Camiño de navegación
Publicacións
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 167, de 25/05/2010
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2010 IX Legislatura Núm. 167
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 158
celebrada el martes, 25 de mayo de 2010
ORDEN DEL DÍA:
Inclusión en el orden del día:
- Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. (Número de expediente 130/000031.) ... (Página 4)
Exclusión en el orden del día:
- Debate de totalidad de iniciativa legislativa del proyecto de ley de protección del medio marino. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 59-1, de 12 de marzo de 2010. (Número de expediente 121/000059.) ...
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la aplicación del IVA súper reducido a la prestación de servicios y asistencia social para personas dependientes. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie B, número 235-1, de 9 de abril de 2010.
(Número de expediente 122/000210.) ... (Página 5)
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre fiscalidad ambiental. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie B, número 190-1, de 31 de julio de 2009. (Número de expediente
122/000170.) ... (Página 12)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al impulso de la defensa de los derechos humanos. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 392, de 14 de mayo de 2010. (Número de expediente 162/000650.) ...
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para reducir, de forma urgente, el déficit público. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 392, de 14 de mayo de 2010. (Número de expediente 162/000656.) ...
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Díez), sobre la necesidad de que el Gobierno utilice todas sus competencias constitucionales para recortar el gasto autonómico superfluo en orden a corregir las duplicidades, la ineficiencia y la falta
de transparencia de las comunidades autónomas y garantizar así la viabilidad y la sostenibilidad y la autonomía de España. (Número de expediente 173/000143.) ... (Página 31)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la falta de compromiso del Gobierno con el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. (Número de expediente 173/000144.) ... (Página 36)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página 41)
Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página 42)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 42)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Inclusión en el orden del día ... (Página 4)
De acuerdo con lo previsto en el Reglamento, el señor presidente plantea la inclusión de un nuevo punto en el orden del día del próximo jueves día 27, relativo a la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por
el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, lo que se aprueba por asentimiento.
Exclusión en el orden del día ... (Página 5)
El señor presidente somete a la consideración de la Cámara la exclusión del punto número 37 del orden del día del próximo jueves, correspondiente al debate de totalidad del proyecto de ley de protección del medio marino, lo que se aprueba
por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 5)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la aplicación del IVA súper reducido a la prestación de servicios y asistencia social para personas dependientes ... (Página 5)
Defiende la toma en consideración la señora Méndez Monasterio, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Azpiazu Uriarte, del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Mármol Peñalver, del Grupo Parlamentario Socialista.
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre fiscalidad ambiental ... (Página 12)
Defiende la toma en consideración el señor Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y las señoras Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió); De Lara Carbó y Colldeforns i Sol, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proposiciones no de ley ... (Página 20)
Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al impulso de la defensa de los derechos humanos ... (Página 20)
Defiende la proposición no de ley el señor Moscoso del Prado Hernández, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Becerril Bustamante, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, los señores Llamazares Trigo,
del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En turno de fijación de posiciones interviene la señora Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Moscoso del Prado Hernández.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para reducir, de forma urgente, el déficit público ... (Página 25)
Defiende la proposición no de ley el señor Posada Moreno, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds;
Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Gastón Menal, del Grupo Parlamentario Socialista.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 31)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Díez), sobre la necesidad de que el Gobierno utilice todas sus competencias constitucionales para recortar el gasto autonómico superfluo en orden a corregir las duplicidades, la ineficiencia y la falta
de transparencia de las comunidades autónomas y garantizar así la viabilidad y la sostenibilidad y la autonomía de España ... (Página 31)
Defiende la moción la señora Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Aguirre Rodríguez, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Sánchez
Pérez-Castejón, del Grupo Parlamentario Socialista.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada interviene la señora Díez González.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la falta de compromiso del Gobierno con el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones ... (Página 36)
Defiende la moción el señor Burgos Gallego, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Perestelo Rodríguez y la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i Canadés, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y López i Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página 41)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la aplicación del IVA súper reducido a la prestación de servicios y asistencia social para personas
dependientes, se rechaza por 155 votos a favor, 170 en contra y 16 abstenciones.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre fiscalidad ambiental, se rechaza por nueve votos a favor, 323 en
contra y nueve abstenciones.
Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página 42)
Sometida a votación la enmienda transaccional y diversas enmiendas a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al impulso de la defensa de los derechos humanos, se aprueba por 341 votos a favor.
Sometidos a votación separada los apartados a), b) y c) de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para reducir de forma urgente el déficit público, son todos ellos rechazados.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 42)
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Díez), sobre la necesidad de que el Gobierno utilice todas sus competencias constitucionales para recortar el gasto autonómico superfluo en orden a corregir las duplicidades,
la ineficiencia y la falta de transparencia de las comunidades autónomas y garantizar así la viabilidad y la sostenibilidad y la autonomía de España, se rechaza por un voto a favor, 191 en contra y 149 abstenciones.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la falta de compromiso del Gobierno en el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, se aprueba por 176 votos a favor, 164 en contra y una
abstención.
Se suspende la sesión a las ocho y veinticinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA:
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DEL REALES DECRETOS-LEYES:
- DEL REAL DECRETO-LEY 8/2010, DE 20 DE MAYO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA LA REDUCCIÓN DEL DÉFICIT PÚBLICO. (Número de expediente 130/000031.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
Como primer asunto desearía plantearles, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento, la inclusión de un punto nuevo en el orden del día a examinar el próximo jueves 27, relativo a la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 8/2010,
de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) Queda incluido.
EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO. (Número de expediente 121/000059.)
El señor PRESIDENTE: Otro asunto de la misma índole es la exclusión del punto número 37, correspondiente al debate de totalidad del proyecto de ley de protección del medio marino.
¿Lo acuerda la Cámara? (Asentimiento.) Queda acordado.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA APLICACIÓN DEL IVA SUPERREDUCIDO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ASISTENCIA SOCIAL PARA PERSONAS DEPENDIENTES. (Número de expediente 122/000210.)
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la aplicación del IVA superreducido a la prestación de servicios y asistencia social para personas dependientes.
Doña Lourdes Méndez Monasterio tiene la palabra.
La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado hasta el día de hoy multitud de iniciativas, con el objetivo de reducir el IVA a la prestación de servicios a las personas dependientes, que han sido vetadas en tres ocasiones por el Gobierno, y
votadas en contra por su grupo parlamentario. No obstante, en el mes de abril, en el Real Decreto 61/2010, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo, se incluyó una medida que podría parecer similar a la que venía
solicitando el Grupo Parlamentario Popular, relativa a la aplicación del IVA superreducido a los servicios de atención a la dependencia, pero con un alcance mucho más limitado y que no cumple en absoluto lo que en su preámbulo establece, ya que tan
solo se refiere a los servicios prestados a través de centros concertados, y no cuando el pagador final es el propio dependiente. ¿Debe haber un IVA diferente para el mismo servicio en virtud de quién sea el usuario final?
Lo establecido en el real decreto supone una bajada del IVA al 4 por ciento, que se aplicará a los servicios de dependencia que se presten mediante plazas concertadas o mediante precios derivados de concursos administrativos. Es una
deducción entre las propias administraciones, y para nuestro grupo parlamentario es una verdadera chapuza. Seguramente la ministra Salgado le ha dicho a las comunidades autónomas: no recaudo por aquí porque te lo voy a descontar por allá. ¿Qué
sentido tiene descontarse el IVA entre las diferentes administraciones y reducirlo para unas plazas concertadas y para otras no? Les cuento lo que está pasando.
Las comunidades autónomas, incluso los ayuntamientos, contratan con las empresas
privadas plazas concertadas, pero no todas son de acuerdo con la Ley de Dependencia, ya que la mitad de las plazas concertadas que ellos contratan son para otros servicios: para servicios sociales, para personas marginadas, para personas que están
por debajo del umbral de la pobreza, para personas que han sido desahuciadas y no están dentro de los márgenes y de lo dictaminado por la Ley de Dependencia. ¿Qué es lo que ocurre? Que esas plazas concertadas no tendrán el mismo IVA que las plazas
concertadas de la Ley de Dependencia.
Este decreto que se dicta -no nos olvidemos- para moderar el impacto negativo de la crisis económica sobre los ciudadanos más vulnerables solamente afecta a las administraciones, y nuevamente impone a las comunidades autónomas una gestión
altamente complicada, por no decir imposible. ¿Cómo y de qué manera van a contratar esos servicios las administraciones públicas con las empresas prestadoras de esos servicios? ¿A esta plaza le aplicamos el IVA, a esta le aplicamos el IVA
superreducido, a esta le aplicamos el IVA normal? Es un absoluto caos; es una administración y es una gestión absolutamente caótica la que ha propiciado este real decreto. Además esta reducción es injusta y es arbitraria, porque el real decreto
en su exposición de motivos establece: el capítulo 4 contiene medidas con el fin de moderar el impacto negativo de la crisis económica sobre los ciudadanos más vulnerables. Esto, señorías, no es cierto. Y continúa: así como una reforma
tributaria que impulse los servicios vinculados a la atención a la dependencia, lo que a su vez redunda en el apoyo a este sector y al empleo generado en el mismo. Deberían SS.SS. preguntarle al sector si realmente se siente apoyado. Nosotros
creemos que no.
La Ley de Autonomía Personal establece el derecho de las personas en situación de dependencia a recibir los servicios que establece el artículo 15, a través de una red de servicios que deben crear las propias administraciones, y siempre con
preferencia a las prestaciones económicas vinculadas al servicio. Se pone de manifiesto por tanto la obligación de las administraciones de crear una red de servicios, y solo ante la falta de esos servicios se puede acudir a la prestación económica
vinculada al servicio. La falta de plazas suficientes por inactividad de la Administración no puede resultar doblemente gravosa para la persona dependiente. Puede darse el caso de una persona que quiera una plaza residencial, que en la comunidad
autónoma no exista la prestación de ese servicio, y que la tenga que contratar de su propio bolsillo. Recibirá una prestación vinculada a ese servicio, pero siempre será menos de la mitad de lo que le cuesta, y además tendrá que pagar un IVA mucho
más alto que si la Administración
le hubiera proporcionado esa plaza concertada. Es realmente una cosa que no tiene ningún sentido. Este grupo considera que es de justicia reducir el IVA no solo a las administraciones, sino también y fundamentalmente a los usuarios.
Actualmente un gobierno que no descansa de autoproclamarse social a quien más está perjudicando es a los más vulnerables, a las personas en situación de dependencia y a los pensionistas.
Analicemos detenidamente la situación; en concreto la de los pensionistas, de los que gran parte están en situación de dependencia. A partir del mes julio se subirá el IVA del 7 al 8 por ciento para la prestación de unos servicios que son
absolutamente necesarios para quienes los precisan.
Encarecerá las residencias geriátricas, los centros de día, la teleasistencia y la ayuda a domicilio. ¿Cómo es posible que el IVA superreducido esté contemplado para artículos de primera
necesidad y no para los servicios de atención a la dependencia? Además, las personas a las que más afecta son las más castigadas ahora mismo por la crisis, las que más sufrirán la subida del IVA, y a las que más se les castigará con los recortes.
Los pensionistas sufrirán la subida del IVA no solo en estos servicios, sino en el cien por cien de su renta que con toda seguridad estará dedicada al consumo. A esto habrá que sumarle la subida de la electricidad en más de 2 puntos, y si tenemos
en cuenta que ya no existen los famosos 400 euros, la pérdida de poder adquisitivo es descomunal. Como todo esto no es bastante les congelarán las pensiones a partir de 2011, rompiendo un pacto que existía desde hace quince años.
Estamos hablando
de que en una pensión media de más de 850 euros mensuales la pérdida de renta -suponiendo una inflación del 2 por ciento- será la siguiente: 244 euros de la congelación; 400 euros menos de la eliminación de la deducción; 192 la subida del IVA,
que sumarán 836 euros anuales. Es decir, perderán de poder adquisitivo aproximadamente una mensualidad de su pensión. A esto le sumamos la subida de la electricidad, de la que ya están recibiendo la comunicación en sus casas.
A ello le tendríamos
que sumar igualmente que si a estos dependientes les correspondiera una prestación económica de la Ley de Dependencia, por ejemplo 500 euros, como ya no se tiene derecho desde que se solicita la ayuda, la tardanza de la Administración le puede
llegar a costar 3.000 euros a esta persona dependiente. ¿Tiene esto sentido? ¿Les parece a ustedes social? Es ridículo ver a un presidente del gobierno en sus mítines dominicales aferrado desesperadamente a un discurso que sus hechos contradicen.
Es patético ver a un presidente del gobierno afirmar por activa y por pasiva que la crisis no afectará a las prestaciones sociales, y encontrarnos con el recorte más grande de la historia de nuestra democracia. Es ridícula la defensa del monopolio
de los derechos sociales basada, a lo largo de seis años, en el cheque-bebe, en los pensionistas y en la Ley de Dependencia.
Analizada la situación de los pensionistas, una buena medida de apoyo a la familia, como el cheque-bebe, fue tan solo un espejismo, una ilusión, una farsa, una traición, como decía La vida es sueño. Y ustedes no han creído nunca en la Ley
de Dependencia. Nació sin presupuesto. Aun habiendo sacrificado programas tan importantes como envejecimiento activo, voluntariado, discapacidad, familia en situaciones especiales, hace muy pocos días se reunía la comisión delegada del Consejo
Territorial para la Dependencia, y lo que sí iban a repartir eran 286 millones de euros del concertado. Esos 286 millones de euros suponían el mismo presupuesto que existía para el año 2009. Sin embargo el Imserso nos decía que existían 250.000
personas más del año 2009 al año 2010. Estamos hablando de que para el nivel concertado se estaba repartiendo el mismo dinero. Pero fíjense ustedes, lo que pasó es que los criterios para el reparto de ese dinero se habían modificado. Esos
criterios los modifican sin ningún criterio objetivo, y hay algunas comunidades autónomas a las que les ha tocado menos dinero que el que tenían el año pasado. Señorías, ¿cómo es posible que del año 2009 al 2010, a mitad de año, se modifiquen los
criterios y que las comunidades autónomas por el nivel concertado vayan a recibir menos dinero que el que recibieron en el año 2009? Ha habido algún consejero, como el portavoz del Ejecutivo del Gobierno de Asturias, que ha afirmado que quiere
paralizar la Ley de Dependencia. Desde el Gobierno y desde el Grupo Parlamentario Socialista se pierden echando las culpas a otros. El ministro Blanco llegó a decir que las comunidades autónomas habían boicoteado la ley. No creo que esta
afirmación le guste a la ministra del ramo que sabe del esfuerzo que están haciendo las demás administraciones que son las artífices de que esto esté medio funcionando.
Las plazas residenciales son las que están sufriendo la crisis y el pésimo desarrollo de la Ley de Dependencia. No era así como estaba concebida esta ley. El mal desarrollo de la ley es el que está propiciando que las ayudas económicas
sean más del 60 por ciento de las prestaciones. La Ley de Dependencia estimaba una creación de empleo en torno a 300.000 personas, y no se ha conseguido ni una tercera parte. Actualmente el 75 por ciento de los servicios de la dependencia están en
manos de la iniciativa privada, y la bajada al 4 por ciento que nuestro grupo propone repercutiría en generación de actividad económica y generación de empleo estable. La bajada actual del 4 por ciento afectará tan solo a una cuarta parte de las
plazas residenciales, concretamente aquellas que compra la Administración. No tiene mucha lógica que se rebaje el IVA a las obras de reforma de viviendas y no se rebaje a las personas dependientes y a sus familias. No creo que nadie dude de que la
prestación de servicios de atención a la dependencia sea de primera necesidad. En otros países europeos estos servicios están exentos, como en Suecia, Finlandia, Reino Unido, Irlanda y Portugal; en Francia son de un 5,5 por ciento, en Bélgica de
un 6 por ciento; en Alemania de un 4 por ciento, y en Luxemburgo de un 3 por ciento. Pero es que aquí no solo no bajarán, sino que el Gobierno tiene previsto que suban; es un verdadero disparate. La subida del IVA
les costará 130 millones a las personas dependientes, supondrá un ahogo para las empresas del sector, y perjudicará la creación de empleo. Según datos del informe DBK, del sector residencial y de Aeste, la rebaja de un 7 a un 4 por ciento
para todos los servicios de atención a la dependencia supondría un ahorro para la Administración y para los ciudadanos estimado en 320 millones de euros. Las plazas residenciales solo satisfacen el 4,31 de la demanda; la cobertura en centros de
día es del 0,83, hoy en día entre un 20 y un 25 por ciento de las plazas vacías residenciales; y el cierre de empresas en este sector está entre un 10 y un 15 por ciento.
Tendrán que reconocer SS.SS. que algo no funciona.
Con esta proposición de ley sin embargo se pretende modificar la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del IVA con la finalidad de aplicar el IVA superreducido a la prestación de todos los servicios de atención a la dependencia: centros
residenciales, centros de día, ayuda a domicilio, teleasistencia, etcétera, no solo a las administraciones, sino también a los usuarios porque consideramos que es de justicia, dando así cumplimiento a lo establecido en la disposición adicional
séptima de la Ley de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, que establece que, con el fin de facilitar la cofinanciación por los beneficiarios de los servicios que se establecen en la presente ley, se promoverá la
regulación del tratamiento fiscal de los instrumentos privados de cobertura de la dependencia en el plazo de seis meses, un nuevo incumplimiento del Gobierno.
Esta semana se ha acordado en el Consejo de Ministros un gran recorte social, medidas que afectarán a pensionistas, a familias, a dependientes, a funcionarios, y sin embargo no hay ni un solo ministerio que haya desaparecido; ni un solo
asesor desaparece; ni una subvención se controla. La gente está muy harta de que se siga hablando de si pusieron o no en marcha la Ley de Dependencia, de si son más o menos sociales que otros. Esto no es un tema de márquetin; esto es mucho más
sencillo: es la realidad, muchas veces dramática. Ustedes han sido los causantes de un 20 por ciento de paro, de haber destruido millones de empleos. Si esto no hubiera ocurrido no estaríamos hablando de que no hay dinero para dependencia, y
sobre todo no habría que tomar estas injustas medidas, como la subida del IVA. El logro de su Gobierno, de seis años de Gobierno, es que les arrancan a personas en situación de dependencia y a pensionistas el dinero para pagar las subvenciones que
compran voluntades, el derroche de ministerios absurdos, y el paro que ustedes generan, que les recuerdo es un derecho que los trabajadores tienen.
Termino diciendo que sus errores no deben pagarlos las personas en situación de dependencia, gran parte de ellos pensionistas. Y para ello no solamente no debería subir el IVA en estos servicios, sino que debiera de reducirse, conforme
solicitamos en esta proposición de ley.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Méndez Monasterio.
Para fijar la posición, en primer lugar, tiene la palabra el señor Jorquera, por el Grupo Mixto.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.
Señorías, a juicio del BNG, los contenidos de esta proposición de ley, sobre todo si los ponemos en relación con la proposición no de ley que presenta también el Grupo Popular para debatir en la sesión de hoy, son ejemplificadores de que
existen distintas respuestas posibles para hacer frente a la crisis, y cada una de ellas es ilustrativa del modelo de sociedad al que se quiere tender. El Grupo Popular presenta hoy una proposición de ley en la que solicita que se rebaje el tipo
del IVA, que se aplique el IVA superreducido a todas las empresas que operan en el campo de la dependencia, y al mismo tiempo el Grupo Popular nos presenta hoy una proposición no de ley para que se rebaje de manera aún más drástica el déficit
público.
Señorías, el BNG aboga por una salida social a la crisis, y por ese motivo pensamos que el objetivo de reducir el déficit no puede sacrificar la principal prioridad en estos momentos: contribuir a la reactivación de la economía y asegurar
la cohesión social. Somos partidarios de mantener el gasto en políticas sociales, y pensamos que para reducir el déficit hay otros caminos, entre ellos una reforma fiscal que equipare el esfuerzo fiscal del Estado español a la media europea,
exigiendo un mayor esfuerzo fiscal a las rentas altas. No se puede aspirar a disfrutar de servicios propios de los países más avanzados con una política fiscal más propia de países en vías de desarrollo. En congruencia con este planteamiento el
BNG cree que la prestación de servicios de dependencia debe ser ante todo un servicio público. Hay que concentrar por tanto los esfuerzos en hacer realidad lo que pomposamente se llamó el tercer pilar del Estado del bienestar, fortaleciendo la red
pública y agilizando el despliegue de la Ley de Dependencia. Por esa razón no estamos de acuerdo con los recortes a las ayudas a la dependencia que se contemplan en el decreto que se someterá a convalidación el próximo jueves, pero por esa misma
razón tampoco somos partidarios de generalizar la aplicación del IVA superreducido a todas las empresas privadas que operan en este campo.
¿Cuál es el camino que nos propone el Grupo Popular? Exactamente el contrario. Por un lado, nos propone un endurecimiento del concepto de estabilidad presupuestaria, un retorno apresurado al dogma del déficit cero, y un exceso de tutela
sobre las comunidades autónomas limitando su autonomía fiscal, y por otro quiere extender la aplicación del IVA superreducido a todas las empresas que prestan servicios de dependencia, no solo a las que forman parte de la red pública. Reparen en
esto, señorías. Difícilmente es posible retornar al dogma del déficit cero si se opta por
continuas rebajas fiscales, como propone el Grupo Popular, sin sacrificar las políticas sociales, políticas de atención a la dependencia incluidas.
Y reparen en que son las comunidades autónomas las que gestionan estas políticas, como
gestionan otros servicios públicos básicos para asegurar la igualdad de oportunidades y el bienestar de los ciudadanos, como es la educación o como es la sanidad.
Señores del Grupo Popular, ustedes han tenido la habilidad de hacer del déficit público el centro del debate, como si la crisis se debiese a un excesivo peso del Estado o a un supuesto despilfarro por parte de las administraciones públicas,
cuando, como muy bien saben, el déficit no ha sido la causa de la crisis, sino que el déficit ha sido consecuencia de la crisis; exactamente al revés. Alimentan esa confusión para que una crisis que tuvo su origen en la desregulación de la
economía, en la falta de tutela pública se intente resolver paradójicamente desarmando las políticas públicas; por eso es importante recordar algunos datos. Pese al déficit en el que ha incurrido el Estado español como consecuencia de la crisis,
el Estado español tiene, con Grecia y Portugal, el gasto público -tanto si lo medimos por habitante como respecto a su peso en el producto interior bruto- menor de la Unión Europea de los Quince, de los Estados de nuestro entorno. Quizá por ese
mismo motivo el Estado español, como Grecia y Portugal, tienen el menor índice de desarrollo humano de la Europa de los Quince.
En conclusión, señorías, hay que examinar la congruencia de esta proposición de ley poniéndola en relación con otras propuestas en la misma materia, en materia fiscal, del Grupo Popular, y el Bloque Nacionalista Galego no está de acuerdo con
abonar una política que alimente la demagogia fiscal. Creemos que cualquier rebaja fiscal hay que examinarla siempre valorando su impacto en la recaudación, y por tanto, a la hora de proveer recursos a las políticas públicas. Si se quiere hacer
una política seria lo que es necesario, al mismo tiempo que se proponen rebajas fiscales, es indicar también en qué impuestos se actúa para incrementar la presión fiscal e incrementar por tanto la justicia y la equidad del sistema impositivo, como
por cierto hace el Bloque Nacionalista Galego, que se opuso a la subida del IVA, se sigue oponiendo a la subida del IVA, pero propone reformas para incrementar la presión fiscal sobre las rentas altas y acabar con la injusticia del sistema fiscal
español, donde la presión fiscal está concentrada precisamente sobre las rentas medias y bajas. Además, a la hora de proveer las políticas sociales, incluidas las políticas de atención a la dependencia, todos los esfuerzos hay que concentrarlos en
asignar recursos a las políticas públicas, en reforzar la red pública. Esta proposición de ley, señorías, avanza en la dirección exactamente contraria, razón por la cual el Bloque Nacionalista Galego anuncia que votará en contra a su toma en
consideración.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra don Joan Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Señorías, para poder argumentar nuestro no rotundo a esta iniciativa parlamentaria del Partido Popular permítanme que haga mención a unos datos relacionados con Cataluña, pero que se pueden hacer extensivos a aquellas otras comunidades
autónomas que se han comprometido con las políticas sociales. Por desgracia en algunas de ellas algunos gobiernos de derechas no han desarrollado la ley, todas las potencialidades de la misma, como se esperaba, y esta irresponsabilidad hay que
sacarla a colación máxime cuando vivimos en un momento difícil, desde el punto de vista económico, sobre el que ciertamente se ciernen presagios de dificultad para los próximos meses.
En Cataluña, desde que gobiernan las izquierdas, se han invertido 214 millones en equipamientos para personas con dependencia, se han creado 15.500 plazas residenciales, 6.000 plazas en centros de día para gente mayor, 3.200 plazas de
residencia para personas discapacitadas, y además el gasto social se ha incrementado en un 38 por ciento. ¿Por qué saco a colación estos datos? Porque desde el primer día en que se debatió el proyecto de ley, cuando era ministro Jesús Caldera,
aquello que intentamos desde la izquierda era priorizar, hacer preeminente la estructura pública del sistema. Creíamos que precisamente para conformar, para construir el cuarto pilar del Estado del bienestar tenían que ser las estructuras públicas,
tenía que ser el Estado, lo público quien marcara la pauta de las paredes maestras de lo que se quería conformar.
Ciertamente las cosas han sido dificultosas. Es más, incluso a veces hay fuego cruzado: grupos parlamentarios que apoyamos con
entusiasmo la ley en el año 2004, ahora mantenemos a veces posiciones no coincidentes con el Gobierno, por ejemplo, a la hora de incorporar en el tijeretazo de las políticas sociales del Gobierno aquel contenido relacionado con el despliegue de la
ley; incluso durante estos últimos tiempos hemos mantenido ciertas divergencias sobre la financiación del mismo sistema, y cuántas veces hemos polemizado sobre la falta de mayor participación por parte de la Administración General del Estado en la
financiación, puesto que hemos demostrado en más de una ocasión que la parte que corresponde a las comunidades autónomas en la financiación sobrepasa aquello que habíamos decidido que tenía que ser hecho a medias -si me permiten la expresión- con la
Administración General del Estado.
La verdad es que la situación no es fácil. Es más, nos habíamos citado todos los grupos parlamentarios, todas las fuerzas políticas para que este año 2010 fuera el año de la reflexión, el año de la evaluación, precisamente porque en este
año no se incorporan nuevos ciudadanos,
y habrá que esperar hasta el año 2011 para que se incorporen aquellas personas con una discapacidad moderada, y este debe ser el año en el que podamos sentar las bases, a partir de una certera evaluación, sobre todo aquello que conviene
modificar. Pero sobre todo lo que más nos preocupa a nosotros, repito, es no prostituir -si me permiten el verbo duro- el ADN de la ley. Prioritario, lo público; subsidiario de lo público, lo privado-concertado -ya me entienden-, y ciertamente
existe lo privado.
Por cierto, déjenme que les diga que en Cataluña, por ejemplo, no se ha concertado más porque tampoco ha habido mayor oferta del sector privado que haya querido concertarse, de manera que uno tampoco entiende demasiado bien
cuáles son las reglas del juego que a veces se utilizan, y con una cierta trampa, puesto que es verdad que a veces hay una lista de espera en algunos centros concertados, y por otro lado es cierto que existen centros privados que no tienen todas las
plazas ocupadas y que se resisten a concertarse. No sé si les molesta el interclasismo de los usuarios. Supongo que esto debe ser una valoración no demasiado apropiada, pero la realidad es la realidad.
A nosotros nos pareció bien que en el conjunto de medidas aprobadas recientemente ya se incorporara el IVA superreducido del 4 por ciento de aquellos sectores privados que se concertaran. Es una medida que nos parece que puede estimular la
concertación. Además, también hay un argumento que para nosotros tiene mucho peso, y que va dirigido incluso a la Administración pública de izquierdas o gobernada por los partidos progresistas. Si fuéramos demasiado cómplices o excesivamente
cómplices del sector privado, incluso podríamos enviar un mensaje a las administraciones públicas gobernadas por las izquierdas de una cierta desincentivación de sus responsabilidades, porque ciertamente construir lo público es duro, es difícil e
incluso a veces tiene que combatir contra el mensaje de la derecha que pretende asociar, como si fuera una ecuación simple, que lo privado es funcionalmente más rentable. Lo excelente creo que está en lo público; debemos trabajar para que lo
excelente sea lo público, y yo creo que incluso enviaríamos un mal mensaje hacia las responsabilidades que tiene que asumir la izquierda si ante las dificultades dejáramos que fuera la iniciativa privada la que nos resolviera los problemas; sería
una gran irresponsabilidad por parte de las izquierdas. A nuestro entender lo que hay que hacer es no desfallecer. Es verdad que la situación económica es difícil; es verdad que a nosotros nos ha molestado -si me permiten la utilización de este
vocablo- que el Gobierno haya incorporado, repito, en el conjunto de medidas que recortan las políticas sociales todo aquello relativo a la dependencia; era nuestro icono, y los 400 millones de euros, que son muchos ciertamente, pero en el contexto
en el que estamos creo que no son la parte sustancial. Además, en el fondo, hemos delegado un tanto, porque quizá hemos dejado que nos quiten una parte de la bandera de izquierdas, que no solamente era el desarrollo, sino también el concepto de la
misma Ley de Dependencia.
Aprovecho la ocasión para pedir al Gobierno y al Grupo Socialista que también busquemos políticas y actuaciones colaterales, que poco o mucho tienen que ver con el tema que nosotros entendemos que es urgente. Por eso celebro -y quiero
decirlo desde la tribuna- el acuerdo al que llegamos Esquerra Republicana y otros grupos -que tiene una relación tangencial, pero la tiene- con el Grupo Socialista a fin y efecto de que dentro de tres meses puedan presentar propuestas para reducir
el IVA a las empresas que prestan servicios sociales del tercer sector, algunos de ellos relacionados con la dependencia.
Finalmente, apelo a la responsabilidad y a algo que nos preocupa mucho. No solo nos preocupa, repito, cómo salimos de la crisis sino cuál será el escenario post crisis. Nosotros no quisiéramos un escenario post crisis en donde aquello que
habíamos imaginado que tendríamos, es decir, un cuarto pilar del Estado de bienestar público, fuerte y excelente, hubiera desaparecido como si se tratara de un espejismo propio de coyunturas económicas alcistas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardá.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) tiene la palabra don Pedro Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente. Muy brevemente, desde el escaño.
El Grupo Popular presenta hoy una nueva propuesta con el fin de reducir los impuestos. Hay que reconocer el empeño de su grupo en cuanto a reducciones tributarias se refiere. Desde el Grupo Vasco creemos que su propuesta de reducción de
IVA a todos los servicios de la atención a la dependencia está perfectamente justificada. Por ello nuestro grupo parlamentario votará a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley para que se aplique el IVA superreducido a la
prestación de servicios y asistencia social para personas dependientes.
El recorte que va a suponer el gasto destinado a las políticas de dependencia que plantea el real decreto-ley que se va a debatir pasado mañana en esta Cámara puede aliviarse
de alguna forma con la implantación de este tipo superreducido. Por otra parte, hace apenas dos meses, a instancias del Gobierno, se aprobó una rebaja parcial relativa a los servicios prestados en centros concertados. Tiene toda lógica, como
plantea el Grupo Popular, que se extienda la aplicación del IVA superreducido a la prestación de todos los servicios de atención a la dependencia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra don Josep Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre la proposición de ley relativa a la aplicación del IVA superreducido a las prestaciones de servicios y asistencia social para personas
dependientes es de acuerdo con el objetivo fundamental de esta iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Sin embargo, de lo que se trata es de que seamos prácticos y que cuando se apruebe una iniciativa de este calado y de esta
profundidad no se quede en los cajones de la Cámara esperando la venia de todas SS.SS. y la conformidad de todos los grupos parlamentarios sino de que finalmente esta proposición de ley, con cuyo fondo, repito, estamos de acuerdo, pueda ser
aprobada al final del próximo período de sesiones cuando exista la conformidad suficiente de todos los grupos parlamentarios de la Cámara. Este grupo parlamentario ha optado, incluso estando de acuerdo con la exposición de la portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, por intentar llegar a un acuerdo, en este caso con el Grupo Parlamentario Socialista, que recoja el espíritu de los acuerdos de Zurbano en el que existió el consenso de todas las formaciones políticas para aplicar el IVA
superreducido en todos los aspectos que hacen referencia a la prestación de servicios y asistencia social para personas dependientes, aunque ponía una serie de limitaciones con las que no estábamos de acuerdo porque queríamos ir un poco más allá.
Repito, las limitaciones que planteaba este real decreto que fue, si no recuerdo mal, aprobado por la mayoría parlamentaria de esta Cámara, hacían referencia a que todas aquellas prestaciones de servicios que tuvieran que ir al tipo superreducido se
refirieran a plazas concertadas en centros o residencias o mediante precios derivados de un concurso administrativo adjudicado a las empresas prestadoras en aplicación de lo dispuesto en esta ley. Desde esta perspectiva, quedaban fuera muchísimos
servicios de dependencia que no estuvieran sujetos a plazas concertadas o no fueran adjudicados mediante precios derivados de un concurso público administrativo.
A lo largo de estas últimas semanas hemos intentado negociar con el Grupo Parlamentario Socialista y con el Ministerio de Economía para ampliar la prestación de estos servicios en todas aquellas prestaciones económicas vinculadas al servicio
que establece el artículo 17 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre. Por lo tanto, si pudiéramos acordar que todos aquellos servicios que se planteen mediante prestaciones económicas vinculadas al servicio pudieran ir a un tipo del IVA
superreducido, nosotros lógicamente estaríamos de acuerdo, como también probablemente lo esté la mayoría de los portavoces que han defendido esta iniciativa, muy bien planteada, por cierto, por la portavoz del Grupo Parlamentario Popular. A día de
hoy hemos llegado a un acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista y con el Ministerio de Economía, de modo que esta enmienda la podamos plantear en el Senado en alguna de las iniciativas parlamentarias que se estén debatiendo allí para que
rápidamente, antes del 30 de junio, venga aprobada y consensuada del Senado al Congreso de los Diputados y se pueda aplicar a partir del 1 de julio el IVA superreducido no solamente a aquellos aspectos en que prácticamente existió consenso en los
acuerdos de Zurbano, sino también a todos aquellos servicios que se habían planteado o se planteen mediante prestaciones económicas vinculadas al servicio que establece el artículo 17 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.
Este es el motivo por el que estando de acuerdo básicamente en el fondo de esta iniciativa parlamentaria, que podríamos asumir al cien por cien, hayamos optado o vayamos a optar por la abstención, ya que hay este acuerdo con el Grupo
Parlamentario Socialista, del cual se puede congratular no solamente el Grupo Catalán (Convergència i Unió) sino el el resto de formaciones políticas. Existe este compromiso serio y riguroso de que presentaremos esta enmienda en el Senado para que
pueda volver al Congreso antes del 30 de junio de este año y así todos aquellos servicios que han sido perfectamente contemplados y magníficamente defendidos por la portavoz popular puedan ir a un tipo del IVA superreducido del 5 por ciento. Por lo
tanto, entiendan SS.SS. que la posición del Grupo Catalán (Convergència i Unió) va a ser de abstención, pero, al mismo tiempo, también les doy esta buena noticia de que determinados servicios que a partir del 1 de julio no pudieran ir al tipo del
IVA superreducido sí podrán hacerlo, producto de este acuerdo al que hemos llegado a lo largo de estas últimas semanas entre Grupo Catalán (Convergència i Unió) y el Grupo Parlamentario Socialista.
Muchísimas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra don José Javier Mármol.
El señor MÁRMOL PEÑALVER: Gracias, señor presidente.
Señorías, hoy estamos en el Pleno del martes por la tarde y, como era de esperar, aquí tenemos al Grupo Popular con el traje de la bajada de impuestos. Ahora toca para las entidades privadas que prestan servicios a personas dependientes,
muy distinto del Grupo Popular que nos encontramos en las comisiones o incluso en este Pleno, donde tenemos al Partido Popular que pide incremento de gasto en todos los sentidos.
Dice la proposición de ley que la dependencia debe considerarse de primera necesidad y estoy de acuerdo con ello, señora Méndez, pero le voy a preguntar a usted a qué Partido Popular pertenece. ¿Pertenece al Partido Popular del presidente
de la Xunta de Galicia, señor Núñez Feijóo, que el día 23 de abril decía en una entrevista que la dependencia menos severa debe esperar hasta un momento mejor? ¿Pertenece a ese Partido Popular?
¿O quizá pertenece al Partido Popular que tiene iniciativas pendientes en esta Cámara que incrementarían el déficit de forma escandalosa? Un ejemplo lo ponía el otro día el compañero Simancas en la Comisión de Fomento. De aprobar las 120
proposiciones no de ley que hay pendientes en la Comisión de Fomento el gasto se incrementaría en más de 7.000 millones de euros; es un ejemplo. Nuevamente les doy la bienvenida y muestro nuestra alegría por ese interés social del Partido Popular;
interés que, por otra parte, no tenían en los años en que hablaban catalán en la intimidad ni cuando hablaban con perfecto acento tejano, dependiendo del momento.
Quiero recordarles, señorías del Grupo Popular, que cuando se tramitó la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, a la disposición adicional séptima
-instrumentos privados para la cobertura de la dependencia-, a la que se refiere el Grupo Popular en esta iniciativa, se presentaron cuatro enmiendas, dos de ellas proponiendo la supresión de esta disposición -una de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya y otra de Esquerra Republicana- y otras dos enmiendas -del Grupo Mixto y de CiU- proponiendo una ampliación de redacción que no afectaba a la proposición.
Por tanto, el Grupo Popular no presentó ninguna enmienda en su momento que hiciera
referencia al contenido de la iniciativa que estamos examinando hoy.
Dice en esta proposición de ley que la atención a la dependencia debe considerarse de primera necesidad, así lo hemos entendido siempre los socialistas, y fruto de ella es la ley en vigor que da asistencia a más de medio millón de españoles
en situación de dependencia. Señorías del Partido Popular, no nos hablen de lo que se debe considerar de primera necesidad. Los hechos están ahí, las leyes y a propuesta de quién se aprobaron también están ahí, y en materia social a los
socialistas, señora Méndez -como dirían en nuestra tierra-, lecciones, las justicas.
En relación con esta proposición de ley quisiera decir algunas cosas ya que lo que pretende es la modificación de la Ley 37/1992, del impuesto sobre el valor añadido. Cabe decir, señorías, que la ley que estamos tratando de modificar ya
recoge los supuestos de exención en los servicios de asistencia social prestados por establecimientos privados de carácter social, es decir la asistencia a personas con discapacidad y a personas mayores; siempre que esa asistencia la presten
entidades de carácter social está exenta de la tributación de IVA. ¿Y cómo entendemos que una entidad tiene carácter social? Claramente son aquellas que no tienen finalidad de lucro, esto es que dedican sus beneficios a otras actividades de
idéntica naturaleza. Debemos tener bien claro que estas entidades están exentas del impuesto ya y prestan sus servicios sin tributar. Además, señorías, olvidan que dentro del Real Decreto-ley 6/2010, de 6 de abril, de medidas para el impulso de la
recuperación económica y el empleo, que aprobó esta Cámara, se recoge también que se aplicará el IVA superreducido del 4 por ciento a los servicios de atención a la dependencia prestados por empresas en el sistema de autonomía y atención a la
dependencia que trata de facilitar el acceso a servicios como las plazas concertadas en centros o residencias y la teleasistencia entre otras, demostrando nuevamente nuestra voluntad de seguir mejorando la fiscalidad en torno a la dependencia, con
propuestas de todos los grupos, ya vengan de los grupos de izquierdas o de grupos como el de CiU que también ha demostrado su sensibilidad hacia este tema de forma racional con propuestas como que las prestaciones económicas vinculadas al servicio
vayan al superreducido, que será objeto de debate en el Senado. Señorías, he dicho bien. Ya todos los servicios destinados a la dependencia que se suministren por centros concertados tributarán al superreducido del 4 por ciento.
Cabría hacerse alguna pregunta porque si hoy aprobamos la toma en consideración de esta proposición de ley y lo ampliamos a los centros privados, ¿piensan que rebajar el tipo a las entidades privadas con ánimo de lucro rebajaría los precios
al consumidor final? Creo que estaremos de acuerdo en que no existe ninguna garantía de que al final se traduzca en un precio más bajo para los usuarios de estos servicios. Además, como esta tarde les toca pedir bajada de impuestos, es decir bajar
los ingresos del Estado, quiero decirles que esta medida que ustedes proponen tendría un coste aproximado de más de 60 millones de euros.
Dos cuestiones más, y termino, señora Méndez. Primera, si tan prioritaria, como dice la proposición de ley, es para ustedes la Ley de la promoción de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, en lugar de
pedir aquí algo que no tiene mucho sentido por los argumentos antes mencionados, cojan a sus compañeros de Madrid, de Valencia o de Murcia, y exíjanles que apliquen la ley y que no abandonen a las personas que lo necesitan (Aplausos.) con la excusa
del exceso de burocracia y con el único objetivo de boicotear una ley fruto de un compromiso socialista. No podemos entender, señora Méndez, cómo es posible, en cuanto a dictámenes, es decir, a las personas que realmente están recibiendo la
prestación -Valencia y Madrid son las comunidades autónomas más pobladas con 5 ó 6 millones de habitantes- que comunidades autónomas como Castilla-La Mancha con 2 millones de habitantes tenga un porcentaje con respecto al total de la población del
3,10 por ciento, frente al 1,12 de Madrid, o al 1,17 de Valencia. Tampoco entendemos cómo en comunidades con una población parecida, como son Aragón y la nuestra, Murcia, tenga Aragón un porcentaje de dictámenes respecto del total de la población
del 3 por ciento y Murcia un 2 por ciento. Yo sí lo entiendo, señora Méndez. Es porque estas comunidades tienen distinto color político y distintas prioridades en cuanto al gasto social.
La segunda cuestión que quiero recordarles es que las iniciativas económicas que ha presentado el Grupo Popular, incluida esta, irían todas por el camino de incrementar
el déficit del Estado. Han pedido, y se lo recuerdo a título de ejemplo, dejar sin efecto la subida de los tipos impositivos de IVA prevista para julio de 2010; han pedido rebajar las cotizaciones de la Seguridad Social; han pedido
reducir con carácter general el tipo de impuestos sobre sociedades; y han llegado a pedir que se dejen sin efecto los dos acuerdos del Consejo de Ministros sobre no disponibilidad presupuestaria del año 2009 y, sobre todo, la reducción de gasto de
los presupuestos del año 2010. En total, señoras y señores diputados del Grupo Popular, calculando a la baja, estas propuestas tendrían un coste para las arcas del Estado de unos 15.000 millones de euros. Todo esto sin sumar las distintas
iniciativas que presentan por el lado del gasto, que incrementarían dicha cuantía de forma importante. Por todo lo expuesto, mi grupo no apoyará la toma en consideración de esta proposición de ley.
Para finalizar les voy a pedir dos cosas. Primera, que antes de hacer demagogia miren en su casa, den ejemplo y los españoles se beneficiarán en general y los murcianos, valencianos y madrileños en particular; segunda, seriedad y
coherencia en sus propuestas respecto a la sostenibilidad de las cuentas públicas.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Marmol.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE FISCALIDAD AMBIENTAL. (Número de expediente 122/000170.)
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre fiscalidad ambiental. Para su defensa tiene la palabra don Joan Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Muchas gracias, señor presidente.
Las tardes nos deparan sorpresas. Y la sorpresa es que el señor Sánchez i Llibre esta misma tarde ha acordado en materia de dependencia ir más allá de lo que se fue en Zurbano, y esta misma tarde se va a votar que no a, por ejemplo, que un
yate privado tenga que pagar impuesto de matriculación. Creo que orienta bien, ilustra bien, lo que pasaba en el debate anterior y lo que va a pasar ahora, cuál es la auténtica voluntad del Gobierno en materia fiscal, que es no tocar ingresos,
continuar tirando y no cambiar precisamente nuestra base fiscal. Por eso cuando hablamos de fiscalidad ambiental el problema del Gobierno es que no es la primera vez que en esta Cámara se habla de fiscalidad verde. En debates sobre el estado de la
Nación se han aprobado resoluciones. Es más, el Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista aprobaban en el año 2007 la quincuagesimonovena disposición adicional, por la que el Gobierno se comprometía en ese año 2007 a incorporar, mediante las
reformas normativas necesarias, elementos de fiscalidad verde utilizando figuras fiscales actuales o creando figuras nuevas.
La pena es que el Gobierno decidió no hacer porque no tocaba. En un momento en el que teníamos que cambiar las bases de nuestro patrón de crecimiento, el Gobierno no quiso entrar a legislar algo sobre lo que toda Europa ha legislado, es
decir que bajo el principio de Quien contamina, paga y bajo el principio de Quien contamina más, paga más, en España podíamos desarrollar una fiscalidad ambiental. Ese es el principio adoptado por la Unión, ese es el principio adoptado por multitud
de países de nuestro entorno, pero lamentablemente el Gobierno ha decidido, hasta el día de hoy, no hacer absolutamente nada. Bueno, miento, nada no: modificó el impuesto de matriculación; se comprometió a la modificación del impuesto circulación
y ésta nunca llegó porque el Gobierno simplemente no quiso cumplir con aquello que planteábamos los diferentes grupos parlamentarios. La verdad es que es una pena. Es una pena tener un Gobierno tan poco valiente, tan miope, tan cerrado, porque la
fiscalidad ambiental representa modernización ambiental y económica, evita o palia la externalización de los costes ambientales, pero también sociales y económicos, y obviamente en España podía desarrollarse porque aquí ha tenido una aplicación
marginal.
¿Cuáles son las virtudes de la fiscalidad ambiental? Pues simples y sencillas. Introduce progresividad en la fiscalidad indirecta haciendo que quien contamine más pague más -que normalmente es quien tiene más recursos- y haciendo por tanto
que las externalidades de comportamientos insolidarios y nada respetuosos con el medio ambiente las acabe pagando el que lo hace y no el conjunto de la sociedad. Hace años que venimos planteándolo y les he explicado lo que aprobamos en el
Presupuesto General del Estado de 2007 y en diferentes debates sobre el estado de la Nación, pero, como les decía, el Gobierno nada. Es más el Gobierno dijo que en la LES abordaría la fiscalidad ambiental y ustedes pueden ver hoy la ley de economía
sostenible y lo que tenemos son silencios, nada de nada de fiscalidad ambiental, que es un anatema para un Gobierno que se reclama progresista pero que nunca toca la política de ingresos. El incumplimiento por tanto es flagrante.
Por eso, porque estábamos ante un flagrante incumplimiento, porque el Gobierno estaba en una política de greenwashing, de lavado verde constante y continuo sin compromiso alguno, tres organizaciones ecologistas -WWF/Adena, Ecologistas en
Acción y Greenpeace-, sumándose CCOO y nuestro grupo parlamentario, se decidieron a elaborar tres proposiciones de ley que le demostrasen al Gobierno que había una senda por la que transitar; y lo hicimos. Hicimos una ley de movilidad, una ley de
ahorro y uso eficiente de la energía y después de más de un año de trabajo -y además con el liderazgo
de Ignasi Puig, a quien quiero agradecerle su excelente trabajo-, presentamos esta proposición de ley. Esta proposición de ley les plantea que hagan los deberes, que tengamos herramientas eficaces en la política ambiental pero también en la
económica, que hagamos reformas de los tributos existentes pero que creemos también de nuevo. Planteamos una estructura sencilla pero completa, de tres títulos, un título I sobre modificación de los impuestos ya existentes; un título II donde se
crean nuevos impuestos ambientales y un título III donde se aborda la reforma ecológica en la regulación sobre las haciendas locales.
Miren, en impuestos sobre hidrocarburos, en impuestos especiales sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos, en impuestos sobre sociedades, en el impuesto sobre circulación, hay mucho recorrido y este es simple y llanamente
que quien contamine más, pague más, quien contamine menos, pague menos. Se podría recorrer en materia de discriminación por ruido pero eso es algo en lo que el Gobierno parece que no quiere entrar, sobre lo que no quiere ahondar. Es curioso cómo
el Gobierno se niega a que hoy alguien que se compra un yate pague cero en impuesto de circulación o alguien que pone gasolina, carburante en su jet privado, pague cero euros por la fiscalidad del carburante que utiliza.
¿Es eso razonable? No, no
lo es; es insólito, es insultante y lo es aún más cuando el Gobierno nos trae estas propuestas de ajuste hacia los sectores más débiles sin definir que tiene que haber unas modificaciones concretas en materia de fiscalidad ambiental. En el titulo
II, como les decía, hemos creado nuevos impuestos. Por ejemplo, sobre la energía nuclear. Sé que algunos no estarán de acuerdo y podríamos discutirlo, pero por ejemplo hoy -ustedes lo saben- el Libro Blanco de la energía de Pérez Arriaga planteaba
que quitásemos a la energía nuclear del pool porque los beneficios de la energía nuclear son extraordinarios, porque hay que pagar los residuos por muchos años y porque en definitiva se necesita de una fiscalidad sobre esta energía. Sin embargo,
planteamos también, por ejemplo, que se cree un impuesto sobre el vertido y la incineración de residuos. En algunas comunidades ya existe y eso permitiría precisamente que las comunidades, que los ayuntamientos que hacen los deberes en materia de
reutilización, de reciclaje tuviesen mayores incentivos con los ingresos y creasen además una industria potente que existe en algunas comunidades sobre la materia. Planteamos fiscalidad sobre bolsas de plástico o un impuesto sobre las sustancias de
elevado nivel de preocupación, impuesto que existe en dos países de nuestro entorno. Las clasificadas por la normativa como cancerígenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción deberían tener una fiscalidad especial. En cambio, eso es de lo que
parece que el Gobierno no está dispuesto a hablar.
Hemos planteado, por ejemplo, una fiscalidad sobre el cambio en los usos de suelo. Existen multitud de países donde hay fiscalidad sobre el cambio de usos de suelo permitiendo que las extraordinarias plusvalías que se generan redunden más
en la comunidad y evitando esa ciudad difusa que tantas hipotecas genera, económicas, ambientales y de todo tipo. Hemos planteado, por lo que respecta a las haciendas locales, modificar en el siguiente sentido: que las tasas de residuos se definan
con criterios ambientales, que los tipos del IBI se modulen de acuerdo al certificado energético del edificio y que tenga un recargo, por ejemplo, la segunda residencia. Hemos planteado un impuesto de circulación que se modularía también en razón
de las emisiones de CO2 o que en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras se diferencie entre el suelo urbano consolidado o edificado y las que no lo son o las casas unifamiliares por la repercusión que tiene a la hora de garantizar
servicios. Hemos planteado que se pueda definir un impuesto sobre la pernocta voluntaria, no obligándole a nadie a hacerlo, pero permitiendo a las comunidades que puedan aprobarlo, como hoy lo está haciendo, por ejemplo, Irlanda y otros países. En
el IAE eliminaríamos, por ejemplo, la bonificación que ahora tienen empresas alejadas del casco urbano y podría continuar y continuar y continuar con multitud de ejemplos en materia de fiscalidad ambiental.
De lo que se trata es de que hoy
organizaciones ecologistas y sindicales nos están diciendo en esta Cámara que tenemos que estar a la altura. De lo que se trata es de que el Gobierno aproveche la oportunidad para hacer un gesto significativo en materia de fiscalidad, en materia de
ingresos cambiando el patrón de crecimiento e introduciendo progresividad en la fiscalidad.
¿Cuál es el problema que tiene este diputado que les habla? Se lo confieso, el Gobierno que tiene delante. Porque el Gobierno que tiene delante nunca aprovecha las oportunidades en materia de fiscalidad, nunca. El Gobierno que tenemos
delante es un Gobierno que hizo que las Sicav pasasen de estar controladas por inspectores de Hacienda a estarlo hoy por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El Gobierno que tengo delante es el Gobierno que bajó el impuesto sobre sociedades
cuando no tocaba. El Gobierno que tengo delante es el que bajó el IRPF para el marginal más alto del 45 al 43 por ciento. El Gobierno que tengo delante es el Gobierno que suprimió el impuesto sobre patrimonio. El Gobierno que tengo delante es
aquel que decía que bajar impuestos es de izquierdas, independientemente del contexto y de la gente a la que se le bajaban los impuestos. Y el problema es que este Gobierno que tengo delante es absolutamente insensible en materia de ingresos. Es
absolutamente insensible a la hora de modernizar la economía porque necesita un poquito de valentía y este Gobierno, si algo no tiene, es valentía con los que más tienen y valentía para cambiar las bases de nuestro patrón de crecimiento. Creo que
hoy nos encontraremos ante otra tarde negra.
Seguramente no pasará a los anales de la historia de este Congreso como tal, pero lo será, y lo será por una razón muy sencilla. De aquí a unos años -quizá no de aquí a mucho- vendrá la crisis
energética, lo que representa el Peak oil, el encarecimiento de los precios
del carburante, y alguien se lamentará de por qué nadie hizo una propuesta de fiscalidad ambiental. Es que alguien lo hizo y el problema está en que su Gobierno, una vez más, será incapaz de aprobar precisamente la tramitación, para
modificarla después, pero para introducir elementos claros que signifiquen ese mensaje claro de que quien contamina más paga más. Esto ya ha ocurrido en el pasado. En la anterior legislatura nuestro grupo planteó una proposición de ley que
intentaba limitar el sobreendeudamiento familiar. Lo traíamos de la legislación francesa. Por aquel entonces, el Gobierno hizo lo que hace en estos casos: ignorar, a veces ridiculizar un poco. No llegó ni siquiera a combatirlo. Hoy nuestro
principal problema es el sobreendeudamiento familiar. Habrá quien diga: ¿Por qué no lo hicieron antes? Pues sí, alguien lo hizo antes, pero ustedes no hicieron caso. Planteamos que había que reducir las desgravaciones en el acceso a la compra
para desinflar la burbuja inmobiliaria, pero tampoco nos hicieron caso. Hoy, una vez más, en un momento clave de crisis financiera y a las puertas de una crisis energética, el Gobierno dirá: Hoy no toca. Y con su 'hoy no toca' pasaremos por una
de esas tardes negras, muy negras, porque lo que no va a hacer este Gobierno ni el grupo que le da apoyo es estar a la altura de las circunstancias. Hoy es ser, no antiguo, antiquísimo no querer aprobar una fiscalidad verde, una fiscalidad
ambiental que en la mayoría de los países de nuestro entorno ya se ha hecho; es querer que se sigan externalizando los costes en el conjunto de la sociedad, costes ambientales, energéticos, sociales, etcétera. Yo no quiero lamentarme, sino
denunciarlo. Tengo ganas de denunciarlo, porque no la miopía, sino la falta de una mínima valentía por parte del Gobierno es más que preocupante. Sé que hoy estamos en un contexto difícil y sé que la propuesta del Gobierno puede obedecer a dos
circunstancias. En el mejor de los casos, el Gobierno gobierna de forma frívola y verbenera, con unas rebajas fiscales que no han tenido límite en la legislatura anterior. Sí, 30.000 millones de euros menos de recaudación, y encima presumían y nos
daban lecciones. Me acuerdo de las lecciones de Rodríguez Zapatero sobre fiscalidad, claro que sí. En el peor de los casos nos encontramos un gobierno que se reclama de izquierdas, pero que es el único Gobierno europeo que hace una política de
ajustes sin entrar en la política de ingresos. Lo ha hecho Sócrates, lo ha hecho David Cameron y no lo hace el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Vamos mal, señoras y señores diputados, vamos muy mal con este Gobierno, y lo lamentable es que hoy
vamos a continuar yendo mal. Nos dirán que no toca, y continuaremos tirando; nos dirán que no toca, y nada de fiscalidad ambiental.
Gandhi decía que primero te ignoran, luego te ridiculizan, luego te combaten y al final vences. ¿Saben cuál es su problema? Que aún están en la ignorancia. Aún están ignorando las propuestas sobre fiscalidad ambiental. No han pasado al
capítulo de ridiculizarlas ni de combatirlas, quizás ahora lo harán, no lo sé, pero estoy seguro de que alguna propuesta se ridiculizará, no tengo ningún género de dudas. Su problema es que nos llevan por un mal camino. Hoy lo que le tocaría a un
gobierno sería fiscalidad ambiental, progresividad en los indirectos, como les proponemos en la proposición sobre fiscalidad verde y como se plantean Ecologistas en Acción, Greenpeace, WWF o Comisiones Obreras. Otra tarde negra. Bueno, lo tendrán
en su haber.
Muchas gracias, presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrera.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Subo a esta tribuna para exponer la posición del Bloque Nacionalista Galego en relación con esta proposición de ley defendida por el señor Herrera. Es un proyecto que introduce diversas medidas de fiscalidad ambiental en el ordenamiento
jurídico estatal. Por un lado, introduce reformas ambientales en tributos ya existentes y, por otro, crea nuevos tributos que gravan ciertas prácticas ambientales perjudiciales. Se persigue gravar en mayor medida las actividades más contaminantes,
eliminar ciertos beneficios fiscales ambientalmente justificables y bonificar las prácticas más sostenibles. Es en el título I donde se introducen criterios ambientales en impuestos ya existentes. Se trata de impuestos con incidencia importante
sobre la recaudación que no fueron concebidos en su momento teniendo en cuenta la variable ambiental, y este capítulo también incorpora una modificación en la discriminación por ruido ya existente en las tasas por aterrizaje o despegue de aviones.
En el título II se crean diversos impuestos nuevos como son el impuesto sobre la energía nuclear, sobre el vertido y la incineración de residuos, sobre bolsas de plástico de un solo uso o sobre el cambio de usos del suelo. Desde nuestro punto de
vista es muy importante lo que se recoge en el título III de esta proposición de ley en el que se aborda la reforma ecológica de la regulación sobre haciendas locales. Ante la falta de recursos de que adolecen los entes locales y ante su excesiva
dependencia de los ingresos vinculados con la construcción, la propuesta incrementa o crea algunos recursos adicionales y, sobre todo, reduce dicha dependencia. Ello tiene como consecuencia una mayor independencia de los ciclos económicos y, con
ello, una mayor estabilidad. Asimismo, señorías, la ley crea un nuevo impuesto sobre la pernocta cuya aplicación sería potestativa por parte de los municipios.
Dicho lo cual y analizada la proposición de ley por nuestro grupo, el Bloque Nacionalista Galego, tenemos una valoración positiva de la misma y anunciamos ya nuestro voto favorable a la toma en consideración de la misma.
Señorías, entre los instrumentos de la política ambiental consideramos que los impuestos ambientales son medioambientalmente efectivos y eficientes económicamente. Lo cierto es que en el Estado español la introducción de este tipo de
gravámenes es muy escasa conviniendo, incluso, las recomendaciones de estructuras supraestatales. Cabe recordar que la OCDE ha apoyado en varias ocasiones el uso de estos instrumentos. Además, en el ámbito de la Unión Europea recomiendan el uso de
estos instrumentos económicos en reiterados documentos: fiscalidad energética, impuestos sobre los recursos y productos o procesos intensivos en residuos para mitigar el cambio climático y promover un uso sostenible de los recursos.
De esta forma,
la Unión Europea considera como ámbito prioritario de actuación el fomento de la aplicación de medidas fiscales, incluido un marco comunitario oportuno y adecuado para la fiscalidad energética, con el fin de facilitar el paso a un uso más eficiente
de la energía y unos sistemas energéticos y de transporte más limpios.
Por otra parte, aun reconociendo la importancia de estos gravámenes, es necesario hacer mención a que el sistema fiscal no puede descansar sobre estos y que la implementación de estos impuestos debe garantizar el carácter progresivo de los
tributos y, por lo tanto, garantizar la cohesión social, puesto que los efectos distributivos directos sobre las familias de este tipo de impuestos puede ser muy relevante. La principal finalidad de la tributación verde no es su afán recaudatorio,
sino que tiene una finalidad extrafiscal dirigida a propiciar la modificación de las conductas, de forma que se estimule la realización de actuaciones menos contaminantes. Señorías, se debe gravar sobre hechos imponibles sobre los que exista la
posibilidad de optar por comportamientos alternativos más sostenibles ambientalmente.
Por último, señorías, tenemos que hacer referencia a las competencias de ámbito autonómico. El nuevo artículo 6.3 de la Lofca dice que las comunidades autónomas podrán establecer y gestionar tributos sobre las materias que la legislación de
régimen local reserve a las corporaciones locales. En este sentido, la implantación de la tributación verde a nivel estatal no deberá colisionar con este marco competencial. Un marco que, por otra parte, es necesario clarificar para que las
comunidades autónomas puedan tener garantías plenas al implementar este tipo de tributos. Es necesario recordar que los movimientos autonómicos en este sentido acaban en recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Gobierno central, como ha
sido el caso de Extremadura, Baleares o Castilla-La Mancha. En este sentido se deben aclarar las posibilidades de las comunidades autónomas en esta materia para que puedan desarrollar con seguridad jurídica y política sus reformas, puesto que una
comunidad autónoma en la actualidad se puede enfrentar, o bien a un recurso del Gobierno central, o bien al reemplazo a corto plazo por un tributo estatal cedido a las comunidades autónomas.
En definitiva, señorías, desde el Bloque Nacionalista Galego consideramos acertado avanzar en una reforma fiscal verde, una cuestión que a todas luces se encuentra poco desarrollada en el Estado español, por lo que, como ya dijimos,
votaremos a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley. Se trata de un elemento clave en la reorientación del modelo económico hacia un patrón más sostenible. En todo caso, en la introducción de este tipo de tributos es necesario
garantizar la progresividad del sistema, como ya hemos dicho, así como el ámbito competencial autonómico.
Señorías, nos parecería importante que en la tarde de hoy se pudiera aprobar la toma en consideración de esta proposición de ley presentada por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y defendida por
el señor Herrera.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra don Pedro Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.
Queremos valorar, en primer lugar, muy positivamente la iniciativa que Iniciativa per Catalunya Verds trae a esta Cámara, una proposición de ley sobre fiscalidad ambiental bien trabada jurídicamente y que permitirá abrir con solvencia un
debate pendiente, un debate de futuro que tarde o temprano se ha de abordar. El respeto al medio ambiente y el desarrollo sostenible, al menos desde el punto de vista competencial, gozan de un amplio consenso y apoyo. Así, orientar la fiscalidad a
dichos objetivos es a nuestro juicio, a juicio del Grupo Vasco, positivo.
Todavía el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero no ha asumido las tendencias mundiales a favor de las reformas fiscales verdes, tal y como señalaba hace poco la propia Ana Yábar Sterling, tan solo se ha limitado a trasponer las directivas
fiscales de la Unión Europea. Para el Estado español -decía- los impuestos ambientales no son instrumentos prioritarios ni de política ambiental ni de la política energética. Tal y como plantea la iniciativa, la fiscalidad ambiental ha de afectar
a multitud de figuras tributarias para hacer posible el principio de que quien contamina, paga, creando incluso nuevos tributos que graven prácticas ambientales perjudiciales. No nos vamos, por tanto, a oponer a que se produzca un debate que
entendemos necesario en esta Cámara. Si se aprueba esta iniciativa, nuestro grupo trabajará para conseguir una buena ley homologable a la legislación existente en los países más avanzados.
No queremos, sin embargo, romper un principio básico de nuestro grupo como es el de abstenernos cuando se plantean reformas tributarias de cierto calado y especialmente si afectan al ámbito normativo de las diputaciones forales, que son las
que legislan en
múltiples tributos en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Votaremos, pues, abstención, en la confianza de que el proyecto salga adelante y de que podamos contribuir al debate.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra doña Inmaculada Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Señor presidente, señorías, debatimos hoy la toma en consideración de la proposición de ley presentada por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Nuestro grupo entiende que no es el momento de presentar una
proposición de ley tan amplia y que no responde a una política tributaria que especialmente en estos momentos de crisis debe dar seguridad, estabilidad y debe ser sobre todo selectiva. Para nuestro grupo son imprescindibles tres principios básicos,
el de seguridad, el de neutralidad y también el de selectividad.
En relación con el primero, el de seguridad, no vemos que la proposición de ley responda al mismo, aunque es cierto que podemos estar de acuerdo y de hecho compartimos algunos de los criterios que inspiran esta proposición de ley, como la
preocupación creciente por las problemáticas ambientales y el recurso a instrumentos económicos y fiscales reconocidos como herramientas de política ambiental. Pero no podemos compartir el ámbito tan general que abarca esta proposición y el
objetivo tan amplio y quizás también disperso de querer introducir diversas medidas de fiscalidad ambiental en el ordenamiento estatal, introduciendo, por un lado, reformas ambientales en tributos ya existentes y creando, por otro, nuevos tributos
que graven ciertas prácticas.
En el título I de la proposición de ley se articula la introducción de criterios ambientales en impuestos ya existentes, y en ello, tal y como se plantea, no estamos de acuerdo, especialmente en algunos de los tributos; no compartimos el
enfoque del título II con la creación de diversos nuevos impuestos ambientales, y en relación con el título III entendemos que los planteamientos no son los más idóneos para reducir la dependencia de las haciendas locales con respecto a la
construcción.
Asimismo, este no es el marco adecuado cuando reiteradamente en esta Cámara -no solo desde nuestro grupo parlamentario- se ha venido reclamando e insistiendo en la aprobación de un nuevo sistema de financiación de los entes locales
que entendemos hoy más necesario que nunca.
Señorías, es por ello que si bien podemos compartir algunas de las propuestas en materia de fiscalidad verde, por ejemplo, las reformas en la fiscalidad en el marco del impuesto sobre sociedades por deducciones en medio ambiente -aunque lo
compartiríamos enfocado de manera distinta, más concreta y por tanto con una aproximación más selectiva-, no podemos compartir medidas como las que se proponen de creación de tasas que afectan al sector turístico que -así lo hemos defendido y
defenderemos- penalizan claramente al sector, un sector estratégico, un sector productivo y un sector cuya aportación a la salida de la crisis ha de ser muy importante. Por tanto, hay que estimular y no penalizar más de lo que ya se está
penalizando, por ejemplo, con la próxima subida del IVA a partir del próximo mes de julio, medida que -volvemos a repetir- desde el grupo parlamentario que represento afectará de manera muy significativa a la actividad económica penalizando así su
aportación en términos de PIB, es decir, de crecimiento y de salida de la crisis. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)
En relación con el segundo de los principios a los que hacía referencia, el de neutralidad, para nuestro grupo parlamentario este no queda asegurado en el marco de la proposición de ley sino, al contrario, queda como un condicionante, tal y
como está indicado en la exposición de motivos de la proposición de ley, al indicarse -leo textualmente- que las reformas que se plantean podrían -subrayo podrían- tener una incidencia global neutra sobre la recaudación, y para mi grupo
parlamentario cualquier reforma fiscal debe garantizar la neutralidad. En relación con el carácter selectivo que en estos momentos ha de marcar la política tributaria, también en esta materia la proposición de ley no lo cubre.
Defendemos el
carácter selectivo de medidas de política tributaria y es en este sentido en el que desde nuestro grupo parlamentario presentamos en su momento una proposición de ley que con un objetivo de dar respuestas efectivas, selectivas y contundentes a los
retos medioambientales y asegurar el cumplimiento de los compromisos internacionales en defensa del medio ambiente a través de una revisión selectiva del sistema tributario y fiscal, perseguía mejorar e impulsar medidas a favor de criterios
medioambientales y a favor de la sostenibilidad. Entre los incentivos fiscales de carácter ambiental en vigor, las deducciones por inversiones medioambientales en el impuesto sobre sociedades han de constituir un instrumento que potencie de forma
efectiva las inversiones y suponga también una respuesta adecuada a la necesidad de continuar impulsando la creciente importancia que la protección medioambiental debe adquirir también en el marco empresarial y, por tanto, de la productividad y de
la sostenibilidad. Deseamos también desde el grupo parlamentario que, en el marco de la ley de economía sostenible, se recojan estas propuestas concretas y selectivas que entendemos conjugan de manera clara más actividad económica y más
sostenibilidad.
Señorías, nuestro grupo está a favor de las políticas medioambientales, está y juega a favor de la protección del medio ambiente y del crecimiento y sostenibilidad del sistema, pero nuestro grupo, aun pudiendo compartir algunas de las
medidas que se proponen en esta proposición de ley, no está de acuerdo con otras. No está de acuerdo tampoco en el marco tan amplio y generalista
que genera también mucha dispersión y que no ofrece seguridad ni estabilidad y creemos que tampoco asegura la necesaria e imprescindible neutralidad fiscal.
Señorías, por una parte hoy vivimos una grave crisis que nos obliga a impulsar de manera inmediata y efectiva medidas de salida a la misma, y no solo a través de recortes en el gasto sino también a través de medidas de estímulo a la
actividad productiva, a la actividad económica y, por tanto, a la generación de empleo. Por otra parte, también es necesario avanzar en el crecimiento y sostenibilidad del sistema, en la protección del medio ambiente, de manera selectiva y
garantizando la seguridad, la estabilidad y la neutralidad fiscal. Y estos dos objetivos, especialmente el de salida de la crisis, no requieren, a nuestro entender, de una proposición de ley como la que estamos debatiendo hoy en su toma en
consideración, entendiendo que no contribuye de manera efectiva a conseguir ninguno de los dos objetivos que he planteado. Por ello, y por el contexto económico que nos obliga a ser muy rigurosos, muy selectivos en todas y cada una de las medidas
que se propongan, nuestro grupo parlamentario no podrá votar a favor de esta proposición de ley.
Hoy la prioridad, señorías, es la salida de la crisis, el estímulo, repito, a la actividad económica y productiva; es el estímulo y la generación de empleo. Hoy entendemos que cualquier medida o reforma fiscal ha de ir en esta dirección,
sin por ello dejar de entender y de defender la sostenibilidad y la protección del medio ambiente, que también ocupa y preocupa a nuestro grupo parlamentario.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Riera.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora De Lara Carbó.
La señora DE LARA CARBÓ: Señora presidenta, señorías, permítanme que antes de iniciar mi intervención aclare algo que ha dicho el señor Herrera.
Decía el señor Herrera que el Gobierno modificó en la pasada legislatura el impuesto de
matriculación, y ello, señor Herrera, no es así; el impuesto de matriculación se modificó en la Comisión de Medio Ambiente en la pasada legislatura, no fue el Gobierno.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular votará en contra de la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya que pretende introducir
diversas medidas de fiscalidad ambiental en el ordenamiento jurídico modificando impuestos ya existentes, creando nuevos tributos o bien abordando lo que vienen en llamar reforma ecológica de la regulación sobre haciendas locales. Y votaremos en
contra, señorías, aunque en otro momento y en otro contexto económico podríamos ponernos de acuerdo con alguna de sus propuestas, porque nos parece inoportuna, insolidaria, confusa en el ámbito competencial propuesto, engañosa en las declaraciones
ambientales que plantea e inadecuada para la necesaria reforma de la Administración local. Es inoportuno, señores diputados, que en esta grave crisis económica que padecemos nos planteemos incrementar la presión fiscal sobre el sufrido ciudadano,
que vería disminuir aún más su poder adquisitivo, con lo que se detraería el consumo, el ahorro y la inversión y se alejaría aún más la salida de la crisis. Recuerden, señorías, que ya en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2010 se
estableció la mayor subida de impuestos de la democracia, subida que ha afectado especialmente a las rentas medias. Recuerden que en el IRPF un gran número de trabajadores y pensionistas han visto desaparecer los famosos 400 euros, que los
contribuyentes que perciben rentas de ahorro, una gran mayoría de los ciudadanos, han visto incrementar entre 1 y 3 puntos el tipo impositivo aplicable en el IRPF y que a partir del 1 de julio todos los consumidores, independientemente de su renta,
sufrirán el incremento del tipo impositivo del IVA, incremento, señorías, que afectará más intensamente a los más necesitados y a las rentas más modestas. La subida del IVA, señorías -se ha dicho en varias ocasiones-, retrasará la salida de la
crisis por penalizar de forma generalizada el consumo, el ahorro y la inversión, reducirá la renta disponible de los españoles y, en consecuencia, generará más paro.
¿Y qué decir, señorías, de las medidas propuestas por el presidente del Gobierno para reducir el déficit público provocado por su política de despilfarro? ¿Quiere usted, señor Herrera, crear más impuestos también para los funcionarios de la
Administración pública, que verán reducido un 5 por ciento como media su nivel de ingresos? ¿Ha pensado usted en cómo afectaría a los pensionistas esta nueva fiscalidad ambiental que nos propone y que ya han visto o verán próximamente recortados
sus derechos sociales? No, señoría, no cuente con nuestro grupo parlamentario para ello. Su propuesta, como he dicho, es totalmente inoportuna.
En segundo lugar, la proposición de ley del Grupo de Izquierda Unida-Izquierda Verde es además insolidaria. El señor Herrera decía la pasada semana cuando presentó su iniciativa a los medios de comunicación que el texto pretende, y
entrecomillo sus palabras, racionalizar un modelo de tributos nada sostenible y nada solidario. ¿Dónde está, señor Herrera, la solidaridad en la subida de los precios del gasóleo para uso general que propone para todos los ciudadanos? ¿Es
solidaria una subida de precios por la que los que menos tienen pagarán igual que los que más tienen? ¿Ha calculado usted, señoría, cómo afectará la equiparación progresiva de los tipos impositivos de los gasóleos de usos especiales con el resto de
gasóleos? ¿Es usted consciente de que ello perjudica gravemente a agricultores, pescadores y al sector del transporte por carretera? ¿Se ha planteado usted que si se encarece el transporte por carretera se encarecen los productos y, en definitiva,
se perjudica de nuevo al
consumidor? ¿Saben que con esta medida van a mermar la competitividad de nuestra agricultura? ¿Dónde ve usted, señor Herrera, la solidaridad en este impuesto, un impuesto que al ser indiscriminado perjudica a los que menos tienen? Para
nada, señor Herrera, grava a los más ricos, como usted decía en alguna ocasión.
En tercer lugar, su iniciativa es confusa en el ámbito competencial propuesto. Voy a ponerle solamente dos ejemplos: el nuevo impuesto sobre la producción de energía termonuclear y sobre el depósito y almacenamiento de residuos radiactivos
y el nuevo impuesto sobre el almacenamiento y depósito de residuos y sobre la incineración de residuos. El texto señala que son impuestos estatales, para a continuación decir que se aplicarán en el ámbito territorial de aquellas comunidades
autónomas que no tengan ya instituidos impuestos autonómicos con el mismo hecho imponible; es decir, si ya existen impuestos autonómicos será que es competencia autonómica. Fíjense en la confusión, señorías, que se genera que en otro apartado de
este nuevo impuesto se señala que las comunidades autónomas deberán ser compensadas económicamente por el Estado para que deroguen su legislación. Realmente, señor Herrera, parece que tras estos nuevos impuestos que se pretenden establecer se
encuentran sus viejos tópicos contra la incineración de residuos y contra la energía nuclear.
Quiero aprovechar este momento para destacar aquí, señor Herrera, su absoluto desfase en la obsesión antinuclear con respecto a lo que ocurre en la Unión Europea, en Estados Unidos y en los países emergentes.
Ustedes no dejan atrás su
eslogan de: Nucleares, no, en contra de la realidad, la competitividad, el desarrollo económico y la propia necesidad de energía baja en carbono para combatir el cambio climático.
En cuarto lugar, la proposición de ley que hoy debatimos es también engañosa en las deducciones por inversiones medioambientales que propone.
Fíjese, en el artículo 4 se modifica el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades en
el sentido de poder deducir en la cuota íntegra el 10 por ciento de las inversiones destinadas a la protección del medio ambiente en determinados supuestos. Con esta modificación, que por supuesto compartimos, se vuelve a la deducción que
estableció el Gobierno del Partido Popular y que el Gobierno socialista había disminuido hasta su supresión en el año 2011. Por supuesto, señorías, nos parece bien la propuesta, pero si leemos detenidamente el párrafo verán por qué decimos que es
engañosa. El mismo artículo especifica que las deducciones serán de aplicación solamente cuando las inversiones realizadas tengan por objeto ir más allá del cumplimiento de la normativa vigente en dichos ámbitos de actuación. Es decir, no basta
que la industria o las empresas intenten amoldarse a la normativa ambiental porque no pueden desgravarse por ello. Solo podrán desgravarse en el caso de que vayan más allá de lo que la normativa ambiental les exige. Creo que nadie podrá
desgravarse con estas condiciones. Por eso decíamos que la propuesta, señor Herrera, es engañosa.
Finalmente, señorías, la propuesta que aborda la reforma ecológica de la regulación sobre haciendas locales -subrayo entrecomillado lo que viene en la exposición de motivos- ante la falta de recursos de que adolecen los entes locales y ante
su excesiva dependencia de los ingresos vinculados con la construcción -cierre de comillas- es para el Grupo Popular inadecuada para la necesaria reforma de la financiación local, pendiente desde el año 2004. Señorías, lo necesario es un nuevo
modelo de financiación local, un nuevo modelo demandado por el Grupo Parlamentario Popular y por otros grupos parlamentarios en varias ocasiones, ya que se está poniendo en riesgo la capacidad de financiación de las competencias municipales y la
prestación de los servicios públicos y esenciales que demandan los ciudadanos. Las haciendas locales están viéndose seriamente afectadas por el efecto de la crisis económica en la evolución de la recaudación y en el incremento de los gastos
asociados al funcionamiento del Estado de bienestar en tiempos de crisis.
Termino ya, señorías. Señor Herrera, esta proposición de ley, que según declaraciones suyas es el mejor texto legal que se ha presentado en España sobre fiscalidad verde, es, como he tratado de explicar, confuso en el ámbito competencial,
engañoso en las deducciones por inversiones medioambientales que propone, inadecuado para la reforma de las haciendas locales, insolidario e inoportuno en el grave momento de crisis económica que vivimos. Como decía la portavoz de Convergència hace
un momento, hoy la prioridad es la salida de la crisis. Debe ser el objetivo de todos los grupos parlamentarios. Por ello, como he anunciado, nuestro grupo votará en contra de su toma en consideración.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora De Lara.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Colldeforns.
La señora COLLDEFORNS I SOL: Gracias, presidenta.
Señorías, mi grupo agradece el trabajo realizado por Iniciativa per Catalunya Verds en la elaboración de esta proposición de ley. Debo decir que es una proposición de ley inusualmente larga, que constituye un panorama bastante amplio del
conjunto de posibilidades que tendría un gobierno para introducir un sesgo marcadamente ambiental en el sistema fiscal de nuestro país y que plantea modificaciones en casi todos los tributos -seis-, en los más importantes. También plantea
modificaciones en todo el marco fiscal de los entes locales, incluidas las tasas, y pretende crear seis nuevos impuestos generales, más un impuesto local nuevo. Está hecho, debo reconocerlo, con un notable esfuerzo académico y jurídico, sobre todo
si se le compara con otras
proposiciones de ley presentadas en esta Cámara. Le adelanto que mi grupo se va a oponer a su toma en consideración por el convencimiento de que en las circunstancias actuales no podemos introducir un nuevo ámbito de discusión y debate al
margen del que ya tenemos establecido en la estrategia de economía sostenible y más concretamente en el proyecto de ley de economía sostenible, que es una de sus piezas clave, como usted sabe, y que ahora mismo está en trámite de discusión en este
Congreso.
Señorías, los socialistas estamos convencidos de que Europa y desde luego España tienen en este momento uno de los retos más importantes y prioritarios de los últimos años de su historia, que es asegurar la creación de empleo en un entorno
de crecimiento sostenible a medio y largo plazo que permita luchar contra las desigualdades sociales. A este reto debemos enfrentarnos ahora mismo en el marco de la necesaria consolidación fiscal y de una nueva regulación de los mercados
financieros, incluida la posibilidad de algún tipo de mecanismo fiscal común a toda la comunidad internacional. El panorama aquí y ahora es este. Se lo recordaba al Grupo de Convergència i Unió cuando la semana pasada defendía una modificación en
el impuesto sobre sociedades para recuperar desgravaciones fiscales en el ámbito de investigación y desarrollo. Es una preocupación muy digna, pero no puede analizarse fuera del contexto al que me he referido; el contexto, señorías, aunque no nos
guste, que enmarca necesariamente nuestra actuación, tanto a corto como a medio plazo. Nos da la sensación de que no son conscientes de que la primera semana de mayo la zona euro salvó una situación de extrema vulnerabilidad de nuestra moneda, y lo
hizo gracias a la reacción tanto del Consejo como de la Comisión de la Unión Europea y de los acuerdos en el marco del Ecofin presididos todos ellos por España, además de la colaboración del Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, no deja de
ser sorprendente que nuestro principal partido de la oposición sea incapaz de reconocer la grave situación en que estamos y estar a la altura de las circunstancias. ¿Por qué digo esto? Luego se lo explicaré, señora De Lara, sabe que siempre se lo
explico.
Entiendo también que el señor Herrera pueda estar dolido y pueda caer en la tentación, estéril por otro lado, de decir aquello de ya lo decía yo.
Además, no vamos a perder el tiempo en comprobar si es verdad, pero debo señalarle que no es
tarde de sorpresas. Siempre le he recordado un dicho oriental que dice que si uno quiere llegar deprisa ande solo, pero si quiere llegar seguro ande acompañado. Siempre le he dicho que nosotros queremos llegar seguros y acompañados. Pero,
señoría, no se trata solamente de esto, se trata también de la continuidad en las políticas del Gobierno socialista. Usted sabe, y ha sido testigo de ello, que desde el inicio de la anterior legislatura el Gobierno socialista -la señora De Lara nos
ha recordado que es esta Cámara la que hace las leyes, ¡faltaría más!, claro que sí- imprimió un giro de 180 grados tanto en el horizonte como en la senda de la política ambiental de este país. No voy a hacer un recorrido sobre ello porque usted lo
conoce, pero quiero recordarle que hemos sido los socialistas los que nos hemos comprometido de lleno en la lucha contra el cambio climático y que España, gracias al Gobierno socialista, es uno de los países que más activamente ha trabajado en el
seno de la Unión Europea para mantener una posición de liderazgo común.
Fuimos los socialistas, con su apoyo, los que iniciamos ya en 2007 la transformación de un impuesto, el de matriculación de vehículos que ahora ustedes quieren volver a
modificar. Es posible avanzar por este camino, es más, queremos avanzar por este camino. De todos modos, quisiera hacerle alguna consideración. Usted habla del principio quien contamina paga, y a mí me gustaría recordarle que este principio no es
el único de la política ambiental de la Unión Europea; la Unión y Europa y España se basan en los principios de cautela y acción preventiva y en el principio de la corrección de los impactos, preferentemente en la fuente, no solamente en ese
principio. También le quiero recordar que este principio se aplica no solamente poniendo impuestos. Usted sabe que este principio busca que los precios digan la verdad de los costes sociales en los que se incurre en la producción de un bien. La
creación de un impuesto es una manera de hacerlo; la creación del mercado de emisión de derechos de CO2 es un claro ejemplo de otra manera de hacer resaltar los precios sociales, los precios verdaderos. Lo pongo de relieve porque alguna de las
medidas concretas que ustedes proponen, y que usted ha mencionado en esta tribuna, es la extensión del impuesto de hidrocarburos a la navegación aérea. Nos parece que esta propuesta pierde sentido en el marco de la trasposición de la directiva que
incorpora la aviación al mercado de los derechos de emisión, cuya tramitación, como ustedes saben, está ya muy avanzada puesto que se encuentra en el Senado. No queremos perder de vista que para nosotros los impuestos son siempre instrumentales,
téngalo claro; su objetivo es financiar de manera justa y progresiva -así lo manda nuestra Constitución- las políticas públicas propias de un Estado moderno y para los socialistas -y espero que para ustedes también- estas políticas públicas tienen
el objetivo de conservar y extender el Estado del bienestar y asegurar aquí y ahora el mantenimiento de nuestra cohesión social. No participamos en absoluto de esa visión de la derecha de que cualquier impuesto es un impedimento y que la única
manera de impulsar la actividad económica consiste de nuevo en reducir aún más los impuestos. Creo que en el punto anterior hemos tenido una buena muestra de ello y sería bueno, señorías del Partido Popular, que reflexionaran sobre lo que mi
compañero, Javier Mármol, les ha dicho al respecto.
He dicho antes que había un espacio abierto en la ley de economía sostenible y para terminar quiero referirme brevemente a ello. Algunas de las cosas que ustedes proponen, como el incentivo a un mayor uso del transporte público en el IRPF,
está -aunque no de manera exacta- en el proyecto de ley de economía sostenible.
También lo está la necesidad de avanzar en una política de movilidad sostenible de nuestras ciudades y áreas metropolitanas; estamos convencidos de su necesidad. Recoge también -en este caso por tratarse de una rebaja del impuesto sobre
sociedades es algo que supongo que será defendido ardientemente por la derecha de nuestro país, incluida Convergència i Unió- el mantenimiento de las deducciones por inversiones ambientales, y también está incluido un conjunto de actuaciones
relativas al ámbito energético, en especial el ahorro, la eficiencia y las energías renovables.
Señorías, le dije la semana pasada al Grupo de Convergència i Unió que teníamos un espacio de debate y discusión abierto en la ley de economía sostenible, y se lo digo también a ustedes. Agradezco a algunos grupos que hayan manifestado su
interés por llegar a acuerdos razonables, posibles y positivos en este ámbito. Trabajemos juntos. Nosotros queremos hacerlo, desde luego. Y queremos sobre todo que nuestra salida de la crisis lo sea avanzando por la única senda posible, que es la
de una economía sostenible, tanto desde el punto de vista económico y social como ambiental. Por eso, señorías, termino pidiéndoles de nuevo una actitud responsable, constructiva y realista. Estoy convencida de que la tendrán.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Colldeforns.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA AL IMPULSO DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS. (Número de expediente 162/000650.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Punto segundo del orden del día: proposiciones no de ley. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Socialista relativa al impulso de la defensa de los derechos humanos. Para presentar la
proposición no de ley en nombre de su grupo tiene la palabra el señor Moscoso.
El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Señora presidenta, señorías, defiendo en nombre de mi grupo esta iniciativa de impulso de la defensa de los derechos humanos; una iniciativa que presentamos en el marco de la Presidencia española de la
Unión Europea y que confío goce de un amplio respaldo si no de unanimidad en esta sesión. Quiero dar las gracias a todos los grupos que han presentado enmiendas y adelantar que gran parte de ellas van a ser incorporadas, ya sea de manera directa o
transaccionadas. Y quiero también agradecer muy en particular a las organizaciones sociales, como Amnistía Internacional, que han impulsado y promovido la adopción de esta iniciativa y a todas las que, desde la sociedad civil, trabajan en el campo
de los derechos humanos, algunas de ellas hoy presentes en la Cámara.
Señorías, la promoción de los derechos humanos constituye uno de los objetivos y de las prioridades claves de la actuación del Partido Socialista Obrero Español, una línea política prioritaria tanto en el ámbito interno como en el externo.
Una política que, como decía, compartimos con todas las fuerzas democráticas de este país, lo cual nos enorgullece, y que también desarrollamos en diferentes ámbitos. En primer lugar, el parlamentario. Se acaba de crear un intergrupo de derechos
humanos al que me honro pertenecer que va a trabajar desde esta Cámara en defensa de los derechos humanos. En segundo lugar, el ámbito multilateral. Hay que recordar que en el marco de Naciones Unidas y en el marco de cooperación con la alta
comisionada de los derechos humanos de Naciones Unidas, recientemente el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, don José Francisco, compareció en Ginebra ante la Comisión de Derechos Humanos para presentar el primer examen periódico
universal de España en materia de derechos humanos. Este Gobierno presentó el primer Plan español de derechos humanos en el año 2008 y la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha reconocido el trabajo de nuestro país.
El tercer ámbito en el que trabajamos todos juntos es el del Consejo de Europa. Quiero recordar también que este país ha ratificado todos los convenios, sin excepción, del Consejo de Europa, y si no ha sido así es porque está en trámite de
hacerlo, y quiero aprovechar para rendir homenaje al trabajo que se hace desde esta institución. Hay muchos ejemplos. La última sentencia relevante es la que, en relación con el caso Kononov contra Letonia, ha reconocido que los crímenes de guerra
no prescriben jamás en virtud del derecho internacional. Sentencia también con claras repercusiones en nuestro país, en España. Consejo de Europa que ha ido tejiendo una tupida red de defensa de los derechos humanos a partir de la jurisprudencia,
a partir de las resoluciones de la Asamblea parlamentaria, cuyas decisiones se acaban convirtiendo en legislación, y también a partir de las decisiones del Consejo de Ministros. Hay que recordar que la Unión Europea va a asumir el Convenio de Roma
de derechos fundamentales y libertades básicas, el que da lugar al Consejo de Europa, creando un espacio paneuropeo de derechos y libertades que va a incluir a un total de 47 países.
El cuarto ámbito, que es al que hace referencia a esta iniciativa, es el ámbito de la Unión Europea. Unión europea que desde un hecho significativo que ya hemos tenido ocasión de discutir desde esta tribuna, como es la aprobación del
Tratado de Lisboa, da un paso adelante cualitativo porque la Unión Europea adquiere personalidad jurídica no solamente para incorporarse al Consejo de Europa, al Convenio de Roma, sino también al incorporar como derecho fundamental de todos los
Estados miembros la Carta de Derechos Fundamentales. Además, el respeto de los derechos humanos es uno de los elementos
fundacionales básicos de la Unión Europea, antes de las Comunidades Europeas. Por ello presentamos esta iniciativa impulsada, promovida y apoyada por organizaciones como Amnistía Internacional. Su primer punto establece como prioridad
durante esta Presidencia, tal y como el Gobierno de hecho ya está haciendo, la plena aplicación de las directrices de derechos humanos en toda la Unión Europea. Se trata también de proteger a los defensores de los derechos humanos, porque muchas
veces son los defensores lo que son objeto de persecución y de todo tipo de represalias. Se promoverá también el cumplimiento en terceros países no comunitarios de los principios básicos, de manera que se incorpora claramente esta línea horizontal
a la política exterior de la Unión Europea, como ya lo está también dentro de las políticas interiores.
Políticas, por cierto, sin excepción; políticas de interior, de inmigración y todas cuantas forman parte no solamente de los Estados miembros
sino de la Unión en su conjunto. También se insta a la creación de la figura del interlocutor identificable y localizable para que, en situaciones de emergencia, sea el que intermedie y ejerza la labor de coordinación ante las situaciones de abuso,
ante misiones diplomáticas, ante Estados y coordine la acción de las organizaciones no gubernamentales, las ONG. Esta iniciativa también promueve e impulsa la ratificación en aquellos países en los cuales todavía no ha sido así del protocolo
facultativo de la Convención contra la Tortura, algo que en España ya ha sucedido y que, como ustedes saben, desde la última ley orgánica compete su puesta en marcha al Defensor del Pueblo. Asimismo, impulsa la opción de la directiva relativa a la
igualdad de trato, que está en estos momentos en discusión en el Consejo Europeo, y también promueve que se impulsen las políticas destinadas a integrar la comunidad romaní en España, que ustedes saben es parte también de los objetivos de la
Presidencia española.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos presentado una enmienda porque si bien, como nos pedían las organizaciones no gubernamentales, ya se ha creado el Observatorio europeo de violencia de género, entendemos que es importante
mantener la mención a las políticas de igualdad, las políticas de no discriminación, en esta iniciativa, que además constituyen un elemento clave que distingue la acción política de nuestro país en el seno de la Unión Europea y también como
referencia internacional.
Señorías, la humanidad ha tardado mucho tiempo en construir un sistema básico de defensa de los derechos humanos, de hecho, hasta la Declaración de Derechos de Virginia de 1776, y después hasta la Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano de 1789 con motivo de la Revolución Francesa, no existió una base sustancial en la cual el derecho subjetivo se convirtiera en ordenamiento jurídico. Desde entonces se ha avanzado mucho. Se avanzó con la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de 1948 de Naciones Unidas; se avanzó con el Convenio Europeo del año 1950, que creaba por primera vez un instrumento judicial para verificar su aplicación; se ha avanzado mucho con la creación de la Corte Penal Internacional, que
extiende al resto del mundo un sistema de control judicial. Sin embargo, señorías, el trabajo continúa; son muchos los retos y por ello creo que el trabajo, siempre difícil y silencioso, de defensa de los derechos humanos, merece hoy todo nuestro
apoyo. Por eso confío en que aprobemos esta iniciativa con un grado de apoyo muy alto.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Moscoso.
A esta proposición no de ley se han presentado enmiendas por parte de cuatro grupos parlamentarios. Para defender la del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán para fijar posición y a la vez defender la enmienda planteada por mi grupo, una enmienda que creo que tendrá éxito y podrá ser incorporada en un texto forzosamente transaccional,
a la luz de las distintas enmiendas planteadas por los diferentes grupos, sobre una iniciativa parlamentaria acertada planteada por el diputado Juan Moscoso del Prado en el sentido de dar un nuevo impulso no solo bajo la Presidencia española sino
dentro del trío de presidencias española, belga y húngara, porque nos queda un mes y una semana de Presidencia española, de algún catálogo concreto de materias referidas a los derechos humanos. Derechos humanos que en una intervención como la de
esta tarde siempre es importante recordar, en primer lugar, que son de carácter y de valor universal, que su matriz no es la de los valores de Occidente sino que tienen una dimensión universal y se deben reivindicar como tal cuando a veces existen
debates sobre derechos en los cuales los derechos humanos se inscriben más en la tradición de la Ilustración y de las revoluciones liberales que hace poco más de doscientos años dieron paso a distintas cartas de derechos universales. En el sentido
del carácter universal de la defensa de la dignidad de las personas y de la dignidad también en situaciones límite, nosotros planteamos esta enmienda, referida a la moratoria universal de la pena de muerte, con vistas a su plena abolición. Fue en
la anterior legislatura cuando el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió planteó ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados dos iniciativas parlamentarias para hacer posible que España liderara dentro de la
Unión Europea una posición común sobre este objetivo. Una posición común de una iniciativa que tiene una gran reverberación y un gran impulso inicial en Italia por parte de algunos diputados actualmente en la oposición italiana. Quiero recordar a
la diputada Elisabetta Zamparutti y su trabajo incansable para convencer al conjunto de Estados miembros de la Unión Europea para
que fijaran una posición común; posición común que no fue fácil de fijar y que finalmente se consiguió a pesar de la oposición de algún Estado cuyo nombre es mejor no recordar y que se transformó en una posición común de la Unión Europea
que se defendió y se aprobó en la Asamblea General de Naciones Unidas de otoño del año 2008. Desde aquel momento se ha trabajado y se han conseguido algunos pasos. Recientemente, el presidente del Gobierno propuso no solo trabajar en la idea de la
moratoria universal de la pena de muerte sino en la creación también, para dar un nuevo paso, de una comisión interministerial creada por distintos gobiernos con el objetivo del cumplimiento de este compromiso que, en todo caso, se ha reflejado
durante los últimos años en un descenso de las ejecuciones y en un aumento de los países que se han sumado a este objetivo de la moratoria de la pena de muerte en vista de la modificación de sus legislaciones para una futura prohibición.
Señorías, esta es la aportación parcial del Grupo Parlamentario Catalán a un catálogo de objetivos planteados por el grupo de la mayoría en dimensiones como, por ejemplo, tratados internacionales sobre materia de tortura que nosotros no
tenemos más que suscribir plenamente. Queremos recordar también que la defensa de los derechos humanos no es una defensa que se hace desde la declaración de principios o desde la retórica, sino que se hace desde el derecho positivo, desde los
convenios internacionales en los cuales España siempre ha mantenido una posición de vanguardia y de primera línea firmando todos los referidos a la protección de los derechos humanos.
Quiero terminar, como ha hecho el diputado Juan Moscoso, recordando que el trabajo del Consejo de Europa no es solo un trabajo deliberativo sino que se convierte en derecho positivo a través de los distintos convenios. En estos momentos es
muy importante y tiene una gran trascendencia que la Unión Europea se plantee y esté trabajando para la ratificación del convenio de derechos humanos y libertades fundamentales, el llamado Convenio de Roma, que supone el engarce de la legislación de
derechos humanos de la Europa de los veintisiete con la protección de los derechos humanos de la Europa grande, de la Europa de los cuarenta y siete, de la Europa del Consejo de Europa. Esto será posible a la luz del artículo 6.2 del Tratado de
Lisboa y supone sin duda convertir Europa -la Europa de los veintisiete y la Europa de los cuarenta y siete- en el espacio de mayor protección de los derechos humanos en todo el mundo. Por ello, nos parece oportuna esta iniciativa y con las
incorporaciones que creo que se van a producir vamos a votarla favorablemente.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Xuclà.
Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Becerril.
La señora BECERRIL BUSTAMANTE: Gracias, señora presidenta.
La proposición no de ley que nos trae a la sesión el Partido Socialista tiene un fondo muy importante: la promoción y la defensa de los derechos humanos. Es una cuestión que ha sido defendida y valorada por esta Cámara en repetidas
ocasiones por varias comisiones del Congreso; que está en el Tratado de Lisboa; que está también en la Carta de Derechos Fundamentales que va unida al Tratado de Lisboa; que vincula jurídicamente y que es a la postre una materia muy importante,
muy conocida ya desde el punto de vista de la reafirmación que hacemos los países democráticos, dentro y fuera de la Unión Europea, de la promoción y defensa de estos derechos.
Lo que me ha sorprendido algo es el momento en el que se trae esto, con
ocasión de la Presidencia española de la Unión Europea. Está claro que la materia es importantísima, pero nos sorprende que a un mes de finalizar la Presidencia -cuando todos habíamos acordado de muy buena fe y con buen talante que no íbamos a
hacer ningún movimiento, ninguna proclamación ni acción durante la Presidencia española de la Unión Europea, porque, repito, habíamos llegado al acuerdo de un prudente silencio para que el Gobierno actuara- el Grupo Socialista nos traiga esta
propuesta. Primero, es un poco tarde dentro de la Presidencia, y luego, si la semana que viene va a venir otra propuesta en relación con el mes y una semana de Presidencia española que queda, nos podemos apuntar todos. Podríamos presentar ahora
mismo en el registro una proposición en relación con alguno de los requerimientos que ayer hacía el Fondo Monetario Internacional no solo a España sino también a otros países. Esta proposición relativa a la promoción de los derechos humanos no
tendría por qué traerse en relación directa con la Presidencia española, ya que entonces no acabaríamos nunca con las cuatro semanas que quedan, porque mañana podríamos traer otros asuntos relacionados con la disciplina fiscal, con la modernización
del mercado laboral o con la necesidad del cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Habría muchísimos asuntos perentorios que traer, sin embargo, como decía, por un prudente silencio, por respeto hacia el Gobierno, que es el anfitrión
de esta Presidencia, nos hemos abstenido. Creo que el Grupo Socialista debería haber dejado esto para otro momento.
Volviendo al tema importante de fondo, se trata de una repetición de reclamaciones ya hechas por organismos internacionales y por la propia Unión Europea. Está muy bien, porque nunca se acaba de defender los derechos humanos, dentro de la
Unión, fuera de la Unión y con terceros países, incluyendo el protocolo contra la tortura, introduciendo esta figura interesante del interlocutor o del mediador, que nosotros ampliamos y perfilamos un poco con una enmienda. Pensamos que para que
este interlocutor sea eficaz en determinados conflictos o crisis debe estar amparado por el servicio de
acción exterior europeo -que se está constituyendo en este momento-, por la misión diplomática de turno, etcétera. Son asuntos importantes, pero -repito- no tendrían que estar pendientes exclusivamente de la Presidencia española de la Unión
Europea. Esta figura del interlocutor también debería tener, a nuestro juicio, la facultad de defender a aquellos presos mal llamados de conciencia en países que no respetan los derechos humanos ni las libertades fundamentales. Vamos a votar a
favor de esta proposición. Creo que se aceptan nuestras enmiendas. Al señor Moscoso no le va a suceder aquello que decía Canetti: No llegará a ser un pensador, porque no se repite suficientemente. El señor Moscoso se ha repetido, lo ha repetido
y llegará lejos. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Becerril.
Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señora presidenta, señorías, obviamente mi grupo parlamentario va respaldar esta iniciativa sobre el impulso de la defensa de los derechos humanos, pero tengo para mí que esta Presidencia que toca casi a su fin no
será recordada por la gobernanza de la Unión Europea ante la crisis; muy por el contrario será recordada por la situación de crisis, especialmente de nuestro país, de España. Por otra parte, dudo también que sea recordada como la Presidencia de la
defensa de los derechos humanos en Europa y a nivel internacional. Tengo la impresión de que será recordada como la Presidencia durante la que España fue incapaz de luchar contra la impunidad y durante la que tuvo que exiliarse un juez,
precisamente por abrir una causa en relación con los crímenes del franquismo. Esa es la impresión que tengo con respecto a esta iniciativa.
Saludo que esta iniciativa sea una forma simbólica de escapismo. En otra época cuando se abrían las crisis internas se hacía una guerra en el exterior. Ahora, por suerte, cuando estamos en una crisis profunda lo que hacemos es tomar la
iniciativa hace unos días con respecto a las relaciones entre España, Europa e India, y hoy adoptar la iniciativa más genérica con respecto a los derechos humanos. En todo caso, no quiero desmerecer esta iniciativa que nos parece necesaria, pero
nos gustaría concretar algunas cosas para que no pareciese un símbolo de escapismo o para que además aterrizase en lo concreto. Estamos totalmente de acuerdo en la defensa de los derechos humanos en todas partes y en la no utilización de los mismos
para nuestra vidurria interna, para la confrontación interna en nuestro país, pero también nos gusta mucho que esos derechos humanos aterricen. Es decir, que además de defender la prohibición de la tortura en el articulo 5 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos; la igualdad ante la ley; la libre circulación de personas; el derecho a la Seguridad Social; el derecho al trabajo; el derecho a una limitación razonable del tiempo de trabajo; el derecho a un nivel de vida
adecuado que asegure alimentación, vestido, vivienda y asistencia médica; el derecho a la educación del artículo 26; el derecho a que se establezca un orden social e internacional en que los derechos y libertades proclamados en la declaración se
hagan plenamente efectivos; además de todos estos derechos enunciados intentemos trasladarlos a la práctica y lo hagamos sin superioridad, señorías, porque a veces da la impresión de que los que patrimonializamos los derechos humanos somos los
países desarrollados, de democracias maduras, y los que incumplen los derechos humanos son aquellos países a los que damos lecciones y, o bien no tienen un nivel tan alto de desarrollo, o son democracias todavía no consolidadas, o siendo
consolidadas tienen dificultades económicas o políticas. A mí y a mi grupo parlamentario nos gustaría que no nos situásemos en ese plano de eurocentrismo ni de superioridad.
Por eso hemos presentado una serie de enmiendas que tienen que ver con cuestiones concretas, señorías. No basta con una declaración genérica, por ejemplo, con el derecho de los inmigrantes en nuestro país y el mandato del Congreso de los
Diputados de que el Gobierno firme la convención de derecho de los trabajadores inmigrantes, que el Gobierno no ha firmado, desoyendo la voluntad del Congreso de los Diputados ya manifestada desde el año 2008; por ejemplo, el enfoque de la lucha
contra la pobreza en la defensa de los derechos humanos; la cuestión de las entregas extraordinarias y la lucha antiterrorista como una forma de limitación de derechos fundamentales y de libertades; o el respeto a los derechos humanos por parte de
nuestras multinacionales, por parte de las multinacionales españolas, en el exterior. Nos parece que esa sería también una forma de concretar.
Termino, señorías, lamentando el exilio de los defensores de los derechos humanos como el juez Garzón, repito, lamentándolo; apoyando por supuesto la defensa de los defensores de los derechos humanos y lamentando asimismo que no haya peor
propaganda para la Presidencia española que el hecho que se ha producido con respecto a la impunidad y con respecto al juez Garzón.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señora vicepresidenta.
Yo tengo la misma sensación que el señor Llamazares sobre esta iniciativa.
Evidentemente la vamos a apoyar porque no podemos estar en contra de instar al Gobierno a impulsar durante su Presidencia los asuntos que aquí se presentan, pero
creemos que no vale con predicar sino que también hay que dar trigo. Recientemente hemos tenido ejemplos muy evidentes de no querer dar ese trigo cuando el Estado español podía entrar en un compromiso.
Me voy a referir a un caso muy concreto. Hace muy pocos días visitó a España la líder del movimiento uigur en el exilio, Rebiya Kadeer. Los figures, como saben, son una minoría de muchos millones de personas, pero en minoría, dentro de
China. Ella tenía concertada incluso una reunión en la Oficina de Derechos Humanos del Gobierno. Bien, pues cuando fue a reunirse se le dijo que no, que se le negaba la entrada y no fue ni siquiera escuchada. ¿Cómo podemos hablar entonces en esta
proposición no de ley de proteger a los defensores de derechos humanos ante casos puntuales cuando no se reúnen con ella no digo ya el director siquiera de la Oficina de Derechos Humanos, sino representantes de esa oficina en la sede española? No
es presentable, no es aceptable y es una vergüenza para el Estado español. En este asunto relacionado con China somos reincidentes. A Cuba se le hace un seguimiento bastante estricto, y me parece bien porque hay que hacerlo, pero a otros países
también, por muchos intereses económicos que se tengan. Sobre un activista de derechos humanos -hablamos aquí de defensores de derechos humanos en el primer punto-, Hu Jia, se advirtió al Gobierno español por activa y por pasiva que sería bueno
darle protección y asilo, porque era una persona que podía ser detenida, simplemente por manifestar sus ideas. Se le negó el asilo y meses después fue arrestado y detenido; está en prisión y desde luego no en muy buenas condiciones. Por tanto, un
poquito de coherencia a la hora de actuar si es que queremos conectarlo con las iniciativas que presentamos en este Parlamento.
Hay más casos, no podemos tampoco fiarnos -España parece que lo hace últimamente- de la llamada garantía diplomática. Con que un Estado nos diga que determinada persona que va a ser deportada va a ser bien tratada y se van a respetar sus
derechos humanos, simplemente parece que ya nos tenemos que fiar porque ese país nos lo dice. Bueno, no; no necesariamente, si hay pruebas una y otra vez de que se infringen los derechos humanos en ese país. No vale con las garantías
diplomáticas, y España ha deportado personas a terceros países que se sabe que no cumplen todas las garantías establecidas en los tratados internacionales. Nos parece en ese sentido bien, uniéndolo al protocolo facultativo, el llamamiento contra la
tortura que se hace en el punto 2, pero, insisto, también vamos a empezar por casa. En estos momentos tenemos acusados por la fiscalía de torturas incluso a miembros de las fuerzas de seguridad.
Recordamos el informe del relator de 2008, que
también hablaba de posibles torturas y de las medidas que tenían que implementarse para evitarlas; no todas se han implementado. Incluso CEAR nos ha hablado -unido esto a la vulneración de los derechos de los inmigrantes- de que en algunos centros
para inmigrantes se han dado malos tratos, golpes e incluso torturas en algunos casos; se centraba en Valencia y de Madrid.
No podemos caer en ello por mucho -también lo decía el señor Llamazares- que se quiera impulsar la lucha contra el
terrorismo. Por eso nuestra enmienda -que sé que no nos van a admitir-, aprovechando que la estrategia europea de seguridad e interior se va a aprobar en otoño, propone que se incluyan medidas específicas que garanticen el pleno respeto y la
protección de los derechos humanos en el marco de las políticas de lucha antiterrorista. No vale todo en la lucha contra el terror; es más, tenemos que demostrar que nosotros actuamos acorde a nuestros principios de respeto a los derechos humanos.
Espero que en las otras dos enmiendas el enfoque de derechos humanos en la lucha contra la pobreza -no me queda tiempo- y la exigencia de una dación de cuentas al final del semestre sean aceptadas -como parece que va a ser-. Saludamos, por cierto,
la mención a la creación de una estrategia política europea -con esto termino- para la integración de la comunidad romaní en Europa.
En esto tenemos que aprender incluso de países a los que España no quiere reconocer como países independientes en
Europa. Los únicos países que reconocen el idioma romaní de manera oficial son Macedonia y Kosovo, país al que España no quiere reconocer. Espero que sigamos la senda de Kosovo en este tema.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Esteban.
Para fijar la posición por parte del Grupo Parlamentario Mixto tiene en primer lugar la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.
Suscribo de la a a la zeta la intervención del portavoz del Grupo Socialista. Quién no va a estar a favor de defender la promoción de los derechos humanos en el mundo; quién no va a estar a favor de eso. Tiene un pequeño problema -le voy
a hacer una reflexión, si me lo permite- que se deriva de que quien lo presenta no solamente está acabando la Presidencia europea -de eso ya han dejado constancia con anterioridad- sino que es el partido que gobierna España. Por tanto, una
reflexión sobre los antecedentes. Para que sea creíble lo que usted nos ha planteado hoy en esta tribuna, que, como digo, suscribo de la a a la zeta, quiero hacer una reflexión sobre qué está haciendo el Gobierno de la nación en esta materia.
No voy a entrar a discutir las actuaciones de política exterior de nuestro Gobierno en Cuba o en Marruecos en relación con el Sáhara, porque contradicen de forma flagrante no solamente su discurso sino ese papel de promotor de cumplimiento
de las directrices de los derechos humanos en terceros países no comunitarios que usted ha defendido desde esta tribuna y que pretende que el Gobierno de España sea promotor en toda la Unión Europea. Quiero recordar el pobre récord de aplicación
por parte de la Unión Europea de la llamada cláusula democrática e ilustrar este punto un poco más respecto del caso concreto de España en particular. Según un informe reciente de la ONG Decide sobre la calidad de la ayuda oficial al desarrollo del
Gobierno de España,
solo en el año 2008 nuestro Gobierno concedió 450 millones de euros de ayuda oficial al desarrollo a veintiséis países con el peor historial de defensa de los derechos humanos del mundo según Naciones Unidas; países que están en la lista de
los que más vulneran los derechos humanos en el mundo, sin garantía de que el destino de los fondos fuera precisamente para favorecer la promoción. Como le digo, no es una denuncia que haga esta diputada en esta tribuna. Sabe el señor Moscoso que
son denuncias reiteradas de todas las organizaciones que se dedican a la promoción y a la defensa de los derechos humanos en el mundo. Además, según han denunciado hace tan solo un par de semanas, solo dos, las organizaciones Amnistía
Internacional, Fundació per la Pau, Greenpeace e Intermon Oxfam, el Gobierno de España sigue sin aplicar -esta sí es nuestra responsabilidad- la Ley 53/2007, que regula el comercio exterior de armamento y material de doble uso. Las ventas
realizadas en el primer semestre de 2009 demuestran que se está vendiendo material de defensa a países donde no se respetan los derechos humanos -aquí ni siquiera cabe la disculpa de que se da para cooperación al desarrollo-; armas a países donde
no se respetan los derechos humanos como Colombia, Marruecos, Sri Lanka, Tailandia o Guinea Conakry. Así, con fecha 9 de abril de 2010 -bien reciente- diversas organizaciones jurídicas y sociales han presentado una denuncia por la concesión de la
venta de armas de España a Marruecos; lo sabe usted, señor Moscoso. El documento está firmado por la Asociación de familiares de presos y desaparecidos saharauis, la Asociación pro defensa de derechos humanos de España, la Asociación internacional
de juristas por el Sáhara Oriental, entre otras, y en el mismo reclaman al Gobierno de España que deje de vender armas a Marruecos porque aseguran que la venta de armas no se ajusta a los criterios que contempla la ley española para un país
comprador de armas. Es decir, tenemos algunos agujeros en la gestión de nuestro discurso. Se lo digo con respeto, porque estamos aquí para hacer una reflexión común, desde la perspectiva de una diputada que va a apoyar su proposición no de ley con
el voto positivo. Si queremos que sea creíble y que el Gobierno de la nación haga propósito de la enmienda, tendremos que decir las cosas con sus claroscuros. La verdad es que hay oscuros y que somos protagonistas de ellos, lo es el Gobierno de la
nación; que no hacemos bien los deberes en esta materia y que no podemos proclamarnos campeones del mundo o El guerrero del antifaz si en aquello que es de nuestra estricta competencia no cumplimos bien con nuestras responsabilidades. Alguien le
decía desde esta tribuna hace un momento que suele ser bueno además de predicar dar trigo, y yo le digo que hay que predicar también con el ejemplo. Por tanto, tomen nota de estas reflexiones que les hacemos -la que yo les he hecho desde esta
perspectiva-; tomen nota no solamente para ser creíbles cuando presenten una iniciativa de estas características aquí, en esta tribuna, sino sobre todo para cumplir el mandato constitucional y la tarea que como Gobierno democrático, como Gobierno
integrante de la Unión Europea tenemos. Además de hacer proclamas y de pedir al Gobierno que haga cosas, hagan las cosas que tienen que hacer, cumplan con las leyes y respeten y promocionen de verdad los derechos humanos en el mundo.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Díez.
Señor Moscoso, su turno para aceptación o rechazo de las enmiendas que han presentado los diversos grupos parlamentarios.
El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Le pasaremos antes de la votación la transaccional redactada con CiU y además la serie de enmiendas que hemos aceptado del resto de los grupos.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Moscoso.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, PARA REDUCIR DE FORMA URGENTE EL DÉFICIT PÚBLICO. (Número de expediente 162/000656.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Siguiente proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Popular, para reducir de forma urgente el déficit público. Para defender la proposición no de ley en nombre de su grupo, tiene la
palabra el señor Posada.
El señor POSADA MORENO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, la elevada deuda de la economía española -el 55 por ciento del PIB es deuda pública-, la volatilidad de los mercados, la presión de nuestros socios de la Unión Europea y los muy difíciles días de primeros de mayo que pasó el
crédito en España, condujeron al Real Decreto-ley de medidas extraordinarias para la reducción del déficit público que se publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado. Después de meses de advertencias -creo que de todos los grupos, pero desde
luego del Grupo Popular-, el Gobierno reconoció que íbamos directos al precipicio. La proposición no de ley que defiendo en estos momentos -cuyo título es: para reducir de forma urgente el déficit público- se presentó en el Congreso el día 23 de
abril, antes por tanto de que se aprobaran estas medidas. Sin embargo, las medidas son de rigurosa actualidad y tan necesarias como antes del decreto-ley, porque las medidas del decreto-ley hacen recaer el sacrificio sobre diversos grupos
-funcionarios, pensionistas, futuras madres, dependientes, los que van a jubilarse-, mientras que esta proposición no de ley se dirige a la Administración, a la propia Administración, a disciplinar su gasto corriente, a evitar duplicidades o a
eliminar lo superfluo. Es más, si se aplican adecuadamente las que aquí se contienen, podrían ser sustitutivas de alguna del decreto-ley, como la de la congelación de
las pensiones, que es algo que ha herido profundamente a toda la sociedad y que ha merecido el rechazo de todos los grupos políticos. Si se actúa adecuadamente se podría compensar ese ahorro y evitar esa congelación.
Por ello, volvemos a
traer -aunque sé que a algunos grupos, a algunos portavoces no les gusta- la petición de que se cumplan los mandatos del Congreso de los Diputados, cuatro mandatos, para reducir los altos cargos del Gobierno. Esto no se hace porque no quiere el
señor Rodríguez Zapatero; y no quiere por carácter personal, no ideológico o de partido, porque se ha visto que el señor Barreda, que es socialista, en un acto que le honra ha reducido el número de consejeros en Castilla-La Mancha.
Es preciso
asimismo un repaso de todas las transferencias de capital, gastos corrientes, puestos de asesoría y gabinete. Yo creo que todos los gastos del presupuesto tienen una justificación, pero en estos momentos hay que actuar de forma que solo queden los
imprescindibles.
Indudablemente, en España debe haber una política de cooperación al desarrollo, pero ¿debe ascender a 2.687 millones de euros? Tiene que haber una política de apoyo a la cinematografía, pero ¿debe ser de 106 millones? Los
ministros necesitan asesores, pero ¿no podrían arreglarse con un 30 por ciento menos?
De la misma forma, entramos en lo más global, que es la situación con respecto al gasto de la Administración del Estado y las comunidades autónomas. En la interpelación que hizo la semana pasada la señora Díez le contestaba al señor Chaves
con dos cosas en las que yo estoy de acuerdo. En primer lugar, ha sido un éxito el Estado autonómico, y yo, aunque muy modestamente, algo he contribuido; en segundo lugar, los acuerdos tienen que hacerse por acuerdo, no puede dictar la
Administración central a las comunidades autónomas dónde hay que ahorrar, pero hay muchísimas actuaciones de las comunidades autónomas que pueden quitarse porque se han pasado los límites de sus propias competencias y muchas de la propia
Administración central, y pongo un ejemplo: la política de vivienda. Desde hace veinticinco años la política de vivienda es de las comunidades autónomas. Ellas son las responsables. La responsabilidad de la Administración central, del Congreso,
es establecer las disposiciones jurídicas por las que se rigen, pero no hay que dedicar dinero. Eso lo deben hacer las comunidades autónomas. ¿Por qué se hace? ¿Por qué lo hace este Gobierno, el anterior, el otro y el otro? Porque no se quiere
reconocer que en el Estado compuesto que tenemos el Gobierno de España no tiene que influir en la vivienda, es una responsabilidad total de las comunidades autónomas. Por ello, pueden hacerse muchos ahorros como este en esa actuación entre
Administración central y comunidades autónomas. Es preciso pues -esta es la idea básica de esta proposición no de ley- una actuación continuada, exigente de reducción del déficit, ver todas y cada una de las partidas en las que puede reducirse el
déficit, sea mayor o menor la reducción, porque eso dará confianza a la sociedad, compensará a esos funcionarios y pensionistas que son sacrificados porque ven que la propia Administración se sacrifica. Sobre todo lanzará un mensaje a esos que hace
unos años llamábamos inversores que confiaban en España, luego les hemos llamado mercados y más tarde les hemos llamado especuladores bajistas, pero son los mismos, hacen la misma función, que es prestarnos el dinero; y queremos que nos lo sigan
prestando porque lo vamos a necesitar. Por lo tanto, hay que asegurar que vamos a devolverlo, y para asegurarlo se necesitan reformas profundas hacia el futuro para crecer, como la reforma financiera y la laboral, que son urgentes, y al mismo
tiempo actuar ante esos mercados, dejando claro que queremos ahorrar, que queremos ser austeros, que queremos actuar con rigor. Si no lo hacemos así, temo que nos lleguen algunos días verdaderamente aciagos para el crédito de España.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Posada.
Para fijar posiciones, puesto que ningún grupo ha presentado enmiendas a esta proposición no de ley, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.
Señor Posada, lo terrible de este país es que tenemos una alternativa de poder que sigue haciendo discurso de oposición, no de alternativa de gobierno. En este país se está tratando tanto por el Gobierno como por la oposición de atajar el
déficit como un objetivo. Reducir el déficit no es un objetivo, es un instrumento, porque el objetivo que tiene que haber es el crecimiento de un país y la creación de empleo. Cuando se cae en el populismo, en el discurso fácil, pensando más en un
tema electoral, se hacen propuestas como la de hoy donde se dice que en el año 2010 hay que reducir el déficit en 10.000 millones, en vez de lo que plantea el Gobierno, un cifra muy inferior, y la propuesta que se hace es que se reduzcan los 10.000
millones, entre otros capítulos, con la eliminación de ministerios y cosas menores. Estamos de acuerdo, porque son gestos que los ciudadanos de este país que se van a apretar el cinturón, cuando miren al lado, los van a ver como que este se está
apretando, aquí nadie está haciendo gastos innecesarios, pero eso no resuelve que el Gobierno o usted estén haciendo una propuesta alternativa para decir de dónde se reducen este año los 10.000 millones que usted propone.
Nosotros creemos que tenemos que hacer un esfuerzo -seguimos insistiendo- y sobre todo tener la voluntad de ver qué camino tiene que seguir este país para salir adelante. Produce una enorme tristeza que al caos se quiera ir con el caos, que
alguien pueda beneficiarse del caos y que no tengamos una alternativa y un camino para este país, que lo debe tener y lo tiene. Ese camino debía de ser por un ejercicio de responsabilidad de todas las
fuerzas políticas de este país y cuando uno es serio tiene que tener alternativas serias.
Voy a ser muy breve. Señor Posada, usted ha lanzado el tema de las comunidades autónomas. Usted que fue ministro sabe que el 80 por ciento del presupuesto de las comunidades autónomas es para Sanidad y Educación y había un déficit en la
financiación que no se pudo resolver y que se resolvió en la última negociación, donde se iban a actualizar los gastos sociales que asumen las comunidades autónomas, y ahora se está haciendo un planteamiento en relación con el endeudamiento de
ayuntamientos y comunidades autónomas. ¡Pero si los ayuntamientos y comunidades autónomas más endeudados de este país están gestionados por el Partido Popular! ¿De qué estamos hablando? ¡Si las comunidades autónomas de este país son del PSOE y del
Partido Popular, excepto Cantabria y Canarias, que tienen presidentes que no son socialistas o del Partido Popular! Aplíquense, pero es muy difícil. Lo otro, ese discurso que se hace aquí es demagogia, no es el real. Esos no son los números de
este país. Igual que no nos parece real ni adecuada ni oportuna, y en eso no estoy quitando responsabilidades, la propuesta de decreto que viene el jueves. Este de hoy es un pequeño avance de ese debate. Por eso Coalición Canaria se va a abstener
el jueves, porque no están trayendo todas las medidas globales que necesita este país, que son usar la reducción del déficit como instrumento y poner otros instrumentos como pueden ser la reforma laboral, la reforma del sistema financiero y el
acceso al crédito para llegar a un objetivo común, que es el crecimiento y la creación de empleo. Por eso nos vamos a abstener el jueves. Por eso vamos a abstenernos en todos los puntos de su moción excepto en recordarle al Gobierno que aplique la
decisión que tomamos todos los grupos, que es el punto b) de la misma, que si se vota separadamente vamos a ratificar que se dé cumplimiento a los acuerdos, pero en el resto de las medidas nos vamos a abstener, por las mismas razones que Coalición
Canaria se abstendrá el jueves, porque creemos que se debe acabar el populismo y que se debe entrar en unas propuestas serias para que este país encuentre el camino.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Oramas.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señora presidenta, señorías, mi Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Esquerra Republicana de Catalunya va a votar en contra de esta iniciativa reiterada del Grupo Parlamentario Popular
que ante la crisis propone: y dos huevos duros más. Esa es la propuesta que hoy trae aquí el Grupo Popular. Vamos a votar en contra porque discrepamos en el diagnóstico, señor Posada. Esta no es una crisis en el sector público. Esta es una
crisis del sector privado que precisamente ha salvado el sector público a nivel internacional, salvando a la banca y salvando después, en un periodo muy difícil, la situación anticíclica; por tanto, discrepancia en el diagnóstico.
Si discrepamos en el diagnóstico, vamos a discrepar también en el tratamiento. ¿Qué nos propone el Grupo Parlamentario Popular? Frente a la propuesta del Gobierno, que nosotros rechazamos, que es una cura de adelgazamiento de los delgados,
mientras se mantiene el sistema financiero y mientras se mantienen los beneficios intocables de forma muy importante, lo que nos propone el Partido Popular frente a la cura de adelgazamiento del Partido Socialista es una cura de hambre del sector
público. Si realmente lleváramos a cabo estas medidas en nuestro sector público, que Dios nos coja confesados si no salimos de esta crisis económica, porque entonces no hay quien nos salve. No habrá Estado ni sector público capaz de recuperar a la
economía española. Lo que propone el Grupo Parlamentario Popular es volver al dogma de la ley del déficit cero. Si hubiéramos aplicado la ley del déficit cero a los países de la Unión Europea, no se hubiera salvado ninguno; ni Alemania ha
cumplido la ley del déficit cero a lo largo de los últimos años; por tanto, menos dogmatismo en relación con el sector público.
Además del dogmatismo hay por parte del Grupo Parlamentario Popular un prejuicio, un prejuicio con respecto a lo público que yo no entiendo muy bien en unos políticos. Da la impresión de que somos una profesión suicida, porque prescindimos
de aquello que gestionamos. Pues bien, de acuerdo, los políticos nos dedicamos a utilizar el prejuicio sobre aquello que gestionamos y a veces denostamos aquello que gestionamos, en general el sector público, las empresas públicas, la
Administración pública, incluso ministros que han sido de las administraciones públicas.
Habría que preguntarse qué han hecho cuando han sido responsables en esa materia.
Por si no fueran suficientes el dogma y el prejuicio, surgen las obsesiones, en este caso con los ministerios. Miren, señorías del Grupo Parlamentario Popular, tienen que empezar a aclararse sobre el modelo de Estado que quieren. Yo
esperaría de ustedes un intento de mantener un estado autonómico pero un estado sólido. Veo que no, que se apuntan también, como Bauman, al estado líquido y que proponen la supresión de ministerios, la reducción de altos cargos, es decir, quieren
un estado ágil, por no decir un estado banal. Además, lo hacen no porque crean así en el Estado. No lo creo. Creo que ustedes son firmes defensores del Estado y del Estado centralista, pero como se trata de meterle el dedo en el ojo al Gobierno,
como se trata de meterle el dedo en el ojo al partido mayoritario del Gobierno en estos momento, ¡vivan las caenas!, fuera el Ministerio de Vivienda, fuera el Ministerio de Sanidad, fuera todos los ministerios si fuera posible, a no ser que los
ocupemos nosotros. Si los ocupamos
nosotros, ya nos encargaremos de revisar qué ministerio es útil y cuál no lo es. Señorías, las obsesiones pueden servir en lo personal, pero en política no sirven para nada, y en este caso menos todavía ante una crisis como la que vivimos.
Señorías, si llevásemos a cabo estas medidas, si redujésemos aún más el sector público, si redujésemos el volumen del Gobierno, si nuestra obsesión fuese acabar con las empresas públicas, al final la Administración estaría en los huesos y no
habría forma no solamente de gestionar la crisis sino de gestionar la normalidad. Nosotros creemos que hay una salida diferente a la crisis, que no estamos condenados a decidir entre la anorexia y la caquexia, entre la cura de adelgazamiento y la
cura de hambre, que puede haber una salida justa a la crisis en la que discutamos de gastos, sí, pero discutamos también de ingresos para que quien más tiene más contribuya a la salida de la crisis.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
Señores del Grupo Popular, esta iniciativa tendente a reducir de forma urgente el déficit público, a pesar de ser relativamente reciente -no la idea sino reciente en su presentación en el registro-, ha quedado superada por los
acontecimientos. Pasado mañana debatiremos la convalidación de un real decreto-ley aprobado el pasado jueves en el Consejo de Ministros y que recoge las exigencias impuestas por la Unión Europea con el fin precisamente de reducir el déficit
público. Tendremos ocasión, por lo tanto, de proponer todas aquellas medidas que entendamos relevantes para sanear las cuentas públicas y controlar el déficit, un déficit excesivo que pone en riesgo incluso al propio euro.
Me ciño estrictamente a la proposición no de ley que nos trae a debate el Grupo Popular para decir que nuestro grupo está conforme con una parte de la propuesta, pero discrepa seriamente y no está de acuerdo con otra. En la parte expositiva
se describe la cruda realidad que ofrecen los datos.
Efectivamente, en dos años se ha pasado de un superávit de las cuentas públicas a un déficit realmente preocupante, un déficit generado por la profundización de la crisis económica, que ha puesto
en marcha los estabilizadores automáticos -léase prestaciones por desempleo-; también por las políticas anticíclicas adoptadas, como el Fondo de reactivación local, y por las ocurrencias políticas aprobadas por este Gobierno, como la famosa medida
de los 400 euros. Todo ello afecta a la crisis, más la política y los errores del presidente del Gobierno, junto a una administración excesivamente abultada y poco preocupada por la eficacia y eficiencia de las políticas públicas. Todo ello nos ha
llevado a una situación difícil que ni la Unión Europea está dispuesta a consentir. De ahí los recortes que el Gobierno plantea con su real decreto-ley. Nadie duda de que en el futuro inmediato habrá que adoptar más medidas para tratar de superar
la situación.
En este sentido, creemos que las medidas recogidas por esta proposición de ley en sus apartados b) y c), con algunos matices que cabría analizar, van en una dirección acertada. Además, la propia Cámara se ha pronunciado favorablemente en
relación con la adopción de algunas medidas que se proponen. Es ineludible acometer la reducción y reorganización de la estructura del Gobierno y altos cargos, tal y como se ha aprobado en este Congreso en diferentes iniciativas, alguna de ellas,
como bien sabe el señor Posada, de nuestro propio grupo parlamentario. Existe una proposición de ley en tramitación en esta Cámara que plantea la modificación de la Ley del Gobierno con el fin de limitar el número de miembros del Ejecutivo a
catorce ministerios y dos vicepresidencias como máximo; por cierto, iniciativa cuya tramitación hasta el momento había venido siendo paralizada por su grupo parlamentario, que ha apoyado al Grupo Socialista para que la proposición de ley no fuera
para adelante.
Esperamos que a partir de ahora no solo no pongan dificultades para su tramitación, sino que apoyen nuestra iniciativa. Incluso la propuesta de supresión de alguna vicepresidencia y de ministerios como el de Vivienda, cuyas
competencias son autonómicas, que se plantean en el apartado 2 están también en el ánimo de nuestra iniciativa y nos parece correcto.
Sabemos que la eliminación de ministerios no soluciona el problema del déficit y de las cuentas públicas, sería
excesivamente sencillo, pero sí envía un mensaje positivo, tal y como usted ha señalado, de que el Gobierno también está dispuesto a sacrificarse y a hacer un esfuerzo de contención de estructuras y gastos.
Donde discrepamos con el Grupo Popular es en el apartado a), donde se propone reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria en los términos en que ya se aprobó en su día cuando el Partido Popular estaba en el Gobierno y que posteriormente
fue modificada por el Gobierno socialista con el apoyo de la mayoría de los grupos de esta Cámara. Ya debatimos en su día estas cuestiones y no merece la pena reproducir aquí argumentos sobradamente conocidos. La idea de estabilidad a lo largo del
ciclo nos parece razonable. Lo que no nos gusta de ninguna manera es que se establezcan por ley en el Parlamento español techos de gasto y límites para todas las administraciones públicas. Sé que es más fácil, que a algunos de ustedes les gusta el
sistema militar de ¡firmes! ¡ar!, pero ello no responde ni al marco competencial existente ni a la necesidad de consenso y acuerdo que debe imperar en las relaciones interinstitucionales entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Cuando
ustedes señalan que es posible abordar una reforma en profundidad del conjunto del sector público que evite solapamientos, defina bien los límites competenciales y garantice los recursos necesarios para la
prestación adecuada de los servicios públicos, nos parece muy acertado.
Nuestro grupo parlamentario viene haciendo este discurso desde hace muchos años. Sin embargo, tenemos la sospecha más que fundada de que no estamos hablando de lo
mismo cuando nos referimos a los límites competenciales. Sinceramente creo que sería cuestión de aclararlo. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Por ello, nuestro grupo quisiera plantear la votación separada de los apartados a), b) y c),
con el fin de poder votar favorablemente al segundo y al tercero y hacerlo en contra del primero. En el caso de que no se acepte por parte del Grupo Popular la votación separada y haya que votar la totalidad de la proposición no de ley, nuestro
grupo se verá obligado por cuestiones competenciales a votarla en contra.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, hemos escuchado atentamente la defensa de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, que ha sido realizada por el diputado don Jesús Posada, que es al mismo tiempo presidente de la
Comisión de Presupuestos, donde actúa siempre -y lo añadiría como una cuestión personal- como un magnífico presidente de dicha Comisión. Estamos de acuerdo en los conceptos generales que ha planteado en su defensa el señor Posada, en el sentido de
que ha de existir una voluntad importante por parte del Gobierno de encaminar la reducción del déficit público como una de las cuestiones prioritarias y de las políticas económicas que tendría que realizar, al tiempo que debería plantear una serie
de medidas orientadas a la generación y a la confianza para que se pueda dar ocupación a una parte importante de los parados que existen en España, desgraciadamente alrededor de 5 millones.
Estas medidas lógicamente tendrían que estar
complementadas con la generación de confianza para posibilitar la inversión, que a su vez permitiría la creación de puestos de trabajo a corto plazo.
Estos son los aspectos generales que a nosotros nos hubiera gustado que hubiera planteado la moción del Grupo Popular y que consecuentemente fueran acompañados por una serie de medidas para poder asumir este objetivo general, pero el señor
Posada nos propone una cuenta atrás y volver el reloj hacia cuestiones y medidas que en su momento planteó el Partido Popular cuando gobernaba, como es la Ley de Estabilidad Presupuestaria, con la que nosotros estuvimos totalmente en contra e
incluso consideramos la posibilidad real en aquellos momentos de que el Gobierno de Cataluña presentara un recurso de inconstitucionalidad a la misma.
El Grupo Parlamentario Popular nos propone que volvamos a votar la reducción o racionalización de los ministerios y de la Administración General del Estado, cuestión que ya hemos votado cuatro veces en este hemiciclo y las cuatro veces hemos
ganado. En su momento ya anunciamos que no estábamos dispuestos a que el Gobierno perdiera reiteradamente una serie de propuestas que están ganadas y que lógicamente no cumple. Desde esta perspectiva animo a todos los grupos parlamentarios a que
dado que hay una proposición de ley que corresponde al Grupo Parlamentario Vasco, cuyo plazo de enmiendas acaba esta semana, sea aquí donde todos los grupos parlamentarios pongamos el máximo esfuerzo posible a fin de conseguir que esta
racionalización de la Administración pública y esta disminución de ministerios que todos los grupos pedimos en esta proposición de ley queden perfectamente plasmadas en sendas enmiendas de todos los grupos parlamentarios y nos dejemos de volver a
ganar aquí iniciativas sobre las que quizás estemos generando confusionismo en la opinión pública, pues todos sabemos que el reino de los cielos está lleno de mociones y proposiciones no de ley que han sido aprobadas en esta Cámara y que el
Gobierno, en este caso del Partido Socialista y en su momento el del Partido Popular, no cumple. En este sentido les anuncio que nosotros nos vamos a abstener en esta moción en todos los puntos. En caso de que se voten separadamente, lo haríamos
en contra del punto a), que hace referencia a la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y en los demás puntos, dado que son planteamientos reiterativos que ya están votados en esta Cámara y no cumplidos por el Gobierno, animamos a los
diferentes grupos parlamentarios a que centren su atención en la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco para que podamos lograr este consenso que hemos conseguido en la Cámara y que el Gobierno, por cierto, no ha cumplido.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra doña Marta Gastón.
La señora GASTÓN MENAL: Gracias, señor presidente.
Señorías, como ya es casi tradición en el protocolo de actuación del Partido Popular, después de haber tenido una iniciativa suya destinada a reducir impuestos, ahora toca debatir la contraria, debatir acerca de recortes de gasto público
para conseguir un objetivo, reducir el déficit, objetivo que, insistimos, señor Posada, sigue sin cuadrarnos aplicando al mismo tiempo estas dos recurrentes peticiones. Sin embargo, respecto de la intervención que hemos oído por parte del Grupo
Parlamentario Popular debo decir que agradecemos el tono del interviniente, del señor Posada.
Agradecemos el tono frente al
que nos tiene acostumbrados el portavoz de economía, señor Montoro. Quizá, señor Posada, si fuese usted y no el señor Montoro el portavoz económico del Grupo Parlamentario Popular, tendríamos menos confrontación entre todos y más acuerdos y
así responderíamos mejor a aquello que la ciudadanía nos está reclamando.
Señorías, centrándonos en el asunto de la proposición no de ley que nos presenta el Grupo Parlamentario Popular, ¿creemos conveniente formar parte de la zona euro? Desde el Grupo Parlamentario Socialista creemos firmemente que sí. ¿Creemos
conveniente defender el euro compartiendo el compromiso en esta defensa con el resto de los países de la zona euro? Desde el Grupo Parlamentario Socialista, firme y responsablemente, creemos que sí, que esta defensa, este compromiso es también
nuestro deber. Por ello, señoras y señores del PP, una vez salvaguardado nuestro sistema financiero y nuestros ahorros; una vez han sido implantados estímulos fiscales en nuestra economía como en el resto de los países en crisis -por cierto, una
vez tratado de amortiguar en la medida de lo posible el golpe inicial de esta crisis-, no solo compartimos como siempre les hemos dicho el objetivo de reducción del déficit, sino que en este momento compartimos firmemente el compromiso adquirido por
todos los países de la zona euro de acelerar esta reducción. Objetivo compartido.
Voy a la concreción, cosa que permítanme que les diga ustedes no suelen hacer en sus iniciativas. ¿Cómo conseguimos este objetivo? ¿Cómo sumamos al Plan de consolidación fiscal, presentado y aprobado por el Gobierno, que ya teníamos,
15.000 millones de euros adicionales en dicha reducción, en la que se traduce este compromiso de la zona euro, cómo sumamos los 5.000 millones de euros precisos para este año 2010? El real decreto que debatiremos el próximo jueves contiene medidas
que suman esta necesidad.
¿Nos gustan? Comprenderán ustedes que, como socialistas, no, pero lo que nos está proponiendo el Grupo Popular con esta proposición no de ley ¿supone en todo caso una alternativa posible? Ya le decimos, señor Posada, que
no.
Insisten en la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para aplicar techos de gasto a otras administraciones, pero esta vez en la presente iniciativa dan un pasito más. En esta iniciativa lo que piden es volver al déficit cero.
Lo oímos ya la semana pasada en boca del señor Montoro. Esta vez lo reiteran. Entendemos que con el ciclo económico no precisamente a favor, ni este déficit cero nos hubiera permitido aplicar estímulos fiscales para amortiguar en la medida de lo
posible -insisto- el golpe inicial de la crisis ni por ejemplo nos estaría permitiendo aumentar la protección social a los desempleados. Tampoco creemos que en este momento la aplicación de este déficit cero, de la búsqueda de este equilibrio
presupuestario año a año sea más apropiada que una flexibilidad mirando más a medio plazo.
Permítanme además decirles que cuando una lee la letra a) de su PNL, cuando leemos que el Grupo Parlamentario Popular pide -les digo literalmente- trabajo por la consecución de un acuerdo nacional, después de haber visto su reiterada
ausencia de voluntad por llegar a acuerdos, pese a que al mismo tiempo los estaban reclamando -tenemos todavía muy reciente el intento por parte del Gobierno en materia de educación-, señoras y señores del PP, nos parece más bien una provocación por
su parte, dado que nuestra voluntad desde un inicio siempre ha sido la de llegar a acuerdos. Está visto, y la trayectoria así nos lo muestra, quién tiene y quién no tiene esa voluntad.
Ese acuerdo, este compromiso por reducir el déficit público tienen ustedes posibilidad de refrendarlo por ejemplo en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera a través de las comunidades autónomas gobernadas por su partido. Sería
todo un logro que esa petición que ustedes hacen coincidiera con un compromiso en firme después -permítanme que se lo recuerde- de ocasiones perdidas precisamente gracias a ustedes en este ámbito, como la que tuvo lugar en la Conferencia de
Presidentes celebrada hace unos meses, precisamente con el objetivo de reducir el déficit.
El señor PRESIDENTE: Señora Gastón, debe acabar.
La señora GASTÓN MENAL: Acabo enseguida, señor presidente, gracias.
Tampoco, señor Posada, suma en absoluto la alternativa que ustedes plantean con esta proposición no de ley. No concretan mucho ni tampoco cuantifican, pero ni aplicando el recorte a las transferencias de capital a sociedades y entidades
públicas que ustedes nos piden, ni sumando los posibles gastos que se extinguirían con la eliminación de ministerios -que, insistimos, ni eliminarían los gastos de personal funcionario ni de las políticas que contienen los citados ministerios-, ni
recortando más la ayuda al desarrollo como ustedes piden, se consigue sumar los 5.000 millones de euros que estamos citando. Suponen apenas, señor Posada, y usted lo sabe, migajas respecto al compromiso de reducción de déficit.
El señor PRESIDENTE: Señora Gastón.
La señora GASTÓN MENAL: Termino, señor presidente.
Señorías, no es plato de buen gusto hacer recortes y menos los que las circunstancias nos llevan a tener que hacer en este momento, pero estos recortes deben sumar, y ese esfuerzo colectivo que pedimos es duro, sí, pero es el que se hace
necesario para afrontar este compromiso de toda la zona euro, garantizando nuestra estabilidad, nuestra solvencia y nuestro futuro. Usted ha explicado el porqué de esta necesidad en este momento además, y es de agradecer escuchar...
El señor PRESIDENTE: Señora Gastón, debe acabar.
La señora GASTÓN MENAL: Termino ya, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: No, no, ya debe acabar
La señora GASTÓN MENAL: Termino. Simplemente diré que de aquí a dos días debatiremos estas medidas; de aquí a dos días todo este compromiso tienen oportunidad de refrendarlo todos los miembros del Grupo Popular y así avanzar en firme para
salir de esta crisis todos juntos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Don Jesús Posada, si es tan amable, se ha pedido votación separada de parte de su proposición, y es derecho de su grupo aceptarlo o no.
El señor POSADA MORENO: Sí, señor presidente, para eso quería intervenir.
Pedimos votación separada de los tres apartados.
El señor PRESIDENTE: ¿De los apartados a), b) y c) y también del 1, del 2 y del 3, o no?
El señor POSADA MORENO: Es que en lo que yo tengo, creo que solo hay a), b) y c).
El señor PRESIDENTE: Sí, a), b) y c) son justamente los que hay, pero después tenemos 1, 2 y 3.
El señor POSADA MORENO: ¿Dentro del c)?
El señor PRESIDENTE: Dentro del c).
El señor POSADA MORENO: No. Creo que solo a), b) y c).
El señor PRESIDENTE: Separadamente. Muchas gracias, señor Posada. Así se hará.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA DÍEZ), SOBRE LA NECESIDAD DE QUE EL GOBIERNO UTILICE TODAS SUS COMPETENCIAS CONSTITUCIONALES PARA RECORTAR EL GASTO AUTONÓMICO SUPERFLUO EN ORDEN A CORREGIR LAS DUPLICIDADES, LA INEFICIENCIA Y LA FALTA
DE TRANSPARENCIA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y GARANTIZAR ASÍ LA VIABILIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD Y LA AUTONOMÍA DE ESPAÑA. (Número de expediente 173/0000143.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Mixto, de la señora Díez, sobre la necesidad de que el Gobierno utilice todas sus competencias constitucionales para recortar el gasto autonómico superfluo en orden a corregir las
duplicidades, la ineficacia y la falta de transparencia de las comunidades autónomas y garantizar así la viabilidad y la sostenibilidad y la autonomía de España.
Tiene la palabra doña Rosa Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, sin perjuicio de cuáles sean las respuestas en el debate, lo que vengo hoy a proponerles es una cosa bien sencilla. Lo que vengo a proponerles es que pidamos al Gobierno que utilice todos sus instrumentos constitucionales para
introducir disciplina financiera, racionalidad, y terminar con las ineficacias, las duplicidades y las ineficiencias de las comunidades autónomas. Esta es la sencilla propuesta que plantea esta moción consecuencia de una interpelación que se
sustanció la pasada semana. Aunque durante la interpelación que presenté el miércoles pasado el vicepresidente tercero del Gobierno me vino a decir que no se podía hacer más de lo que se estaba haciendo -en el decreto ley que veremos el próximo
jueves se ha incluido alguna cosa que según él no se podía hacer y parecer que se va a hacer-, es bien cierto que la Constitución atribuye al Estado en sus artículos 149.1.13 y 149.14 las bases y coordinación de la planificación general de la
actividad económica, y la competencia exclusiva sobre hacienda general y deuda del Estado. Hay muchos otros artículos de la Constitución, sin citar el 150.3, que atribuyen competencias al Gobierno de la nación, competencias sobre el Estado
autonómico, sin citar -insisto- el 150.3 y sin modificar el Estado actual de las autonomías ni recabar competencias que no le son propias -según el Gobierno de la nación- al propio Gobierno de la nación. No proponemos por tanto cambiar el modelo,
sino que este funcione con mayor eficiencia y con mayor eficacia. No lo proponemos hoy, quizá algún día lo propongamos, pero no es este el debate que hoy les traigo a la tribuna.
Díganme, señorías, ¿puede alguien entender que tengan más capacidad de control sobre el Gobierno de España, sobre España en su conjunto el Ecofin, el Fondo Monetario Internacional o incluso Obama que el que tiene el Gobierno de la nación
sobre las comunidades autónomas? ¿Algún español puede entender esto? No, no lo puede entender, porque de hecho no es eso lo que está escrito en la Constitución. A eso hemos llegado porque el Gobierno de la nación ha decidido no asumir todas sus
competencias, y no intervenir en defensa del Estado, de la eficiencia, de la eficacia y de la sostenibilidad, y a la vez recabar para sí su autonomía. Como he dicho más veces desde esta tribuna nos interesa tanto la autonomía que la recabamos para
el Gobierno de España. De eso es de lo que hoy les quiero hablar.
Les vengo a proponer dos tipos de medidas diferentes. Por una parte, que se utilicen las leyes que hoy están en vigor, y por otra parte, que con las competencias
que tiene el Gobierno de la nación se modifiquen algunas leyes. ¿Qué se puede hacer con las leyes actuales? En primer lugar, que el propio Gobierno deje de incumplir la ley, porque esta establece un tope de déficit de 0,75 para las
comunidades autónomas, más un 0,25 adicional para inversiones, si presentan -dice la ley- un plan extraordinario de inversiones, que todas presentan para poder endeudarse más y luego gastan en lo que les parece, no en inversiones, pues en él suelen
meter inversiones que ya pensaban hacer en el presupuesto ordinario. Pues bien, este año el Gobierno de la nación, como ejemplo, elevó ese tope del 0,75 más 0,25 al 2,5 más 0,25, o sea, les ha concedido 1,75 más de déficit -veremos el jueves el
decreto sobre el déficit-, y eso después de haberles dado a las comunidades autónomas 11.000 millones más en el nuevo sistema de financiación, con las leyes actuales. En segundo lugar, no admitir proyectos de presupuestos que incumplan lo pactado.
Por si el anterior desfase que he citado fuera pequeño, varias comunidades autónomas presentan proyectos de presupuestos que superan esos límites de déficit, y sencillamente no pasa nada: el ministerio no actúa, el Consejo de Política Fiscal y
Financiera tampoco hace ningún plan de reequilibrio, y lo que hay que hacer es que ese consejo haga un plan de reequilibrio, lo que obligaría a las rebeldes, entre comillas, a pedir autorización al ministerio para cualquier operación de deuda a
crédito, y entonces se les podría forzar a modificar sus presupuestos en el momento que necesitasen realizar tales operaciones. O sea, lo que hace el Ecofin con el Gobierno de España, un gobierno soberano. En tercer lugar, analizar de verdad los
planes extraordinarios de inversiones para incrementar el déficit un 0,25 adicional, y verificar que no se desvían esos recursos para financiar gasto corriente y no inversiones. Esto es lo que se podría hacer sencillamente con que el Gobierno
cumpliera las leyes actuales.
¿Qué se podría hacer modificando la normativa, pero no la Constitución ni la distribución competencial ni quitando competencias a las comunidades autónomas? En primer lugar, establecer techos de gasto a las comunidades autónomas. En
segundo lugar, establecer sanciones en caso de incumplimiento del déficit, es decir, lo que hace la Unión Europea para los Estados miembros. En tercer lugar, volver a la normativa anterior en varias cosas, como no negociar bilateralmente, obligar a
obtener superávit siempre que hubiera crecimiento, y en casos excepcionales en que se registrara déficit al liquidar obligación de presentar planes creíbles con medidas creíbles. Y, en cuarto y último lugar, prohibir que el Gobierno pueda proponer
en el Consejo de Política Fiscal y Financiera objetivos que incumplan la normativa por mucho que todos estén de acuerdo. Es decir, que el Gobierno no incumpla la ley aunque se pongan todos de acuerdo en incumplirla. Esto es lo que quiero proponer
en este debate en el que someto a su consideración esta moción. Una moción que, como les dije al principio, tiene un objetivo muy sencillo, una cosa bastante elemental: que el Gobierno de la nación recupere su autonomía como Gobierno, y que ejerza
en España y en relación con las comunidades autónomas, al menos, el mismo tipo de control de disciplina financiera y de control de las ineficacias e ineficiencias al que nos someten el Ecofin o el Fondo Monetario Internacional.
Señorías, les pido fundamentalmente al grupo que sostiene al Gobierno un ejercicio no voy a decir de responsabilidad, bueno sí de responsabilidad, porque no quiero que prejuzguen ustedes que digo que no lo son; les pido en relación con esta
propuesta un ejercicio de responsabilidad y un ejercicio de reflexión desprejuiciada. Les pido que escuchen lo que propongo, y no lo que les gustaría que estuviera proponiendo, para poder combatir lo que no he dicho y poderlo hacer tranquilamente.
Insisto, un ejercicio de desprejuicio; algo tan sencillo como que piensen ustedes que si el Gobierno de la nación no hace esto ahora, por decisión autónoma, lo vamos a hacer dentro de unos meses, porque nos van a dar instrucciones. O sea que por
no hacer lo que debemos hacer, por no tomar decisiones, lo vamos a hacer porque nos van a dar instrucciones. Se lo diré de otra manera, escuchen a los que les hablamos en la lengua común, a los que nos pueden entender sin ponerse el pinganillo
antes de que tengan que cumplir las instrucciones que les den otros que les van a hablar en alemán, en francés o en inglés; antes de que les den instrucciones en otro idioma hagan el favor de escuchar a los que les hablamos en el suyo. Hagan el
favor de escuchar en ese idioma, de reaccionar y de hacerlo en defensa de la autonomía del Gobierno de España; en defensa en definitiva de todos los españoles.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Ramón Aguirre.
El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Es verdad que cuando toma uno la palabra en esta tribuna, al ritmo que van los acontecimientos económicos de este país, tiene que modificar prácticamente la estructura entera de lo que va a decir. No sé si habrán podido ustedes leer hoy el
Boletín Oficial del Estado, pero en una de sus páginas publica concretamente una disposición general relativa al famoso decretazo o zapatazo, como se le quiera llamar, en la que indica lo siguiente: Donde dice 'A partir de la entrada en vigor de la
presente norma y hasta 31 de diciembre de 2011', debería decir 'A partir del 1 de enero de 2011 y hasta 31 de diciembre de 2011'. La corrección de errores está hablando del mundo municipal, y por tanto está hablando de las administraciones
públicas.
Me he ido al diccionario de la Real Academia para saber cómo se define la palabra error, y dice lo siguiente:
concepto equivocado; acción desacertada; cosa hecha erradamente. En definitiva, nuevamente estamos ante una propuesta dentro del mundo de las administraciones públicas que en solo veinticuatro horas se ha demostrado un clarísimo error.
Tanto es así que los ayuntamientos tuvieron que llamar ayer al Gobierno -no Obama ni el presidente chino- y probablemente fueron los bancos los que tuvieron que llamar ayer para corregir este error, porque lógicamente los ayuntamientos estaban
viendo que se estaba produciendo un estrangulamiento y que había que hacer una carrera para coger el tren de financiaciones que tienen necesariamente que cubrir. Los bancos veían cómo se les iban a llenar las carteras de impagados y cómo iban a
perder el negocio de la facturación con los ayuntamientos. Por tanto, estábamos a punto del colapso de las administraciones públicas.
Por eso creo que algo de eso hay en todo lo que le está pasando a la economía española, porque nadie quiere
hablar del hundimiento que se está produciendo en la recaudación vía impuestos, y estamos muy entretenidos evidentemente en hablar sobre el asunto del lado del gasto.
La propuesta que hoy nos ha hecho la diputada Rosa Díez está en la buena dirección. No sé si todas las aportaciones son exactamente las correctas, pero desde luego ha llegado el momento de intervenir directamente para que no haya
duplicidades de defensores del pueblo, organismos consultivos, tribunales de cuentas, instituciones de finanzas exteriores, instituciones de promoción internacional, defensores de la competencia, protectores de datos, canales de televisión,
fundaciones. Sería bueno que produjéramos un adelgazamiento en todo ese gran capítulo de duplicidades.
Por ello sería muy bueno que hiciéramos una apuesta muy concreta para que hubiera un escenario de compromiso en donde, si el Estado se
compromete a hacer una reducción de déficit, las comunidades autónomas se comprometan también a hacer una reducción de déficit, una reducción de deuda, y en definitiva se comprometan a no subir impuestos. Ese es el primer sentido de nuestra
enmienda.
El segundo sería, ya que tenemos en la Administración central un techo de gastos, proponer a las comunidades autónomas que tengan un techo de gastos similar para que todo esté dentro de un escenario de austeridad entre todas las
administraciones públicas, como le han requerido últimamente a los ayuntamientos. Luego decía que había que hacer una operación decidida para evitar solapamientos. Pero también tendríamos que escoltar esta operación decidida para evitar
solapamientos haciendo dos grandes reformas, la reforma de la Ley de Haciendas Locales y la reforma de la Lofca. En definitiva, señorías, creemos que el Gobierno últimamente no quiere oír hablar absolutamente para nada del comportamiento de las
comunidades autónomas; por el contrario sí de los ayuntamientos.
Pareciera que quieren ustedes poner a todos los proveedores y a todos los bancos frente a las puertas de los ayuntamientos con una tamborrada o una cacerolada, y no quieren ni tocar
para nada el compromiso que tienen que tener las comunidades autónomas. Por nuestra parte hemos reproducido el documento que entregamos en las últimas conversaciones para buscar el pacto en Zurbano, y creemos que existen razones hoy más que
fundadas para apoyar estos tres grandes compromisos que acabo de defender en la tribuna.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aguirre.
Turno de fijación de posición. Por Esquerra Republicana tiene la palabra don Joan Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señora Díez, no me extraña nada que quien, como usted, afirma en el manifiesto fundacional de su partido que la igualdad está hoy amenazada en España por culpa de los -cito textualmente- excesos territoriales, y que las
atribuciones del Estado actualmente se han ido desdibujando, que el Estado ha perdido todo tipo de autoridad sobre las comunidades autónomas, por tanto no me extraña nada que quien hace planteamientos tan demagógicos, tan rabiosamente centralistas,
y que además trata simplemente las autonomías como auténticos menores de edad haya presentado una moción tan demagógica como la que estamos discutiendo.
Señora Díez, de entrada le diré que es verdad que la mitad del gasto público es gestionado hoy en día por las comunidades autónomas y también por las corporaciones locales -eso es indudable-, pero a partir de ahí hay un matiz muy importante
que muchas veces se olvida, y que es ver exactamente cómo se realiza este gasto. Por ejemplo, en el caso catalán -es el que yo más conozco- sanidad y educación sumadas se llevan aproximadamente el 45 por ciento del gasto; luego le añadimos la
protección social, y le recuerdo que 3 de cada 4 euros los pagan las comunidades autónomas, por ejemplo, para aplicar la Ley de Dependencia; luego le añadimos la seguridad ciudadana, el orden público, y todo sumado en nuestro caso supera
aproximadamente el 75 por ciento, con un carácter finalista, por tanto irreducible. La pregunta es: ¿qué vamos a hacer con el sueldo de maestros, de policías, de médicos? El 13 por ciento restante es inversión y el 11 por ciento que queda hasta
llegar al cien por cien es pago de la deuda, grosso modo.
Es verdad que se puede ser siempre más eficiente, y por tanto se puede ajustar todo, el sector público estatal y el conjunto de comunidades autónomas y corporaciones locales, pero en el caso de Cataluña la Generalitat ha tenido que soportar
un auténtico estrés, una presión y una demanda asistencial estos últimos años como consecuencia de la incorporación de un millón de nuevos catalanes. El déficit fiscal, como consecuencia del último modelo de financiación, se ha reducido escasamente
un tercio; nuestra ratio de funcionario por mil habitantes es bajísima, solo el 3,5 por ciento de nuestra población activa son funcionarios públicos, a diferencia del 6,6 por ciento, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, por lo
que somos una administración austera. Es verdad que hay otras comunidades autónomas que han optado por otras cosas discutibles, pero no voy a entrar en este juego porque yo vengo a hablar básicamente de mi equipo o, si usted lo prefiere, de
mi libro.
Por tanto, señora Díez, quiero decirle que basta ya de presentar a las comunidades autónomas como si fueran auténticas sanguijuelas casi insaciables que derrochan con desahogada opulencia; basta ya de ese ejemplo recurrente de la acción
exterior de la Generalitat que, por cierto, supone un 0,054 por ciento del total del peso relativo del departamento de Exteriores de la Generalitat, en el conjunto del presupuesto de la Generalitat, y que entre otras cosas ha servido para
internacionalizar la economía, para contratar trabajadores en origen, etcétera. Por tanto, quien hace este discurso, el que hoy le he escuchado desde esta tribuna, señora Díez, es que no cree en absoluto ni en el Estado autonómico ni en la simple
descentralización política. Si usted pudiera creo que iría más atrás, pero más atrás incluso del año 1978 y de la propia Constitución española.
En todo caso, lo curioso es que no haya expresado usted desde aquí el mismo celo a la hora de exigir al Estado que se apriete el cinturón y que se adelgace; no se dice en absoluto que del conjunto del déficit público del conjunto de
administraciones del Estado desglosado, descompuesto, el 9,5 por ciento se lo come todo el Estado central; por contra el 2,2 por ciento pertenece a las autonomías, y solo el 0,5 por ciento a los ayuntamientos o corporaciones locales. Su moción no
nos dice nada del auténtico bazar electoralista que inició en su día el Gobierno socialista del señor Zapatero con el cheque-bebé, los 400 euros, el PlanE, etcétera; no nos habla de la Administración más ineficiente de la OCDE, que es la española,
con un diferencial del 5,7 por ciento del PIB en relación con otros países, o del enorme fraude fiscal, o de la inversión poco productiva de este AVE que a poco que nos descuidemos va a llegar a cada capital, pero no de provincia -no-, de partido
judicial, o de un gasto improductivo, una desviación del gasto este año pasado 2009 de casi 2.200 millones de euros, no solo en gasto corriente, sino también en personal.
El último damnificado -señor presidente, con ello acabo- de esta leyenda
urbana del derroche son los ayuntamientos, que en el cierre del ejercicio 2009 son responsables solo del 6 por ciento del total de la deuda del Estado, y del 0,5 por ciento del total del déficit. Por cierto, a pesar de la corrección de errores de
hoy en el Boletín Oficial del Estado, no van a poder recurrir al crédito a partir del año que viene, no podrán endeudarse a pesar de que todavía hoy no tienen una financiación local digna. Por tanto, ¿cómo van a invertir los ayuntamientos si no
tienen la posibilidad o bien de endeudarse o bien de disponer de una hacienda local digna y en condiciones? Un auténtico desastre.
En todo caso, señora Díez, no solo vamos a votar -ya se lo digo ahora- en contra de este decreto-ley que el jueves va a discutirse en esta Cámara, sino por descontado en contra también de su moción.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra don Aitor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Señora Díez, no es que usted aproveche que el Pisuerga pasa por Valladolid para dar mandoblazos a diestro y siniestro con las comunidades autónomas, sea cual sea la excusa. A usted le da lo mismo que el Pisuerga
pase por Valladolid, dirá que pasa por Almería, por Sevilla o por Ronda. Le da absolutamente igual. Todas sus intervenciones y sus propuestas acaban en lo mismo: leña al mono con las comunidades autónomas que son las causantes de todos los males
que le ocurren al Estado español. Luego, encima, nos viene a decir que con esta propuesta no quiere cambiar el modelo. ¿Que no quiere cambiar el modelo? Le aseguro que la lectura que hace usted y la que se puede hacer de un tranquilo examen de la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional es absolutamente diferente. Además hace usted tabla rasa con todo absolutamente. Las autonomías son las malas y a las autonomías hay que quitarles. Entre otras cosas, creo que el déficit de este país y
el arrostrar la situación económica a la que nos enfrentamos parece que no se va a hacer solo desde la Administración del Estado, se va a hacer también desde las comunidades autónomas, y le voy a decir más, se lleva haciendo desde mucho antes de que
el Estado tomara medidas. Tampoco se puede decir que todas las comunidades autónomas funcionan igual, porque hay y ha habido comunidades autónomas -y usted conoce una muy bien- con un déficit prácticamente cero, sin deuda, y con una buena
administración pública. Por tanto no se puede generalizar y no se puede hacer recaer el peso y solicitar la adopción de medidas genéricamente a todas las comunidades autónomas.
Parece que el Partido Popular le da la razón en su propuesta y le dice que sí, que hay que ir en esa línea, que es una buena dirección. Miren, si hay problemas con las comunidades autónomas y hay algunas que se han desmandado
presupuestariamente creo que la solución es sencilla: sean de verdad partidos que estructuran el Estado, porque Partido Socialista y Partido Popular presumen de eso, pero resulta que si ha habido alguna comunidad que no ha sido muy ortodoxa en el
plano fiscal y en el plano presupuestario no ha sido precisamente una comunidad autónoma que fuera gobernada por partidos diferentes al Partido Socialista o al Partido Popular. Por tanto, la receta la tienen muy fácil, no hace falta cambiar ninguna
norma: instalen la disciplina, el orden y las ideas claras en su partido, y no digan unas cosas por aquí y otras por allá. ¿Que el déficit del Estado es importante? Claro, evidentemente, y hay que hacer frente al desempleo, competencias del
Estado, pero también por responsabilidad del Gobierno, porque en las políticas anticíclicas ha entrado en temas que tampoco le correspondían, como el Fondo de reestructuración local, en temas locales; ese dinero se hubiera gastado o no se hubiera
gastado de
esa manera o de otra manera, si es que la decisión y los fondos hubieran sido locales. No lo sé, es una decisión que toma el Gobierno, y que por tanto asume que va a tener un problema mayor de déficit. Y por políticas electoralistas que no
viene a cuento repetir, porque todos las conocemos, de un criterio un día y otro también, concediendo unas ayudas, unas desgravaciones, etcétera, aquí y allí, sin ton ni son; pero en la capacidad de decidir el presupuesto, como todos: no es que en
el Estado esté más restringido. El presupuesto marca unas líneas y a partir de ahí muchas de esas partidas están ya fijadas, y cuanto menos dinero haya evidentemente menor es el margen para hacer políticas más discrecionales.
Usted nos dice que se supriman los servicios públicos que en la práctica dupliquen la función de agencias estatales activas. ¿No habrá agencias estatales que dupliquen las funciones que les corresponden a las comunidades autónomas? Porque
eso puede pasar perfectamente también. No, pero usted solo apunta a las comunidades autónomas como duplicadoras de... (La señora Díez González hace gestos negativos.) Le estoy leyendo literalmente lo que pone en su propuesta. Gastos superfluos de
las comunidades autónomas supongo que serán las prestaciones sociales, las carreteras, la sanidad, la educación y las competencias que son de las comunidades autónomas, competencias en las que entra el Gobierno, algunas de ellas sin que tenga las
competencias, y para las que gasta dinero, sin que tenga las competencias, y nos dice que sin modificar la Constitución ni los Estatutos de Autonomía. Esto no es así. Los artículos que usted -acabo, señor presidente, pero necesito un minuto más-
cita para pedir que se quiten competencias a las comunidades autónomas los han debido de hacer en una tómbola, porque desde luego podía haber citado el 32 o el 31, da lo mismo. Me cita usted el 103.1. Sí, sí, el 103.1, y le voy a decir más: el
128.1 y el 131.1, que no tienen nada que ver con ninguna capacidad del Estado para quitar competencias; el 149, bases y coordinación de la planificación general económica; el 14, hacienda general y deuda del Estado, de la Administración del
Estado, y luego nos cita la Loapa. Por cierto, en el 150 hace falta mayoría en el Congreso y en el Senado. Sí, léase la Constitución, que me la sé yo mejor que usted.
Si curiosamente yo estoy defendiendo la Constitución en este estrado, y usted
es la que quiere subvertir todo el orden constitucional con las propuestas que hace. Así es. Ahora viene la madre del cordero y con esto acabo. Dice que se apliquen estas medidas que usted propone y que entonces se deje sin efecto la congelación
de pensiones y la bajada de sueldo de funcionarios. O sea, bajada de los sueldos de funcionarios, no, pero sí echar a la calle a un montón de funcionarios suprimiendo servicios y competencias que tienen las comunidades autónomas. En vez de bajar
el sueldo, aumentar el paro. No tiene ni pies ni cabeza su propuesta. Es una más de lo mismo, y desde luego desde una lectura puramente de la jurisprudencia constitucional es inadmisible.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra don Pedro Sánchez Pérez-Castejón.
El señor SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el ataque a la España de las autonomías es un debate antiguo, tan antiguo como aquellos que nunca creyeron en el Título VIII de la Constitución española. Lo malo es que siempre que atacan los de siempre a la España de las
autonomías lo hacen con argumentos cargados de retórica, pero con muy poca sustancia, y por cierto con la vehemencia, señorías, del converso, como ha hecho hoy la señora Díez. Porque converso es, señorías, quien critica hoy lo que defendía ayer, y
a usted hoy, señora Díez, le parece un despilfarro la acción exterior de las comunidades autónomas. Yo he tenido la molestia de leerme el informe que presentó su partido, UPyD, hace unas semanas en relación con ese supuesto despilfarro de las
comunidades autónomas, y efectivamente en ese momento ustedes decían en ese documento que la acción exterior de las comunidades autónomas era perfectamente un gasto prescindible; pero es que usted se olvida, señoría, de que en 1994, siendo
consejera de Turismo del Gobierno vasco, gastó usted -y aquí tengo el recorte de prensa- más de 110 millones de las antiguas pesetas en organizar cinco viajes al extranjero con un amplio séquito de personas, al menos trescientas personas en el total
de esos cinco viajes al extranjero. (Aplausos.) Usted se olvida de ello, señoría. Yo se lo recuerdo. Cuando acusaban a la señora Díez de un supuesto despilfarro, la consejera de Turismo por entonces, la señora Díez, contestaba que si no viajara
haría mal su trabajo. Yo no pongo en duda, señora Díez, que esos gastos sean o no necesarios, ni tan siquiera entro a valorar si puede hacerse mejor o peor un trabajo con un mayor o menor número de séquito. No voy a entrar en ese debate, señoría.
Ahora, lo que sí le exijo es no hacer un ejercicio de doble moral, criticando hoy lo que ayer defendía con tanto ahínco. (Aplausos.) Eso, señorías, no se puede aceptar. Por tanto, seamos serios. Aquí, antes, el portavoz de Esquerra Republicana lo
ha dicho. En torno al 95 por ciento de los presupuestos de las comunidades autónomas, señora Díez, se destina a servicios esenciales, a la educación, a la sanidad, a la seguridad, a la protección civil, a la justicia, a los servicios sociales, a la
cultura, al urbanismo, todas políticas necesarias, señora Díez ¿O no? Si mira cuál es la media del gasto que esos presupuestos autonómicos destinan a la alta dirección y a la acción exterior de esas comunidades autónomas, es solo el 0,7 por ciento
del presupuesto de media de las comunidades autónomas, señoría. Es el chocolate del loro. Por tanto, no hagamos demagogia. ¿Que por supuesto hay que corregir duplicidades, si las hubiera? Perfecto, lo apoyamos. Nunca van a ser esos 26.000
millones de euros que usted dice que despilfarran las comunidades autónomas. ¿Que todas las administraciones deben reducir gasto? Llega usted tarde,
señoría. ¡Si ya lo estamos haciendo! ¿Qué es, sino, el acuerdo impulsado por el Gobierno de España en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y en la Comisión de Asuntos Locales para, entre otras cosas, garantizar la
sostenibilidad de las cuentas públicas en el período 2010-2013? ¡Claro que el Gobierno está haciendo ese papel de coordinador y de controlador del gasto público de todas las administraciones, de la general, de la autonómica y de la local!
El problema de la España autonómica es otro bien distinto. Tiene mucho que ver con la falta de lealtad de algunos responsables políticos. Porque cuando el señor Camps bloquea la Ley de Dependencia, cuando la señora Aguirre bloquea las
ayudas a la rehabilitación y cuando los presidentes autonómicos del Partido Popular en la última Conferencia de Presidentes Autonómicos, celebrada en diciembre del año pasado, rechaza un recorte del gasto público propuesto por este Gobierno, eso no
es problema de la España de las autonomías, señorías. Es un problema de falta de lealtad y de sentido de Estado de los gobiernos del Partido Popular. (Aplausos.) Cuando estamos hablando de despilfarro, no es un problema de la España de las
autonomías, son unas razones mucho más prosaicas. Cuando el señor Camps trocea contratos, los infla y los vuelve a trocear para beneficiar a una red corrupta de empresas, ese no es un problema de la España de las autonomías. Es por descubrirse que
Juan sin Miedo cuidaba muy bien a sus amiguitos del alma. (Varios señores diputados: ¡Muy bien! ¡Muy bien! -Aplausos.) Y cuando la señora Aguirre monta una gestapillo con dinero público, no es por culpa de la España de las autonomías, señorías,
sino porque quería espiar a sus compañeros de partido.(Aplausos.) Y cuando el señor Matas, ejemplo para el señor Rajoy según las declaraciones, triplica el presupuesto para la construcción de un velódromo, no es por culpa de la España de las
autonomías, señorías, es por culpa del nepotismo de algunos presidentes autonómicos. (Aplausos.) Ese es, señorías, el problema de la España de las autonomías. (Aplausos.)
Termino, señor presidente. Nosotros no vamos a aceptar que se enmiende a la totalidad un éxito colectivo de nuestra historia democrática como es la España autonómica. Solo les voy a dar un dato. En los últimos veinticinco años los
españoles hemos visto reducida la diferencia de renta per capita en un 35 por ciento. Eso ha sido gracias a la España autonómica, y con esto termino, señor presidente, y también y muy especialmente al trabajo y al compromiso de muchos y buenos
presidentes autonómicos, singularmente los socialistas a los cuales quiero reconocer hoy aquí su trabajo.
Muchas gracias. (Aplausos.-Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez Pérez-Castejón.
Señora Díez, ¿acepta S.S. la enmienda presentada para la votación?
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: No, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA FALTA DE COMPROMISO DEL GOBIERNO CON EL MANTENIMIENTO DEL PODER ADQUISITIVO DE LAS PENSIONES. (Número de expediente 173/000144.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Popular sobre la falta de compromiso del Gobierno con el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. Para la defensa de la moción tiene la palabra don Tomás Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: Señor presidente, señorías, esta moción pretende garantizar el cumplimiento del Pacto de Toledo, respetarlo y consolidarlo. Uno de sus elementos claves, desde la firma en 1995, fue garantizar el poder adquisitivo
de las pensiones de los españoles. A eso respondió el acuerdo con los agentes sociales de 1996 y la Ley de Seguridad Social de 1997, que por primera vez en España de forma estable garantizó el derecho a la revalorización anual y automática de todas
las pensiones conforme al IPC. Eso se reafirmó también en 2003. Este Pacto de Toledo está vigente y obliga a este Gobierno, salvo que lo dé por muerto.
Fue un gran paso aquel para garantizar la tranquilidad de los pensionistas, un paso que ahora
se pone en entredicho, es desatendido, es negado de forma unilateral, irreflexiva y tajante por el Gobierno. Es una contradicción flagrante entre lo que se ha dicho enfática y solemnemente hasta hace pocos días y a sabiendas de que violenta y
descompone el mayor acuerdo social desarrollado en la España de la democracia: el Pacto de Toledo. De hecho, es un desafío en toda regla a la propia pervivencia de ese pacto.
Apelamos a los grupos parlamentarios para defender los principios del Pacto de Toledo y exigir su cumplimiento porque es una conquista de todos, es patrimonio social de todos los españoles y seña de identidad de nuestro sistema de protección
social. Perderemos todos, señorías, si dejamos que este Gobierno lo incumpla de forma tan palmaria. El recorte anunciado es una injusticia y una arbitrariedad para millones de pensionistas, víctimas sociales de un gobierno que no mantiene ni
coherencia ni planificación alguna en sus decisiones, un gobierno que en sí mismo es el mayor factor de desestabilización y desconfianza que tenemos en la España de hoy en día. Claro que el ajuste económico es una necesidad, pero pueden encontrarse
soluciones alternativas para recortar estos 1.500 millones de euros en un sector público claramente sobredimensionado. Es lo que están haciendo Italia o Gran Bretaña en estos mismos momentos con reducciones de sus déficits sin machacar derechos de
los ciudadanos. Eso puede y debe hacerse también en nuestro país. El discurso gubernamental sostenía hace bien pocas fechas que la Seguridad Social
tenía una salud de hierro y que la crisis no tendría efecto alguno en las pensiones. ¡Qué gran pirueta hay que hacer ahora para sostener exactamente lo contrario y defender un tajazo en las pensiones de los españoles! Señorías, todo nuestro
sistema está diseñado para no perjudicar los derechos económicos de los pensionistas y todo el sistema se pone en cuestión si se actúa contra eso. Lo que el Gobierno ha aprobado no encuentra excusa ni acomodo alguno en los elementos que configuran
nuestro sistema de pensiones. La decisión arbitraria de no revalorizar las pensiones como elemento de ajuste del déficit es, además, contraria a los principios de nuestra Seguridad Social, es un acto injusto e improcedente. Señorías, muchos de los
pensionistas de hoy, la mayoría, cargan sobre sus espaldas con un gran coste; muchos desarrollaron vidas laborales muy duras, muy amplias, con procesos de reconversiones y ajustes industriales que penalizaron sus pensiones, con cotizaciones a veces
insuficientes en algunos regímenes y con derechos poco proporcionales a sus esfuerzos. Ya se les penalizó en el pasado y ahora se les quiere penalizar de nuevo y hacerles responsables, apelando además a su responsabilidad con el futuro. No es de
recibo, no tenemos derecho a hacerlo, no lo tiene este Gobierno y, desde luego, no lo va a tener con el apoyo del Grupo Popular. En estas condiciones, con un 84 por ciento de nuestros pensionistas que reciben pensiones inferiores a los 1.000 euros,
con una pensión media en España de poco más de 770 euros, con estos datos, señorías, el Gobierno, en lugar de atajar sus propios excesos, decide adelgazar las pensiones de los españoles.
Decimos que no, que las pensiones deben revalorizarse en todo caso, que ese es el compromiso del Pacto de Toledo, que no debe incumplirse, que no debe enterrarse, acabando con muchos años de garantías, que no puede despreciarse sembrando
nuevas dudas e incertidumbres. El Pacto de Toledo cerró precisamente un compromiso para que los pensionistas fueran protegidos de las circunstancias coyunturales y pudieran gozar de tranquilidad y de estabilidad en sus percepciones. ¿De qué sirve
tener un pacto, acuerdos sociales o leyes para proteger a los pensionistas de coyunturas adversas si luego se apela a estas para dejar todo ello en suspenso? Denunciamos, por tanto, el incumplimiento del Pacto de Toledo y con esta moción queremos
sumar voluntades para rescatarlo porque los pactos están para cumplirse, no para disponer de ellos una y otra vez al antojo del Gobierno. Dirán que es una medida coyuntural para un solo año y será falso. Dirán que los pensionistas no perderán
poder adquisitivo en la legislatura y será falso. Dirán que el recorte no llegará a todos y eso será lo más falso de toda su argumentación porque es un agravio comparativo para muchos pensionistas con prestaciones escasas, aunque no sean mínimas,
que a ellos sí se les congelen sus pensiones, a ellos que han cotizado, que han aportado y que han hecho un enorme esfuerzo contributivo a lo largo de su vida.
Señorías, en este destrozo social lo peor encima es hacer apología de la no cotización. Eso es todavía mucho más grave que el resto de las propuestas. Como para nosotros las pensiones no son cualquier cosa, como son las políticas de la
seguridad y la tranquilidad, son políticas de la confianza y el agradecimiento por el esfuerzo realizado durante vidas enteras y son políticas de honesta correspondencia con sacrificios y penurias realizados y sufridos por nuestros mayores, porque
son todo eso, por eso recortar aquí nos devalúa como sociedad, nos hace retroceder, nos hace peores y nos hiere.
Solicitamos, señorías, su apoyo a esta moción por altura ética, por compromiso y, ¿por qué no decirlo?, también por vergüenza, porque mide lo que valemos como comunidad. Son las razones ideológicas del señor Zapatero las culpables de
hacernos llegar a esta situación. Que hoy nuestros diferentes puntos de vista políticos no nos impidan convenir una defensa cerrada, clara y firme de un elemento clave en nuestro sistema de protección social. Demos un firme agarradero de seguridad
a muchos millones de españoles que ya lo dieron todo por este país en otros momentos, que no siempre fueron bien tratados y que esperan que la España de hoy sepa protegerles y considerarles como se merecen.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Burgos.
Para la defensa de la enmienda por el Grupo de Esquerra Republicana tiene la palabra don Gaspar Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Anuncio en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds nuestro respaldo a esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular -esperamos que no sirva de precedente- y respaldamos sobre
todo el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones de los españoles. La medida adoptada por el Gobierno es una medida en su texto injusta. Hace recaer la crisis sobre los más débiles, sobre los pensionistas, sobre los funcionarios, sobre
el sector público, que no han provocado la crisis en nuestro país.
Esta medida además, en su gesto adusto y amargo, es una medida autoritaria, señorías, porque no se puede venir ahora a decirnos que por responsabilidad nos tenemos que sumar a esta
medida adoptada por el Gobierno tras una reunión del Ecofin. Si el Gobierno acepta la humillación de esta imposición, la Cámara no acepta la humillación de la imposición del ajuste sobre los más débiles, sobre nuestros pensionistas.
Y esta medida
es también un símbolo, es el sacrificio del sistema de pensiones ante la voracidad de los mercados. Es un símbolo de pleitesía ante los mercados que nosotros creemos que el Gobierno no debería haber hecho nunca.
La primera pregunta es: si se trata de contribuir a reducir el déficit público, ¿qué tiene que ver el sistema de pensiones con la reducción del déficit público? ¿Qué tiene que ver, señorías? Ustedes mismos han dicho en esta Cámara en
múltiples ocasiones que el sistema de pensiones tiene superávit -en la actualidad más de 60.000 millones de euros y este mismo año va a tener un billón de las antiguas pesetas de superávit-; superávit con el que nos permitimos incluso apoyar la
supervivencia de las empresas. La pregunta es, si esta medida injusta y discriminatoria con los pensionistas no tiene ninguna relevancia para el déficit público, ¿por qué lo hacen? No lo hacen, señorías, porque esta medida pueda contribuir a
contener el déficit. No lo hacen por distribuir el esfuerzo para salir de la crisis. Lo hacen solamente para presentar el ataque al sistema de pensiones como un tributo a los mercados porque además este tributo se presenta por segunda vez. Ya lo
hicieron ustedes en el caso del retraso de la edad de jubilación a los 67 años. Nadie se lo pedía, quizá solamente el síndrome de Davos. Pues bien, ahora la segunda vuelta de tuerca es la no revalorización del sistema de pensiones que, repito, no
influye para nada en el déficit público, sino que es un gesto autoritario y es, además, un símbolo de sacrificio del sistema del bienestar ante los mercados.
Señorías, ¿por qué un gesto autoritario? Porque con esta medida, medida que además adoptan de manera súbita, eluden ustedes un valor fundamental.
No es verdad que el Pacto de Toledo, como decía hoy un compareciente en el Congreso de los
Diputados, signifique solamente sacar las pensiones de la confrontación política. No es verdad. El Pacto de Toledo es un compromiso de mantenimiento y de apoyo al sistema público de pensiones, y un compromiso, asimismo, de que las modificaciones
de un sistema delicado lo serán por consenso. Señorías, ustedes rompen el consenso, de manera unilateral se cargan un valor fundamental en defensa del sistema de pensiones. Es que además, y por eso nuestra enmienda, ustedes rompen también con la
concertación social. Lanzan un mensaje a la concertación social de falta de credibilidad porque ustedes incumplen los acuerdos de 2006 en torno a la jubilación parcial.
Por estas razones, por un texto injusto, por un gesto autoritario y por un símbolo de pleitesía ante los mercados y de desprecio a los ciudadanos, votaremos en contra del decreto y votamos favorablemente el mantenimiento del poder
adquisitivo de las pensiones.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Mixto, en primer lugar, tiene la palabra don José Luis Perestelo.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, brevemente para afirmar hoy aquí en el Congreso de los Diputados que Coalición Canaria mantiene su compromiso con el Pacto de Toledo.
Entendemos que es un símbolo de los acuerdos políticos, que es un espejo en el que en estos
momentos debiéramos mirarnos las fuerzas políticas ya que no hemos sido capaces en momentos difíciles, en momentos de crisis, de aunar esfuerzos y compromisos como lo que significa el Pacto de Toledo. Por tanto, señorías, ese compromiso con el
Pacto de Toledo también es un compromiso con los más desfavorecidos y es un compromiso también con los pensionistas. Por eso compartimos los criterios del Grupo Popular en esta iniciativa y vamos a votar favorablemente esta moción.
Creemos que ese
compromiso hay que cumplirlo y que es, como decía, el símbolo del acuerdo político y nosotros hoy aquí en el Congreso de los Diputados, desde Coalición Canaria, ratificamos este acuerdo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Perestelo.
Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Bloque Nacionalista Galego va a votar favorablemente la moción del Grupo Popular, del mismo modo que vamos a votar en contra del real decreto que se va a debatir el jueves y que modifica los artículos 48 y 27 de la Ley del
sistema de la Seguridad Social. Lo vamos a hacer porque nos parece que el Gobierno con esa decisión de modificar estos artículos vulnera no solamente el derecho de los pensionistas a garantizar el poder adquisitivo, como se recoge en la
recomendación 11 del Pacto de Toledo, sino que el Gobierno vulnera un valor en sí mismo como es el diálogo. Lo decimos porque si en su momento el Pacto de Toledo sirvió para garantizar una serie de derechos a los ciudadanos y ciudadanas, y
concretamente a los pensionistas como dice este apartado, resulta que el Gobierno, que se ha amparado en muchísimas ocasiones en el Pacto de Toledo cuando desde diferentes grupos parlamentarios pretendíamos alguna modificación en la Ley de Seguridad
Social, lo que hace en esta ocasión es pasar olímpicamente de ese Pacto de Toledo, tomar una decisión por su cuenta, resolver aquello que había que hacer a través del diálogo y por tanto de una negociación que procurara acuerdos, por la vía del
decreto, aunque sea como en este caso un decreto-ley.
Señorías, después de lo que ha decidido el Gobierno en relación con las pensiones, nos preguntamos: ¿qué más va a hacer en el futuro el Gobierno, incluso en aquellas cuestiones que están recogidas como garantía de los derechos en ese Pacto
de Toledo? Lo que vemos de grave en la decisión del Gobierno en relación con estas pensiones no es tanto la cuantía, a lo mejor diez euros al mes a muchos de los pensionistas. No es eso, sino justamente que el Gobierno decida reducir el déficit
que se ha elaborado o adquirido con una serie de políticas
que no son precisamente sociales y que de alguna manera se pretende reducir yendo al fondo de las políticas sociales y sobre todo de los más desfavorecidos. Desde luego, señorías, no podemos admitir que se diga que se garantiza el poder
adquisitivo de las pensiones mínimas porque entonces nos preguntamos: ¿dónde está la diferencia entre una pensión de 700 euros y una pensión de 800 euros? Por tanto no podemos compartir esos criterios con el Gobierno, pero sobre todo nos preocupa
qué va a pasar y para qué sirve que sigamos hablando del Pacto de Toledo y trabajando en la reforma o en la revisión del Pacto de Toledo si resulta que el Gobierno va a hacer por su cuenta lo que le da la gana sin tomar en consideración la posición
de los grupos políticos ni la de los agentes sociales ni en absoluto nada de lo que en este momento en el Pacto de Toledo se garantiza.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) tiene la palabra don Emilio Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías.
Hay que avanzar con cohesión social y con protección social. Reafirmo que tenemos que hacer ajustes presupuestarios. Sí. Tenemos que hacer el máximo esfuerzo de austeridad. Sí. Pero desde luego mientras yo sea presidente del Gobierno
-no es mi caso, señor presidente, es una reflexión alegórica-, mientras yo sea presidente del Gobierno, las políticas sociales no tendrán recortes. Las pensiones no tendrán recortes. La dependencia no tendrá recortes. Las becas no tendrán
recortes. Las ayudas a la educación no tendrán recortes.
Son reflexiones hechas por el presidente del Gobierno, señor Rodríguez Zapatero, en el anteúltimo mitin que se le conoce, el de fecha 21 de febrero de 2010. En el último, el de anteayer en la ciudad de Elche, dijo exactamente lo contrario
el señor presidente del Gobierno. Y en este contexto, en esta coyuntura económica, señor presidente, yo no sé hasta qué punto intentar saber cuándo decía la verdad el presidente del Gobierno es una reflexión intelectual que puede conducir a la
melancolía.
En todo caso lo que sabemos es que las pensiones van a ser objeto de congelación y que la congelación, en expresión o parafraseando al profesor Barea -es una persona que conoce esta materia perfectamente-, no es más que un eufemismo
generoso que sustituye la expresión real que es amputación, es reducción, es minoración de las pensiones.
Señor presidente, el valor de las reflexiones hechas en los mítines es un valor que nosotros hemos relativizado siempre, valen lo que valen y no vamos a fundamentar nuestra posición política sobre este tipo de reflexiones; pero sí lo vamos
a hacer, en primer lugar, sobre los incumplimientos de pactos; y de un pacto, el Pacto de Toledo, el más importante de la historia democrática del Estado español, el único que se ha podido consolidar en la historia democrática del Estado español;
suscrito por, y en el que participan activamente, todos los grupos parlamentarios y cuyo fin -el señor Llamazares lo ha dicho perfectamente- no es evitar que las pensiones sean objeto de utilización partidista para obtener fáciles réditos
electorales sino buscar mecanismos consensuados para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones.
Hay un doble mandato ante la congelación de las pensiones que se incumple en relación con el Pacto de Toledo o dos mandatos que se incumplen en forma de tracto sucesivo. El primer Pacto de Toledo -suscrito en el año 1995-, de cuyo naufragio
solo seguimos en esta Cámara el señor Aparicio, al que veo allí, y yo mismo, ya proclamaba o preconizaba en su recomendación 11 que el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones se sostenía en la necesidad de garantizar el mantenimiento
del poder adquisitivo de las mismas mediante la revalorización automática en función del índice de precios al consumo. Este es el primer acuerdo del Pacto de Toledo del año 1995, recomendación 11. Esta recomendación ha sido objeto de una reflexión
ex novo, se ha recompuesto, se ha reconfigurado el Pacto de Toledo y en el año 2003 la recomendación 2 del mismo establecía también lo mismo que la recomendación 11 del Pacto de Toledo aprobado en el año 1995: La revalorización de las pensiones se
hará de forma automática utilizando como criterio referencial el incremento de precios al consumo. De nuevo la congelación propuesta o anunciada por el presidente del Gobierno contradice un pacto que es el más importante de la historia democrática
del Estado español, el único que ha pervivido, el único que se ha consolidado y en el único en el que se pueden sintetizar las opiniones de todos los grupos parlamentarios presentes en esta Cámara. No solo estamos ante un incumplimiento de pactos
políticos de la relevancia de los que estoy mencionando, señor presidente, sino que cuando se afirma que se van a congelar las pensiones de jubilación específicamente se está incumpliendo también la legislación ordinaria, se está incumpliendo una
previsión de la Ley General de la Seguridad Social, en concreto el artículo 48 del Real Decreto Legislativo 1/1994; artículo 48 que se refiere a la revalorización de las pensiones igualmente.(La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la
Presidencia.) Este artículo 48 es el único que se refiere a la modificación de la cuantía de las pensiones. Que se rotule como revalorización ya indica que en la opinión del legislador en el ámbito de la Seguridad Social, con relación a las
pensiones el concepto único a utilizar es el de su incremento, el de su revalorización con fórmulas algorítmicas previstas en el artículo 48 del Real Decreto Legislativo que hemos citado, el 1/1994, y utilizando también como elemento referencial el
índice de precios al consumo.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Olabarría, por favor.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo ya.
Cuando se afirma por último, señora presidenta, que se van a congelar las pensiones se está modificando, se está subvirtiendo la propia Constitución española y los contenidos esenciales de dos preceptos -los artículos 41 y 50 de la
Constitución- que establecen un principio que es el denominado principio de irregresividad y que impide que cualquier reforma del sistema o de la cuantía de protección del sistema en el ámbito de cualquier contingencia solo puede hacerse
incrementando la protección de dicha contingencia y, en este caso, la contingencia de jubilación. Dicho esto, señora presidenta,...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo con estas palabras.
¿Cuántos más incumplimientos tienen que concurrir para que sepamos qué va a ocurrir en relación con el futuro de las pensiones? Seguramente tendremos que esperar hasta el próximo jueves, a la convalidación del real decreto-ley que allí se
hará.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
El señor Burgos ha presentado y defendido una moción que tiene un contenido impecable y que... (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Un momento, señor Campuzano. Por favor, señorías, ¿pueden tener las conversaciones en un tono más bajo? (Continúan los rumores.) Señorías, va por todos.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Decía que el señor Burgos ha defendido una moción con un contenido impecable. Si uno repasa los textos del año 1995 del Pacto de Toledo verá que se afirmaba: Es criterio de la ponencia que debe de
garantizarse el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones mediante la revalorización automática de las mismas, en función de la evolución del índice de precios al consumo. Y si uno repasa el Pacto de Toledo del año 2003, verá que el
texto también es clarísimo: La Comisión defiende el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas garantizado por ley.
Señorías, lo que hoy nos plantea el Grupo Popular es la reafirmación del compromiso de todos los grupos de la Cámara con la que es quizás la más importante de las recomendaciones del Pacto de Toledo, pensada y diseñada para los pensionistas
de hoy. Decíamos que el Pacto de Toledo es un compromiso de consenso para reformar el sistema pensando en el futuro. Si uno repasa la mayor parte de esas recomendaciones verá que van en esa dirección. De las recomendaciones del Pacto de Toledo
pensadas para los pensionistas de hoy, quizás la más clara, la más significativa, es esa.
Por tanto, en coherencia con el Pacto de Toledo, Convergència i Unió debe votar favorablemente a esta moción del Grupo Popular. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
Leímos el debate que mantuvo el señor Burgos con el señor Corbacho y no vimos en él ninguna razón, ningún argumento por parte del Gobierno que explicase por qué en el contexto de este recorte se debe castigar a los pensionistas. No se dio
ninguna razón. Si además uno se sitúa en la realidad de nuestro sistema público de pensiones, con un gasto cercano al 9 por ciento del PIB, en la realidad de nuestras pensiones medias, en la realidad de nuestras pensiones mínimas, asumirá que el
sistema de pensiones no forma parte de la crisis, no forma parte de los problemas que explican el déficit público en España. Es más, en el anuncio del Gobierno en su momento y en el contenido del artículo 4 del real decreto que aprobó el pasado
jueves el Gobierno parece decir que el sistema de pensiones forma parte de los problemas que tiene planteados la economía española, que exigen un ajuste de estas características. Señorías, han hecho ustedes el peor favor que se puede hacer al
sistema público de pensiones que el Pacto de Toledo pretende preservar, porque sitúan el sistema de pensiones como culpable de la crisis en la que estamos instalados, y esa es una cuestión que no podemos pasar por alto. Hoy, previsiblemente,
señorías, el conjunto de los grupos va a apoyar esta moción del Grupo Popular, que debe obligar al Gobierno a rectificar y a esta Cámara a asumir sus responsabilidades en las próximas semanas y meses en relación con esta cuestión. A esto se añade,
señorías, el hecho de que en la práctica los pensionistas han recibido ya un recorte de sus pensiones por la desaparición de la deducción de 400 euros que había aprobado el Gobierno en la anterior legislatura, en un contexto de incremento del IVA a
partir del mes de julio, que llevará a que la capacidad adquisitiva de estos pensionistas continúe disminuyendo este año y más el año que viene. Además, señorías, cuando uno observa que la pensión mínima de viudedad está en 587,80 euros, se da
cuenta de que con ese planteamiento vamos a condenar a todas esas viudas que cobran 590, 600, 700 u 800 euros. Ustedes han legislado ese recorte desde la indiferencia hacia las personas, sin importarles lo que les suceda.
He de terminar, señorías. Solo quiero pedir al Grupo Socialista que después de este recorte y de esta voluntad de congelar las pensiones dejen de dar lecciones al conjunto de los grupos de la Cámara sobre política social. Afirmó el
presidente del Gobierno desde esta tribuna que a él le sabía muy mal, que quizás le sabía peor que al resto de los diputados. Señorías, al señor Zapatero no le sabe peor que a las 349 personas que nos sentamos en esta Cámara. Ustedes, por ser
socialistas, no tienen
patente de corso en las políticas sociales. Con la decisión de la congelación de pensiones ha quedado demostrado, y su política lo que hace es poner en riesgo el futuro de nuestro sistema del Estado del bienestar, porque aquello que permite
mantener y desarrollar el Estado del bienestar es la ocupación, la generación de empleo, la creación de empresas que generen ocupación. Eso es lo que hoy ustedes no están siendo capaces de resolver.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra doña Isabel López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señor presidente.
Señorías, vamos a hablar del Pacto de Toledo, porque creo que todos los que han subido a esta tribuna a lo largo de esta legislatura interpretan el Pacto de Toledo como los curas interpretan el catecismo, según les viene el aire. Porque,
claro, ir contra el Pacto de Toledo era la propuesta que hace dos semanas hemos debatido aquí y al final el Grupo Socialista ha mantenido la posición.
El Grupo Socialista defiende esta medida con el Pacto de Toledo y dentro del Pacto de Toledo. Señorías, les recomiendo que se lo lean bien, porque el Pacto de Toledo es la recomendación 12, pero también es la recomendación 13, donde habla
de la actualización de la solidaridad y la garantía de eficiencia; y en estos momentos estamos hablando de eso. Pero aquí hay dos cuestiones. Todos estamos de acuerdo en que estamos viviendo una crisis a nivel mundial, igual que todos los demás
países, pero en nuestro caso está agravada con dos causas muy fuertes: una, por culpa del ladrillo, que es la consecuencia de una reforma de la Ley del Suelo de 1998 y, dos, por culpa de una oposición como la que tenemos, que bajo la
irresponsabilidad de hacer lo que quiere cuestiona el Estado de bienestar y cuestiona todo el Estado, porque cuanto peor, mejor; eso es lo que le va al Partido Popular. Si no, no se entendería cómo en lugar de plantearnos alternativas se dedican,
desde el presidente Aznar hasta la última comparsa del Partido Popular, a ir por el mundo cuestionando la estabilidad de España y cuestionando la fiabilidad de nuestro sistema.
(Aplausos.) Ese es el problema y esa es la situación a la cual nos
llevan.
Cuando la histeria colectiva de los mercados arremetió contra España lo hizo contra Portugal ¿Saben cuál fue la diferencia? Que en Portugal la oposición y el Gobierno salieron juntos a defender su país, y aquí no somos capaces de hacerlo
porque tenemos la oposición que tenemos, que son ustedes. (Aplausos.)
El Partido Socialista va a defender el Pacto de Toledo y esta medida dentro del Pacto de Toledo. Además, la va a defender con un criterio.
Esto es defender el Pacto de Toledo, señorías. (Muestra un documento.) Estas son sus subidas y
estas son las subidas del Partido Socialista.
(Rumores.) Esto es el Pacto de Toledo, esto. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!) Y esto va para todos. Miren, al Partido Socialista nos pueden dar lecciones de muchas cosas, pero de
política social y de Estado del bienestar, ni una; ni aquí ni allí ni en el otro lado.
(Rumores.-Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Y les reto. Además, es bien fácil. No se cabreen. Es bien fácil: díganme, ¿qué ley que beneficie a los ciudadanos ha salido de un gobierno que no sea el socialista? (Varios señores diputados: ¡Vamos, anda!)
¿La de igualdad? (Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: ¿La de sanidad? ¿Acaso han hecho ustedes la de sanidad? (Continúan las protestas.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Señorías, el Partido Socialista va a defender el Pacto de Toledo. (Aplausos.) Y los pensionistas así lo entenderán porque son más responsables que todos ustedes. Asumen el sacrificio, entienden al Gobierno,
están con el Gobierno para defender la.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Están con el Gobierno para defender la salida de España de la crisis y lo hará solo el Gobierno del Partido Socialista.
(Varios señores diputados: ¡Sí señor! ¡Muy bien!- Aplausos.-Rumores.)
El señor PRESIDENTE: El señor Burgos ya ha manifestado a la Presidencia que la moción se votará en sus propios términos. Votaremos dentro de tres minutos. (Pausa.)
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA APLICACIÓN DEL IVA SÚPER REDUCIDO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ASISTENCIA SOCIAL PARA PERSONAS DEPENDIENTES. (Número de expediente 122/000210.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a iniciar las votaciones.
En primer lugar votamos la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la aplicación del IVA súper reducido a la prestación
de servicios y asistencia social para personas dependientes.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 155; en contra, 170; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE FISCALIDAD AMBIENTAL. (Número de expediente 122/000170.)
El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre fiscalidad ambiental.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, nueve; en contra, 323; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA AL IMPULSO DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS. (Número de expediente 162/000650.)
El señor PRESIDENTE: A continuación votamos la proposición no de ley del Grupo Socialista, relativa al impulso de la defensa de derechos humanos, con una transaccional, más diversas enmiendas que han sido repartidas a los distintos
portavoces. ¿Están claros los términos de la votación para los portavoces y diputados? (Asentimiento.)
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 341.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, PARA REDUCIR DE FORMA URGENTE EL DÉFICIT PÚBLICO. (Número de expediente 162/000656.)
El señor PRESIDENTE: A continuación votamos la proposición no de ley del Grupo Popular, para reducir de forma urgente el déficit público. A petición de un grupo parlamentario y con la aceptación del proponente, se vota en primer lugar el
apartado a).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 149; en contra, 188; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votamos a continuación el apartado b).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 163; en contra, 166; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votamos a continuación el apartado c).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 155; en contra, 170; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA DÍEZ), SOBRE LA NECESIDAD DE QUE EL GOBIERNO UTILICE TODAS SUS COMPETENCIAS CONSTITUCIONALES PARA RECORTAR EL GASTO AUTONÓMICO SUPERFLUO EN ORDEN A CORREGIR LAS DUPLICIDADES, LA INEFICIENCIA Y LA FALTA
DE TRANSPARENCIA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y GARANTIZAR ASÍ LA VIABILIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD Y LA AUTONOMÍA DE ESPAÑA. (Número de expediente 173/000143.)
El señor PRESIDENTE: A continuación votamos la moción del Grupo Mixto (señora Díez), sobre la necesidad de que el Gobierno utilice todas sus competencias constitucionales para recortar el gasto autonómico superfluo en orden a corregir las
duplicidades, la ineficiencia y la falta de transparencia de las comunidades autónomas y garantizar así la viabilidad y la sostenibilidad y la autonomía del Estado. Se vota en sus términos y sin enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, uno; en contra, 191; abstenciones, 149.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA FALTA DE COMPROMISO DEL GOBIERNO CON EL MANTENIMIENTO DEL PODER ADQUISITIVO DE LAS PENSIONES. (Número de expediente 173/000144.)
El señor PRESIDENTE: Votamos la moción del Grupo Parlamentario Popular, sobre la falta de compromiso del Gobierno con el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones.
Se vota la moción en sus términos y sin enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 176; en contra, 164; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Bravo!)
Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve horas.
Eran las ocho y veinticinco minutos de la noche.