Ruta de navegació
Publicacions
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 146, de 11/03/2010
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2010 IX Legislatura Núm. 146
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 137
celebrada el jueves, 11 de marzo de 2010
ORDEN DEL DÍA:
Enmiendas del Senado:
- Proyecto de ley de modificación del texto refundido de la Ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 33-1, de
31 de julio de 2009. (Número de expediente 121/000033.) ... (Página 4)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
- Proyecto de ley de reforma del sistema de apoyo financiero a la internacionalización de la empresa española. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 50-1, de 20 de noviembre de 2009. (Número de expediente 121/000050.) ...
- Proyecto de ley orgánica, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 52-1, de 27 de noviembre de 2009. (Número de expediente 121/000052.) ...
(Página 17)
Enmiendas del Senado (Votación.) ... (Página 32)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales:
- Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Kazajstán sobre el tránsito de equipos y personal militares a través del territorio de la República de Kazajstán con motivo de la participación del Reino de
España en los esfuerzos internacionales para la estabilización y reconstrucción de la República Islámica de Afganistán, hecho en Madrid el 28 de septiembre de 2009. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 230, de 4 de diciembre de 2009.
(Número de expediente 110/000152.) ... (Página 32)
- Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Belarús sobre las condiciones de la mejora de la salud de menores nacionales de la República de Belarús en el Reino de España, hecho en Minsk el 1 de junio de
2009. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 228, de 4 de diciembre de 2009. (Número de expediente 110/000150.) ... (Página 33)
- Protocolo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Belarús por el que se introducen enmiendas en el Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Belarús sobre las condiciones
de la mejora de la salud de menores nacionales de la República de Belarús en el Reino de España, de 1 de junio de 2009, hecho en Minsk el 24 de septiembre de 2009. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 229, de 4 de diciembre de 2009.
(Número de expediente 110/000151.) ... (Página 33)
- Convenio básico de cooperación entre el Reino de España y la República de Gambia, hecho en Banjul el 9 de marzo de 2009. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 231, de 4 de diciembre de 2009. (Número de expediente
110/000153.) ... (Página 33)
- Canje de notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y el Estado Plurinacional de Bolivia sobre participación en las elecciones municipales de los nacionales de cada país residentes en el territorio del otro, hecho en Madrid el
15 de septiembre de 2009. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 234, de 18 de diciembre de 2009.
(Número de expediente 110/000154.) ... (Página 33)
- Convenio sobre la ciberdelincuencia (Convenio número 185 del Consejo de Europa), hecho en Budapest el 23 de noviembre de 2001 así como Declaración que España desea formular. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 235, de 18 de
diciembre de 2009. (Número de expediente 110/000155.) ... (Página 33)
- Acuerdo de asociación estratégica entre el Reino de España y la República de Kazajstán, hecho en Astaná el 2 de julio de 2009. 'BOCG.
Sección Cortes Generales', serie A, número 236, de 18 de diciembre de 2009. (Número de expediente
110/000156.) ... (Página 33)
- Convenio entre los Estados Unidos de América y el Reino de España sobre incremento de la cooperación para impedir y combatir la delincuencia grave, hecho en Washington el 23 de junio de 2009. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A,
número 237, de 18 de diciembre de 2009. Corrección de error en BOCG, serie A-241, de 21 de diciembre de 2009. (Número de expediente 110/000157.) ... (Página 33)
- Acuerdo de préstamo entre España y el Fondo Monetario Internacional, hecho en Estambul el 5 de octubre de 2009. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 238, de 18 de diciembre de 2009. (Número de expediente 110/000158.) ...
(Página 33)
- Acuerdo de estabilización y asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Serbia, por otra, hecho en Luxemburgo el 29 de abril de 2008. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A,
número 239, de 18 de diciembre de 2009. (Número de expediente 110/000159.) ... (Página 33)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas (Votación.) ... (Página 33)
Declaración institucional del día 27 de junio como Día en recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo. (Número de expediente 140/000023.) ... (Página 34)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Enmiendas del Senado ... (Página 4)
Proyecto de ley de modificación del texto refundido de la Ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero ... (Página 4)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió);
la señora Chacón Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Morán Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página 6)
Proyecto de ley de reforma del sistema financiero a la internacionalización de la empresa española ... (Página 6)
En defensa de la enmienda a la totalidad intervienen los señores Canet i Coma y Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Interviene el señor ministro de Industria, Turismo y Comercio (Sebastián Gascón), para presentar el proyecto de ley.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Delgado Arce, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso y Sánchez Pérez-Castejón, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal ... (Página 17)
El señor ministro de Justicia (Caamaño Domínguez), presenta el proyecto de ley.
En defensa de las enmiendas a la totalidad presentadas intervienen el señor Jorquera Caselas y la señora Barkos Berruezo, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y los señores
Ridao i Martín y Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Trillo-Figueroa Martínez-Conde, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Villarrubia Mediavilla, del
Grupo Parlamentario Socialista.
Enmiendas del Senado. (Votación.) ... (Página 32)
Sometidas a votación conjunta las enmiendas del Senado al proyecto de ley de modificación del texto refundido de la Ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, se
aprueban por 336 votos a favor.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales ... (Página 32)
Sometido a votación el Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Kazajstán sobre el tránsito de equipos y personal militares a través del territorio de la República de Kazajstán con motivo de la
participación del Reino de España en los esfuerzos internacionales para la estabilización y reconstrucción de la República Islámica de Afganistán, hecho en Madrid el 28 de septiembre de 2009, se aprueba por 328 votos a favor y ocho en contra.
Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Belarús sobre las condiciones de la mejora de la salud de menores nacionales de la República de Belarús en el Reino de España, hecho en Minsk el 1 de junio de
2009 ... (Página 33)
Protocolo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Belarús por el que se introducen enmiendas en el Acuerdo entre el Gobierno del
Reino de España y el Gobierno de la República de Belarús sobre las condiciones de la mejora de la salud de menores nacionales de la República de Belarús en el Reino de España, de 1 de junio de 2009, hecho en Minsk el 24 de septiembre de 2009
... (Página 33)
Convenio básico de cooperación entre el Reino de España y la República de Gambia, hecho en Banjul el 9 de marzo de 2009 ... (Página 33)
Canje de notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y el Estado Plurinacional de Bolivia sobre participación en las elecciones municipales de los nacionales de cada país residentes en el territorio del otro, hecho en Madrid el 15
de septiembre de 2009 ... (Página 33)
Convenio sobre la ciberdelincuencia (Convenio número 185 del Consejo de Europa), hecho en Budapest el 23 de noviembre de 2001 así como Declaración que España desea formular ... (Página 33)
Acuerdo de asociación estratégica entre el Reino de España y la República de Kazajstán, hecho en Astaná el 2 de julio de 2009 ... (Página 33)
Convenio entre los Estados Unidos de América y el Reino de España sobre incremento de la cooperación para impedir y combatir la delincuencia grave, hecho en Washington el 23 de junio de 2009 ... (Página 33)
Acuerdo de préstamo entre España y el Fondo Monetario Internacional, hecho en Estambul el 5 de octubre de 2009 ... (Página 33)
Acuerdo de estabilización y asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Serbia, por otra, hecho en Luxemburgo el 29 de abril de 2008 ... (Página 33)
Sometidos a votación el resto de los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales, se aprueban por asentimiento.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación.) ... (Página 33)
Sometida a votación la enmienda a la totalidad de devolución del proyecto de ley de reforma del sistema financiero a la internacionalización de la empresa española, se rechaza por seis votos a favor, 328 en contra y dos abstenciones.
Sometidas a votación las enmiendas de devolución al proyecto de ley orgánica, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, se rechazan por 13 votos a favor y 323 en contra.
Declaración del día 27 de junio como Día en recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo ... (Página 34)
El señor presidente solicita la aprobación por el Pleno de la Cámara de que éste declare el día 27 de junio de cada año como el día de recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo, lo que se aprueba por asentimiento.
Se levanta la sesión a las doce y quince minutos del mediodía.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
ENMIENDAS DEL SENADO.
- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2008, DE 11 DE ENERO. (Número de expediente 121/000033.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
Proyecto de ley de modificación del texto refundido de la Ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. Se trata de enmiendas del Senado. ¿Desean fijar su posición?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra para fijar su posición don Joan Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Intervengo de forma breve, presidente, para decir que estamos de acuerdo con las enmiendas que vienen del Senado y finalmente con lo que va a ser ya ley, porque entendíamos que había un riesgo en el anteproyecto -ya
lo expresamos también en Comisión- a partir de lo que se había redactado por el Gobierno, pero ese riesgo se modificó con el proyecto. También les tengo que trasladar que si se hubiesen introducido todas las enmiendas que planteábamos tendríamos
hoy un texto más ambicioso y exigente en materia de medio ambiente. En cualquier caso valoramos positivamente el texto final de esta Ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos. Quería que constase así en el 'Diario de Sesiones', y también
que valoramos positiva y globalmente las enmiendas que vienen del Senado.
Nada más, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrera.
¿Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)? (Pausa.) No harán uso de la palabra.
¿Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)? Señor Macias, tiene la palabra.
El señor MACIAS I ARAU: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo, como no podía ser de otra manera, va a dar el visto bueno a estas enmiendas procedentes del Senado. Quisiera tan solo destacar que una de esas enmiendas, que nosotros ya veníamos recabando desde esta Cámara, tiene su
importancia puesto que permite, tanto al Estado como a la comunidad autónoma en su caso, cuando haya competencias en materia de ejecución penitenciaria, un procedimiento que da mayor seguridad a la tramitación de los expedientes ambientales, que
lógicamente hay que cumplir también como en cualquier infraestructura, pero con unas garantías suplementarias de seguridad. Me permitirá también el señor presidente que nombre expresamente al diputado Jordi Jané como la persona que a la postre ha
hecho posible llevar a cabo esta cuestión. En Convergència i Unió estamos francamente satisfechos de que este tema importante, desde el punto de vista de que las cosas se hagan bien, con seguridad y con plenas garantías ambientales, se haya podido
introducir.
Por lo demás Convergència i Unió quiere hacer también una valoración positiva de esta ley con una pequeña acotación. Como siempre el legislador estatal aprovecha cualquier resquicio para intentar laminar las competencias autonómicas, y
el trabajo de nuestros diputados y senadores ha sido evitarlo, y creo que, al margen de que algo pueda habérsenos pasado, la ley ha salido debidamente ajustada, debidamente constitucionalizada y debidamente adecuada al marco del Estado de las
autonomías.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.
Por el Grupo Popular doña María Begoña Chacón tiene la palabra para fijar su posición.
La señora CHACÓN GUTIÉRREZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el proyecto de ley que nos ocupa corresponde a la adecuación de la Ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2008, y a su procedimiento administrativo. No se trata de una ley
fundamental, pero sí es una ley en la que se concreta el Estado de derecho en esta materia. De todos es conocido que el motivo básico para su modificación es la aplicación de la Directiva 123/2006, del Parlamento Europeo, que supone la supresión de
gran número de autorizaciones administrativas, que pasan a ser sustituidas por comunicaciones o declaraciones responsables del prestador de los servicios. En el texto se aprovecha para establecer plazos y condicionantes administrativos que
clarifiquen la norma ante las nuevas situaciones. Pues bien, en esta materia, en lo que no son condicionantes básicos, creemos que es necesario aportar mejoras, y las enmiendas que ha aportado mi grupo iban en el sentido de fijar las
responsabilidades de la Administración, para que actúe con el fin de que disminuyan esos plazos.
Se aportaron ejemplos en la Cámara Alta y queríamos poner uno de ellos.
El texto propuesto fijaba un plazo de dieciocho meses en lo que se refería al
estudio, información pública y consultas, sin especificar qué parte de esos dieciocho meses correspondía a la Administración. Pues bien, el Grupo Popular pedía un plazo razonable de doce meses, estableciendo que, de esos doce meses, tres y solo
tres fueran los que se utilizaran por la Administración del Estado para sus funciones. Creíamos que era necesario exigir a la Administración una mayor celeridad en estos procesos, porque hoy sabemos que esa tramitación en su conjunto puede llegar a
durar hasta treinta meses. No tengan la menor duda de que antes de presentar estas enmiendas no solamente se han tenido en cuenta las demandas de los afectados, sino que también nos las han trasladado esos profesionales que día a día trabajan con
esas herramientas, y que opinan que esas enmiendas eran razonables y viables, pero sobre todo necesarias.
Si estamos pidiendo a nuestra sociedad un mayor nivel de competitividad, tenemos que empezar por que sea la propia Administración la que se exija a sí misma mayores niveles de eficiencia, puesto que en muchas ocasiones una evaluación de
impacto ambiental es la fase previa para poner en marcha una actividad, una nueva industria o una nueva inversión en nuestros territorios, que tanta falta hacen en el momento de crisis en que nos encontramos. Cualquier iniciativa empresarial que
pueda darse en España debe contar con el apoyo del Gobierno. No podemos olvidar los miles de pequeños y medianos empresarios que cierran cada día o los autónomos que están cesando en su propia actividad. Quiero dar números
perfectamente actualizados, porque cuando ayer estaba preparando esta intervención salían datos verdaderamente escalofriantes. Desde que comenzó el año 2010 cada día cierran 264 empresas, y lo peor es que cerca del 90 por ciento de ellas no
están relacionadas con la construcción. La recesión ha acabado llevándose por delante a una de cada diez empresas que tenía este país en el año 2007, lo que supone que más de 141.000 empresarios han tenido que cerrar su negocio, y lo terrible de
todo esto es que la cifra de parados en nuestro país es de 4.130.625.
Después de estas cifras, poner en marcha cualquier actividad industrial supone superar una serie de trámites complejos, y no solo eso, sino a veces también encontrados entre las distintas administraciones. Aun así debemos tener claras las
competencias de cada una de ellas. En este sentido mi compañero en el Senado, el señor Valín Alonso, significó la manera de modificar el texto refundido y los artículos concordantes. El Estado tiene sus competencias y las comunidades autónomas las
suyas, y ni uno ni otras pueden ni deben renunciar a ellas cuando en un proyecto determinado, como ocurre en no pocas ocasiones, confluyen competencias de ambos ámbitos. Nuestra propuesta ha sido perfectamente recogida. El órgano sustantivo en la
tramitación correspondería a aquel que ostente las competencias en la actividad para cuya finalidad se oriente el proyecto, con prioridad sobre los que ostenten competencias de actividades complementarias y, señorías, la enmienda número 1 sobre el
órgano ambiental es fundamental porque concuerda con lo anterior.
Acabo queriendo entender que entre todos los grupos están el espíritu y las ganas de aportar razón. Queremos evitar conflictos competenciales entre las administraciones, y sobre todo queremos evitar retrasos en la tramitación burocrática,
facilitando la creación de empresas y favoreciendo por tanto la creación de empleo. Tenemos una oportunidad de aportar ese granito de arena y contribuir al resurgimiento de esta castigada economía, respetando por supuesto el medio ambiente y el
desarrollo sostenido en nuestro país. Hagámoslo y aprobemos y demos vía libre a esta ley que hoy nos ocupa.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Chacón.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Hugo Morán.
El señor MORÁN FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo desde el escaño. Cerramos un ciclo que se inicia con la remisión del Gobierno a esta Cámara del proyecto de ley de modificación del texto refundido de la Ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos, que viene devuelto del
Senado con una serie de ajustes técnicos que, después del trabajo que llevamos a cabo en Comisión y en la medida de nuestras posibilidades y gracias a la cooperación de los distintos grupos parlamentarios, han mejorado sustancialmente el texto
inicial remitido por el Gobierno, con algunas aportaciones que merecen ser destacadas. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) En el preámbulo se corrige una omisión de fechas en el texto salido de esta Cámara; en su
articulado único en el apartado 1 se introduce un nuevo párrafo de aclaración de lo que se considera órgano sustantivo; en el apartado 3 se hace una corrección por la que se modifica el apartado 2 del artículo 6, que no existía en la redacción
anterior; en el apartado 11 se introduce un nuevo párrafo, como señalaba el portavoz del Grupo de Convergència i Unió, para aclarar la situación en la tramitación de proyectos de centros penitenciarios, y en la disposición transitoria segunda una
corrección técnica, en el primer párrafo, para eliminar unas líneas que aportaban confusión.
Quisiera hacer mención a que, más allá de las consideraciones que se han hecho por la portavoz del Grupo Popular sobre la necesidad de facilitar la tramitación de proyectos a las empresas, que era precisamente la razón fundamental del
contenido del proyecto de ley remitido por el Gobierno a la Cámara, y de las exigencias que se trasladan a la Administración, hay algo que no debemos olvidar, y es que estamos obligados a velar por las garantías de los derechos de los ciudadanos.
En último término lo que introduce el proyecto de ley, con las correcciones hechas, es un perfecto equilibrio entre los derechos de las empresas, las obligaciones de las administraciones y los derechos de los ciudadanos. Por lo tanto vamos a
prestar aprobación a todas las enmiendas introducidas por el Senado.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Morán.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
- PROYECTO DE LEY DE REFORMA DEL SISTEMA DE APOYO FINANCIERO A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA ESPAÑOLA. (Número de expediente 121/000050.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a continuación al punto IX del orden del día: debates de totalidad; en primer lugar del proyecto de ley de reforma del sistema de apoyo financiero a la internacionalización de la
empresa española. A este proyecto de ley se ha presentado una enmienda de totalidad por parte del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y para defender la enmienda tiene en primer lugar la
palabra el señor Canet.
El señor CANET I COMA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la Ley reguladora de la gestión de la deuda externa obligaba a la reforma de los créditos FAD para que dejaran de ser un instrumento generador de deuda. De hecho era una absoluta paradoja que un fondo llamado de ayuda al
desarrollo hipotecara precisamente el desarrollo de los países más necesitados, a la vez que beneficiaba al país donante con el cobro de los créditos. La supuesta reforma de estos créditos FAD, que llega con años de retraso, se concreta
teóricamente con la presentación de este proyecto de ley y con el proyecto de ley del fondo de promoción al desarrollo. Sin embargo a nuestro juicio ambos proyectos de ley contienen mecanismos generadores de deuda, que era precisamente aquello que
se pretendía evitar con la reforma de los créditos FAD a que instaba la Ley reguladora de la gestión de la deuda externa. Siendo así, esta reforma parece más un cambio de nombre y un intento de lavado de cara que una reforma verdadera para eliminar
o, en su defecto, minimizar el impacto de la deuda externa, y especialmente en el caso de los países más empobrecidos y más endeudados.
Como mínimo se esperaba que la reforma de los créditos FAD diferenciara claramente entre la ayuda al desarrollo y el apoyo a la internacionalización de la empresa española, y ello no se produce a nuestro juicio; al contrario, nos mantenemos
en la misma situación. Por un lado, el proyecto de ley del fondo de promoción al desarrollo apoya a la empresa española y genera deuda en los países receptores, y por otro lado, el presente proyecto de ley contempla la posibilidad de que un fondo
dirigido a la internacionalización de la empresa española, como reza el título del mismo, contemple que se pueda computar como ayuda oficial al desarrollo. En este sentido este proyecto de ley permitirá computar como ayuda oficial al desarrollo
unos créditos que no se ajustan a los criterios del CAD para su consideración como tal, y además esquivará los criterios que se establecen en tal sentido en el proyecto de ley del fondo para la promoción del desarrollo. Entre estos criterios
podemos citar el control de los proyectos, la responsabilidad social o la exclusión del material policial, militar o de doble uso.
La computación de los fondos del FIEM como ayuda oficial al desarrollo es absolutamente inadmisible, según nuestro criterio. No nos parece ético ni coherente, y advertimos que si se mantiene que el Fondo para la internacionalización de la
empresa española continúe computando como ayuda oficial al desarrollo este proyecto de ley tendrá nuestra más firme oposición, más aún si tenemos presente que quien tiene la responsabilidad en todo el proceso son los ministerios de Industria,
Comercio y Turismo, y el de Economía y Hacienda, y que el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación no tiene ninguna capacidad de decisión, ni siquiera de consulta. La prueba más clara de ello es que el Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación solo es citado una vez en todo el proyecto de ley, y de manera colateral en la disposición adicional primera. Por otro lado el Estado español debería tender a que, en el cómputo de la ayuda oficial al desarrollo, la ayuda -entre
comillas- reembolsable sea cada vez menor, ya que según la Ley reguladora de la gestión de la deuda en el momento en que se alcance el ya famoso 0,7 por ciento del PIB se deberá descontar esta ayuda reembolsable, y deberemos reiniciar el camino
hacia ese 0,7 por ciento. Por tanto cuanta menos ayuda reembolsable reconozcamos más fácil será alcanzar esa meta en un futuro.
En teoría el Pacto de Estado contra la pobreza limita la ayuda reembolsable al 5 por ciento. Sin embargo el Plan anual de cooperación internacional para el año 2010, que acabamos de analizar en esta Cámara, presupuesta más del 16 por ciento
del total de la ayuda oficial al desarrollo neta, incumpliendo absolutamente ese pacto de Estado.
Paralelamente a ello no se cumple la meta prevista para este año para poder conseguir en 2012 el 0,7 por ciento del PIB. Por cierto, es necesario
subrayar que la gran campaña de la sociedad civil para reivindicar ese 0,7 por ciento ha cumplido ya más de quince años, y después de todos esos años el 0,7 por ciento ni está ni se le espera, ya que como hemos dicho la meta del 2012 entraña la
trampa de computar como ayuda oficial al desarrollo la ayuda reembolsable.
Ante este panorama la gota que según nuestro criterio colma el vaso es esta supuesta reforma de los créditos FAD que generan deuda.
Especialmente grave nos parece el hecho de que no solo se reconozca el FIEM como generador de deuda, sino
que se incluya dentro de los países que pueden ser beneficiarios de financiación reembolsable a los países empobrecidos, con problemas financieros de sobreendeudamiento, o que se reconozca que también se puede generar deuda en los países más pobres
del planeta en tanto que no son expresamente excluidos como beneficiarios del FIEM. En esta línea hay que señalar que el contenido del proyecto no se aviene con el título del mismo y con lo que establece el propio artículo 2, que reza literalmente:
El objeto del FIEM es promover las operaciones de exportación de las empresas españolas, así como las de inversión española directa en el exterior. En todo caso se debería haber hecho una ley en tal sentido, y ello en ningún caso debería
comprometer a los Estados receptores a avalar tales operaciones, y menos aún a los Estados más empobrecidos y endeudados. Cierto es que el artículo 3 establece como principio el de coherencia de políticas de desarrollo -nos parece bien-, pero no se
puede derivar de ello que las políticas de desarrollo deban ser computadas como ayuda oficial al desarrollo.
En conclusión, si no vemos coherencia y el proyecto de ley de internacionalización de la empresa no deja de computar como ayuda oficial al desarrollo y de generar deuda en los países más empobrecidos, nos veremos obligados a seguir
frontalmente opuestos a él, y de ahí la iniciativa que hoy defendemos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Canet.
Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señoras diputadas, señores diputados, creo que con este proyecto llegamos tarde, con malas formas y con peores contenidos. Tarde, porque ustedes saben que la ley que regulase los créditos FAD se tenía que presentar en
diciembre de 2007, y estamos en marzo de 2010. Ese era el mandato que derivaba de la Ley sobre la gestión de la deuda del año 2006. Con malas formas, porque la ley tenía que ser evaluada, como mínimo, por el Consejo de Cooperación al Desarrollo,
pero lo cierto es que el Consejo de Cooperación al Desarrollo no la vio ni en tiempo ni en forma. De hecho, el proyecto de ley de reforma del sistema de apoyo financiero a la internacionalización de la empresa española llegó al Consejo de
Cooperación al Desarrollo demasiado tarde, y ustedes saben que el real decreto que constituye dicho consejo indica que tiene que informar sobre competencias, funciones, composición y organización de créditos de estas características. De forma
preceptiva y no vinculante debe informar de los anteproyectos y de cualesquiera otras disposiciones generales de la Administración General del Estado que regulen materias concernientes a temas de cooperación. Era por tanto insólito que el Consejo
de Cooperación al Desarrollo no viese en tiempo y forma este texto; es más, continúa siendo insólito que se haya hecho caso omiso a lo que decía el Consejo de Cooperación al Desarrollo sobre que Fonprode y FIEM, los dos instrumentos que van a
regular a partir de ahora todo aquello que genere deuda, no se vean de forma conjunta, sino separada.
Como les decía, lo más preocupante del proyecto no es que llegue tarde; lo más preocupante del proyecto no son las malas formas. Lo más preocupante del proyecto son los pésimos contenidos, y es que parece que el Gobierno ha decidido poner
el Fonprode en manos de Cooperación -esperemos que se mantenga en manos de Cooperación para no acabar en manos de Economía- y dar rienda suelta al FIEM permitiendo un crédito FAD en la peor de sus caras, en la peor de sus dimensiones. Sí, estamos
ante los antiguos FAD, ante los FAD más duros, ante los FAD más comerciales, ante los FAD sin requisitos, sin exigencias y sin condiciones. Además este nuevo instrumento, el FIEM, alberga serias dudas sobre el desarrollo estratégico de la industria
española. Permite que los créditos sirvan prácticamente para todo, y se sitúa en una lógica antigua -desde nuestro punto de vista ineficaz- para globalizar los mercados sin suficientes garantías. No da garantías en la defensa de los derechos
humanos, algo que está mandatado por Naciones Unidas y que tiene que ordenar la política comercial, que se tiene que encuadrar en un marco de coherencia con la política de cooperación. No cumple con el Pacto de Estado contra la pobreza ni con el
Plan nacional de derechos humanos, comprometido por todas las fuerzas políticas. Permite un endeudamiento insostenible y tampoco cumple requisitos básicos que derivaban de la Ley reguladora de la gestión de la deuda. El primero de ellos, el FIEM,
no elimina el crédito ligado ni tan siquiera para los países altamente endeudados, los conocidos como HIPC, lo cual se ve en los artículos 5.1 y 8.5. Los países pobres altamente endeudados, los países menos avanzados, los países con bajos ingresos,
los países con índice de desarrollo humano, los países frágiles -en definición utilizada por el CAD-, los países altamente endeudados de renta media no pueden ser objeto de operaciones con cargo al FIEM, porque esto iría en contra de los principios
rectores de la gestión de deuda externa, pero la ley lo permite. La pregunta es: ¿vamos a avalar una ley que permite algo que no es aceptable ni asumible ni por esta Cámara ni respecto a lo aprobado en la Comisión de Cooperación ni por el sentido
común?
Como segundo elemento se ha intentado por parte de las operaciones del FIEM -una herramienta netamente comercial, tal y como se expresa en el proyecto de ley- que una parte pueda computar como ayuda oficial al desarrollo -artículo 12.4-.
¿Esto es asumible? Nosotros consideramos que es un escándalo que un instrumento con menos controles que los que tenía el FAD hasta ahora pueda ser computado como AOD sin criterios suficientes. Es escandaloso que se intente por tanto sumar el
porcentaje de AOD porque es improbable que el principal objetivo de las transacciones del FIEM sea promover el desarrollo y el bienestar económico de los países en desarrollo, incrementando además el diferencial entre la AOD y la AOD libre de deuda
y revirtiendo la tendencia convergente en los últimos años.
En tercer lugar, el fondo es poco transparente sobre qué transacciones permitirá hacer el FIEM y no se explicita la prohibición de material militar, policial o de doble uso. El Fonprode sí lo hace, pero la pregunta es ¿vamos a permitir
estas operaciones con créditos a cargo del FIEM? ¿Es esto coherente con la política de cooperación? ¿Garantizamos esa coherencia por parte de las diferentes instancias y la generación de deuda? No existen mecanismos de evaluación, ni de
seguimiento, ni de control, ni de rendición de cuentas, ni de transparencia, ni de participación de la sociedad civil en la gestión de los proyectos. El Ministerio de Industria tiene libertad absoluta, ya no lo tiene que aprobar el Consejo de
Ministros, y no ponemos condiciones.
Cuarto elemento. La evaluación es deficiente y no garantiza el respeto a los derechos humanos, al medio ambiente, a la prevención de la corrupción, así como el respeto y el cumplimiento por parte de las empresas receptoras de cualquier
operación del FIEM de las normas internacionales de trabajo, por ejemplo, de la OIT. Y podría continuar.
Desde nuestro punto de vista, este es un modelo claramente ineficiente que no permite la externalización de nuestra empresa o que, si lo
permite, lo hace sin condiciones y permitiendo, obviamente, un contexto en el que no aumentamos la competitividad sino que lo que hacemos es externalizar costes.
Por último, quinto elemento, la regulación del Cesce es claramente ineficiente de acuerdo con lo aprobado en la Ley de Deuda. Con todo esto, nosotros tenemos
sobrados argumentos para presentar la enmienda a la totalidad, pero les anuncio ya que la retiramos -como mínimo Iniciativa la retira- si asumen cuatro compromisos: primero, que el FIEM no sea contabilizado como ayuda al desarrollo;
segundo, que no se financien servicios sociales básicos como educación o salud en países en desarrollo, porque ustedes saben que eso va asociado a tasas que no permiten el acceso a estos servicios sociales y de salud básicos; tercero, que no se
pueda utilizar para la exportación de armas en ningún caso los créditos del FIEM y, cuarto, que no se pueda otorgar a países HIPC, a países altamente endeudados, o a países menos avanzados. Es fácil. Si ustedes quieren mantener el compromiso que
mantuvieron en la Ley de Deuda, asúmanlo en esta tribuna; que suba el ministro y asuma los compromisos que nosotros y las organizaciones no gubernamentales, la coordinadora de ONG y todo el mundo de la solidaridad y de la cooperación les está
exigiendo.
Acabo, señora presidenta. Hoy existe escándalo entre toda aquella gente que trabajó en esta Cámara y fuera de ella a favor de una Ley de Deuda, porque saben que ustedes han aprobado un instrumento peor que el peor de los FAD. Lo cierto es
que ustedes tienen que asumir hoy un compromiso y, si no lo asumen, tendremos una pésima noticia. Hoy será un día triste para la cooperación y para una internacionalización de la empresa coherente con un desarrollo distinto del planeta. Ustedes
verán. Nosotros les ofrecemos el acuerdo para que retiren estos elementos de la ley y para que se comprometan a cambiarlos. Si no fuera así, tendremos que mantener la enmienda a la totalidad e intentaremos cambiarlo en el trámite parlamentario.
Muchas gracias, presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Herrera.
Señor ministro de Industria, Turismo y Comercio, puede usted intervenir en este momento, si lo desea, o al finalizar el debate. ¿Prefiere ahora? (Asentimiento.) Tiene usted la palabra, señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, comparezco ante el Pleno de esta Cámara para presentar el proyecto de ley de reforma del sistema de apoyo financiero a la internacionalización de la empresa española; un proyecto conjunto del Ministerio de Economía y Hacienda y
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Lo hago con el convencimiento de que se trata de un proyecto oportuno y pertinente -nunca es tarde si la dicha es buena- que tiene su origen, por una parte, en la necesidad de dar respuesta a los
principios y requerimientos especificados en la Ley 38/2006, de 7 de diciembre, de gestión de la deuda externa, particularmente en sus disposiciones transitorias primera y tercera y, por otra parte, en la conveniencia de adaptar el sistema de apoyo
financiero oficial a la internacionalización a las nuevas exigencias y retos de los mercados globales, atendiendo al principio de complementariedad en la actuación del Estado.
En el actual contexto de crisis económica, el Gobierno está haciendo de la política comercial un elemento fundamental en el diseño de reformas necesarias para establecer un nuevo modelo productivo. Entre ellas, cabe destacar por su
importancia la que hoy proponemos para su toma en consideración, que presenta dos medidas específicas dirigidas a modificar el sistema existente; por una parte, la creación y definición de un nuevo instrumento de apoyo financiero denominado Fondo
para la internacionalización de la empresa, FIEM, y por otra, la adaptación del seguro de crédito a la exportación para que sea coherente con la sostenibilidad de la deuda.
Señorías, el Fondo de Ayuda al Desarrollo, el FAD, se creó con el objetivo de instrumentar un mecanismo financiero que permitiese la exportación de bienes y servicios españoles con carácter concesional dentro del marco multilateral
existente, pero la acumulación de objetivos, la evolución de los marcos jurídicos internacionales y las nuevas necesidades y retos a los que nos enfrentamos han determinado la necesidad de su reforma. El proyecto de ley que hoy es objeto de
consideración en el Pleno de esta Cámara crea y define este nuevo instrumento de apoyo financiero, el FIEM, cuyo único objeto es apoyar la internacionalización de las empresas españolas. Con ello se consigue, en primer lugar, que la cooperación al
desarrollo y la política de apoyo a la internacionalización de las empresas cuenten con instrumentos independientes, específicos y eficaces para la consecución de sus propios fines. Así, en caso de que prospere esta reforma, la política de
cooperación va a contar con el Fondo de promoción al desarrollo, el Fonprode, en su meta de conseguir los objetivos de desarrollo del Milenio, y las empresas españolas, por su parte, van a tener a su disposición este Fondo para la
internacionalización de la empresa, FIEM, para contribuir a expandir nuestra base exportadora y la competitividad de nuestro tejido productivo.
Señorías, con esta reforma, además de alinearnos con las tendencias seguidas por los países de nuestro entorno, adaptamos los instrumentos hasta ahora existentes a las necesidades de los mercados. Gracias a ello, nuestras empresas podrán
contar con ofertas financieras al menos tan atractivas como la de sus competidores principales en el resto de Europa.
En coherencia con todo ello, este proyecto de ley contempla una herramienta flexible y eficaz que, además de dar respuesta a las
necesidades que se nos presentan, amplía los conceptos susceptibles de recibir financiación oficial. En este sentido, son susceptibles de recibir este apoyo no solo aquellas operaciones que contribuyan directamente a la exportación de bienes y
servicios españoles sino también todas aquellas que sean de especial interés para nuestra estrategia de internacionalización. En concreto, el FIEM va a prestar especial atención a la actividad exterior de aquellos
sectores con mayor valor añadido y alto contenido tecnológico, particularmente aquellos proyectos que supongan tanto la transferencia de equipos y tecnología como la inversión directa exterior de nuestras empresas. Además, con la finalidad
de dotar a este instrumento de una mayor flexibilidad, este nuevo fondo podrá, en estricto cumplimiento de las normas y acuerdos internacionales, conceder financiación en condiciones de mercado y también financiación de carácter concesional.
Señorías, las condiciones financieras ofrecidas en las licitaciones internacionales se están revelando como uno de los principales elementos de decisión y de competitividad de los proyectos, y el acceso a una financiación adecuada para el
proyecto y para el beneficiario son claves para la viabilidad de los proyectos de nuestras empresas en el exterior.
Por ello, los beneficiarios de esta financiación reembolsable, en condiciones concesionales o no dependiendo de su renta per cápita
y en función de los criterios de elegibilidad de la OCDE, podrán ser cualquier tipo de Administración pública de ámbito territorial, así como empresas públicas y privadas extranjeras de países pertenecientes al mundo en desarrollo.
Excepcionalmente, el FIEM podrá financiar operaciones en los países pobres altamente endeudados, los países HIPC, pero, al objeto de garantizar la coherencia de las políticas, la operativa del FIEM no redundará en sobreendeudamiento de los países
receptores de la financiación. En este contexto, y en coherencia con el espíritu de la Ley 38/2006, de 7 de diciembre, reguladora de la gestión de la deuda externa, no se otorgará a los países pobres altamente endeudados, los países HIPC, salvo
informe a tal efecto de la Comisión delegada del Gobierno para asuntos económicos. Por otra parte, con el objeto de reforzar la solvencia de este instrumento, se concederá financiación con garantía soberana. Ahora bien, el FIEM también podrá
conceder financiación sin garantía soberana a deudores públicos y privados dentro de los límites y con las condiciones que se determinen reglamentariamente.
Señorías, este nuevo fondo, que cumplirá con la normativa internacional que le sea de aplicación y particularmente con el consenso OCDE y las disposiciones internacionales en materia de medioambiente y anticorrupción, presenta unas
características que me gustaría destacar.
En primer lugar, está especialmente orientado a financiar nuevas propuestas como los proyectos en régimen de partenariado público-privado, los denominados PPP. En segundo lugar, financiará todo tipo de
asistencias técnicas con la finalidad de agilizar y mejorar la gestión de proyectos, así como para apoyar y asistir a los beneficiarios. En tercer lugar, permitirá donar el coste de los estudios de viabilidad y asistencias técnicas para la
concreción de proyectos susceptibles de ser adjudicados a empresas españolas, así como para apoyar el fortalecimiento institucional de carácter económico de los países beneficiarios. En cuarto lugar, establece como principio básico la transparencia
y la publicidad de los procedimientos. En quinto lugar, determina un mecanismo de control parlamentario al remitirse con carácter anual a las Cortes Generales una memoria comprensiva de las operaciones, proyectos y actividades autorizadas con cargo
al FIEM, de sus objetivos y de los beneficiarios de la financiación concedida. Y en sexto y último lugar, se velará por que las actuaciones que se desarrollen en el marco del FIEM cumplan los criterios de responsabilidad social corporativa a través
de la aplicación de normas y principios de sostenibilidad y responsabilidad medioambiental acordados internacionalmente.
Señorías, complementariamente, el proyecto normativo que hoy sometemos a su consideración modifica también el régimen de seguro de crédito a la exportación con apoyo oficial. Con ello se adapta nuestra legislación a lo estipulado en la
disposición transitoria tercera de la Ley de Gestión de la Deuda Externa y se consigue adaptar este otro instrumento a las demandas de mercado en línea también con las reformas realizadas por otros países de nuestro entorno, minimizando su impacto
en la generación de deuda externa. En este sentido, este proyecto de ley determina un mecanismo que garantiza que la actividad del Cesce sea coherente con la estrategia de sostenibilidad de la deuda externa. Para ello se analizará cada operación
en relación con el nivel de endeudamiento del país, de acuerdo con lo previsto en la Ley 38/2006, reguladora de la gestión de la deuda externa, y las directrices y recomendaciones de los organismos multilaterales. Además, en los países pobres
altamente endeudados, los HIPC, solo se podrán asegurar operaciones de exportación a medio y largo plazo con garantía soberana y por cuenta del Estado cuando la Comisión delegada del Gobierno para asuntos económicos así la autorice a propuesta del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Señorías, concluyo. Este proyecto normativo responde a una necesidad, la necesidad de dotar a nuestro sistema financiero de apoyo a la internacionalización de un instrumento financiero útil y coherente con el marco económico e institucional
en el que se desenvuelven nuestras empresas; un marco económico e institucional en el que deben encontrar espacio para crecer y desarrollarse con el apoyo de todos, y especialmente con el de los miembros de esta Cámara, que espero que nos brinden
hoy al tomar en consideración la continuación de la tramitación parlamentaria de esta iniciativa.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor ministro.
Pasamos a continuación al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, le agrademos su presentación tan paradójica procedimentalmente porque lo ha hecho después de que haya sido refutado el proyecto de ley por
los enmendantes. Pero bueno, son cosas que imagino que tendrán acogida dentro de las previsiones reglamentarias de esta Cámara.
Le voy a decir honestamente que estoy ejerciendo esta actividad parlamentaria en régimen de sustitución de un compañero y, por qué no decirlo también honestamente, no me encuentro particularmente familiarizado, pero he llegado a la
comprensión de lo que usted ha dicho y de las enmiendas que hemos presentado. Las enmiendas que mi grupo ha presentado no van a servir más que a la desagregación de las que conforman las de totalidad que han sido defendidas aquí. ¿Qué quiere decir
esto, señor ministro? Esto quiere decir que la ley no nos gusta. Lo que pasa es que también con el mismo énfasis que le digo que la ley no nos gusta, le tengo que decir que vamos a dar una oportunidad al debate parlamentario, a los acuerdos
parlamentarios y a las posibilidades de corregir algunas de las disfunciones, algunos de los problemas que nos están generando mayores reservas mentales en relación con este proyecto de ley.
El portavoz de su grupo parlamentario nos ha prometido receptividad.
Espero que por su parte también haya receptividad a las enmiendas que presentamos los grupos de la oposición, presunción que siempre es iuris tantum, como sabe, en materia
parlamentaria. Aquí lo que nos preocupa fundamentalmente, en relación con lo cual solicitamos receptividad por parte del Gobierno y solicitamos también receptividad por parte del grupo mayoritario de la Cámara que apoya al Gobierno, es que se
refieran a distintos ámbitos. Nos encontramos con dos fondos, el FIEM y el Fronprode, que tienen puntos de intersección que usted incluso ha enfatizado y ha glosado; no sé si incluso será una reflexión apologética la intersección o interacción
entre ambos fondos. No nos parece buen mecanismo ni buena forma de articular fondos cuya finalidad es manifiestamente diferente. En un caso estamos hablando de un fondo destinado a la internacionalización de las empresas españolas, a su
externalización, y en otro caso estamos hablando de cooperación para el desarrollo. No parece que la identidad de las materias permita esta interacción que usted ha glosado de forma positiva. Recomendaría diferenciar y clarificar los flujos
financieros dimanantes de unas y otras y que vayan a los objetivos para los que están previstos ambos fondos, el FIEM y el Fronprode.
Desde esa perspectiva, nos preocupa también lo relativo a los países llamados HIPC -el acrónimo de sus iniciales en inglés-, sobreendeudados, con una posición presupuestaria paupérrima y donde excepcionalmente ustedes admiten la posibilidad
de utilizar los fondos FIEM. Esto va a generar un proceso o un mecanismo perverso que va a agrandar o quebrantar más la situación económica de estos países denominados HIPC, va a incrementar su deuda, que quizá sea el elemento menos pertinente en
relación con las posibilidades de desarrollo que estos países eventualmente puedan tener. Es algo que nosotros vamos a enfatizar mucho en relación con los países llamados HIPC. Todos sabemos cuáles son y todos sabemos que no están en condiciones
seguramente de devolver ningún tipo de incremento o de refinanciar cualquier incremento de sus deudas con países externos o con países extranjeros.
En relación con los beneficiarios, señor ministro, le he visto particularmente cauto en su exposición. Me extraña mucho que no haya establecido las excepciones desde los valores que el Gobierno español debe preservar; son valores
convencionalmente admitidos en virtud de declaraciones internacionales de todo tipo y particularmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También en las empresas que vayan a internacionalizarse a través de esta vía, a través de este
mecanismo de financiación, esas excepciones no se consiguen en los términos que ha glosado. No sé si es porque no le importa la materia, no le parece relevante o porque ha considerado oportuno no hacerlo. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.) Sin embargo, nosotros tenemos un listado de países que nunca podrían verse beneficiados por esta internacionalización o empresas que no podrían acogerse a este fondo para externalizarse en estos países, países donde concurren las
siguientes circunstancias que nosotros tabulamos y tasamos exactamente: países que hayan contribuido a la violación de derechos humanos; países donde se haya producido en el pasado o pudiera producirse con la actividad a financiar daños ecológicos
o donde se hayan producido daños ecológicos; países que hayan participado en prácticas de corrupción -yo sé, señor ministro, que con estas excepciones estamos reduciendo mucho el número de países que pueden ser objeto de ayuda de los FIEM, pero los
países donde haya prácticas de corrupción no deberían ser objeto de los beneficios previstos en este fondo-; países que hayan sido promotores de malas prácticas en el ámbito de los derechos de los trabajadores o de la infancia; países donde se
trabaja en régimen de esclavitud o de semiesclavitud o es frecuente y abundante el trabajo de niños que no tienen edad para trabajar; países que hayan violado con su actuación otras normas éticas que supongan una contradicción con los instrumentos
internacionales ratificados en España.
Sin estas excepciones, señor ministro, va a ser muy difícil que pueda concitar el apoyo de nuestro grupo parlamentario a las actuaciones del FIEM. Nos parece que esto es un requerimiento elemental de valores convencionalmente admitidos por
todos los países democráticos del mundo y que contribuiríamos a generar o a profundizar en estas malas prácticas o en estos malos usos, que son particularmente deleznables en algunos de los casos que he citado. Me gustaría, por tanto, conocer por
boca de su portavoz, porque no creo que haga una segunda presentación del proyecto al final, si estas excepciones las considera usted pertinentes a efectos de la actuación de los FIEM.
Nos parece que se debe crear un comité ético de seguimiento de la actuación de los FIEM en el que esté presente el Ministerio de Asuntos Exteriores. El Ministerio de Asuntos Exteriores, paradójicamente, es el gran
ausente de esta actuación y el Ministerio de Asuntos Exteriores tiene cosas que decir y tiene inputs informativos que pueden ser muy pertinentes para una regular y correcta aplicación de estos fondos previstos en los FIEM, por lo que este
comité ético del FIEM debería estar integrado, además de por su ministerio, por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y por expertos independientes. Nos parece que esto es algo congruente con la enmienda anteriormente indicada a
efectos de que las excepciones que le hemos tasado anteriormente sean excepciones reales a la hora de internacionalizar nuestras empresas y que esa internacionalización no ayude a países donde estas perturbaciones de los derechos humanos más
elementales se producen, y se producen con intensidad particularmente grave en muchos casos.
Nos gustaría que hubiera un mayor control parlamentario, señor ministro, un control mediante la presentación de una memoria semestral. No parece demasiado gravoso para su ministerio presentar una memoria semestral donde se pueda acreditar
el buen funcionamiento de los fondos FIEM. Nos gustaría que, a efectos del cómputo de la ayuda oficial al desarrollo, AOD, los recursos comprometidos y desembolsados con cargo al FIEM puedan ser instrumentos que sean controlables parlamentariamente
de forma eficiente. Nos gustaría, por último, señor ministro, que los remanentes de los FAD, tanto los remanentes en su dimensión cuantitativa en relación con los créditos concedidos, devueltos posteriormente, más los intereses generados por estos
créditos concedidos y devueltos, no se integren nunca en los FIEM porque, al fin y al cabo, los FAD eran créditos vinculados tecnológicamente a la cooperación y al desarrollo, no eran créditos destinados a la internacionalización de las empresas
españolas o a la externalización de las empresas españolas. El destino de los remanentes de los fondos FAD necesariamente tendría que ser los fondos del Fonprode.
Desde esa perspectiva, usted podrá observar que las reservas políticas que mi grupo plantea en relación con este importante proyecto de ley, aunque evidentemente comparto la importancia que usted ha puesto de relieve en su presentación,
coinciden exactamente con las refutaciones de las enmiendas a la totalidad desagregadas en forma de enmiendas. Yo tengo y deposito nuestras esperanzas -le indico que vamos a votar en contra de estas enmiendas- a que en el debate parlamentario se
puedan corregir o se puedan mejorar estas disfunciones que no son baladíes, señor ministro.
Creo que son importantes, porque estamos hablando no solo de potenciación de nuestras empresas en el exterior, sino de una potenciación limpia, de una
potenciación legítima y de una potenciación respetuosa con los derechos humanos más elementales. Por tanto, señora presidenta... Señor presidente, perdón, no era mi intención transmutar el sexo de ninguna de las personas aquí presentes...
(Risas.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría. Sobre el sexo no debe disertar en este asunto; sería algo fuera de la cuestión.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Absolutamente fuera de la cuestión.
Este apoyo crítico necesita parlamentarismo y necesita apertura de miras a la hora de aceptar las enmiendas que hemos presentado.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra don Josep Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, señoras y señores diputados, la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a ser votar en contra de la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda
Unida-Iniciativa per Cataluyna Verds, básicamente por dos cuestiones. Es cierto que nuestro grupo parlamentario siempre se ha manifestado a favor del doble objetivo de estimular la internacionalización de nuestra economía y al mismo tiempo de
contribuir a un mejor impulso en los países emergentes y en vías de desarrollo, que son dos de los objetivos que claramente persigue el proyecto de ley de la reforma del sistema de apoyo financiero a la internacionalización de la empresa española
presentado hoy por el Gobierno, pero también es cierto que algunos de los aspectos más relevantes que han planteado los diferentes portavoces que han defendido esta enmienda a la totalidad son coincidentes con algunas de las enmiendas a las que
damos relevancia, que van en la misma dirección de lo que han manifestado los diferentes grupos parlamentarios. Esperamos que en el trámite parlamentario de negociación de las enmiendas en Comisión podamos contar con la sensibilidad de los
portavoces del Grupo Parlamentario Socialista y con las aportaciones que podamos plantear los diferentes grupos parlamentarios para intentar conseguir un consenso. Creo sinceramente que en una ley de esta envergadura y de esta importancia, que va
en las dos direcciones que anteriormente he mencionado de contribuir al desarrollo de los países emergentes y en vías de desarrollo, a la vez que podamos dotar de un impulso y una musculatura financiera importante para posibilitar que nuestra
economía se pueda internacionalizar, sería beneficioso para la economía poder conseguir un consenso al respecto.
¿Por dónde van a ir las propuestas de nuestro grupo parlamentario, que ya están publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes? Van a ir en tres direcciones fundamentales. En primer lugar, queremos plantear la posibilidad de separar la
cuantificación de los recursos destinados
al FIEM de los recursos destinados a la ayuda al desarrollo. Creemos sinceramente que la reforma del FAD responde a la necesidad de que tanto la política de cooperación al desarrollo como la política de apoyo a la internacionalización de
las empresas han de contar necesariamente con instrumentos específicos y eficaces para la consecución de sus propios fines. Hasta ahora, señorías, el FAD tenía como objetivos fundamentales contribuir al desarrollo económico y social de los países
beneficiarios de la financiación y promover la internacionalización de la economía española. Dado que la reforma prevé la creación simultánea de dos fondos, el Fondo para la internacionalización de la empresa -FIEM-, gestionado por el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio a través de la Secretaría de Estado de Comercio, y el Fondo de promoción al desarrollo -Fonprode-, gestionado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación a través de la Secretaría de Estado de Cooperación, el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) considera necesario excluir claramente los recursos del FIEM del concepto de ayuda al desarrollo.
Este podría ser, señorías, quizá el aspecto más relevante que ha planteado nuestro grupo
parlamentario. Repito, esperamos que en el debate en Comisión podamos llegar a un acuerdo con el grupo parlamentario que da soporte al Gobierno para intentar que finalmente, cuando acabe este trámite parlamentario, los fondos destinados al FIEM y
los destinados a la ayuda al desarrollo puedan estar perfectamente separados y no contabilizarse en el mismo cupo. Este es un aspecto relevante e importante y ya en las diferentes reuniones que hemos mantenido con el portavoz socialista, don Pedro
Sánchez, hemos quizá empezado a sentar las bases de una futura negociación que por parte de nuestro grupo parlamentario esperamos pueda llegar a buen puerto.
Hay otros aspectos que también son relevantes y en los que valdría la pena que nos pudiéramos poner de acuerdo, como son el de incorporar en los principios rectores de la gestión del FIEM aquellos que ya están incluidos en la Ley de
Cooperación Internacional. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Entendemos que vale la pena garantizar la transparencia y la publicidad, tanto en los procedimientos de adjudicación de los proyectos financiados como
en la de los beneficiarios, así como poder garantizar el control de dichos recursos financieros desde las Cortes Generales. Otro aspecto que también consideramos relevante va en la dirección de que los proyectos susceptibles de ser apoyados por
este mecanismo son aquellos que han de ser de interés para la estrategia de la internacionalización de la empresa española, por lo que consideramos imprescindible que en este aspecto se puedan excluir todas aquellas actividades de exportación de
armamento y equipos susceptibles de doble uso de financiación a través del FIEM. Este es un aspecto importante y relevante en el que vale la pena buscar el consenso entre todas las formaciones políticas para darle un sentido de fondo orientado
básicamente a la internacionalización de nuestra economía y poder excluir estos fondos o recursos susceptibles de una doble financiación.
Finalmente, yendo a todos aquellos aspectos que hacen referencia a la economía productiva y con el objetivo de posibilitar que pequeñas y medianas empresas puedan ser beneficiadas y logren obtener estos recursos para así internacionalizar
sus negocios hemos planteado dos o tres enmiendas en el ámbito fiscal. Es posible que con estas enmiendas tengamos quizá más dificultades para poder llegar a un acuerdo, ya que no solamente interviene el Ministerio de Industria sino también el
Ministerio de Hacienda. Quizá no sea este procedimiento legislativo el más adecuado para poder llegar a un acuerdo, pero valdría la pena también que pudiéramos hacer un esfuerzo importante todos los grupos parlamentarios porque, desde nuestra
perspectiva, hay una serie de ayudas a la exportación. Ya sabemos que por la normativa comunitaria van a finalizar estas derogaciones próximamente, pero hay otras ayudas orientadas a la exportación fuera de la Unión Europea que podríamos
perfectamente habilitar porque siendo unas ayudas a nuestro tejido productivo directamente relacionadas con la internacionalización de nuestra economía, podrían también, así como tienen otros países miembros de la Unión Europea, plantear unas
bonificaciones fiscales a la exportación para todos aquellos países que no son de la Unión Europea.
Por tanto, aquí tenemos un campo importante en el que trabajar y creo sinceramente, señorías, que valdría la pena que en una ley que va a beneficiar
absolutamente a la economía española pudiéramos dar un primer paso para poder conseguir un consenso que seguramente nos agradecerían todos los actores importantes que van a estar incorporados a esta legislación.
Muchísimas gracias, señora presidenta y señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Delgado Arce.
El señor DELGADO ARCE: Señora presidenta, señorías, señor ministro.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular en este debate de totalidad propiciado por la enmienda presentada por Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya Verds. Comenzaré primero con unos comentarios sobre nuestra economía.
La economía española ha venido perdiendo competitividad exterior a lo largo de los últimos años en términos de inflación acumulada, de incremento continuado de los costes laborales, por encima de sus principales países competidores, de
rigideces estructurales y, por último, de un escaso avance de la productividad. Cualquiera que haya leído con regularidad la prensa internacional a lo largo de estos últimos años será consciente del espectacular deterioro que ha experimentado
la imagen de la economía española. De ser un país que se ponía como ejemplo de progreso y desarrollo, España ha pasado a ser uno de los enfermos de Europa. Vivimos una peligrosa caída en los distintos índices internacionales que miden
justamente las situaciones comparativas en las que están los países para competir entre sí por la atracción de la inversión y del desarrollo. Nuestro país será la única de las grandes economías europeas cuyo PIB se va a reducir en 2010, la tasa de
paro se acerca ya al 20 por ciento de la población activa, entre los menores de 24 años está por encima del 40 por ciento y un déficit público superior al 11 por ciento del PIB va a hacer aún más difícil la recuperación de la tasa de crecimiento que
permita reducir el altísimo nivel de desempleo.
Las inversiones directas del exterior en España han caído un 64 por ciento. El déficit comercial se ha reducido, pero a costa de un descenso del 26 por ciento de las importaciones, mayor que la caída
de las exportaciones, del 16 por ciento.
Señorías, de todo esto es responsable básicamente el Gobierno socialista, que desde el año 2004 tiene mayoría en esta Cámara más que suficiente para adoptar políticas que ciertamente no ha adoptado. Si dentro de las políticas económicas hay
pocos resultados, la política comercial del Gobierno socialista sin duda ha sido la hermana pobre. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio no ha parado de repetir que la internacionalización debe ser uno de los pilares del nuevo modelo de
crecimiento económico, pero luego no ha dejado de reducir las partidas presupuestarias dedicadas a la promoción de la internacionalización. En el marco institucional de apoyo a la internacionalización el Partido Socialista no ha sido eficaz, no ha
contado, como se debiera, con una participación activa de las empresas en la elaboración y diseño de los programas. La financiación sigue siendo un cuello de botella para las empresas que quieran acometer operaciones de exportación. La realidad es
que estamos perdiendo a diario importantes oportunidades de mercado.
También se están perdiendo operaciones comerciales por empresas solventes al no aceptarse las garantías bancarias de algunas instituciones privadas españolas, dadas las
restricciones del mercado. En definitiva, el Gobierno socialista, una vez más, no actuó en los ajustes de los mecanismos públicos financieros que eviten el deterioro de nuestras empresas.
En el Partido Popular somos muy conscientes de la pérdida de ilusión y confianza de los ciudadanos en la situación económica. Hace tiempo que nuestro país carece de un objetivo nacional que brinde a los españoles ansias renovadas para
mejorar como individuos y como sociedad, y este objetivo nacional no puede ser otro que lograr los niveles de bienestar de los países más avanzados de Europa y del mundo. Señorías, las empresas, los sectores, las economías que abren sus puertas a
la internacionalización de actividades, que mejoren su eficiencia, la competitividad de sus productos y que desarrollan ventajas competitivas atraen nuevos recursos. De ahí que, lejos de cerrarse a la globalización, las unidades de producción deben
aceptar el reto de medirse en el exterior como una forma de ser competitivos y de crecer. Por tanto, en términos de política económica, esto tendría que traducirse en medidas orientadas tanto a la potenciación de los factores que hacen atractivo
nuestro país a la inversión directa y que permiten desarrollar ventajas comparativas como a políticas de fomento y de apoyo a la internacionalización. Recordemos que el enorme esfuerzo inversor de nuestro país hizo en el exterior fue determinante
no solo para el crecimiento económico de nuestro país sino también para el fenómeno de la internacionalización de nuestra economía que, sin duda, jugó un papel muy importante a la hora de integrarnos dentro de las ocho primeras economías del mundo.
El Grupo Parlamentario Popular considera que es mejorable este proyecto de ley de reforma del sistema de apoyo a la internacionalización de la empresa española y por eso no va a apoyar la enmienda a la totalidad. La devolución de este
proyecto de ley al Gobierno no haría más que retrasar una ley que es urgente para el apoyo de la internacionalización de la empresa española. El Gobierno socialista ha presentado este proyecto, así como el del Fonprode, con más de dos años de
retraso respecto al mandato establecido en la Ley 38/2006, para la gestión de la deuda externa. Allí se decía que se presentaría en la pasada legislatura y desde que entró en vigor aquella ley, 8 de diciembre de 2006, ha transcurrido ya un largo
periodo. Sin embargo, que no apoyemos esta devolución no quiere decir en modo alguno que estemos de acuerdo íntegramente con el texto del mismo y por eso hemos presentado un amplio paquete de enmiendas al articulado que esperamos sean estudiadas y
aceptadas. Me voy a referir básicamente a lo que perseguirán nuestras aportaciones.
En primer lugar, que se considere al FIEM no como un instrumento financiero, sino como un instrumento para la financiación. Un instrumento financiero es necesariamente crediticio; por el contrario, un instrumento para la financiación puede
ser tanto crediticio como de donación. No hay que olvidar además que el FIEM no será el único fondo especializado en esta materia, sino que entrarán en juego también el FIEX y el Fonpyme. En segundo lugar, la gestión del FIEM debe ser coherente
con el marco de actuación de las distintas políticas españolas y en particular con las políticas de creación de empleo, con la promoción de la actividad empresarial y con el principio de coherencia en las políticas para el desarrollo. Pensamos que
el FIEM podrá otorgarse en combinación con otras actuaciones de carácter financiero, como son los créditos comerciales, los recursos multilaterales, los recursos concesionales provenientes de otros países, con objeto de posibilitar el mix financiero
adecuado para cada operación.
Con relación a los beneficiarios, consideramos que cuando con carácter excepcional se canalicen los recursos a través del FIEM a organismos internacionales, bajo las premisas que establece este proyecto de ley, debería
evaluarse anualmente la tasa de retorno de dicha financiación hacia la actividad empresarial y hacia la creación de empleo en España, que es el último objetivo de estos fondos. Creemos que es necesario que sean reguladas por vía
reglamentaria las condiciones financieras de los créditos extendidos con cargo al FIEM. Pensamos que respecto a la aprobación de operaciones con cargo al Fondo se debe establecer que los activos del FIEM, aparte de su liquidación por el servicio de
la correspondiente deuda, puedan tener otro destino que la renegociación o la condonación. Para el Grupo Parlamentario Popular es importante destacar el control parlamentario y la participación de los órganos consultivos. En este sentido, la
Secretaría de Estado de Comercio y Turismo tendría que comparecer una vez al año en el Congreso para presentar una memoria anual de las operaciones, proyectos y actividades autorizadas con cargo al FIEM mencionado en el proyecto de ley y que se
hiciera un análisis expreso de la tasa de retorno de las operaciones del FIEM, tanto las de carácter bilateral como las de carácter multilateral.
Además esta memoria deberá ser enviada al Consejo Económico y Social para que se valoren los efectos
económicos y sociales de la política de internacionalización. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Finalmente, con el fin de aumentar la garantía para mejorar la lucha contra la evasión de los capitales a los paraísos fiscales, pretendemos que el Gobierno establezca garantías necesarias y suficientes en el caso de que se produzca la
participación de otras entidades financieras distintas al Banco de España. Y un apartado importante. Desde el Grupo Parlamentario Popular proponemos que en ningún caso -repito, en ningún caso- los recursos del fondo comprometidos y desembolsados
en cada ejercicio con cargo al FIEM puedan ser considerados a efectos del cómputo de la ayuda oficial al desarrollo.
Concluyo. Dado el actual grado de internacionalización y de apertura de la economía española, la internacionalización debe ser una prioridad de la política económica, porque solo así se traducirá en mejoras permanentes y sostenibles del
crecimiento económico, de la competitividad y por ende de la creación de empleo y bienestar. Desde el Grupo Parlamentario Popular pretendemos un fondo bien dotado presupuestariamente, que promueva las operaciones de exportación de las empresas
españolas, así como las de inversión española directa en el exterior. Creemos que es fundamental el apoyo institucional, financiero y fiscal a la internacionalización de las empresas para salir de esta terrible crisis en la que estamos sumidos.
Este es el reto. Esperamos, esta vez sí, que cuenten con nosotros en la tramitación de este proyecto de ley.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Delgado.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Pedro Sánchez Pérez-Castejón.
El señor SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, quisiera comenzar esta intervención recordando algunos datos del comercio exterior de nuestra economía para centrar el debate sobre lo que estamos hablando. Señorías, durante el último año las exportaciones
españolas han crecido un 4 por ciento, el déficit comercial de nuestro país ha decrecido en un 41,2 por ciento y, como consecuencia de ello, la necesidad de financiación exterior de nuestra economía se sitúa ahora mismo en torno a un 4 por ciento
del producto interior bruto y la aportación del sector exterior al crecimiento de nuestra economía se fijó en el año 2009 en 2,8 puntos. Digo esto porque hay que recordar la esencia del debate, el porqué el Gobierno de España plantea hoy, en esta
coyuntura económica actual, un proyecto para de alguna manera diseñar un sistema de financiación y de apoyo a la internacionalización de la empresa. Hay que recordar cuál es el consenso que existe entre todos los organismos económicos, desde luego
el primero el Banco de España, en relación con el papel que tiene que jugar el sector exterior a la hora de recuperar el pulso de la economía española. Si estamos de acuerdo en que el sector exterior va a ser el motor de la recuperación económica
en este país, entonces hoy más que nunca apoyar la internacionalización de la economía española es apoyar la recuperación de la economía española, y eso es lo que está haciendo el Gobierno de España, proponiendo, por ejemplo, en este caso el
proyecto de ley que defina un sistema de financiación y de internacionalización de la empresa española. Por eso, nosotros lo vamos a apoyar también, señorías, porque nos parece una buena noticia que el Gobierno articule medidas como este fondo de
internacionalización de la empresa, porque la apuesta en el corto plazo es la recuperación económica e inevitablemente esa recuperación económica, señorías, va a pasar por la internacionalización de nuestra economía; pero también en el medio plazo.
Hay que aprender algo de la crisis económica que ha atravesado o que está atravesando la economía mundial y también hay lecciones que tenemos que extraer de las debilidades de nuestra economía. No podemos volver a sufrir déficits exteriores de dos
dígitos del producto interior bruto, y para eso el Gobierno de España y la economía española tienen que apostar por mecanismos que potencien y ayuden a la internacionalización de la economía. En eso, y nada más que en eso, señorías, consiste el
Fondo de internacionalización de la empresa.
Es cierto que el Gobierno de España lleva tiempo apostando por esa internacionalización. Ahí están medidas en apoyo a la exportación y a la diversificación de la internacionalización española no solamente a países de la Unión Europea,
porque saben que nuestro riesgo es que tenemos una concentración excesiva de nuestras
exportaciones y de nuestra inversión en países de la Unión Europea, sino también que contribuyan al fortalecimiento de las relaciones comerciales con economías emergentes como la china, la india o la brasileña. Ahí se está haciendo un
esfuerzo enorme por parte del Gobierno de España, en concreto por parte del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y creo sinceramente que también el Fondo de internacionalización de la empresa puede ayudar a fomentar y a favorecer esa
diversificación geográfica de nuestra internacionalización. Ahí está también, señorías, el compromiso importante y ambicioso que tiene el Gobierno de España de elevar y ensanchar la base exportadora de nuestra economía, alcanzando, como está
inscrito en el proyecto de ley de la economía sostenible, una base exportadora de 50.000 empresas en el año 2020, cuando en el año 2006, me parece recordar, eran 36.000 las empresas que estaban exportando, es decir, un 16 por ciento más que las
empresas españolas que estaban exportando en el año 2003.
Todo esto son compromisos que tiene el Gobierno de España puestos en marcha para internacionalizar la economía española, de ahí que se apruebe en esta coyuntura económica un fondo de internacionalización de la empresa. Por tanto, señorías,
no confundamos el debate, porque, señor Herrera, no podemos plantear dos instrumentos de ayuda a la cooperación.
El Fondo de internacionalización de la empresa, como su nombre indica, es un fondo para la internacionalización de la empresa y no para
la ayuda a la cooperación. De hecho, lo que está haciendo el Gobierno de España al crear este fondo es precisamente cumplir con la letra de la Ley de Deuda Externa aprobada en el año 2006, que instaba al Gobierno de España a reformar el FAD, a
separar la internacionalización de la cooperación, a ganar en trasparencia y en eficacia, y desde luego también a cumplir con una reivindicación histórica tanto de las empresas como de la cooperación en este país, que era precisamente separar esas
dos líneas, la internacionalización de la cooperación. Esto se está cumpliendo con la aprobación o la puesta a debate de este Fondo de internacionalización de la empresa por parte del Gobierno de España. Un fondo que, por consiguiente, señorías,
tiene que ser gestionado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que es el responsable de definir y de ejecutar todas las políticas de internacionalización del Gobierno de España; y un fondo, señorías -lo ha dicho antes el señor
ministro-, que contiene importantes novedades porque, por ejemplo, amplía el concepto de operaciones que pueden ser financiadas con cargo al FIEM. Lo ha dicho antes el señor ministro: va a haber una apuesta decidida, inequívoca por
internacionalizar bienes y servicios de alto valor añadido, con un componente tecnológico elevado. Saben ustedes que uno de nuestros principales problemas es que exportamos bienes y servicios con un componente tecnológico medio, medio-bajo. Por
tanto, la apuesta que está haciendo el Gobierno de España por favorecer esos sectores tecnológicos innovadores, de alto valor añadido, es una buena noticia y el FIEM va a contribuir a ello. Promueve estrategias de internacionalización
público-privadas -lo ha dicho antes el señor ministro- y a mí me parece que en una coyuntura económica como la actual es vital que esas estrategias de internacionalización se hagan de la mano del sector público y del sector privado; financia
asistencias técnicas que van a permitir agilizar y mejorar la gestión de esos proyectos y todo ello en un marco de rendición de cuentas exigente, porque el proyecto de ley incluye la obligatoriedad de recibir por parte de esta Cámara una memoria
anual en la que se detallen explícitamente cuáles son las operaciones que se han financiado con cargo al Fondo de internacionalización de la empresa. Por tanto, voluntad de transparencia y voluntad de rendición de cuentas, señorías, las máximas por
parte del Gobierno de España.
Voy a hacer dos apuntes breves a los dos principales críticas a este proyecto que ha planteado algún parlamentario. No es el Gobierno de España el que decide qué es y qué no es ayuda oficial al desarrollo, es el Comité de Ayuda al
Desarrollo de la OCDE el que lo hace. Lo que hace el Gobierno de España es cumplir con la Ley de Deuda Externa, es -reitero- separar la internacionalización de la cooperación, ganar en transparencia, ganar en eficacia y, desde luego, cumplir con
una reivindicación histórica del mundo de las ONG, pero también del mundo de las empresas. Por tanto, señorías, no podemos confundir el debate, porque, si no, nos estaríamos engañando. Una cosa es un instrumento para la internacionalización de la
empresa, que es el FIEM, y otra cosa es la ayuda oficial al desarrollo, que va a ser el Fonprode cuando sea aprobado -esperemos- en esta Cámara.
Vuelvo a la idea inicial de mi intervención, para concluir con ello, señor presidente, que es la esencia del proyecto de ley que trae el Gobierno a aprobación y debate en esta Cámara. Hoy en día, en la coyuntura económica en la que estamos,
señorías, apoyar la internacionalización de la economía española es apoyar la recuperación económica en nuestro país y garantizar su sostenibilidad futura en el medio plazo, porque -reitero- no podemos volver a tener una economía que sufra un
déficit exterior de dos dígitos del producto interior bruto. Para eso, este Fondo de internacionalización de la empresa va ayudar mucho. En eso consiste este fondo, en reactivar la economía española, en garantizar su internacionalización y en
garantizar su integración en la economía global. Es cierto que la economía española es una economía fuertemente integrada; tenemos una tasa de apertura del 60 ó 62 por ciento de nuestro producto interior bruto. Es cierto también que hemos tenido,
en el peor de los años, como ha sido el 2009, una cuota de exportación que se ha mantenido, lo que da muestra del dinamismo y de la vigorosidad de nuestro sector exterior y de las empresas exportadoras. En ese sentido, señorías, el FIEM va a
garantizar esa mayor internacionalización, esa mayor integración de la
economía española en la economía global y, como consecuencia, esa mayor posibilidad de crecer con unas bases más sólidas y más sanas en un futuro.
Concluyo, señorías, agradeciendo la confianza mayoritaria de los grupos parlamentarios en este proyecto de ley al votar en contra de esta enmienda a la totalidad presentada por dos grupos parlamentarios. En ese ejercicio de parlamentarismo
al que hacía referencia el señor Olabarría, estoy convencido de que durante el trámite parlamentario vamos a encontrar muchos puntos de consenso, más que de disenso, en este proyecto de ley, que sin duda, como bien decía el señor Sánchez, va a
contribuir, y mucho, a la internacionalización y a la recuperación económica de nuestro país. Ese ofrecimiento también lo hago a los grupos parlamentarios que han presentado la enmienda a la totalidad, esperando que entre todos hagamos un buen
trabajo, porque será un trabajo en beneficio de las empresas españolas, de la recuperación económica en nuestro país y, como bien decía el portavoz del Grupo Popular, de la creación de empleo en nuestro país.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez.
Aviso a SS.SS. que por las razones que conocen de que una vez suspendida la sesión ordinaria que estamos celebrando tendremos, en torno a las doce y media, un acto conmemorativo, las votaciones no se efectuarán antes de las doce horas de
esta mañana.
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL. (Número de expediente 121/000052.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a examinar el último punto del orden del día: Proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. ¿Desea el señor ministro hacer uso de la palabra?
(Pausa.)
El señor ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Caamaño Domínguez): Presidente, señorías, como muy bien saben, la Constitución es una carta de libertades, es un catálogo de límites al poder. En el ámbito penal esta idea ha sido reiterada por el Tribunal
Constitucional desde su conocidísima sentencia 41/1997, en la que expresamente se declaró que la potestad punitiva en cuanto poder de castigar hechos concretos nace de la ley y no de la Constitución, y que la Constitución no otorga ningún derecho a
obtener condenas penales. Esto significa en primer lugar que es responsabilidad del legislador democrático y, por tanto, de estas Cortes Generales identificar y regular mediante ley todas aquellas conductas que se consideren merecedoras de reproche
penal, con el único fin de garantizar y asegurar la convivencia pacífica y defender los intereses generales, una responsabilidad que debe ejercerse con rigurosa observancia de los derechos, bienes y principios consagrados en nuestra Constitución.
Por tanto, la dignidad del ser humano del artículo 10; la prohibición de penas inhumanas o degradantes del artículo 15; la obligación de que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estén orientadas hacia la reeducación y la
reinserción social del artículo 25.2; el respeto a los principios de legalidad, de culpabilidad y de tipicidad del artículo 25.1; el principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables del artículo 9.3, y el de
proporcionalidad, entre otros muchos, configuran sin duda alguna un conjunto de límites infranqueables al legislador.
En segundo lugar es también responsabilidad de estas Cortes Generales trasladar a nuestro derecho penal el sentir de los ciudadanos y especialmente el parecer de las víctimas, sometiéndolo a reflexión y a diálogo en equilibrada concurrencia
con otros muchos aspectos que también han de tenerse siempre presentes a la hora de concretar en una ley las bases de la política criminal de un país. Es cierto que durante mucho tiempo el derecho penal se centró en el delincuente y no prestó la
debida atención a las víctimas del delito. Hoy por fortuna la tendencia es otra y la perspectiva de las víctimas es una variable importante a tener presente en el diseño de la legislación penal, tanto en la procesal como en la sustantiva, lo que
permite elaborar leyes mucho más equilibradas y justas.
El proyecto de ley que hemos remitido a estas Cortes acomete una serie de reformas necesarias de nuestro Código Penal mediante modificaciones e innovaciones normativas muy meditadas y ponderadas que quieren dar adecuada respuesta a cambios
habidos en nuestra sociedad, cambios de los que se ha hecho eco expresamente este Parlamento, la jurisprudencia de los tribunales, la doctrina científica o las instituciones europeas e internacionales de las que España forma parte. Cambios en
definitiva fruto de la evolución de nuestra sociedad y que han de tener su debido reflejo en las normas penales como garantía de la seguridad jurídica y de la certeza de la ley.
Era imprescindible en consecuencia colmar lagunas; mejorar y perfeccionar a la luz de la experiencia algunos tipos penales; introducir en nuestro derecho figuras nuevas que facilitasen la lucha contra determinados fenómenos delictivos;
permitir al juez una mayor flexibilidad en la individualización de la pena en razón de las circunstancias de los casos concretos, y armonizar doctrinas jurisprudenciales que se han manifestado contradictorias a lo largo de estos años. Igualmente
era necesario proyectar sobre nuestro Código Penal el sentir expresado por estas Cortes Generales, por las víctimas y por la sociedad española en general, con el fin de ajustar en una u otra dirección el reproche punitivo de determinadas conductas.
En la elaboración de este proyecto de ley se han atendido múltiples sugerencias procedentes de diversos ámbitos profesionales y académicos y se han incorporado muchas de las observaciones formuladas por el Consejo Fiscal, por el Consejo
General del Poder Judicial y por el Consejo de Estado en sus respectivos informes. Pero, señorías, si tuviese que resumir en una sola palabra la voluntad metódica y el objetivo nuclear de este proyecto creo que esa palabra sería proporcionalidad.
Es un concepto que, como SS.SS. muy bien saben, descansa sobre tres premisas fundamentales: la necesidad de la medida, es decir, que no haya otra solución alternativa menos restrictiva e igualmente eficaz; la idoneidad de la misma para alcanzar
los objetivos de convivencia marcados por nuestra Constitución y, por último, la debida adecuación que siempre ha de existir, es decir, la persistencia y existencia de un equilibrio razonable entre los beneficios de la medida y los sacrificios que
esta comporta. Es un test que hemos aplicado con rigor a cada precepto, pero también al proyecto de ley en su conjunto, con el propósito de presentar ante esta Cámara una reforma del Código Penal necesaria, idónea y adecuada. En este sentido, me
congratulo porque el proyecto ha tenido una acogida favorable por parte de la gran mayoría de los grupos parlamentarios, a los que agradezco ese apoyo inicial: al principal partido de la oposición, porque se da continuidad al espíritu de acuerdo en
materia de justicia iniciado por el presidente del Gobierno y el señor Rajoy; a Convergència i Unió, porque siempre ha mantenido un diálogo muy fructífero en todos estos temas de Estado; a Coalición Canaria, por sus planteamientos constructivos, y
a los representantes de Nafarroa Bai, de UPyD y de UPN, por su interés y disposición al diálogo.
En efecto, señorías, la reforma, como señalaba, es necesaria; necesaria para hacer frente a la aparición de nuevas conductas lesivas de bienes jurídicos protegidos que no están contempladas o que lo están de forma deficiente en nuestro
actual Código Penal. Por eso, en el proyecto de ley se regulan como nuevos delitos el acoso laboral y el inmobiliario, la piratería, la corrupción entre particulares, la captación, adoctrinamiento, adiestramiento y cualquier forma de financiación
del terrorismo, la captación de menores para espectáculos pornográficos, la conducta del cliente de prostitución con menores o con personas que no puedan valerse por sí mismas, los ataques informáticos y el tráfico ilegal de órganos, entre otras
muchas conductas claramente contrarias a la convivencia pacífica de todos los españoles. La reforma, señorías, es necesaria para dotar a nuestro derecho de instrumentos más eficaces para combatir determinados tipos de delincuencia. A tal fin, se
incorpora por primera vez en nuestro derecho la responsabilidad penal de las personas jurídicas, una opción presente en otros ordenamientos jurídicos que se introduce con todas las garantías y que persigue eliminar lo que doctrinalmente ya se conoce
como el fenómeno de la irresponsabilidad organizada. Las organizaciones permisivas con prácticas ilegales han de responder también en cuanto tales, en cuanto personas jurídicas, de la comisión del ilícito. Otra medida normativa sumamente valiosa
en la lucha contra el crimen es la nueva regulación de las organizaciones y grupos criminales. La nueva regulación que aquí se propone supera la rigidez de la tradicional figura de la asociación para delinquir y nos permite enfrentar con mayores
garantías todas las manifestaciones de la delincuencia organizada; un fenómeno que atenta directamente contra las bases mismas de la democracia, puesto que, además de multiplicar la potencialidad lesiva de las distintas conductas, genera tramas
específicas dirigidas a asegurar la impunidad de sus actividades y de sus miembros, así como la ocultación de recursos y de rendimientos también ilícitos. El proyecto ofrece en este punto un instrumento muy útil que dará respuesta a manifestaciones
delictivas de muy diversa naturaleza.
Permitirá combatir más eficazmente el terrorismo de tipo yihadista pero también, salvando obviamente todas las distancias, servirá para castigar a agrupaciones de delincuentes creadas para cometer delitos
contra la propiedad de manera reiterada y sistemática, obviamente con la adecuada graduación de la intensidad en la respuesta penal en función de la gravedad y las circunstancias del caso. Abundando en esta misma dirección, se mejora el régimen del
decomiso de los productos, instrumentos y bienes relacionados con el delito. Asimismo, en el proyecto se establece la colaboración y el auxilio de las administraciones tributarias a los jueces y a los tribunales para la ejecución de las penas de
multa y para el cobro de la responsabilidad civil.
Señorías, la reforma es necesaria para incorporar también a nuestro derecho normas de la Unión Europea y cumplir con obligaciones internacionales contraídas por España con repercusión en el ámbito penal.
Sin ánimo de exhaustividad, muchas
de las innovaciones concernientes a los delitos contra la libertad sexual, la trata de seres humanos, la corrupción entre particulares, los delitos informáticos, los relativos al mercado y a los consumidores, la corrupción de funcionarios públicos
extranjeros en transacciones comerciales internacionales, la protección de las mujeres en situación de guerra, el reclutamiento de niños para la guerra, así como algunos otros aspectos relacionados con los delitos contra el medio ambiente y los
delitos de tráfico de drogas son consecuencia de esa voluntad de cumplir con mandatos expresos del derecho comunitario u obligaciones del derecho internacional.
La reforma, señorías, es también necesaria para establecer soluciones homogéneas ante conflictos interpretativos y jurisprudenciales. En efecto, para aumentar la seguridad jurídica en nuestro sistema penal se regula detalladamente la
prescripción de los delitos, precisando el momento de inicio de la interrupción de la misma, abordando así, clara y directamente, el problema de los efectos que para su interrupción puede tener la presentación de denuncias o de querellas y la
ampliación del plazo de prescripción de los delitos para evitar su impunidad.
Igualmente, el proyecto ofrece una solución legal a la cuestión interpretativa existente en relación con el abono del tiempo de prisión provisional en los casos en que el imputado esté cumpliendo al mismo tiempo una pena de privación de
libertad impuesta en otra causa, para evitar el efecto no deseado de que pueda computarse en ambos procedimientos.
Por último, señorías, la reforma es necesaria para dar también cumplimiento a proposiciones no de ley aprobadas por las Cortes Generales en materia penal y atender desde la reflexión y desde el diálogo a pretensiones razonables de las
víctimas y de otros muchos colectivos vinculados a la justicia penal. Así, en el ámbito de los delitos sexuales hemos tenido presente la proposición no de ley aprobada por unanimidad por esta Cámara el día 3 de junio de 2008 sobre delitos contra la
libertad e indemnidad sexual, sobre todo cuando las víctimas sean especialmente vulnerables. Igualmente, después de su examen detallado, el proyecto opta por introducir la figura de la libertad vigilada para concretos delitos de especial gravedad,
dotándola de la máxima garantía al configurarla como una medida de seguridad que ha de ser impuesta en sentencia y con la que se trata de dar protección a las víctimas sin perder en ningún momento de vista el objeto constitucional, ese fin
constitucional que es la rehabilitación y la reinserción social de los delincuentes. El proyecto establece asimismo la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo con resultado de muerte y atiende a otras preocupaciones ampliamente compartidas
en la sociedad española. Una de ellas es la de dotarnos de mejores instrumentos para combatir con eficacia todas las formas de corrupción, y en este punto, señorías, ciertamente se introduce una mayor firmeza con un especial endurecimiento de las
penas para todos los delitos de corrupción, como por cierto también se hace para los delitos fiscales y los urbanísticos.
Pero, como les decía, además de necesaria, esta reforma es idónea, porque otorga una mayor flexibilidad al juez para alcanzar la mejor solución en el caso concreto y ajusta la sanción para hacerla mucho más eficaz y proporcionada. (La
señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) El rigor de algunas penas produce efectos mayoritariamente no deseados y sobre los que en ocasiones nos han advertido ya los tribunales de justicia. Así ocurre, por ejemplo, en
materia de tráfico de drogas, donde se reconfigura la penalidad de los tipos y se acogen las recomendaciones del acuerdo del pleno no jurisdiccional de la Sala segunda del Tribunal Supremo de 25 de octubre del año 2005 para aquellos supuestos de
tráfico de droga de escasa entidad, permitiendo así nuevas sanciones que no frustren la rehabilitación en esos casos de tráfico menor, que estadísticamente, señorías, como bien saben, son la gran mayoría. Lo mismo hacemos en relación con algunos
delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial en los que se había evidenciado una quiebra de la proporcionalidad en la respuesta penal, especialmente en los casos de venta a pequeña escala de copias ilegales por personas a menudo en
situaciones de pobreza que solo aspiran a alcanzar ingresos de subsistencia. Otras veces, señorías, no es en la escala de la pena donde localizamos la idoneidad del código en esta lógica del test de proporcionalidad; a veces esa idoneidad debe
localizarse en la esfera del cumplimiento de la pena mediante una administración más racional del llamado periodo de seguridad, cuyo régimen podrá ser atemperado por el juez para los delitos menos graves en aras de una mayor resocialización de las
personas que han cometido delitos. Por último, la reforma es adecuada porque abre el abanico de las penas buscando soluciones más contemporáneas y acordes con la naturaleza de los delitos. El Código Penal de 1995 estableció un marco que ha
posibilitado que a día de hoy nuestro país cuente con uno de los índices más bajos de criminalidad de la Unión Europea. Sin embargo, paradójicamente, tenemos una tasa de población reclusa más elevada que la media de esos mismos países. Llevar a
cabo una reforma penal de este marco normativo significa también tener presente esa realidad y, por tanto, reservar las penas privativas de libertad para las conductas que realmente hayan de ser merecedoras de la misma, endureciéndolas cuando se
trate de crímenes especialmente reprobables. Esto es lo que hacemos en este proyecto de ley, al tiempo que incorporamos otras alternativas punitivas para delitos de menor reproche social, convencidos de que la pena privativa de libertad no siempre
es la mejor de las soluciones. En esta línea se amplía la posibilidad de sustitución de las penas de prisión de hasta seis meses con la localización permanente, una pena que permite disminuir los riesgos de deslocalización y que además atenúa los
riesgos que puede provocar en sí mismo en ciertos delitos el ingreso de una persona en prisión. En suma, señorías, en este proyecto de ley esto se acentúa con firmeza allí donde la realidad social lo exige, pensando al tiempo que ciertos crímenes
tienen reflejo sobre la convivencia de todos nosotros, y del mismo modo y con la misma firmeza y contundencia se disponen y facilitan los medios para avanzar en la rehabilitación y en la equidad en la respuesta penal.
Señorías, cuando se valora en su conjunto no es este un proyecto duro frente al débil y débil frente al fuerte. Todo lo contrario. Estamos ante un proyecto de reforma que mejora la respuesta penal desde una posición de equilibrio, porque
proporcionado es, señorías, castigar más unos delitos y aminorar otros en función de la evolución de la sociedad española; proporcionado es permitir al juez una mayor individualización de la pena en función de las particularidades del caso
concreto; proporcionado es armonizar criterios jurisprudenciales no coincidentes y a veces contradictorios; proporcionado es, señorías, establecer fórmulas que aseguren en relación con ciertos tipos de delitos en los que la reinserción social es
un objetivo muy difícil de alcanzar, la posibilidad de establecer un control judicial, un control con garantías posterior al cumplimiento de la pena privativa de libertad que dé también seguridad a las víctimas.
Como toda iniciativa legislativa, estamos seguros de que esta será también enriquecida con las aportaciones que formulen los distintos grupos parlamentarios. Nuestra disposición al diálogo es plena y estoy convencido de que entre todos
llevaremos a buen puerto tan relevante reforma de una norma esencial para la convivencia pacífica de todos los españoles. Por eso deseo que después de esta sesión también los grupos que hoy han presentado sus enmiendas puedan sumarse a esa tarea.
Nosotros estamos dispuestos sin duda a ese diálogo constante para mejorar este proyecto de ley; un diálogo que además de sujetarse a la Constitución creemos que ha de compartir también ciertos presupuestos referidos a la esfera de responsabilidad
que nos es exigible a todos los gobernantes en un país democrático.
Señorías, concluyo ya. Si la sociedad cambia, el Código Penal ha de acompañar reflexivamente esos cambios y debe hacerlo con prudencia y con la distancia necesaria. Las normas penales, si me permiten la expresión, no deben hacerse con el
corazón sino con la razón para que sean expresión ponderada y conjunta de la dignidad de todos; la dignidad de una sociedad, en este caso la española, que cree firmemente en los valores democráticos, que sabe que la justicia no es la venganza y que
piensa, como dijo Francisco Tomás y Valiente, recordando a los personajes de Antígona, que no hay en la creación nada más importante y más valioso que la persona, que toda persona, que cualquier persona. Y en esa posición, señorías, nos encontrarán
siempre dispuestos al diálogo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor ministro.
A este proyecto de ley se han presentado tres enmiendas de totalidad, en primer lugar, la del Grupo Parlamentario Mixto. Para defenderla tienen la palabra el señor Jorquera y posteriormente la señora Barkos.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señoras y señores diputados, empezaré por decir que el Bloque Nacionalista Galego no discute la necesidad de acometer modificaciones en el Código Penal derivadas de compromisos internacionales asumidos por el Estado español y
que se hallaban pendientes de trasposición al ordenamiento interno. Tampoco discutimos la necesidad de introducir otras reformas relevantes y debatidas doctrinalmente. No negamos, por tanto, que algunas de las modificaciones introducidas en este
proyecto de ley tengan aspectos positivos. Pero es la filosofía general que lo informa lo que nos parece cuestionable y eso es lo que fundamenta la presentación de esta enmienda de devolución.
Para el BNG resulta muy peligroso introducir reformas en el Código Penal sin reflexión suficiente, de manera convulsiva, al calor de acontecimientos que provoquen conmoción social y gran atención mediática.
Y esto es lo que detectamos en
muchas de las reformas que se nos presentan bajo el paraguas de la mutabilidad de la realidad social, como es el caso, por citar algunos ejemplos, de la nueva pena accesoria de libertad vigilada y del endurecimiento de la represión de numerosos
delitos. Esta reforma consolida una preocupante tendencia al endurecimiento punitivo, cuando el Código Penal español, señorías, es ya uno de los más duros de Europa. En este proyecto de ley volvemos a comprobar la pretensión, reiterada en los
últimos años a lo largo de las sucesivas reformas, de resolver cualquier tipo de conflicto acudiendo al Código Penal, cuando, por su especial naturaleza, debería de ser el último recurso a emplear. Además, desde nuestro punto de vista, no hay
razones objetivas que justifiquen este enfoque. El Estado español tiene una de las tasas de criminalidad más bajas de Europa: 47,6 delitos por cada 100.000 habitantes, frente a los 70,4 de media en la Unión Europea, los 76,3 de Alemania o los
101,6 de Reino Unido. Mientras esto ocurre, señorías, el Estado español es uno de los Estados donde el tiempo de permanencia en prisión de los reclusos es mayor y tiene el dudoso honor de tener uno de los porcentajes de población penitenciaria más
altos de Europa: 164 presos por cada 100.000 habitantes, cuando la media en la Unión Europea es de 63.
Señorías, el derecho penal es necesario para la convivencia, pero para que no se convierta en un instrumento ineficaz requiere que cualquier modificación sea abordada en términos de eficiencia preventiva y que se evalúen sus consecuencias
tanto para la Administración de Justicia como para el sistema penitenciario. La reforma que se nos propone se vuelve a olvidar de que las causas de la criminalidad no radican solo en la voluntad del individuo aislado en cuanto a delincuente, sino
también en las condiciones y circunstancias que lo rodean. Por consiguiente, cualquier reforma tendente al endurecimiento de las penas debería realizarse de forma sosegada y analizando desde una perspectiva criminológica todas las circunstancias
que rodean al tipo delictivo, ya que en caso contrario estaríamos provocando situaciones que dificultarían la reeducación y la reinserción social a la que un gran número de condenados estarían en condiciones objetivas de acceder. La Constitución
española, en su artículo 25.2, declara que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social. La propia doctrina del Tribunal Constitucional considera que la preparación para
la libertad de un penado es un supuesto irrenunciable, y para nosotros es indispensable que no se pierda esta perspectiva. Pero, señorías, curiosamente, cuando la tendencia que observamos es hacia un progresivo endurecimiento de las penas, esa
tendencia al endurecimiento contrasta con el tratamiento benigno en este proyecto de ley de delitos económicos, urbanísticos, medioambientales o delitos contra la Administración y la Hacienda pública. Debe de ser, señorías -y permítanme la ironía-,
que en materia penal, como en todo, también hay clases.
Señorías, para el BNG la reforma necesaria y urgente es la reforma de la justicia, solucionando su lentitud e ineficacia, que provoca, en no pocas ocasiones, un incumplimiento de las sentencias. De nada vale recurrir por sistema a reformas
del Código Penal si después la propia ineficiencia e ineficacia de la Administración de Justicia hace que muchas de estas reformas carezcan de virtualidad práctica porque son incapaces de implementarse. Numerosos expertos han abogado por la defensa
de un modelo de derecho penal que se aparta del modelo que, desde nuestro punto de vista, orienta esta reforma, basada exclusivamente en aspectos punitivos y retributivos; abogan por un derecho penal basado en la satisfacción a las víctimas
mediante una justicia restaurativa; en la mejora de la eficiencia real de la Administración de Justicia; en la creación de una cultura del derecho penal mínimo; en la apuesta por el fin reeducativo y reinsertador de las penas privativas de
libertad; en la creación de instrumentos de justicia social, también para la prevención de los delitos, y en la humanización de la vida de las cárceles. Estas son las orientaciones que, desde nuestro punto de vista, debe tener cualquier reforma y
no las observamos en este proyecto de ley.
En ese sentido -y ya a modo de conclusión-, me gustaría hacer una última reflexión, señor ministro. Usted en su intervención ha citado expresamente, uno por uno, a todos los grupos y a todas las fuerzas políticas presentes en esta Cámara
que no han presentado enmienda a la totalidad, aplaudiendo su planteamiento constructivo y su disposición al diálogo. No le quepa, señor ministro, la menor duda de que ese planteamiento constructivo y esa disposición al diálogo los tiene también el
Bloque Nacionalista Galego, como estoy convencido de que los tienen también los otros grupos parlamentarios, las otras formaciones políticas presentes en esta Cámara que han presentado enmiendas a la totalidad. Por lo tanto, no se puede juzgar el
planteamiento constructivo o la disposición al diálogo sobre si este proyecto de ley que hoy inicia su trámite en esta sala merece una valoración inicial positiva o negativa.
Señor ministro, nosotros somos conscientes de que respecto al
anteproyecto se han introducido modificaciones que han aminorado los aspectos desde nuestro punto de vista más discutibles y negativos de este proyecto de ley. Creemos que hay otros aspectos sustanciales que conviene modificar, pero usted me dará
la razón, señor ministro, en que la presión política va en dirección contraria. Las razones que han motivado en su momento el inicio de este camino van en dirección contraria a las que ha expuesto el BNG, y la presión política con la que se va a
encontrar en esta Cámara va en dirección contraria a los ejes que desde el punto de vista del BNG tiene que tener cualquier reforma del derecho penal. Por lo tanto, nosotros queremos establecer el debate sobre otro eje de coordenadas. Esta es la
razón por la que hemos presentado esta enmienda de devolución.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Jorquera.
Señora Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidenta.
Intervendré desde el escaño y muy brevemente para fijar la posición de Nafarroa Bai, favorable a las enmiendas de totalidad que hoy se presentan y posición que quiero fijar de manera más urgente y doblemente, si acaso, después del
reconocimiento amable -he de decirlo- del ministro en torno a la actitud proactiva al diálogo de Nafarroa Bai, que fue, que es y que será posteriormente al debate de esta mañana, pero que me obliga a fijar posición expresando el voto de Nafarroa Bai
favorable a las enmiendas de totalidad.
Gracias, presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Barkos.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, agradezco la prolijidad de su explicación aunque no la comparto y no sé si agradecerle también la omisión en materia de agradecimientos, ya que ha tenido un pequeño lapsus no citando casualmente a los que hemos presentado una
enmienda de totalidad. No dude de nuestro espíritu constructivo y de nuestra actitud proactiva a encontrar acuerdos posteriores. Hay mucho debate parlamentario y muchas posibilidades de convergencia. En algunas cuestiones ya le adelanto que va a
ser muy difícil que podamos encontrar esos puntos de acuerdo, pero en otras cuestiones podemos regenerar algunas de las disfunciones que nos han impulsado a presentar una enmienda de totalidad con petición de devolución de este texto al Gobierno.
Le voy a leer una frase, señor ministro, pronunciada anteayer, el martes por la mañana. La frase -la reproduzco textualmente- dice lo siguiente: Soy poco partidario de endurecer las penas, el Código Penal, al amparo de algunos
acontecimientos terribles que las sociedades viven, y lo que hay que hacer en estos casos es el ejercicio contrario precisamente: tomar nota de lo que pasa y evitar que el Código Penal se compadezca cada vez menos con las realidades que debe
contemplar, que debe atajar y que debe gestionar. Palabras pronunciadas por don Alfredo Pérez Rubalcaba, a la sazón ministro del Interior del Gobierno español. Me sorprende mucho, señor ministro, en primer lugar, que sea más sensible o tenga una
actitud más renuente al abuso de la utilización de la ley penal para resolver o gestionar los conflictos más graves de nuestra sociedad el ministro del Interior que el ministro de Justicia. Parece que hay una especie de transmutación de roles o de
papeles. Últimamente uno en esta Cámara se sorprende ya de pocas cosas, pero
le invito a que esta invocación produzca la correspondiente reflexión en el ámbito de su ministerio. Modificar el Código Penal es la actividad -señor Trillo, usted lo podrá compartir conmigo- más recurrente en este Congreso de los Diputados
y en estas Cortes. El Código Penal del año 1995, de cuyo naufragio solo seguimos vivos en condición de ponentes en este momento usted, señor Trillo, y yo -no veo ninguno de los que tuvieron la honra de participar en tan solemne decisión y reflexión
intelectual sobre las características ontológicas de nuestro derecho punitivo-, con mucha prosopopeya fue calificado como el Código Penal de la democracia, y don Manuel de la Rocha -incluso me parece recordar que también como ponente del Código
Penal-, también con mucha prosopopeya y con una reflexión más entusiástica que real, recordará que se le llamó el Código Penal de la democracia, que tendría una vocación de perdurabilidad y de estabilidad puesto que prácticamente se concibió por
parte de su padre putativo, Juan Alberto Belloch, como la norma llamada a resolver todos los conflictos y a gestionar con claridad, con prudencia y con regularidad desde una perspectiva criminológica los conflictos que un código penal debe
gestionar, que son los conflictos más importantes de la vida. Desde entonces, se ha modificado el Código Penal en veinticinco ocasiones, señor ministro. Esto parece que se ha convertido en una especie de deporte que se practica en esta Cámara con
una intensidad digna de mejor causa; veinticinco modificaciones del Código Penal, de las que podríamos considerar seis de ellas de profundidad, de calado, incluso modificando, alterando y contradiciendo los fundamentos ontológicos del Código Penal
que se aprobó en el año 1995. Todas las modificaciones han consistido en incorporar nuevas figuras o tipos delictivos, nuevos injustos penales, y en incrementar el reproche penal, la pena prevista para estos nuevos tipos penales que se han
incorporado; un endurecimiento sistemático de la normativa penal, señor ministro. Desde esa perspectiva, estamos en trance de poder decir que estamos convergiendo peligrosamente hacia lo que advierte Günter Jakobs, el mejor penalista en mi opinión
que existe en la actualidad, configurando nuestro derecho penal como el derecho penal del enemigo versus el derecho penal del ciudadano, que es el que debería articular cualquier Estado democrático, que tenga una visión de la utilización del derecho
penal humanista y destinada teleológicamente a la resocialización de los delincuentes; pero no, vamos en sentido contrario. Vamos en sentido de la configuración del derecho penal del enemigo contra las esencias del derecho penal del ciudadano.
¿Por qué? Porque, en primer lugar y en relación con las medidas de vigilancia, señor ministro, que usted ha glosado -ha hecho una reflexión particularmente apologética- no supone más que introducir de tapadillo en nuestro ordenamiento jurídico, por
la puerta de atrás, la cadena perpetua. Esa es la reflexión. Sí, señor ministro, yo comprendo sus gestos de desagrado y desaprobación. Me parece mucho más honesto lo que hace el Partido Popular, que es proponer la cadena perpetua revisable en sus
propios términos. Ustedes lo están haciendo ya, mediante perífrasis que no son propias, porque lo que quieren evitar es la manifiesta inconstitucionalidad que dimana de la introducción en nuestro derecho penal de la cadena perpetua, en tanto en
cuanto contradice el contenido esencial del artículo 25.2 de la Constitución, que ya ha sido desarrollado por prolija jurisprudencia constitucional. Me parece más limpio llamar a las cosas por su nombre. Si el Partido Popular desea introducir en
nuestro derecho penal la cadena perpetua -el modelo francés es revisable cada veinte años-, que lo haga, es legítimo, lo cual requeriría modificar la Constitución y después el Código Penal. En todo caso, es una postura más limpia.
Señor ministro, estas medidas de seguridad prolongan la condena a un imputado que ha cumplido ya la pena impuesta -criminológicamente es discutible que a un imputado que ha cumplido la totalidad de la pena impuesta se le puedan incorporar
elementos onerosos para sus libertades personales, porque un imputado que ha cumplido la totalidad de la pena impuesta recupera la indemnidad de sus derechos civiles, absolutamente todos, que es un precepto que dimana de la propia Constitución y del
ordenamiento jurídico penal-; estas medidas de seguridad se imponen en el momento de la imposición de la pena principal. Me va a explicar, si puede, el señor ministro -seguramente podrá suplirle con la brillantez que le caracteriza el señor
Villarrubia-, cómo puede un juez, en el momento de imponer la pena principal, saber sólo por la naturaleza del delito cometido que ese preso, ese ciudadano privado de libertad, no es reinsertable, prescindiendo de los diagnósticos de los juzgados de
vigilancia penitenciaria y de los diagnósticos de resocialización de las comisiones ubicadas en los centros penitenciarios donde está cumpliendo condena. ¿Cómo se puede presumir, iuris tantum -no iuris tantum porque las medidas de seguridad se van
a aplicar iuris et de iure-, que no es resocializable una persona que ha cometido los delitos para los que están previstas estas medidas de seguridad, que suponen una prolongación ilegítima. Es la peor opción de política criminal por la que usted
podría haber optado en relación con ciertos ciudadanos que han cometido determinados delitos.
Señor ministro, por otra parte, nos encontramos con la paradoja -por eso me llama mucho la atención que ustedes digan que hay que oxigenar nuestro derecho penal por abajo, en cuanto a los delitos menos graves- de que sigan incluyendo como
figuras delictivas, meritorias o que meritan pena de privación de libertad, la venta de los CD copiados de forma ilegal -en este momento hay un conflicto con un ciudadano senegalés en Euskadi, que está detenido y cumpliendo prisión por esta razón-,
el top manta, y la conducción de vehículos o de ciclomotores sin la obtención de los permisos debidos para la conducción. Estos no son injustos penales que merezcan producir una situación de privación de libertad o la imposición de una pena de
privación de
libertad. Así no se oxigena por abajo, señor Villarrubia, así lo que se hace es expandir y universalizar por abajo la gran patología de nuestro derecho penal, que se concreta en los siguientes guarismos, respecto a los cuales usted no puede
mantener una posición de indiferencia. Desde 1980 al año 2009, mediante la invocación de un mito manifiestamente falso, que es que nuestro derecho penal es benévolo cuando es el más duro de todos los países europeos, hemos pasado de tener una
población reclusa de 18.000 presos, ciudadanos privados de libertad, a 80.000. Un país de poco más de 40 millones de personas no puede permitirse el lujo de tener privados de libertad a 80.000 ciudadanos. Aquí hay una patología que la norma penal
no resuelve o resuelve mal por una sobredimensión del reproche punitivo a determinadas conductas de escasa relevancia y, por qué no decirlo también, por la escasez del reproche punitivo a conductas de manifiesta relevancia, cuyo reproche punitivo, a
pesar de la glosa que usted ha hecho de este proyecto, no se incrementa -me estoy refiriendo a los delitos económicos, delitos contra el patrimonio y delitos de corrupción política-. Usted no puede decir lo que no hace el proyecto de ley. A pesar
de estas invocaciones, hay que ubicar una situación de privación de libertad, de prisión a los corruptos. Ya me dirá cómo lo pueden hacer si no han incrementado el reproche penal, la pena de los injustos que se prevé en los artículos 319 y 320 del
Código Penal. Siguen manteniendo una especie de respeto reverencial a determinados delitos, que son lo que vulgarmente se califican de cuello blanco. Esta es una disfunción.
Desde el año 1990 -este es otro guarismo de carácter estadístico y no refutable- hasta la fecha de hoy se ha incrementado la población reclusa en el Estado español un 133 por ciento. Con esta ley se va a endurecer y se va a incrementar más.
Se ha acuñado una expresión que preocupa a mucha gente, que es injusta pero está subyaciendo en el inconsciente del colectivo popular, y es que los detenidos entran por una puerta en los juzgados de guardia, sobre todo los fines de semana, y salen
por la otra.
Estadísticamente es cierto, lo que no es cierto es la razón por la que ocurre esto. No es una responsabilidad imputable a la Policía ni es una responsabilidad imputable a los jueces, es que no caben en las prisiones, señor ministro.
No hay prisiones para ubicar a más detenidos. Tenemos un problema de desajuste, de desarmonía en la capacidad penitenciaria, y ya no le digo si aplicamos los requerimientos de la Ley General Penitenciaria, en donde no podríamos superar una
población penitenciaria de 18.000 personas si cumplimos todos los preceptos de esta ley -tenemos 80.000-. ¡Cómo no van a entrar por una puerta y salir por la otra si no hay dónde ubicarles! No se les puede detener, señor ministro. ¿Por qué?
Porque estamos endureciendo sistemáticamente el Código Penal y así vamos a un Estado de naturaleza policial, así vamos a la configuración y al asentamiento del derecho penal del enemigo. Así no vamos a ningún sitio.
Así no estamos gestionando bien
aquellos conflictos que la normativa penal debe gestionar, ni estamos tutelando bien aquellos derechos que la normativa penal debe tutelar, que son los más importantes, los más relevantes: el derecho a la vida, el derecho a la posesión de un
patrimonio, etcétera. Son abundantísimos los aspectos criminológicamente discutibles -nosotros más que discutibles diríamos manifiestamente rechazables-. Ustedes prescinden del concepto de delincuencia organizada y lo sustituyen por el concepto de
delincuencia grupal. Esto es un endurecimiento sutil, una maniobra subrepticia para incrementar más aquellos que van a ser incriminados por lo que antes se consideraba delincuencia organizada, porque el concepto por delincuencia grupal también
haría referencia a aquellas personas que de forma ocasional o transitoria se agrupan, pero incrementando las penas previstas para los que ocasional o transitoriamente se agrupan pero no forman parte de una estructura de delincuencia organizada.
En materia de imprescriptibilidad de los delitos tampoco saque demasiado pecho, señor ministro, porque ustedes lo que han hecho es algo que endurece también nuestra normativa punitiva: incrementar los periodos de prescripción de los delitos
y establecer algo que es razonable, que no se puede interrumpir mediante maniobras fraudulentas o diligencias de escasa relevancia el proceso de prescripción de un delito. Pero es que han incrementado la prescripción, con lo cual la posibilidad de
incriminar a un delincuente se incrementa en el tiempo y se aumenta, por tanto, el reproche penal para todos los delitos, sin ninguna excepción. No es para presumir, no es una posición progresista, señor ministro, no se jacte de esto. Hay un
delito que se declara imprescriptible ubicado en este Código Penal, vulnerando además instrumentos de derecho internacional público ratificados por el Estado español. Usted sabe que los únicos delitos que se pueden considerar imprescriptibles son
los previstos en el Convenio sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 26 de noviembre del año 1968, los delitos de genocidio y los crímenes de guerra,
los delitos de lesa humanidad; los delitos previstos en el Estatuto de la Corte Penal Internacional de 19 de julio de 1998, que son los mismos, y los delitos previstos en el Código Penal Internacional de 26 de junio de 2002. Solo estos son
imprescriptibles. Ningún delito ordinario ubicado en un código penal ordinario puede establecer una excepción vinculada a la imprescriptibilidad de una conducta delictiva, por muy aberrante que esta conducta delictiva resulte. Intente forzar a que
se ubique este delito que usted quiere que sea imprescriptible en estos instrumentos o en estas declaraciones internacionales, que lo ha dicho. Mientras no lo consiga, usted no puede declarar imprescriptible un delito y prescriptibles todos los
demás, como le mandata la Constitución española, por cierto. Aquí se vulnera el principio de igualdad ante la ley entre otros. (El señor Cuesta Martínez: ¿Estamos hablando de terrorismo?) Estamos hablando de lo mismo, sí, del terrorismo, que
no es un delito de lesa humanidad todavía hasta que las declaraciones internacionales lo prevean así. Me alegro mucho de que me haya dado la razón don Álvaro Cuesta, que es un jurista prestigioso de los que estamos, porque ha dicho
exactamente lo mismo que he dicho yo y lo contrario que ha dicho usted, señor ministro. A veces los apoyos desde el propio grupo tienen estas consecuencias perversas o estos efectos boomerang.
Por último -con esto acabo, señora presidenta-, con relación a la traslación de documentos del derecho europeo y decisiones marco, si vamos a trasponer decisiones marco, y este es uno de los elementos que justifican la reforma, vamos a
hacerlo bien. Hay una decisión marco que ustedes trasponen manifiestamente mal, y seguramente intencionadamente mal, que es la 2008/919, donde se va a criminalizar conductas de mera adhesión ideológica a los objetivos de determinadas organizaciones
criminales. Pero esta decisión marco, además de la adhesión ideológica, requiere la posterior comisión de un delito, y ustedes se han olvidado de esta segunda mención. Señor Trillo, ¿dónde están sus reflexiones, de las que parece haber abdicado
usted, en cuanto a la regulación del delito de apología?
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Ya acabo con esto, señora presidenta.
Usted forzó la regulación del delito de apología que exigía para la incriminación que se cometiera un delito posterior, que la reflexión apologética en sí misma no sirviera para la articulación de un injusto penal. Ustedes han abdicado,
pero también han abdicado ustedes, señores del Grupo Socialista. La mera adhesión ideológica del delito de opinión se ha incardinado en nuestro ordenamiento.
Por último, han endurecido el régimen punitivo para los extranjeros más que el de la Ley de Extranjería en cuanto a los supuestos de devolución, de expulsión de quienes están en situación ilegal y los tiempos de posibilidad de retorno al
Estado español; han prescindido de las recomendaciones del Cermi y de la Convención Internacional para los derechos de las personas discapacitadas y han prescindido de tantas cosas que nos hemos visto en la tesitura, no grata para mi grupo, de
presentar esta enmienda de totalidad con petición de devolución. Ojalá podamos entre todos reformar algunas de las aberraciones jurídicas que en el proyecto de ley se contienen.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Olabarría, por favor.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Ojalá podamos, pero en este momento mi grupo ya le manifiesta que no está particularmente esperanzado.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Olabarría.
Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene en primer lugar la palabra el señor Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señora presidenta.
Nadie duda de que, si hay que introducir cambios en el Código Penal, entre otras cosas para atender algunos requerimientos de orden internacional, por ejemplo en el ámbito de la armonización jurídica europea e incluso para armonizar algunos
aspectos derivados de nuestra doctrina y jurisprudencia, habrá que hacerlo. Otra cosa muy distinta es que debamos hacerlo al calor de algunos trágicos sucesos que a todos nos han conmovido, que nos han acelerado el pulso. Me refiero tanto al doble
crimen de hace poco tiempo en el bar Joan en el ensanche barcelonés, o a los casos de Marta del Castillo y de Mari Luz, que han provocado una lógica rabia, inquietud e indignación social, pero que especialmente lo han hecho en un contexto de crisis
económica que exacerba y agudiza lógicamente estos temores. En este contexto, señor ministro, el Gobierno, pero especialmente espoleado por lo que podríamos llamar el imaginario conservador -en este caso me gustará escuchar a mi querido colega,
Federico Trillo-, el PP y la derecha judicial -y parece que el Gobierno va a rebufo de todo ello-, ha vuelto a plantear la salida más fácil, que es, desde un populismo punitivo que compromete seriamente la convivencia pero también los derechos
individuales y las libertades, propiciar un debate. No hablo de este proyecto, que va aparejado a este proyecto de reforma del Código Penal, en el que lo que se nos propone básicamente es más derecho penal, un audaz programa de mano dura con más
penas, más delitos, con rebajas también en la edad penal juvenil, con la introducción sibilina de un debate sobre la cadena perpetua reversible o no y además concentrando -esto sí se ve en este proyecto de ley- toda la insidia del aparato coercitivo
en determinados delitos (contra la propiedad, contra la salud pública, de terrorismo), mientras paradójicamente, señor ministro, persiste en este proyecto el garantismo para algunos delitos económicos, particularmente de cuello blanco, y me refiero
a delitos de corrupción urbanística, de blanqueo de capitales, etcétera. Porque las propuestas de lo que he denominado ese imaginario conservador no solo son en este proyecto de corte claramente autoritario, sino además clasistas.
¿Qué quieren que les diga? Para Esquerra, para nuestro grupo parlamentario, el debate que ha suscitado el Partido Popular sobre la cadena perpetua se nos antoja una auténtica tragedia civil. Para nosotros es el síntoma más evidente y
palmario de una cierta patología política.
Hay partidos políticos que en este país tienen una dificultad evidente para abordar estas cuestiones -por ejemplo, la inseguridad ciudadana, o la sensación que lleva aparejada
la inseguridad ciudadana- de forma serena y pedagógica, sin que se alimente periódica y permanentemente ese móvil electoralista al calor de estos debates. Nuestra obligación, señor ministro, señorías, como políticos, pero especialmente como
legisladores, es hacer pedagogía y explicar precisamente lo que este proyecto de ley no hace, y es que este intento de endurecer el Código Penal se compadece muy mal, muy poco, con un derecho penal moderno, humanista, de intervención mínima, de
última ratio entre otras cosas, debido al dolor que provoca el castigo y a que la pena, como decía Beccaria, debe ser necesaria -la que no es necesaria es una auténtica tiranía- y, por tanto, orientada también a la resocialización de los presos.
(El señor presidente ocupa la Presidencia.) También hay que explicar que esa solución mágica, casi taumatúrgica, que invocan siempre algunos grupos políticos de más penas, más delitos, no evitará que haya menos delitos. Es decir, es como si el
hecho de que haya más médicos supusiera que hubiera menos enfermedades; no es así. Desde luego que haya más penas y más duras tampoco protegerá mejor a las víctimas. Como decía antes don Emilio Olabarría, llevamos ya en poco más de una década
veinticinco reformas del Código Penal. Dentro de unos meses, quizás dentro de un año o de dos, vendrán aquí y pedirán más reformas, más penas, en el intento de buscar nuevas respuestas espoleadas quizás por el miedo, entrando siempre en esta
espiral peligrosa, en esta auténtica inflación penal que lo único que provoca es mayor colapso judicial e incluso un mayor hacinamiento en nuestras cárceles. Ustedes saben, y particularmente lo saben desde el Grupo Popular -lo sabe Federico Trillo
que tuvo responsabilidades en este negociado-, que en el Estado español hay menos delitos que en la mayoría de países de nuestro entorno. Este es uno de los Estados más seguros de Europa, pese -eso es verdad- a un cierto deterioro de la seguridad
ciudadana en los últimos tiempos. El problema es que, en lugar de explicar eso, hay quien se entretiene en explotar otros hechos, es verdad. Hace muy poco el diario El Mundo publicaba una encuesta que revelaba que el 90 por ciento cree que este es
un Estado inseguro, e incluso entre los encuestados, entre electores de partidos de izquierda, como Izquierda Unida, llegaba hasta el 80 por ciento, si no recuerdo mal.
Eso es verdad. Lo que hacen ustedes es aprovechar esa sensación, en lugar de
explicar que tenemos la tasa de población reclusa más alta de Europa -164 por cada 100.000 habitantes- y que los índices de criminalidad son igualmente bajos, 47 delitos por 1.000 habitantes, mientras que la media Europea es de 70,4, y no
precisamente por delitos de los que generan auténtica conmoción en la opinión pública, porque la tasa de homicidios es de 0,9 por cada 100.000 habitantes, sino por delitos contra la propiedad y contra la salud pública y casi siempre en contextos de
exclusión social.
Además, la cadena perpetua, de facto, ya existe. La cadena perpetua que ahora se pretende reforzar con esta propuesta que hace el Grupo Popular ya existe. Aquello tan manido de que si no se puede pagar con la vida al menos que se pague
toda la vida aquí ya es una práctica y una realidad.
El cumplimiento íntegro de las penas es un hecho y no siempre para los delitos más graves. Desde 2003 hasta ahora, solo el 16 por ciento de la población reclusa goza de situación de semilibertad
de tercer grado, dos tercios no han gozado nunca de ningún tipo de permiso y las penas privativas de libertad para los mayores de catorce y menores de dieciocho años son a veces incluso más largas que para los mayores de dieciocho años, porque
-insisto una vez más- las sucesivas reformas operadas desde 2003 hasta ahora han elevado al máximo el nivel punitivo y, luego, el Tribunal Supremo, con la doctrina Parot, sumando las penas, ha hecho el resto. Esta reforma, señorías, señor ministro,
en nuestra modesta opinión, incide una vez más en los errores del pasado y vuelve a una política criminal que no es de corte progresista y, por tanto, a un programa expansivo inconveniente del ius puniendi.
Esta enmienda a la totalidad quiere ser puramente preventiva, señor ministro. Seguro que nos vamos a encontrar, habrá acuerdo y será posible el voto favorable de nuestro grupo político, pero no queremos que el Gobierno sea cautivo del
Partido Popular y que, ante la sensación de inseguridad ciudadana, nos proponga alternativas como las que ofrece este proyecto. Queremos que proponga soluciones, por ejemplo, para algunos episodios que se están viviendo en Barcelona y en Madrid,
donde hay auténticos paraísos para carteristas y donde hay preocupación o inquietud ante la situación de multirreincidencia. Soluciones mucho más complejas y quizás más caras, soluciones tan complejas como caleidoscópicas son las situaciones que
pretende afrontar este Código Penal. Me refiero a más medios para la Administración de Justicia; a más medios para la reinserción pospenitencia; a luchar desde el punto de vista europeo e internacional contra ese auténtico turismo delictivo del
que habla Europol, esos clanes de rateros que viajan por toda la Unión Europea; y también al cumplimiento estricto de la ley por parte de todos los operadores que actúan, por ejemplo, la Policía, la fiscalía y los jueces.
Lo contrario es la
reforma por la reforma, lo contrario es una simple...
El señor PRESIDENTE: Señor Ridao, debe acabar.
El señor RIDAO I MARTÍN: Lo contrario es una simple huida hacia adelante, y por eso, señor ministro, hemos presentado esta enmienda a la totalidad y pedimos la devolución al Gobierno.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.
Por el mismo grupo, tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, hay algo peor que el error y es el empecinamiento en el error. En ese sentido, consideramos que esta reforma del Código Penal es un error de oportunidad. No hay peor ocasión para reformar el Código Penal que una crisis. La
crisis provoca el miedo y el miedo la búsqueda del enemigo interno. En ese sentido, puede más la mano derecha de la fuerza del Estado que la mano izquierda de la sensibilidad. Por otra parte, en nuestra opinión, no es solamente un error de
oportunidad, es un error de contenido. Pudiendo el Gobierno abordar una reconsideración de la evolución de nuestro Código Penal a lo largo de los últimos años, lo que ha hecho es adoptar un Código Penal continuista. Como parlamentario les traslado
una reflexión. Me parece que este Código Penal transfiere nuestra responsabilidad a poderes no elegidos del Estado. Es decir, nosotros, los elegidos, los más vilipendiados y cuestionados en estos momentos en un contexto de crisis económica
transferimos nuestra responsabilidad al ruido de togas, al Poder Judicial, y transferimos también nuestra responsabilidad al ruido de medios, es decir al poder mediático, y a ninguno de los dos los han elegido los ciudadanos, señorías. Por eso, me
parece que este Código Penal es un error desde el punto de vista de la oportunidad y es un error político particularmente para los parlamentarios, porque los ciudadanos no necesitan un Estado paternal; los ciudadanos no necesitan un Estado que les
tranquilice de sus inseguridades y sus miedos; los ciudadanos no necesitan un Código Penal punitivo y únicamente preocupado por el último telediario y la última información de los medios de comunicación. En ese sentido en nuestra opinión se pierde
la oportunidad de una rectificación de la evolución del Estado social a favor de un Estado penal, de un Estado de la sensibilidad hacia un Estado de la fuerza.
Señorías, lo que deberían hacer ustedes en primer lugar -nosotros también- es pedagogía de los mitos, que no tiene nada que ver con la realidad, porque no es verdad que nuestro país tenga un nivel alto de delito sino muy al contrario; la
mitad del delito de la media de la Unión Europea. En este punto discrepo del señor Trillo. Los delitos, al igual que las enfermedades, se calculan en índices y en tasas, por tanto los delitos son delitos por población. Pues bien, España tiene la
mitad de delitos por población que la media europea. Por otra parte, también los encarcelados se calculan por población y España tiene el doble de encarcelados que la media europea. Algo pasa, señorías. Si tenemos la mitad de los delitos y el
doble de los encarcelados, algo pasa. ¿Saben qué pasa? Pasa que tenemos el Código Penal más duro de la Unión Europea; eso pasa. Un Código Penal donde también es un mito eso de que la gente entra por una puerta y sale por la otra. Se cumple el
80 por ciento de la pena en nuestro país; por encima de la media europea, señorías, por encima de la media europea. Y también en cuanto al tiempo de las penas superamos a la Unión Europea; el tiempo de las penas es superior a la media de la Unión
Europea. Por tanto, el objetivo en nuestra opinión debería ser no endurecer las penas; el objetivo debería ser acentuar la reinserción y la resocialización de los penados; el objetivo debería ser preventivo, prevenir el delito; el objetivo
debería ser una justicia con las víctimas no vindicativa, no vengativa sino reparadora, restauradora.
Pues bien, ese no es el sentido de esta iniciativa que en nuestra opinión da continuidad a códigos penales anteriores y que por una parte
únicamente está preocupada por la mano derecha -mi mano derecha- y, por otra, por lo que digan los medios de comunicación. Señorías, ambos son insaciables. Hagan ustedes lo que quieran; métanle cien años, que considerarán que es insuficiente;
son insaciables. Por tanto, no se preocupen ustedes tanto de su mano derecha; preocúpense ustedes más de los ciudadanos y un poco más también de la mano izquierda, que no estaría mal de vez en cuando.
En ese sentido, señorías, mi grupo no comparte la propuesta de endurecimiento de penas, el aumento de la pena de cárcel en muchos tipos delictivos; no compartimos la asimilación entre el delito sexual y casi el delito de terrorismo, y
prácticamente hacemos también en esa materia una extensión. En este punto quería introducir una valoración sobre la cadena perpetua revisable o el encarcelamiento perpetuo revisable.
Señorías, es como lo de los actos impropios en Estados Unidos.
Es una contradicción en sus propios términos -o es cadena perpetua o es revisable-, una contradicción en sus propios términos que seguramente será muy bien transmitida por los medios de comunicación afines.
En nuestra opinión también es equivocado el desequilibrio que existe entre los delitos de cuello blanco y el resto de los delitos. Sigue habiendo un tratamiento injusto por el cual en nuestras cárceles fundamentalmente hay gente de baja
extracción social y educativa y cada vez hay más personas con mayores problemas mentales. Por tanto, tampoco se soluciona la injusticia de nuestra justicia y la injusticia de nuestro Código Penal.
Por otra parte, extendiendo la libertad vigilada
se alarga también una cadena casi perpetua, y en nuestra opinión el Gobierno renuncia a los principios. Aquí, en este Código Penal, convirtiendo el Código Penal no en una última ratio, sino en una primera ratio informativa, se vulneran los
principios constitucionales, se vulnera el principio de prevención del delito, se vulnera el principio de proporción de las penas, se vulnera también el principio de reinserción de los penados, el principio de restauración y reparación a las
víctimas. En definitiva, señorías, en nuestra opinión, no es un buen Código Penal porque no rectifica, es un Código Penal que continúa siendo el Código Penal del populismo punitivo y que continúa en la deriva del Estado desde el Estado social al
Estado penal.
Termino, señorías. Decía Vázquez Montalbán que el nuevo Estado sería el Estado del Gran Inquisidor, el Código Penal, el Estado también del Gran Hermano, que hoy nos está mirando y que será insaciable en todo caso, y el Estado también del
consumidor miedoso. Ese es el
ciudadano para el que ustedes aprueban este Código Penal, para el consumidor miedoso. Yo quiero creer que el ciudadano en este país es mucho más que un consumidor miedoso. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
Muchas gracias, señor Llamazares.
Tiene la palabra para fijar la posición don Jordi Jané por el Grupo Catalán (Convergència i Unió).
El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señor presidente del Gobierno, señor ministro de Justicia, señorías, Convergència i Unió no ha presentado enmienda a la totalidad al proyecto de ley de reforma del Código Penal. No hemos
presentado, por tanto, un veto inicial. Estamos de acuerdo en que se tramite en esta Cámara y en esta legislatura nuevamente un proyecto de reforma del Código Penal. Damos un punto abierto al diálogo y a la confianza que el propio ministro de
Justicia en su intervención inicial nos ha ofrecido. Por tanto, sí a que se tramite el Código Penal, pero, señor ministro, hoy tampoco estamos en condiciones de garantizar nuestro voto favorable cuando en el Pleno de esta Cámara, al tratarse de un
proyecto de ley orgánica, debamos votar el conjunto del proyecto. Dependerá de cuál haya sido la evolución, los acuerdos que seamos capaces de tejer en ponencia y en Comisión. Vaya por delante la mejor predisposición de nuestro grupo para alcanzar
esos acuerdos. De ahí que de entrada no hayamos presentado enmienda a la totalidad, porque nos parecía que la mejor manera de llegar a coincidir al final en la votación era intentar también en esta fase inicial no presentar enmienda a la totalidad
y empezar a negociar, pero negociar en serio y aspectos concretos. Señor ministro, es necesaria una modificación del Código Penal en esta legislatura. Le voy a trasladar por qué razón desde Convergència i Unió entendemos que lo es. Lo era en la
anterior legislatura. Se presentó un proyecto de ley, que el anterior ministro Juan Fernando López Aguilar trajo a esta Cámara. Ya en esa ocasión nuestro grupo tampoco presentó enmienda a la totalidad porque entendíamos que debía abrirse el
debate, pero, evidentemente, ese debate se abrió tarde, se abrió al final de la legislatura y, por tanto, no teníamos horizonte temporal para culminar esos trabajos. Pero, si se iniciaron en la pasada legislatura, es obvio que no podemos decir
ahora que no sea necesario. Si lo considerábamos necesario en la pasada legislatura, esas mismas razones que avalaron nuestro voto de confianza entonces para reformar el Código Penal siguen vigentes hoy.
Señor ministro, entendemos y compartimos con el Gobierno la solución que se da ante las bandas organizadas. Defienda este Código Penal en lo que tiene de respuesta a tantas y tantas bandas organizadas que actúan en España, porque aquí hay
una normativa penal distinta de la de otros países de nuestro entorno en cuanto a bandas organizadas. Digamos claramente que en este caso ese tipo de delincuencia que en ocasiones, por detenerlos en el vestíbulo de la casa y no en el interior de la
misma, no tenía una respuesta penal adecuada, hoy la va a tener porque ya es un grupo organizado que tiene esa intencionalidad de cometer un delito. Digámoslo, porque esto va a ayudar, entendemos desde Convergència i Unió, a que esa proliferación
de bandas organizadas sea menor porque, aunque sea cierto lo que pueda decir el ministro del Interior, no se lo discutimos, en el sentido de que la delincuencia no avanza, en un ámbito tenemos una sombra, en las bandas organizadas. Por tanto, este
Código Penal va a permitir -esperemos que al final sea así- esta respuesta más contundente hacia los grupos organizados.
Segundo aspecto, multirreincidencia. No coincidimos con algunos portavoces que critican este proyecto diciendo que respondemos a golpe de titular mediático. Nosotros no estamos de acuerdo con esta apreciación. No es cierto que esta Cámara
deba responder a golpe de titular mediático y emprender una reforma de Código Penal, que siempre puede ser discutible reformar el Código Penal porque es la última ratio. No compartimos que sea a golpe de titular mediático, pero sí a golpe de
petición ciudadana, que no es lo mismo. Hay una preocupación social por determinados delitos y hay una creciente sensación de inseguridad ciudadana. Por tanto, quizá son compatibles los dos datos que se nos aportan a esta Cámara esta misma semana:
por un lado, el ministro de Justicia nos presenta hoy una reforma del Código Penal y, por otro, esta misma semana el ministro del Interior, don Alfredo Pérez Rubalcaba, nos presentaba unas cifras positivas en cuanto a delincuencia. ¿Son compatibles
ambas situaciones en la misma semana? Sí lo son, y lo son, señor ministro, porque a pesar de que pueda haber una apreciación de que sobre determinados delitos al final la estadística nos arroja un resultado más positivo -nunca podemos decir
positivo porque mientras exista la delincuencia nunca lo será-, lo cierto es que la ciudadanía aprecia que hay mayor inseguridad. Por tanto, algo nos falla. Si los datos finales son de menor delincuencia pero la ciudadanía nos dice que se siente
más insegura, aquí pasa algo. ¿Qué nos pasa? Se lo ha dicho el Ayuntamiento de Barcelona por unanimidad. Nuestro portavoz en el Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Trias, me insiste una y otra vez: o damos una respuesta distinta a la
multirreincidencia o no podremos apoyar la reforma del Código Penal. Se lo decimos con esta claridad, debemos resolver el tema de la multirreincidencia.
Aprovechando también que está el presidente del Gobierno, daré algunos datos que son elocuentes, que hablan por sí solos. Las últimas cifras que conocemos son del año 2008. Pues bien, en la ciudad de Barcelona, las detenciones por faltas
-estamos hablando de pequeñas faltas, de hurtos que no llegan a los 400 euros- alcanzaron un incremento de casi un 20 por ciento, un 19,7 por ciento. Hay 17 personas -las tenemos contabilizadas- que han sido detenidas por hurto en 437 ocasiones un
mismo año. Algo falla cuando una persona
puede ser detenida 437 veces por pequeños delitos, pequeñas faltas en este caso. ¿Qué es lo que falla? Falla lo siguiente, y es fácil de entender: hay juicio rápido; se ha cometido un pequeño hurto, la pena es de multa, una pena
económica; la cuantía por la que se le está juzgando es menor a 400 euros y, por tanto, el delincuente lo que hace es volver a delinquir para pagar esa multa. Es un círculo vicioso y se va incrementando una y otra vez, porque como debe pagar una
multa a la Administración de Justicia y, como hay juicio rápido, no hemos podido llegar a esa acumulación que había propuesto Convergència i Unió en la reforma del Código Penal de que cuatro faltas fueran un delito, siempre que el conjunto de lo
robado superara los 400 euros. Ya no podemos aplicarlo porque no hay las cuatro faltas ya que han sido juzgadas por juicio rápido. Con lo cual, ¿qué pretendemos? Pretendemos reincorporar una pena que sea de privación de libertad de quince días a
tres meses. Es la antigua pena del arresto. Entendemos que vuelve a ser necesaria esa medida que permitiría, si el juez aprecia multirreincidencia, si la aprecia, poder aplicar en esa ocasión una pena privativa de libertad, porque solamente con
penas de multa no lo vamos a conseguir. Nosotros se lo pedimos. Hagan caso por lo menos al alcalde de Barcelona, que también se lo pide, porque lo pide también a su grupo parlamentario. Lo pide Convergència i Unió, pero lo piden todos. Al final
esto debería trasladarse en una reforma del Código Penal. En Cataluña no entenderíamos que reformando el Código Penal no fuéramos capaces de dar respuesta a 80.000 hurtos en un solo año, es decir, 215 hurtos por día, que son casi diez hurtos por
cada hora del año en la ciudad de Barcelona. Creo que este es un dato elocuente y tenemos la obligación de reaccionar, no por titular mediático, sino por ciudadanía afectada por esta pequeña delincuencia. Por tanto, damos el apoyo a que se tramite
la reforma del Código Penal, pero busquemos una solución. Incluso vamos a ser generosos, señor ministro, no le pedimos que acepte al cien por cien nuestras propuestas, le pedimos que seamos capaces de dar una respuesta efectiva, que busquemos la
mejor fórmula y desde el consenso lleguemos a ese acuerdo. Desde la perspectiva de Convergència i Unió el Gobierno tiene este punto de salida favorable en cuanto a que se tramite la reforma del Código Penal. Esperemos que al final también podamos
hallar ese punto de encuentro en una votación favorable y, por tanto, nos pondremos a negociar a partir de hoy mismo.
Termino ya. Señor presidente, señorías, hay que considerar otros aspectos del Código Penal. Hoy, que precisamente se celebra el aniversario del 11-M, creo que todo Código Penal tiene que pensar también necesariamente en las víctimas, y
hoy, que se celebra un homenaje a las víctimas del 11-M, que recordamos que es el mayor atentado que hemos sufrido en España, es un buen momento para que, al tramitarse la reforma del Código Penal, busquemos enmiendas que también tengan puesta la
vista en la víctima y en su entorno. También se dice que no se reaccione a través del caso concreto. Estamos de acuerdo, porque el Código Penal debe perdurar, pero cuando se tienen casos como el de Marta del Castillo nosotros proponemos desde
Convergència i Unió que sea un agravante el hecho de que la persona detenida y que está en un proceso penal aporte datos falsos sobre la ubicación de una víctima, de un cadáver. Que sea un agravante el ir mintiendo y obligando a hacer un esfuerzo a
los poderes públicos en el sentido de intentar buscar el cadáver de esa víctima en un lugar sobre el cual se ha mentido, es uno de los aspectos, entre muchos otros, que propone Convergència i Unió y que sería necesario acometer en esta reforma del
Código Penal. Esperemos que lleguemos a ese punto de acuerdo final y que esta reforma del Código Penal sirva realmente para lo que todos pretendemos, que tenga un efecto disuasivo que permita que se cometan menos infracciones, menos delitos. Esta
sería la mejor conclusión a la que podríamos llegar si acertamos en nuestro quehacer legislativo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.
Por el Grupo Parlamentario Popular y para fijar la posición tiene la palabra don Federico Trillo-Figueroa.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular no ha presentado enmienda de devolución, de totalidad, ni va a apoyar las enmiendas presentadas en tal sentido. No hemos presentado enmienda de devolución porque, como ha reconocido el señor ministro
de Justicia, nuestro grupo parlamentario es coherente con el pacto alcanzado entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición en julio de 2008 para reformar la justicia, y entre las reformas necesarias están el endurecimiento de
determinadas penas o de penas para determinados delitos en el Código Penal, la garantía de su cumplimiento eficaz y la atención a las víctimas. El proyecto, señorías, cumple, aunque no de forma satisfactoria en su totalidad, pero cumple
suficientemente ese compromiso y, en consecuencia, apoyaremos la tramitación. No apoyaremos consecuentemente las enmiendas de totalidad, pero déjenme decir que tengo que agradecer y compartir algunas de las reflexiones que han hecho SS.SS., que no
en pequeña medida han sido comunes. Es verdad lo que ha dicho el señor Jorquera, que el Código Penal es un último recurso; el señor Olabarría ha dicho algo muy importante y muy sintomático: el Código Penal lleva, señorías, veinticinco
modificaciones en quince años, lamentable; con el señor Ridao comparto mucho menos -hoy ha estado más de izquierda que nacionalista-, pero en cualquier caso sí el principio de intervención mínima; y algo que han señalado todos, señorías, la
altísima tasa de reclusos que contrasta, a juicio de SS.SS. y del ausente ministro del Interior, con lo que el ministro del Interior sostiene que es una decreciente tasa de criminalidad. Habría que hablar aquí, si se me permite, de la paradoja
Rubalcaba. Tenemos menos delitos e ingresan más en prisión. Señorías, mi criticado aprecio por el ministro del Interior en materia antiterrorista no me lleva a darle credibilidad sobre el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía
general y la propia dirección de Administraciones Penitenciarias, sencillamente. No digo que el ministro Rubalcaba mienta, digo que en esta ocasión a nosotros no nos engaña. Memoria de la Fiscalía: en 2005 han crecido los delitos contra la
integridad física el 5,4 por ciento; en 2007, el 11,9; en 2008, el 3,8. Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico: en 2005 han crecido el 2,5; en 2007, el 9,9; en 2008, el 6,65. Asuntos ingresados en los juzgados de lo Penal: en
2005 han crecido el 3 por ciento; el 4,10 en 2006; el 3,42 en 2007, y el 4,8 en 2008. Por tanto, no es verdad, no está decreciendo la criminalidad; no es lo que aprecian los jueces, los tribunales, los fiscales ni modestamente, pero con toda
fortaleza, el Grupo Parlamentario Popular. No es verdad. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué explica la paradoja Rubalcaba, señorías? Pues que tenemos un Código Penal que no funciona; desde hace quince años no funciona. Por eso ha necesitado
veinticinco reformas y ésta. Que tenemos una Ley de Enjuiciamiento, como se ha recordado por no pocos portavoces, que no funciona, es de finales del siglo XIX, y que tenemos una Ley General Penitenciaria cuyo propósito -esto es de un anteproyecto
que hemos manejado para ver si se reformaba y ya dije al ministro del Interior que más vale que no- y objetivo de la reforma es que los reclusos disfruten de mayores beneficios penitenciarios o de relevantes reducciones del tiempo de estancia en
prisión. En definitiva, se trata de que estén mejor y salgan antes.
¿Qué es todo esto, señoras y señores diputados? Yo estoy de acuerdo con el señor Llamazares en la metodología, no en el fondo. Se trata de un mito y decía nada menos que el presidente fundador del PP, don Manuel Fraga, en un escrito
académico, que la política tiene mucho de develadora de mitos.
Y en este caso estamos ante la materialización del mito del buenismo en el derecho penal. El delincuente en este país -lo ha dicho alguno de los intervinientes- es una víctima de la
sociedad. Para algunos jueces de la Asociación Progresista todavía sigue siendo aquel que Marx definía, el delito, como la lucha del individuo aislado contra las condiciones de la clase dominante. El pietismo y el correccionalismo de Concepción
Arenal y Dorado Montero han llevado a una visión penal en la que se produce alguna paradoja más, y es que el Estado trata mejor al condenado que al presunto inocente. (Rumores.) Es más, en la legislación procesal española -lo sabe el señor De la
Rocha que la conoce bien y la sufre- se atiende más al preso que a la víctima, y esto es una realidad. Los presos tienen legislaciones con el objetivo que acabo de leer, y las víctimas no tienen una ley general de protección a las víctimas de los
delitos. Es un hecho, no estoy haciendo imputaciones a nadie, estoy enjuiciando hechos y tratando de desvelar el mito. En el debate del año 1995 -la señora Rudi lo recordaba hace un ratito- tuve oportunidad de decir, en nombre del Grupo
Parlamentario Popular, algo que solo cito porque es en nombre de nuestro grupo que no ha variado de posición. En el famoso Código Belloch el sistema de penas ha sido una de las preocupaciones principales de mi grupo a la hora de devolver el
proyecto llamado De la Quadra, el del año 1992, y esa sigue siendo la principal preocupación de mi grupo a la hora, al menos, de abstenerse en la votación de este proyecto, porque el sistema de penas de este Código, el del año 1995, el vigente, es
complejo, ineficaz, desproporcionado y ni siquiera procura el cumplimiento íntegro de las penas. Por eso nos abstuvimos entonces y por eso seguimos pensando que el Código Penal actual, en su sistema de penas -en su sistema de penas- es
contradictorio, ineficaz y no resuelve el problema de la paradoja Rubalcaba ni del mito del buenismo.
Se establecen penas privativas de libertad cuyo máximo se señala en 20 años y luego se exceptúan, porque las hay de 25 y de 30 años; para las penas cortas se señalan seis meses y luego resulta que no se cumplen, que nadie va a la cárcel;
para la libertad vigilada se señala un máximo de 5 años, pero luego puede llegar hasta 10 años; estamos en la regla y en la contrarregla. En Austria y en Alemania, señor presidente, esto lo va a entender magníficamente para que vea que no es una
cuestión estrictamente personal, hay dos penas: la prisión y la multa. En España, ¿saben cuántas? No crean que hay el doble, cuatro, ni que hay el triple, seis, no, en España hay treinta y una penas distintas en el catálogo de penas del Código
Penal. Claro, así es un código complejo, como dijimos entonces, e ineficaz. ¿Qué pasó? Que el arresto de fin de semana no se podía cumplir, se tuvo que suprimir con nuestra reforma del año 2003.
¿Qué ocurre ahora? Que para el trabajo en
beneficio de la comunidad, como se ha señalado, están pendientes de cumplimiento 80.000 condenados, 80.000, que no se sabe qué hacer con ellos, el Gobierno no sabe qué hacer con ellos, habrá que ayudarle, señor presidente. Ahora estamos en la
localización permanente. ¿Me puede aclarar el ministro cómo se va a vigilar la localización permanente de un individuo en su casa durante seis meses? ¿Se lo vamos a pedir al señor Rubalcaba? El problema es que ustedes, desgraciadamente, en lo
principal están en las tesis de la izquierda decimonónica, en el sostenella y no enmendalla, en el correccionalismo, en el pietismo, en el mito del buen salvaje. Nosotros, sin embargo, en este código apoyamos la libertad vigilada, a la que
pondremos además un sistema de seguimiento -el señor ministro y yo ya lo tenemos hablado-, procedimiento de localización mecánica. Hemos elevado el castigo en los delitos de agresión sexual a menores. El Partido Popular propone que además se
penalice específicamente lo que se llama -perdón por el anglicismo, señor presidente- child grooming, es decir, el acoso o la seducción a través de Internet a los menores de edad. Hemos previsto, como agravante específica, que se utilice a menores
en la comisión de los delitos. Hemos
incorporado más delitos al llamado periodo de seguridad y además proponemos que se regule de manera específica mucho más adecuadamente la reincidencia y la reiteración y los delitos contra la propiedad que, en efecto, como ha señalado
también el señor Jané, han pasado a incrementarse, especialmente en Barcelona, de manera exponencial. De forma que la fiscal superior de Cataluña habla de 80.000 hurtos en la capital catalana, solo en Barcelona, y dice que esas infracciones están
perversamente amparadas por una legislación a la que le faltan armas legales para luchar adecuadamente contra el crimen. No conozco a la fiscal, pero estoy plenamente de acuerdo.
Termino, señor presidente, en efecto, ya me está señalando el tiempo.
Además, señorías, nosotros proponemos la prisión perpetua revisable -y con esto acabo- para el caso de muerte por atentado terrorista; para el caso de muerte por
consecuencia de violación o de agresión sexual; para el caso de magnicidio de jefe de Estado nacional o extranjero; de genocidio y de delito de lesa humanidad. Se ha dicho que ya hay castigos en el código superiores a esa cifra y que hay delitos
que se castigan con 40 años; lo ha dicho, por cierto, alguien que debiera haberse leído el código, ya que es fiscal y portavoz del consejo. No es verdad, es falso.
Está confundiendo a la opinión pública y a ustedes, si no lo han leído.
Los
delitos para los que señala que pueden cumplirse 40 años es cuando hay concurso real, es decir, cuando se ha producido la comisión de distintos delitos y hay que ajustar diversas penas en una misma condena; no confundamos. Se ha dicho que es
inconstitucional. Hay que ponerse al día, señor portavoz -lamento que no esté- del principal grupo que da apoyo al Gobierno, que además es juez. ¿Cómo puede ignorarlo? Claro, que en la política pasa eso, que muchas veces no se dedica uno a lo que
se tiene que dedicar. (Rumores.) Si se dedicara el señor Alonso a seguir la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (Rumores.)...
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE: Señorías, va de buen humor, no se exciten. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio.
Señor Trillo debe ir acabando.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE: Termino, señor presidente.
Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 30 de marzo del año 2000 -señor ministro, a sus asesores también se la voy a pasar ahora cuando terminemos-, del ponente y además catedrático de derecho penal de afección progresista y
socialista, señor Vives Antón, de la pena del ergastólo italiano, reclusión perpetua, absolutamente compatible con la Constitución española. Pleno del Tribunal Constitucional 30 de marzo de 2000. Sentencia de amparo de 2 de noviembre de 2004. La
compatibilidad de la prisión perpetua ¡venezolana! (Rumores.) Lo digo por lo de los tratos inhumanos y degradantes. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE: La ponente doña María Emilia Casas, que no será sospechosa de próxima al Partido Popular, también la considera plenamente constitucional, y quien con ella vota -porque es la sentencia- el 13 de
febrero, don Manuel Aragón, que parece estar llamado a grandes destinos...
El señor PRESIDENTE: Señor Trillo, debe acabar.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE: Sí, acabo ahora mismo. Con esta acabo.
En Albania también el cumplimiento de la reclusión perpetua es compatible con nuestra Constitución. Y recientemente -aun no tengo ni el ponente-, en el caso del Reino de Marruecos. En fin, señorías, la prisión perpetua revisable es
compatible con la Constitución, es la que demanda una inmensa mayoría de la opinión pública; en la encuesta de Walter Kluger, que es muy técnica, el 51 por ciento está a favor de la revisable, el 31 por ciento a favor de la absoluta y, por tanto,
el 82 por ciento a favor de la reclusión perpetua. La conclusión es fácil: el Grupo Parlamentario Popular quiere un sistema de penas, que podemos seguir trabajando juntos, en donde la retribución -que es su finalidad principal para nosotros, en
efecto- signifique ni más ni menos que aquello que recogía Cela en Pascual Duarte, que el que la haga la pague. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE: Con una prevención general que significa que se sepa por todos que el que la hace la paga...(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE: Y una prevención especial que significa que sepan los terroristas, los violadores y los pederastas que causen muerte, que van a tener que arrepentirse cada día de su vida en la cárcel.
Muchas gracias.(Rumores.-Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Trillo-Figueroa.
Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista don Julio Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Señor presidente, señorías, fijo la posición del Grupo Parlamentario Socialista en las enmiendas de totalidad presentadas por los grupos del Bloque Nacionalista Galego, Izquierda Unida-Iniciativa per
Cataluyna Verds, Esquerra Republicana de Catalunya y Partido Nacionalista Vasco. Analizadas con el respeto y la atención que se merecen las enmiendas, nos parece que tienen algunos elementos comunes. Todas ellas contienen ciertos aspectos y datos
con los que el Grupo Parlamentario Socialista puede coincidir. La mayoría reconocen aspectos positivos del proyecto de ley, y parte de las objeciones que se recogen han sido corregidas por el propio Gobierno en el tránsito del anteproyecto al
proyecto. Por lo tanto, quiero decirles a todos los enmendantes que hay margen y posibilidad de entendimiento y voluntad política para mejorar el texto durante la tramitación parlamentaria y hacer que pueda merecer la aprobación global del conjunto
de la Cámara.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista vamos a trabajar con buena fe en esa dirección.
Señorías, el Código Penal es uno de los instrumentos por los que se puede medir la categoría de una sociedad, sus principios, sus valores, la calidad de su democracia, su propia forma de sentir y de vivir. Es cierto que España tiene uno de
los índices de criminalidad más bajos de Europa, y que sin embargo tenemos una de las tasas de población reclusa más alta de la Unión Europea. El sistema punitivo español se ha ido endureciendo y el cumplimiento de penas en España es de los más
largos de toda Europa.
Sin aumentar el índice de delincuencia en poco más de quince años se ha duplicado con creces la población reclusa en España. Esto hace que se haya incrementado el sufrimiento humano por mayores estancias en prisión en
delitos no graves, así como el coste en recursos económicos dedicados a tal fin, sin que esto produzca beneficio alguno ni para los reclusos ni para la sociedad en su conjunto. Este es un desajuste que no dice nada bueno de nuestro sistema punitivo
y que tenemos que corregir. Es cierto que a lo largo de la historia el Código Penal ha tenido un importante componente de instrumento represor, especialmente de la marginalidad y la pobreza, siendo débil con los fuertes y fuerte con los débiles, y
esto no puede permitirlo un país como España. El proyecto de Código Penal tiene importantes rasgos que apuntan en esta última dirección, y que aún pueden mejorarse si conseguimos un amplio consenso para ello. Quizá también sea cierto -alguien
hablaba de ello- que parte de la opinión publicada -a veces no coincidente con la opinión pública- induce a la creación de una sensación subjetiva de inseguridad ciudadana que no se corresponde con la realidad, y que pretende influir en el conjunto
de los poderes del Estado. Ante esta situación debemos actuar con responsabilidad, intentando hacer buena pedagogía y explicando que el Código Penal no es el código moral, sino el código de convivencia con respeto a los principios y valores
constitucionales, por lo que no es decente ni responsable rentabilizar políticamente el derecho penal. Señorías, el Código Penal es la última ratio y no el medio sustantivo para tratar de resolver algunos problemas de los que tenemos en nuestra
sociedad.
Quienes así lo creen están profundamente equivocados.
El proyecto de reforma no supone un paso más de las tendencias de endurecimiento del Código Penal, que culminaron con las reformas del año 2003 del Partido Popular. Dichas reformas son un ejemplo en el fondo y en la forma de lo que no hay
que hacer. Lo dejamos aquí en aras de colaborar y de que exista el mejor clima de consenso posible. Señorías, el proyecto de ley pretende cumplir los compromisos internacionales asumidos por España, y con la armonización y aproximación del derecho
penal en el ámbito de la Unión Europea. Poner a las víctimas de los delitos en el centro de protección del derecho penal, aspecto este que deberá potenciarse en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, y como ejemplos mencionaré el incremento de
protección de los más débiles, de los menores, la regulación de la libertad vigilada, etcétera. También se han aclarado disfunciones en la aplicación del Código Penal vigente que habían puesto sobre la mesa el Tribunal Supremo y el Tribunal
Constitucional, como el juego de la prescripción y el abono de la prisión preventiva; el cumplimiento de algunos de los mandatos del propio Congreso de los Diputados, como la proposición no de ley del mes de junio del año 2008, que nos lleva al
incremento de la penalidad de los delitos sexuales, especialmente de menores, y el denominado periodo de seguridad y la libertad vigilada. (Rumores.)
Señorías, el proyecto de ley contiene aspectos sustanciales como la tipificación de nuevos delitos y la agravación de penas en los delitos sexuales más graves, especialmente en los delitos sexuales contra menores y delitos de terrorismo.
Segundo, incorpora además nuevas consecuencias jurídicas que podrán ser aplicadas a los delincuentes: la libertad vigilada, la privación de la patria potestad. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Por favor, guarden silencio.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: La localización permanente y la ampliación de los trabajos en beneficio de la comunidad. Otro de los objetivos importantes del proyecto de ley es dotar a la Administración de Justicia de instrumentos
eficaces para combatir todas las formas de corrupción. En este sentido se regula por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídica; se tipifica el cohecho entre particulares, y se incrementan las penas para los delitos de
corrupción pública y privada; se reforma la regulación de los delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo; se da y amplía una nueva regulación del decomiso y de los beneficios obtenidos en la comisión de delitos; se incrementan los
plazos de prescripción de los delitos para evitar la impunidad; se regulan las organizaciones y los grupos criminales, y se tipifican el acoso laboral y el acoso inmobiliario, entre otros aspectos.
En otro orden de cosas el proyecto desarrolla medidas que pretenden humanizar un poco más nuestro derecho penal, y facilitar el cumplimento de los mandatos constitucionales de rehabilitación y reinserción del delincuente, medidas que deben
acentuarse especialmente en los delitos menos graves. En este sentido podríamos destacar la nueva posibilidad de sustitución de las penas de tres meses y un día a seis meses por la localización permanente del artículo 88 del Código Penal, pena que
habrá de contribuir a evitar los efectos criminógenos y desocializadores de la prisión. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Por favor, guarden silencio, señorías.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: La nueva regulación del periodo de seguridad, cuyo automatismo para no poder obtener el tercer grado penitenciario se limitará a los delitos sexuales graves y a los de terrorismo. La ampliación de la
regulación de los trabajos en beneficio de la comunidad, que incluirán la participación del penado en programas formativos o de reeducación, laborales, culturales y otros similares. La nueva regulación de los delitos contra la propiedad intelectual
e industrial. Y un mejor tratamiento del conocido como top manta, buscando la proporcionalidad y evitando la criminalización de la pobreza. Señor Olabarría, coincidiremos, porque el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda para
despenalizar, en el sentido de delito, siempre que el daño sea inferior a 400 euros, como ha demandado la mayoría de los colectivos, con buen criterio.
En definitiva, señorías, estamos ante una amplia y ambiciosa reforma del Código Penal, que tiene importantes condicionamientos, derivados de los compromisos internacionales de España, que tienen que ser acogidos necesariamente en nuestra
legislación. También estamos ante una reforma que pretende aumentar la protección y atención a las víctimas de los delitos, haciéndola compatible con nuestros principios constitucionales de reinserción y rehabilitación de las personas que cometen
delitos y con la consideración de que el Código Penal es la última ratio, y no el elemento sustantivo para resolver los problemas de convivencia que pueda tener la sociedad. Desde el Grupo Parlamentario Socialista creemos que tenemos un buen
proyecto de ley, y estamos convencidos de que entre todos los grupos podremos mejorarlo a lo largo de la tramitación parlamentaria.
Para conseguir este objetivo solo hace falta un poco de buena fe, espíritu de consenso y un poco de generosidad para
buscar los aspectos importantes que pueden unirnos a la mayoría, sabiendo que el texto final no podrá satisfacer en su totalidad a ningún grupo parlamentario, y que todos tendremos que aceptar algunas renuncias. Desde el Grupo Parlamentario
Socialista ofrecemos voluntad sincera de diálogo y espíritu de consenso a la totalidad de los grupos parlamentarios para intentar que el resultado final se aproxime mucho al Código Penal que la sociedad española se merece.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Villarrubia.
ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIÓN.)
- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2008, DE 11 DE ENERO. (Número de expediente 121/000033.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, iniciamos las votaciones. Votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley de modificación del texto refundido de la Ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2008, de 11 de enero. Se votan en conjunto todas las enmiendas.
Comienza la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 336.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES.
- ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE KAZAJSTÁN SOBRE EL TRÁNSITO DE EQUIPOS Y PERSONAL MILITARES A TRAVÉS DEL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE KAZAJSTÁN CON MOTIVO DE LA PARTICIPACIÓN DEL REINO DE
ESPAÑA EN LOS ESFUERZOS INTERNACIONALES PARA LA ESTABILIZACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE AFGANISTÁN, HECHO EN MADRID EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2009. (Número de expediente 110/000152.)
El señor PRESIDENTE: A continuación votamos los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores. En primer lugar lo hacemos, por solicitud presentada a la Presidencia, del acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de la República
de Kazajstán sobre el tránsito de equipos y personal militar a través del territorio de la República de Kazajstán, con motivo de la participación del Reino de España en los esfuerzos internacionales para la estabilización y reconstrucción de la
República
Islámica de Afganistán, hecho en Madrid el 28 de septiembre de 2009.
Votamos en primer lugar el dictamen que acabo de leerles.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 328; en contra, ocho.
El señor PRESIDENTE: Queda en consecuencia aprobado.
- ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE BELARÚS SOBRE LAS CONDICIONES DE LA MEJORA DE LA SALUD DE MENORES NACIONALES DE LA REPÚBLICA DE BELARÚS EN EL REINO DE ESPAÑA, HECHO EN MINSK EL 1 DE JUNIO DE
2009. (Número de expediente 110/000150.)
- PROTOCOLO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE BELARÚS POR EL QUE SE INTRODUCEN ENMIENDAS EN EL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE BELARÚS SOBRE LAS CONDICIONES
DE LA MEJORA DE LA SALUD DE MENORES NACIONALES DE LA REPÚBLICA DE BELARÚS EN EL REINO DE ESPAÑA, DE 1 DE JUNIO DE 2009, HECHO EN MINSK EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009. (Número de expediente 110/000151.)
- CONVENIO BÁSICO DE COOPERACIÓN ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE GAMBIA, HECHO EN BANJUL EL 9 DE MARZO DE 2009. (Número de expediente 110/000153.)
- CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA SOBRE PARTICIPACIÓN EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE LOS NACIONALES DE CADA PAÍS RESIDENTES EN EL TERRITORIO DEL OTRO, HECHO EN MADRID EL
15 DE SEPTIEMBRE DE 2009. (Número de expediente 110/000154.)
- CONVENIO SOBRE LA CIBERDELINCUENCIA (CONVENIO NÚMERO 185 DEL CONSEJO DE EUROPA), HECHO EN BUDAPEST EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2001 ASÍ COMO DECLARACIÓN QUE ESPAÑA DESEA FORMULAR. (Número de expediente 110/000155.)
- ACUERDO DE ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE KAZAJSTÁN, HECHO EN ASTANÁ EL 2 DE JULIO DE 2009. (Número de expediente 110/000156.)
- CONVENIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y EL REINO DE ESPAÑA SOBRE INCREMENTO DE LA COOPERACIÓN PARA IMPEDIR Y COMBATIR LA DELINCUENCIA GRAVE, HECHO EN WASHINGTON EL 23 DE JUNIO DE 2009. (Número de expediente 110/000157.)
- ACUERDO DE PRÉSTAMO ENTRE ESPAÑA Y EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, HECHO EN ESTAMBUL EL 5 DE OCTUBRE DE 2009. (Número de expediente 110/000158.)
- ACUERDO DE ESTABILIZACIÓN Y ASOCIACIÓN ENTRE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPÚBLICA DE SERBIA, POR OTRA, HECHO EN LUXEMBURGO EL 29 DE ABRIL DE 2008. (Número de expediente 110/000159.)
El señor PRESIDENTE: ¿Se pueden aprobar el resto de dictámenes por asentimiento de la Cámara? (Asentimiento.)
Quedan aprobados.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN.)
- PROYECTO DE LEY DE REFORMA DEL SISTEMA DE APOYO FINANCIERO A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA ESPAÑOLA. (Número de expediente 121/000050.)
El señor PRESIDENTE: Votamos a continuación la enmienda a la totalidad de devolución del proyecto de ley de reforma del sistema financiero a la internacionalización de la empresa española.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 336; a favor, seis; en contra, 328; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda en consecuencia rechazada la enmienda de devolución.
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL. (Número de expediente 121/000052.)
El señor PRESIDENTE: Votamos a continuación las enmiendas de devolución al proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 13; en contra, 323.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia quedan rechazadas.
- DECLARACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO COMO DÍA EN RECUERDO Y HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO. (Número de expediente 140/000023.)
El señor PRESIDENTE: Por último, señorías, hoy se cumplen, como saben, seis años del atentado que segó la vida a 192 personas. A fin de que su recuerdo y el de todas las víctimas del terrorismo se perpetúe en la memoria colectiva de los
españoles, la Presidencia de la Cámara propuso a la Junta de Portavoces, que unánimemente aceptó, solicitar al Pleno de la Cámara que éste declare el 27 de junio de cada año como el día de recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo. A este
fin y a partir de este año, si quedase aprobado por el Pleno, se celebraría sesión solemne el día 27 de junio de cada año, por las razones que más tarde se explicarían. ¿Aprueba el Pleno esta posición de la Presidencia, ratificada por la Junta de
Portavoces? (Asentimiento.)
Entiendo que se aprueba por asentimiento.
Invito a SS.SS. a que puedan participar en el acto que a las 12:30 tendrá lugar en este mismo hemiciclo. Muchas gracias.
Se levanta la sesión.
Eran las doce y quince minutos del mediodía.