho de que hoy
estemos discutiendo esta moción está motivado porque -nosotros lo dijimos en su momento- el Gobierno ha vulnerado uno de sus acuerdos, que era no tomar absolutamente ninguna medida sin que previamente fuera tratada en el seno del Pacto de Toledo.
Este no es algo abstracto, sino que es un documento escrito donde se enmarcan una serie de políticas orientadas a señalar cómo resolver la cuestión de la Seguridad Social y los acuerdos que respecto a la misma haya que tomar. Su base fundamental no
es solamente la participación de los grupos parlamentarios, sino también de los diferentes agentes sociales que dan su opinión, por lo que los
acuerdos a los que se tenga que llegar han de tener en consideración también esas opiniones. Por tanto, vamos a votar favorablemente porque creemos que el Gobierno no debe asumir o responder a ninguna actuación en relación con
modificaciones de la Seguridad Social sin que haya un debate previo al Pacto de Toledo. Desde luego, señorías, tal y como están las cosas no estamos en condiciones de creer que un consenso sea posible, pero lo que consideramos fundamental es que es
necesario que cualquier acuerdo al que se llegue en estos temas tenga ese debate previo y esa puesta en común de todos los grupos parlamentarios, pero también de los agentes sociales, para finalmente decidir. Nosotros desde luego hoy no podemos
decir si vamos a formar parte de un acuerdo o no, pero sí podemos decir que estamos total y absolutamente dispuestos a colaborar y a participar con nuestras aportaciones en este debate fundamental para todas las personas, no solamente para aquellas
que van a ser o ya son perceptoras de una pensión.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Fernández Davila.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
Este debate es como el río Paraná, que nunca acaba. Siempre estamos discutiendo de forma recurrente las mismas cuestiones. Tengo que decirle a la señora López i Chamosa sin acritud, parafraseando a la señora Díez, que en su argumentario ha
comentado que se reprochaba al Gobierno del Estado español que no tomaba medidas con rapidez y que en este caso ha sido el primero en hacerlo. Cuando las medidas son inadecuadas ser el primero no es para jactarse, señora López i Chamosa, y esta
medida es manifiestamente inadecuada. Nosotros vamos a apoyar la moción presentada por el señor Campuzano en sus propios términos, con su propia argumentación y con otra que vamos a exponer a mayor abundamiento.
Tiene razón el señor Campuzano cuando dice que nadie ha explicado todavía por qué se endosa a los pensionistas la responsabilidad del abultado déficit público que posee el Estado español; nadie. Ha habido múltiples debates sobre esta
cuestión. Estamos esperando la primera explicación razonable que permita este endoso de responsabilidad a los pensionistas, pensionistas que en el Estado español cobran como pensión media, señora presidenta, 734 euros al mes.
En segundo lugar tenemos que decir que esta es una medida de carácter unilateral, adoptada por el Gobierno en forma de real decreto-ley, y vulnera la esencia, la ontología y los principios caracterizadores del Pacto de Toledo conformados
desde el año 1995 -por cierto, pacto que es el único que ha cristalizado en toda la transición democrática del Estado español-, lo cual no es una cuestión baladí, que se deslegitime un pacto de estas características cuya regeneración a partir de
este momento, a partir del momento del real decreto-ley va a ser asaz complicada cuando se toman decisiones unilaterales que rompen alguno de sus aspectos axiológicos y algunos de sus contenidos o recomendaciones materiales, entre otras las
relativas a la contingencia de la protección de jubilación, que debe ser objeto de consenso.
Además, el señor Campuzano lo dijo el otro día en la interpelación, se vulnera la jurisprudencia constitucional y el contenido esencial de los preceptos de la Constitución, los artículos 41 y 50, relativos al sistema de protección social en
relación con todas las contingencias que se caracterizan o se deben basar en la suficiencia, en el carácter universal, en el carácter público y en la irregresividad. ¿Qué quiere decir irregresividad en la jurisprudencia constitucional, señora
presidenta? Que cualquier modificación de la contingencia de jubilación o de cualquier otra debe mantener su cuantía o mejorarla en el mejor de los casos. La congelación, como el profesor Barea con lucidez ha afirmado, es una amputación de la
cuantía y de la protección de jubilación. Desde esta perspectiva se están vulnerando dos preceptos de la Constitución, los artículos 41 y 50, y esto es algo que no debe dejar de comentarse porque tampoco es una cuestión baladí precisamente
incumplir la Constitución en materia de reformas o ajustes de naturaleza económica impuestos por instituciones europeas, pero que no deben gravitar sobre aquellos a quienes menos responsabilidades pueden endosarse en esta materia, como son los
pensionistas y los jubilados.
Se ha comentado también por parte del señor Llamazares que la fórmula del real decreto-ley no aguantaría un ajuste o un examen de constitucionalidad. Me gustaría saber quién es capaz de convencer al Tribunal Constitucional de que aquí
concurren necesidades urgentes y perentorias para utilizar la figura del real decreto-ley para modificar la contingencia, aunque sea desde una perspectiva teóricamente pequeña o irrelevante, consistente en la congelación de la cuantía de esta
pensión.
No es irrelevante; es una amputación, es una limitación de la protección.
En todo caso, no están todavía determinadas las razones de urgencia y necesidad que posibilitan o legitiman la utilización de un real decreto-ley para reformar,
como tampoco se puede utilizar el real decreto-ley para otro tipo de reformas que ya han sido glosadas en esta Cámara. Por si fuera poco todo lo anterior, señora presidenta, se están vulnerando la Ley General de la Seguridad Social y su artículo
48, que en materia de pensiones y de pensión de jubilación y de esta contingencia en concreto, solo admite la modificación de la protección de la contingencia para incrementar su cuantía y no la congelación. Si no, léase el propio rótulo del
artículo 48: revalorización de las pensiones de jubilación.
Señora presidenta, yo no sé qué más se puede vulnerar para no atender a los requerimientos de esta moción
presentada por el Grupo de Convergència i Unió, sobre la cual no hemos podido apreciar todavía refutaciones de carácter razonable que permitan un voto en contra de nuestro grupo parlamentario cuando menos. Vemos que todos los demás grupos
parlamentarios van a votar a favor y es que -señora presidenta, con esto acabo- se está vulnerando también un principio importantísimo, que es la separación de fuentes de financiación. Como la financiación de esta contingencia se hace con la parte
contributiva, con las aportaciones, y esta parte genera superávit y fondos de reserva de 62.000 millones de euros, tampoco desde esta perspectiva, señora presidenta, entendemos por qué el Gobierno del Estado español ha endosado una parte de la
reducción del déficit público a los pensionistas. Como esto no lo entiende nadie...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Olabarría, le hago gestos no porque le quiera, que le quiero, sino porque ha acabado su tiempo hace rato.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Sabe la presidenta que el amor es recíproco y además, con esta interpretación...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pues que se note.
(Risas.)
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: ... que ya no es de naturaleza semiótica sino puramente expresa, acabo mi intervención.
Como esto no se puede comprender y yo sé que la señora portavoz que ha intervenido desde el Grupo Socialista en esta moción tampoco lo comprende, señora presidenta, permítame decir con toda la serenidad de la que hoy soy capaz que esto no se
puede -no lo que dice la señora López i Chamosa, sí lo que dice el señor Campuzano- más que votar favorablemente con énfasis y con entusiasmo, si me lo permite.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, esta moción nos permite contestar a dos preguntas o al menos hacérnoslas: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar este Gobierno y el Grupo Socialista en su desafío directo al Pacto de Toledo y a su voluntad de deslegitimarlo como
ámbito de consenso sobre las necesarias reformas del sistema de pensiones y hasta cuándo piensan gobernar desatendiendo la opinión mayoritaria de esta Cámara? Por supuesto que estamos a favor de los contenidos de esta moción en todos sus elementos
y de manera también entusiasta, no podría ser de otro modo, pero me gustaría recordar que ya el pasado 25 de mayo los socialistas votaron en contra de la moción del Grupo Parlamentario Popular que garantizaba el cumplimiento del Pacto de Toledo, su
respeto y su consolidación, manteniendo la revalorización de las pensiones; y volvieron a hacerlo el 8 de junio contra un punto de la moción de Izquierda Unida, que pretendía que el Gobierno no tomara medidas de reforma de las pensiones de forma
unilateral y al margen del Pacto de Toledo. Votaron en ambas ocasiones en contra, se quedaron solos y perdieron la votación; por lo tanto, no una vez ni dos, ¿será hoy la tercera vez que se nieguen a aceptar las decisiones y mandatos de esta
Cámara en relación con las pensiones?
En democracia no debería haber dudas de lo que ustedes tienen que hacer.
No es el consenso contra sus medidas lo que tienen que buscar, pero eso es lo que tienen una y otra vez en esta materia. ¿Qué Pacto de Toledo, señorías, se puede
sostener sobre esta actitud? Empecinados en su postura y defendiendo una posición insostenible, ustedes no dan razones porque siguen sin dar ninguna digna de tal nombre. Ustedes siguen sin practicar la coherencia -nada digno de tal nombre se
esconde detrás de sus argumentaciones y actos en esta materia- y siguen sin mantener el respeto, porque perder, señorías, votaciones aquí y no cumplir lo que se pierde es doblemente indigno en democracia. Ustedes han actuado y actúan contra lo
acordado, contra lo convenido, contra lo respetado por todos, perjudicando, deteriorando el poder adquisitivo de los pensionistas y sus derechos, porque esta no es solo una cuestión económica; es una cuestión de los derechos de los ciudadanos y
especialmente de los pensionistas.
Todos les hemos señalado que ustedes violentan e incumplen el Pacto de Toledo. Señorías, ¿por qué lo hacen? ¿Qué mérito económico y político hay en ello? ¿Qué de positivo puede tener cebarse en los más débiles,
defraudar a nuestros mayores, deteriorar su calidad de vida y bienestar justo cuando ellos y sus familias más lo necesitan?
El señor Campuzano ha dicho, y ha dicho bien, que es una decisión injusta, inequitativa y contraria a los principios y la lógica del Pacto de Toledo. El señor Campuzano ha dicho, y ha dicho bien, que la incompetencia política de este
Gobierno no puede conllevar el abandono de los principios y valores que dieron lugar al Pacto de Toledo, porque es un bien social que hay que preservar incluso de ustedes mismos, del Grupo Socialista, movidos hoy a una equivocada decisión
unilateral. Nosotros consideramos que nuestros pensionistas no se merecen el maltrato, la desconsideración y la falta de respeto que implican sus decisiones. Para ello se construyó este acuerdo, un pacto cuyo incumplimiento ha despertado la
contundente, inequívoca y reiterada oposición de esta Cámara. ¿No les mueve todo esto a reflexionar? ¿Tan poseídos están ustedes de una recalcitrante indiferencia e insensibilidad ante las heridas sociales que están provocando?
Señorías, la militancia pura y dura que algunos les reclaman tiene que tener algún límite. La costra no puede
ser tan gruesa que no dé pie a la reflexión. Están a tiempo de reconsiderar su postura. Hay hoy una tercera oportunidad para ello. No nieguen por tres veces consecutivas el Pacto de Toledo en este Pleno. Se harán responsables, si lo
hacen, en exclusiva no solo de un destrozo social grave e insensato, también de la pérdida irreparable y a todas luces inconveniente de un logro histórico y bien valorado de nuestra sociedad. Piensen en ello, porque sería una lástima que tampoco
este pacto sobreviviera a la triste época del Gobierno Zapatero, y habría que preguntarse si nada positivo va a quedar en pie cuando este periodo tan gris, como se está demostrando, de nuestra historia concluya.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Burgos, por favor.
El señor BURGOS GALLEGO: Voy terminando, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): No, se le ha acabado el tiempo.
El señor BURGOS GALLEGO: Esta moción, como las anteriores, tiene razones, tiene sentido, tiene objeto y tiene apoyos, es decir todo lo contrario de lo que tienen ustedes.
Gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Burgos.
Señor Campuzano, ¿se ratifica en la no aceptación de las enmiendas?
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Sí, señora presidenta. En aras del consenso, no podemos aceptar especialmente las enmiendas del señor Llamazares, y lógicamente, por cuestiones de fondo, rechazamos la enmienda de la señora López i Chamosa.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Campuzano.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA POLÍTICA FISCAL QUE NECESITA NUESTRA ECONOMÍA PARA RECUPERAR SU CAPACIDAD DE CRECIMIENTO Y CREACIÓN DE EMPLEO. (Número de expediente 173/000150.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la moción del Grupo Parlamentario Popular sobre la política fiscal que necesita nuestra economía para recuperar su capacidad de crecimiento y creación de empleo.
Para defender la
moción en nombre de su grupo tiene la palabra el señor Tomé.
El señor TOMÉ MUGURUZA: Señora presidenta, señoras y señores diputados, me corresponde defender esta tarde la moción que ha presentado mi grupo con el objeto de que la Cámara pueda fijar una posición reclamando seguridad en lo que se
refiere a la evolución de nuestro sistema fiscal y tributario. Se ofrecen a la Cámara determinados puntos sobre los que en la búsqueda de un consenso hay grupos que ya nos han pedido la votación separada. Creemos que todo lo que se pueda avanzar
servirá para clarificar algunos puntos claves de nuestro sistema fiscal en estos momentos en que está cuestionado en sus magnitudes básicas.
Nuestra economía vive una crisis de una magnitud sin precedentes, una realidad que hoy ya nadie puede cuestionar. Se ha negado que existía la crisis, se ha negado la existencia de una crisis específicamente española, no se han tomado
medidas y nuestro país hoy es visto como un problema. El principal problema que tiene la economía española es que no existe una estrategia coherente que devuelva la confianza en nuestras posibilidades de crecer y de crear empleo. Se improvisan las
medidas bajo la presión de los mercados o de los socios comunitarios ante la inacción del Gobierno. Cuando lo que se tiene delante es un problema de credibilidad y confianza es fundamental ofrecer un programa serio de reformas, un calendario
cierto, un conjunto consistente de medidas que ofrezcan un horizonte previsible a todos. De ahí viene la desconfianza de los mercados internacionales. Más allá de recortes, si no se atisba que España puede volver a crecer y a crear empleo, no
podremos pagar nuestras deudas y nadie nos prestará. A nivel europeo, fracasó la estrategia de Lisboa, las reformas estructurales necesarias para dar credibilidad al euro. A nivel español, en el año 2004 se abandonó la senda de las reformas y eso
nos ha llevado a la difícil situación en la que estamos.
En el campo del gasto, hemos pasado del despilfarro, de un estímulo que pasaba de romper aceras para volverlas a hacer, cuando los ayuntamientos siguen sin pagar sus deudas, o de medidas
regresivas como los 400 euros a un recorte precipitado, improvisado, injusto, ineficiente e insuficiente.
El despilfarro y la caída de la actividad económica han hecho que nuestro saldo presupuestario empeore en dos años más que en ningún otro país
de la Unión Europea, pasando de un superávit superior a 2 puntos a más de 11 puntos de déficit.
Los ingresos han caído más de un 7 por ciento del PIB, una cifra también sin comparación, ya que en la media de la Unión Europea la caída de ingresos por efecto de la crisis está en torno al 1,5 por ciento. Las cifras no pueden ser más
elocuentes. Si vemos los últimos informes sobre la recaudación, el impuesto sobre sociedades ha caído un 60 por ciento en dos años, el IVA un 40 por ciento. Se han perdido 55.000 millones por estos impuestos. El impuesto sobre sociedades sigue
cayendo de manera alarmante en este año 2010, hasta el punto de que en una reciente comparecencia el director de la Agencia Tributaria esperaba poder cumplir los objetivos de recaudación, pero no ya en lo que
se refiere a las figuras tributarias previstas. Cunde el desánimo entre los profesionales de la gestión tributaria, se quejan de la falta de medios, de las medidas que se han venido tomando.
¿Qué tenemos que hacer entonces para recaudar más, para recuperar ingresos y bases fiscales? En primer lugar, y eso lo pide nuestra moción, la puesta en marcha de un plan global de reformas. Ya se dio un paso con lo que votó esta Cámara en
este sentido el pasado día 8 reclamando al Gobierno ese plan en algunos aspectos. En segundo lugar, nuestra moción ofrece a la Cámara un acuerdo en torno a un mandato claro para la estabilidad del sistema fiscal y tributario. Hay que evitar las
subidas de impuestos, hay que poner el sistema tributario al servicio del empleo, el ahorro, la inversión, la creación de empresas y el empleo. Ahora mismo vivimos en la más absoluta inestabilidad e inseguridad, en la más absoluta incertidumbre:
subida del IVA, los 400 euros de quita y pon, la supresión de las ayudas por nacimiento. Se anuncian ya -estamos viviendo días de globos sonda- subidas adicionales de impuestos especiales, un impuesto extraordinario sobre los ricos que dijo el
presidente del Gobierno que no afectará ni al impuesto sobre sociedades ni al IRPF, pero no dejan de aparecer globos sonda. Algunas comunidades autónomas están actuando de forma populista anunciando subidas de IRPF con efectos previsibles sobre la
inversión y el ahorro.
Son muchas más las cosas que se podrían decir. Necesitamos estabilidad, como necesitamos también en estos momentos un compromiso de esta Cámara sobre la amnistía fiscal. Este es otro globo sonda que nos lleva revoloteando desde el
principio de la legislatura. Es importante que hoy esta Cámara se pueda pronunciar en contra de cualquier posibilidad de amnistía fiscal por ser una medida injusta e ineficaz que lo único que produce es desánimo y daña nuestro sistema tributario.
Así fracasaron los mecanismos que se introdujeron en los ochenta, también en periodos de crisis, por gobiernos socialistas, como los pagarés del Tesoro, o en los noventa con la deuda pública especial. Hoy lo que da prestigio a nuestra deuda es la
confianza en nuestra economía, las posibilidades de crecer y crear empleo. No hay que buscar atajos, como no es un atajo aceptable en un momento en el que a nivel internacional se lucha contra los paraísos fiscales -y mi grupo lo ha denunciado
reiteradamente- lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto-ley 2/2008, que exime de tributación a los rendimientos de la deuda pública española percibidos a través de paraísos fiscales. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Es necesario reforzar la lucha contra el fraude fiscal y mejorar la gestión de la Hacienda tributaria. Les decía antes que los técnicos de la Administración tributaria están desmoralizados, han manifestado sus quejas ante alguno de los
planes que de manera...
El señor PRESIDENTE: Señor Tomé, debe ir acabando.
El señor TOMÉ MUGURUZA: Gracias, señor presidente.
Queremos también facilitar el cumplimiento tributario incluso por la vía de compensación de deudas entre las administraciones y deudas tributarias. Finalmente, en nuestra moción ofrecemos a la Cámara una última oportunidad de pronunciarse
en torno a la subida del IVA que se anuncia para el 1 de julio -probablemente la última-. Esta subida que se decía que iba a entrar en vigor en un momento en el que la economía española iba a entrar en vías de recuperación ahora puede tener efectos
depresivos sobre el crecimiento y en particular sobre el sector turístico, uno de los motores que tiene que ayudar a la recuperación de la economía española.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tomé.
Para fijar posición por el Grupo Parlamentario Mixto en primer lugar tiene la palabra doña Rosa Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.
Señorías, señor Tomé, ¿cómo no estar de acuerdo con la necesidad de definir un marco fiscal predecible, eficiente y estable? ¿Cómo no estar de acuerdo con la idea de poner en marcha urgentemente un plan de reformas estructurales que tantas
veces hemos reivindicado desde esta tribuna? En ese sentido naturalmente le manifiesto desde el primer momento mi acuerdo con esa filosofía que se engloba justamente en las dos frases que acabo de leer y que forman parte de la moción que usted ha
defendido. Ahora bien, yo le pediría a usted y a su grupo parlamentario que hicieran una reflexión sobre la coherencia y la congruencia de esta moción, por ejemplo en relación con la propuesta que hemos tratado en el primer punto del orden del día,
que es una proposición de ley que también tiene consecuencias fiscales, en este caso en el sector del automóvil, pues parece que no es muy propio con definir un marco fiscal predecible, eficiente y estable y que forme parte de un conjunto de
reformas estructurales. Es difícil tener una guía con la que orientarse, porque en un punto del orden del día hay particularismos y en otro se piden reformas globales y estructurales.
Le pediría también que me ayudara a comprender cómo es posible definir un marco fiscal predecible, eficiente y estable en este sentido de reformas estructurales a la vez que apoyan desde su grupo parlamentario las diecisiete leyes de cesión
de impuestos a las comunidades autónomas, igual que en el caso del Grupo Parlamentario Socialista, pero la moción es suya, por tanto no me voy a referir al Grupo Parlamentario Socialista.
Parece que no es muy coherente. O cómo se puede pedir un
marco fiscal predecible, eficiente y estable a la vez que se vota a favor del blindaje
de las normas fiscales de las diputaciones forales vascas, también por parte del Grupo Parlamentario Socialista, pero esta es su moción.
Dennos una guía, porque lo que se proclama a las siete de la tarde de un martes suele tener poco que ver con lo que se proclama a las cuatro o en el Pleno de la semana pasada o en el de la anterior o en el de la anterior, por parte
fundamentalmente de los dos grupos mayoritarios.
Estamos en una situación muy crítica en este país y si pudiéramos desgajar todos estos asuntos y no tuviéramos memoria -no histórica sino concreta-, estaría todo muy bien, pero es que no podemos
contradecirnos permanentemente, porque, ¡claro que hace falta una política fiscal! Una, no diecisiete. Y más que una política fiscal nacional, que hace falta en términos de española, hace falta que caminemos, como usted muy bien sabe, y lo ha
planteado, hacia una política fiscal europea.
El señor PRESIDENTE: Señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: No nos distraigan, por favor. No nos confundan tanto. Discutan un poquito entre ustedes antes de venir. Pónganse un poquito de acuerdo y después pídannos el acuerdo a los demás.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.
Por el mismo grupo parlamentario, por el tiempo restante, tiene la palabra el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.
Señorías, en la exposición de motivos que fundamenta esta moción se incide en la obsesión del grupo proponente por el gasto público como presunta causa de la crisis. Se llega a afirmar textualmente lo siguiente: La actividad pública ha ido
expulsando al sector privado de la actividad económica. En consecuencia, también está presente la obsesión del grupo proponente por defender la reducción drástica y apresurada del gasto público como única receta para superar la crisis, descartando
actuar sobre el sistema impositivo para mejorar la recaudación y de esa manera contribuir también a corregir el déficit.
Permítanme ante esta situación que haga varias consideraciones. En primer lugar, una obviedad, el gasto público no ha sido la causa de la crisis.
La crisis se ha generado en el sector privado precisamente por un déficit en la regulación e
intervención pública en la economía. El gasto público en el Estado español es simplemente inferior al gasto público en la Europa de los Quince, tanto si lo medimos por su aportación al PIB, como si lo hacemos por gasto público por habitante, pero
se da la circunstancia, señorías, de que también la presión fiscal en el Estado español es sensiblemente inferior y quizá por todo ello el índice de desarrollo humano del Estado español está muy por debajo del de la Europa de los Quince. Así pues,
el déficit no ha sido la causa de la crisis, ha sido consecuencia de la misma, y entre otros factores, en el mismo también han incidido políticas de movilización de recursos públicos para estimular la economía, muchas de ellas demandadas por el
Grupo Popular.
Para el BNG no se puede reducir el gasto a costa de sacrificar la inversión productiva y las políticas sociales, pues estas son imprescindibles para favorecer la recuperación y mantener la cohesión.
Por tanto, para corregir el
déficit sin sacrificar estas políticas y sin transferir íntegramente los costes de la crisis a los sectores más desfavorecidos hay que actuar también sobre los ingresos, exigiendo un mayor esfuerzo fiscal a las rentas altas.
Señorías del Grupo Popular, ustedes se oponen a la subida del IVA y nosotros también, pero los objetivos antes enunciados, si no se actúa sobre el IVA, requieren de otras reformas en materia tributaria a las que ustedes se oponen con esta
propuesta de moción. Por tanto, discrepamos con el punto primero de la moción, que es el que dota de coherencia y de sentido al conjunto de la misma. Si se votase en su integridad la moción, tendría nuestro rechazo; si se votase por puntos, hay
otros que sí nos parecen razonables y estaríamos dispuestos a considerar el apoyo a los mismos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.
Por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra don Joan Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Muchas gracias, señor presidente.
Ustedes nos proponen bajar impuestos, nos proponen contener el déficit. La pregunta es ¿a costa de quién? Pues se lo digo yo. A costa de los sectores más desfavorecidos o a costa de la retirada de estímulos públicos. Ustedes parten de
una premisa, creo que un dogma, que es que hoy hay que retirar estímulos públicos, y su problema creo que es el de la derecha europea. Hoy la derecha europea tiene la postura más ideológica que nunca ha tenido. Con una crisis de caballo, con una
de las peores crisis que hemos padecido, la derecha europea, desde ustedes hasta la señora Merkel, apelan a la retirada prematura de estímulos para seguramente volver a caer en un escenario de recesión. Esa es la filosofía de la propuesta que hoy
nos traen aquí.
¿Cuál es el problema europeo? Que esta es la propuesta absolutamente ideológica de la derecha, pero a esta propuesta ideológica la socialdemocracia ha decidido rendirse. Y cuando ustedes nos dicen que no hay que subir impuestos, si eso es
grave a nivel europeo, en España lo es aún más. No, en España no hay un fuerte peso de lo público. En España el problema que tenemos es un esfuerzo fiscal -esfuerzo fiscal- muy por debajo de la media europea. La vicepresidenta segunda del
Gobierno acreditaba el otro día un 30,9 por ciento. Un
esfuerzo fiscal que se da sobre todo en las rentas de capital. Ustedes saben que no en la Unión Europea, sino en los países de la OCDE la fiscalidad sobre las rentas de capital está en el último lugar de los países de la OCDE. Esta es la
cruda realidad. Por tanto, les tendríamos que decir que lo que toca hoy es mantener la inversión, mantener los estímulos, y lo que toca, por tanto, es contener el déficit. Sí. No seremos nosotros quienes digamos que el déficit puede seguir ad
infinitum. Lo que es imprescindible es una reforma fiscal paulatina, si quieren ustedes, sosegada, con la que se consigan los recursos de aquellos sectores sociales que lo están acumulando en ahorro y aquellos recursos que permitan recuperar el
pulso de la economía. Eso es lo que nosotros planteamos y lo que nosotros queremos, y eso es, no lo que está en contra de lo que ustedes plantean, porque que yo esté en contra suya en estos términos económicos no es noticia, sino que está en contra
de la práctica del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Lo que nosotros entendemos es que hoy necesitamos más margen de maniobra, una reforma fiscal progresiva, no retirar los estímulos porque es prematuro, no rebajar los salarios porque eso sí que
afecta al consumo y, en cualquier caso, una política económica orientada en una línea radicalmente opuesta a la que el Partido Popular nos plantea con esta moción. Por eso les vamos a decir que no a definir un marco fiscal que sea precisamente
predecible, eficiente y estable, pero, como ustedes dicen, que no incremente la fiscalidad, porque la fiscalidad se tiene que incrementar, por ejemplo, sobre las transacciones de capital que juegan a corto. Les vamos a decir que no a este punto de
establecer un procedimiento para que las pymes puedan recuperar el dinero que se gasta, por ejemplo, la Comunidad de Madrid en las arcas de la Comunidad de Asturias o de Cataluña. La propuesta nos parece muy insensata. Sin embargo, vamos a decir
que sí a algunos de los puntos que ustedes plantean y vamos a pedir votación separada en aquellos puntos que se ubican en el sentido común, como el de intensificar la lucha contra el fraude fiscal o el dejar sin efecto la subida del IVA, como hemos
planteado nosotros, siempre que esto vaya acompañado de otros elementos que hemos calificado de fiscalidad progresiva. Por eso, no les pedimos que abandonen la postura ideologista donde se ha ubicado hoy la derecha europea, sino que tengan un poco
de sentido común. Y, como le han dicho anteriormente, que, como mínimo, sean algo coherentes. No pueden pedir, decía la señora Díez, a primera hora de la tarde la bajada de impuestos, en este caso sobre los vehículos, y decir ahora que hay que
tener una política fiscal coherente. O una cosa o la otra, o seguramente ninguna de las dos cosas, que es lo que vamos a plantear nosotros.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrera.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra don Pedro Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, una iniciativa más del Grupo Parlamentario Popular en forma de moción consecuencia de interpelación urgente de carácter económico tributario, con el loable
fin de superar la situación económica de crisis en la que nos encontramos. Da la sensación, y no lo digo solo por el Grupo Parlamentario Popular, que nos ha entrado una especie de ansiedad por la que nos vemos obligados a presentar propuestas
económico fiscales, semana tras semana, bajo la forma de mociones, proposiciones de ley, no de ley, etcétera, todas ellas parciales y que como tales pretenden resolver tan solo una parte del problema. Sin negar la gravedad de la situación, o más
bien por la extrema gravedad de la misma, nuestro grupo parlamentario considera que se debería realizar una reflexión más sosegada compartiendo el diagnóstico y tratando de buscar apoyos y consensos amplios para que las medidas de política
económica, incluyendo las de política tributaria, gocen de una real efectividad y no sean solo instrumentos de desgaste al Gobierno. Para ello, impulsar la puesta en marcha lo antes posible de las necesarias y obligadas reformas estructurales, como
plantea el Grupo Popular en uno de los puntos de su moción, puede concitar amplios apoyos parlamentarios, lo que es un signo positivo para la economía e incluso para los mercados que esperan medidas eficaces. Posteriormente, en el debate que se
producirá en esta Cámara sobre el límite del gasto no financiero y la senda del déficit público y más tarde el correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, tendremos la oportunidad de manifestarnos sobre el conjunto de
medidas de política económica, de los ingresos, de los gastos, de la política tributaria, de las inversiones públicas, de la I+D+i, etcétera, e incluso sobre la reestructuración de los ministerios y la reforma del gasto público. Ahí podremos poner
negro sobre blanco los planteamientos en materia económica de cada grupo parlamentario.
Ciñéndome estrictamente a la moción quisiera señalar antes que nada que no comparto algunos elementos claves que se plantean en la exposición de motivos. Si a la brusca caída del consumo y de la inversión por efecto de la crisis económica,
por el aumento del desempleo y por la caída de las expectativas empresariales, le hubiéramos sumado -tal y como plantea el Grupo Popular- una caída de consumo y de la inversión pública, la situación económica en la que nos encontraríamos sería aún
mucho más crítica y preocupante. Es cierto que el actual déficit ha subido de forma espectacular, pero no es menos cierto que se venía de una situación de superávit y de un bajo endeudamiento, lo que ha permitido actuar de forma anticíclica
incluidos los estabilizadores automáticos. Estoy de acuerdo en que es preciso reducir el gasto público y recuperar los ingresos públicos ensanchando la base fiscal mediante la ampliación de contribuyentes. De igual forma entendemos que es
fundamental generar confianza con un marco fiscal predecible, eficiente y estable evitando -yo diría, en la medida de
lo posible- nuevas subidas de impuestos. Considero que el matiz: en la medida de lo posible no cierra la posibilidad de que en un futuro, tras evaluar la política tributaria, se pudieran plantear reformas tributarias que en mi opinión a
medio plazo van a ser necesarias y seguramente inevitables. Por ello, y dado que previsiblemente votemos la moción punto por punto, nuestro grupo va a votar que no a los puntos 1 y 3. Lo del punto 1 ya lo he explicado. En relación con el punto 3
creemos que, amén de un problema de difícil gestión y legalmente muy discutible, nos estamos entrometiendo en ámbitos competenciales de ayuntamientos y comunidades autónomas, lo que no es del agrado de nuestro grupo. Este tipo de medidas de
compensación de ingresos con gastos, por ejemplo, que lo que le debe al Ministerio de Industria una pyme se lo descuente de lo que tiene que pagar por el IBI en Madrid, en Bilbao o en Barcelona no nos parece en absoluto razonable. Eso está en el
ámbito competencial de cada institución. Votaremos, pues, a favor de los puntos 2, 4 y 5 porque estamos completamente de acuerdo en que, en primer lugar, no se produzca una amnistía fiscal, que se intensifique la lucha contra el fraude y que se
mejore la gestión tributaria. El fraude, que siempre ha de ser perseguido, lo debe ser especialmente en situaciones de crisis económica.
Y, por último, por los motivos que ya he explicado en otras ocasiones, votaremos también en contra del punto
número 6.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra doña Inmaculada Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Presidente, señorías, debatimos la moción fruto de la interpelación presentada por el Partido Popular sobre la política fiscal que necesita nuestra economía para recuperar su capacidad de crecimiento y de creación de
empleo. Desde nuestro grupo parlamentario creemos que nuestra economía necesita una reconducción clara de la política fiscal y económica y una reorientación hacia más actividad y más empleo. Hace escasos días votamos el Real Decreto de medidas de
ajuste fiscal, en el que nuestro grupo se abstuvo. Nuestro déficit no es sostenible, es fruto de la crisis y también es fruto de decisiones que no han ido en la dirección de la reactivación económica y que no hemos compartido. Nuestra posición
tuvo en cuenta muchos factores pero, tal como señalamos de manera contundente y hemos venido señalando reiteradamente, se fundamentó en que, no estando de acuerdo en algunas de las medidas de ajuste propuestas por la parte del gasto, y muy
especialmente me refiero a las que afectaron y afectarán a los pensionistas y a las pensiones, y considerando que otras se tomaban tarde y mal y de manera por ello más traumática, y faltando otras por la parte del gasto también de ajuste, faltaban
claramente en el paquete de medidas las de ajuste por la parte de los ingresos. Desde nuestro grupo hemos venido defendiendo que el ajuste fiscal ha de venir tanto por la parte del gasto como por la parte de los ingresos, es decir, por la parte de
más actividad, más empleo y, por tanto, menos gasto de una de las partidas más importantes del gasto público.
Nuestra economía, señorías, reclama con urgencia medidas orientadas a la actividad económica, a la creación de empleo; reclama de manera urgente medidas orientadas a la mejora de la productividad y sobre todo de la competitividad, medidas
orientadas a dar más capacidad financiera a nuestro tejido productivo, aún penalizado de manera muy importante por la falta de liquidez y por las dificultades de acceso al crédito, que continúan y pensamos que continuarán lamentablemente siendo muy
evidentes. Y nuestra economía hoy se ve aún penalizada con medidas que no van en esta dirección, en la dirección de una firme reactivación. La política fiscal orientada por el Gobierno y traducida en subidas impositivas penaliza la actividad
económica y penalizará la actividad económica en un momento en que los datos -y hablo con mucha prudencia- indican que podríamos iniciar un cierto cambio de tendencia en términos de crecimiento. Y el próximo incremento del IVA a partir del mes de
julio es y será un ejemplo de subidas impositivas que penalizan dicha actividad productiva y de servicios.
En este marco, ante esta coyuntura y delante de la moción presentada por el Grupo Popular, desde nuestro grupo queremos hacer unas consideraciones. En primer lugar, estamos de acuerdo, y no podría ser de otra manera, con la necesidad de
establecer un marco fiscal predecible, eficiente y sobre todo estable. La estabilidad es el eje fundamental del crecimiento, de las inversiones y de la generación de empleo y es imprescindible establecer un entorno favorable a estos objetivos que
dé seguridad y genere confianza. En segundo lugar, y respecto al segundo punto de la moción, desde nuestro grupo en los dos últimos años hemos venido reclamando e insistiendo en la necesidad de establecer un plan global con medias a corto, a medio
y a largo plazo. La crisis, señorías, ha sido y es excepcional, requiere actuar en paralelo en el corto y en el medio plazo, y es aquí donde las reformas estructurales son necesarias, las hemos venido reclamando hace ya dos años y corremos el
riesgo de que lleguen tarde y mal. El plan aprobado por el Congreso el pasado 8 de junio es necesario activarlo, tal como se específica e indica en la moción. En tercer lugar, y en relación con el tercer punto de la moción, desde el grupo
parlamentario entendemos que, si bien es positivo establecer un procedimiento que permita la compensación de deudas tributarias pendientes de pago por pymes y autónomos con deudas reconocidas y pendientes de cobro, no podemos incorporar a todas las
administraciones, hay que separarlas. Aquí no podemos estar de acuerdo, señorías, señores del Grupo Popular, por motivos estrictamente competenciales. Con relación a los puntos 4 y 5 estamos de acuerdo en intensificar la
lucha contra el fraude fiscal, y así lo hemos ido defendiendo en todos los proyectos de ley tramitados y aprobados en el Congreso. Y por último, en relación con el IVA, dijimos en su momento que no volveríamos a hablar de ello, pero en el
contexto de un debate sobre la política fiscal y ante la necesidad de más actividad económica y más empleo, no podemos dejar de evidenciar y de ser conscientes de que subidas impositivas son contraproducentes y penalizan la actividad económica.
Señorías, señores del Partido Popular, pediremos votación separada del punto 3 y último de la moción y volvemos a evidenciar y a reclamar la necesidad de activar medidas urgentes de cara a más actividad económica, más actividad productiva, y
medidas también urgentes que faciliten la creación del empleo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Riera.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra doña Marta Gastón.
La señora GASTÓN MENAL: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor Tomé, el Grupo Parlamentario Socialista no puede dejar de apoyar obviedades, y en esta moción ustedes han presentado unas cuantas.
En primer lugar, es objetivo permanente y recurrente de este Gobierno intensificar la lucha
contra el fraude, y no es solamente que lo afirme, sino que recientemente se ha presentado un ambicioso plan en este sentido. Asimismo, también apoyaremos el punto en el que ustedes hablan de una supuesta amnistía fiscal. Señor Tomé,
considerábamos ya zanjado el tema de esta supuesta amnistía fiscal -y, además, en firme- por la señora vicepresidenta, así como por el señor director de la Agencia Tributaria en su comparecencia la pasada semana en esta misma Cámara. Pero también
considerábamos que el PP era un partido lo suficientemente serio como para no traer, a través de una iniciativa, el eco de una noticia publicada sin contrastar. En tercer lugar, señor Tomé, piden ustedes de nuevo la puesta en marcha de un plan
global de reformas estructurales.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista nos preguntamos, ¿qué creen ustedes que está haciendo el Gobierno a la hora de abordar las reformas estructurales? Nos da igual cómo lo quieran bautizar: plan global, plan
de reformas... Lo que de verdad nos interesa, señor Tomé, señoras y señores del PP, es que ustedes hagan un trabajo activo y constructivo a la hora de abordar esas reformas. Eso es lo que nos interesa y lo que les pedimos que hagan.
Dicho esto, valoraré igualmente el resto de sus peticiones, las incluidas en esta moción. Por un lado, lo que nos están pidiendo es más de lo mismo, evitar subidas de impuestos. Ustedes llevan impregnado en su propio ADN pedir
reiteradamente bajadas de impuestos, aunque, eso sí, nos gustaría ver qué harían a la hora de la verdad si estuviesen gobernado.
Conocemos ejemplos a nivel nacional de comunidades autónomas gobernadas por su propio partido o a nivel internacional
de otros países, también gobernados por partidos conservadores, en los cuales durante la campaña electoral se hicieron este tipo de promesas, y a la hora de la verdad resulta que lógicamente en esta situación económica es imposible darles
cumplimiento. Por lo tanto, ustedes lo piden pero nos gustaría saber qué es lo que harían a la hora de la verdad. Desde el Grupo Parlamentario Socialista, igual que ustedes llevan en su ADN bajar impuestos, lo que creemos firmemente -y más en este
momento y en esta difícil situación- es que a la hora de pedir esfuerzos -como en este momento toca- a distintos colectivos de nuestra sociedad debe aportar más quien mayor capacidad tenga para ello. Se lo reiteramos una vez más. Por otro lado, en
cuanto a sus peticiones, nos piden una compensación entre pagos pendientes entre cualquier administración pública y cualquier cumplimiento tributario también entre cualquiera de las administraciones públicas. De entrada, entendemos que este tema es
inviable tal y como nos lo presentan; inviable y, además, fuera de nuestro ordenamiento jurídico. Para empezar, debiera cumplirse el hecho de que recíprocamente acreedor y deudor fuesen los mismos, no entre cualquier administración pública. Y,
por otro lado, no debieran saltarse a la torera el principio de autonomía financiera.
En conclusión, señoras y señores del PP, asistimos una tarde más al binomio recurrente que ustedes nos presentan. Quienes tanto propugnan la reducción del déficit nos piden, por un lado, bajar impuestos y, por otro lado, como hemos visto en
este mismo Pleno, nos piden o bien aumentar gastos o, como en el caso del primer punto debatido en el Pleno de hoy, reducción de ingresos. Y este binomio, señor Tomé, resulta totalmente contraproducente con el objetivo de reducción del déficit. Si
bien tengo que decir que en la intervención del primer punto de la proposición de ley del Grupo Popular he oído una sentencia que me ha alegrado, porque ha dicho el señor interviniente del Grupo Popular: la salida de la crisis necesita de
estímulos. Esto ya casi roza el cinismo absoluto, porque tendrán ustedes conciencia de dónde viene el actual déficit de nuestra economía. Y hablando de estímulos necesarios para la salida de la crisis, tengo que recordarle que el PlanE, el plan
destinado a los ayuntamientos, es muy importante y ha sido importante. Sí me gustaría, señor Tomé, que nos aclarara, si es posible, el alcalde que conoce usted -que por ello debe ser del PP- que se ha dedicado a romper aceras para luego
arreglarlas. Porque se lo diré, señor Tomé, no conocemos ni un alcalde del Partido Popular -pese a las críticas que hacen- que, al menos en público, critique el PlanE. Ha sido un estímulo importantísimo. El Grupo Parlamentario Socialista les pide
que para tratar de argumentar sus críticas al Gobierno no utilicen a los alcaldes, que dejen de despreciarlos.
Para finalizar les diré que lo que ustedes pretenden con este binomio es asfixiar del todo nuestra economía. Me gustaría preguntarles, si es que creen en el Estado del
bienestar, cómo pretenderían financiarlo. El Estado del bienestar, señor Tomé, entendemos que...
El señor PRESIDENTE: Señora Gastón, debe acabar.
La señora GASTÓN MENAL: Termino ya, señor presidente. El estado de bienestar vale más de lo que cuesta, pero cuesta y hay que financiarlo.
Una vez más, desde esta tribuna, les reitero que en el Grupo Parlamentario Socialista todavía les
seguimos esperando.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Gastón.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LA RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN Y REMUNERACIÓN DE DIRECTIVOS DE BANCAS Y EMPRESAS COTIZADAS, Y LA NECESIDAD DE
GARANTIZAR EL CRÉDITO A FAMILIAS Y EMPRESAS. (Número de expediente 173/000151.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la racionalidad, austeridad y transparencia en la gestión y remuneración de directivos de bancas y empresas
cotizadas y la necesidad de garantizar el crédito a familias y empresas. Para su defensa tiene la palabra don Joan Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente.
Señorías, esta moción y la enmienda transaccional que hemos suscrito con el Grupo Parlamentario Socialista vienen a incidir en la necesidad de hacer recaer una parte sustancial de la carga para la superación de la actual situación de crisis
económica sobre aquellos sectores que o bien estuvieron en el origen de la misma o bien, debido a su posición de dominio en el mercado, no se han visto significativamente afectados por la misma. Me refiero concretamente al sistema financiero y a
algunas empresas y sociedades cotizadas. Me refiero, por ejemplo, a un sistema financiero cuya desregulación en estos últimos años ha incentivado de forma clara la proliferación de figuras financieras de alto riesgo y la obtención de algunos
beneficios más allá de las posibilidades reales y razonables, mediante un endeudamiento constante y un apalancamiento del sistema financiero.
Es evidente que a estas alturas de la película el Gobierno o no ha querido o ha sido incapaz de emprender una reforma profunda del sistema financiero que tenga como objetivo fundamental dar respuesta a una demanda de mayor crédito por parte
de las entidades financieras a las familias y empresas -algo fundamental para sostener en el tiempo una recuperación económica efectiva- y también prevenir futuros escenarios de crisis como la que estamos viviendo. Ello, además, adquiere una
dimensión más preocupante o grotesca si cabe si se tiene presente que el Estado español ha ostentado en estos últimos meses la Presidencia de la Unión Europea, es decir, ha ostentado una posición inmejorable para poder liderar desde una perspectiva
comunitaria y europea una reforma en este ámbito. De hecho, paradójicamente, distintas instituciones de ámbito internacional han venido exigiendo ya una profunda reforma para enmendar los errores del pasado. Además, España, que al parecer tenía,
como se había dicho muchas veces, el sistema financiero más sólido del planeta, se ha visto obligada finalmente a volcarse en ayuda del mismo y eso que, curiosamente, el año pasado los cinco grandes bancos españoles obtuvieron aproximadamente 16.000
millones de euros de beneficios, mientras simultáneamente continuaban ahogando a familias y empresas con el grifo cerrado del crédito. Hasta la propia vicepresidenta del Gobierno, la señora Salgado, manifestó en una ocasión que probablemente la
actitud de los bancos no merecía el trato o la ayuda pública que habían recibido.
En este contexto debo decir que otros países de nuestro entorno como Alemania, Francia o el propio Reino Unido han ido marcando la senda a seguir a la hora de reestructurar el sistema financiero en sus respectivos países. Esta moción que
hoy les estamos planteando, en el caso de aprobarse, lo que hace es conminar al Gobierno a no quedar rezagados en este camino. Justamente los gobiernos de estos tres países -nada sospechosos, por cierto, de pertenecer a la familia socialdemócrata
europea, todos son gobiernos liberales o conservadores- llevan insistiendo desde hace mucho tiempo en la necesidad de introducir estas reformas para fortalecer y también para estabilizar en el tiempo el sistema financiero e incluso para incrementar
su grado de transparencia.
Entre estas distintas iniciativas que se están barajando no solo en el seno de la Unión Europea, señorías, sino en el propio G-20, próximamente en la cumbre que se va a celebrar en Toronto está el propósito de implementar
una tasa bancaria para las transacciones en los mercados financieros que permita a las instituciones financieras contar con un colchón de fondos que en caso de problemas futuros evite que sea el contribuyente, como en nuestro país, el que deba
acudir finalmente a su rescate. Constituye una oportunidad inmejorable, señorías, para enviar también un mensaje de compromiso y de solidaridad en esta cuestión. Hoy mismo, en El Periódico de Catalunya de forma clara aparece una información
relevante y algo, diríase, insólito, y es que la señora Merkel, el señor Sarkozy e incluso también el señor Clegg, en el caso del Reino Unido, plantean abiertamente la creación de esta tasa bancaria, una tasa para los bancos y entidades financieras
que jugaron un rol y un papel determinante en la actual crisis a escala mundial.
Por tanto, se trata, señorías, de prevenir, se trata de crear una tasa bancaria para que nunca más haya que afianzar con dinero público el riesgo que asumen de forma libre las entidades crediticias. Asimismo, esta enmienda transaccional que
les presento insta también al Gobierno a adoptar una regulación para evitar algunas malas prácticas de las entidades de crédito, concretamente, la opacidad, la falta de transparencia de las comisiones bancarias, algo sobre lo que, por cierto, la
propia Comisión Europea ya ha tomado cartas en el asunto porque ha dicho claramente que el Gobierno español incumple la legislación comunitaria sobre consumo. También planteamos la adopción de otras medidas para rebajar el importe de las comisiones
bancarias. Quiero recordar que la media de las comisiones que pagan los usuarios en España son 178 euros por persona y año, cuando en Alemania son 89, en Bélgica, 58 y en Holanda, 46. También pedimos que para cualquier servicio o producto
financiero ofertado se garantice la debida información, detallada, clara y comprensible de los riesgos a asumir.
En otro orden de cosas, señorías, esta enmienda transaccional propone regular también el régimen retributivo o remunerativo no solo de los directivos de banca, sino también de los responsables de empresas cotizadas, especialmente para el
caso de que algunas operaciones de estas sociedades supongan la asunción de riesgos excesivos, sobre todo, si son incompatibles en todo caso con una gestión empresarial responsable.
Finalmente, quiero señalar que en ese sentido, para que ello sea
efectivo, debe habilitarse a algunas autoridades competentes. En primer lugar, la Comisión Nacional del Mercado de Valores apoyada por un comité de supervisión de retribuciones que plantea crear esta moción, y, en segundo término, a través del
Banco de España, y concretamente a través de este en el caso específico de las entidades que se hayan acogido al Fondo de reestructuración ordinaria bancaria.
Señor presidente, señorías, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.
Para la defensa de enmiendas, en primer lugar por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Nadal.
La señora NADAL I AYMERICH: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, para el Grupo Popular es clave en esta moción que nos presenta Esquerra Republicana resolver el problema del acceso al crédito. Lo hemos reiterado en muchas ocasiones: si no hay acceso al crédito de pymes,
autónomos y familias no va a haber una recuperación económica sólida capaz de crear empleo. Es más, señorías, lo que no va a haber si no hay acceso al crédito es ningún tipo de recuperación económica.
Señor Ridao, antes le comentaba que nosotros no estábamos de acuerdo con el texto que planteaba su moción en su punto 1, en el sentido de que una ley fijase un coeficiente de crédito en función de la reserva y del crédito que hubiera dado ya
esa institución, pero tampoco podemos estar de acuerdo con la transacción a la que usted ha llegado con el Grupo Socialista. Realmente, esa nueva llamada al ICO nos parece una tapadera del verdadero problema que hay detrás, por un lado, porque ya
está aprobado y, por otro, porque resulta chocante, ya que una de las cosas que usted reprochó a la vicepresidenta fue precisamente que lo único que hacía el Gobierno era poner al ICO a competir con entidades financieras privadas. Resulta chocante,
por tanto, que incorpore usted esto a su moción. Decía que es una auténtica tapadera por algunos datos que les voy a dar. El Gobierno prevé endeudarse este año por 221.000 millones más, lo que eleva la deuda pública en circulación a 500.000
millones de euros.
Por tanto, aquí el elemento clave, el elemento a corregir, son los elevados niveles de déficit público, evitar las emisiones masivas de deuda de este Gobierno para sufragar sus despilfarros. También creemos imprescindible, por
un lado, agilizar el proceso de reestructuración del sector financiero y, por otro, promover la utilización de las posibilidades que define el FROB de saneamiento de las entidades. Esto respecto al punto 1.
En el punto 2 de la moción, su señoría propone medidas para mejorar la transparencia. He de decir que dedicó casi la mitad de su tiempo de intervención a esa cuestión y yo le alabo el gusto. Hace muchos años que nos conocemos y siempre le
he dado las gracias cuando usted ha hecho un seguimiento de mis iniciativas parlamentarias, por eso me gustaría decirle que usted reprodujo un debate que se hizo en la Comisión de Consumo, aprobado por unanimidad, que estaba basado en un informe de
la Comisión Europea, concretamente de la ex comisaria Kuneva. Ese mandato que aprobó la Cámara tenía tres puntos; en primer lugar, que el Banco de España hiciera un informe en el plazo máximo de tres meses; en segundo lugar, que ese informe fuera
presentado al Congreso; y en tercer lugar, un plan concreto de medidas para aportar transparencia, que era el elemento clave, porque tener estudios puede ser muy interesante pero no tiene ningún tipo de efectividad si no va acompañado de un plan, y
eso es lo que ha caído en su moción, señor Ridao. Por tanto, una cosa es corta, pega y colorea si existe un mandato político al Gobierno para hacer algo concreto para mejorar la transparencia. En consecuencia, y como reconoció la vicepresidenta
segunda del Gobierno, la única manera de conseguir bajar las comisiones y los demás gastos que imputa a los consumidores el sector financiero es poner esa transparencia, tal y como se recoge en el informe de la Comisión Europea.
Respecto al punto 3, pide que se regulen las retribuciones de los directivos y otros responsables de determinadas empresas y entidades financieras. Estamos de acuerdo. Es imprescindible que haya una correlación entre una gestión del riesgo
sólida y efectiva y las políticas de remuneración. Decía el señor Ridao que parece que algunos más que una remuneración tengan una
canonjía. Voy a completar su frase, señor Ridao. Una canonjía, una bicoca y un auténtico chollo que se compadece verdaderamente mal con los sacrificios que se pide a todos en una situación de 5 millones de parados. Pero, señor Ridao,
estamos en una economía de mercado, estamos en una economía en la que las empresas privadas fijan libremente las retribuciones, porque hay libertad retributiva. He de decir que me sorprende esta cuestión porque sé de sus profundos conocimientos
jurídicos y hay propuestas que verdaderamente rozan la extravagancia jurídica. No obstante, he de agradecer tanto al señor Marugán como al señor Ridao que una parte de las enmiendas presentadas por el Grupo Popular en esta materia hayan sido
incorporadas a esa transacción que no podemos votar en su totalidad. Sí quiero agradecer que se haya introducido una propuesta del Grupo Popular en el sentido de constituir un comité de supervisión de retribuciones en la Comisión Nacional del
Mercado de Valores que vele por la transparencia en materia de retribuciones de las compañías cotizadas en mercados regulados.
El punto 5 trata de subidas de impuestos y de creación de nuevas tasas.
Señorías, nada más letal para la recuperación económica y para la creación de empleo que nuevos impuestos y nuevas tasas.
El señor PRESIDENTE: Señora Nadal, debe acabar.
La señora NADAL I AYMERICH: Termino ya, señor presidente.
Esquerra Republicana pide la imposición de una tasa, pero el Gobierno debe centrarse en respaldar el crecimiento y la creación de empleo. Nosotros no tenemos nada en contra de que se impulse el debate a nivel comunitario e internacional
sobre un marco preventivo de gestión de crisis financieras, como se ha dicho, pero lo que se pone en el texto que se va a aprobar es que se impongan nuevas tasas en el sector financiero.
El señor PRESIDENTE: Señora Nadal, debe acabar ya.
La señora NADAL I AYMERICH: Termino, señor presidente. Ahora sí que termino.
Las reformas estructurales que tenemos pendientes -se refería a ello el señor Ridao-, que son muchas, variadas y algunas de ellas bien complejas, no han sido ni abordadas ni resueltas por el Gobierno. Ustedes deberían entender, pero sobre
todo el grupo de la mayoría, que hacer reformas estructurales no tiene nada que ver...
El señor PRESIDENTE: Señora Nadal, lo siento mucho.
La señora NADAL I AYMERICH: No tiene nada que ver con los excesos intervencionistas. (Aplausos.)
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra don Francisco Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señor presidente, señoras y señores diputados, en los últimos días de nuevo se vuelve a hablar del sistema financiero español y la verdad es que, a tenor de lo que uno oye, escucha y lee, no hay elementos
suficientemente positivos en la mayor parte de las noticias que vienen apareciendo a lo largo de las últimas semanas. La última vez que subí a esta tribuna puse de relieve que llevábamos un tiempo en el que las emisiones, incluso aquellas que se
lanzaban al mercado internacional por las instituciones privadas españolas y tenían aval, se colocaban con dificultad. Hoy conocemos el punto de vista de algunas de las personas que trabajan en este sector y la circunstancia es en sí misma
preocupante. Por eso, a nosotros nos ha parecido que, oyéndose las cosas que se oyen, los republicanos de Cataluña habían sido capaces de presentar una iniciativa que merecía ser escuchada porque tenía una serie de elementos que, en nuestra
opinión, eran positivos. Nosotros hemos hecho dos cosas; primero hemos enmendado la moción que presentó Esquerra y luego hemos tratado de incorporar algún punto de vista de un grupo tan importante como es el Grupo Popular. Por tanto, nos
encontramos con una enmienda que ha aceptado Esquerra y a la que hemos adicionado un punto, el punto 3 c), a través del cual queríamos ver si podíamos construir una posición mayoritaria en esta Cámara. Tengo la impresión de que no va a ser así, y a
pesar de que hoy es tan importante como en otras ocasiones infundir confianza, seguramente no vamos a encontrar esa mayoritaria posición en favor de esta iniciativa y seremos pocos -pienso que seremos bastantes como para sacarla adelante- los que
queremos dar el mensaje de que aquí hay cosas que se pueden hacer en la buena dirección.
A nosotros nos parece oportuno mejorar la transparencia, y creo que el consumidor se verá favorecido por ello con mayor información, evitando prácticas abusivas, viendo en qué medida las comisiones pueden reducirse.
También nos parece buena
una política retributiva que tenga en cuenta criterios de eficiencia, de rentabilidad y de gestión y que se sitúe en lo que el grupo Larosière viene estableciendo en este momento para el conjunto de la Unión Europea. Creemos que algunas cosas que
se han hecho o se pueden hacer en el FROB merecería la pena que se hicieran con sentido común y ayudaran a que el esfuerzo que viene haciendo la sociedad española se traslade también al conjunto de las personas que dirigen este tipo de
instituciones. Creo honestamente que el mercado existe, pero casi siempre tiene algunas restricciones, y esta iniciativa las tiene en cuenta.
En la literatura económica, en el G-20, en la Unión Europea, de alguna manera viene estableciéndose la necesidad de un marco preventivo que evite estas situaciones críticas y que establezca una recta de equilibrio
y balance entre quienes han creado el problema y quienes se ven obligados a resolverlo. Lo que dice el texto que tenemos encima de la mesa es que hay que explorar todo tipo de alternativas para que sea posible que en el próximo futuro se
establezca el binomio poder-responsabilidad. Nosotros nos negamos a que ese tipo de alternativas incorpore alguna clase de tasa sobre transacciones internacionales que de alguna manera pueda acordarse en España y fuera de España. En cualquier
caso, insisto, la iniciativa nos ha parecido importante. Me parece -y no tengo ningún inconveniente en decirlo- que es un tema bien traído, bien construido, que hemos apoyado, y a lo largo del día de hoy votaremos a favor. Lamentamos, eso sí, que
una vez más se pueda demostrar que la derecha política española no está con Merkel ni con Sarkozy; la derecha española está donde siempre estuvo, con Reagan, con Thatcher, con Aznar, con ese tipo de gente que fue la que nos llevó a la crisis.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández Marugán.
Por el Grupo Mixto, para fijar posición, tiene la palabra el señor Jorquera. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.
Señorías, ayer el presidente de un conocido banco demandaba una reforma laboral contundente que tranquilizase a los mercados. Este mismo señor no hace mucho instaba a congelar los salarios de los trabajadores. Este señor tuvo en el año
2008 retribuciones cercanas a 1.000 millones de las antiguas pesetas y tiene un plan de pensiones que le asegurará, cuando concluya su actividad profesional, unas percepciones de aproximadamente 13.200 millones también de las antiguas pesetas. Y
ahora este señor y otros señores imponen la orientación de las reformas.
Para el BNG la reforma necesaria para tranquilizar a la sociedad, la reforma contundente, es la reforma del sector que representa este señor, el sector que nos ha llevado a la crisis. No olvidemos que esta es una crisis fruto de la crisis
del sistema financiero internacional, pero el sector financiero español tiene enormes responsabilidades en ella; primero, por haber alimentado la burbuja inmobiliaria; segundo, por haber impulsado un modelo de desarrollo totalmente insostenible,
pretendiendo mantener la demanda incentivando el endeudamiento al no haberse producido en periodos de bonanza un crecimiento real del poder adquisitivo de los trabajadores que sostuviese esa demanda, hasta que este endeudamiento alcanzó límites
insostenibles. Por eso, el BNG dará apoyo a esta moción porque, desde nuestro punto de vista, avanza en la dirección necesaria.
El BNG propuso en su momento que cualquier ayuda pública a la banca estuviese condicionada a una tutela pública efectiva que garantizase la restauración del flujo de crédito a la economía productiva. Ahora esta moción propone un mecanismo,
la instauración normativa de un coeficiente de crédito. El BNG apoya las medidas fiscales dirigidas al sector financiero que se proponen en esta moción, tanto a la hora de gravar los movimientos especulativos de capital como a la hora de establecer
una tasa bancaria para constituir un fondo de rescate para afrontar futuras crisis en el sector financiero. Es imprescindible evitar en el futuro la impúdica situación actual, en la que los Estados acuden al rescate de los bancos, se endeudan por
ellos y, una vez rescatados, los mercados financieros imponen ajustes y lanzan ataques especulativos contra los Estados. Además, apoyamos que se mejore la transparencia en la prestación de servicios bancarios y que se eviten situaciones de abuso y,
como no podía ser de otra manera, estamos totalmente de acuerdo en que hay que regular de manera estricta las retribuciones de los directivos de los bancos y de empresas cotizadas. Se apela a que estamos en una economía de mercado, que existe
libertad de empresa a la hora de fijar las retribuciones. Pero ¿el sector financiero ha sido objeto de ayudas públicas o no? Pues las ayudas públicas hay que condicionarlas también a aspectos como este. Por lo tanto, señorías, nosotros estamos
total y absolutamente de acuerdo con los términos originales de esta moción, respetamos la transacción a la que ha llegado el grupo proponente con los grupos enmendantes, pero consideramos que hay que seguir avanzando de manera clara, de manera
decidida en lo que debe ser la principal prioridad, que es reformar el sector financiero para aprender realmente de esta crisis y evitar que se vuelva a producir en el futuro.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Jorquera.
Por el Grupo Parlamentario Vasco del PNV tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.
Señoras diputadas y señores diputados, desde el Grupo Vasco valoramos muy positivamente la iniciativa planteada por Esquerra Republicana de Cataluña a través de esta moción. Bien es cierto, como se señala en la misma, que muchas de las
medidas incluidas en la moción lo están en el proyecto de ley de economía sostenible y es, por lo tanto, muy posible que prosperen cuando dicho proyecto se apruebe. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Sin embargo, la moción servirá para
hacer hincapié sobre algunas cuestiones que se han puesto de manifiesto con la crisis económica. Todos coincidimos en que la actual crisis deviene de una crisis financiera y de los desmanes de unas entidades financieras que asumieron riesgos
excesivos con operaciones especulativas que buscaban el pelotazo y el enriquecimiento rápido, en lugar de apostar por la economía productiva, mucho
más lenta, mucho más sólida, pero menos rentable a corto plazo. Los operadores en los mercados y multitud de banqueros tenían y tienen además sus remuneraciones vinculadas a los beneficios especulativos, lo que ha demostrado ser un
mecanismo facilitador y propagador de la crisis financiera y de la crisis económica. Hoy, con más de 4,6 millones de parados en el Estado español, con una Unión Europea que se ajusta drásticamente y que ha obligado y sigue obligando al Gobierno
español a adoptar medidas contundentes de reducción del gasto público, que ha supuesto recortes considerables de los derechos sociales, nadie duda de que también el sector privado, especialmente el financiero, debe hacer un esfuerzo adicional en
estos momentos de grandes dificultades. Así, es acertado defender las medidas de transparencia necesarias en los servicios financieros, de manera que los ciudadanos puedan decidir en qué entidad y en qué producto invertir. Es absolutamente
imprescindible. Lo que choca realmente hoy en día es que esta transparencia que se reclama no exista aún al menos en algunas de las entidades financieras. De la misma manera es necesario regular la política retributiva de los directivos de
sociedades cotizadas en Bolsa para evitar operaciones especulativas con efectos perniciosos y en especial de aquellas entidades que van a recibir fondos públicos a través del Fondo de reestructuración ordenada bancaria. Igualmente creemos oportuno
crear un comité de supervisión de retribuciones dentro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que informe de la política de retribuciones de las empresas cotizadas -las sometidas a la regulación de la Comisión Nacional de la Energía y de la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones-, así como las empresas o entidades incluidas en la regularización del Banco de España.
En el punto 5 de la moción se plantea la posibilidad de crear una nueva tasa bancaria que permita constituir un fondo de reserva con la intención de evitar futuras crisis financieras, a la par que se plantea gravar las transacciones
financieras de carácter meramente especulativo. Nuestro grupo parlamentario comparte estas preocupaciones y es favorable a la adopción de estas medidas en coherencia y en sintonía con lo que están planteando, por ejemplo, la Administración Obama,
la Unión Europea, el G-20, etcétera. No hablamos, por tanto, de tasas locales con carácter exclusivamente recaudatorio, no estamos hablando de poner tasas específicas simplemente a los depósitos bancarios con el único ánimo de recaudar; hablamos
del sistema financiero y de la necesidad de adoptar medidas que lo regulen con carácter general. Medidas, en definitiva, que se están debatiendo en el mundo desarrollado tras la experiencia de la profunda crisis en la que estamos inmersos. No nos
equivoquemos ni malinterpretemos las intenciones, al menos de nuestro grupo parlamentario al respecto.
Estamos básicamente de acuerdo con las medidas, muchas de las cuales trascienden el ámbito de esta Cámara pues han de adoptarse a nivel europeo o internacional, y nuestro grupo discrepa, o mejor dicho, tendría ciertos reparos, en apoyar dos
de las múltiples propuestas realizadas por Esquerra Republicana, que creo que ya no están recogidas ni en el acuerdo ni en la transacción a que se ha llegado. Sin embargo las voy a comentar, más por precaución que por otra cuestión porque creemos
que merecen una reflexión más detenida, al menos por parte de mi grupo. Creemos que poner un coeficiente adicional a los ya existentes en las cajas y en las entidades financieras no parece adecuado. Por eso pediría que se votara -aunque después
del acuerdo ya tiene menos sentido- por puntos, con el fin de que nos manifestemos correctamente en relación con cada uno de ellos. Y también estamos en contra del punto 5.a de la iniciativa planteada inicialmente por Esquerra Republicana, donde se
proponía el incremento de la presión fiscal sobre las empresas sometidas a regulación por el hecho de estarlo y de que obtengan beneficios. Simplemente por esa cuestión no tiene sentido. Se podrá demandar que se revise la tarifa, que se revise el
modelo de cálculo del precio, pero no que se les grave por el mero hecho de tener beneficios.
Nuestro grupo va a votar favorablemente la iniciativa presentada por Esquerra Republicana, máxime habiendo consenso con otros grupos de la Cámara sobre la base de la transacción planteada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra doña Inmaculada Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Presidente, señorías, debatimos la moción fruto de la interpelación presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre la racionalidad, austeridad y
transparencia en la gestión y remuneración de directivos de bancos y empresas cotizadas y la necesidad de garantizar el crédito a familias y empresas.
Señorías, no podemos no estar de acuerdo con los principios de racionalidad, austeridad y transparencia que deben primar en toda gestión, especialmente en la gestión pública. Principios que siempre hemos defendido, como hemos defendido
siempre a los usuarios de los servicios, para los que la transparencia ha de ser también en la información y en la comunicación. No podemos estar más de acuerdo con la necesidad de garantizar el crédito a familias y a empresas, aspecto al que hace
referencia la moción, pero, señorías, no compartimos el enfoque y parte del detalle de la moción, tal como el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana lo ha presentado. Sí a los principios y a la necesidad de revisar el funcionamiento del
sistema financiero y de sus agentes, pero hemos de hacerlo bien y en el marco adecuado.
Estamos ante una situación económica aún muy crítica, en la que es imprescindible, en primer lugar y por una parte, acelerar en la toma de medidas de ajuste a corto plazo. Insistimos en que es imprescindible hacerlo, tanto por la parte del
gasto como por la parte de los ingresos.
Y también en el corto plazo es necesario activar medidas, sobre todo aquellas orientadas a la reactivación económica, a la actividad productiva y a la creación de empleo.
En segundo lugar, y en paralelo a las actuaciones en el corto, en lo inmediato, es necesario iniciar de manera urgente las reformas estructurales necesarias que estimulen la transformación de nuestro tejido productivo, su mayor
diversificación, su mayor competitividad y, sobre todo, la creación de más empleo, más estable y de más calidad.
Estos son nuestros grandes retos: estimular la actividad productiva y crear empleo. Para ello es imprescindible facilitar el acceso
al crédito, especialmente de las pymes y autónomos, principales afectados de la crisis y cuyo no solo crecimiento, sino su viabilidad, está condicionada por las dificultades de acceso al crédito. La liquidez, señorías, continúa siendo el principal
condicionante de la viabilidad de gran parte de nuestro tejido productivo. Es necesario facilitar el crédito a las empresas desde las entidades financieras, y es también fundamentalmente su responsabilidad. Es necesario insistir en ello. Es una
prioridad.
También lo es activar desde el ICO nuevas líneas de financiación, como se está haciendo, y un sistema de avales que facilite el acceso. En estas medidas son en las que, desde nuestro grupo parlamentario, hemos venido insistiendo en los
dos últimos años. También es necesario impulsar paralelamente al crédito otras medidas que permitan dotar de más capacidad financiera a empresas y autónomos y asegurar su crecimiento y su viabilidad.
Si todo ello es urgente a corto, lo son también las reformas estructurales y tenemos dos delante, la laboral y la del sistema financiero, claves y estrictamente necesarias de cara al crecimiento, a la transformación de nuestro tejido
productivo y a generar un sistema financiero eficiente y transparente. En este marco, respecto a la moción del grupo proponente, tal como está presentada en sus términos, compartiendo los principios y la necesidad de activar el crédito para las
empresas, especialmente pymes y autónomos, no compartimos, como decía al inicio de mi intervención, el enfoque y los términos de la aplicación que se propone. Pensamos que el marco de la reforma del sistema financiero, necesario y urgente, debería
ser el marco adecuado de las propuestas que afectan directa o indirectamente al sistema, el marco de la reconducción de las deficiencias que ha evidenciado la crisis -unas deficiencias del sistema financiero-, el marco de la defensa de los usuarios,
el marco de la garantía de un sistema eficiente, transparente y el marco también de buenas prácticas y de conductas responsables.
No podemos tampoco dejar de tener en cuenta que no podemos prescindir del contexto, ni internacional ni europeo. La crisis europea internacional ha evidenciado los déficit del sistema financiero a nivel mundial, y la globalización, tal como
la crisis ha puesto de manifiesto, obliga a políticas, si no comunes, sí estrictamente coordinadas, especialmente en el marco de la mejora de los servicios financieros y del conjunto del sistema.
También creemos, señorías, en relación con la moción que se propone, que la política fiscal penaliza la actividad económica y la generación de empleo, algo de lo que estamos muy necesitados. Por tanto, se nos hace muy difícil poder apoyar
favorablemente una moción que impulsa cambios normativos en materia tributaria, incrementando la presión fiscal que puede afectar a la actividad económica y productiva, no a la especulación.
Hemos visto también -y termino, señor presidente- que se ha presentado una enmienda transaccional a la moción que entendemos que incorpora una serie de cambios en el enfoque y aplicación respecto a la moción presentada, pero que mantiene,
desde nuestro punto de vista, algunos aspectos en materia tributaria que entendemos, tal como están definidos, pueden penalizar y penalizarían el crecimiento en la actividad económica.
Señorías, lo que sí es necesario es crear un marco global,
eficiente, transparente y responsable de actuación del sistema que favorezca la actividad económica productiva, que genere confianza en los agentes, en los usuarios y en los flujos financieros, y permita reconducir los actuales niveles de
sobreendeudamiento privado que especialmente afectan a nuestra economía.
El señor PRESIDENTE: Señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Termino, señor presidente.
Por ello, hay que abordar con convicción y ambición una reforma del sistema global, y esto, señor portavoz del Partido Socialista y amigo Paco Marugán, es lo que ha de generar la confianza necesaria en el sistema. Propuestas creíbles,
consensuadas en el marco de la complicidad europea.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Riera.
Votaremos dentro de tres minutos. (Pausa.)
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA RECUPERACIÓN DE LOS INCENTIVOS FISCALES A LA COMPRA DE VEHÍCULOS DE TURISMO Y VEHÍCULOS INDUSTRIALES. (Número de expediente 122/000151.)
El señor PRESIDENTE: Iniciamos las votaciones. En primer lugar, votamos la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa
a la recuperación de los incentivos fiscales a la compra de vehículos de turismo y vehículos industriales.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 160; en contra, 181; abstención, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA ORAMAS Y SEÑOR PERESTELO), DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 19/1994, DE 6 DE JULIO, DE MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL DE CANARIAS. (Número de expediente 122/000211.)
El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señora Oramas y señor Perestelo), de modificación de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del régimen económico y fiscal de
Canarias.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 341.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE ORGANIZACIÓN DE RESPUESTA A CATÁSTROFES HUMANITARIAS EN LA UE. (Número de expediente 162/000671.)
El señor PRESIDENTE: Votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre organización de respuesta a catástrofes humanitarias en la Unión Europea. Se ha presentado una enmienda transaccional. ¿Algún grupo se opone a
su tramitación? (Denegaciones.) Ningún grupo se opone. Por tanto, se vota en los términos de la enmienda transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 332; abstenciones, diez.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA REGULACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE AVIONES MILITARES EN CASO DE USOS EXCLUSIVAMENTE PARTICULARES O PARTIDISTAS POR MIEMBROS DEL GOBIERNO Y ALTOS CARGOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL
ESTADO. (Número de expediente 162/000444.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, sobre regulación de la utilización de aviones militares en caso de usos exclusivamente particulares o partidistas por miembros del Gobierno y altos cargos de la
Administración General del Estado. Se vota en los términos de la proposición con la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco. ¿De acuerdo? (Asentimiento.)
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 162; en contra, 177; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE NECESIDAD DE REAFIRMAR LOS PRINCIPIOS DEL PACTO DE TOLEDO AL ABORDAR LAS REFORMAS DEL SISTEMA DE PENSIONES. (Número de expediente 173/000149.)
El señor PRESIDENTE: Votamos la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la necesidad de reafirmar los principios del Pacto de Toledo al abordar las reformas del sistema de pensiones. Se ha pedido votación
separada. Pregunto al grupo proponente porque no se ha concretado en qué términos se solicitaba. La moción tiene cuatro apartados. ¿Qué votaciones separadas se solicitan?
Señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Los tres primeros apartados juntos y el último separado.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿El grupo proponente acepta la propuesta? (Asentimiento.)
Votamos, en primer lugar, los tres primeros apartados de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 342.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados por unanimidad.
Votamos el apartado 4.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor 174; en contra, 166; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA POLÍTICA FISCAL QUE NECESITA NUESTRA ECONOMÍA PARA RECUPERAR SU CAPACIDAD DE CRECIMIENTO Y CREACIÓN DE EMPLEO. (Número de expediente 173/000150.)
El señor PRESIDENTE: Votamos la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre la política fiscal que necesita nuestra economía para recuperar su capacidad de crecimiento y creación de empleo. Se ha solicitado por el señor
Azpiazu votación separada. ¿De qué puntos de los seis que contiene la moción lo solicita su señoría?
El señor AZPIAZU URIARTE: Del 1, del 3 y del 6.
El señor PRESIDENTE: ¿Separadamente el 1, el 3 y el 6?
El señor AZPIAZU URIARTE: Juntos. Y luego el 2, 4 y 5 también juntos.
El señor PRESIDENTE: Muy bien. Señor Tomé, ¿acepta esta votación en los términos...? (El señor Herrera Torres pide la palabra.)
Sí, señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Nos gustaría que el punto 6 se votase también en otro bloque aparte.
El señor PRESIDENTE: Muy bien. (La señora Díez González pide la palabra.)
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Lo siento, pero yo también tengo votación diferente entre el 1 y el 3.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.
Si les parece vamos a votar los seis separadamente. En primer lugar, votamos el punto número 1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 162; en contra, 180.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votamos el punto 2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 339; en contra, uno; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el punto 3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 149; en contra, 181; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votamos el punto 4.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor; 340; en contra, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el punto 5.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 341; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el punto 6.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 154; en contra, 176; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LA RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN Y REMUNERACIÓN DE DIRECTIVOS DE BANCAS Y EMPRESAS COTIZADAS, Y LA NECESIDAD DE
GARANTIZAR EL CRÉDITO A FAMILIAS Y EMPRESAS. (Número de expediente 173/000151.)
El señor PRESIDENTE: Votamos la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la racionalidad, austeridad y transparencia en la gestión y remuneración de directivos de bancas y empresas cotizadas, y la necesidad de garantizar el crédito a familias y empresas. Se
ha presentado una enmienda transaccional. ¿Algún grupo se opone a su tramitación? (Denegaciones.) En tal caso, en los términos de la transaccional, comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 181; en contra, 156; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve horas.
Eran las ocho y cuarenta y cinco minutos de la noche.