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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 139, de 16/02/2010
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2010 IX Legislatura Núm. 139
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 130
celebrada el martes, 16 de febrero de 2010
ORDEN DEL DÍA:
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página 4)
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de transferencia de las competencias de gestión del aeropuerto de Barcelona a la Generalitat de Catalunya. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 38-1, de 11 de abril de
2008. (Número de expediente 122/000020.) ... (Página 5)
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la creación de un impuesto sobre las operaciones de cambio de divisas, billetes de banco y monedas.
'BOCG. Congreso de los Diputados',
serie B, número 78-1, de 23 de abril de 2008. (Número de expediente 122/000065.) ... (Página 13)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de celebración de un pleno monográfico relativo al incremento de la tributación por el impuesto sobre el valor añadido.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 333, de 9 de febrero de 2010. (Número de expediente 162/000586.) ... (Página 21)
- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a la protección de las familias numerosas. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 333, de 9 de febrero de 2010. (Número de expediente 162/000571.) ...
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la afectación del plan de austeridad en las inversiones del Grupo Fomento.
(Número de expediente 173/000114.) ... (Página 33)
- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre disposición del Gobierno a instar al fiscal general del Estado a que dicte instrucciones en donde consten criterios homogéneos y únicos para determinación de la edad para todas las fiscalías.
(Número de expediente 173/000115.).... (Página 38)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre si las medidas contempladas en el programa de Estabilidad del Reino de España 2009-2013, remitido al Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, permitirán
restaurar la confianza y volver a crear empleo en la economía española. (Número de expediente 173/000116.) ... (Página 42)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Votación.) ... (Página 48)
Proposiciones no de Ley. (Votación.) ... (Página 48)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 48)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página 4)
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 5)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de transferencia de las competencias de gestión del aeropuerto de Barcelona a la Generalitat de Catalunya ... (Página 5)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Macias i Arau, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Beloki Guerra, del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Ayala Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Vallès Vives, del Grupo Parlamentario Socialista.
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la creación de un impuesto sobre las operaciones de cambio de divisas, billetes de banco y monedas ... (Página
13)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió); los señores García-Legaz Ponce, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Lasarte Iribarren, del Grupo Parlamentario Socialista.
Interviene el señor Llamazares Trigo, para una aclaración.
Proposiciones no de ley ... (Página 21)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de celebración de un pleno monográfico relativo al incremento de la tributación por el impuesto sobre el valor añadido ... (Página 21)
Defiende la proposición no de ley el señor Sánchez i Llibre, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Montoro Romero, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso; Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto y Mas i Estela, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Sánchez i Llibre.
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a la protección de las familias numerosas ... (Página 26)
Defiende la proposición no de ley el señor Olabarría Muñoz, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En defensa de la enmienda presentada interviene la señora Guaita Vañó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Campuzano i Canadés,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora García Valls, del Grupo Parlamentario Socialista.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada interviene el señor Olabarría Muñoz.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 33)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la afectación del Plan de austeridad en las inversiones del Grupo Fomento ... (Página 33)
Defiende la moción el señor Macias i Arau, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Santa Ana Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; los señores Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds; Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto y Simancas Simancas, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre disposición del Gobierno a instar al fiscal general del Estado a que dicte instrucciones en donde consten criterios homogéneos y únicos para determinación de la edad para todas las fiscalías....
(Página 38)
Defiende la moción el señor Olabarría Muñoz, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Ferrer Roselló, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Seco
Revilla, del Grupo Parlamentario Socialista.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada interviene el señor Olabarría Muñoz.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre si las medidas contempladas en el programa de Estabilidad del Reino de España 2009-2013, remitido al Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, permitirán restaurar
la confianza y volver a crear empleo en la economía española ... (Página 42)
Defiende la moción el señor Aguirre Rodríguez, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Fernández Marugán, del Grupo Parlamentario
Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto y Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página 48)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de transferencia de las competencias de gestión del aeropuerto de Barcelona a la Generalitat de Catalunya, se
rechaza por 25 votos a favor y 317 en contra.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la creación de un impuesto sobre las operaciones de cambio de
divisas, billetes de banco y monedas, se rechaza por 15 votos a favor y 326 en contra.
Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página 48)
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de celebración de un pleno monográfico relativo al incremento de la tributación por el impuesto sobre el valor añadido, se rechaza por 164
votos a favor, 174 en contra y cuatro abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a la protección de las familias numerosas, se aprueba por 194 votos a favor, cuatro en contra y 144 abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 48)
Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la afectación del Plan de austeridad en las inversiones del Grupo Fomento, se aprueba por 342 votos a favor.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre disposición del Gobierno a instar al fiscal general del Estado a que dicte instrucciones en donde consten criterios homogéneos y únicos para determinación de la
edad para todas las fiscalías, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se aprueba por 339 votos a favor y dos abstenciones.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre si las medidas contempladas en el programa de Estabilidad del Reino de España 2009-2013, remitido al Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la Unión
Europea permitirán restaurar la confianza y volver a crear empleo en la economía española, se rechaza por 151 votos a favor, 188 en contra y tres abstenciones.
Se suspende la sesión a las nueve y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Señorías, vamos a proceder al acto de juramento o promesa de acatamiento a la Constitución. En sustitución
de don Cándido Reguera Díaz pregunto a don José María Ponce Anguita si jura o promete acatar la Constitución.
El señor PONCE ANGUITA: Juro acatar la Constitución. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Ha adquirido la condición plena de diputado. Bienvenido, señor Ponce.
Señorías, se encuentra en la tribuna presidencial una delegación del Parlamento de Eslovaquia, presidida por el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, a quien damos la bienvenida y deseamos feliz estancia en España. (Aplausos.)
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE TRANSFERENCIA DE LAS COMPETENCIAS DE GESTIÓN DEL AEROPUERTO DE BARCELONA A LA GENERALITAT DE CATALUNYA. (Número de expediente 122/000020.)
El señor PRESIDENTE: Primer punto del orden del día, proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) de transferencia de las competencias de gestión del aeropuerto de Barcelona a la Generalitat de Cataluña. Tiene
la palabra para la defensa de la proposición el señor Macias.
El señor MACIAS I ARAU: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, la proposición de ley que presenta el Grupo de Convergència i Unió sin duda no representa ninguna novedad para muchos de ustedes. Es una proposición de ley que ha sido defendida en los mismos o parecidos
términos por otros compañeros míos en esta tribuna, y también ha sido defendida en la Cámara Alta. Ha sido defendida también desde las instituciones catalanas, donde se ha conseguido un amplio consenso por parte prácticamente de todas las fuerzas
políticas, y recoge aquellas ideas que en su día llevaron a la sociedad civil catalana a movilizarse en favor de la plena asunción de competencias en materia aeroportuaria.
Es una proposición de ley por tanto reiterativa, una proposición de ley
sobre la que un diputado de los grupos que dan apoyo a la mayoría me comentaba: oye, y ¿por qué ahora? ¿No crees que ahora no toca -dicho en versión pujolista-? Por ello me va a permitir este ilustre diputado -por cierto, catalán- que argumente a
fondo el porqué de esta proposición de ley para intentar convencer a SS.SS., pero que argumente también los motivos por los que hoy y ahora sí toca plantear esta cuestión, y que la asunción de esta proposición de ley por parte de la Cámara a mi
entender sería francamente positivo para el aeropuerto de Barcelona, pero también para el conjunto de la red aeroportuaria estatal.
Señoras y señores diputados, en estos momentos nos encontramos ante la constatación empírica de que el sistema de navegación aérea y de gestión aeroportuaria español está haciendo aguas por todas partes. El último Pleno sustanció dos
proyectos de ley enviados por el Gobierno en distintas modalidades, pero no proyectos de ley de aquellos que tienen como objetivo mirar al futuro, plantear aspectos novedosos y hacer frente a los retos que tenemos, sino simplemente para tapar
agujeros, para tapar las crecientes fugas de un sistema que cada día funciona menos. Esta mañana en la misma Comisión de Fomento hemos asistido a la presencia de una nutrida representación institucional, siete alcaldes y alcaldesas de distintas
fuerzas políticas, todos ellos con un común denominador: una profunda queja en relación a la actuación del organismo AENA. Estábamos hablando de navegación aérea, no de gestión aeroportuaria, aunque en cierta medida también podría interpretarse
que hablábamos de gestión aeroportuaria. AENA -en aquello que nadie discute, que desde el nacionalismo catalán no discutimos, que es su competencia en navegación aérea- en estos momentos está, por desgracia, haciendo aguas también.
El jueves pasado oíamos al señor ministro su defensa de una ley muy controvertida, que tiene como objetivo conseguir la reducción de las tasas de navegación aérea, tasas que son las más elevadas de Europa, como consecuencia no tanto de un
colectivo que se ha intentado convertir en el súmmum de la perversidad, sino porque desde hace unos cuantos años desde el organismo AENA y desde los sucesivos ministerios de Fomento no se le ha dado las respuestas oportunas. También con ocasión de
la discusión de los Presupuestos Generales del Estado comprobábamos con gran preocupación cómo aquello que antes había sido la joya de la Corona, AENA, es hoy día una compañía cada vez más endeudada, endeudada a causa de las inversiones. En algunas
circunstancias alguien habla de sobreinversiones, y este no es el tema de hoy, pero sí es cierto que AENA además de tener una cuenta de resultados negativa por las elevadas inversiones que ha ejecutado, está sometida a un déficit cada vez más fuerte
por las deficiencias estructurales que conlleva.
Este modelo que tanto se ha sacralizado, que la ministra anterior y el propio ministro en sus primeros meses venían aquí a defendernos, a decirnos que cómo osábamos cuestionar el buen hacer de esta empresa aeroportuaria, si era aquello que
en todo el mundo se deseaba y que se ponía como ejemplo, hoy cada vez menos se puede poner como ejemplo este modelo de gestión aeroportuaria. España, señoras y señores diputados, es el único país desarrollado del mundo en el que se gestionan los
aeropuertos bajo este modelo terriblemente centralizado. Es el único país del mundo donde no hay lugar para que intervengan en la gestión ni los ayuntamientos, ni las comunidades autónomas, ni la
sociedad civil, ni las corporaciones de derecho público, ni los sindicatos, ni los empresarios, ni los ciudadanos; nadie puede intervenir en esta especie de búnker funcionarial que es AENA. Y por tanto hay que proceder de una vez por todas
a aproximarse a modelos, como han hecho la mayoría de países, en los que algunos ponen más énfasis en la participación del sector privado y otros no. Nosotros no somos beligerantes en este sentido, no creemos que la solución sea la mera
privatización. La solución es el acercamiento de la gestión a los ciudadanos y hoy día, como todas sus señorías conocen perfectamente, un aeropuerto no es solamente una estación, un apeadero de aeronaves, es un gran prestador de servicios
económicos y un gran dinamizador de la economía. Barajas significa en estos momentos el 9,5 por ciento del PIB regional de Madrid; El Prat significa cerca del 4,5 por ciento del PIB de Cataluña. Es decir son elementos de una gran potencia desde
el punto de vista de la dinamización de las economías, y parece que tendría una gran lógica hacer lo que han hecho en tantos otros países parecidos, por ejemplo los países europeos: dejar participar a todos los representantes de estas
sensibilidades económicas. Lógicamente, en primer lugar, las autoridades autonómicas y locales.
Esto es lo que nosotros planteamos. Lo hacemos en estos momentos, señoras y señores diputados, porque el modelo hace aguas; y veremos más episodios. Ya les aviso, señorías: vamos a asistir desde esta tribuna a muchos debates en relación
con el modelo aeroportuario, vamos a tener que ejecutar operaciones de salvamento de AENA, vamos a ver cómo van a continuar los conflictos con los vecinos, los conflictos con los distintos colectivos de trabajadores, los conflictos con las compañías
aeronáuticas, los conflictos con el sector turístico, los conflictos con las tasas de navegación. ¡No funciona, señoras y señores diputados! Se nos ha estado engañando diciendo que AENA era, repito, aquello que mejor podíamos tener para hacer
funcionar nuestro sistema aeroportuario. Por tanto nosotros creemos que ha llegado el momento de proceder al diseño de un nuevo modelo.
El actual ministro, señor Blanco, en sus primeras comparecencias, una de las primeras cosas que hizo desde esta tribuna fue un diagnóstico -lógicamente con palabras de un miembro del Gobierno que ha de tener, supongo, una solidaridad con sus
compañeros, incluso con sus antecesores o antecesoras, y por tanto su lenguaje quizá no era claro, meridianamente claro como puede ser el mío-, y decía que había que proceder a reformar el modelo aeroportuario, y nos presentó un esquema de modelo
aeroportuario. La verdad, señoras y señores diputados, es que este modelo que presentó el señor ministro satisfizo de forma notable al primer partido de la oposición. El señor Ayala se manifestó en la propia Comisión claramente a favor de este
modelo. Las cosas son como son y nosotros tomamos buena nota, pero el mismo, digamos, buen recibimiento que tuvo este nuevo modelo por parte del Partido Popular lo tuvo pésimo por parte del conjunto de fuerzas políticas representadas en el
Parlamento de Cataluña, con la excepción del Partido Popular. El propio Partido Socialista en Cataluña se pronunció, el propio president de la Generalitat lo calificó en términos -en fin, el señor Montilla siempre es una persona muy discreta, pero
conociendo el lenguaje del presidente de la Generalitat- francamente muy duros, como un modelo, una propuesta que causaba profunda decepción. El resto de fuerzas políticas, la sociedad civil catalana igualmente habló de este modelo como un modelo
que causaba una profunda decepción en relación a sus expectativas. Por eso nosotros presentamos como nuestra aportación a este debate -que según el calendario del señor ministro, que suponemos vigente, debe acabar en el mes de junio con la
presentación del proyecto de ley que venga a someter a debate de esta Cámara el nuevo modelo aeroportuario- la alternativa de Convergència i Unió, y lo que creo que podría ser un acercamiento a un modelo óptimo, en línea con lo que están haciendo
los países y los aeropuertos que mejor funcionan en el continente europeo.
Querría decirles, señoras y señores diputados, que además tenemos una preocupación adicional. Parece que en los meses de diciembre y enero en algunos aeropuertos, especialmente en el de Barajas y en otros de forma un tanto tímida, se han
empezado a remontar algo los vuelos; las estadísticas empiezan a no continuar decreciendo, no en todos, pero sí en algunos, y vemos que este modelo de AENA y su gestión está llevando a que el aeropuerto en el que AENA tiene puestos todos sus mimos,
todo su cuidado, todos sus objetivos, que es el aeropuerto de Barajas, esté creciendo a un ritmo francamente positivo y debo decir, señoras y señores, que nos alegramos. Convergència i Unió se alegra de que Barajas levante el vuelo; sin embargo no
sucede así con el resto de aeropuertos, empezando por el de Barcelona, donde, a pesar de un pequeño repunte, se siguen perdiendo vuelos. Además, señoras y señores diputados, están ocurriendo acontecimientos muy graves. Les voy a relatar uno que ha
sucedido y que tiene como protagonista un invento, el modelo aeroportuario que el señor Blanco prevé establecer en todos los aeropuertos y que en Cataluña ya existe, por el propio empuje de las instituciones catalanas, que es el llamado Comité de
nuevas rutas aéreas.
Este comité trabaja para abrir nuevas rutas aéreas, y gracias a él hace dos años una compañía aérea procedente del Medio Oriente estableció dos vuelos semanales con un jumbo de carga entre Medio Oriente y el aeropuerto de
Barcelona, con la voluntad de que, además de estos vuelos, se pudieran abrir vuelos destinados al tráfico de pasajeros. Al cabo de dos años, cuando los contactos entre este comité y esta compañía se quisieron reanudar, AENA dijo a sus socios, a la
Generalitat y a la Cámara de Comercio: no os preocupéis por esta compañía, dejadla de mi mano. ¿Saben ustedes qué ha pasado con esta compañía que la Generalitat y la Cámara de Comercio dejaron en las manos de AENA? Pues que estos dos vuelos de
carga no se hacen desde el
aeropuerto de Barcelona, sino desde el de Zaragoza, lo cual lógicamente me parece bien desde el punto de vista de Zaragoza, y que los vuelos de pasajeros diarios que va a abrir esta compañía esta primavera los va a hacer desde el aeropuerto
de Barajas. La deslealtad de AENA con este comité es espectacular, y es una muestra de que este modelo no sirve. Por tanto, a la luz de cómo están funcionando las cosas, a la luz de la deslealtad profunda de AENA en relación con el Comité de rutas
aéreas del aeropuerto de Barcelona, a la luz de las crisis del sistema de control de navegación aérea, y a la luz de las crisis judiciales provocadas por los conflictos con Barajas y con El Prat, Convergència i Unió cree que ha llegado el momento de
tener un buen modelo aeroportuario, que, señoras y señores diputados, les confieso que, como tantas cosas, puede ser el que tienen casi todos nuestros vecinos, y a veces mirar lo que hacen los vecinos, intentar adecuarlo a nosotros y avanzar en este
sentido suele ser una cosa de sentido común, y el sentido común suele llevar aparejada la eficacia de los sistemas.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.
Para fijar la posición de los grupos, en primer lugar por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.
Como voy a ser muy breve, intervengo desde el escaño para expresar el apoyo del Bloque Nacionalista Galego a la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). El BNG en distintas ocasiones en esta Cámara, también
en forma de iniciativas parlamentarias propias, ha planteado la necesidad de avanzar de cara a un modelo de gestión aeroportuaria total y absolutamente descentralizado, como por cierto -ya lo ha mencionado el señor Macias- es el modelo más
generalizado en los Estados de nuestro entorno. Consideramos que infraestructuras como los aeropuertos, que tienen una clara imbricación en los territorios en los que están insertados, que tienen una extraordinaria importancia en su desarrollo
socioeconómico, deben ser gestionados de manera descentralizada. Hay que romper con los perjuicios evidentes que para Galicia y para otras comunidades tiene un modelo aeroportuario que establece un sistema radial y unipolar, altamente dependiente
de un centro, y ese centro es Madrid. Y en el caso gallego para nosotros es fundamental que Galicia asuma competencias de gestión en sus aeropuertos, para favorecer la complementariedad entre los tres aeropuertos actualmente existentes, y de esa
manera contribuir a que sean más competitivos.
Este es un tema sobre el que hemos manifestado nuestra posición en reiteradas ocasiones. Queremos manifestar simplemente que la iniciativa de Convergència i Unió es enormemente pertinente, dado que el Ministerio de Fomento acaba de anunciar
cuáles son las líneas generales del nuevo modelo al que quiere tender, que desde nuestro punto de vista son claramente decepcionantes. El modelo anunciado por el ministerio parece más pensado para privatizar parcialmente los aeropuertos que
realmente para avanzar en un nuevo modelo de gestión más descentralizado. Hay que tener en cuenta que en este modelo se contempla que la nueva sociedad AENA aeropuertos, aunque se constituyan sociedades filiales encargadas de la gestión de los
aeropuertos en aquellos aeropuertos de especial complejidad, tendría el cien por cien del capital de estas entidades filiales; contempla en cuanto a la gestión de estos aeropuertos unas cuotas de participación que en absoluto contribuyen a que las
instituciones autonómicas, locales y los agentes sociales del territorio en el que estos aeropuertos están imbricados tengan una posición determinante. Pero además, tal y como está enunciado este modelo en sus líneas generales, estas sociedades
filiales tan solo se implementarían en aquellos aeropuertos de gran volumen de tráfico y de especial complejidad, excluyendo al resto de los aeropuertos actualmente integrados en la red de AENA, para los cuales tan solo se contempla como mecanismo
de participación autonómica un comité aeroportuario y un comité de rutas aéreas, con todos los problemas y todos los defectos que el señor Macias acaba de referir.
Nosotros consideramos que el Parlamento ha de tener también capacidad legislativa propia; entendemos que esta iniciativa responde a una demanda unánime de la sociedad catalana; avanza en la definición de un modelo con el cual el Bloque
Nacionalista Galego está total y absolutamente de acuerdo, y por tanto manifestamos nuestro total y absoluto apoyo.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.
Por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra don Joan Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
Señor Macias, vamos a votar a favor de su proposición de ley. Sé que no le sorprendo, pero entiendo que el momento lo requiere. De hecho estos días releía una publicación: Buena práctica sobre gestión aeroportuaria en Europa, publicado
por la Fundació Catalunya Oberta -a algunos compañeros del Partido Socialista les sonará-, de Germà Bel y Xavier Fageda. En ella se exponen diferentes experiencias, como la de los aeropuertos de Toulouse o Munich, y en ella se explica que lo
anómalo no es ni Toulouse ni Munich, lo anómalo es el modelo español. De hecho, el que fuera diputado socialista, Germà Bel, lo ha dicho de forma insistente y lo hemos reiterado muchos. Creemos que este Gobierno y este Parlamento deberían visitar
diferentes experiencias
aeroportuarias -yo lo planteé en el mes de junio y aún esperamos para poder hacerlo- para constatar que lo insólito y lo excepcional es lo de aquí.
Hoy tendríamos que estar hablando de un nuevo modelo de gestión aeroportuaria, y creo que el debate en torno a los aeropuertos y a sus ineficiencias demuestra que AENA ha podido funcionar precisamente por un modelo opaco, por un modelo
centralizado, que ha permitido no solo los grandes sueldos de los controladores, sino incluso las grandes remuneraciones de los directivos de AENA. La ineficiencia de la que habla el ministro es posible por ese modelo opaco y centralizado, por un
modelo que no es nada eficiente, por un modelo que tiene el monopolio, y que además ahora quieren privatizar parcialmente. En el Congreso ustedes se comprometieron a que hubiese participación determinante de las administraciones catalanas en el
caso de El Prat, ¿lo recuerdan? Lo que tenían que hacer era presentar un modelo que nos acercase a modelos existentes en el resto de Europa y en el resto del mundo, con una gestión más cercana y más eficaz en tarifas, en inversiones, en política
comercial o en relación con las compañías aéreas. Ustedes saben que el peso de los aeropuertos en el PIB es importante: el 10 por ciento en la Comunidad Autónoma de Madrid el aeropuerto de Barajas, y el 6,2 por ciento el aeropuerto de El Prat para
Cataluña. La pregunta es: existiendo estas realidades, ¿cómo se tienen que administrar, desde el centralismo o desde la proximidad, desde el monopolio o desde un modelo más eficaz? Nosotros lo tenemos claro. Hoy necesitamos de un gestor en cada
aeropuerto, para que se tenga capacidad de definir la misión de la infraestructura, pero con lo que nos encontramos en España es con un único gestor central que define una misión de cada uno de los aeropuertos, define los objetivos que debe
perseguir esa gestión. Esta situación es radicalmente distinta a lo que pasa en Italia, Alemania o Francia. En todos los casos que he expuesto cuentan con el liderazgo de la administración territorial, no así en España. Eso lo que nos lleva es a
un modelo mucho más ineficiente.
Pese a todo ello, lo que AENA propone y lo que el ministro Blanco ha propuesto es un papel marginal, marginal para comunidades autónomas, marginal para entes locales, y marginal desde el punto de vista del liderazgo de la proximidad. El
problema de fondo es que se perpetúa un modelo claramente ineficaz. No hace falta recordar que en 2008 AENA era el gestor aeroportuario -escuchen bien- con mayores pérdidas operativas, según un ranking -ya lo hemos explicado en la comparecencia del
ministro Blanco- editado por la revista Airlines Business. Hoy escucharemos, como en los últimos días, la necesidad de adecuar los costes de personal.
Quizá el señor De la Encina -supongo que intervendrá él- hablará de los controladores aéreos,
pero se olvidará seguramente de los elevados costes de los altos directivos de AENA, y por descontado no hablará del handling depauperado de los aeropuertos españoles.
El modelo que tenemos es un modelo que no se aguanta o, dicho de otra manera, que se soporta con una estructura anquilosada, la de AENA, y con unos costes extraordinarios, pero obviamente desde la lejanía de la proximidad. Creemos que lo
que tendríamos que hacer es cambiar de tercio, sinceramente. Lo que se tendría que hacer en este país es un modelo racional, pero lo que se ha hecho es algo insólito. Basándose en el criterio de la proximidad, lo que se ha hecho es iniciar la
privatización de un monopolio. El peor de los escenarios posibles. Ya no es que avancemos claramente hacia la gestión de la proximidad, sino que mantenemos el monopolio, pero iniciando el proceso de privatización, de momento parcial, quizá otros
acaben el trabajo, pero lo que hacemos es un mal favor a los usuarios porque lo peor que puede pasar es que ese modelo de gestión aeroportuaria acabe siendo un modelo monopolístico, y además en manos privadas. Es verdad que se ha hecho con más mano
izquierda que lo que se había hecho hasta el momento, con más mano izquierda -si lo prefieren- que la ministra Magdalena Álvarez, pero el resultado es, al fin y al cabo, bastante humo y por supuesto un modelo profundamente ineficaz.
¿Qué planteamos desde Iniciativa, que creo que comparten los compañeros de Izquierda Unida y de Esquerra Republicana? Un modelo hecho desde la proximidad, como en el resto de Europa, en el que se puedan decidir tarifas, inversiones,
política comercial, especialmente en relación con las compañías. Lo que nos propone el Gobierno es un modelo que se orienta hacia un monopolio consolidado, y en el que se inicia esa privatización.
Nosotros vamos a expresar hoy nuestro voto
positivo porque la propuesta se ubica en el sentido común, simple y llanamente. Lo que nos hemos encontrado hasta el momento son propuestas que añaden un poquito más de participación, de hablar, pero sin poder liderar desde comunidades autónomas,
desde ayuntamientos y sin crear sinergias positivas con los sectores económicos que se ubican en los aeropuertos.
¿Cuáles son las auténticas motivaciones por las que el Gobierno ha planteado un cambio de modelo? Seamos francos, por los problemas que el Gobierno tiene de liquidez, de cash. Necesitan una privatización parcial para conseguir dinero y ese
es el motivo real por el que se ha traído una propuesta en la que destaca esa privatización parcial de AENA que, dicho sea de paso, va acompañada de otras privatizaciones. La semana pasada el señor Llamazares destacaba la privatización en las
torres de control, cuestión que puede acabar afectando a la seguridad y que a nuestro grupo parlamentario también le preocupa. Al final del camino nos podemos encontrar con un nuevo monstruo monopolístico como siempre, pero en este caso
mayoritariamente privado. ¡Qué mal negocio habremos hecho! Un negocio, eso sí, redondo para unos pocos, pero un pésimo negocio sobre todo para los usuarios y para las potencialidades económicas que pueden tener los aeropuertos en determinadas
zonas, en determinadas comunidades y en determinadas regiones.
Hoy la socialdemocracia europea hace otras cosas. Les voy a poner un ejemplo. Se lo ponía el ministro Blanco en su comparecencia. En Viena -escuchen bien- la socialdemocracia austriaca ha avanzado hacia un modelo de gestión individual y
se ha permitido que los trabajadores participen en el modelo de gestión del citado aeropuerto. Podríamos hablar de otros modelos como el de Múnich, el modelo francés y podríamos poner diferentes caminos por los que transitar, pero, en cambio,
ustedes han escogido -sinceramente se lo digo- el peor de los caminos posibles.
Acabo ya, señor presidente. Claude Terrazzoni, presidente de la Unión de Aeropuertos Franceses, afirmaba que España va en dirección contraria al resto de países en la descentralización de la gestión. España, decía, es un caso particular.
Solo hay dos países en Europa con gestión totalmente centralizada, España y Portugal, y parcialmente los países escandinavos.
La pregunta es: ¿Qué quieren ser ustedes de mayores? ¿Como la socialdemocracia austriaca? ¿O quieren ser Santiago y
cierra España en versión aeroportuaria con modelo ineficaz y sin liderazgo de las comunidades autónomas incluida la Comunidad de Murcia?
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrera.
Por el Grupo Vasco (PNV) tiene la palabra don José Ramón Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, numerosas y hasta casi habría que decir que incontables han sido las veces en las que diversos grupos parlamentarios -y en esto hay que reconocer a cada cual lo suyo, habría que destacar a quien hoy nos presenta y defiende la toma
en consideración de la proposición de ley que ahora debatimos, Convergència i Unió, así como también en otras ocasiones a Esquerra Republicana-Iniciativa per Catalunya que han insistido en este campo, haciéndose unos y otros, por cierto, eco de una
voluntad social explicitada con toda claridad en la sociedad catalana- han traído diferentes iniciativas a este hemiciclo cuyo denominador común sería el de plantear una modificación a fondo del sistema aeroportuario español en general y el que en
el marco de esta modificación se proceda a lo que también pretende la proposición de ley que hoy nos presentan: la transferencia de las competencias de gestión del aeropuerto de Barcelona a la Generalitat. Numerosas, incontables veces, repito,
hemos debatido este tema y hemos podido fijar las posiciones de cada grupo al respecto.
La posición de mi grupo, que reiteraré hoy nuevamente, ha sido y es la siguiente: apoyar la toma en consideración de estos planteamientos; en concreto, apoyar que Cataluña empiece a participar como le corresponde -como sería mucho más
eficaz y útil- en la gestión aeroportuaria, y entender y anunciar que estamos ante un requerimiento que no solo corresponde y existe en y para Cataluña, sino que antes o después deberá plantearse también con la misma firmeza y la misma seriedad para
otros territorios. En nuestro caso, por ejemplo, para el País Vasco tanto en virtud de las disposiciones constitucionales y estatutarias existentes como, no menos, de una voluntad indisimulada y explicitada en dichos territorios en la misma
dirección. Dicho esto está todo dicho. ¿Es innecesaria esta proposición de ley, es inoportuna? A juicio de mi grupo, es especialmente oportuna. ¿Por qué? Básicamente por una doble razón, complementaria la una de la otra: en primer lugar,
porque si hasta ahora no estaba claro para todo el mundo, al parecer, por lo menos se negaba por parte de determinadas fuerzas políticas; ahora, determinados hechos y debates de los últimos días nos han mostrado y nos han demostrado con claridad
cegadora que el sistema aeroportuario español, todo el, está realmente necesitado de una ITV a fondo. Hay que revisarlo a fondo. Una ITV, una revisión que, diga lo que diga el señor ministro sobre una supuesta mejora continua con la que al parecer
habrían venido funcionando el ministerio y AENA, lo cierto es que no estaba habiendo ninguna ITV, ninguna mejora continua; al contrario, los problemas se iban acumulando, se iban complicando, enrevesando hasta lo que acabamos de ver estos días en
diversos campos.
Todos hemos sido testigos de la defensa acérrima, eso sí, siempre en nombre de un supuesto interés general, que desde el Gobierno de turno se ha venido haciendo de todo cuanto se hacía desde el ministerio y sus aledaños, de todo. Y aledaño
del ministerio es, a estos efectos, AENA.
Era igual que se tratara de modificados, por ejemplo, de la ampliación de la T-4, del servicio de los controladores aéreos o de las afecciones que una determinada pista iba a tener sobre las poblaciones
preexistentes.
Todo iba perfecto. Hoy ya es evidente -espero que para todo el mundo- que aquellas defensas acérrimas de ayer del modelo aeroportuario supuestamente ejemplar eran pura y simplemente el ropaje literario político con el que intentaban
cubrir la desnudez de un sistema y de su gestión. Insisto, y de esto cabe multiplicar ejemplos. Cabría hablar, por ejemplo, del PEIT, que hoy no defiende ni el propio ministro; cabría hablar de numerosas decisiones de planificación, de antes y de
ahora, que se han tomado de la forma más arbitraria del mundo, partidista y al albur de coyunturas electorales. Si hacen falta ejemplos, sobran ejemplos, que seguro puede aportar cualquiera de los diputados o diputadas aquí presentes.
No es necesario insistir en todo eso si al final todos hemos caído en la cuenta de que el sistema estaba y está desnudo. La oportunidad de la iniciativa política de CiU reside en que en un momento político como este vuelve a plantear la
necesidad de entrar a debatir el tema en serio. Lo vuelve a hacer en un campo en el que, al parecer, el propio Gobierno ha anunciado finalmente,
por boca del señor ministro, la decisión de hacer algo en el campo de la redefinición, de la reingeniería, si quieren ustedes, del propio sistema.
Al parecer, vamos a dejar de ser la excepción modélica que era intocable, con la que hemos
venido funcionando y con la que los ministros y ministras, unos tras otras, han ido defendiendo a pies juntillas.
Si cuando menos nos creemos al ministro señor Blanco y lo que anunció en sede parlamentaria en fechas recientes -creo que fue el pasado día 12 de enero- y cuando me refiero a lo que anunció no me refiero necesariamente a los términos
precisos de la alternativa que, si bien la expresó un tanto genéricamente, la definió como privatización parcial de AENA; construcción de sociedades filiales en unos casos; comités aeroportuarios en otros; participación minoritaria del resto,
todo él, de las comunidades autónomas, municipios, empresas privadas... El ministro ha abierto la puerta al debate de todo ello. Ha entreabierto la puerta y, en algún sentido, ha dado oficialidad al debate y, por cierto, con los plazos anunciados
en dicha comparecencia que ahora esperamos que el señor ministro cumpla rigurosamente.
La proposición de ley que hoy presenta CiU viene a esto. Quizá fuera mejor decir que podría venir a esto y si dependiera de mi grupo debería venir a esto. Mucho me temo que los dos grupos mayoritarios, una vez más, van a dar el portazo a
este tema. Me lo temo. Cerrarán una vez más las puertas a un debate sobre este tema que pudiera arrancar desde los posicionamientos que hoy trae aquí CiU para luego desarrollarse en los términos en que tenga que desarrollarse. En todo caso, no
será por mi grupo, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), por el que se cierre esa puerta una vez más. Nosotros la apoyaremos una vez más y a la primera ocasión volveremos a fijar nuestra posición -coincidente con la de CiU y otros- de que dos
grandes principios deben centrar la ya a gritos necesaria reforma del sistema aeroportuario español: primero, una aplicación menos arbitraria y menos injusta del sistema competencial establecido en este campo en la Constitución y en los estatutos
-en los nuevos y en los viejos; entiéndase, por ejemplo, el Estatuto de Gernika-; y, segundo, una notablemente mayor y mejor eficiencia del sistema, necesitado ya, como todo el mundo acaba de reconocer, de una revisión a fondo. Sería una pena que
una vez más aplazáramos este problema que lamentablemente, no solo se ha agrandado, sino que cabría decir que se ha deteriorado hasta unos extremos que ahora todos debiéramos lamentar y supongo que lamentamos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Beloki.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Andrés Ayala.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señores diputados, señor Macias, no solo no es novedosa esta proposición de ley, sino que además es incomprensible desde mi punto de vista. Se registró el 11 de abril de 2008, hace casi dos años, y usted mismo se pregunta por qué y para qué
se debate en este momento. En contra de lo que usted cree, cuando el Gobierno ha presentado un modelo aeroportuario y lo va a desarrollar en seis meses, parece que es cualquier cosa menos oportuna.
Se justifica diciendo que AENA hace aguas. Señores diputados, es verdad que AENA hace aguas y lo hemos comprobado, pero la solución no es esta proposición de ley. Es curioso que aquí suban uno tras otro algunos grupos parlamentarios que
critican que posiblemente esta proposición de ley no tendrá futuro, pero lo critican aquellos que han aprobado el presupuesto por un plato de lentejas. Algunos de los que hoy están defendiendo esta proposición de ley y no entienden la postura del
Grupo Parlamentario Popular han votado a favor los presupuestos del Ministerio de Fomento y han votado a favor los presupuestos de AENA, pero se suben aquí con una legitimidad que no sabemos si es de antes de ayer a exigir una postura distinta de la
que hace un mes y medio defendieron.
El Partido Popular ha sido el que claramente expresó que el déficit de la explotación de AENA era el que se había desbocado a partir de 2005, porque hasta 2005 no había déficit en la explotación. El Partido Popular ha dicho que de una deuda
de 2.600 millones se pasa a una deuda de 13.000 millones; 12.700 en verdad. Desde luego, no podemos subir aquí a decir que la solución a esa mala gestión, a esas aguas que hace AENA, sea una proposición de ley como la que hoy debatimos. Es verdad
que se ha traído en reiteradísismas ocasiones, no solamente por CiU, sino también por Esquerra Republicana, tantas veces las ha traído CiU como Esquerra Republicana. Porque parece que, como siempre, hay un pugilato entre estos dos partidos para ver
cuál de los dos es más catalán y cuál de los dos puede obtener más ventaja dentro de unas cercanas elecciones. El Partido Popular siempre ha votado que no y hoy también va a hacer lo mismo, porque esta proposición de ley, una vez más, es
inoportuna, oportunista, desafortunada, sectaria, tendenciosa e incluso maliciosa; luego lo vamos a ver. Se dice que se justifica por la comparecencia del ministro del día 12 de enero explicando cuál era el modelo aeroportuario del Gobierno.
Claro, como apagaba determinadas ansias nacionalistas, evidentemente se justifica esta proposición de ley. Voy a decir algo que no creo que les extrañe: a nosotros, en su integridad, tampoco nos satisfizo el modelo aeroportuario del señor
ministro. Hay cosas que no nos gustan y vamos a tratar de cambiarlas. Hay parte del Real Decreto-ley sobre control aéreo, que también convalidamos el jueves pasado, que tampoco nos gusta. Pero de ahí a que presentemos una proposición de ley sobre
el modelo aeroportuario en este momento hay un trecho que solo tiene como justificación querer significarse e ir cogiendo posiciones frente a las cercanas elecciones, como he dicho anteriormente.
El Partido Popular ni participa ni ha participado ni va a participar en operaciones que quieran jugar con las instituciones y con las competencias exclusivas del Estado y mucho menos utilizarlas como moneda de cambio sin importarles cuáles
sean las soluciones a medio plazo. El Partido Popular puede mantener con la misma coherencia los argumentos que siempre ha defendido, los demás no pueden decir lo mismo. Ni siquiera el Partido Socialista puede decir lo mismo, porque el Partido
Popular es el único que aquí ha defendido permanentemente la misma postura. Por tanto, el Grupo Popular -mi grupo- sostiene que la proposición de ley no tiene justificación ni siquiera ante la desastrosa gestión de AENA.
Aquí hemos visto que esta tarde se ha hablado de cualquier cosa menos del contenido de la proposición de ley. Se ha hablado de AENA, se ha hablado de Europa, se ha comparado con otros gestores aeroportuarios, pero no se ha hablado del
contenido de la proposición de ley, que es a lo que teníamos que haber venido hoy. En el contenido de la proposición de ley se repiten, una y otra vez, los argumentos que hemos venido escuchando al menos desde el año 2003. Se dice que AENA
dificulta la adopción de soluciones adecuadas, pero no sabemos cuáles son esas soluciones adecuadas. Se repite que los aeropuertos constituyen un freno para el desarrollo económico de Cataluña. En la proposición de ley se sostiene que son un
freno. ¡Lástima del dinero gastado en Cataluña! Se podía haber gastado ese dinero en otros sitios en los que lejos de un freno, los aeropuertos son un motor de desarrollo. Por otro lado, tratan de defender unas premisas que llegan a unas
conclusiones tan ilegales como ilegítimas, porque de la lectura de la proposición de ley ya no vale ni la literalidad del propio Estatuto. Fíjense, de la posibilidad de participar en la gestión que se señala en el Estatuto, pretenden justificar el
mandar en la gestión; de reconocer el control del espacio aéreo del Estado, a transferirlo sin título alguno y ya de la lectura del articulado se llega al colmo del paroxismo, es decir, a la exaltación extrema de los sentimientos y pasiones: las
bases aéreas abiertas al tráfico civil, las ayudas a la navegación y el control de la circulación aérea, modificar el espacio aéreo, solo Barcelona es aeropuerto de interés general, pero tampoco sirve para nada porque lo tiene que gestionar también
la Generalitat. Si nos paramos en la disposición adicional tercera, no se puede leer sin sonrojarse. No se transfiere el aeropuerto, pero la Generalitat decide las inversiones. La entidad autónoma -¡atentos!- que se crea para el aeropuerto puede
realizar inversiones fuera del aeropuerto -novedad- y constituir otras sociedades aunque no operen en el ámbito aeroportuario. ¿A qué engendro responde este modelo? ¿Qué intereses inconfesables esconde esta entidad que puede invertir en cualquier
sitio? Por supuesto, no voy a hablar de las tasas aeroportuarias y las de navegación aérea que tratan de imponer cada año a los Presupuestos Generales del Estado. Por último, la entrada en vigor al día siguiente. ¿Para qué vamos a esperar a la
vacatio legis, que es una rémora centralista? Fíjense si se sostiene desde el punto de vista jurídico la proposición de ley.
La ruptura unilateral y en exclusiva para Cataluña del modelo aeroportuario español no puede ser defendida ni sostenida por el Partido Popular. Y tanto que blasonan y defienden de la influencia de la legislación europea y de la política de
la Unión, nos gustaría saber qué incidencia tiene el espacio único europeo dentro de su proposición de ley. En un momento en el que hemos de debatir y definir el modelo aeroportuario español, CiU queda con esta proposición de ley en una situación
bastante desairada, incluso en la Cataluña verdadera, que no es esa que tratan de exportarnos al resto de España. Señores diputados, sí se tiene que debatir mucho del modelo aeroportuario. Tenemos que traer a este Congreso de los Diputados y a la
Comisión de Fomento muchas de las determinaciones para cambiar nuestro modelo aeroportuario, y fundamentalmente la gestión AENA, pero, desde luego, desde el punto de vista de toda España no solo de una parte de ella como es Cataluña.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ayala.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra don Francesc Vallès.
El señor VALLÈS VIVES: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, hoy estamos discutiendo la toma en consideración de una proposición de ley del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió que fue registrada hace ahora casi dos años. Y permítanme que se lo diga con toda franqueza para que nadie
se llame a engaño: su inclusión en el orden del día de hoy no es por causalidad, no obedece a una mera cuestión de turno, y lo demuestra el hecho de que el propio portavoz de Convergència i Unió ha dedicado una parte muy importante de su
intervención a justificar su inclusión en el orden del día. Esta es la primera de una serie de iniciativas que van a venir a partir de ahora a esta Cámara. Unas iniciativas que están pensadas en clave estrictamente preelectoral -electoral
catalana, señor Macias-, que tienen muy poco afán constructivo, puesto que en el fondo no pretenden ni buscar ni forjar ningún acuerdo, sino que están presentadas únicamente para que sean rechazadas. Saben de antemano, señores de Convergència i
Unió, que no van a prosperar y creo con esta actitud hacen un flaco favor al catalanismo político. Se lo digo porque con la presentación de la proposición de ley que hoy discutimos van a conseguir que voten en contra los dos partidos mayoritarios
de esta Cámara y que lo hagan por dos motivos bien distintos: en primer lugar, el Partido Popular porque no quiere ni oír hablar de modificar el actual modelo de gestión y, en segundo lugar, el Grupo Socialista, que es precisamente quien, a través
del Ministerio de Fomento, está impulsando el cambio
de modelo aeroportuario de nuestro país. Es evidente que estamos pues ante una estrategia de clara táctica electoral cuyo único objetivo consiste en confundir a los ciudadanos, especialmente a los catalanes, sobre un tema tan sensible como
la gestión aeroportuaria, que es estratégico para el desarrollo social y económico de Cataluña y del conjunto del Estado.
Pretenden confundir una vez más a los ciudadanos sobre la verdadera voluntad del Gobierno de cumplir con Cataluña -incluso hoy
aquí el portavoz de Convergència i Unió se ha atrevido a hablar de deslealtad- y lo hacen sobre un asunto que el Gobierno va a llevar a cabo sin que venga obligado por ningún mandato constitucional ni estatutario ni por ninguna ley.
Lo paradójico de su proposición es que nos la traen a esta Cámara para su discusión precisamente cuando el Ministerio de Fomento se ha comprometido en sede parlamentaria a remitirnos un proyecto de ley en este mismo periodo de sesiones.
Parece lógico, pues, señor Macias, que este Parlamento, cuando ya se ha anunciado la eminente elaboración de un proyecto de ley sobre el modelo de gestión aeroportuaria por parte del Gobierno, espere a la llegada de este proyecto para empezar el
debate en sede parlamentaria.
Como ya se ha dicho antes, la presentación de esta proposición es doblemente inoportuna. Es inoportuna para sus propios intereses, si me lo permiten, porque pone en evidencia que durante los ocho años que estuvieron apoyando al Gobierno del
Partido Popular ni se les pasó por la cabeza pedir una cosa semejante, o quizá se les pasó por la cabeza y, lo que es peor, no se atrevieron -no se atrevieron- siquiera a sugerirlo.
Vienen hoy aquí con cara de indignación, incluso de ofendidos,
pero cuando eran socios del Partido Popular no osaron siquiera insinuarlo para no molestarles. Esa es la realidad, señor Macias, esa es la realidad.
(Aplausos.) Y es inoportuna también porque la presentan justo en el momento en que el Gobierno
está ultimando el proyecto de ley de modificación del modelo de gestión aeroportuaria que en unos meses va a remitir a este Parlamento. Precisamente en el momento en que tenemos un calendario encima de la mesa ustedes plantean anticipar un debate
que va a producirse justo cuando llegue aquí el proyecto de ley. Les pido que esperen unas semanas, solo unas semanas, y que sobre la base de ese documento presenten sus propuestas, sus enmiendas, y que iniciemos ahí el verdadero debate. A partir
de entonces, háganlo también con coherencia con lo que ha venido aprobando este Parlamento, con coherencia con lo que ha aprobado el Parlament de Catalunya, que no contempla en ningún caso la transferencia de la gestión como pide su proposición de
ley, del contenido de la cual hoy se ha hablado más bien poco. Esas resoluciones hablan de la creación de un ente específico para el aeropuerto de El Prat en el que las instituciones catalanas sean determinantes en la gestión y en la toma de
decisiones estratégicas. El Gobierno ha decidido por iniciativa propia impulsar un cambio de nuestro modelo aeroportuario. Lo hace sin estar obligado por ningún mandato legal, constitucional ni estatutario. Lo hace buscando el máximo consenso
posible entre las fuerzas políticas. Lo hace porque entiende que una gestión autónoma de nuestros aeropuertos va a garantizar una mayor eficacia, una mayor competitividad y un mayor dinamismo económico en un sector que es estratégico para el
crecimiento de nuestro país. Lo hace por convicción y respetando los compromisos parlamentarios que sobre este asunto se han adoptado aquí en el Congreso y allí en el Parlament de Catalunya. El compromiso del Congreso y del Parlament de Catalunya
no consiste en proceder a la transferencia del aeropuerto de El Prat, consiste literalmente en elaborar un modelo de gestión en el que la posición de la Generalitat de Catalunya en la toma de decisiones estratégicas sea determinante, ni una palabra
más pero tampoco ni una palabra menos. Este es el acuerdo, este es pues el punto de partida, esta es la base sobre la que debe construirse el consenso en esta Cámara.
Hasta ahora conocemos por boca del ministro de Fomento las características esenciales de este nuevo modelo, un modelo que se basará, en primer lugar, en la participación abierta a todas las entidades que vehiculan los intereses del
territorio y la comunidad en la que se asienta ese aeropuerto, de forma principal a la comunidad autónoma, pero también a los ayuntamientos y a las cámaras de comercio. Y, en segundo lugar, esa participación se va a traducir en la plena
incorporación de representantes de esas instituciones en los consejos de administración de la sociedad gestora, unos representantes que tienen y que van a tener los mismos derechos políticos que los que les corresponden a los representantes del
Estado, y que tendrá una especial relevancia en aquellos asuntos estratégicos que requieren mayoría cualificada y que tienen que ver con la gestión diaria del aeropuerto. Acuerdos y decisiones, como la aprobación de las estrategias de atracción de
nuevos clientes, promoción de rutas y vuelos de conexión, franjas horarias, aprobación de los planes directores, propuestas de presupuestos de explotación y capital, programas de inversiones y programación plurianual, aprobación de los precios
privados y las propuesta de tasas.
No se trata pues de otorgar una capacidad de veto exclusivamente, sino de la necesidad de búsqueda de mayorías de consenso que repercutan en la eficacia y en la competitividad del aeropuerto, en decisiones que son
claramente estratégicas para su desarrollo.
Eso es lo que conocemos hasta la fecha del modelo, señor Macias, una propuesta que está redactándose en forma de proyecto de ley por parte del Ministerio de Fomento y que está, como dijo el ministro en su comparecencia en la Comisión,
abierta a discusión, está abierta a la negociación bilateral entre el Estado y la Generalitat de Catalunya; es, como se dijo en su momento, un buen punto de partida. Está abierta a la negociación plurilateral y multilateral con todas las
comunidades autónomas y también está abierta, obviamente, al debate parlamentario
en esta Cámara. Pero no ahora, señor Macias, cuando llegue el proyecto de ley a este Congreso. Por eso creo que quizá lo más sensato, llegados a este punto, sería pedirle la retirada de su proposición de ley. Se lo digo con todo respeto,
señor Macias, pero también con toda sinceridad.
Para terminar, señor presidente, nuestro grupo va a votar en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley, porque ignora la iniciativa gubernamental sobre esta materia y su compromiso de presentarnos un proyecto de ley en
pocos meses, porque ignora y se desvincula de los compromisos parlamentarios adoptados no solo por las Cortes Generales, sino también por el Parlament de Catalunya -y parece que el señor Macias no lo recuerda-, porque supera las previsiones
estatutarias sobre la determinación del modelo de gestión aeroportuario que el Gobierno está empezando a cambiar y simple y llanamente porque pretende confundir a los ciudadanos sobre el verdadero alcance de una iniciativa inédita que el Gobierno
socialista ha decidido impulsar para descentralizar la gestión aeroportuaria de nuestro país. El proceso ha empezado, señor Macias, y acabará bien. Yo les invito, en nombre de mi grupo y del Gobierno, a sumarse al acuerdo.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vallès.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LA CREACIÓN DE UN IMPUESTO SOBRE LAS OPERACIONES DE CAMBIO DE DIVISAS, BILLETES DE BANCO Y MONEDAS.
(Número de expediente 122/000065.)
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la creación de un impuesto sobre las operaciones de cambio de divisas, billetes de banco y
monedas. Tiene la palabra para su defensa don Joan Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
Saben, señorías, que no es la primera vez que se discute una propuesta como esta. En el año 2000, una proposición no de ley de Joan Saura se discutía en la Comisión de Economía; en el año 2002, se discutía una proposición no de ley
presentada por el Grupo Socialista, otra por Izquierda Unida y otra por Iniciativa Verds, y esa proposición no de ley era rechazada con el único voto en contra del Partido Popular; en el año 2002, se creaba un intergrupo parlamentario y en todas
las ocasiones había una firme voluntad, mayoritaria en el sí de la izquierda, de avanzar obviamente a favor de la creación de una tasa de estas características. En todas las ocasiones nos encontramos con una postura contraria del Grupo Popular.
(La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)
Tengo que decir que en un debate, el del 2 de octubre de 2001, cuando se discutían en el Pleno tres proposiciones no de ley, los argumentos eran sólidos y los argumentos vaticinaban lo que ha acabado pasando; entre otros, los argumentos, no
del señor Saura o del señor Centella, sino del portavoz socialista, el señor Eguiagaray. Eran argumentos para evitar precisamente que ocurriera un escenario especulativo como el que ha sucedido y argumentos que fueron rebatidos por la necesidad de
un mercado sin reglas, sin normas, en los que las finanzas operasen sin norma alguna. Quiero destacar también el último debate que se produjo en el Pleno, en una proposición de ley de nuestro grupo parlamentario prácticamente idéntica a esta, en la
que el señor Martínez-Pujalte, del Grupo Popular, manifestaba su voto en contra, recordando el origen, quién era Tobin, cómo era este, que además era discípulo de Keynes, y planteando que el libre mercado generaba ocupación y que un impuesto sobre
los movimientos de capital era inaplicable y lo sería siempre.
Si para una cosa ha servido la crisis, ha sido para darnos de bruces con la dura realidad. Hoy hay consenso internacional y ese consenso está sobre la necesidad de regular los mercados financieros internacionales, sobre la necesidad de
aplicación de medidas como la lucha contra la opacidad en los paraísos fiscales y sobre la conveniencia de que este tipo de operaciones -los cambios de divisas, los cambios de billetes y de monedas- tengan no solo reglas, sino fiscalidad sobre las
mismas. El argumento que también se utilizó en el año 2004, en este caso no por parte del Grupo Popular, sino por el Grupo Socialista, era aquel del sí, pero no. El Partido Socialista nos dijo que hacía falta tiempo, que hacía falta un marco legal
internacional y la promoción en diferentes foros. La ventaja del día de hoy es que dicho argumento también se ha visto superado por una realidad en la que se intenta avanzar a nivel global, pero en la que ya se están dando pasos adelante a nivel
estatal o nacional.
Hoy tenemos nuevos defensores de una fiscalidad sobre los flujos especulativos, unas propuestas que han superado clarísimamente la que hoy traemos aquí, que van mucho más allá y que incluso podrían hacer parecer esta propuesta como poco
ambiciosa. Por tanto, esta es la oportunidad; el Grupo Parlamentario Socialista y la Cámara tienen la oportunidad de aprobar una ley sobre la que transite la reflexión en torno a cómo poner reglas y fiscalidad en los flujos especulativos. Hoy
existen nuevos conceptos, más ambiciosos; por ejemplo, el impuesto sobre las transacciones financieras globales, que está trabajando Attac, algunos de cuyos miembros hoy nos acompañan. Además existen actores en el panorama político internacional
que en mi anterior intervención en el Pleno de 2004 nunca hubiese podido imaginar que hubieran acompañado propuestas como las que hoy
traemos. Los nuevos defensores son personajes tan poco sospechosos de falta de pragmatismo y de falta de conocimiento de la realidad como Gordon Brown, que lo reclamó en la cumbre de Saint Andrews del G-20 el pasado noviembre; como Barack
Obama, que anunciaba hace pocas semanas la implementación de un impuesto similar sobre firmas de más de 50.000 millones de dólares en activos; el presidente del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, que en octubre de 2009 anunciaba
un mandato para gravar las transacciones financieras especulativas; el Consejo Europeo, en su reunión de diciembre de 2009, apoyaba la creación de la tasa sobre transacciones financieras en el contexto del nuevo contrato social; Angela Merkel
viene presionando desde 2007 y ha intentado impulsar la regulación internacional de los fondos especulativos; incluso Nicolas Sarkozy ha anunciado un impuesto sobre los bonos bancarios.
Hoy, a estos argumentos se les suman otros: el del premio Nobel de Economía de 2001, Joseph Stiglitz, con Jeffrey Sachs y con Dani Rodrik, que se han postulado a favor de la Robin Hood tax, que se está impulsando desde Gran Bretaña y que,
con un tipo impositivo mínimo, podría solucionar la crisis económica tanto en países en vías de desarrollo como en los que se genera el intercambio. En el caso de España, Intermón Oxfam está promoviendo una campaña con un lema inspirado en esta
máxima: Gracias, José Luis, porque lo harás, ¿no? Intermón Oxfam. Por tanto, entendemos que hoy existen más argumentos que nunca, muchísimos más argumentos que los que teníamos en 2004, para que se admita a trámite esta proposición de ley y para
que podamos tener un texto con el que trabajar sobre la fiscalidad sobre las transacciones financieras, sean o no divisas. Este es el elemento de mayor ambición que hoy se están planteando desde Attac. Sí, señorías, diputadas, diputados, ahora es
el momento. Y además lo podemos decir porque nuestra economía ha sido una de las principalmente damnificadas a nivel global por la crisis y porque el presidente del Gobierno ostenta la Presidencia de turno de la Unión Europea. Ese Zapatero que
aplaudía públicamente a Obama cuando iniciaba su reforma a mediados del mes de enero, afirmando que la iniciativa del presidente norteamericano era un avance importante para que el sistema financiero funcione de forma más eficaz, ese presidente
debería hoy pedirle al Grupo Socialista que admita a trámite esta proposición de ley.
A no ser que lo que prefiera sea quedarse en discursos retóricos, pero sin ningún compromiso concreto.
En Europa, hoy, los debates avanzan y hoy, en Europa, en Alemania, en Reino Unido, en Francia, lo que precisamente intentan es que haya reglas sobre el sector financiero y que exista fiscalidad sobre el sector financiero. La pregunta es ¿no
vamos a subirnos al tren, a la reflexión, a las iniciativas legislativas que avancen en esta línea? ¿O vamos a continuar, como hicimos en 2004, diciendo sí pero no, planteando grandes debates e incluso planteando una proposición no de ley que
anunciaba que continuaríamos discutiendo sin tener textos legislativos sobre los que referenciarnos? Yo creo que la primera opción es la mejor. Quiero, por eso, destacar la paternidad de la propuesta. Ustedes saben que la paternidad de la
propuesta viene de una iniciativa de la legislatura anterior, procedente en este caso de Attac y trabajada por Attac, un movimiento ciudadano para el control democrático de los mercados financieros y sus instituciones. Y tengo que decirles que esta
proposición de ley se ha visto superada también por la realidad. La crisis financiera a nivel global hace que una proposición de ley que era algo ambiciosa en el año 2004 hoy sea una proposición de ley de mínimos que, en su trámite legislativo,
este Parlamento debería mejorar y en la que debería situar elementos aún de mayor ambición.
¿Cuáles son los objetivos de la proposición? Pues son claros. En primer lugar, el control de las crisis financieras internacionales con fuerzas que, por su magnitud, superan la magnitud de Estados enteros, Estados que a veces se ven
afectados a golpe de operación especulativa. En segundo lugar, reducir los impactos de la economía real permite el control de la inestabilidad como los ingresos recaudados por el impuesto pueden ser útiles para implementar determinadas políticas.
Y, en tercer lugar, garantiza ingresos y esos ingresos pueden afirmar y orientarse precisamente a esas políticas a favor de la ayuda oficial al desarrollo, a los objetivos del Milenio y por supuesto pueden dar respuesta a esas políticas que se están
implementando a lo largo y ancho de Europa y de todo occidente para salvar a las entidades financieras.
La conclusión, por tanto, es que no hay excusa posible. Tenemos argumentos y más argumentos que nunca. Y no sirven los argumentos de los que decían: no tiene que haber reglas ni fiscalidad sobre las relaciones financieras.
Ni sirven los
argumentos de: estoy de acuerdo pero vuelva usted mañana, que vamos a continuar debatiendo, sin que en este país se avance de forma eficaz en esta materia. Saben ustedes que esta es una historia larga, la historia de los flujos de capital que ha
afectado a economías enteras, que ha afectado a México en 1994, al sudeste asiático en 1997, a Rusia en 1998, a Brasil, a Turquía, a Tailandia, a Inglaterra en 1992 -el señor Soros-; y que hoy afecta a Europa, por supuesto, y afecta también a
España. Y la pregunta es: ¿Miramos hacia otro lado, escondemos el problema, o lo encaramos, no de forma valiente, sino de forma honesta, intentando encarar el problema que tenemos con reglas y con fiscalidad? George Soros afirmaba que es
imposible calcular los movimientos de capital, básicamente por la opacidad de los centros offshore y los paraísos fiscales. En la anterior intervención, en el año 2004, sobre estas cuestiones, afirmaba que se mueven en el mundo alrededor de dos
billones de dólares al día. Ahora tengo que corregir esa cifra, ya son, en 2008, por ejemplo, más de cuatro billones diarios y la mayoría son simplemente movimientos especulativos. En cálculos aproximativos, se habla de que un 90 por ciento de las
transacciones son de carácter especulativo. El 40 por ciento hace
un recorrido de ida y vuelta en tres días y el 80 por ciento en menos de una semana. El objetivo, por tanto, es simple: estabilizar las tasas cambiarias; y el impuesto además podría alentar esas inversiones a largo plazo. Esa economía
sostenible, que tanto se predica, necesita de instrumentos de esas características.
La medida reduciría la excesiva liquidez derivada, fruto de lo que algunos llaman seguimiento técnico de las tendencias, de las transacciones de muy corto plazo, y, con una fiscalidad de un tipo nimio, que nosotros planteamos en el 2 por
mil, que podría ser el uno por mil, reduciría alrededor de un 25 por ciento las transacciones especulativas, según acreditan diferentes rigurosos cálculos. Por tanto, tiene todo el sentido. Los bancos, las grandes entidades financieras a nivel
internacional -ustedes lo saben- han sido los máximos receptores de la ayuda pública. No lo han sido los parados ni las paradas, no lo han sido los pensionistas, no lo han sido las personas que padecen un desahucio. Y la pregunta es: ¿Este
Parlamento va a ser incapaz de aprobar una medida y un marco legal sobre el que transitar? ¿Vamos a continuar sonriendo de forma complaciente a las entidades financieras sin aprobar medida alguna?
Ahora nos vendrán con argumentos técnicos, nos dirán que hoy no toca, explicarán que no, que no es el momento de reglas, ¿pero la experiencia histórica que hemos vivido en los últimos años no les lleva a sacar ninguna conclusión? Estos
días, que se habla tanto de pacto de Estado, nosotros lo que decimos es que el primer pacto de Estado tiene que constituirse en torno a la exigencia en torno a las entidades financieras. El primero, esta crisis creada -sí- por la desregulación de
los mercados financieros, esta crisis que ha sobreendeudado a nuestras familias, esta crisis que hoy no da crédito a nuestras empresas necesita de un primer pacto, uno: la exigencia a las entidades financieras. Y esta proposición de ley es una
oportunidad, una oportunidad para que el Gobierno entienda que tiene que transitar, como transitan otros países europeos, hacia reglas y fiscalidad sobre las transacciones financieras, a poner coto y límites a la especulación. La pregunta es: ¿Nos
vamos a quedar hoy con el sí pero no de hace cuatro años o van a sacar alguna conclusión de lo que ha pasado en los últimos tiempos, en los últimos años, con un modelo desregulado, con mucho dinero caliente, con una circulación de capital sin
precedentes, pero con una nula transformación de la realidad y con un modelo que ha perjudicado el bienestar del conjunto del planeta, pero también el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas que viven en este país?
Voy a acabar ya, diciendo que el Ecofin ha avalado la viabilidad de lo que les planteamos hoy. Diferentes organismos internacionales han dicho que esta es la vía, que el debate está abierto en Alemania, en Reino Unido, que el debate se
suscitó en Bélgica con una ley aprobada en el Parlamento belga y que la pregunta es: ¿El país que padece como quien más esta realidad va a ser incapaz de legislar? Espero que estén a la altura, que nos sorprendan en positivo y, si no, les decimos
que desde la izquierda, modesta, si ustedes quieren, vamos a continuar insistiendo sobre lo que es una agenda de un gobierno de izquierdas y la primera agenda y la primera responsabilidad es poner normas y fiscalidad sobre flujos especulativos y
sobre las transferencias de capital, como aquí decimos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Herrera.
Ningún grupo ha expresado su disposición a utilizar el turno en contra y por tanto pasamos a fijación de posición. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, subo a esta tribuna para fijar la posición de mi grupo, el Bloque Nacionalista Galego, en relación con este proyecto de ley, que ya anuncio desde un inicio que va a ser favorable. Y lo va a ser porque este proyecto de ley crea un
nuevo impuesto, cuyo hecho imponible es la realización de operaciones de cambio de divisas efectuadas en el Estado español. Se propone un tipo imponible del 0,02 por ciento y el Gobierno podrá elevar el tipo impositivo hasta en un 80 por ciento en
los supuestos en que una moneda supere un determinado porcentaje de fluctuación en el mes anterior. Están exentas -así se plantea en esta proposición de ley- de este impuesto las operaciones que no excedan de 6.000 euros o las realizadas entre los
bancos centrales y, en parte, las que estén gravadas en otros Estados.
Señorías, nuestra valoración al respecto de esta propuesta de creación de este impuesto es positiva, porque supone la actualización de la propuesta conocida en su momento como tasa Tobin. Dicha tasa suponía un hipotético impuesto de
carácter mundial sobre el movimiento de capitales. Uno de los objetivos de esta medida, según el propio Tobin, es hacer que los tipos de cambio en las divisas reflejen más los fundamentos económicos a largo plazo que las expectativas y los riesgos
a corto plazo; es decir, trata de reducir la especulación en los mercados de divisas. Preservar y promover la autonomía de las políticas macroeconómicas y monetarias frente a los mercados es otro de los objetivos que se marcaba la propuesta del
señor Tobin. Esto significa que, por ejemplo, cuando hay una crisis, las autoridades pueden aumentar las tasas sobre las transacciones financieras y así evitar la huída de capital. El tipo impositivo que se propone, ese 0,02 por ciento, permite
que el comercio y la inversión productiva no se vean perjudicados y penaliza solamente las operaciones puramente especulativas de ida y vuelta a muy corto plazo entre monedas.
Si bien en los años anteriores a la actual crisis esta medida era defendida por organizaciones de ámbitos de izquierda y del denominado altermundismo, la naturaleza de la actual crisis ha provocado que destacados
miembros de instituciones políticas y financieras hayan defendido su creación. Así lo hizo el pasado agosto lord Turner, presidente de la Autoridad de Servicios Financieros de Reino Unido, máximo órgano regulador del sistema bancario
británico. El primer ministro británico, Gordon Brown, como ya ha comentado el señor Herrera, resucitó el debate sobre la tasa Tobin, al proponer su instauración durante la cumbre del G-20 que se celebró en Reino Unido a comienzos de noviembre de
2009. En la pasada cumbre de Bruselas, los días 11 y 12 de diciembre de 2009, la Unión Europea apoyó por primera vez la creación de un impuesto de este tipo. Así, la declaración final dice: El Consejo Europeo impulsa al Fondo Monetario
Internacional a que considere un rango amplio de opciones, incluyendo cuotas sobre seguros, fondos de rescate, contingentes de capital y una tasa global sobre las transacciones financieras. El propio presidente de la Comisión Europea, José Manuel
Barroso, señaló al término de la cumbre comunitaria que la idea ha ganado apoyos, porque hemos visto lo que ha pasado con el sector financiero, los problemas que ha creado para toda la economía y los costes que ha tenido que pagar el contribuyente.
La valoración que hemos hecho, señorías, y la postura que vamos a mantener de votar favorablemente la propuesta que nos acaba de presentar el señor Herrera es porque entendemos que es necesario pasar de las palabras a los hechos. Esta
proposición de ley representa, desde nuestro punto de vista, el marco idóneo para plasmar aquellas declaraciones, tanto las que en su momento manifestaba el señor Tobin como las que últimamente los destacados responsables políticos y financieros que
acabamos de comentar han hecho. Es más, teniendo en cuenta el carácter necesariamente global de una medida como la que aquí se propone, desde el Bloque Nacionalista Galego demandamos al Gobierno que, en el marco o dentro del semestre de Presidencia
de la Unión Europea, incluya esta cuestión en la agenda, porque, aunque la propuesta que se hace es para su aplicación en el Estado español, recogiendo las declaraciones que acabamos de comentar y que con más amplitud ha expuesto el proponente señor
Herrera, también desde el Gobierno se debe hacer este llamamiento a nivel cuando menos europeo, para que esto se aplique en los diferentes Estados de la Unión Europea.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Fernández Davila.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señoras diputadas, señores diputados, reconozco, tal y como ha señalado el diputado Herrera, que no es nueva esta preocupación en este grupo parlamentario. Incluso, hace dos legislaturas -como
ha señalado-, la segunda de Aznar, se promovió una comisión interparlamentaria para el estudio y debate en esta Cámara de la denominada tasa Tobin, con el fin de analizar si un impuesto sobre los movimientos de capitales podría evitar la
especulación financiera.
Nuestro grupo parlamentario participó entonces y quiere participar también hoy. Creemos que es una reflexión pertinente que hay que llevar a cabo.
La iniciativa de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds está fechada el 23 de abril de hace dos años. Estos dos años han sido especialmente convulsos en el ámbito financiero. La crisis económica que hoy
sufrimos proviene, precisamente, de una crisis financiera sin precedentes. Ha sido la desregularización de los mercados y de las operaciones financieras, la especulación, la búsqueda de beneficios financieros a corto plazo y la pérdida de ética y
de vergüenza incluso de muchos de los que operan en los mercados financieros lo que nos ha llevado a la situación económica en la que nos encontramos actualmente. Tras la caída de Lehman Brothers y la intervención de multitud de bancos en todo el
mundo -básicamente banca de inversión, que es la que mueve ingentes cantidades de dinero con fines especulativos-, todos, gobiernos y ciudadanos, nos hemos sensibilizado enormemente con esta cuestión. Parece lógico que los que han recibido grandes
cantidades de recursos públicos para evitar riesgos sistémicos que la quiebra de estas entidades puede suponer cambien las reglas de juego y paguen, al menos en parte, los perjuicios que han ocasionado. Redoblar los esfuerzos de supervisión y
regulación de los mercados, controlar los astronómicos salarios de las personas que operan en los mercados especulativos y evitar estos movimientos de capital deben formar parte de una lista de medidas a adoptar. Así, muchos gobiernos, pero
especialmente la Administración Obama y sus asesores, como el señor Volcker, están tratando de proponer e implementar medidas en esta dirección.
Gravar sobre todo las operaciones de capitales a corto plazo puede ser una medida idónea que cumpla una doble función; por una parte, evitar ciertas actuaciones especulativas, lo que redundaría en sanear los mercados y reducir la
volatilidad y, por otra, conseguir recursos económicos que compensen el esfuerzo que han realizado los gobiernos -en definitiva, los ciudadanos contribuyentes- con el sistema financiero. Es oportuno y necesario apuntarnos a un debate que está ahí,
que ya se está produciendo; un debate que ha de conllevar que se adopten las medidas necesarias a nivel internacional, a nivel global. De nada vale adoptar medidas parciales y locales, los capitales encuentran siempre las rendijas y los atajos
para evitar las presiones locales. Las medidas han de ser consensuadas y acordadas en los órganos internacionales, el G-8, G-20, el Fondo Monetario Internacional, Unión Europea, etcétera. De nada vale adoptarlas unilateral y parcialmente.
Señor Herrera, por todo ello creo sinceramente que esta proposición de ley sería poco útil para enfrentarnos a los movimientos internacionales de capitales. Puede
ser incluso más acertada, según nuestro grupo, una proposición no de ley instando al Gobierno a que impulse un debate y las medidas para evitar los movimientos especulativos de capitales ahora que ostenta la Presidencia de turno de la Unión
Europea. Así pues, considero este tema de enorme interés, entiendo que la proposición de ley no es la mejor manera para atajar este problema, pero, dado que nuestro grupo está conforme en el fondo, aunque creamos que no es el mejor instrumento,
pensando que podemos encontrar uno más adecuado en el futuro, nuestro grupo va a dar el voto favorable a esta iniciativa.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Gracias, señora presidenta.
Agradecemos muy sinceramente el debate que nos permite esta proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Diferentes movimientos sociales están reivindicando
el establecimiento de una tasa internacional que grave las transacciones especulativas y no los capitales productivos o las inversiones a largo plazo en los mercados de divisas, conocida por la tasa Tobin. La comunidad internacional y los expertos
manifiestan también a su vez dudas respecto a este gravamen; dudas derivadas de la misma diferenciación entre capitales especulativos y productivos; dudas derivadas de la necesidad de que para ser operativa esta se establezca en todos los países
del mundo, y dudas sobre quién administraría el dinero recogido con este gravamen o sobre cuál debe ser el destino de los fondos recaudados. Ante todo ello es cierto que la proposición de ley planteada responde a algunas de las dudas que
tradicionalmente se han manifestado en relación con esta figura impositiva en tanto que la totalidad de los Estados miembros de la unión económica y monetaria, tal como propone la proposición de ley, no adopten en su totalidad el impuesto se
suspende su entrada en vigor. También propone el texto de la proposición de ley que se destine la recaudación del impuesto a un fondo gestionado por la Comunidad Europea para la cooperación, el desarrollo, la promoción de la justicia social y
ecológica y la preservación y protección de bienes públicos internacionales. Pero también la misma proposición de ley, a nuestro entender, introduce algunas medidas sobre las que nuestro grupo parlamentario mantiene algunas dudas en relación con el
hecho imponible, el régimen simplificado que no se configura, la responsabilidad solidaria que se dibuja o el régimen de exenciones.
Ante esta propuesta, entendemos desde nuestro grupo parlamentario que debemos tomar en cuenta lo que el reciente Consejo Europeo celebrado en Bruselas los pasados días 10 y 11 de diciembre ponía de manifiesto, y leo textualmente: El Consejo
Europeo hace hincapié en la importancia de renovar el contrato económico y social entre las entidades financieras y la sociedad a la que sirven y de garantizar que la población se beneficie en términos de bonanza y esté protegida del riesgo. Y
continúa el texto: El Consejo Europeo anima al Fondo Monetario Internacional a considerar en su revisión toda gama de opciones, inclusive las tasas de seguros, los fondos de resolución, los acuerdos de capital contingente y una tasa mundial sobre
transacciones financieras. En consonancia con las conclusiones del Consejo de octubre de 2009, pide al Consejo y a la Comisión que determinen los principios clave que deberán respetar los nuevos acuerdos mundiales. Es decir, señorías, ante las
propuestas de diversos Estados miembros, especialmente Francia, Reino Unido y Alemania, el Consejo se hace eco de la necesidad de impulsar a nivel internacional la instrumentación de alguna medida, sin concretar en qué dirección, y se anima al Fondo
Monetario Internacional a avanzar en este sentido para elaborar una propuesta sin ignorar cualquier instrumento. Es en este sentido en el que avanzar a nivel interno en un instrumento sin consensuar a nivel internacional y de la Unión Europea una
respuesta unitaria, que es la que entendemos debe darse, no nos parece adecuado, nos parece precipitado. Las instituciones internacionales, y singularmente la Unión Europea, pretenden dar respuesta a esta necesidad, y desde nuestra perspectiva
debemos esperar, pero sobre todo debemos atender las propuestas que se pongan sobre la mesa, reclamando, esto sí, una acción y una posición activa por parte del Gobierno. Por otro lado, y como no puede ser de otra forma, y de ello estamos
convencidos desde el grupo parlamentario que represento, en el ámbito interno se debe continuar impulsando las políticas de cooperación internacional cuyo objetivo sea la promoción del desarrollo humano, social y económico de los países menos
desarrollados, a fin de contribuir a la erradicación de la pobreza y la reducción de las desigualdades, entre otras, mediante contribuciones oficiales a organismos internacionales de carácter económico y financiero, acuerdos financieros de alivio o
condonación de deuda por vía bilateral o multilateral, donaciones, préstamos y ayudas.
Señorías, desde nuestro grupo parlamentario, y agradeciendo nuevamente el debate que tiene lugar con esta proposición de ley, estamos convencidos de la necesidad de avanzar de manera decidida, pero a nivel internacional y de forma
consensuada. Creemos que no valen la precipitación ni instrumentos o respuestas individuales internas o locales; necesitamos una unidad de acción a nivel europeo y un consenso a nivel internacional.
Es por todo ello por lo que desde nuestro grupo
parlamentario votaremos en contra de esta proposición de ley.
Muchísimas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Riera.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor García-Legaz.
El señor GARCÍA-LEGAZ PONCE: Señora presidenta, hago uso de la palabra para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular en relación con la proposición de ley relativa a la creación de un impuesto sobre las operaciones de cambio de
divisas, billetes de banco y monedas. Se trata de una proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y lo primero que quiero resaltar es que esta proposición de ley
es presentada justamente por el grupo que votó a favor de que la deuda pública española se negocie en paraísos fiscales. Este fue el voto afirmativo del grupo en la convalidación en esta Cámara del decreto-ley que aprobó los famosos 400 euros y que
incluye una disposición que permite negociar la deuda pública española en paraísos fiscales. Esa es la medida que aprobó el Gobierno socialista con el respaldo del grupo que hoy nos trae esta proposición de ley. Bajo el discurso de ponerle palos a
la rueda de la globalización, de frenar las transacciones financieras, de frenar, entre comillas, el capitalismo salvaje, se encuentra la triste realidad, que es que cuando llegan a esta Cámara proposiciones para que en los paraísos fiscales se
pueda negociar la deuda pública española ustedes votan a favor.
Esta proposición trata de crear un nuevo impuesto en la economía española, y por tanto les anuncio el voto contrario del Grupo Parlamentario Popular. No se trata de una tasa -como aquí han dicho varios portavoces-, se trata de un impuesto.
La Hacienda pública española define muy bien lo que es una tasa y lo que es un impuesto, y esto es simplemente un impuesto. La primera contradicción de esta proposición de ley es que se trata de adoptar una medida para frenar la globalización,
pero, curiosamente, se trata de un impuesto que se aplica solamente en España.
Más curiosa todavía resulta esta iniciativa porque se trata de legislar por si acaso. ¿Por qué? Porque la disposición final única de la proposición de ley establece
que la entrada en vigor de la presente ley queda supeditada a que todos los demás países miembros de la unión económica y monetaria adopten un impuesto de estas características. Esto es simplemente un brindis al sol; ningún país de la unión
económica y monetaria tiene previsto aprobar una ley de estas características. Por tanto, aprobar una ley por si acaso tiene poco sentido en este momento.
Más aún, la proposición de ley establece que la recaudación obtenida a través de este
impuesto está afectada a la financiación de un fondo gestionado por la Comunidad Europea para la cooperación, el desarrollo, la promoción de la justicia social y ecológica y la preservación y protección de bienes públicos internacionales; un fondo,
señores, que no existe. Se trata, por tanto, de una proposición de ley para legislar por si acaso y afectar esa recaudación a un fondo que no existe. Todo profundamente coherente. Creo, señorías, que los ciudadanos se merecen que nos dediquemos a
debatir sobre los problemas que sí existen hoy en España y en la sociedad española, como por ejemplo el 21 por ciento de paro, el problema del paro en Cataluña. Eso sí que requiere reflexión y acción inmediata y no hablar sobre crear impuestos que
no existen por si acaso para dotar un fondo que tampoco existe.
Esta proposición de ley es -hay que decirlo- bastante lamentable desde el punto de vista técnico-económico, porque ni siquiera es una tasa Tobin.
Si se lee el texto que se nos ha presentado se ve que se trata de un impuesto cuyo hecho
imponible es simplemente el cambio de divisas, el cambio de moneda extranjera. No se trata de gravar las transacciones financieras, se trata de gravar el cambio de moneda. Por tanto, si un exportador africano vende mercancías a España eso quedaría
gravado con el impuesto que propone el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Se trata, por tanto, de un impuesto sui géneris que no grava la especulación financiera sino que grava el cambio de
divisas. Se trata de poner frenos a las operaciones de comercio exterior; es decir, se trata de volver a las políticas del franquismo basadas en las restricciones a las operaciones con el exterior. Esta medida hubiera encajado bien en el modelo
autárquico de la dictadura, pero encaja muy mal con la economía española del euro, con la economía española de los 22.000 euros por habitante. Se trata de un impuesto contra el comercio mundial. Se trata de un impuesto contra el desarrollo porque
grava todo tipo de operaciones de comercio exterior. Es un impuesto antisocial. Es un impuesto nocivo para los países en desarrollo; es la antiayuda al desarrollo. Por tanto, este grupo parlamentario no puede sino votar en contra.
Señorías, el problema no es la globalización. Si la globalización ha hecho algo ha sido traer prosperidad, desarrollo y salida de la pobreza para cientos de millones de personas en todo el mundo. Me remito, entre otros, por ejemplo, al
artículo publicado por Xavier Sala i Martín en el Quarterly Journal of Economics en mayo de 2006, que deja claro que la globalización es la que ha permitido sacar a 500 millones de personas de la pobreza en los últimos veinticinco años. Eso es lo
que nos traen la globalización y el libre comercio. ¿Y saben precisamente de dónde han salido las personas de la pobreza? De China, de India, del sudeste asiático, justamente de todos esos países que han abandonado el comunismo que ustedes
defienden y que han apostado por la economía de libre mercado.
Este impuesto además sería profundamente nocivo para la economía española.
Sería un impuesto que provocaría deslocalización financiera, ya que al aplicarse exclusivamente en el territorio español es evidente que todas esas operaciones se
producirían en el extranjero. Se trata de un impuesto nocivo para el sector exportador al gravar todo tipo de operaciones sobre el comercio exterior. Se trata de un impuesto nocivo sobre el sector turístico. Se trata de un impuesto extremadamente
nocivo para la inversión extranjera ya que la inversión productiva
quedaría gravada también con ese impuesto, tal y como figura en la proposición de ley que nos han traído. Sería, por tanto, un impuesto antisocial, contrario al empleo y contrario a la economía productiva. Se trata además de un impuesto
marcadamente confiscatorio puesto que puede llegar hasta el 80 por ciento del capital; ese es el tipo que establecen con carácter extraordinario cuando se producen grandes fluctuaciones en los tipos de cambio -esto es relativamente habitual en
aquellos países en vías de desarrollo en los que se producen grandes desequilibrios macroeconómicos- que darían lugar a la aplicación de ese impuesto de nada menos que el 80 por ciento, de carácter claramente confiscatorio y, por tanto,
inconstitucional. Lo último que necesita la economía española en estos momentos, señorías, son nuevos impuestos. La economía española necesita justamente lo contrario: reducciones de impuestos para inyectar renta en las economías domésticas y
para inyectar renta en nuestras empresas. Para inyectar renta en la economía española se necesita la bajada de impuestos que viene defendiendo el Partido Popular, y lo último que necesita la economía española es una propuesta como la que han traído
ustedes a esta Cámara. Por tanto, el Grupo Parlamentario Popular votará en contra.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor García-Legaz.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Lasarte Iribarren.
El señor LASARTE IRIBARREN: Gracias, señora presidenta.
Señorías, aconsejaba un santo varón, con uve, guipuzcoano no hacer mudanzas en tiempos de tribulación. Algunos siguen la máxima ignaciana de forma literal, el mundo financiero, desde luego, no. La crisis financiera que ha causado y está
causando tanto dolor y sufrimiento, sobre todo a los millones de parados de todo el mundo, a los más débiles y vulnerables, ha imbuido al sector financiero en una vorágine de cambios, y en el marco de los organismos internacionales se ha empezado a
adoptar decisiones. Quiero recordar el punto 1 de la declaración de la cumbre de Pittsburgh, celebrada el pasado 26 de septiembre de 2009, que decía: Nos reunimos en medio de una transición fundamental desde la crisis a la recuperación, para pasar
la página de una era de irresponsabilidad y adoptar un conjunto de políticas, regulaciones y reformas para satisfacer las necesidades de la economía mundial del siglo XXI. Ahora se están colocando los cimientos de un nuevo modelo de gobernanza
financiera a nivel internacional. El sistema financiero va a verse sometido a novedades regulatorias que se están perfilando en el marco del G-20. De forma resumida se pueden mencionar las siguientes: aumento de los requisitos de capital y
corrección de los elementos de proclicidad que existen en la regulación actual; refuerzo de los mecanismos de control de riesgos, incluyendo de manera explícita nuevos ámbitos como el riesgo de liquidez; reforma y homologación internacional en
materia contable; cambio de modelo de incentivos y retribuciones a los directivos de las entidades financieras; diseño de un entorno regulatorio y supervisor adecuado para las entidades sistémicas o entidades demasiado grandes para caer, y aumento
de la transparencia y de la protección de los clientes.
(El señor presidente ocupa la Presidencia.) Está en estudio la fiscalidad del siglo XXI para el sector financiero a nivel internacional. Pero la reforma de la fiscalidad del sector financiero
internacional no se puede hacer desde una posición testimonial o desde un solo país, porque son obligados consensos internacionales muy importantes y políticas pragmáticas y operativas que remuevan los obstáculos existentes para alcanzar el objetivo
propuesto: un sistema financiero más sostenible, menos volátil, más justo y solidario y que favorezca el crecimiento económico en el mundo. Y existe una hoja de ruta de reformas del sistema financiero internacional desde el principio de
cooperación entre los Estados y el liderazgo del G-20. La reunión del G-20 en Pittsburgh, de septiembre del 2009; la cumbre del Consejo Europeo de diciembre del 2009, que insta al Fondo Monetario Internacional a estudiar, entre otras salidas, el
impacto de un impuesto sobre las transacciones financieras; la cumbre informal de ministros de Economía de la Unión Europea en Madrid, el próximo mes de abril, y la cumbre de Canadá de junio de 2010 son hitos de esa agenda para la reforma del
sistema financiero internacional, y se va a hablar de fiscalidad internacional, que es una cuestión que requiere un amplio consenso político entre los principales Estados del mundo para que sea operativa y no se convierta en una entelequia
inservible o se quede como un icono ideológico.
Señorías, conocen la propuesta del presidente Obama de gravar con un impuesto a los bancos, han escuchado las declaraciones de la vicepresidenta y ministra de Economía española, señora Salgado, han leído las declaraciones de políticos como
Gordon Brown, Sarcozy, Angela Merkel o Almunia, y conocen la voluntad de la Presidencia española de la Unión Europea de poner coto a los abusos del sistema financiero y lograr un sistema más sostenible y justo. Es decir, está abierto el debate.
Ahora bien, no todos defienden lo mismo, señor Herrera, no todos defienden lo mismo. Usted ha mezclado todo como si todos dijeran lo mismo, y no todos defienden lo mismo, y vista la intervención del portavoz del PP se observa el abismo ideológico
existente. Por su parte, el FMI ha recibido el pasado mes de septiembre un encargo del G-20 de búsqueda de alternativas para que el sistema financiero realice una sustancial y justa contribución al pago de las cargas asociadas con las
intervenciones de los gobiernos para reparar el sistema financiero. El FMI está contemplando cuatro alternativas: una tasa sobre el conjunto de las relaciones financieras; un gravamen adicional sobre los beneficios; la eliminación de la
deducción de los pagos por intereses, y la finalmente
adoptada en la propuesta de la Administración Obama, una tasa sobre los pasivos no asegurados. El estudio deberá estar disponible en abril de 2010. En este marco internacional, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de
Cataluña-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta una proposición de ley para que se aplique un impuesto sobre las operaciones de cambios de divisas, billetes de banco y monedas, y supedita la entrada en vigor de la ley a su adopción
por parte de todos los Estados miembros de la unión monetaria. La propuesta de IU es idéntica a otra presentada en el Congreso de los Diputados en el año 2004, que fue rechazada, y similar en sus términos a otra aprobada por la Comisión de Hacienda
del Parlamento de Bélgica ese mismo año y que, tras dictamen del Banco Central Europeo, se consideró que vulneraba el derecho comunitario. Es también una propuesta extemporánea, ya que es de abril de 2008, antes del punto álgido de la crisis
financiera que supuso la quiebra de Lehman Brothers en septiembre de ese año, y en sus términos y contenido está fuera del contexto y del actual debate, que se está realizando donde corresponde, en los foros internacionales. Además, tal y como
plantea la proposición de Izquierda Unida, la tramitación de la norma se encuentra sustentada en un marco de ineficacia real, ya que una medida para gravar el cambio del euro que afectaría a la política cambiaria de la Unión Europea solo podría
cobrar efectividad material de tener su origen en un acuerdo político-fiscal en el seno de la Unión Europea. En consecuencia, la regulación debería comenzar por la norma comunitaria y descender al ámbito nacional; es contraria al derecho
comunitario al limitar los movimientos de capitales y pagos y excede la sujeción a las actuales normas tributarias. En definitiva, no tiene sentido esta propuesta en las actuales circunstancias porque el debate ha de hacerse a nivel internacional,
y así se está haciendo, y posteriormente los acuerdos que se alcancen deberán ser trasladados a los parlamentos nacionales para su aplicación y operatividad. Señor Herrera, hay una izquierda testimonial y una izquierda que trabaja para avanzar en
clave de progreso y sin dogmatismos, con ambición, sentido común y responsabilidad.
Por otra parte, la posición del Gobierno español, en línea con las conclusiones del Consejo Europeo celebrado los días 10 y 11 de diciembre, es la siguiente. En primer lugar, esperar las conclusiones del estudio preliminar sobre el menú de
opciones que presentará el FMI; de todas formas, cualquier medida o propuesta de establecer una tasa sobre esto deberá ser global, o al menos a nivel global deberá haber coordinación para que no pueda ser eludida mediante la prestación de los
servicios desde jurisdicciones en las que dicha medida no se aplique. En segundo lugar, producir la menor distorsión posible sobre los precios relativos y asegurar que el establecimiento de una nueva tasa sobre las operaciones financieras no
introduce distorsiones adicionales y se consigue el efecto que se persigue; en tercer lugar, reforzar la estabilidad de los mercados financieros. En consecuencia, es conveniente esperar a las conclusiones del FMI y, en cualquier caso, cualquier
medida que se plantee deberá coordinarse con los países de nuestro entorno.
Señorías, saben ustedes que la eficacia de la implantación de la llamada tasa Tobin no está exenta de debates y controversias teóricas, técnicas y políticas, y que sería necesario un establecimiento coordinado y multilateral para alcanzar
sus objetivos así como analizar seriamente sus impactos, no vaya a ser que la introducción de la tasa Tobin tenga, según cómo se aplique, efectos perniciosos y contrarios a los perseguidos y perjudique las transacciones comerciales y a los
exportadores e importadores de los países en desarrollo. Seamos pues prudentes y sensatos y hagamos las cosas bien. Por otra parte, como decía Machado, se hace camino al andar, y en Europa estamos andando, porque no tiene ninguna viabilidad
práctica un sistema que grave con impuestos las transacciones financieras internacionales si antes no se acaba con la existencia de espacios fiscales opacos y no se aumentan la información, la transparencia y la cooperación entre los Estados de la
comunidad internacional. En ese caminar, el Parlamento Europeo ha aprobado en el mes de diciembre una propuesta de directiva para luchar contra la evasión y el fraude fiscal, que, según estimaciones, alcanza en torno al 2 o 2,5 por ciento del PIB
de la Unión Europea, y para mejorar la colaboración entre los Estados miembros de la Unión Europea, aumentando la información y la transparencia de las actuaciones fiscales. Es decir, articular un sistema transparente de colaboración fiscal entre
Estados y acabar con los espacios fiscales opacos son pasos pragmáticos en la buena dirección para poder poner en marcha un sistema fiscal a nivel internacional que sea operativo y funcione correctamente. Y quiero destacar la labor señalada de los
parlamentarios españoles en Estrasburgo señor Jáuregui y señora Álvarez para poner coto al fraude fiscal y establecer un nuevo sistema de fiscalidad en las transacciones financieras internacionales.
El señor PRESIDENTE: Señor Lasarte, debe acabar ya.
El señor LASARTE IRIBARREN: Acabo ya.
Quiero terminar mi intervención con una cita de un clásico griego, Epicuro, que dijo: ¿Quieres ser rico? Pues no te afanes por aumentar tus bienes sino en disminuir tu codicia. Vemos que el paso de los siglos no ha mejorado algunas formas
de actuar de los seres humanos. Harán falta perseverancia y cultura y quizá también desincentivos a la codicia para evitar nuevas burbujas basadas en la soberbia y en la avaricia de algunos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Lasarte. (El señor Llamazares Trigo pide la palabra.)
Sí, señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: El portavoz del Grupo Popular ha hecho una manifestación en relación con una posición nuestra en una ley y queremos aclararle que está equivocado.
El señor PRESIDENTE: Un momento, porque no estaba presidiendo la sesión en ese momento. (Pausa.) Se da una circunstancia novedosa en quien preside la sesión, y por esa circunstancia, señor Llamazares, le voy a dar la palabra por un minuto,
si le parece, y también al señor García-Legaz.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Al objeto de que conste en el 'Diario de Sesiones', no es cierto lo que ha dicho el portavoz del Grupo Popular. La medida a la que él se refiere sobre el tema de los paraísos fiscales no iba en el real decreto sobre los 400 euros, sino en
un real decreto del mes de abril del año 2008. Por tanto, no hay discusión, lo que está en las actas es la verdad, lo demás es mentira.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
¿Desea hacer uso de la palabra, señor García-Legaz? (Denegación.) Muchas gracias.
PROPOSICIONES NO DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE CELEBRACIÓN DE UN PLENO MONOGRÁFICO RELATIVO AL INCREMENTO DE LA TRIBUTACIÓN POR EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. (Número de expediente 162/000586.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán, de celebración de un Pleno monográfico relativo al incremento de la tributación por el impuesto sobre el valor añadido. Tiene la palabra para su defensa don Josep
Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el objetivo fundamental de esta iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) es intentar evitar o aplazar el incremento del impuesto sobre el valor añadido a todas las familias
españolas, concretamente evitar que el Gobierno incremente el IVA a partir del 1 de julio de este año del 7 al 8 por ciento y del 16 al 18 por ciento. Básicamente planteamos esta iniciativa porque nuestro grupo parlamentario está radicalmente en
contra del incremento de la presión fiscal que ha establecido el Gobierno para todas las familias españolas, para toda la economía productiva española.
Desde la óptica del ahorro, aunque no es el objetivo fundamental de esta proposición, intentamos
evitar que el Gobierno aplique un incremento del impuesto sobre el valor añadido a todo el consumo que se pueda producir en la economía española a partir del segundo semestre del año 2009. Por lo tanto, hay una primera consideración importante:
Convergència i Unió está radicalmente en contra del incremento impositivo, y básicamente del incremento del impuesto sobre el valor añadido a partir del 1 de julio del año 2010.
En segundo lugar, nosotros planteamos esta iniciativa porque entendemos que va a generar muchísima desconfianza entre los agentes sociales, económicos o instituciones financieras españolas el incremento desmesurado de un impuesto tan
importante como es el impuesto sobre el valor añadido. Nosotros entendemos que, desgraciadamente, esta acción del Gobierno está generando muchísima incertidumbre, muchísima inestabilidad, muchísimo desasosiego y que, al mismo tiempo, esta falta de
confianza que va a generar entre los diferentes agentes económicos va a producir inmediatamente un descenso de la inversión con las consecuencias que puede acarrear en la generación de puestos de trabajo. También entendemos que esta decisión
desacertada del Gobierno -que nosotros vamos a intentar consensuar con los diferentes grupos de la Cámara hoy, en esta sesión plenaria- va a retrasar la salida de la crisis en la que está inmersa la economía española, y que estas acciones
desacertadas también van a perjudicar notablemente la competitividad de nuestro tejido empresarial.
Al mismo tiempo -otro efecto nocivo de esta decisión desacertada- va a frenar también el consumo de todas las familias españolas. El incremento de
tipos impositivos a partir del segundo semestre de este año va a frenar el consumo de las familias españolas, ya que van a tener muchísimo menos poder adquisitivo ante servicios tan importantes, que podríamos calificar de públicos y básicos, como el
consumo de agua, de gas, de electricidad, que nosotros consideramos que ya tendrían que estar a un tipo reducido o superreducido del 4 por ciento, y ustedes no solamente no los bajan del 7 al 4 por ciento, sino que adoptan una decisión desastrosa
desde nuestro punto de vista incrementándolos del 7 al 8 por ciento, lo que no deja de ser un 14 por ciento sobre los niveles actuales. A pensionistas, viudas, jubilados, personas con una capacidad adquisitiva muy mermada, un 14 por ciento en un
impuesto tan importante como el impuesto sobre el valor añadido lógicamente les va a hacer tener muchísimas dificultades para llegar a final de mes.
Hay otro sector que me gustaría mencionar al respecto, señorías, que es el sector del turismo. Ustedes saben perfectamente que la mayoría del sector turístico español -un sector de los más importantes de la economía española, yo diría-
tiene una serie de acuerdos cerrados, como son los acuerdos con los turoperadores, desde hace seis o siete meses aproximadamente con los precios del IVA concertados al 7 por ciento.
Ahora ustedes, con la subida indiscriminada de este impuesto,
van a mermar las cuentas de explotación de este sector, ya muy afectado por la crisis económica española, mermando finalmente la capacidad para poder generar empleo.
Asimismo, nosotros entendemos que esta acción desacertada por parte del Ejecutivo español de incrementar el IVA para poder incrementar la recaudación fiscal va a plantear o les va a suponer, desgraciadamente, una menor recaudación fiscal
porque se van a encontrar con un incremento de la economía sumergida muy importante que va a proliferar en los servicios en la economía española, con lo cual no solamente este incremento impositivo no va a generar más recaudación, sino que se va a
producir justamente todo lo contrario: va a haber una menor recaudación del IVA debido a un incremento de la economía sumergida.
Finalmente, señorías, con esta decisión desacertada, que va a generar desconfianza, desasosiego, muchísima inseguridad e inestabilidad, ustedes también van a incrementar la tasa de paro de la economía española, que saben perfectamente que en
estos momentos es la principal preocupación de todos los ciudadanos españoles.
Nosotros planteamos una iniciativa en la que no les vamos a decir que cambien inmediatamente de opinión, sino todo lo contrario. Vamos a hacer un planteamiento positivo, objetivo y pragmático: aprueben esta iniciativa de Convergència i
Unió con el fin de que puedan convocar un Pleno antes del mes de junio de este año, en el sentido de comprometer al Gobierno para que envíe a esta Cámara un informe sobre la evolución del consumo en este primer trimestre de la economía española y
cuáles van a ser las perspectivas españolas en este segundo trimestre. Si todos constatamos que la economía española no va a crecer a lo largo del año 2010, lo que les propone Convergència i Unió es que aplacemos la decisión del incremento del IVA
hasta que no haya signos positivos y relevantes de que la economía española ha salido de la recesión y que empieza a generar empleo. Señorías, estamos ante una decisión que no es inmediata, sino una decisión reflexiva y ustedes van a tener la
posibilidad de cambiar de comportamiento, de cambiar de dirección en cuanto a sus propuestas económicas y aceptar lo que les dice la mayoría de los grupos de la Cámara de intentar replantear la dirección de la economía española, que vaya justamente
en sentido contrario al que ustedes han planteado hasta la fecha.
Muchísimas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Para la defensa de las enmiendas presentadas, en primer lugar, tiene la palabra don Gaspar Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Voy a evitar los peligros inherentes a mi grupo parlamentario que, según han dicho los grupos parlamentarios anteriores, son el dogmatismo o el testimonio. En este caso hemos presentado una serie de enmiendas a la iniciativa de Convergència
i Unió, en relación con la cual podríamos parafrasear aquella valoración que decía que la historia se repite como farsa. En este caso el presupuesto se repite como proposición no de ley, pero es que el presupuesto, señorías, es una ley. Aunque mi
grupo parlamentario discrepa radicalmente -y así lo explicó en el debate presupuestario- del incremento del IVA decidido por la mayoría de esta Cámara, tiene que aceptar que esta Cámara tiene legitimidad para aprobar una ley. La única posición que
podría defender mi grupo parlamentario, antes de que entrase en vigor la ley, sería proponer una ley a esta Cámara para paralizar la ejecución de esa ley. No estamos en esas circunstancias. En esta iniciativa se nos propone mediante una
proposición no de ley aplazar una ley. Señorías, un poco de rigor. Sé que no tengo mucha autoridad por eso de ser dogmático o testimonial, pero un poco de rigor en las iniciativas parlamentarias. El presupuesto solo se modifica mediante una ley,
aunque el Gobierno recientemente, mediante una decisión gubernamental, haya recortado de forma muy importante el presupuesto y, por tanto, haya afectado a la identidad y naturaleza del mismo. Pero, con relación a la política fiscal incorporada al
presupuesto, señores de Convergència, la única fórmula que tienen ustedes es proponer a esta Cámara mediante una ley la modificación de otra ley; ninguna iniciativa de otro tipo. Pero esto me lleva a otra reflexión y es el pacto que ustedes
proponen al Gobierno. No sé muy bien cuál es ese pacto. Normalmente el pacto es una oferta de diálogo para llegar a un acuerdo, pero esto en vez de un pacto más parece una penitencia en la que le proponen al Gobierno, en primer lugar, que haga un
acto público de contrición y, en segundo lugar, no un propósito de la enmienda, sino una enmienda a la totalidad de la propuesta fiscal del Gobierno. Desde luego es una fórmula que no conocía para ofrecer pactos. Más parece una fórmula para
ofrecer confrontaciones. Pero, bueno, de todo se viste la política, incluso la confrontación, a veces, por razones electorales, se viste de pacto.
Nuestra posición, señorías, no es esta y ustedes lo saben. En ese sentido, hemos propuesto en nuestra enmienda que el Gobierno haga un análisis de la situación fiscal en nuestro país -creemos que es necesario-: cómo se distribuyen los
presupuestos, cómo se distribuyen los ingresos y los gastos y que, una vez hecha esa valoración fiscal, nos proponga un debate a esta Cámara y modifique las leyes que sea conveniente para recuperar, por una parte, la lucha contra el fraude fiscal,
que nos parece muy grave en nuestro país, y por otra parte, para recuperar también la progresividad fiscal, es decir que quien más tiene más pague y por tanto más contribuya a la salida de la crisis. Ese es el planteamiento de nuestro grupo, un
planteamiento que nosotros creemos coherente con la ley presupuestaria y coherente también con el ámbito de las iniciativas singulares como es una proposición de ley. Por eso hemos
presentado esta enmienda. Si se mantuviera la propuesta de Convergència i Unió, no podríamos votarla a favor por razones fundamentalmente de forma, no porque no estemos de acuerdo respecto a que es necesario parar la iniciativa del IVA y
que es necesario abordar otras medidas fiscales, sino por creer que no se puede modificar una ley mediante una proposición no de ley o mediante una decisión del Gobierno como dice la propia proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió). En todo caso, apunto, por último, esa aportación inestimable de Convergència i Unió a los pactos confrontacionales.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Cristóbal Montoro.
El señor MONTORO ROMERO: Señor presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Popular celebra la iniciativa de Convergència i Unió de presentar a la Cámara lo que el Grupo Parlamentario Catalán pretende que sea un aplazamiento en una de las
decisiones de política económica más importantes que se han tomado por parte del Gobierno y también más equivocadas a la hora de afrontar la crisis económica que está viviendo España. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la
Presidencia.) El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) pretende aplazar la decisión de subir el IVA durante este año y el Grupo Parlamentario Popular presenta una enmienda adicional por la que tratamos de suspender la decisión de subir
los impuestos, de subir el IVA a mitad de ejercicio por las consecuencias negativas que traerá: la profundización, el agravamiento de la crisis y porque subir impuestos, señorías, es llevar a decenas de miles de ciudadanos al paro. Eso es lo que
hoy está en juego y a ese respecto quiero fijar claramente la posición del Grupo Parlamentario Popular, del Partido Popular.
Señorías, con nosotros no cuenten para ningún tipo de apoyo a una política económica, llámese presupuestos del Estado o llámese acuerdo político básico o general, que implique, que conlleve subida de impuestos en la actual crisis de paro que
estamos viviendo. Lo quiero decir con toda claridad, con la mayor franqueza esta tarde en esta Cámara, porque lo contrario implicaría una deslealtad en relación con la sociedad española, con las demandas de los ciudadanos. Hoy ya tenemos muy claro
que la crisis económica es una recesión y una caída de consumo; es la mayor destrucción de puestos de trabajo, es decir, de cierre de empresas, de cierre de pequeñas y medianas empresas que hemos vivido. Dos millones y medio de personas han ido al
paro, señorías, y hay que decir esta tarde aquí, cuando tanto se debate en términos políticos, sobre acuerdos entre estas formaciones políticas, que el Partido Popular desde el comienzo de esta legislatura, y el inicio por tanto de la crisis, ha
sido leal con la sociedad española, ha sido leal con los grupos políticos de esta Cámara y ha sido leal también con el Gobierno de España al explicar públicamente que hay otra política económica, la de la austeridad en el gasto público y no
despilfarrar el dinero de los ciudadanos ensanchando las aceras para, a continuación, mandar a mucha más gente al paro subiéndole los impuestos, señorías. Este es el círculo vicioso en el que nos ha metido el Gobierno socialista y su alocada
carrera de gasto público, hasta que hoy día ya se le ha acabado la manguera del gasto público. Hoy hay un problema real de colocación de la deuda pública de España en los mercados interiores y exteriores, y hoy ya tenemos un riesgo reputacional,
como ocurre siempre que gobierna el Partido Socialista en España, señorías.
Esta es la situación y este es el dilema al que nos estamos enfrentando, el avance inexorable de una crisis económica que se llevará cientos de miles de puestos de trabajo
si no promovemos de una vez por todas una rectificación de la política económica, que es lo que necesita la economía española, lo que necesita la sociedad española. Por eso celebramos la iniciativa, aunque nos parece algo corta, señor Sánchez i
Llibre. Nosotros estamos haciendo una aportación mucho más firme, más clara, y lo que tendríamos que derivar de esta iniciativa, inteligentemente planteada en la tarde de hoy, es precisamente la paralización de esa decisión. En cualquier caso,
anunciamos el voto favorable porque de eso se trata, de que en las reuniones de este Congreso de los Diputados, en el Pleno, se aborden cuanto antes las necesidades objetivas de la sociedad española y en este momento entre esas necesidades figura,
en primer lugar, paralizar la subida de impuestos, que lo que hará -insisto- es agravar, profundizar la crisis económica.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Montoro.
Por el Grupo Parlamentario Mixto hay una enmienda de la señora Díez, que no está en este momento en el hemiciclo. Tiene la palabra en nombre de su grupo el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señora vicepresidenta.
En primer lugar, quiero dar por defendidas las enmiendas presentadas por la diputada doña Rosa Díez.
Es evidente, después de muchos debates parlamentarios en esta Cámara sobre la situación económica, que el Bloque Nacionalista Galego y Convergència i Unió, así como coinciden en otras cuestiones, mantienen divergencias importantes en materia
de política fiscal. El BNG piensa que es difícilmente conciliable defender que no se incurra en déficit y al mismo tiempo proponer rebajas fiscales generalizadas, a no ser que lo que pretendamos sea desarmar los servicios y las políticas públicas.
Creemos que en un contexto de crisis económica aguda como en el que estamos es necesario un esfuerzo inversor
por parte de los poderes públicos para que dicho esfuerzo inversor tenga un efecto anticíclico en la economía y contribuya a reactivarla.
Dicho esto, el Bloque Nacionalista Galego comparte con el grupo proponente su discrepancia con respecto a la subida del IVA. De hecho, fue esta discrepancia una de las principales razones por las que el Bloque Nacionalista Galego se opuso a
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2010. En su momento, tanto en el proceso de debate de los Presupuestos Generales del Estado como en el proceso de interlocución previa con el Gobierno y el Grupo Socialista respecto del mismo,
manifestamos que operar sobre la imposición indirecta era injusto e incidía en uno de los principales defectos del sistema tributario español, que es su carácter regresivo, en la medida en que por el IVA todos pagamos igual, independientemente de
nuestras condiciones de renta, y en que son las rentas medias y las rentas bajas las que tienen que destinar un mayor porcentaje de sus ingresos a satisfacer sus necesidades básicas de consumo y por tanto las más castigadas por esa medida. Pero,
además de discrepar por estas razones, entendíamos que en un contexto de crisis operar sobre la imposición indirecta y operar en particular sobre el IVA elevando sus tipos era contraproducente, porque de esta manera se estaba penalizando el consumo
y con ello dificultando la reactivación de la demanda, algo imprescindible para salir de esta crisis.
Señorías, el propio Gobierno reconoce que el efecto recaudatorio de esta medida en el año 2010 será muy poco relevante y justifica esta medida para contribuir a la estabilidad de las finanzas públicas a medio y largo plazo. Es más, en su
momento, a la hora de justificar la implantación de esta subida de los tipos impositivos del IVA en el segundo trimestre, argumentaba el Gobierno que en el segundo trimestre ya estaría consolidada la senda de la recuperación económica y, por tanto,
el impacto de esta subida sería mucho menor en los ciudadanos. Es evidente a día de hoy y con los datos de hoy que esta previsión del Gobierno ya no se sostiene. El BNG alertó en el debate de los presupuestos de la falta de rigor de dichas
previsiones, tanto en lo que se refería a las previsiones económicas como a las medidas propuestas para reactivar la economía, fuese en la vertiente de ingresos, fuese en la vertiente de gastos. Con esta situación, cuando es evidente que no hay
nada que nos permita aventurar que en el segundo trimestre estaremos ya en una senda clara de reactivación económica, cuando el propio Gobierno reconoce que el impacto recaudatorio de esta medida en las cuentas del año 2010 es muy poco relevante, en
este contexto, nos parece plenamente coherente la propuesta del Grupo Parlamentario Catalán. Es cierto lo manifestado por un portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra argumentando que una ley general de presupuestos hay que reformarla
por ley también, pero la propuesta del Grupo Parlamentario Catalán lo que defiende es que el Gobierno presente un informe a la Cámara sobre el impacto económico de esta subida de los tipos del IVA, que se abra un debate con comparecencia del
presidente del Gobierno y que esas conclusiones luego sean tenidas en cuenta a la hora de ratificar o rectificar esta medida, independientemente de que lo lógico es, de rectificarse, hacerlo a través de una ley.
Quiero llamar la atención de SS.SS. sobre un hecho. Unos presupuestos generales del Estado debatidos y aprobados en esta Cámara acaban de ser rectificados de manera drástica por el Gobierno al anunciar un recorte en el gasto público de
50.000 millones de euros para los próximos tres años, que ya tendrán efecto en el ejercicio 2010. Por tanto, es fundamental que no se sustraiga a esta Cámara el debate porque es esta Cámara la que tiene legitimidad a la hora de deliberar y aprobar
las cuentas del Estado y, por tanto, de cualquier rectificación que sobre las mismas se introduzca. Además, si tanto se apela, ante la situación de crisis económica, a la necesidad de un pacto para hacer frente a la crisis...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Jorquera, por favor, tiene que acabar.
El señor JORQUERA CASELAS: Concluyo, señora vicepresidenta.
Consideramos que un gesto del Gobierno que demuestre que está dispuesto a oír a la Cámara, que está dispuesto a reconocer sus errores de cálculo y, por tanto, a rectificar, sería una buena base para abonar el camino para hacer posible este
acuerdo.
Anuncio el apoyo del Bloque Nacionalista Galego a la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Jorquera.
Para defender las enmiendas del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Mas i Estela.
El señor MAS I ESTELA: Gracias, señora presidenta.
Es conocido que el diputado Sánchez i Llibre es tozudo, muchas veces hábilmente tozudo. La acepción de tozudo puede tener interpretaciones divergentes, unas como terco y otras como tenaz. A nuestro modo de ver, la proposición no de ley que
nos presenta el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió es más de lo primero que de lo segundo, más de lo terco que de lo tenaz, porque este es un debate que ya se hizo y que ya se zanjó en su momento, el de la aprobación de los Presupuestos
Generales del Estado para 2010. Sin embargo, el señor Duran i Lleida ya nos advirtió entonces que su grupo parlamentario no cejaría en intentar cambiar la posición del Gobierno y de la mayoría parlamentaria que aprobó el presupuesto en este punto,
y aquí tenemos esta extravagante y estrafalaria -perdone, señor Sánchez- proposición no de ley que nos presenta Convergència i Unió.
Seguramente la extravagancia está más en la forma que en el fondo.
La forma. En los anales parlamentarios se deben de acumular muchas anécdotas y actuaciones sorprendentes pero no sé si se dan muchos casos de utilización del mecanismo de la proposición no de ley para solicitar comparecencias del Gobierno y
derivar de ellas propuestas de resolución.
Ahora bien, reabrir un debate zanjado con una ley comporta todo tipo de consideraciones jurídicas y políticas que no se pueden obviar. No es un tema baladí como para presentar una proposición no de ley.
Su trascendencia es de bastante calado. El súmmum, en el texto que estamos considerando -que me parece que el señor Llamazares también lo ha remarcado-, es la posibilidad que plantea de que el Gobierno, con un acuerdo del Consejo de Ministros,
modifique una ley, la Ley de Presupuestos de este año. Creo que todos convendrán en que el funcionamiento del Estado de derecho comporta procedimientos mucho más complejos; sin ir más lejos, la separación de poderes.
El fondo. Tanto en los planteamientos actuales como en los pronunciamientos anteriores en sede parlamentaria y fuera de ella el grupo proponente pretende que se retrase la subida impositiva. Hoy, el señor Sánchez ha dicho -y ha coincido
con el Grupo Popular- que no quieren la subida, pero en la proposición no de ley piden que se retrase la subida ya aprobada. No voy a repetir los argumentos que se debatieron entonces, en la aprobación de los presupuestos, en este asunto concreto,
para ello está el 'Diario de Sesiones', pero no me negarán, señorías, que, a la vista de la evolución más reciente de nuestra economía y de las economías de nuestro entorno, las previsiones de actuación no están siendo desacertadas: mantenimiento
de los estímulos fiscales por la vía de la consolidación del gasto, inicio de medidas para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas por vía de los moderados aumentos de ingresos -como el que estamos contemplando- y atención y prudencia
en el manejo del déficit y la consiguiente financiación por la vía de la deuda, esta última con unas perspectivas acotadas por la unión económica y monetaria europea, analizada por organismos internacionales y recordada convenientemente -como hemos
visto estos días- por los mercados. ¿Hay que replantear todo esto? Para nosotros, para el Grupo Parlamentario Socialista, no. Pensamos que estamos en la vía correcta. Para otros grupos quizás sí o imperiosamente sí, pero convendrán, señorías,
que en este caso no es el aumento de dos puntos porcentuales del IVA normal o uno en el reducido lo que habría que discutir; en este caso tendríamos que hacer un debate más profundo. Creo que el señor Llamazares, con la enmienda que ha presentado
el Grupo de Izquierda Unida, iba por esta dirección.
Por último, el debate sobre la economía. El Gobierno y el grupo parlamentario que lo sustenta no lo rehúyen. El ejemplo mañana, un nuevo debate en el Pleno de esta Cámara con el presidente del Gobierno, y van, ¿cuántos en esta legislatura?
A demanda de la oposición, pero también a petición del Gobierno. El Grupo Parlamentario Socialista no quiere dejar dudas sobre su predisposición y por esa razón ha planteado una enmienda de sustitución para que pueda verse en la Comisión de
Economía un informe actualizado y debidamente contextualizado de la situación económica, para que esta Cámara pueda tener los elementos nuevos -si los hubiere- para considerar la idoneidad de la medida aprobada. Podrá argüirse frente a esta
propuesta que es redundante pero convendrán conmigo, señoras y señores diputados, en que es una práctica habitual de nuestro quehacer rutinario que lo que abunda no daña. Con este ofrecimiento el Grupo Parlamentario Socialista ofrece la posibilidad
de tener abiertos todos los canales de debate sobre el tema que es la principal preocupación del país, de sus ciudadanos y de sus políticos: la situación económica, sus perspectivas y las políticas para superarla.
Muchas gracias, señora presidenta, y muchas gracias por su atención, señoras y señores diputados. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Mas.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señoras diputadas, señores diputados, de la misma manera que el portavoz socialista ha calificado como tozudo al señor Sánchez i Llibre -más en la vertiente de terco que de tenaz-, yo, sin
quitarle la razón que pueda tener, sí quiero insistir en que el señor Sánchez i Llibre y su grupo parlamentario en estas y otras cuestiones son enormemente tenaces y, yo diría, efectivos. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) nos
trae a esta Cámara una proposición no de ley cuyo objetivo es analizar y debatir el impacto que sobre la actividad económica y la recuperación de la economía puede tener la subida del IVA que los Presupuestos Generales del Estado contempla para el
2010 a partir del segundo semestre. Al margen de las disquisiciones jurídicas, que personalmente se me escapan, como la posible supresión de un precepto legal aprobado en los presupuestos simplemente por un acuerdo del Consejo de Ministros, que ya
lo han comentado los portavoces que me han precedido al plantear que esta cuestión es inviable, me parece, a pesar de esta cuestión en la que no me voy a meter, que el debate puede ser de interés e incluso necesario; pero no solo si la subida del
IVA puede restringir o impedir la reactivación económica, sino el papel del presupuesto de los ingresos, de los gastos y del déficit público en la dinamización de la economía. De la misma manera que una subida de los tipos del IVA puede retraer el
consumo y afectar negativamente al incremento del PIB y del empleo, una reducción del gasto, y en especial de las inversiones en I+D+i o en infraestructuras, puede operar en el mismo sentido. Luego debatir sobre el papel que la política
fiscal ha de jugar en una coyuntura económica adversa es hoy muy relevante.
Hay voces cualificadas, como las del premio Nobel Joseph Stiglitz, que creen con firmeza que es arriesgado subir impuestos o incluso reducir gastos antes de que se produzca un inicio firme de la recuperación económica, y precisamente en el
momento en el que estamos en la economía española es un momento de fragilidad económica. He defendido esta postura en esta Cámara en más de una ocasión. Me parece una propuesta sugerente e incluso diría que acertada. Es posible en este marco
plantear que el déficit público continúe aumentando a lo largo de este y próximos ejercicios para proceder a sanear las cuentas públicas a partir de, por ejemplo, el año 2012. De esta forma podríamos volver a la senda del déficit del 3 por ciento
en torno al año 2015, dos años más tarde de lo que prevé el Gobierno en el Plan de estabilidad y crecimiento económico 2009-2013 que acaba de ser enviado a Bruselas. Sin embargo, como bien sabe, señor Sánchez i Llibre, muy recientemente, tras la
Conferencia de Davos, la experiencia griega, la evolución de los mercados financieros y bursátiles, la debilidad de la economía española, sus carencias, sus puntos débiles, su baja productividad y su elevado nivel de déficit público, con el impacto
que ello está teniendo en los spreads de la deuda y en la confianza de los mercados en la economía española, ha obligado al Gobierno a adoptar medidas justamente en sentido contrario para recobrar la confianza en la economía española. Así, el
Gobierno ha revisado la senda del déficit público y endeudamiento, comprometiéndose a mantener el déficit por debajo del 3 por ciento a partir del año 2013. Para ello ya este mismo año plantea recortar el gasto público en 5.000 millones de euros
sobre lo aprobado en los presupuestos, hace no mucho tiempo, a la vez que propone hacer esfuerzos considerables en la contención del gasto público en los próximos años. Por tanto, hay elementos suficientes para debatir sobre estas cuestiones que
son clave en el diseño de la estrategia de políticas económicas a corto y medio plazo. Todos los grupos parlamentarios deberíamos fijar nuestra posición al respecto. Sin embargo, mi grupo no cree que sea necesario realizar debates monográficos
sobre una cuestión tan puntual como es la subida del IVA a partir de julio. Tampoco creo que sea necesario esperar a disponer de un estudio del impacto del IVA en la economía para hablar de estas cosas. Hoy mismo lo estamos haciendo y mañana, con
motivo de la comparecencia del presidente del Gobierno para analizar la situación económica, es un momento adecuado también para estos temas.
Sinceramente, el debate económico ha de llenar gran parte de nuestra agenda política durante los próximos meses. Así lo deberían entender el Gobierno y el señor Rodríguez Zapatero, para intentar liderar unas medidas de política económica y
unas reformas estructurales imprescindibles para abordar con seriedad y garantía la situación económica en que se encuentra la economía española. Me temo que es mucho pedir al Gobierno y a su presidente dado que la falta de liderazgo y credibilidad
están en cuestión.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Azpiazu, termine, por favor,
El señor AZPIAZU URIARTE: Termino, señora presidenta.
Por otra parte, señor Sánchez i Llibre, la subida de dos puntos que se plantea en el IVA a partir del mes de julio fue aprobada hace apenas dos meses en esta Cámara con el voto favorable, entre otros, del Grupo Parlamentario Vasco, por lo
que no creemos que se deba suspender su entrada en vigor. Demos un tiempo para ver los efectos que tiene dicha medida y, en todo caso, planteemos su revisión de cara a los próximos presupuestos; ahora no es oportuno hacerlo. Por ello, nuestro
grupo va a votar -como usted sabe- en contra de esta proposición presentada por su grupo.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Azpiazu.
Señor Sánchez i Llibre, su turno para aceptación o rechazo de enmiendas.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Desgraciadamente, nuestro grupo no va a aceptar ninguna de las enmiendas presentadas.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE LAS FAMILIAS NUMEROSAS. (Número de expediente 162/000571.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la siguiente proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a la protección de las familias numerosas.
Para defender esa proposición no de ley, tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, señorías, en este ambiente acogedor en el que hoy nos encontramos mi grupo parlamentario tiene el honor de presentar una proposición no de ley fácil de defender y fácil de asumir por todos los
grupos parlamentarios de esta Cámara. No crea la presidenta que esto es una ventaja para el diputado que les habla en este momento porque, parafraseando a Kierkegaard, estaríamos casi ante la patológica persecución de lo obvio. ¿Lo obvio qué es?
Pedir el cumplimiento de la ley. La ley que pedimos que se cumpla es la que se consigna en la disposición
septuagésima de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, que regula los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008. El tenor literal de este precepto establece y mandata lo siguiente al Gobierno: El Gobierno llevará cabo las oportunas
modificaciones legales para que las familias monoparentales con dos hijos a cargo tengan la consideración de familia numerosa. Es una mención clara, una mención inequívoca, no requiere de ningún elemento de hermenéutica para comprender su sentido;
es un mandato al Gobierno que el Gobierno lleva sin cumplir tres años. Se nos antoja difícil de explicar a los ciudadanos con carácter general, a las familias en particular, y más específicamente a las familias monoparentales, cuál es la razón de
una demora en el cumplimiento de un mandato de una ley presupuestaria que requiere un desarrollo legislativo, dada la naturaleza jurídica de las leyes de presupuestos. Las leyes de presupuestos pueden incorporar mandatos al Gobierno, pero para la
adquisición del título de legitimación para exigir esos derechos, para convertirse en titular de los derechos que las leyes de presupuestos preconizan o proclaman se tienen que desarrollar por leyes de naturaleza jurídico formal ordinaria,
naturaleza que no se corresponde con las leyes de presupuestos. Nos falta esto: una ley ordinaria, un desarrollo normativo ordinario que posibilite el reconocimiento como familias numerosas, con la asignación de los derechos de las familias
numerosas a las familias monoparentales con dos hijos a cargo.
Señora presidenta, nos encontramos con un incumplimiento muy extenso en el tiempo que constituye un incumplimiento de un precepto presupuestario, pero que tiene más trascendencia, más profundidad jurídicopolítica que el incumplimiento de un
precepto presupuestario; estamos incumpliendo el contenido esencial del artículo 39 de la Constitución española, que mandata a los poderes públicos a la protección social, económica y jurídica de la familia, de la familia in genere, en todas sus
manifestaciones. En este momento hay realidades familiares diferentes a las familias convencionales, que reguló en su día el Código Civil, que ya han adquirido relevancia jurídica: familias monoparentales, familias constituidas por parejas
homosexuales, familias dimanantes de situaciones de tutela en el caso de orfandad de padre y madre de hijos sujetos a situaciones de guarda, tutela o curatela. En definitiva, realidades familiares diversas a las que el ordenamiento jurídico otorga
la misma protección. Desde esa perspectiva, estaríamos incumpliendo también el contenido esencial de un precepto constitucional. Estamos incumpliendo un mandato de naturaleza más deletérea y de más indirecta o mediata aplicación que el contenido
de los preceptos constitucionales de la consideración de la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Y esta es una expresión que se consigna en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Carta Social Europea.
Estamos incumpliendo los requerimientos del artículo 9.2 de la Constitución cuando consagra -de forma enfática además- la igualdad material que la jurisprudencia constitucional ha descrito como la remoción por los poderes públicos del Estado
de todas las situaciones que impiden la efectiva igualdad entre los ciudadanos o sus organizaciones, también las familiares. Estamos incumpliendo también, en definitiva, los requerimientos de la Ley 40/2003 de protección a las familias numerosas,
que establece específicamente la identificación entre familias de carácter convencional y familias de carácter monoparental, bien sea esta monoparentalidad de origen -y estoy leyendo la exposición de motivos de la ley- o sea una relación
monoparental sobrevenida por una relación matrimonial a la que ha afectado una situación de separación, una situación de divorcio o fallecimiento de uno de los progenitores, o familias preconstituidas con carácter monoparental. Desde esa
perspectiva ya hay un precedente que sirve para ilustrar a SS.SS. de unidades familiares solo con dos hijos a cargo -no con tres, que es lo que la legislación regula para la categorización o catalogación de una familia como numerosa-, que es la
situación de los huérfanos de padre y madre sujetos a situaciones de tutela, donde basta la existencia de dos hijos tutelados para la consideración de esta unidad familiar como familia numerosa. Sería una extrapolación de esta misma situación.
Una familia monoparental, es decir, una familia en la que un ascendiente tiene dos o más hijos a su cargo, sería una situación comparable a la anteriormente descrita en relación con la tutela de los huérfanos de padre y madre tutelados por
un tutor con dos hijos a cargo que ya tiene la consideración de familia numerosa. Desde esa perspectiva se nos antoja muy difícil no considerar que una familia con dos ascendientes y tres hijos tenga la categorización de familia numerosa con los
beneficios -magros beneficios; todo hay que decirlo- que la legislación provee para las familias numerosas, y una familia monoparental, es decir, con un solo ascendiente y dos descendientes a su cargo, no tenga la misma consideración para obtener
los beneficios familiares -magros beneficios familiares- que prevé la legislación, sobre todo la legislación del año 2003 que hemos comentado.
¿Qué beneficios poseen las familias numerosas? Desafortunadamente muy pocos, señora presidenta. Estamos hablando de un país y de un estado donde las políticas familiaristas han brillado y siguen brillando por su ausencia. Esto también
gravita desde las perspectivas demográficas sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones y sobre muchos otros problemas relativos a nuestra sociedad que estamos afrontando ahora desde una perspectiva bastante tortuosa.
Ya voy acabando, señora presidenta. Esto afecta a muchas cuestiones y, desde luego, afecta a un mandato legal que se lleva incumpliendo durante tres años sin ninguna justificación, salvo las pretendidas insuficiencias económicas o
disponibilidades presupuestarias del Gobierno. Me cuesta mucho creer, señorías, que no
existan disponibilidades presupuestarias del Gobierno para los beneficios tributarios escasísimos que afectan a las familias numerosas.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo ya, señora presidenta.
Beneficios como el acceso a becas que reconoce la ley a las familias numerosas, el acceso a viviendas protegidas que reconoce la ley a las familias numerosas, el acceso a la exoneración de tasas para la consecución de determinadas
certificaciones públicas que afecta a las familias numerosas que reconoce la ley, y a la justicia gratuita. Esto no genera gasto alguno. Si son razones de naturaleza económica las que se van a invocar, yo estaré en condiciones de refutarlas.
Señora presidenta, acabo ya.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): No, señor Olabarría. Sabe que ha superado con exceso su tiempo.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Pero ya no lo voy a superar más que con esta mención, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): ¿Por qué será que nunca podemos acabar a tiempo usted y yo? (Risas.)
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Las federaciones de familias numerosas privadas han conseguido más beneficios para las familias numerosas que las que consigna la Ley 40/2003 en relación a automóviles, alimentación, educación, hogar, hoteles,
moda, ocio, seguros, etcétera. Si se aprueba esta proposición no de ley, a todo esto tendrán derecho las familias monoparentales con dos hijos a su cargo. No es mucho pedir, señora presidenta. Es un requerimiento de justicia social elemental.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Olabarría.
A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por el Grupo Popular, para defenderla en nombre de su grupo tiene la palabra la señora Guaita.
La señora GUAITA VAÑÓ: Gracias, señora presidenta.
La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008, como bien ha dicho el señor Olabarría, establecía en su disposición adicional septuagésima: El Gobierno llevará a cabo las oportunas modificaciones legales para que las familias
monoparentales con dos hijos a cargo, así como las familias con un cónyuge discapacitado y dos hijos a cargo, tengan la consideración de familia numerosa. Por aquel entonces no hubo ni un solo medio de comunicación que no publicase el supuesto
logro de un Gobierno que había pensado, por fin, en establecer ayudas para las familias monoparentales. Pero a fecha de hoy ni los proponentes, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds ni el PSOE han alentado al Gobierno para que esta
iniciativa se desarrolle normativamente. Tanto es así que la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 en su disposición adicional sexagésima cuarta dice textualmente: El Gobierno, en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de
esta ley, dará cumplimiento a la disposición adicional septuagésima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008, llevando a cabo las oportunas modificaciones legales para que las familias monoparentales con dos hijos a cargo
tengan la consideración de familia numerosa.
Consecutivamente, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 lo recoge en su disposición adicional sexagésima octava. Después de tres leyes y dos años, hoy estamos aquí para debatir
una proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Vasco, en la que se insta al Gobierno a cumplir la disposición adicional de una ley que debería haberse cumplido ya. Una vez más vemos cómo el Gobierno frivoliza con algo tan importante como es la
protección social. Se vuelve a demostrar que el Gobierno hace propuestas que no cree y, por tanto, no las ejecuta.
Señorías, los principios protectores de la familia están garantizados por la Constitución española. En el artículo 39 establece que los poderes públicos deben asegurar una adecuada protección a la familia en los ámbitos económico, social y
jurídico. Estos derechos también están explicitados en el ámbito europeo de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Carta Social Europea. Cumpliendo con este deber todos los países europeos han desarrollado políticas
específicas para ayudar a la familia. Sin embargo, España es uno de los países de Europa que menos gasto social destina a las políticas de familia. Este gasto fue creciendo hasta el año 2005, año en el que se estancó.
Mientras España destina el 1,1 por ciento del PIB a políticas de familia, la media europea es del 2,1 por ciento del PIB. La ausencia de una política estatal de familia ha hecho que las comunidades autónomas, haciendo uso de sus
competencias legislativas, hayan adoptado medidas de ayuda, sobre todo fiscales, a la familia. Esto ha hecho que existan una gran variedad y disparidad entre las mismas. Las pocas ayudas a las familias se materializan en forma de prestaciones
económicas directas y además no son prestaciones universales, ya que en su mayor parte están dirigidas a unidades familiares cuyas rentas se sitúan por debajo del umbral de pobreza. Esto se va a ver agravado a partir del 1 de julio con la subida
del impuesto sobre el valor añadido, con la que las familias con tres o más hijos soportarán el mayor tipo efectivo del IVA, un 10,4 por ciento, mientras que un adulto con hijos alcanzará un tipo efectivo del 9,89 por ciento.
Señorías, la familia constituye la unidad básica de organización social en la mayor parte de las sociedades modernas. Esta idea se encuentra plenamente asumida por la sociedad española. Ahora bien, la composición familiar no ha sido ajena
a los cambios que impregnan nuestra sociedad.
La incorporación de la mujer al mercado laboral, el incremento de la edad en la que las mujeres tenemos nuestro primer hijo y la existencia de familias monoparentales, son algunas de las razones que han
originado una estratificación mayor de la familia cuya consecuencia inmediata es la diversidad de necesidades e inquietudes. Vivimos en una sociedad en la que el concepto clásico ha evolucionado hacia otros tipos de unidades familiares cada vez más
frecuentes, como son las monoparentales. Las políticas de familia son un factor de cohesión e integración social, deben adaptarse a la realidad social y a los nuevos marcos de convivencia. Somos conscientes de la necesidad de evolucionar a la par
que lo hace la sociedad en la idea de la familia, y no solo evolucionar hacia nuevos conceptos de familia sino especialmente hacia nuevas pautas de intervención familiar. De ahí la importancia de impulsar verdaderas políticas sociales de familia.
Es preciso crear las condiciones adecuadas para ayudar a las familias con necesidades especiales: las que tienen hijos con discapacidad, con personas dependientes y las monoparentales.
Actualmente, las familias monoparentales representan el 10 por
ciento del total de las familias españolas y la mayoría de ellas tienen al frente una mujer. Hasta hace años, el estado civil más frecuente de la misma era el de viudedad, pero en la actualidad la mitad son mujeres separadas. La dificultad de la
conciliación de la vida laboral y familiar se hace si cabe más difícil en el caso de familias monoparentales.
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda a esta proposición no de ley que establece e insta al Gobierno a modificar en el plazo de tres meses la Ley 40/2003, de protección a las familias numerosas, con el objeto de adaptarla
a las nuevas realidades sociales y que establezca, entre otras medidas, que las familias monoparentales con dos hijos a cargo puedan disfrutar de los mismos beneficios fiscales y ayudas que las familias numerosas. Creemos que este es el marco
adecuado, ya que la realidad social ha ido relajando el concepto de familia numerosa. Ya en 2007 con la reforma de la Ley de medidas de Seguridad Social, se permitió que un viudo o viuda con dos hijos pudiera acceder a las ayudas que reciben las
familias numerosas.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Guaita, por favor, tiene que acabar.
La señora GUAITA VAÑÓ: Acabo, señora presidenta.
Como decía, en el Grupo Parlamentario Popular tenemos claro que es necesario crear un marco normativo que recoja una política social de apoyo a las familias monoparentales, así como establecer una verdadera política de protección a la
familia que se adecue a la realidad social y a las transformaciones de nuestra sociedad.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Guaita, termine, por favor.
La señora GUAITA VAÑÓ: Termino, señora presidenta.
Una política social que no puede quedar reducida a una visión simplemente asistencial, que va más allá de establecer unos beneficios fiscales y económicos a la familia; una política de apoyo a la familia que garantice su protección
económica, social y jurídica de acuerdo con los principios de nuestra Constitución.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Guaita.
En el turno de fijación de posiciones, en primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Intervendré muy brevemente, señora presidenta, para compensar el tiempo excedido por el señor Olabarría por una razón, porque el señor Olabarría ya dio los argumentos que justifican que en años anteriores se haya
incorporado a la Ley de Presupuestos Generales esta disposición adicional septuagésima, y además argumentó debidamente las razones que provocan la proposición no de ley que hoy nos presenta y que ha defendido. Como no puede ser de otra manera, el
Bloque Nacionalista Galego va a votar favorablemente la propuesta del señor Olabarría por varias razones. Una, porque las razones que acaba de exponer para entender que las familias monoparentales con dos hijos deben ser consideradas familias
numerosas las compartimos plenamente, añadiendo una cuestión que desde nuestro punto de vista es fundamental, que compatibilizar la vida laboral y familiar de una sola persona con hijos a cargo no es lo mismo cuando esa función se desempeña por dos
personas que deben compartir la responsabilidad. Por tanto, nos pareció oportuno en su momento que se recogiera esta disposición adicional y nos parece oportuna la proposición no de ley del día de hoy. Pero lo que nos preocupa es que después del
tiempo transcurrido desde la aprobación de la disposición se tenga que recurrir a una proposición no de ley que inste al Gobierno a cumplir con algo que no es consecuencia de una moción o de una proposición no de ley como la de hoy, que puede ser
llevada adelante o no por el Gobierno. Es decir, instamos al Gobierno, pero el Gobierno no está obligado a cumplimentar lo que hoy estamos aprobando. En el caso de una ley no es así. Una ley obliga al Gobierno a llevar a cabo aquello que se
aprueba. Y en este caso, independientemente de que esta disposición adicional no explicite una fecha en la que el Gobierno tiene que llevar a cabo lo que dispone, es evidente que después del tiempo transcurrido desde su aprobación -esto fue
aprobado en diciembre de 2007-,
el Gobierno debería haber hecho lo que tenía que hacer, respetar el mandato de la ley y, por tanto, a estas alturas tener suficientemente desarrollado lo que en ella se demanda.
Aquí nos dirigimos al Grupo Socialista por ser el grupo que apoya al Gobierno, ante la ausencia de cualquier miembro del mismo, y porque además de ser el grupo que apoya al Gobierno es el grupo que en su momento, junto con otros, llevó a
cabo la iniciativa que hoy estamos instando al Gobierno a que cumpla. Estamos instando al Gobierno a que cumpla algo que se aprobó en ley y, por tanto, no solamente lo vamos a votar a favor, sino que lo vamos a hacer con una posición de rotundidad
en el sentido de considerar que el Gobierno no está cumpliendo una ley que se supone que emana, por cierto, de una propuesta del mismo Gobierno en su momento. De ahí que nos parezca lamentable que el Gobierno no haya respondido debidamente a lo que
en su momento se comprometió con todos los grupos parlamentarios.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Fernández Davila.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, ciertamente tal como decía el diputado Olabarría es una iniciativa parlamentaria fácil de defender y de aprobar en tanto en cuanto lo que reclama es que se lleve a cabo aquello que se aprobó y que está contenido en la Ley de
Presupuestos para el año 2008. Quisiera aprovechar la ocasión para sacar a colación una iniciativa del Gobierno de Cataluña sobre la que creo que tiene sentido hablar hoy aquí, porque lo que a nuestro entender debería hacer el Gobierno español es
reconocer a las familias monoparentales. Digo que el Gobierno de Cataluña aprobó un decreto que desarrolla una ley del año 2003 que reconoce ayudas a las familias monoparentales equiparándolas a las familias numerosas. El Gobierno de Cataluña ha
llevado a cabo un reconocimiento y ha creado incluso un carné de familia monoparental, para que puedan gozar de ventajas que hasta el día de hoy no tenían las familias monoparentales.
Este mismo decreto permitió también reforzar la seguridad
jurídica de las familias numerosas, ampliando el concepto mismo de familia numerosa a las uniones estables de pareja con independencia de su orientación sexual.
Este título de familia monoparental debe comportar una serie de beneficios relacionados
con la compra de viviendas protegidas, una prestación anual por hijo a cargo hasta los seis años, ayudas y ventajas en el ámbito de la educación, etcétera.
En definitiva, se trata de dar respuesta a una realidad actual. La familia hoy día es muy diversa y es evidente que más allá de las familias tradicionales al uso, históricamente tradicionales, hoy día existen uniones de convivencia,
llamémosles familias, formadas por un progenitor más hijos menores que conviven dependiendo de una sola persona.
Entendemos incluso que este mismo universo de familias monoparentales se amplía hacia variables que van más allá de lo dicho
anteriormente. De manera que, repito, tenemos una gama de familias monoparentales muy amplia. Esta es la realidad y es evidente que no pueden existir familias de primera y de segunda categoría. Luego es evidente que, más allá de que hoy se
apruebe aquello que ya se aprobó previamente durante la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008, deberíamos legislar, se debería reconocer, repito, la legalidad de las familias monoparentales en tanto en cuanto es
evidente que hay ventajas que deberían tener este tipo de familias. Por ejemplo ustedes saben que hay algunos ayuntamientos -permítanme ponerlo de relieve- que tienen regulada, a través de las ordenanzas municipales, una rebaja del impuesto de
bienes inmuebles para las familias numerosas y monoparentales. Esto no puede ser un tratamiento opcional de aquellos ayuntamientos que consideran que debe actuarse de esta manera; quizá valdría la pena legislar a partir de este reconocimiento de
las familias monoparentales, puesto que ya tienen una importancia, una relevancia social en la cultura actual suficientemente importante como para que no demos la espalda a esta realidad.
Podemos hablar de beneficios, algunos de ellos ya han sido mencionados por el diputado Olabarría, podemos hablar de becas universitarias o tasas universitarias, de Iberia, de Renfe, usted hablaba de la justicia gratuita, y aquellos tramos de
la fiscalidad que hoy no están transferidos a las comunidades autónomas, y en este caso no son competencia o no son obligación de aquello que ya ha regulado, repito, el decreto de la Generalitat de Cataluña. Así pues -termino- creo que hacemos bien
en poner hoy encima de la mesa ante ustedes la voluntad de incrementar la calidad de todas las familias, reconociendo su diversidad y reconociendo legalmente a las familias monoparentales a fin de que hoy día podamos ponernos más o menos al nivel de
otras sociedades europeas, que en ese sentido han actuado con mayor diligencia que el Estado español.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Tardà.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Intervengo desde el escaño. El conjunto de portavoces que han intervenido, empezando por el promotor de esta iniciativa, el señor Olabarría, han dejado suficientemente claras las cuestiones de fondo que motivan la iniciativa, y las razones
que justifican que de una vez por todas esa previsión legal de la Ley de Presupuestos
de ampliar el concepto de familia numerosa a las familias monoparentales con dos hijos se cumpla. Pero yo debería remarcar que el debate que ha suscitado el señor Olabarría demuestra que esta Cámara legisla muy mal, y que el Gobierno
incumple las leyes, porque si en dos consecutivos presupuestos se aprueba un mandato específico para que el Gobierno modifique la Ley de Familias Numerosas, y largo tiempo después volvemos a tener otro debate en el que instamos al Gobierno a que
cumpla esa ley, quiere decir, señorías, que nosotros legislamos mal y que el Gobierno incumple de manera escandalosa el principio de legalidad. Y creo que cuando a veces nos quejamos de que los ciudadanos se sienten poco vinculados a los debates de
esta Cámara, o a la capacidad que tiene la política de resolver los problemas de la ciudadanía, podríamos poner como ejemplo esta realidad: una ley que incumplimos y que le damos vuelta para pedirle al Gobierno que la cumpla. Por tanto creo,
señorías, que más allá de la buena intención de fondo, que compartimos con el señor Olabarría, el debate de hoy es un buen ejemplo de muchas de las cosas que no funcionan bien a la hora de hacer leyes y a la hora de construir políticas.
Sobre el fondo de la materia no podría añadir demasiado; los portavoces ya han afirmado lo que debían afirmar. Estamos en un contexto de políticas públicas de apoyo a la familia extremadamente débiles, esa es una realidad de nuestro modelo
social y de nuestro Estado del bienestar. He de recordar a SS.SS. que hace también casi un par de años, al inicio de esta legislatura, el Pleno tomó en consideración una proposición de ley de Convergència i Unió que pretende universalizar las
ayudas por hijo a cargo de nuestro sistema de la Seguridad Social, siguiendo la línea de la mayoría de los Estados del bienestar del conjunto de Europa, porque las políticas de apoyo a la familia no son políticas vinculadas a la renta de las
familias, sino políticas orientadas a apoyar al conjunto de familias que tienen hijos. Además, con relación al debate concreto de la consideración de las familias monoparentales como familias numerosas, me gustaría añadir un argumento que me ha
parecido no escuchar en el debate de esta tarde, como es el riesgo de pobreza infantil en las familias monoparentales, y en la necesidad de que nuestras políticas sociales de lucha contra la pobreza prioricen claramente las familias monoparentales,
básicamente las mujeres solas con hijos a cargo. Buena parte de los últimos estudios que se han realizado en Cataluña sobre la pobreza indican esa nueva realidad de niños que viven en familias monoparentales con ingresos por debajo del 60 por
ciento de la renta media, y por tanto el sentido de la petición que en su día formularon Iniciativa e Izquierda Unida para incorporar a las familias monoparentales con hijos a cargo como familia numerosa debería formar parte de un compromiso de
lucha contra la pobreza infantil. Todo ello, señorías, en un contexto en el que en general nuestras políticas de apoyo a la infancia en riesgo son escasas.
En cuanto a las políticas que nos convienen a medio y largo plazo, deberíamos recordar que todo aquello que suponga invertir en niños, invertir en familias en riesgo de exclusión social, son políticas que van a garantizar en el medio plazo
una mayor cohesión social y una mayor igualdad de oportunidades. Ojalá esta iniciativa del señor Olabarria sirva para que de una vez por todas nos pongamos las pilas, y que nuestras políticas sociales incorporen como una nueva prioridad el apoyo a
la infancia en riesgo, el apoyo a las familias, a las mujeres solas con hijos a cargo. Espero que esta proposición no de ley tenga más éxito que las dos leyes de presupuestos, y que finalmente se produzca la modificación legal correspondiente.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora García Valls.
La señora GARCÍA VALLS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, como no podía ser de otra manera nuestro voto va a ser favorable a esta proposición no de ley. El Grupo Parlamentario Socialista ha defendido y apoyado iniciativas que han supuesto nuevos y mejores derechos sociales, sobre todo
teniendo en cuenta las situaciones y condiciones de los colectivos más vulnerables. Nadie puede poner en duda que la atención a las familias siempre ha sido una prioridad para el Gobierno socialista. En la anterior legislatura se produjeron
importantes avances, fundamentalmente mediante la Ley de Dependencia, que reconoce un nuevo derecho universal de ciudadanía a las personas que no se pueden valer por sí mismas a ser atendidas por los poderes públicos. Destaca también el incremento
de la oferta de servicios de escuelas infantiles en el tramo de 0 a 3 años, junto con medidas encaminadas a lograr la conciliación de la vida familiar y laboral, creación del permiso de paternidad y mejora del de maternidad, protección por riesgo
durante el embarazo y la lactancia, posibilidad de flexibilidad horaria, incremento de la protección y garantías para los trabajadores con reducción de jornada o excedencia, también medidas encaminadas a la mejora de la situación económica, como la
ayuda de 2.500 euros por nacimiento o adopción, la mejora de las pensiones mínimas y del salario mínimo. Estas políticas además tienen la virtud de contribuir a incentivar la decisión de tener hijos en una sociedad que necesita incrementar sus
tasas de natalidad.
También quiero destacar que el Gobierno socialista ha demostrado que tiene un concepto de las familias plural y abierto a las nuevas realidades que se presentan en nuestra sociedad; no pueden decir lo mismo todos los grupos parlamentario.
Es un logro de las fuerzas políticas progresistas, del Gobierno socialista superar el concepto tradicional, conservador y excluyente de familia, y también defender que todas las familias merecen apoyo, con
independencia de la orientación sexual de sus miembros, de su estado civil o de cualquier otra circunstancia. (Aplausos.)
Las familias monoparentales o monomarentales son aquellas en las que un padre o una madre convive con y es responsable en solitario de sus hijos e hijas menores o dependientes. Estas familias se enfrentan a una serie de problemas que en
ocasiones imponen serias limitaciones a su integración social y al desarrollo personal de sus miembros, como por ejemplo una sobrecarga de funciones, tareas y responsabilidades, soledad y en algunos casos dependencia, estigmatización, desempleo e
incluso riesgo de exclusión social. Estos factores hacen que tengan una mayor necesidad de apoyo por parte de los poderes públicos. Este colectivo no ha sido en absoluto olvidado por el Gobierno. En la pasada legislatura, cuando se aprobó una
ayuda universal por nacimiento de hijo o hija que asciende a 2.500 euros, se aumentó en mil euros, es decir 3.500 euros para las familias monoparentales. Era la primera vez que un Gobierno reconocía las especiales circunstancias a que se enfrentan
las familias monoparentales. Medida que se mantiene incluso en momentos de dificultades económicas porque, como ha manifestado de forma reiterada el presidente del Gobierno, no se van a perder derechos sociales y este es uno de ellos. Medida que
desde su anuncio se ha hecho efectiva en todos los casos. Ya nos gustaría que desde todas las administraciones se hubiese sido tan coherente. Solo mencionaré que en mi comunidad, la Comunidad Valenciana, gobernada por el Partido Popular, por el
PP, se prometieron 4.000 euros por nacimiento o adopción y luego se quedó solo en un anuncio electoralista. Esto sí que es frivolizar, señorías. No hay ninguna familia en la Comunidad Valenciana que se haya visto beneficiada por esta medida. Solo
han tenido acceso a aquella que prometió el que sí cumple, el Gobierno de España.
La Ley 40/2003, de protección de las familias numerosas desarrolla el artículo 39.1 de nuestra Constitución, que encomienda a los poderes públicos la protección social, jurídica y económica de la familia. En concreto viene a atender el
colectivo de familias numerosas dadas las especiales circunstancias y necesidades que concurren en ellas. En su artículo 2 se define como familia numerosa la integrada por uno o dos ascendientes con tres o más hijos, sean o no comunes. Además se
considera familia numerosa otro tipo de unidades de convivencia en las que no se atiende tanto al número de miembros como a determinadas situaciones que determinan su mayor necesidad de protección, como por ejemplo encontrarse los ascendientes o
descendientes en situación de discapacidad. En el año 2007 la Ley de medidas en materia de Seguridad Social ya introdujo una extensión del concepto de familias numerosas, al incluir las formadas por el padre o la madre con dos hijos cuando haya
fallecido el otro progenitor. Por tanto una parte de las familias monoparentales con dos hijos a cargo ya gozan de la consideración de familias numerosas, aquellas cuyo progenitor es viudo o viuda. Falta ahora extender este derecho al resto de
situaciones. Efectivamente se trata de dar cumplimiento a la Ley de Presupuestos Generales del Estado, en concreto a una disposición introducida mediante una enmienda votada por mi grupo.
Por tanto se puede hablar de retraso en la implementación
de la medida, pero en absoluto de haber descuidado las políticas de familia. En algunas ocasiones escuchamos a aquellos que se llenan la boca con la defensa de la familia, pero a la hora de la verdad, como ya he puesto algún ejemplo al principio de
mi intervención, todo se queda en pura venta de humo.
No quiero acabar sin señalar que la mayoría de las materias en que cabe reconocer beneficios para las familias numerosas están dentro del ámbito autonómico de competencias. Por tanto las comunidades autónomas pueden reconocer derechos y
beneficios a favor de las familias numerosas que amplíen y mejoren los establecidos en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas. También pueden extenderse estos derechos a aquellas familias que por cualquier
circunstancia consideren que deben ser ayudadas o protegidas. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Dentro de este ámbito competencial, quiero señalar que Cataluña ya ha extendido los beneficios de los que gozan las familias numerosas a las
familias monoparentales con dos hijos o hijas a cargo.
Felicito por ello a esta comunidad autónoma y a su Gobierno y animo a todos los poderes públicos a seguir trabajando en aras de la protección de las familias.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora García Valls.
Señor Olabarría, ¿tiene la bondad de informar a la Presidencia si acepta S.S. la enmienda para su incorporación al texto original?
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, la verdad es que la aceptación de esta enmienda provocaría una cierta perturbación en los consensos.
El señor PRESIDENTE: ¿No la acepta?
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Querría hacer una petición, con toda humildad, al Grupo Parlamentario Popular. Puesto que se trata de cumplir una ley, le pediría a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular la amabilidad de retirar su
enmienda...
El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, no es el momento oportuno de ese pronunciamiento. ¿No acepta la enmienda?
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: No, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias; con un monosílabo queda resuelto.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LA AFECTACIÓN DEL PLAN DE AUSTERIDAD EN LAS INVERSIONES DEL GRUPO FOMENTO.
(Número de expediente 173/000114.)
El señor PRESIDENTE: Moción consecuencia de interpelación, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la afectación del Plan de austeridad en las inversiones del Grupo Fomento.
Para su defensa tiene la palabra el señor Macias.
El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, la moción consecuencia de interpelación que presenta mi grupo en relación con las inversiones del Grupo Fomento responde a la preocupación que ya expresé en nombre de Convergència i Unió al señor ministro la
semana pasada. Ustedes saben perfectamente que las dificultades presupuestarias, agravadas por el recorte anunciado y aprobado por el último Consejo de Ministros y que afectan de forma muy notable a los presupuestos del Ministerio de Fomento,
conllevan una amenaza importante sobre la inversión pública en infraestructuras. Saben perfectamente la importancia que tiene para nuestra economía, para la competitividad, para la productividad del sistema económico español que dispongamos de unas
infraestructuras de transporte eficientes. Y saben perfectamente también que en estos momentos nuestro país está inmerso en un plan ambicioso de mejora de infraestructuras, tanto viarias, ferroviarias, como de sistemas aeroportuarios y portuarios.
Por tanto, una contracción excesiva a la baja de las infraestructuras podría tener gravísimos efectos sobre la ya maltrecha economía española. Por eso nos parece prudente que, viendo que estamos entrando de lleno en un cambio de ciclo, se tomen las
medidas oportunas para que dicho cambio se lleve a cabo con la mayor de las normalidades posibles, y afecte en lo mínimo a todas aquellas infraestructuras que consideremos esenciales. Para ello mi grupo ha presentado una moción que insta al
Gobierno a que presente antes de dos meses un plan que nosotros llamamos Plan de impulso a las inversiones productivas y de medidas de austeridad en el gasto del Grupo Fomento, con un umbral temporal del 2010 al 2013, precisamente el umbral que
anunció la señora vicepresidenta segunda y ministra de Economía, años durante los cuales va a tener que proceder a este recorte de 50.000 millones de euros en la inversión pública y en el gasto público del Gobierno.
Nosotros damos algunas pistas de cómo podría ser este Plan de austeridad y de impulso a las inversiones productivas. En primer lugar, diciendo que hay que reducir el gasto corriente del ministerio, y que esto se puede hacer, cosa que por
cierto el propio señor ministro reconoció, dando pie a que parte de este plan se base en una efectiva y potente política de austeridad. En segundo lugar, cabe más que nunca invertir los recursos, ya de por sí escasos, en aquellas infraestructuras
que sean realmente productivas, que contribuyan realmente a la productividad medida no solamente en términos económicos, sino también en términos sociales. Por tanto pedimos un conjunto de medidas en este sentido. Como consecuencia de este
análisis y de estas medidas pedimos al ministerio que establezca claramente las prioridades del Grupo Fomento en aquellas infraestructuras que contribuyan a incrementar más la competitividad de la economía, así como un mayor retorno económico y
social. También lógicamente, como consecuencia de ello, el Gobierno deberá comunicar aquellos proyectos de inversión que va a paralizar o a ralentizar como consecuencia de la menor aportación a la competitividad global del sistema. Pedimos
asimismo que se incluyan en el Plan extraordinario de infraestructuras público-privadas aquellas inversiones que permitan incrementar más los niveles de competitividad de la economía. Y finalmente prevemos que se prioricen de manera especial las
infraestructuras destinadas al transporte intermodal de mercancías, especialmente el transporte ferroviario, y que se proceda a la terminación de las obras iniciadas y que por distintas causas se encuentren paralizadas. En este sentido hay una obra
importante, entre otras causas porque es la conectividad con Francia de todo el corredor del Mediterráneo, que es el desdoblamiento de la N-II por las comarcas de Girona, el único tramo por cierto que queda de esta nacional sin desdoblar.
Se han recibido varias enmiendas por parte de los grupos, que nuestro grupo ha hecho un esfuerzo para intentar recoger, y finalmente hemos llegado a una enmienda transaccional con el Grupo Socialista que básicamente comparte los puntos de
nuestra moción, con alguna modificación. Por ejemplo, nos pide que en lugar de dos meses sean tres.
Hay dos enmiendas del Grupo de Esquerra Republicana, de las cuales proponemos que una forme parte de esta enmienda transaccional, que es la
consulta de las comunidades autónomas en torno a las prioridades del Grupo Fomento, porque nos parece que encaja perfectamente. La otra enmienda, aunque nuestro grupo la comparte plenamente, como puede suponer el Grupo de Esquerra Republicana, no
encontró encaje en la transaccional, y lo mismo sucede con las enmiendas de la señora Díez -que no está presente ahora- y la enmienda del Grupo Popular, que yo agradezco, y que lo que hace es ponerle más deberes al Gobierno. Lógicamente el Gobierno
hace los deberes que cree que hay que hacer, y en la transaccional al final tampoco ha tenido cabida. En cualquier caso, por nuestro grupo no hay ningún inconveniente a que se introduzcan, pero finalmente lo que figura como documento transaccional
es eso.
Quiero agradecer a todos los grupos su participación. Creo que lo instado al Gobierno y al Ministerio de Fomento es muy positivo. Espero que cuente con el
apoyo mayoritario de la Cámara. En definitiva, vendría a ser una verdadera hoja de ruta que, si se produce este deseado pacto de Estado por la economía, los de Fomento ya tendríamos los deberes hechos, y esto siempre le permite a uno irse a
dormir tranquilo.
Muchas gracias, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Macias.
Para la defensa de las enmiendas, en primer lugar del Grupo Popular, tiene la palabra la señora Santa Ana.
La señora SANTA ANA FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, lo venimos diciendo desde el Partido Popular: es urgente y necesario que el Gobierno adopte medidas de austeridad presupuestaria.
Por ello acogemos con satisfacción el recorte de 5.000 millones de euros anunciado por el Gobierno
para el año 2010, 1.760 de los cuales van a corresponder al Grupo Fomento. Pero la intención de la moción que debatimos es ver cómo se va a materializar dicha austeridad, ya que la misma no puede afectar, de ninguna de las maneras y ante el
escenario de crisis que padecemos, a las inversiones productivas del Grupo Fomento.
Ya en octubre del año pasado, señorías, a propuesta del Grupo Popular debatimos una proposición no de ley para que el Gobierno realizase un balance del estado en que se encuentran todas y cada una de las obras contenidas en el PEIT, un
calendario de ejecución y una fecha de puesta en servicio. Señorías, fue aprobada unánimemente por esta Cámara y de la que aún no se ha tenido conocimiento alguno, por lo que el Gobierno no solamente en el plan de austeridad, sino también en la
actuación y concreción del PEIT una vez más llega tarde, y ante este escenario, cómo va a cumplir el señor Blanco con todos los compromisos adquiridos durante este tiempo con las distintas comunidades autónomas, tras este importante recorte
presupuestario. Cómo va a cumplir esos compromisos con un PEIT que se encuentra al inicio en cuanto a su desarrollo. Cómo va a cumplir el señor Blanco con una caída en la licitación de obra pública del 45 por ciento en el año 2009. Qué ha
ocurrido con los planes sectoriales que debían desarrollar el PEIT y que alcanzaban a los distintos modos de transporte. Dichos planes sectoriales debían constituir una importante fuente de generación de empleo, aún más si cabe, señorías, en los
tiempos que corren.
Hoy, con la moción que debatimos, el Partido Popular pretende conocer qué partidas del Grupo Fomento van a ser afectadas, sobre todo teniendo en cuenta que hay que hacer frente a esa extraordinaria caída en la licitación de obra pública.
Por ello daremos apoyo al grupo proponente para que el Gobierno presente en dos meses el Plan de impulso a las inversiones productivas y medidas de austeridad en el gasto del Grupo Fomento hasta 2013, priorizándose aquellas inversiones que hagan más
competitiva nuestra economía y tengan un mayor retorno económico y social. Daremos nuestro apoyo para que incluya en las participaciones público-privadas las inversiones que más incrementen los niveles de competitividad de nuestra economía.
Hoy quiero recordar, señorías, el ofrecimiento del Partido Popular al señor Blanco en su primera comparecencia como ministro ante esta Cámara; un ofrecimiento para sacar adelante un plan extraordinario de infraestructuras a través de dichas
fórmulas de participación público-privadas, con una inversión de 15.000 millones de euros para lo que queda de esta legislatura. Quiero recordar también que el ministro Blanco lo hizo suyo, haciendo una mención expresa a que iba a abordarlo ante la
sociedad. La realidad es que no ha sido capaz de incluirlo en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2010. ¿Cómo van a afectar los recortes a la obra pública, y a la vez se va a potenciar la licitación? El plan de austeridad,
señorías, ha de ir encaminado a la mejora de la productividad de las infraestructuras desde el punto de vista económico y social, a la mejora de la cohesión territorial, de la generación de empleo y de la creación de oportunidades de inversión en
los distintos territorios del Estado. Por ello es necesario más que nunca recortar las políticas de gasto del ministerio, evitar duplicidades dentro de la estructura, y potenciar las posibles sinergias.
Es también urgente y necesaria la revisión del PEIT. El Gobierno ha estado trabajando durante esta y la pasada legislatura con un documento genérico y lleno de ambigüedades, que en primer lugar condenaba a este país a diez años -como
mínimo- de retrasos, al prolongar por ese periodo de tiempo el horizonte del PIT 2000-2007 de los gobiernos del Partido Popular. Un PEIT que no cuenta con fechas concretas de actuación, ni con un potente marco financiero, ni con un programa de
actuaciones a desarrollar para los distintos modos de transporte que le otorgue credibilidad. En esta crisis es clave mantener el nivel de inversión en los próximos años para garantizar la actividad económica, lo que se traduce en oportunidades
para nuestras empresas, y es fundamental para la generación de empleo.
Por ello también daremos nuestro apoyo para potenciar el Plan Intermodal de Mercancías, para incrementar su transporte ferroviario, y desde luego acelerar la tramitación del corredor del Mediterráneo, sin descuidar, eso sí...
El señor PRESIDENTE: Señora Santa Ana, debe acabar.
La señora SANTA ANA FERNÁNDEZ: Termino, señor presidente.
Sin descuidar la finalización de importantes ejes, como el desdoblamiento de la N-II. Así me hubiese gustado que hubiese sido admitida nuestra enmienda. Es también fundamental la autovía del Duero, la autovía del Mediterráneo y la conexión
Extremadura-Levante. Mi
grupo parlamentario considera importante, ahora más que nunca, para generar dinamismo económico, para apostar por una mayor productividad y en definitiva para hacer frente a esa lacra social que es el desempleo, que el Ejecutivo lo pueda
llevar a cabo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Santa Ana.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente.
Señorías, nuestro grupo está preocupado, igual que el grupo proponente, por la afectación del denominado Plan de austeridad de la Administración General del Estado y por el consiguiente Plan de acción inmediata que el Ministerio de Fomento
ha anunciado recientemente por el ministro titular de dicho ministerio. De entrada quiero decir que nuestro grupo está de acuerdo y comprometido con la austeridad, pero entiende que el objetivo no debe ser la estabilidad presupuestaria metida con
calzador, sin anestesia, con 4 millones de parados, con el 11,5 por ciento de déficit público, sobre todo si ese objetivo de estabilidad a corto y medio plazo compromete algunos estímulos fiscales dirigidos a determinados sectores productivos y
particularmente también si compromete la inversión productiva, por ejemplo, en el capítulo de las infraestructuras tanto más cuando la austeridad que predica este Gobierno no pasa al parecer por hacer un esfuerzo también para que la Administración
del Estado adelgace.
No se olvide de que el diferencial de productividad del sector público español con la Unión Europea es del 5,7 por ciento del PIB y eso concierne y tiene que ver con el gasto de personal, con el gasto corriente, con la buena
administración y sobre todo también con la lucha contra el fraude fiscal.
Durante la interpelación que se sustanció en el Pleno de la semana pasada el Ministro de Fomento ya anunció un recorte sustancial de las inversiones de su departamento del cual ya habíamos tenido conocimiento a través de los medios y de un
instrumento como la actualización del PEIT, es decir, el Plan Estratégico de Transportes. El propio ministro -y cito textualmente- dijo que debería priorizar los proyectos más importantes y dejar de lado los que no sean asumibles. Añadió que este
ajuste no gustaría a todo el mundo y, por tanto, ya alertaba ante eventuales o posibles agravios entre comunidades autónomas.
La moción que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) nos presenta va en la buena dirección, es una buena moción que nuestro grupo suscribe, aunque ha presentado alguna enmienda de detalle que mejora el texto primitivo. Va en
la buena dirección porque, en primer lugar, lo que pretende es reducir el gasto corriente de todos organismos del ministerio. En segundo lugar, el sector público estatal debe reducir también los costes en la adjudicación de las obras y, por tanto,
hacer más con menos, mejorando la eficiencia. En tercer lugar, determinar también qué es lo prioritario y hacerlo de forma objetiva y en ningún caso discrecional, tanto en la fase de estudio como de proyecto como de ejecución de la obra. La
prioridad debe pasar, por ejemplo, por que la cartera de 30.000 millones que está en fase de ejecución se termine, por algunas infraestructuras que son vitales y estratégicas de cara al futuro como, por ejemplo, el eje mediterráneo y también otras
infraestructuras ferroviarias. Curiosamente, o no tanto, el otro día tuvimos conocimiento de que algunas concesionarias de autopistas quieren renegociar su deuda.
Me refiero a autovías como la R-3, la R-5 o la autopista Madrid-Toledo que son
infraestructuras que se han revelado totalmente infrautilizadas y, por tanto, ineficientes. Evidentemente hay que hacer infraestructuras que sean utilizadas y que sean totalmente eficientes.
Finalmente, la moción que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) nos presenta expresa una preocupación y una inquietud que nuestro grupo también comparte acerca del cumplimiento estricto de la disposición adicional tercera del
Estatuto de Cataluña que, como ustedes recordarán, dejando de lado la demagogia, viene a compensar la infrainversión acumulada durante años en Cataluña y, de hecho, establece un parámetro que es la inversión en infraestructuras durante siete años en
términos equivalentes al peso de Cataluña en el PIB estatal, de ahí que sea importante que algunas infraestructuras que el otro día salieron a colación por parte del señor Macias se preserven y se ejecuten. Nos preguntamos abiertamente -y no es una
pregunta retórica- cómo es posible que la N-2 a su paso por las comarcas de Girona todavía no se haya ejecutado del todo cuando se trata de una vía de comunicación importantísima que enlaza con Europa. Nos preguntamos por ese famoso eje ferroviario
mediterráneo que en el presupuesto del Estado para 2010 es un auténtico PowerPoint, es simplemente un estudio informativo entre Tarragona y Castellón. Esta es una moción que vamos a votar favorablemente que, además, abonamos en los términos de la
transacción que ha presentado el señor Macias y que pretende, por un lado, priorizar bien en este contexto de autoridad, pero, en segundo término, cumplir estrictamente la ley. Esta moción es muy oportuna y nuestro grupo la suscribe y la votará
favorablemente.
Gracias, señorías. Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Ridao.
Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, doy por defendidas las enmiendas presentadas por la diputada doña Rosa Díez. Quisiera manifestar que para el BNG el avance del plan de austeridad presentado por el Gobierno tiene elementos
preocupantes en la medida en que una parte importante de los recortes presupuestarios propuestos se centran en inversiones, y de forma relevante en el departamento de Fomento. Como he manifestado en una anterior intervención, pensamos que
en un contexto de crisis la reducción del gasto se debe concentrar sobre todo en el gasto corriente, en el gasto improductivo, pero el papel de la inversión productiva es muy importante en un contexto de crisis por su impacto en la generación de
empleo y en la reactivación de la economía. Además, nos preocupan también las consecuencias de este posible recorte en lo que respecta al futuro de las principales infraestructuras previstas en Galicia, unas infraestructuras cuyo horizonte temporal
de conclusión no está todavía despejado. Creemos que este recorte puede provocar una ralentización de la inversión prevista en un país que está muy lejos aún de ver corregidos sus déficits acumulados en materia de infraestructuras, en particular en
lo que afecta a las infraestructuras ferroviarias.
Compartimos la necesidad, expuesta por la moción consecuencia de interpelación, de instar al Gobierno a que presente un plan detallado a la Cámara y compartimos también los términos generales de la parte resolutiva de la moción a la hora de
defender que es necesario establecer una priorización clara en aquellas inversiones que tengan más rentabilidad económica y social, priorización que debe ir precedida de un análisis extremadamente riguroso. Coincidimos con la necesidad, dentro de
esta priorización, de otorgarle particular relevancia a todas las inversiones en materia de transporte ferroviario, no solo de pasajeros, sino también de mercancías, por su impacto en la dinamización económica.
Coincidimos con la moción en la
necesidad de que la reducción del gasto corriente del ministerio y de sus entes dependientes se centre, insisto, en el gasto corriente y no afecte, por lo tanto, a las inversiones en materia productiva.
Solo quisiera hacer un matiz, desde nuestra coincidencia con el fondo de lo que plantea la moción consecuencia de interpelación. Desde nuestro punto de vista, cuando se habla de rentabilidad económica y social, no debe entenderse única y
exclusivamente satisfacer la demanda a corto plazo, no se debe entender única y exclusivamente un cálculo economicista de los parámetros coste y beneficio a corto plazo. Hay que tener en cuenta que las infraestructuras no son necesarias única y
exclusivamente para atender demandas objetivas, las infraestructuras en sí mismas también tienen un impacto en la generación de demandas. Por lo tanto, un criterio que es necesario tener siempre presente en la planificación de infraestructuras es
la rentabilización social de estas actuaciones, la corrección de desequilibrios entre territorios, asegurar, también a través de las inversiones productivas, la cohesión social y territorial.
En cualquier caso, tendremos oportunidad de discutir
estos aspectos cuando el Gobierno presente un plan detallado a la Cámara.
Insisto en que coincidimos, no obstante, con el fondo de la moción. Nos sentimos satisfechos con los términos de la propuesta de transacción acordada donde se matiza muy bien la importancia de atender a la rentabilidad social, a factores
como la cohesión territorial y a la necesidad de consultar previamente a las comunidades autónomas. Por tanto, anuncio el apoyo del Bloque Nacionalista Galego a esta moción consecuencia de interpelación.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Rafael Simancas.
El señor SIMANCAS SIMANCAS: Señor presidente, señorías, la moción que se somete a debate recoge bastante fielmente las conclusiones del debate que el ministro de Fomento mantuvo con el portavoz de Convergència i Unió en el transcurso de la
interpelación parlamentaria sustanciada el pasado miércoles en esta Cámara. El texto refleja con precisión buena parte de los análisis y los compromisos asumidos por el ministro de Fomento a propósito de convertir el ajuste presupuestario en una
buena oportunidad para ganar en eficiencia y en competitividad en nuestro sistema de transportes.
Señorías, el sistema público de infraestructuras se enfrenta en estos momentos a un doble reto. Hemos de cumplir nuestra parte en el esfuerzo general para reducir el déficit de las cuentas públicas y hemos de mantener a la vez unos niveles
de inversión productiva que sigan contribuyendo a la reactivación económica y a la creación de empleo y que continúen desarrollando un sistema de transportes a la altura de nuestras expectativas de progreso económico, de calidad de vida, de
vertebración territorial y de sostenibilidad ambiental. Es decir, hay que lograr una reducción significativa del gasto cumpliendo nuestros compromisos y sin sacrificar nuestro objetivo de contar con unas infraestructuras y unos sistemas de
transporte modernos, competitivos y eficientes.
¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a hacer más gastando menos? Aplicando cuatro grandes vectores de medidas. Primero, reprogramando las inversiones del Grupo de Fomento. Vamos a aprovechar la actualización del PEIT para replantear
prioridades en el sentido de asegurar que cada euro de dinero público se invierte conforme a los principios de máxima productividad, máxima competitividad, máxima eficiencia y máxima rentabilidad económica y social. Señor Jorquera, estamos de
acuerdo con usted. La prioridad entre las prioridades de inversión será el ferrocarril, porque es el transporte más eficiente, seguro y sostenible; ferrocarril para viajeros y para mercancías. La prioridad es cumplir los compromisos de extensión
de la red de alta velocidad ferroviaria; la prioridad es completar los planes de extensión y mejora de las redes de cercanías ferroviarias en los entornos urbanos; la prioridad es trazar rutas viables y eficientes para el transporte de mercancías
por ferrocarril; la prioridad es lograr la conectividad, la intermodalidad
del ferrocarril con puertos y aeropuertos. Vamos a procurar el cumplimiento de todos los compromisos de inversión, pero el Gobierno quiere expresar su propósito racional, meditado y lógico de priorizar la inversión en ferrocarril. La
reprogramación se hará, como siempre, desde el diálogo y la búsqueda del acuerdo con los territorios. Creo que el ministro de Fomento ya ha demostrado con creces que no se amilana ante la responsabilidad de adoptar decisiones difíciles incluso en
defensa del interés general.
El segundo vector de trabajo será un plan de austeridad que llevará a la racionalización de las estructuras del Grupo de Fomento para reducir el gasto corriente y para simplificar los trámites administrativos, incluyendo -es verdad- la
eliminación de organismos duplicados y la reducción de altos cargos. Y ya nos gustaría, señora De Santa Ana, que el resto de las administraciones, incluidas las gobernadas por ustedes, acompañaran al Grupo de Fomento en este esfuerzo de austeridad
y de eficiencia.
El tercer vector de medidas está referido al Plan de mejora de la eficiencia en la obra pública. Se trata de reducir el coste de la obra pública programando con más precisión las inversiones, modificando los pliegos de contratación para
acabar con la mala cultura de los modificados y fijando costes máximos para cada tipo de actuación. Esto es hacer más gastando menos.
Por último, Fomento va a implementar un plan de colaboración público-privada que permitirá suplir el descenso obligado en el monto de la inversión estrictamente pública con un incremento sustancial de la inversión privada con el encargo y el
aval del Estado. El Gobierno ya se ha asegurado la financiación del plan, a cargo fundamentalmente del Banco Europeo de Inversiones y del Instituto de Crédito Oficial, y ya se están definiendo proyectos por valor de en torno a 15.000 millones de
euros a desarrollar en estos dos ejercicios 2010 y 2011. El objetivo, señorías, es mantener estable la cifra de 30.000 millones de euros de inversión de obra pública, pendiente de ejecución, para asegurar que se mantiene el ritmo de actividad en
las empresas del sector y los correspondientes niveles de empleo. La moción transaccionada con Convergència i Unió recoge razonablemente estos propósitos, por eso la vamos a apoyar.
Insisto, señorías, se trata de hacer compatible el objetivo de la
estabilidad en las cuentas públicas con el mantenimiento de los altos niveles de inversión productiva y de generación de infraestructuras competitivas que hemos logrado en estos años. No se trata de invertir menos, sino de invertir mejor y más
eficientemente.
Muchísimas gracias, señorías. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Simancas.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra don José Ramón Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señor presidente.
Don Pere Macias, mi grupo le va a dar el voto favorable a la moción, iba a dárselo ya a la que usted presentó y se lo va a dar también a la que ha negociado, pero se lo voy a decir con la misma franqueza: esta es una moción muy corta. Voy
a intentar explicárselo. Seguí atentamente los términos del debate que usted celebró con el señor ministro, Blanco, y recordará usted, porque figura en el 'Diario de Sesiones' que dijo textualmente lo siguiente: 'Voy a hacer un plan de eficiencia
y de austeridad muy severo. El plan de eficiencia y austeridad no es el chocolate del loro como plantearon en algún debate para reducir un ministerio que tiene eficiencia cero sobre el recorte del gasto público; es algo mucho más profundo.' Cita
textual.
¿Recuerda usted, señor Macias, y recuerdan las señoras y los señores diputados que decía eso que el señor ministro calificó de chocolate del loro? Pues decía lo siguiente: Se insta al Gobierno a que antes del inicio del próximo periodo de
sesiones parlamentarias (o sea, antes de enero) defina y remita al Congreso un plan de actuaciones a desarrollar en los años 2010, 2011 y 2012 para la reforma y modernización de la Administración General del Estado. Dicho plan, que deberá basarse
en criterios de austeridad, eficacia, eficiencia y calidad, y que deberá contar con un calendario preciso de ejecución del mismo, deberá incluir, cuando menos, los siguientes aspectos: Plan de adecuación de la estructura actual de la Administración
General del Estado al régimen competencial, Plan estratégico de recursos humanos para la Administración General del Estado -y resumo-, Plan de simplificación y redefinición de procedimientos administrativos, Plan de incorporación intensiva de
tecnologías de la información y la comunicación a la Administración...
Todo esto decía en el punto número uno de aquella moción que el señor Blanco califica de chocolate del loro.
Se ha quedado usted corto, porque los términos en los que el señor Blanco dice que va a hacer algo así como una cierta revolución, estas cosas le parecen absolutamente insignificantes. Le parece que eso se da a un loro para entretenerlo y
que no cuesta nada. Debía haber sido más exigente, haberle puesto compromisos más firmes, que el reclama en la interpelación, más rotundos. En la literatura del debate, en los términos en que tuvo lugar, tenía usted enganches sobrados para ello,
porque tenemos, no sé si afortunada o desafortunadamente, un ministro muy hablador, siempre lo ha sido, y últimamente más. Tenemos incluso un ministro que con la observación de lo que ocurrió con dos iniciativas que debatimos aquí el pasado jueves,
puede ser calificado de mitinero incluso. Es de esos que dicen que los controladores han estado cobrando ilegalmente desde 1999 y obvia que su ministerio, desde AENA, ha sido quien en su caso ha estado pagando ilegalmente. Por cierto, señor Ayala,
las ilegalidades que se han cometido en el Ministerio de Fomento no se deben a una aprobación o a un apoyo presupuestario
del año pasado, se deben a que usted -su grupo, evidentemente, no usted- ha estado en ese ministerio cometiendo ilegalidades, como están otros ahora. Llamemos a las cosas por su nombre para que no nos equivoquemos en el diagnóstico porque,
si no, no vamos a hacer nada, porque, si no, esto es de parlanchines, de habladores que califican cualquier cosa de chocolate del loro y dicen: Pero si no ha cumplido usted con lo que el chocolate del loro le exigía -no me refiero en este caso a
usted, señor Ayala- al Gobierno; no lo ha cumplido en plazo. Por eso digo que la moción se queda corta. Si nos creemos las cosas. Si esto es de puro hablar. Si esto va de loros parlanchines, entonces no valen para nada ni las mociones, ni las
palabras, ni por supuesto las calificaciones que alguien pueda dar a una moción de chocolate del loro. El problema esta ahí, que más que chocolate del loro, esto va loros parlanchines.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Beloki.
¿Algún grupo se opone a la tramitación de la transaccional presentada? (Pausa.) Será tramitada en los términos en que se presentó.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE DISPOSICIÓN DEL GOBIERNO A INSTAR AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO A QUE DICTE INSTRUCCIONES EN DONDE CONSTEN CRITERIOS HOMOGÉNEOS Y ÚNICOS PARA DETERMINACIÓN DE LA EDAD PARA TODAS LAS FISCALÍAS.
(Número de expediente 173/000115.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Vasco PNV, sobre la disposición del Gobierno a instar al fiscal general del Estado a que dicte instrucciones donde consten criterios homogéneos y únicos para determinación de la edad para
todas las fiscalías.
Para su defensa tiene la palabra don Emilio Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías.
Intervendré con brevedad en relación con esta moción que ya fue prolijamente debatida con el ministro de Justicia la semana pasada.
Quiero comentar que se pretende remover una doble patología existente en relación con los menores no
acompañados. Menores es una expresión eufemística en relación con muchos de ellos, porque algunos de estos menores no acompañados, que están bajo la tutela de los servicios sociales de las comunidades autónomas o de las diputaciones forales,
superan los 40 años. Vamos a utilizar la expresión convencional y la expresión legal de menores no acompañados consistente -se lo comenté al ministro de Justicia- en la asistencia de uno en concreto que está bajo la tutela del Instituto Tutelar de
Menores de la Diputación Foral de Álava, el señor Omar Jabbi, cuya expresión barbada acreditaba claramente una edad superior a los 18 años. Le dije al ministro, y además lo mantengo, que parecía de su misma edad y la duda que nos embargaba es si
incluso podía ser de superior edad a la del propio ministro. Estos menores no acompañados dimanan o están ubicados bajo la tutela y el acogimiento de las instituciones tutelares de menores de los servicios sociales autonómicos o forales en virtud
de criterios dispersos acometidos por los fiscales que, en virtud del requerimiento del artículo 35.3 de la Ley de Extranjería recientemente aprobada, tienen que realizar en relación con la verificación de la realidad de la edad invocada por estos
menores. Muchas veces los criterios son dispersos por parte de los fiscales de las demarcaciones territoriales y se acepta la documentación presentada. En otros casos se les somete a pruebas médicas practicadas por la medicina privada, por
clínicas privadas, lo cual provoca una disfunción de signo diametralmente contrario, como ha ocurrido con el joven camerunés, expulsado de la tutela de la Consejería de Familia de la Comunidad de Madrid porque una clínica privada ha evaluado con un
criterio muy poco científico, por cierto, que aparentaba tener alrededor de 18 años. En otros casos, se les somete a verificaciones a través de la llamadas pruebas radiológicas oseométricas en la sanidad pública y en otros casos, los fiscales no
hacen sencillamente nada y acogen mediante una manifestación de voluntad del pretendido menor que provoca, en virtud de los requerimientos del artículo 351.1 y 2 de la Ley de Extranjeria, la necesidad de ser acogidos y tutelados por estas
instituciones tutelares.
Esto es una patología perversa que hay que corregir porque la Brigada de Extranjería y Fronteras en relación con los menores tutelados por la Diputación Foral de Álava en concreto -por poner un ejemplo paradigmático, señor
presidente- ha acreditado que de esos menores solo lo son el 60 por ciento en el mejor de los casos y el 80 por ciento en el peor, según la apariencia física y las pruebas oseométricas que se han realizado.
Este problema unido al de la asimetría en el acogimiento de menores provoca disfunciones que son manifiestamente injustas -no puede ser razonable que la Comunidad Autónoma del País Vasco acoja a 800 menores no acompañados, la Comunidad de
Madrid a 120 y la Comunidad de Valencia solo a 100, hay que corregir esta asimetría- y estos menores penetran en el Estado español de forma clandestina y sin documentación pero meses después obra en su poder documentación pretendidamente expedida
por su país de origen, que luego se comprueba que es documentación falsificada.
Hay un problema en virtud del cual organizaciones mafiosas, estructuras mafiosas o personas particulares están falsificando documentos, están incurriendo en un delito
de tráfico de menores y para remover estas patologías nos dirigimos al ministro de Justicia -hemos logrado consensuar con los representantes del Ministerio de Justicia, por lo cual permítame, señor presidente, que felicite el talante del Ministerio
de Justicia
que no es un talante muy habitual de otros ministros a la hora de pactar las propuestas o iniciativas parlamentarias que dimanan de los grupos de la oposición- y hemos podido consensuar un mecanismo en virtud del cual esta perversión, esta
aplicación fraudulenta de la Ley de Extranjería en relación con los menores no acompañados, se pueda corregir no solucionando lo que ya es imposible de solucionar por las deficiencias de la ley, que es la asimetría, la falta de equilibrio en cuanto
al número de menores que van a seguir acogidos en distintas comunidades autónomas, pero por lo menos sí que los menores que sean acogidos por las distintas comunidades autónomas sean menores de verdad y no nacidos en los años 1981, 1979 ó 1980.
Hay un ejemplo -y con esto acabo mis palabras, señor presidente- que acredita perfectamente la perversión que queremos denunciar. Hay una persona tutelada por el Instituto Tutelar de Menores de la Diputación Foral de Álava que se llama Omar
Jabbí. Esta persona acudió allí en su condición de ciudadano procedente de Gambia, pero se pudo comprobar posteriormente que en el año 2006 fue detenido por la comisión de un delito en la isla de Las Palmas, que había nacido en el año 1978 y que no
procedía de Gambia sino de Guinea Ecuatorial. Estos fraudes son frecuentes. La Brigada de Extranjería y Fronteras, que es un organismo no sospechoso en relación con la evaluación de la dimensión de esta patología, ha evaluado que solo en Álava, en
la Comunidad Autónoma del País Vasco, entre el 60 y el 80 por ciento de los menores no acompañados acogidos a la tutela y guarda de esta institución foral son mayores de edad de facto. Ya que se produce la asimetría, ya que algunas comunidades
autónomas tienen que absorber un número desproporcionado de menores no acompañados que superan ampliamente sus capacidades de acogida y tutela, por lo menos pediríamos -se lo pedimos al señor ministro y a los demás grupos parlamentarios- que sean
realmente menores. Estamos todos dispuestos aquí en este Parlamento seguramente a acoger a los menores no acompañados que nos correspondan, pero por favor que estos menores no tengan 40, 35 ó 29 años, que no tengan más que 18 años, que es la edad
en la que el Estado español convierte a una persona en mayor de edad. Desde esta perspectiva, lo que hemos podido consensuar con el ministro de Justicia y con los demás grupos parlamentarios es razonable en tanto en cuanto uniforma las actuaciones
del ministerio fiscal a la hora de evaluar, a través de las correspondientes pruebas oseométricas, la condición real de menores y reprimir esta patología o fenomenología también de naturaleza criminal que es la existencia de mafias que proporcionan
documentación falsa a estos también falsos menores no acompañados.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Emilio Olabarría.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra don Carles Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente. Lo haré desde el escaño.
Hemos de empezar felicitando al señor Olabarría por su tozudez en intentar resolver un problema que afecta muy directamente a su comunidad autónoma, a las instituciones forales del País Vasco, como es la situación de los menores no
acompañados y no documentados de origen extranjero. Este es un problema viejo que venimos arrastrando prácticamente desde hace unos quince años. Hemos ido modificando el artículo 35 de la Ley de Extranjería para permitir una mayor facilidad en la
solución de ese problema. Creo que lo cierto es que el texto que finalmente se aprobó en el Congreso el pasado invierno y a pesar de que no resolvía la principal reivindicación del Partido Nacionalista Vasco, que era la introducción de criterios de
reparto de esos menores no documentados, mejora las capacidades de intervención de las comunidades autónomas en esta materia y los criterios de intervención del Gobierno central y de los gobiernos autonómicos en la misma.
El problema que nos plantea el señor Olabarría es de criterio común de las fiscalías a la hora de determinar la edad de los menores y sobre eso mi grupo no tiene absolutamente nada que decir. Al contrario, debemos apoyar esa iniciativa del
Grupo Nacionalista Vasco. Pero sí hemos querido introducir dos enmiendas que abordan también otras dos problemáticas directamente vinculadas a esa realidad y que se alargan desde hace tiempo. Las comunidades autónomas, si el extranjero es menor de
edad, deben asumir la tutela del mismo, pero es la Administración General del Estado la que debe documentar a esa persona. Y lo que se viene produciendo desde hace muchos años es que la Administración General del Estado a menudo y a pesar de que la
comunidad autónoma haya asumido la tutela del menor no documenta a esa persona, no le otorga el correspondiente permiso de residencia, con los graves problemas que eso provoca, no en el caso de aquellas personas que no son efectivamente menores,
sino en el de aquellas personas que son efectivamente menores y que la ausencia de ese permiso de residencia les va a generar problemas, por ejemplo, cuando cumplan la mayoría de edad y la comunidad autónoma deje de asumir esa propia tutela.
En una de nuestras enmiendas pedimos el cumplimiento expreso de esa previsión del punto 7 del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Ese mismo artículo 35 contempla que el Estado, de común acuerdo con el país de origen de ese menor, debe
determinar si el interés del menor está en retornar con su familia o en terminar residiendo en España. Y eso también exige un mejor funcionamiento de la Administración General del Estado para determinar si se dan esas condiciones de reagrupación
del menor a su país de origen. Son dos enmiendas que complementan la propuesta del Partido Nacionalista
Vasco y que abordan en parte la complejidad de todo ese asunto. Pero permítame añadir otra cuestión, que, además del debate de la interpelación que tuvo el señor Olabarría con el ministro de Justicia, que a mí al menos me despistó, hablando
con algún otro portavoz, me ha parecido que continuamos sin tener resuelta. Hace pocos días, Unicef hacía público el informe Ni ilegales ni invisibles, conjuntamente con el Consejo General de la Abogacía Española, sobre la situación de los menores
extranjeros no documentados. Y afirmaba Unicef: No es posible abordar con eficacia la protección de los derechos de estos menores si se desconocen los datos principales acerca de su número, ubicación y necesidades. Y recordaba que el registro de
menores no acompañados previsto por la legislación está pendiente de ponerse en marcha y de articularse. Mi grupo no tuvo el acierto de recordar esta consideración a la hora de formular nuestras enmiendas, pero este dato que Unicef pone encima de
la mesa, que es la ausencia de datos, dificulta que el Gobierno central y los gobiernos autonómicos puedan abordar conjuntamente esa realidad, porque la cuestión de fondo que nos plantea el señor Olabarría es la dificultad que hoy tiene el conjunto
de las comunidades autónomas para hacer frente a una realidad compleja y difícil. Ojalá esta moción sirva para avanzar en la respuesta.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida tiene la palabra don Joan Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo no ha presentado enmienda alguna y además ya anuncia su voto favorable en los términos en que ha sido presentada. El otro día, a lo largo de la interpelación que debatió el ministro de Justicia con Emilio Olabarría, salió a
colación un poco el problema que se plantea en este debate, y son las dudas en torno a la metodología para decidir sobre la edad de un extranjero indocumentado cuando hay, digamos, indicios razonables o cuando se duda razonablemente de la misma, no
solo para gestionar su acogida sino incluso para poderle juzgar como adulto. Y esa es una duda que, como ustedes saben, se reavivó tras la reciente y polémica detención del pirata del Alakrana, Abdu Willy. La imagen de aquel joven dentro de un
mono blanco y las peleas y disputas entre distintas instituciones a propósito de su edad se zanjó en aquel caso, al parecer, con una simple radiografía de clavícula, que ya viene siendo una práctica habitual, con la que los peritos determinaron que
era mayor de 18 años.
Esta es una cuestión que no es accesoria, no es una cuestión menor, entre otras cosas porque, de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico y también con los distintos instrumentos y tratados a nivel internacional suscritos por el Estado
español, el menor goza en nuestro país de una especial protección y amparo, no solo en materia de extranjería, sino también en el derecho penal o, por ejemplo, en el derecho civil tutelar.
Tampoco es una cuestión nueva, en la medida en que no es
una cuestión que dimane de la reciente Ley de Extranjería aprobada hace unos meses, sino que es un problema que ya existía y que es idéntico al que se suscitaba con la ley del año 2000. El problema principal que se presenta aquí con el artículo 35
de la Ley de Extranjería es que la llamada medida cautelar y provisionalísima que se encomienda al ministerio fiscal para resolver esta cuestión colisiona, a nuestro entender, y coincidimos en eso con el grupo proponente, no solo con algunos
derechos fundamentales, sino también con algunos principios superiores del ordenamiento jurídico, puesto que, si no existe documentación o si esta es falsa o dudosa, no se pueden realizar pruebas que determinen su edad real de forma agresiva o que
puedan poner en cuestión derechos como el de la intimidad, y es por lo que la propia fiscalía, en una circular interna, advertía de esas circunstancias. Con todo, como indicaba en aquella circular el propio ministerio público, la orientación y el
criterio fundamental debe ser tratar de forma decorosa al menor y, por tanto, las pruebas radiológicas constituyen una intervención leve y que no menoscaba en ningún caso la integración física del menor.
Otra cosa distinta es si consta o no consta el consentimiento, cosa que por cierto la doctrina del Tribunal Constitucional ya ha resuelto, por ejemplo, con relación a las pruebas de ADN, que es una cuestión también polémica. Como pretende
la moción que presenta el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, debe existir un criterio uniforme, armónico, que debe aplicarse de la misma forma por parte de centros sanitarios, de las entidades de menores, etcétera. Por tanto, se nos antoja totalmente
necesaria esa instrucción que solicita y pretende el Grupo Vasco de la fiscalía, de acuerdo con las administraciones afectadas y con los protocolos correspondientes. Dada esa circunstancia y también la concurrencia competencial de las comunidades
autónomas en esta materia de los menores, nos parece muy interesante que el fiscal pueda hacer una instrucción definitiva, resolutiva y aclaratoria de toda esta cuestión.
Por tanto, nuestro grupo va a votar favorablemente esta moción.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Vicente Ferrer.
El señor FERRER ROSELLÓ: Señor presidente, señorías, al paso de la iniciativa que nos ocupa he tenido la oportunidad de releer atentamente el debate que con ocasión de la interpelación urgente origen de esta moción se produjo en esta Cámara
hace apenas algunos días. ¿Y qué me he encontrado? Un clásico, señorías, un clásico de la política parlamentaria española de los últimos tiempos, un guión que se repite hasta la saciedad y que
con ligeros retoques y algún cambio en el reparto proyectamos en esta sala una y otra vez. Verán a qué me refiero, porque seguro que tiene que sonarles.
Un diputado, en este caso mi distinguido colega don Emilio Olabarría, sube a esta tribuna y con una imperdonable falta de tacto tiene la desconsideración de enfrentar al Gobierno con la realidad, la realidad, señorías, que es eso que pasa al
otro lado de los muros de La Moncloa y con la que nos vemos forzados a lidiar el resto de los mortales. En este caso, y en relación con el acogimiento y tutela de menores inmigrantes no acompañados, don Emilio denuncia una situación que me atrevo a
afirmar que todos sospechábamos y que podríamos resumir en los siguientes hechos.
Primero, que se está produciendo un fraude masivo y continuado por parte de gran número de inmigrantes ilegales que asumen la condición de menor de edad sin serlo,
con el objetivo de acogerse a los beneficios que ello les depara. Segundo, que la situación es tan escandalosamente generalizada que alcanza en algunas ocasiones a más del 60 por ciento de los acogidos por los servicios competentes de las
comunidades autónomas.
Tercero, que es del dominio público la participación de mafias organizadas dedicadas a proveer a estos falsos menores de la oportuna documentación, falsificada por supuesto, con el objeto de burlar a las autoridades de
nuestro país, algo que constituye además un grave delito.
Y cuarto, que en gran medida esta situación se ve favorecida por la falta de homogeneidad o de criterio unificado por parte del ministerio fiscal.
El segundo acto del drama se abre normalmente con la intervención de un miembro del Gobierno o del grupo mayoritario que lo sostiene. Y se ciñe a su papel con un empeño a mi juicio digno de mejor causa. Reconocerán SS.SS. inmediatamente
el esquema. En primer lugar, el orador deja sentadas las bases que establecen sin género de duda la superioridad moral del Gobierno. El Grupo Socialista, como es bien sabido, actúa siempre movido por los más nobles designios, los más altos
ideales: la paz en el mundo, la ayuda o el socorro al necesitado, la salvación de Grecia, la Alianza de Civilizaciones o el equilibrio cósmico. En el día de hoy, la protección del menor inmigrante. Y el resto de fuerzas políticas no pasamos de
ser una pandilla de insensibles lacayos de vete a saber qué oscuros intereses.
Llegados a este punto, el interviniente abordará con la precisión de un reloj suizo la segunda parte del guión, que se sustancia en la negación de lo evidente. Ya saben: no hay recesión, esto no es una crisis, lo de Afganistán no es una
guerra y los responsables del fracaso escolar son los padres. Para el caso que hoy nos ocupa ¿qué nos dijo el ministro? Pues que la reforma de la Ley de Extranjería era perfecta, que la totalidad de los supuestos estaban acertadamente previstos
por la ley y que la actuación del ministerio fiscal era ejemplar, rozando el virtuosismo. Y se realizan estas singulares afirmaciones con jocundia, con solemnidad, pasando por encima de los datos ofrecidos por el señor Olabarría y poco tiempo
después del éxito de crítica y público que obtuvo el Gobierno con el lamentable sainete que puso en escena a cuenta de la determinación de la edad de uno de los secuestradores somalíes del Alakrana. Tienen que acordarse SS.SS. La consecuencia
habitual de la sistemática aplicación de este modelo por parte del Gobierno del señor Zapatero es, en este caso como en muchos otros, la inacción, la parálisis más absoluta. En Valencia tenemos un dicho: el que esté bien, que no se mueva. Pues
bien, señorías, no estamos bien, así que, por el amor de Dios, muévanse.
Para finalizar, señor Olabarría, habrá deducido a estas alturas de mi intervención que cuenta usted con nuestro apoyo más entusiasta. Y, si en esta ocasión ha conseguido remover el inmovilismo de nuestro Gobierno, sepa que ha ingresado
usted en el Olimpo de mis héroes. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ferrer.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra don Óscar Seco.
El señor SECO REVILLA: Señor presidente, señorías, señor Olabarría, hace poco más de dos meses que discutíamos en esta misma tribuna la reforma de la Ley de Extranjería, ¿se acuerda? Aquella reforma en la que ustedes, diputados del PNV,
votaron en contra porque no resolvía en su opinión los problemas que los menores extranjeros no acompañados planteaban al Estado de las autonomías y porque representaba una costosa carga económica para algunas comunidades. Ustedes rechazaban
entonces el artículo 35 de la ley y extendieron ese rechazo a la totalidad de la ley. Ese artículo 35 es un excelente punto de partida para el debate que hoy se plantea, el que atañe a la práctica de pruebas de determinación de edad de aquellos
extranjeros sobre cuya minoría de edad existen dudas. Todo ello con el claro objetivo de poder establecer con la máxima precisión los concretos destinatarios a quienes efectivamente se puede aplicar el régimen jurídico de extranjería contenido en
el mencionado precepto y que son exclusivamente los menores de edad. Es un artículo que demuestra el compromiso del Gobierno y de las Cámaras legislativas con la mejora de la regulación del tratamiento jurídico de los menores extranjeros y su
régimen de protección y garantías.
Gracias a la última reforma de la ley, los poderes públicos encargados de gestionar el fenómeno de la inmigración juvenil cuentan con nuevos y muy valiosos instrumentos y la integración de los menores inmigrantes es un objetivo de la
política de integración, artículo 2 ter, al que se ha dedicado por el Estado en los dos últimos años nada menos que 40 millones de euros. El Gobierno ha mostrado en múltiples ocasiones su disposición para ofrecer la mejor atención y protección de
los menores extranjeros y se ha mostrado abierto a estudiar las propuestas tendentes a perfeccionar el sistema en todo lo que redunde en un mejor tratamiento jurídico de la emigración juvenil. Como ejemplo, el compromiso de especial atención a este
fenómeno, expresado por el Gobierno
de España, en el marco de la Presidencia rotatoria de la Unión Europea. Mi grupo parlamentario les ha ofrecido recorrer un camino, compromiso que hoy vuelvo a reiterar, en el que, sin hacer renuncia de los marcos competenciales fijados por
el artículo 148.1.20 de la Constitución, además de la competencia atribuida a las diputaciones forales por la Ley de Territorios Históricos, se ahonde en los motivos por los que hay comunidades autónomas que son hostiles a los menas y que introducen
factores de discriminación negativa en niños por tener la condición de extranjeros, ofreciéndonos a establecer e impulsar mecanismos de solidaridad interterritorial que posibiliten lo que usted, señor Olabarría, llamaba el pasado miércoles
reubicación territorial.
El legislador es cuidadoso en la delimitación del ámbito subjetivo de aplicación de ese régimen y para ello se ha establecido un procedimiento para determinar la edad de los extranjeros, en el artículo 35.3. Esto nos lleva a tener que
reflexionar sobre los procedimientos más adecuados para determinar la edad de los extranjeros de edad dubitada. Primero, se ha de tener en cuenta que las pruebas radiológicas de determinación de edad son imperfectas. Segundo, ofrecen un amplio
margen de subjetividad de lectura radiológica. Tercero, ocurre que no existen estándares de desarrollo óseo de la población africana, que es la que plantea normalmente estos problemas, y el estudio comparativo de referencia se hace con unos
patrones elaborados en Estados Unidos con personas de raza caucásica y alto nivel económico. Los informes médicos normalmente se resuelven en forma de edad más probable y con amplios márgenes de error. Un colegio de pediatras británico habla de un
margen de error de hasta cinco años en la determinación de la edad. Así, el Acnur alerta ante el riesgo de obviar aspectos raciales, étnicos, nutricionales, medioambientales, psicológicos, etcétera. Por eso, desde nuestro punto de vista la
aportación que pueden desempeñar los institutos de medicina legal en términos de fiabilidad pericial resulta incuestionable y, en consecuencia, estimamos muy bien traído a colación el punto segundo de la moción.
Quiero también mostrar mi satisfacción tras reconsiderar el PNV su petición inicial de urgir al Fiscal General del Estado el establecimiento de una instrucción estatal y única para determinar la edad de los menores y modificar su
planteamiento al presentar en el Congreso una moción en la que se insta al Gobierno a que, a través del Ministerio de Justicia, se traslade a la Fiscalía general la necesidad de establecer dentro del marco de las comunidades autónomas los protocolos
de actuación respecto a esta cuestión. Celebro que hayan abandonado ustedes un planteamiento, el que la semana pasada defendieron, que, si no viniera de su grupo, cualquiera tildaría de centralista, y al fin hayan aceptado el marco autonómico de
concertación a partir de criterios uniformes, que son los que establece la Ley de Extranjería que ustedes rechazaron. De este modo, debemos convenir, primero, que la edad del menor la determina exclusivamente el ministerio fiscal; segundo, que las
pruebas radiológicas oseométricas son intervenciones corporales que exigen necesariamente el consentimiento de las personas a las que se va a tratar; tercero, que no se puede negar de forma sistemática la validez de todo pasaporte de menores; y
cuarto, que se ha de facilitar el acceso al derecho de audiencia y defensa de los menores en los procedimientos de determinación de edad. Les ruego que trasladen estas recomendaciones, que también alguna presidenta de comunidad autónoma debe
conocer, a la Diputación Foral de Álava.
El señor PRESIDENTE: Señor Seco, debe acabar.
El señor SECO REVILLA: Acabo ya.
No existe ningún dilema en el marco jurídico vigente y a los niños hay que protegerles, se llamen Omar o se llamen como se llamen.
Tengo que plantearles la última duda que me queda. Mostrando mi satisfacción por la petición que ustedes hacen de adoptar protocolos de actuación, les traslado la duda de por qué si este protocolo es de tanta importancia, sin duda para su
grupo como lo es para el mío, el PNV no ha desarrollado en Euskadi, como pone de manifiesto en la consulta del Ararteko, de 22 de diciembre pasado,...
El señor PRESIDENTE: Señor Seco, debe acabar.
El señor SECO REVILLA: Acabo ya.
...lo dispuesto en la disposición adicional sexta del Decreto del Gobierno vasco 131/2008, que mandata al Gobierno vasco y a las diputaciones forales en manos del PNV a consensuar con las fiscalías y las fuerzas de seguridad este protocolo
común. Confío en que me lo puedan aclarar.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Seco.
Señor Olabarría, ¿tiene la bondad de comunicar a la Presidencia si acepta la enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió)?
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, me ha parecido entenderle en un debate anterior que esta respuesta se tiene que articular en forma de monosílabos. Sí, la acepto, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Así se votará, con la incorporación de la enmienda del Grupo Catalán.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE SI LAS MEDIDAS CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA DE ESTABILIDAD DEL REINO DE ESPAÑA 2009-2013, REMITIDO AL CONSEJO DE MINISTROS DE ECONOMÍA Y FINANZAS DE LA UNIÓN EUROPEA, PERMITIRÁN
RESTAURAR
LA CONFIANZA Y VOLVER A CREAR EMPLEO EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA. (Número de expediente 173/000116.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular, sobre si las medidas contempladas en el Programa de Estabilidad del Reino de España 2009-2013, remitido al Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, permitirán restaurar
la confianza y volver a crear empleo en la economía española.
Para su defensa tiene la palabra don Ramón Aguirre. (Rumores.) Silencio, por favor.
El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para defender la moción consecuencia de interpelación en relación con uno de los principales problemas...
(Continúan los rumores.)
El señor PRESIDENTE: Por favor, ¿tendrían la bondad de guardar silencio?
El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Decía que subo a esta tribuna para defender la moción consecuencia de interpelación de uno de los principales problemas que en este momento mantiene la economía española. Parece que ya estamos, como mínimo, en algo de acuerdo y es que la
recesión es una realidad que se va a hacer cierta y mantenida durante el año 2010 y que, además, está acompañada de unos fuertes desajustes: un paro que no parece que vaya a descender, un déficit público que se va a mantener e incluso a incrementar
en este año, una caída de ingresos vertiginosa al lado de un incremento de los gastos de una manera descontrolada, con un grave problema de competitividad en la economía española. Al lado de esta situación recesiva, tenemos una economía real, una
economía doméstica, en la que el protagonista es la restricción del crédito, que no cesa, la destrucción de empresas, que sigue avanzando, y la desaparición de autónomos, que tampoco parece que vaya a calmarse durante el presente ejercicio. Por
tanto, es una recesión económica en la que España va a entrar en una senda de atonía, que tiene claros elementos propios de la economía española y que, desde luego, nada nos hace pensar que la recuperación internacional que se pueda registrar en
alguno de los países europeos vaya a servir por sí sola para que España se incorpore a esa recuperación. Es más, todo apunta a que España en este año se va a descolgar de esa recuperación.
Si nos faltara poco, hay un indicador de la economía española, que es el ahorro de las familias, que se está incrementando de una manera casi, casi, llamativa. Pero lo que podría ser un buen dato, que es que las familias españolas ahorran,
se está convirtiendo en un indicador, en un síntoma del pesimismo que las familias tienen, de la desconfianza que las familias tienen en que mejore el entorno económico, en que se resuelva el problema del paro, en la casi seguridad que se mantiene
de que este año va a haber un incremento de los impuestos y, en definitiva, de la desconfianza que las familias ponen de manifiesto. Por tanto, ese ahorro no es otra cosa que una prevención, una precaución que las familias están construyendo.
En este marco, el Gobierno nos trae como toda receta garantizar la protección social durante la travesía de esta recesión y, por ende, estamos absolutamente ausentes del pacto que es necesario en educación, en trabajo, en el mundo de la
reforma del sector financiero, en el mundo energético, en la reforma de la seguridad jurídica y en la reforma necesaria de nuestro patrón de competitividad. Pero lo que se hace absolutamente prioritario, señores de la mayoría, es rehabilitar el
desequilibrio de nuestras cuentas públicas. Como decía, el déficit en 2009 está cerrando en torno al 11 y al 12 por ciento y parece que en 2010 nada de ese déficit se va a corregir ni se va a mejorar. La situación del déficit se agravará por dos
elementos: la prima de riesgo de la emisión de deuda pública que necesita el Estado español para financiarse va a seguir incrementándose. La semana pasada estábamos en una prima de riesgo cercana al 70 por ciento y hoy está cerrando la prima de
riesgo a 82 puntos básicos. Al lado de ese incremento de la prima de riesgo que presiona las emisiones de deuda pública, habrá casi seguro un endurecimiento de la política monetaria por parte del Banco Central Europeo. Dos elementos que van a
agravar más todavía la situación del déficit público.
Esta moción viene a plantear en la Cámara la urgencia de buscar un acuerdo político y, por qué no decirlo, un acuerdo territorial para poder poner elementos que corrijan el descontrolado déficit público. Por eso, defendemos que hay que
hacer una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que introduzca nuevamente el criterio de transparencia en la elaboración de presupuestos, no solo de la Administración central, sino también de las comunidades autónomas, en la elaboración de
presupuestos, en la ejecución y en la liquidación. Por lo tanto, si hay el límite y los techos que esta Cámara aprueba para la elaboración de los Presupuestos Generales, también debería hacerse extensible a las comunidades autónomas la necesidad de
este techo de gastos en el resto de todas las administraciones. Creemos también que ha de revisarse el límite al endeudamiento y el control que establecemos para ese endeudamiento, tanto el control interno como el control externo. Creemos que hay
que intentar serenamente, pero con decisión, que no se produzcan solapamientos entre las diferentes administraciones con institutos, agencias, organismos autónomos, empresas públicas, consorcios, patronatos, sociedades mercantiles autónomas, todo en
los diferentes niveles de la Administración pública, de la Administración autonómica y de la Administración municipal, incluyendo también las diputaciones. Por estas razones, nos parece que es importante hacer estas apuestas decididas por la
reducción del déficit, fundamentalmente basándonos en la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Se han presentado varias enmiendas a nuestra moción y tenemos que decir que lamentamos que estas enmiendas no planteen una decidida apuesta por la reducción del déficit, ya que no quieren, en un caso, comprometerse de manera seria con este
objetivo; en otro caso, porque sortean la responsabilidad que en este objetivo tienen las comunidades autónomas y, en otros casos, porque eluden la contribución que tienen en este objetivo los municipios. Por estas razones, mi grupo anuncia que no
va a admitir ninguna de las enmiendas que han sido presentadas, aunque reconocemos que en algunas de ellas existe un espíritu de contribución que valoramos positivamente, sobre todo en aquellas que han sido redactadas por el Grupo de Convergència i
Unió.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra don Pedro Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, el Grupo Popular nos trae a esta Cámara para su debate y votación una moción cuyo contenido se centra en garantizar la sostenibilidad de las finanzas
públicas. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor AZPIAZU URIARTE: He de señalar que nuestro grupo comparte plenamente la necesidad de contar con unas finanzas públicas saneadas y sostenibles a medio y largo plazo. No en vano nuestro grupo parlamentario ha venido defendiendo a lo
largo de toda la década, debate tras debate parlamentario, la denominada reforma del gasto público. Creemos que racionalizar el gasto público, suprimir los gastos ineficaces e ineficientes, evitar duplicidades innecesarias, es una tarea siempre
urgente y, en la actual coyuntura económica, inaplazable. De igual manera hemos presentado diversas iniciativas y apoyado otras tendentes a suprimir estructuras administrativas innecesarias, ministerios, altos cargos, etcétera, con el fin de
contribuir a la racionalización del gasto público. Sin embargo, hasta el presente nuestras demandas caían en saco roto y no encontraban el apoyo suficiente. Eran objeto de rechazo e, incluso peor, eran ignoradas. Hoy las circunstancias han
cambiado. La profunda crisis económica ha llevado a que los gastos se multipliquen y a que los ingresos caigan de una forma espectacular, con lo que el déficit público se ha disparado de una forma alarmante. Frente a un déficit que se sitúa en el
11,4 por ciento del PIB, han saltado las alarmas en los mercados y la economía española ha sido cuestionada no solo desde la vertiente de su situación económica, sino también desde su situación financiera. La Unión Europea, notables e insignes
economistas y multitud de instituciones y órganos han puesto en cuestión la capacidad del sector público para hacer frente a su endeudamiento y a los pagos que ello conlleva. El spread del bono del español en relación con el alemán se ha disparado
y los seguros de cobertura de las emisiones de la deuda han aumentado considerablemente. Así, el Gobierno se ha visto en la obligación de responder al ataque sufrido por los mercados adoptando con carácter de urgencia medidas de recorte
presupuestario con el fin de calmar los mercados. La reducción de 5.000 millones de euros ya en el presupuesto de este año y la fuerte contracción previsible para los próximos ejercicios se nos antoja necesaria para tratar de controlar el gasto
público y volver a una senda de déficit público con el objetivo del 3 por ciento para el año 2013. Recortes de urgencia de estas características conllevan la supresión de gastos que no deberían ser eliminados, como es el caso de las inversiones en
infraestructuras o en I+D+i, y, por el contrario, no se eliminan gastos superfluos o ineficientes pero que requieren una decisión política firme. Me estoy refiriendo a la supresión de ciertos ministerios, de altos cargos, en definitiva, de abordar
en serio la reestructuración del gasto público.
Por tanto, la iniciativa del Grupo Popular nos parece en conjunto acertada, aunque creemos que tiene en su literalidad una serie de elementos que no nos gustan, una medida más de las aprobadas en esta
Cámara para reformar el gasto público y que, como las anteriores, tiene el riesgo de convertirse en papel mojado.
Creemos acertado impulsar la austeridad presupuestaria trabajando para la consecución de un acuerdo político, social, territorial e institucional para acometer las reformas que hagan viables y sostenibles los servicios públicos, y creemos
igualmente que es necesaria una reforma en profundidad del conjunto del sector público que evite solapamientos, defina los límites competenciales y garantice los recursos necesarios para la prestación adecuada de los servicios públicos. En
coherencia con ello y con esta propuesta, sería deseable que se produjese el desarrollo competencial contemplado en los estatutos de autonomía de manera que se ubiquen las competencias en los niveles institucionales en que deben estar situadas, lo
que redundaría, sin lugar a dudas, en una mayor eficiencia y eficacia de las políticas y del gasto público, que es lo que la iniciativa plantea. Pero sospecho que cuando el Partido Popular habla de definir los límites competenciales está pensando
justo lo contrario de lo que piensa este diputado, está pensando en recortar competencias y en volver hacia atrás en el desarrollo autonómico. A pesar de lo señalado, nuestro grupo parlamentario ha planteado una enmienda de supresión del párrafo
segundo de la moción, en el que se señala que el necesario acuerdo interinstitucional debería incluir una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que establece el techo de gasto para todas las administraciones públicas, reforzándose los
límites y el control del endeudamiento e incluyendo los compromisos de gastos para los próximos años.
Señores del Grupo Popular, el acuerdo se lleva mal con la imposición y con la obligatoriedad que pueda suponer a las comunidades autónomas unos límites y restricciones aprobados por esta Cámara. Un acuerdo ha de ser consensuado y
voluntario. Existen mecanismos de coordinación. De hecho, las comunidades autónomas se comprometen a controlar anualmente sus cuentas públicas dentro de los límites establecidos en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera en el caso de
las comunidades de régimen común y en la Comisión Mixta de Concierto en el caso de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Es decir, los órganos de acuerdo existen, lo que falta es buscar la cooperación y el consenso entre todas las instituciones. Las
imposiciones no sirven, pero el asunto es tan claro que no debería ser difícil buscar el consenso y adoptar las medidas de forma coordinada. El Gobierno del señor Rodríguez Zapatero tiene una gran responsabilidad tanto en el desarrollo estatutario
como en la reforma del gasto público y en la sostenibilidad de las cuentas públicas. Me temo que no se hagan las cosas bien.
El señor PRESIDENTE: Señor Azpiazu, debe acabar, por favor.
El señor AZPIAZU URIARTE: Termino, señor presidente.
Es una reforma ineludible e imprescindible. Si avanzamos por este consenso, nuestro grupo pondría todo su empeño en la tarea, pero, señores del Grupo Popular, si ustedes aceptan nuestra enmienda, votaríamos a favor de la iniciativa; si no
se acepta, no queremos correr el riesgo de modificar una ley que pueda limitar el ámbito de actuación de las comunidades autónomas y tendremos que oponernos a la moción. En caso de que se vote separadamente por puntos, nosotros votaríamos
favorablemente el primer punto y nos opondríamos al segundo y al tercero. El segundo porque hemos presentado una enmienda y el tercero porque sospechamos que cuando ustedes hablan de limitación competencial están pensando justamente en lo contrario
de lo que entiende este diputado por esa cuestión.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha presentado una enmienda a la moción planteada por el Grupo Parlamentario Popular en el sentido de estar de acuerdo básica y fundamentalmente con el primer punto de
la misma, ya que desde esta perspectiva hay una coincidencia absoluta de nuestro grupo parlamentario sobre cuál habría de ser también la posición del Gobierno a fin y efecto de poder garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y al mismo
tiempo impulsar la austeridad presupuestaria, trabajando para ello desde la perspectiva de un acuerdo político, social y territorial para acometer todas las reformas viables y sostenibles de nuestros servicios públicos.
Quizá desde esta perspectiva
sería posible empezar a consensuar todos aquellos aspectos que hemos venido planteando desde nuestro grupo parlamentario a lo largo de esta legislatura para poder plantear un gran pacto de Estado a fin de acometer las diferentes reformas que se
hayan de sustentar a lo largo de esta legislatura, y básicamente también para estar de acuerdo desde la perspectiva económica de evitar que el déficit público vaya creciendo desmesuradamente y también para poder plantear un acuerdo sólido, eficaz y
sostenible para que en los próximos años sea posible llegar a la reducción del déficit público desde los parámetros actuales hasta el 3 por ciento, como nos ha planteado la Unión Europea.
Por lo tanto, en este aspecto existe un principio básico y
fundamental que pienso sinceramente que podría ser aceptado por todas las fuerzas políticas que componen esta Cámara.
No estamos de acuerdo, sin embargo, con los puntos números 2 y 3 que ha planteado el Grupo Parlamentario Popular, en el sentido de que proponen una modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para establecer los techos de gasto de
las comunidades autónomas y de las corporaciones locales. Entendemos que son principios básicos que las comunidades autónomas y las corporaciones, según la actual Ley de Estabilidad Presupuestaria, son las que, sobre la base de sus competencias,
deben contribuir a garantizar la sostenibilidad del Estado e intentar remitir al déficit público establecido en sus respectivos estatutos y en sus respectivas competencias desde el punto de vista de las corporaciones locales. No es admisible que
desde el Estado en muchos casos se puedan centrifugar algunas competencias y algunos gastos que son atribuibles al Estado, a la Administración central, a las comunidades autónomas, pero no haciéndoles las transferencias de los gastos
correspondientes. Por tanto, nosotros no estaríamos de acuerdo con el segundo punto planteado por el Grupo Parlamentario Popular, y tampoco estaríamos de acuerdo con el tercero, porque desde nuestra óptica y desde nuestro buen entendimiento no
están bien definidos todos los aspectos que se refieren a la definición de los límites competenciales. Por este motivo hemos presentado una enmienda que sustituiría a los puntos 2 y 3 en el sentido de que se pueda acometer una reforma de la
Administración General del Estado que evite la duplicidad de funciones y recursos e impulse la reducción de sus estructuras y costes atendiendo a los criterios de eficiencia. Todos estaríamos de acuerdo en que se pudiesen eliminar muchos
ministerios que hoy no tienen razón de ser. Probablemente estaríamos de acuerdo varios grupos de esta Cámara con la posible desaparición del Ministerio de Vivienda, cuyas competencias pueden estar asumidas
perfectamente por las comunidades autónomas, o, por decir otros, del Ministerio de Cultura o del Ministerio de Igualdad. Por tanto, hemos planteado esta enmienda que parece que no va a ser aceptada por parte del Grupo Parlamentario Popular.
No he entendido si va a ser posible o no que se voten separadamente los tres puntos de la moción. Si los pudiéramos votar separadamente, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) apoyaría el punto número 1, y en el caso de que no fuera
posible votarlos separadamente, tendríamos lógicamente que votar en contra de la globalidad de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Muchísimas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Francisco Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señor presidente, señoras y señores diputados, el señor Aguirre ha presentado la moción iniciando su intervención con unos datos que a mí me gustaría en principio rebatir. Da la casualidad de que en el día de
hoy el Tesoro de España ha hecho dos emisiones de deuda y ha colocado a muy buen precio en el mercado internacional 6.500 millones de euros y, desde luego, había peticiones por parte de compradores internacionales hasta 10.600 millones de euros.
Aquí hay un problema del que tenemos que ser conscientes. La deuda pública española no plantea problemas de solvencia y tampoco plantea problemas de rentabilidad, los bonos y las letras se cotizan a precios muy razonables, y el Gobierno de España
acaba de hacer una rueda de información en los principales mercados del mundo con la finalidad de consolidar y respaldar la calidad crediticia de los títulos que emitimos. Por tanto, honestamente creo que esta Cámara no debería contribuir a
acentuar las dudas que algunos pudieran tener en esta cuestión. Pero también discrepo del señor Aguirre en el signo de la evolución de la economía española. La economía española no va a estar durante el año 2010 en recesión. La economía española
va en la misma dirección que la Unión Europea. Lo único que pasa es que nos llevan una ventaja que, por otra parte, es mínima.
Por tanto, si en este momento la sociedad española, el sector público, el sector privado, muchas instituciones y muchos
agentes sociales están haciendo un esfuerzo por salir de la recesión, no debería en esta Cámara acentuarse el obstrucionismo y, por el contrario, sí se deberían poner en marcha procesos que de alguna manera favorezcan la recuperación. (La señora
vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Tengo que decir que el resultado de esta moción seguramente no es muy positivo.
En una cuestión como esta, cuando los principales grupos parlamentarios estaban dispuestos a encontrar un
acuerdo, seguramente nos vamos a limitar a votar favorablemente el primer punto, porque en los otros dos puntos restantes no será posible encontrar ningún grado de coincidencia.
Y he de decir que mi grupo ha venido a buscar un acuerdo en la tarde
de hoy. Ha venido a buscar un acuerdo y ha hecho saber al proponente de la moción y al Grupo de Convergència i Unió que estaba dispuesto a alcanzar una serie de acuerdos que comprometieran la evolución del gasto público y el comportamiento de las
distintas administraciones públicas en un sistema que condujera a una contención del gasto y a un reforzamiento de los equilibrios. No ha sido posible, y no ha sido posible porque hay quien cree que con el estrangulamiento de la economía española
él puede llegar antes al poder. (Aplausos.) Tengo que decirlo claramente: este país debería ser capaz de plantearse algunas cuestiones. Ahora leemos mucho la prensa internacional y nos acercamos mucho a algunos comentaristas, lo hacemos
recientemente, pero uno de ellos hizo alguna advertencia hace veinte días -y en ese periódico que todos utilizamos como biblia- y decía que en Grecia -fíjense ustedes- empiezan a reconocer la necesidad de la reforma, tal vez demasiado tarde, pero
que el establecimiento político en España se mantiene en la negación.
El resultado que va a obtenerse en esta Cámara hoy es el resultado de un mínimo acuerdo por parte del conjunto de las fuerzas políticas. Ha habido posibilidades de alcanzar un acuerdo mayor. Convergència i Unió y el Partido Socialista
estábamos en esa tarea y éramos conscientes de que podíamos convencer a otros grupos. Aquí ha habido solo un grupo que no ha querido el acuerdo, que cree que tiene a esta sociedad rehén de sus planteamientos políticos: ese es el Grupo Popular.
(Aplausos.)
Señora presidenta, nosotros también seríamos partidarios, si el Reglamento lo permite, de trocear la iniciativa y anunciamos que si se trocea esa iniciativa, votaríamos sí al primer apartado y no a los restantes. Si no se puede trocear la
iniciativa, lamentablemente votaremos en contra.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Marugán.
Eso se verá cuando se hayan aceptado o no las enmiendas por parte del grupo propietario de la iniciativa. Pasamos a continuación al turno de fijación de posiciones, en el que, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la
palabra el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señora vicepresidenta.
El Bloque Nacionalista Galego no puede apoyar esta moción consecuencia de interpelación básicamente por dos razones. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) En primer lugar -y espero que en el debate de mañana en el que va a haber una
comparecencia del presidente sobre la situación económica todos tengamos oportunidad de profundizar en estas reflexiones y en verbalizar nuestras alternativas-, básicamente porque,
desde nuestro punto de vista, peca de una obsesión excesiva por la necesidad de retornar a un escenario de estabilidad presupuestaria.
Quiero dejar muy claro que el Bloque Nacionalista Galego es consciente de la necesidad de asegurar la
sostenibilidad de las finanzas públicas y es consciente de la necesidad de evitar el ritmo de crecimiento tan elevado de la deuda pública, que aun así en el Estado español sigue estando muy por debajo de la media de la Unión Europea. Pero en un
contexto de crisis económica, desde nuestro punto de vista, el retorno apresurado y precipitado a un escenario de estabilidad presupuestaria no puede ser la prioridad. Hay muy pocos analistas que se atrevan a negar que las políticas de estímulo
fueron decisivas para evitar que las economías avanzadas entrasen en un proceso no ya de recesión, no ya de crecimiento, sino de profunda depresión. Creemos que un problema objetivo que tiene el Estado español en este momento es que las políticas
de la Unión Europea que reclaman el retorno inmediato a la ortodoxia ultraliberal están pillando -si me permiten ustedes la expresión- a la economía española con el paso cambiado, cuando la primera prioridad tiene que seguir siendo luchar por
reactivar la economía y por generar empleo. Por tanto, discrepamos de esa obsesión, desde nuestro punto de vista, excesiva.
En segundo lugar, ustedes hablan en su moción de la necesidad de acometer reformas que hagan viables y sostenibles los servicios públicos, y es difícil no estar de acuerdo con esto. Nos gustaría que enunciasen cuáles son los contenidos de
esas reformas, qué es necesario acometer para hacer viables y sostenibles los servicios públicos, sobre todo porque estamos muy acostumbrados a ver cómo desde la derecha en contextos de crisis las recetas son desarmar los servicios públicos,
desarmar las coberturas sociales y desarmar el Estado de bienestar. Por tanto, es una enunciación que carece de concreción y si no hay concreción es difícil explorar realmente cuáles son los puntos de acuerdo y los puntos de discordia.
Además,
discrepamos de esta moción por su excesivo afán de tutela de los límites de gasto de las comunidades autónomas y de las instituciones locales. Si nos apoyamos en los datos oficiales, observaremos cómo en la estructura del déficit existente en el
Estado español la responsabilidad no radica precisamente en las comunidades autónomas, pese a campañas de desprestigio que pretenden proyectar la falsa imagen de las comunidades autónomas como despilfarradoras. Objetivamente, el déficit no está
concentrado en las administraciones autonómicas ni tampoco en las instituciones locales, y eso pese a que las administraciones autonómicas tienen que asumir la gestión de servicios, donde la limitación del gasto es difícilmente gestionable, es
difícilmente graciable, porque son servicios básicos -y estoy pensando en la sanidad y en la educación-, que no son susceptibles de ser sometidos a recortes. Pensamos que el respeto a la autonomía presupuestaria de las comunidades autónomas exige
que las mismas puedan incurrir en déficit dentro de unos límites razonables para poder implementar sus políticas. En cualquier caso, los objetivos en cuanto a límites de gastos hay que definirlos de manera consensuada entre el Estado y las
comunidades autónomas. No se puede arrogar el Estado central la facultad unilateral de limitar su capacidad de gasto. Estas son las razones fundamentales por las que discrepamos de las líneas de fondo de esta moción consecuencia de interpelación,
y anuncio el voto contrario del Bloque Nacionalista Galego a la misma.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Muchas gracias, señor presidente.
Por los mismos motivos que ha explicado el señor Jorquera nosotros también nos vamos a oponer. Y nos vamos a oponer desde el rigor, porque creo que de lo que hay que hablar hoy es de que la Administración tiene que ser algo más austera,
pero no es nada riguroso que en un país que tiene un esfuerzo fiscal equivalente al de Estonia se ponga solo el acento en la necesidad de la austeridad. Obviamente, hay que limitar gastos superfluos e innecesarios, y desde Izquierda Unida y desde
Iniciativa siempre hemos dicho que vamos a estar ahí. Pero entendemos que en un país que padece una crisis sin precedentes, en una sociedad que necesita la ampliación del Estado de bienestar, en un contexto económico que requiere políticas
anticíclicas, no se puede poner el acento en volver de forma acelerada a un escenario de estabilidad presupuestaria, arrastrando con ese escenario a miles de personas, a millones de personas, sin protección social, y a una economía que necesita de
esas políticas anticíclicas. Se podría combinar, si no se tuviese una visión dogmática, la necesidad de austeridad y a la vez la necesidad de una política fiscal apropiada, pero parece que, a pesar de que esta es una crisis de los sectores
financieros que se debe a la falta de crédito y que requiere liderazgo público, hay quien se escuda aún en visiones dogmáticas y antiguas superadas por la realidad, solo habla de estabilidad y no entiende que solo se sale de esta crisis con
liderazgo de lo público.
El problema que tenemos en España es uno principalmente: la falta de esfuerzo fiscal acumulado durante los últimos años. Es un problema que además se ha incrementado con las políticas fiscales de la legislatura anterior y del inicio de
esta. Eso es lo que deberíamos abordar, eso es lo que debería abordar un gobierno con perspectivas, pero no, por supuesto, esta política. La segunda razón por la que vamos a votar negativamente es porque no aceptamos esa lógica de que el gasto de
las comunidades autónomas es superfluo y solo vale el gasto de la Administración General del Estado. Esa música, con el dedo acusador a las comunidades, procede curiosamente de un Partido Popular que gobierna las comunidades
autónomas con más déficit. Por estos dos motivos, vamos a votar negativamente.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrera.
Comenzaremos la votación en dos minutos. (Pausa.)
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE TRANSFERENCIA DE LAS COMPETENCIAS DE GESTIÓN DEL AEROPUERTO DE BARCELONA A LA GENERALITAT DE CATALUNYA. (Número de expediente 122/000020.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar las votaciones. En primer lugar votamos la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, de transferencia de las competencias de gestión del
aeropuerto de Barcelona a la Generalitat de Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 25; en contra, 317.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LA CREACIÓN DE UN IMPUESTO SOBRE LAS OPERACIONES DE CAMBIO DE DIVISAS, BILLETES DE BANCO Y MONEDAS.
(Número de expediente 122/000065.)
El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la creación de un impuesto sobre las operaciones de cambio de divisas,
de billetes de banco y monedas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 15; en contra, 326.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE CELEBRACIÓN DE UN PLENO MONOGRÁFICO RELATIVO AL INCREMENTO DE LA TRIBUTACIÓN POR EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. (Número de expediente 162/000586.)
El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de celebración de un Pleno monográfico relativo al incremento de la tributación por impuesto del valor añadido.
Esta proposición se vota en sus propios términos ya que no ha habido aceptación de enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 164; en contra, 174; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE LAS FAMILIAS NUMEROSAS. (Número de expediente 162/000571.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Vasco, PNV, relativa a la protección de familias numerosas. Se vota en sus propios términos sin enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor; 194; en contra, cuatro; abstenciones, 144.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LA AFECTACIÓN DEL PLAN DE AUSTERIDAD EN LAS INVERSIONES DEL GRUPO FOMENTO.
(Número de expediente 173/000114.)
El señor PRESIDENTE: A continuación, la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre afectación del Plan de austeridad en las inversiones del Grupo Fomento. Se vota en los términos de la enmienda transaccional
presentada, ya que ningún grupo se ha opuesto a que se tramitara.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 342.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE DISPOSICIÓN DEL GOBIERNO A INSTAR AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO A QUE DICTE INSTRUCCIONES EN DONDE CONSTEN CRITERIOS HOMOGÉNEOS Y ÚNICOS PARA DETERMINACIÓN DE LA EDAD PARA TODAS LAS FISCALÍAS.
(Número de expediente 173/000115.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Vasco (EAJ-PNV) sobre la disposición del Gobierno a instar al fiscal general del Estado a que dicte instrucciones donde consten criterios homogéneos y únicos para determinación de la edad en todas las
fiscalías. Se vota con la enmienda incorporada -ha sido aceptada- del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 339; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE SI LAS MEDIDAS CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA DE ESTABILIDAD DEL REINO DE ESPAÑA 2009-2013, REMITIDO AL CONSEJO DE MINISTROS DE ECONOMÍA Y FINANZAS DE LA UNIÓN EUROPEA, PERMITIRÁN
RESTAURAR LA CONFIANZA Y VOLVER A CREAR EMPLEO EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA. (Número de expediente 173/000116.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre si las medidas contempladas en el programa de Estabilidad del Reino de España 2009-2013, remitido al Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la Unión
Europea, permitirán restaurar la confianza y volver a crear empleo en la economía española. Se vota sin enmiendas. La solicitud que ha hecho el Grupo Catalán no ha sido aceptada por el grupo proponente, con lo cual se vota en su conjunto y no con
votaciones separadas. En esos términos comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 151; en contra, 188; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve horas.
Eran las nueve y cinco minutos de la noche.