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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 147, de 16/03/2010
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2010 IX Legislatura Núm. 147
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 138
celebrada el martes, 16 de marzo de 2010
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al uso de hasta el 60 por ciento de los recursos del Fondo estatal para el empleo y la sostenibilidad local, para hacer frente al pago de facturas pendientes con pymes y autónomos.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 218-1, de 18 de diciembre de 2009. (Número de expediente 122/000195.) ...
(Página 5)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 223-1, de 9 de febrero de 2010.
(Número de expediente 122/000200.) ... (Página 11)
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para favorecer la toma de decisiones y la
renovación de sus miembros. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie B, número 214-1, de 4 de diciembre de 2009. (Número de expediente 122/000192.) ... (Página 11)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre impulso del vehículo eléctrico. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 339, de 19 de febrero de 2010. (Número de expediente 162/000596.) ... (Página 18)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a paliar la mala situación que atraviesa el sector turístico español. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 333, de 9 de febrero de 2010. (Número de expediente
162/000567.) ... (Página 23)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Barkos), relativa a la posición del Gobierno sobre los criterios para la elaboración del mapa radiofónico.
(Número de expediente 173/000122.) ... (Página 27)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a propiciar una mejor calidad de vida y acceso a los tratamientos en igualdad de condiciones a los afectados por enfermedades raras. (Número de expediente 173/000123.) ...
(Página 31)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa al desarrollo y aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia y las
posibilidades de mejorar su aplicación, especialmente en lo que atañe a su potencial de creación de empleo.
(Número de expediente 173/000124.) ... (Página 36)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los motivos del Ejecutivo para mantener la subida del IVA a pesar de las previsiones de la Comisión Europea de que perjudicará a la recuperación económica.
(Número de expediente
173/000125.) ... (Página 42)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página 49)
Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página 49)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 50)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 5)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al uso de hasta el 60 por ciento de los recursos del Fondo estatal para el empleo y la sostenibilidad local, para hacer frente al pago de facturas pendientes con pymes y autónomos....
(Página 5)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Merino López, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Díez González y el señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Callejón Baena, del Grupo Parlamentario Socialista.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional ... (Página 11)
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para favorecer la toma de decisiones y la
renovación de sus miembros ... (Página 11)
Defienden conjuntamente la toma en consideración de las proposiciones de ley los señores Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Díez González y los señores Perestelo Rodríguez y Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); García-Tizón López, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Quijano González, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proposiciones no de ley ... (Página 18)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre impulso del vehículo eléctrico ... (Página 18)
Defiende la proposición no de ley el señor Alique López, del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Erias Rey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió); Canet i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Salvador Armendáriz, del Grupo Parlamentario Mixto.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Alique López.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a paliar la mala situación que atraviesa el sector turístico español ... (Página 23)
En defensa de la proposición no de ley interviene la señora Salom Coll, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); los señores Canet i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds y Larrosa Piqué, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones interviene la señora Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Salom Coll.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 27)
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Barkos), relativa a la posición del Gobierno sobre los criterios para la elaboración del mapa radiofónico ...
(Página 27)
En defensa de la moción interviene la señora Barkos Berruezo, del Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Moscoso del Prado Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Canet i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verd; la señora Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) y el señor Cervera Soto, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Barkos Berruezo.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a propiciar una mejor calidad de vida y acceso a los tratamientos en igualdad de condiciones a los afectados por enfermedades raras ...
(Página 31)
Defiende la moción la señora Tarruella Tomàs, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Martínez Soriano, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso; y la señora Martín González, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto y el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Tarruella Tomàs.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa al desarrollo y aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia y las posibilidades
de mejorar su aplicación, especialmente en lo que atañe a su potencial de creación de empleo ...
(Página 36)
En defensa de la moción interviene el señor Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Fernández Davila y el señor Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Méndez Monasterio, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; y los señores Tardà
i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Sahuquillo García, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Campuzano i Canadés.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los motivos del Ejecutivo para mantener la subida del IVA a pesar de las previsiones de la Comisión Europea de que perjudicará a la recuperación económica ...
Defiende la moción el señor Montoro Romero, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Barkos Berruezo y Díez González y el señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto y los señores Herrera Torres y Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Fernández Marugán, del Grupo Parlamentario
Socialista.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Montoro Romero.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página 49)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al uso de hasta el 60 por ciento de los recursos del Fondo estatal para el empleo y la sostenibilidad local, para
hacer frente al pago de facturas pendientes con pymes y autónomos, se rechaza por 162 votos a favor, 174 en contra y 11 abstenciones.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, se rechaza por 27
votos a favor y 320 en contra.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre,
del Tribunal Constitucional, para favorecer la toma de decisiones y la renovación de sus miembros, se rechaza por 27 votos a favor, 319 en contra y una abstención.
Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página 49)
Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre impulso del vehículo eléctrico, se aprueba por 196 votos a favor, uno en contra y 150 abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a
paliar la mala situación que atraviesa el sector turístico español, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se rechaza por 167 votos a favor, 176 en contra y cuatro abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 50)
Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Barkos), relativa a la posición del Gobierno sobre los criterios para la elaboración del mapa radiofónico, se aprueba por 184 votos a favor,
cuatro en contra y 159 abstenciones.
Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a propiciar una mejor calidad de vida y acceso a los tratamientos en igualdad de condiciones a los afectados por
enfermedades raras, se aprueba por 346 votos a favor.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa al desarrollo y aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de
dependencia y las posibilidades de mejorar su aplicación, especialmente en lo que atañe a su potencial de creación de empleo, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, se aprueba por 195 votos a favor y 152
abstenciones.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los motivos del Ejecutivo para mantener la subida del IVA a pesar de las previsiones de la Comisión Europea de que perjudicará a la recuperación económica,
se rechaza por 170 votos a favor, 176 en contra y una abstención.
Se suspende la sesión a las nueve de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA AL USO DE HASTA EL 60 POR CIENTO DE LOS RECURSOS DEL FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL, PARA HACER FRENTE AL PAGO DE FACTURAS PENDIENTES CON PYMES Y AUTÓNOMOS.
(Número de expediente 122/000195.)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Primer punto del orden del día: Proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa al uso de hasta el 60 por ciento de los recursos del Fondo estatal para el empleo y la sostenibilidad local, para hacer frente al pago de facturas
pendientes con pymes y autónomos. Para la defensa de la toma en consideración de la mentada proposición de ley tiene la palabra don Rafael Merino.
El señor MERINO LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular presenta esta proposición de ley, clara y concreta, relativa a que el 60 por ciento del segundo fondo local, dedicado a los ayuntamientos, se pueda destinar por parte de estos a pagar la factura a
proveedores, pymes y autónomos por orden de antigüedad de esas facturas. Señorías, hoy los ayuntamientos realizan un 30 por ciento de competencias impropias, que no tienen financiación, lo que equivale a 6.700 millones de euros. El Gobierno del
Partido Socialista en los Presupuestos Generales del Estado de 2010 recortó 3.000 millones de euros a los ayuntamientos. En los presupuestos del año 2011 parece ser que la cifra de recortes a los ayuntamientos puede llegar a 4.500 millones de
euros. Las corporaciones locales tienen que devolver al Estado, por liquidación negativa del año 2008, 1.500 millones de euros.
Las corporaciones locales, señorías, están estancadas. En 1979 llevaban a cabo el 11 por ciento del gasto público. En
el año 2010 llevan a cabo un 13,40 por ciento de gasto público. A esto hay que añadir el sablazo que va a pegar el Gobierno socialista y que todas SS.SS. van a tener hoy ocasión de votar con una moción del Grupo Popular relativa al IVA. Ese
sablazo del IVA no es solo un sablazo a todos los ciudadanos de España, es un sablazo también a los ayuntamientos porque les encarece todas sus compras en un 12,5 por ciento, y la situación de los ayuntamientos, señorías, por mucho que el Gobierno
no quiera admitirlo, es absolutamente insostenible. Además hay que recordar los engaños del Partido Socialista.
Son claros y concretos. Referido al programa electoral del Partido Socialista del año 2004, página 62: La financiación local y la
financiación autonómica deben financiarse de forma conjunta. Otro engaño del Partido Socialista, programa electoral del año 2007, página 11: Nos comprometemos a impulsar la reforma de la financiación local a la vez de la financiación autonómica.
Programa electoral del año 2008, página 271, otro engaño socialista a los ciudadanos: Nos comprometemos a impulsar la reforma de la financiación local a la vez de la reforma de la financiación autonómica. Otro engaño más, este del presidente del
Gobierno en el discurso de investidura
del año 2008: La financiación local se elaborará junto con la nueva financiación autonómica.
Señorías, las corporaciones locales tienen una deuda con pymes y autónomos que ronda, según las cifras que se manejan, los 35.000 millones de euros.
Esta deuda de las corporaciones locales ha llevado a una situación insostenible a las pymes
y a los autónomos. Esta deuda de las administraciones, el retraso en los pagos, los sablazos y subidas de impuestos del Gobierno socialista y la falta de crédito por parte de las entidades financieras han llevado a una situación de ahogo y de
desesperación a las pymes y a los autónomos, y muchos de ellos se han quedado en el camino y han desaparecido. Cuando trajeron el primer fondo local les dijimos que iba a ser un fracaso. Ustedes engañaron a los ciudadanos: dijeron que se iban a
crear 450.000 empleos. El resultado es que en el año 2009 ha habido 1.300.000 parados más. Este es el resultado de su primer fondo local. Aquí lo tienen ustedes. Lo que iban a ser 450.000 nuevos empleos se han convertido en 1.300.000 parados
más. El Grupo Popular y el Partido Popular, cuando trajeron el primer fondo local, le dijeron que dedicaran los 8.000 millones a pagar a proveedores, a pymes y a autónomos, porque era la solución de mantener mucho empleo estable que las pymes y
autónomos tenían. No nos quisieron hacer caso y se empeñaron vendiendo la idea de que era para ayudar a los ayuntamientos, cuando lo que ustedes pretendían era que a través de los ayuntamientos se creara empleo, y se ha demostrado el fracaso porque
no se ha creado ni un solo puesto de trabajo en el año 2009. Les dijimos: Dediquen los 8.000 millones a pagar a pymes y a autónomos y conseguirán que sobrevivan muchas pymes, muchos autónomos y que se mantenga mucho empleo estable. No se
conformaron con eso. Obligaron a los ayuntamientos en época de crisis, y con la crisis que tienen, a gastar más de 60 millones de euros en llenar España de carteles, como todos los ciudadanos hemos visto, en vez de dedicar esos 60 millones de euros
a pagar facturas a pymes y a autónomos.
El primer y el segundo fondo local no eran para ayudar a los ayuntamientos, eran para intentar crear empleo y han sido un fracaso. Si los 13.000 millones, es decir, más de 2 billones de las antiguas pesetas, del primer y del segundo fondo
local se hubieran dedicado a pagar las facturas pendientes de proveedores, de pymes y de autónomos, habrían conseguido que ese gráfico que les he enseñado se hubiera reducido de forma significativa, pero no quisieron escuchar al Grupo Popular, no
quisieron escuchar al Partido Popular. Nos dijeron que íbamos al margen de la realidad, pero la cruda realidad es que hay 1.300.000 parados más en el año 2009. Su política, la política del Gobierno Socialista es una política de destrucción de
empleo, es una política de no querer salir de la crisis. Escuchen ustedes el éxito de su política económica: 4.600.000 parados, un millón de jóvenes sin empleo, 1.200.000 familias con todos en el paro y 1.300.000 parados más en el año 2009. Ese
es el éxito de las 137 medidas que el señor Rodríguez Zapatero, a bombo y platillo, dice todos los días que ha puesto en marcha. Pues si ese es el éxito, yo les digo que es el fracaso y la ruina de España y de todos y cada uno de los españoles.
(Aplausos.) Miren ustedes, el éxito, que es el fracaso de toda España, es que en el año 2009 desaparecieron 65.000 pymes y 130.000 autónomos. Si ustedes hubieran dedicado ese dinero del primer fondo local a pagar pymes y autónomos muchos de estos
de los que hoy estamos hablando hubieran mantenido sus empresas y hubieran mantenido puestos de trabajo.
Cuando plantearon el segundo Fondo Local, el Grupo Parlamentario Popular les dijo: Dediquen al menos el 60 por ciento de ese fondo a pagar facturas de pymes y autónomos. No nos hicieron caso, pero no solo no hicieron caso al Grupo Popular,
es que no hicieron caso a la Federación Española de Municipios y Provincias, gobernada precisamente por un alcalde socialista. En esa reunión del 29 de septiembre de 2009, la Federación Española de Municipios y Provincias, por unanimidad de todos
sus miembros, es decir, empezando por el Partido Socialista, pidió al Gobierno poder dedicar el 60 por ciento del fondo a gastos corrientes para pagar facturas de proveedores. ¿Qué hicieron ustedes? No escuchar a la Federación Española de
Municipios y Provincias, no escuchar a los alcaldes socialistas, no escuchar a los alcaldes de todos los partidos políticos y empeñarse en conseguir algo, que, como se ha demostrado en el primer fondo local, no va crear ningún empleo. Ese esfuerzo
que ustedes han pedido a los españoles en el primer y en el segundo fondo local, de 13.000 millones de euros -más de 2 billones de pesetas-, solo ha servido para crear más parados: 1.300.000 parados más en el año 2009.
Les pedimos una nueva financiación local con la nueva Ley de Gobierno Local. Hoy todas SS.SS. tienen una gran oportunidad, tienen la oportunidad de votar a favor de una medida para empezar a salir de la crisis. Esta medida que plantea el
Grupo Popular, que se puede y se debe resolver en el plazo de un mes, puede ayudar a salir de la crisis. Pagar facturas, con la antigüedad que conlleven, de proveedores, de pymes y autónomos por parte de los ayuntamientos es una medida para salir
de la crisis y nosotros se la brindamos al conjunto de la Cámara. Es una medida para modificar el Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre. Es una medida que el Gobierno puede aplicar en el plazo de un mes. Confiamos en que ustedes, señorías,
quieran salir de la crisis, que apoyen esta proposición de ley del Grupo Popular. Esta es una de las medidas que el equipo económico del Partido Popular ha entregado al Gobierno en esas reuniones de Zurbano y hoy se la ofrecemos al conjunto de la
Cámara para que la vote.
Señorías, estamos empeñados en ayudar a España a salir de la crisis. Hoy lamentaríamos mucho que muchas de SS.SS. no quisieran salir de la crisis y quisieran seguir ahondando en los errores del Gobierno socialista, que en algunas ocasiones
muchos de ustedes han votado a favor. Rectificar es de sabios. Aquí hay una oportunidad
que el Partido Popular y el Grupo Parlamentario Popular brindan para salir de la crisis y les invito a que todos la voten a favor, porque así ayudaremos a muchas pymes y a muchos autónomos a que mantengan sus empresas abiertas y a que se
mantenga ese empleo que parece ser que el Gobierno socialista se ha empeñado en destruir.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Merino.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, tiene la palabra doña Rosa Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.
Estamos ante el debate de una proposición de ley, por tanto se nos pide que nos posicionemos sobre la toma en consideración. Sobre eso, sobre la toma en consideración, es sobre lo que yo me voy a posicionar en este breve turno de
intervención, sin perjuicio de que plantee alguna cuestión sobre el fondo que nos ha sometido a consideración el portavoz del Grupo Popular.
La posición de Unión, Progreso y Democracia en relación con el Fondo estatal para el empleo y la sostenibilidad local es conocida; nos hemos manifestado en esta misma Cámara en contra porque nos parece que es un fondo que se llama así pero
que ni favorece el empleo sostenible ni resuelve los problemas de financiación de las administraciones locales.
Por tanto, sentado esto sobre el fondo del que se está hablando, también le quiero plantear al Grupo Popular una reflexión sobre lo que
él plantea. He de decirles que a mí destinar los recursos a cuestiones diferentes que aquellas para las que están previstas en principio no me parece bien. Es cierto que ese fondo está siendo destinado a cuestiones distintas a aquellas que
incorpora en su título, pero así y todo me parece que hay una cierta trampa, si me permiten -en minúsculas y entrecomillas y que nadie lo quiera interpretar mal-, a la hora de plantear un destino diferente sobre unos fondos que o están adjudicados o
cuya adjudicación está a punto de ser terminada. No obstante, como de lo que se trata es de plantear y de votar sobre la toma en consideración, anuncio que voy a votar positivamente la toma en consideración, si bien me reservo mi posición y anuncio
enmiendas de fondo, diría que de totalidad, sobre el contenido de la proposición, porque, señor Merino, los problemas de la financiación de las corporaciones locales, los problemas de morosidad no se resuelven con esta medida. Ustedes han tenido
oportunidades, como partido que ha gobernado -lo mismo que el Partido Socialista-, de resolver de verdad los problemas de morosidad de las administraciones locales, un primer problema que tiene que ver con eso que usted ha llamado asunción de
competencias impropias. En primer lugar, tenemos que definir con absoluta claridad cuáles son las competencias de cada cual para que nadie asuma lo que no es de su competencia y, en segundo lugar, los problemas de morosidad de las administraciones
locales se resolverán cuando haya una nueva ley de financiación local. No engañemos a nadie, esto es un parche; por tanto anuncio mi voto positivo a la toma en consideración y enmienda a la totalidad cuando se tramite como ley, si es que sale
adelante.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.
Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, presidente.
Señorías, el Bloque Nacionalista Galego comparte la preocupación del grupo proponente ante la grave situación de falta de liquidez que atraviesan muchas pequeñas y medianas empresas y muchos autónomos, falta de liquidez en la que tienen un
claro impacto los impagos que sufren, incluidos los impagos de las administraciones públicas. No obstante, la medida que plantea en esta proposición de ley el Grupo Popular en primer lugar es inejecutable, dado que muchos ayuntamientos ya tienen
sus proyectos contratados con cargo al Fondo estatal para el empleo y la sostenibilidad local. Además, el Bloque Nacionalista Galego es partidario de no confundir planos. Nosotros entendemos que los problemas de financiación de las pymes y
autónomos tienen que tener otros marcos de resolución. En primer lugar, la proposición de ley admitida a trámite y que nosotros apoyamos, relativa a medidas contra la morosidad; en segundo lugar, vincular las ayudas al sector financiero, a la
restauración del crédito, a la economía productiva, y en tercer lugar que el ICO desempeñe otro papel reforzando sus líneas de crédito y operando como una banca pública directa. Por otro lado, entendemos que el problema que ahoga a muchas entidades
locales no tiene otro marco de resolución que abordar de una vez por todas la reforma del sistema de financiación local. El Fondo para el empleo y la sostenibilidad local, por muchas reservas que su formulación concreta nos pueda merecer, tiene que
tener un objetivo prioritario: incidir en factores que contribuyan a reactivar la economía y modificar el patrón de crecimiento, fin del que no se debe desviar.
Por estas razones el Bloque Nacionalista Galego va a votar en contra de la admisión a trámite de esta proposición de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra don Joan Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, presidente.
En primer lugar, señor Merino, una consideración: no nos gusta, no nos gusta que mezcle financiación local
con financiación autonómica. Sé que no tiene que ver con la iniciativa, pero creo que no hay que hacer demagogia en esos temas. Existe un problema de falta de financiación local, existe un problema de falta de financiación autonómica y,
diría más, existe un problema de financiación en las administraciones, porque ha caído un 4 por ciento el PIB y ha caído un 25 por ciento la recaudación de las diferentes administraciones.
Creo que la responsabilidad de todos, del Gobierno y de las
fuerzas políticas que están en el Parlamento, sería reflexionar en torno a cómo recuperamos un tono fiscal que no nos coloque a la cola de Europa en esfuerzo fiscal, superado solo por Estonia. Eso en primer lugar.
Segundo elemento. Tengo que decirle que no estamos de acuerdo con la iniciativa en los contenidos ni en los tiempos. ¿Por qué no estamos de acuerdo en los contenidos? Porque hoy existe un problema grave en los ayuntamientos, que es su
financiación. Es más, cuando se ha discutido este nuevo fondo nosotros planteábamos que hubiese un incremento de aquellos recursos que se destinasen a los presupuestos, al capítulo 1, al capítulo 2, por parte de ayuntamientos. Creemos que nos
quedamos cortos, que ese 20 por ciento, pese a que no se ha llegado al mismo, debería haber ido mucho más allá. Ahora bien, ¿tenemos que reconvertir ese fondo para que pague a la pequeña y mediana empresa descuidando la realidad financiera de los
ayuntamientos, olvidándonos de los problemas que tienen hoy los ayuntamientos a la hora de responder a las necesidades sociales de nuestras ciudades, de nuestros barrios, de nuestros pueblos? Yo creo que no. Si se tuviese que reformar en algo el
fondo, se debería destinar a aquellos capítulos que no incrementan tesorería, sino la capacidad de nuestros entes locales para hacer frente a los retos sociales extraordinarios que tienen hoy debido a esta gran crisis económica.
Nosotros
planteábamos, por tanto, que el 50 por ciento del fondo se destinase a dar respuesta a los problemas de la gente y ustedes dicen que no, que el 60 por ciento del fondo se destine a reducir la morosidad.
Creemos que ese no es el camino.
Tercer elemento. ¿Existe hoy un problema de falta de liquidez por parte de nuestras empresas? Creo que la respuesta es sí, pero entendemos que los caminos tienen que ser otros: en primer lugar, exigencia a las entidades financieras para
que den crédito. ¿Están ustedes de acuerdo con nosotros en poner como condición para intervenir en el FROB que las cajas y los bancos, en este caso las cajas, que reciban fondos den un porcentaje determinado en el acceso a crédito? ¿Están ustedes
de acuerdo con nosotros en que se tienen que reducir las comisiones bancarias, siendo estas las más elevadas de Europa? ¿Están ustedes de acuerdo con nosotros en que tenemos que poner como condición a las entidades financieras que no pueden tener
ese activo inmobiliario en sus cuentas que no sacan a relucir y que hace que hoy no se garantice el crédito a la pequeña y mediana empresa?
Estos son los elementos centrales que deberían ustedes traer aquí. En cambio, es lo que no plantean. Nosotros decimos: sí, existe un problema de liquidez, pero lo primero que tenemos que abordar son las reformas en el sector financiero;
en segundo lugar, las reformas en el ICO; y en tercer lugar, claro que sí, la mejora de la morosidad; pero la mejora de la morosidad no acusando a todas las administraciones por igual, y la reforma de la morosidad situando plazos razonables con
exigencias que reduzcan la morosidad, pero no planteando imposibles. Me sorprende mucho que hoy se les esté exigiendo más a las administraciones que a las propias empresas, con treinta días para pagar cuando a las empresas se les plantea sesenta.
¿Tenemos que exigir a las administraciones sesenta? Claro que sí, pero reconocerán conmigo que, si apretamos tanto, al final lo que harán las administraciones será no reconocer la deuda y hacer que la morosidad se dilate mucho más. Ese problema
existe. Estas son las diferencias en el contenido.
¿Y las diferencias en los tiempos? Se lo ha dicho el señor Jorquera previamente. Ustedes plantean esta iniciativa cuando saben que el fondo está avanzando y que ya hay compromisos. Por tanto, es inaplicable.
Ya para acabar quiero hacer una última reflexión: creo que tienen un exceso de iniciativa legislativa. Se lo digo sinceramente, porque hay iniciativas legislativas que están bien -de todos los grupos, también del suyo-, pero creo que esta
no es el caso. Creo que la obligación de tener que presentar una iniciativa legislativa cada Pleno hace que haya veces que tengan que entrar iniciativas que, más allá de las discrepancias, no tocan. Saben ustedes que esto está superado por el
tiempo y esto debería llevar a una reflexión, más allá de las discrepancias puntuales o no, sobre las características de las iniciativas legislativas que se traen al Pleno.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrera.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra don Pedro Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras y señores diputados, nuestro grupo comparte plenamente la preocupación que subyace en la proposición de ley que el Grupo Popular trae hoy a debate a esta Cámara.
La falta de recursos de
muchísimos ayuntamientos y la morosidad por impago genera un problema de financiación y tesorería que ahoga a multitud de pequeñas empresas y autónomos que ven que no pueden cobrar los trabajos que han realizado para los ayuntamientos. La crisis
económica y la consecuente brusca caída de la recaudación han agravado un problema que ya existía anteriormente por la insuficiencia, prácticamente crónica, de los recursos públicos en multitud de corporaciones locales.
Por tanto, resolver el
problema de la financiación local es una prioridad y una necesidad para resolver a la vez tensiones de tesorería a pymes y a
autónomos, que sufren las consecuencias de esta elevada morosidad. La pymes y autónomos no pueden esperar cien días o un año para cobrar por trabajos que han realizado en ciertos ayuntamientos, periodo que en muchos casos es,
desgraciadamente, superior. Hay que resolver el modelo de financiación de las corporaciones locales, que desarrollan cada vez más tareas, exigidas por los ciudadanos, con unos recursos menguantes.
Siendo conscientes plenamente de esta situación creemos que la propuesta del Grupo Popular no es la mejor fórmula para ello. Es una fórmula del pan para hoy y hambre para mañana, parece inspirada en la película de Woody Allen: Toma el
dinero y corre, con el fin de salir a corto plazo del apretón y no resolver el problema de fondo. Acometer proyectos locales con financiación del Estado tiene un doble efecto, además del impacto económico posterior que genera actividad y empleo:
permite, por una parte, acometer en el municipio proyectos de interés para el mismo con recursos del fondo y libera, por otra, aquellos recursos que el municipio puede destinar a otras cuestiones. Por tanto, utilizar una parte tan cuantiosa como la
que se establece en la proposición, de hasta el 60 por ciento del fondo, para hacer frente exclusivamente a los pagos pendientes, desvirtúa el carácter y la naturaleza del mismo, privándole a esta política de su potencial económico.
Como alternativa cabría plantear la posibilidad de que, en tanto no se resuelva el problema de la financiación local, se establezcan unas líneas, por ejemplo, ICO-ayuntamientos, cuyo fin sea reducir los impagos y la morosidad. El importe de
dicha línea incluso podría ser superior a la que propone la proposición de ley. En la proposición de ley se establece un máximo de 3.000 millones de euros y podría fijarse una línea ICO por importe de 5.000 millones de euros. Creemos que las
medidas financieras han de ser aplicables para resolver las cuestiones que son estrictamente financieras, como son las que plantea la proposición. No obstante, de instrumentarse de la manera que propone el Grupo Popular, el porcentaje del fondo
local, destinado a hacer frente a las deudas pendientes, no debería superar en ningún caso el 25 por ciento del fondo.
De manera que una parte sustancial del mismo se dedique, efectivamente, a la realización de inversiones públicas que generen
crecimiento y empleo local. Además muchas localidades están especialmente afectadas por la actual crisis. Estando, por tanto, de acuerdo en el fondo, el instrumento no nos parece adecuado para cubrir las necesidades de tesorería de los
ayuntamientos, por lo que nuestro grupo se va a abstener a la hora de votar esta toma en consideración.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra don Jordi Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señorías, Convergència i Unió ha defendido y está defendiendo de manera muy activa en la Comisión de Economía la necesaria lucha contra la morosidad. Se habla -y mucho- de crisis económica. Se
habla -y mucho-de destrucción de empleo. Para muchas pymes, autónomos, para nuestro tejido empresarial, la razón que más provoca esa caída es, precisamente, la morosidad que padecen muchas de estas pequeñas empresas que necesitan cobrar.
Lamentablemente, señorías, esta morosidad se da -y mucho- en el pago por parte de las administraciones públicas y por parte de las entidades locales. Esta es una realidad que debemos atajar. Debemos dar medios a las entidades locales en un
contexto de crisis financiera de los ayuntamientos. Lo hemos dicho una y otra vez, los ayuntamientos lo están pasando muy mal.
La crisis económica afecta a sus ingresos. Hay una asignatura pendiente: la financiación local. Hay una resolución
aprobada en esta Cámara -a pesar de tener los votos en contra del Grupo Socialista- que obliga al Gobierno a presentar un nuevo proyecto de financiación local antes del próximo 30 de junio. Por tanto, tenemos una asignatura pendiente -la
financiación local- y debemos dar más medios financieros a nuestros ayuntamientos, entre otras cosas, para pagar sus deudas pendientes con las pymes y con los autónomos. Coincidimos plenamente con uno de los objetivos de la proposición de ley que
hoy se plantea. Debemos ayudar a nuestros ayuntamientos también a pagar sus deudas, que algún día deberán pagarse, y deberán pagarse en los plazos requeridos. En este momento, en esta Cámara hay una proposición de ley de Convergència i Unió,
tomada en consideración, que va a obligar a las corporaciones locales y al resto de administraciones públicas a pagar en unos plazos que, en el horizonte de 2011, sean de treinta días. Por lo tanto, si deben pagar a tiempo, necesitan una
financiación que les ayude, que contribuya a que esas corporaciones locales puedan cumplir con su deber de pagar a esos autónomos, a esos pequeños empresarios para, precisamente, no ahondar en una destrucción de empleo, que es lo que está pasando
ahora con los plazos de morosidad. Este es el debate.
Señor Merino, creo que el debate, tal y como se plantea y más allá de su intervención inicial, está en cómo podemos ayudar a nuestro tejido empresarial, a los autónomos, a los pequeños empresarios, que tienen unas facturas que se les adeudan
y que nuestras administraciones públicas no les pagan a tiempo. Un ayuntamiento voluntariamente debería poder pedir un porcentaje del FEIL, del fondo que se aprobó para que los ayuntamientos hagan obras que a lo mejor no querían hacer pero que
deben hacer porque tienen que gastarse ese fondo para contribuir al empleo. Y en ocasiones ¿qué ha pasado? Que hay ayuntamientos y corporaciones locales que no han sabido muy bien dónde invertir y algunos han hecho algún tipo de gasto que no
siempre era el más necesario. Pero ¿qué pasaba? Que necesariamente tenían que cubrirlo porque eran gastos que no
estaban en su presupuesto inicial. Pues bien, que esas corporaciones locales, voluntariamente, si ellas quieren, pidan hasta un 60 por ciento del fondo. Podríamos discutir el porcentaje si se toma en consideración, pero que puedan ellas
decidir que esa parte del fondo que les toca, que ese dinero que entra -desde el decreto ley aprobado- en financiación local, puedan destinar esa cantidad a pagar sus deudas pendientes con esos autónomos. Entendemos que eso contribuye mucho a no
destruir empleo, ya que precisamente uno de los objetivos que se dice que el fondo persigue es la creación de empleo. Esa creación de empleo, esa no destrucción de puestos de trabajo, pasa también por la necesidad de que se busquen maneras de
ayudar a los ayuntamientos a pagar aquello que deben a sus autónomos, a sus pequeños empresarios.
Esta es una finalidad que Convergència i Unió comparte. Vamos a votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley, en el bien entendido de que si se toma en consideración se abrirá un plazo de enmiendas y allí nos
encontraremos todos para arbitrar de qué forma concreta queremos fijar los porcentajes, fijar la forma e incluso fijar lo que debería ser un reajuste del decreto ley ya aprobado.
Evidentemente, es un decreto-ley -y con esto termino- que se aprobó
vulnerando la distribución de competencias pero dando dinero a los ayuntamientos, que falta les hace. Nuestro grupo se manifestó en la convalidación del decreto ley en el sentido de que en un momento de precariedad toda ayuda es poca y por tanto
tampoco podíamos darle la espalda. Pero lo que hoy se propone, en el sentido de ayudarles a pagar, nos parece que también es una buena manera de ayudar a la creación de empleo, que entre todos debería ser nuestra prioridad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra don Juan Gabriel Callejón.
El señor CALLEJÓN BAENA: Gracias, señor presidente.
Señorías, creo que coincidimos todos los grupos en la preocupación por la situación de las pymes y los autónomos, pero esta iniciativa legal no es precisamente la ocasión para resolver sus problemas. Intervengo en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista para expresar nuestro rechazo a la toma en consideración de esta proposición de ley que presenta el Grupo Popular, porque no es una modificación puntual que respete la finalidad del fondo, que permita que el fondo pueda
conseguir sus objetivos, sino que esta pretensión supondría una desvirtuación total de los objetivos del fondo. Adviertan que no es que se suba el gasto corriente al 60 sino que además del 20 se añade una nueva línea del 60 por ciento, con lo cual
llegaríamos al 80 por ciento. Tanto el FEIL 2009 como el fondo actual concretan sus acciones para conseguir tres objetivos: combatir la crisis económica y sus efectos, principalmente la destrucción de empleo; renovar nuestro modelo de crecimiento
económico, yendo hacia un modelo sostenible, y garantizar nuestro modelo de protección social. Del anterior fondo solo quiero decir unas palabras. Casi 31.000 proyectos presentados y realizados por los ayuntamientos han dado ocupación a más de
426.000 personas y han mantenido en la actividad a más de 14.700 empresas. Creo que es un éxito del Gobierno y de los ayuntamientos, lo demás es palabrería y demagogia. (Aplausos.) El Fondo estatal para el empleo y la sostenibilidad no solo viene
a satisfacer requerimientos y necesidades de nuestro municipio, sino que también se constituye como un instrumento esencial para apoyar la recuperación y la renovación de nuestro modelo productivo a través de los tres grandes objetivos: la
sostenibilidad económica, abriendo nuevas oportunidad en el campo de la innovación; la sostenibilidad ambiental, preservando y utilizando racionalmente los recursos naturales, y la sostenibilidad social, a fin de garantizar los servicios públicos
de calidad para los ciudadanos. Los ayuntamientos han cumplido, prácticamente todos: 8.105. Han presentado proyectos en relación con la sostenibilidad económica, más de 12.000 por valor de 1.314 millones, relacionados fundamentalmente con la
eficiencia energética, con las TIC y con la Administración electrónica; con la sostenibilidad medioambiental, más de 6.000 proyectos por valor de más de 1.366 millones; y para sostenibilidad social se han presentado más de 7.200 proyectos, por
valor de más de 1.568 millones.
Señorías, las necesidades y requerimientos que tienen los municipios coinciden con los objetivos del fondo. Estos datos, y otros que les daré, demuestran la improcedencia de esta proposición de ley que hoy debatimos.
El Grupo Popular pide
que se destine un total de un 80 por ciento de este fondo para gasto corriente y no para inversión, una petición absolutamente incoherente con sus continuas manifestaciones de recorte en el gasto público, con sus continuas manifestaciones de
petición de disminución de los ingresos públicos. Hoy mismo en esta sesión volveremos a ver esta incoherencia. Lo que le ocurre en mi opinión al Partido Popular es que, al margen de la coherencia, del rigor y del intento de llegar a acuerdos para
acelerar la salida de nuestro país de la crisis, como hacen el resto de los grupos, está intentando hacer oposición a cualquier precio, desgastar al Gobierno a cualquier precio, aunque sea evidenciando una falta de rigor y una incoherencia tan
manifiesta como es solicitar una cosa y la contraria en el mismo día. Señorías, también señorías del Partido Popular, parece que los ayuntamientos -incluidos los suyos- no están de acuerdo con su proposición de ley. Los ayuntamientos han
presentado los proyectos, los han licitado y algunos están ya adjudicados, ¿qué proyectos tendrían que anular los ayuntamientos ya en fase de licitación? ¿Qué pasaría con las empresas que están haciendo sus estudios y valoraciones para presentar
sus ofertas? ¿Qué es lo que pre
tenden, que todo se paralice, que se deje de dar empleo con las obras? Es una gran irresponsabilidad, es también desconocer la voluntad municipal, porque los ayuntamientos han tenido la posibilidad de destinar el 20 por ciento del fondo
para gasto corriente y no solamente no han llegado al 20 por ciento sino que no han llegado al 15 por ciento. Se lo diré por algunas comunidades autónomas: Andalucía, el 14 por ciento; Castilla y León, el 10 por ciento; Galicia, el 8 por ciento;
el País Vasco, el 8,8 por ciento. Y así hasta una media del 14,8 por ciento. Hay municipios como el de Almería, de mi provincia, mi capital, que han destinado el uno por ciento; Cádiz, el 10 por ciento; Benidorm, el 8; Burgos y Cáceres, el cero
por ciento, todos ellos con alcaldes del Partido Popular. Se van a gastar 737 millones de euros en este concepto. Los ayuntamientos podían haber destinado 237 millones de euros más para gasto corriente y han decidido dedicarlos a inversión. Les
pido que respetemos las 8.105 decisiones municipales y dejemos el fondo tal y como lo convalidó este Congreso, rechazando esta proposición de ley.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Callejón.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DEL LA LEY ORGÁNICA 2/1979, DE 3 DE OCTUBRE, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. (Número de expediente 122/000200.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/1979, DE 3 DE OCTUBRE, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, PARA FAVORECER LA TOMA DE DECISIONES Y LA
RENOVACIÓN DE SUS MIEMBROS. (Número de expediente 122/000192.)
El señor PRESIDENTE: A continuación vamos a examinar la toma en consideración de dos proposiciones de ley que por su contenido han sido acumuladas en su tramitación. La primera, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
orgánica de modificación de la también orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. Tiene la palabra el señor Jané, don Jordi, para su defensa.
El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señorías, quiero empezar esta intervención leyendo el artículo 159 de nuestra Constitución, que en su apartado 3 prevé lo siguiente: Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un
periodo de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres. Este es un mandato imperativo. Este es el tiempo verbal que utiliza nuestra Constitución, que nos pide la renovación a los nueve años desde su nombramiento de los magistrados del
Tribunal Constitucional.
¿Qué es lo que está ocurriendo en la actualidad? Repasemos la actual composición de los magistrados del Tribunal Constitucional para realizar un diagnóstico de qué es lo que está pasando con una institución de la que nadie puede negar su
importancia en nuestro Estado de derecho. De los doce magistrados que componen el Tribunal Constitucional, los que eligió el Senado en el año 1998 terminaron su mandato en diciembre del año 2007.
Por tanto, hay cuatro magistrados que llevan dos
años y tres meses en situación de prórroga, insisto, dos años y tres meses en situación de prórroga. La propia presidenta del Tribunal Constitucional, doña María Emilia Casas, fue elegida presidenta del Tribunal Constitucional por un plazo de tres
años. El próximo mes de junio va a doblar el plazo de tres años que la Constitución prevé para la duración de la presidencia del Tribunal Constitucional. Esta es una situación anómala. Lamentablemente, falleció en mayo del año 2008 uno de los
magistrados del Tribunal Constitucional, precisamente uno de los que fueron elegidos por el Congreso de los Diputados. El próximo mes de mayo se van a cumplir dos años ya de ese fallecimiento y esta Cámara no ha cubierto esa vacante. De hecho, el
próximo mes de noviembre expira el mandato, porque fueron elegidos mediante el cauce debido por el Congreso de los Diputados hace nueve años, de los cuatro magistrados que se eligieron por el Congreso de los Diputados. Por tanto, esta es la
situación actual, en la que el Tribunal Constitucional vive un bloqueo en la renovación, provocando un incumplimiento de los plazos que la Constitución nos mandata a todos. No es que sean culpables los magistrados del Tribunal Constitucional de no
ser renovados; a ellos no les compete ser renovados, a ellos les compete dictar sentencias. Alguien podrá valorar si en eso están o no cumpliendo de manera adecuada y en tiempo y forma su responsabilidad, pero este no es el debate de hoy. El
debate de hoy es que no estamos cumpliendo nuestra obligación institucional. Estas Cortes Generales no están cumpliendo con la obligación de renovar a tiempo las instituciones. Esto podría ser un derecho, alguien podría decir que el Congreso y el
Senado tienen derecho a proponer cuatro magistrados del Congreso, cuatro magistrados del Senado, por una mayoría de tres quintos; pero no es que sea un derecho, es que es un deber institucional. Si no lo cumplimos, de alguna manera estamos
provocando que nuestras instituciones estén en precario. Por tanto, la responsabilidad de quienes integramos las Cámaras legislativas en esa elección de magistrados es muy importante. De ahí que hoy Convergència i Unió, amparándose en la
Constitución, pretenda a través de esta proposición de ley orgánica modificar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Pretendemos hacerlo al amparo de lo que la Constitución nos faculta, porque la Constitución nos habla de mandato
imperativo nueve años y también nos dice en su artículo 165 que una ley orgánica regulará el funcionamiento del tribunal y el estatuto de sus miembros. Pues bien, si por ley orgánica fuimos capaces de modificar en mayo del año 2007 la forma
en que se prorrogaba el mandato de la presidencia del Tribunal Constitucional, por ley orgánica podemos hoy establecer qué pasa cuando expira el plazo por el que fue designado un magistrado del Tribunal Constitucional, que es de nueve años.
¿Qué queremos que pase? Nosotros proponemos que exista un periodo de seis meses en el que el magistrado siga en funciones a pesar de haber expirado su mandato, porque puede pasar que esa expiración del mandato coincida con una renovación de
Cortes Generales, con un proceso electoral, con una renovación del Gobierno o del Consejo General del Poder Judicial, y que quienes están llamados a realizar la renovación estén en el tránsito de un proceso también interno de cambio en su
composición. Por tanto, seis meses es razonable. Más allá de seis meses, debemos hacer algo para provocar que no se den las dilaciones que estamos viviendo en esta legislatura y que provocan una situación en precario del Tribunal Constitucional.
No nos engañemos, lo que está pasando en nada ayuda al funcionamiento interno del Tribunal Constitucional y lo sume en una cierta crisis institucional. Por tanto, debemos buscar un remedio. ¿Cuál es el remedio que propone Convergència i Unió?
Proponemos que pasados esos seis meses en que podrían estar en funciones los magistrados ya no puedan actuar en pleno o en sala. ¿Por qué? Porque si realmente no están ya en un proceso de tomar decisiones quizás esa es la manera de obligarnos a
tomar acuerdos a quienes estamos llamados a renovarlos, que somos nosotros, es el Congreso, es este Pleno el que debería haber renovado ya la vacante por fallecimiento de don Roberto García Calvo y no lo hemos hecho, y hará dos años este próximo mes
de mayo, es el Senado, porque a pesar de haber hecho los parlamentos autonómicos sus propuestas están allí hibernadas, durmiendo, ya que no hay acuerdo. Quizá si esa prórroga del mandato estuviera tasada en seis meses, más allá de los nueve años de
mandato, eso nos obligaría a tomar acuerdos, nos obligaría a no dejar desactivada una institución tan importante como el Tribunal Constitucional. Porque les diré más, el problema lo tenemos ya aquí este año 2010, tenemos un problema gravísimo: el
próximo mes de noviembre los cuatro magistrados que hace nueve años eligió el Congreso de los Diputados deben ser renovados y el Senado aún no ha renovado los cuatro que debía renovar en diciembre de 2007, con lo cual pronto se van a acumular seis
vacantes a la vez y con ello, si las renovamos a la vez, también estaremos incumpliendo el mandato de la Constitución que nos pide sabiamente que renovemos por terceras partes cada tres años. ¿Por qué por terceras partes cada tres años? Porque se
quiere que el Tribunal Constitucional no tenga una composición fija, que se renueve cada nueve años, sino que se vaya alternando su composición, porque en ocasiones también cambian las circunstancias de la composición de estas Cámaras y al cambiar
esas circunstancias la mayoría que elige a los miembros y magistrados puede ser cambiante y eso ayuda a una renovación paulatina de quienes son los máximos intérpretes de nuestra Constitución. Por tanto, si no queremos caer en el desprestigio en el
que estamos cayendo; si queremos que nuestras instituciones no vivan en precario; si queremos dar una mayor estabilidad en el cumplimiento de los plazos que la Constitución nos impone, debemos modificar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
Yo les propongo que tomen en consideración hoy esta proposición de ley, que abramos un plazo de enmiendas y que la mejoremos si quieren, pero que busquemos una solución. Votar en contra es mirar hacia otro lado, y hoy lo pueden hacer los
dos grupos mayoritarios en esta Cámara: el Grupo Socialista y el Grupo Popular. Están en su derecho, faltaría más, de votar en contra de una proposición de ley que defiende Convergència i Unió. Pueden hacerlo, igual que pueden, como están
haciendo, no renovar los magistrados pendientes porque se exigen tres quintos y tres quintos exigen la colaboración y el consenso de ambos grupos mayoritarios. Pueden no votar esta proposición de ley; pueden, si quieren, no renovar los
magistrados, pero lo que no van a poder evitar es el desprestigio en el que se está cayendo a nivel institucional. Esto es una responsabilidad y un deber, porque el Rey hace el nombramiento a propuesta de las Cámaras, pero las Cámaras no somos
capaces de llegar a acuerdos en temas de lealtad institucional y de intentar que nuestras instituciones puedan cumplir con el calendario, con los plazos que la Constitución nos impone a todos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.
Junto a la proposición que acaba de ser defendida se puede defender conjuntamente la del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3
de octubre, del Tribunal Constitucional, para favorecer la toma de decisiones y la renovación de sus miembros. Don Joan Ridao tiene la palabra.
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente.
Señorías, es innegable, y todo el mundo lo sabe, que el Tribunal Constitucional padece una grave crisis de legitimidad; una crisis que además reúne todos los ingredientes, todos los tics que minan la credibilidad de cualquier institución
democrática, véase si no el enrocamiento en posiciones partidistas, casi guerracivilistas en muchos casos, véase la caducidad y la precariedad de su actual composición. Como se ha dicho, un tercio de sus miembros deberían haber cesado hace más de
dos años;
otro falleció y no fue sustituido; otro fue recusado en relación con los recursos del Estatut a través de una maniobra inicua del Partido Popular por el gravísimo delito de ser demasiado autonomista, e incluso su presidenta dice haber
renunciado a su voto dirimente o de calidad.
Todo ello, además, señorías, ha provocado un auténtico retraso, un retraso esperpéntico de más de tres años a la hora de dictar sentencia sobre el Estatut, y en Cataluña hay una sensación de que nuestro autogobierno deambula sobre el abismo
encima de un alambre muy fino y que además las continuas e impúdicas filtraciones sobre un eventual recorte o que anticipan todavía una amputación más del Estatut, tanto si se trata de sus paredes maestras como de algún tabique, provocan en el
imaginario colectivo catalán la imagen de un Estatut que cada día está subiendo poco a poco los peldaños del cadalso. Por eso no hace mucho tiempo el president Montilla, en nombre de todos los catalanes, advirtió que nada volverá a ser igual, y no
se trata de ninguna amenaza ni debe verse como un signo de debilidad por nuestra parte, señorías. La historia demuestra que ni somos tan fuertes como para imponer nuestra voluntad ni España puede evitar que desde Cataluña se plante cara. Y es que,
recuérdese, primero fue el recorte del Estatut, que fue aprobado por amplia mayoría, el 90 por ciento de los diputados del Parlament de Catalunya, y fue recortado a su paso por las Cortes, por cierto aquel Estatut que Zapatero dijo que apoyaría con
unas espaldas más anchas que el dios Atlas; un Zapatero que actuó con el ímpetu propio de un bravo San Jordi pero que al final resultó ser un escurridizo Poncio Pilatos que se lavaba las manos y que, por cierto, se acabó sumando de alguna forma al
mensaje de escarmiento que el Partido Popular quería mandar al impenitente e irredento catalanismo diciendo: todo tiene un límite. Luego de eso vinieron además siete recursos, entre los cuales quiero señalar en particular el del Partido Popular,
que recurrió por cierto este Estatuto pero que no hizo lo mismo con otros estatutos análogos, que copiaban una parte importante de su articulado del Estatuto de Cataluña, y que llegó a reunir hasta un millón de firmas en mesas petitorias con el
pretexto del Estatut pero para ir en contra de Cataluña, porque ya se sabe que el anticatalanismo vende. Ahora además tenemos un Tribunal Constitucional que puede venir a chocar contra la legitimidad que emana de la voluntad popular ampliamente
expresada no solo por el pueblo catalán a través de sus representantes sino también a través del pueblo catalán en las urnas.
Para muchos catalanes quiero decir de forma clara que tanto la amputación del Estatut como una eventual amputación ulterior por parte del tribunal después de la impugnación de que ha sido objeto ha sido como trazar una raya indeleble, una
raya que nos aísla en el otro lado, una raya que nos avisa de que hasta aquí hemos llegado y que no es que no quepa en la Constitución el Estatut que aprobó en su día el Parlament por el 90 por ciento de sus diputados, es que no cabe ni tan siquiera
el Estatut que amputaron las Cortes Generales y que luego fue refrendado por la ciudadanía de Cataluña. Y ya sé que aquí hay quien no entiendo eso o, peor, que hay quien no quiere entenderlo, pero ha puesto las bases irremisiblemente de un proceso
de distanciamiento mutuo. Aquello que históricamente se vino a denominar el encaje de Cataluña en España al menos en Cataluña ya no motiva. No se ve por ningún lado aquello que decía Ortega del proyecto sugestivo de vida en común, no se ve por
ninguna parte. Lo que en Cataluña se llamaba también históricamente la pedagogía de Cataluña hacia España sobre la pluralidad y la diversidad de España ya no va a ninguna parte, porque no es que no nos conozcamos, es que quizá nos conocemos
demasiado. Aquí lo que sucede, señorías, es que el Estado autonómico desde la perspectiva catalana ha quebrado, al menos para una mayoría de catalanes es así; una quiebra entendida como la imposibilidad material de alcanzar mayor poder político,
una quiebra entendida como el hecho de que el Estado de las autonomías es visto como una descentralización política y administrativa que no acepta otros actores que los centrales y un Estado autonómico en el que últimamente un Tribunal
Constitucional extremada y groseramente politizado actúa como una auténtica torre de Pisa del Estado autonómico cada día más inclinada hacia posiciones uniformes. Y no lo digo yo; lo dice por ejemplo gente que expresa la voz del catalanismo, del
autonomismo e incluso del federalismo de orden que hace pocos meses a través de un editorial publicado en trece periódicos de Cataluña pedían un indulto in extremis para el Estatut. Aquello fue un auténtico frente de salvación autonómico, un SOS
desesperado de una parte del catalanismo moderado diciendo: Señores, esto se hunde. Y en cambio aquí en Madrid aquello se vio como un auténtico desafío soberanista. Qué gran paradoja. Luego está, por descontado, aquella gente, entre la que se
encuentran Esquerra Republicana y este modesto diputado, que mentalmente ya han superado este escenario. Francamente han dicho basta, y en lugar de caer permanentemente en el desánimo, en el derrotismo desmovilizador, han pasado a la acción, han
puesto el derecho de decidir en la agenda política y piensan, no sin razón, que una eventual sentencia adversa del Tribunal Constitucional va a acelerar también un cambio de este escenario político. Es en este contexto, señorías, en el que el
Partido Popular y el PSOE, el PSOE y el Partido Popular, nos dicen: Oigan, no se pongan ustedes la venda antes de la herida. Y además nos repiten como si de una jaculatoria se tratara que las sentencias hay que aceptarlas y cumplirlas. Por tanto,
se nos pide un acto de fe, que nos pongamos a rezar y a esperar. A este respecto, por cierto, hace pocas semanas la vicepresidenta De la Vega dijo: Ahora es la hora de los jueces y no hay que presionar ni hacer aspavientos. Hay que diseccionar
poco a poco como un cirujano lo que dijo la señora De la Vega. Dijo: Es la hora de los jueces. La hora seguro, porque llevamos tres años y medio esperando esta sentencia, es decir, sembrando permanentemente incertidumbre
e inseguridad jurídica. Nos dijo que era la hora de los jueces, y ahí está el problema. El tribunal no es un órgano judicial cualquiera, es un órgano de naturaleza jurídico-política, y además está sometido, como se está viendo,
continuamente a los vaivenes políticos; es un permanente campo de batalla abierto para la confrontación partidista. Y finalmente nos dijo: No hay que presionar. Hombre, a estas alturas venir aquí a pedir un acatamiento incondicional, sin más,
que nos encojamos de hombros y que además nos lo digan los representantes de algunas fuerzas políticas que son los que más han manoseado e incluso maltratado al Tribunal Constitucional, nos parece un ejercicio descomunal de cinismo político.
Por eso, señorías, y con esto acabo, ha llegado la hora de ser algo más valientes. No basta con que algunos, por ejemplo, desde el Gobierno, desde el Partido Socialista, digan que defienden la presunción de plena constitucionalidad del
texto del Estatut, que está bien, pero no basta.
No basta, como dijo el presidente Zapatero a preguntas de este portavoz, con que la situación por la que atraviesa el tribunal resulte inconveniente. Por higiene democrática, por profilaxis, hay que
acabar con un Tribunal Constitucional que vive un auténtico proceso de degradación. Nunca durante todos los años del constitucionalismo democrático en España en los últimos treinta años la gente había tenido la impresión de que los partidos eran
los amos del destino de las sentencias que iba a dictar el Tribunal Constitucional. Por tanto, las reglas deben ser exactamente iguales para todos, o jugamos todos o rompemos la baraja. Es decir, si se nos pide acatamiento y respeto a las
sentencias del tribunal, estas deben provenir de un Tribunal Constitucional renovado, equitativo y despolitizado, porque no puede ser que el árbitro siempre pite a favor de algunos y que, por tanto, ese árbitro no sea equitativo, sea un árbitro
auténticamente comprado. En cualquier caso, lo que propone esta proposición de ley es una reforma del Tribunal Constitucional, pero antes lógicamente lo que reclamamos es que PSOE y PP se pongan de acuerdo en una renovación profunda de este alto
tribunal. Pero por si acaso esta proposición de ley propone con vistas al futuro prever mecanismos para estimular, en casos como los que se están viviendo, la renovación de sus miembros y el cese efectivo de sus magistrados al final del mandato
para que actúen un máximo de seis meses como magistrados en funciones, para que no puedan computar en los dos tercios que se exigen para adoptar válidamente acuerdos, además de suprimir también el deber de abstención y de recusación en el caso de
los magistrados que hayan publicado trabajos de carácter académico, así como imposibilitar, como pasa ahora, que la presidenta del tribunal deje de hacer uso de su voto de calidad, que es un derecho irrenunciable, entre otras cosas si no se quiere
dar la sensación de que hay algunas decisiones jurídicas que están al albur de algunas decisiones propiamente políticas. Eso es lo que plantea esta proposición de ley, para la que, evidentemente, pedimos el voto favorable de sus señorías.
Gracias, señor presidente, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.
Para fijar posición, por el Grupo Mixto en primer lugar tiene la palabra doña Rosa Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.
Intervengo para fijar posición sobre la toma en consideración de la proposición de ley. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Anuncio que mi voto será favorable a esta toma en consideración, porque yo, al
igual que los proponentes de ambos partidos políticos, estoy a favor de que se cambie la Ley 2/1979, aunque no por las mismas cuestiones, me malicio. En todo caso, estoy a favor de que se cambie la Ley 2/1979, y sobre eso se nos pregunta esta
tarde. No estoy a favor de que se cambie esa ley para mantener las cuotas, como han dicho expresamente el señor Jané y menos expresamente el señor Ridao, para que esas cuotas se correspondan con el poder político cambiante. No, no, yo no quiero
cambiar la ley. En Unión, Progreso y Democracia no defendemos que se cambie la ley para que las cuotas se correspondan con un poder político cambiante, sino justamente para lo contrario, para que no haya cuotas, para que no haya dependencia
política en el sentido partidario del término. Hay que cambiar la Ley 2/1979 para que el número de magistrados del Constitucional pase a quince y, por tanto, la presidenta o el presidente no tenga voto de calidad. También proponemos que los tres
nuevos magistrados sean elegidos por el Consejo General del Poder Judicial; que los dos magistrados que corresponde elegir al Gobierno de la nación sean elegidos por los fiscales en votación secreta; que sea necesario para ser miembro del
Constitucional no haber estado afiliado a ningún partido político durante la legislatura anterior; que se les exija veinte años de experiencia a cada uno de ellos; y también que el Tribunal Constitucional recupere el recurso previo de
inconstitucionalidad para los estatutos de autonomía, lo cual nos libraría de situaciones tan bochornosas y a veces tan difíciles de volver atrás, como en la situación actual. Insisto en que estamos de acuerdo en cambiar esa ley, por eso votaremos
a favor, pero no para mantener las cuotas partidarias sino para despolitizar el Tribunal Constitucional y que sea un verdadero tribunal constitucional para nuestro país.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Díez.
Señor Perestelo.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo brevemente, aunque utilizando la tribuna de oradores del Congreso, para fijar la posición de Coalición Canaria en relación con la toma en consideración de estas dos iniciativas legislativas. Al Tribunal Constitucional,
como máximo intérprete de la Constitución española, se le permite declarar la nulidad de normas con rango de ley cuando sean contrarias a la propia Constitución. Por ello requiere estar legitimado democráticamente. Su actual funcionamiento, cuando
ha expirado ya el mandato, quita autoridad a sus decisiones, sumiendo al órgano en el descrédito y la precariedad institucional, por lo que no podemos sino estar de acuerdo con las iniciativas parlamentarias que se han planteado en el día de hoy,
sin perjuicio, como siempre, de que en el trámite se puedan mejorar técnicamente algunas de las propuestas que se plantean.
Hay una que, aunque el señor Jané en su intervención explicaba y daba el sentido que nosotros planteamos, nos parece que por
la lectura del texto son los magistrados los que toman decisiones y dice que pasados seis meses no pueden tomar decisiones los magistrados. Entendemos que los órganos son los que toman las decisiones y lo que se podría plantear en la ley sería que
pasados seis meses los magistrados no puedan formar parte de los órganos que toman esas decisiones, algo que nos pareció entender en la defensa de la propuesta que planteaba el señor Jané en esta Cámara. Por tanto, señorías, Coalición Canaria, como
decía, va a dar su apoyo a estas iniciativas. Nos parece que es bueno y necesario que en estos momentos se dote de ese fortalecimiento democrático al alto Tribunal Constitucional.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Perestelo.
Señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el BNG aboga por una reforma en profundidad del Tribunal Constitucional al objeto de adaptarlo al carácter compuesto del Estado.
Un tribunal encargado de dirimir muchos conflictos entre el Estado central y las comunidades
autónomas debe configurarse en su composición, en sus competencias y en sus ámbitos de actuación de acuerdo con el papel arbitral que desempeña. Por eso somos partidarios de cambios en su composición que den mayor participación a las comunidades
autónomas en la designación de magistrados, más allá de lo contemplado en la tímida reforma introducida en la pasada legislatura. Es necesario equiparar la posición del Estado y de las comunidades autónomas en relación con los efectos suspensivos
de los recursos interpuestos ante este tribunal.
Entendemos también que se debe ampliar su ámbito de actuación, añadiendo a los procedimientos previstos en la ley orgánica, por citar un ejemplo, el conflicto por obstaculizar el Estado el ejercicio
de competencias autonómicas. En definitiva, es necesario corregir una situación en la que el árbitro es designado y actúa de facto a instancias de una parte.
Al margen de estos planteamientos, que conllevarían una reforma mucho más profunda que la que se propone, la reforma puntual que se pretende nos parece totalmente pertinente. El traslado sistemático a este tribunal de la lucha entre los
grandes partidos políticos estatales ha derivado en una auténtica pugna por el control de esta institución, que algunos pretenden además utilizar como un contrapoder a las instituciones depositarias de la soberanía popular. Es una situación total y
absolutamente inaceptable, como es total y absolutamente inaceptable que el bloqueo a la renovación de sus miembros esté prolongando mucho más allá de lo razonable una situación interina y precaria en un tribunal que tiene que pronunciarse sobre
asuntos de enorme trascendencia para el devenir del Estado autonómico. Por ese motivo, expreso el apoyo del Bloque Nacionalista Galego a ambas proposiciones de ley.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Jorquera.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Señora presidenta, el mero hecho de que estemos aquí denunciando una situación anómala de estancamiento del funcionamiento del Tribunal Constitucional denota que hay un problema serio en la justicia española. Además
no es el primer caso en el que se produce un bloqueo durante una temporada larga de la renovación de importantes órganos relativos al Poder Judicial. El bloqueo que hizo el Partido Popular de la renovación del Consejo General del Poder Judicial fue
también una situación anómala y yo diría que escandalosa. Hay un problema serio, porque el Tribunal Constitucional no da respuesta a asuntos que importan mucho no solo a esta Cámara sino a muchos ciudadanos y que son vitales para conocer cuál es el
entramado jurídico, político y administrativo del Estado. Los grandes partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista, que son quienes con su acuerdo pueden conseguir esos tres quintos necesarios para la designación de los miembros en las
Cámaras de las Cortes, están más pendientes de afirmar sus posiciones en el ámbito judicial, de colocar a determinadas personas afines en el ámbito judicial y de no perder metros con respecto al otro que verdaderamente de renovar la justicia,
renovar las instituciones y dar una salida adecuada a los problemas. El señor Jané decía antes que los partidos no somos capaces de ponernos de acuerdo para renovar el Constitucional. A nosotros no nos incluya, porque no nos han preguntado nunca,
por tanto no nos responsabilizamos de este desaguisado y de esta situación. Quienes están creando el problema son los dos grandes partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista. Los demás, en concreto mi grupo, no hemos tomado nunca parte en
ninguna discusión para
la designación de magistrado alguno del Tribunal Constitucional.
¿Qué se pide a los magistrados? Ya en el año 1928 Eisenman decía que más que la imparcialidad de estos, lo que había que asegurar era su independencia, en el sentido de que, evidentemente, todas las personas tienen una forma de ver la vida,
unas tendencias y una forma de interpretar el derecho y la sociedad, por tanto es lógico que haya cierta tendencia a interpretar de una u otra manera por parte de las personas.
Lo que hay que asegurar es la independencia de los jueces, quienes
superando en algunos momentos esas visiones sean capaces de tomar decisiones que en principio no tendrían por qué ser esperadas. Eso es lo que falla, porque a pesar de que en otras democracias, como la americana, aparecen grandes jueces capaces de
dictar sentencias de diverso signo en momentos históricos diferentes, aquí nos encontramos con que: nombramiento hecho, persona que más o menos sabemos cómo va a funcionar y que no se va a salir de una determinada mayoría. ¿Son independientes? No
lo parece, porque los acuerdos que se suelen tomar en los tribunales suelen responder siempre a las mismas mayorías, progresista y conservadora. ¿Eso qué provoca? En el caso del Tribunal Constitucional en estos momentos provoca la paralización de
muchos casos. Que la sentencia sobre el Estatuto catalán lleve más de tres años sin resolverse verdaderamente es una vergüenza e invita a pensar que hay directrices para que dicha sentencia no salga adelante; llamémoslo directrices de tipo
político, ideológico, etcétera. No digo que las haya, digo que invita a pensarlo. Por otra parte, parece que algunos partidos -Partido Popular y Partido Socialista- no tienen ninguna prisa para elegir a los nuevos magistrados.
Lo que se propone por parte de los dos grupos catalanes es absolutamente lógico; es más, diría que hasta flexible. Dan seis meses de prórroga para las personas cuyo mandato haya finalizado, seis meses en los que todavía pueden contribuir a
que se vayan gestando acuerdos en las Cámaras. Por eso, también me sorprende que se diga por parte de la portavoz del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, que la medida que plantean nacionalistas y republicanos catalanes es absolutamente
inédita en el ámbito de la provisión de órganos constitucionales. Que no se diga que es inaudito ni inédito. La Constitución italiana en su artículo 135 es taxativa y clara: Cuando expire su mandato cada magistrado constitucional cesará en el
cargo y en el ejercicio de sus funciones. Y que cada palo aguante su vela; aquí no hay ni prórrogas ni nada más. Cesa en el cargo y los órganos a los que compete tendrán que resolver a quién nombran. Lo que es inaudito es que se tarde en renovar
instituciones en principio fundamentales para el Estado -según lo que dicen el Partido Popular y el Partido Socialista un día sí y otro también- y en dotarlas de los mimbres necesarios para que puedan funcionar con garantías. Por tanto, quiero
manifestar nuestro apoyo a las medidas que se proponen, que nos parecen absolutamente proporcionadas; es más, incluso suaves.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Esteban.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor García-Tizón.
El señor GARCÍA-TIZÓN LÓPEZ: Señora presidenta, señorías, creo que todos nosotros estamos de acuerdo en que el Tribunal Constitucional constituye una de las piezas clave de nuestro actual régimen político, una pieza que responde a las dos
características esenciales de nuestra Constitución: en primer lugar, ser un Estado compuesto -no por ello deja de resultar extraño que estos tribunales hayan ido surgiendo históricamente en los Estados federales, en los Estados compuestos para
armonizar y articular el equilibrio entre el poder central y los poderes periféricos-; y, en segundo lugar, responder a la condición de ser un Estado social y democrático de derecho.
Las actuales proposiciones de ley que debatimos, presentadas por el Grupo de Convergència i Unió y por Esquerra Republicana de Catalunya, se justifican -así aparece en sus exposiciones de motivos- porque este Tribunal Constitucional se
encuentra, a juicio de sus autores, en una situación de colapso, de precariedad, de crisis de funcionamiento, a lo que se añade -según hemos visto hoy, por el representante de una de las dos proposiciones-, por la situación que atraviesa de
dependencia, la resolución de un recurso de inconstitucionalidad presentado contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Pues bien, ambas proposiciones de ley de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y también en un párrafo de la
Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial, la presentada por Esquerra, afectan a la médula, al corazón de la propia institución del Tribunal Constitucional. Una y otra, como hemos visto anteriormente y se ha dicho por los que han
presentado estas iniciativas, pretenden el cese automático de los miembros del Tribunal Constitucional una vez haya expirado su mandato y la prórroga de seis meses que se establece, o la imposibilidad de adoptar acuerdos cuando esta prórroga haya
expirado, o establecer determinadas precisiones en orden al régimen de incompatibilidades o causas de abstención. Sin embargo, encontramos que tales proposiciones de ley tienen difícil encaje dentro de nuestro texto constitucional. La Constitución
española, como bien saben SS.SS., dedica el título IX al Tribunal Constitucional y regula, a semejanza de algunas constituciones modernas europeas sobre todo, de forma detallada los principales aspectos de este Tribunal Constitucional: el número,
el nombramiento real, su origen, el procedimiento, la duración, las incompatibilidades y las competencias. Pues bien, ninguno de estos extremos, ninguno de ellos, es baladí a la hora de enjuiciar cualquier reforma que se pretenda del Tribunal
Constitucional. Estos aspectos esenciales fueron ponderados exquisitamente por los constituyentes: el número, el origen, el procedimiento y las mayorías que querían. En cuanto al número de doce, se ha dicho incluso que es un número
escaso, que es un número par, pero todos los tratadistas coinciden en que es un número adecuado, suficiente y para dar respuesta a las pretensiones que se deducen en este Tribunal Constitucional, fundamentalmente los recursos de inconstitucionalidad
contra leyes, los recursos de amparo, los conflictos y atribuciones y cualesquiera otras materias que le atribuyan las propias leyes. Este número doce, que se ha considerado suficiente, aunque a veces se ha discutido si debía ser un número impar,
es lo cierto que nuestros constituyentes lo quisieron de esta manera y atribuyeron, por la situación de paridad, a la Presidencia del Tribunal el voto de calidad. Por tanto, no podemos estar de acuerdo con una de las partes de la proposición
presentada que intenta hacer desaparecer este voto de calidad de la Presidencia. Hay que dejar los temas como están y como quisieron los constituyentes.
En cuanto a su origen -es el aspecto central de ambas proposiciones de ley-, los constituyentes quisieron que estuvieran presentes en el Tribunal Constitucional, en su actuación y en su funcionamiento, los tres poderes del Estado, dando al
Congreso y al Senado la principal mayoría, con cuatro representantes cada uno de ellos, al Poder Ejecutivo dos de ellos y al Poder Judicial otros dos, en todos aquellos que tenían una situación de poderes colegiados por mayoría de tres quintos.
Pues bien, en estas circunstancias aceptar una proposición como la que nos han presentado es desnaturalizar completamente la figura del Tribunal Constitucional. Bastaría con que la situación se produjera para que el Tribunal Constitucional dejara
de representar lo que la Constitución ha querido que represente, un fiel reflejo de esos tres poderes. Si de alguna manera cortamos alguna de esas patas o de esas ramas por las que sale el Tribunal Constitucional, entrará en colapso, porque no se
puede decir que los magistrados que actualmente están haciendo sus funciones, por su cualificación y por su origen, den situación de precariedad a las resoluciones que de este Tribunal surgen.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor García-Tizón, por favor.
El señor GARCÍA-TIZÓN LÓPEZ: Termino ya, señora presidenta.
En el Tribunal Constitucional no hay colapso. Habrá el colapso propio de los tribunales ordinarios por la acumulación de asuntos, pero no se puede decir que nuestro Tribunal Constitucional sea una institución en crisis, porque ese Tribunal
Constitucional ha fundamentado esencialmente nuestro Estado de las autonomías y ha consolidado nuestro Estado social y democrático de derecho. Por eso, señorías, el Grupo Popular no quiere jugar a aprendiz de brujo con proposiciones de ley como las
presentadas.
En ese sentido, creemos que el valor de la Constitución sigue siendo fundamental, y que entre todos lo tenemos que respetar y defender. Por tanto, nuestro grupo parlamentario no va a votar a favor de ambas proposiciones.
Gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor García-Tizón.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Quijano.
El señor QUIJANO GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Discutimos en este turno conjuntamente dos iniciativas que en buena medida son complementarias entre sí, como ya se ha ido señalando a lo largo del debate. Ambas pretenden modificar la normativa reguladora del Tribunal Constitucional;
digámoslo así, con palabras mayores. Se trata de una ley orgánica que desarrolla el marco constitucional referido a una institución básica, como lo es el Tribunal Constitucional. Es una materia delicada por tanto que en buena ley necesitaría de un
consenso especial, cualificado, como el que estuvo en el origen cuando el modelo se aprobó.
Digo esto, porque a lo largo del debate se ha hablado del Estatuto catalán, de la sentencia pendiente, de la función del tribunal o incluso de la
composición y promoción de sus miembros, con notable sorpresa para mí, porque ese no es un asunto de ley orgánica -no lo digo por S.S., sino por otra interviniente-, sino un asunto puro y duro del artículo 159 de la Constitución, que es donde está
fijada la composición y la promoción u origen de los miembros del Tribunal Constitucional. Por tanto, seamos en este sentido rigurosos y no induzcamos impresiones que, efectivamente, no se deben producir a la vista del estado legal de la cuestión.
Comprendo que estamos haciendo la discusión al calor de una situación de hecho; vamos a llamarla, como se ha llamado reiteradamente, el bloqueo en la renovación, que efectivamente se está produciendo. También quiero reconocerlo, porque me parece
lógico que hagamos esa valoración. Lo que se pretende entonces es modificar algunos aspectos del funcionamiento del tribunal: la renovación y prórroga de sus miembros, la toma de decisiones, el voto de calidad o las causas de abstención y
recusación.
Dicho eso, convendría entonces distinguir.
Me parece, en primer lugar, que tal y como están redactadas las proposiciones de ley, desde el punto de vista estrictamente jurídico, adolecen de algunas deficiencias importantes, tanto desde el punto de vista técnico como conceptual, que
señalo brevísimamente. En primer lugar, las medidas de limitación del periodo en funciones no resolverían la situación, seguramente conducirían una vez más a un nuevo bloqueo, porque impedirían reunir el quórum suficiente de presencia para la toma
de decisiones, privando al tribunal automáticamente de una parte de sus miembros. En segundo lugar,
en cuanto al voto de calidad, creo que también hay una cierta confusión conceptual. El voto de calidad ni se ejerce ni es renunciable. No hay una segunda votación tras el empate donde se ejerza el voto de calidad, porque este es el efecto
automático de la naturaleza dirimente de la posición del presidente de un órgano colegiado en la votación en la que se produce el empate, no otra cosa. Por tanto, no nos equivoquemos pretendiendo hacer irrenunciable algo que no lo es. En tercer
lugar, la causa de abstención y recusación que se pretende modificar creo que está equivocada. Si estoy en lo cierto -y también aquí me parece que estamos razonando al calor del precedente y de un hecho en el que puedo compartir el fondo del tema,
distingamos bien eso- y si mal no recuerdo la que se pretende modificar es la número 6, pero no la que se alegó, la número 13, que es totalmente distinta. Mire la lista del 259 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y verá que en efecto es así. Hay
una cierta confusión entre dictamen de parte y el estudio académico; mírelo y verá que es así.
Además piense una cosa, la modificación se produciría en la Ley Orgánica del Poder Judicial, por tanto para todos los jueces y magistrados, no solo para
los miembros del Tribunal Constitucional. Razonará conmigo -espero que en eso coincidamos- que las situaciones por origen profesional, por función y cualificación son bastante distintas en un caso y en otro.
Concluiré con un argumento que no sea estrictamente jurídico. Desde el principio dije que soy plenamente consciente del transfondo de las iniciativas. Soy plenamente consciente de una situación que de hecho me parece que tiene más que ver
con la voluntad política, incluso con la buena fe, que con las normas que regulan esa situación. Estamos pretendiendo actuar sobre las normas cuando el problema es de otra naturaleza. Comprendo también que en estos trances es fácil globalizar la
responsabilidad. Por eso, quiero recordar con toda delicadeza que la pelota en este momento está donde está y además sabemos que está ahí; creo que eso nos consta a todos. Las normas son correctas. Si hubieran funcionado correctamente, como es
su naturaleza, no se estaría planteando el problema. Por lo tanto, el cambio de las reglas del juego no es lo lógico. Lo lógico es que denunciemos el origen de la situación, que es el mantenimiento -me parece que un tanto obstinado- de una
propuesta que curiosamente procede de las comunidades autónomas pero no es nada autónoma. Era una propuesta cerrada de dos candidatos que no pasaron el filtro del examen previo en el Senado. Recordemos esto, porque si no nos estaremos confundiendo
de debate. Esto es lo que hay que solucionar.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Quijano, por favor, tiene que terminar.
El señor QUIJANO GONZÁLEZ: Termino.
Lo digo pronto y claro. El problema en este momento es de buena fe política y quizá de lealtad constitucional, no un problema de normas reguladoras. Por lo tanto, no podemos votar favorablemente la toma en consideración, pero no por eso
quiero dejar de denunciar cuál es el origen de la situación actual, como SS.SS. saben.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Quijano.
PROPOSICIONES NO DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE IMPULSO DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO. (Número de expediente 162/000596.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): A continuación pasamos al punto II del orden del día: Proposición no de ley del Grupo Socialista sobre impulso del vehículo eléctrico. Para defender la proposición no de ley en nombre de su
grupo tiene la palabra el señor Alique.
El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el sector de la automoción es estratégico para la economía española tanto en términos de empleo como de productividad, de intensidad tecnológica, así como de contribución a la balanza comercial. La crisis económica y financiera
internacional que ha afectado también a la industria del automóvil, unida a la globalización, a todos nos ha enseñado varias cosas. En primer lugar, que el futuro de nuestro tejido productivo, en general, y el del sector de la automoción, en
particular, pasa por una regeneración y una redefinición, en términos de innovación, de competitividad y de respeto al medio ambiente. Es más, nosotros creemos que España tiene que adelantarse a los segmentos más competitivos en el mercado con
vehículos eléctricos híbridos y de reducidas emisiones de CO2. Poco a poco va ganando la idea de que el vehículo eléctrico en su modalidad tanto pura como híbrida enchufable forma parte del futuro de la industria del automóvil. Además, el Gobierno
socialista apoya el vehículo eléctrico porque reúne todas las características del nuevo modelo productivo que defendemos, que está basado en la innovación, en la apuesta por las energías renovables y en el ahorro y la eficiencia energética. España
tiene todas las características que debe reunir un país para ganar la apuesta por el vehículo eléctrico, porque tenemos un claro compromiso en la reducción de emisiones de CO2, un claro compromiso por las energías renovables y también nuestra fuerte
dependencia energética. Eso hace que debamos aprovechar todos los beneficios que supone el coche eléctrico, se fabrique o no el vehículo en nuestro país.
La movilidad eléctrica, por otra parte, supone una gran oportunidad; una oportunidad industrial que no debemos dejar pasar para introducir de forma masiva las energías renovables en un sector como es el del transporte que
produce el 40 por ciento del consumo energético en nuestro país y que además supone el 33 por ciento de las emisiones de CO2 a la atmósfera.
Por tanto, la apuesta por el vehículo eléctrico es una apuesta por la reducción de nuestra
dependencia energética, por las energías renovables y por el ahorro y la eficiencia energética, y estas ya son razones más que suficientes para apoyar el vehículo eléctrico. Pero España no debe quedarse ahí, tiene que aspirar a convertirse en un
polo de fabricación de vehículos eléctricos, como lo ha sido y lo es actualmente de los vehículos tradicionales. El Gobierno ha realizado una importante apuesta por el vehículo eléctrico. Se ha puesto en marcha el Plan Movele, por tanto hay un
plan piloto como pide el Partido Popular, pero en este caso más concreto, hacia donde esta más la investigación en este momento, que es hacia la movilidad urbana. El Gobierno también ha apostado a través del plan de competitividad del sector con
ayudas que van a favorecer la implantación y la producción de vehículos eléctricos en nuestro país en las plantas de Nissan, de Seat o, por ejemplo en Valladolid, en la planta de Renault. Además, ha firmado un memorándum en el que precisamente ya
está trabajando -y el día 6 de abril tiene que terminar-, donde se van a determinar todas las condiciones necesarias para la viabilidad del vehículo eléctrico. Por tanto, la propuesta que hace el Grupo Popular ya es extemporánea porque se está
ejecutando y, como digo, el próximo día 6 de abril estará encima de la mesa.
Nosotros creemos que el vehículo eléctrico tiene muchas ventajas como país y que, por tanto, no debe formar parte de la confrontación política. Por eso, es importante la colaboración de los ayuntamientos y también de las comunidades
autónomas en lo que se refiere a los planes de ahorro y eficiencia energética para introducir la movilidad eléctrica en nuestro país. En este sentido, la enmienda que presenta el PNV nos parece razonable y la admitiríamos. Entendemos que podría
subsumirse en una transaccional, si es posible, con otros grupos que han presentado enmiendas. Nos queda tiempo y nos gustaría poder llegar a ese acuerdo, más que nada para mejorar. Si no fuese así, admitiríamos la del PNV. Como país tenemos que
liderar el proceso del coche eléctrico, en un momento en el que además estamos presidiendo la Unión Europea y es necesario que se establezca una estrategia europea a favor del coche eléctrico. Por tanto, creo que son muchos los beneficios y por eso
pido al conjunto de la Cámara que apoye esta iniciativa.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): A esta proposición no de ley se han presentado enmiendas por parte de todos los grupos parlamentario. En primer lugar, para defender las del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la
palabra el señor Azpiazu.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Por parte del Grupo Mixto se han presentado dos enmiendas.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Salvador, las enmiendas se defienden en función de la entrada en el registro, no del orden de los grupos. Gracias.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señoras y señores diputados, nuestro grupo ha presentado una enmienda que parece que va a ser aceptada por el Grupo Socialista, tal y como ha confirmado ahora su portavoz. Con ella lo que
planteábamos es que en relación con el vehículo eléctrico se diera prioridad a aquellos proyectos con tecnología propia en la medida de lo posible y, por otra parte, incorporábamos un punto adicional en el sentido de que se fomente la investigación
e innovación en el ámbito del vehículo eléctrico porque creemos que tiene bastantes posibilidades. El vehículo eléctrico, en opinión del Grupo Vasco, es una oportunidad.
Creemos que es una oportunidad para la industria europea; su implantación
conlleva el desarrollo de nuevas tecnologías, actividad innovadora, generación de valor añadido, creación de empleo de calidad, posibilidad de potenciar las exportaciones, mejora de la eficiencia y del ahorro energético, control de las emisiones de
CO2 y reducción de la dependencia del petróleo y sus derivados. La política industrial en Europa afronta actualmente grandes retos entre los que destaca la necesidad de adoptar medidas que contribuyen a garantizar la competitividad de nuestra
industria en uno de los mercados más globales. Esta circunstancia exige un esfuerzo en la modernización del tejido industrial dentro de los parámetros de la sostenibilidad económica y medioambiental. Para que el vehículo eléctrico sea un éxito es
imprescindible un diálogo entre gobiernos, entre instituciones y entre los diferentes sectores implicados, como las empresas automovilísticas, energéticas, infraestructuras, las TIC, etcétera. Al mismo tiempo, los factores energéticos y de
reducción de emisiones contaminantes son elementos que hay que abordar de forma ineludible y en los que el vehículo eléctrico puede tener un impacto muy positivo. Países como Estados Unidos, China, Japón, Australia e Israel están abordando planes
muy ambiciosos de introducción de coches eléctricos, y en el seno de la Unión Europea también hay países muy activos en promover la adopción de este tipo de vehículo por parte de sus ciudadanos. En definitiva, el vehículo eléctrico es una de las
oportunidades más interesantes que tiene nuestra industria y esto se plasma en cuatro campos esenciales: el industrial, puesto que representa el futuro para el sector del automóvil europeo, tanto de fabricantes como de componentes; el tecnológico,
con la creación de nuevas redes inteligentes y recarga de baterías; el medioambiental, puesto que el vehículo eléctrico no emite CO2; y el energético, ya que permite a Europa seguir apostando por las energías renovables, la seguridad y la
eficiencia energética.
El vehículo eléctrico es mucho más que un coche, su implantación conlleva todo lo que queremos para la industria: desarrollo de nuevas tecnologías, actividad innovadora, generación de valor añadido, creación de empleo de calidad,
posibilidades de potenciar las exportaciones, mejora de la eficiencia y del ahorro de energía, control de las emisiones de CO2 y reducción de la dependencia de combustibles fósiles y sus derivados. Una apuesta decidida por el vehículo eléctrico
requiere, a nuestro juicio, una labor importante de trabajo y coordinación por parte de las autoridades de los distintos países que se pueden resumir brevemente en las siguientes áreas de interés. En primer lugar, la dimensión europea; los
vehículos tienen que producirse, venderse y poder conducirse en todo el territorio europeo y también en el resto del mundo. En segundo lugar, la manufactura de los vehículos; en los últimos tiempos se ha producido un avance muy importante en toda
Europa en la tecnología de fabricación de vehículos eléctricos, lo que ha permitido que los principales fabricantes mundiales de automóviles cuenten con modelos ya disponibles en el mercado. En tercer lugar, las cuestiones energéticas; a corto
plazo la mayoría de los miembros de la Unión Europea son capaces de absorber la demanda de electricidad adicional sin aumentar la capacidad de generación, pero conviene también analizar esta cuestión a medio y largo plazo. El vehículo eléctrico
puede ayudar a integrar la creciente producción de energías renovables en los sistemas eléctricos europeos. En cuarto lugar, el mercado y aceptación del consumidor; los principales fabricantes cuentan con modelos a disposición del consumidor ya en
la actualidad a pesar de que su mercado es todavía reducido. El principal papel de las administraciones en este ámbito se debería centrar en estimular la demanda con medidas de reducción de costes y/o fomento de su utilización. En este punto es
importante que la política común asegure que los distintos instrumentos no distorsionen las normas de competencia o el mercado interior. Se requiere, por lo tanto, una dirección común en los fondos para proyectos de desarrollo e investigación que
podrían articularse a través de programas de desarrollo europeos. En quinto lugar, normalización y seguridad jurídica; las autoridades políticas europeas deben contribuir a proporcionar confianza en el mercado y seguridad en las nuevas
tecnologías. El marco legal debe ser estable, cumplir con los requisitos de seguridad y salud y contar con instrumentos para su actualización y modernización rápida. Al tratarse de una tecnología nueva, requerirá un esfuerzo de normalización que
garantice la homogeneización de los productos para facilitar su uso y comercialización. Por último, la contribución medioambiental. La contribución a la sostenibilidad medioambiental es probablemente el aspecto más importante...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Azpiazu, por favor.
El señor AZPIAZU URIARTE: Termino, señora presidenta.
Es el aspecto más importante, decía, desde el punto de vista de los gobiernos. Las previsiones de movilidad en el horizonte 2030-2050 son difícilmente alcanzables sin un parque de vehículos limpios y eficientes.
Por esta y otras cuestiones
que no me ha dado tiempo de explicar, nuestro grupo va a votar favorablemente esta iniciativa.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Azpiazu.
Para defender las enmiendas del Grupo Popular tiene la palabra el señor Erias.
El señor ERIAS REY: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, en el ámbito de la Unión Europea gran parte de las instituciones y administraciones públicas nacionales, regionales y locales han asumido ya en mayor o menor medida la movilidad sostenible como directriz de sus políticas de
transporte. Desde esta perspectiva, el Partido Popular considera útil abrir el debate sobre el vehículo eléctrico, si bien no compartimos en su totalidad la aproximación que se nos presenta hoy por parte del Grupo Socialista. Con unas expectativas
de crecimiento en el horizonte del año 2020 del 50 por ciento para el tráfico de mercancías y del 35 por ciento para el de pasajeros, Europa y España necesitan abordar con éxito el reto del transporte, un transporte más sostenible que debe encontrar
apoyo en la innovación tecnológica, nuevos combustibles, motores de combustión más eficaces, vehículos eléctricos, etcétera, promoviendo a la vez la intermodalidad, el uso responsable de los medios y la calidad de los servicios. En otras palabras,
reorientar la movilidad es algo que va más allá de una medida específica como puede ser la promoción del vehículo eléctrico.
Desde el punto de vista medioambiental, la reducción significativa de gases de efecto invernadero requiere del desarrollo de tecnologías que permitan el uso de fuentes de energía primaria de forma limpia, desarrollando un mix energético
diversificado y con bajas emisiones, en el que tengan cabida tanto las energías renovables como la nuclear y los combustibles fósiles, siempre que se implementen soluciones tecnológicas -como, por ejemplo, la captura de CO2- que permitan minorar las
emisiones. En todo caso, conviene no olvidar que, según la Agencia Internacional de la Energía, en 2030 los productos petrolíferos representarán un altísimo porcentaje de la energía consumida en el transporte, incluso en un escenario de máximo
desarrollo de los biocombustibles y de los vehículos eléctricos. De hecho, en 2030 las estimaciones apuntan a que difícilmente más del 10 por ciento de las nuevas matriculaciones corresponderán a vehículos eléctricos o a híbridos enchufables. En
consecuencia y a modo de posicionamiento inicial, el Partido Popular considera que el vehículo eléctrico contribuirá de manera eficaz a reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero, aunque esta medida no deberá considerarse de forma aislada sino como parte de una estrategia global, específicamente desarrollada para renovar la estructura productiva de España, con el fin de hacerla más competitiva y
sostenible en estos momentos de fuerte crisis económica y de empleo. Aún más importante es lo que nos está preocupando, que es que el hecho del debate sobre el vehículo eléctrico que ahora nos está planteando el Grupo Socialista oscurezca o cuando
menos enmascare aspectos decisivos relacionados con la planificación estratégica de la energía en general y del sector eléctrico en particular. Pues si bien resulta obvio que el vehículo eléctrico ofrece ventajas evidentes respecto al convencional,
pues son energéticamente más eficientes, permiten el uso de una extensa gama de fuentes de energía, principalmente las energías renovables, reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, mejoran la calidad en el aire y reducen el ruido,
estudios recientes nos dicen que estos asuntos todavía van a tardar años en ponerse en práctica.
En la actualidad, las empresas automovilísticas vienen anunciando ya la comercialización masiva de vehículos eléctricos. Por ello, para el PP, y dado que no existen soluciones mágicas, cualquiera que sea la opción que se tome deberá
enmarcarse dentro de un plan más ambicioso que haga posible abordar el problema energético español con un sentido de Estado y no planteando, como hemos dicho anteriormente, soluciones individuales que conforman un grupo de medidas independientes con
las que resulta imposible aprovechar sinergias o, en su caso, contraproducentes y contradictorias, pues no hemos de olvidar que el Gobierno está interesado en desarrollar contactos con el PP para un pacto sobre la energía y ya está llevando a cabo
también trabajos en la subcomisión, órganos adecuados para tratar estos temas, y no efectos anuncio como esta PNL que, como acabo de señalar, oscurece el debate. A pesar de que el vehículo eléctrico mejorase mucho la eficiencia medioambiental,
creemos que en este momento de importante crisis debemos preocuparnos por definir ese mix energético eficiente, mix energético con el que, basándose en las energías renovables, el vehículo eléctrico podría mejorar la sostenibilidad un 77 por ciento
si las utiliza en toda su intensidad y bajaría al 44 por ciento si utiliza combustibles fósiles. En este sentido, el Grupo Popular propone una enmienda de adición para que se estudie previamente un plan director que nos sirva para conocer los
efectos socioeconómicos y ambientales que la implantación del vehículo eléctrico tendría y que, al mismo tiempo, se dé la oportunidad para que en los territorios extrapeninsulares...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Erias, por favor.
El señor ERIAS REY: Ahora mismo termino, señora presidenta. Como decía, para que en los territorios extrapeninsulares, fundamentalmente dados los apagones que últimamente se han producido debido a los problemas provocados por los
temporales, se desarrollase un plan piloto en las islas. Por último, de acuerdo con todos los agentes, llevar a cabo un plan director de implantación del vehículo eléctrico en España.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Erias.
Para defender las enmiendas del Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, nuestro grupo parlamentario ha presentado una enmienda a la proposición no de ley socialista sobre impulso del vehículo eléctrico, ya que desde Convergència i Unió estamos plenamente convencidos de que el impulso
en la fabricación y en la utilización del vehículo eléctrico ha de representar un incremento importante de las posibilidades industriales de este país en todos aquellos aspectos que hacen referencia al sector del automóvil, que es un sector
importantísimo, y al sector auxiliar de componentes del automóvil que entendemos que conjuntamente con todos los agentes económicos complementarios pueden llegar a consolidar una gran industria de futuro para los próximos años. Por este motivo
hemos planteado una enmienda en la que hay cinco o seis puntos relevantes, y esperamos que el portavoz socialista, don Jesús Alique, tenga la sensibilidad de recoger algunos de los aspectos relevantes que nosotros planteamos y que van en la
dirección de poder implementar, en este gran acuerdo que plantea la iniciativa socialista, no solamente todos aquellos aspectos que hacen referencia a la Administración central, sino que también se pueda implicar a todas las comunidades autónomas
que tienen competencias exclusivas en materia de industria. Al mismo tiempo, establecer todas aquellas colaboraciones con las principales asociaciones y empresas del sector de la automoción y de componentes, así como del sector eléctrico y del
sector de las tecnologías de la información. Asimismo, incorporar a esta amalgama importante de tejido industrial las tecnologías de la información y los principales centros tecnológicos, para poder elaborar un plan integral del vehículo eléctrico
que favorezca la investigación, la producción y el uso de este tipo de vehículos de forma progresiva para que, lógicamente, el Gobierno pueda presentarlo en la Comisión de Industria. También creemos que este plan debería incorporar y atender todas
aquellas decisiones ya adoptadas por las distintas administraciones, empresas y centros tecnológicos y, al mismo tiempo, establecer un catálogo de medidas a impulsar, el calendario de implementación de las mismas y su oportuna evaluación. Dentro de
estas medidas tendrían que incluirse determinados aspectos, algunos de los cuales van a ser recogidos por la enmienda transaccional que nos va a presentar el Grupo Parlamentario Socialista,
en el sentido de establecer dentro de sus planes de ahorro y eficiencia energética medidas que favorezcan una progresiva implantación del vehículo eléctrico en nuestros sistemas de movilidad más allá de las flotas de vehículos de servicio
público, con el fin de que también estos puedan llegar a todos los ciudadanos. Asimismo, fomentar e impulsar entre las entidades locales la movilidad y las infraestructuras eléctricas como política económica y medioambiental en el ámbito de sus
respectivos territorios. También existe un aspecto relevante que sería importante que se recogiera en la transaccional que vamos a votar positivamente, que sería que se pudieran implementar todas las modificaciones que hacen referencia al
reglamento electrotécnico para las corrientes de baja tensión en la nueva demanda de los vehículos y el establecimiento de las tarifas adecuadas para poder reorientar la carga en las horas de menor demanda. Se ha de continuar incentivando entre las
empresas la puesta en marcha de proyectos empresariales que coadyuven a la fabricación de vehículos eléctricos a medio y largo plazo. Entendemos por vehículos eléctricos no solamente los coches, sino también las motocicletas; este es un sector
importantísimo que ha de incorporarse en este gran acuerdo.
Esperamos que el Gobierno pueda presentar esta propuesta a la Comisión de Industria, Turismo y Comercio para que se puedan estudiar, debatir e incorporar las alegaciones o propuestas que
hagamos el resto de grupos parlamentarios.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Canet.
El señor CANET I COMA: Gracias, presidenta.
Señorías, desde hace no demasiado tiempo se viene hablando de la posibilidad cada vez más cercana de que los coches eléctricos y por extensión los híbridos se conviertan en una alternativa seria a los coches que funcionan con combustible
fósil, que emiten a la atmósfera dióxido de carbono altamente contaminante. No obstante, no podemos referirnos solo a los coches eléctricos como solución; es necesario hablar de otro concepto más amplio, como es el de vehículo verde, en el que
caben también modelos mixtos, los llamados coches híbridos. Por este motivo hemos presentado varias enmiendas de modificación en las que venimos a sustituir las palabras coche eléctrico por el concepto de coche verde. No en vano la implantación
del coche eléctrico puro tiene que ir acompañado de la inversión en puntos de carga, lo que va a ser costoso.
El coche híbrido puede suplir esta falta de puntos de carga.
Pensamos que la extensión y el uso generalizado del coche eléctrico, y por extensión del coche verde, no serán inmediatos y que deberán desarrollarse por partes. En primer lugar, deberán ser las administraciones y vehículos de empresa los
primeros que empiecen a extender dicho modelo y, en una segunda fase, el consumidor particular, cuando se convenza de las ventajas que ofrece este tipo de transporte. En este sentido ya se están dando pasos, como por ejemplo el denominado proyecto
Movele que recientemente ha firmado el Ministerio de Industria con los ayuntamientos de Barcelona, Madrid y Sevilla, para que a finales de este año se introduzca en el transporte público de estas ciudades un total de 2.000 coches, o la medida
adoptada por el Ayuntamiento de Barcelona que obliga a las nuevas contratas a disponer de un mínimo de un 30 por ciento de vehículos eléctricos para cubrir los servicios municipales. Y se tendrán que seguir dando pasos en este sentido e incluso,
como recientemente afirmó el conseller de Innovación de la Generalitat de Catalunya, Josep Huguet, es posible que en un futuro no muy lejano deban tomarse como referente a los países nórdicos, donde es posible que en poco tiempo se lleguen a
prohibir los vehículos convencionales en los transportes públicos para favorecer de forma decisiva la implantación del vehículo verde. A este razonamiento también obedecen algunos apartados de la proposición no de ley del Grupo Socialista, porque
pretende incentivar el uso de estos vehículos entre las empresas y en la Administración. No obstante, en este proceso de introducción del vehículo verde no puede olvidarse la colaboración de las comunidades autónomas, sobre todo la de aquellas con
mayor peso en la industria automovilística, que también tienen políticas propias en este sentido. Por ello, proponemos mediante dos de nuestras enmiendas que en los planes de ahorro y eficiencia energética, así como en el impulso de la movilidad y
de las infraestructuras eléctricas necesarias, se cuente con la colaboración de las comunidades autónomas.
Finalmente, hay que recordar que no podemos obviar ni menospreciar la importancia que en un futuro tendrá para la industria automovilística la fabricación y la implantación del coche eléctrico, y en eso seguro que estamos todos de acuerdo.
Por ejemplo, la Agencia Europea del Medio Ambiente nos ha recordado que los vehículos eléctricos podrían llegar a ocupar el 60 por ciento de las nuevas ventas de vehículos ya en el año 2050, llegando a representar el 25 por ciento de la flota
mundial de automóviles. Por citar algún ejemplo más de la importancia que determinados países dan a los vehículos eléctricos, les diré que Alemania quiere tener en circulación un millón de esos vehículos en el año 2020 y para ello acaba de aprobar
un plan nacional para el desarrollo de la movilidad eléctrica, que contempla ayudas directas para la compra de los 100.000 primeros vehículos. Entre los objetivos de este plan está el de convertir a Alemania en un mercado puntero en la tecnología
de propulsión eléctrica y además se quiere que sea un aliciente para la industria.
Debemos, pues, emprender actuaciones inmediatas y encaminadas a facilitar la transformación de este sector industrial para que sea verdaderamente competitivo. Por
ello, tenemos la intención de apoyar la proposición no de ley del Grupo
Socialista a poco que sean sensibles a algunas de las enmiendas que hemos presentado, lo cual nos parece que va a ser así.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Canet.
Ahora sí, señor Salvador, para defender las enmiendas del Grupo Mixto tiene usted la palabra.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Muchas gracias, señora presidenta, siempre hay que estar abierto a aprender algo.
Intervengo desde el escaño por la brevedad para agradecer la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista de cara al impulso del coche eléctrico en España, y para decir en nombre de mi grupo que compartimos la preocupación, la oportunidad y
el interés de está iniciativa, así como el camino que diseña la iniciativa en estos cinco puntos. Únicamente hemos querido añadir -porque pensábamos que de alguna manera no estaban concretados- dos aspectos, que son los que recogen las dos
enmiendas que nosotros presentamos. Uno es la participación de las comunidades autónomas en este futuro diseño, en el sentido de que si es un proyecto de calado nacional lo lógico es que ese impulso político tenga también la participación
coordinada de las comunidades autónomas, que es lo que recoge nuestra primera enmienda. Y en la segunda enmienda planteamos una reflexión en torno a las fuentes de alimentación de la energía que consumirá el uso generalizado del coche eléctrico, en
la medida en que -y es lo que nosotros reflejamos en nuestra enmienda- nosotros estamos preocupados por que esas fuentes de energía puedan ser originadas por combustibles fósiles contaminantes. Por eso, hemos intentado recoger en esa enmienda que
de alguna manera -como dice- se garantice que la energía eléctrica consumida por los vehículos eléctricos tenga un origen fundamentalmente renovable, aprovechando así -dice- todas las ventajas ecológicas y la reducción de gases de efecto invernadero
que la implantación de esta movilidad sostenible puede proporcionar a la sociedad. Estas son las dos cuestiones que hemos querido que se introdujeran para mejorar el texto. Estamos hablando con el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, creo
que no va a haber inconveniente en asumirlas a través de la inclusión de alguna enmienda del primer apartado, que hace mención a las comunidades autónomas, y espero que finalmente se acepte un texto en el que se ponga de manifiesto el carácter
renovable de las fuentes de energía que alimenten este proyecto que, en todo caso, compartimos.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Salvador.
Señor Alique, es su turno para aceptar o rechazar las enmiendas presentadas a su proposición no de ley.
El señor ALIQUE LÓPEZ: En principio, como he dicho anteriormente, aceparíamos la enmienda del PNV, pero de aquí a la votación a ver si es posible llegar a una transaccional con el resto de grupos que han presentado enmiendas.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Alique.
Sabe que la transaccional tiene que llevar el acuerdo de todos los grupos parlamentarios.
El señor ALIQUE LÓPEZ: Sí.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A PALIAR LA MALA SITUACIÓN QUE ATRAVIESA EL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL. (Número de expediente 162/0000567.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa a paliar la mala situación que atraviesa el sector turístico español. Para defender esta proposición no de ley
tiene la palabra en nombre de su grupo la señora Salom.
La señora SALOM COLL: Señora presidenta, señoras y señores diputados, hoy el Grupo Parlamentario Popular presenta una batería de medidas en beneficio del sector turístico para tratar de paliar los efectos de una crisis que el Gobierno tardó
mucho en reconocer y que hasta el momento nunca ha decidido afrontar. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) A lo largo de estos años el Ejecutivo ha estado más pendiente de eludir responsabilidades y de encontrar culpables que de tomarse en
serio los efectos de la crisis y analizar sector por sector qué es necesario cambiar, qué es necesario apoyar, qué es necesario impulsar. La capacidad y el dinamismo de un gobierno pueden convertir una crisis en una oportunidad. Eso se hizo en
España en el pasado y eso es lo que necesita hoy el turismo en nuestro país. El turismo en España era y debe seguir siendo una industria puntera, símbolo de calidad y excelencia. Representa más del 10 por ciento del PIB y ocupa a más de 2 millones
de personas. El sol y las playas siguen estando ahí, pero el señor Zapatero no es consciente de los enormes desafíos a los que se enfrenta el turismo español. Hay un cambio global de escenario y, además, el Gobierno toma medidas que son una bomba
de relojería en contra del sector. Hay que decirlo claramente: el turismo es la hermana pobre del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. En 2009 el descenso en el número de turistas en España dobló el descenso que se produjo a nivel
internacional, lo que significa que las cosas aquí no se están haciendo bien. Créanme que lamentamos profundamente que no utilicen la Presidencia europea
para promover medidas reales que interesan a los ciudadanos, como apostar por un IVA superreducido del 4 por ciento para el sector de la hostelería y el turismo. No solo no se mueven para aprobar esta medida sino que reman en dirección
contraria a los intereses del sector al aprobar una subida generalizada del IVA, un 14 por ciento de incremento para el sector del turismo al pasar del 7 al 8 por ciento. La subida del IVA para el sector del turismo es una medida hostil que
encarecerá los precios, que hará que seamos menos competitivos, que retraerá el consumo y hará más atractivos a nuestros competidores. Al mismo tiempo que el Gobierno sube el IVA aquí en España, Francia y Alemania lo bajan, bajan el IVA del sector
turístico; Francia lo tiene en un 5,5 por ciento y Alemania pasa del 19 al 7 por ciento. En España vamos en dirección contraria.
Todos los agentes del mundo turístico han dicho que estaban en contra de esta subida, pero anular la subida del IVA y promover un IVA superreducido del 4 por ciento no son las únicas medidas que necesita el sector. El sector del turismo no
vive al margen del resto, de la realidad del país. Con una tasa de paro del 20 por ciento es hora de que el Gobierno despierte y se dé cuenta de que en lugar de incrementar impuestos y tasas para acaparar recursos de los ciudadanos, lo más útil que
puede hacer es ajustarse el cinturón y dejar la iniciativa a la sociedad. El Partido Popular es consciente de que el turismo debe ser un sector estratégico de primera magnitud que requiere políticas de Estado urgentes para mejorar la calidad; un
trato preferente para el turismo, una implicación directa del presidente del Gobierno, que todos los ministerios del Gobierno piensen en cómo mejorar cada uno desde su área el turismo, más coordinación entre las distintas administraciones para crear
sinergias y complicidades. Apostamos por reducir el IVA del sector turístico al 4 por ciento. Apostamos por reducir las cotizaciones de la Seguridad Social en dos puntos, una medida que haría que en muchos casos los empresarios se decidan por
contratar nuevos trabajadores y, con ello, reavivar la demanda. En anteriores gobiernos, cuando el PP bajó impuestos ustedes decían que aquello era una locura y que llevaría al país a la ruina, y resulta que ocurrió todo lo contrario. Hágannos
caso, que de esto sí sabemos. Bajen el IVA, bajen las cotizaciones y se creará más empleo en nuestro país.
Otro elemento importante son las tasas aeroportuarias. Hay que reducirlas como mínimo en un 50 por ciento. Es imprescindible abaratar el coste de los billetes de avión. La ausencia de un modelo energético está haciendo que ciudadanos y
particulares estemos pagando la energía cada vez más cara; un elemento más que nos resta competitividad. Hagan las reformas para bajar el precio de la energía. Hay que incrementar la línea ICO-Renove, que fluya el crédito en las empresas del
sector, porque el sector quiere mejorar y seguir modernizándose, además de ampliar a veinte años el periodo de amortización.
Es hora de apoyar para hacer mejor lo que sabemos hacer. El turismo es nuestra principal industria y somos muy buenos y profesionales. Lo hemos hecho en España y hemos exportado también nuestra industria. El Gobierno debe poner lo pies en
el suelo y apoyar lo que es una base segura para nuestra recuperación. Son tiempos duros, son tiempos difíciles. En el Mediterráneo hay una dura competencia y el fenómeno low cost ha puesto casi cualquier destino a un golpe de clic. Hay que
reconvertir los destinos maduros, mejorar la seguridad y las comunicaciones. Clama al cielo la reconversión integral de la playa de Palma. Hay que ponerse manos a la obra. Es una inversión imprescindible para una comunidad como las Islas
Baleares. También están pendientes San Bartolomé de Tirajana y la Costa del Sol. Hay que mejorar la imagen de España, no solo con campañas publicitarias. ¿De qué sirve un buen spot si a continuación la noticia sobre nuestro país refleja las
consecuencias de la incapacidad y la ineptitud de un gobierno que nos ha metido a los españoles en la peor recesión de toda la OCDE? Hay que apostar por más calidad, más calidad y más calidad, más formación y más I+D+i. Hay que ser capaces de crear
nuevas sensaciones y nuevas experiencias, un plus que haga más atractivo el turismo español.
Estas son las medidas que el Partido Popular ha planteado con esta iniciativa y en ellas se ven reflejadas las inquietudes y las necesidades que hoy tiene el sector turístico español. Por eso les pido a todos los grupos parlamentarios el
apoyo a esta proposición no de ley.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Salom.
Para la defensa de las enmiendas presentadas, en primer lugar, por el Grupo Catalán tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Gracias, presidente.
Señorías, nuestro grupo parlamentario cree que estamos debatiendo una proposición no de ley no solo importante sino decisiva en términos económicos y de viabilidad del sector turístico. La proposición no de ley evidencia los problemas que
está afrontando hoy un sector determinante en nuestro crecimiento, tanto en términos de PIB como de ocupación, problemas que nuestro grupo parlamentario ha insistido en la urgencia de resolver a través de las distintas iniciativas representadas. Al
sector turístico ha correspondido, según datos del INE de 2008, el 10,5 por ciento del PIB, representando más del 12 por ciento de la ocupación. Es este mismo sector el que ha sufrido una caída drástica en su aportación al PIB. El descenso en la
llegada de turistas extranjeros, así como el descenso en el gasto, han determinado un ejercicio 2009 muy negativo, muy complicado, y las previsiones para 2010 no son optimistas y así lo ha puesto de manifiesto Exceltur. Estas cifras evidencian que
la crisis internacional ha impactado de manera determinante en el sector, pero también es cierto que
nuevos países entrantes como Turquía o Marruecos han mantenido cuotas de mercado e incluso crecido ligeramente. Ello obliga a nuestro sector a competir con bajadas de precios y por tanto a sufrir importantes ajustes y reducciones de
márgenes y beneficios. Nuestra economía debe apostar por una estructura económica equilibrada entre servicios e industria. Hemos manifestado en distintas ocasiones que la misma estacionalidad de la crisis obliga a nuestro tejido económico a actuar
en paralelo en el corto, en el medio y en el largo plazo, lo cual vale para el sector turístico, clave en nuestro crecimiento. En lo inmediato urge continuar actuando con medidas que permitan cubrir las necesidades de financiación del sector para
superar el impacto tan drástico de la crisis, al mismo tiempo que urge activar medidas de estímulo tanto por la parte de la oferta como por la parte de la demanda.
Señorías, un aumento del IVA como el propuesto por el Gobierno no va en esta dirección; todo lo contrario. Incrementos impositivos penalizarán, y más en un momento que coincide con la campaña estiva, al sector tanto por la parte de la
oferta como de la demanda. No es el momento de subidas impositivas que repercutan en el consumo y en la actividad económica, posición que hemos defendido y defenderemos de manera contundente. Junto a ello, el sector en lo inmediato necesita de la
continuidad en las ayudas y, por tanto, de la continuidad para 2010 de los planes Renove Turismo, que sean efectivos, como se ha demostrado, y que permitan al sector superar la crítica situación por la que atraviesa y poder afrontar los retos de
futuro, un futuro que pasa por una apuesta turística más competitiva, más diversificada, más cualitativa; una apuesta por una diversificación de oferta, por una formación que permita liderar la excelencia en los servicios y por unas
infraestructuras de calidad, competitivas e innovadoras.
Nuestro grupo parlamentario apoya la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular, pero hemos presentado una enmienda que deseamos sea aceptada y que en primer lugar persigue establecer y determinar unos tiempos de actuación,
instando al Gobierno a impulsar en el plazo de tres meses un plan de apoyo al sector. En segundo lugar, y no menos importante sino todo lo contrario, imprescindible para nuestro grupo parlamentario, pretende marcar la importancia de la
participación de las comunidades autónomas en la elaboración del plan sectorial. Es imprescindible su colaboración; son ellas las que tienen las competencias en esta materia y de ninguna manera pueden quedar excluidas de las decisiones y del plan
de actuación, debiendo estar involucradas desde el inicio y de manera plena en el respeto competencial.
Señorías, compartimos la necesidad de actuar de manera decidida en un sector que para nuestro grupo es estratégico en nuestro crecimiento, y actuar en el corto y medio plazo. Este sector nos ocupa y preocupa por el peso que tiene en nuestra
estructura económica en términos de PIB y en términos de ocupación. De ninguna manera podemos penalizarlo con subidas impositivas, y sí en cambio estimularlo dotándolo de mayor capacidad financiera, ya sea a través de ayudas o de la fiscalidad, y
no solo para asegurar su viabilidad sino sobre todo su crecimiento y su competitividad. De este sector depende una parte muy importante de nuestra ocupación presente y futura. Esto es lo que el sector reclama, lo que nuestra economía necesita y lo
que nuestro grupo defiende. Por todo ello afirmamos nuestro voto favorable a la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular.
Presidente, señorías, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Riera.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra don Francesc Canet.
El señor CANET I COMA: Señorías, intervengo muy brevemente para expresar que coincidimos no solamente con el grupo proponente sino también con las explicaciones que se acaban de dar; efectivamente el sector turístico atraviesa una
situación crítica, a la vez que es un sector absolutamente estratégico. De todas formas, respecto al contenido de la larga proposición no de ley del Grupo Popular tengo que decir que no en todo estamos de acuerdo. Se hace bastante hincapié en la
política de reducción de costes que podríamos comprender en algunos aspectos, por ejemplo y especialmente respecto a la necesidad de que la política energética sea útil y abarate esos costes.
En cualquier caso, en nuestro grupo pensamos que sería mejor apostar por el fomento de la calidad en la oferta de productos y de servicios, diversificando por ejemplo las motivaciones de los visitantes. Algunos elementos explícitos y otros
implícitos no nos acaban de convencer. Por ejemplo, no nos reconocemos en el modelo implícito de gestión aeroportuaria que se propone, más allá de la coincidencia o no con el nivel de las tasas. Por todo ello hemos presentado determinadas
enmiendas que lógicamente condicionan nuestra toma de posición a la hora de votar.
Podríamos considerar tres grupos o tres tipos de enmiendas: una referida al IVA, ya que consideramos que sería positivo en el caso del sector turístico aplazar su
aumento hasta después del verano como mínimo; otras enmiendas desde el punto de vista competencial, que creo que coinciden con las que antes ha expresado quien me ha precedido en el uso de la palabra, y fundamentalmente presentamos una enmienda que
habla de la territorialización de las subvenciones en materias de competencia exclusiva. Ese es un asunto que reiteradamente hemos expuesto en esta tribuna y en la Comisión correspondiente. Hemos apelado muchas veces a la reiterada jurisprudencia,
por ejemplo a la sentencia del Tribunal Constitucional 2042/1999, con relación a acciones de fomento y promoción en el ámbito de materia turística, que ningún Gobierno español ha aplicado hasta ahora. Por tanto, intentaremos ver cuál es la posición
del grupo proponente
con relación a nuestras enmiendas, especialmente esta última, para adoptar finalmente una decisión en cuanto a voto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Canet.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Félix Larrosa.
El señor LARROSA PIQUÉ: Gracias, señor presidente.
Voy a empezar diciendo a la diputada proponente que esta iniciativa ya no sirve para sorprender a nadie. Yo creo que llega mal, ya que, desde nuestro punto de vista, ha desaprovechado una gran oportunidad para poner en valor medidas que
podían haber contribuido a centrar el debate real sobre el sistema turístico español y posiblemente también para que esta Cámara, de forma unánime, hubiera realizado una declaración conjunta sobre el papel estratégico que tiene el sector para la
economía española.
Sin embargo, parece ser que prefieren hacer declaraciones como las realizadas por un diputado popular este fin de semana en Mahón y que ABC titula diciendo que el turismo en Baleares atrae a las bandas organizadas. Más spots
tendremos que dedicar, señora Salom, para poder lavar la cara de titulares como estos, facilitados por un diputado popular este fin de semana en Mahón. (Aplausos.) Cada uno que piense lo que quiera.
Esta iniciativa llega tarde, puesto que no solo algunos de los puntos que plantean ya se han debatido no una sino varias veces en esta Cámara, sino que hay aspectos que se están llevando a cabo desde hace seis años, y parece que quieran
correr a justificarse, quizás será porque los datos que se están haciendo públicos estos días son datos positivos, datos a los que temen porque evidencian su estrategia de generar desesperanza y frustración en la sociedad española. Sin ir más
lejos, el propio presidente de Canarias anunciaba la semana pasada en Berlín una previsión de crecimiento para el turismo canario de un 17 por ciento. ¿O es que me va a negar que se ha producido un incremento de turistas internacionales en los
últimos dos meses? ¿O es que me va a negar que el gasto del turismo ha subido un 4,1 por ciento? Mientras, los viajes de los españoles en el mes de octubre, último mes de referencia, se consolidan con un crecimiento interanual de más del 4 por
ciento.
Pero, volviendo a su proposición, no plantean dentro de las diez medidas nada que suponga mejorar lo que ya se está haciendo por parte del Gobierno español. En su exposición de motivos ustedes hablan de competitividad del sector, pero no
hacen ni una sola referencia al papel de los mercados. Esto es impresionante. Fíjese, señora Salom, hace ocho años el secretario general de Turismo achacaba a la situación económica de Alemania, de Estados Unidos o de Japón los datos de entradas
de turistas internacionales. Eso sí, reconociendo dificultades, no plantearon una bajada de impuestos, ni de tasas, ni de nada que se le pareciera para favorecer la competitividad del sector turístico. En lugar de eso, propusieron una nueva
versión del Plan Futurex, plan elaborado por un ministro llamado Gómez-Navarro, que les quiero recordar que era un ministro del Gobierno de Felipe González, lanzando el Plan para la calidad del sistema turístico español.
Señoras y señores diputados, estamos ante una iniciativa que en el fondo evidencia una vez más que el Grupo Parlamentario Popular no tiene modelo tampoco para el sector turístico. Hacen ustedes un planteamiento clásico: competir en base al
precio. Y como no pueden incidir en las decisiones que se tomen desde el sector privado, optan por ir en contra de las finanzas públicas para favorecer, dicen, un sector que tiene probablemente otros problemas que no son los 50 céntimos de euro de
un menú gastronómico. ¿Cuándo se mentalizarán ustedes de que la clave de nuestro modelo está en dar más valor añadido y que la batalla por el precio está perdida?
Hoy podríamos hablar de cómo avanzar en la formación del sector; deberíamos hablar posiblemente del papel de las tecnologías, de las actividades de apoyo a la calidad como forma de favorecer la conservación de los puestos de trabajo y de
acercar las necesidades de las pymes al mercado de trabajo. Hoy nos podríamos haber puesto de acuerdo para apoyar la creación de un verdadero centro de inteligencia turística en red a nivel autonómico, estatal e internacional. Hoy hubiéramos
podido impulsar avances en la cooperación pública y privada, habernos puesto de acuerdo en cómo impulsar nuevos procesos, desde el producto hasta la comercialización, absolutamente orientado al cliente; hubiéramos podido reflexionar sobre las
líneas de financiación ya establecidas para asegurar la viabilidad de las empresas turísticas. Hoy hubiéramos podido debatir sobre la diversificación de mercados evitando las excesivas dependencias, bien de una actividad, como puede ser el sol y
playa, bien de algún mercado en particular, o de cómo favorecer la internacionalización de las empresas turísticas.
Esta iniciativa llega tarde y llega mal, porque lo que plantea está claramente superado por la acción del Gobierno socialista de los últimos seis años: año uno del Gobierno socialista, con el ministro Montilla, se crea el Consejo Español de
Turismo y se pone en marcha el Plan de objetivos de Turespaña; año dos, los fondos para modernización de infraestructuras turísticas; año tres, Segittur; año cuatro, con el ministro Clos, el Plan del turismo español horizonte 2020; año cinco,
con el ministro Sebastián, Plan Renove Turismo y FuturE, y año seis, Plan estratégico cultural y del turismo gastronómico. ¿Qué más políticas de Estado quieren para desarrollar la principal industria económica de este país? (Aplausos.)
Señora Salom, nosotros hemos presentado una enmienda, que esperamos que pueda aceptar, para poder seguir mejorando y aportando soluciones a este sector muy nuestro.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Larrosa.
Por el Grupo Mixto tiene la palabra doña Ana Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, considero una oportunidad magnífica la que ha proporcionado el Grupo Popular al presentar esta proposición no de ley.
Como sabe la portavoz, hace un año Coalición Canaria trajo aquí una moción importante, en la que se
hablaba por primera vez de rebaja de tasas aéreas, de lo que era la reconversión de la planta alojativa y, sobre todo, trajo al debate político de la crisis el tema del turismo. Es lógico que dos isleñas, en este caso balear y canaria, estén
preocupadas por el turismo, nuestra principal industria, de lo que vivimos y de lo que viven miles de personas, y donde primero nos llegó la crisis, porque, cuando el señor Zapatero decía que no iba a venir o que no era o que en España no, Canarias
y Baleares supieron que venía la crisis porque fuimos los primeros que la sufrimos, y seguramente parte del turismo nos ayudará a salir, en cierto grado, antes.
Quiero matizar, con respecto a don Félix Larrosa, que todo no es buenismo, pero también hay que decir que el turismo está empezando, la Semana Santa ha sido buenísima, por ejemplo en Canarias, donde prácticamente hubo una ocupación total y
las previsiones, después de la Feria de Berlín, son de recuperación, pero no de lo que teníamos antes, porque don Félix Larrosa se refiere con respecto al año anterior y al anterior, que fueron verdaderas catástrofes para el sector turístico. No
podemos tener la sensación los que vivimos del turismo de que el Gobierno está contento con cómo están las cosas y que las cosas van a salir solas. Eso no es así, en este momento en este país tenemos dos problemas, no solo la crisis internacional,
sino que ahora en la Feria de Berlín lo que se ha visto es que los ingleses y los alemanes vuelven a viajar, pero cuidado que donde viajan es a Egipto, a Túnez, a Turquía y a Dubai, que han aumentado un 20 por ciento, el 20 por ciento que ha bajado
en nuestro país el turismo inglés o el turismo alemán. Esto es porque nuestro turismo y el Estado tienen que aprovechar la crisis económica en nuestro sector para reconvertirlo inmediatamente.
¿Qué problemas tiene nuestro país, y Canarias en concreto? Planta alojativa obsoleta, municipios turísticos con zonas degradadas absolutamente y una política de costas y de inversiones en costas y en playas nefastas. Además, España no está
a la altura de los nuevos mercados de países del Este. Un bielorruso o un azerbaiyano que quiera viajar a este país tiene que ir a Moscú o no sé dónde para conseguir, después de tres meses, un visado. ¿Qué han hecho los griegos? Abrir centros
consulares en todos los antiguos países del Este, y nosotros todavía discutiendo si se amplía la plantilla o que con lo de Moscú se amplió, pero ¿cómo va a ir un tipo desde Bielorrusia o desde Azerbaiyán, un señor millonario como los hay, para que
le tarde tres meses un visado? Tenemos que tener una política de relaciones en el Ministerio de Asuntos Exteriores; tenemos que tener una política distinta en relación con costas y playas, una política que no solo sea sancionadora sino que sea
activa y positiva. Seguramente si las costas volvieran a estar en el Ministerio de Fomento habría una visión totalmente distinta que al estar en Medio Ambiente. La política de costas en este país ha desaparecido, cuando eran las infraestructuras
más importantes para hacer el cambio de modelo turístico.
Termino diciendo, señora portavoz del Grupo Popular, que comparto totalmente su moción. Es más, el Grupo Socialista y el Gobierno Socialista deberían reconsiderar en relación con el IVA turístico si es el momento adecuado, incluso si es
junio o si sería mejor septiembre, como planteó muy bien en su momento Convergència i Unió. En cualquier caso, Coalición Canaria tiene un acuerdo de presupuestos con el Partido Socialista de que, mientras cumpla con Canarias, nosotros cumpliremos
nuestros compromisos de presupuestos. Nosotros pensábamos votarles toda la moción, incluido lo de la Seguridad Social, excepto la bajada del IVA, como le digo, por los compromisos adquiridos con el Gobierno y con el Grupo Socialista en los
presupuestos del Estado. Al no poder votar los puntos individualmente, no la podemos apoyar, pero quiero que quede constancia aquí, en el acta del Congreso, de que apoyamos íntegramente su moción y de que creemos que el Grupo Socialista y el
Gobierno Socialista en el caso del sector del turismo deberían pensar y replantearse, por lo menos un aplazamiento hasta que acabe la temporada de verano en la Península.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Oramas.
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) no desea hacer uso de la palabra, por lo que a continuación tiene la palabra la señora Salom.
La señora SALOM COLL: Señor presidente, aceptamos las enmiendas que ha presentado el Grupo de CiU.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Salom.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA BARKOS), RELATIVA A LA POSICIÓN DEL GOBIERNO SOBRE LOS CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL MAPA RADIOFÓNICO. (Número de expediente 173/000122.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Mixto, de la señora Barkos, relativa a la posición
del Gobierno sobre criterios para la elaboración del mapa radiofónico.
Para la defensa de la misma tiene la palabra la señora Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidente.
Señorías, el pasado miércoles tuvimos ocasión de interpelar al ministro de Industria en torno a la futura reordenación del mapa radiofónico.
Dibujábamos la situación concreta y específica a través de un caso particular, pero con dimensión a
lo general y a lo universal, como es el de la pequeña emisora Euskalerría Irratia, única en ofrecer a Pamplona y a su comarca desde Pamplona y su comarca una programación íntegramente en euskera; lo hace desde hace varios lustros. Con su caso lo
que pretendíamos -y creo que quedó claro desde esta tribuna- no era sino dibujar la circunstancias de aquellas emisoras en situación de irregularidad, no por voluntad propia -y esto es muy importante señalarlo- sino por deseo expreso y reiterado de
la autoridad competente, en este caso del actual Gobierno de Navarra. De la arbitrariedad de su actuación y de lo reiterado de esta actitud dan cuenta -y así lo ilustrábamos desde la tribuna- dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de
Navarra, 2005 y 2009, que exigen que se revise esta actuación reiterada o si acaso estas dos actuaciones, porque habría que separarlas.
El incumplimiento en la segunda ocasión de estas dos sentencias y el incumplimiento, también reiterado, de la
Carta europea de lenguas minoritarias en lo que respecta a las competencias autonómicas son los dos ejes, los que sostienen o explican la moción presentada por Nafarroa Bai a esta Cámara. Es una moción que buscaba revisar para regularizar, en el
marco de las competencias propias del Gobierno, aquellos casos reconocidos por instancia judicial de emisoras radiofónicas en situación involuntaria de irregularidad, como es el caso de Euskalerria Irratia. La moción instaba también al Gobierno a
impulsar los compromisos suscritos con la Carta europea de lenguas minoritarias en lo referido a medios de comunicación. Y por último, instaba al Gobierno a dar traslado oficial al Gobierno de Navarra de los compromisos suscritos con esta carta, a
la que yo aludí anteriormente, subrayando el incumplimiento reiterado de dichos compromisos, en lo referido a medios de comunicación por parte del actual Gobierno foral. Que quede claro, porque ha habido algunas sorpresas con este último punto que
proponía Nafarroa Bai. No sería la primera vez que esta Cámara vota en ese sentido, y lo hace además con mayoría de los diputados, a la hora de explicar cuáles deben ser las responsabilidades en este caso del Gobierno central, en cuanto que
firmante de aquella carta, pero que de alguna forma involucra a las comunidades autónomas, todo en el marco de las competencias respectivas. Entendemos que eso es una forma de instaurar lo que podría llamarse de una manera un tanto más común un
tirón de orejas que algunas instancias, a nuestro entender, en este caso merecen.
A la moción presentada por Nafarroa Bai se han presentado dos enmiendas.
La primera de ellas del señor Salvador, de UPN, es una enmienda de supresión. Desde luego que es de supresión porque mantiene tan solo el punto 2 y propone que
desaparezcan los puntos 1 y 3. Digo que es de supresión porque si no se hubiera escrito en los anales parlamentarios inventando la enmienda de desaparición. Entiendo que las iniciativas de los diputados de esta Cámara tienen derecho a ser
debatidas. En cualquier caso, la enmienda del señor Salvador en ese intento de desaparición del espíritu, de la iniciativa en toda su dimensión, quizá incluso expresa el deseo de algunos miembros de su formación de desaparición de la misma radio,
no va a ser aceptada con todo ese espíritu, señor Salvador, no puede ser de otra manera.
Nos ha propuesto el Grupo Socialista una enmienda que finalmente ha sido transaccionada. Entiendo que lo ha sido para enriquecer la propuesta que nos hacía, que no la veíamos en absoluto con malos ojos, todo lo contrario, en la que nos
proponían instar a las comunidades autónomas y luego impulsar los compromisos suscritos con la Carta europea de lenguas minoritarias. Pero seguimos pensando que esta Cámara debe empezar por instar al Ejecutivo a que se refiere su entorno o su
título de acción y exigir un posicionamiento político, en este caso al Gobierno central. Por tanto, la transaccional que hemos firmado ambos grupos y en su representación los portavoces correspondientes, propone instar al Gobierno a realizar las
actuaciones que procedan en el marco de sus competencias, en aquellos casos de emisoras en situación involuntaria de irregularidad reconocida tal circunstancia por instancia judicial.
Propone la enmienda transaccional instar también a las
comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias que tienen atribuidas en materia de concesión de la prestación del servicio público de FM, de ámbito inferior al autonómico, a revisar aquellos casos reconocidos por instancia judicial de
emisoras radiofónicas de ámbito local que se encuentran en situación involuntaria de irregularidad. Y por último, la enmienda transaccional recoge el punto referido a instar al Gobierno a impulsar los compromisos suscritos con la Carta europea de
lenguas minoritarias, en lo referido a medios de comunicación. Como digo, esta es una transaccional en esos tres puntos que nos satisface, porque expresa la voluntad política que pretendíamos recabar de apoyo en esta Cámara y con la que nos gustará
encontrarnos en esta sesión. Nos satisface porque apela a lo que entendemos son algo más que incoherencias, lo dice así además el Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el caso concreto al que nos referíamos, y a la arbitrariedad con que se ha
actuado en este caso por parte de la autoridad competente que no es otro que la actual Gobierno de Navarra. En la medida en que como señalaba contiene ese tirón de orejas político, en la medida en que busca mostrar voluntad política de resolución,
aceptaremos, señor presidente, la transaccional que hemos firmado ya el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Mixto.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Barkos.
Por el Grupo Socialista para la defensa de la enmienda tiene la palabra don Juan Moscoso.
El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Señor presidente, señorías, como ha explicado la señora Barkos, mi grupo ha presentado una enmienda que demuestra la buena voluntad y la vocación de buscar un acuerdo en un ámbito como este, en el que
existe poco margen de actuación. ¿Por qué digo poco margen? Porque la enmienda exige por un lado respetar el reparto competencial y de descentralización que existe en esta materia, en materia radiofónica. Como recordó el miércoles pasado el señor
ministro a la señora Barkos, mi grupo no tiene previsto que el Estado recupere viejas competencias, y estoy seguro de que tampoco la señora Barkos pretende que así sea. De manera que tenemos que pegarnos a la ley.
Ley que, como recordaba también
el señor ministro, va a ser modernizada, reformada y potenciada prontamente con la Ley de Comunicación Audiovisual, que prevé a su vez la creación de la agencia estatal de radiocomunicaciones que va a ejercer una nueva coordinación en este sector.
Respeto por tanto de las competencias que las comunidades autónomas tienen atribuidas en materia de concesión de servicios de FM en ámbitos inferiores al autonómico.
Les recuerdo también lo que se debatió entonces, el hecho de la doble concesión, por un lado la administrativa, que es autonómica y, por otro lado la estatal, que conceden el título habilitante para el uso del dominio público radioeléctrico.
Por ello en el marco de sus competencias nada puede hacer el Gobierno central para regularizar los casos de emisoras en situación de irregularidad, ya que son las comunidades autónomas y solo ellas a las que compete, sobre la base de la Constitución
y de sus estatutos de autonomía, adjudicar las correspondientes licencias, concesiones de FM así como regularizar la situación de las mencionadas emisoras y, como decía, así va a seguir siendo con la nueva legislación. Sí se puede no obstante
instar, como hace la enmienda que hemos presentado y como hacen las sentencias, a que se revisen los casos reconocidos judicialmente como de irregularidad voluntaria. La enmienda por tanto contempla también el respeto de las resoluciones
judiciales, como no puede ser de otra manera, y de los procedimientos administrativos legalmente establecidos. También reconoce y admite la presunción de que las administraciones públicas, todas, actúan con pleno respeto de la legalidad, en virtud
del principio de legalidad con el que nos hemos dotado en el Estado de derecho. También lo dijo el ministro porque no podría ser de otra manera.
Señorías, también el ministro dijo claramente que el Gobierno está dispuesto -lo ha hecho- a impulsar todas aquellas iniciativas que sean necesarias, para establecer un marco audiovisual en el que se respeten y preserven los derechos
fundamentales de los ciudadanos y de los medios de comunicación social. Así tenemos, por ejemplo, los principios de respeto y comprensión hacia las lenguas cooficiales o minoritarias, según se ha suscrito conforme a la Carta europea de lenguas
minoritarias, compartidos y defendidos por el Gobierno, por mi grupo y por mi partido. Este respeto no altera el reparto competencial entre Estado y administraciones periféricas, en este caso autonómicas.
Señorías, tenemos respeto a las decisiones judiciales, en particular a las relativas a la anulación de concursos de adjudicación de licencias. Mi grupo aquí y también en el Parlamento de Navarra, en Pamplona, ha reiterado muchas veces la
necesidad de que se ejecuten las sentencias, y hay que recordar que la sentencia a la que hacía mención la señora Barkos no se ha ejecutado todavía porque el Gobierno de Navarra, de UPN, la ha recurrido. Mi grupo en Pamplona ya explicó que nosotros
nunca la hubiésemos recurrido. El espacio radiofónico navarro exige un concurso libre, transparente y objetivo, algo que no se ha hecho hasta ahora y algo que se debe a una gestión del Gobierno de UPN que -por ser educados-ha sido bastante
negativa. Quiero recordar que ha habido varias sentencias por las cuales se anulaban estos recursos, y también que el consejero que fue titular de esta cartera en tiempos de UPN está ahora en el Partido Popular; de manera que aquí creo que las
culpas están muy repartidas. Mi partido ha defendido en el Parlamento de Navarra la necesidad de crear un plan audiovisual de Navarra, un plan que entre otros objetivos potencie el uso de las lenguas cooficiales o minoritarias, como dice la Carta
europea.
El Partido Socialista de Navarra, el PSOE, nunca ha ocultado y siempre ha defendido que en Navarra, y en particular en la comarca de Pamplona, debe haber oferta radiofónica en euskera, ya sea la de Euskalerria Irratia u otras como la de
Ràdio 4, porque creemos que hay una realidad social y cultural que así lo exige. En este sentido, seguiremos trabajando siempre con respeto a la legalidad y por supuesto en el marco competencial de cada uno.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Moscoso.
Por el Grupo de Esquerra Republicana tiene la palabra don Francesc Canet.
El señor CANET I COMA: Gracias, señor presidente.
Brevemente desde el escaño anunciamos nuestro voto favorable. Como ya se ha recordado, el Reino de España ratificó la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias en el mes de noviembre de 1992. Además, en febrero de 2001, a
través del instrumento de ratificación, se aseguraba un nivel de producción más alto a las lenguas regionales o minoritarias reconocidas como oficiales en estatutos de comunidades autónomas. Este instrumento se traducía, entre otras cosas, en la
necesidad de garantizar la creación como mínimo de una
emisora de radio y un canal de televisión, fomentar y facilitar la producción y difusión de obras de audición y audiovisión, y fomentar y facilitar la creación y el mantenimiento de al menos un órgano de prensa.
Estos compromisos son, pues,
una obligación internacional asumida por el Estado en su conjunto y que, por tanto, en el ámbito interior ha de ser ejecutado -el compromiso- por quien tenga competencias, sea el Estado o sea la comunidad autónoma. Por tanto, dejando sentado este
principio de respeto competencial, votaremos a favor de lo que se está proponiendo y también de la transacción que se ha originado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Canet.
Por el Grupo Vasco, PNV, no se desea hacer uso de la palabra.
Por el Grupo Catalán tiene la palabra doña Inmaculada Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Presidente, señorías, nuestro grupo parlamentario anticipa que, tal como está planteada inicialmente la moción, no la votaremos favorablemente. Seguimos con atención el debate de la interpelación mantenida la semana
pasada y compartimos en parte el espíritu de la moción presentada, fundamentalmente porque nuestro grupo parlamentario entiende la importancia que para un territorio tiene su cultura y su lengua en el sentido del respeto a la Carta de las lenguas
minoritarias. Pero de la misma forma que compartimos la voluntad manifestada por la señora Barkos, también tenemos claro que la competencia para la regularización de la emisora, a la que hace referencia el punto 1 de la moción, es de la comunidad
autónoma. Si nos creemos las competencias que tiene el Estado y las que tienen las comunidades autónomas, no podemos votar favorablemente porque instamos al Estado a hacer algo que debería solucionar la comunidad autónoma. De esta forma, el Estado
debe establecer las bases generales de planificación que deben optimizar el radioespectro y las comunidades autónomas deben actuar en consecuencia, ya sea realizando nuevos concursos de licencias, en caso de tener planificación para ello, o actuando
para la mejor gestión de este bien escaso que es el radioespectro.
En el reciente proyecto de ley de lo audiovisual ya se incorporan elementos que van a facilitar una gestión más efectiva del radioespectro, tanto en el ámbito audiovisual como en el de radio. Ciertamente, ello no soluciona todos los casos,
ni de falta de espectro para nuevas licencias -si esta es la necesidad- ni el cierre de emisoras, ya que debe ser la Administración la que actúe, en particular las comunidades autónomas en sus competencias, y no la ley en abstracto. Además, la
potestad de regularización o de sanción corresponde a las comunidades autónomas, aunque la planificación -eso sí depende del Estado-debe permitir las suficientes licencias para legalizar aquellas emisiones que así lo requieran a petición de la
comunidad autónoma. En este ámbito de la legalización, la regulación de los servicios de comunicación comunitarios debe facilitar esta adecuación si encajan en esta definición, aunque no sea el caso que hoy y en este momento nos ocupa.
El Estado, señorías, debe planificar mejor y de manera conjunta con las necesidades de las comunidades autónomas y en este sentido, el de la planificación, es como entendemos recoge o lo que pretende recoger el punto 1 de la moción, aunque
consideramos, repito, que es competencia de la comunidad autónoma y, por tanto, no procede pedir al Estado que intervenga. Por ello, entendemos necesaria una mejora en la gestión, no solo entendida a posteriori en sus funciones sancionadoras, sino
a priori, en sus funciones de planificación y de reordenación de aquella parte del espectro planificada pero no utilizada.
Por último, quisiera hacer referencia a la Carta europea de las lenguas; a ella corresponden los puntos 2 y 3 de la moción. También, señorías, entendemos que estos puntos son de clara voluntad política, en la que nuestro grupo
parlamentario está plenamente de acuerdo. En relación con la enmienda presentada, compartimos con la señora Barkos la necesidad de respeto de la Carta europea en el marco del Parlamento navarro. Por las razones expuestas, nuestro grupo
parlamentario no podrá votar favorablemente la moción presentada, pero sí comparte algunos puntos de la misma; votará en contra no por no entender las buenas intenciones de la moción, sino por considerar que no corresponde a lo que consideramos
debe ser el marco competencial de las comunidades autónomas.
Muchísimas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Riera.
Por el Grupo Popular tiene la palabra don Santiago Cervera.
El señor CERVERA SOTO: Señor presidente, señorías.
Señora Barkos, créame si le digo que cuesta entender el propósito de la moción que nos presenta, quiero decir el propósito objetivo, el propósito en lo que se refiere a modificar determinadas condiciones regulatorias sobre el tema que a
usted le interesa. No me refiero a lo que tal vez sea más obvio; más allá de ese propósito que no encuentro, que no encontramos, parece obvio que existe otro tipo de propósito, el propósito de hacer de esta Cámara una cámara de resonancia respecto
de un asunto que le interesa y que con usted le interesa a una parte concreta de la opinión pública Navarra. Señora Barkos, este no es el turno de los tirones de orejas, esto no está previsto en el Reglamento, este es el turno de las mociones; las
mociones, tal y como están contempladas en el Reglamento, también tal y como todos entendemos que deben servir al trabajo legislativo o al trabajo político de la Cámara, deben atender a un determinado interés común y deben tener un fundamento más
allá de determinados
intereses concretos, por muy legítimos que a algunos diputados les puedan parecer. Porque, señora Barkos, como han dicho todos los que han intervenido, el régimen que regula el acceso a las concesiones de emisoras de radiofonía en FM es un
régimen que está perfectamente establecido, además desde hace ya mucho tiempo; no estamos ante ningún cambio significativo en esta materia. Como todos sabemos, y algunos portavoces, sino todos, han reconocido con anterioridad, se basa en dos
concesiones fundamentalmente: la que establece el Estado a la hora de regular la utilización del espectro radiofónico y la que establecen las entidades correspondientes, que pueden ser comunidades autónomas y también pueden ser otras entidades
públicas, a la hora de proporcionar el acceso a la concesión administrativa correspondiente a los operadores radiofónicos que en esta materia quieran tener un determinado desempeño.
Por consiguiente, señora Barkos, créame si le digo que su moción, a pesar de que se titule criterios para la elaboración del mapa radiofónico, no creo que se pueda entender de esta manera. No estamos aquí hablando de ninguna característica
concreta que usted quiera promover respecto de la asignación del espectro o respecto de las propias condiciones en las cuales se pueden producir esas concesiones administrativas, sino que estamos hablando de otra cosa. No es difícil deducir que su
moción, aunque se titule así, no versa sobre esos criterios genéricos que parece anunciar su propio título. Creo que es importante que situemos este asunto en sus propios términos; sus propios términos son los de una mercantil, una empresa que
quiere operar, que quiere hacer emisiones en frecuencia modulada en Navarra, concretamente en la comarca de Pamplona, que opta a presentarse a un concurso público. Ellos son, por tanto, quienes eligen esa fórmula; quienes, como está establecido en
el derecho administrativo, se someten a los condicionantes del propio concurso al que libremente acuden; es un concurso, como todos sabemos, o debemos reconocer, para emisoras con ánimo de lucro. Esta mercantil no consigue su propósito, no
consigue ser calificada como tributaria de esa asignación, de esa concesión administrativa para poder emitir, recurre lo que considera una decisión inadecuada e injusta y fruto de ese recurso tiene un pronunciamiento judicial que no establece su
derecho a acceder a esa concesión sino que la Administración correspondiente, el Gobierno de Navarra, tiene que evaluar de nuevo lo que hizo anteriormente mal a ojos de los jueces, y por tanto no se produce una modificación de la adjudicación sino
que se solicita que se reevalúe y se reconsidere en unos términos concretos.
Señora Barkos, estamos ante un contencioso completamente local; estamos ante un contencioso que tiene simplemente estos elementos de juicio descritos de forma objetiva, como he intentado hacer. Aquí se advierte desde el punto de vista
político una triple circunstancia: primero, la circunstancia competencial, competencia de la Comunidad Foral de Navarra, que es la que sacó y resolvió ese concurso; segundo, un ámbito jurisdiccional, el de los tribunales de Justicia, a disposición
de quienes hayan creído ver una injusticia y acudan a ellos, como es el caso de esta mercantil, y tercero -esto es importante, señora Barkos-, un nivel de exigencia política y de opinión pública que es en Navarra donde se tiene que plantear, no en
este Congreso de los Diputados a través de la iniciativa que nos trae esta tarde.
Para nosotros es un eufemismo de difícil aceptación hablar de emisoras radiofónicas en situación involuntaria de irregularidad. Verdaderamente la irregularidad no es que quieran tener una licencia y no la tengan; la irregularidad en sus
propios términos es que estén emitiendo sin tener una licencia adecuada, un título habilitante desde el punto de vista administrativo y legal para ello; tan sencillo como esto aun cuando esto nos pueda parecer mejor o peor, nos pueda parecer
corregible o no. De esa irregularidad usted ha pretendido crear un victimismo y por eso es por lo que ha traído esta moción.
Para nosotros -termino, señor presidente-no existen unos derechos previos concesionales, como parece creer quien presenta esta moción, por más que se esté emitiendo en una determinada lengua y por más que se esté intentando mezclar con la
Carta europea de las lenguas minoritarias. Por más que se invoque esa carta no se encuentra mejor razón en derecho que la que han podido tener quienes libremente han concurrido a ese concurso.
Por tanto, usted está promoviendo no otra cosa que una
injerencia de esta Cámara y en conjunto del Estado en una decisión que afecta solamente a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, y dado que no está respetando ese nivel competencial y que nosotros sí creemos que esto se tiene que
resolver en los términos políticos, jurídicos y administrativos que corresponden, no podemos aprobar esta propuesta.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cervera.
Señora Barkos, por favor, ¿podría decirnos si la enmienda transaccional que ha llegado cuenta con su conformidad?
La señora BARKOS BERRUEZO: Sí, cuenta con ella.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. ¿Algún grupo parlamentario se opone a la tramitación de la enmienda transaccional? (Pausa.) No habiendo oposición se tramitará esta moción en los términos de la transacción presentada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), RELATIVA A PROPICIAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA Y ACCESO A LOS TRATAMIENTOS EN IGUALDAD DE CONDICIONES A LOS AFECTADOS POR ENFERMEDADES RARAS. (Número de expediente 173/000123.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) relativa a propiciar una mejor calidad de vida y acceso a los tratamientos en igualdad de condiciones a los afectados por enfermedades raras. Para su defensa
tiene la palabra doña Concepcio Tarruella.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Gracias, señor presidente.
Señorías, en nombre de nuestro grupo parlamentario hemos presentado una moción, consecuencia de la interpelación de la semana pasada, relativa a propiciar una mejor calidad de vida y acceso a los tratamientos en igualdad de condiciones a los
afectados por enfermedades raras. Quiero empezar recordando una vez más que las denominadas enfermedades minoritarias o enfermedades raras agrupan a más de siete mil enfermedades que en un 80 por ciento son congénitas y cuya prevalencia se estima
en unos tres millones de personas en España. Tramitamos esa interpelación y hoy presentamos esta moción debido a las quejas de algunas asociaciones de pacientes, de familiares, de personas con enfermedades raras, que nos han denunciado
reiteradamente los problemas de acceso que a veces tienen a los medicamentos huérfanos en condiciones de equidad y a los demás tratamientos disponibles para las enfermedades raras. Quiero recordar que de esas siete mil enfermedades de las que
estamos hablando solamente alrededor de cuarenta disponen de un tratamiento. Estas personas que disponen de este tratamiento tienen que tener acceso en igualdad de condiciones vivan en la comunidad autónoma que vivan, sea cual sea el lugar de
España en el que vivan. Por este motivo, como también comentábamos, estas familias y estas entidades que trabajan con personas con enfermedades raras necesitan el apoyo y, en definitiva, un tratamiento integral en el que se incluya desde la
rehabilitación hasta la atención psicológica, y tienen que facilitarles el acceso a todas ellas. Por este motivo -repito- hemos presentado esta moción que consta de siete apartados. En el primero de ellos proponemos definir y desarrollar
conjuntamente con las comunidades autónomas -claro está, ya que ellas tienen las competencias- las acciones que se consideren prioritarias recogidas en la estrategia nacional de enfermedades raras, elaborando un calendario que fije plazos de
ejecución y dotándolas de financiación suficiente.
El tema de la financiación es muy importante, señorías, y voy a quedarme un poco en este punto. Tan importante que, por ejemplo, la Federación de Enfermedades Raras, la Feder, nos hizo llegar ayer a los grupos parlamentarios un
posicionamiento respecto de esta moción y ellos insistían en tres puntos. El primero ya lo he dicho, el de la equidad en el acceso a los medicamentos huérfanos y los demás tratamientos. En el segundo punto, muy importante y subrayado, suplicaban
que se procediera a la creación de algún fondo o partida diferenciada para garantizar esa igualdad de acceso en todo el territorio nacional. La financiación es un problema. Sabemos -lo dije el otro día en la interpelación, se lo decía a la señora
ministra y lo vuelvo a repetir hoy- que ese es un tema que corresponde a las comunidades autónomas y que las propias comunidades autónomas tienen su sistema de financiación, pero estamos hablando, señorías, de unas pocas enfermedades, específicas,
de poca frecuencia. Y quiero recordar aquí y en estos momentos a una asociación, a una entidad con la que he trabajado muy estrechamente, con los enfermos de epilepsia mioclónica, de Lafora; en toda España hay diez pacientes, diez pacientes
distribuidos entre las diecisiete comunidades autónomas. Estas personas, estos pacientes, no pueden depender de que su comunidad autónoma o ese hospital que les toca de referencia les facilite o no el acceso a ese medicamento, tiene que ser en
todas ellas igual, y en estos casos extraordinarios tienen que hacerse unas excepciones importantes. Por eso decíamos también en el segundo punto, que hay que favorecer un acuerdo en el seno del consejo interterritorial para el estudio y
financiación de esos medicamentos. El resto de los puntos -veo que se me acaba el tiempo- no se los voy a leer, puesto que para nosotros, señorías, los siete puntos son importantísimos, pero no quiero terminar mi intervención sin agradecer...
El señor PRESIDENTE: Perdone un momento, señora Tarruella. Ha habido un error en la Presidencia. Tiene S.S. dos minutos más.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Gracias, señor presidente, ya me extrañaba un poco.
Quiero agradecer a los grupos parlamentarios, a los tres grupos que las han presentado, las enmiendas que han hecho llegar a esta moción. Son enmiendas importantes que mejoran en algunos aspectos porque inciden en algunos puntos importantes
que afectan a las personas con enfermedades raras. Vuelvo a repetir que las mejoran. Estamos intentando llegar a algún acuerdo transaccional entre todos, aunque -lo vuelvo a repetir- el principal problema lo tenemos aquí, en el acceso a la
financiación de las comunidades autónomas.
No querría terminar sin agradecer las propuestas que nos han hecho llegar las personas que pertenecen a entidades de enfermedades raras o que trabajan para alguna de ellas y que nos están escuchando desde la tribuna. Estas mociones que
traemos aquí son muy importantes para todos ellos, pero tenemos que ser conscientes de no generar a veces expectativas demasiado optimistas cuando, por desgracia, no podemos ayudar en todo ello. Estamos dispuestos a poner nuestro granito de arena
para que estos pacientes con enfermedades raras mejoren su calidad de vida. El motivo de esta moción consecuencia de interpelación urgente es sobre todo que puedan tener el acceso a los tratamientos en igualdad y se les pueda apoyar también
psicológicamente a todos ellos y a todas sus familias.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Tarruella.
Para la defensa de las enmiendas en primer lugar por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra don Gaspar Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Señora Tarruella, estamos de acuerdo con esta iniciativa en relación con las enfermedades denominadas como síndrome de enfermedades raras que, en nuestra opinión, requieren no solo atención sino una particular atención por parte del sistema
sanitario, que en nuestro caso -un sistema sanitario universal y de calidad-muestra su verdadera eficacia precisamente con este tipo de enfermedades. Este tipo de enfermedades pone a prueba los sistemas sanitarios en materia de cohesión, es decir,
de su capacidad de integración del conjunto de los problemas sanitarios del país y también en materia de calidad. En ese sentido, nos parece una iniciativa adecuada, si bien nosotros consideramos que esta es una iniciativa que significa algo más.
Es una iniciativa institucional, porque institucional ha sido el tratamiento por parte de las Cámaras, del Senado y del Congreso, hacia estas enfermedades y la mayor parte de las iniciativas parlamentarias que han dado lugar tanto a una propuesta
inicial desde el Senado como a un plan del Gobierno y, recientemente, a una estrategia que afecta a las enfermedades raras en nuestro país han estado normalmente consensuadas. Por tanto, son iniciativas consensuadas e iniciativas institucionales, y
deseamos que lo sigan siendo, consensuadas e institucionales.
Hoy tenemos una nueva oportunidad para abordar los retos que plantean las enfermedades raras a nuestro sistema sanitario y a todos los sistemas sanitarios, en concreto una serie de propuestas que van en el sentido del desarrollo y el
cumplimiento de la estrategia aprobada para las enfermedades raras. Nosotros nos situamos ahí, en esa estrategia y en esa voluntad de consenso, para impulsar nuevas iniciativas. En ese sentido, compartimos la mayor parte de las reflexiones que se
han hecho aquí con respecto a las dificultades que tienen estos pacientes y sus familias.
Una de ellas, es evidente, son los centros de referencia, centros de referencia que deben desarrollarse en relación con estas enfermedades por todo el Estado y de los que ya hay un buen número; centros de referencia que estarían incompletos
si no tuvieran protocolos, guías e itinerarios dentro del conjunto del sistema sanitario, desde la atención primaria a la atención especializada.
Otro aspecto muy importante sobre las enfermedades raras, en nuestra opinión -y en ese sentido van nuestras enmiendas-, es la investigación, investigación traslacional que debe transformarse luego en nuevos medicamentos para estas
enfermedades tan específicas, tan concretas.
Por otra parte, se ha hecho una reflexión sobre medicamentos, pero quisiera hacer una apreciación. No solamente hay una desigualdad o una diferencia de trato entre comunidades autónomas que deberemos superar, sino incluso entre centros
sanitarios, por lo cual no es tanto un problema de aprobación de estos medicamentos y de financiación de los mismos -que son aprobados y financiados por el sector público-, sino de la aplicación de esa aprobación y financiación por parte de
comunidades autónomas y centros sanitarios, cosa que, en mi opinión, solamente puede hacerse, como también he dicho antes, sobre la base del consenso, del acuerdo y de una perspectiva institucional y de participación de los propios enfermos y sus
familias.
Por eso nuestras enmiendas tienen que ver con los centros de referencia, con la financiación de los productos sanitarios, algunos de ellos todavía no incluidos, como los materiales de cura y otros; con el registro -hay que diferenciar entre
registro sanitario y registro de pacientes, con el que hay que tener mucho cuidado porque esta sujeto al control de datos- y con la investigación biomédica, a la que me he referido con anterioridad.
No obstante, votaremos favorablemente esta
iniciativa, que significa un nuevo paso consensuado e institucional en relación con la sensibilidad y la actuación de nuestro sistema de salud frente a las enfermedades raras, aunque también con la participación de los afectados.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Juan de Dios Martínez.
El señor MARTÍNEZ SORIANO: Muchas gracias, señor presidente. Sé de su inquietud por este tipo de enfermedades, por lo cual me agrada que esté hoy presidiendo la Cámara.
Saben SS.SS. que las enfermedades raras, minoritarias, huérfanas o poco frecuentes, incluidas las de origen genético, son aquellas enfermedades, con peligro de muerte o de invalidez crónica, que tienen una prevalencia menor de cinco casos
por cada 10.000 habitantes. Por tanto, afectan a muchas personas, afectan a muchas familias y en España tenemos que darles solución, solución que hasta ahora mismo no se ha visto.
Hace ahora más de tres años, concretamente en febrero del año 2007, el Pleno del Senado aprobó más de setenta recomendaciones sobre enfermedades raras. Culminaban así los trabajos de una ponencia constituida un año antes en la Cámara Alta.
Las propuestas de la ponencia y el acuerdo aprobatorio por el Pleno del Senado se tomaron por unanimidad. Muchas de estas setenta medidas todavía no se han llevado a cabo y están incluso sin desarrollar. Han pasado tres años, y aunque algo se ha
avanzado, ha sido insuficiente, se ha avanzado muy poco.
Uno de los pocos avances que se ha dado en la lucha contra las enfermedades raras en España tuvo lugar el 3 de junio del año pasado, cuando se celebró en Mérida un consejo interterritorial en el que se aprobó la estrategia nacional de
enfermedades raras. Esta estrategia mejoraba el marco de actuación existente, pero las medidas que en ella se establecen son insuficientes y poco concretas en relación con las expectativas y necesidades de las personas enfermas.
Es cierto que la Comisión Europea instó a que antes de finalizar el presente año 2010 los Estados miembros tuvieran elaborada y aprobada una estrategia global sobre estas enfermedades, con el fin de guiar y estructurar todas las acciones
relevantes en el campo de estas enfermedades. Sin embargo, señorías, la Comisión Europea no se limitó a pedir la elaboración de esta estrategia a los países miembros sino que pidió también la elaboración de un plan de acción para las enfermedades
raras. En este plan se debe definir un número limitado de acciones prioritarias con objetivos claramente definidos, plazos concretos y financiación sustancial y suficiente. Este plan es el que falta por hacer en España y constituía una de las
medidas que se aprobaron en el Senado hace ahora, como digo, tres años. Entiendo que con esta aprobación -si es que se aprueba esta moción-será impulsado este nuevo plan.
Señorías, el Grupo Popular va a apoyar esta moción pues considera que es bastante completa y que viene a recoger muchas de las peticiones sensatas que hacen los representantes de los afectados, los enfermos y familiares.
Como he dicho, la
práctica totalidad de las mismas ya fueron aprobadas en el Senado hace tres años. Peticiones como la creación de un órgano coordinador para las enfermedades raras, que sería un órgano de información específico para ser consultado por el personal
sanitario y para los pacientes, o peticiones como la de impulsar en el ámbito de la Unión Europea un espacio común de unidades y centros de referencia con el fin de crear una red europea de centros de referencia para estas enfermedades raras. Por
cierto, ya tenían que haberse iniciado las gestiones del Gobierno de España para que en Europa se crease la agencia europea de enfermedades raras, puesto que se aprobó en esta Cámara hace poco tiempo como consecuencia de la Presidencia española de
la Unión Europea.
Con el fin de completar y mejorar esta moción, el Grupo Popular ha presentado una enmienda en la que incidimos, por un lado, en el impulso a la designación y acreditación de nuevos centros, servicios y unidades de referencia en España y, por
otro, en la potenciación de los llamados medicamentos huérfanos. En cuanto al impulso de la designación y acreditación de nuevos centros y servicios de unidades de referencia en España, creemos que debe hacerse por grupos de estas enfermedades
susceptibles de clasificación; estamos hablando de quince categorías posibles. La idea sería reconocer centros a nivel nacional compuestos por equipos pluridisciplinares que tuvieran, entre otras funciones, la de facilitar el diagnóstico y definir
las estrategias de actuación, definir y difundir los protocolos de actuación, coordinar los trabajos de investigación, etcétera.
Creemos que es buena la incorporación de representantes de los afectados por este tipo de enfermedades como miembros de pleno derecho en los comités de designación de centros, servicios y unidades de referencia.
Acabo, señor presidente. En
nuestra enmienda también solicitamos potenciar la investigación sobre medicamentos huérfanos mediante acuerdos con industrias farmacéuticas y que respecto a aquellos medicamentos huérfanos ya autorizados en la Unión Europea se agilice el
procedimiento de fijación de precios en España. Por último, en nuestra enmienda solicitamos que en el Fondo de Cohesión Sanitaria exista una partida económica específica destinada al diagnóstico de enfermedades raras.
Creemos que podemos y debemos
llegar a una transaccional y que merece la pena aprobar esta moción por unanimidad.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra doña Guadalupe Martín González.
La señora MARTÍN GONZÁLEZ: Muchas gracias, presidente.
Señorías, existe un sofisma ampliamente aceptado en el ámbito de la medicina: no existen las enfermedades; existen los enfermos. Esta afirmación es especialmente cierta en el caso de los enfermos que sufren las llamadas enfermedades
raras. Son, por su definición, complejas, invalidantes, y por su baja incidencia implican un complicado abordaje tanto para la investigación como para el diagnóstico y el tratamiento de las mismas, cuando este existe, porque en muchas ocasiones no
se cuenta con posibilidades terapéuticas. Precisamente la característica de su baja incidencia, menos de 5 casos por 10.000 habitantes, es lo que determina que se las considere raras. Como ya se ha dicho, se estima que puede haber unos tres
millones de afectados por más de 7.000 enfermedades diferentes en nuestro país, de las que el 80 por ciento son genéticas.
Porque son pacientes con enfermedades raras y no son pacientes raros, todos ellos necesitan en distinto grado la intervención
multiprofesional en los ámbitos sanitario y social con un gran nivel de especialización.
Son muchos los motivos que han provocado que estas enfermedades, o mejor dicho estos enfermos, sean una prioridad en la política de salud del Gobierno socialista, y así lo ha venido demostrando y ha sido reconocido por la Federación Española
de Enfermedades Raras, con la que el ministerio ha venido manteniendo una extraordinaria e intensa colaboración. Envío nuestro saludo también a los representantes de la tribuna de invitados.
Quisiera recordar a SS.SS. que la estrategia de enfermedades raras del Sistema Nacional de Salud fue aprobada
por el consejo interterritorial el 3 de junio de 2009. Este documento representa el consenso -consenso con mayúsculas- del Ministerio de Sanidad y Política Social, el Ministerio de Ciencia e Innovación, las comunidades autónomas, las
asociaciones de pacientes y diferentes sociedades científicas. Como dijo la ministra de Sanidad y Política Social la semana pasada, los principios rectores de este documento son la solidaridad, la equidad y la participación para lograr la reducción
de desigualdades, la promoción de la salud y la calidad de vida de las personas afectadas y sus familiares. En estos meses de rodaje para la aplicación de la estrategia se han designado 90 centros, servicios y unidades de referencia, concretamente
22 nuevas unidades aprobadas en el último consejo interterritorial, y se sigue trabajando para la ampliación de estos recursos a lo largo del año 2010.
Quisiera recordarles también que desde 2004 el Gobierno ha destinado 85 millones de euros a la investigación de enfermedades raras. Precisamente porque creemos que la investigación debe ser la base del futuro tratamiento de estas
enfermedades y prever su aparición se ha creado el Centro de investigación biomédica en red de enfermedades raras. Se trata así de apoyar la investigación de excelencia, la investigación independiente y el desarrollo de medicamentos huérfanos,
llamados así por su escaso interés comercial, y en la mayoría de las ocasiones la única esperanza de los pacientes. Somos conscientes de las dificultades de acceso de los pacientes a las unidades de referencia, así como a los posibles tratamientos
que se les pueden ofrecer. Por esto vemos la necesidad de una mayor coordinación entre las comunidades autónomas para que garanticen la atención en condiciones de igualdad territorial.
También consideramos importante la necesidad de mantener
nuestra participación activa en el ámbito europeo para lograr un espacio común de atención a las enfermedades raras.
Nuestro grupo comparte la preocupación y las propuestas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) que están recogidas en su moción. Hemos presentado una enmienda y estamos trabajando para cerrar un texto que sea consensuado por
todos los grupos, porque nos une lo más importante: el objetivo de mejorar la calidad asistencial que reciben los pacientes no solo buscando su curación, sino algo más importante que curar, que es cuidar, y más aún cuando se trata en su mayoría de
niños y adolescentes. Estoy convencida de que habrá acuerdo entre todos los grupos de esta Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martín.
Para fijar posición, en primer lugar, por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Muchas gracias, señor presidente.
Brevemente, desde el escaño, para posicionar al Bloque Nacionalista Galego en relación con esta moción que nos presenta Convergència i Unió. Es una posición favorable en la medida en que compartimos los puntos que se presentan en esta
propuesta, de igual manera que nos parecería positiva para el tema que estamos tratando la posibilidad de llegar a un acuerdo entre todos los grupos que han presentado enmienda e igual que compartimos con la señora portavoz de Convergència i Unió
que es importantísima, en una cuestión como esta, la financiación. Sin financiación, la moción no tendría la misma importancia.
Valoramos positivamente y creemos muy oportuna la presentación de esta moción, sobre todo en un momento en que, como se dice, se está tratando de divulgar y de hacer conocida la problemática del colectivo de personas que padecen enfermedades
raras. Una enfermedad se considera así cuando la padece una persona de cada 2.000, según la normativa europea, y, como ya se ha dicho, en el Estado español son aproximadamente tres millones de ciudadanos del Estado los que las padecen y los que,
afortunadamente, han tenido la capacidad de poder crear su asociación para poder defender sus derechos y las posibilidades de avanzar en la investigación.
Es oportuna también porque entendemos que incide en una de las reivindicaciones del colectivo, que es aumentar la concienciación de las enfermedades raras y reforzar su importancia como prioridad de salud pública. Evidentemente, aquí no
solamente es conveniente reforzar la concienciación de los ciudadanos y ciudadanas, sino fundamentalmente de aquellos que tienen la responsabilidad de la sanidad pública, en concreto el Gobierno. Desde luego, compartimos también con el colectivo
que padece las enfermedades raras -y agradecemos además el trabajo que están haciendo, porque hace posible que nosotros impulsemos al Gobierno desde el Congreso de los Diputados, pero también tenemos que reconocer que nos sentimos impulsados por
ellos mismos- que, como ellos mismos dicen, es preciso que exista una difusión y formación continuada en el ámbito sanitario, a efectos de mejorar la calidad asistencial y diagnóstica de los pacientes, quienes se encuentran desamparados en aspectos
del conocimiento de su patología. Es preciso, señorías -y repetimos palabras de este colectivo-, implicar el binomio de calidad asistencial con calidad investigadora para poder conseguir progresos en el homogéneo, pero internamente diferenciado,
grupo de las enfermedades raras. Por eso nuestro voto favorable, en la medida en que es un impulso más de aquellos que se están dando al Gobierno para que se investigue más en relación con estas enfermedades.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra don Joseba Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.
Intervengo muy brevemente. Creo que una de las cuestiones principales de esta moción que ha presentado Convergència i Unió está en su propio título, porque al fin y al cabo podemos deducir tres cuestiones del mismo: mejorar la calidad de
vida, mejorar el acceso a los tratamientos y la igualdad de las condiciones. Además hay dos aspectos que son importantísimos, que tratan no solamente de los enfermos, sino también de su entorno, porque quizá en este caso hay una doble afectación o
dos personas afectadas: el enfermo y su entorno, su familia. Porque los que están afectados por enfermedades raras evidentemente no tienen las mismas condiciones que tienen otro tipo de enfermedades que, por muy graves que puedan ser, pueden tener
un acceso mayor. Se ha dicho aquí antes claramente por varios compañeros qué es una enfermedad rara. La Unión Europea lo define como rara, minoritaria o huérfana. Son enfermedades con peligro de muerte y la mayoría de ellas con una invalidez
crónica. De esas 6.000 ó 7.000 enfermedades que puede haber, unas 4.000 ó 5.000 no tienen tratamiento, por tanto no hay medicamentos para ellos y la prevalencia esa de 5 entre 10.000 es un poco lo que la define como enfermedad rara, pero eso ya se
ha dicho antes.
Al fin y al cabo, aquí lo que me vale -y de ahí el apoyo que mi grupo va a dar a esta moción-es que, como pide Convergència i Unió, existe ya una estrategia nacional de enfermedades raras y lo que hay que hacer es aplicar lo que se dice en
esa estrategia, hay que desarrollar lo que allí aparece y lo que allí se aprobó, sobre todo junto con las comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia a la hora de desarrollar todo el tema sanitario. Hay que hacer un calendario y
hay que fijar una financiación. Al final es una obviedad, porque pedir que se cumpla lo establecido parece que es algo como muy común en este Congreso. Es necesario un acuerdo, no cabe duda de que es necesario un acuerdo, porque el consejo
interterritorial para eso está, y hace falta solidaridad y equidad para que todos puedan dar el servicio -no puede haber inequidades- y para que nadie se pueda quedar fuera de ese servicio. Por tanto, servicio y medicamentos, porque uno de los
mayores problemas de las personas que padecen estas enfermedades raras es su difícil acceso a los medicamentos. No frenemos esto por arriba. Es decir, que todas tengan una cobertura básica garantiza que todos los que puedan desarrollen cuestiones
mejores.
La financiación de los productos sanitarios, evidentemente, es una cuestión fundamental. Al que está en una situación de debilidad no le podemos añadir una debilidad superior. No se le puede abandonar, porque de por sí tener esta situación
es una cuestión muy grave.
Por último, es muy importante tener centros de referencia. En Euskadi, como en otras comunidades, tenemos unos centros de referencia muy importantes; el hospital de Cruces es uno de ellos, que atiende un montón de enfermedades raras y que
tiene unos servicios específicos centrados en atender a estas personas.
Vuelvo a reiterar que es fundamental la sensibilidad que ha mostrado la compañera Conchita Tarruella a la hora de presentar esta moción, atendiendo la demanda de muchos colectivos, de personas que padecen estas enfermedades.
Desgraciadamente es necesario recordar algo que ya se aprobó aquí y en lo que tenemos que volver a incidir, porque hay cuestiones que no sé por qué quedan durmiendo en el sueño de los justos o, en este caso, injustamente quedan dormidas. Hay que
divulgar, sobre todo, la necesidad de atención a este tipo de personas, que no son ni colectivos porque, al final, son muchas individualidades, con muchas enfermedades diferentes, todas ellas muy graves y todas ellas con necesidad de atención
fundamental. Divulguemos esta necesidad y entre todos conseguiremos -o eso debería ser- el objetivo de obtener un texto común en el que podamos apoyar a esta gente, que bastante tiene con sufrir estas enfermedades.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.
Señora Tarruella, si es tan amable, ¿podría decirme si acepta S.S. alguna enmienda o si han alcanzado la transaccional de la que hablaba?
La señora TARRUELLA TOMÀS: Hemos redactado una transaccional, señor presidente, que en seguida acercaremos a la mesa.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo parlamentario se opone a la tramitación de la enmienda transaccional? (Denegaciones.) No oponiéndose ningún grupo, se votará esta moción en los términos de la transaccional que acerca la señora Tarruella
en estos momentos a la mesa.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), RELATIVA AL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE, DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y LAS
POSIBILIDADES DE MEJORAR SU APLICACIÓN, ESPECIALMENTE EN LO QUE ATAÑE A SU POTENCIAL DE CREACIÓN DE EMPLEO.
(Número de expediente 173/000124.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa al desarrollo y aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de
dependencia y las posibilidades de mejorar su aplicación, especialmente en lo que atañe a su potencial de creación de empleo.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra don Carles Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Planteamos una moción orientada a la política de creación de empleo en el sector de la atención a las personas con discapacidad, a las personas en situación de dependencia, en el apoyo a las familias. Lo hace Convergència i Unió, señorías,
que he de recordar que fue un grupo que no pudo votar la Ley de autonomía personal y atención a la dependencia por la invasión competencial que suponía, por el modelo burocrático que contenía esa ley y por la mala financiación que la misma
contemplaba. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Lo hacemos en una legislatura en la que se pone en evidencia que el Gobierno no ha desarrollado una política de generación de oferta de servicios para las familias.
En los debates de la pasada legislatura estábamos convencidos de que el desarrollo de esta política requería un sector privado, fuerte, de iniciativa privada, mercantil, pero también de iniciativa social que participase, junto con el sector público,
en la generación de servicios de calidad. No ha existido una política de generación de oferta. Además, señorías, la política de demanda, a través de las prestaciones económicas que el Gobierno ha configurado en esta ley, en lugar de fortalecer las
dinámicas de creación de empleo, de creación de servicios de calidad, lo que han terminado generando es más subsidios a través de la figura del cuidador familiar. Ese no era el modelo que contemplaba, ni mucho menos, la ley. Ese no era el modelo
que podía permitir mejorar la calidad de vida de las personas. Además, ha tenido otro efecto perverso, que es generar economía sumergida o reforzar las dinámicas de economía sumergida en este terreno, generar competencia desleal con relación a las
empresas que pueden proveer ese tipo de servicios y, por tanto, esas potencialidades que la ley nos marcaba es evidente que no se han producido. Estamos convencidos de que, como nos lo demuestran otros países avanzados de nuestro entorno europeo,
es perfectamente compatible mantener una implicación personal, familiar en las personas que tienen un marido, una mujer, un padre, una madre, un hermano o un hijo en situación de dependencia en el apoyo de esa situación con una política de servicios
de calidad. Quizás el ejemplo más paradigmático de esa realidad sea Dinamarca. Estamos convencidos también de que donde se puede crear empleo en los próximos años en España es en los sectores vinculados a los servicios a las familias, en un
sentido muy amplio, y específicamente en todo aquello vinculado a los servicios y a las familias que tienen personas con discapacidad. Por tanto, tiene sentido que, más allá de la coyuntura de grave crisis que vive nuestro mercado de trabajo,
sepamos construir una política que genere esas empresas y esos servicios que pueden satisfacer con calidad las necesidades de las familias y de las personas con calidad y que además genere empleo de calidad, si lo hacemos bien, empleo no
deslocalizable, como no puede ser de otra manera. Este era el sentido de la interpelación que formuló Convergència i Unió y es el sentido de la moción que hoy les presentamos y que, por tanto, parte de una consideración crítica del desarrollo de la
Ley de Dependencia, con preocupación cuando cerca del 50 por ciento de esos recursos se han convertido en la práctica en un subsidio que complementa las rentas de las familias. En algunas comunidades autónomas la prestación a cargo de familiares
alcanza el 80 por ciento de los recursos que hoy el Estado está gastando en esa política. En este sentido hemos presentado esta moción. A lo largo de esta mañana hemos mantenido conversaciones con el Grupo Socialista que sobre el texto final que
presentó Convergència i Unió nos han permitido acordar diez puntos que figuran en la moción. Además en esencia esos diez puntos recogen buena parte de las preocupaciones que otros grupos han manifestado a través de sus enmiendas: Grupo Popular,
Grupo Mixto, el Grupo de Esquerra Republicana. Por tanto, solicitaría a esos grupos que vean recogido al menos el espíritu de sus posiciones en el contenido de la enmienda que ha planteado el Grupo Socialista y que es la que Convergència i Unió va
a solicitar que se someta a votación.
Les decía que esta enmienda que hemos pactado con el Grupo Socialista recoge diez políticas que pueden ayudar a generar esta oferta de servicios. Reclamamos que en el marco del proceso de evaluación de la ley se efectúe un estudio a fondo
sobre el impacto de generación de empleo de la misma y además se nos indique cuáles son las reformas estructurales que hay que poner en marcha para crear empleo de calidad en este ámbito.
Hacemos una apuesta muy clara por la creación de servicios
de calidad frente a prestaciones económicas incondicionadas, y tiene en el contexto actual de cerca de la mitad de las prestaciones de carácter familiar un fuerte componente de compromiso político de la Cámara para orientar el desarrollo de la ley
en esa dirección. También mandatamos que en el marco de las conversaciones que los grupos parlamentarios tienen con el Gobierno se aborde la fiscalidad de los servicios de atención a las personas y específicamente la consideración del IVA reducido
para este sector. Nos parece que si queremos que este sea un sector generador de empleo necesitamos una fiscalidad a través del IVA atractiva para los consumidores y los usuarios del mismo. Asimismo, insistimos en la línea de otras mociones
aprobadas en esta legislatura de que es esencial determinar los costes reales de los servicios de atención a la dependencia. Con una financiación insuficiente en relación con los costes reales de esos servicios es imposible que el sector privado,
tanto mercantil como de iniciativa social, sea capaz de poner en marcha las correspondientes ofertas de servicios necesarios para implementar esta ley. Insistimos en la necesidad de hacer frente a los problemas de morosidad que también afectan a un
sector muy vinculado al sector público. Damos especial importancia a destinar recursos
de la formación continua y de la formación ocupacional a esta política.
Hoy muchas empresas no pueden participar en concursos públicos en este ámbito por falta de trabajadores preparados. Planteamos la necesidad de incorporar una política
de bonificaciones a la contratación de personas que trabajen en esos servicios, reclamamos el desarrollo de las prestaciones sociosanitarias y nos comprometemos a dar cumplimiento a dos previsiones fundamentales de la Ley de Dependencia: todo lo
que tiene que ver con la innovación, el desarrollo y la investigación en el campo de la atención a la dependencia, y todo lo que tiene que ver también con la contratación específica de personas con discapacidad. Nos parece, señorías, que la moción
que vamos a someter a votación puede constituir una buena hoja de ruta...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Campuzano, por favor.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Termino, señora presidenta.
Como decía, la moción puede constituir una buena hoja de ruta para los próximos meses, incluso si me permiten años, para hacer efectivamente del servicio de atención a las personas un factor generador de empleo de calidad en el conjunto del
Estado.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Campuzano.
En el turno de defensa de las enmiendas presentadas por los grupos, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Intervengo para fijar la posición del Bloque Nacionalista Galego en relación con esta moción defendida por el señor Campuzano que, como ya le expresamos en su momento, íbamos a votar favorablemente aunque no se hubiera llegado a una
transacción, pero nos agrada enormemente que se haya podido llegar a un acuerdo porque incluso la enmienda que presentamos de eliminación del punto número 3 en la manera en que se llega al acuerdo entre el Grupo Parlamentario Socialista y
Convergència i Unió podemos compartirlo. No lo podíamos compartir tal como se recoge en la enmienda porque ya hemos debatido esta cuestión en diferentes ocasiones en la medida que entendemos que, aunque habla de servicios en general, hay una
cuestión que Convergència i Unió ha defendido en diferentes ocasiones, que es la rebaja del 7 al 4 por ciento de los servicios en los centros de atención a personas mayores. Como nosotros eso ya lo hemos debatido y entendemos que en las empresas
sin ánimo de lucro esto ya es una realidad, esta era la razón por la que hacíamos esta enmienda de eliminación del punto número 3.
Por supuesto que estamos de acuerdo con la moción -ahora la transacción a la que se llega a acuerdo- porque, como bien lo expuso también el señor Campuzano, cuando se produjo el debate de la Ley de Dependencia en todo momento era evidente la
intención de todos los grupos políticos -yo así lo entendía- de conciliar dos cuestiones importantes y fundamentales: una, dotarnos de los servicios y de las prestaciones necesarias para atender a las personas con algún tipo de dependencia y, dos,
aprovechar la necesidad que tenía una parte importante de nuestra población para crear nuevos empleos. Se miraban siempre los servicios sociales, de manera particular la atención a la dependencia, como una posibilidad de generar empleo.
Desgraciadamente, aunque no haya sido en todas las comunidades autónomas igual, al final la prestación más común es la del pago al cuidador no profesional, que vienen siendo las personas de la familia, lo cual a nosotros nos preocupa porque van a
ser siempre las mujeres las que están en esa situación. Por lo tanto, entendemos que es imprescindible que la atención a las personas con dependencia se haga pensando en otros servicios -centros de día, centros de residencia, atención a domicilio,
etcétera- que evidentemente van a ser compatibles, cómo no, con la atención que las familias tengan que dar sobre todo desde el punto de vista afectivo.
Nada más me queda decir, señora presidenta, que nos parece muy oportuna y acertada esta moción y por lo tanto la vamos a apoyar.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Fernández Davila.
Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Perestelo.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, creó expectativas importantísimas no solo en los posibles usuarios, es decir, los posibles
dependientes, sino también en el ámbito de sus familias y por supuesto también en el mundo del trabajo por las posibilidades de empleo que se generaban en esta atención a los dependientes. Al mismo tiempo, esta ley posibilitaba el entendimiento o
la debida conciliación entre otras administraciones que ya estaban ofreciendo servicios a muchos dependientes con los servicios que se creaban con esta nueva ley. El debate ha estado abierto porque generalmente han creado mucha confusión los
servicios que había que prestar y sobre todo a quiénes tenían que llegar. La evaluación de las personas dependientes ha generado no poca confrontación y debate político. Por eso parece razonable y es de valorar la iniciativa de Convergència i
Unió.
La iniciativa de Convergència i Unió en forma de moción significa realizar un corte evaluativo en la aplicación
de la Ley de Dependencia en estos momentos tendente a controlar o comprobar los servicios que se están prestando a los usuarios, la conciliación de las diferentes administraciones públicas en la prestación de esos servicios y la generación
de empleo que se ha producido con motivo de la prestación de esos servicios. Por eso compartimos la filosofía que se está planteando, el conjunto de acuerdos que plantea la moción contemplan evaluar uno por uno los aspectos más importantes de la
aplicación de la ley, y sobre todo coincidimos también en un aspecto importante que ustedes incorporan al texto de la iniciativa, es decir, el nuevo impulso que hay que dar desde esta ley a las nuevas expectativas de generación de empleo en un
momento tan difícil como el actual, en un momento en el que el empleo es algo fundamental, algo demandado por la sociedad. Indudablemente, si esta ley posibilita servicios al mismo tiempo que genera empleo estaremos consiguiendo los objetivos
marcados por todos los grupos políticos cuando dieron apoyo mayoritario a esta ley. Por tanto, señorías, Coalición Canaria, como no puede ser de otra manera, va a dar apoyo a esta iniciativa en los términos que se han pactado y que originan la
transaccional que ha anunciado el señor Campuzano cuando ha defendido la moción.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Perestelo.
Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Méndez.
La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Muchas gracias, señora presidenta.
Después de tres años de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia se han puesto de manifiesto a la hora de su aplicación unos importantes avances, pero a la vez también una serie de problemas y deficiencias, con una respuesta muy débil,
casi nula, por parte del Gobierno. Estas deficiencias han dado como resultado un gran desconcierto en los beneficiarios y en sus familias, han producido desigualdades y también han ocasionado una gran frustración en sus expectativas, tanto en lo
referente a las prestaciones como en lo referente a la generación de empleo, que es el tema que hoy tratamos. (Rumores.) Estos extremos se han venido denunciando por las comunidades de uno y otro signo dentro del Consejo Territorial para la
Dependencia...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señorías, silencio, por favor.
La señora MÉNDEZ MONASTERIO: ... y también en diferentes foros, desde las empresas con ánimo y sin ánimo de lucro hasta las organizaciones de mayores y también las organizaciones de las personas con discapacidad.
(Continúan los rumores.)
Pero ya no debe el Gobierno, la tercera ministra en tres años, entretenerse...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Perdóneme un momento, por favor, señora Méndez. Señorías, es imposible que atiendan a la diputada que está en el uso de la palabra. Les ruego, por favor, un poco de silencio y de atención a
la señora Méndez. Continúe, por favor.
La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Gracias, señora presidenta.
Decía que ya no debe el Gobierno entretenerse en cuáles son los motivos, pues existen informes detallados de todo tipo -del Gobierno, de expertos, del Cermi, de universidades- donde nos dicen cuáles son los motivos, están bien argumentados y
además existen incluso propuestas, si bien las quejas provienen por diversas causas relacionadas con diferentes temas: el baremo, la gestión, la valoración, los excesivos pasos para poder llegar a percibir una prestación y, consecuentemente, el
tiempo que se tarda hasta percibirla. Pero lo que se trata en esta moción es el punto concreto de la falta de creación de empleo. Es decir, se trata de intentar satisfacer las expectativas que en el libro blanco se detallaban y que no se han visto
materializadas. En el libro blanco se contemplaba que se iban a crear unos 300.000 empleos con la puesta en marcha de la Ley de Dependencia. Sin embargo, la realidad es que no se ha creado ni una tercera parte de esos puestos de trabajo. ¿Qué lo
que está ocurriendo, señorías? La ley preveía el desarrollo de todo tipo de servicios; sin embargo, casi el 60 por ciento de las prestaciones que se adjudican son para cuidadores familiares, medida que en sí misma no cuestionamos. Nuestro grupo
no está en contra de los cuidadores familiares, es más, estamos a favor de que sean las familias las que elijan qué servicio prefieren, pero si no existen fondos suficientes no existe libertad de elección. Y es que el primer y fundamental problema
reconocido por todos a la hora de la puesta en marcha de la ley es la falta de financiación, y esta falta de financiación es la que está pervirtiendo la ley en su funcionamiento. Les voy a poner un ejemplo: si una comunidad autónoma tiene valorada
a una persona en el nivel 2, esa persona puede optar por una plaza residencial. Esa comunidad autónoma va a percibir de la Administración General del Estado 70 euros y van a ser la comunidad autónoma junto con el beneficiario si están en un sistema
de copago los que tengan que pagar los 1.800 euros mensuales que cuesta una plaza residencial. Consecuentemente, es de sentido común que ni las comunidades autónomas estimularán la elección de la prestación residencial porque no tienen fondos ni el
beneficiario podrá, en la mayoría de los casos, aportar una cantidad tan elevada, lo que da como resultado inexorablemente la elección de la prestación económica para el cuidador familiar porque no existe la libertad de elegir ninguna otra. Es de
simple sentido común. Ni elegirá la prestación de plaza residencial ni por ello se cubrirán las plazas residenciales ni, por lo tanto, se creará empleo.
En cuanto a la moción de Convergència i Unió, la compartimos casi completamente y vamos a apostar por la mayoría de las medidas. Nuestra enmienda al apartado 2 va encaminada a reforzar la capacidad de elección de las familias, y la enmienda
al apartado 4 debe interpretarse en el sentido de que la financiación deberá estar en función del coste del servicio así como deberá tener en cuenta las condiciones socioeconómicas en cada comunidad como criterio adicional para determinar la
atribución de los recursos, no para que reciban más lo que más tengan sino para favorecer a las comunidades más pobres, aplicando un principio de solidaridad y que se pueda llegar a converger entre todas. El nivel mínimo que soporta el Estado debe
estar vinculado, por tanto, al servicio que se presta. Somos conscientes también de que en algunos sitios está disminuyendo la ocupación de plazas residenciales; de que existen centros que están en situaciones verdaderamente alarmantes y que van a
proceder a su cierre no solo por falta de ocupación sino también por la morosidad de las diferentes administraciones en los pagos de las plazas concertadas.
Por lo tanto, también estamos de acuerdo con Convergència i Unió en este punto de la
moción. En esta situación, al Gobierno solo se le ocurre la subida del IVA en el segundo semestre de este año. ¿Cómo es posible que vaya a subir el IVA para la prestación de estos servicios? O se modifica este punto, tal y como nosotros hemos
solicitado ya por tres veces en esta Cámara para que se aplique un IVA superreducido, de igual manera que está previsto en la moción, o se acabará destruyendo más empleo. No entendemos, señor representante de Convergència i Unió.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Méndez, por favor, tiene que acabar.
La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Termino, señora presidenta.
No entendemos cómo no ha atendido a la voluntad del grupo proponente de hacer una transacción con usted si no es porque ha preferido transigir a la no bajada del IVA con el Grupo Socialista. Y no entendemos que pierda la paternidad de su
moción para aceptar un acuerdo de mínimos con el Grupo Socialista.
Termino, señorías, diciendo que por todo lo anterior es preciso hacer una reflexión fundamental: la subida del IVA es una equivocación...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Méndez, por favor, está fuera de tiempo.
La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Termino diciendo solamente que es un problema de financiación y es preciso que el Gobierno se responsabilice de esta financiación. Son ya tres años de Gobierno eludiendo su responsabilidad y vaciando los
servicios sociales para apañar la dependencia. Si esto no se tiene en cuenta se estaría haciendo un esfuerzo vano.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias a usted, señora Méndez.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene en primer lugar la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, celebramos que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) haya aceptado la enmienda del Grupo Socialista. De hecho, no podía ser de otra manera puesto que creo que en todo aquello que hace referencia al desarrollo de la
Ley de autonomía personal todos, si me permiten la expresión, andamos metidos en el mismo barco, es decir, en el compromiso de implementar la ley con la mayor eficiencia posible. De manera que entiendo, de hecho esperaba, que el sentido común del
diputado Campuzano y el sentido común del Grupo Socialista dieran lugar a este acuerdo que más o menos viene a significar que existe una línea de trabajo conjunto, aun cuando respecto a alguna cuestión relacionada con el IVA el diputado Campuzano se
expresaba con una mayor claridad, con una mayor contundencia. Pero bien, lo importante es hacer el camino porque creo que todos coincidimos en que hay que explotar -y sería una gran irresponsabilidad no llevarlo a cabo- todas las potencialidades de
la ley. Este año estamos comprometidos en hacer la evaluación, el análisis completo que deberá permitirnos discernir qué es aquello que hay que corregir y qué es aquello que hay que consolidar. Ciertamente, sin menospreciar los datos que presentó
la ministra hace pocos días en la comparecencia en la Comisión, es cierto -y todos los grupos parlamentarios ya han hecho referencia a ello- que hay un decalaje entre aquello que nos habíamos comprometido a desarrollar desde el mismo ADN de la ley,
es decir la preeminencia de los servicios hipotecando y subordinando las prestaciones, y los datos que nos indican que hoy por hoy la situación no es esta, por razones culturales pero también por razones de coyuntura económica, que ha convertido la
prestación en una ayuda a las economías familiares en una situación de recesión económica.
En la medida en que existe una financiación un tanto deficitaria del sistema -creo que nadie puede negar que andamos metidos en este bucle-, es cierto que
las administraciones públicas quizá también utilizan la demanda de prestaciones puesto que estas siempre son más rentables que los servicios. Todos somos muy conscientes de las contradicciones, de la dialéctica en la que nos hallamos inmersos. Por
eso queda justificado y hay que celebrar que los grupos parlamentarios mantengamos este espíritu constructivo en todo aquello que se refiere al compromiso social que significó aprobar esta ley, que hoy por hoy sigue siendo el icono de la
socialdemocracia española en esta coyuntura histórica. De hecho, lo que sale a relucir es el debate que ya tuvimos desde el momento cero de la ley. Les recuerdo la dificultad que tuvimos ya en su momento para redactar el artículo 32.3, que hacía
referencia a la necesidad de
reconocer las variables distintas a la insularidad, a la dispersión geográfica, a los emigrantes retornados en lo que hacía referencia al diferencial de coste, al precio de la vida en las distintas comunidades autónomas. Como el Guadiana,
los problemas siguen emergiendo puesto que hay cuestiones que no están resueltas.
Finalmente, lamento que no hayan tenido la bondad de aprobar nuestra enmienda puesto que iba dirigida a enfocar un problema que tenemos.
Nosotros creemos que este Parlamento, esta Cámara -por eso instamos a la Cámara a que lo aprobara- no
solamente tiene el derecho sino que necesita que comparezcan todos los responsables de las comunidades autónomas a fin y efecto de que rindan cuentas, que expliquen y nos ilustren sobre el desarrollo de la ley. Creo que lo necesitamos y por ello
sería bueno que aprobaran nuestra enmienda para que antes de finalizar este periodo de sesiones, repito, comparezcan los distintos gobiernos autonómicos para ilustrarnos sobre el desarrollo de la ley. Si ustedes no han considerado oportuno aprobar
nuestra enmienda al menos pongamos en valor la necesidad...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Tardà, por favor, tiene que terminar.
El señor TARDÀ I COMA: Ya termino, señora presidenta.
Digo que pongamos en valor la necesidad de que en la Comisión pudiera pedirse que esta comparecencia se diera dentro de unas semanas.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Tardà.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Sahuquillo.
El señor SAHUQUILLO GARCÍA: Señora presidenta, señorías, tras veinte meses de trabajo en tres Comisiones, con 58 comparecencias y con la elaboración de un Libro Blanco de atención a las personas en situación de dependencia, con diálogo y
consenso social y, por tanto, con la participación activa de la sociedad se aprobó por el Parlamento español en 2006, con implantación progresiva durante años -ocho, no lo olvidemos-, la Ley de promoción de la atención a las personas en situación de
dependencia como un nuevo derecho subjetivo de ciudadanía universal y público en España, de ayuda, atención y cuidado para las personas dependientes que no pueden valerse por sí mismas y así ser atendidas por los poderes públicos. He querido hacer
esta introducción porque con mucha frecuencia nos olvidamos o, mejor dicho, quieren que nos olvidemos del objetivo y la importancia de esta ley, que fue aprobada en un mandato socialista, como también lo fue la aprobación de otras leyes básicas para
construir el Estado de bienestar: educación, sanidad, pensiones. Esta ley garantiza un catálogo de servicios y prestaciones económicas y su financiación corre a cargo del Estado y de las comunidades autónomas, que tanto uno como otras aportarán
25.000 millones de euros hasta el año 2015 para garantizar estas prestaciones y servicios. Les recuerdo que el Estado español ya ha aportado 4.992 millones de euros.
¿Cuál es la realidad a día de hoy? Hay 520.000 personas atendidas, en prestación de servicios; 107.300 en atención residencial; 30.850 en centros de día y noche; 64.500 en ayuda a domicilio; 50.600 en teleasistencia; y en ayudas
económicas el 49,61 por ciento del total de las personas atendidas. Además no se trata solo y exclusivamente de la creación de 300.000 empleos ni de por qué prevalecen las prestaciones económicas a las prestaciones de servicios, que eran
prioritarias, pero poco a poco esta situación irá ajustándose, como ha ocurrido en otros países de nuestro entorno, aunque no es nada desdeñable que 114.000 personas estén suscritas al convenio especial de cuidadores no profesionales, el 98 por
ciento de ellas mujeres. Señorías, no podemos obviar el impacto laboral de esta ley como generadora de empleo estable y cuya entrada en vigor ha supuesto que el de servicios sociales sea un sector en crecimiento de empleo neto, con un incremento
del 22,16 por ciento, 112.000 ocupados en dependencia de manera directa, 114.000 cuidadores no profesionales -los antes citados-, 35.000 nuevos puestos de trabajo a través del PlanE. Esta ley tiene como principio el acceso a las prestaciones en
condiciones de igualdad para que el sistema atienda de forma equitativa a todos los ciudadanos en situación de dependencia. Se reconoce también la participación de los beneficiarios en el sistema y la complementariedad y compatibilidad entre los
diferentes tipos de prestaciones en los términos que determinan las normas de desarrollo.
Esta es la clave de todo. La ley garantiza unos apoyos como derecho subjetivo de la persona inexcusable en su prestación por parte de la Administración, pero
siempre teniendo como eje a la persona, sus intereses, deseos y singularidades. No podemos planificar los apoyos a ninguna persona sin contar con ella y su entorno más próximo. Si esto no se hiciera así, por mucho empleo que se creara, sería un
gran fraude para aquellos a quienes se dice que se protege. En fin, primero la persona en situación de dependencia y el respeto más absoluto a sus necesidades sentidas y vividas y luego todo lo demás. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Para terminar, señorías, me alegro sobremanera de que un grupo político, CiU, que no votó a favor de esta ley plantee cuestiones para mejorarla y seamos capaces de entendernos. Otros deberían aprender, porque los ciudadanos quieren que sea
así más allá de nuestras diferencias ideológicas. Las personas valen más que todos los partidos políticos, no tengan ninguna duda. Señorías, siempre se puede hacer más y mejor, pero claramente la atención a la dependencia genera nuevas
oportunidades de empleo y también nuevas oportunidades para las empresas innovadoras y, por supuesto, forma parte de la estrategia de economía sostenible del Gobierno de España.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sahuquillo.
Por el Grupo Vasco y para fijar posición tiene la palabra don Joseba Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo brevemente y desde el escaño. Mi grupo no ha presentado ninguna enmienda porque considera que el texto original era bastante claro y no necesitaba ninguna. Pero el propio autor es el dueño. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Resulta imposible atender al orador, quien quiera hacerlo. Les ruego que tengan la cortesía de hablar más bajo y, si pueden, incluso sentarse.
Adelante, señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias por su amparo, señor presidente.
Como decía, nosotros no hemos presentado ninguna enmienda porque no lo considerábamos necesario. El objetivo claro de esta moción lo expresaba en sus propios términos el texto. En el título también se decía desarrollo y aplicación de la
ley, por una parte, y mejorar su aplicación en lo relativo a la creación de empleo. Está claro -todos los portavoces lo han dicho- que el sector de la economía social es un sector cada vez más en alza y más necesario. Esta sociedad, en la que
debemos crear más bienestar, a su vez tiene más vida, y más vida es más dependencia, debido a más longevidad. Por tanto, más tiempo de vida, más dependencia, más necesidad. Nuestras nuevas relaciones socioeconómicas generan que una ley como la de
dependencia requiera del concurso de muchos sectores. Nosotros creemos que es importante apoyar esta moción. Tendríamos muchas cuestiones que comentar -no voy a alargarme-. No creemos en exceso en la creación de estudios, porque a veces se pueden
perder en el limbo y es mejor actuar. El proponente decía que se traiga aquí un estudio. Me parece muy bien, pero quizá habría que plantear cuestiones mucho más efectivas. Defendemos la prestación de servicios y no de dinero, porque lo que hay
que ofrecer son servicios. Hay quien tiene esos servicios y hay otros que todavía nos los tienen. Esperemos que todos lleguen a tenerlos. Hay que financiar esos servicios. No podemos estar invitando a rondas y que otros paguen. La Ley de
Dependencia -más de una vez lo hemos dicho en este hemiciclo- tiene un grave problema de financiación. Algunas comunidades -en nuestro caso las diputaciones forales- están financiando casi el 80 por ciento de lo requerido en la Ley de Dependencia.
Eso tiene que cambiar y así lo hemos hecho saber muchas veces. Es más, mi grupo no apoyó la Ley de Dependencia precisamente porque preveía que podía haber problemas en ese sentido y porque considerábamos que había una clara invasión competencial.
Nos parecía muy importante cuando el proponente de Convergència i Unió planteaba que cada comunidad autónoma, según su realidad económica y social, tiene que disponer de los recursos necesarios y organizar sus necesidades basándose en ese criterio,
porque no todos tenemos las mismas necesidades ni la misma realidad económica, social, de dependencia, de enfermo, de espacios sociosanitarios. Por tanto, estamos de acuerdo con el tema de las bonificaciones de ayuda a la familia, porque al fin y
al cabo las familias son las que están soportando esta serie de cuestiones.
Por último, creo que hay que incidir en el aspecto de la influencia en la nueva economía que se está generando en torno a los servicios sociales.
Es una gran oportunidad. Para mucha gente que, por las circunstancias que sea, se ha quedado
fuera del mercado laboral es una enorme oportunidad para integrarse en ese mercado por medio de lo que hoy en día se está llamando ese tercer sector o la nueva economía social. Los cursos, el aprendizaje, son fundamentales para que esta gente se
pueda integrar, porque cada vez -reitero- hay más necesidades, más longevidad, más dependencia. Es la otra cara de la moneda del bienestar: vivimos más, dependemos más, necesitamos más recursos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.
Señor Campuzano, ¿tiene la bondad de informar a la Presidencia si acepta S.S. alguna enmienda para la votación?
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Sí, señor presidente. Aceptaremos la enmienda del Grupo Socialista.
Gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LOS MOTIVOS DEL EJECUTIVO PARA MANTENER LA SUBIDA DEL IVA A PESAR DE LAS PREVISIONES DE LA COMISIÓN EUROPEA DE QUE PERJUDICARÁ A LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA.
(Número de expediente
173/000125.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Popular, sobre los motivos del Ejecutivo para mantener la subida del IVA, a pesar de las previsiones de la Comisión Europea de que perjudicará a la recuperación económica. Para la defensa
de la moción tiene la palabra don Cristóbal Montoro. (Rumores.)
Por favor, les ruego silencio, especialmente a quienes están en la parte más alta, porque se oye perfectamente, con esa reverberación del sonido, incluso a veces la propia conversación. Les rogaría tuvieran la bondad de prestar atención al
orador.
El señor MONTORO ROMERO: Señor presidente, señoras y señores diputados, subo a la tribuna para, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, expresar el no
más rotundo y más firme a la subida del IVA; un no por ser perjudicial para la crisis económica y para la recuperación del empleo en España; un no por ser ineficaz -así no se proveen más ingresos para el Estado- y un no por ser injusto,
profundamente injusto. Estamos hablando de un impuesto que grava a las rentas más bajas, un impuesto sobre los parados y los pensionistas, un impuesto sobre las familias que tienen más miembros a su cargo, un impuesto, en definitiva, el más injusto
de los impuestos que pagan proporcionalmente los que menos renta tienen.
Subo a la tribuna para decir que esta política económica que nos lleva a subir el IVA nos traerá más crisis y más paro; perjudicará al consumo, cuya caída está en la raíz de la crisis que estamos atravesando; perjudicará al empleo; traerá
más paro, puesto que llevará contra las cuerdas a pequeñas y medianas empresas, a autónomos y, en definitiva, proveerá una situación todavía más compleja y más difícil. Además, señorías, ya tenemos suficiente experiencia en España para saber que
subiendo los impuestos no se recauda más dinero para el Estado. Al contrario, bajando los impuestos es como las arcas del Estado se llenan de los ingresos que provienen del empleo, del bienestar, del ahorro y de la inversión de los españoles.
Hoy, señorías, en esta Cámara hay una votación importante. Ahí fuera, en la calle, la opinión pública está claramente en contra de la subida de este impuesto. Hoy tenemos la oportunidad en esta Cámara de acercar la voz de los diputados a
la voz de la calle en un momento en el que lo que falta en España es confianza, lo que falta en España es fe para salir de esta situación de crisis económica que estamos atravesando. Además, señorías, subiendo el IVA, lo que se promoverá será más
fraude fiscal.
Eso es lo que ya está ocurriendo en nuestro país como consecuencia de la crisis económica y de la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo. Subiendo el IVA, cada hogar español pagará más de 600 euros al año; subiendo el
IVA, cada persona en España pagará 250 euros más en forma de nuevos impuestos. Así lo han advertido la Comisión Europea, la OCDE, numerosos estudios dentro y fuera de España. En definitiva, subiendo impuestos, señorías, perpetuamos, hacemos
constante la crisis económica en España. La lista de sectores perjudicados es innumerable.
Esta tarde hemos hablado de ellos. Hemos hablado del perjuicio al turismo, hemos hablado del perjuicio a la provisión de servicios sanitarios, de servicios
sociales; hemos hablado y debemos hablar del perjuicio a la automoción, a la venta de hidrocarburos, a la transferencia de viviendas nuevas. En suma, toda la economía española se verá claramente perjudicada, gravada por la subida del IVA. Hay
alternativas, señorías, la alternativa es bajar el gasto público, tal como propuso el Grupo Parlamentario Popular al comienzo del debate de los presupuestos del año 2010, cuando planteó bajar el nivel de gasto público en 10.000 millones de euros.
Si se hubiera hecho esto, señorías, señores miembros del Gobierno de España, no tendrían ni siquiera la excusa, la justificación ni el pretexto para subir el IVA.
Señorías, el Gobierno lo que nos está trayendo en este año es una subida de impuestos, cuya oposición vetó al Grupo Parlamentario Popular y a numerosos grupos de esta Cámara, que no pudieron ni opinar ni votar su rechazo a la subida del IVA;
eso es democracia, señor Zapatero, vetar iniciativas. Por eso, esta es la primera vez que vamos a votar en esta oposición frontal a la subida del IVA en esta Cámara, y para ello vamos a reunir numerosos votos. Este Gobierno, insisto, el Gobierno
que está pretendidamente promoviendo acuerdos políticos fuera de esta Cámara, lo que tiene que hacer, señor Zapatero, es traer iniciativas de política económica a esta Cámara; rectificar su política económica en esta Cámara.
(Aplausos.) Señor
Zapatero, lo que tiene que hacer es aprovechar su presencia esta tarde, porque no ha faltado usted a la convocatoria; este es un asunto importante, ¿verdad, señor presidente del Gobierno? (Protestas.) Dé usted instrucciones a su grupo político
para que esta tarde mayoritariamente, por unanimidad en esta Cámara, se rechace la subida del IVA, que es exactamente lo que le está pidiendo la opinión pública que haga, señor Zapatero. (Aplausos.-Rumores.) Escuche a la gente y no vaya por la vida
hablando de que como tienen 500.000 parados más va a subir un punto de IVA. ¿Y cuando tenga otros 500.000, en 2011, qué va a hacer? ¿Va a subir otro punto de IVA? Eso es lo que usted está haciendo con su política económica, señor Zapatero; esta
es la manifestación más clara del fracaso de su política económica, la subida del IVA. (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.) Esto es lo que empobrece a la gente en España, y esto es lo que un Gobierno socialista hace
sin pestañear, empobrecer a los ciudadanos, llevarnos y subirnos en esta crisis económica (Rumores.) Si ustedes quieren acuerdos políticos con este grupo, con el Grupo Popular, además de convocarnos en el palacete del señor ministro de Fomento
(Continúan los rumores.-Risas.), insisto, lo que tienen que hacer es convocarnos aquí, en esta Cámara, señorías; traer estas iniciativas políticas a esta Cámara, que es exactamente lo que está haciendo el Grupo Parlamentario Popular.
Señorías, acabo insistiendo, planteando, recabando el apoyo de los grupos políticos. Esto no es cuestión de ideologías; esto no es cuestión de izquierdas o derechas (Varios señores diputados: ¡No!-Risas.-Rumores); esto es cuestión de
racionalidad económica, señorías (Aplausos.); esto es apostar por el futuro. Hay otra política económica, señorías, la que apuesta por recuperar la confianza de los españoles; la que apuesta por crear empleo; la que apuesta por bajar los
impuestos y de esa manera evitar el déficit público que estamos padeciendo.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Montoro.
Para la defensa de las enmiendas presentadas, en primer lugar por el Grupo Mixto tiene la palabra doña Uxue Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidente.
Intervengo para fijar posición en mi caso y el señor Jorquera lo hará para defender su enmienda, pero entiendo que consumimos turno. Lo haré por tanto desde el escaño, presidente, para señalar que existen otros motivos por los que votar por
una retirada de la subida del IVA; existen otros motivos al Apocalipsis, si me permiten, que nos acaba de dibujar el señor Montoro. En cualquier caso, existen motivos de convicción, existen motivos ideológicos y existen motivos desde la serenidad.
Por tanto, el voto que llevará a cabo esta tarde Nafarroa Bai será favorable a la moción presentada por el Grupo Popular, como decía, por otros motivos.
Votaremos desde posiciones opuestas a las que expresa el Grupo Parlamentario Popular y con
objetivos parlamentarios -he de decirlo también- diametralmente opuestos, porque apostamos, señorías, por una reforma del sistema fiscal y una reforma al alza. Lo que no compartimos con el Gobierno es que se limite, se esconda en la subida en la
subida de dos puntos del IVA, en una subida impositiva indirecta. Votaremos a favor porque esta materia, a nuestro entender, requiere un consenso parlamentario de corte estrictamente ideológico-a un lado o a otro lado de la tribuna, señorías del
Grupo Parlamentario Socialista, elijan ustedes-; requiere, como digo, un encuentro ideológico. Mientras no se produzca, votaremos en libertad y en coherencia con lo que nos trajo a esta Cámara.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Barkos.
Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra doña Rosa Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Este es un debate como del mundo al revés, el partido que se reclama de la izquierda, de la representación genuina de la izquierda, suprime el impuesto sobre patrimonio y sube el IVA, que tiene unas consecuencias injustas y regresivas y que
castiga fundamentalmente a las clases más desfavorecidas porque es un impuesto sobre el consumo; castiga fundamentalmente a aquellas personas que consumen todo porque tienen poco y por tanto todo lo tienen que consumir. Es el mundo al revés.
Ustedes anularon el impuesto sobre patrimonio y ahora nos quieren subir el IVA.
Quiero dejar claro que en Unión, Progreso y Democracia no nos oponemos a que se suban impuestos, no tenemos una posición fundamentalista: no hay que subirlos, hay que bajarlos todos, como se escucha a veces desde otros escaños. No, lo que
pasa es que pensamos que para tomar decisiones de subir los impuestos primero hay que seleccionar bien qué impuestos se suben. El IVA es un impuesto, como digo, que repercute siempre de manera mucho más negativa sobre las clases sociales, sobre las
personas que más necesitan de los escasos recursos. Además, antes de subir los impuestos, a mi juicio, es absolutamente necesario, lo primero, combatir el fraude y suprimir los gastos superfluos, y solo después estaremos en condiciones de
determinar si hay que subir impuestos. Insisto, antes de subir el IVA hay que recuperar el impuesto sobre patrimonio, señorías del Grupo Socialista y señores del Gobierno. En fin, lo que ustedes nos traen hoy a debate -nos lo trae el Grupo
Popular, pero ustedes nos lo traen para ir en contra- es algo que va a ser ineficaz desde el punto de vista de la recaudación. Sabemos que hay grandes bolsas de fraude en el IVA. El hecho es que el consumo ha bajado el 5 por ciento y la
recaudación en IVA el 30 por ciento. Por tanto, además de injusto y regresivo, va a ser ineficaz.
Por eso nos oponemos a que se suba el IVA y anunciamos nuestro voto positivo a la moción presentada por el Grupo Popular. No me vale que se diga -lo
digo de antemano, lo hago sin ningún tipo de complejo y sin ningún tipo de prejuicio- que la moción del Grupo Popular es oportunista.
Sí, es oportunista, pero además es oportuna, porque el IVA lo van a subir en el mes de julio y son ustedes los que
han tomado la decisión de subirlo.
El señor PRESIDENTE: Señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Como creo que es una decisión negativa e injusta vamos a apoyar la iniciativa del Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.
Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.
El Bloque Nacionalista Galego ha presentado una enmienda de adición a la moción consecuencia de interpelación para que el Gobierno presente a esta Cámara un plan a aplicar a partir del año 2011 que contemple un incremento de la progresividad
del sistema impositivo, exigiendo un mayor esfuerzo fiscal a las rentas altas a fin de garantizar la sostenibilidad y suficiencia de las finanzas públicas manteniendo las políticas de inversión, la apuesta por los servicios públicos y las
prestaciones sociales. Presentamos esta enmienda porque el Bloque Nacionalista Galego no está de acuerdo con las políticas fiscales del grupo proponente de esta moción ni en las formas ni en el fondo. En las formas, porque creemos inaudito, en un
partido que muchas veces apela a la responsabilidad y al sentido de Estado dando lecciones
en este campo, que haga manifestaciones a favor de la rebelión fiscal; y en el fondo porque está instalado en la demagogia en materia fiscal, que le lleva a pedir todo tipo de rebajas impositivas mientras al mismo tiempo hace apelaciones a
volver al dogma del déficit cero introduciendo drásticos recortes en la inversión pública. En definitiva, se trata de desmantelar las políticas públicas, indispensables para asegurar la igualdad de oportunidades e indispensables también en un
contexto de crisis sistémica como esta, para recuperar la economía sobre otros patrones de crecimiento.
Señorías, en el objeto concreto del debate de hoy coincidimos con el grupo proponente. Como hemos manifestado en muchas ocasiones en esta Cámara, la subida del IVA es injusta, pues acentúa la presión fiscal sobre las rentas medias y bajas,
que son las que ya soportan más presión fiscal en el Estado español, dado que son estas rentas las que tienen que destinar un mayor porcentaje de sus ingresos a satisfacer sus necesidades básicas de consumo y, por tanto, las más castigadas por esta
medida. La subida del IVA además es contraproducente, pues grava el consumo en un contexto de caída de la demanda, lo cual dificulta y retrasa la recuperación económica.
Concluyo ya, señorías, manifestando nuestra perplejidad con respecto a la actitud del partido que da soporte al Gobierno, porque recurre a la llamada izquierda parlamentaria para que no apoye una iniciativa del Grupo Popular, pero no negocia
con ella las políticas fiscales ni siquiera hace el más mínimo esfuerzo de aproximación sino que, al contrario, observamos un giro cada vez más preocupante -me remito a palabras recientes de un alto miembro del Gobierno- alabando la bondad de los
impuestos indirectos por ser los más neutros en la marcha de la economía. ¿Dónde está la función de los impuestos como instrumento de redistribución de la riqueza? Esto sí que es ultraliberalismo puro. A este enfoque decimos que no y, porque
coincidimos con los contenidos concretos de la moción, votaremos a favor de la misma.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra, en primer lugar, don Joan Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Muchas gracias, señor presidente.
Desde Iniciativa e Izquierda Unida queremos un debate con rigor, y el rigor nos dice que en España el esfuerzo fiscal es el 30,4 por ciento, solo nos supera por debajo Estonia. Mientras el PIB baja un 4 por ciento, los recursos de las
administraciones bajan un 25 por ciento, por tanto hay que hacer una reflexión fiscal para que haya quien pague más impuestos, pero que quien pague más impuestos sea quien tiene capacidad de pagar. ¿Era razonable desde una perspectiva progresista
decir, después de anunciar que se subiría la fiscalidad a las rentas más altas, que lo que teníamos que hacer era subir el IVA de forma generalizada? No, no lo es. No es solo que no sea razonable, es que es inaceptable subir el IVA de forma
generalizada después de suprimir, erróneamente, como ha dicho la vicepresidenta económica, el impuesto sobre patrimonio. Lo que decimos hoy es que nosotros no estamos por lo que no es razonable desde el punto de vista progresista y no es razonable
desde el punto de vista económico porque afecta a la recuperación del consumo.
Dicho esto, ¿es responsable, por parte del principal grupo de la oposición, decir que no se suba el IVA sin plantear ningún elemento de fiscalidad progresiva que haga que en España tengamos capacidad de hacer políticas públicas de cohesión
social para salir de forma justa, solidaria y sostenible de la crisis? No, tampoco es responsable. No era razonable subir el IVA de forma generalizada desde una perspectiva progresista y no es responsable decir que no suba el IVA sin plantear
propuesta alguna. Por eso nosotros decimos que no, que no escogemos ni entre Guatemala ni entre guatepeor, que no nos quedamos ni con quien ha dejado de ser progresista ni con quien se centra en la irresponsabilidad, y porque no nos quedamos ni
entre Guatemala ni entre guatepeor optamos por la justicia social y por la justicia fiscal, que se traduce en decir no a la subida del IVA y sí a una fiscalidad progresiva.
Es cierto que el Grupo Popular hace un debate con trampa. Nos plantea una moción cuando podría traer una proposición de ley para modificar la ley.
Es cierto que en febrero del 2009 FAES decía: subamos el IVA y bajemos las cotizaciones de
la Seguridad Social; es verdad que vale todo, incluso la insumisión fiscal, pero también que el Gobierno es incapaz de decirnos qué propuesta concreta, en materia de fiscalidad progresiva, es capaz de sacar adelante. Parece que en seis años la
única medida de fiscalidad progresiva sea la reforma de la Ley Beckham. Desde la izquierda decimos que esto no es ni aceptable ni asumible. No era verdad aquello de que bajar impuestos es de izquierdas; no cuando estas a la cola de Europa en
esfuerzo fiscal. Lo que decimos es que hoy si el Gobierno quiere compromisos, y compromisos de la izquierda, tiene que hacer un único gesto, que es una propuesta en materia de progresividad fiscal, limitando la subida del IVA y diciendo que sí a un
impuesto sobre patrimonio sobre las grandes fortunas; diciendo que sí a un IVA sobre los productos de lujo; diciendo que sí a la reducción del IVA sobre los productos de primera necesidad o al incremento del impuesto sobre sociedades en aquellas
sociedades que tienen beneficios superiores a los 1.000 millones de euros. Por eso, vamos a votar que no a la subida del IVA; por eso decimos que sí a una fiscalidad progresiva que el Gobierno no quiere afrontar.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrera.
Por el mismo grupo parlamentario y por el resto del tiempo tiene la palabra don Joan Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente.
Señorías, mucho antes de que el Partido Popular, o quizá debo decir la señora Aguirre en su nombre, protagonizara un nuevo episodio de La escopeta nacional incitando a la rebelión, a la insurgencia, o no sé si a la insumisión fiscal, durante
el debate presupuestario ya dijimos desde Esquerra que estábamos en contra de la subida generalizada del IVA.
Creíamos -como creemos hoy- que va a afectar negativamente al consumo, al ahorro, a la inversión y al conjunto de la actividad económica.
Además, tanto el Fondo Monetario Internacional como la propia Comisión Europea nos han venido a dar la razón, porque auguran una contracción del consumo que va a suponer también una reducción del PIB para el tercer trimestre de un 0,8 por ciento.
Además, creíamos -creemos hoy también- que era una medida que no era ni progresiva ni progresista, sino simplemente recaudatoria, porque van a acabar pagando lo mismo mileuristas que millonarios. Nosotros propusimos entonces, como proponemos hoy a
través de una enmienda, un auténtico programa de reforma fiscal orientado no solo a mejorar la suficiencia sino a potenciar su equidad y su progresividad, luchando contra el fraude fiscal, revisando en una línea progresiva el IRPF, recuperando el
impuesto sobre patrimonio para las grandes fortunas y reduciendo el IVA para los bienes de primera necesidad. Creemos que es injusto que los asalariados que producen la mitad de la renta en el Estado español sufraguen el 90 por ciento del gasto
público. Lo justo es que pague más el que más tiene; no como ha hecho este Gobierno hasta ahora, que en 2006 redujo el tipo máximo del IRPF al 43 por ciento favoreciendo las rentas más altas, para demostrar que la izquierda también sabe bajar
impuestos como la derecha; o aquel dislate de los 400 euros del IRPF que fue una medida dirigida directamente para ganar votos; o con una supresión del impuesto sobre patrimonio, algo que ahora el propio Gobierno juzga como un error. En cambio,
han subido el IVA, los impuestos especiales; han dejado inmunes a la Sicav y a las rentas más altas. Esto no es ninguna coalición negativa contra el Gobierno y contra el Partido Socialista. Esto es de nuestra parte un voto coherente, un voto de
izquierda y, sobre todo, un voto a favor de aquellos que lo están pasando peor en este momento de crisis económica, los trabajadores y las clases populares y las cada día más menguantes y sufridas clases medias.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.
Por el Grupo Vasco PNV tiene la palabra don Pedro Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señor presidente del Gobierno, señoras diputadas, señores diputados, por enésima vez el Grupo Popular nos trae a esta Cámara una iniciativa encaminada a suprimir o dejar sin efecto -tal y como se
señala concretamente en la moción- la subida del IVA prevista a partir del mes de julio. Esta iniciativa hay que considerarla en el marco de las rebajas impositivas generalizadas que plantea el Grupo Popular. Es cierto, como señala el propio Grupo
Popular, que una subida del impuesto sobre el consumo, como es la subida del IVA, tendrá un efecto negativo en el consumo privado y, por él, en la actividad económica y el empleo. Esta es una cuestión que habrá que estudiarla y medirla, sin olvidar
la parte del consumo que puede verse beneficiada en esta primera parte del año, precisamente anticipando la subida del segundo semestre. Pero no es menos cierto que la reducción brusca del gasto público, como propone el Grupo Popular, también tiene
un impacto negativo sobre el consumo público, sobre la inversión pública y si se minoran las transferencias tiene también incidencia negativa sobre la inversión privada y sobre el consumo privado. En definitiva, todas ellas componentes de la
demanda agregada que inciden negativa y directamente en el crecimiento y en el empleo. No se puede, señores del Grupo Popular, soplar y sorber a la vez. No se puede hacer de la rebaja de impuestos la única medida idónea para activar la economía y
el empleo y olvidarnos de los efectos perversos de la reducción del gasto público que ustedes plantean.
Si no existiera presión alguna en el marco europeo, si estuviéramos fuera de la unión monetaria, tendríamos lógicamente más resortes de política económica para actuar, pero la realidad no es esa. La política monetaria, la gestión del Banco
Central Europeo y la Unión Europea nos obligan a cumplir con un plan de consolidación fiscal estricto. Tenemos la experiencia reciente de ataques especulativos de los mercados a la economía española y el crudo análisis que realizan multitud de
economistas y organismos internacionales sobre las debilidades estructurales evidentes de la economía española. No es preciso recordar hoy otra vez lo que hemos dicho tantas veces sobre la gran dependencia del sector inmobiliario, la baja
productividad de la economía española y, sobre todo, la enorme destrucción de empleo que se ha producido en la economía a lo largo de los años hasta situarse en una tasa de paro del 20 por ciento. El Banco Central Europeo duda de que las medidas
planteadas por el Gobierno español, incluida esta subida del IVA, sean suficientes para controlar como se deben las finanzas públicas, incluso el vicepresidente Almunia también lo pone en cuestión. Hay voces en Europa, sobre todo en Alemania, que
apuntan a que no se puede estar en el marco del euro si no se tienen unas finanzas suficientemente saneadas o si se es un país que está bajo sospecha. Luego la situación sinceramente es muy complicada. La política económica está en una auténtica
encrucijada y en este contexto cabe preguntarse qué hacer. ¿Es posible no subir el IVA a partir del mes de julio sin sufrir un varapalo más de las instituciones europeas y de los mercados? Sinceramente, yo creo que no. Sin olvidar las reformas
estructurales pendientes del mercado de trabajo, del gasto público, de la energía, que es donde el
Gobierno tiene margen y debe actuar, plantear rebajas significativas de impuestos hoy no es un buen mensaje ni a los mercados ni a las instituciones. No es conveniente, señores del Grupo Popular, desestabilizar más una situación ya bastante
deteriorada. Desestabilizar es lo que está intentado, a nuestro juicio, el Grupo Popular, que plantea a través de algunos de sus líderes insumisiones de salón con relación al IVA y a la vez critica al Grupo Vasco y al Partido Nacionalista Vasco por
apoyar esta medida.
Señores del Grupo Popular, como saben nuestro grupo apoyó los Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 y lo hizo por responsabilidad con la situación económica y por los acuerdos alcanzados. En dicho proyecto se contemplaba la
subida del IVA a partir del mes de julio y nosotros respetamos el acuerdo y la medida. El Grupo Vasco siempre cumple sus compromisos y esta vez no va a ser una excepción. Cumplimos también cuando pactamos con el Partido Popular. Además de ello,
existen argumentos tributarios y recaudatorios suficientes como para no exigir la rebaja impositiva en la actual coyuntura. El IVA aplicado en el Estado español está por debajo de la media europea y la presión fiscal global es de las más bajas de
la Unión Europea, mientras que el gasto se encuentra en los niveles medios. Es necesario reflexionar sobre las políticas públicas, sobre las inversiones públicas, sobre las políticas sociales y sobre el sistema tributario que pueda financiar dichas
políticas. Es un tema profundo y necesario, aunque no creo que en este momento exista la calma política suficiente para poder llevar a cabo este debate. Nuestro grupo no se niega a rebajar los impuestos, creo que a nadie le gusta pagar más
impuestos si ello no es estrictamente necesario. Pero creemos que hacerlo ahora tiene efectos más negativos que beneficiosos, porque la rebaja del gasto público que debería llevar aparejada influiría más negativamente en la economía que el
beneficio que reportaría la no subida del impuesto tal y como se plantea. La Unión Europea y los mercados están atentos a las decisiones de política económica que se están adoptando. Si el Gobierno se echa atrás en esta medida, que está ya
incorporada en el Plan de estabilidad y crecimiento, puede pasarnos una factura económica en el ámbito de la Unión Europea. Por responsabilidad, por coherencia y por cumplimiento de los acuerdos, nuestro grupo va a votar en contra de esta
iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, señoras vicepresidentas, señor presidente del Gobierno, la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), como ustedes saben perfectamente, es la de oponerse radicalmente a una subida del
impuesto sobre el valor añadido, con una precisión importante: la posición de nuestro grupo parlamentario ha sido la de plantear una oposición radical mientras que no se produjera una recuperación real de la economía, y esta es la propuesta que en
su momento planteó este grupo parlamentario ante esta Cámara y la verdad es que no tuvo la complicidad del grupo parlamentario que da soporte al Gobierno. Y en esta misma tesis continuamos, o sea la de oponernos al incremento del impuesto sobre el
valor añadido mientras que no se produzca una recuperación real de la economía española. Por lo tanto, es una posición coincidente con la que plantea el Grupo Parlamentario Popular en la que nosotros proponemos una opción, quizás más comedida, de
intentar convencer al Gobierno de que se produzca esta suspensión mientras que la recuperación no sea una realidad. De entrada, oposición radical a la subida hasta que se produzca la recuperación económica. Si esta recuperación económica se
produjera, por parte de Convergència i Unió probablemente estaríamos dispuestos a admitir una subida de este impuesto que fuera en la dirección de dar confianza a los agentes económicos, de generar inversión y de generar ocupación.
Aprovechando aquí la presencia de las vicepresidentas primera y segunda, la ministra de Economía, y del señor presidente del Gobierno, quiero manifestar que el Gobierno en este caso ha perdido una gran oportunidad de poder plantear una
subida del impuesto sobre el valor añadido que fuera acompañada de una reducción de las cuotas de Seguridad Social para todas aquellas empresas que han mantenido empleo. Quizás desde esta perspectiva hubiéramos posibilitado esta subida que ustedes
son totalmente favorables a que se haga de inmediato y probablemente, si hubieran sido más ágiles, más sensibles y hubieran escuchado las propuestas de las pequeñas y medianas empresas y de los trabajadores autónomos, hubiéramos podido conseguir un
consenso importante ante una medida económica que iría dirigida a incrementar la recaudación pero al mismo tiempo también iría acompañada de una reducción importante de los costes salariales que hubiera podido comportar más confianza en la
contratación, más confianza en la inversión y más confianza en el sistema económico general. Por lo tanto, repito, hemos perdido una gran oportunidad y estamos dando continuamente malas noticias a los sectores económicos afectados.
También es cierto, señoras y señores diputados, que va a ser la última ocasión en la que este grupo parlamentario va a votar una propuesta legislativa encaminada a rebajar el IVA. Es una cuestión totalmente debatida en el Congreso de los
Diputados, lo hemos intentado desde Convergència i Unió, lo han intentado otros grupos parlamentarios, lo ha intentado en estos momentos el Grupo Parlamentario Popular, pero entendemos que es ya la responsabilidad del Gobierno no hacer caso a las
propuestas positivas de la oposición. Lógicamente -y ojalá nos equivocáramos-, si no se produjera esta recuperación y este incremento del impuesto sobre el valor añadido
dañara notablemente el tejido económico, ustedes ya habrían sido avisados con muchísima antelación y serían los auténticos responsables de una situación dramática que en Convergència i Unió no deseamos. Desde Convergència i Unió nos
gustaría hacerles una última propuesta o darles un último consejo. Hay un sector, el turístico, que podría verse muy perjudicado con el incremento del impuesto sobre el valor añadido y nosotros les decimos lo siguiente: en vez de hacerlo a
primeros del mes de julio, señores del Gobierno, háganlo a primeros del mes de octubre. Si ustedes fueran sensibles a esta propuesta de Convergència i Unió, probablemente salvarían la temporada turística de un sector muy importante para la economía
española, y ante esta posibilidad de suspender provisionalmente tres meses el incremento de impuestos, daríamos una buena noticia a un sector que proporciona resultados importantes para la economía española, para la productividad y para la
ocupación, y sería una primera señal de confianza y de buenas noticias para la economía productiva de este país.
Muchísimas gracias, señor presidente, y señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra don Francisco Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señoras y señores diputados, tengo que manifestar que en la tarde de hoy me he llevado una cierta sorpresa.
(Rumores.) El IVA lleva veinticinco años en vigor, y resulta que hemos podido ver cómo el señor Montoro
ha descubierto el IVA después de veinticinco años en vigor y después de haber sido ministro de Hacienda.
(Aplausos.-Rumores.) Hay cosas que van contra el signo de los tiempos y de los hechos. Quizás por aquello que decía Keynes: donde se juntan
dos economistas hay tres opiniones, yo le diría que en el día de hoy el comisario de la Unión Europea ha señalado que en España la incidencia del IVA en el consumo va a ser escasamente significativa y en modo alguno peligrosa para la recuperación.
Por lo tanto, desde hace dos años los economistas deberíamos hablar con cierta humildad, porque no han ido bien las cosas para nuestra disciplina. Honestamente, creo que el Partido Popular lleva tratando de fijar una posición política a lo largo de
las últimas semanas: que el Estado tiene que reducir su protagonismo. Lo intentó la semana pasada por la vía del gasto y hoy lo ha intentado por la vía del ingreso, privando al Estado de los recursos necesarios para satisfacer las demandas que se
le formulan. Esta es una vieja técnica que saben bien los economistas, que tiene nombre bien conocido y que consiste fundamentalmente en eludir cualquier colisión con los ciudadanos. A la gente se le dice expresamente que no hay recursos para
llevar determinados tipos de actividades, y para poder decirle eso se recurre a un procedimiento que los conservadores consideran inocuo, que es reducir los recursos del sector público. Ahora, por lo tanto, la derecha nos dice que, en lugar de
llevar a cabo reducciones del gasto que pueden ser más o menos impopulares, lo que hay que hacer son reducciones de los ingresos que serán aplaudidas por todo el mundo, sin preocuparle la situación.
Señorías, esto es una añagaza. Esto es pretender
dar gato por liebre, (Aplausos.) y en esta sociedad los ciudadanos ya saben bastante para saber que eso no es posible.
Nosotros creemos que estamos en un momento importante, difícil, donde hay que iniciar un ajuste fiscal que garantice la sostenibilidad del gasto público, y desde luego no seré yo de los que digan que la mejor manera de garantizar la
sostenibilidad de las finanzas públicas es acabando con la protección pública para cientos de miles de ciudadanos. Hemos planteado una política de ingresos y de gastos que tiene sentido, que es razonable, que globalmente es equitativa y que trata
de repartir todos los esfuerzos en el conjunto de la sociedad. En política de gasto proponemos una modificación selectiva del mismo, garantizando, eso sí, que el gasto social va a tener un importante protagonismo, porque hay una cosa que hemos
dicho y repetiremos muchas veces: en tanto en cuanto no se cree empleo, la protección social, sobre todo en materia de desempleo, es para nosotros una ley fundamental. (Aplausos.) Yo comprendo que eso no le guste a los conservadores. De hecho, la
semana pasada el señor Rajoy nos sorprendió a todos diciendo que este tipo de política era tirar el dinero. ¿Alguien puede decir en esta sociedad que garantizar la paz social es tirar el dinero? Una posición como esa es una auténtica barbaridad,
(Aplausos.) una barbaridad política que los ciudadanos no están dispuestos a consentir. A mí me parece que aquí nos encontramos con una vieja situación, a ustedes les gusta la dualización la polarización, la confrontación, ustedes quieren dinamitar
cualquier forma y cualquier posibilidad de entendimiento. En esa brega es donde ustedes se sienten cómodos; (Rumores.) nosotros caminamos por otra orilla, caminamos por la otra orilla que, de alguna manera, trata de hacer compatible la protección
social, el desarrollo económico, la existencia de unas políticas avanzadas en tecnología con unos impuestos moderados, como los que la señora Salgado presentó aquí el otro día en la interpelación. Por lo tanto, para posibilitar la existencia de
esas políticas nosotros necesitamos tener unos ingresos sólidos. Aquí la alternativa es clara -y termino, señor presidente-, o se mantienen los tipos impositivos tal como los tiene fijados la Ley de presupuestos o, por el contrario, si se decide
bajar los tipos impositivos, habrá que llevar a cabo nuevas reducciones del gasto. Con lo cual, estas reducciones serán más potentes y más intensas según sean más potentes y más intensas las reducciones de los ingresos. Señoras y señores
diputados, a nosotros en un error político de esa entidad nadie nos va encontrar.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Marugán.
Señor Montoro, ¿acepta S.S. alguna de las enmiendas presentadas? (Denegación.) Muchas gracias. Votaremos dentro de dos minutos; hasta entonces se suspende la sesión. (Pausa.)
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA AL USO DE HASTA EL 60 POR CIENTO DE LOS RECURSOS DEL FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL, PARA HACER FRENTE AL PAGO DE FACTURAS PENDIENTES CON PYMES Y AUTÓNOMOS.
(Número de expediente 122/000195.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a iniciar las votaciones.
En primer lugar, votamos la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Popular, relativa al uso de hasta el 60 por ciento de los recursos del Fondo estatal para el empleo y la sostenibilidad local, para hacer frente al pago de
facturas pendientes con pymes y autónomos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 162; en contra, 174; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 2/1979, DE 3 DE OCTUBRE, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. (Número de expediente 122/000200.)
El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), orgánica de modificación de la también orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 27; en contra, 320.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/1979, DE 3 DE OCTUBRE, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, PARA FAVORECER LA TOMA DE DECISIONES Y LA
RENOVACIÓN DE SUS MIEMBROS. (Número de expediente 122/000192.)
El señor PRESIDENTE: A continuación votamos la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de igual contenido que la anterior y que han sido tramitadas de modo conjunto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 27; en contra, 319; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE IMPULSO DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO. (Número de expediente 162/000596.)
El señor PRESIDENTE: A continuación votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre impulso del vehículo eléctrico.
Sobre esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda transaccional. ¿Algún grupo se
opone a su tramitación? (Pausa.) En consecuencia, pasamos a votar la proposición en los términos de la transaccional presentada.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 196; en contra, uno; abstenciones, 150.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A PALIAR LA MALA SITUACIÓN QUE ATRAVIESA EL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL. (Número de expediente 162/000567.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa a paliar la mala situación que atraviesa el sector turístico español. Esta proposición se vota con al enmienda del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 167; en contra, 176; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SRA. BARKOS), RELATIVA A LA POSICIÓN DEL GOBIERNO SOBRE LOS CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL MAPA RADIOFÓNICO.
(Número de expediente 173/000122.)
El señor PRESIDENTE: A continuación votamos la moción del Grupo Parlamentario Mixto, de la señora Barkos, relativa a la posición del Gobierno sobre criterios para la elaboración del mapa radiofónico. Se vota en los términos de una
transaccional que ya ha sido aceptada para su tramitación por todos los grupos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 184; en contra, cuatro; abstenciones, 159.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), RELATIVA A PROPICIAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA Y ACCESO A LOS TRATAMIENTOS EN IGUALDAD DE CONDICIONES A LOS AFECTADOS POR ENFERMEDADES RARAS. (Número de expediente 173/000123.)
El señor PRESIDENTE: A continuación votamos la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a propiciar una mejor calidad de vida y acceso a los tratamientos en igualdad de condiciones a los afectados por
enfermedades raras. Esta moción se vota en los términos de una transaccional que ha sido aceptada para su tramitación por todos los grupos de la Cámara.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 346.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), RELATIVA AL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE, DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y LAS
POSIBILIDADES DE MEJORAR SU APLICACIÓN, ESPECIALMENTE EN LO QUE ATAÑE A SU POTENCIAL DE CREACIÓN DE EMPLEO.
(Número de expediente 173/000124.)
El señor PRESIDENTE: A continuación votamos la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa al desarrollo y aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las
personas en situación de dependencia y las posibilidades de mejorar su aplicación, especialmente en lo que atañe a su potencial de creación de empleo. Se vota en los términos de la moción con la enmienda del Grupo Socialista aceptada por el grupo
proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 195; abstenciones, 152.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LOS MOTIVOS DEL EJECUTIVO PARA MANTENER LA SUBIDA DEL IVA A PESAR DE LAS PREVISIONES DE LA COMISIÓN EUROPEA DE QUE PERJUDICARÁ A LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA.
(Número de expediente
173/000125.)
El señor PRESIDENTE: Votamos a continuación la moción del Grupo Parlamentario Popular, sobre los motivos del Ejecutivo para mantener la subida del IVA a pesar de las previsiones de la Comisión Europea de que perjudicará la recuperación
económica. Se vota la moción en sus propios términos ya que no han sido aceptadas enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 170; en contra, 176; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. (Aplausos.)
Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve horas.
Eran las nueve de la noche.