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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 150, de 23/03/2010
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2010 IX Legislatura Núm. 150
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 141
celebrada el martes, 23 de marzo de 2010
ORDEN DEL DÍA:
Prórrogas de plazo ... (Página 5)
Avocación por el Pleno:
- Del proyecto de ley por la que se establece un sistema específico de protección por el cese de actividad de los trabajadores autónomos.
(Número de expediente 121/000055.) ... (Página 5)
Modificación del orden del día ... (Página 5)
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a dotar de apoyo a las organizaciones sin ánimo de lucro. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 145-1, de 30 de enero de 2009. (Número de expediente 122/000124.) ...
(Página 5)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Oramas y Sr. Perestelo), sobre las salinas tradicionales de Canarias. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 219-1, de 29 de diciembre de 2009. (Número de expediente 122/000196.) ...
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a impulsar, durante el período de la Presidencia española de la Unión Europea, la creación de la capitalidad europea de la accesibilidad universal. 'BOCG. Congreso de
los Diputados', serie D, número 299, de 27 de noviembre de 2009. (Número de expediente 162/000529.) ... (Página 15)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a dotar al Fondo de Reserva de los 8.023 millones de euros correspondientes al excedente de la seguridad social del año 2008. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número
333, de 9 de febrero de 2010. (Número de expediente 162/000559.) ... (Página 20)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Jorquera), sobre la posición del Gobierno para preservar la naturaleza social y el vínculo territorial de las cajas de ahorro. (Número de expediente 173/000126.) ... (Página
26)
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el proceso de ajuste fiscal y reducción del déficit público que ha programado el Gobierno. (Número de expediente 173/000127.) ...
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la reestructuración y fortalecimiento del sistema financiero español como elemento imprescindible para el acceso al crédito a familias y empresas.
(Número de expediente
173/000128.) ... (Página 35)
Declaración institucional ... (Página 40)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página 41)
Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página 41)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 42)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Prórrogas de plazo ... (Página 5)
Por acuerdo adoptado por la Mesa de la Cámara, informado favorablemente por la Junta de Portavoces, la Presidencia somete al Pleno la prórroga de los trabajos de la subcomisión para el pacto de Estado en la Sanidad, lo que se aprueba por
asentimiento.
Avocación por el Pleno ... (Página 5)
Por acuerdo de la Mesa de la Cámara, previo informe de la Junta de Portavoces, la Presidencia somete al Pleno la avocación para que el Pleno estudie y examine el proyecto de ley por la que se establece un sistema específico de protección por
el cese de actividad de los trabajadores autónomos, lo que se aprueba por asentimiento.
Modificación del orden del día ... (Página 5)
A solicitud del Gobierno, y de acuerdo con los portavoces reunidos en junta, la Presidencia somete a la Cámara la alteración del orden del día consistente en que la interpelación del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la
reforma del gobierno local y su nuevo modelo de financiación pase a examinarse en último lugar en las interpelaciones a debatir en el día de mañana, lo que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 5)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a dotar de apoyo a las organizaciones sin ánimo de lucro ... (Página 5)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Rodríguez Maniega, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto; Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Azpiazu Uriarte,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Colldeforns i Sol, del Grupo Parlamentario Socialista.
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Oramas y Sr. Perestelo), sobre las salinas tradicionales de Canarias ... (Página 9)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Macias i
Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ponce Anguita, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Morán Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proposiciones no de ley ... (Página 15)
Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a impulsar, durante el periodo de la Presidencia española de la Unión Europea, la creación de la capitalidad europea de la accesibilidad universal ...
Defiende la proposición no de ley el señor Muñoz Gómez, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de la enmienda presentada interviene la señora Bañuls Ros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds;
Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y la señora Tarruella Tomàs, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada interviene el señor Muñoz Gómez.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a dotar al Fondo de Reserva de los 8.023 millones de euros correspondientes al excedente de la Seguridad Social del año 2008 ... (Página 20)
Defiende la proposición no de ley el señor Burgos Gallego, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras López i Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista y Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y
Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Burgos Gallego.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 26)
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Jorquera), sobre la posición del Gobierno para preservar la naturaleza social y el vínculo territorial de las cajas de ahorro ... (Página 26)
Defiende la moción el señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Delgado Arce, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Mas i Estela, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y la señora
Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Jorquera Caselas.
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el proceso de ajuste fiscal y reducción del déficit público que ha programado el Gobierno ... (Página 31)
Defiende la moción el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y los señores Martínez-Pujalte López, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso y Fernández Marugán, del Grupo Parlamentario Socialista.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la reestructuración y fortalecimiento del sistema financiero español como elemento imprescindible para el acceso al crédito a familias y empresas ... (Página
35)
Defiende la moción el señor Montoro Romero, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Díez González y el señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto y el señor Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Gastón Menal, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Declaración institucional ... (Página 40)
Por el señor secretario se procede a dar lectura de una declaración institucional firmada por todos los portavoces de los grupos parlamentarios sobre los bicentenarios de las independencias de las repúblicas latinoamericanas.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página 41)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a dotar de apoyo a las organizaciones sin ánimo de lucro, se aprueba por 343 votos a favor.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Oramas y Sr. Perestelo), sobre las salinas tradicionales de Canarias, se rechaza por 165 votos a favor y 178 en contra.
Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página 41)
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a impulsar, durante el periodo de la Presidencia española de la Unión Europea, la creación de la capitalidad europea de la
accesibilidad universal, se aprueba por 342 votos a favor y una abstención.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a dotar al Fondo de Reserva de los 8.023 millones de euros correspondientes al excedente de la Seguridad social del año 2008, se rechaza
por 149 votos a favor y 194 en contra.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 42)
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Mixto (Sr.
Jorquera), sobre la posición del Gobierno para preservar la naturaleza social y el vínculo territorial de las cajas de ahorro, con la enmienda del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, se aprueba por 172 votos a favor, 170 en contra y una abstención.
Sometido a votación el apartado 3.d) de la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el proceso de ajuste fiscal y reducción del déficit público que ha programado el
Gobierno, se rechaza por ocho votos a favor, 327 en contra y ocho abstenciones.
Sometido a votación el resto de la moción, se rechaza por nueve votos a favor, 326 en contra y ocho abstenciones.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la reestructuración y fortalecimiento del sistema financiero español como elemento imprescindible para el acceso al crédito a familias y empresas, se
rechaza por 150 votos a favor, 183 en contra y 10 abstenciones.
Se suspende la sesión a las ocho y quince minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
PRÓRROGAS DE PLAZO.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión. Como asuntos previos planteo a SS.SS. la prórroga de los trabajos de la subcomisión, que ha sido un acuerdo adoptado por la Mesa de la Cámara e igualmente ha sido informado favorablemente por la
Junta de portavoces, referido a la subcomisión para el Pacto de Estado en la sanidad. ¿Aprueba el Pleno la prórroga de sus trabajos? (Asentimiento.) Queda aprobada.
AVOCACIÓN POR EL PLENO.
- DEL PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE ESTABLECE UN SISTEMA ESPECÍFICO DE PROTECCIÓN POR EL CESE DE ACTIVIDAD DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS.
(Número de expediente 121/000055.)
El señor PRESIDENTE: Igualmente, la Mesa de la Cámara propone al Pleno, previo informe de la Junta de portavoces, la avocación para que el Pleno de la Cámara estudie y examine el proyecto de ley por el que se establece un sistema específico
de protección por el cese de actividad de los trabajadores autónomos. ¿Acuerda la Cámara la avocación? (Asentimiento.) Queda aprobada.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
El señor PRESIDENTE: Por último, a solicitud del Gobierno y con el acuerdo de los portavoces reunidos en junta, someto a SS.SS. la alteración del orden del día consistente en que la interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Popular,
sobre la reforma del gobierno local y su nuevo modelo de financiación pase a examinarse en último lugar de las interpelaciones en el día de mañana. ¿Se aprueba esta modificación? (Asentimiento.) Queda aprobada.
Antes de empezar el examen del orden del día, señorías, quiero anunciarles que se encuentra en la tribuna de honor del Congreso de los Diputados el síndic general de Andorra, don Josep Dalleres Codina, así como una delegación que le
acompaña. España y Andorra están unidas por estrechos lazos políticos, económicos, históricos y sociales y nuestra relación constituye sin duda un magnífico ejemplo de vecindad. Señor síndic general, es un honor para el Congreso de los Diputados
recibirle a usted, a su delegación y desearles una feliz estancia en España.
Muchas gracias. (Aplausos.)
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A DOTAR DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO. (Número de expediente 122/000124.)
El señor PRESIDENTE: Examinamos el primer punto del orden del día: Proposición de ley, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a dotar de apoyo a las organizaciones sin ánimo de lucro. Para la defensa de la proposición de ley tiene la
palabra la señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ MANIEGA: Me siento muy satisfecha por estar aquí esta tarde para traer la toma en consideración de esta proposición de ley relativa a dotar de apoyo a las organizaciones sin ánimo de lucro. Sin duda, es necesario que
avancemos en los ámbitos de la cooperación bien entendida. En esta línea, las entidades sin fines de lucro realizan una importante labor, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Fuera de
España sus labores se destinan principalmente a la cooperación al desarrollo y a paliar las trágicas consecuencias de los desastres naturales o bélicos. En ambos casos las actividades principales se refieren a la exportación de bienes y
prestaciones de servicios a países en vías de desarrollo o a aquellos en los que nuestra solidaridad es imprescindible porque sus recursos propios han sido diezmados por catástrofes naturales o guerras. Lamentablemente, en muchas ocasiones ambas
circunstancias coinciden y son los menos favorecidos los que sufren más los efectos devastadores de la naturaleza y del hombre.
La Ley del impuesto sobre el valor añadido determina que las entregas de bienes expedidos o transportados fuera de la Comunidad estén exentas del IVA. Nos encontramos ante una exención que da derecho a la plena deducibilidad de este
tributo. Los entes no lucrativos tienen derecho a la exención del IVA para las exportaciones de bienes realizadas en el marco de sus actividades humanitarias, educativas o caritativas, pero para beneficiarse de esto han de pedirlo previamente.
Este trámite provoca que en muchos casos se pierda este derecho de exención por resultar complejo y poco operativo en las circunstancias en las que debe darse una respuesta ágil, rápida y urgente ante la gravedad de la situación que se pretende
remediar. Catástrofes de gran intensidad como el terremoto que sacudió Haití en enero exigen una respuesta rápida y solidaria y que todos y cada uno de nuestros esfuerzos lleguen íntegros.
No parece justo que parte de los recursos se destinen a
engrosar las arcas del Estado al satisfacer el impuesto sobre el valor añadido, cuando hay tanta gente que tiene necesidad de ser atendida. Realmente, tienen derecho a la exención, por lo que no parece justo que ese derecho no se pueda ejercer
también a posteriori. En el ánimo de esta proposición de ley está evitar la merma de recursos, facilitando los trámites para la devolución de este impuesto. Es imprescindible eliminar los obstáculos técnicos para corregir el grave perjuicio
económico que se deriva cuando no se puede realizar esta devolución. Pretendemos que la financiación obtenida llegue al cien por cien a aquellos que lo necesitan. Los recursos empleados en el IVA no reembolsado se podrían emplear en la
contratación de servicios de personal, en la adquisición de bienes o en la mejora de infraestructuras. Debemos facilitar los trámites para recuperar el coste soportado del IVA en estas operaciones, ya que sería una paradoja que el mayor perceptor
de esta solidaridad fuera precisamente el Ministerio de Economía y Hacienda.
Es necesario también avanzar en el segundo ámbito: el de la transparencia; transparencia en cuanto a la concesión de ayudas y subvenciones por parte de la Administración del Estado y transparencia en cuanto al destino que se va a dar a
estos recursos. Para ello, debemos articular mecanismos para un mejor control de las subvenciones destinadas a las organizaciones sin ánimo de lucro que tienen actividades de apoyo humanitario; una labor encomiable que se ve turbada en muchas
ocasiones cuando prima el amiguismo. Me consta que en las filas del Grupo Socialista había hoy nerviosismo por la toma en consideración de esta proposición de ley. (Un señor diputado: Ninguno.) Recientemente ha causado gran conmoción en nuestra
sociedad el conocimiento de la existencia de ONG vinculadas al Partido Socialista que han recibido golosas subvenciones que superan en cuantía a entidades de reconocido prestigio como pueden ser Cáritas, Intermón, Médicos del Mundo o Cruz Roja. (Un
señor diputado: Falso.) La Fundación Española para la Cooperación Solidaridad Internacional, cuya madrina, Leire Pajín, la ha presidido entre los años 2000 y 2004, ha pasado este año en el ranquin de recepción de subvenciones del puesto catorce al
puesto número uno, un ranquin fulgurante en tan solo tres años. (Una señora diputada: ¡Qué barbaridad!) Ha sido beneficiada este año con casi 30 millones de euros, lo que en época de crisis no está nada mal. Subir en el ranquin de esta forma,
señorías, puede ser cuestión de muchas cosas. Puede ser cuestión de suerte, lo que pasa es que la suerte no suele acompañar a este tipo de decisiones; puede ser que tenga una buena madrina, como antes decía, y supongo que tampoco tendrá que ver
que la madrina lleve en la boca el carné del PSOE. (Rumores.) Lo cierto es que la noticia de un claro favoritismo hacia fundaciones y ONG (Aplausos.) vinculadas al PSOE no ha sorprendido a nadie, porque forma parte de los usos y costumbres a los
que nos tienen acostumbrados ustedes en las administraciones en las que gobiernan. (Un señor diputado: ¡Hala!-Rumores.) Lo más preocupante, aparte del favoritismo, es el claro y manifiesto incumplimiento de hasta cuatro órdenes y bases reguladoras
de concesión de subvenciones, especialmente la resolución que especifica las limitaciones de cuantía a que están sometidos los convenios de cooperación para el desarrollo y que fija un máximo de 20 millones en cuatro años. (Rumores.) El caso de
Solidaridad Internacional -veo nerviosismo en las filas del PSOE- es el más llamativo. (Continúan los rumores.) Veo y escucho nerviosismo en las filas del PSOE. Ese caso es el más llamativo, pero no es el único. Otras ONG de desarrollo parecidas
y presididas por miembros del PSOE han sido favorecidas: el Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad; la Fundación Mujeres; la Comisión Española de Ayuda al Refugiado o la Casa del Mediterráneo, que también cuenta con Leire Pajín de
madrina. (Rumores.) Señorías, estos casos de amiguismo y favoritismo desprestigian las instituciones y son especialmente vergonzosos cuando se utilizan como coartadas las ideas y valores defendidos por todos, como son la solidaridad ante la
delicada situación de pobreza en la que viven millones de seres humanos en el planeta y más aún en el actual contexto de crisis que está aumentando alarmantemente los índices de pobreza extrema. Señorías, es un agravio comparativo para otras ONG
que no pueden competir en igualdad de condiciones ante una convocatoria de subvenciones. Por eso, por respeto a estas ONG pediría silencio y tranquilidad en la bancada socialista.
Estos días estamos debatiendo las consecuencias de la subida del IVA, decisión del Gobierno de Zapatero que perjudicará a los más necesitados: a las familias, a los pensionistas, a los dependientes y también en este caso a los beneficiaros
de las organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro. Penalizará de forma generalizada el consumo, el ahorro, la inversión y reducirá la renta disponible de los españoles y generará más paro. Es una medida que sangrará las economías
familiares, porque cada familia española pagará 450 euros más al año de impuestos solamente por la subida del IVA, cuando nos enteramos que una de cada cuatro familias no puede llegar a fin de mes; una medida antisocial en un momento de crisis
profunda de la economía española y una medida equivocada porque el dinero donde tiene que estar es en el bolsillo de los españoles y en el de las ONG que lo van a destinar a la ayuda allí donde se necesita.
Les pido pues, señorías, que voten favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley. Debemos colaborar activamente para que los recursos de las organizaciones no gubernamentales sin fines lucrativos se dediquen a las
causas de interés social que constituyen realmente su finalidad, con transparencia y con un control riguroso del gasto. Algo para lo que únicamente necesitamos voluntad política. Hoy, señorías tenemos todos los grupos la oportunidad de oro de
apostar por todas aquellas personas que trabajan en las ONG, por todas aquellas personas que día a día trabajan en la solidaridad en mayúsculas y por el altruismo sincero.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.-La señora Monteserín Rodríguez: Lamentable.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez Maniega.
Para fijar la posición por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Perestelo.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente. Intervendré brevemente para fijar la posición de Coalición Canaria en relación con la toma en consideración de esta proposición de ley. Para Coalición Canaria no es necesario
explicar aquí el esfuerzo, el trabajo, la solidaridad que defienden las organizaciones no gubernamentales en otros lugares y también muchas en nuestro territorio, cómo llegan a realizar labores o competencias que son de los gobiernos respectivos y
que son realizadas a través de estas organizaciones. Resaltar aquí ese papel -que ya ha sido mencionado por la proponente- no es necesario para nuestro grupo. Por tanto, solo quiero manifestar que estamos de acuerdo, que creemos que es una buena
iniciativa, por eso la vamos a apoyar con nuestro voto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Perestelo.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, presidente.
Intervengo para decir también que vamos a apoyar la iniciativa, una iniciativa que pone algo de orden. Su trámite nos gustaría que se concretase aún más para aclarar que, precisamente, estamos hablando de organizaciones no gubernamentales
en aquellas tareas que cumplen una función de ayuda oficial al desarrollo o en tareas humanitarias y no de cualquier organización sin ánimo de lucro, ya que esto podría ser una escapatoria para que algunas organizaciones que tienen que pagar IVA lo
dejen de abonar. En segundo lugar, creemos que la tramitación tiene que servir para abrir una reflexión que existe en el mundo de las ONG. Estos días, preparando precisamente lo que teníamos que trasladar y hablando con diferentes actores -también
con la Congde, con la coordinadora de ONG para el desarro-llo- nos trasladaban la problemática existente con el IVA que tienen que pagar en operaciones que realizan en el exterior. Creo que deberíamos hacer un esfuerzo por parte de todos los grupos
-también del mayoritario que estoy seguro de que no tendrá ningún problema en hacerlo- para que la redacción final sea rigurosa y nos permita hacer un análisis mínimamente serio. La Congde nos ponía un ejemplo en estos días. Según los datos de 85
organizaciones con elevado nivel de representatividad en el sector, el volumen de gastos susceptibles de soportar IVA ascendería en los últimos años, por ejemplo en un año normal, a 93 millones de euros. Simplificando a efectos de exposición y
tomando el 16 por ciento como tipo efectivo del IVA soportado, esto arrojaría un coste en torno a 13 millones de euros, imposibles de repercutir, como ustedes saben, en el consumidor final y representando estos un sobrecoste para un objetivo como
son las políticas al desarrollo, la lucha contra la pobreza. Es más, desde el punto de vista cuantitativo -nos explicaba la Congde-, teniendo en consideración que los recursos públicos que se aportan provienen mayoritariamente o en gran parte del
Estado y que este recauda el IVA, son 79 millones de euros el IVA que recupera el Estado y supone realmente que está transfiriendo el 16 por ciento menos al no pagar esos 13 millones. Este es un ejemplo lo suficientemente ilustrativo para responder
a una demanda que existe de las organizaciones no gubernamentales y cuya primera conclusión tiene que ser la actual aplicación del IVA que representa un grave perjuicio para estas ONG; la segunda, que existen además antecedentes en el marco de la
Unión Europea de iniciativas que permiten compensar ese IVA soportado y no repercutido; y, como tercera conclusión, que existan importantes oportunidades -y creemos que hay que aprovecharlas- de mejora de actuaciones de carácter técnico desde el
punto de vista de la Administración tributaria.
Para acabar quiero hacer una última reflexión. Esta tarde cuando venía para aquí me preguntaba para qué iba a servir también esta iniciativa; he visto para qué. Para que empiecen a hablar de la acusación en torno a las ONG. Creo que no.
Hemos visto de todos los colores en todos los gobiernos -también en los del Partido Popular vimos algunas experiencias con ONG que salían de la nada-, y lo cierto es que este Gobierno ha hecho cosas en materia de ayuda oficial al desarrollo que no
nos han gustado. Hoy mismo se ha votado una ley del FIEM que desde mi punto de vista es un fraude a la voluntad emanada de la tramitación de la Ley de deuda. Pero lo que no podemos hacer es criticarlo todo ni decir que todo vale. Al igual que yo
soy muy crítico con el Gobierno en su política en materia de gestión de deuda y con el proyecto que ha traído -no tanto con el Fonprode, pero si con el del FIEM, que para mí hoy hemos tenido un fiasco todos los portavoces de Cooperación en la
Comisión de Industria (Rumores.), nosotros sí y otros también; para nosotros hoy es un día frustrante desde el punto de vista de la cooperación por lo que ha pasado en la Comisión de Industria- creo que lo que no vale es sacar a relucir todos los
trapos sucios y el todo vale y entrar en este discurso, en esta discusión que no sé adónde nos conduce. Lo digo porque al final he descubierto por qué venía esta proposición de ley. Tengo que decir que desde un modesto grupo parlamentario y desde
mi condición de diputado quiero lamentarlo.
Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrera.
Por el Grupo Vasco tiene la palabra don Pedro Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.
Desde el escaño y muy brevemente con la misma brevedad con la que se plantea la iniciativa quiero fijar la posición de nuestro grupo al respecto. Yo no sospechaba que había tanto mar de fondo en esta cuestión que me parecía mucho más
inocua, que era una proposición aceptable y a la que casi todo el mundo votaría a favor. Creo que se ha visto aquí una tormenta un tanto rara. Desde luego, desde el Grupo Vasco estamos convencidos de la importante y loable tarea que desarrollan
multitud de organismos sin ánimo de lucro, tanto en el interior como en el exterior.
En ese sentido, facilitar la devolución del IVA que soportan cuando exportan bienes relacionados con las actividades humanitarias puede ayudarles a desarrollar una
tarea digna de encomio en muchas ocasiones.
Por tanto, sin más, vamos a votar favorablemente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra don Carles Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Es evidente que esta iniciativa que ha defendido la diputada del Grupo Popular responde a un planteamiento interesante: permitir que se refuerce la capacidad de actuación de las ONG que trabajan en el campo del desarrollo. Cualquier medida
que desde el punto de vista de la fiscalidad tienda a reforzar esas capacidades va a ser bienvenida. Por tanto, mi grupo tomará en consideración esta proposición de ley, como no podía ser de otra manera. Además, el debate de fondo, que es el
debate de la fiscalidad al tercer sector, al sector sin ánimo de lucro, quizás exigiría una revisión mucho más profunda. Me ha parecido escuchar que el señor Herrera planteaba algunas de las cuestiones vinculadas a cómo el IVA está afectando hoy,
por ejemplo, a la participación del tercer sector en los concursos públicos. Tenemos pendiente una revisión a fondo de nuestra Ley de Mecenazgo con el objetivo de aumentar la capacidad de movilización del sector privado para facilitar recursos para
las políticas sociales en un sentido muy amplio, para las políticas de ayuda al desarrollo, e incluso creo que todos coincidiríamos en que en tiempos de restricciones presupuestarias, en tiempos de austeridad, en tiempos de recortes, hacer el
esfuerzo que movilice la iniciativa privada para facilitar que más recursos se destinen a esas políticas va a ser absolutamente bienvenido. Quizá, por tanto, el trámite de esta proposición de ley puede permitir, si existe una mayoría suficiente,
abrir otras discusiones en el seno de la correspondiente ponencia. Tal vez por el contenido estricto de esta proposición de ley el Grupo Popular hubiese podido encontrar algún otro trámite legislativo que permitiese resolver ese problema puntual,
porque el riesgo de una proposición de ley como la que tomamos hoy en consideración -visto lo que cuesta que las proposiciones de ley terminen en el Boletín Oficial del Estado- es que se nos muera en la correspondiente Comisión. Espero que si el
Grupo Socialista vota a favor de la toma en consideración procure también que el trámite parlamentario se produzca de manera razonable y adecuada y que esta iniciativa no se nos muera como tantas. Por tanto, espero que eso funcione de esa manera.
Ahora bien, creo que S.S. ha abierto un debate que nos va a incomodar al conjunto de los grupos parlamentarios, no tanto porque en esta Cámara no tengamos que debatir sobre la política de subvenciones del Gobierno ni porque en esta Cámara
no necesitemos la máxima transparencia sobre esas políticas. He planteado por escrito en diversas ocasiones alguna información sobre las ayudas del 0,7 por ciento del IRPF y las respuestas del Gobierno ha sido: oiga, léase el BOE tal donde está
escrito. Sí, señora Esteve, la respuesta -se la puedo enseñar- es esa. Por tanto, transparencia y debate. Pero nos equivocaríamos todos -creo que se equivocaría el Grupo Popular- si proyectásemos ante nuestra opinión pública mayor sensación de la
que realmente existe de poca seriedad en el manejo de esos fondos, porque eso,
que quizás hoy ustedes pueden recriminar al Gobierno socialista, alguien se lo pueda recriminar a ustedes en relación con sus anteriores etapas de Gobierno o en sus futuras etapas de Gobierno. Por consiguiente, modestamente, desde la fuerza
que tienen nuestros diez escaños, discutamos, planteemos transparencia, pongamos en evidencia las vinculaciones que puedan existir entre organizaciones de la sociedad civil y grupos políticos sin ningún tipo de reparos, pero no proyectemos más
desconfianza en los ciudadanos sobre el funcionamiento de las instituciones, porque eso termina debilitando la confianza de los ciudadanos y el funcionamiento del sistema. Por tanto, espero que en las próximas semanas sean suficientemente
responsables cuando nos planteen este debate.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra doña Montserrat Colldeforns.
La señora COLLDEFORNS I SOL: Gracias, presidente.
Diputada Rodríguez, usted y yo hemos hablado esta mañana y yo le he preguntado por qué presentaban hoy esta proposición no de ley cuando la habían presentado en enero de 2009. Me ha dicho que respondía a su filosofía de protección de las
entidades que trabajan en el Tercer Mundo, su filosofía de solidaridad. Pues bien, señoría, jamás, jamás había visto tanta mentira en este Parlamento, jamás. (Aplausos.) No hay nerviosismo, hay desolación e indignación. Señorías, cuando leímos
-yo la leí personalmente- esta propuesta pensé: por fin podemos celebrar que por primera vez el Partido Popular no pretende bajar el IVA, no hace una propuesta demagógica sin fundamento ni conocimiento, sino que hace una propuesta que va orientada
a facilitar los mecanismos que tiene España para ejercer la solidaridad con aquellos que más lo necesitan, que son los países más pobres y más subdesarrollados del planeta. Bien es verdad que es una propuesta menor; no me malinterpreten, no la
consideramos una buena propuesta si nos atenemos evidentemente a la literalidad de lo que está escrito en el Boletín de estas Cortes. La califico de menor por dos razones: porque lo que busca es la mejora en un procedimiento administrativo a
organizaciones que realizan su labor fuera de nuestras fronteras -y lo quiero explicar para que lo entiendan bien todos los españoles- y porque aunque se trata en este momento de un impuesto del que ya están exentos puesto que realizan exportaciones
con carácter humanitario, caritativo, educativo, si por una razón de urgencia no pueden pedir la exención previamente, entonces es difícil recuperarla.
Nosotros estamos de acuerdo en que ante estas condiciones de urgencia es mejor que se acuda a
que se pida el permiso y por tanto estamos dispuestos a cambiarlo. La proposición no de ley persigue esto y nada más. Con esta proposición no de ley ustedes no persiguen ayudar a las entidades del tercer sector; ustedes lo que han querido aquí es
aprovechar la ocasión para ensuciar, para degradar este Parlamento.
(Protestas.-Aplausos.) No para molestar, para degradar este Parlamento, señorías.
Le he dicho también -y lo he hecho porque yo confiaba en usted, señora diputada- que iba a hacer una propuesta; usted me ha preguntado que si se la podía adelantar y yo le he dicho que desde luego. Se la voy a adelantar y la voy a explicar
aquí. Nosotros tenemos interés en que esta disfunción se arregle deprisa. Por eso proponemos que en la tramitación del proyecto de ley del Fonprode -quizá aquí no pero sí en el Senado- se incorpore esta modificación para que en los casos de
urgencia este permiso previo no sea necesario. Nosotros lo apoyaremos.
Señoría, no quería hablar del lodazal en el cual ustedes se mueven con tanta felicidad y satisfacción pero sí quiero decir una cosa para que lo sepan todos los españoles. Nunca jamás en este país la ayuda al Tercer Mundo ha sido tan
importante y tan buena como en estos últimos años.
Gracias al Gobierno socialista la ayuda al desarrollo ha dado un paso de gigante. Nos hemos hecho mayores; nos hemos hecho mayores en cantidad, en calidad, en métodos de planificación y
ejecución, en rigurosidad, en transparencia, en coordinación internacional... Debo decir que mi grupo -y celebro que también otros grupos lo digan- está orgulloso de este gran salto adelante y no vamos a permitir que ustedes lo ensucien.
(Rumores.) No vamos a permitir que por su culpa los españoles se crean que no estamos haciendo una buena ayuda al desarrollo. Debo confesar que me gustaría que el PP reconociera que son instrumentos de solidaridad. La ayuda al desarrollo, señoría,
no es si las entidades... ¡Es que ha dicho tantos disparates, tantos! Si las entidades no recuperan el IVA, esto no engrosa las arcas del Estado. Las arcas del Estado financian la ayuda al desarrollo, las arcas del Estado sirven para que los
parados puedan sobrevivir (Aplausos.), las arcas del Estado sirven para hacer infraestructuras. Y le diré una cosa: las arcas del Estado sirven para que usted y todos nosotros, aquellos que tenemos trabajo, podamos ejercer nuestra solidaridad.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Colldeforns.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA ORAMAS Y SEÑOR PERESTELO), SOBRE LAS SALINAS TRADICIONALES DE CANARIAS. (Número de expediente 122/000196.)
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las salinas tradicionales de Canarias.
Para la defensa de la proposición tiene la palabra don José Luis Perestelo.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, la actividad de extracción de la sal ha dado origen a la existencia de una serie de bienes tanto tangibles como intangibles que han acabado por conformar un legado patrimonial que merece su protección y conservación para las
generaciones venideras. La responsabilidad de la asunción de esta tarea se torna en urgente y pública si nos atenemos al ritmo que lleva la desaparición de las salinas del escenario de todo el territorio, del estado de abandono en el que, con
excepciones muy concretas, se encuentran aquellas en las que no se puede reconocer su trazado.
El estudio histórico de las salinas españolas, con más de tres mil años de antigüedad, y su actividad asociada, nos permite reconstruir una buena parte de la propia historia puesto que sus periodos de auge y desarrollo, junto con los de
abandono y ausencia de interés, van aparejados a los propios ciclos económicos y nos permite descifrar las tensiones políticas y jurídicas que su control ha originado desde tiempos primigenios hasta nuestros días. La sal como producto básico para
la conservación de los alimentos, y como elemento fundamental en la alimentación humana, encuentra en toda la geografía mundial multitud de referencias históricas que ayudan a entender la propia configuración de pueblos, ciudades, rutas comerciales
e intercambios culturales que nos acercan a la comprensión de la vieja idea de la civilización. Las salinas españolas realizan valiosa aportación a este esplendor comercial y cultural reconocible por todo el planeta. La aplicación de la sabiduría
popular a los escasos recursos disponibles ha dado origen a formas propias de extracción de la sal, adaptadas con tal tenacidad e ingenio que han acabado por configurar piezas únicas de intervención territorial con un indudable aunque todavía no
demasiado reconocido valor patrimonial mundial. De ahí surge una primera explicación porque nosotros, que en principio habíamos planteado una ley exclusiva de las salinas tradicionales de Canarias, entendemos que en el marco de este Congreso debe
extenderse a las salinas tradicionales en todo el territorio del Estado.
Dentro de los tipos de salinas de evaporación solar presentes en el territorio del Estado tanto litorales como de interior, podemos establecer una primera categoría entre las salinas de carácter extensivo, donde la sal se recoge una vez al
año, y las salinas de carácter intensivo donde la sal se recoge varias veces al año. La calidad del producto obtenido también por el sistema de recolección, claramente los métodos artesanales frente a los industriales, que establecen una clara
diferenciación en la calidad del producto obtenido. En nuestro país, el abandono de la salicultura tradicional ha provocado, de este modo, una pérdida de identidad cultural con la práctica desaparición del oficio y del saber hacer de los
salicultores tradicionales, el desarraigo de la sociedad del conocimiento y el disfrute de un territorio secular gestionado de forma sostenible, el deterioro del patrimonio cultural salinero, la pérdida de hábitat para el desarrollo y supervivencia
de numerosas especies de flora y fauna protegidas a nivel internacional, una escasa diferenciación de los territorios salineros y la pérdida de competitividad de los productos artesanales en los mercados nacionales e internacionales.
Por lo que se refiere a la cobertura legal de esta producción en el ámbito español, nos encontramos con el siguiente escenario. En lo que respecta a la legislación en materia de obtención de sal, en España es una actividad minera regulada
por la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, y en su norma de desarrollo, el Real Decreto 2857/1978, por el que se aprueba el reglamento general de la minería, que contempla las salinas como una actividad minera en su artículo 1. Por otra parte,
con respecto a la legislación en materia de sal como producto alimenticio, el Real Decreto 1424/1983, por el que se aprueba el reglamento técnico sanitario para la obtención, circulación y venta de sal y salmuera comestibles, establece que el
producto terminado de la sal deberá tener un contenido nunca inferior al 97 por ciento de cloruro sódico, artículo 13.1.3. Es aquí, señorías, donde se provoca también un debate en la proposición de ley que presenta Coalición Canaria en nombre del
Grupo Mixto en esta Cámara. En esa norma se plantea una modificación hacia el 94 por ciento.
Señorías, quisiera aquí dejarles un ejemplo de una sal artesanal, flor de sal, de extraordinaria calidad, así reconocida, y que no llega al 97 por ciento que establece ese real decreto de alimentación. Por eso planteamos en esta proposición
ley que para la sal artesanal se pueda establecer un criterio de calidad en cloruro de sodio inferior al 97 por ciento que plantea la ley. En todo caso, como en todo proyecto de ley, tendremos una fase de debate, de propuestas de enmiendas y, por
supuesto, Coalición Canaria, como siempre, estará abierta a cualquier sugerencia o propuesta que se vaya a hacer. Voy a regalar a todos los portavoces de los grupos que intervengan, lo mismo que al presidente del Congreso, un bote de flor de sal
con estas características.
La sal, señorías, es un producto de primera necesidad en la alimentación humana, pero, pese al conocimiento de su valor e importancia, no se encuentra adecuadamente regulada en las disposiciones jurídicas que atienden a su producción y
comercialización, ni se corresponde con las demandas que los agentes económicos interesados en este sector vienen manifestando desde hace tiempo. Por otro lado, el consumidor tampoco encuentra respuesta a sus necesidades con la actual regulación,
por lo que a la calidad de demanda del producto se refiere. El litoral continental e insular de nuestro país dispone de excelentes condiciones naturales y ambientales para la producción de sal de elevada calidad, y esta situación debe ser
debidamente atendida para provocar su revalorización en un mercado cada vez más exigente y predispuesto al reconocimiento de los productos de calidad alimentaria.
Esta ley, como conocen SS.SS., tiene quince artículos, una disposición transitoria y una disposición derogatoria. Pretendemos incluir en esta fase de enmiendas con el consenso de todos los grupos algunas enmiendas y algunos artículos más.
Por ejemplo, un artículo necesario es la definición de lo que es una salina tradicional para, en ese contexto, poder incorporar los contenidos que se establecen en la propia ley.
Señorías, creemos que damos un paso importante, ya que es un sector que está demandando esta ley, este marco jurídico que le permita garantizar la pervivencia de una cultura, de una tradición, de un paisaje y, ¿por qué no también?, de una
economía en muchos territorios del Estado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Perestelo.
Para fijar la posición, en primer lugar, por el Grupo de Izquierda Unida tiene la palabra don Gaspar Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Señorías, no podemos decir que nos han endulzado la tarde, pero sí nos han dado algo de sabor, auque el peligro es la hipertensión. Se lo aviso, señorías.
La iniciativa de Coalición Canaria que hoy debatimos suscita simpatía a mi grupo pero, a la vez, cierta preocupación o perplejidad. Simpatía en su objetivo de preservar las salinas tradicionales del Archipiélago y perplejidad ante el
propósito genérico de impulsar, a partir de esta medida parcial, una nueva regulación global de la producción y comercialización de la sal en toda España y probablemente con consecuencias en el marco de la Unión Europea. Eso es lo que nos preocupa.
Porque, si bien la exposición de motivos tiene como eje principal la legítima defensa y protección de las salinas tradicionales canarias, el articulado, sin embargo, se centra en la formulación de un nuevo estatuto jurídico para la sal comestible,
en general, sea cual fuere su procedencia, lo que parece más discutible, y en todo caso, merecedor, en nuestra opinión, de un estudio no solamente normativo sino también legislativo en el ámbito del Estado y probablemente también en el marco de la
Unión Europea.
Simpatía y apoyo, pues, a la preservación y desarrollo de las salinas artesanales, un legado patrimonial que merece su protección y conservación para las generaciones venideras del Archipiélago, una actividad cuya progresiva desaparición
supone la pérdida de un patrimonio ambiental, cultural, histórico y humano inapreciable. Son entornos de una altísima biodiversidad y espacios de gran importancia para las aves migratorias, también como elementos emblemáticos del paisaje y testigos
de la historia canaria desde el siglo XVI. No en vano han sido reconocidas por la Unesco como espacios a proteger por su altísimo valor ecológico. Valor cultural, también, señorías, pues en torno a las salinas se han creado museos, centros de
interpretación y otras actividades.
También podemos entender que los salineros consideren la sal que producen como un producto agrario y no como un producto minero, pues que ellos se precian de que no extraen la sal sino que la cultivan. Las
salinas en Canarias no solo son un referente vivo del pasado y la tradición sino también de un futuro posible en el que conjugar por igual los verbos progresar y preservar. Por ello hubiera sido deseable que esa iniciativa parlamentaria tuviera por
objetivo la revalorización de las salinas canarias específicamente, la promoción de su producto de alta calidad gastronómica, la transmisión del saber hacer tradicional de los salineros a las nuevas generaciones y la recuperación del recurso
paisajístico y ambiental. Es decir, una iniciativa que mostrara que el desarrollo del Archipiélago y sus directrices de ordenación del litoral no solo está en sus hoteles, en sus puertos deportivos, en sus campos de golf, sino en una cultura que
tiene una plasmación territorial, una plasmación social.
Curiosamente, la Administración canaria facilita la importación de sal de Gran Bretaña y no aprecia este recurso local de alta calidad, como son las salinas tradicionales por una cuestión,
¡qué desgracia!, de precio de mercado. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) En Canarias llegaron a existir más de cincuenta salinas y hoy apenas llegan a diez, lamentablemente, la mayoría de ellas abandonadas o
desaparecidas. La sal artesana no es un lujo sino un producto que la industrialización salera ha reducido a un producto minoritario y artesanal. Señorías, pero de aquí, con lo que estamos de acuerdo, a pretender reformar el régimen de producción y
comercialización de la sal en toda España, lo que equivaldría a modificar también la legislación europea, es un paso que no se puede dar sin una reflexión a fondo, no solo en el ámbito legislativo y reglamentario, sino después de un estudio en
profundidad del impacto industrial y comercial de esta medida que se quiere desarrollar, sobre todo cuando se plantea un riguroso régimen de sanciones y una regulación de los aspectos técnicos de la extracción. No olvidemos que la sal tiene origen
no solo en Canarias, donde su producción ya es mínima, sino en Cantabria, en Valencia, en Andalucía, en Cataluña, en Aragón y en otras comunidades autónomas con una producción total de más de 4 millones de toneladas anuales.
El texto pretende definir y regular la sal comestible en su conjunto y no solo la sal producida en salinas tradicionales, desvinculando la producción del régimen general de las actividades industriales. Podría interpretarse que la sal que
se extrae de minas subterráneas, por ejemplo, no es comestible, lo que sería un despropósito. La normativa sanitaria y comercial de la sal comestible es de alcance internacional.
Su definición forma parte del Código alimentario internacional, del
Codex, para la sal de calidad alimentaria, e integra variedades como la sal gema procedente de yacimientos salinos, la sal marina, la sal de manantial, la sal yodada y otras. Muchas de ellas son producciones industriales, sin menoscabo de alguna
producción de alta calidad de carácter artesanal.
Termino, señorías. Mi grupo apoyará este texto centrado en el apoyo a las salinas tradicionales canarias, pero discrepará en su tramitación por sus consecuencias profundas para el conjunto del sector.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.
Intervengo para decir que nuestro grupo va a apoyar la iniciativa planteada por Coalición Canaria.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Macias.
El señor MACIAS I ARAU: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, algunas de las argumentaciones del señor Llamazares son suscritas en su totalidad por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), pero esta proposición de ley, presentada desde el Grupo Parlamentario
Mixto por Coalición Canaria, es una proposición que a nuestro parecer no resulta conveniente. No lo resulta, aunque compartimos -si me permiten decirlo así- al mil por cien sus objetivos: la protección de las salinas y de la excelente sal
producida en las salinas tradicionales de Canarias. Sin embargo, no se ha reparado a la hora de redactar esta proposición de ley en que para proteger una producción de unas 10.000 toneladas al año, que hay que proteger y que Convergència i Unió
estima y va a apoyar que se protejan, entra en riesgo con la protección del resto de salinas y ello en ningún caso vale la pena. Ustedes saben -el señor Llamazares ha hecho apelación a ello, pero yo voy a dar un dato más- que de entre los 4 y 5
millones de toneladas de producción de sal en el Estado español, 1,5 millones son en origen sal marina. Estas salinas, por ejemplo las de las Illes Balears, las del delta del Ebro, también las cántabras y las de Andalucía son una aportación
absolutamente paralela a la de las salinas canarias con relación al paisaje y a la consideración de un ecosistema especialmente positivo que cabe proteger. Si para proteger 10.000 toneladas al año -repito, que hay que proteger, pero con el
instrumento adecuado- ponemos en riesgo 1,5 millones de producción salina y, por tanto, ecosistemas tan importantes como las salinas, por ejemplo, del delta del Ebro, nos parece que hay que salir aquí para decir, a pesar de la amistad y de los lazos
que no unen con Coalición Canaria, que esta es una mala solución, a la que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) no va a dar apoyo, sintiéndolo en el corazón.
Un buen objetivo tiene que tener también un buen instrumento y aquí, señoras y señores diputados, los ciudadanos nos pagan para que resolvamos los problemas con las medidas adecuadas. Nosotros estaríamos de acuerdo con que se tramitara un
proyecto de ley de protección de las salinas tradicionales de Canarias, pero no en que se ponga en riesgo, repito, la producción del resto de salinas españolas, y especialmente algunas que contribuyen de forma muy importante a la preservación de
ciertos ecosistemas, simplemente porque nos hemos equivocado, porque hemos errado de sistema. El señor Llamazares hablaba del Codex y de la regulación. Si introducimos una regulación para el conjunto del Estado español, cuando a lo mejor esta es
una característica específica de la sal marina de las salinas canarias, es una solución de unos riesgos excepcionales que no queremos correr. El hecho de que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sea franco se nos va a agradecer. En
primer lugar, porque si es que esta proposición de ley cuenta con el beneplácito de los grupos, es aprobada y después tramitada, se va a enfocar correctamente, pero además es importante que el conjunto de diputados y diputadas de esta Cámara se dé
cuenta de que los objetivos mejor intencionados que uno puede tener, si son instrumentados de forma errónea, de forma equivocada, pueden tener consecuencias colaterales de una gravedad tan alta que alguien tiene que ponerlo de manifiesto. Por
tanto, amigo Perestelo, desde el convencimiento de que hay que proteger y cuanto antes las salinas canarias, dejen también que el resto de salinas tradicionales y no tan tradicionales, pero salinas al fin y al cabo existentes en todo el litoral
español, no tengan un riesgo real de desaparición. Vean en el voto de Convergència i Unió, como siempre, un voto responsable, responsable aun cuando no compartimos las soluciones, y un voto que nos gustaría que fuera también un mandato para que
esta Cámara, o quizás el Gobierno y el Gobierno canario, encontraran la solución más idónea para este objetivo -repito- común, este objetivo que compartimos de proteger las salinas tradicionales de Canarias.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Macias.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Ponce.
El señor PONCE ANGUITA: Señora presidenta, señorías, para mi primera intervención en esta Cámara se me encomienda el análisis para la toma en consideración de la proposición de ley sobre las salinas tradicionales, un tema que es muy cercano
para quien les habla ya que en Arucas, municipio de Gran Canaria de donde procedo, tenemos unas magníficas salinas que como en otros lugares es necesario recuperar, no solo porque están consideradas como un bien de patrimonio histórico, sino
porque están también asociadas a oficios tradicionales, a la cultura popular y al turismo, tan importante en la economía de nuestro Archipiélago. Salinas tradicionales en las que en muchos casos protecciones justas y adecuadas dificultan
muchísimo mejorar la producción e incluso por su compleja normativa ponen en riesgo la continuidad de la explotación, si bien las inversiones o ayudas de las administraciones, orientadas a otros aspectos colaterales como cultural, patrimonio
histórico y recurso turístico, en algunos casos podrían suponer un complemento de rentabilidad a fin de mantener la explotación y, por tanto, las tradiciones tan arraigadas en Canarias, especialmente en Lanzarote y Gran Canaria. En este aspecto es
importante resaltar que a través de los fondos de la comunidad autónoma, que se trasladan a los cabildos y diputaciones, se pueden orquestar ayudas complementarias en el sentido de alentar la puesta en uso y resurgimiento de aquellas salinas que por
su valor turístico e interés cultural lo merezcan.
Entrando en la cuestión de esta proposición de ley que presenta el Grupo Mixto a través de Coalición Canaria, y que ya el señor Perestelo nos ha relatado en su intervención, se pretenden definir aspectos tan importantes como el ámbito de
aplicación, la propia definición y composición de la sal, sus formas y tipos de comercialización, su fiscalización, el régimen sancionador, el reglamento y las disposiciones transitorias y derogatorias. Un complejo articulado en el que primeramente
tenemos que matizar desde el Grupo Popular que en la exposición de motivos se alude constantemente y de forma exclusiva a las salinas tradicionales de Canarias, dando la sensación inicial de que esta proposición de ley se limita al ámbito de
Canarias. Ello nos tranquilizó en principio, porque pensamos que esto había sido claramente consensuado con los empresarios salineros de las islas, pero de consultas posteriores se traslada que la exposición de motivos no se acoge realmente a lo
que proponen, que es hacerlo para el amplio espectro que significa para toda España. En este caso sí hemos podido detectar, una vez que hemos consultado con empresas del sector salinero en Canarias y también del resto de España, que no se tienen
las mismas preocupaciones en Canarias que en otros lugares altamente productivos del sector de la sal, a los que posteriormente me referiré. Sector con una producción de sal, que ya se comentó antes, en el conjunto del Estado español entre 4 y 5
millones de toneladas, de las cuales cerca de un 1,5 millones son de sal marina y cabe añadir que España es excedentaria en sales, exportando cerca de medio millón de toneladas al año.
Esto prueba que estamos hablando de una proposición de ley muy interesante y que tiene muchísimo que ver en la economía incluso nacional. En Canarias se puede estimar que el consumo es de unas 10.000 toneladas, habida cuenta la población
fija de las islas y la correspondiente al turismo estacional, aunque por los datos que se tienen la producción salinera en Canarias no cubre las necesidades propias por lo que una parte es traída del exterior. En el Grupo Popular entendemos que,
cuando se propone una ley o una modificación o enmienda sobre otra existente, tiene que haber fundamentadas razones para ello y no parece claro que se necesite una nueva ley, sino más bien una modificación sobre aspectos muy concretos. Decimos esto
porque la sal de calidad alimentaria tiene normativas de aplicación con el Real Decreto 1424/1983 y el Código alimentario europeo.
En el preámbulo de esta proposición de ley se pretende justificar este nuevo cambio por -destaco y leo textualmente- dos cuestiones. Primera, que la producción y comercialización de la sal no se encuentran adecuadamente reguladas por las
disposiciones jurídicas ni se corresponden con las demandas que los agentes económicos interesados en este sector vienen manifestando desde hace tiempo. Esta es la primera razón que los proponentes presentan. Luego resaltan una segunda que leo
también: El litoral de nuestro país dispone de excelentes condiciones naturales y ambientales para la producción de sal de elevada calidad y esta situación debe ser debidamente atendida para provocar su revalorización en un mercado cada vez más
exigente y predispuesto al reconocimiento de los productos de calidad alimentaria.
Con respecto al primer argumento, parece que el principal objetivo de esta proposición es que la actividad de las salinas tradicionales cambie su marco jurídico actualmente establecido, que lo vincula con una actividad industrial. Sacarlo
de esta consideración es la principal preocupación y meta para empresarios de Canarias y aquí comienzan las diferencias con el resto de España que, insisto, es absolutamente necesario conciliar y que es posible hacerlo si en el desarrollo de esta
proposición de ley los proponentes tienen a bien considerarlo. Este objetivo expresado por los empresarios canarios consultados se basa en que si lograran que la extracción de sal por métodos tradicionales fuera considerada como una actividad
agrícola y no industrial, podrían recibir ayudas de fondos europeos que con el actual marco industrial son imposibles de obtener.
El real decreto en vigor enmarca la extracción de sal por métodos tradicionales bajo el mismo ámbito jurídico que la extracción de otros minerales, tales como hierro, áridos, hidrocarburos, etcétera. Esto podría ser asumible a juicio del
Grupo Popular si se definiera con rotunda claridad qué tipos de extracciones son denominadas salinas tradicionales, ya que hay empresarios de la Península y de Baleares que manifiestan que se encuentran perfectamente dentro de la actividad
industrial y no requieren cambiarla. El reglamento posterior definido en esta proposición de ley en su artículo 11.2 establecerá la definición de cuáles pueden ser consideradas como agrícolas y que seguirán siéndolo.
El segundo aspecto, más polémico, es que esta proposición de ley establece el porcentaje de cloruro sódico para la sal comestible en el 94 por ciento de materia seca excluyendo los aditivos, una cifra inferior al 97 por ciento en vigor que
exige el Código alimentario. No se
entienden estas contradicciones si lo que realmente se pretende es proteger y reavivar las salinas locales tradicionales y obtener incluso una denominación de origen que sería un avance importante para resaltar la calidad de los productos
artesanales e identificarlos con un territorio concreto. En unos momentos en los que se desea constantemente mejorar la seguridad alimentaria, no parece congruente promover que se rebaje la calidad de un producto tan importante como la sal y,
además, de ser así, no sería posible su uso como vector de difusión de aditivos tan importantes como el yodo.
El Grupo Popular reconoce que con esta proposición de ley Coalición Canaria ha perseguido objetivos que nos consta que son aspectos demandados por el sector, pero lo que ha ocurrido posiblemente es que no se han percatado de que en algún
aspecto comentado, en vez de mejorar su situación pueden empeorarla. La toma en consideración de esta proposición de ley puede ser un avance y el Grupo Popular quiere dejar claro que es indispensable en el siguiente documento el desarrollo de las
normas técnicas que lo regulen y sobre todo que definan todas las dudas que en este momento tiene esta proposición de ley.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ponce.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Morán.
El señor MORÁN FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, quisiera en primer término definir los tres escenarios en los que deberíamos considerar la iniciativa que Coalición Canaria trae hoy a consideración en forma de proposición de ley. Esos tres escenarios son aquel que afecta al
mundo de los consumidores, aquel que afecta al mundo de la protección ambiental y aquel que afecta a la regulación de contenidos de ámbito social. Si uno se lee con detenimiento el texto de la proposición de ley, no tendrá ninguna duda en que su
exposición de motivos identifica con claridad cuáles son aquellas cuestiones que deberían impulsar a todos los grupos parlamentarios de la Cámara a apoyar sin duda la proposición de ley que hoy nos trae aquí Coalición Canaria.
Quien conozca con un
mínimo de profundidad cuál es el valor de las salinas de Canarias -es verdad que nos encontramos con elementos patrimoniales de estas características también en otros puntos del país-, especialmente de las salinas de Lanzarote, puede darse cuenta de
que estamos ante un hecho singular que merece toda la protección que se le pueda dar. Es evidente que esa es la primera consideración que tenemos que hacer a la hora de enfrentarnos a la valoración de este texto.
Una vez que uno entra a considerar los elementos que se pretenden regular, empiezan a surgir algunas dudas respecto al planteamiento que se hace. La primera cuestión que tenemos que poner por delante de cualquier otra consideración es
aquella que afecta al mundo de los consumidores. Con la regulación, concretamente con lo que se especifica en el artículo 2 de la proposición de ley se pretende rebajar la calidad de un producto de consumo humano. En estos momentos se establece,
prácticamente por disposición asumida con carácter general, que el 97 por ciento de la materia sólida de la composición del producto sal tiene que ser cloruro sódico y lo que se pretende es rebajar esa composición del 97 al 94 por ciento. Esto
dificulta en enorme medida la posibilidad de seguir utilizando la sal como un elemento de difusión de algo indispensable para rebajar la incidencia de algunas de las enfermedades que han sido a lo largo del pasado siglo una materia de especial
preocupación en algunas comunidades autónomas, todo aquello que se manifiesta en enfermedades relacionadas con el tiroides. De ninguna de las maneras es posible plantear en una proposición de ley que se rebaje en ningún grado ningún elemento de
protección de la salud de los consumidores. Esta es una consideración que debemos tener en cuenta como condición indispensable a la hora de plantear cualquier propuesta en la Cámara. Si atendemos a lo que se recoge en el artículo 2, es evidente
que no podríamos apoyar la toma en consideración de la proposición de ley que hoy se trae a la Cámara. Por delante de cualquier otra consideración, la salud de los consumidores. A partir de ahí podemos empezar a plantear algunas otras
consideraciones.
En cuanto a las consideraciones ambientales, es evidente que si atendemos al valor patrimonial y ambiental de la calidad de las salinas -y se ha hecho alguna intervención, concretamente la del portavoz de Izquierda Unida, que refleja
perfectamente cuáles son los elementos principales a la hora de valorar las calidades ambientales de las salinas-, deberíamos de tener en cuenta cuáles son las obligaciones de cada una de las administraciones. Todo aquello que implique dotar de un
grado de protección lo más amplio posible a determinados espacios de riqueza biológica como pueda ser el caso de las salinas debería ser un objeto de preocupación compartida, pero esta no es una ocupación exclusiva de la Administración General del
Estado; ni siquiera es en este caso la Administración General del Estado la que ostenta la principal de las competencias a la hora de tomar decisiones en materia de protección ambiental. En este caso, habría que tener en cuenta hasta dónde alcanza
el grado de compromiso de la Administración autonómica a la hora de establecer y mejorar los mecanismos de protección ambiental con la capacidad que tiene la propia comunidad autónoma y en ese sentido creo que el contenido de una proposición de ley
debería establecer mecanismos de corresponsabilidad de las distintas administraciones. Por tanto, creemos que hay mecanismos para adquirir ese compromiso por parte de la comunidad autónoma que en todo caso deberían de aparecer aquí recogidos.
Finalmente paso a los contenidos sociales. Es evidente que desde el punto de vista territorial en espacios muy concretos -en este caso hablaríamos de casos vinculados
especialmente a la gestión de ámbito local-, es posible atender a medidas de preservación de una actividad económica que responde en buena medida a la posibilidad de que esos territorios tengan mecanismos de generación de empleo que deberían
de ser también objeto de preservación y creo que hay un elemento fundamental para poder dar salida a un compromiso de estas características, como es la Ley para el desarrollo sostenible del medio rural. Aquí también es necesario tener en cuenta que
hay un conjunto de administraciones que en este caso tienen que asumir un compromiso compartido. Estamos hablando de una ley que recoge un compromiso de aportación de recursos económicos por parte de la Administración General del Estado, pero
también se deben comprometer recursos por parte de la Administración autonómica y además debe hacerlo en consonancia con la vocación de primar este tipo de intervenciones por parte de las administraciones locales, con lo cual, desde el punto de
vista social, es necesario tener en cuenta que debe haber una corresponsabilidad de las administraciones a la hora de afrontar una respuesta a algo que nosotros entendemos que requiere de una solución adecuada. En ese sentido, compartimos al cien
por cien el título de la proposición de ley, pero mostramos nuestra discrepancia con el contenido del texto. No se corresponde el texto con el título ni siquiera con la exposición de motivos, que compartimos también al cien por cien. En ningún
caso una ley que emane de las Cortes Generales para establecer una protección de un sector vinculado a un espacio territorial concreto, en este caso en un ámbito tan concreto como puede ser la producción artesanal de sal, puede condicionar una
actividad industrial que en estos momentos ocupa alrededor de unos mil trabajadores en empleo directo en todo el Estado y que en buena medida verían peligrar sus condiciones de trabajo en el futuro si se aprobase esta proposición de ley en los
términos en los que aquí aparece presentada. Por lo tanto, nosotros atenderemos al contenido de la ley para tomar posición sobre el sentido del voto de nuestro grupo parlamentario.
Muchas gracias, señora presidenta, muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Morán.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A IMPULSAR, DURANTE EL PERIODO DE LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA UNIÓN EUROPEA, LA CREACIÓN DE LA CAPITALIDAD EUROPEA DE LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL. (Número de expediente
162/000529.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a impulsar durante el periodo de la Presidencia española de la Unión Europea la creación
de la capitalidad europea de la accesibilidad universal. Para defender esta proposición de ley en nombre de su grupo tiene la palabra el señor Muñoz Gómez.
El señor MUÑOZ GÓMEZ: Señora presidenta, señorías, subo a esta tribuna en nombre del Grupo Socialista para presentar esta proposición no de ley que tiene como vocación situar las políticas de accesibilidad universal en la agenda de las
decisiones que deberá tomar la reunión informal de ministros de discapacidad de la Unión Europea bajo Presidencia española.
En la línea de acción positiva de los poderes públicos españoles en relación con las personas con discapacidad y su
bienestar, la Presidencia española de la Unión debe suponer un impulso a las actuaciones en esta materia en el ámbito europeo.
Desde los últimos veinte años del siglo XX las ciudades europeas han experimentado cambios fundamentales. De ser territorio del vehículo privado, han evolucionado hacia modelos basados en el transporte público y la mejora del espacio urbano
para las personas, iniciando así un camino hacia la sostenibilidad. Concentran gran parte de la población europea, actualmente en torno al 74,6 por ciento, previendo un aumento sostenido anual hasta situarse y estabilizarse en el 82 por ciento de
los ciudadanos europeos. La mitad de esta población reside en ciudades de entre 1.000 y 50.000 habitantes; una cuarta parte en ciudades de 50.000 a 250.000 y la cuarta parte restante en ciudades mayores. Por tanto, las ciudades europeas se han
convertido en los nodos que configuran una red de relaciones económicas, sociales y culturales que potencian la integración europea. Es en esas ciudades donde el reconocimiento de los derechos, la participación cívica y la prestación de servicios
alcanzan su máximo exponente.
Debido a esta realidad, las ciudades han ido afrontando diversos retos vinculados a la construcción de la Europa del bienestar, de la que destacamos el crecimiento progresivo de la diversidad cultural debido tanto a la movilidad de los
ciudadanos en una Europa ampliada y en el crecimiento como al fenómeno migratorio; el envejecimiento demográfico de la población, que se está acelerando en los últimos años, con una expectativa de que en el año 2025 la población mayor de 65 años
sea del 30,1 por ciento y del 42,2 en el año 2050; un mayor respeto y reconocimiento a los derechos ciudadanos, como ejemplo de ello la adhesión a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas y la posterior
ratificación por parte de los Estados de la Unión Europea, que en las ciudades está dando un impulso a la integración escolar y laboral, la accesibilidad del espacio público, los medios de transporte y de comunicación. El avance en estos ámbitos es
absolutamente imprescindible para los 60 millones de ciudadanos europeos con discapacidad -el 10 por
ciento de la población-, pero también es necesario para el otro 40 por ciento del total. Una de cada cuatro familias europeas tienen un miembro con discapacidad y muchos de nosotros sufrimos limitaciones temporales.
También es un
beneficio, como decía, para el cien por cien de los europeos, que disfrutan de espacios y servicios mucho más confortables y respetuosos con la diversidad y mucho más seguros. Como ejemplo, puedo citar el de una estación de metro que cuando se hace
accesible incrementa el número de sus clientes en un 16 por ciento porque ofrece mayor comodidad. Además, esta mejora en las ciudades potencia su atractivo para los turistas. No debemos olvidar que de los turistas europeos de 2008, el 33,5 por
ciento eran mayores de 65 años. Otros retos no menos importantes son la urgencia de hacer accesibles las tecnologías de la información a todos los ciudadanos y el desarrollo de la gobernanza, los servicios y la participación electrónica; la
imperiosa necesidad de creación de riqueza y empleo apoyándola en los servicios y en el turismo; el apoyo tanto de la Unión Europea, con iniciativas como las directivas y reglamentos que fomentan la accesibilidad: autobuses, ascensores, usos de
fondos estructurales y su trasposición a la legislación de los Estados miembros; las propuestas del movimiento asociativo de creación de la capitalidad europea que hacen el Cermi y el Foro europeo de la discapacidad, pero también el liderazgo de
algunos países como España en el que hay que citar la Ley de Igualdad de Oportunidades, la Liondau de 2003, el Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012, la Ley de autonomía personal y atención a la dependencia del año 2006; en 2007 el Gobierno
firmó la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad y en 2008, como no puede ser de otra manera, se apuesta por la estrategia global de acción para el empleo de personas con discapacidad 2008-2012, con la que
se aspira a establecer las bases para un empleo de calidad con una remuneración digna y suficiente.
Todas estas acciones políticas están haciendo posible el avance de este colectivo. Sin embargo, señorías, es necesario un impulso y un apoyo aún mayores si queremos que nuestras ciudades, pilares de la construcción y el desarrollo europeo,
afronten con éxito estos retos en los próximos años. Después de la reciente crisis económica con evidentes consecuencias sociales a la que nos enfrentamos, es necesario un posicionamiento europeo decidido y conjunto. La estrategia europea 2020
para un crecimiento inteligente, sostenible e integrado debe promover de manera decidida la reducción de las desigualdades y la discriminación, así como el acceso a los servicios y a la participación de todas y todos los europeos. La eficiente
aplicación del reglamento sobre el derecho de las personas con discapacidad o movilidad reducida en el transporte aéreo ha demostrado que Europa es capaz de llevar a cabo en poco tiempo cambios radicales a favor de los derechos de todos los
ciudadanos. Por tanto, es imprescindible potenciar un cambio de esta naturaleza para que las ciudades aseguren la plena participación, el respeto a los derechos y el impulso del crecimiento europeo. Para ello es imprescindible e ineludible que las
ciudades se doten de mecanismos que basándose en los principios del diseño para todos les permita alcanzar en un corto e inaplazable periodo de tiempo la accesibilidad universal de todos sus espacios y servicios.
Estos mecanismos deben sustentarse en la planificación de actuaciones sostenidas basadas en las buenas prácticas llevadas a cabo en muchas ciudades. A pesar de que las personas mayores o con discapacidad deben seguir siendo y ocupando un
lugar central, debemos asegurar la implicación de todos los ciudadanos para que integren en su sistema de valores la mejora de la accesibilidad como un beneficio propio. De la misma manera, la percepción por parte de la iniciativa privada de que el
crecimiento económico está intensamente ligado a la responsabilidad social corporativa debe permitir mayores cotas de colaboración público-privada en la consecución de este objetivo. Por tanto, el establecimiento de la capitalidad europea de la
accesibilidad universal servirá para afrontar la cultura de la accesibilidad universal en toda Europa y se inscribirá en el objetivo de que en 2020 Europa esté libre de barreras para las personas con discapacidad en el empleo, la cultura, la
educación, el transporte y las tecnologías de la comunicación.
Al igual que sucede con la capital europea de la cultura, esta iniciativa consistiría en que cada año una o dos ciudades europeas aspirasen a ser declaradas capital universal de la accesibilidad y que hubiera competencia para obtener esa
distinción. Las ciudades aspirantes deberían presentar una trayectoria de accesibilidad y comprometerse durante la capitalidad a un programa de actuaciones y actividades de promoción de la accesibilidad universal. Por todo ello, señorías, se insta
al Gobierno exclusivamente a impulsar durante el periodo de la Presidencia española de la Unión Europea la creación de la capitalidad europea de la accesibilidad.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
(Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Muñoz.
A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Popular. Para defenderla en nombre de su grupo tiene la palabra la señora Bañuls.
La señora BAÑULS ROS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, como todos ustedes saben, el artículo 26 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconoce y respeta el derecho de las personas discapacitadas a beneficiarse de medidas que garanticen su autonomía, su
integración social y profesional y su participación en la vida de la comunidad. Al mismo tiempo, la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad establece en su artículo 3 el concepto de accesibilidad como uno de los
principios generales de este importante tratado de derechos
humanos. También el artículo 9 de la convención de la ONU se dedica íntegramente a la accesibilidad y en él se recoge la obligación de los países que como España han suscrito ese tratado de adoptar todas las medidas pertinentes para
asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que las demás al entorno físico, al transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y la comunicación, y a
otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público tanto en zonas urbanas como rurales.
La aprobación de la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal en el año 2003 durante el Gobierno del Partido Popular marcó un hito muy importante en el camino hacia la accesibilidad universal. Esta ley
responde al modelo de vida independiente que defiende una participación más activa de las personas con discapacidad en la comunidad sobre unas nuevas bases como ciudadanos titulares de derechos, como sujetos activos que ejercen el derecho a tomar
decisiones sobre su propia existencia y no meros pacientes o beneficiarios de decisiones ajenas. A partir de una demanda inicial de entornos más practicables, se pasó a demandar el diseño para todos, reivindicando finalmente la accesibilidad
universal como condición que deben cumplir los entornos, servicios y productos para que sean comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas.
El Grupo Popular tiene el convencimiento de que se ha avanzado mucho durante los últimos años en el desarrollo de la accesibilidad universal, aunque aún es largo el camino que queda por recorrer. Por eso nuestro grupo se muestra favorable a
esta iniciativa que pretende impulsar durante el periodo de la Presidencia española de la Unión Europea la creación de la capitalidad europea de la accesibilidad universal. Debemos recordar que esta iniciativa tiene su origen en una propuesta que
planteó el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad de cara a la Presidencia española de la Unión Europea. Al mismo tiempo, el sector de la discapacidad cree que esta capitalidad puede suponer un importante estímulo para la
cooperación transnacional en materia de accesibilidad para el intercambio de buenas prácticas y para la construcción de una región libre de barreras para las personas con discapacidad.
Además de lo ya expuesto creemos que la creación de la capitalidad europea de la accesibilidad universal puede contribuir también de un modo muy significativo a la visibilidad de la discapacidad por la sociedad y por las administraciones
públicas, lo que es un factor muy importante de integración y normalización. No obstante, el Grupo Popular está convencido de que esta propuesta debería encuadrarse en un contexto más amplio, más ambicioso y de mayor calado, y de ahí la enmienda
que hemos presentado para que la creación de la capitalidad europea de la accesibilidad se enmarque dentro de un gran pacto europeo por la discapacidad que aborde, entre otras cuestiones, lo que en realidad son dos de las problemáticas que hoy en
día están preocupando más al sector como son el empleo y la educación inclusiva. Para ello será necesario definir políticas acordes con lo que se expresa en los artículos 27 y 24 de la convención de la ONU.
Ya sabemos, aunque sinceramente no acabamos de entenderlo, que la palabra pacto les produce cierto nivel de temor o de rechazo, pero no obstante, la semana pasada en la Comisión de políticas integrales de la discapacidad, a pesar de la
oposición del Grupo Socialista a una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el mismo sentido de la enmienda que ahora presentamos, la portavoz socialista en dicha Comisión, la señora Sánchez Rubio, nos manifestó el deseo del Grupo
Socialista de que se produjera en un futuro un pacto europeo por la discapacidad. Pensamos que si no aceptaran nuestra enmienda, ya sería la segunda vez que rechazarían el pacto que proponemos, porque también debemos recordar, como no podía ser de
otra manera, que esta iniciativa de impulsar durante la Presidencia española un gran pacto político institucional por la discapacidad es también una propuesta del sector de la discapacidad que fue formulada por el Comité Español de Representantes de
Personas con Discapacidad. Un pacto por la discapacidad de esta naturaleza debería ofrecer una orientación nítida y a largo plazo y tendría por objetivos establecer un marco para las políticas europeas dirigidas a promover los derechos de las
personas con discapacidad y el impulso de la coordinación de las políticas en materia de discapacidad entre los Estados miembros y las instituciones de la Unión Europea con una vigencia como mínimo hasta el año 2020.
Como ven, señorías, existen argumentos más que suficientes para dar apoyo a la enmienda que proponemos, que sería en definitiva una iniciativa de la Presidencia española de la Unión Europea. Se trata de que sea España la que promueva y
lleve adelante este pacto europeo por la discapacidad, que sería una forma de demostrar nuestra firme convicción y nuestro compromiso de que estas propuestas deben salir adelante y que España es realmente capaz de situar el ámbito de la discapacidad
en un lugar prioritario de la agenda política europea.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Bañuls.
En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.
Queremos manifestar el apoyo de Coalición Canaria a esta propuesta.
Creemos que las ciudades tienen que ser de todos y que Europa tiene que ser de todos. En ese sentido, crear esa ciudad de la accesibilidad cada año, capital de la
accesibilidad nos parece maravilloso porque
la sociedad, como digo, ha evolucionado y esta tierra tiene que dar la oportunidad de que la gente pueda vivir, trabajar, disfrutar, sencillamente ser personas en la Europa del siglo XXI. En ese sentido, apoyamos rotundamente la
proposición.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Oramas.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, nuestro grupo parlamentario va a apoyar la proposición no de ley que ha presentado el diputado socialista. De hecho, compartimos los objetivos de hacer más accesibles las ciudades y además ponemos en valor la tarea pedagógica que
debe realizarse al efecto de que la ciudadanía vaya adquiriendo cada vez más conciencia de cuál es el reto que hay que superar. Todo ello permite visualizar que en la agenda europea está incluida la accesibilidad universal. Quizá sería necesario
avanzar también en introducir mayores obligaciones en la legislación europea. De ahí que a nuestro entender tenga sentido la enmienda del Grupo Popular.
En cualquier caso, nos parece que esta es una medida que va más allá del simbolismo y que
podría ayudar a la mejora de las ciudades del Estado en el ámbito de la accesibilidad. Para que no fuera solamente política de salón -estoy convencido de que esta no es la intención ni mucho menos de la iniciativa socialista-, ello requeriría
también una expresa manifestación de la voluntad del Estado a fin y efecto de que, más allá de crear esta figura, este título honorífico de capitalidad europea de la accesibilidad universal, también supusiera una disposición por parte de este
Gobierno de concretar cuáles son los apoyos de carácter económico que se requerirán, puesto que todos sabemos cuáles son los déficits de los municipios precisamente fruto del compromiso del municipalismo por hacer todo aquello que no se había hecho
durante décadas respecto a la accesibilidad y que el Estado había abandonado. Ustedes saben que los grandes avances se han dado gracias al esfuerzo del municipalismo. Pues bien, en el último párrafo de esta iniciativa se requiere que las ciudades
aspirantes presenten una trayectoria de accesibilidad y se comprometan a un programa de actuaciones y actividades durante la capitalidad de promoción de la accesibilidad universal. Esto requiere ayuda económica. Votamos, pues, a favor
presuponiendo que en esta iniciativa socialista también va incorporada esta voluntad de compromiso, porque las ciudades tendrán que aspirar a, y para aspirar a ser capital tendrán que tener no solamente voluntad política sino también ayudas
económicas. Solamente aspirarán aquellas ciudades que ya tienen una trayectoria de compromiso. Precisamente porque tienen una trayectoria de compromiso hace falta que también exista correspondencia por parte de la Administración General del
Estado. Digo esto porque nos parecía que no tenía demasiado sentido presentar una enmienda en esa dirección puesto que lo que hoy debe relucir es la aprobación de esta iniciativa que nos parece buena, pero dejamos dicho -e invitamos al resto de
grupos parlamentarios a que se sumen- que hay que reservar para la negociación de los Presupuestos Generales del Estado del próximo año la incorporación de una partida a fin de que lo que aprobemos aquí sea tangible y los municipios puedan
incardinarse en un proceso que les supondrá una cierta competencia, lo que evidentemente requiere recursos.
Así pues, felicitamos la presentación de la iniciativa. Si el Grupo Socialista considerara oportuno aceptar la enmienda del Grupo Popular nosotros también votaríamos a favor, pero esto es potestad del diputado proponente. Todo ello, sin
compromiso económico, no digo que sea full, ni mucho menos -sería un menosprecio a la iniciativa-, pero ustedes ya me entienden: quedaría un tanto tocada esta buena proposición no de ley.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Tardà.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
Mi grupo va a votar a favor de la iniciativa presentada por el Grupo Socialista. Si, como ha dicho el señor Tardà, el Grupo Socialista acepta la enmienda presentada por el Grupo Popular y defendida brillantemente por la señora Bañuls,
nosotros también la aceptaríamos. Nos llama la atención, desde una perspectiva metodológica, que la enmienda, que tiene un contenido más depurado y más amplio conceptualmente que la proposición originaria que es objeto de enmienda, no merite una
iniciativa ad hoc del propio Grupo Popular incluyendo esos inputs que complementan de forma muy relevante la iniciativa del Grupo Socialista. Estaremos a instancias de lo que el Grupo Socialista exprese en relación con la aceptación de la enmienda.
Lo simbólico, como el señor Tardà ha comentado, es importante en esta materia. La Lismi se aprobó en el año 1982 y su desarrollo ha sido particularmente curvilíneo. Ha habido que forzar mucho desde instancias parlamentarias para que el
cumplimiento sea perfecto, sobre todo desde la perspectiva de la cumplimentación de porcentajes de contratación de personas con discapacidad en dichos ámbitos, pero también desde la perspectiva de lo simbólico, del afloramiento y la apuesta
transparente ante la sociedad de que hay personas con discapacidad que pueden realizar aportaciones notables. La Liundau del año 2003 padeció también problemas de esa naturaleza; también ha sido azarosa, curvilínea y dificultosa la proyección de
una enmienda que pretendía nada menos que desarrollar el contenido de preceptos
tan importantes como el de igualdad ante la ley, artículo 9.2 de la Constitución, y artículos 10, 14 y 49, relativo a las personas afectas por alguna discapacidad en cualquiera de sus grados.
En el año 2004 se impulsa el I Plan Nacional de Accesibilidad. El problema de la accesibilidad es particularmente relevante para las personas afectas por discapacidades, y me estoy refiriendo a que no hay muchas ciudades ni muchos
municipios que estén sensibilizados por el problema de la accesibilidad. Nosotros hemos denunciado, en concreto en relación al municipio de Barakaldo, en el territorio histórico de Vizcaya, los obstáculos sistemáticos que en materia de
accesibilidad para las personas minusválidas o con discapacidad se están imponiendo en los planes urbanísticos. Esto quiere decir que no es fácil la metabolización por el cuerpo social y el cuerpo institucional de los requerimientos de la Liundau y
del I Plan Nacional de Accesibilidad. El 30 de marzo del año 2007 se ratificó por fin por el Estado español la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas discapacitadas. Me llama la atención, señora presidenta, que de esta
Cámara, de este Congreso de los Diputados, soy yo, quien les habla, el único representante en la Comisión de seguimiento de la aplicación de esta Convención de Naciones Unidas. Y en materia de empleo, hay distintas acciones o distintos planes
articulados y consensuados con los interlocutores sociales en relación a la accesibilidad al empleo y todos acaban en el año 2012. Esto, la multiplicación de planes, ya acredita las dificultades del problema de la incorporación con plenitud de
derechos, como preconiza el artículo 49 de la Constitución, de las personas afectas por la discapacidad o por problemas de esta naturaleza en sus distintos grados.
Lo simbólico es particularmente importante, por tanto, es buena la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, la creación de una capitalidad europea en donde se glose y donde se premie a aquellas ciudades o capitales que
tengan actuaciones desde las distintas perspectivas analíticas que hemos indicado en relación a la discapacidad durante los años siguientes, como ha ocurrido con la capitalidad en relación a la cultura y a otros ámbitos de lo público. Pero desde
esta perspectiva, señora Bañuls, quiero indicar que su enmienda es más amplia en su contenido, está más depurada en su articulación conceptual, es una enmienda mucho más precisa en cuanto a los requerimientos a las instituciones públicas en el
ámbito estatal, en el ámbito autonómico y en el ámbito local, y me sorprende notablemente que ustedes no hayan optado por presentar su propia iniciativa en relación a esta materia y hayan optado por una fórmula reglamentariamente confusa que es la
de enmendar una iniciativa que tiene bastante menos contenido material que lo que ustedes enmiendan. Dicho lo cual, si el Grupo Parlamentario Socialista acepta la enmienda, aceptaremos la enmienda. Si el Grupo Parlamentario Socialista pretende
mantener su propia iniciativa, nos parece también particularmente pertinente introducir el elemento simbólico en materia de remoción de las dificultades que afectan a las personas con discapacidad y por tanto votaremos también que sí. O sea que,
desde esta perspectiva, muy agradecidos, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Tarruella.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, vaya por delante que desde nuestro grupo parlamentario de Convergència i Unió vamos a votar afirmativamente esta proposición no de ley. Vamos a votarla porque todo lo que signifique dar un paso más o visualizar todo el mundo de la
discapacidad y además eliminar barreras nos parece bueno, nos parece positivo y nos parece también deseable. Pero una vez dicho esto y anunciado ya nuestro voto positivo, me gustaría hacer llegar al Grupo Socialista, al grupo que da su apoyo al
Gobierno y que es el que ha presentado esta proposición no de ley, unas pequeñas consideraciones.
Nos parece estupendo que promuevan que haya una capital europea de la accesibilidad, pero también nos parece muy necesario que impulsen todas las normativas y todo lo que queda todavía por hacer en nuestro país en esta materia. Esta mañana
se ha celebrado una jornada en la que la comunidad sorda pedía el desarrollo, el desplegamiento normativo de la Ley de la lengua de signos. Han pasado dos años desde la promulgación de esa ley, ley muy buena y positiva, y todavía no se ha empezado
a desplegar normativamente. Eso también son barreras, son barreras importantes en el mundo de esa discapacidad. Aquí, señorías, todavía tienen mucho trabajo por hacer.
Quiero referirme también a otro apartado -y lo ha hecho también el diputado Tardà- y es que es muy importante para nuestras ciudades y nuestros pueblos, que todavía tienen problemas de barreras y de accesibilidad, saber de qué manera pueden
llevar a cabo y corregir el tema de su financiación. Es importante que le demos un impulso. Creo que difícilmente se van a poder presentar como capital europea de la accesibilidad muchas de nuestras ciudades españolas si no les echamos una mano y
se les ayuda mucho para que puedan acceder. Entiendo su idea, es buena, es positiva, entiendo que haya una competencia para ver si mejoramos un poco, no solamente en España, sino también en Europa. Pero, vuelvo a repetir, si no se ayuda, si no se
apoya, difícilmente podremos competir y difícilmente alguna de nuestras ciudades van a poder ser nunca sede de esa capitalidad europea.
Antes de terminar quería recordar que la enmienda que ha presentado el Partido Popular a nosotros también nos parece muy positiva. Tanto es así que cuando esta misma enmienda fue presentada como una proposición no de ley la semana pasada en
la Comisión de las políticas
integrales para la discapacidad nosotros la apoyamos. La apoyamos porque nos parece positivo que haya un acuerdo, llámenle pacto europeo o acuerdo europeo, ya que ahora estamos en la Presidencia, para conseguir un pacto o un acuerdo social
en toda Europa en favor de la discapacidad que sirva además de instrumento político para conseguir la inclusión social de todas estas personas con alguna discapacidad en Europa y sobre todo también en las políticas de empleo y en la educación
inclusiva. Por esa misma coherencia, a nosotros nos gustaría votar también esta enmienda pero, si no es posible, vuelvo a repetir, y entendiendo la intención de que lo hacen para que vayan superándose unas ciudades a otras en este mundo de la
discapacidad y, sobre todo, de la eliminación de estas barreras, nosotros apoyaremos esta iniciativa. Pero, por favor, señores del grupo que apoya al Gobierno, háganle llegar también al Gobierno que para esos sesenta millones de europeos que
padecen algún tipo de discapacidad en Europa y esos casi dos millones de personas que padecen discapacidad en España es muy importante que sigamos avanzando en la eliminación de barreras en nuestro país. No se olviden, por tanto, del tema de los
presupuestos y de la financiación.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Tarruella.
Señor Muñoz, es su turno para expresar la aceptación o rechazo de la enmienda presentada a su proposición no de ley por el Grupo Parlamentario Popular.
El señor MUÑOZ GÓMEZ: No aceptamos la enmienda del Partido Popular, puesto que no se corresponde con la primera voluntad de esta PNL.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Solo tiene que decirme sí o no, señor Muñoz.
Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A DOTAR AL FONDO DE RESERVA DE LOS 8.023 MILLONES DE EUROS CORRESPONDIENTES AL EXCEDENTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL AÑO 2008. (Número de expediente 162/000559.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a dotar al Fondo de Reserva de los 8.023 millones de euros correspondiente al excedente de la Seguridad Social del
año 2008. Para defender esta proposición no de ley en nombre de su grupo tiene la palabra el señor Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: Señora presidenta, señorías, esta proposición no de ley tiene una motivación muy clara: trasladar a los ciudadanos tranquilidad y estabilidad tras meses de decisiones y actuaciones del Gobierno que han creado una
notable preocupación en relación con el futuro de las pensiones. El último acontecimiento, el publirreportaje del ministro Corbacho a favor de los planes de pensiones privadas, que ha sido la guinda de un interminable rosario de pifias y torpezas.
Hoy queremos introducir confianza, refuerzo del sistema de pensiones, mejorando sus bases financieras, sus recursos, sus reservas, incorporando al Fondo de Reserva de la Seguridad Social aquellos fondos que le corresponden y le son propios.
Queremos que los recursos del sistema de la Seguridad Social estén dentro del sistema y no fuera ni en sus aledaños. Queremos unas cuentas públicas ordenadas para el conjunto del Estado, y unas cuentas públicas ordenadas significa que cada euro
esté donde debe estar. Queremos que el Fondo de Reserva esté dotado conforme a lo dispuesto en su regulación y en el propio Pacto de Toledo. Ello supone incorporar los recursos que le han sido negados hasta ahora. Eso es dar seguridad y confianza
a los ciudadanos.
¿Qué hace el Gobierno? El Gobierno no ha ingresado el excedente de 2008, y eso que hablamos de que solo pretendía destinar el 55 por ciento del superávit total real, que fue de más de 14.000 millones en el año 2008.
¿Cómo es posible que
del excedente de 2008 solo el 55 por ciento del total se destine al Fondo de Reserva cuando debería ser la parte fundamental? El Gobierno ha aprobado hace pocos días con cargo a ese excedente de 2008 una dotación de 1.740 millones. Tras ese
ingreso quedan por incorporar más de 6.200. Ese excedente, si no está en el fondo, no genera rendimientos. La Seguridad Social está perdiendo por ello centenares de millones de euros para nuestros pensionistas. No queremos ser cómplices de esa
pérdida. Que los recursos estén en el Fondo de Reserva tiene un indudable beneficio para el sistema. En el año 2009 ha vuelto a ocurrir lo mismo: del saldo positivo de más de 8.500 millones no sabemos si quiera cuánto irá finalmente al fondo. Se
ha sugerido que tan solo un 20 o un 25 por ciento. ¿Se conceden aplazamientos con lo que debería ir al Fondo de Reserva, con lo que no va pero es excedente, o con ambas cosas? Resulta preocupante este barullo de justificaciones.
En todo caso, señorías, el Gobierno tiene a día de hoy una deuda con el Fondo de Reserva de la Seguridad Social muy superior a los 8.000 millones de euros. Entre 2008 y 2009, el sistema generó un excedente total de 23.000 millones de euros.
El Gobierno solo ha autorizado a regañadientes a ingresar esos 1.700 que citaba antes, esto es, el 7,6 del exceden total. Esto no es justificable, señorías, es un incumplimiento flagrante de las responsabilidades financieras del Gobierno con el
sistema de Seguridad Social, es la peor de las señales posibles sobre la viabilidad del sistema.
Señorías, el Fondo de Reserva necesita más recursos en relación con el total de nuestro sistema de pensiones presente y también con el gasto previsible en el futuro.
El debate no es lo que tiene sino lo que debería tener. Si el Gobierno hubiera cumplido sus obligaciones financieras podría tener ya más de 80.000 millones de euros. Los ciudadanos quieren que la hucha de las pensiones esté resguardada,
protegida y dotada. ¿Por qué no lo hacen? Porque ustedes venden un superávit presupuestario que no existe, un excedente presupuestario que no es real, porque ustedes no deducen los derechos de cobro pendientes a final de año para, solo después de
eso, fijar el excedente real. Ustedes lo hacen al revés, juegan con los derechos reconocidos y reflejan un superávit superior al producido realmente, y luego, señorías, dado el deterioro económico, no pueden dotar el Fondo de Reserva. Nos quieren
hacer trampa y luego ocurre lo que ocurre.
Señorías, la cantidad que el Consejo de Ministros destina al Fondo de Reserva no está reglada, es un acto político discrecional de enorme flexibilidad, que aumentó con el Real Decreto-ley 2/2009, de 6 de marzo, donde se autoconcedieron
ustedes demorar la materialización de los excedentes de ingresos de 2008 sin límites ni condiciones a esa demora, hasta tal punto que la han hecho también extensiva a los excedentes del año 2009. El Gobierno no tiene cobertura real para incurrir en
este notable retraso y está buscando todo tipo de artificios y contorsionismo político y contable para no reflejar en aportaciones al fondo la realidad de nuestro sistema de Seguridad Social.
Señorías, no queremos ficciones ni expectativas de ingresos, queremos el excedente de la Seguridad Social en el Fondo de Reserva, que es donde debe estar. La excusa del aplazamiento de pago a las empresas en dificultades económicas no es
aceptable. Primero, porque ustedes nunca han facilitado información veraz sobre la realidad. Segundo, porque incurren permanentemente en todo tipo de contradicciones. Nos dicen que los resultados en materia de regularización son óptimos, que las
empresas están cada día más al corriente de los pagos, que la buena evolución de las cantidades pendientes de aplazamientos tiene perfectas garantías, pero no ingresan los recursos. Señorías, ¿por qué utilizan los fondos de la Seguridad Social con
destino al Fondo de Reserva para garantizar esos aplazamientos de pago? ¿Por qué ha de conllevar esa decisión lesión económica para la Seguridad Social? Señorías, los aplazamientos generarían en todo caso mayor liquidez para el sistema y no menos.
Los aplazamientos se han convertido en la excusa para todo. Hace unos días el secretario de Estado decía que era mejor mantener la política de aplazamientos de las cuotas a las empresas con dificultades que aplicar una rebaja generalizada de tipos.
Al final, los argumentos que valen para todo acaban no valiendo para casi nada. No habría razón alguna para no ingresar los recursos del fondo, salvo que haya un problema muy serio de Tesorería. ¿Cómo está hoy la Seguridad Social, señorías?
Ustedes tienen capacidad para decir día a día cuál es el recurso disponible, cuál es la situación de la Tesorería de nuestro sistema de Seguridad Social. El problema es que ustedes están utilizando los fondos de la Seguridad Social para objetivos
diferentes a la dotación al Fondo de Reserva. Sus prioridades son otras, no es el Fondo de Reserva; esa es la cuestión.
Ustedes no pueden disponer de esos recursos a su antojo. Es dinero de los cotizantes y su destino es el Fondo de Reserva, no
es ni disimular el déficit público del Estado, ni atender a otras necesidades, ni realizan anticipos a cuenta para pagar otras prestaciones a coste cero, mientras es la Seguridad Social la que pierde recursos al no generar los intereses que debería.
Esto compromete seriamente la dotación del fondo. Los pensionistas presentes y futuros no pueden pagar también esto, pagar otra vez las imprevisiones del Gobierno.
Señorías, les solicitamos su voto favorable para esta proposición porque refuerza el sistema, no lo deteriora; porque traslada confianza en los recursos, no los pone en cuestión o los perturba; porque clarifica su realidad económica,
reflejando la auténtica situación financiera de la Seguridad Social; porque pone el acento en las fortalezas del sistema y no en sus debilidades; porque reafirma los principios del Pacto de Toledo, que no pueden ser soslayados por intereses
coyunturales ajenos.
Esta proposición no de ley puede ser compartida por todos los que defienden una Seguridad Social sólida, solvente y resguardada de arbitrariedades. Esta proposición no de ley busca que el dinero, que los recursos del Fondo de
Reserva estén en el Fondo de Reserva, que los ahorros del sistema estén en la hucha de las pensiones. Así de simple, así de claro. Señorías, dónde podrían estar mejor, si lo que nos interesa es el futuro del sistema de Seguridad Social y la
tranquilidad de nuestros pensionistas. Nosotros pensamos que en ningún sitio.
Gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Burgos.
A esta proposición no de ley se han presentado enmiendas por parte de dos grupos parlamentarios. En primer lugar, para defender la del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Señora presidenta, señorías, señor Burgos, lo único que le puedo agradecer es el tono, pero no las palabras, porque usted ha hablado aquí de Seguridad Social solvente, de Fondo de Reserva, palabras que solo
significan poner en cuestión y poner en duda el funcionamiento de la Seguridad Social, y usted sabe que eso es incuestionable. La Seguridad Social, tanto en el Fondo de Reserva como en el funcionamiento del día a día, es una de las instituciones
que mejor funciona en este país. Y vamos a hablar de los excedentes del año 2008 y del año 2009.
Usted lo sabe igual que yo, usted sabe que la Seguridad Social tiene una intervención propia, la Intervención de la Seguridad Social, que es la que hace los informes y es la que dice cómo están las situaciones de cuentas, fondos y demás.
Supongo que no irá usted a dudar de los interventores y de los profesionales de la
Seguridad Social. Como creo que no es así, el último informe ha salido precisamente hoy en los medios de comunicación. Usted sabe que en estos momentos en las cuentas corrientes de la Seguridad Social hay 28.561,19 millones de euros y
usted sabe que es uso y costumbre que en la Seguridad Social las cuotas de febrero se cobren al final de marzo, cuando ya se tienen pagadas las pensiones y las nóminas del mes de febrero. Por consiguiente, siempre, cuando ustedes han gobernado y
cuando gobernamos nosotros, en las cuentas de la Seguridad Social, en las cuentas ordinarias, hay fondos suficientes para afrontar una mensualidad del pago, porque siempre se cobra a mes vencido. Pues bien, lo que hay en estos momentos es el
equivalente a dos mensualidades. ¿Por qué? Para garantizar que en ningún momento no se pudiera hacer frente a las prestaciones que paga la Seguridad Social: las pensiones y todas las demás prestaciones. Pero usted sabe igual que yo que
precisamente ahora, en este mes, acaba de hacerse una aportación, y seguramente se hará otra a lo largo de estos meses, pero cuál será no se lo podemos decir. ¿Por qué? Porque primero hay que hace frente a todos los aplazamientos, qué va a pasar
con las empresas que han estado una semana en Gerona sin luz y no han podido trabajar, qué aplazamientos van a pedir; qué va a pasar con las empresas de Andalucía que han tenido inundaciones y no han podido pagar, cuántos aplazamientos van a pedir.
O ¿qué hacemos? ¿Obligamos a esas empresas a que paguen el mes a mes y las cerramos, y luego enviamos a los trabajadores al paro? ¿Es eso lo que nos está proponiendo? (Rumores.) Porque yo tengo aquí la ley que hicieron ustedes con mayoría
absoluta, es decir, que aprobaron lo que quisieron, porque yo fui ponente y le puedo asegurar que enmiendas pocas aceptaron. Pues bien, el artículo 3, redactado por ustedes, dice: Las dotaciones efectivas y materializaciones del Fondo de Reserva
de la Seguridad Social, siempre que las posibilidades económicas y la situación financiera del sistema lo permita, serán acordadas al menos una vez al año. Siempre que la situación económica y financiera así lo permita. Y en estos momentos la
situación económica y financiera aconsejan que estén en las cuentas de la Seguridad por lo que pase. Qué quiere usted que hagamos, ¿que le cerremos una empresa más al presidente de la patronal? Porque es uno de los que no pagan. ¿Le cerramos la
empresa -y ya cierra él bastantes-, le cerramos nosotros una y mandamos más trabajadores a la calle? Digan que ustedes no quieren que se hagan aplazamientos a las empresas que están en dificultades (Aplausos.) y digan de una vez que lo que
pretenden es crear confusión, crear más alarma y mandar más gente al paro, porque cuanto peor, mejor; ese es su lema. Por eso nosotros hemos presentado una enmienda en la que hablamos, en primer lugar, de los aplazamientos que hay y de los que se
puedan derivar de las situaciones que se han dado en estos últimos meses, por ejemplo la nieve en Gerona o las inundaciones en Andalucía o en cualquier otra comunidad. En segundo lugar, hacemos referencia a que se seguirán manteniendo todas las
aportaciones al fondo, en los mismos términos en que se han hecho. ¿O quiere que le recuerde qué aportaciones han hecho y en qué años? Si quiere hablamos de las aportaciones que se han hecho año a año. Si quisiéramos entrar en cuestionar los
temas tendría que decirle que nosotros no solo hemos aprovisionado el Fondo de Reserva de la Seguridad Social con todos los excedentes, sino que también hemos obligado a las mutuas, desde que estamos gobernando, a devolver el dinero no gastado. En
época de crisis, como fue el año 2009, las mutuas han devuelto para su propio fondo 767 millones. ¿Sabe cuánto devolvían en el año 2002, con 18 millones de cotizantes? La friolera de 34 millones. Por lo tanto, señorías, la situación actual de la
Seguridad Social es de garantía absoluta y total, y porque tiene una buena situación económica es por lo que nos podemos permitir conceder aplazamientos a aquellas empresas que sean viables, que tengan futuro. Les ayudamos a pasar esos dos o tres
meses en que tienen más dificultades de tesorería, pero que son viables para el futuro.
Garantizamos el mantenimiento del empleo, garantizamos que sigan cotizando a la Seguridad Social, y las aportaciones se harán. Ya le digo yo que este año se
harán las aportaciones. Pero lo que no podemos es decir que las vamos a hacer ahora, porque no sabemos ni siquiera los aplazamientos que se van a ir cobrando y los aplazamientos que se puedan derivar posteriormente. En consecuencia, la enmienda
que hemos presentado creemos que es razonable, que está de acuerdo con la Ley del Fondo de Reserva de 2003, y que cumple con todos y cada uno de los requisitos que había aquí.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora López i Chamosa, por favor.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Termino, señora presidenta.
Señor Burgos, si levantaran la mano diputados, alcaldes y consejeros que han acompañado a gerentes de empresa a la Seguridad Social a pedir moratorias para las empresas de su territorio, le puedo asegurar que aquí quedaríamos pocos con las
manos abajo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora López i Chamosa.
Para defender la enmienda que en su nombre ha presentado el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.
Señorías, como casi todo en la vida hay un relato alternativo, señor Burgos. Yo voy a hacer un relato alternativo de las cosas que nos ha contado, ateniéndome al texto de la ley y a la interpretación que se hace sucesivamente de la ley de
la que hemos estado hablando.
Empiezo por plantear una cuestión que viene al caso, porque aparece en la exposición de motivos de esta proposición no de ley y también ha aparecido en su intervención, o por lo menos yo lo he entendido así. Por si acaso y para que nadie se
confunda el Fondo de Reserva no es para la sostenibilidad del sistema, no está previsto para eso. Si el Fondo de Reserva fuera el que tiene que garantizar la sostenibilidad del sistema duraría para ocho meses. Lo digo para que la gente sepa de lo
que estamos hablando, para no confundir y para no asustar a nadie. Lo primero, el Fondo de Reserva no tiene como objetivo la sostenibilidad del sistema, porque entonces no sería posible.
Hemos hablado aquí de la Ley 28/2003 y de su incumplimiento, según el primer punto de su proposición no de ley; creo que no se está incumpliendo, es decir, que no es cierto que se esté incumpliendo la ley.
El artículo 1 de esa ley y del
real decreto de 27 de febrero, que la desarrolla, dice textualmente, entre comillas, que los excedentes de ingresos que financian las prestaciones de carácter contributivo y demás gastos necesarios para su gestión, que en su caso resulten de la
consignación presupuestaria de cada ejercicio o de la liquidación presupuestaria del mismo, se destinarán prioritaria y mayoritariamente -sí-, siempre que las posibilidades económicas y la situación financiera del sistema de Seguridad Social lo
permitan -siempre que las posibilidades económicas y la situación financiera del sistema de Seguridad Social lo permitan-, al Fondo de Reserva de la Seguridad Social previsto en el artículo 91.1 del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) El importe total del Fondo de Reserva del que aquí se ha estado hablando proviene, como usted muy bien sabe, por un lado de las dotaciones acordadas en el Consejo de Ministros, con cargo a
excedentes presupuestarios de las entidades gestoras y servicios comunes, y de los excesos de excedentes derivados de la gestión. Las dotaciones aprobadas por acuerdo del Consejo de Ministros efectuadas desde que se constituyó el fondo, no en los
dos últimos años, tienen como resultado final aproximadamente 50.000 millones de euros, que es la cuantía total que se ha aportado por este concepto hasta el cierre del ejercicio 2009.
En el año 2009, como usted ha recordado aquí, se decidió no dotar al fondo. Se informó -por cierto, es importante recordarlo también- en los órganos de participación de la Seguridad Social -tiene interés y tiene que ver con lo que luego
plantearé en las enmiendas, pero que no se nos olvide que esto ocurrió, es perceptible, pero que no se nos olvide que esto ocurrió- del excedente que le correspondía para ese año, y se informó también de la necesidad de mantener esa cantidad en
tesorería con la finalidad de contar, como le ha explicado la señora Chamosa, con un margen que permitiese al sistema poner en práctica una serie de actuaciones, de las que se acaba de hablar aquí, entre otras los aplazamientos de pagos, que se
estudiarán en otro epígrafe del presente informe -de este que les estoy detallando- contra la destrucción de empleo. Es decir, que hay un destino que tiene que ver con los aplazamientos de pagos y también con evitar la destrucción de empleo.
Podemos plantearnos si el objetivo se ha cumplido, y en ese sentido van las enmiendas que he presentado, para que haya una mayor transparencia y una mayor clarificación. Pero hay un objetivo que está previsto en la ley y que además, desde mi
humilde punto de vista, acompaña la situación actual. Lo que quiero decir con todo esto es que, a mi juicio, tal como he pretendido explicarle, primero, el Fondo de Reserva no está previsto para la sostenibilidad del sistema, o sea que nadie que
nos escuche piense que si no hacemos lo que el Grupo Popular está pidiendo en este momento, que es llevar todos los excedentes al Fondo de Reserva, lo que estamos es cuestionando el futuro de las pensiones, que nadie se crea eso, porque eso no es
cierto, porque si el futuro de las pensiones dependiera del fondo tendríamos pensiones para diez meses. Por tanto, conviene que nadie se asuste, o sea, no decir lo que no es. Y dicho todo esto y planteada esta primera cuestión -y ya intervengo muy
brevemente, porque no tengo tiempo-, quiero relacionar todo este antecedente, que me parecía fundamental para saber de lo que estamos hablando y para hacer, al menos, un relato alternativo que, a mi juicio, es más correcto con la realidad de la
situación, hemos planteado una enmienda de sustitución, en la que se pide que se informe de las razones que han motivado que el excedente presupuestario de la Seguridad Social del año 2008 no se haya aplicado a la dotación del Fondo de Reserva de la
Seguridad Social. Hay razones que han explicado los interlocutores y lo que pido, a través de esta enmienda, es que se informe, que se informe también aquí en esta Cámara de los usos que ha tenido ese fondo, ese nuevo destino, y que, atendiendo a
todo eso, se nos informe también de la rentabilidad, en términos sociales, que ha tenido el destino del fondo, tal como se ha previsto. El Grupo Popular ya me ha advertido que no aceptará las enmiendas, pero en todo caso creo que este es un debate
que conviene poner en sus justos términos, que las cosas no se han hecho fuera de la ley, desde mi punto de vista; que no se ha puesto en riesgo el sistema, y que lo que sí se le debe pedir al Ejecutivo -y desde luego yo se lo pido- es que haga las
cosas con un mayor grado de transparencia, informando también a esta Cámara y dándonos todo tipo de informes, de argumentos y de datos para que nosotros estemos tranquilos y no intranquilicemos a los ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra don Gaspar Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Señorías, mi Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Republicana va a votar en contra de esta propuesta del Grupo Parlamentario Popular, primero, porque abunda en la incertidumbre creada por el Gobierno
sobre el futuro de las pensiones y sobre el futuro de la Seguridad Social. Seguimos erre que erre creando incertidumbre al margen del Pacto de Toledo. En segundo lugar, porque promueve un modelo de Cámara que, si bien yo podría estar de acuerdo
con el Grupo Parlamentario Popular en que una cámara con más iniciativa es positiva, incluso una cámara que tenga ciertas tentaciones de Gobierno, sin embargo no comparto una cámara y unos diputados que se conviertan en controladores o gestores del
sistema de Seguridad Social. En tercer lugar, porque lanza un mensaje de marginación de los agentes sociales, no se tiene en cuenta en esta iniciativa el consejo que tiene que ver con la Seguridad Social y que tiene que ver con el Fondo de Reserva,
donde están presentes y votan por unanimidad todos los agentes sociales. Por otra parte, porque antepone, en mi opinión, de manera equivocada ante la crisis económica, la rentabilidad económica del fondo a la rentabilidad social, marginando, en mi
opinión, la prioridad que es la viabilidad de la economía y la viabilidad de los trabajadores y de las empresas.
Señorías, quiero decirles que en marzo -otra vez en marzo- el Gobierno presentó en la Comisión de Seguimiento del Fondo de Reserva la propuesta de no llevar a efecto la dotación correspondiente al ejercicio anterior, por valor de 8.023
millones de euros del excedente de la Seguridad Social. ¿Por qué ahora nos plantea esta iniciativa el Grupo Popular? Esta sería mi primera pregunta. Esta propuesta del Gobierno contó con el visto bueno de todos los agentes sociales, es decir, por
unanimidad, CEOE, Cepyme, Comisiones y UGT votaron a favor de este aplazamiento, que no renuncia; de este retraso, que no renuncia. ¿Por qué el Grupo Popular ahora desconfía de la participación de los agentes sociales en relación al futuro de la
Seguridad Social? Es importante señalar además que el aplazamiento es una figura que reguló el propio Partido Popular en la normativa de recaudación de la Seguridad Social, primero, teniendo en cuenta esta normativa con aprobación de la Tesorería
General; segundo, contando con garantía de pago, y tercero, supone el pago de intereses por parte de los afiliados al sistema de Seguridad Social, con lo cual el sistema de Seguridad Social no se ve afectado. En definitiva, ¿por qué el Partido
Popular desconfía de su propia legislación? No lo entendemos.
Señorías, esta medida ha servido en 2009 -y lo conoce el Partido Popular por los datos de octubre de 2009- para ayudar al mantenimiento de la actividad económica y el empleo en 84.811 empresas, una parte de ellas autónomos, un 26 por ciento,
que han utilizado las diversas modalidades de pago aplazado que permite la legislación: aplazamiento, pago demorado, diferimientos, por un importe de 7.672 millones de euros, es decir, no hay nada de lo que dice el Partido Popular. La cantidad que
se anunció al consejo está dedicada al sostenimiento y al futuro de estas empresas durante un periodo de tiempo y sin pérdida por parte de la Seguridad Social. Hay que resaltar que las solicitudes son crecientes, el número de expedientes se ha
incrementado en un 56 por ciento, y el importe de los mismos se ha incrementado en un 88,5 por ciento de las deudas. ¿Para qué empresas tiene problemas el Partido Popular en que se les difieran los pagos? No lo sabemos muy bien. Antes se han
hecho algunas especulaciones, yo me libro de las especulaciones, pero el Partido Popular tendrá que explicar cuáles son sus desconfianzas sobre los agentes sociales, sobre la gestión de la Seguridad Social, y sobre las empresas a las que se ha
autorizado este diferimiento de pagos.
Señorías, termino; el Fondo de Reserva tiene 60.000 millones de euros, lo que supone un 5,5 por ciento del PIB; se ha autorizado el incremento en 2.000 millones, y van a recibir también 2.799 millones de euros provenientes de intereses
generados. ¿Cuál es la preocupación del Partido Popular cuando el Fondo de Reserva se incrementa en el 5 por ciento en relación al año anterior? No lo entendemos. Por último, señorías, si se trata de discutir en estos momentos si hay que atender
a la rentabilidad financiera o a la rentabilidad social, nosotros nos decantamos por atender a la rentabilidad social. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Vasco PNV tiene la palabra don Emilio Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente. En relación con esta proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular entendemos que está bien intencionada, pero mal configurada, señor presidente. Nosotros vamos a
votar en contra por las razones expuestas por algunos de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, pero sobre todo porque no sé hasta qué punto está bien identificada la naturaleza jurídica y la naturaleza económica del Fondo de
Reserva. Sí tiene una facultad o una función anticíclica, y los que pertenecemos al pacto fundacional del Pacto de Toledo lo sabemos bien. Se trataba de generar recursos de tesorería para los momentos declinantes de la economía, para de alguna
manera en los momentos declinantes poder hacer frente a los requerimientos y contingencias protegibles por el sistema público de pensiones. Negar esto es negar la naturaleza fundacional del Fondo de Reserva. En relación con los problemas aquí
invocados quiero decir que el Fondo de Reserva tiene dos fuentes de financiación fundamentales, unas dimanan de las aportaciones de los excedentes de tesorería del sistema contributivo de la Seguridad Social, pero otro -y no menos relevante, señor
presidente, y que no conocemos bien y nos gustaría conocerlo mejor- deriva de las propias rentas generadas
por las inversiones realizadas por el propio Fondo de Reserva obligatorio de la Seguridad Social, los 62.000 millones de euros que contribuyen a generar parte de lo que en términos de contabilidad pública configura el excedente del sistema
público de pensiones. Desde esta perspectiva nadie de los que estamos aquí -porque todos hemos hecho gestiones de esta naturaleza, seguramente usted también, señor Burgos- vamos a refutar la posibilidad de solicitar moratorias, diferir los pagos,
atención a situaciones catastróficas -hay una ley recientemente aprobada, en marzo de este año, precisamente para atender las situaciones catastróficas provocadas en el ámbito de la Seguridad Social por lluvias torrenciales, por incendios-, y
nosotros tenemos una interpelación, que vamos a debatir mañana, para atender a los requerimientos de la ciclogénesis explosiva en el ámbito de la Seguridad Social. Y nos parece, dentro de la enmienda, particularmente pertinente la mención del
número segundo, relativo a que las Cortes Generales y los interlocutores sociales van a proporcionar la adecuada información sobre esta materia mediante la presentación mensual -mensual es un requerimiento cronológicamente intenso, señor presidente-
de las cuentas del sistema a cargo de la Intervención General de la Seguridad Social. Señor Burgos, creo que a usted le debería satisfacer una acreditación del estado de las cuentas, de la tesorería del Fondo de Reserva del sistema contributivo de
la Seguridad Social con un requerimiento tan intenso como este. No hay precedentes y no tenemos precedentes -si este requerimiento se cumple con eficiencia- de un control de las cuentas del sistema público de pensiones, en un momento además
particularmente delicado en cuanto a la sostenibilidad del futuro del sistema de pensiones, como este. Desde esta perspectiva nos encontramos más proactivos a la aceptación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista que a la
bien intencionada pero -siento comentárselo, señor Burgos- mal concebida proposición no de ley presentada por el Grupo Popular. En todo caso, este es un tema recurrente sobre el que tendremos mucho que hablar en esta sede, el Congreso de los
Diputados, en el Senado -usted ha estado en este momento intercambiando palabras con un ilustre senador-, en las Cortes Generales, en el Pacto de Toledo y con los interlocutores sociales. La Seguridad Social no es un tema que permita frivolidades
de ninguna naturaleza, su sostenibilidad financiera menos, señor presidente. Desde esta perspectiva la invocación al consenso y a la no utilización partidista de esta materia se nos antoja que en este debate es particularmente relevante. Muchas
gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Catalán tiene la palabra don Carles Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
La mayoría de los portavoces han situado el debate donde corresponde, y me parece que nadie termina de entender el sentido y la oportunidad de esta proposición no de ley del señor Burgos. En estos momentos, con una tasa de desempleo que
ronda el 20 por ciento, con un mercado de trabajo que continúa cayendo, parece razonable que el conjunto de los grupos seamos capaces de priorizar aquellas políticas, aquellas medidas que ayudan al mantenimiento del empleo. Y todos sabemos -al
menos si ponemos la oreja y hablamos con la red empresarial del conjunto del territorio español- que hoy muchas empresas para continuar siendo viables necesitan políticas que en el ámbito de las cotizaciones sociales, en el ámbito de la fiscalidad
den liquidez, den respiro y permitan mantener la actividad. Estamos convencidos de que para muchas empresas para el mantenimiento del empleo lo más relevante es que se mantenga la actividad empresarial. Eso exige lógicamente una gestión de los
excedentes de la Seguridad Social adaptados a ese nuevo escenario, y que por tanto, frente a la necesidad de incorporar el excedente al Fondo de Reserva, seamos capaces de aplazar esas decisiones en función de los aplazamientos del pago de cuotas.
El sentido común, el sentido de la responsabilidad nos lleva a acompañar al Gobierno en esa medida. La tentación de desgastar al Gobierno en esta materia es muy fácil. Quizá la pretensión del Grupo Popular de trasladar a la opinión pública que
existen problemas en relación con la Seguridad Social tan solo con esta iniciativa ya se ha planteado. Vamos a ver cuál es el trato que le dan mañana los medios a este debate. Poco favor hacemos al conjunto del tejido empresarial y a los puestos
de trabajo.
Por lo tanto mi grupo va a votar no a esta iniciativa, con mucha tranquilidad. No entendemos ni el sentido ni la oportunidad. Eso sí, yo espero que en las próximas semanas, y cuanto más pronto mejor, el Gobierno comparezca.
Precisamente la Ley del Fondo de Reserva establece que en el primer semestre el Gobierno debe presentar a la Cámara el correspondiente informe de gestión del fondo, y deberá comparecer en la Comisión del Pacto de Toledo. En todo caso seamos capaces
de mantener el debate que corresponda, en el marco de la comparecencia del Gobierno, sobre el Fondo de Reserva, y nos gustaría que allí el señor Burgos le trasladase al Gobierno sus preocupaciones. Por lo que conoce mi grupo de la gestión del
fondo, el Gobierno está actuando de manera razonable en esta materia, y por eso nos parece que hay que rechazar la propuesta que nos plantea el señor Burgos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
Señor Burgos, ¿tiene la bondad de decir a la Presidencia si acepta S.S.
alguna enmienda para la votación?
El señor BURGOS GALLEGO: Señor presidente, no puedo aceptar la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, que más que enmienda es insistencia, ni la
del Grupo de UPyD, de la señora Díez, que más que enmienda es remiendo.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Se votará por tanto en los términos en que la proposición no de ley ha sido presentada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR JORQUERA), SOBRE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO PARA PRESERVAR LA NATURALEZA SOCIAL Y EL VÍNCULO TERRITORIAL DE LAS CAJAS DE AHORRO. (Número de expediente 173/000126.)
El señor PRESIDENTE: Mociones consecuencia de interpelaciones. En primer lugar la del Grupo Mixto, señor Jorquera, sobre la posición del Gobierno para preservar la naturaleza social y el vínculo territorial de las cajas de ahorro.
Para su defensa tiene la palabra el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, en la moción que me dispongo a defender proponemos que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a retirar de forma inmediata el recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de determinados preceptos de
la Ley de Cajas de Galicia, levantando los efectos suspensivos del mismo, a comprometerse a respetar las competencias autonómicas sobre cajas de ahorro y a mantener la vigente naturaleza de las cajas de ahorro respetando su carácter de entidades
vinculadas al territorio, su vocación social y su papel de instituciones financieras básicas para contribuir al desarrollo económico de las comunidades en las que están asentadas.
Señorías, las cajas de ahorro son entidades de extraordinaria importancia para el desarrollo de una comunidad, y de ahí nuestra preocupación por que el proceso de reestructuración del sector financiero pueda desembocar en una reordenación
centralizada del mapa de cajas, en una pérdida de peso de las mismas en el conjunto del sistema, y en su progresiva bancalización, que las aleje de su naturaleza y finalidad social. Para Galicia la pérdida de sus cajas significaría ni más ni menos
que la desaparición del mayor sector de nuestra economía, pero significaría además que las decisiones sobre nuestros ahorros se tomarían fuera de Galicia, con el evidente peligro de que buena parte de los mismos se drenen al exterior en vez de
contribuir a nuestro desarrollo endógeno.
Por eso su pérdida supondría sencillamente dar un golpe de gracia a nuestro desarrollo futuro. Este peligro es el que pretende neutralizar la reforma de la Ley de Cajas de Galicia, una reforma que obedece
a tres finalidades básicas, en estricto ejercicio de las competencias que Galicia tiene atribuidas en la materia: preservar la galleguidad de sus cajas de ahorro, democratizar sus órganos rectores, y reforzar la tutela pública a fin de asegurar el
respeto a la naturaleza social de las cajas de ahorro y su vínculo a la economía productiva de nuestro territorio, que se conjuga además con la introducción de elementos de profesionalización en la conformación de sus órganos de gestión. No se
trata por tanto de una ley que pretenda imponer una fusión entre cajas gallegas socavando la autonomía de las mismas, como en reiteradas ocasiones ha manifestado el Gobierno. Es una ley que pretende que las decisiones de futuro que afecten a estas
entidades las tomen órganos que reflejen fielmente su naturaleza social y la voluntad de sus impositores, pues las cajas no son propiedad, señorías, de sus directivos. Y es una ley que establece que la comunidad tiene que autorizar cualquier fusión
o alianza en la que participen cajas gallegas, a semejanza de lo que establecen la práctica totalidad de las leyes de otras comunidades, sin que nadie haya dudado nunca de la constitucionalidad de las mismas. (La señora vicepresidenta, Pastor
Julián, ocupa la Presidencia.)
Señorías, la decisión del Gobierno de presentar recurso de inconstitucionalidad contra la ley no es una decisión jurídica, es una decisión política, y por esa razón solicitamos también un pronunciamiento político del Congreso de los
Diputados instando al Gobierno a la retirada de este recurso. ¿Acaso dudan ustedes, señores del Partido Socialista, de que los recursos de inconstitucionalidad presentados contra el Estatut de Catalunya tengan una motivación política? ¿No han
emplazado ustedes, señores del Partido Socialista, al Partido Popular, por cierto con nuestro apoyo, a que retire estos recursos ante el Tribunal Constitucional? Pues ahora en este tema les emplazamos nosotros a ustedes, y pedimos al Congreso que
también lo haga, que emplace al Gobierno a que retire el recurso de inconstitucionalidad contra nuestra Ley de Cajas, porque es una decisión política, señorías, y es una decisión política porque los argumentos jurídicos son forzados, si comparamos
la ley gallega con otras leyes en vigor y con la propia doctrina establecida por el Tribunal Constitucional. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Aplican ustedes a Galicia la ley del embudo a la hora de examinar la
constitucionalidad de una ley. Pero es también una decisión política, señorías, señores del Gobierno, por el camino que han elegido: dirimir las diferencias con las instituciones gallegas por la vía del recurso y la confrontación, como se ha
puesto de manifiesto con su actitud en todo el proceso de negociación, una actitud -y lamento tener que decirlo- que no puede ser calificada de otra manera que una actitud prepotente, chulesca, de falta de respeto institucional a Galicia, levantando
unilateralmente las negociaciones, suspendiéndolas indefinidamente. Deseo sinceramente, señores del Gobierno, que con esta actitud no hayan pretendido usar Galicia como moneda de cambio para dirimir sus diferencias con el Partido Popular, no hayan
pretendido
dirimir sus diferencias con el Partido Popular, si me permiten la expresión, dándole una patada en el culo a Galicia, porque si ustedes hubiesen actuado así -y quiero pensar que no es este el motivo- estarían cometiendo una irresponsabilidad
manifiesta y una injusticia histórica con nuestro país.
Señorías, no estamos ante una ley de partido. Conocidas son nuestras diferencias con el Partido Popular, incluso en cómo hay que abordar la reestructuración del sector financiero a nivel de Estado, como por cierto se va a poner de
manifiesto en el debate de la última moción que se va a debatir en la sesión de hoy, pero la iniciativa legislativa sobre esta ley, señorías, nació en primer lugar del Parlamento gallego, no de un proyecto de ley remitido por la Xunta de Galicia al
Parlamento gallego.
Nació -y esto les aseguro que es anecdótico porque nuestra actitud en ningún caso habría sido diferente si no hubiera sido así- de una proposición de ley del Bloque Nacionalista Galego en el Parlamento Galego. Es una ley que
nació con un amplísimo consenso en el Parlamento Galego; un consenso del que participó el propio Partido Socialista, que tuvo una intervención decisiva en muchos artículos de la ley, incluso en artículos que ahora están entre los preceptos
recorridos por el Gobierno central, aunque de manera incomprensible luego se haya echado atrás de este consenso. Es una ley que cuenta con el aval de todos los agentes sociales de Galicia: con la Confederación de Empresarios de Galicia, con la
Unión General de Trabajadores, con Comisiones Obreras, con la Confederación Intersindical Galega. Es una ley de país, que pretende proteger un sector básico de nuestra economía para nuestro desarrollo futuro. Por lo tanto, aparte de solicitar
-como lo he hecho en nombre del Bloque Nacionalista Galego en numerosas ocasiones- el apoyo a esta moción le pido al Gobierno que reconsidere su actitud. Estarían dando un ejemplo de humildad. Saber rectificar es de sabios.
Por las razones expuestas, solicito el apoyo de todos los grupos parlamentarios a esta moción. Y antes de que los grupos parlamentarios expongan su posición quiero agradecer de antemano, sincera y profundamente, el apoyo que muchos nos han
manifestado.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Jorquera.
A esta moción se han presentado enmiendas por parte de dos grupos parlamentarios. En primer lugar, para defender la del Grupo Popular tiene la palabra el señor Delgado.
El señor DELGADO ARCE: Señora presidenta, señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el debate de esta importante moción que ha presentado el Bloque Nacionalista Galego. Las cajas de ahorro, más allá de ser entidades
que se dedican a los servicios financieros, tienen una vocación social y una vinculación con el territorio en el que se asientan debido a su naturaleza fundacional. Son un instrumento fundamental en la financiación de la economía gallega y en la
mejora de su nivel socioeconómico, más necesario aun si cabe en una situación como la actual de recesión y de dificultades financieras. Estamos asistiendo a un proceso de restructuración financiera impulsado por el Banco de España y por el Gobierno
central que conlleva el riesgo de que Galicia pierda sus cajas de ahorro por la deslocalización de sus centros de decisión.
Frente a este riesgo, las instituciones gallegas de autogobierno reaccionaron y el Parlamento gallego adoptó por unanimidad
el acuerdo de establecer como prioridad el mantenimiento de la galleguidad de las cajas, su solvencia y la necesidad de tramitar con urgencia la reforma legislativa. El Parlamento de Galicia aprobó después por amplia mayoría de dos tercios la Ley
10/2009, de Cajas de Ahorro de Galicia, que está en perfecta consonancia con las que ya están vigentes en otras comunidades autónomas. En términos generales, las modificaciones introducidas pretenden profundizar tanto en la modernización de la
representación territorial, institucional y privada como incidir decisivamente en su independencia y en su despolitización.
Pues bien, señorías, la respuesta del Gobierno central no ha podido ser más desalentadora ni más política. Presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la citada ley, que supone la paralización de su aplicación en un momento decisivo,
lo que puede colocarlas en la situación idónea para que sean absorbidas por entidades foráneas. Dicho de otro modo, todos los recursos y todos los ahorros que han generado los gallegos y que han hecho crecer estas dos instituciones emigrarán,
pasarán a estar al servicio de entidades sin ninguna vinculación ni compromiso con Galicia. Así, los emprendedores, los autónomos, los empresarios, los trabajadores y en general todos los ciudadanos que abran una cuenta o pidan un préstamo pasarán
a ser clientes de algún gigante de las finanzas, pero ninguno de esos gigantes de las finanzas estará comprometido necesariamente con ellos ni con sus empresas. La necesidad de fusionar las dos cajas gallegas, por tanto, no es una alternativa más
sino que es una cuestión de supervivencia de nuestro sistema financiero.
Si no se hace, este prácticamente desaparecerá. Estas palabras que acabo de pronunciar no son mías ni tampoco de ningún líder político; son palabras extraídas del análisis
independiente que hizo recientemente el editor de La Voz de Galicia, el periódico de más difusión de nuestra comunidad.
Se trata, señorías, no de un recurso jurídico, como el Gobierno central nos quiere argumentar, sino de un recurso político y por eso debe ser retirado. Señorías, Galicia no admite que se le dé tratamiento de autonomía de segunda
cuestionando la constitucionalidad de su ley, algo que no se hizo ni con la vasca ni con la catalana ni con la andaluza. Es paradójico que la Ley gallega de cajas sea inconstitucional a priori para el Gobierno central y en cambio, por ejemplo, el
Estatuto de Cataluña sea constitucional a priori. Posibilitar una fusión paritaria
de la que nazca una caja solvente como mejor garantía para sus trabajadores, los impositores y todas y todos los gallegos es un clamor.
Es un clamor de partidos políticos, de sindicatos, de empresarios, de la sociedad civil. Todos en
general apoyan la Ley de cajas. Lamentablemente el Partido Socialista, también el Partido Socialista de Galicia, apoya el recurso del Gobierno.
Señorías, faltó equidad y lealtad con Galicia en la negociación de la financiación autonómica, y la deslealtad y la arbitrariedad están presidiendo la actitud del Ejecutivo central y del Partido Socialista en materia de cajas de ahorro, que
incluso ha puesto fin al proceso de diálogo con la Xunta para la retirada del recurso. Nuestra enmienda persigue mejorar la muy buena moción del Bloque Nacionalista Galego, y desde luego la retirada del recurso de inconstitucionalidad, el respeto a
las competencias autonómicas y también asegurar la solvencia y la eficiencia de las cajas.
En el debate sobre el estado de la Nación celebrado hace unos días, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reflexionaba sobre en qué consiste ser galleguista en el siglo XXI y decía: También en propugnar que Galicia esté presente
en el mapa financiero español; le debemos esta lucha a las que en el pasado dieron forma con su inteligencia, con su trabajo, con su ahorro y con su esfuerzo, unas entidades singulares que tienen su razón de ser en el arraigo territorial. Hay un
compromiso con el pasado pero sobre todo una convicción de que el futuro económico y social de Galicia será distinto con cajas o sin ellas.
Señorías del Grupo Parlamentario Socialista, aún están a tiempo de rectificar y de incorporarse a la gran mayoría social de Galicia, que requiere la defensa de una unión igualitaria de sus cajas, una fusión clave para el futuro de nuestros
sectores productivos y el progreso económico de aquella comunidad. Voten a favor de esta moción, señorías, y daremos un paso adelante para conseguir ese ansiado objetivo.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Delgado.
Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Mas i Estela.
El señor MAS I ESTELA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, la interpelación que hizo el señor Jorquera la semana pasada, en nombre del Bloque Nacionalista Galego, hablaba de la naturaleza social y el vínculo territorial que deben tener las cajas de ahorro. En el marco
de la crisis financiera actual hay una cierta inquietud sobre si esto puede mantenerse. Yo creo que hasta aquí no hay problema. No hay problema, pienso, para casi nadie, al menos para el Grupo Parlamentario Socialista la naturaleza social de las
cajas de ahorro y la vinculación territorial no tiene ningún problema; algunos ya veremos qué dicen en la última moción que se presenta esta tarde y si tienen la misma tranquilidad al defender estos temas como la que tenemos nosotros los
socialistas. En todo caso, señor Jorquera, señoras y señores diputados, saben ustedes que sobre este tema no hay discusión, pero en la interpelación y en la moción subsiguiente que estamos debatiendo hoy, hablamos de otra cosa. Aquello es
importante, ya se da por sabido, pero hablamos de la Ley de cajas que ha aprobado el Parlamento gallego y por tanto vamos a ver otro tema que no es la naturaleza de las cajas sino la Ley de cajas o el intento que nos propone el Bloque Nacionalista
Galego de que el Gobierno retire el recurso de inconstitucionalidad que ha puesto sobre la Ley de cajas gallega.
El Grupo Parlamentario Socialista está por la negociación. No vamos a discutir ahora la ley, no vamos a discutir los once puntos que pretendidamente o no, ya se verá en su momento, son inconstitucionales.
El Grupo Parlamentario Socialista
está por la negociación y por esta razón ha planteado una enmienda, que voy a leer para que quede constancia textual de lo que dice: Continuar la colaboración con la Xunta de Galicia con el fin de que la comunidad autónoma, en el ejercicio de sus
competencias legislativas, pueda adaptar su Ley de cajas al orden de distribución constitucional de competencias al objeto último de poder retirar el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional. Es
decir, es una propuesta de negociación que, curiosamente, hoy mismo el presidente de la Xunta de Galicia decía que tenía que hacerse. He leído la prensa gallega -he tenido el gusto de volver a leer los tradicionales periódicos gallegos- y entendía
que decía el señor Núñez Feijoo que había cinco puntos en los que había acuerdo y que había que continuar negociando los otros cinco. La propuesta que hace hoy el Grupo Parlamentario Socialista está en la línea de la colaboración o el debate
institucional lógico entre el Gobierno de la nación y el Gobierno gallego, entre este Parlamento y el Parlamento gallego. Por tanto, me parece que lo que proponemos desde el Grupo Parlamentario Socialista es correcto. Lamentaríamos que no se
tomara en consideración y no se aceptara esta enmienda porque creemos que los otros dos puntos están muy claros.
En el fondo, señoras y señores diputados, saben ustedes que estamos debatiendo tres cosas. Una, es la fusión de las cajas gallegas. La prensa de hoy también dice que se está avanzando, y mucho. El señor Jorquera ha defendido que era
necesaria la fusión de las cajas gallegas, e igual saliendo de aquí está hecho y felizmente estaríamos todos contentos. En todo caso este es un tema que parece que avanza. El segundo tema sería el de la politización de las cajas de ahorros. Y
aquí me parece, señores del Partido Popular, que nadie nos puede dar lecciones. Ustedes saben a qué me refiero y no hace falta continuar. Pero pienso que lo más importante es el tercer punto, que es el futuro de las propias cajas de ahorros.
Aquí
hemos de tener presente cuál será, a finales de 2010, el resultado de su cuenta de explotación y que se derivará de aquí su balance. Saben ustedes el
estrechamiento de márgenes, saben ustedes el incremento de la morosidad, saben ustedes los requerimientos internacionales sobre la solvencia y la garantía de las entidades financieras, y aquí si que esto será el grave problema que todos
tendremos que afrontar. Y, a veces, con debates como el que hacemos, me parece que estamos hurtando a la sociedad el real problema que tenemos en nuestro sistema financiero que, quizá, con otra magnitud, lo tienen no solamente las cajas de ahorro
sino también el resto de instituciones del sistema financiero. Por tanto, desde nuestro grupo pedimos esta negociación, pedimos prudencia en el tema de la reestructuración del sistema financiero y pensamos que la vía empezada por el Banco de España
tiene que continuar con las menores interferencias posibles.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Mas.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.
Vamos a apoyar la moción del BNG porque los tres puntos que plantea son compartidos por Iniciativa Verds, por Izquierda Unida y por Esquerra por una sencilla razón, porque no entendemos el recurso de inconstitucionalidad a la Ley de cajas de
Galicia. No compartimos ni en este ni en ningún otro caso, que un debate político lo intentemos judicializar o constitucionalizar, si me permiten la expresión. Y el problema de la Ley de cajas de Galicia es una cuestión política. Con lo que el
conflicto entre el Gobierno del Estado y la Xunta se debería resolver en el terreno político. Por eso vamos a compartirlo. De hecho, en Cataluña sabemos mucho de conflictos estrictamente políticos que se intentan judicializar o constitucionalizar.
Por tanto, nosotros en este caso, como en el resto de casos, somos coherentes y pedimos que se retire ese recurso. Seguramente ese traspaso de decisiones políticas al Tribunal Constitucional es uno de los graves problemas que tenemos hoy en España,
un Tribunal Constitucional con falta de legitimidad y de autoridad, con cuatro de sus miembros que deberían haber sido renovados, uno que falleció y también lo debería haber sido. Este es uno de los problemas.
En segundo lugar, nosotros queremos
comprometernos a respetar las competencias autonómicas sobre las cajas de ahorro y, por tanto, el segundo de los puntos también lo vamos a apoyar. Porque las cajas -y lo creemos así- han de contribuir al desarrollo económico y social del territorio
donde están ubicadas y es importante garantizar su ámbito territorial para asegurar dicha función. Son entidades con componente territorial importantísimo y es obvio que deben respetar las competencias autonómicas. Además, hay que estar
especialmente vigilantes a los procesos de fusiones entre diferentes cajas de diferentes comunidades, porque es cierto que pueden dejar de cumplir una función sobre el territorio, y eso es algo que tenemos que reivindicar, que poner en valor. Dicho
esto, cada comunidad autónoma debe impulsar las fusiones a poder ser dentro de su territorio, cuando se cumplan las mismas condiciones y cuando la viabilidad de las entidades así lo requiera. Por eso, entendemos que el segundo punto es apropiado.
El tercer punto, mantener la vigente naturaleza de las cajas de ahorro respetando el carácter de entidades vinculadas al territorio, con esa vocación social y con un papel de instituciones financieras básicas para contribuir al desarrollo económico
de las comunidades en las que tienen su sede social, es también muy oportuno porque las cajas deben ser entidades de carácter social. Por ello, además de garantizar el componente territorial, es necesario un nuevo marco normativo, y lo digo
claramente, que cierre el paso a posibles procesos de privatización. De hecho, en la última moción hemos presentado enmiendas que van en esa dirección para reforzar el control democrático de las cajas, para poner condiciones, claro que sí, para no
dar cheques en blanco, para no dar excusas ni abrir procesos que den pie a posteriores privatizaciones de una realidad muy propia como son las cajas. Por todo ello, vamos a apoyar la moción presentada por el BNG y esperamos que prospere.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Herrera.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.
Brevemente desde el escaño, pero manteniendo una posición firme y nítida, nuestro grupo quiere dar el apoyo a la moción planteada por el BNG.
Parece mentira que a estas alturas del desarrollo o del subdesarrollo autonómico haya que
presentar una moción instando al Gobierno a respetar el marco competencial y a mantener la naturaleza de las cajas de ahorro, su vocación social, su vinculación territorial y su papel dinamizador de la actividad económica. Pero, señor Jorquera,
corren malos momentos para la economía y para el respeto estatutario, aunque me da la impresión de que para el respeto y el desarrollo estatutario nunca ha habido buenos momentos. A la mínima, en este caso con la disculpa de la crisis económica, el
Partido Popular y el PSOE aprovechan para plegar velas y dar un paso atrás en la cuestión competencial de las comunidades autónomas. No les gusta este Estado complejo y prefieren romper por la vía de los hechos los pactos estatutarios. Las armas a
utilizar son todas las que tienen en sus manos: medios de comunicación afines, leyes básicas y tribunales, incluido el Constitucional, cuya configuración no cabe olvidar. Poca sensibilidad autonomista y nacionalista, catalana, gallega o vasca.
Por el contrario, nacionalismo español a borbotones.
El señor Jorquera se quejaba en su interpelación de la pasada semana, aunque supongo que no le sorprendía, porque la ley de cajas gallegas se había recurrido al Tribunal Constitucional y no se habían recurrido otras leyes con contenidos
similares. Señor Jorquera, fuera de Galicia, Cataluña y Euskadi todo es más fácil y todo es posible. Ellos no están bajo sospecha. El Grupo Vasco es firme defensor de los estatutos de autonomía y sabemos que las comunidades autónomas pueden
legislar en materia de cajas de ahorro, precisamente para que estas estén vinculadas al territorio, a la actividad económica y ejerzan la función social que deben ejercer. Por todo esto, votaremos afirmativamente a su moción.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Señora presidenta, señorías, nuestro grupo va a apoyar la moción que se debate, pero déjenme antes hacer unas reflexiones previas.
La crisis financiera y productiva ha tenido y tiene aún nombre propio: la liquidez. La falta de crédito continúa siendo el factor condicionante de la viabilidad de gran parte de la actividad económica y productiva y continúa siendo el
principal condicionante del crecimiento. Esta falta de crédito al sistema ha venido determinada por la situación de nuestro sistema financiero, afectado por una crisis financiera, primero, y productiva después, lo que se ha traducido en tasas
elevadas de morosidad que han condicionado a su vez la concesión del crédito al tejido productivo y a las familias. La situación económica se traduce en el sector financiero en un fuerte aumento de la morosidad y un necesario cambio de modelo de
negocio. Las cajas constituyen una parte muy importante y específica de nuestro sistema, afectado también por esta creciente morosidad, y es esta situación económica y financiera por la que atraviesan la que obliga a encontrar una salida y esta
puede pasar en muchos casos por plantear nuevas opciones de integración de un modelo de centro de servicios compartidos ya existente a un modelo de integración más flexible, como es el de las SIP, hasta un proceso de fusión legal.
Procesos de
integración y mantenimiento de sus esencias no solo territoriales y sociales son compatibles y viables.
En todos estos procesos de integración hay un eje, para nosotros importante, de reconocer y salvaguardar cuál es la esencia de las cajas, que con sus propias características han tenido y tienen un papel fundamental en nuestra estructura
financiera, en nuestro crecimiento, un papel clave y determinante de estímulo en el territorio y un papel social clave en el ámbito de sus funciones sociales.
En este contexto es en el que, ante la moción presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del diputado del BNG, el señor Jorquera, nuestro grupo votará favorablemente y lo hará por una doble razón. En primer lugar, por motivos
competenciales, para nuestro grupo prioritarios, porque deben ser respetadas y salvaguardadas las competencias autonómicas en materia de cajas. El modelo de cajas ha sido y es un modelo válido, sujeto a un proceso de adaptación y reestructuración
derivado de la situación por la que atraviesan no solo ellas, sino el sistema financiero en general. Es un modelo con unas funciones muy relevantes, tal como decía, y Cataluña es un ejemplo de ello, un ejemplo de modelo de cajas mínimamente
politizado, con unas funciones sociales y territoriales insustituibles. Las competencias para nuestro grupo, señorías, son irrenunciables. En segundo lugar, porque si bien la crisis obliga a una reestructuración del sistema financiero -y las cajas
son una parte importantísima del mismo, tal como he afirmado antes-, sus esencias deben ser preservadas.
En el marco de este debate mi grupo parlamentario no puede dejar de aprovechar para volver a insistir en la urgencia de activar la reestructuración del sistema financiero. Sería deseable por su trascendencia un pacto para la
reestructuración del sistema, un pacto para poder superar los problemas de liquidez que continúan amenazando la actividad productiva y un pacto que permita asegurar una correcta reestructuración del sector. Las cajas representan más del 50 por
ciento de la cuota del mercado global español. Su reestructuración ha de ser efectiva y la lentitud con la que se produce frena, entre otras cosas, algo tan importante como la liquidez del sistema. A nuestro grupo le preocupa la lentitud con la
que está actuando el Gobierno. Hemos de recordar como el FROB, que ha de constituir un instrumento de reestructuración del sistema en un contexto de necesidad del mismo, se ha visto reducido en tiempo y forma, y al final será un instrumento al que
muchas cajas no podrán acceder por tiempo, cuando debería ser un instrumento que, favoreciendo las reestructuraciones, permitiese reforzar la musculatura del sistema.
Señorías, hay un proceso de reconversión del sector financiero y hay que hacer los deberes con rigurosidad y celeridad, y no se están haciendo.
Hay que abordar esta reestructuración de manera urgente, porque condiciona el crédito al tejido
productivo y a las familias, y hay unos fondos que se aprobaron para esta reconversión. Por ello es necesario un acuerdo en pro de la reestructuración, de la liquidez, de la defensa de las esencias del modelo y del reconocimiento de la contribución
del papel de las cajas al crecimiento y al desarrollo.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Riera.
Señor Jorquera, su turno para aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas a su moción.
EL señor JORQUERA CASELAS: Sí, señora presidenta. Aceptamos las dos enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, porque enriquecen nuestra moción manteniendo sus contenidos básicos. En
cambio, no podemos aceptar la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Jorquera.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE EL PROCESO DE AJUSTE FISCAL Y REDUCCIÓN DEL DÉFICIT PÚBLICO QUE HA PROGRAMADO EL GOBIERNO. (Número de expediente 173/000127.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre el proceso de ajuste fiscal y reducción del déficit público que ha
programado el Gobierno. Para defender la moción en nombre de su grupo tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
Intervengo en nombre de mi grupo parlamentario, y en concreto de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, para presentar una moción que nos parece importante en relación con el proceso de ajuste que ha decidido el Gobierno respecto a la
crisis económica.
Señorías, esta mañana el secretario de Estado decía que se empiezan a notar los primeros síntomas de que hemos tocado fondo y que a partir de este momento no era tan importante mantener los estímulos fiscales, sino que nos podíamos aventurar
a retirar esos estímulos y a gestionar fundamentalmente la recuperación económica. Hay un refrán, una imagen en el sector de la minería de mi Asturias, en la cual un minero toca fondo y le dice un compañero: Ahora comienza a cavar. Muy
posiblemente podamos estar ante una iniciativa del Gobierno, esta de retirar los estímulos públicos a la economía, que nos produzca que además de tocar fondo no solamente no remontemos sino que recaigamos en la crisis económica, en la recesión y en
nuevos problemas en materia económica y en relación con el empleo.
Nosotros querríamos darle la vuelta a este argumento del Gobierno, no poniendo en un primer plano el problema del déficit público, que siendo importante en nuestro país no es nuestro principal problema, sino poniendo en un primer plano el
problema del desempleo. Creemos que ahí es donde está el reto de la economía española; en la gravedad de nuestras tasas de desempleo, en particular entre los jóvenes, entre las mujeres.
Esa cuestión nos parece fundamental y debería ser la
prioridad del Gobierno. La prioridad del Gobierno debería ser cómo adoptar medidas desde la iniciativa pública para reactivar la economía, para parar la sangría del desempleo y para recuperar el nivel de empleo en nuestro país a lo largo de un
tiempo lo más corto posible. Por eso, señorías, nosotros no hemos aceptado las lentejas que nos ha propuesto el Gobierno sin más.
Nosotros creemos que el Gobierno hacía de buena fe una propuesta de acuerdo, es decir, que nos proponía un acuerdo
frente a la crisis y que seguramente ese acuerdo frente a la crisis no era un plato a la carta, sino que era un plato del día, un plato restringido, pero lo que no podíamos ni siquiera pensar es que era un plato de lentejas, o lo tomas o lo dejas, y
que además ese plato de lentejas el Gobierno lo iba a imponer mediante decreto. Cualquier parecido entre una dinámica de pacto y esta iniciativa del Gobierno mediante decreto es pura coincidencia, señorías.
Nosotros creemos que todavía estamos a tiempo de una salida social a la crisis, creemos que estamos a tiempo de una salida que haga que el empleo sea la prioridad y, por tanto que las políticas orientadas al empleo sean las medidas
fundamentales, y no creemos que estemos condenados a que finalmente lo que se produzca sea un ajuste.
Recientemente, en una revista económica de ámbito internacional, se planteaban tres posibles salidas a la crisis económica en países como el nuestro. Se decía que, por una parte, hay una salida, que es la salida liberal, la salida en la que
la enfermedad se convierte en la curación de la enfermedad, es decir, frente a la crisis neoliberal, más política neoliberal, más ajuste, más restricción del gasto público, menos impuestos. Esa era una de las salidas, pero la descartaba esta
información, este artículo de varios economistas internacionales. Una segunda salida sería, ya que la entrada en el euro supone que las pensiones ya no se producen únicamente o no se solucionan únicamente a través de la devaluación sino que
prácticamente presionan sobre el empleo y sobre los salarios, abandonar o expulsar a determinados países del euro, opción Merkel, que tampoco nos parece el camino. La tercera opción es la de la iniciativa pública para evitar continuar en la
recesión y para garantizar una salida social a la economía. En esta iniciativa nos decantamos por la tercera opción y nos parece que el Gobierno se está orientando únicamente a una salida neoliberal a la crisis para dar una buena impresión a los
mercados. Nosotros creemos que es más importante que seamos los últimos en empleo a que seamos los primeros en déficit.
Por tanto, más importante que el mercado y que el mensaje a los mercados es la política de empleo del Gobierno.
Proponemos una serie de medidas que creemos que son imprescindibles para salir de la crisis y que mejorarían las condiciones para salir de la misma: en primer lugar, modular el proceso de reducción del déficit público. Estos mismos
economistas proponían el objetivo de déficit del 3 por ciento a alcanzar no en tres ni en cuatro años, sino en dos legislaturas, señorías. Por qué tenemos que ser los primeros en reducir drásticamente nuestro déficit público y, por tanto, en cortar
la iniciativa pública y el impulso público a la economía. En segundo lugar, proponemos una reforma fiscal a fondo que no sea solamente un retoque fiscal -parece que este Congreso
se va a convertir en el de los retoques fiscales cada día que nos reunimos-, que sea una reforma fiscal progresiva que lucha de verdad contra el fraude fiscal. En tercer lugar, establecer medidas de coordinación con las administraciones
territoriales para mejorar el control del gasto público, pero del gasto público ineficiente, no para recortar de manera drástica el gasto público que, en nuestra opinión, es una garantía de recuperación económica frente a la crisis. Dentro de la
fiscalidad hacemos hincapié en la fiscalidad progresiva, en la fiscalidad verde y en la recuperación del impuesto sobre el patrimonio. Por todo esto, creemos que estas iniciativas podrían responder mejor a la situación de crisis, podrían responder
a una salida social a la crisis y no a una salida a la crisis que yo denominaría, para terminar, homeopática, es decir, que lo que ha provocado la crisis nos libre de ella. Señorías, no hay salidas homeopáticas ni en términos de salud ni en
términos de crisis.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): A esta moción no se han presentado enmiendas por parte de ningún grupo parlamentario.
Pasamos por tanto al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Mixto en cuyo nombre tiene la palabra el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo muy brevemente desde el escaño para manifestar nuestra total coincidencia con los contenidos de esta moción, luego expresamos nuestro apoyo. Coincidimos en todos y cada uno de los puntos. Entendemos que el objetivo de reducir el
déficit público debe acompasarse a la marcha de la economía y de la eventual recuperación cuando se inicie, porque si no las políticas fiscales -entendidas estas en su globalidad, políticas de ingreso y políticas de gasto- se estarían desviando de
lo que tendría que ser la atención prioritaria en un contexto de crisis, como el impacto de las mismas en la generación de empleo y contribuir a la reactivación de la economía, como muy bien dice la moción atender al papel del gasto público en su
vertiente social y productiva. Además, no es necesario operar única y exclusivamente sobre la vertiente de gastos sino también sobre la de ingresos. Como hemos expresado en múltiples debates entendemos que a la hora de operar sobre la vertiente de
ingresos no hay que incidir sobre la imposición indirecta, lo que hay que hacer -como muy bien propone la moción- es mejorar la equidad y progresividad del sistema tributario, recuperar impuestos como el impuesto sobre el patrimonio -fue un error
político manifiesto haberlo eliminado- y establecer mecanismos e instrumentos claros que permitan reducir las escandalosas bolsas de fraude fiscal. Por lo tanto, coincidimos plenamente con esta moción y manifestamos nuestro total apoyo a la misma.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Jorquera.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Azpiazu. (Denegación).
Como no desea intervenir, pasamos al turno del Grupo Catalán de Convergència i Unió, en cuyo nombre tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Señora presidenta, señorías, no vamos a recordar los orígenes de la crisis, una crisis inicialmente financiera que rápidamente se transformó en una crisis productiva; no volveremos a insistir en la especificidad de
nuestra estructura económica, poco diversificada e insuficientemente competitiva y, por tanto, en el impacto de la crisis sobre nuestra economía, pero recordaremos que estamos aún en una situación económicamente frágil. No hemos salido de la crisis
y la recuperación aún no se ve clara. La gestión de la crisis ha derivado en unos niveles de déficit insostenibles, hoy y a medio y largo plazo, que deben ser necesariamente reconducidos, y no solo porque Europa nos lo pide o nos obliga, sino
porque de ello depende nuestro crecimiento y nuestra competitividad. Tras la recesión, y con una tasa de paro cercana al 20 por ciento, las perspectivas de recuperación continúan no siendo claras. Se puede haber conseguido frenar la caída del PIB
o mejorar las tasas de exportaciones, pero el desempleo, principal preocupación de nuestro grupo parlamentario, continúa creciendo y es la señal más clara de que la actividad económica no se recupera y continúa la destrucción de empleo.
Ante ello quisiera hacer dos consideraciones. La primera es en relación con el empleo. Siempre desde nuestro grupo parlamentario hemos entendido que la mejor política social es la actividad económica, por ello venimos reclamando e
insistiendo en medidas y políticas orientadas de manera clara a la reactivación, como instrumento que permita mantener el empleo y generar oportunidades de más empleo. No podemos compartir la política del subsidio sin vincularla a políticas activas
de formación, con objetivos de retorno al mercado laboral por parte de todas aquellas personas que lamentablemente están en situación de paro. Esta es la política social por la que hemos de apostar, orientada a la reactivación, a la productividad,
a la competitividad y más solidaria. La segunda consideración está relacionada con la actividad económica. Se necesita la continuidad de medidas que permitan y que impulsen la reactivación; una política fiscal de activación económica, no de
penalización. Por esto es por lo que nos hemos opuesto a la próxima subida impositiva del IVA, por entender que especialmente en estos momentos y especificamente en determinados sectores esta penalizará la actividad productiva y el consumo,
suponiendo un freno a la recuperación, aplazando la salida de la crisis. Por todo ello, nuestro grupo no votará a favor de la moción presentada por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Es una moción que
plantea una reforma, entre otros puntos, del modelo tributario en la línea opuesta a la que nuestro grupo entendería y entiende que hoy es necesaria; es más necesaria en el actual entorno económico y productivo y también porque propone,
entre otras cosas, la recuperación de un impuesto, como el del patrimonio, que siempre hemos entendido que debía eliminarse por injusto, especialmente hacia unas clases medias que eran las más penalizadas por el mismo.
Por último, desde el grupo parlamentario entendemos que sobre los niveles actuales de déficit debe activarse una política seria y rigurosa de contención del gasto; seria, rigurosa y efectiva a partir de las propias administraciones, porque
es insostenible, como decía antes, mantener los niveles de déficit que tenemos y que marcarían una fragilidad de largo recorrido para nuestra economía, penalizando en primer lugar el empleo, la ocupación, nuestra principal preocupación.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Riera.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señora presidenta, señorías, señor Llamazares, mi grupo votará no porque no coincidimos en el análisis ni en los instrumentos a emplear. Coincidimos, señor Llamazares, en algunos de los diagnósticos que
ustedes han hecho en la moción: la economía española está experimentando la recesión más profunda de su historia reciente, coincidimos; el déficit público ha alcanzado un volumen muy importante -que eso lo diga la izquierda...-, coincidimos; la
consolidación del Gobierno es poco creíble, coincidimos, dos fines de semana y se acaba. No se explicitan en la moción -aunque creo que también coincidimos- los objetivos -usted ha hablado aquí de algunos-. Coincidimos en que es necesario reducir
el paro, en que hay que crear más empleo -que no es lo mismo que reducir el paro; no solo hay que reducir el paro sino que hay que aumentar la población activa y la población ocupada- y hay que mantener y mejorar el Estado del bienestar. De todas
maneras, señor Llamazares, el déficit es perverso. Señor Marugán, el déficit y la deuda no son buenos para conseguir el objetivo de empleo y de bienestar. El gasto público en exceso ya nadie lo considera adecuado; ustedes trajeron un presupuesto
en 2008 que en 2009 ha sido un fiasco, y esta mañana lo hemos debatido en Comisión. En 2010 han traído otro presupuesto que no se ajusta a las realidades del país. El déficit público, señorías, reduce la capacidad de sostenibilidad de las cuentas
públicas, produce -esta mañana me ha dicho que no he hablado de esto, señor Marugán- un efecto expulsión del crédito privado, un efecto crowding out. Además, el déficit público reduce la actividad privada y son campanas, señor Llamazares, que hacen
sonar a más impuestos y más inflación, que es otro impuesto, además el más injusto. El déficit público también es injusto con las generaciones futuras. Esta mañana, señor Llamazares, hemos tenido un debate en la Comisión y explicábamos que el
gasto público no crea empleo -es un technicality-; hay unas curvas de regresión que yo le puedo enseñar, señor Llamazares. El gasto público no crea empleo y está demostrado en todas las economías. Lo que crea empleo es la inversión, lo que crea
empleo es la actividad económica. Por eso, señorías, mi grupo no está de acuerdo en lo que propone esta moción.
Nosotros creemos que el camino no pasa por más flexibilidad en el déficit público; que el camino no pasa por más gasto público, no pasa por mítines el fin de semana que aumentan el gasto público sin tan siquiera conocerlo el departamento de
Economía, y no entro en qué se va a gastar ese dinero.
El camino pasa por reformas estructurales, por control del gasto público; el camino pasa por una reforma del sistema impositivo. Dice el señor Llamazares: hay que recuperar el impuesto sobre
el patrimonio. Lo que es tremendo, señor Llamazares -eso lo sabe el señor Marugán- es que la izquierda, haciendo políticas de izquierda, haya reducido los impuestos sobre el capital, haya eliminado el impuesto sobre el patrimonio -yo no diré si
estoy de acuerdo o no- y ahora suba el impuesto a los que menos tienen con el IVA; le bajan el impuesto a los que más tienen y ahora le suben el impuesto a los que menos tienen, y eso lo hacen llamándose de izquierdas.
¿Señor Llamazares, sabe cuál es el secreto para crear empleo, para mejorar el Estado del bienestar? Empleo. ¿Sabe cuál es el secreto? Llegar a 21 millones de ocupados, pero con este Gobierno el número de ocupados se ha reducido. Ahora
hay que aumentar el número de ocupados y crear las condiciones para que las pymes y los autónomos creen empleo. Ese es el camino y no el que usted propone en su moción. Desde luego, señor Llamazares, a pesar de lo que usted dice en tribuna sus
políticas son coincidentes con las que plantea el Gobierno socialista, que es más gasto público, llevarnos a un déficit del 11 por ciento y ahora, después de bajar los impuestos a los que más tienen, subírselos a los que menos tienen. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señor presidente, señoras y señores diputados.
Créame don Gaspar Llamazares que entiendo su lamento. Entiendo profundamente su lamento, porque usted lo que nos viene a decir es que los que no somos culpables ni
villanos en la crisis nos estamos encargando de tener que gestionarla. Es verdad y, mire usted, nos piden explicaciones. La semana pasada la derecha se desmonteró, se desmonteró fuera de aquí y aquí. Se desmonteró la señora
Aguirre y se desató e hizo público un llamamiento a la rebelión, a la insumisión activa simplemente porque esta Cámara había aprobado un incremento del IVA en la Ley de presupuestos. Estas cosas suceden en España. El señor Rajoy le rió la
gracia, le bailó el agua y volvió a demostrar una vez más que su liderazgo en el Partido Popular es un liderazgo vacío. No solamente la señora Aguirre se desmonteró fuera de aquí, es que la derecha se desmonteró aquí y presentaron una propuesta
destinada a evitar la subida del IVA en el próximo mes de julio. Es verdad que no tuvo muchos apoyos, pero tuvo algunos, entre ellos los de su grupo parlamentario.
Hoy nos encontramos con un hecho que es un tanto paradójico y desde la izquierda deberíamos ser capaces de reflexionar. En el texto de su intervención -aunque usted lo ha eludido en cierto modo- dice que nos proponemos de una manera
precipitada reducir una política expansiva en materia de gasto que puede conducir a una recesión. Nosotros tenemos que decir que las cosas no son así. Nosotros creemos que en España hemos hecho una política muy activa en materia fiscal y que como
consecuencia de ella -y ha quedado puesto de relieve en la inversión, en la educación, en las prestaciones sociales, en las pensiones, en el servicio de la deuda- nos hemos encontrado con que el déficit público se ha elevado.
Creemos sinceramente
que el déficit público en España ha llegado a un nivel en el que tenemos que plantearnos cómo lo abordamos. La corrección del déficit público se puede hacer reduciendo los gastos e incrementando los ingresos y hay que ponerse manos a la obra en esa
tarea. En ese sentido creo que el Gobierno hace bien sus deberes y aborda correctamente sus planteamientos. ¿Qué orientación le damos a la política tributaria? Hay dos orientaciones, y una es la que acabamos de oírle -hoy, ayer y anteayer,
siempre- a la derecha. La derecha ha vuelto a descubrir la teoría económica de la servilleta. Cree que bajando los impuestos se llenan las arcas del Estado. Nosotros no creemos lo mismo; no lo creemos y no lo cree otra gente aquí. La semana
pasada tuvimos la oportunidad -yo tuve el gusto y la satisfacción- de oír al señor Azpiazu defender una política distinta a la que defiende la derecha y a la que algunos quieren ocultar. El señor Azpiazu nos ayudó; le reconozco su ayuda y se la
agradezco porque vino a sentar un criterio que me parece importante, que rebajar los impuestos no ayuda a salir de la situación económica actual.
A lo único que ayuda es a producir inmediatamente una bajada del gasto que nadie quiere, o que no
muchos queremos en esta casa. ¿ Ustedes que dicen? Dos cosas: primero, que hay que rebajar ya el IVA y, segundo, que hay que poner en marcha un programa de reformas en materia tributaria que mejore la suficiencia y la equidad. Yo tendría que
decir que en el binomio bajada del IVA y reformas impositivas gana la idea de que hay que bajar el IVA, y como consecuencia el ritmo de consolidación fiscal sería muy lento si no inexistente. Nosotros creemos que en este momento abordar los
problemas de la economía española pasa por gastar menos y por ingresar más. Por tanto, nos alejamos de los que creen que hay que gastar más e ingresar menos.
En ese sentido la sociedad española ha hecho a lo largo de los últimos años un esfuerzo considerable en materia de gasto, lo que puede atenuar en algún momento la evolución del gasto público y puede pedirle al conjunto de la sociedad
española un esfuerzo en materia de ingresos; un esfuerzo equilibrado, ponderado, como ha puesto de relieve la señora Salgado. Aquí caben dos actitudes. El PP defiende que para sostener las finanzas públicas hay que destruir las políticas
públicas. Cree que para salir de la crisis se pueden bajar los impuestos a todos y cada uno de los contribuyentes, que la salida de la crisis se produce sin que nadie pague más. Esta es una alternativa milagrera, en la que nadie cree, es la
alternativa de los que creen que Dios escribe derecho con renglones torcidos. Frente a esa alternativa está la que ustedes sostienen. Ustedes dicen que hay que dejar actuar a los estabilizadores, hay que subir los gravámenes a algunos
contribuyentes -a pocos- y hay que bajarle la imposición indirecta al conjunto de los contribuyentes -está en el texto de su moción-, a aquellos contribuyentes que tienen niveles bajos de renta. Nosotros creemos sinceramente que por ahí no está.
La historia no está en gravar a unos pocos o en no gravar a nadie; la historia en este momento está en ser capaces de que las cuentas cuadren. Si cuadran habrá confianza, y si hay confianza habrá recuperación y podremos hacer frente a las
dificultades que en este momento tenemos.
Señoras y señores diputados, señor Llamazares, la estrategia que tiene el Gobierno es correcta. No podemos mantener los niveles de déficit ni las políticas de endeudamiento que tenemos; hemos de hacer un esfuerzo por corregirlo. Ese es el
problema de hoy; mañana quizás podamos discutir otros problemas, pero lo podremos discutir en tanto en cuanto se haya producido la salida de la recesión. De momento estamos todavía por debajo de los niveles de crecimiento que nos permitan hacer
frente a esta situación. La sociedad española ha de generar confianza, ha de generar la idea de que es capaz de abordar los problemas que tiene. Lo dije hace bastante tiempo: el sistema político español debe ser capaz de hacer frente a la
ineludible necesidad de abordar la crisis. Unos lo quieren y otros no. Nosotros lo queremos, por eso nos opusimos a la interpelación del miércoles pasado y nos volvemos a oponer a la moción hoy día. Lo siento.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Fernández Marugán.
Señor Llamazares, por la señora Díez se ha pedido la votación separada del punto 3.d) de su moción. ¿Está S.S. de acuerdo en que se haga así?
El señor LLAMAZARES TRIGO: No hay ningún inconveniente, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA REESTRUCTURACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL COMO ELEMENTO IMPRESCINDIBLE PARA EL ACCESO AL CRÉDITO A FAMILIAS Y EMPRESAS.
(Número de expediente
173/000128.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la moción del Grupo Popular relativa a la reestructuración y fortalecimiento del sistema financiero español como elemento imprescindible para el acceso al crédito a familias y
empresas. Para defender la moción en nombre de su grupo tiene la palabra el señor Montoro.
El señor MONTORO ROMERO: Señora presidenta, señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Popular presenta una iniciativa parlamentaria, una moción relativa al saneamiento del sector bancario en nuestro país. La intención de esta
propuesta es que vuelva el crédito a quienes nos tienen que sacar de la crisis, que vuelva el crédito bancario a la pequeña y mediana empresa, que vuelva el crédito bancario a los autónomos, que vuelva el crédito bancario a las familias y que en
definitiva los emprendedores en España encuentren los recursos financieros suficientes para que ellos se conviertan en los motores de la recuperación de nuestra economía y, por tanto, de la creación de empleo. Es una iniciativa que vuelve a situar
el problema económico de España en su justa medida, en el diagnóstico que realizamos desde el comienzo de la crisis. Advertimos que España era muy vulnerable a la crisis financiera mundial porque un país con un fuerte endeudamiento exterior, un
país con un elevado déficit en su balanza de pagos y en su necesidad de financiación, era un país abocado a sufrir una muy seria restricción en el acceso al crédito bancario. Así ha ocurrido, señorías. Esa es la situación que estamos padeciendo,
en la que seguimos insertos, y eso es lo que explica el cierre de decenas de miles, cuando no de cientos de miles, de pequeñas empresas, de negocios en nuestro país y, en definitiva, la circunstancia, terrible socialmente, de que 2 millones de
personas hayan perdido su puesto de trabajo, señorías, y que 2,5 millones de personas hayan ido a engrosar las listas del paro, muchos de ellos jóvenes que alcanzan una tasa de paro realmente inadmisible, rondando ya el 44 ó 45 por ciento de nuestra
población activa. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
En esa situación, el saneamiento del sector bancario es una prioridad absoluta. Así nos lo están indicando todos los análisis que se realizan dentro y fuera de España. Así lo ha advertido la Comisión Europea cuando ha valorado el programa
de estabilidad del Reino de España y ha puesto como reparo precisamente la tardanza con la que España está acometiendo el saneamiento de su sector bancario, de su sector de entidades financieras. No se trata de que nuestras entidades financieras
tengan o hayan tenido los mismos problemas que otras entidades financieras en Europa, en Estados Unidos o en otros lugares del mundo. Lo que ha ocurrido, señorías, es que nuestro sector bancario está sometido por un lado a la necesidad de devolver
el endeudamiento externo que ha ido tomando del resto del mundo, por otro está afrontando la elevación de los índices de morosidad -cada vez hay más empresas cerradas, cada vez hay más familias que no pueden devolver sus créditos bancarios con
normalidad- y, en definitiva, está afrontando la urgencia de adaptar sus estructuras de financiación a las nuevas necesidades que se derivan de lo que ya se apuntan como las nuevas reglas financieras, las reglas de solvencia que se están elaborando
con bastante premura en el marco europeo y en el marco internacional, y que ya se conocen como el paquete denominado Basilea III. Esto significará elevar los requisitos de capital, elevar los requisitos de solvencia.
Ante esta necesidad objetiva, señorías, hay que reaccionar, tenemos que reaccionar como país; hay que estimular esa reestructuración del sector bancario y hay que reformular también cuestiones fundamentales relativas a las cajas de ahorro
en España. Por ello presentamos esta moción esta tarde en nuestro país y esperamos contar en ese sentido con el apoyo de todos los grupos de la Cámara, incluido el del Grupo Socialista, porque estamos hablando de una cuestión de interés general,
apremiante para todos los españoles y que, en definitiva, señorías, lo veamos de una forma o de otra, esta Cámara va a tener que abordar de inmediato puesto que la situación no aguanta más en su circunstancia actual. Por eso demandamos cambios,
todos sensatos y razonables, en la aplicación de los instrumentos que aprobamos en esta Cámara, el FROB, y por eso también estamos proponiendo modificaciones, todas ellas razonables y sensatas en nuestro modelo de cajas de ahorro, precisamente para
que salvaguardando la esencia de estas entidades, la naturaleza fundacional de las cajas de ahorro, permitamos que ese modelo de cajas de ahorro evolucione para seguir siendo competitivo en un nuevo marco financiero y económico que es del que tiene
que dotarse España cuanto antes para salir de esta crisis económica que seguimos padeciendo.
La moción del Grupo Parlamentario Popular es una oportunidad para coincidir. Es un planteamiento razonable, insisto, que en definitiva insta y urge al Gobierno de España y también a las autoridades monetarias encargadas de la supervisión
bancaria para que adopten las medidas y decisiones que nacen ya del seno del sector, incluido también el sector de las cajas de ahorro en nuestro país. Tampoco se les escapa, señorías, que nuestra última intervención de esta tarde vuelve a ser
expresión de la oferta de un pacto político que desde el Grupo Parlamentario Popular, que desde el Partido Popular estamos formulando a los grupos de esta Cámara, al Grupo Socialista y al Gobierno de España. No se nos
puede decir que no en la tarde de hoy y luego pretender volver a convocarnos en Zurbano o en otras sedes para seguir dialogando y en definitiva omitiendo e ignorando las iniciativas políticas que hay que desarrollar aquí, en el Congreso de
los Diputados, en la delegación de la soberanía nacional. Es aquí donde se hace la política con mayúsculas y es el momento de dejarse de veleidades, de caprichitos, de pactos -como ahora lo llaman, de pacto por el pacto, del pacto por secuencias-,
porque la política económica de un país es un todo ordenado, coherente, que no se puede trocear. Eso es exactamente lo que estamos ofreciendo desde el Grupo Parlamentario Popular en nuestras iniciativas a los españoles. Por eso decía, señorías -y
con esto acabo-, que esta que tienen delante es una nueva oportunidad para el pacto político en nuestro país. La votación de esta tarde volverá a reflejar si hay voluntad real de llevar adelante pactos políticos de envergadura para acometer las
reformas económicas que con tanta urgencia necesita España.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Montoro.
Para la defensa de las enmiendas presentadas, en primer lugar por el Grupo Mixto tiene la palabra doña Rosa Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.
Señor Montoro, yo le estaba escuchando y no podía dejar de pensar en que hace un mes tuvimos en esta Cámara un debate sobre una proposición no de ley planteada por esta misma diputada en la que solicitaba la despolitización de las cajas de
ahorro que contó con su estruendoso voto en contra, por supuesto absolutamente de acuerdo con el Grupo Socialista.
Yo le estaba escuchando defender la despolitización de las cajas de ahorro y pensaba: es que esto es predicar justamente lo
contrario de lo que se hace. Así que, ¡un poquito de por favor!, como decía el portero de aquella famosa serie Aquí no hay quien viva. ¡Un poquito de por favor, hombre, que ustedes son los maestros de la politización de los órganos de gestión de
las cajas de ahorro! No nos venga aquí a decir que quiere la despolitización de los órganos de gestión de las cajas de ahorro como si estuvieran ustedes en la oposición, como si no fueran los protagonistas -protagonismo que comparten desde luego con
el Grupo Parlamentario Socialista- de lo que hoy está ocurriendo en esa parte tan importante del sistema financiero español que son las cajas de ahorro, que efectivamente tienen urgencia en ser despolitizadas, en abordar su despolitización. Es
urgente que lo hagamos, sería muy urgente que lo hiciéramos antes de poder distribuir el FROB. Sería muy importante que condicionáramos la distribución del FROB precisamente a la remodelación de los órganos de gestión, ¡precisamente para salvar la
profesionalización del sistema y precisamente para salvar también el objetivo social de las cajas de ahorro! Pero, señor Montoro, ¡si acabamos de ver lo que han hecho ustedes en Galicia! Acabamos de verlo e incluso ha habido una moción esta misma
tarde sobre ese tema y no sé lo que van a votar ustedes, si sí o no. ¡Si acabamos de ver o estamos viendo cada día lo que hacen en los órganos de gestión en los que están! ¡Si ustedes no quieren! Ustedes tampoco quieren; el Partido Socialista
tampoco (Rumores.) pero ustedes tampoco, por lo menos hagan el favor de eso, de un poquito de por favor. No nos traigan el debate aquí, a la Cámara, como si fueran ustedes inmaculados, como si quisieran diferenciarse en esta cuestión de lo que hace
el otro gran partido nacional porque se parecen como una Visa a una MasterCard, en esto son iguales, tienen un pacto de hierro y les interesa lo mismo: mantener el porcentaje, la cuota y el chiringuito. Por eso en aquellas cuestiones en las que
defendían ustedes las mismas posiciones que defendimos en nuestra PNL no hemos planteado enmienda a la totalidad, pero sí hemos planteado cinco enmiendas para que quede claro qué es lo que hoy, aquí, se debate: la necesidad de despolitizarlo, que
no haya veto, que se modifiquen los órganos y desaparezca la politización y que se profesionalicen. Ahora, yo les creeré a ustedes cuando ustedes prediquen con el ejemplo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.
Señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente, intervendré brevemente para fijar posición en nombre del Bloque Nacionalista Galego.
El Bloque Nacionalista Galego no comparte los contenidos de esta moción y no le puede dar apoyo básicamente por tres razones. En primer lugar, discrepamos de algo que informa la orientación de la moción, que es considerar la principal
prioridad luchar contra el déficit público. Como ya expusimos en el debate de la anterior moción, creemos que la necesaria lucha contra el déficit público debe de acompasarse teniendo en cuenta la evolución de la economía, tiene que supeditarse a
no perder de vista cuál debe ser la primera prioridad en un contexto de crisis, como es que las políticas de inversión pública en su vertiente productiva y en su vertiente social contribuyan a la reactivación económica. En segundo lugar,
consideramos que la moción sobrevalora la importancia de la deuda pública en los problemas de liquidez de pequeñas y medianas empresas y autónomos. Desde nuestro punto de vista hay otras medidas mucho más necesarias, mucho más importantes para
solucionar los problemas de liquidez en pequeñas y medianas empresas y autónomos. Una, la necesaria reforma de la Ley de morosidad y en ese tema se dio un paso muy importante hoy por la mañana en la Comisión de Industria del Congreso de los
Diputados; otra, hacer del ICO una auténtica banca pública directa que ayude a insuflar liquidez a las pymes y autónomos; y además, supeditar cualquier ayuda con cargo a fondos públicos al sector bancario a
que este contribuya a restablecer las líneas de crédito e insuflar liquidez a la economía productiva.
Dejo para el final la principal razón de discrepancia. El Bloque Nacionalista Galego discrepa del modelo de reestructuración de conjunto del sector financiero que se deriva de esta moción. Me voy a limitar a leer frases textuales
entresacadas de los contenidos de esta moción. Se aboga por abrir el abanico de posibilidades para las fusiones entre las cajas de ahorro y modificar la Lorca para facilitarlas. En concreto se habla explícitamente de posibilitar la existencia de
un nuevo tipo de cajas de ahorro de ámbito nacional supervisadas por organismos públicos estatales; de regular la figura de los SIP como entidades con ficha bancaria que combinen capital fundacional con aportaciones de mercado; y se habla también
de crear nuevos instrumentos que permitan la capitalización por el mercado de las cajas de ahorro y, entre otros, las cuotas participativas con derechos políticos. En definitiva esto significaría avanzar en la privatización de las cajas de ahorro,
en su bancarización y su desvinculación de los territorios en los que están asentados. La línea, en definitiva, contraria por la que aboga el BNG.
Por estas razones vamos a votar en contra de esta moción.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.
Por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra don Joan Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, presidente.
Antes de que presentara la moción el señor Montoro pensé: ¿Van a poner el cascabel al gato? ¿Se va a atrever el Partido Popular con el sector financiero? Pero, vista la moción, he concluido que no; que, una vez más, no se atreve. Y no
se atreve por una simple razón, porque en el texto de la moción hay muchos lugares comunes. Está el discurso, eso sí, de la politización, pero no encontramos elementos de exigencia a las entidades financieras. Cuando en esta casa se aprobaba la
compra de activos al sector financiero muy pocos, poquísimos, decíamos: Hay que exigir, no solo comprar. Sin embargo, el Partido Popular y el Partido Socialista concluían y coincidían en que no, que se tenían que comprar activos sin exigir nada a
las entidades financieras. Hoy lo cierto es que hay prácticas comunes de comisiones injustificadas, suelos de las hipotecas, cláusulas opacas. Eso es lo que hay que reformar, pero, en cambio es en lo que no entra el Grupo Popular.
Señor Montoro, en la moción número 25 aprobada por esta Cámara en el debate sobre el estado de la Nación nuestro grupo consiguió que se aprobase ampliar los criterios de inembargabilidad, modificando la legislación civil e hipotecaria para
elevar el listón de ingresos inembargables en caso de ejecución hipotecaria. Esa es una propuesta concreta de exigencia hacia las entidades financieras que, por cierto, el Gobierno no ha cumplido, que el Gobierno no ha cumplido después de casi diez
meses. Por eso nosotros hemos planteado una enmienda que lo que intenta es lograr que la moción que se apruebe en esta Cámara sea exigencia, que la necesitamos no solo hacia el Gobierno, sino también hacia el sector financiero. Por ejemplo,
¿podemos condicionar el acceso al FROB a que se acepte la dación de la vivienda como liquidación de la deuda adquirida por ejecuciones hipotecarias? Nosotros creemos que se podría estudiar. También podríamos estudiar que no se pierdan derechos de
ningún tipo por parte de trabajadores en las entidades afectadas, o que los salarios de los ejecutivos se regulen, porque hoy, cuando los salarios de los ejecutivos van en razón del riesgo que asumen, eso significa no solo una afrenta moral, sino
una afrenta económica. No puede ser que los riesgos se socialicen al conjunto de la sociedad, socializando los riesgos o las pérdidas, y, eso sí, privatizando las ganancias. Hemos planteado que se renuncie temporalmente al reparto de beneficios.
¿Están dispuestos, señor Montoro a aceptar esta enmienda? O que, por ejemplo, se modifique el sistema de comisiones cobradas a los usuarios y a las usuarias para adaptarlos a la directiva comunitaria y reducir los elevados e injustificados costes
que suponen tanto para particulares como para empresas. Yo tengo muchas ganas de que el Partido Popular y que el Partido Socialista acepten alguna medida -alguna- que signifique alguna exigencia a las entidades financieras, porque aquí hablan mucho
de la politización, pero lo cierto es que en una cosa se ponen de acuerdo, en que no hay exigencia a las entidades financieras y nosotros lo lamentamos, lo lamentamos francamente. Por ejemplo, ¿estamos dispuestos a modificar la composición de la
comisión rectora del FROB? Porque hoy el Banco de España es un espacio donde se habla de doctrina laboral, de reformas laborales, pero no se habla de la regulación en torno al sobreendeudamiento familiar o de promotoras que arrastra hoy nuestra
economía. ¿Estamos dispuestos a ampliar el plazo de recompra de las emisiones para que sea de cinco años, tres más dos, para que no se produzca una privatización de las cajas? ¿Estamos dispuestos a que las cajas mantengan el carácter territorial y
su naturaleza social? ¿Estamos dispuestos a evitar los procesos de privatización?
A nosotros nos interesa esto -los elementos de exigencia hacia las entidades financieras- y no el FROB como el pimpampum entre Gobierno y oposición, sin que nadie le ponga el cascabel al gato. Hoy se habla de reforma laboral, hoy se habla
de reforma del sistema de pensiones y lamentablemente ni hoy ni mañana ni pasado el Gobierno va a aprobar reformas en el sector financiero que exijan a las entidades financieras que el crédito llegue. Eso es lo que hay que lamentar. Y
lamentablemente hoy, un día más, el Grupo Popular, y en este caso también el Grupo Socialista, pero me refiero al Grupo Popular porque son ustedes quienes presentan la moción, creo que no van a incorporar ninguna de nuestras
propuestas de exigencia a las entidades financieras. El problema es que continúan sin ponerle el cascabel al gato.
Muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrera.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra don Pedro Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, compartimos la preocupación del Grupo Parlamentario Popular y del conjunto de los ciudadanos sobre la escasez de créditos a las pymes, autónomos y familias,
que estrangula las posibilidades de salir de la crisis económica. Una escasez de crédito que se deriva de la situación y características del sector financiero, entrampado y pillado por la burbuja inmobiliaria, un sector financiero excesivamente
expuesto al ladrillo y que está pagando sus consecuencias. En la moción que hoy plantea el Grupo Parlamentario Popular se incluyen multitud de medidas e iniciativas que no se intuían o que no se pusieron sobre la mesa la semana pasada con motivo de
la interpelación. Sin embargo, estando de acuerdo en el fondo de la cuestión, la de avanzar en las reformas del sistema financiero de manera que se pueda contar cuanto antes con un sistema financiero competitivo reformado y útil para salir de la
crisis, tengo dudas más que razonables sobre bastantes de las cuestiones y las quisiera exponer.
Hay una primera parte de obviedades en los apartados I y II: reducir el déficit público, utilizar las posibilidades que define el FROB o realizar un estricto control del dinero público. No obstante, en las letras c) y d) se establece un
régimen que, sin más precisiones, puede producir efectos perjudiciales para las entidades de crédito. Así, vincular las posibles ayudas del FROB a un plazo para la venta de la cartera inmobiliaria puede significar que no se optimice el precio de
enajenación, ya que el mercado conocería el plazo con que se cuenta para enajenar los inmuebles y actuaría en consecuencia. Por lo que se refiere a que los balances reflejen fielmente el valor de los activos, en mi opinión es una responsabilidad
del Banco de España y no parece que haya ninguna razón por parte del Gobierno para que interfiera en esta función.
Los bloques III, IV y V, aprovechando la mención de las fusiones de cajas, plantean el problema de revisar el propio modelo institucional de cajas de ahorro. Aquí proceden varios comentarios. En primer lugar, como ya hemos señalado en otra
ocasión, no se puede hablar de cajas y bancos como si fueran dos tipos unívocos. Hay cajas buenas, cajas malas, bancos buenos y bancos malos. En segundo lugar, la revisión del modelo de cajas de ahorro es algo que parece que debe comenzar a
analizarse, pero desde el respeto a la función que incumplen las cajas de ahorro en el sistema financiero español. Las cajas de ahorro han permitido un mercado de mayor competencia frente al oligopolio bancario y han hecho posible la inclusión de
sectores sociales que no interesaban a los bancos, con la presencia de oficinas de cajas de ahorro en prácticamente todos los lugares del Estado, a la vez que permitir una obra social considerable.
Me preocupa también la referencia que hace el
Grupo Parlamentario Popular a un tipo de caja que denomina de ámbito nacional. No sé a qué se refiere, pero teniendo en cuenta quién lo propone, habría que tener serias dudas y serias reservas al respecto. Parecería que habría dos tipos de cajas:
una, que denominan de ámbito nacional, y, otra, de ámbito meramente local o territorial, sobre la que ni siquiera se precisan las diferencias que existirían. Es absolutamente imprescindible regular los sistemas institucionales de protección en sus
aspectos sustantivos, fiscales y contables. Los SIP pueden realizar una función importante. De hecho, aparecen tan solo regulados en un párrafo del artículo 26 del Real Decreto 226/2008, de 15 de febrero, de recursos propios de las entidades
financieras, y en la norma decimoquinta apartado cinco de la circular 3/2008, del Banco de España, de 22 de mayo. Teniendo en cuenta que esta circular carece de cualquier jerarquía normativa, es evidente que un mero párrafo de un artículo de un
real decreto no es suficiente para dotar de un régimen jurídico adecuado a los SIP.
Por lo que se refiere a las cuotas participativas con derechos políticos, es una cuestión que sin duda debe analizarse dentro del nuevo modelo de cajas de ahorro que antes mencionábamos. Las nuevas medidas que se van a adoptar en el ámbito
de la Unión Europea, en relación con la capitalización de las entidades de crédito, puede colocar a las cajas en una situación complicada. Al ser sociedades, los bancos tienen un buen número de instrumentos a través de los cuales pueden captar
capital. Para empezar, las cajas no tienen capital en sentido estricto y las cuotas participativas sin derecho de voto tienen un atractivo muy limitado en el mercado, como lo acredita el hecho de que son muy pocas las cajas que han hecho uso de ese
instrumento. La existencia de los derechos políticos por parte de los inversores supondría una alteración relevante en la composición de las asambleas de las cajas de ahorro, ya que además de los grupos de interés que en este momento están
representados, aparecían otros, los inversores financieros, alejados del modelo típico. Por esa razón, sin perjuicio de que parece necesario un instrumento como el citado, no se puede contemplar de manera aislada del proceso de revisión del modelo
de cajas de ahorro. Habrá que analizar la experiencia de otros países de la Unión Europea con relación a las cajas.
La referencia a las comunidades autónomas como siempre hay que tomarla con especial cautela. En mi opinión, en ningún caso la regulación debe afectar a las competencias que cada comunidad autónoma tenga de acuerdo con sus estatutos de
autonomía. Si existen comunidades autónomas con competencias que incluso pueden llevar a veto, la solución no será nunca la de alterar mediante una simple ley o un real decreto el
ámbito de competencias de cualquier comunidad autónoma. Respecto a la profesionalización, quiero señalar que en los órganos de gobierno es evidente que formaría parte del debate más amplio, que antes señalaba, respecto al modelo de cajas.
Ahora bien, la utilización demagógica del tema es absolutamente rechazable. Todas las entidades financieras que ha creado la crisis a su vez han llevado profesionales en sus órganos de gobierno.
Para terminar, diré que las reformas y los cambios son necesarios. No queremos evitar el debate ni las medidas. Sin embargo, tal y como he manifestado, mi grupo parlamentario piensa que hay muchos elementos y cuestiones que es preciso
clarificar antes de avanzar con este tema. La eficiencia y eficacia de las entidades financieras, sí, sin ninguna duda, pero el estricto respeto competencial también. Quizá compaginar ambas cuestiones lleve más trabajo y sea más difícil, pero para
nuestro grupo es imprescindible. Por estas dudas, a nuestro juicio más que razonables, vamos a votar en contra de esta moción.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha analizado con detenimiento, con la máxima atención y con la máxima profundidad la moción que nos ha presentado el Grupo Parlamentario Popular y, una vez
analizada, repito, con el máximo detalle y la máxima profundidad, hemos llegado a la conclusión de que planteaba muchísimos aspectos financieros relacionados con muchos departamentos, relacionados también con cuestiones que a nuestro juicio tienen
que ser funciones ejecutivas que ha de realizar el Banco de España, otras que probablemente las tendría que realizar el Gobierno, otras con las que podríamos estar de acuerdo en el sentido de que se pudiera plantear con la máxima urgencia la reforma
del sistema financiero y otras que van dirigidas y orientadas hacia un aspecto de fondo, en el que podríamos estar de acuerdo y que se tendría que resolver de una manera rápida, eficaz, y es la financiación de las pequeñas y medianas empresas. Con
lo que no podemos estar de acuerdo, por ejemplo, es con que esta financiación de las pequeñas y medianas empresas tenga que estar ligada forzosamente a que, si hay un excesivo endeudamiento por parte del Estado español, esto perjudique notablemente
la financiación de las pequeñas y medianas empresas.
Son muchísimas cuestiones, de las que con algunas podríamos estar de acuerdo, aunque en otras lógicamente no lo estamos, además de que básicamente hay un aspecto en el que estamos radicalmente en contra. Este grupo parlamentario está
radicalmente en contra de plantear una modificación de la Ley de Cajas mediante una moción, de una manera precipitada, sin analizar profundamente cuál tiene que ser el límite de esta reforma de la Ley de Cajas, porque el problema que pueda existir
en algunas cajas españolas, y desde esta perspectiva nosotros lo lamentamos profundamente, no tiene absolutamente nada que ver con las dificultades que puedan tener las cajas catalanas. Como tampoco podemos estar de acuerdo con que la Ley de Cajas
catalana esté politizada al cien por cien o por un porcentaje de politización mayor del que puedan estar politizadas algunas cajas de otras comunidades autónomas.
Entendemos que esta es una moción que mezcla demasiadas cosas y en la que nosotros no estamos en absoluto de acuerdo. Si se votaran algunos puntos separadamente, podríamos coincidir con algunos planteamientos del Grupo Popular, pero algunos
aspectos relevantes, la mayoría de ellos, entendemos que no se pueden votar precipitadamente en una moción -repito- sin un estudio y un análisis detallado de los mismos y donde se plantean reformas como la Ley de Cajas, que se han de debatir de una
manera tranquila, de una manera sosegada, con el máximo consenso y que no se pueden resolver con un pimpampum. Por este motivo, nosotros no vamos a votar favorablemente la moción planteada por el Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra doña Marta Gastón.
La señora GASTÓN MENAL: Gracias, señor presidente.
Señorías, señoras y señores del PP, señor Montoro, permítanme que les diga que más que una moción consecuencia de interpelación lo que ahora mismo estamos debatiendo es más bien una moción consecuencia de contradicción.
Señor Montoro, con
el único fin que parece que ustedes tienen, que es el de desgastar sin tregua al Gobierno socialista, parece que ya todo vale.
En cuanto a la dificultad de acceso al crédito, realizan, por supuesto, su diagnóstico particular y cargan culpas, y comprenderán que a estas alturas ya no nos supone ninguna novedad el hecho de que por su parte también esta vez carguen
culpas contra la deuda pública y contra el Gobierno.
¿Cuáles son, señor Montoro, las recetas que nos proponen en esta moción? En primer lugar, ustedes nos piden de nuevo corregir el déficit público.
Yo me pregunto, señor Montoro, ¿para qué cree usted que es el Plan de austeridad que ha
presentado el Gobierno? Por más que ustedes insistan, nuestra deuda pública sigue veinte puntos por debajo de la media europea y, por más que insistan, no provoca efecto expulsión alguno sobre el crédito privado. A la explicación dada otra vez,
por su insistencia en el asunto, esta misma mañana en la Comisión
de Economía por el señor secretario de Estado, le remito. En segundo lugar, nos piden de nuevo también, una reforma de la Ley de Cajas, de la Lorca. Nos la piden de nuevo, cuando por activa y por pasiva se les dice desde el Gobierno, se
les dice desde el Grupo Socialista, se les dice por parte de otros grupos, incluso ustedes mismos lo acordaron en una hoja de ruta inicial acerca de cómo actuar con el sistema financiero, que lo fundamental hoy es que las cajas, el sistema
financiero en su conjunto, se normalice, que demos este tiempo previamente para abordar la reestructuración y que, desde luego, no sería bueno en este momento, acordado para la reestructuración, que se crearan incertidumbres, que se crearan
expectativas sobre cambios jurídicos o cambios regulatorios que afectaran a la reestructuración mejor, a la más óptima.
Les adelantamos de todos modos que pese a que seguimos siendo -insistimos- partidarios de esperar a la restructuración para presentar y debatir la modificación de la Lorca, tenemos unos objetivos prioritarios muy claros, facilitar una mejor
financiación de las cajas de ahorros ante el futuro económico y regulatorio, pero escuche bien, señor Montoro, queremos preservar el modelo de cajas español, el modelo vigente, cuyas singularidades han demostrado con creces -así lo vemos- los
beneficios para nuestro sistema financiero y para el conjunto de la sociedad, combinando la actividad crediticia con una finalidad social que sin duda redunda en beneficio de todos. Ahora, para forzar la restructuración quieren cambiar el diseño
del FROB, en cuyo redactado definitivo ustedes mismos colaboraron. Por más que insistan, una vez más les decimos que solamente se puede actuar -y solamente podría hacerlo en este caso el Banco de España- ante la situación de encontrarnos con
entidades financieras con problemas de solvencia. En ningún otro caso el Gobierno ni el Banco de España podrían actuar; tendrían que ser las entidades motu proprio. Piden -más impensable por su parte- un exagerado intervencionismo y ya se ha
comentado por algún otro portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, pero créannos que ni el Gobierno ni el Parlamento podemos suplir las competencias exclusivas del Banco de España que ustedes piden en la moción.
Por último, paso a la mayor de las contradicciones. Estamos aquí, señor Montoro, debatiendo su vademécum, el vademécum del Partido Popular en cuanto al sistema financiero; vademécum que siempre ha recogido una misma petición. A modo de
ejemplo tengo aquí publicaciones del día en el que se aprobó el FROB en el Consejo de Ministros, del día en el que el FROB se debatió en esta Cámara, de distintos debates parlamentarios de esta Cámara también o del documento que ustedes presentaron
para los posibles -y deseados por nuestra parte al menos- acuerdos de Zurbano. Pues bien, estos vademécum siempre han incluido la misma petición por su parte, que los gobiernos autonómicos no interfieran en el proceso de fusiones entre cajas de
ahorros. Añadimos lo dicho por el señor Nadal al respecto esta mañana en la Comisión de Economía: No puede haber gobiernos autonómicos que estén frenando procesos de fusión. Vamos, lo que es su tesis, lo que siempre la ha sido, todas y todos los
aquí presentes la conocemos. Lo que no conocemos, señor Montoro, es si el señor Núñez Feijóo es consciente de que hoy ustedes están defendiendo aquí estos planteamientos de nuevo. No lo sabemos porque hoy ustedes van a conseguir el súmmum de la
contradicción. Con tal de seguir en ese afán de desgaste sin tregua al Gobierno, son capaces de defender y votar su tesis y, a la vista de lo escuchado en la moción presentada por el Bloque Nacionalista Galego, la contraria.
Señoras y señores del Partido Popular, diversifiquen un poco sus esfuerzos y no los dediquen solo a desgastar al Gobierno. Súmense de una vez al esfuerzo colectivo y al compromiso político por salir de esta crisis.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Gastón.
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL.
El señor PRESIDENTE: Todos los portavoces de los distintos grupos parlamentarios han firmado una declaración institucional a la que ruego al señor secretario tenga la bondad de dar lectura.
El señor SECRETARIO (Beloki Guerra): Declaración institucional del Congreso de los Diputados sobre los bicentenarios de las independencias de las repúblicas latinoamericanas.
La conmemoración de los bicentenarios de las independencias de las repúblicas latinoamericanas, que se extenderá más allá de la presente década, representa un acontecimiento de especial significado y trascendencia para América Latina y
ofrece una importante oportunidad a los países latinoamericanos para confrontar sus raíces históricas, sus desafíos del presente y los retos de futuro en un mundo crecientemente interdependiente y globalizado. Es además una conmemoración que afecta
también a España en cuanto actor de un mismo hecho histórico que tiene importantes proyecciones en el presente. Por ello, los bicentenarios ofrecen también una oportunidad para que América Latina y España, que comparten un pasado común, una cultura
y una lengua, que mantienen intensas relaciones político-diplomáticas y que tienen especiales vínculos de orden político, económico, social y cultural colaboren en la definición de una agenda común para afrontar esos desafíos y avanzar en la
construcción de sociedades más justas y solidarias en el marco de una comunidad iberoamericana de naciones. Hemos progresado mucho, pero aún nos quedan importantes retos que superar: la pobreza de muchos, las desigualdades, la marginación de los
pueblos originarios y de los afrodescendientes, objetivos de desarrollo endógeno, la defensa del medio ambiente y la investigación comunes. Ninguno de estos problemas nos es ajeno.
El Parlamento español quiere, pues, acompañar a los pueblos latinoamericanos en esta conmemoración, cuyo protagonismo les corresponde, y hacerles llegar el reconocimiento y respeto de los ciudadanos españoles a los que representamos. En
esta larga andadura, después de haber superado desencuentros y dificultades, hemos avanzado en la consolidación de una comunidad de pueblos y de naciones. Entre todos hemos sido capaces de extender los espacios de libertad, de democracia, de
justicia y de igualdad. Para enfrentarnos a los problemas pendientes y a los desafíos del futuro no hay mejor garantía que fortalecer la educación y el conocimiento. Es, pues, el momento adecuado para apoyar un proyecto colectivo que articulado en
torno a la educación contribuya al desarrollo económico y social de la región y a la formación de una generación de ciudadanos cultos y libres en sociedades democráticas e igualitarias.
Las cumbres iberoamericanas de jefes de Estado y de Gobierno, celebradas los dos últimos años en El Salvador y Portugal, han acordado impulsar un gran proyecto educativo, Metas educativas 2021: La educación que queremos para la generación
de los bicentenarios, y se han comprometido a darle su respaldo definitivo en la cumbre que este año 2010 se celebrará en Argentina. Su objetivo es incluir en el sistema educativo a toda la población escolar, mejorar la calidad de la enseñanza y
comprometer a la sociedad en el esfuerzo educativo. No es posible avanzar en la cohesión y en la inclusión social sin una apuesta decidida por la educación. Del éxito de este proyecto, coordinado por la Secretaría General Iberoamericana y por la
Organización de Estados Iberoamericanos para la Ciencia, la Educación y la Cultura, depende en gran medida el progreso económico y social de la región.
El Parlamento español, con motivo de la conmemoración de los bicentenarios, quiere saludar también el comienzo de este proyecto y manifestar su deseo de que a lo largo de la década se alcancen sus necesarios y ambiciosos objetivos.
En el Palacio del Congreso de los Diputados, a 23 de marzo del año 2010.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A DOTAR DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO. (Número de expediente 122/000124.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar las votaciones.
En primer lugar, votamos la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Popular relativa a dotar de apoyo a las organizaciones sin ánimo de lucro.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 343.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA ORAMAS Y SEÑOR PERESTELO), SOBRE LAS SALINAS TRADICIONALES DE CANARIAS. (Número de expediente 122/000196.)
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señora Oramas y señor Perestelo) sobre las salinas tradicionales de Canarias.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 165; en contra, 178.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A IMPULSAR, DURANTE EL PERIODO DE LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA UNIÓN EUROPEA, LA CREACIÓN DE LA CAPITALIDAD EUROPEA DE LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL. (Número de expediente
162/000529.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a impulsar durante el periodo de la Presidencia española de la Unión Europea la creación de la capitalidad europea de la
accesibilidad universal. Se vota en los términos de la proposición sin ningún tipo de enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 342; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A DOTAR AL FONDO DE RESERVA DE LOS 8.023 MILLONES DE EUROS CORRESPONDIENTES AL EXCEDENTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL AÑO 2008. (Número de expediente 162/000559.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a dotar al Fondo de Reserva de los 8.023 millones de euros correspondientes al excedente de la Seguridad Social del año 2008. Se vota en sus términos y sin
enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 149; en contra, 194.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SR. JORQUERA), SOBRE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO PARA PRESERVAR LA NATURALEZA SOCIAL Y EL VÍNCULO TERRITORIAL DE LAS CAJAS DE AHORRO. (Número de expediente 173/000126.)
El señor PRESIDENTE: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.
Moción del Grupo Mixto, del señor Jorquera, sobre la posición del Gobierno para preservar la naturaleza social y el vínculo territorial de las cajas de ahorro. Se
vota en los términos de la moción, con la enmienda del Grupo Popular. ¿Es así, señor Jorquera? (Asentimiento.)
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 172; en contra, 170; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE EL PROCESO DE AJUSTE FISCAL Y REDUCCIÓN DEL DÉFICIT PÚBLICO QUE HA PROGRAMADO EL GOBIERNO. (Número de expediente 173/000127.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre el proceso de ajuste fiscal y reducción del déficit público que ha programado el Gobierno. Votamos el apartado 3.d) de esta
moción por haberlo así solicitado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, ocho; en contra 327; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el apartado 3.d).
Votamos a continuación el resto de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, nueve; en contra, 326; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el resto de la moción.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA REESTRUCTURACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL COMO ELEMENTO IMPRESCINDIBLE PARA EL ACCESO AL CRÉDITO A FAMILIAS Y EMPRESAS.
(Número de expediente
173/000128.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Popular relativa a la reestructuración y fortalecimiento del sistema financiero español como elemento imprescindible para el acceso al crédito a familias y empresas.
(El señor Ridao i
Martín pide la palabra.)
Señor Ridao, ¿qué desea?
El señor RIDAO I MARTÍN: Señor presidente, si me lo permite, pido votación separada del apartado número II.
El señor PRESIDENTE: Señor Montoro, ¿cuál es su criterio acerca de la solicitud?
El señor MONTORO ROMERO: Votamos en bloque, señor presidente, votamos toda la moción.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. En tal caso se vota la moción del Grupo Parlamentario Popular en los términos en que el grupo la ha presentado. ¿De acuerdo? (Asentimiento.)
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 150; en contra, 183; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve horas.
Eran las ocho y quince minutos de la noche.