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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 157, de 22/04/2010
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2010 IX Legislatura Núm. 157
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 148
celebrada el jueves, 22 de abril de 2010
ORDEN DEL DÍA:
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página 3)
Interpelaciones urgentes (Continuación.)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Fernández Davila), sobre las propuestas del Gobierno en relación con las modificaciones de la política común de pesca. (Número de expediente 172/000167.) ... (Página 4)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para combatir y erradicar la delincuencia en los menores. (Número de expediente 172/000169.) ... (Página 9)
Debate relativo a la autorización por la Cámara prevista en el artículo 17.1 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional:
- Solicitud de autorización del Congreso de los Diputados para la participación de militares españoles en la misión de la Unión Europea de adiestramiento de fuerzas de seguridad somalíes en Uganda (EUTM-Somalia).
'BOCG. Congreso de los
Diputados', serie D, número 375, de 16 de abril de 2010. (Número de expediente 095/000008.) ... (Página 14)
Enmiendas del Senado:
- Proyecto de ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 53-1, de 4 de diciembre de 2009. (Número de expediente 121/000053.) ...
Declaración sobre la cuenta general del Estado:
- Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la Declaración sobre la cuenta general del Estado del ejercicio 2007, así como la resolución adoptada por dicha Comisión.
(Número de expediente
250/000005.) ... (Página 36)
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página 39)
Debate relativo a la autorización por la Cámara prevista en el artículo 17.1 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional (Votación.) ... (Página 40)
Enmiendas del Senado (Votación.) ... (Página 40)
Declaración sobre la cuenta general del Estado (Votación.) ... (Página 40)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados.... (Página 3)
Interpelaciones urgentes. (Continuación.).... (Página 4)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Fernández Davila), sobre las propuestas del Gobierno en relación con las modificaciones de la política común de pesca ... (Página 4)
Formula la interpelación la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto.
Contesta la señora ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (Espinosa Mangana), en nombre del Gobierno.
Replica la señora Fernández Davila y duplica la señora ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para combatir y erradicar la delincuencia en los menores ... (Página 9)
Formula la interpelación el señor Alonso Aranegui, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Contesta el señor ministro del Interior (Pérez Rubalcaba), en nombre del Gobierno.
Replica el señor Alonso Aranegui y duplica el señor ministro del Interior.
Debate relativo a la autorización por la Cámara prevista en el artículo 17.1 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional ... (Página 14)
Solicitud de autorización del Congreso de los Diputados para la participación de militares españoles en la misión de la Unión Europea de adiestramiento de fuerzas de seguridad somalíes en Uganda ... (Página 14)
Defiende la propuesta la señora ministra de Defensa (Chacón Piqueras), en nombre del Gobierno.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Rodríguez-Salmones Cabeza, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; los señores Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Beloki Guerra, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; las señoras Díez González y Fernández
Davila, del Grupo Parlamentario Mixto y el señor Cuadrado Bausela, del Grupo Parlamentario Socialista.
Contesta a las intervenciones de los grupos la señora ministra de Defensa.
Replica la señora Rodríguez-Salmones Cabezas, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y los señores Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y
Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y duplica la señora ministra de Defensa
Enmiendas del Senado ... (Página 32)
Proyecto de ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo ... (Página 32)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verd y Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora
Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); el señor Tomé Muguruza, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Gómez Santamaría, del Grupo Parlamentario Socialista.
Declaración sobre la cuenta general del Estado ... (Página 36)
Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la declaración sobre la cuenta general del Estado del ejercicio 2007, así como la resolución adoptada por dicha Comisión ...
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya Verds; la señora Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió) y los señores Aguirre Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Mas i Estela, del Grupo Parlamentario Socialista.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página 39)
Debate relativo a la autorización por la Cámara prevista en el artículo 17.1 de la Ley orgánica 5/2005, de 17 de noviembre de la Defensa Nacional. (Votación.).... (Página 40)
Se somete a votación la solicitud de autorización del Congreso de los Diputados para la participación de militares españoles en la misión de la Unión Europea de adiestramiento de fuerzas de seguridad somalíes en Uganda (EUTM-Somalia). Es
aprobada por 318 votos a favor y cinco abstenciones.
Enmiendas del Senado. (Votación.) ... (Página 40)
Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Declaración de la cuenta general del Estado. (Votación.) ... (Página 40)
Se someten a votación conjunta el dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la declaración sobre la cuenta general del Estado del ejercicio 2007, así como la resolución adoptada por dicha
Comisión. Son aprobados por 323 votos a favor y una abstención.
Se levanta la sesión a la una y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
En primer lugar, vamos a tomar juramento o promesa de acatamiento a la Constitución. En sustitución de doña María José Sánchez Rubio, pregunto a don Higinio Almagro Castro si jura o promete acatar la Constitución.
El señor ALMAGRO CASTRO: Sí, prometo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Ha adquirido S.S. la condición plena de diputado, por lo que le felicitamos y le damos la bienvenida a la Cámara. Mucha suerte. (Aplausos.)
INTERPELACIONES URGENTES (CONTINUACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA FERNÁNDEZ DAVILA), SOBRE LAS PROPUESTAS DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LAS MODIFICACIONES DE LA POLÍTICA COMÚN DE PESCA. (Número de expediente 172/000167.)
El señor PRESIDENTE: Interpelación de la señora Fernández Davila en relación con las modificaciones de la política común de pesca. Tiene la palabra para defender su interpelación. Mientras sube a la tribuna para hacer uso de la palabra la
señora Fernández Davila, les comento: si les parece bien, en interpelaciones utilizaremos la misma técnica de medición de tiempos que en preguntas, es decir, ser estrictos y que el reloj aparezca en las pantallas. ¿Les parece adecuado?
(Asentimiento.) Pues así se hará a partir de ahora. Muchas gracias.
Adelante, señora Fernández Davila, tiene la palabra.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señorías, señora ministra, presentamos esta interpelación sobre la reforma pesquera común porque se trata de una de las cuestiones que más preocupan al sector pesquero, al sector conservero y al acuícola. Esta reforma, que se llevará a
efecto en los próximos dos años, es de vital importancia para el futuro del sector, que vería con agrado que sirviese para resolver los grandes problemas que padece debido a la actual política de pesca común. Este tema es de gran interés también
para el Bloque Nacionalista Galego por la importante posición que la pesca ocupa en el Estado español, especialmente en Galicia, con una gran repercusión en su economía. Por eso me permitirán que centre el problema en mi país y seguidamente
ilustraré las razones por las que considero que es así, porque son razones que desde nuestro punto de vista lo justifican.
La pesca gallega representa el 15 por ciento de la producción pesquera de la Unión Europea de los veintisiete. Supone asimismo el 51 por ciento del empleo pesquero en el Estado español y un 10 por ciento del PIB en Galicia, veinticinco
veces más que la media de la Unión. Estos datos indican además la influencia que la pesca tiene en la economía gallega, ya que directa o indirectamente afecta a más de 50 sectores productivos de nuestro país (pesca extractiva; marisqueo;
acuicultura; industria transformadora, fundamentalmente la conservera). Sin embargo, señora ministra, a pesar de este semestre de Presidencia española europea, desconocemos si el Gobierno ha trazado una estrategia para intentar incidir en dicha
reforma, de manera que dé respuestas a nuestro sector asegurándole un futuro. A la luz de los datos expuestos somos conscientes de que la pesca tiene un gran interés para Galicia pero no es motivo de tanta preocupación para el Estado y desde luego
mucho menos para Europa.
De ahí que nos preocupe el resultado final de las políticas a aplicar.
Por eso, permítame que entre en materia. Defendemos, por supuesto, una pesca sostenible, un desarrollo pesquero sostenible y no ponemos en duda la
necesidad de que exista un equilibrio entre las cuestiones económicas, sociales y medioambientales. También somos conscientes de que se necesitan empresas rentables y de que es preciso garantizar unas dignas condiciones de trabajo para los
trabajadores y trabajadoras, incluidos los del sector extractivo y el transformador. Por ello nos gustaría que contestara a alguna de las cuestiones que paso a trasladarle. ¿Cuál es la posición del Gobierno en relación con los derechos de pesca
transferible en la Unión Europea? Usted sabe que el sector considera -en este sentido también el libro verde hace su reflexión- que este es el mejor sistema aplicable de gestión, y esta cuestión, como digo, es también motivo de reflexión en el
libro verde, como lo son otras muchas razones. Me refiero a las razones en las que se sustenta este criterio y que son aquellas que argumenta el sector también para defender esta cuestión. Está entre esas razones la consideración de que los
sistemas de derechos deben adecuarse a cada situación y a cada pesquería para reflejar las peculiaridades sociales y culturales de cada una de ellas. Aseguran los expertos que las comunidades de pescadores son capaces de gestionar mejor que los
gobiernos, aseveraciones que se justifican bajo el amparo de estudios como el que se refleja en el artículo Can catch shares prevent fisheries collapse?, que analizó más de 11.000 pesquerías en el mundo desde 1950 a 2003; TAC y cuotas, señora
ministra. Este sistema ha predominado desde 1983 en la política común de pesca, sin embargo es un sistema cuestionado por reputados científicos e instituciones puesto que genera grandes distorsiones, origina descartes incluso de especies de alto
valor comercial y no tiene en cuenta la evolución en el tiempo de las distintas pesquerías. Según la información de la que disponemos, las fuentes científicas aludidas proponen un modelo basado en el control directo del esfuerzo de pesca por
pesquería y consideran que esto proporcionaría mayor asunción y colaboración del sector pesquero con la política común de pesca. En este sentido le preguntamos, señora ministra, ¿cuál es la posición del Gobierno al respecto y cómo valora estas
propuestas?
En relación con la flota pesquera artesanal desde el BNG consideramos de igual importancia que la flota artesanal esté al mismo nivel que la flota de altura, cuando menos en Galicia, ya que en nuestro país es fundamental en la generación de
empleo y en la fijación de población en las zonas costeras. Por eso entendemos
que deben ser gestionadas en la política común de pesca adecuadamente.
Señora ministra, ¿cuál es la posición del Gobierno en relación con esta flota? ¿Considera el Gobierno que la flota artesanal debería tener un tratamiento diferenciado
del sector? Ha previsto el Gobierno alternativas para un funcionamiento práctico de un régimen diferenciado? ¿Prevé el Gobierno alguna definición para defender ante la UE las pesquerías artesanales desde el punto de vista de su vinculación con las
comunidades costeras y la dependencia de estas de la pesca? ¿Cuál va a ser, señora ministra, la posición del Gobierno en relación con la pesca artesanal? En relación con la investigación, según los datos de que disponemos se desconoce el 50 por
ciento de los stocks. Se trata de cifras provenientes del FIEM y de la Comisión Europea. En este sentido, ¿considera el Gobierno que la nueva PCP debería apostar por la investigación aplicada y que se deberían incrementar los medios económicos y
humanos para tener un conocimiento riguroso y bien fundamentado sobre todas las cuestiones relacionadas con la sostenibilidad ecológica, social y económica?
Otro aspecto importante que se recoge también en el libro verde pero respecto del que nosotros vamos más allá de la reflexión que aquí se hace es, señora ministra, que también consideramos importante hacer referencia al marco de adopción de
decisiones e introducción del concepto de codecisión -reflejado en el libro verde, como decimos- como el camino idóneo para una descentralización de decisiones, una diversificación de la toma de decisiones. Me refiero en concreto a la necesidad de
que en la UE exista representación de las administraciones autonómicas directamente implicadas en asuntos pesqueros. En esto es donde digo que vamos un poco más allá de la propia reflexión del libro verde. En este sentido le preguntamos ¿cuál es
la posición del Gobierno en esta cuestión? ¿No cree que en la realización de la nueva PCP y en cuestiones relacionadas con la gestión pesquera y costera deberían ser las comunidades autónomas, como la gallega, quienes participen en la toma de
decisiones? ¿No cree que cuando se trata de caladeros costeros deben ser los Estados y las comunidades autónomas afectadas quienes adopten las decisiones? Le traslado estas reflexiones porque en muchas ocasiones las decisiones sobre temas
pesqueros concretos o que afectan a áreas locales han sido adoptadas por representantes que no tienen una implicación directa en el tema, un desconocimiento que ha llevado a situaciones como que exista un stock suficiente en los caladeros costeros,
pero sobre los que se realizan restricciones que no se entienden por desconocimiento de la situación. Podríamos extendernos, por ejemplo, en la cuestión de la caballa, aunque a lo mejor aquí el condicionante es el acotamiento del mercado por parte
de algunos Estados que incluso no son miembros de la Unión Europea.
Señora ministra, queremos detenernos finalmente en una cuestión que nos parece también importante, y es que sorprende al Bloque Nacionalista Galego en la misma medida que al propio sector el escaso tratamiento que en el libro verde se le da
al sector transformador, fundamentalmente al conservero, cuando no solamente le afecta la PCP, sino que su futuro está condicionado por esta y por la OCM. ¿Cuál es la posición del Gobierno respecto a la demanda del sector de apostar de manera
decidida para que el sector extractivo industrial transformador y comercializador de productos de la pesca y de la acuicultura se aglutine, por ejemplo, como el sector plantea, mediante un partenariado en forma de organizaciones interprofesionales?
¿Qué opina de que se exijan las mismas normas de competencia para todos los operadores del sector, políticas que permitan asegurar la viabilidad y competitividad de la industria transformadora? ¿No se debería defender en los foros de la Unión
Europea la necesidad de contar con el sector para salvaguardar los intereses de la industria comunitaria, para lograr una negociación equilibrada y que el acuerdo final no distorsione el mercado? ¿No cree que es necesario exigir las mismas normas
de competencia para todos los operadores del sector, tanto comunitarios como de terceros países, garantizando el cumplimiento de las mismas normas higiénico-sanitarias, laborales, fiscales, medioambientales, de pesca ilegal, etcétera? Sabemos que
algunas de las cuestiones que le hemos planteado ahora no solamente son competencia estricta de la PCP, sino también de la OCM, pero todo forma parte de un mismo asunto.
Para ir finalizando, señora ministra, ¿no cree que es fundamental aplicar este tipo de políticas, como las que le acabo de comentar hace un momento, para garantizar la trazabilidad de los productos? De nuevo estamos hablando de un sector,
el conservero, que para el Estado español es de más interés que la propia Unión Europea. De una cifra de negocio de 18.000 millones de euros el 33 por ciento corresponde al Estado español, pero de esa misma cifra el 25 por ciento corresponde a
Galicia. De ahí, señora ministra, señorías, que para el Bloque Nacionalista Galego los temas que estamos tratando, todos relacionados con la pesca y con este proceso de modificación de la política común de pesca, nos resulten no solamente de
interés, sino de tanta preocupación en la medida que los acuerdos que se puedan adoptar son de gran importancia para la economía de Galicia, no solo para la pesca extractiva, pues hay más de 120.000 puestos de trabajo que dependen de este sector.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.
La señora ministra tiene la palabra para contestar la interpelación.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO (Espinosa Mangana): Gracias, señor presidente.
Señoría, como usted bien decía, en la actualidad la política común pesquera está inmersa en un proceso de revisión. Desde la Unión Europea se están estudiando los
posibles cambios en la política común pesquera que permitan su adaptación al nuevo contexto social, económico y ambiental cara a la próxima década, y para ello y con carácter previo se ha hecho necesaria una reflexión en profundidad sobre
los actuales criterios que rigen el sector pesquero comunitario. A tal efecto, la Comisión ha elaborado el Libro Verde de la reforma de la política común pesquera, a través del cual ha lanzado un proceso de consulta que permita conocer los
problemas actuales del sector y sus causas, así como señalar los objetivos que se considera necesario alcanzar, tanto en su vertiente interna como externa, en el horizonte 2020. Así, en la vertiente interna, los problemas actuales -hago siempre
referencia a ese libro verde- los considera motivados por la sobrepesca, el exceso de capacidad de las distintas flotas, el declive en las capturas y la fragilidad económica del sector pesquero. Esta fragilidad económica obliga a extraer mayor
cantidad de recursos, lo que origina de nuevo una sobrepesca que actúa de forma negativa sobre los stocks pesqueros. La Comisión considera que es necesario romper este círculo vicioso y al mismo tiempo conseguir una política común pesquera
eficiente, respetuosa con el medio marino, menos costosa, más sencilla de gestionar, integrada con el resto de las actividades económicas marinas y costeras y con solidez financiera. En la vertiente externa, el libro verde considera que la política
común pesquera debe seguir promoviendo a escala internacional el principio de la pesca responsable y sostenible y el desarrollo de las regiones costeras. Asimismo, señala que podría ser necesario definir nuevamente sus objetivos para que estos
estén a la altura de las necesidades del siglo XXI, fortaleciendo los organismos internacionales. En definitiva, señoría, estamos ante el análisis más ambicioso acometido por la Comisión hasta ahora en materia pesquera, y lo hace -como le
anticipaba- con vistas a la reforma de esta política común para dar respuesta a los nuevos compromisos derivados del enfoque ecosistémico y de la política marítima integrada, así como de las nuevas exigencias comunitarias e internacionales en
materia de control pesquero.
(La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)
Tras esta breve introducción de lo que pretende hacer la Comisión Europea quiero trasladarle ahora -si me queda algún tema aprovecharé el turno de réplica para completarlo- cuál es la postura del Gobierno de España.
Quiero afirmar
rotundamente que tenemos una estrategia, que además hemos consensuado -desde el ministerio ya empezamos hace mucho tiempo realizando un amplio proceso de consultas con una participación muy activa de todo el sector pesquero español- con las
comunidades autónomas y con las organizaciones no gubernamentales relacionadas con este ámbito.
Lo hicimos, en primer lugar, para tener en cuenta sus aportaciones; queríamos que nuestra postura, la que defendiera el Gobierno de España en la Unión
Europea fuera participada y consensuada, en la que previamente habían tenido la posibilidad de intervenir todos los actores, y lo hemos conseguido. Hemos logrado un gran consenso, y como resumen de este trabajo, que se realizó a lo largo del año
pasado, como le decía, se han planteado en una comunicación a la Comisión Europea nuestras observaciones en relación con el Libro Verde de la reforma de la política pesquera común. En este sentido, España defiende que la reforma de la política
común pesquera se base en la explotación sostenible de los recursos pesqueros y en el mantenimiento de la viabilidad y rentabilidad de la actividad pesquera. La posición del Gobierno de España en los principales aspectos es la siguiente en relación
con las flotas pesqueras y su exceso de capacidad, un tema al que usted no hizo referencia pero que yo creo que es de suma importancia. Desde nuestro punto de vista, se considera prioritario que aparezcan en el futuro de la política común pesquera
medidas de apoyo socioeconómico a los tripulantes y sectores afectados, el desarrollo sostenible de las zonas costeras y el mantenimiento de la competitividad de la flota mediante la tecnología y la diversificación. Además, apoyamos de forma
decidida que las ayudas públicas se extiendan a colectivos que hoy están excluidos, como las mariscadoras, las almadrabas y algunos subsectores implicados en la actividad pesquera, como los rederos. Por otra parte, se resalta la conveniencia de
diseñar un marco financiero de ayudas con la suficiente flexibilidad para adaptarse a los problemas del sector. En este contexto el futuro fondo de la pesca debería estructurarse en cuatro ejes: la competitividad de las empresas del sector,
medidas medioambientales dirigidas a la sostenibilidad del medio marino, desarrollo sostenible de las zonas dependientes de la pesca y un paquete específico para la pesca costera artesanal, dada la importancia social de esta actividad. Además
España propone que para una adecuada distribución de las ayudas públicas de la Unión Europea estas se distribuyan en función del peso económico y la importancia social de la pesca en distintas regiones, y aboga por mantener una diferenciación por
subsectores. Estamos poniendo de manifiesto que es necesario mantener un régimen diferenciado para las flotas costeras artesanales en la futura política común pesquera, dada la diversidad de pesquerías y singularidades que existen entre los Estados
miembros. En cuanto al sistema de gestión de las pesquerías, desde el enfoque ecosistémico se propone abordar la revisión del actual, basado en TAC y cuotas, en especial para las pesquerías multiespecíficas, y avanzar en un nuevo modelo basad en el
esfuerzo pesquero. También, y desde este enfoque, es precisa una reducción progresiva de los descartes de las pesquerías, junto a una explotación responsable de los recursos, mediante la introducción del concepto de rendimiento en 12 millas para la
flota costera y artesanal.
Otro aspecto importante es el sistema de gobernanza en la reforma de la política común pesquera, dentro del nuevo marco de toma de decisiones derivado de la aplicación del Tratado de Lisboa. Los consejos consultivos regionales deben tener
en el futuro una mayor participación en dicha toma de decisiones debido a su papel vertebrador. Para todo ello es preciso introducir cambios en su estructura y funcionamiento; cambios que deben asegurar tanto la representatividad
de los sectores como de las administraciones, elementos que hasta ahora no se han tenido en cuenta dada su condición de órganos de simple consulta.
En relación con la dimensión exterior de la Unión Europea en materia de pesca -tema que usted tampoco planteó, pero me gustaría comentarlo por la importancia que tiene para España- consideramos fundamental mantener y reforzar los acuerdos de
pesca exteriores, así como consolidar su presencia en las organizaciones regionales de pesca y en los grandes foros internacionales en los que se debaten los asuntos pesqueros. En este marco, España apunta la posibilidad de crear un comité
científico europeo que dé apoyo técnico en estos foros y que impulse estudios y proyectos de cooperación de carácter científico. Por último, para asegurar el desarrollo equilibrado de la acuicultura y garantizar el papel que debe jugar en el
futuro, entendemos que esta actividad debe integrarse plenamente en la futura política pesquera común y constituir uno de los pilares fundamentales de la misma; una acuicultura bien planificada, responsable, sostenible y respetuosa con el medio
ambiente, que garantice a los consumidores unos productos de alto nivel sanos y seguros. En definitiva, España plantea que la reforma de la política pesquera común facilite una explotación sostenible de los recursos y la viabilidad socioeconómica
de la actividad pesquera.
Señoría, esta es nuestra posición ante la reforma de la política común pesquera; posición que, insisto, recoge los planteamientos del sector pesquero español, que ha sido construida por el diálogo conjunto con sus representantes y los de
las administraciones, y que servirá para los debates que en esta materia se inicien en la Unión Europea durante la Presidencia española. Creo que con esto doy respuesta prácticamente a todo lo que usted planteó: flotas pesqueras artesanales; TAC
y cuotas; los temas de codecisión, que yo los llevaba a los órganos que hoy son consultivos pero que queremos que tengan un papel más importante; todo lo que puedan ser derechos de pesca; y los temas de investigación que siempre hemos apoyado,
pero incluso con un órgano específico que también nos apoye en temas con terceros países. Además hay un tema que intentaré transmitirle en la réplica. En la última parte de su intervención habla de la industria transformadora, de los temas de
reciprocidad, pero no forman parte de esta reforma de la política pesquera común, que es otro de los objetivos que debatiremos en el próximo Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea. No podemos confundir; cada instrumento
tiene su labor, y eso lo abordaremos pero, le insisto, en otro ámbito. Por último, teníamos previsto que este debate se produjera el 19 y 20 de abril, que por los motivos que todo el mundo conoce hubo que cancelar el Consejo de Ministros, pero lo
llevaremos al próximo informal que celebraremos en la ciudad de Vigo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora ministra.
Señora Fernández Davila, su turno de réplica.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.Gracias, señora ministra, porque ha contestado prácticamente a todas las preguntas. Me parece que queda alguna, pero no va a haber tiempo para matizarla. Por nuestra parte nos han
quedado algunas cosas en el tintero en la medida en que el tiempo apremia y hay que cortar. Quería hacer referencia de manera reflexiva a algunas cuestiones de las que nos ha hablado. Empezando por lo último, en relación con la conserva comentaba
que hay cosas que son de la Organización Mundial de Comercio, pero estará de acuerdo conmigo en que hay muchas cuestiones que afectan al sector pesquero que están relacionadas con aquellos acuerdos a los que se pueda llegar en la próxima política
común de pesca, porque depende mucho de la política extractiva. No estamos hablando solo de bonito, de atún; estamos hablando de otras muchas pesquerías que son de importancia para este sector.
Aunque la cuestión comercial o competitiva, por
ejemplo la arancelaria, no sea competencia de la política común de pesca, hay otras cuestiones que lo son y, sin embargo, en el libro verde no se le da la importancia que, desde nuestro punto de vista y del del sector, se le debería dar.
Por otro
lado, habla de exceso de capacidad y dice que hay que dar un apoyo prioritario a una serie de sectores. El Bloque Nacionalista Galego ha reclamado siempre que las ayudas de la Unión Europea vayan dirigidas a todos los sectores relacionados con la
pesca. En Galicia es tan importante la pesca artesanal como el marisqueo o la acuicultura, aunque creo que no se llama así por ejemplo la del mejillón. Relacionado con lo que usted dice sobre la acuicultura, podemos estar todos de acuerdo con el
epígrafe de sostenibilidad, cuidado y respeto al medio ambiente, pero es cierto que a veces hay proyectos de acuicultura que lo que hacen es perjudicar a otros proyectos que ya están en marcha, como el gran nivel de producción de mejillón que existe
en Galicia y que si se instalan otras iniciativas de acuicultura pueden producir enormes perjuicios.
Hablaba de derechos de pesca y esfuerzo pesquero y que desde el Gobierno tienen previsto trabajar en esa dirección. Señora ministra, que trabajar en esa dirección no sea volver, como en la actual PCP, a buscar la rentabilidad a las empresas
no basándose en que tengan derechos de pesca de acuerdo al esfuerzo y a la capacidad pesquera que puedan tener, sino en el desguace de barcos. Nosotros no estaríamos de acuerdo con ninguna PCP que vuelva a incidir en que, bajo la justificación de
la sobrepesca, como también ha comentado en su intervención, se vuelvan a dirigir las políticas al desguace de barcos. Es necesario reflexionar para modificar en la PCP la diferencia que hay entre los derechos de pesca que tienen muchos Estados de
la Unión Europea, algunos incluso no siendo miembros de la Unión Europea, en relación con su esfuerzo pesquero, y la capacidad de pesca o esfuerzo pesquero que tiene el Estado español, así como los pocos derechos de pesca, de acuerdo con esto. Nos
parece llamativo el desequilibrio que hay entre esos derechos de pesca, la capacidad pesquera de esos Estados y el Estado español.
Respecto al Consejo Interterritorial, también hay otra cuestión que tenemos interés en comentarle. Ya le decía que en el libro blanco, y haciendo referencia también al Tratado de Lisboa, se hablaba de esta cuestión. Sobre esto nos gustaría
aprovechar -aunque tendremos la oportunidad de hablarlo con ocasión de otras iniciativas- para decir que no solo es importante que en el Consejo Interterritorial haya representatividad del sector, que efectivamente lo es, y de la Administración,
sino que quien vaya en representación de la Administración realmente sea conocedor y tenga relación con el sector de pesca, porque aunque no sean vinculantes y, como en este momento, no tenga nada más que una razón consultiva, no es de recibo que
representando al Estado español para hablar de pesca en la Unión Europea vaya el representante de Castilla y León o de Castilla-La Mancha. No sé los mares y la costa que rodean a estas dos comunidades autónomas. No digo que esta persona no se
ilustre antes de ir a Europa.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Por favor, señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Sí, señora presidenta.
Finalizamos porque dejaremos algunas cuestiones para el debate de la moción. Sobre esto último, como digo, tenemos presentada alguna iniciativa.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Fernández Davila.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO (Espinosa Mangana): Gracias, señora presidenta.
Señoría, en la última parte de mi primera intervención trataba de hacer una diferenciación, y voy a aprovechar el tiempo que tengo ahora para hacerlo. Por una parte tenemos la política común pesquera, a la que me referí en mi primera
intervención e hice una rápida relación de cuáles son nuestros objetivos. Desde luego, quiero insistirle mucho en que desde el Gobierno de España, ante esta reforma de la política pesquera común, tenemos el objetivo muy claro que es fijar el
principio de una pesca sostenible que garantice la viabilidad y un nivel de vida digno al sector y que mantenga los puestos de trabajo y el empleo en las zonas costeras.
Nuestra intención es seguir avanzando en los trabajos que se están haciendo en
esta reforma de la política común pesquera durante nuestra Presidencia, siempre por supuesto respetando también el propio calendario que marca la Comisión, y una vez finalizado el periodo de consultas sobre el libro verde queremos presentarlo en dos
foros importantes. Un primer análisis se hará en una conferencia que se celebrará en colaboración con la Comisión Europea los próximos días 2 y 3 de mayo en La Coruña, a la que no tuve tiempo de referirme en mi primera intervención; conferencia en
la que estarán presentes organismos e instituciones implicadas en la reforma de la política común pesquera (sector pesquero, organizaciones no gubernamentales, científicos, sector de transformación y comercialización, además de las instituciones
comunitarias y administraciones pesqueras de los Estados miembros). Durante su celebración se pretende establecer en varias mesas de trabajo los ejes principales que deberán inspirar la futura reforma de la política común pesquera. En concreto,
esa conferencia abordará aspectos relacionados con el acceso a los recursos, la gobernanza, la pesca costera y artesanal.
Como resultado de la misma se contará con un documento resumen que recoja las posiciones respecto a las diferentes opciones
sobre la reforma y sus conclusiones se elevarán al próximo Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea. A mayores - era a lo que me refería en mi primera intervención-, en la reunión informal de ministros de Pesca de la Unión Europea que
celebraremos el 4 y el 5 de mayo en Vigo, está previsto también un debate a nivel ministerial sobre los temas a los que yo me referí. Creo que queda claro que nuestra postura como Gobierno no es solamente defender al sector pesquero -coincido con
la importancia que usted señalaba en sus intervenciones-, sino hacerlo liderando este debate en la Unión Europea, previo a un gran consenso que hemos alcanzado a nivel nacional.
Me gustaría hacer dos consideraciones, primero sobre la representatividad de las comunidades autónomas. En la pasada legislatura el entonces Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación fue el primero en buscar una fórmula de
representatividad de nuestras comunidades autónomas. Esa fórmula fue consensuada con las comunidades autónomas y hay un mecanismo de representatividad, en el que además pueden ceder esa representatividad si ellas quieren, pero tiene que ser a
propuesta y con el consenso de ellas. En alguna ocasión, cuando le correspondía a una comunidad autónoma del interior, cedió su puesto a una comunidad autónoma del litoral en un debate pesquero. En otros casos no es así e insisto en que respetamos
los acuerdos que las comunidades autónomas decidan entre ellas y después trasladen al ministerio.
Hay otros temas en los que también tenemos que ser absolutamente respetuosos y que usted ponía sobre la mesa, como es la cuestión de los desguaces de barcos. Si una comunidad autónoma decide optar por esa vía, tiene las competencias para
ello y desde luego hay que respetarlas desde el Gobierno de España, independientemente de que en algunos casos no estemos de acuerdo o pensemos que no sea la mejor opción. No confundamos, tendremos ocasión de hablar de la organización común de
mercado, que -coincido con usted- lleva diez años, no se ajusta a la realidad y tenemos que cambiarla.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora ministra, por favor.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO (Espinosa Mangana): Finalizo, señora presidenta.
Ahí hablaremos de corresponsabilidad, de subsidiariedad, etcétera. Ahora nuestro objetivo prioritario es el que he tratado de transmitirle aquí.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora ministra.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA COMBATIR Y ERRADICAR LA DELINCUENCIA EN LOS MENORES. (Número de expediente 172/000169.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la interpelación del Grupo Popular sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para combatir y erradicar la delincuencia en los menores. En nombre de su grupo para formular la
interpelación tiene la palabra el señor Alonso Aranegui.
El señor ALONSO ARANEGUI: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro del Interior, señorías, el propósito del Grupo Popular esta mañana es abrir un debate respecto de la que es una de las principales preocupaciones sociales de los españoles: el aumento de violencia entre los menores, por parte
de los menores y contra los menores en España; abrir un debate con la idea de alcanzar un compromiso por parte de los grupos de esta Cámara para poner en marcha una estrategia que prevenga y erradique la violencia en los menores. Quiero por tanto
acreditar la necesidad de disponer de nuevos y mejores instrumentos para luchar contra este fenómeno. Los ciudadanos vienen manifestando de muy diversas formas y desde hace tiempo su inquietud. Quieren respuestas porque están concienciados del
problema. No es razonable que esta preocupación no alcance, señorías, también a sus representantes políticos.
Señora presidenta, llama poderosamente la atención la paradoja que se está viviendo en nuestro país. Hay una creciente contradicción entre lo que la calle percibe y piensa y el discurso oficialmente asentado en las filas del Gobierno, y
desde el Gobierno incluso se nos reprocha a nosotros que nos hagamos eco de la preocupación ciudadana. Creo que este hemiciclo tiene, entre otras obligaciones, la de servir de cámara de resonancia de las preocupaciones ciudadanas y darles
respuesta, corrigiendo lo que no funciona adecuadamente y por supuesto introduciendo racionalidad y mesura en los planteamientos. Le aseguro que no nos mueve en ese sentido ningún afán de diferenciarnos ni un ánimo frívolo de controversia y
sinceramente tampoco buscamos en este terreno el desgaste de un gobierno que está ya francamente desgastado por la inoperancia de su gestión. Queremos sencillamente responder a un clamor social y proponer soluciones.
Se ha dicho con reiteración por parte del Gobierno que no se puede legislar en caliente. Algunos lo han dicho con mucha pasión, pero nadie ha puesto tanto ardor como usted, señor ministro, en descalificar los planteamientos que ha realizado
el Partido Popular. Señor Rubalcaba, también para valorar las propuestas del adversario político es exigible una cierta serenidad, no la simple descalificación. En cualquier caso, no le pido que muestre tanto entusiasmo a la hora de escuchar las
demandas sociales como el que pone para rebatir a la oposición; solo le pido que especialmente cuando la sociedad tiene motivos para sentir alarma tenga más sensibilidad y no actúe usted con un corazón de hielo. Le aseguro que eso no es
incompatible con la prudencia y la sensatez que se le supone al Gobierno, porque no todo es cálculo, señor Rubalcaba.
En el Partido Popular llevamos mucho tiempo trabajando y defendiendo los mismos planteamientos. Los defendimos ya en 2003, cuando esta Cámara aprobó un mandato para valorar la eficacia de la Ley del Menor y el endurecimiento de las medidas
para los delitos más graves. Los reiteramos en la reforma de la ley en 2006, no sé entonces si en frío o en caliente, aunque la reforma quedó muy lejos de lo que se necesitaba, y los plasmamos en nuestro programa electoral. En fin, ha sido una
preocupación constante por parte de mi grupo. Lo que no es entendible es mantener la extraña tesis de que no se puede legislar contra el crimen mientras se produzcan crímenes ni sostener que los actos de violencia extrema que se vienen sucediendo
no deben ser reprimidos con mayor dureza porque se dice que son hechos aislados. Supongo que cada asesinato, a su manera y con una lectura particular, es un hecho aislado, aunque haya elementos que se repiten. Me parece peculiar que un responsable
público del Gobierno lo califique así, pero a estas alturas lo que está quedando como un hecho cada día más aislado es la incomprensible actitud de inmovilismo del Gobierno y su sordera ante el clamor social.
La sociedad española tiene motivos para sentir preocupación, porque los datos son bastante elocuentes. Según la memoria de la Fiscalía General del Estado, la prevalencia de los delitos entre los menores sigue siendo muy elevada. Es verdad
que han descendido ligeramente algunos de los delitos más frecuentes, que son en general los de menor gravedad como los robos, los hurtos, los daños o las lesiones, pero se ha producido un importante aumento de los tipos penales más graves, los más
violentos y los que más alarma social generan. Los procedimientos por violencia doméstica y de género han pasado de 2.683 en 2007 a 4.211 en 2008. Los delitos contra la libertad sexual pasaron de 1.501 a 1.740 y los delitos contra la vida de 189 a
266. La tasa de criminalidad juvenil sigue siendo elevada en comparación con la de la población general. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, la tasa de condenados por mil habitantes se situaba en los menores de entre 14 y 17
años en el 8,75, más del doble que la de la población adulta, que es del 4,25. Estos datos, señor ministro, no son la consecuencia de una dejación por parte de la policía -que estoy seguro de que no la hay-, pero no son ajenos a su responsabilidad.
Tampoco son imputables exclusivamente a las deficiencias de la ley ni se producen solamente por carencias de nuestro sistema educativo o por insuficiencias de nuestro sistema de protección de la infancia, ni podemos atribuirlos en exclusiva
a otros factores culturales o mediáticos, porque este es un problema complejo que debemos abordar desde ángulos diversos. Lo más importante es que reconozcamos que tenemos un problema, que la sociedad lo siente como tal y que nos pide que actuemos.
Por eso creemos que es necesario poner en marcha una estrategia nacional para prevenir y erradicar la violencia en los menores.
La respuesta a los casos de violencia debe ser una respuesta integral que de un lado implique a la sociedad en su conjunto -padres, educadores, servicios sociales, servicios sanitarios, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, medios de comunicación,
etcétera- y de otro actúe como un eje transversal que busque respuestas coordinadas en los ámbitos de la educación, el ocio y el uso de las nuevas tecnologías y las respuestas públicas, incluidas las penales. Por eso es también esencial abordar de
una vez la reforma de la Ley Orgánica 5/2000, de responsabilidad penal del menor, porque una de las cuestiones que más alarma e indignación social produce es la sensación de impunidad que perciben los ciudadanos cuando ven en los delitos más graves
la absoluta falta de proporcionalidad entre la respuesta sancionadora de la ley y la gravedad de la conducta criminal, porque la sociedad se siente indefensa cuando menores que han cometido delitos violentos y graves están en la calle sin haber sido
reeducados.
Esta fue la causa de que se acometiera la reforma de la ley en el año 2006, que sin embargo quedó al final más como un gesto a la galería que otra cosa, porque la sensación de impunidad, de que esos crímenes salen gratis ha aumentado, y
la imagen de abandono de las víctimas y de sus familias está grabada en la conciencia de los españoles.
Pensamos que la ley del año 2000, que obtuvo el máximo consenso, fue un hito positivo y seguimos creyendo en la naturaleza formalmente penal pero materialmente sancionadora-educativa de la legislación del menor, así como en la defensa del
interés superior del menor. Esto ha sido muy positivo, pero si no corregimos los defectos de esta ley, la dejaremos caer en el descrédito, será cada día más cuestionada y con razón por la opinión pública. En consecuencia, en contra de la impunidad
y a favor de la proporcionalidad que debe orientar la acción de la justicia, pensamos que se debe ampliar la duración de las medidas que ahora se imponen para los delitos más graves y el tiempo de prescripción de los mismos. Es imprescindible
contar con mayores garantías en la aplicación de las medidas, en especial la libertad vigilada, y reforzar la apuesta por la reinserción y la reeducación, sobre todo en los más jóvenes. Pretendemos por tanto también que se amplíe el ámbito de
aplicación de la ley a los menores de entre 12 y 14 años para que puedan insertarse en itinerarios de reeducación con tutela judicial que prevengan conductas más graves en el futuro. Señor ministro, hay que incorporar también la perspectiva de las
víctimas, ampliando su participación y mejorando la protección de sus derechos. No podemos sentirnos molestos por las víctimas. Tienen derecho a la reparación de la justicia, y ese derecho, en el caso de los menores, no es incompatible con la
protección del interés superior del menor ni con la finalidad reeducadora de la justicia penal de los menores.
Señor Rubalcaba, usted conoce los riesgos a que están expuestos los menores en España, el entorno de violencia que muchas veces los rodea.
Los más jóvenes conviven con frecuencia con ideas negativas que se transmiten muchas veces de manera
irresponsable por parte de algunos medios. Ven en la televisión o en Internet escenas en que se banaliza la violencia o se trivializa la muerte. El papel de los padres y de los educadores cobra más importancia y es más difícil en esta sociedad
cada vez más compleja en la que vivimos. Y si es cierto que solo unos pocos siguen por el camino de la conducta antisocial y del crimen, también lo es que la preocupación de las familias exige que trabajemos por una sociedad que inculque a todos,
en todos los ámbitos, los valores de la tolerancia, del respeto y de la responsabilidad, porque estos son los valores sobre los que se asienta una sociedad de hombres y de mujeres libres.
Señor ministro, usted sabe, y yo para mi desgracia alguna experiencia tengo también de esto, que no se puede infravalorar el poder y la atracción que la violencia puede ejercer entre los más jóvenes y que por tanto todos los esfuerzos que
hagamos para erradicarla son pocos. Le pido a usted y a su Gobierno, porque sin duda el ministro del Interior tiene que ser el principal interesado en disponer de herramientas más eficaces para la prevención del delito y contra la impunidad, que
afronten este problema con decisión y que lo haga sin prejuicios.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Alonso.
Para contestar a la interpelación tiene la palabra el señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señor Alonso. He escuchado la intervención que ha hecho aquí, he leído también el texto que ha dado origen a esta interpelación y me gustaría empezar por una cuestión previa a la que usted me ha dado inevitablemente paso y
es la razón por la que discutamos hoy esto aquí.
Es verdad que su interpelación tiene carácter general, lo ha tenido aquí y lo ha tenido en el texto escrito. No es menos cierto que aparece en un momento singular y es después de un crimen
especialmente espantoso, el de Seseña, que por cierto da origen a mis declaraciones. Son unas, señor Alonso, no crea que yo me he preocupado excesivamente de este asunto. Me he preocupado por supuesto policialmente, pero hice una sola declaración
y a continuación contesté una pregunta
parlamentaria porque me la plantearon ustedes. La declaración me voy a permitir cuando acabe esta intervención mandársela entera para que la vea completa. Es verdad que hay una frase más puntiaguda que el resto, pero, en fin, la
declaración es bastante más matizada.
En todo caso sigo pensando lo mismo y es una cuestión de principios que espero que comparta. Y es que usted aludía a que no se puede legislar en caliente. No se puede legislar en caliente, no se debe y no se debe ir a según qué actos de
solidaridad y acabar haciendo a la salida propuestas para modificar el Código Penal. Creo que no se debe hacer, yo por lo menos no lo hago, me parece criticable, lo critiqué y lo vuelvo a criticar. Ir a estar con las familias y a continuación
hacer propuestas a la salida de modificaciones del Código Penal creo que no es la mejor forma de abordar este asunto. Me parece que esa crítica la hice y la reitero aquí. Por tanto, lo quiera usted o no, este debate que hoy tenemos no lo tenemos
en el mejor momento, se lo dije y lo vuelvo a repetir. Creo que es un debate pertinente, siempre lo es el debate de la criminalidad en su conjunto, de la juvenil también, pero hay que elegir el momento, porque es verdad que este tipo de actos
provocan convulsiones sociales muy importantes -no le digo nada del dolor en las familias- que a veces sencillamente hace que las cosas se vean de manera equivocada o por lo menos parcialmente equivocada, por ejemplo el tema mismo que nos ocupa
-aunque usted diga que no, es que sí-.
Dije que era un acto excepcional y lo es y para demostrarlo traigo aquí una serie de datos: asesinatos de menores a menores son, por suerte para nuestro país, crímenes -que lo son- excepcionales, de hecho este año ha habido solo uno, pero
es que el año pasado hubo ninguno, cero; el anterior uno, el anterior uno, el anterior uno. Son actos excepcionales.
Producen una conmoción social absolutamente inevitable, pero son actos excepcionales y los actos excepcionales deben tratarse
excepcionalmente.
Y los debates generales al hilo de actos excepcionales pueden resultar manifiestamente equivocados y es lo que trato de decir desde el primer momento en que vi a su secretaria general hacer unas declaraciones que creo que están
fuera de lugar en el sitio en el que las hizo y en el momento en que las hizo.
Segundo, vamos a ver si nos ponemos también de acuerdo, y ahora ya paso a lo general. No niego la pertinencia de un debate de esta naturaleza, no la he negado nunca, ¡faltaría más!, pero sí quisiera que tomáramos en cuenta los datos de la
realidad. La pregunta sería ¿sube la criminalidad juvenil o baja? Y la respuesta, señor Alonso, no es la que usted ha dado en su interpelación, aunque hoy la ha matizado en esta tribuna. La ha matizado cuidadosamente, ha excluido algunos delitos
-yo también me los conozco, ¿sabe?- cuando ha dicho que suben los delitos más graves. Alguno de los graves baja, pero usted lo ha excluido de la lista, ¡qué casualidad! Sí, señor Alonso, sí, porque yo me he leído el informe del fiscal como usted.
(Rumores.)
¿Adónde voy? Usted hace una interpretación del informe de la fiscalía que no es cierta. Usted dice en su interpelación -hoy lo ha matizado en esta tribuna mucho más- que de la memoria de la fiscalía del Estado para 2008 se desprende un
incremento significativo de la delincuencia cometida por menores. Sí, es su frase. Interpelación. Falsa. Hoy aquí la ha matizado porque no es cierta. Es más, la memoria de la fiscalía dice justo lo contrario. Dice la fiscalía: En general
puede decirse que en este 2008, como ya ocurriera en 2007, segundo año consecutivo, la criminalidad juvenil ha experimentado un descenso cuantitativo en los tipos penales de más frecuente aplicación. Es verdad que algunos tipos penales más
infrecuentes han subido. Y a continuación la propia fiscalía dice algo que a usted seguro que no se le ha escapado y que es fundamental y es que dice que como modificamos una ley orgánica, en concreto para las penas de tráfico, esto ha implicado
que ha subido mucho el número de menores implicados en procedimientos penales, pero no como resultado de los tipos anteriores sino de un tipo nuevo, y por tanto a la hora de comparar criminalidad, deberíamos excluir este tipo de delitos. Y fíjese,
no son pocos, ¿eh?: 840 procedimientos penales en el año 2007 de tráfico, 4.443 en el año 2008. En conjunto, niego la mayor. No han aumentado en España los crímenes, las faltas penales, la delincuencia juvenil. No han aumentado, la niego y la
niego con los datos de la fiscalía. Fíjese -no quiero entrar en este debate que es muy viejo- que los datos de la fiscalía no son sobre la evolución de la delincuencia. La fiscalía mide actividad judicial, no actividad policial. Eso lo saben
ustedes perfectamente y sobre eso hemos discutido en esta Cámara y, por cierto, los ministros del Interior -los suyos y los nuestros- hemos dicho siempre lo mismo. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Dicho esto, que es un tema menor, lo que vengo aquí a decir es que el punto de partida de su reflexión es equivocada. En España hoy los menores cometen menos delitos que el año pasado y menos que el año anterior. Por tanto partamos del
principio objetivo: se cometen menos delitos por los menores. Otra cosa distinta es eso de la alarma social con la que usted ha jugado y que es difícil de medir, porque la alarma social en esta materia sube y baja en función, naturalmente, de los
hechos. Si usted mide al día siguiente del horrible asunto de Seseña la alarma social, sube; un mes después ha bajado extraordinariamente. Por tanto en esto de la alarma social casi mejor no entrar, porque es un tema muy subjetivo, y desde luego
algunas declaraciones lo que hacen es aumentar la alarma social. Si alguien sale diciendo que ha aumentado la criminalidad, que estamos en una situación., evidentemente la alarma social sube. El problema es si sube o baja. Mi respuesta es que
baja. No la mía, la de la Fiscalía General del Estado. Por cierto, los datos de la Policía y los de la Guardia Civil dicen exactamente lo mismo, que ha bajado la delincuencia juvenil en nuestro país. No ha hablado usted de las mafias y mejor que
no lo haya hecho, porque en su interpelación dice algo de las mafias y de los menores que no está en la memoria de la fiscalía, no está. Al revés, la memoria de la fiscalía pondera la actuación
del Ministerio del Interior en esta materia. En resumen, trae usted aquí una interpelación en un momento, creo, inoportuno -aunque naturalmente no soy quién para decidir la agenda del Grupo Popular-, a mi juicio inoportuno, porque se trae
al hilo de lo que se trae, y la trae basada en un dato incierto, porque la criminalidad juvenil no solo no ha subido sino que ha bajado en los últimos años, lo que no quita para que el debate sea pertinente, que siempre lo es.
A continuación, con el breve tiempo que me queda, entro en el debate, que es un debate que tal como usted ha planteado es mucho más del Ministerio de Justicia que del mío, pero no me preocupa en absoluto. Como usted sabe, estos temas de
criminalidad siempre admiten dos tipos de planteamientos, siempre, el planteamiento penal, que es represivo pero que al mismo tiempo también es preventivo, y el planteamiento estrictamente preventivo. Debo decirle que si en alguna materia los
tratamientos preventivos tienen interés, es justamente en materia de criminalidad o de delincuencia juvenil, porque a nadie se le escapa que los delincuentes en general no leen el Código Penal. Esto es bastante conocido, no lo leen. (Una señora
diputada: Se lo saben.) Algunos se lo saben, los profesionales, y otros menos, pero desde luego de lo que estoy seguro es que en los programas de primaria y de secundaria no dan la Ley del Menor, y por tanto si alguien piensa que incrementar las
penas para los menores tiene un efecto preventivo positivo, mi respuesta es taxativamente no. Otra cosa distinta es que deba haber una respuesta social, proporcional, que deban evitarse esos casos de alarma social que se dan, por cierto, algunos
casos muy concretos también. No quiero referirme a ninguno, pero todos tenemos en la cabeza a qué caso nos referimos, un caso que de ninguna manera tiene solución si cambiamos la Ley del Menor, porque sabe usted que no tiene efecto retroactivo.
Uno, estamos hablando de uno. Es verdad que es frecuente, que se da, que es reiterativo, que aparece. Uno.
No voy a hacer una intervención larga sobre la Ley del Menor. Ha tenido cinco reformas desde el año 2000, cinco, la última es la de 2006. Creo que merece la pena darle una oportunidad antes de modificarla una vez más, entre otras cosas
porque las comunidades autónomas, que son las que la aplican, dicen que no va mal. De hecho, la propia Comunidad de Madrid en sus datos -si no recuerdo mal- habla de un 90 por ciento de éxito en la reinserción, lo cual para una ley de esta
naturaleza es un éxito notable. Por tanto, mi posición es que dado que endurecimos -y lo hicimos- la Ley del Menor en el año 2006, después de un debate riguroso y serio, démosle un tiempo para ver cómo funciona, lo cual no significa que no se pueda
reflexionar sobre ello, y entretanto examinemos nuestras políticas preventivas, que ahí sí que podemos hacer más cosas -lo reconozco con usted-, partiendo de un principio fundamental y es que las políticas preventivas en esta materia -en todo, pero
en estas materias- son especialmente compartidas. Lo decía usted, no se trata solo de una política del Ministerio del Interior, aunque cosas preventivas hacemos.
Se trata de una política de los ayuntamientos, de las comunidades, implica a las
familias, a los medios de comunicación, por supuesto a la escuela, a lo que los jóvenes ven en los ordenadores, a lo que reciben como impactos televisivos -a todo eso se ha referido usted- y por tanto se habla de una política integral que afecta a
todas las comunidades autónomas, a los ayuntamientos y al Estado.
El Estado tiene políticas en esa materia, algunas educativas. Por cierto, bien podían haber pensado ustedes en este asunto de la violencia juvenil al hablar de la educación para la ciudadanía, porque es cierto que estamos hablando, entre
otras cosas, de la transmisión de valores en la escuela, algo en lo que ustedes y nosotros hemos discrepado mucho tiempo.
Nosotros creemos que los valores se transmiten. Ustedes creen que en la escuela lo que queremos es adoctrinar y, mire por
dónde, igual ahora encontrábamos aquí un punto de coincidencia y es que la escuela debe prevenir este tipo de cosas. (Aplausos.) Igual lo encontramos. Pero, en fin, no iba a ese asunto.
Respecto a lo que hacen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sí le puedo decir que tenemos distintos instrumentos, que con mucho gusto puedo exponer ante usted en un trámite parlamentario menos restringido temporalmente que este. Tenemos
protocolos de actuación contra las bandas juveniles, ponderados por cierto por el fiscal en su memoria; tenemos protocolos de actuación en concreto para prevenir la delincuencia juvenil y tenemos algunos programas -y con esto acabo, simplemente los
enuncio- a los que damos especial significado: el programa de actuación policial que trata de prevenir la venta de droga en la puerta de los colegios, en el que llevamos mucho tiempo trabajando y del que estamos especialmente satisfechos; el
programa que trata de prevenir la venta de droga en los lugares de ocio donde van los jóvenes los fines de semana, un programa policial que lo hacemos con las policías locales sobre el que estamos enormemente satisfechos, y, en general, un programa
de prevención de la violencia en la escuela, que hacemos con los centros educativos, con los directores de los centros y que lo que trata fundamentalmente es de familiarizar a los jóvenes en una edad muy importante, que es la adolescencia, con la
actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en un intento... (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro. Hemos acordado que el régimen de preguntas e interpelaciones tendría el mismo tiempo. Muchas gracias.
En turno de replica tiene la palabra don Alfonso Alonso.
El señor ALONSO ARANEGUI: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, la verdad es que estoy encantado de debatir con usted sobre esta cuestión que hace referencia a la actuación de la policía y a lo que tiene que ver con las leyes penales, pero es evidente que es una cuestión
más amplia. Es el Gobierno el que elige quién contesta las interpelaciones que formula la oposición y ustedes han decidido contestarla desde el Ministerio del Interior. Confieso que me sorprendió, porque pensé que sería más bien el
ministro de Justicia, sobre todo cuando se estaba hablando tanto de la modificación de la ley. Ahora yo me alegro de que sea usted, porque sus intervenciones son siempre sugerentes.
Hoy ha utilizado ese lugar común de la falsa modestia, precisamente sobre las cuestiones en las que usted ha destacado más. La primera cuestión en la que usted es un personaje destacado y reconocido es en la discusión estadística. Usted se
ha forjado en la discusión estadística y yo naturalmente no pretendía discutir de estadística con usted. Le puedo reconocer que los delitos más frecuentes, que son por otra parte los menos graves, han tenido un ligero descenso, pero reconózcame
usted que se está produciendo un incremento de los delitos más graves y que este es un hecho que sí nos debe preocupar y le concierne a usted y naturalmente concierne al Gobierno, y reconózcame también que aunque ha dicho que los casos que se
conocen y generan mucha alarma social son muy pocos casos a lo largo del año, muy pocos casos, ha habido 266 delitos contra la vida.
Hemos conocido 3 ó 4, 4 ó 5. Eso es la punta del iceberg. No se está bombardeando permanentemente a la sociedad
con esa cuestión, pero hay una violencia que está detrás y que la sociedad percibe.
Por otra parte, dice usted que no se puede actuar en caliente y que este no es el momento adecuado para realizar este debate. Naturalmente, usted no tiene la capacidad no sé si de fijar lo que se puede debatir, pero no la de fijar cuándo la
oposición trata de hacer estos planteamientos o cuándo la sociedad quiere abrir un debate y que esto se discuta y conocer también la opinión y la posición de sus representantes públicos. Sus grandes momentos los ha vivido usted siempre en
declaraciones en caliente, siempre fueron en declaraciones en caliente, y usted que dice que solo ha hecho una declaración sobre este tema, tuvo la habilidad de hacer la declaración más subida de tono que hizo ningún representante político en torno
a este debate. Me parece que es una declaración francamente reprobable la que hizo y que contiene un juicio de intenciones y un juicio de valor sobre nuestra postura que no es aceptable, y me gustaría que usted la rectificara también aquí, porque
yo he procurado dar a mi intervención un tono constructivo y no he ido tampoco a hacer una crítica especial de su ministerio. Conviene que cuando uno se excede en sus declaraciones sepa también rectificarlas.
La ley no es un tótem que no se pueda modificar; no entiendo por qué el Partido Socialista sigue atrapado en esa especie de prejuicio. Me ha quedado muy clara su actitud de inmovilismo absoluto: se niegan a modificar la ley, y pueden
hablar de cualquier cosa, menos de acomodar la ley a las necesidades que se ponen de manifiesto con los hechos graves que conocemos y con la violencia que se ejerce día a día. Le insisto en que los casos que hemos conocido ponen de manifiesto una
desproporción entre la respuesta penal y la gravedad de las conductas que generan una alarma social, y que esa alarma social se puede atajar. Se puede atajar corrigiendo la ley, se puede proteger a las víctimas y se puede devolver la confianza
también en un sistema penal de justicia para los menores que no estaba funcionando mal.
Cuando nosotros hablamos de que queremos ampliar la edad del ámbito de aplicación de la ley hasta los 12 años, lo hacemos precisamente porque sabemos que nueve de cada diez jóvenes que entran en el circuito de la Ley de responsabilidad penal
del menor terminan reeducándose, reinsertándose y no vuelven a delinquir. Por tanto, no entiendo cuál es el miedo a que la potencialidad de esta ley, que puede ser una ley útil, se extienda y vaya más allá.
Nosotros traeremos una moción la semana que viene a esta Cámara para ver si conseguimos ablandar su corazón, para ver si conseguimos que escuchen a la sociedad y que de una vez se hagan eco de lo que está pasando en la calle, no sean sordos
y no se dejen llevar por la soberbia. Espero que esta semana hagan una reflexión y que, con nosotros, voten a favor de hacer un plan para combatir la violencia entre los menores, que lo consideren una prioridad y que podamos modificar una ley que
hace tiempo que tenía que haber sido cambiada.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alonso.
Señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Gracias, señor presidente.
Intervengo muy brevemente, señor Alonso -¡ah!, ha ocupado usted el puesto del señor Rajoy-. (Risas.) Primer tema, la cosa estadística. No es menor ese debate porque ustedes, para llegar a la conclusión de que hay que modificar la ley,
parten de una realidad estadística falsa -perdone que se lo diga-, y discuto con alguno de sus compañeros de la Cámara sistemáticamente este asunto. Vamos a discutir lo indiscutible, y lo indiscutible son los homicidios o asesinatos con resultado
de muerte, porque esos no los puede esconder nadie ni camuflar ni manipular. Le voy a dar una serie de datos sobre cuántos menores han sido detenidos en la década de los dos mil por cometer un homicidio o un asesinato con resultado de muerte. Los
datos son los que son: año 2000, 11; año 2001, 9; año 2007, 5; año 2008, 3; año 2009, uno. Si hace la media, verá que, efectivamente, nos hemos ido desplazando hacia abajo. Este es un indicador, que debo decirle que no es el más
representativo, pero que es el indicador que nos trae aquí, porque ustedes plantean este debate en esta Cámara en este momento por lo que lo plantean. Por tanto, como además en el conjunto de los indicadores sucede lo mismo -lo dicen la fiscalía,
la Policía y la Guardia Civil-, no cabe más remedio que empezar por decir: parten ustedes de un principio falso y es que la delincuencia juvenil está subiendo. Yo le digo que está bajando y los datos que tenemos así lo atestiguan.
Lo que no quita -lo he dicho en esta Cámara y lo dije en mis primeras declaraciones- que este debate sea pertinente -¡faltaría más!-, que ustedes como oposición pueden traer aquí el debate que quieran y que yo tengo que hacerlo porque soy el
Gobierno y para eso estoy en un turno justamente de control al Gobierno. ¡Faltaría más! Lo he dicho en mi intervención, no ponga usted en mi boca cosas que no he dicho, que ya hace muchos años que estoy en este Parlamento y sé muy bien cómo
funcionan las cosas.
Segundo, me pide usted una rectificación. Le ruego que lea mis declaraciones. No me importaría nada rectificar, pero yo dije dos cosas en aquella pregunta que me hicieron en una rueda de prensa la mañana que la señora De Cospedal había
hecho la declaración de marras. Por tanto, no es que yo vaya a buscar afanosamente contestar a nadie; es que me siento frente a los periodistas, me preguntan y, en general, yo -no todos los políticos actúan así- contesto. Es verdad que no todos
actúan así, pero yo sí. (Aplausos.) Me preguntaron y dije dos cosas: Estos debates son siempre pertinentes, creo que es mejor no hacerlos en caliente y, a continuación, que no me gustan los políticos que van a los actos y proponen modificaciones
del Código Penal. Punto final. ¿Y sabe qué le digo? Que no lo puedo rectificar, pero no porque sea un insulto, que no lo es especialmente, sino porque lo creo. Es que lo creo, es que creo profundamente que no se debe hacer eso. Por tanto, no me
pida usted que rectifique algo de lo que estoy absolutamente convencido. Creo que estos debates hay que hacerlos en frío y que el papel de los políticos es justamente distinguir lo excepcional de lo normal y colocar estos debates de reformas
penales en momentos en los que los podamos hacer con sosiego, porque hablamos de una cosa muy importante, no de dar satisfacción a algunos, que no se la vamos a dar nunca. No se olvide de que este es un debate que se planteará cada vez que tengamos
un tema de esta naturaleza, y por mucho que hagamos nunca vamos a satisfacer a todos. Es normal que así sea, y hay que entenderlo así. Nuestra misión como políticos es hacer códigos penales ajustados a la realidad, que sirvan para lo que tienen
que servir: primero, que tengan una voluntad reinsertadora y, segundo, que tengan una voluntad sancionadora. Estos debates hay que hacerlos tranquilamente.
Hemos cambiado cinco veces la Ley del Menor en la década de los dos mil -repito, cinco veces-, la última en 2006. Por tanto, lleva tres años y algunos meses funcionando. Parece que los expertos, los que la aplican y las comunidades
autónomas que la aplican están satisfechos. El dato del 90 por ciento de reinserción de los menores que han delinquido habla por sí solo. Vamos a ver cómo funciona esta ley. No digo que no discutamos, naturalmente que hay que discutir, tantas
veces como sea necesario, pero démosle tiempo a esta ley. Hagamos, si quieren, una comisión de seguimiento, hablemos con las comunidades autónomas, pero no propongan ustedes cosas simplemente por lo que las proponen, y perdonen que aquí haga un
juicio de valor, pero es que no tengo más remedio que hacerlo. Le voy a decir una cosa. Yo creo que hay que tener solidaridad con las víctimas y con las familias -¡faltaría más!-, entre otras cosas, porque algo falla en la sociedad -y los poderes
públicos tenemos una responsabilidad- cuando pasan estas cosas, pero hay una línea muy frágil entre la solidaridad y el oportunismo. Por favor, no traspasen ustedes esa línea.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro del Interior.
DEBATE RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN POR LA CÁMARA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17.1 DE LA LEY ORGÁNICA 5/2005, DE 17 DE NOVIEMBRE, DE LA DEFENSA NACIONAL.
- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE MILITARES ESPAÑOLES EN LA MISIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA DE ADIESTRAMIENTO DE FUERZAS DE SEGURIDAD SOMALÍES EN UGANDA (EUTM-SOMALIA).
(Número de expediente
095/000008.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a examinar el punto VIII del orden del día: Solicitud de autorización del Congreso de los Diputados para la participación de militares españoles en la misión de la Unión Europea de adiestramiento de fuerzas de
seguridad somalíes en Uganda.
Tiene la palabra para defender la propuesta, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Defensa.
La señora MINISTRA DE DEFENSA (Chacón Piqueras): Gracias, señor presidente.
Señorías, el pasado viernes dos helicópteros de la agrupación española, un Sikorski SH3D y un Augusta Bell 212, partieron del aeródromo Cabo Rojo en República Dominicana hacia el buque Castilla para transportar material procedente de España.
Cuando se encontraban al sudeste de Haití, próximos a la frontera con la República Dominicana, el Sikorski, que era el helicóptero líder de la formación, avisó que había perdido enlace por radio con el Augusta Bell. Tras ello, se activó el
dispositivo de búsqueda, en el que participaron fuerzas de varios países. Un helicóptero chileno localizó los restos de la aeronave siniestrada en las proximidades de la localidad haitiana de Fond-Verretes, en la ladera de una montaña de difícil
acceso. Más adelante se confirmó que sus cuatro ocupantes habían fallecido. La colaboración de los helicópteros estadounidenses resultó crítica para recuperar los cuerpos. Actualmente se están investigando las razones que provocaron el accidente.
Sus señorías serán puntualmente informadas en cuanto dispongamos de los datos oficiales de la comisión para la investigación técnica de los accidentes de aeronaves militares.
Lo dije el pasado domingo en Haití a sus compañeros del buque Castilla, y me gustaría reiterarlo aquí hoy. El
comandante de Intendencia Luis Torija, el teniente de Infantería de Marina Francisco Forne, el alférez de navío Manuel Dormido y el cabo mayor de Infantería de Marina Eusebio Villatoro quisieron vivir como héroes y como héroes fallecieron.
Los cuatro marinos encontraron la muerte a 7.000 kilómetros de sus familias, mientras realizaban una extraordinaria labor para socorrer a uno de los pueblos más pobres del mundo. Su nombre va a perdurar en cada edificio que han reconstruido, en
cada camino que han abierto y en cada haitiano que nuestros militares españoles han atendido.
(Aplausos.) Estos cuatro profesionales de nuestras Fuerzas Armadas, como el resto de sus compañeros desplegados en las misiones internacionales y en el
territorio nacional, no dudaron en arriesgar su propia vida para que vivamos todos más seguros y también en un mundo mejor. Como imaginarán, no hubiera querido empezar esta comparecencia con estas palabras, pero sé que me hago eco del sentir
unánime de esta Cámara al comenzar esta intervención expresando el orgullo por la misión que realiza la dotación del buque Castilla en Haití, así como las condolencias por la pérdida de nuestros cuatro militares.
Dicho esto, señorías, como saben, estoy hoy aquí para solicitar, en virtud del artículo 17.1 de la Ley Orgánica de Defensa Nacional, la autorización al Gobierno de España para enviar un contingente militar que participe en la misión de la
Unión Europea de adiestramiento de fuerzas de seguridad somalíes en Uganda, la llamada EUTM-Somalia. La decisión de solicitar la autorización de este despliegue fue adoptada por acuerdo del Consejo de Ministros el pasado 9 de abril. Esta es una
nueva misión internacional, que se suma a las más de cincuenta en las que han participado nuestros militares en ya más de dos décadas. En la práctica, se trata de una misión que en realidad complementa los esfuerzos que está haciendo ya la Unión
Europea para erradicar la piratería en las aguas del Índico a través de la operación que ustedes conocen bien, Atalanta. Mediante la formación de fuerzas de seguridad de Somalia, queremos llevar a tierra la lucha contra el crimen organizado que
desde hace más de un año estamos realizando en el mar. Antes de solicitarles formalmente que autoricen esta participación, paso a explicarles los antecedentes que la hacen necesaria. Tras ello les expondré los pormenores de las operaciones que van
a llevar a cabo nuestros militares, si así se autoriza, y las características del envío de este contingente.
La piratería en aguas de Somalia y del golfo de Adén supone, señorías, como ustedes saben bien, un problema de enorme gravedad. Los piratas pertenecen a redes criminales cada vez más sofisticadas y que han convertido el secuestro en el
negocio más rentable en esta zona africana.
Además, existen indicios de que esta actividad podría llegar a convertirse en la gran fuente de financiación de las organizaciones islámicas radicales presentes en la región. Los ataques a las
embarcaciones que transitan por el Cuerno de África ponen a día de hoy en jaque la distribución de ayuda humanitaria al continente africano. La supervivencia de dos millones de personas en Somalia depende de que todos los meses lleguen a puerto los
barcos del programa mundial de Alimentos.
Por otra parte, comprometen la actividad económica de muchos países, más de 16.000 buques transitan al año por el golfo de Adén, y su carga representa un 20 por ciento de todo el comercio mundial. Pero la
piratería en las aguas de Somalia no es solo una amenaza para la seguridad marítima internacional, es una amenaza también para la actividad pesquera de la flota atunera española y comunitaria en el Índico.
Al combatir este fenómeno estamos defendiendo un principio que a lo largo de nuestra historia España ha defendido: la libertad de los mares. Desde los tiempos de Francisco de Vitoria y Fernando Vázquez de Menchaca nuestro país ha
encabezada en numerosas ocasiones iniciativas a favor de la libertad del tránsito de personas y de mercancías, así como la libertad de pesca. Saben ustedes que España está liderando estos esfuerzos internacionales en defensa de la libertad de los
mares. Desde hace más de dos años, hemos desempeñado un papel muy destacado en los organismos internacionales para que nuestros socios se impliquen en la lucha contra la piratería. Nuestra actividad se ha centrado, en primer lugar, en el ámbito
diplomático y, en segundo lugar, en el militar. Por un lado, a través de nuestra representación diplomática ante Naciones Unidas en Nueva York hemos participado activamente en todas las iniciativas presentadas en el Consejo de Seguridad para
asegurar el tráfico marítimo en el Cuerno de África. Se ha traducido en diversas resoluciones del Consejo de Seguridad, concretamente las 1814, 1816, 1838, 1846 y 1851, todas ellas de 2008, además de la 1897, de 2009. Por otro lado, el Gobierno de
España, junto con Francia, impulsó varias acciones de carácter militar para combatir las redes criminales que están operando en la región. Estas iniciativas -lo saben ustedes bien- dieron paso a la primera operación estrictamente naval de la Unión
Europea, la operación Atalanta, contra la piratería en el Índico. Esta se inició el 8 de diciembre de 2008, al amparo de las resoluciones que les he mencionado. Como saben, nuestros militares se incorporaron a la operación el 23 de enero de 2009,
tras recibir el respaldo casi unánime de esta Cámara.
Señorías, hace quince meses comparecí también ante este Pleno para obtener su autorización para el despliegue de nuestras Fuerzas Armadas en esa operación Atalanta. Les dije entonces que la intervención de nuestros militares era necesaria
para la supervivencia de los habitantes en Somalia y de vital importancia también para defender los intereses de nuestro país y de la comunidad internacional. Hoy comparezco aquí con la convicción de que la operación Atalanta está logrando
resultados tangibles. De forma global, desde que se inició la operación, se ha conseguido reducir a la mitad el número de ataques que finalmente acaban en secuestro. Si antes uno de cada tres intentos terminaba en secuestro, un año después de la
operación solo es uno de cada seis. Además, pronto vamos a tener que incorporar los nuevos datos que está arrojando el periodo intermonzónico de este año 2010 y que mejora
las cifras que tenemos hasta ahora. Además, desde que comenzó la operación, los buques encargados de transportar ayuda humanitaria han descargado en los puertos somalíes sin ser ninguno de ellos capturado por los piratas. Estos resultados,
como les decía, se mantienen e incluso mejoran en este momento, en pleno periodo intermonzónico. Como saben, estos periodos, que van de marzo a mayo y de septiembre a noviembre, son los que registran mayor número de ataques debido a las buenas
condiciones del mar. Pues bien, mes y medio después de que comenzara la actual temporada de pesca en el Índico, el número de secuestros, señorías, se ha reducido en una cuarta parte, con respecto al mismo periodo del año anterior, a pesar de que
los ataques de los piratas se han más que doblado. Además, gracias a la reciente ampliación de cometidos, que España propuso, y que está permitiendo un mayor control de los puertos y de los puntos de embarque, les puedo informar, señorías, que en
los dos últimos meses, la operación Atalanta ha desarticulado en el mar hasta 21 bandas armadas, en las que operaban más de 250 piratas, que han sido destruidos más de una treintena de esquifes y diez embarcaciones que actuaban como buques nodriza
para la comisión de delitos. La Focus Operation, señorías, ya está funcionando. Y, aunque los ataques piratas siguen produciéndose, cada vez son menos los que logran finalmente su objetivo. Así que los datos confirman que, a pesar de las muchas
dificultades, esta operación Atalanta está siendo un instrumento eficaz contra la piratería.
Estos avances son consecuencia de decisiones que hemos tomado, que he traído a la Cámara y para las que he tenido su apoyo, señorías, con el objetivo de fortalecer la operación, y que quiero agradecerles. Quiero, además, destacarles la gran
labor que están realizando los militares de todos los países que están participando en la operación. Les recuerdo que tenemos ahora mismo en el Índico más de 20 buques y aeronaves de 20 países dedicados a combatir la piratería frente a las aguas de
Somalia y el Golfo de Adén. Quisiera, en especial, destacar la actuación de nuestras Fuerzas Armadas. Saben que desde el principio hemos sido el segundo país contribuyente después de Francia. En la actualidad, de un total de 1.980 efectivos, que
componen la operación Atalanta, aportamos 370 militares repartidos entre la fragata Victoria, el patrullero oceánico Vencedora y el destacamento aéreo P3-Orión, desplegado en Yibuti.
En los quince meses transcurridos desde el comienzo de la operación, los casi 1.900 militares españoles que se han desplegado en las sucesivas rotaciones han llevado a cabo acciones vitales para la protección de los buques en la zona; han
investigado más de 1.100 embarcaciones; han escoltado 26 buques, varios de ellos del programa mundial de Alimentos y han interceptado a 22 piratas. En todo este tiempo, los buques de la Armada han acumulado 600 días de mar, y los medios aéreos, el
P3-Orión y los helicópteros embarcados, han completado más de 4.000 horas de vuelo.
Pero España no es solo el segundo contribuyente en fuerzas a esta operación, ni uno de los más activos. Hemos trabajado con nuestros socios y con todos los sectores afectados para sumar medidas adicionales en esa lucha contra la piratería.
La primera de ellas fue fomentar una mayor cooperación internacional. La complejidad del problema, la gran cantidad de gobiernos afectados, las enormes dimensiones del área de vigilancia requieren una mejor coordinación entre los países y las
organizaciones que estamos trabajando juntas. Me refiero, en particular, a la Unión Europea, la OTAN y la Task Force 151, que lidera los Estados Unidos, pero también hemos hecho esfuerzos con terceros países presentes en la zona, como Rusia, China,
India, Japón y Australia, por citarles algunos. Es, sin ninguna duda, la mayor operación internacional en el mar de la historia.
En segundo lugar, y aprovechando el semestre de Presidencia rotatoria de la Unión Europea, España ha trabajado con sus aliados para conseguir la ampliación de los cometidos de la operación Atalanta y, en particular, de todos aquellos que
permiten ofrecer mayor protección a los buques pesqueros que faenan en la zona. Ya en noviembre de 2009 presenté a mis homólogos europeos una propuesta para intesificar la vigilancia marítima en los puertos en los que sabíamos que eran los
principales puntos de embarque de los piratas, así como para poder interceptar los buques nodriza. Esta iniciativa, como saben, fue muy bien recibida por nuestros socios.
A raíz de ello, y a finales de enero, el Comité Político y de Seguridad de la Unión Europea incluyó en su nuevo plan de operaciones una serie de misiones específicas para la vigilancia, seguimiento y captura de los grupos piratas en las
playas y en los campamentos en la zona noroeste de la costa de Somalia. En la reunión de nuestra Presidencia, que convocamos en Palma de Mallorca el pasado mes de febrero, los ministros de Defensa de la Unión dieron su visto bueno a estas nuevas
medidas propuestas por España, naciendo así la actual Focus Operation, que ya está dando buenos resultados. También, a propuesta española, este nuevo plan hace mención expresa a los pesqueros y extiende la zona de operaciones hacia el sur para
asegurar una mayor presencia en el área en la que están faenando los buques con bandera española. Así, los medios españoles de la operación Atalanta fueron asignados de manera principal, aunque no exclusiva, a esta zona sur para contribuir a esa
mejor protección de los pesqueros, especialmente durante los períodos álgidos en la actividad de la pesca del atún.
Por otro lado, y en paralelo a esta actividad, el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y el Ministerio de Defensa han dedicado una especialísima atención a nuestra flota atunera en el Índico. Hemos mantenido un contacto
permanente con los representantes del sector, de manera que pudiéramos coordinar medidas que potenciaran su seguridad. En ese sentido, de común acuerdo con los armadores pusimos en marcha medidas para que los pesqueros españoles contaran todos
ellos con seguridad privada, y les permitimos, además, modificando la normativa, que dispusieran de armamento de mayor capacidad con el objetivo de hacer
frente al grado de amenaza existente en las aguas del Índico. Esta presencia de seguridad privada, en coordinación con los medios militares, ha mejorado, sin ninguna duda, la capacidad de respuesta de los buques y ha permitido repeler todos
aquellos intentos de asalto que han recibido por parte de los piratas.
Por último, también en el marco de nuestra Presidencia, el Ministerio de Defensa va celebrar el próximo 8 de junio en Bruselas el simposio de la Unión Europea sobre piratería que evalúe todos los avances realizados y, por tanto, pueda seguir
haciendo propuestas eficaces. En él van a participar los representantes de la Comisión, del Consejo, de las agencias y de los Estados miembros de la Unión, además de otros organismos e instituciones nacionales e internacionales con competencia en
asuntos marítimos.
Tras lo expuesto, podemos afirmar que la operación Atalanta y las medidas que hemos tomado de protección de los pesqueros están dando resultado a la hora de disminuir el número de buques secuestrados. Actualmente, disponemos ya de más y
mejor información sobre los movimientos de los piratas y también sobre sus métodos, y esto unido a la experiencia que hemos acumulado, nos está permitiendo ser más eficaces en la prevención y también a la hora de contrarrestar la actuación de los
criminales. Dicho esto, señorías, y por eso estamos aquí, queda mucho por hacer. La piratería en el Cuerno de África sigue siendo un grave problema y estamos todavía muy lejos de erradicarla. Los buques que transitan por estas aguas o faenan en
ellas siguen corriendo serios riesgos de ser secuestrados. Todos recordamos lo sucedido con los pesqueros Playa de Bakio y Alakrana, y a pesar de las medidas tomadas, hoy por hoy, persiste la amenaza de secuestro. Actualmente, les recuerdo que son
once los barcos con bandera de hasta diez países que se hallan en manos de los piratas. Entre ellos está el pesquero Xacoba con bandera de Kenia y operado por una empresa de Ghana, en el que se encuentra retenido un ciudadano español. Si bien la
misión está cumpliendo sus objetivos, desde el punto de vista operacional, nos enfrentamos ahora a un nuevo problema, el del marco legal de la detención, del enjuiciamiento y del encarcelamiento de los presuntos piratas.
Como saben, la Unión Europea firmó un acuerdo con el gobierno de Kenia, el pasado 6 de marzo de 2009, para entregar y procesar a los detenidos en estos actos de piratería y otro con las autoridades de Seychelles, el 2 de diciembre del año
pasado. El gran número de capturas ha provocado que Kenia haya manifestado serias dificultades para seguir aplicando este convenio, debido a la falta de capacidad de su sistema para enjuiciar a estos presuntos criminales.
Ante esta situación, la alta representante ha obtenido del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea la autorización para entablar nuevas negociaciones con otros países de la región; en este caso con Mauricio, Sudáfrica, Uganda,
Mozambique y Tanzania. A medio plazo, estamos considerando otras medidas adicionales que refuerzan este marco legal, entre ellas, la reintroducción del delito de piratería en los códigos penales nacionales, el nuestro incluido, la creación un
tribunal internacional específico o el establecimiento de un tribunal regional que se encargue de juzgar estos actos de piratería. Pero, señorías, España ha repetido, una y otra vez, que por más medidas que tomemos contra los piratas en alta mar,
estos van a seguir atacando los buques mientras no dediquemos mayores esfuerzos a atajar la raíz del problema. Y esta raíz se encuentra, como saben, tierra adentro, en el Estado fallido de Somalia y en el continente africano en general. El origen
del problema de la piratería reside en la falta total de autoridad en ese territorio y en las nulas perspectivas de futuro para los habitantes de ese país. Estos dos factores fortalecen el crimen organizado y alientan a muchos somalíes a caer en
sus redes. La comunidad internacional, por tanto, tiene una responsabilidad con la paz y la estabilidad en Somalia y con la consolidación de su Estado. Debemos actuar para ayudar a esos habitantes de una de las zonas más pobres del planeta y
también debemos actuar para combatir la piratería y liberar unos mares secuestrados por el crimen y la impunidad.
Tras casi dos décadas de inestabilidad y de guerra civil, Somalia está ahora transitando por un incierto proceso de paz. Bajo los auspicios de Naciones Unidas, el Gobierno federal de transición y la Alianza para la Re-Liberación de Somalia
firmaron el 9 de junio de 2008 el acuerdo de Yibuti. Este acuerdo, como saben, busca restaurar la confianza mutua entre las partes en conflicto y contribuir a estabilizar la región. Según el representante especial del secretario general de
Naciones Unidas para Somalia, el señor Ahmedou Ould-Abdallah, se pretende que el país llegue a articularse como Estado a finales del año 2011, aunque hoy por hoy, señorías, nada permite asegurar que ese plazo pueda cumplirse. La violencia sigue
produciéndose, y el Gobierno federal de transición está muy lejos de lograr un mínimo control dentro de su territorio. A pesar de las dificultades, la comunidad internacional sigue comprometida con Somalia, sigue intentando que deje de ser el
Estado fallido que hoy es y se transforme en un Estado que, aunque débil, pueda funcionar mínimamente con unas estructuras elementales de autoridad y de seguridad. Por esta razón, además de los esfuerzos que estamos haciendo para poner fin al
conflicto que azota el país, el problema de Somalia debe abordarse -y lo sabemos- desde una perspectiva integral. Es prioritario, por tanto, seguir aumentando los programas de cooperación al desarrollo. Solo así lograremos ofrecer medios de vida
alternativos a quienes hoy se ven abocados al crimen y a la extorsión. En este sentido, señorías, les recuerdo que el 22 de mayo se celebrará en Estambul la Conferencia internacional para la reconstrucción y el desarrollo de Somalia, auspiciada por
Naciones Unidas, con el fin de apoyar al Gobierno federal de transición somalí en los ámbitos de la seguridad, el desarrollo y la reconciliación política. Junto a estos esfuerzos, debemos emprender otra tarea: fortalecer la estructura y las
capacidades de las fuerzas de seguridad somalíes. Somalia no aspira a convertirse
en un Estado viable mientras carezca de unas estructuras de seguridad capaces. Solo así el Gobierno federal de transición podrá extender su autoridad y, en última instancia, prevenir el crimen y, por tanto, los actos de piratería.
Siguiendo esta línea, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó el 26 de mayo del año pasado la Resolución 1872.
En ella se destaca la importancia de reforzar la preparación de las fuerzas de seguridad de Somalia y nos insta a la comunidad
internacional a proporcionar asistencia técnica al Gobierno federal de transición somalí. Apoyadas en este mandato, de nuevo España y Francia impulsan entre nuestros socios europeos la creación de una misión para contribuir al adiestramiento de las
fuerzas de seguridad somalíes. Además, durante la reunión de ministros de Defensa de la Unión, celebrada en Bruselas el 17 de noviembre pasado, ofrecí que fuera España quien asumiera el liderazgo de esta misión actuando como nación marco.
El Consejo de la Unión Europea decidió oficialmente el pasado 15 de febrero poner en marcha la misión EUTM-Somalia, y el pasado 31 de marzo acordó su lanzamiento. Al frente de ella, señorías, se nombró como comandante jefe de la misión al
coronel del Ejército de Tierra Ricardo González Elul que, además de ser el responsable de su planeamiento, ejerce de comandante de la operación y comandante de la fuerza. La misión se inició formalmente el 7 de abril, al amparo de la ya mencionada
Resolución 1872, y en coordinación con Naciones Unidas, la Unión Africana y los Estados Unidos; ahora me referiré a ello. El objetivo de esta misión es contribuir a la formación de las fuerzas de seguridad somalíes, ampliando los programas de
adiestramiento que ya desarrolla actualmente la misión de la Unión Africana en Somalia, que conocen bien, la Amisom.
Con EUTM-Somalia se pretende formar a 2.000 militares somalíes, cifra que equivale aproximadamente a cuatro batallones, con sus
oficiales, suboficiales y su tropa. Por otro lado, se pretende formar a un grupo de instructores ugandeses pertenecientes a Amisom. En el futuro deberán ser ellos quienes se encarguen del adiestramiento de las fuerzas somalíes cuando finalice esta
misión que comienza la Unión Europea. Esperemos que estos cometidos se produzcan y desarrollen en dos ciclos de adiestramiento de seis meses cada uno; el primero entre mayo y octubre de 2010 y el segundo entre diciembre de 2010 y hasta mayo de
2011. En cada ciclo se pretende formar a 1.000 militares somalíes. De ellos, 670 van a realizar la instrucción militar básica, además de unos módulos reducidos de entrenamiento en situaciones de combate y desactivación de minas. El resto, 330
efectivos, recibirán una formación avanzada por parte de nuestros militares en diversos aspectos técnicos y aspectos tácticos, tras un adiestramiento básico que les proporcionará Amisom.
En paralelo a este trabajo se llevará a cabo la formación de instructores ugandeses, para que puedan hacerse cargo del adiestramiento a la finalización de la misión y por lo tanto dar continuidad al trabajo realizado, ya sin la presencia de
esta misión europea. También debo decirles que la inseguridad en Somalia nos impide que esa misión se lleve a cabo allí, en Somalia, y que por esta razón el cuartel general de la misión y la base de adiestramiento van a estar en Uganda,
concretamente en Kampala y en Bihanga, donde se desarrollan los programas de formación de Amisom. Quiero destacar que todas las decisiones para el establecimiento de la misión se han adoptado en estrecha coordinación con las autoridades ugandesas.
Además del cuartel general y la base de adiestramiento, la misión contará con una oficina de enlace en Nairobi y una célula de apoyo en Bruselas.
Señorías, esta EUTM-Somalia estará compuesta por 141 efectivos, de los cuales se prevé que 38 sean españoles y que el resto pertenezcan a trece países de la Unión. Como nación marco, España va a aportar el mayor número de militares. Tras
España están Francia, con 26; Italia, con 18; Portugal, con 15; Alemania, con 13; Bélgica, con 6; Irlanda, con 5; Finlandia, Hungría y Suecia, con 4 cada uno; Malta, con 3; Reino Unido y Grecia, que aportan 2 efectivos cada uno, y finalmente
Chipre, con 1. De todas estas contribuciones destacan principalmente las de dos países, señorías, las de España y las de Estados Unidos, que, sin ser miembro de la Unión Europea, va a colaborar activamente en esta misión. En su calidad de nación
marco, España va a asumir básicamente las dos tareas de entrenamiento más exigentes, tanto en importancia como en duración, y en el número de efectivos que se van a formar. En concreto, nuestros militares van a ser los responsables de la formación
de suboficiales y del adiestramiento avanzado en infantería. Además, señorías, la aportación española va a suponer casi un tercio de todos los efectivos destinados a la misión y la mitad de los que conformarán el cuartel general. Como les decía,
Estados Unidos va a conformar un papel esencial en esta misión. Además de aportar el equipamiento, se va a encargar del transporte estratégico hacia y desde Somalia y de la adecuación de las instalaciones de los campos de entrenamiento. También se
va a hacer cargo fundamental, señorías, de los pagos de los salarios a los militares adiestrados durante la formación y durante su periodo de incorporación a las fuerzas de seguridad somalíes.
A nadie se le ocultan, señorías, tampoco al Gobierno de España, las limitaciones que esta misión sin ninguna duda tiene. Para conseguir nuestros objetivos, el Gobierno federal de transición de Somalia deberá desempeñar un papel fundamental
en este proceso. Primero, va a ser el responsable de la selección y del reclutamiento del personal que va a ser adiestrado en Uganda, y segundo, va a ser el encargado del seguimiento de los efectivos formados, una vez que se incorporen a las
fuerzas de seguridad de dicho país. No obstante, hoy por hoy el Gobierno federal de transición tiene una capacidad muy limitada para llevar a cabo incluso estos cometidos. Por ello y entretanto esto se consigue, Naciones Unidas, a través de
Amisom, será la encargada del seguimiento y del control del personal que ha recibido este adiestramiento.
Es particularmente importante -lo entenderán ustedes bien- que extrememos los controles para evitar que estos efectivos de las fuerzas de seguridad somalíes puedan incorporarse a los grupos militares que operan en ese país con la formación
que han recibido por parte de esta misión.
Señorías, esta EUTM-Somalia va a ser la sexta misión internacional que nuestras Fuerzas Armadas desarrollan en África; la sexta. En esta ocasión se trata de la primera vez que el Ejército de Tierra participa en la formación de fuerzas de
seguridad en ese continente. No obstante, es una labor que nuestros militares -ustedes lo saben- ya conocen bien. De hecho, su actividad va a ser similar a la que llevan tiempo realizando nuestros militares, nuestros equipos de formación del
ejército nacional afgano desplegados actualmente en Herat y Qala-i-Naw. Los 38 efectivos que va a aportar nuestro país, 37 del Ejército de Tierra y un médico de la Sanidad militar, se van a distribuir de la siguiente forma: 20 efectivos van a
estar destinados al cuartel general -de ellos 16 van a estar en Kampala, 3 en Bihanga y uno en Bruselas- y 18 instructores estarán en el campamento de Bihanga. Todo está listo para empezar la misión. Contando con la autorización de esta Cámara
para la participación de los militares españoles, el traslado del contingente tendría lugar mañana mismo, viernes 23 de abril. Un avión del Ejército del Aire va a viajar a Uganda desde Madrid para transportar a nuestros efectivos y a 34 militares
de once países que integran esta misión. El coste total estimado de la participación española es de 2,7 millones de euros.
En resumen, señorías, con esta misión España va a liderar de nuevo los esfuerzos de la Unión Europea en la creación de unas fuerzas de seguridad que contribuyan a que Somalia transite hacia la paz y la estabilidad. Al hacerlo, estaremos
ayudando a fortalecer la autoridad del Gobierno federal de transición, para que actúe contras las bandas criminales dedicadas a la piratería. La labor que nuestros militares van a desarrollar en Uganda, señorías, es un complemento indispensable de
los esfuerzos que ya están realizando nuestros militares españoles en la lucha contra la piratería en las aguas del Índico. Hemos empezado combatiendo la piratería en el mar, pero debemos seguir trabajando para eliminar sus raíces en tierra y
alcanzar así el verdadero objetivo, la erradicación total de la piratería. Como ustedes saben, desde el primer momento lo dijo el Gobierno y lo dijo esta Cámara, no conseguiremos acabar con la piratería en el mar si olvidamos que las causas están
en tierra y, en ello, señorías, queremos centrarnos ahora con esta misión.
Termino. A raíz de lo que les he expuesto, señorías, solicito a esta Cámara que autorice la participación de nuestras Fuerzas Armadas en la misión EUTM-Somalia. Esta misión cumple con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de la
Defensa Nacional para la autorización de operaciones internacionales. En concreto, se enmarca dentro de los cometidos asignados a nuestras Fuerzas Armadas y responde al llamamiento del secretario general de Naciones Unidas y del Consejo de Asuntos
Exteriores de la Unión Europea. Con su participación, señorías, España estará demostrando su solidaridad con una de las zonas más solicitadas del planeta, su compromiso con el fortalecimiento del papel de la Unión Europea en el mundo y también su
defensa de la legalidad internacional, en este caso frente a las aguas de Somalia y el golfo de Adén. Recordarán que hace poco más de un año acudí a este Pleno para solicitar su autorización para incorporar a nuestros militares en la operación
Atalanta. Salvo dos abstenciones, el respaldo que recabé de SS.SS. fue unánime. Hoy les pido que renueven ese apoyo, el que ofrecieron a Atalanta, dando su respaldo a esta misión que complementa esa operación y que creo y creemos desde el
Gobierno que da un paso más en la dirección correcta, señorías. EUTM-Somalia es la continuación en tierra de la labor que nuestros militares están desarrollando en el mar, conscientes de que la causa, el origen, está en tierra. Su voto favorable
estará refrendando el liderazgo que España ha asumido entre nuestros socios en el combate contra la piratería en aguas del Índico y también entroncará con el papel histórico que nuestro país ha desempeñado a lo largo de los siglos en la defensa de
un principio muy claro: el de la libertad de los mares. 'El mar nunca fue separado de la comunidad de los hombres y entregado confiado a algunos de ellos', escribió hace más de 500 años el jurista y humanista Fernando Vázquez de Menchaca. Al
formar a las futuras fuerzas de seguridad somalíes, nuestros militares abren un nuevo frente en el combate que libra la Unión Europea y nuestros socios y también terceros aliados contra las redes criminales que operan en ese país. Con este nuevo
esfuerzo evitaremos que unos pocos se adueñen de esas aguas y las devolveremos a la comunidad internacional o, como diría Vázquez de Menchaca, a la comunidad de lo hombres.
Señorías, gracias por su anterior apoyo a la operación Atalanta; les solicito de nuevo su apoyo a esta complementación de la operación Atalanta en tierra, donde sabemos que está la causa del crimen que ya combaten nuestros militares en el
mar.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora ministra.
A continuación, en el turno de fijación de posiciones tiene en primer lugar la palabra por el Grupo Popular la señora Rodríguez-Salmones.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señora ministra, por su exposición y anticipo, señorías, el sentido de nuestro voto, nuestro voto es, naturalmente y con toda rotundidad, afirmativo. Un voto afirmativo escéptico, sin duda, pero esperanzado.
Señora ministra, usted ha hecho antes de empezar -y además lo hemos apreciado- y yo quiero también hacerlo, un recuerdo, un homenaje y una expresión de nuestro
dolor por los 4 militares, los 4 marinos, que murieron no hace todavía una semana en Haití, trabajando en aquella tragedia, de la que hoy se cumplen cien días. No hace todavía dos días que han sido enterrados y aquellas familias, señorías,
impresionantes, como las de todos los que están sirviendo en nuestros ejércitos y en misiones tan lejanas, nos dieron un ejemplo de dolor, de entereza y de apoyo; aquellas mujeres, los padres, las madres, esos niños tan pequeños, esas dos niñas que
estaban al pie del féretro de su padre con esa firmeza. No es cuestión de sentimentalismos, pero una de ellas, señorías, iba a hacer la primera comunión ya, esperaba a su padre y ahora la hará con ese vacío. Sin embargo, esta vocación de servicio
la tienen nuestros militares y la tienen sus familias, a las que aquí rendimos una vez más homenaje.
Nuestro deber, señorías, cuando ellos cumplen el suyo, que es de servicio a España y de compromiso en cualquier parte del mundo, servicio que ellos
asumen desde el primer día en que visten su uniforme, es corresponder -y creo que este Parlamento lo hace- con nuestro apoyo, con nuestro homenaje y con el compromiso de minimizar sus riesgos; y también, señorías, con una obligación pedagógica, que
es inherente a nuestra función de parlamentarios: debemos explicar qué es lo que están haciendo en todas las unidades cada uno de ellos y muy especialmente en las misiones en el exterior.
Usted ha mencionado sus nombres, señora ministra, y yo quiero volver a hacerlo, es nuestro máximo homenaje. Luis Fernando Torija, comandante del cuerpo de Intendencia; Francisco Forne, teniente de Infantería de Marina; Manuel Dormido,
alférez de navío, y Eusebio Villatoro, cabo mayor de Infantería de Marina, han dado su vida por lo que hoy la están dando en cada una de las misiones todos nuestros militares. Nuestro deber, señorías, como he dicho, es de apoyo, pero también de
pedagogía sobre esta cuestión. Señora ministra, para cumplir bien este deber, nosotros la vamos a recordar una y otra vez, con esa arma parlamentaria que es la de la obstinación, que nos gustaría estar más informados. Sé que tengo su acuerdo, pero
vamos a pasar del apoyo verbal a cerrar ya cuál es el sistema de esta información. Señora ministra, usted va a comparecer cuando tenga los informes, y le recuerdo dos cosas: nosotros tenemos que hacer un trabajo previo antes de autorizar esta
misión -que sin la menor duda vamos a autorizar-, para lo que no tenemos suficiente información.
Podíamos haber tenido contacto con el coronel González Elul, que tiene nuestro apoyo y nuestra admiración, podíamos haber tenido sus informes, podíamos
haber tenido algo más, señoría, y no lo tenemos. A partir de ahora, usted comparecerá cuando tenga los datos de esta nueva desgracia, pero sí le pedimos formalmente: envíensenos los informes de situación que hace cada contingente cuando es
relevado, envíenos los informes técnicos después de los accidentes, hágasenos llegar no solo una referencia sino los informes, en este caso de la Citam. Creo que solo así cumpliremos nosotros bien, realmente bien, nuestro deber, que es el deber que
les debemos.
Señora ministra, paso a Somalia. Le he dicho que tiene nuestro voto afirmativo y este voto tiene dos componentes. Un componente de esperanza, sin duda, no creemos que actuamos en la raíz, pero actuamos en tierra, no es la raíz, como dice
el documento, pero sí es importante este adiestramiento. Y, señoría, nuestro voto es escéptico y es esperanzado.
Es escéptico, y qué le voy a decir, usted lo ha expresado también aquí; nos podemos adornar, pero sabemos que los riesgos, las
posibilidades de éxito, son muy pequeñas. Usted ha hecho una larga exposición, que yo aprecio, porque echábamos de menos algo en el documento, que es lo que vamos a votar. (Muestra un documento.) Lo que se somete a votación no es su intervención,
señora ministra, es este documento, en el que la palabra terrorismo no existe. Y nosotros tenemos a dos personas, dos españoles secuestrados en unas situaciones como las que se pueden dar en ese país; usted sabe que el riesgo Al Sabah-Al Qaeda
tiene que estar presente en todo lo que estemos haciendo en ese país. En este documento, señora ministra, aunque usted ha hecho mención y extensa, no se menciona la protección necesaria para que llegue la ayuda humanitaria, y eso no lo podemos
abandonar. Y, señora ministra, yo aprecio en su intervención lo que ha dicho de nuestra flota atunera, pero este documento, que habla de piratería, no tiene una palabra sobre nuestros pesqueros, la palabra pesca no existe en el documento que vamos
a votar, señorías. Cuando España habla de Somalia, tiene que hablar de los pescadores españoles en Somalia necesariamente. Y le vuelvo a decir, señora ministra, que usted ha hecho una información larga, extensa, pero yo la hablo de nuestra
preocupación por esa ausencia, en un documento que aprueba el Consejo de Ministros, del terrorismo, de la ayuda humanitaria y de la pesca.
En el tema de la pesca, señora ministra, creemos que se está trabajando bien, creemos que se han puesto muchos medios, pero no podemos dejar de expresarle nuestra preocupación por las siguientes cuestiones. Por un lado, esperamos, todavía
estamos esperando y desde hace meses, el informe sobre por qué es inconveniente la presencia de nuestros militares a bordo, que sigue siendo una demanda del sector y usted sabe que nosotros sencillamente queremos tener los argumentos por los que
esto es inconveniente, no los hemos tenido y estamos pendientes de un informe.
Por otro lado, señora ministra, ha estado aquí la ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y no nos ha dicho nada sobre ello, estamos pendientes del real
decreto por el que vamos a contribuir a la financiación de la seguridad privada, seguridad privada que le recuerdo que en su última intervención en esta Cámara usted también desaconsejaba; cambió de opinión y nos parece bien, pero en ese real
decreto, señoría, nos gustaría que nos dijera -usted tiene una réplica, nosotros, no; usted tiene mucho tiempo y nosotros, poco- cuál es la posición, si ha habido consultas previas de la Unión Europea sobre esta financiación. Y sabe usted,
señoría, que dentro de unos días empieza ya la parte más eficaz, más dura y más peligrosa
para nuestra flota, de aquí a junio; apreciamos que se estén reforzando los medios, pero en cuanto salgan del canal de Mozambique tenemos que esperar lo peor y, señora ministra, todos los refuerzos que usted nos ha anunciado nos parecen
necesarios, tenemos que ser muy conscientes de todo ello.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Rodríguez-Salmones, por favor.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Termino ahora mismo, señora ministra.
Perdón, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Da igual.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Aprobaremos sin duda ninguna la autorización que se nos somete. Hemos expresado esta preocupación y termino de nuevo, señora ministra, con el homenaje, el apoyo, el reconocimiento y en este caso también
el dolor, que hacemos llegar a las familias y a todos los militares y sus compañeros que están en este momento sirviendo en las misiones.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Rodríguez-Salmones.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señora ministra, quiero volver a expresar, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán, esta vez en Pleno, nuestras condolencias por el fallecimiento de 4 soldados españoles en la misión humanitaria en Haití.
Quiero expresar estas
condolencias a las familias y quiero trasladar también, a través de la ministra, las condolencias al conjunto del ejército. Quiero empezar asimismo expresando nuestro apoyo a esta misión de fortalecimiento institucional, concretamente de
entrenamiento, de adiestramiento, de las fuerzas de seguridad del Gobierno de transición de Somalia. Pero, en el fondo, el adiestramiento de estas fuerzas es una contribución indispensable a la articulación, a la institucionalidad de un estado que,
evidente y desgraciadamente, puede ser un ejemplo de lo que decimos cuando hablamos de Estados fallidos. Desgraciadamente Somalia es un ejemplo de Estado fallido, con recientes choques entre los insurgentes de la Unión de Tribunales Islámicos, las
fuerzas del Gobierno federal de transición y las propias tropas de la misión de la Unión Africana en Somalia. Incluso aquellos que están en Somalia para pacificar y estabilizar el país han recibido y han tenido que abrir fuego contra los dos
frentes que dentro del país representan una guerra civil larvada desde hace tanto y tanto tiempo. De hecho, el Gobierno de Somalia, señorías, como muy bien sabe la señora ministra, es un Gobierno no operativo desde el derrocamiento del régimen de
Siad Barre en 1991; desde aquel momento, las luchas tribales y el bandidaje han dominado Somalia.
Creo que es bueno hablar un momento de política exterior y del contexto en el que nos movemos, porque precisamente esta realidad es la que da razón,
la que da pie, la que argumenta, la participación de España, de estos 38 efectivos españoles, en la misión, bajo la cobertura, evidentemente, de la legalidad internacional y bajo la cobertura de Naciones Unidas, a través de la Resolución 751, de
1992, que tiene su proyección en distintas decisiones de la Unión Europea.
La voluntad de implicación de la Unión Europea en Somalia tiene una primera expresión a partir de la decisión del 8 de diciembre de 2008 de la misión Unión Europea Navfor, conocida como operación Atalanta, tan discutida, tan conocida y, en
algunos momentos, tan hablada y comentada en esta tribuna y en sede parlamentaria. Hoy se nos plantea, no una prolongación de la misión Atalanta, como muy bien ha descrito la ministra, sino una nueva misión en suelo, una nueva misión que se
desarrollará en tres dimensiones, en Bruselas, en el cuartel general de Kampala y en la base de adiestramiento de Bihanga, en Uganda, con el objetivo de articular, finalmente, un ejército somalí. Estamos hablando del adiestramiento, de la
capacitación de 2.000 efectivos de un ejército que dé sostén, que dé viabilidad a un país, un ejército, yo diría que solo de 2.000 efectivos, que son las posibilidades que da en este momento el Gobierno de transición de Somalia. Así, la proporción
de estos 2.000 efectivos, la contribución española de 38 efectivos, comparada con la de otros países, según la relación que nos ha expuesto la ministra, creo que es una contribución importante, una contribución para dar cuerpo institucional, y una
contribución, lo tenemos que decir en el contexto regional, para luchar contra estos grupos insurgentes, pero para luchar también contra el islamismo radical, de base islámica en muchos casos, que se está desarrollando y que está echando raíces en
la zona del Sahel, desde esta frontera amplia, desde esta franja amplia, que va de Mauritania y Senegal hasta las costas de Somalia. Esta misión también se tiene que poner en el contexto del deseo de que el terrorismo de base islámica radical no
arraigue en esta zona de África, como está teniendo expresiones en otras partes de África y como está teniendo unas incipientes expresiones también en algunas partes de América del Sur. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Este debate parlamentario, señorías, es un debate parlamentario en Pleno y no en Comisión, porque esta no es una prolongación de la misión de Atalanta, sino que es una nueva misión, y por tanto, de acuerdo con las normas de la Mesa,
corresponde al Pleno. Y es un debate que no sé si llega a tiempo o llega justo, porque, según la información y la comunicación del propio Gobierno, esta misión en Somalia debe estar operativa el próximo 23
de abril, el próximo viernes, y debe estar en pleno funcionamiento a partir del día 1 de mayo. Creo que tenemos elementos suficientes para decir que hay una amplia mayoría que apoya esta misión, pero con el calendario de una misión que
tiene que estar operativa el día de Sant Jordi -si me permiten la referencia patronímica- y que tiene que estar plenamente operativa, como he dicho, el 1 de mayo, un debate el día 22 de abril procedimentalmente me tendrán que reconocer que quizás es
un poquito atropellado, a pesar del apoyo informal que habíamos expresado los distintos grupos al Ejecutivo. Es un debate en Pleno, es un debate importante, en el que creo que sería bueno que la ministra de Defensa hubiera estado acompañada de
algunos otros miembros del Gobierno, a la hora de definir una misión que yo creo que no es solo una misión de defensa, es una misión en la cual también hay implicaciones y puntos de vista de política exterior e incluso de seguridad que también
implican a algún otro ministerio.
Voy concluyendo, señor presidente, y reitero, tal como he empezado, nuestro apoyo a esta misión, haciendo la contribución de poner en contexto el porqué y la geopolítica del entorno de esta misión, el deseo de que Somalia sea un estado
articulado y un estado viable, porque este Estado articulado y este Estado viable, entre otras cosas, será el Estado viable que permitirá que no exista piratería y que no existan episodios como a los que hace frente la misión de Atalanta.
Permítanme una referencia; hace muy pocas semanas estuvo aquí, en el Congreso, el presidente del Parlamento de Somalia y se entrevistó con algunos miembros del Legislativo y con el propio presidente de esta Cámara y el presidente de la Comisión de
Asuntos Exteriores. Señorías, nosotros expresamos nuestro apoyo al presidente del Parlamento de Somalia, pero éramos muy conscientes, y aquella conversación lo visualizó claramente, de que estábamos hablando con el presidente de un parlamento
desgraciadamente fallido. Esperemos que esto no sea así en el futuro gracias también a la contribución de esta misión.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.
Para fijar la posición del Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra don José Ramón Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, señorías, desearía también iniciar mi intervención mostrando o reiterando la solidaridad de mi grupo con los familiares, amigos y compañeros de los 4 militares fallecidos recientemente en el accidente en Haití; expresando
solidaridad y expresando un reconocimiento sincero y leal para la labor que estaban desarrollando y en la que encontraron la muerte. Circunstancias desgraciadas como esta son las que, si hiciera falta, apelan de forma definitiva a la conciencia y a
la reflexión de quienes aquí tomamos decisiones de enviar tropas a un sitio o a otro. Es fácil votar en algún sentido, pero aquello que se vota conlleva resultados y decisiones que son muy complicadas. Desde esta perspectiva, junto a la
solidaridad en la desgracia y al reconocimiento sincero, es necesario también hacer apelación al rigor y a la responsabilidad de quienes tomamos decisiones y de quienes las ejecutan.
Creo que cada vez que esto ocurre es necesario llamar a este
rigor de forma muy clara y exigir desde esta perspectiva que las decisiones tomadas en el Congreso sean ejecutadas con la máxima seguridad en las condiciones mejores posibles. De ahí que es necesario también, cuando ocurren desgracias de este tipo,
ser rigurosos y exigir investigaciones que asimismo se lleven con diligencia y con rigor.
El Gobierno somete hoy a la consideración de esta Cámara la autorización del Congreso de los Diputados para la participación de militares españoles en la misión de la Unión Europea de adiestramiento de fuerzas de seguridad somalíes en Uganda
pero, como ya se ha explicitado y es conocido, con destino y razón de ser en Somalia. Permítanme que a la hora de fijar la posición de mi grupo sobre esta solicitud del Gobierno -que evidentemente va a ser favorable- empiece a hacerlo haciendo
referencia a un escrito aparecido a caballo entre los años 2009 y 2010 en una publicación que se titulaba en inglés El mundo en el año 2010. El contenido de este artículo, como ocurre en general con los artículos periodísticos, puede ser resumido
haciendo referencia al primero de sus párrafos y al último de ellos. El artículo empezaba formulando una pregunta un tanto retórica, con una licencia periodística que decía: ¿Está usted harto de que se premie a los mejores? Pues bien, la
publicación El mundo en el año 2010 ha preguntado a los analistas de la unidad de inteligencia de la revista The Economist sobre qué país se prevé que va a ser el peor país del mundo en el año 2010. Vencedores previos de este dudoso honor, decía el
propio artículo, han sido Afganistán y Turkmenistán en otros años. Esta vez el campeón está en África, asaltado por la guerra civil, por una pobreza creciente y una piratería rampante. El país peor en previsiones para el año 2010, decía el
artículo, es Somalia. Y concluía en el último párrafo diciendo lo siguiente: El Estado más fallido del mundo, lamentablemente, amenaza con convertirse en un problema mayor para el resto del mundo.
Han pasado cuatro meses desde estos vaticinios lúgubres y cabe preguntarse: ¿Se están cumpliendo? No será mi grupo quien lo niegue.
Evidentemente, nunca hay datos suficientes para garantizar que comparaciones tan genéricas entre todos los
países del mundo no lleven mucho de literatura y puedan resultar odiosas, injustas o arbitrarias, y desde luego mi grupo tampoco tiene datos suficientes para contrastar lo que está pasando en todas las partes del mundo y decir que el peor país del
mundo en el año 2010 está siendo Somalia. En todo caso, es evidente para todo observador de la realidad internacional, incluso para un mediano o un superficial observador, que estamos ante un país que vive un año -habría
que decir que más de un año, por cierto, que es el resultado de otros muchos años- realmente desastroso y desgraciado. Lo de menos es que le haga acreedor de ese título de dudoso honor, como calificaba sarcásticamente la propia publicación.
No hay sino repasar artículos periodísticos de las últimas épocas. La piratería y los secuestros en el delta del Níger son industrias en plena expansión, decía Le Monde hace apenas unos días. La guerra en Somalia entre las milicias islamistas
conocidas como Al-Shaabab y el Gobierno apoyado por el oeste de forma transitoria, el Gobierno presidido por Sharif Ahmed -un islamista que promueve la ley sharia-, se está convirtiendo en todavía más sangrante; el caos y el terror prevalecen,
decía también The Economist en fechas bien recientes. Un reciente informe del Human Rights Watch denunciaba los crímenes cometidos cada día en Somalia por los grupos islamistas radicales: flagelaciones, mutilaciones, asesinatos, etcétera. Podrían
multiplicarse las citas, a cada cual más preocupante.
Sea o no Somalia el peor país del mundo en este año 2010, de lo que no cabe duda es de que Somalia vive este año, y muchos años antes, una situación en la que es necesario un notable esfuerzo, que no pueden hacer los propios somalíes solos,
para mantener alguna esperanza hacia el futuro. Incluso con el esfuerzo que se esté haciendo y el que podamos hacer, no cabe hoy todavía esperanza ingenua y fácil, a juicio de mi grupo. Va para veinte años que tuvo lugar la caída del régimen de
Siad Barre, allá por el año 1991, y ello ha supuesto el desmoronamiento del Estado de Somalia, o si se prefiere aquello supuso el punto de partida de algo que hoy, 19 años después, es posible resumir como el desmoronamiento prácticamente total del
Estado en dicho país africano.
Como no podía ser de otra forma, el desmoronamiento del Estado ha traído consigo un listado amplio de consecuencias realmente desgraciadas prácticamente en todos los campos. Pareciera que lo que ocurría en los mares -enfrente, por cierto,
de la costa más amplia del continente africano, a excepción de Madagascar, si no estoy equivocado- con los atuneros de bandera española es lo que ha traído la conciencia aquí, pero los problemas no acaban ahí ni mucho menos, ni está la raíz de los
problemas en lo que ocurre en esos mares. Las desgracias venían de antes y son mucho más amplias y mucho más hondas que lo que ocurría con los atuneros españoles. Basta leer un informe cualquiera de los producidos por el secretario general del
Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación en Somalia, por ejemplo el último, el que dio a conocer el 8 de enero de este mismo año, para percibir que, más allá de las desgracias que la situación ha traído a los buques y barcos pesqueros que
faenan o discurren por el Océano Índico, y debajo de esos titulares y resúmenes periodísticos más o menos llamativos, el retrato de lo que allí está ocurriendo, sea en el plano político, sea en el área de la seguridad, en el de la piratería, en el
de la situación humanitaria, como en el que hace referencia a los derechos humanos y protección de los civiles, es de un alcance y de una gravedad tal que espanta más que llama a la esperanza, y en todo caso a lo que no puede llamar es a la
inactividad.
De ahí que mi grupo, en virtud de lo que está ocurriendo ahí, de lo que no queremos estar ausentes, vaya a apoyar esta misión que el Gobierno nos propone hoy que autoricemos en esta Cámara. No vamos a resolver todos los problemas,
pero es una de las medidas, a nuestro entender, más necesaria.
Es un camino que debe recorrerse, a nuestro juicio, con todo rigor, porque estamos ante unas instituciones tan tambaleantes que deben hacerse cargo de su propia seguridad; es preciso
que sus instituciones de seguridad, hoy tan precarias, pasen a ser entidades profesionales. Como dice el secretario general del Consejo de Seguridad, esta es la piedra angular de la estrategia de estabilización para Somalia, cuyo objetivo es
establecer el Estado de derecho. Pues bien, pongamos esta piedra para ver si algún día ese edificio tan derruido puede erguirse y dar la seguridad a los ciudadanos somalíes, que hoy están atravesando, si no el peor, sí uno de los peores momentos de
su historia y de la historia de la humanidad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Beloki.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra don Gaspar Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, señorías, comparezco en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya para fijar posición con respecto al envío de militares españoles a una misión de adiestramiento del
futuro ejército somalí o del ejército somalí en su caso.
En primer lugar, quiero manifestar en nombre de mi grupo el sentimiento con respecto a la muerte de cuatro militares españoles en Haití, expresar la solidaridad a sus familias y, en general, a las Fuerzas Armadas. (La señora vicepresidenta,
Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Creo que es necesario dejar claro que las posiciones políticas con respecto al envío de determinado contingente no obvian la solidaridad con las Fuerzas Armadas en ningún caso porque son la expresión de la
diversidad política de este país.
Con respecto al envío de tropas a Somalia a una labor de instrucción, nosotros lo entendemos como una medida complementaria de la operación Atalanta. La operación Atalanta no contó con nuestro apoyo en su momento con respecto a la presencia
de tropas en toda la zona, en zona marítima, y tampoco va a contar con nuestro apoyo este envío de tropas a Somalia porque nos da la impresión de que hay bastantes dudas con respecto a su objetivo, pero sobre todo porque seguimos echando de menos,
por ejemplo en la Conferencia de Donantes, un mayor hincapié
en la reconstrucción de Somalia y casi siempre terminamos únicamente en el envío de tropas. Del conjunto del presupuesto de la Conferencia de Donantes las tres cuartas partes es presupuesto militar y solamente una cuarta parte es
presupuesto humanitario. Creemos que es un desequilibrio en relación con la gravedad de los problemas de Somalia, porque es verdad que es un Estado fracasado, es verdad que la autoridad del Estado no existe en muchas zonas de Somalia. Hay una
prioridad en relación con la reconstrucción del Estado y la seguridad, pero es verdad también, señorías, que más de la mitad de la población somalí se encuentra en estos momentos en situación de emergencia, y la mayoría de la población somalí vive
prácticamente con lo mínimo para la supervivencia. Por tanto, da la impresión de que hay una mirada demasiado preocupada por la seguridad de nuestros pesqueros, por la seguridad antiterrorista, y una mirada un poco menos preocupada por la realidad
social, por la realidad económica, por la realidad civil en Somalia. Por esa razón nos vamos a abstener en esta iniciativa.
Yo querría contarles una historia que seguramente les sonará a Kapuscinski, a John Le Carré, o más recientemente a Mankell. Alguna de las obras de Mankell tienen mucho que ver con África. Voy a ponerla únicamente en periodos de tiempo.
Año 1991, fracaso del Gobierno somalí como consecuencia -compartida por parte de los observadores- de una guerra civil larvada, pero también de las viejas fronteras de la colonia y, por otra parte, del intervencionismo extranjero en Somalia, un
intervencionismo descarado que termina provocando una crisis política gravísima. Año 2005, informe de Naciones Unidas. Barcos de la Unión Europea, de Estados Unidos, de Rusia y de China lanzan sobre las costas somalíes residuos tóxicos y
nucleares, provocando efectos negativos sobre la población. Es decir, a partir de la muerte del Estado somalí, Somalia se convierte para Occidente en un basurero, reconocido por el observador de Naciones Unidas en Somalia. Cuarta etapa.
Ochocientos pesqueros de la Unión Europea y de otros países desarrollados se hacen con la pesca de toda la zona, provocando una crisis añadida en la pesca artesanal que sirve para la supervivencia de las poblaciones costeras en Somalia. Creo que es
necesario tener en cuenta que de los 500 millones de euros que obtiene la costa de Somalia sobre la base de la pesca, 450 millones de euros se quedan en estos barcos y solamente unos 50 millones de euros se quedan en Somalia. Y queda por despejar
todavía a estas alturas cómo contribuyen estos barcos, con relación al derecho marítimo y comercial, a la vida y al futuro de los somalíes. Pero no basta únicamente con esto. A continuación la empresa Hart Security de Estados Unidos organiza lo
que se ha dado en llamar guardacostas voluntarios en Somalia, precedente de la piratería somalí; piratería o, yo diría para terminar este relato, filibusterismo, porque sus centros neurálgicos no están en Somalia, señorías. Cuando negocian, lo
hacen desde otros sitios y no precisamente desde Somalia.
Con este relato complejo, probablemente sesgado, al igual que el que ha hecho la ministra de la realidad somalí -para la ministra únicamente hay terrorismo yihadista e inseguridad para nuestros pesqueros, menos mal que no se llega al límite
del Partido Popular de pedir que nuestro ejército sea finalmente un ejercito al servicio de intereses privados, un ejército mercenario-, yo, que no me reputo de patriota, no quiero mi ejército al servicio de intereses privados. Por tanto, señorías,
nosotros tenemos razones en estos momentos para no estar de acuerdo con las medidas que nos propone el Gobierno. Además, queremos proponerle al Gobierno una serie de cautelas para la presencia de nuestras tropas en esta labor de instrucción,
haciéndonos voz de las organizaciones humanitarias. Saben ustedes que recientemente, el día 12 de abril, las tropas que vamos a entrenar han provocado una masacre en Somalia. Pues bien, las organizaciones humanitarias nos piden que la instrucción
a estas tropas sea una instrucción con valores, no sé si de derechos humanos, pero con valores humanitarios; es decir, que no utilicen las mismas tropas o las mismas prácticas y la misma cultura de guerra que las tropas yihadistas.
Creo que es una
buena medida proponer que, además de los entrenamientos y nuestra instrucción, podamos aportar también nuestra tradición en defensa de los derechos humanos en la presencia de tropas en el exterior. Me refiero a la masacre de Amison el 12 de abril,
con más de 80 muertos en la zona. En segundo lugar, también hay que tener en cuenta los efectos colaterales. No todo es rosa en nuestra intervención en la zona.
Recientemente nos hemos equivocado, se ha equivocado el contingente internacional y
ha saltado por los aires un barco que poco tenía que ver con la piratería. Creo que eso también es necesario tenerlo en cuenta para que nuestro entrenamiento, nuestra instrucción, sea muy cuidadosa con los efectos colaterales de la instrucción y de
la intervención militar.
Yo quería volver otra vez a la referencia que he hecho al principio. No tiene sentido ni una ni otra presencia, si no está enmarcada en un plan global de recuperación de Somalia. De recuperación en términos políticos, no sé si tanto como
Estado de derecho. Yo cada vez que oigo eso se me abren las carnes. Yo quiero un Estado mínimamente seguro, un Estado propiamente dicho en Somalia; ya ellos mismos se garantizarán sus propios desarrollos políticos y de derechos humanos. Por otra
parte, también es necesario contribuir a una humanización de la situación de la población civil. Mientras la mitad de la población civil, 3,6 millones, estén en situación de emergencia humanitaria, la salida será la piratería o lo que ustedes
quieran para la supervivencia. Por tanto, señorías, no vamos a dificultar este envío, no nos vamos a oponer, pero tampoco vamos a sumarnos al aplauso en el envío de unas tropas que creemos es un envío todavía con graves desequilibrios.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Llamazares, por favor, vaya terminando.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Mientras una cuarta parte solamente se dedique a ayuda humanitaria y a recuperación de la zona y las tres cuartas partes se dedique a la ayuda militar, estaremos todavía bastante lejos de la ayuda a la población
somalí.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra, en primer lugar, la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.
Señorías, señora ministra, Amnistía Internacional y multitud de observatorios internacionales hacen referencia continuamente a la situación de Somalia y exponen que las violaciones de derechos humanos y la corrupción masiva han dado lugar a
una absoluta falta de instrumentos estatales para garantizar los mínimos de seguridad que permitirían que el Estado somalí -puesto esto entre comillas- pudiera empezar a afrontar sus obligaciones internas e internacionales. Diferentes portavoces lo
han puesto de manifiesto también desde esta tribuna. Las posibilidades reales de organizar estructuras a corto plazo para imponer la ley y el orden centralizados son en este momento mínimas. Por eso estamos hablando aquí de lo que estamos
hablando. Las resoluciones de la ONU o la decisión común de la Unión Europea, amparando la formación de fuerzas de seguridad somalíes en Uganda, son un paso positivo para intentar enmendar la situación y apoyar al país. Desde ese punto de vista,
Unión Progreso y Democracia ve con buenos ojos la implicación de la Unión Europea y anuncio desde el primer momento el apoyo a la participación de efectivos españoles en la misión de formación en Uganda. Es verdad que hay muchas dificultades y es
verdad que, como ponía de manifiesto inmediatamente antes de mi intervención el señor Llamazares, siempre hay varios relatos que se pueden hacer sesgados o menos sesgados, más o menos certeros, pero pongamos que combinamos los relatos que podemos
hacer sobre esta cuestión; el que ha hecho la ministra, el que han hecho otros portavoces, el que ha hecho el señor Llamazares.
Las dificultades son enormes, desde cualquier punto de vista que lo miremos, pero ¿qué hacemos? ¿Nos resignamos? ¿No hacemos nada? ¿No enmendamos los errores, entendiendo que los hayamos podido tener? Creo que lo peor que se puede hacer
ante una situación como esta es no hacer nada. Ese es el mayor error, esa es, desde mi punto de vista, la mayor irresponsabilidad, algo que nosotros -al menos yo no lo creo-, como europeos, como españoles, como demócratas, no podemos hacer.
Dicho esto, señora ministra, quiero aprovechar la oportunidad para insistir en algo que en otras ocasiones y en relación con esta misión hemos planteado. Creemos que hay que aprovechar que España en este momento asume la Presidencia de la
Unión Europea para impulsar en el seno de la Unión una iniciativa más ambiciosa, una iniciativa clara para desplegar una misión militar civil de la Unión Europea en Somalia, completando a la ya desplegada operación Atalanta de la que hemos hablado.
Hay que movilizar los recursos de la Unión Europea y de la oficina del alto representante para la Política Exterior de Seguridad y Defensa para coordinar un despliegue europeo integral y sin precedentes en la región. He dicho en Somalia, pero parto
de la base de que tiene que ser en la región. Una misión terrestre que complemente la misión Atalanta, estableciendo un marco de seguridad y libertad de movimientos para nuestros navíos y los de la comunidad internacional, fortaleciendo la
presencia del Gobierno de Somalia en la región costera desde la que en la actualidad operan los grupos de piratas o de filibusteros -como decía el señor Llamazares, cuestión que comparto-; desarrollar políticas de ayuda al desarrollo que aporten a
las poblaciones locales de la zona una alternativa de futuro, al margen de las actividades delictivas; establecer una cooperación judicial y policial efectiva, dentro y fuera de la Unión Europea; reforzar la acción exterior conjunta de la Unión
Europea -la acción exterior en esto también es muy importante- y aportar a los ciudadanos de la Unión Europea y por ende a todas las naciones beneficiadas, incluida la propia Somalia, la seguridad que merecen por parte de los gobiernos.
En conclusión, apoyamos esta participación y pedimos al Gobierno que sea más ambicioso y que lidere propuestas como las que les acabo de reseñar, porque no habrá una definitiva solución hasta que el Estado de Somalia sea una realidad y no
una ficción como lo que actualmente es y sea capaz de controlar su territorio y su espacio marítimo y aéreo de forma eficaz, con la autoridad y firmeza que todo Estado requiere.
Termino como empecé. Las dificultades son enormes, la situación, no nos podemos engañar, es tremenda; Somalia es un Estado inviable. En la zona se han concentrado en muchos momentos de nuestra historia muchos intereses no precisamente
democráticos; ha habido muchas cosas que no hemos sabido hacer o que no hemos hecho bien, pero, insisto, la resignación ante la situación no es una opción. Resignarnos y no hacer más por miedo a equivocarnos no es una opción. Por eso, en
coherencia con lo que hemos venido defendiendo, en coherencia con la propuesta que nos hace la ministra y también por respeto a tantos hombres que en el ejercicio de su responsabilidad han perdido la vida, como los últimos cuatro soldados que han
muerto en Haití, también en su recuerdo y para que a nadie se le olvide que todas esas acciones merecen la pena desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista de lo que somos como europeos, vamos a dar apoyo a esta misión y le pido al
Gobierno que sea un poquito más ambicioso y que plantee esta iniciativa en la Unión Europea.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Díez.
Por el mismo grupo tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Aunque con brevedad, nuestro grupo, el BNG, quería explicar las razones por las que nos vamos a abstener en este real decreto, después de que hemos defendido en diferentes ocasiones algo que para nosotros es muy importante, que es garantizar
una pesca segura, una situación de tranquilidad en toda la zona del Índico, de manera que nuestros pesqueros puedan pescar, siempre hablando, evidentemente, de la pesca legal, que además es aquella que en muchas ocasiones fue motivo de que
presentáramos iniciativas en esta Cámara.
Las razones por las que nos vamos a abstener, señora ministra, son aquellas que nos indican que realmente debemos ser prudentes en una cuestión como la que usted nos plantea. No voy a extenderme, entre otras cosas porque no tengo tiempo, en
hacer una explicación de la situación de Somalia, y además porque la señora ministra ya lo ha explicado muy extensamente, haciendo además un reconocimiento absolutamente veraz de la realidad que existe allí y de las limitaciones incluso del Gobierno
de Somalia de poder controlar la situación.
Nosotros, aunque sí votamos en su momento favorablemente a la operación Atalanta, porque además era un momento muy delicado, no vamos a votar a favor de esta misión. Con ocasión de la operación Atalanta nosotros ya nos pronunciamos en el
sentido de que, en relación con Somalia, era necesario que desde la Unión Europea y los organismos internacionales se trabajara y se hicieran grandísimos esfuerzos para poder estabilizar el Estado de Somalia, de manera que se pudiera garantizar un
Estado que, al mismo tiempo de serlo, garantizara la seguridad de los ciudadanos, los derechos humanos, etcétera, y que por tanto los grandes esfuerzos tenían que ser diplomáticos, de ayuda humanitaria y de aquellas cuestiones que fuesen necesarias
para hacer posible esa estabilidad.
La misión militar que usted nos plantea en la situación actual de Somalia nos ofrece muchísimas dudas, sobre todo porque usted misma reconoció la realidad y las limitaciones del Gobierno somalí para controlar la situación. Nos preguntamos
de qué manera se va a garantizar que ese ejército, que no tiene un gobierno ni unas instituciones que realmente puedan controlar sus actuaciones, actúe respetando los derechos humanos de los propios ciudadanos somalíes. Por eso, no nos vamos a
oponer a que esto se lleve a cabo pero, por prudencia, nuestro grupo no va a apoyarlo.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Fernández Davila.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Cuadrado.
El señor CUADRADO BAUSELA: Señora presidenta, señorías, quiero que mis primeras palabras sirvan de recuerdo, homenaje y también de muestra de solidaridad con las familias y con las Fuerzas Armadas en relación con cuatro militares que han
muerto en acto de servicio en Haití haciendo la más noble labor que yo creo que pueda hacer un ser humano.
Señorías, ante la propuesta que hoy nos trae el Gobierno para que aprobemos o no la autorización de una misión que supone el desplazamiento de militares españoles, como recoge la ley, lo primero que quiero decir es que efectivamente ha
habido una enorme irresponsabilidad de la comunidad internacional a la hora de explicar qué es lo que está ocurriendo en Somalia y por qué hay que hacer cosas como esta. Ha habido una enorme irresponsabilidad de la comunidad internacional en
relación con Somalia durante años. No es admisible que la comunidad internacional no haya hecho nada durante dos décadas cuando en un territorio que es más grande que la península Ibérica no hay ningún Estado, ninguna forma de autoridad sobre el
territorio; es una enorme irresponsabilidad. Y lo digo, señorías, desde el principio de que en una sociedad de riesgos globales, donde nuestra seguridad no se resuelve en nuestro territorio sino en todo el mundo, nuestra seguridad es también la
seguridad de los somalíes y al revés, la seguridad de los somalíes es nuestra. Aquí hemos tenido muchos debates en relación con la piratería, pero el origen de la piratería no es que alguien haya ido a quitarles los peces a los somalíes; el origen
de la piratería tiene que ver con una situación como esta. No es posible en un mundo globalizado que en un territorio de 637.000 kilómetros cuadrados no haya ninguna autoridad, ningún control, que haya un caos absoluto. Por lo tanto, los piratas
no son un movimiento de liberación nacional para defender los peces de Somalia; son unos criminales organizados que incluso tienen redes que contactan con abogados en Londres, que controlan el tráfico ilegal de armas; son organizaciones muy bien
provistas de muchos elementos de poder que sencillamente roban. Señorías, sería difícil entender cuáles son los elementos en los que nos jugamos nuestra seguridad, pero también la seguridad de otros y el futuro de otros como 8 millones de somalíes,
si no tuviéramos en cuenta, por ejemplo -yo también voy a hacer un relato-, lo siguiente. Señorías, es verdad que en Somalia casi la mitad de la población depende para comer del programa mundial de Alimentos y para que puedan comer cada día hay
unos barcos que tienen que pasar por el Golfo de Adén y llegar hasta Somalia, y esos barcos son asaltados por los piratas somalíes. ¿Cómo podemos decirle a la opinión pública española o a los propios somalíes que está mal que vayan allí unos barcos
de la operación Atalanta, de la Unión Europea, de Rusia, de la India, de China, de la OTAN, de Estados Unidos para conseguir, respondiendo a una llamada de las Naciones Unidas, que los alimentos lleguen allí? ¿Cómo se puede decir eso? Sí,
señorías. Cuando Naciones Unidas y el programa mundial de Alimentos nos piden que les proporcionemos fuerza armada para conseguir que los barcos lleguen allí es porque los piratas impiden, para beneficiarse criminalmente de ello, que los barcos
cargados de alimentos lleguen a sus propios compatriotas,
los somalíes. ¿O es que cuando Naciones Unidas nos pide angustiosamente -y ahí están las resoluciones- que proporcionemos fuerza militar para conseguir escoltar por el Golfo de Adén a los barcos del programa mundial de Alimentos Naciones
Unidas nos está pidiendo otra cosa, o es eso exactamente? Es que es eso exactamente. ¿O es que cuando decimos que hay que llevar allí una fragata española, como otras, junto con los barcos atuneros españoles que faenan no en aguas territoriales de
Somalia sino en aguas internacionales, eso es algo imperialista, algo para controlar el mundo, para controlar Somalia? Señorías, como decía la señora Rodríguez-Salmones, tenemos que hacer pedagogía con este tema, pero es exactamente esto: nuestra
seguridad, la seguridad de los españoles, depende de que haya un Estado capaz de administrar un territorio más grande que la península Ibérica que lleva dos décadas sin tener ninguna autoridad sobre el territorio.
En segundo lugar, es verdad, señora ministra, que España es líder en la respuesta. Se ha producido un giro. Señor Llamazares, yo, desde una posición de lucha contra la emergencia humanitaria que hay en Somalia, aplaudiría ese giro. Hasta
ahora la comunidad internacional ha hecho lo que usted dice que tiene que hacer, que es que ellos mismos, los somalíes, arreglen su problema de creación de un estado. Es evidente que eso no es posible. La comunidad internacional ha dado en los dos
últimos años, sobre todo después del acuerdo de Yibuti, un giro radical de 180 grados y ha dicho: Este es un problema nuestro, de la comunidad internacional, y ahí están Naciones Unidas y la Unión Europea. Por cierto, el mayor donante de ayuda
humanitaria, que es mucho mayor que la ayuda para formar el esquema de seguridad de Somalia, es la Unión Europea; es el 40 por ciento de la ayuda humanitaria que se hace allí, es mucho mayor. ¿O es que los programas de ayuda humanitaria de la
Unión Europea no están respondiendo a las necesidades de Somalia en la medida de sus posibilidades? Por tanto, señora ministra, me alegro de que España lidere ese giro. Lo hizo cuando en Naciones Unidas propuso resoluciones en esa dirección, lo ha
hecho el Gobierno cuando con Francia ha puesto en marcha la operación Atalanta que ha cambiado radicalmente la situación.
Hoy, señor Llamazares, los barcos del programa mundial de Alimentos llegan a Somalia, si no el 50 por ciento de la población
no comería. ¿Le quiere explicar a los somalíes cómo podrían llegar los barcos del programa mundial de Alimentos si no fuera con protección militar? Esto es así y difícilmente se puede cambiar. Por eso es muy importante que España haya estado en
ese proceso y en ese giro, y no solamente ha estado en ese giro de la comunidad internacional en relación con Somalia. Estoy de acuerdo, señor Beloki, si me preguntan dónde hay más dificultades para formar un estado capaz de proporcionar seguridad
a sus propios habitantes, yo respondería que en Somalia es hoy mucho más difícil que en Afganistán; es cierto.
En tercer lugar, yo también tengo la costumbre de hablar con las ONG que actúan en el territorio para formar la opinión del Grupo Parlamentario Socialista. Le voy a decir -usted lo ha citado sin nombrarlo, señor Llamazares- lo que nos
comenta Intermón Oxfam en relación con esta misión. Nos dice tres cosas con las que estoy de acuerdo. Además, ellos están trabajando en el territorio, por tanto, tienen una fuente de información importante. Uno, que esta misión debe contribuir a
la protección de la población civil en Somalia y a la resolución de la profunda crisis humanitaria en la que está sumida el país. ¿Qué otra cosa puede pensar una organización no gubernamental que está en el territorio cuando sin seguridad no puede
desarrollar su trabajo? Lo entienden como nadie, no es un discurso retórico hecho en una tribuna, ellos están allí y saben que si no hay seguridad no llegan los alimentos a las personas que están sufriendo la mayor crisis humanitaria que haya
actualmente en el mundo, conjuntamente con Darfur. Por tanto, es verdad, estoy de acuerdo con esta primera cuestión. La segunda cuestión que nos plantean y que yo traslado, señora ministra, porque creo que es una buena opción, es que en la
instrucción de estos oficiales y soldados somalíes el principio de respeto al derecho humanitario internacional forme parte del programa de formación. Además, señora ministra, lo van a hacer unos militares, los españoles, que tienen en blanco su
hoja de servicios en lo que a acusaciones o denuncias por alguna falta contra los derechos humanos se refiere en muchísimas misiones de miles de militares, en muchísimas acciones. Jamás ha habido una acusación de la comunidad internacional a la
acción de un militar español desde el punto de vista del respeto a los derechos humanos. Por tanto, yo les digo a las ONG y a ésta en concreto que estamos de acuerdo con esto y que, desde luego, tenemos un gran capital para hacer esa función, que
son unos militares que tienen profundamente interiorizado el respeto al derecho internacional en sus actuaciones. En consecuencia, pide un apoyo al plan estratégico de la Unión Europea desde el punto de vista de la ayuda humanitaria.
Señorías, en España se ha producido una revolución silenciosa desde el punto de vista de la política de seguridad y defensa durante estos años, sobre todo desde 2005. Tenemos unas fuerzas armadas que tienen protagonismo internacional desde
el punto de vista del mayor desafío que hoy existe a la seguridad en el mundo, que son los territorios con Estados fallidos o sin Estados. Hoy en Somalia se juega una gran parte de nuestra seguridad. En Mogadiscio hay en este momento una situación
de violencia extrema, de falta de seguridad, y los militares españoles, señora ministra, van a contribuir en la medida de sus posibilidades a solucionar este problema. Pero también debe saber la opinión pública española...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Cuadrado, por favor, tiene que acabar.
El señor CUADRADO BAUSELA: Termino, señora presidenta. Pero también debe saber la opinión pública española que este es un problema que vamos a tener durante décadas. Los territorios sin Estado y el apoyo de formación de seguridad, de
ejército, etcétera, será un problema de décadas. Por lo tanto, me siento orgulloso de que, señora ministra, el Gobierno haya puesto en ese camino una de las aportaciones más importantes de la respuesta internacional al problema.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Cuadrado.
Para contestar a las intervenciones de los grupos tiene la palabra la señora ministra de Defensa.
La señora MINISTRA DE DEFENSA (Chacón Piqueras): Gracias, presidenta.
Muchas gracias, señorías, por sus intervenciones, tanto las que anuncian un voto afirmativo como las que anuncian abstenciones, como no podía ser de otra manera. Pero me gustaría dejar clara alguna cosa, porque nosotros no venimos de un
debate escaso cuando llegamos a este Pleno y les pido autorización para esta misión. Llevamos mucho tiempo hablando de esta cuestión, y si nos vamos a su origen, que todos conocen, encontramos una solicitud del Grupo Parlamentario Vasco para que
esta Cámara vote el envío de una fragata a las aguas somalíes para evitar secuestros de pesqueros. Y de ahí hemos llegado hasta aquí. Estamos hablando de más de veinte elementos militares en las aguas frente al Índico que ha liderado España junto
con Francia, Unión Europea, OTAN, terceros países que nunca han trabajado con esas dos organizaciones, Rusia, China, Estados Unidos.
Todo eso, señorías, ha comenzado en esta Cámara. Por tanto, todo esto tiene mucha historia detrás y no se puede
separar una cosa de otra, ni siquiera, como le estoy comentando, en la defensa de nuestro sector pesquero en aguas del Índico.
Lo primero que nos dijimos aquí, cuando pusimos en marcha estas operaciones, fue que estábamos atacando la consecuencia y que éramos perfectamente conscientes de que esta cuestión requería de una solución integral. Esa solución integral
tuvo dos frentes: el primero, el diplomático, reforzando esfuerzos que ya llevaba, por supuesto, la Unión Europea y España, pero también la comunidad internacional en África.
España fue protagonista de esa ayuda en África, en particular en el
oriente de África cuando estaba emergiendo como una de las grandes fuentes de financiación de grupos criminales organizados, en este caso, la piratería, y eventual y potencialmente de grupos terroristas. Y además de diplomática también militar por
algo que hoy es una evidencia a nivel internacional, y es que no puede haber cooperación sin seguridad. Eso es una evidencia que nadie pone en cuestión. No puede haber cooperación en determinados lugares de este planeta sin seguridad. Por este
motivo las organizaciones no gubernamentales son las primeras que nos piden, incluso en Haití, que no nos marchemos, porque sin seguridad no pueden hacer cooperación. Y como cuando yo me subo aquí entiendo que toda esa historia todos la conocemos,
hay intervenciones de SS.SS. que, con todo mi respeto -y he empezado agradeciendo las intervenciones de todos-, no comprendo.
Señora Salmones, deje de mirar el dedo, mire la luna. No me puede usted decir que el problema es que aquí no están ni la
palabra piratería ni la palabra pesca. Si se lo digo a mi hermana, que es dentista, que está en sus cosas y criando a tres niños, tal vez; pero no se suba usted aquí a decirme eso, señora Salmones. Hace mucho tiempo que estamos trabajando en
esto, y si nos ponemos estupendos, usted solo vota el acuerdo; usted vota jefatura de la misión, célula de apoyo en Bruselas... ¡Hombre, por favor! A veces tengo la sensación de que como tiene que apoyar pero tiene que criticar, busca algo. (Un
señor diputado: ¡Muy bien!) No es posible. Esto es un tema francamente muy serio, donde llevamos trabajando mucho tiempo toda la Cámara y en particular la Comisión de Defensa. Además de leerse el preámbulo, léase todas las resoluciones de
Naciones Unidas y la normativa europea y encontrará todo lo que busca. Hemos hecho un esfuerzo muy importante para que la Unión Europea pudiera poner en marcha esta operación Atalanta y esta complementara la operación Atalanta para quienes siempre
hemos sabido que la raíz del problema estaba en tierra y que sin acudir a tierra solo íbamos a prorrogar sine die, una y otra vez, una operación militar en el mar.
En este sentido la prioridad se llama programa mundial de Alimentos, y recuerdo el día que se lo dije: si puedo convencer a la Unión Europea será porque todos los esfuerzos que está haciendo en cooperación en África con ayuda humanitaria
van a ser imposibles de llevar a cabo y de ejecutar eficazmente si no somos capaces de combatir la piratería en el Índico.
La segunda fue libertad de los mares y en particular una mención expresa al sector pesquero, y yo no creo haber hecho esto sola con mi homólogo francés, lo he hecho con todos ustedes y con un trabajo largo, costoso y a veces con momentos muy
duros de la Comisión de Defensa. Lo traigo en las comparecencias cuando trato de explicarles también la evaluación de lo que han sido todos nuestros esfuerzos, pero por supuesto el acuerdo tiene otra razón de ser y hoy la tiene en una convicción
casi unánime -y en eso incluyo al señor Llamazares- de que los problemas no están en el mar. En el mar está la consecuencia de un problema muy grave que se llama continente africano y se llama, si quiere usted, discriminación y se llama desigualdad
y se llama Primer Mundo y se llama Tercer Mundo. Todo eso está ahí; pero yo no he venido aquí a hacer un análisis de Somalia ni de la situación de Somalia, señor Llamazares; he venido con una evaluación de lo que hasta ahora ha sido la operación
Atalanta respecto del combate particular que tiene, y como sabemos que las raíces están en tierra un primer esfuerzo es que se tiene que ir a Uganda por la evidencia de lo que es Somalia, pero yo no he venido aquí a analizar Somalia. Tampoco he
venido aquí sin que España sea uno de los países que
más esfuerzo hace en materia diplomática y de cooperación al desarrollo, y se complementan la una con la otra. No solo la Unión Europea es la mayor, la más activa y por tanto la que más peso tiene económicamente cuando aporta a la
Conferencia de Donantes, por supuesto en relación al esfuerzo militar, sino también España con sus 6 millones de euros en la conferencia de Bruselas y con todo el trabajo que va a hacer también en la próxima de Estambul. Todo eso está ahí y no creo
que tenga que venir a explicarlo cuando simplemente vengo a solicitar el acuerdo para la EUTM-Somalia a SS.SS. que llevan trabajando conmigo en esta cuestión mucho tiempo. Por tanto no votamos ni un papel ni una comparecencia, estamos
complementando unos esfuerzos que esta Cámara lleva haciendo desde hace mucho tiempo liderados por España y Francia con la comunidad internacional para combatir la consecuencia de un problema que está en tierra y que no vamos a olvidar, al
contrario, porque sabemos que solo una solución integral llevará -si nos ponemos en la última de las misiones que usted querría que tuviera esta intervención, señora Fernández Davila- la seguridad en las aguas somalíes al sector pesquero.
Es todo
lo mismo, pero con la comunidad internacional consciente de que solo de manera plurinacional podemos abordar este tema y que además no lo podemos abordar solo en el mar. Esto es solo una parte de ese esfuerzo que francamente les digo que pueden
saber con orgullo que lo lidera España junto con Francia y que es algo que empezó en esta Cámara con una historia que ustedes conocen.
Igual que no entiendo, señoría, que vuelva a traer aquí el tema de por qué militares sí o por qué militares no embarcados. Se lo dije y se lo he repetido muchas veces: tiene dificultades, en primer lugar, operacionales además de legales.
Si quiere, vamos a concentrarnos en las operacionales porque Francia es la única que ha embarcado militares en sus pesqueros.
¿Por qué? Porque tiene Yibuti, con más militares solo en la base de Yibuti, que está muy cerquita del lugar en el que
estamos combatiendo, de los que tiene España en todo el mundo. Hubiera preferido que usted hiciera aquí una evaluación de otro esfuerzo que he hecho con ustedes, que es el de dotar de seguridad privada a todos los pesqueros españoles que faenan en
la zona, porque cuando yo vine aquí a una interpelación que me hizo el señor Beloki le dije: Sin medidas de autoprotección no seremos capaces, solo con la operación Atalanta no podemos. De hecho incluso con los buenos resultados que arroja la
operación Atalanta también he subido aquí a decir que seguimos siendo susceptibles de tener un barco secuestrado. Desgraciadamente, porque mientras el negocio más rentable en el África oriental sea la piratería no tienen nada que perder, y todos
somos conscientes de que también sofisticarán sus métodos, por eso seguimos cada día dialogando y trabajando con el sector pesquero, para impedir un secuestro. Pero lo primero que dije cuando vi que las medidas de autoprotección no funcionaban -y
recordará usted aquella interpelación como yo, fue pocos días antes del secuestro del Alakrana- fue que sin medidas de autoprotección no lo conseguiremos. Y lo siguiente que hice fue ir a hablar con el ministro del Interior para pedirle una
modificación de la normativa que permitiera embarcar seguridad privada en nuestros pesqueros. Afortunadamente los datos que arroja este esfuerzo, que también he hecho con ustedes, son buenos, siendo el peligro igual y soy perfectamente consciente
de que lo tenemos, pero los datos son buenos y cada día tratamos de mejorar conjuntamente, ellos y nosotros, esas medidas de autoprotección que complementan a la operación Atalanta, que no serían las que son sin el complemento de la operación
Atalanta y la operación Atalanta sola no puede evitar el secuestro de pesqueros. Por lo tanto, modificamos el reglamento de seguridad privada; modificamos el reglamento de armas; hoy pueden embarcar el armamento acorde con el grado de amenaza que
existe en la zona; todos los barcos han podido repeler con éxito los ataques que han tenido desde que llevan seguridad privada sin que ningún miembro de la tripulación resultase herido. Para eso también tenemos protocolos de seguridad que hemos
puesto en marcha conjuntamente ante los casos de ataque y, como digo, es solo un complemento de esfuerzos militares y diplomáticos que llevamos a cabo para combatir la piratería en el Índico.
Sí comprendo en cambio, señora Salmones, que me pregunte usted por los temas de financiación porque no están siendo sencillos. El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino está en la redacción del borrador de real decreto que ha
tenido que trabajar con la Unión Europea para regular la financiación de los gastos de seguridad de estos pesqueros españoles que están faenando en el Índico. Va a regular las condiciones y los requisitos para que el sector pesquero pueda acceder a
esa financiación y también le digo que estamos realizando consultas con los Gobiernos de las comunidades autónomas en las que los buques tienen sus bases y que están en permanente contacto con los armadores para determinar algunos aspectos del real
decreto. Creo que no queda ningún flanco en el que el Gobierno no esté trabajando para dotar al sector pesquero de la mayor seguridad, conscientes de que eso solo es una parte pequeña del problema que afecta a una parte de nuestros intereses pero
que el problema es mucho más amplio y mucho mayor. España viene trabajando desde mucho tiempo atrás por el continente africano, por la ayuda humanitaria en el continente africano, pero sabemos que sin la llegada del programa mundial de Alimentos a
través de buques, a través de la mar, ni siquiera ese trabajo que llevamos tanto tiempo haciendo, al que ahora le sumamos todo este trabajo, es posible que sea eficaz.
Señor Xuclà, le quiero agradecer también su intervención. Momento de hablar de política exterior. Todo esto lo hemos hecho conjuntamente -lo sabe usted bien- el Ministerio de Exteriores y el Ministerio de Defensa y le recuerdo que el
lanzamiento de la operación ha sido el 31 de marzo. Lo siguiente que he tenido que hacer ha sido llevar a Consejo de Ministros el acuerdo para poder comparecer aquí; comparecer aquí y finalmente lanzar la
operación. Le diría que todo esto -usted conoce bien cómo se lanzan estas operaciones- en un tiempo bastante rápido. Y la Unión Europea se ha empleado y se está empleando a fondo a estos efectos no solo en la parte militar -lo ha puesto
muy bien sobre la mesa al subir a esta tribuna- sino en todos los esfuerzos diplomáticos que permitan toda esa cooperación al desarrollo más todos los esfuerzos de las conferencias de donantes. Y no solo de las conferencias de donantes, sino
también de un simposio internacional sobre Somalia y la piratería en el Índico que España puso sobre la mesa porque desde el principio dijo: sin solución integral no abordamos el problema. Este simposio, como saben, va a tener lugar el mes próximo
junto a la Conferencia de Donantes que se producirá el mes siguiente. Por tanto, les diré que la comunidad internacional es perfectamente consciente. Les diría algo más, que también trabajo con lo que en las Fuerzas Armadas se llaman lecciones
aprendidas. Todos conocemos la historia de Somalia, Estados Unidos los primeros, por eso he querido ser muy clara aquí a la hora de agradecer a Estados Unidos los esfuerzos que está haciendo, en este caso con la Unión Europea, para que esta misión
en tierra también dé sus frutos. Me lo decía el señor Llamazares y también la señora Fernández Davila, todos sabemos que el control y el seguimiento de los efectivos que estemos formando es una prioridad para asegurarnos de que no estamos haciendo
justo lo contrario de lo que queremos, que es formar piratas en lugar de un embrión de autoridad y de seguridad para un Gobierno que, de la mano de Naciones Unidas, trata de extender autoridad sobre el llamado Estado fallido. Y en el Estado fallido
no solo radica pobreza y desigualdades, que es lo que usted ha traído a colación, sino también la potencial posibilidad de que las organizaciones terroristas se instalen en este tipo de Estados para poder llevar de manera impune, más impune que en
ningún otro lugar, la planificación de sus crímenes. Pero todo eso está ahí, en la convicción de que nuestro mayor reto ahora mismo se llama Estados fallidos. Por lo tanto, nuestro mayor objetivo es impedir que lo sean y Somalia, como muy bien
traía el señor Beloki a colación en esta tribuna, es ahora mismo uno de los mayores peligros potenciales que tiene la comunidad internacional respecto, pero no solo, del terrorismo internacional.
Esos son todos los esfuerzos, que, insisto, están siendo muchos, y militares también, precisamente por lo que les he dicho, porque ya hace mucho tiempo que sabemos que sin seguridad humana no hay desarrollo humano y que, por lo tanto, los
primeros esfuerzos para que la ayuda humanitaria se pueda distribuir de manera razonable y equitativa en la propia Somalia requiere de unas autoridades en Somalia y en Mogadiscio en particular. Por eso somos perfectamente conscientes de que esta
operación en tierra, con todas esas limitaciones, que también he puesto de manifiesto en esta tribuna, con todas las limitaciones es necesaria.
Estamos extremando los controles porque ya sabemos mucho y sabemos que nos hemos equivocado en el
pasado, y porque sabemos que en este nuevo objetivo, que es impedir Estados fallidos, uno de los retos es dotar de estructuras de seguridad mínimas. Y le recuerdo, señor Llamazares, que no he hablado de Estado de derecho, he hablado de
funcionamiento mínimo de Somalia, de unos instrumentos de autoridad y de seguridad mínimos en Somalia que permitan que todos los otros esfuerzos que estamos haciendo puedan ser una realidad e, insisto, con las lecciones aprendidas. Ha sido una y
otra vez reiterada sobre la mesa de los veintisiete ministros de Defensa de la Unión Europea -y no está aquí el señor Moratinos, pero les diría lo mismo- la necesidad de aprender de los errores cometidos en todo el continente africano, en particular
en Somalia, y también cuando le hemos pedido a los Estados Unidos que trabaje con nosotros a estos efectos: la garantía de los salarios, la garantía de la logística, la garantía de las infraestructuras; y a Naciones Unidas que, en tanto en cuanto
todas esas garantías no se tengan, sea quien controle y quien tutele todo este proceso. Porque, no lo olviden, España está trabajando en todo este proceso en la Unión Europea, de la mano de Naciones Unidas y procurando la garantía y el apoyo de
terceros Estados, hasta el punto de que, como ya les he dicho, es probablemente la mayor operación global que la comunidad internacional haya llevado nunca conjuntamente en mar y en tierra, y ha empezado, señorías, en esta casa, en esta Cámara, y
hoy podemos hablar de los datos de los que les estoy hablando.
Insisto, yo no he hecho un análisis de la realidad somalí, he hecho un análisis de la operación Atalanta y de la necesaria complementación de la operación Atalanta con esta operación en tierra, consciente de que está en sus raíces,
consciente de que no habrá cooperación ni desarrollo si el programa mundial de Alimentos no puede llegar y consciente de que son muchas las conferencias internacionales que quieren abordar el problema, que también lidiará España además de su
participación en la Unión Europea, y no solo en las distintas conferencias de donantes, la del 6 de mayo en Bruselas y también su continuación, que es la conferencia de Estambul, que se llama precisamente de apoyo a la reconstrucción y el desarrollo
en Somalia, si eso puede minorar sus preocupaciones a estos efectos.
Me hablaba, señora Díez, de una iniciativa más ambiciosa. Le estoy dando los datos de todos los otros esfuerzos que está haciendo la Unión Europea junto a ese simposio internacional sobre Somalia y la piratería, además de todo el esfuerzo
de la Unión Europea, las conferencias de donantes. Es decir, sabemos que estamos tratando de trabajar en diferentes campos y, por tanto, la iniciativa es mucho más ambiciosa que la que traigo aquí, que la operación Atalanta y que la EUTM-Somalia.
Estamos trabajando con los ministerios de Exteriores de los Veintisiete ahora liderados por la alta representante, pero sobre todo de la mano de la comunidad internacional, porque solos tampoco vamos a poder en la Unión Europea, cosa que es una
evidencia porque, ya le digo, OTAN, Unión Europea, todas las agrupaciones navales de la OTAN están ahora mismo dedicadas por solicitud de la Unión Europea, de veintiuno de los Veintisiete que somos miembros también de la Alianza, al mayor reto
que tenemos en el mar como organizaciones internacionales, que es en este caso la operación en el Índico, más terceros Estados que nunca han participado ni con la OTAN, ni con la Unión Europea y mucho menos conjuntamente. Aun así, somos
conscientes de las dificultades a pesar de los buenos datos que arrojan los números, en particular después de este periodo intermonzónico, pero también le diré que con las medidas de autoprotección, porque ya todos los países le han puesto seguridad
privada a todos los buques mercantes o pesqueros que están faenando en aquellas aguas.
Señor Cuadrado, de nuevo, gracias. Y gracias a todos, señorías. Yo insisto en esto: ninguna de las cuestiones que con este objetivo estoy trayendo a esta Cámara, bien sea en Pleno o en Comisión en función de las normas, sin la regulación
formal que hemos consensuado todos, son medidas que el Gobierno crea que haga solo. Yo al menos soy perfectamente consciente de que ha sido con sus debates, con su ayuda y sobre todo con su apoyo por lo que estamos siendo capaces de hacer frente al
mayor reto que tiene la comunidad internacional respecto de un delito que creíamos olvidado, que algunos incluso habíamos eliminado de nuestros códigos penales, porque se está poniendo en jaque a esa comunidad internacional. Yo lo que les diría es
que compartan conmigo el orgullo de que haya sido España, a pesar de las dificultades y de los malos momentos que España y su sector pesquero ha pasado pero que afronta con valentía y que afronta con más esfuerzos que nunca, una de las naciones que
ha liderado la mayor operación de la comunidad internacional naval de la historia y que no va a ser solo naval, que va a trabajar en todos los frentes: el diplomático, el de la cooperación al desarrollo, el del refuerzo de las estructuras de
seguridad para evitar un estado fallido y, por supuesto, el de la lucha por la libertad de los mares.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora ministra de Defensa. (La señora Rodríguez-Salmones Cabezas pide la palabra.)
¿Desea utilizar un turno de réplica, señora Rodríguez-Salmones? (Asentimiento) No estaba previsto, señora Rodríguez-Salmones, pero si usted lo pide habrá que abrirlo también al resto de grupos con las consecuencias que sabe. ¿Lo quiere,
señora Rodríguez-Salmones?
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZAS: Un minuto.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Entonces, ¿cuántos grupos quieren intervenir en el turno de fijación de posiciones? (Pausa.) Me lo temía, señora Rodríguez-Salmones. Vamos a dar un turno de fijación de posición. En primer
lugar por tres minutos tiene la palabra la señora Rodríguez-Salmones en nombre del Grupo Parlamentario Popular.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZAS: Lamento su temor.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): No, no, sin ningún lamento.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZAS: En cualquier caso creo que es necesario porque me ha asombrado que la señora ministra, en virtud de un voto afirmativo que ha aceptado y agradecido, niegue radicalmente nuestro deber y nuestro derecho
de manifestar nuestras preocupaciones. Sí, nos preocupan nuestros pesqueros; nos preocupa su ausencia de un documento que vamos a votar. Repito, sí, nos preocupan nuestros pesqueros. Sí, nos preocupa el terrorismo. Creo, señora ministra -ya que
saca a colación no sé por qué a una hermana-, que es nuestro deber y nuestro derecho manifestar esta preocupación y el suyo es tener en cuenta estas observaciones. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Rodríguez-Salmones.
Señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervendré brevemente y aprovecharé este turno para comentar algo que no he mencionado en mi primera intervención. Concretamente, señora ministra, esta es una misión de adiestramiento del ejército somalí, con lo cual seguramente habrá
entrenamientos y misiones de combate. Me gustaría conocer -para mejor información de este Parlamento- unos datos sobre el uso del armamento de entrenamiento por parte del ejército español, si solo está capacitado para usar el armamento en caso de
autodefensa o también para el adiestramiento y para el entrenamiento. Creo que este es un aspecto importante porque usted sabe que es un elemento que gravita sobre esta misión internacional y sobre algunas otras que venimos discutiendo en la
Comisión.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Xuclà.
Señor Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Señora presidenta, espero que todas SS.SS.
entiendan que el silencio también habla.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Beloki, por su silencio elocuente.
Señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Intervendré muy brevemente para corregir un dato que me ha desmentido el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Leo: Conferencia internacional de donantes para Somalia, recaudación efectiva 164 millones de
euros para intentar resolver seguridad y piratería. A esta cantidad se le
sumaría la cantidad de 48 millones en materia de ayuda humanitaria que aportará la Unión Europea, es decir tres cuartos para defensa, un cuarto para ayuda humanitaria. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Señora Díez, ¿desea hacer uso de la palabra?
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: No, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿Señora Fernández Davila? (Denegación.) ¿Señor Cuadrado? (Denegación).
Muchas gracias.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE DEFENSA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor presidente. Gracias de nuevo a todas SS.SS.
Solo dos cuestiones, señor Xuclà. La misión es de entrenamiento y por lo tanto el armamento que se utiliza tiene solo esa finalidad: la instrucción, la formación y la capacitación.
Finalmente, señora Rodríguez-Salmones, dice usted: Sí, nos preocupan nuestros pesqueros. Sí, nos preocupa el terrorismo. Lo que me preocupa es que usted salga a esta tribuna y, diciendo que faltan dos palabras en un papel, pretenda decir
que a los demás esto no nos preocupa. Creo que no es de recibo. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra de Defensa.
Queda examinado el punto VIII del orden del día.
ENMIENDAS DEL SENADO:
- PROYECTO DE LEY DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. (Número de expediente 121/000053.)
El señor PRESIDENTE: A continuación, punto IX: Proyecto de ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Estudio de las enmiendas del Senado al mencionado proyecto. Para fijar su posición, en primer
lugar, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra don Gaspar Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Señorías, reiteramos nuestro apoyo a esta ley de prevención del blanqueo de capitales. Este proyecto de ley es un instrumento que estamos seguros va a contribuir a evitar que los operadores económicos, y en particular nuestro sistema
financiero, puedan ser utilizados para fines delictivos.
Vamos a incorporar a nuestra legislación el contenido de la Directiva 2005/60/CE, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la
financiación del terrorismo, desarrollada asimismo por la Directiva 2006/70/CE. La ley obligará a los diferentes agentes económicos a identificar a sus clientes, detectar y comunicar operaciones sospechosas y abstenerse de realizar las que pudieran
servir para blanquear dinero. Así, los sujetos obligados deberán identificar y conocer a sus clientes habituales o esporádicos; establecer procedimientos y órganos internos de control; examinar operaciones sospechosas y comunicarlas al Servicio
ejecutivo de prevención del blanqueo de capitales, absteniéndose de realizar operaciones que consideren sospechosas de blanqueo; conservar los documentos durante un mínimo de diez años y formar a su personal para prevenir el blanqueo de capitales.
La ley regulará también las medidas relativas a las personas con responsabilidad pública no residentes, y en materia de prevención se considerarán todos los delitos como subyacentes al blanqueo de capitales, incluido el delito fiscal, incorporando
nuevos sujetos obligados. Las medidas se harán extensivas a la financiación del terrorismo. También se regulan las medidas de diligencia debida con el cliente, distinguiendo entre las simplificadas, como son la obligación de identificación formal
y material del cliente -que ahora se diluye en alguna enmienda del Senado-, y las reforzadas para sectores o actividades de riesgo, como son la obligación de identificación de relación de negocios y su seguimiento continuo. Por último, entre otras
cuestiones, se refuerza la función contra el blanqueo del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
La valoración de nuestro grupo ha sido positiva con relación al contenido del proyecto de ley. Presentamos siete enmiendas, la mayoría de carácter técnico, y en el debate parlamentario, y con la disposición del Grupo Parlamentario
Socialista, hemos quedado satisfechos incorporando buena parte de nuestras preocupaciones. Sin embargo, en lo que viene del Senado no podemos aceptar la dilución o relajación de los controles. Primero, el Senado, en el ahora apartado 3 del
artículo 10, medidas simplificadas de diligencia debida respecto de productos u operaciones, modifica el segundo párrafo eliminando la referencia al límite de 1.000 euros, argumentando que dicho límite se encuentra alejado de la directiva. Este
límite, sin embargo, es muy importante en nuestra opinión y fue introducido por una enmienda de nuestro grupo parlamentario y aceptado por el resto de los grupos. La Directiva 2006/70/CE, que desarrolla la 2005/60/CE, establece en su artículo 4 que
los Estados miembros aplicarán un umbral máximo por cliente y transacción que será lo suficientemente bajo para garantizar que las transacciones financieras donde se relaja la aplicación de las medidas de diligencia debida sean un método poco
práctico e ineficaz para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y establece explícitamente que ese umbral no superará los 1.000 euros. Por tanto,
esta medida para nosotros es inaceptable. En segundo lugar, el Senado modifica el primer párrafo del apartado 1 del artículo 28, examen externo, con la pretensión de que los resultados del examen por un experto externo de las medidas de
control de los sujetos obligados, que han de reflejarse en un informe escrito detallado, pasen a transformarse tan solo en dos años sucesivos en una especie de informe simplificado. En nuestra opinión, esta es otra relajación en el examen anual
externo de estas medidas tan importantes en materia de blanqueo de capitales y de lucha contra el terrorismo.
Es evidente que votaremos en contra de estas dos enmiendas del Senado y defenderemos el conjunto de la ley, que nos parece una ley muy positiva.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Vasco tiene la palabra don Emilio Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente. Nosotros también compartimos la reflexión del señor Llamazares. Nos parece que se culmina el íter legislativo de una buena ley que al final se ha podido configurar con alguna reserva,
que ha glosado también el señor Llamazares, en relación con una problemática importante que hace referencia a un problema que adquirió relevancia a finales de la década de los ochenta, cuando se empezó a apreciar la penetración tóxica en el sistema
financiero de organizaciones criminales y bandas u organizaciones terroristas; por cierto, locución mucho más correcta que la aprobada ayer en Comisión con relación al Código Penal, donde de forma indiferenciada se utilizan locuciones como grupos,
bandas u organizaciones, cuando son conceptos sustancialmente diferentes, pero seguro que esto, señor Villarrubia, lo podremos arreglar antes del Pleno del próximo jueves. En cuanto a esta materia se empezaron a crear distintos grupos, primero el
Grupo de acción financiera, GAFI, en el año 1989, y diversas directivas, de forma un tanto curvilínea e insuficientes siempre -las directivas citadas por el señor Llamazares-, que no terminaron nunca de regular de forma correcta-, suficiente y
agotadora la problemática -se trata de asfixiar financieramente a las organizaciones terroristas y a las organizaciones de narcotraficantes-, entre otras cosas por la naturaleza de las directivas comentadas (la 2005/60, la 2005/70; la tercera
Directiva 2005/70 incorporando las revisiones del GAFI realizadas en el año 2003), que establecían un marco de carácter general pero con la naturaleza de norma mínima e insuficiente que requería su complementación por el derecho de los Estados
miembros de la Unión. Dicho derecho tampoco fue particularmente correcto en su configuración técnica en las leyes del Estado español -en concreto la Ley 19/1993 y su reglamento de desarrollo, y la Ley 12/2003, relativa a la prevención y bloqueo de
la financiación del terrorismo-, necesitando la ordenación de todas estas materias insuficientemente reguladas en forma de tracto sucesivo, en parte por derecho comunitario, en parte por derecho interno, con una ley de la que en este momento podemos
realizar una reflexión apologética sin ningún tipo de reservas. Desde esa perspectiva, tengo que indicar que nos satisface, en primer lugar, el punto de equilibrio que se ha podido encontrar en relación con las competencias del ministerio del
Interior en el ámbito preventivo, atribuyéndole la competencia de bloqueo de las operaciones pretendidamente tóxicas, coordinándolas de forma adecuada con las competencias de la comisión de prevención de bloqueo de capitales e infracciones
monetarias ubicada en el Ministerio de Economía. Esa corrección de atribución de competencias remueve un elemento de perturbación competencial que impedía la eficiente aplicación de las leyes anteriormente mencionadas.
El artículo 2 lo han calzado perfectamente. En cuanto a los sujetos obligados a realizar declaraciones han utilizado el alfabeto entero, de la A a la Z, empezando por las entidades de crédito y acabando justo en la Z casualmente con
determinadas personas obligadas específicamente a realizarla. Mayor precisión, desde una perspectiva alfabética o terminológica no se puede conseguir. En cuanto a las obligaciones de declarar, nos parecen adecuadas; los medios de pago, el
capítulo V, muy correctamente configurado.
Por último, deseo indicarle a la portavoz del Grupo Socialista nuestra predisposición a no apoyar una de las enmiendas del Senado, y desconocemos por qué razones extrañas y que no voy a interpretar pudieron penetrar en el debate en el Senado
de este importante proyecto de ley, relajando, en relación con determinadas primas de seguros, la tabulación o los mecanismos de control mediante la utilización de una nomenclatura que yo considero inadecuada en una ley de estas características, la
de la diligencia debida. Cuando estamos hablando del cumplimiento de obligaciones legales la diligencia tiene que ser siempre la debida, ni se puede minorar la diligencia debida ni se puede crear una diligencia debida cualificada. Estas son
expresiones manifiestamente extravagantes en nuestro ordenamiento jurídico. La diligencia debida es la diligencia debida, la que corresponde ejercer cuando se trata del cumplimiento de obligaciones de naturaleza legal. Desde luego, lo que ha hecho
el Senado ya no es diligencia debida, es incluso excluir el concepto de diligencia debida relativa a determinadas primas de seguros, deslegalizando la materia. Como no estamos dispuestos a aceptar esa propuesta de la Cámara Alta, la segunda Cámara,
o como se denomine al Senado, vamos a rechazar la incorporación a este proyecto de ley importante, relevante y que esperemos que fructifique y que cumpla sus funciones de evitar la toxicidad de la penetración de organizaciones criminales de
narcotraficantes o de terroristas en nuestros sistemas financieros.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra doña Inmaculada Riera.
La señora RIERA REÑÉ: Presidente, señorías, tal como señalábamos en el debate en Comisión del proyecto de ley de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, para nuestro grupo parlamentario el proyecto de ley
tiene tres aspectos fundamentales: el primero, relacionado con su carácter de trasposición. Es un proyecto de ley que responde a la exigencia de trasposición de la Directiva 2005/60 del Parlamento Europeo y también del Consejo de 26 de octubre de
2005; directiva que hacía tiempo se debía traspasar porque estábamos ya fuera de plazo. Compromiso y seriedad implican una trasposición de la normativa comunitaria en los plazos comprometidos, algo especialmente importante en temas tan sensibles y
de alto riesgo como el que nos ocupa. También entendemos que no solo es importante cumplir con los plazos de la trasposición por la forma, sino sobre todo por el fondo. La adopción y la trasposición de la directiva por parte de los países europeos
entendemos desde mi grupo parlamentario ha de permitir una mejora y una más efectiva lucha contra el blanqueo y contra la financiación del terrorismo; una mayor armonización de la normativa aplicable; una mejor y mayor información entre los países
miembros; y, en definitiva, generar un frente más común de fondo y de forma marcado por objetivos plenamente compartidos, más allá de que cada uno de los Estados, en función de su problemática concreta, pueda concretar esta directiva más global,
entendiendo que se trata de un problema, no solo europeo, sino internacional, y es por ello que la armonización europea y la coordinación internacional son esenciales.
El segundo aspecto al que quiero hacer referencia está relacionado con la importancia del contenido de la trasposición y con los objetivos que persigue. Nos preocupa mucho el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y nos
ocupa mucho su prevención y las políticas orientadas a la lucha contra estos delitos. Es por ello que la lectura y el análisis de este proyecto no solo lo hacemos en clave de trasposición sino también de contenidos y de medidas que incorpora, y que
compartimos plenamente cara a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación al terrorismo y, al mismo tiempo, a la protección de la integridad del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica; algo cada día más
estrictamente necesario, y aún más si cabe en el entorno económico y social que evidencia también una cierta correlación entre crisis económica y delitos económicos.
Por último, señorías, sobre el texto aprobado por la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso, las enmiendas que nuestro grupo ha defendido en el Senado han sido de carácter fundamentalmente técnico para conseguir, por una parte, una
mejor aplicación y una mayor efectividad de la ley a partir de una mayor claridad y, por otra parte, una correcta aplicación de la directiva, a fin de conseguir que a partir de unos objetivos de lucha compartidos entre los países miembros podamos
neutralizar y erradicar los riesgos implícitos en los delitos de blanqueo (de seguridad, sociales y económicos) y armonizar y coordinar tanto los mecanismos de prevención como las medidas de actuación. En este sentido, nuestro grupo ha defendido y
transaccionado en el Senado diversas enmiendas de orden técnico. Quiero hacer una precisión relativa a nuestra enmienda número 19 relacionada con el artículo 28.1. La redacción transaccionada introduce una mayor flexibilización y abre la puerta a
una posible sectorialización, vía reglamentaria, con relación a la obligación del examen externo por parte de los sujetos obligados en términos de tiempo. También hemos de decir que sobre nuestra enmienda del Senado número 24, que se refiere a los
lindares establecidos en relación con las medidas de diligencia debida y por tanto de identificación, creemos que son más adecuados los actuales, situados por debajo de la directiva comunitaria, y que están funcionando. En todo caso, sería oportuno
dejar al Gobierno la facultad de modificarlos y no reducirlo a los 1.000 euros si se mantiene el texto inicial aprobado por la Comisión del Congreso.
Nuestro grupo votará favorablemente el proyecto de ley, por eso queremos volver a reiterar nuestro
más firme compromiso, primero, con el espíritu y objetivos de la ley a fin de evitar la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo, y establecer unos mecanismos efectivos que eviten esta
financiación y la penetración de organizaciones criminales en el sistema financiero; compromiso con las políticas de prevención que se proponen y activan. La prevención y la detección temprana de los delitos son básicas y es una receta para frenar
dichos delitos y neutralizar los riesgos de seguridad social y económicos que conllevan. Es nuestro compromiso con la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como nuestra firme apuesta por una acción coordinada y
conjunta a nivel europeo que la hará seguramente más efectiva. En los últimos años -termino presidente- se han incrementado las actuaciones reguladoras a nivel internacional respecto a estos delitos y a toda acción destinada a legitimar ingresos
derivados de actividades ilícitas mediante la ocultación de su verdadero origen, lo que valoramos muy favorablemente a nivel internacional y lo que refuerza aún más la importancia de la coordinación y armonización europea que se refuerza con esta
trasposición.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Riera.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Baudilio Tomé.
El señor TOMÉ MUGURUZA: Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, quiero, en primer lugar, expresar la satisfacción de mi grupo parlamentario con el texto que esta mañana vamos a aprobar.
Es un texto importante que viene a reforzar los instrumentos a disposición del Estado para la lucha contra delitos tan importantes como son el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Las actividades ilícitas de toda índole
que generan importantes recursos financieros buscan la forma de utilizar el sistema financiero, otros negocios o transacciones lícitas para dar apariencia de legitimidad y poder utilizar con normalidad esos recursos. Por eso es tan importante que
la normativa contra el blanqueo de capitales que se ha venido desarrollando a nivel internacional con los trabajos que se han desarrollado en el GAFI, en el Grupo de acción de servicios financieros internacional, o a nivel comunitario, se vayan
adaptando a las nuevas formas de delincuencia en esta materia. Son importantes también los acuerdos que se han alcanzado tanto en el Congreso como en el Senado.
El Grupo Parlamentario Popular, compartiendo el objeto de la norma y la forma en que ha sido traspuesta por el Gobierno, tanto en lo que se refiere al perímetro de sujetos obligados como a las obligaciones que a estos se les imponen, ha
venido defendiendo, sin embargo, una serie de enmiendas que han tratado de mejorar la seguridad jurídica, dar mayor certeza en la delimitación de algunas obligaciones y aliviar en ocasiones algunas cargas indirectas que considerábamos que se podían
mejorar sin menoscabo de los fines perseguidos. Hemos manifestado a lo largo de toda esta tramitación nuestro descontento con el retraso en la trasposición de la directiva. Esta Directiva 60/2005, así como la mencionada del año 2006, tendría que
haber estado traspuesta hace dos años. Vamos a ser, con Polonia, el último país de la Unión Europea en trasponer la directiva, lo que ahora obliga a una rápida implementación de todos los medios que se instrumentan con la nueva regulación.
Este proyecto de ley recoge también normas muy importantes en lo que se refiere a la prevención de la financiación del terrorismo que utiliza canales análogos a los del blanqueo de dinero y al bloqueo de los medios económicos y materiales a
disposición de los terroristas. Se trae aquí una legislación, la Ley 12/2003, que en su momento promovió el Grupo Popular y que supuso un importante avance en materia de lucha contra el terrorismo. Aunque la Ley 12/2003 queda vigente en lo que se
refiere al bloqueo de medios, creemos que se hace una coordinación satisfactoria entre ambas legislaciones. Por eso, nos sumamos al acuerdo de los demás grupos.
Se han planteado dudas, reservas, sobre algunas de las enmiendas asumidas por el Senado. En nuestra opinión, estas enmiendas vienen a introducir algún margen de flexibilidad que, en cualquier caso, estará condicionado a lo que se disponga
reglamentariamente, bien sea en la naturaleza (umbrales, cantidades de las operaciones susceptibles de ser notificadas), o bien en la forma, el control externo sobre los procedimientos que para la implantación de sus obligaciones, que adopten los
distintos sujetos obligados y que se puedan adaptar reglamentariamente a la distinta naturaleza, bien sea de gran empresa financiera o de pequeña empresa, de dichos sujetos. Creo que una legislación tan exigente obliga mucho. Obliga a que ahora
tanto los sujetos obligados como el servicio de prevención de blanqueo de capitales y la propia Comisión de prevención del blanqueo de capitales del Ministerio de Economía y Hacienda implementen rápidamente estas normas.
Obliga también, creo
-debemos hacer una reflexión sobre ello-, a seguir avanzando en la lucha contra el fraude en otros campos. Se ha traído a esta Cámara varias veces la necesidad de luchar más eficazmente contra los paraísos fiscales. Se sigue manteniendo esa norma,
desaparecidos los 400 euros del Decreto-ley 2/2008, que exime de tributación a la deuda pública que se coloca por el Estado español a través de paraísos fiscales. También hay que reforzar los medios de la lucha contra el fraude fiscal. Como
conocen SS.SS., ahora estamos viendo el propio malestar de los funcionarios obligados a desarrollar la lucha contra el fraude fiscal porque consideran que no tienen los medios. Creo que todo esto nos obliga a todos. La lucha contra el fraude, bien
sea el fraude fiscal o bien sea el blanqueo de dinero, es un requisito de justicia, y en unos momentos de crisis económica como los que estamos viviendo todo lo que sea fortalecer los mecanismos del Estado para la lucha contra el fraude es algo
obligado que el Grupo Parlamentario Popular apoya.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tomé.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra doña Gloria Gómez Santamaría.
La señora GÓMEZ SANTAMARÍA: Gracias, presidente.
Señorías, me van a permitir que comience dando las gracias a mis compañeros ponentes en esta ley, las diputadas señoras Colldeforns y Sanz y también al diputado Carlos González Serna. Muchas gracias por vuestro trabajo y por delegar en mí
para fijar la posición de nuestro grupo parlamentario desde esta tribuna.
Señorías, el objetivo de esta ley, como muy bien han dicho los portavoces parlamentarios que me han precedido, es prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo reforzando el funcionamiento del sistema financiero y de
otros operadores económicos para evitar que puedan ser utilizados para estos fines. Incorpora la ley el contenido de la directiva europea y también las recomendaciones del GAFI y de otros organismos internacionales en cuanto a la unificación de la
prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, pero contiene también importantes avances en el terreno de la prevención, entre ellos considerar el delito fiscal como subyacente al blanqueo de capitales, extender las
obligaciones existentes de prevención del blanqueo de capitales a la financiación del terrorismo, regular las medidas de diligencia debidas con el cliente y reforzar la estructura institucional, acentuando el papel de la Comisión de prevención del
blanqueo de capitales.
También se refuerzan otros medios e instrumentos de colaboración en la supervisión e inspección.
La prevención del blanqueo de capitales tiene como fin evitar que los bienes que proceden de la participación en actividades delictivas se incorporen al sistema financiero legal. Cada año se blanquean miles de millones de euros que se
reciclan a través de actividades económicas y comerciales lícitas. Esa es precisamente la mejor fachada para el blanqueo de capitales: la inversión en actividades y negocios legales, y lo hacen de la forma más variada, inversiones en promociones
inmobiliarias, en bienes inmuebles, en joyas, en obras de arte, en la compra de acciones o mediante la inversión en sociedades, nada que no sepamos, señorías, nada que no esté de plena actualidad. Pero una parte de ese dinero es susceptible de
desviarse a la financiación de actos terroristas. Cortar este flujo es de vital importancia. Estamos por tanto hablando de un elemento esencial, de una pieza clave en la lucha antiterrorista. Sabemos que ninguna organización terrorista puede
prácticamente operar ni sobrevivir sin recursos económicos. Señorías, es prevención no solo basada en la represión de los delitos, sino también reforzando la colaboración y la cooperación en el intercambio de información financiera, elemento
imprescindible para conseguir un objetivo tan ambicioso como es la transparencia del sistema financiero y de otros operadores económicos. En definitiva, se trata de actuar también en la línea de las recomendaciones del G-20 para fortalecer el
sistema financiero, acabar con la opacidad de los paraísos fiscales y con las distorsiones que en la economía real producen la reincorporación de estos bienes obtenidos ilícitamente.
Señorías, mi grupo parlamentario va a votar, como ha sucedido a lo largo de todo el trámite parlamentario, a favor de esta ley. Les anuncio que no vamos a hacer lo mismo -por lo tanto votaremos en contra- respecto a la modificación
introducida en el artículo 10 en una enmienda de Convergència i Unió en el Senado, que elimina el límite de los 1.000 euros en la obligación de identificación y que fue, como ha dicho el señor Llamazares, aprobada en una enmienda transaccional en el
debate en Comisión en esta Cámara.
Finalizo, señor presidente, dando las gracias a todos los portavoces parlamentarios por su colaboración, por la predisposición para el entendimiento y por la intención de su voto positivo manifestada en sus intervenciones en esta tribuna.
Me alegro especialmente de que la abstención del Grupo Popular en Comisión en esta Cámara fuera solo un espejismo, una duda momentánea que se ha podido resolver a lo largo del trámite parlamentario.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Gómez Santamaría.
DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO:
- DICTAMEN DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS EN RELACIÓN CON LA DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO DEL EJERCICIO 2007, ASÍ COMO LA RESOLUCIÓN ADOPTADA POR DICHA COMISIÓN.
(Número de expediente
250/000005.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a examinar el último punto del orden del día, el X: Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la declaración sobre la cuenta general del Estado del ejercicio
2007, así como la resolución adoptada por dicha Comisión. Para fijar la posición de su grupo parlamentario tiene en primer lugar la palabra don Gaspar Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Estamos de acuerdo con la resolución que se nos propone, aunque seguimos considerando que el dictamen es en exceso casuístico y que no permite un trabajo de control en lo fundamental, pero como la Comisión hace una serie de recomendaciones
que compartimos, votaremos favorablemente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
¿Por el Grupo Vasco, PNV? (Pausa.) Renuncia a hacer uso de la palabra.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió doña Inmaculada Riera tiene la palabra.
La señora RIERA I REÑÉ: Presidente, señorías, antes de iniciar mi intervención quiero señalar una vez más el papel fundamental que ejerce el Tribunal de Cuentas en sus funciones y en su trabajo de control y fiscalización de las cuentas del
Estado y el clima constructivo de diálogo y de sano debate político con el que trabaja la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
En el marco de la cuenta general del Estado del ejercicio 2007, entiende el grupo parlamentario que represento que la propuesta de resolución conjunta aprobada por la Comisión mixta ha ido dirigida en una triple dirección, en primer lugar, a
reiterar los aspectos y prácticas que año tras año se evidencian en los informes del tribunal como censurables y cuya necesaria corrección la Comisión continúa reiterando; en segundo lugar, a poner de manifiesto la necesidad de resolver los
aspectos mejorables en términos de transparencia, celeridad y eficiencia señalados por el tribunal en el informe 2007, tanto en relación con el Gobierno como con la Intervención General del Estado como órgano específico de control interno;
finalmente y en tercer lugar, a presentar unas resoluciones directamente dirigidas al Tribunal de Cuentas en términos de mejora del informe en su estructura y forma y, por consiguiente, favorecer y facilitar su estudio y análisis.
Convergència i Unió quiere señalar la voluntad de consenso mostrada por todos los grupos y la coincidencia en la necesidad de corregir siempre pero aún más si cabe en el contexto actual toda posible opacidad, con la necesidad de trabajar
para un sector público, administrativo, empresarial y fundacional que opere de forma eficiente en el uso de los recursos públicos y sobre todo que opere de forma transparente. Desde nuestro grupo apostamos de forma contundente por la credibilidad
de las cuentas públicas, que pasa necesariamente por la transparencia en su gestión e información. Además, es preciso indicar que a pesar de los aspectos mejorables señalados por el informe del Tribunal de Cuentas y la resolución aprobada por la
Comisión, este ha sido previsiblemente el último informe en el que las cuentas públicas han arrojado resultados positivos. Ciertamente, el informe ya destaca que estos resultados positivos han sido menores de lo que el Gobierno a priori estimaba;
sin embargo, han seguido siendo positivos.
Respecto al primer tema al que hacía referencia y en relación con los aspectos más generales, algunas de las resoluciones presentadas en esta cuenta general 2007 repiten las ya reiteradas y aprobadas en la cuenta de 2006 e insisten en la
necesidad de corregir aquellas imprecisiones o irregularidades contables que el informe del tribunal pone de relieve. En relación con el segundo de los aspectos, hemos de evidenciar mejoras pero insuficientes. Continuamos constatando una falta de
claridad y transparencia en la forma en que la Administración General del Estado, el sector público administrativo fundacional y muy especialmente empresarial rinden sus cuentas. En este sentido, el sector público empresarial se caracteriza año
tras año por no aportar la información requerida por el tribunal en relación con la planificación de su actividad económico-financiera, de la ejecución y liquidación de los presupuestos de las entidades que la integran, así como -y muy importante-
de la territorialización de sus inversiones. Ello es especialmente escandaloso y evidente respecto a ADIF y AENA, dos grandes empresas del Estado, con un peso específico muy relevante y que sin embargo escapan a la fiscalización de los informes del
Tribunal de Cuentas, el cual se tiene que limitar a los datos de carácter más general sin poder investigar cómo, dónde y de qué forma se invierte el dinero. Lamentamos esta continua opacidad con la que actúa el sector público empresarial,
observando como estas empresas siguen ignorando las propuestas de resolución que se presentan en esta Cámara.
En esta ocasión hemos de decir que la Comisión ha sido muy contundente al condenar tal actuación, y las resoluciones sobre el informe del ejercicio de 2007 instan al Gobierno a reconducir las irregularidades existentes y a ganar en claridad
y transparencia de las cuentas públicas, especialmente las del sector público empresarial. Respecto de la Intervención General del Estado, las resoluciones aprobadas van en la dirección de conseguir mayor control sobre las cuentas públicas y sobre
todo de lograr por su parte todo el apoyo necesario para obligar a los entes y administraciones al rendimiento debido de sus cuentas, avanzando así en el proceso de consolidación y representatividad de la cuenta general del Estado. (La señora
vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)
Respecto del Tribual de Cuentas en sí, desde CiU debemos señalar la necesidad de continuar sus importantes esfuerzos para conocer la realidad de las cuentas, para garantizar así la transparencia y la libertad. Para conseguir tal fin, la
Comisión mixta, en la resolución que hoy elevamos al Pleno, insta a mejoras de forma, a una estructura de informe más integrada que incluya mejoras que favorezcan su análisis y su lectura, así como a una mayor información respecto del endeudamiento
financiero de los distintos sectores públicos y un mayor y mejor análisis.
Termino, señor presidente, diciendo que desde Convergència i Unió reiteramos de forma firme nuestra apuesta por la credibilidad de las cuentas públicas, por la transparencia en su gestión e información y por un acercamiento del ciudadano a
la gestión de sus recursos, así como por un uso racional y austero en el gasto público, especialmente en el actual contexto económico. Continuamos instando a la mejora de la gestión del sector público empresarial, fundacional y administrativo a
través de una mayor homogeneidad en sus estados contables, transparencia en la gestión y celeridad en la información, lo que a su vez ha de permitir esta mejor integración en la cuenta general del Estado. Por todo ello este grupo parlamentario pide
a la Administración General del Estado que cumpla la ley...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Riera, por favor.
La señora RIERA I REÑÉ: Termino, presidenta.
...y que publique de forma inmediata y periódica toda la información relativa a la planificación de la actividad financiera, así como la referente a la ejecución y liquidación de los presupuestos de las empresas que integran el sector
público empresarial. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Es fundamental la plena aplicación de los principios de transparencia, claridad, eficiencia y austeridad y es fundamental la función de control y de fiscalización del tribunal sobre
las mismas como ejercicio democrático y como garantía a los ciudadanos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Riera.
Por el Grupo Popular tiene la palabra don Ramón Aguirre.
El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
El Grupo Popular quiere anunciar su voto favorable al dictamen de la cuenta general del año 2007 fundamentando este voto favorable en tres razones. Consideramos
que el resultado presupuestario está dentro de los límites en lo que a materia de déficit se refiere, que el grado de endeudamiento es aceptable y que se ha cumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria. Por estas tres razones vamos a
votar favorablemente a este dictamen. Ahora bien, queremos hacer especial mención a lo que viene ya convirtiéndose en críticas reiteradas, y desde luego ya anunciamos que si se mantienen en sucesivas cuentas, estaremos en una posición de rechazo
contundente a esta enfermedad crónica que comienza a tener la cuenta general del Estado.
Creo que hay deficiencias reiteradas ejercicio tras ejercicio, que esto nos confirma que el control interno de la Administración central, de la Administración pública no es bueno, no funciona y no pone medidas para corregir estas
deficiencias. Desde el Grupo Parlamentario Popular consideramos que la responsabilidad de esta falta de control interno reside fundamentalmente en la Intervención General del Estado y, por qué no decirlo, en el Ministerio de Economía, y eso lo
viene a confirmar que todos los grupos hemos presentado un total de ochenta propuestas de resolución, que vienen reiterándose año tras año, lo que para una cuenta general creo que es un exceso en el volumen de las mismas.
La enfermedad crónica de la cuenta general del Estado creo que se determinaría si reconociéramos que no alcanza el grado de representatividad conveniente, que las modificaciones de crédito empeoran ejercicio tras ejercicio, que los
excedentes de tesorería no alcanzan la debida rentabilidad para el Estado, que hay inquietantes incumplimientos en la gestión de la Seguridad Social -tema sobre el que posteriormente volveré-, que está muy limitada la integración del sector público
empresarial, que es escasísima la rendición de cuentas del sector público fundacional y que tanto la memoria como los inventarios son insuficientes, están mal elaborados o, cuando no, están sin elaborar.
En cuanto a la representatividad, no puede ser que entidades individuales, consorcios, fondos, empresas públicas, como ha dicho doña Inmaculada Riera, no rindan cuentas al Estado, y las fundaciones públicas hacen lo propio. Creo que es un
asunto que no se puede volver a repetir. No se incorporan las valoraciones de las participaciones que las entidades integradas tienen en sociedades mercantiles estatales y no se integran importes de diversas deudas, fundamentalmente en el mundo del
transporte: en Renfe, en ADIF, en AENA. Hay organismos autónomos que acompañan sus cuentas con auditorías con salvedades, con auditorías desfavorables y con auditorías que incluso deniegan la validez de las cuentas. Ahí están los ejemplos de las
cuencas hidrográficas del Segura y del Guadalquivir. Se detecta además la presencia de expedientes de tesorería muy elevados; elevados los excedentes de tesorería pero no elevados los rendimientos que se les saca.
Como decía, quiero hacer una mención especial a la Seguridad Social. No hay registros de derechos sobre los impagados, falta el registro sobre pérdidas procedentes de los títulos afectados al Fondo de Reserva -tomen nota de esta cuestión-.
El Fondo de Reserva de la Seguridad Social presenta pérdidas en su gestión. Creo que este hecho también es gravísimo. El tratamiento de los inmuebles en la Seguridad Social no está en el marco de lo legal y está al margen de las normativas y no se
contabilizan las cesiones de bienes a las comunidades autónomas que hace la Seguridad Social.
Por todas estas razones, señorías, consideramos que la cuenta general del Estado es una cuenta general incompleta porque tiene falta de integración. A nuestro juicio sería válida esta falta de integración si fueran casos excepcionales, pero
ejercicio tras ejercicio se repite esta falta de integración de las cuentas. Es demasiado reiterado, parece que es un vicio oculto, es un vicio inercial y por eso entendemos que las mejoras que se han producido en esta cuenta general del Estado del
año 2007 son absolutamente ridículas, yo diría que casi, más que mejoras, ha habido retrocesos. El criterio de consolidación no se cumple, el criterio de transparencia no se cumple y el criterio de representatividad tampoco se cumple. De seguir
esta tónica en las cuentas generales del Estado, ahora que estamos en un año 2007 estudiado en periodo de bonanza, no quiero ni pensar qué va a ser cuando venga a este hemiciclo la cuenta general del Estado de los años de crisis y de recesión. Ya
anticipamos que de seguir estos defectos, en próximas cuentas mi grupo tendrá que dar un voto de rechazo a estas cuentas generales del Estado, pero por las razones inicialmente expresadas, en esta ocasión el voto es favorable porque el déficit se
cumple, porque el endeudamiento es aceptable y porque el objetivo de estabilidad está cumplido.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aguirre.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Manuel Mas i Estela.
El señor MAS I ESTELA: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, hace un año considerábamos en este Pleno del Congreso la cuenta general del Estado para 2006. En aquella ocasión expresábamos el deseo de que la consideración de la cuenta general del ejercicio siguiente
fiscalizado, el de 2007, pudiéramos hacerla en aquel mismo año y así recortar el periodo entre el ejercicio considerado y el conocimiento de su fiscalización. No ha podido ser como pretendíamos y ello no por culpa del Tribunal de Cuentas, que
entregó su informe en el último trimestre del año pasado, sino a causa de que el calendario parlamentario no nos ha ayudado a cumplir ese objetivo. Esperemos tener más suerte en la siguiente presentación.
El tema de acortar los tiempos se planteó en la Comisión en el debate de las propuestas de resolución que hoy presentamos al Pleno. Hubo propuestas de recortar el plazo para presentar las cuentas antes.
Seguramente a todos los grupos
parlamentarios del Congreso y del Senado les
gustaría esta pretensión; sin embargo hay que convenir que continúa presente la queja del Tribunal de Cuentas recogida en el informe de que hay organismos que no cumplen con la disposición actual prevista normativamente o la cumplen con
retraso. Tendremos que aparcarla para más adelante. Hay que tener presente además que una deseada reducción de plazos desde el final del periodo fiscalizado no solo es un problema de los organismos fiscalizados sino también de la disponibilidad
del fiscalizador.
A pesar de las deficiencias observadas, algunas reiteradas -como han puesto de manifiesto los portavoces que me han precedido-, que se manifiestan en el informe del Tribunal de Cuentas, podemos afirmar que la fiscalización presentada sobre
el ejercicio de 2007 valida en términos generales el conocimiento que tenemos de la liquidación de las cuentas públicas estatales. No hay discrepancias relevantes en los datos finales.
Sabemos que 2007 fue el último de los recientes ejercicios
presupuestarios en los que hubo superávit, aunque como ya manifestamos el año pasado en esta misma tribuna no se trata de juzgar aquí el resultado sino la concordancia de las cifras fiscalizadas con los resultados presentados internamente, y en esto
no hay dudas, no hay diferencias que puedan conllevar ninguna sombra de desconfianza política y consiguientemente cívica sobre los registros existentes. Pensamos que no puede suceder lo que hemos conocido a posteriori en otras latitudes respecto a
las cuentas públicas y que ha sido motivo primero de sorpresa y luego de desconfianza. Podemos estar tranquilos.
Se continúa mejorando la presentación de las cuentas a pesar de la existencia de lagunas que hay que corregir. Reconocerán conmigo que en el nivel de conocimiento al que hemos llegado, los avances serán lentos: consolidación de las cuentas
de los tres sectores -administrativo, empresarial y fundacional-, mejora en el contenido de las memorias, inventarios bien decididos entre administraciones, presentaciones, etcétera. Poco a poco se va mejorando: muy bien en el sector
administrativo, muchas deficiencias todavía en el sector público fundacional. Ciertamente, la importancia relativa de los distintos sectores mitiga la consideración de las diferencias existentes. No podemos bajar la guardia -y nuestro grupo
parlamentario está de acuerdo con los otros grupos que han intervenido- en la exigencia de la resolución de estas deficiencias y menos aún en estos momentos en los que podría instalarse en la opinión pública un sentimiento de duda y recelo respecto
a la actuación pública, a su veracidad y transparencia.
La resolución que estamos considerando recoge de forma consensuada la mayoría de las propuestas de los grupos parlamentarios que habitualmente están presentes en la Comisión mixta. Como dijo el señor Aguirre, se presentaron ochenta
propuestas. No tengo tiempo seguramente de presentar todas, pero sí que podríamos agruparlas en cuatro grupos: unas primeras generales, en la línea de reiterar la exigencia de cumplimiento de tiempo y forma de las obligaciones de las unidades que
han de rendir cuenta; unas segundas relativas a aspectos de gestión de todo el sector público; unas terceras dirigidas más específicamente a la Intervención General del Estado, de carácter más técnico, y, por último, unas cuartas dirigidas al
propio Tribunal de Cuentas sobre temas que puede tener presente en su trabajo fiscalizador: el análisis de las relaciones financieras España-Unión Europea, el seguimiento y comparación de los resultados de los periodos precedentes o la mejora en la
presentación de los informes, hecho este en el que el propio presidente del Tribunal de Cuentas explicó que ya se está trabajando. Como puede observarse -y ya voy terminando-, muchas de estas propuestas son reiterativas respecto a propuestas
consideradas en años anteriores, pero significan la pretensión que tenemos los parlamentarios tanto del Congreso como del Senado que estamos en la Comisión mixta de mantener la vigilancia y aumentar paulatinamente la mejora del contenido de la
cuenta.
Para terminar, quiero explicar al conjunto de la Cámara que el trabajo realizado por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en lo que llevamos de legislatura, y estamos en el ecuador de la misma, ha permitido que
nos pongamos al día en informes del tribunal emitidos y enviados en legislaturas anteriores. Nuevamente, un año más, quiero agradecer en nombre del Grupo Parlamentario Socialista el trabajo de todos aquellos servidores públicos que permite la
consideración hoy aquí de esta cuenta general del Estado del año 2007 ... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor MAS I ESTELA: ... especialmente de los componentes de la Intervención General del Estado y evidentemente de los componentes del Tribunal de Cuentas.
Muchas gracias por su atención, señoras y señores diputados. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mas.
Votaremos, señorías, dentro de tres minutos. (Pausa.)
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.
El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de iniciar las votaciones, vamos a proceder a la toma de juramento o promesa de una nueva señora diputada.
Conforme a lo que establece el Reglamento de la Cámara, y en sustitución de don Jesús Merino
Delgado, pregunto a doña Sara Dueñas Herranz si jura o promete acatar la Constitución.
La señora DUEÑAS HERRANZ: Sí, juro.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Ha adquirido la condición plena de diputada. (Aplausos.) Bienvenida.
DEBATE RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN POR LA CÁMARA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17.1 DE LA LEY ORGÁNICA 5/2005, DE 17 DE NOVIEMBRE, DE LA DEFENSA NACIONAL. (VOTACIÓN.)
- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE MILITARES ESPAÑOLES EN LA MISIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA DE ADIESTRAMIENTO DE FUERZAS DE SEGURIDAD SOMALÍES EN UGANDA (EUTM-SOMALIA).
(Número de expediente
095/000008.)
El señor PRESIDENTE: Votamos, en primer lugar... (Rumores.) Silencio, por favor. Solicitud de autorización del Congreso de los Diputados para la participación de militares españoles en la misión de la Unión Europea de adiestramiento de
fuerzas de seguridad somalíes en Uganda.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 318; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, autorizada por el Congreso de los Diputados la misión de la que ha dado cuenta la señora ministra.
ENMIENDAS DEL SENADO (VOTACIÓN.)
- PROYECTO DE LEY DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. (Número de expediente 121/000053.)
El señor PRESIDENTE: Votamos a continuación, en el punto IX, las enmiendas del Senado al proyecto de ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. En primer lugar, votamos las enmiendas al artículo 10.3, que
anteriormente era el 10.2. ¿De acuerdo? (Pausa.)
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 10; en contra, 176; abstenciones, 138.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, quedan rechazadas.
A continuación votamos las enmiendas al artículo 28.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 318; en contra, tres; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas al artículo 28.
A continuación, votamos el resto de enmiendas al proyecto enunciado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 324.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
DECLARACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO. (VOTACIÓN.)
- DICTAMEN DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS EN RELACIÓN CON LA DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO DEL EJERCICIO 2007, ASÍ COMO LA RESOLUCIÓN ADOPTADA POR DICHA COMISIÓN.
(Número de expediente
250/000005.)
El señor PRESIDENTE: A continuación, votamos el dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2007, e igualmente votamos la
resolución adoptada por la Comisión. ¿Algún grupo desea votación separada del dictamen y de la resolución? (Pausa.) Se votan conjuntamente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 323; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados el dictamen y la resolución.
Se levanta la sesión.
Era la una y cinco minutos de la tarde.