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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 105, de 17/09/2009
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2009 IX Legislatura Núm. 105
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 97 elebrada el jueves 17 de septiembre de 2009
ORDEN DEL DÍA:
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:
- Real Decreto-ley 10/2009, de 13 de agosto, por el que se regula el programa temporal de protección por desempleo e inserción. (B.O.E. núm.
197, de 15 de agosto de 2009). (Número de expediente 130/000019.)....
- Real Decreto-ley 11/2009, de 13 de agosto, por el que se regula, para las concesiones de ámbito estatal, la prestación del servicio de televisión digital terrestre de pago mediante acceso condicional. (B.O.E.
núm. 197, de 15 de agosto
de 2009). (Número de expediente 130/000020.) .... (Página 15)
- Real Decreto-ley 12/2009, de 13 de agosto, por el que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias comunidades autónomas. (B.O.E. núm. 197,
de 15 de agosto de 2009). (Corrección de error en B.O.E. num. 219, de 10 de septiembre de 2009). (Número de expediente 130/000021.)... (Página 28)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página 4)
Real Decreto-ley 10/2009, de 13 de agosto, por el que se regula el programa temporal de protección por desempleo e inserción ... (Página 4)
El señor ministro de Trabajo e Inmigración (Corbacho Chaves) expone a la Cámara las razones que han obligado al Gobierno a promulgar el Real Decreto-ley 10/2009, de 13 de agosto, por el que se regula el programa temporal de protección por
desempleo e inserción.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Barkos Berruezo, el señor Salvador Armendáriz y la señora Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Llamazares Trigo y Tardá i Coma, del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Echániz Salgado, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso y Membrado Giner, del Grupo Parlamentario Socialista.
Real Decreto-ley 11/2009, de 13 de agosto, por el que se regula, para las concesiones de ámbito estatal, la prestación del servicio de televisión digital terrestre de pago mediante acceso condicional ... (Página
15)
El señor ministro de Industria, Turismo y Comercio (Sebastián Gascón) expone a la Cámara las razones que han obligado al Gobierno a la promulgación del Real Decreto-ley, 11/2009, de 13 de agosto, por el que se regula, para las concesiones de
ámbito estatal, la prestación del servicio de televisión digital terrestre de pago mediante acceso condicional.
En turno en contra interviene el señor Cortés Martín, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Díez González y el señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Canet i Coma y Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y López Águeda, del Grupo Parlamentario Socialista.
Real Decreto-ley 12/2009, de 13 de agosto, por el que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias comunidades autónomas ...
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
- Proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 31-1, de 1 de julio de
2009. (Número de expediente 121/000032.)...
(Página 36)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación.)...
(Página 49)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación.)... (Página 50)
El señor ministro del Interior (Pérez Rubalcaba) expone a la Cámara las razones que han obligado al Gobierno a promulgar el Real Decreto-ley 12/2009, de 13 de agosto, por el que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos
por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias comunidades autónomas.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto; Canet i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Agirretxea
Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Tarruella Tomás, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Alonso Núñez, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página 36)
Proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social ... (Página 36)
El señor ministro de Trabajo e Inmigración (Corbacho Chaves) defiende el proyecto de ley, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 26 de junio con el que el Gobierno pretende crear un marco adecuado para el desarrollo de una política
migratoria sostenible, integral e integradora, que nuestro país necesita ahora y en los próximos años.
En defensa de las enmiendas de totalidad presentadas intervienen los señores Herrera Torres y Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Hernando Fraile, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; la señora Oramas González-Moro y Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto y el señor Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones interviene la señora Esteve Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación.) ...
(Página 49)
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 10/2009, de 13 de agosto, por el que se regula el programa temporal de protección por desempleo e inserción, se aprueba por 338 votos a favor y uno en contra.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 338 votos a favor.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 11/2009, de 13 de agosto, por el que se regula, para las concesiones de ámbito estatal, la prestación del servicio de televisión digital terrestre de pago mediante acceso condicional,
se aprueba por 183 votos a favor, 150 en contra y seis abstenciones.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 149 votos a favor, 183 en contra y seis abstenciones.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 12/2009, de 13 de agosto, por el que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias
comunidades autónomas, se aprueba por 339 votos a favor.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 338 votos a favor.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación.) ... (Página 50)
Sometidas a votación todas las enmiendas de devolución presentadas al proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, se
rechazan por 154 votos a favor, 183 en contra y dos abstenciones.
Se levanta la sesión a las dos y veinte minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:
- REAL DECRETO-LEY 10/2009, DE 13 DE AGOSTO, POR EL QUE SE REGULA EL PROGRAMA TEMPORAL DE PROTECCIÓN POR DESEMPLEO E INSERCIÓN. (Número de expediente 130/000019.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a reanudar la sesión. El señor ministro de Trabajo tiene la palabra para exponer las razones que han obligado al Gobierno a promulgar el real decreto-ley.
El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Corbacho Chaves): Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo ante el Pleno de esta Cámara para solicitar la convalidación del Real Decreto-Ley 10/2009 aprobado por Consejo de Ministros el 13 de agosto, por el que se regula el programa temporal de protección por desempleo e
inserción, una nueva medida para hacer frente a la situación de crisis económica y a su repercusión negativa sobre el mercado de trabajo.
Señorías, sin duda, la vertiente más dramática de la crisis económica que atraviesa nuestro país es el incremento del desempleo. Por eso, desde el principio el Gobierno ha fijado como objetivo prioritario la protección de los colectivos más
vulnerables y, de manera especial, el de las personas desempleadas. Sucede, sin embargo, que la dureza con la que la crisis está golpeando nuestro mercado laboral provoca que el número de desempleados aumente y que crezca también el colectivo de
parados que agotan las prestaciones. Ante esta situación, el Gobierno ha adoptado hasta la fecha diversas medidas dirigidas específicamente a mejorar la protección por desempleo. Es el caso de dos de las medidas contenidas en el Real Decreto-Ley
2/2009 de 6 de marzo sobre medidas urgentes y para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas. Ahora el Gobierno considera necesario y urgente ampliar de manera extraordinaria la cobertura económica de los
desempleados que agoten la protección prevista. Lo hace por entender que más allá de la existencia de las denominadas rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas, este colectivo de personas desempleadas se enfrenta a un grave riesgo de
exclusión social. Conviene recordar que la aprobación del Real Decreto-ley 10/2009, de 13 de agosto, da cumplimiento al mandato recogido en la resolución número 14 del debate sobre el estado de la Nación del pasado mes de mayo. Además, como bien
conocen, se trata de una medida abordada con los interlocutores sociales a instancia de la parte sindical durante el proceso de diálogo celebrado este verano. Pese a la falta de acuerdo entonces, el Gobierno no ha querido demorar la aprobación de
una medida que tanta incidencia tiene en un colectivo de desempleados sin recursos y en sus familias. Por esta razón, precisamente, se justifica la utilización de una figura como el real decreto-ley.
La exposición del contenido de este programa temporal de protección por desempleo e inserción puede realizarse en torno a tres características básicas del mismo. Primera, que los potenciales beneficiarios son trabajadores desempleados sin
recursos económicos. Segunda, que la medida tiene una doble vertiente como garantía de ingresos mínimos y mecanismos para favorecer la inserción laboral. Y tercera, que el programa tiene naturaleza extraordinaria y, por tanto, vocación temporal.
Comenzando por la identificación de los potenciales beneficiarios de esta medida, el real decreto-ley se dirige a aquellos desempleados menores de 65 años que reúnen dos requisitos que ponen de manifiesto su vulnerabilidad. Por un lado, se exige a
quienes se acogen al programa haber agotado la prestación contributiva por desempleo y, en su caso, también el subsidio.
Por otro lado, se requiere acreditar que el solicitante carece de rentas superiores al 75 por ciento del salario mínimo
interprofesional. Como indica el propio título de la medida aprobada, la segunda característica básica del programa es que tiene un doble componente: es una medida de apoyo económico y también de refuerzo de la capacidad de inserción laboral. Por
un lado, el real decreto-ley establece una prestación económica extraordinaria cuya cuantía es de 421,79 euros mensuales, lo que equivale al 80 por ciento del Iprem, una prestación que se percibirá durante un máximo de seis meses. Además, y como
complemento, se reconoce a los beneficiarios del programa el derecho a la prestación de asistencia sanitaria. Por otro lado, se prevé la participación de los beneficiarios del nuevo programa en itinerarios de inserción laboral. Por eso, junto a la
doble obligación de inscribirse como demandantes de empleo y de suscribir el compromiso de actividad al que se refiere la Ley General de Seguridad Social, se les exige realizar las actuaciones contenidas en los itinerarios de inserción laboral
diseñados por las comunidades autónomas.
En relación con ello, quiero destacar dos aspectos que considero relevantes: uno, que el programa no se limita a conceder una prestación económica a personas que se encuentran en situación de necesidad,
sino que tiene en cuenta su condición de trabajadores y, en consecuencia, apuesta por articular políticas activas de empleo que ponen énfasis en reforzar la capacitación profesional favoreciendo la reinserción en el mercado laboral. El otro aspecto
es que esta doble vertiente de protección y de inserción del programa implica que tanto el Estado como las comunidades autónomas intervienen en su aplicación y gestión conforme a sus respectivas competencias. De este modo, aunque el Servicio
Público de Empleo Estatal es el encargado del reconocimiento y del pago de la prestación económica, son las comunidades autónomas, a través de sus respectivos servicios de empleo, las que reciben las
solicitudes y gestionan las acciones correspondientes a los itinerarios de inserción.
La tercera característica básica de este programa temporal de protección por desempleo e inserción es su carácter extraordinario y su vocación temporal. Así, la duración prevista para el programa y para percibir la prestación por parte de
los beneficiarios es de seis meses a contar desde su entrada en vigor el 17 de agosto. Ello sin perjuicio de la facultad del Gobierno de prorrogar el programa por periodo de seis meses en función de las disponibilidades presupuestarias, las
perspectivas económicas y la situación de desempleo. Además, el Real Decreto-ley 10/2009, aprobado el 13 de agosto y que entró en vigor cuatro días después, prevé que puedan acogerse a las medidas los desempleados que agotaron su prestación a
partir del 1 de agosto. Como es sabido, este aspecto suscitó una discrepancia sindical y de algunos partidos políticos, que consideraban que había que ampliar el periodo de aplicación y, con ello, el colectivo de personas beneficiarias del
programa. El Gobierno ha sido sensible a esta reivindicación y ha hecho suyo el objetivo de extender la aplicación de este real decreto-ley desde el 1 de enero del año 2009, en los términos de la moción aprobada por esta Cámara el pasado día 8 de
septiembre, así como en el marco de los acuerdos alcanzados entre el Grupo Socialista y diferentes grupos parlamentarios.
No quisiera acabar mi intervención sin hacer un reconocimiento a las comunidades autónomas que han colaborado desde el principio con lealtad y de forma activa y decidida para que las personas beneficiarias pudieran acogerse lo antes posible
a este programa.
Señorías, la crisis económica mundial está golpeando duramente a la economía de medio mundo y también a la española y, en consecuencia, a muchos españoles, pero el Gobierno es consciente de que quienes más sufren el impacto de esta coyuntura
adversa son los ciudadanos con menos recursos. Por eso estima urgente y necesario realizar un esfuerzo adicional de solidaridad para reforzar nuestra red de cohesión social.
Confío en que el resto de los grupos de la Cámara manifiesten la misma
sensibilidad y apoyen esta iniciativa.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Ningún grupo parlamentario ha solicitado la utilización del turno en contra de la convalidación. En consecuencia, pasamos a la fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, tiene la palabra doña Uxue Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señor presidente.
Señorías, el señor ministro de Trabajo trae hoy a votación a esta Cámara un real decreto que ya ha sido analizado con profusión y detenimiento por todos los grupos y en debate público. En cualquier caso, hoy ponemos en valor en la tribuna
las posiciones de los diferentes grupos parlamentarios. Hemos de decir -y viene siendo, como digo, un debate profuso y largo- que somos muchas las voces que hemos subrayado algunas de las debilidades de esta medida, no tanto en su acción concreta
-sería difícil oponerse a que centenares de miles de familias y de personas que en estos momentos se encuentran sin prestación alguna en el día a día puedan acogerse a ella-, cuanto a su capacidad estructural; voces como las que desde el Grupo
Mixto representamos el Bloque Nacionalista Galego y Nafarroa Bai, que en la reconducción de la propuesta del Gobierno hemos abogado por llevar hasta el 1 de enero la fecha de protección de las personas que agotaron la prestación por desempleo y, en
el mismo sentido, por no aceptar un porcentaje del 17 por ciento en la tasa del desempleo como límite para la ejecución de las medidas, aunque mucho nos tememos que tristemente no conoceremos, no al menos en breve, un descenso de estos índices. Es
en este marco, acotado en torno a estos dos ejes, donde se producirá nuestro apoyo al real decreto-ley que hoy se nos propone y, por supuesto, a favor de su tramitación como proyecto de ley, con el compromiso -entendemos que asumido también por el
Gobierno- de llevar a 1 de enero la protección para aquellas personas que perdieron la prestación por desempleo, en la voluntad de no aceptar que existan techos a la hora de acometer a estas personas.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Barkos.
También por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra don Carlos Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre de Unión del Pueblo Navarro para fijar nuestra postura ante las votaciones de convalidación y posterior tramitación o no como proyecto de ley del Real Decreto-ley 10/2009, de 13 de agosto, por el que se regula
el programa temporal de protección por desempleo e inserción. Les anticipo que nuestra posición será favorable en ambos casos, aunque crítica. La pasada semana en esta misma tribuna le decía al presidente del Gobierno -y lo repito una vez más- que
no entendemos el empeño que tiene el Gobierno en no llegar a un acuerdo global en materia económica. Seguramente nos habríamos evitado el lamentable espectáculo que ha protagonizado el Gobierno en la génesis, presentación, negociación y finalmente
fijación de los términos del contenido de este real decreto-ley.
No es de recibo, señorías, señor ministro, que las comunidades autónomas permanezcan como meras espectadoras de este real decreto-ley y se les impida aportar soluciones y mejoras a un texto que finalmente se ha visto superado en su versión
original. Las comunidades autónomas son parte del proceso, ya que reciben
las solicitudes, las tramitan desde los servicios autonómicos de empleo y se hacen cargo del compromiso de actividad. No debemos obviar tampoco el hecho de que en España va siendo urgente ordenar, organizar y estructurar de manera coherente
la dispersión de prestaciones, ayudas, subsidios, rentas de inserción que vienen prestando organismos y las administraciones públicas, central y autonómicas. Lo deseable hubiera sido solucionar este complejo puzzle antes de aprobar esta medida,
pero no habiéndose hecho así ojalá seamos capaces de encontrar una solución en su tramitación como proyecto de ley. Si bien, por otra parte, el real decreto-ley va a ayudar a mejorar su situación a muchas personas y muchas familias que lo están
pasando verdaderamente mal, no nos debemos de engañar pensando que esta política por sí misma va a sacarnos de la gravísima crisis que padecemos. Hablamos, señorías, de una medida que durará seis meses. Deberíamos plantear otras medidas dirigidas
a fomentar el empleo social o similar, compromisos de búsqueda de empleo o realización de trabajos sociales para los beneficiarios. Por otra parte, el Gobierno tiene la obligación de minimizar el impacto financiero que la aprobación de esta medida
va a suponer. Así, la norma que se diseñó con un gasto de 400 millones, con el cambio de fecha puede superar los 1.000 millones de euros, como algunos vaticinan. Por eso, el Gobierno tiene que encontrar una fórmula para ajustar y reducir el
presupuesto en esa misma cantidad.
Siendo la tramitación como proyecto de ley una obligación en este caso para retrotraer la fecha, es necesario debatir también aquellas mejoras que sin duda podrán ser aportadas por los grupos. En ese sentido, la intención de mi partido es
enmendar el artículo 9 del texto del real decreto-ley que recoge la incompatibilidad de cobro de esta prestación extraordinaria, ya que la aplicación de este texto perjudica claramente a los navarros que pudieran estar en situación de percibir esta
prestación.
La norma foral que regula la renta básica establece que es una renta complementaria y subsidiaria de cualquier otro tipo de recurso o prestación. Por tanto, una persona que tuviera derecho a cobrar los 420 euros fijados en este real
decreto dejaría de cobrar necesariamente la renta básica navarra cuya cuantía es mayor. Es obvio que no debe cobrar ambas, pero sí parece sensato establecer alguna fórmula para hacer compatible la diferencia entre la prestación de los 420 euros y
la renta básica navarra porque si no los navarros saldrían perjudicados con esta norma. No creo que el Gobierno tenga inconveniente en solucionar este problema que a mi partido le parece un asunto de justicia social en el que debemos coincidir
todos los grupos. Por eso votaré afirmativamente la convalidación y la tramitación como proyecto de ley.
Por último, señor presidente, es verdad que son necesarias políticas pasivas de ayuda a los que lo están pasando peor, pero, además de éstas -que ya veremos como pagamos-, no veo otra alternativa para salir de esta recesión que el trabajo
conjunto y unido de Gobierno, principal partido de la oposición, resto de partidos políticos, patronal y sindicatos. Esa es nuestra responsabilidad y también la suya. Pero créame que, desde nuestro punto de vista, esa es la única solución posible.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.
Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra doña Rosa Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro de Trabajo, intervengo en este turno para anunciar mi voto en contra de una medida impulsada por el Gobierno socialista que resulta cicatera e injusta, que no garantiza la protección del Estado a quienes más lo
necesitan y que institucionaliza un principio de discriminación absolutamente inaceptable. Este Gobierno ha pasado en pocos meses de prometer el pleno empleo a prometer la cobertura plena del desempleo -hoy confirma que tampoco lo segundo lo quiere
cumplir-, y ahora nos trae un real decreto que pretende institucionalizar, como decía, la discriminación en la cobertura a las personas que más lo necesitan.
En la reunión del Consejo de Ministros del 13 de agosto decidieron ustedes discriminar a quienes habían perdido todo tipo de subsidio o prestación antes del día 1 de agosto. Después pactaron con los que se autodenominan partidos de
izquierdas que solo iban a discriminar a los que se quedaron sin prestación alguna antes del 1 de enero, y juntos lo vendieron como un gran avance. Pues no es ningún avance, señorías, sino todo lo contrario.
El acuerdo que sustituirá a este real
decreto es igualmente un acuerdo socialmente regresivo que muestra hasta qué punto han perdido ustedes -perdonen que se lo diga- todos juntos la ambición social. ¿O acaso quienes llevan catorce meses sin percibir ningún tipo de prestación tienen
menos derechos que aquellos que han agotado los subsidios hace doce meses? Porque eso es lo que vamos a hacer. ¿O acaso creen ustedes que es progresista que los programas de protección de desempleo sean temporales?
Argumentan, para taparse mutuamente las vergüenzas, que los recursos son limitados. ¡Claro que lo son! Por eso hay que establecer prioridades; por eso hay que elegir; por eso y para eso está la política y están los gobiernos. Yo les
pregunto: ¿Es prioritario mantener la deducción de 400 euros; 6.000 millones al año? ¿Es prioritario y socialmente defendible mantener la actual estructura del cheque bebé, ese que supone 2.500 euros para el consejero delegado de una empresa y
para el último trabajador de esa misma empresa que ya ha perdido todo tipo de subsidio? ¿Es prioritario mantener la supresión del impuesto de patrimonio, 1.800 millones el año? ¿Es prioritario poner en marcha el nuevo modelo de financiación
autonómica, ese que multiplica por 2,5 el dinero que determinadas comunidades destinan a lo que se llama normalización lingüística? ¿Eso es progresivo,
progresivo, es más social, es más necesario, es más urgente? ¿Eso protege mejor a los trabajadores que se han quedado sin ningún tipo de protección? A mi juicio, no. Por eso proponemos -lo hemos hecho ya a través de una proposición no de
ley- que se modifique el decreto que regula la renta activa de inserción, extendiéndola a los menores de 45 años, medida que se puede hacer rápidamente. El resultado supondría que la ayuda sería universal, de aplicación a todos los ciudadanos
desempleados que reunieran las condiciones, al margen de su edad o de la fecha en la que perdieron la prestación, y el programa sería permanente y no temporal, como este que nos proponen. Universal para todos los que lo necesiten al margen de la
edad y de la fecha en la que hayan perdido la prestación, y permanente mientras dure para esa persona esa circunstancia en la que requiere la ayuda del Estado.
No es de recibo que se nos diga que no hay dinero. Pese al mal estado de las cuentas al que nos han llevado las políticas gubernamentales, el coste de la propuesta que les hacemos es económicamente asumible -les cité antes algunas partidas
de las que se podían extraer recursos-, y además de ser económicamente asumible es socialmente irrenunciable. Como dije antes, hay que reducir el gasto superfluo en vez de ahorrar en una partida de tanta necesidad social como es esta. Destinar
nuestros recursos a políticas que no son progresistas no es ni más justo ni más urgente ni más necesario, por mucho que les ayude a ustedes a aprobar las cuentas del Estado aquí, a sacar adelante determinadas iniciativas o a mantenerse en el
Gobierno en comunidades autónomas apoyados en votos de otras formaciones políticas que les piden peaje, y el peaje en el caso de hoy es sencillamente institucionalizar una medida que desde el punto de vista social es absolutamente regresiva.
Destinar, insisto, nuestros recursos a esas políticas, no es progresista ni es justo, pero para ustedes es más útil porque les ayuda a mantenerse en el poder. Por eso no les importa dejar fuera, sin la protección del Estado, a quienes más lo
necesitan. Rechazo este nuevo parche, profundamente insolidario, profundamente injusto y socialmente regresivo. Votaré en contra, sin perjuicio de que votaré a favor de la tramitación como proyecto de ley con la esperanza de resolver en ese
trámite esta chapuza y esta degradación social a la que ustedes someten a los trabajadores que más lo necesitan. (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.
Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluyna Verds tiene la palabra don Gaspar Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Señorías la sociedad capitalista es una sociedad injusta, particularmente en periodos de crisis, y la sociedad denominada de clases medias lo que oculta son altas rentas y también pobreza, en nuestro país un 20 por ciento de pobreza. Aquel
que añade injusticia a la injusticia se equivoca, pero aquel que añade un solo ápice de justicia a la injusticia acierta, y hoy en esta Cámara lo que estamos haciendo es añadir algo de justicia a la injusticia de la desigualdad social y de la
desprotección de los trabajadores sin protección al desempleo. Bastaría con eso, pero es que además los grupos que defendemos esta iniciativa en esta Cámara hemos conseguido que esta iniciativa acoja a la gran mayoría de los trabajadores sin
protección al desempleo, y esperamos que otras administraciones cumplan con su papel y complementen esta ayuda de emergencia que hoy establecemos aquí. Hemos conseguido que no esté limitada a una determinada tasa de paro. También se decía que la
iniciativa de la renta activa de inserción era una iniciativa temporal y finalmente se ha convertido en una iniciativa estructural de mejora de la prestación por desempleo. Señorías, no estamos tan solo ante un subsidio; es un subsidio pero es
también una medida que reactiva la demanda en el sentido más clásico del keynesianismo, reactiva la demanda y por tanto crea otros empleos con la demanda -es verdad que carencial- de muchos trabajadores que se van a ver beneficiados por esta medida.
Y, por otra parte, cambia el modelo; un modelo que es antisocial empieza a ser un poquitito más social.
Nosotros desearíamos el máximo, que fuera un derecho subjetivo como han defendido los sindicatos que han impulsado esta medida y que la apoyan a pesar de que hubieran deseado un derecho subjetivo con esta prestación al desempleo. En segundo
lugar, desearíamos que no solamente fuera una iniciativa particular sino que ampliase la renta activa de inserción. Lo hemos propuesto, lo ha propuesto el movimiento sindical, y hemos llegado hasta donde hemos llegado en estas reivindicaciones.
Desearíamos asimismo que estas iniciativas estuvieran vinculadas no solamente a la formación sino también a planes de empleo, y hemos presentado planes de empleo que desgraciadamente no han contado con el apoyo de esta Cámara. Consideramos que es
una iniciativa necesaria aunque insuficiente, y solamente aquel que reciba los 420 euros sabe lo importante que es cuando no se tiene nada o cuando solamente se tiene una renta de inserción, insuficiente en estos momentos para combatir la pobreza o
para favorecer la inserción de los trabajadores.
En nuestra opinión, no son justificadas las posiciones de rechazo de esta medida. Son justificadas las insatisfacciones, las consideraciones de la insuficiencia de la medida, pero no el rechazo. Me gustaría el mismo tipo de rechazo ante
los apoyos al sector bancario, que en algunos casos tienen menos consecuencias sociales, menos consecuencias en la reactivación económica y seguramente ninguna consecuencia en el cambio de modelo de desarrollo. Espero que esta iniciativa, además de
ser una rectificación de una retórica de izquierdas y de una práctica posibilista y pragmática, signifique una
oportunidad para una salida de izquierdas a la crisis. Yo sigo convencido de que esa salida de izquierdas a la crisis existe. Podríamos decir que existe una salida solidaria a la crisis, pero la derecha de nuestro país ha decidido que no
va a aportar un ápice a la salida solidaria de la crisis y que si acaso, si puede, se llevará todo también en esta crisis, no solo en el crecimiento económico sino en el momento en que es más necesaria la justicia social.
Señorías, con humildad pero también con insatisfacción, con el orgullo de haber dado una batalla y haber logrado una medida aunque parcial necesaria, mi grupo parlamentario, Izquierda Unida-Iniciativa, va a apoyar esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra don Joan Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Señorías, al hilo de lo expresado por mi compañero Gaspar Llamazares, este real decreto-ley es un ejemplo de una cierta improvisación y en parte esclavo de una práctica anterior de este Gobierno relacionada más con dar prioridad a los
cheques que a los derechos, aun cuando conocemos su preocupación por enderezar el rumbo de la nave. Esto sería demagógico por nuestra parte si desde el año 2004 no hubiéramos planteado en esta Cámara debates tan profundos, al menos desde el punto
de vista de la previsión de lo que podría venir, porque conocemos las lógicas internas de las dinámicas de crisis del sistema capitalista y todos sabemos las razones de estas crisis cíclicas. Decíamos entonces que había que debatir profundamente
sobre la renta básica universal, por ejemplo, algo por lo que desde el año 2004 estamos batallando, o, como decía mi compañero Gaspar, sobre la renta activa de inserción. No nos sacamos ningún conejo de la chistera. Decíamos que en época de
bonanzas económicas, en coyunturas favorables, muy distintas de las actuales, debíamos analizar cómo dar un hachazo a la pobreza, a la exclusión social y preparar el camino para lo que vendría -que llegó-, y ahora nos preocupa no solamente cuándo
saldremos de la crisis sino en qué condiciones y cuál será el escenario poscrisis, no vaya a ser que cuando salgamos de ella miremos a nuestro alrededor y preguntemos dónde está el Estado del bienestar.
Hace falta enderezar el rumbo de la nave. Ciertamente estamos satisfechos, aunque el Gobierno trae a la convalidación del Parlamento este real decreto-ley que, a nuestro entender, tiene como mínimo dos déficits importantes: el calendario
y, tal como ha expresado Gaspar Llamazares, el porcentaje del 17 para renovarlo. El Gobierno y el Grupo Socialista aceptaron reconsiderar ambos extremos. En la última reunión de la Comisión de Trabajo fuimos muy claros y dijimos que si no
cambiaban al menos estos dos déficits no podrían contar con nosotros. El Gobierno valoró la posibilidad de que nuestro grupo votara favorablemente.
Corrigió ambos elementos y bienvenida sea la corrección. Así pues, tendremos un universo mucho
mayor de personas que podrán acogerse al real decreto-ley si vamos al 1 de enero. No tenía ningún sentido endosar a las familias, a las personas en situación de preexclusión social el 17 por ciento, que no deja de ser un paradigma macroeconómico.
De hecho, ha habido una corrección por parte del Gobierno. Característica de nuestro grupo es la de ser leales, por lo que durante la tramitación del real decreto-ley solamente vamos a presentar dos enmiendas: la relativa al porcentaje del 17 y la
fecha a partir de la cual el desempleado puede acogerse a ella. No vamos a introducir ningún otro impedimento. Estamos satisfechos de que lo hayan corregido y hayan atendido nuestras peticiones. Eso sí, les decimos que basta ya de ir sacando
soluciones parciales y de escaso recorrido. Tenemos ahora un instrumento, que es la tramitación del real decreto del mes de marzo, y esperamos poder encarar allí algunas soluciones de mayor calado, porque tenemos ganchos para hacerlo, es decir, un
conjunto de enmiendas presentadas por Izquierda Unida y por nosotros mismos, y otras quizá tan válidas como las nuestras -perdonen la petulancia-, para a partir de ellas poder avanzar de forma un poco más estructural y no tanto para salir del paso.
Así pues, vamos a votar a favor de la convalidación y no vamos a presentar enmiendas más allá de estas dos variables que he expresado anteriormente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) tiene la palabra don Emilio Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, señor ministro, ya anuncio el voto positivo de nuestro grupo a la convalidación del real decreto-ley, y eso a pesar de que en materia de empleo -permítame que sea sincero con usted,
señor ministro- nos ha tocado el sino de estar en casi permanente confrontación usted y yo por unas y otras materias -esta mañana vamos a tener dos debates en relación con dos materias sustanciales, la del empleo y la de la extranjería-, a pesar de
que no se está mostrando usted, como le decía, en el seno de las políticas de empleo, particularmente clarividente, honestamente se lo digo. Su clarividencia sería similar o parangonable a la que se atribuía al barón de Kelvin cuando comentaba que
la radio no servía para nada, que los rayos X eran una farsa y que era imposible que un artefacto que tuviera una densidad o un peso mayor que el aire pudiera volar. A usted le está ocurriendo algo parecido a esto, sobre todo en relación con los
compromisos que presupuestariamente usted considera que puede asumir. Nos indicó una fecha para causar el derecho a esta prestación extraordinaria, tal como se consigna en la exposición de motivos, el 1 de agosto.
Dijo que era imposible consignar créditos presupuestarios adicionales y que este era el límite presupuestario del Gobierno para proteger a los desempleados que hayan agotado la prestación de subsidio. Luego nos enteramos de que propuso a
los interlocutores sociales la fecha del 1 de junio y posteriormente el señor portavoz del Partido Socialista, que quizá debería haber sido la persona que hubiese explicado aquí el real decreto-ley, indicó la fecha del 1 de enero como posible, a
pesar de los múltiples sortilegios de la vicepresidenta económica del Gobierno contra los problemas del déficit que pretendidamente originaba el adelantamiento de la fecha para causar el derecho a esta prestación extraordinaria. Pues todos estos
sortilegios contra el déficit público que esta medida iba a provocar resultaron, parafraseando a la propia vicepresidenta económica del Gobierno, falsos. En este momento, los 1.300 millones de crédito suplementario para extender la protección de
esta prestación extraordinaria hasta el 1 de enero los considera la vicepresidenta económica del Gobierno irrelevantes desde la perspectiva del déficit público.
Es cierto, tiene razón la vicepresidenta económica. Un país que destina 30.000 millones de euros a protección social no puede considerar que 1.300 millones adicionales constituyan un problema que desestabilice los requerimientos de la Ley
de Estabilidad Presupuestaria. Aquí ya no se muestra usted particularmente clarividente, pero es que no lo está haciendo en ninguna de sus predicciones. Me gustaría realizar una suerte de apología de alguna de las medidas que está articulando,
pero honestamente no puedo en este momento, de ninguna, señor ministro. La OCDE nos ha anunciado hoy que la crisis económica en el Estado español va a destruir 2.700.000 empleos. Es el país que más va a soportar en materia de destrucción de empleo
los embates de la profunda crisis económica que, como a usted le gusta decir con reiteración y recurrencia, afecta a muchos países. Sí, afecta a muchos países, pero el efecto empleo de la crisis tiene un componente manifiestamente español. El
desempleo es un made in Spain prácticamente, porque es el país que está a la cola en materia de esta ratio macroeconómica, como usted sabe perfectamente.
Sabemos que vamos a acabar en el año 2010 con un 20 por ciento de desempleados. Usted lo
anunció, pero no haga trampas en el solitario, señor ministro, cuando haga anuncios de esta naturaleza; es cierto que vamos a acabar en el 20 por ciento, pero no va a ser el 20 por ciento, va a ser el 21,9 por ciento al final del año 2010, porque
usted comentó que este incremento del porcentaje o de la tasa de desempleo al finalizar el año 2009 y empezar el año 2010 se debía al incremento de la población activa. Sin embargo, según los datos que usted mismo nos proporciona mensualmente, la
población activa en el Estado no está aumentando, está disminuyendo, el último trimestre disminuyó en 19.000 personas, luego no es el efecto de incremento de la población activa lo que dispara el porcentaje de desempleo, sino que el empleo se está
destruyendo de forma masiva, de forma fatal, sin que nadie pueda corregir esta terrible patología de nuestras estructuras económicas, y ustedes tampoco saben elegir porque sus medidas se caracterizan por la improvisación más absoluta en temas como
la modernización de la formación profesional, de la investigación, el desarrollo y la innovación y otras que nosotros le hemos glosado en reiteradas ocasiones.
Señor ministro, la OCDE y el señor Almunia, que sigue siendo de su partido, si no estoy equivocado, nos han anunciado que no cree la Comisión Europea que la economía del Estado español pueda crecer en tasas o en porcentajes superiores al 2
por ciento hasta el año 2015. Este dato es absolutamente dramático, señor ministro, porque si no se crece por encima del 2 por ciento es imposible crear empleo en términos netos, luego esta predicción no puede ser más apocalíptica, más dramática.
Por establecer una radiografía y no regodearnos en el Apocalipsis y no parecer que estamos planteando un escenario absolutamente caótico del que es manifiestamente imposible salir, aunque hay muchas cosas que habría que hacer diferentes a las que
están haciendo para poder salir de él, nos encontramos que el 39 por ciento de los jóvenes que buscan su primer empleo no lo pueden encontrar -el porcentaje de desempleo juvenil es del 39 por ciento-, que tenemos 4.300.000 desempleados en este
momento, sin contar a los desempleados de especial dificultad en su empleabilidad, y sin contar tampoco a los que están realizando cursos de formación profesional, que ustedes no los computan como desempleados; y ya los mayores de 52 años han
tirado la toalla porque es un colectivo que por sus propias características, en este caso vinculadas a la edad, se considera inempleable. Luego el panorama es absolutamente dramático y sus medidas son paliativas, siendo generoso con la mención;
paliativas no, son equivocadas, son ineficientes muchas veces. Sin embargo, este real decreto-ley sí lo vamos a apoyar, señor ministro, lo vamos a apoyar con la corrección que anunció el señor Alonso, adelantando hasta el 1 de enero la fecha en la
que se puede causar derecho a la prestación extraordinaria. Lo que pasa es que esta prestación ustedes tampoco la han naturalizado jurídicamente en el real decreto-ley. No sé por qué lo han hecho, por qué ustedes han intentado ocultar cuál es la
naturaleza jurídica de lo que aquí estamos regulando, mejor dicho, sí lo sé, porque usted sabe que si lo que usted está consignando es lo que se les deslizó en la exposición de motivos, una prestación universal, una prestación de desempleo
extraordinaria -esa es la denominación expresa que utiliza la exposición de motivos- esta tiene que configurarse con los requerimientos que debe tener cualquier prestación del sistema público de Seguridad Social español y con los requerimientos del
artículo 41 de la Constitución en su contenido esencial. Ustedes han intentado ocultar la naturaleza de la prestación extraordinaria, pero se les ha escapado el tema y, al final, hemos descubierto que es una prestación extraordinaria; lo proclama
así la exposición de motivos, no la parte dispositiva, no el contenido material de la norma, pero si ya sabemos que es una
prestación extraordinaria, sabemos lo que no es, señor ministro. Sabemos que no es un subsidio, sabemos que no es una renta activa de inserción, que es lo que preconizaban las organizaciones sindicales y provocó la ruptura del diálogo
social. Sin diálogo social mal vamos, señor ministro, para acometer medidas que ayuden a recuperar el empleo mediante las reformas estructurales que el mercado de trabajo necesita, mal vamos sin esto. Sabemos que no es una renta de garantía de
ingresos mínimos, no es una renta de ingresos o de inserción como las que existen en determinadas comunidades autónomas, y sabemos que no es un impuesto negativo de la renta de los previstos en la escuela de Chicago de Milton Friedman, de la cual
espero que usted no sea un apologeta. Es una prestación; es una prestación de desempleo y es una prestación de desempleo de las que están configuradas en su régimen jurídico por la Ley General de la Seguridad Social, articulada en función del Real
Decreto Legislativo 1/1994 en su título tercero, artículos 203 y siguientes. Es una prestación de estas, y si es una prestación de estas tiene que recoger los requerimientos de una sentencia del Tribunal Constitucional, que usted ya conocerá bien
porque se la gloso cada vez que tengo la oportunidad de discutir con usted, cosa que me produce particular placer, por cierto. La sentencia 134/1987 establece que todas las prestaciones de la norma que le he citado -la Ley General de la Seguridad
Social y el Real Decreto Legislativo 1/1994- tienen que tener dos características: suficiencia en términos cuantitativos -no vamos a glosar lo de la suficiencia de los 420 euros porque eso nos llevaría a la melancolía directamente-, y
universalidad.
Yo quiero hacer una invocación a todos los grupos de la Cámara para que en la tramitación del real decreto-ley como proyecto de ley se luche por la universalidad. Universalidad en la configuración constitucional del término significa que
todos los afectos por una contingencia de las protegibles -y esto lo es- son los desempleados que han agotado la prestación y el subsidio; todos, sin ninguna excepción, deben ser objeto de protección de las mismas características, con el mismo
régimen jurídico y la misma cuantía que lo son los que sí son objeto de protección. No cabe una norma segmentada, amputada, que solo proteja a parte del colectivo y desproteja a otra parte del mismo. Y, señor ministro, usted lo sabe como yo, con
fecha 1 de enero del año 2009, que es la fecha en la cual se va a poder causar derecho, se van a poder beneficiar -entrecomillando la expresión- de esta prestación extraordinaria de desempleo, pero ya existían, y siguen existiendo, 278.000
desempleados que han agotado la prestación y el subsidio de desempleo. ¿Qué va a hacer usted con estos desempleados, señor ministro? ¿Cómo piensa usted cumplir los requerimientos de la jurisprudencia constitucional en relación con la universalidad
de las prestaciones de Seguridad Social? ¿Vamos a volver, como se hizo en su día, a desubicar, a sacar del sistema público de pensiones.
El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, debe ir acabando.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Termino con esto, señor presidente. ¿Vamos a desubicar o a sacar la protección de la Seguridad Social, como acometió la Ley básica de empleo y la Ley de protección de desempleo de los años 1980 y 1984, las
prestaciones de desempleo, o vamos a mantener la prestación de desempleo dentro del ámbito del sistema público de pensiones? Pues bien, si lo vamos a hacer así, señor ministro, aquí hay déficit de constitucionalidad que nosotros nos comprometemos a
resolver.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra don Carles Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Trabajo, vamos a convalidar este real decreto que aprobó el Gobierno en el mes de agosto. Como recordaba la señora Barkos, hemos tenido ocasión de discutir en diversas ocasiones esa decisión que tomó el Gobierno en la
Comisión de Trabajo en el mes de agosto y en una moción que Convergència i Unió presentó al principio de este periodo de sesiones. Creo que las posiciones de todos los grupos están suficientemente fijadas. Hoy Convergència i Unió, lógicamente, va
a votar a favor de la convalidación de este real decreto y a la tramitación del mismo como proyecto de ley. Me parece que todos coincidimos en la idea de que la necesidad de garantizar y ampliar la protección social para evitar el riesgo de
fractura y de exclusión social obliga al Gobierno a tomar estas medidas. Pero también sabemos, señor ministro, señorías, que estas medidas, los subsidios, no van a reactivar el mercado de trabajo, no van a permitir reincorporar al empleo a las
personas que han perdido su ocupación. Ahí el Gobierno está instalado desde el inicio de esta legislatura en una posición dogmática. Tan dogmática como la que manifiestan otros grupos sociales, que es esa de no entender que la salida de la crisis
va a exigir también reformas en nuestras instituciones del mercado de trabajo en un sentido amplio, no tan solo por lo que hace referencia a la contratación, a los tipos de contratos, a las maneras en que las personas entran y salen del mercado de
trabajo, sino al conjunto de instrumentos que agrupan ese mercado de trabajo.
Las cifras de desempleo en España -hoy mismo aparecía ese informe de la previsión de la OCDE- son de una gravedad extrema y de una excepcionalidad en el entorno de la OCDE, no tan solo de la Unión Europea, tremendamente dramáticas para
nuestra economía y para nuestra sociedad. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) En el caso, por
ejemplo, de los jóvenes menores de 25 años, nuestra tasa de desempleo llega al 42,5 por ciento y en el supuesto de los jóvenes menores de 20 años supera el 56 por ciento. Somos líderes en la Unión Europea en desempleo juvenil, por no
hablarles del paro de larga duración. En nuestro país, señor Corbacho, somos el territorio del Estado con un mayor número de desempleados de larga duración, con todo el riesgo de fractura, de exclusión, con toda la imposibilidad de incorporar al
empleo a esas personas. Continuamos teniendo el récord en temporalidad, donde, por cierto, señorías, entre el colectivo de personas jóvenes de menos de 30 años esa temporalidad llega al 43 por ciento. Si toda esta situación de récord de desempleo
en el marco de la OCDE, de récord de desempleo juvenil, de récord de desempleo de larga duración, de récord de temporalidad no obliga a activar medidas de reforma del mercado de trabajo nos estamos equivocando, el Gobierno se está equivocando.
Hasta ahora se ha destruido masivamente el trabajo temporal. Las empresas han optado por intentar superar la crisis ajustando el empleo por la vía de la expulsión al desempleo de los trabajadores temporales. Hemos empezado ya a destruir empleo
indefinido, este otoño se van a agotar los efectos positivos que quizá haya tenido el PlanE y el Gobierno continúa instalado en esa idea dogmática, a nuestro entender, de no abordar reformas del mercado de trabajo. Nos parece que ustedes más tarde
-quizá demasiado tarde ya para muchas pequeñas y medianas empresas y para trabajadores autónomos- van a tener que impulsar esas reformas del mercado de trabajo, tal como se hizo en 1994 gobernando el Partido Socialista y en 1997 gobernando el
Partido Popular. Porque parte -no todo, pero sí parte- de esas cifras tan espectaculares -insisto- tienen que ver con la configuración legal de las instituciones de nuestro mercado de trabajo.
Hemos recordado en los debates que hemos tenido en relación con esta iniciativa que la misma es fruto del propio fracaso del diálogo social y que ha existido una notable improvisación en la configuración de la misma. Hoy todos estamos de
acuerdos en pedir y en votar que este real decreto se tramite como proyecto de ley precisamente para corregir esa improvisación. Fruto de la presión ejercida por el conjunto de los grupos parlamentarios, el Gobierno entendió que efectivamente esa
improvisación debería corregirse. Además, y así lo han puesto de manifiesto diversos consejeros autonómicos, desde el punto de vista de la coordinación con las comunidades autónomas no se ha realizado de manera suficientemente bien hecha,
eficiente, capaz. Ahí también ha habido descoordinación.
Asimismo, no se ha dotado de medios a las comunidades autónomas para poder desarrollar esas medidas. Ese real decreto les obliga a realizar determinadas actividades de inserción, de
construcción, de itinerarios personales y no se ha dotado de los medios suficientes para que las comunidades puedan ejercer esa nueva obligación. En el proceso previo a la elaboración de esta norma diversas comunidades autónomas, entre ellas
Cataluña -no gobernada exactamente por Convergència i Unió-, manifestó varias sugerencias para evitar algunas de estas disfunciones y, por desgracia, el Ministerio de Trabajo no acepta esos planteamientos. Lo que podía haber sido una buena
solución, lo que respondía a la necesidad de hacer frente a ese riesgo de fractura social y de riesgo social ha sido además mal gobernado por el Gobierno. Habrá algunas de estas cuestiones que en el trámite parlamentario no vamos a poder corregir.
Y, además, señoría, esto se produce en un contexto -el señor Olabarría en su intervención lo apuntaba- de fragmentación del conjunto de prestaciones sociales, como la famosa renta activa de inversión que en algún momento ha parecido que podía ser el
instrumento que permitiese garantizar ese objetivo, el conjunto de las rentas mínimas y de salarios mínimos que desarrollen el conjunto de las comunidades autónomas, o la inmensa mayoría de ellas, y todo ello sin responder a una visión global de
cómo hacer frente a ese riesgo de fractura y exclusión social en un contexto también de incapacidad de los servicios públicos para garantizar la empleabilidad de los desempleados. Llevamos desde el inicio de esta legislatura planteando la necesidad
de la reforma a fondo de los servicios públicos de empleo. Decíamos al inicio de esta legislatura que en un escenario como el que estamos viviendo nuestros servicios públicos de empleo no iban a ser capaces de garantizar ni la formación ni la
empleabilidad ni la puesta en marcha de empleos de carácter social vinculados a la prestación por desempleo y hoy se nos confirma. Por tanto, esa previsión -que mi grupo filosóficamente comparte- de vinculación de esta prestación a actividades de
formación difícilmente se va a cumplir con esa debilidad que nuestro sistema de protección social al desempleo continúa teniendo, que es la falta de una efectiva vinculación entre políticas pasivas y políticas activas.
Con la Ley de Empleo del año 2003 se produjo un retroceso en esa vinculación entre políticas pasivas y activas -por cierto, fue una ley pactada entre el Grupo Socialista y el Grupo Popular-, y las debilidades de esa ley debilitan hoy también
la capacidad de los servicios públicos de empleo para dar salida a la crisis.
Nos encontramos también en un contexto de disminución de las partidas de las políticas activas. En el presupuesto vigente tenemos menos recursos que en el año 2008 para activar, no para proteger a los trabajadores que han perdido el empleo,
sino para ayudar a esos trabajadores a encontrar el empleo. Existe una renuncia reiterada -mi grupo lo ha afirmado en comparecencias y en interpelaciones, porque nos lo dicen los consejeros autonómicos de cualquier fuerza política- de la rigidez de
los programas de las políticas activas de empleo, que no están suficientemente adaptadas a las situaciones de los distintos mercados de trabajo en Andalucía, en Cataluña o en las Islas Baleares. Es en ese contexto donde esta medida no va a tener la
eficacia que nosotros hubiésemos
hubiésemos deseado que tuviese una medida orientada a evitar el riesgo de fractura y de exclusión social.
El 8 de septiembre, con el apoyo de la mayoría de los grupos y con la abstención del Grupo Popular, se aprobó una moción de Convergència i Unió de la que quiero destacar tres cuestiones. En esa moción -y ahí creo que el señor Corbacho
coincidía con nosotros en la cuestión de fondo- planteábamos la necesidad de que el Gobierno hiciera un estudio a fondo de ese marco de la protección social, precisamente para entrar en algunas de las cuestiones de fondo que algunos de los
portavoces nos han planteado; se trata de evitar esa fragmentación y de garantizar la participación efectiva de las comunidades autónomas. También se apostaba en esa moción, sobre la base de un acuerdo político del Gobierno con distintos grupos,
también con Convergència i Unió, por permitir que esta nueva prestación tuviese efectos desde el 1 de enero, y eso se va a corregir en el trámite parlamentario.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Campuzano, por favor, tiene que acabar.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Termino, señora presidenta.
Finalmente, en esa misma moción recordábamos a un colectivo excluido de esta medida, que es el de los trabajadores autónomos. Los autónomos hoy no tienen ninguna protección frente al riesgo de desempleo; están siendo castigados por esta
crisis y no tienen una red social que les proteja. En las próximas semanas nos va a tocar garantizar que se evite la fractura social en relación con los autónomos.
Termino, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Por favor, ha acabado su tiempo.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Convergència i Unió votará favorablemente la convalidación y su tramitación como proyecto de ley.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Echániz.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, el pasado jueves debatíamos en esta Cámara sobre la situación del paro, sobre la necesidad de reformas y de políticas de empleo y sobre la consecuencia de no impulsarlas. Hoy esta Cámara se ve obligada a debatir
sobre una de esas consecuencias, que es el cheque parado, la penúltima viñeta de este vía crucis en el que ha convertido la crisis el Gobierno Socialista de España. Porque este debate, señorías, no está planteado en otros países ya que tienen un
paro de menos de la mitad que el español, porque han impulsado políticas eficaces de empleo y profundas reformas para adecuar sus mercados de trabajo a las necesidades de esos países. No debaten sobre cheque parado porque en Dinamarca más del 50
por ciento de los parados consiguen empleo antes de tres meses, no debaten sobre cheque parado porque en Suecia un 62 por ciento de los empleados entre 55 y 64 años tienen formación, mientras que la tasa global de parados formados en España no
supera el 14 por ciento.
España, sin embargo, señorías, sí debate sobre subsidios, porque España es el país de la Unión Europea que menos gasto público destina, como se hablaba ahora, a las políticas activas de empleo, y porque aquí la hoja de ruta ha sido otra:
crisis, negación, medias verdades, ocurrencias, improvisación, paro, fracaso del pacto social en julio, no reformas, despilfarro, deuda, agujero presupuestario, caída de la actividad y de la recaudación y, por tanto, subida de impuestos y más paro,
con el que se cierra ese círculo vicioso que solo se romperá con una profunda rectificación de la política económica, fiscal y laboral del Gobierno o con un cambio del mismo.
Mientras en otros países los sistemas fiscales persiguen mejorar el bienestar de todos, aquí la ausencia de políticas fiscales y de empleo adecuadas está disminuyendo el bienestar social a marchas forzadas y aumentando el empobrecimiento de
la gente, porque las subidas de impuestos responden únicamente a tapar una sangría de medidas inútiles que son las ocurrencias y los parches del presidente del Gobierno. Decía Abraham Lincoln que no se puede alcanzar la prosperidad si se desprecia
la economía, y el señor Rodríguez Zapatero no solo la ha despreciado sino que la ha pisoteado y se ha mofado de la economía de este país con consecuencias conocidas hoy pero muy desconocidas en las próximas décadas.
Señor ministro, el paro creció en Alemania en un año el 0,1 por ciento; en España lo hizo el 7 por ciento. El paro aumentó en España setenta veces más que en Alemania. Tenemos más de 4 millones de parados, 800.000 en el último mes, y aún
nadie de este Gobierno se ha parado a pensar si no se estarán equivocando. Tenemos casi un millón de inmigrantes en paro y aún siguen llegando a nuestras costas. Tenemos el 40 por ciento de nuestros jóvenes de brazos cruzados. Hoy hemos sabido
que el paro en España no solo es el más alto -más del doble de la OCDE- sino que es además el que crece a más velocidad y que se elevará al 20 por ciento, con más de 2.700.000 nuevos parados a finales del año que viene. Y nadie en el Gobierno,
señor Corbacho, ni en el Grupo Parlamentario Socialista, se ha parado a pensar si no habría que hacer otras políticas.
Tenemos un mercado laboral ineficaz y socialmente injusto que genera diferencias, que genera brechas, que genera discriminaciones sociales y el Gobierno parece que se siente muy cómodo con todas estas injusticias.
Desde el principio de esta
legislatura, el mercado laboral español ha perdido el mayor número de empleos de toda
la historia: 1,5 millones. Tenemos un país del que se anuncia que será el último, absolutamente el último, en salir de la recesión y el Gobierno ni se inmuta y la mayor parte de los diputados socialistas tampoco, y además lo aplauden. (El
señor presidente ocupa la Presidencia.)
Señorías, el Gobierno suspendió los exámenes de junio con el fracaso del diálogo social y viene ahora a la recuperación de septiembre sin haber hecho los deberes y habiendo montado un lío absolutamente fundamental con el cheque parado. Un
cheque parado de 420 euros, de 14 euros por familia y por día, pero no para todos; una acción de beneficencia directa del Estado sin cobertura contributiva, como consecuencia del aumento de los excluidos sociales, de los pobres, y como paradigma
del terreno abonado para las diferencias sociales y las injusticias en que se ha convertido España.
La tramitación de este real decreto-ley, por cierto no tan urgente porque podríamos haberlo tramitado desde principios de mes, es como si un conductor ebrio pidiera a todos los testigos de un atropello que le ayudaran a indemnizar a las
víctimas y encima a los testigos, a los que toca aprobar y pagar la indemnización, les llamaran la atención por haber querido tomar el pelo a las víctimas.
Señorías, el 13 de agosto el Gobierno quiso dar un golpe de efecto en Palma de Mallorca y efectivamente fue un golpe, un golpe de improvisación, un golpe de chapuzas, un golpe de ridículo que no olvidaremos fácilmente, ni lo harán quienes
esperaron horas en las colas del INEM para obtener un no, sencillamente un no. No lo olvidarán tampoco los funcionarios del organismo, que se vieron desbordados y vivieron un auténtico caos en sus oficinas, sin información, sin formularios, a pesar
del aumento de su carga de trabajo con la duplicación de los parados en año y medio en este país, y a pesar también de que un cuarto de los funcionarios dedicados a políticas pasivas están en manos de trabajadores temporales y de trabajadores
interinos. Sí de trabajadores temporales e interinos en el INEM, lo cual, sin duda, es todo un ejemplo para el ministro de Trabajo del mercado laboral de este país.
Señorías, si el diseño de la medida y el intento de ocultación deliberada del ámbito temporal de la misma fue un auténtico despropósito, la zarzuela posterior de desmentidos, de rectificaciones y de improvisaciones no ha estado menos a la
altura: descoordinación absoluta con las comunidades autónomas, responsables de los itinerarios de inserción; dos rectificaciones en agosto de Zapatero y de José Blanco al señor Corbacho; un coscorrón del portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, el señor Alonso, aceptando el 1 de enero, cuando el señor Corbacho doce horas antes negociaba de una forma inamovible con los sindicatos la fecha del 1 de junio; otro de Zapatero, otro de la vicepresidencia, en definitiva, un
espectáculo realmente patético como el de que vayan a cobrar dos meses antes los parados de agosto que los parados de enero.
Señorías, además de los asuntos de carácter procedimental, a mi grupo le preocupa que no se dibuje un esquema mínimo común de necesidades de formación y le preocupa que se discrimine a los mayores de 52 años, que tienen un 30 por ciento
menos de actividad que el resto de los españoles; que discrimine a los fijos discontinuos y a los que quieren obtener el primer empleo, que son nada más y nada menos que 400.000 jóvenes españoles, y que discrimine también a aquellos parados que
agotaron las ayudas antes del 1 de agosto hoy y mañana antes de los del 1 de enero; que en el caso de prórrogas no afectará a los que ya la hubieran recibido y entonces, señor ministro ¿quién se hará cargo de estos parados? ¿Lo harán las
comunidades autónomas, lo harán los ayuntamientos, con la brutal caída que han tenido de la recaudación? ¿A quién quiere usted, señor Corbacho, cargar el muerto? Porque en España hay más de 700.000 parados que llevan más de un año buscando empleo
y más de un 26 por ciento de parados que lo llevan haciendo más de seis meses. Por eso, señor ministro, por tercera vez en dos semanas, a los parados que reciban este subsidio y la consiguiente formación, quisiera preguntarle, ¿los va a mantener
usted registrados en el paro o los va a eliminar del registro? ¿Me podría contestar, si es usted tan amable? En quinto lugar, ¿hasta cuándo valora usted que será necesaria la medida? Dicho de otra manera, ¿cuándo cree usted que descenderá el
desempleo desde el 19 al 17 por ciento o al 12 por ciento en su lugar?
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a votar sí, un claro sí desde el primer momento, a la convalidación de este real decreto-ley y a su tramitación como proyecto de ley, porque votar no, señorías, sería condenar a la indigencia a un
importantísimo número de nuevos excluidos sociales que ha creado este Gobierno, de nuevos pobres que ha creado el Gobierno socialista y que no tiene la culpa ni se merecen un gobierno así. Los españoles a los que va dirigido este real decreto-ley
no quieren un cheque parado de subsistencia, quieren un empleo digno, que se les permita sostener adecuadamente a sus familias y le piden al Gobierno que deje de improvisar y de empeorar la situación con cada decisión y con cada opción. En España,
saben muy bien que un gobierno del Partido Popular creó 5 millones de puestos de trabajo y que sacaron del subsidio y de la senda de la exclusión a mucha gente que sabe que la mejor política social es crear empleo y no subsidiar el paro. Por eso,
señorías, señor ministro, este no es un cheque en blanco al Gobierno.
Esta medida hay que revertirla cuanto antes para que se convierta en innecesaria gracias a políticas de empleo adecuadas y para que la buena fe de esta Cámara hoy no se vea de
nuevo absolutamente defraudada. Por ello, el Gobierno tiene la obligación de empezar ya a poner en marcha políticas de creación de empleo de calidad y lo tiene que hacer de forma urgente, porque el mejor destino que podría tener este real
decreto-ley sería no tener que usarlo, sería convertirlo en innecesario porque el Gobierno hace sus deberes y comienza a hacer su trabajo, señorías, porque el subsidio sin políticas que
creen empleo no es el buen camino, es un parche, es pan para hoy y hambre para mañana, y si este Gobierno y su presidente no modifican su actitud y perseveran en lo que han hecho hasta ahora, sin duda van a pasar a la historia como los más
incapaces, ineficaces y perjudiciales para el bienestar de España y de los españoles. Sus patinazos, sus improvisaciones, su desorientación y su falta de liderazgo político y de sentido de Estado han dejado ya sin duda huella. Este Gobierno y su
presidente han firmado muchas letras que ya les están venciendo como al mal pagador y se conforman con vivir al día, con pasar un día más, aunque vean que el barco se está hundiendo.
Señorías, este cheque parado que hoy vamos a aprobar es sin duda el mejor síntoma de que España va mal, de que España va muy mal; como lo es el que haya insignes diputados del Grupo Socialista que han dicho basta ya y que no han querido
seguir aplaudiendo una situación que nunca hubieran imaginado ni en sus peores sueños.
Muchas gracias, señor presidente. (Rumores.- Un señor diputado: ¡Muy bien! - Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Echániz.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Jesús Membrado. (Continúan los rumores.)
Silencio, por favor.
El señor MEMBRADO GINER: Señor presidente, señorías, subir a esta tribuna después de haber escuchado la intervención apocalíptica del señor Echániz obliga a tener elementos de racionalización y, sobre todo, de un análisis constructivo de lo
que estamos hoy discutiendo, porque estamos hablando de personas, de parados, de protección y de ayuda. Sinceramente, quiero pedir disculpas a los parados que están esperando el debate de hoy por la intervención del señor Echániz (La señora Sánchez
Díaz: ¡Muy bien! - Aplausos.), que es absolutamente apocalíptica. Señor Echániz, sea por favor un poco más responsable. Deje de hacer demagogia permanentemente, hable de medidas, plantee sus problemas, discutamos sus cuestiones, pero no venga
permanentemente con el mismo discurso apocalíptico con el que da la sensación de que quiere imponer el miedo antes que la confianza. (La señora Sánchez Díaz: ¡Muy bien!) Eso es lo que están planteando ustedes desde ese grupo y desde esas bancadas
del Partido Popular.
Realmente resulta incomprensible que hoy, cuando estamos hablando de 600.000 personas que pueden salir beneficiadas de este debate, se hable del cheque parado peyorativamente, se hable de la viñeta del paro como una nueva medida (La señora
Villalobos Talero pronuncia palabras que no se perciben.- Rumores) y se hable en estos momentos de que el presidente del Gobierno se mofa de la situación económica. ¿Cómo podemos hacer un debate y encarar la situación de desempleo que tenemos en
este país con una oposición así? (Aplausos.) ¿Cómo lo podemos hacer? Resulta impresentable. Resulta realmente bochornoso.
A mí me abochorna, como diputado de mi circunscripción y como miembro de esta Cámara, su intervención, señor Echániz. Lo digo porque ha manipulado información y ha tergiversado datos. Está haciendo aquí alardes sobre informes de la OCDE,
que indudablemente todos somos conscientes de las dificultades que plantean, pero en ningún momento dice usted que la OCDE anuncia que en 2010 en la mayoría de los países de la Unión Europea crecerá también el desempleo. En ningún momento dice
usted que Alemania tiene en estos momentos 1.400.000 trabajadores que han hecho un ajuste de horarios, mientras que nosotros, desgraciadamente, hemos tenido que hacer un ajuste de plantillas, pero usted no dice que en estos momentos en Alemania
están cerradas las espitas del desempleo esperando el día 27 a que la señora Merkel revalide su liderazgo (Una señora diputada: Sí, ya.) y a partir del día 27 correrán otros datos. Eso no lo dice porque no le interesa, porque tiene un interés
fundamental, que es manipular la información. Eso es lo que indudablemente, desde nuestro punto de vista, no se puede consentir, porque estamos hablando de un real decreto que tiene como objetivo mejorar la protección de los parados; estamos
hablando de un real decreto que tiene como objetivo ser una parte importante dentro de las políticas sociales del Gobierno y dentro de la lucha contra el desempleo, de eso es de lo que estamos hablando, no del Apocalipsis now; no, de eso no.
Estamos hablando de esto. Estamos hablando por tanto de que son elementos complementarios a las ayudas financieras a las instituciones bancarias. Estamos hablando de un real decreto que tiene como objetivo complementar el apoyo a la reactivación
económica, de eso es de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque los niveles de desempleo que tiene nuestro país están dejando gente en la cuneta, que ha acabado el desempleo, ha acabado el subsidio y no puede entrar en las rentas de inserción de
las comunidades autónomas, que obligatoriamente exigen que estén demandando empleo durante doce meses, y en doce meses esos trabajadores tienen que comer, señor Echániz, ¡tienen que vivir!, y lo que hace este Gobierno es apoyarlos con una cantidad
exigua pero suficiente en algunos casos: 420 euros, el 80 por ciento del Iprem. Eso es lo que estamos discutiendo y de eso se trata. No me hable del cheque del paro, porque si no le tendré que decir que el cheque de Murcia ¿qué es? ¿Es tan
condenable allí como aquí, o es condenable aquí y en Murcia no? ¿Hablamos de eso? Porque son medidas concretas, señor Echániz. (Un señor diputado: ¡Sí señor!- Varios señores diputados: ¡Muy bien!- Aplausos.)
Este Gobierno ha tenido la capacidad de reflexionar, de revisar su actuación. Nosotros planteamos este tema en el debate sobre el estado de la Nación, señor Echániz, en el mes de mayo, y lo aprobamos en una resolución, la resolución número
14, que, por cierto, si no recuerdo
mal, ustedes apoyaron; y lo llevamos a la mesa del diálogo social, y en el diálogo social este tema prosperó, pero el diálogo social se rompió; y el Gobierno, consciente de que esta era una medida necesaria, la llevó al Consejo de
Ministros del 13 de agosto. ¿Con qué intención? Con la de ponerla en práctica en función de la fecha que estábamos planteando, como cualquier otra medida, como las que han hecho ustedes históricamente y como las que haremos en los próximos meses
nosotros también.
¿Qué ocurrió? Que las organizaciones sindicales y los grupos parlamentarios aquí presentes plantearon que era una medida que había que ampliar y nosotros reflexionamos y sacamos en aquel momento nuestra voluntad social, y por encima de la
inflexibilidad de gobierno, que debería de tener un status auctoritas, hicimos una propuesta y esa propuesta es la retroactividad de la fecha y esa propuesta tiene como objetivo resolver problemas sociales, no sacar prurito y pecho desde el punto de
vista del Gobierno, que es lo que ustedes hicieron cuando las medidas de 2002. ¿Se acuerda, señor Echániz? ¿Se acuerda de aquel real decreto que llevó a una huelga general, que posteriormente fue declarado inconstitucional? ¿Se acuerda de
aquello? ¿Qué flexibilidad tuvieron en aquel momento? ¡Ninguna, ninguna! (Aplausos.) Esa es la forma de gobernar de ustedes y esta es la forma de gobernar de nosotros: una postura valiente, consecuente con la gente y a la altura de las
circunstancias de un gobierno que tiene políticas sociales, se define como socialdemócrata y tiene en estos momentos la seguridad de que lo es, porque usted, señor Echániz, usted no dice nada de lo que se ha hecho. No dice nada de que el Estado del
bienestar en este país lo ha construido la izquierda, el Partido Socialista. (Aplausos.) ¿Se acuerdan ustedes de la educación pública, de la sanidad, de las pensiones, del derecho a la dependencia? ¿Se acuerdan ustedes de eso? ¿Se acuerdan
ustedes también en estos momentos de las medidas que el Gobierno está desarrollando fruto de las políticas de la anterior legislatura? (La señora Villalobos Talero pronuncia palabras que no se perciben.) ¿Se acuerda de que más de 300.000 ciudadanos
se han beneficiado de los nuevos derechos de la Ley de Dependencia? ¿Se acuerda de que ya llevamos invertidos en este año casi 2.000 millones de euros? ¿Se acuerda de las 311.000 personas que se han beneficiado del derecho de paternidad, que por
cierto una señora aquí ha planteado que debería de desaparecer? ¿Se acuerda en estos momentos de las 400.000 personas que han cobrado los 2.500 euros? ¿De los 60.000 jóvenes que tienen en este momento la renta de emancipación? Eso viene de la
legislatura anterior, señor Echániz. Eso son políticas sociales, eso es trabajar por el conjunto de los ciudadanos. ¿Se acuerda de que en el año 1993 la tasa de desempleo tenía una cobertura del 65 por ciento? En 2002, del 60 por ciento; en el
año 2008, del 83 por ciento. Nosotros atendemos a las personas que más lo padecen. Esa es nuestra política; la suya no lo sé. Por eso es necesario crear una red de protección que lleva a que aquellas personas que se han quedado en el desempleo y
han agotado todo tipo de apoyo y de percepción tengan durante seis meses ayudas, vinculadas a la inserción, señor Campuzano, vinculadas a las políticas activas, que tengan formación, orientadores para intentar que baje el número de parados. Eso es
lo que lleva consigo esta medida y ese es el espíritu de esta medida. Por eso es contradictorio con el salario de inserción que nos ha planteado algún grupo anterior, porque esa es una malla de protección exclusivamente dependiente de las
comunidades autónomas y que tiene una razón de ser en ese ámbito exclusivo.
Señorías, este grupo está convencido de la bondad de esta medida, que nace con vocación de permanecer mientras tengamos altas tasas de paro. Pedimos el voto favorable para la convalidación y apoyaremos su tramitación como proyecto de ley
por la vía de urgencia. Miles de familias esperan apoyo.
Esta es una ayuda fundamental. Hagamos que sea rápida, que sea operativa y que sea efectiva, porque la situación así lo requiere.
Muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien! - Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Membrado.
- REAL DECRETO-LEY 11/2009, DE 13 DE AGOSTO, POR EL QUE SE REGULA, PARA LAS CONCESIONES DE ÁMBITO ESTATAL, LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE DE PAGO MEDIANTE ACCESO CONDICIONAL. (Número de expediente 130/000020.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente real decreto-ley para su convalidación o derogación, concretamente el Real Decreto-ley 11/2009, de 13 de agosto, por el que se regula, para la concesión de ámbito estatal, la prestación del servicio
de televisión digital terrestre de pago mediante acceso condicional. Para exponer las razones que han obligado al Gobierno a su promulgación tiene la palabra el señor ministro de Industria.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, comparezco ante el Pleno de esta Cámara para solicitar su apoyo para la convalidación del Real Decreto-ley 11/2009, de 13 de agosto, por el que se regula, para las concesiones de ámbito estatal, la prestación del servicio de
televisión digital terrestre mediante acceso condicionado. A lo largo de esta comparecencia pretendo razonar la extraordinaria y urgente necesidad de convalidar este real decreto-ley, una urgencia que no debe asociarse a la improvisación, ya que
como tendré
la oportunidad de exponer estamos ante un asunto en el que el Gobierno viene trabajando desde hace mucho tiempo.
Muchas veces se apela a la necesidad de saber distinguir entre lo urgente y lo importante. En el caso que nos ocupa esta distinción no es posible, pues este real decreto-ley aúna las dos características, ya que se trata sin duda de una
normativa de indudable importancia económica y tecnológica para nuestro país, una normativa que va a ser capaz de movilizar actividad económica por más de 5.000 millones de euros en los próximos cuatro años, además de liberalizar un mercado, el de
la televisión de pago, con el consiguiente efecto beneficioso en términos de calidad y de menores precios para los ciudadanos. En definitiva, urgencia e importancia tecnológica y económica son las características de este real decreto-ley que
pretendo abordar y explicar en esta comparecencia.
Señorías, la urgencia de este real decreto-ley se sustenta en tres necesidades. Primero, la necesidad de culminar con éxito el proceso de transición a la televisión digital terrestre; segundo, la necesidad de abordar la nueva realidad
financiera del mercado audiovisual, y tercero, la necesidad de no quedarnos atrás en Europa perjudicando con ello el desarrollo de nuestra industria.
Señorías, es incuestionable el compromiso, el rigor y el impulso que el Gobierno ha dado al proceso de transición a la TDT en nuestro país, un proceso de migración tecnológica de cuyo éxito dan fe sus cifras y en cuya consecución vamos a
adelantar en casi dos años al resto de Europa.
Esto no ha sido fácil, porque partíamos de una situación de retraso difícilmente justificable. En efecto, en 2004, cuando el Partido Socialista accedió al poder, la TDT brillaba por su ausencia.
Cinco años después los resultados están ahí para demostrar que la voluntad política del Gobierno y el apoyo de todas las comunidades autónomas -todas las comunidades autónomas, incluyendo las gobernadas por el Partido Popular- se expresa con hechos.
Desde que gobernamos, la TDT ha sido cosa de todos y para todos. A fecha de hoy, a poco más de seis meses del apagón analógico, la cobertura de la TDT alcanza ya al 96 por ciento de la población, es decir a más de 43 millones de españoles. Son más
de 22 millones los sintonizadores de TDT vendidos, sintonizadores que, por cierto y pese a determinadas campañas de confusión, van a seguir siendo válidos, si es que se aprueba este real decreto-ley, para poder ver más de 40 canales de televisión en
abierto. Además ya hay más de un 70 por ciento de los hogares conectados a la TDT, pero no es suficiente. Si queremos alcanzar una plena digitalización audiovisual, debemos seguir actuando.
Señorías nos hemos marcado todos juntos un objetivo: lograr que el 3 de abril de 2010 en España solo se realicen emisiones en digital, y ese objetivo solo va a ser alcanzable sin retrasos si conseguimos que se acelere el ritmo al que los
ciudadanos están adecuando sus instalaciones a esta nueva tecnología y para ello -tal como se ha puesto de manifiesto en países como Francia, Reino Unido, Italia, Holanda o Finlandia- la TDT de pago es una herramienta indispensable porque sirve de
elemento dinamizador de la demanda de la TDT. Muchos ciudadanos van a llegar a la TDT a través de la TDT de pago. En este sentido, cualquier medida que contribuya a mejorar la calidad de los contenidos que se ofrecen a través de la TDT es una
medida eficaz para incentivar el consumo y, por ende, para acelerar la antenización que haga posible cumplir con los plazos previstos.
Señorías la introducción de la TDT de pago mediante acceso condicional aporta mayor diversidad a la oferta televisiva mejorando sustancialmente la calidad. Al sustentarse este modelo en el abono de una cantidad por parte de sus usuarios, si
los contenidos no son suficientemente atractivos, lógicamente los operadores no conseguirán una adecuada masa crítica de clientes. Es precisamente este incentivo el que garantiza una mejora en la calidad de los contenidos y por lo tanto una
aceleración en el proceso de antenización, tan necesario e imprescindible como improrrogable. De ahí una primera e incuestionable razón de la urgencia de adoptar esta medida.
Esta no es la única razón que justifica la urgencia de convalidar este real decreto-ley. No debe olvidarse que tras el cese de las emisiones analógicas los ciudadanos van a poder acceder a más de 40 canales de televisión. Esta
circunstancia competitiva hace aconsejable flexibilizar el modelo de negocio de las concesiones para garantizar su sostenibilidad económica, una sostenibilidad económica necesaria para garantizar el éxito del apagón analógico y que está amenazada no
solo por la nueva realidad del mercado sino también por la crisis económica y financiera que estamos atravesando. La introducción de la TDT de pago supone una vía alternativa de ingresos para las televisiones privadas de ámbito estatal.
La
necesidad de este nuevo nicho de actividad para esta clase de operadores no la define el Gobierno. Queda comprobada por el hecho de que todos los operadores, todos a excepción de uno, han solicitado al Gobierno la autorización para emitir en TDT de
pago. El único grupo que no lo ha hecho no es porque no comparta esta necesidad urgente sino simplemente por el hecho de que es el único operador que tiene la posibilidad, aunque no la haya materializado de emitir en TDT de pago hasta el momento.
Como decía al principio, hay una tercera necesidad que de forma urgente debemos afrontar y es la de permitir a la industria española situarse estratégicamente en condiciones de igualdad con respecto a otros países europeos que, no olvidemos,
ya están utilizando esta modalidad de emisión desde hace tiempo y desarrollando su propia industria. En concreto, Holanda aprobó la TDT de pago en el año 2003, es decir hace casi siete años; Reino Unido y Finlandia aprobaron la TDT de pago en
2004; Francia en 2005 e Italia en 2008. Esto solamente por poner algunos ejemplos. No podemos quedarnos
quedarnos a la cola de Europa. Nuestra industria no se lo puede permitir.
Además, ¿cuál sería el motivo para no aprobarlo? ¿Cómo explicaríamos ser uno de los países líderes en la transición a la TDT y uno de los países en el furgón de
cola en la TDT de pago?
Señorías, no debemos confundir urgencia con precipitación. Al contrario de lo que se ha dicho, la puesta en marcha de la TDT de pago es algo en lo que el Gobierno lleva trabajando desde hace mucho tiempo, exactamente desde hace dos años.
En efecto, en el año 2007, hace más de dos años, la Asociación Impulsa TDT, en la que participan todos los operadores de televisión de ámbito estatal además del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, llevó a cabo un proyecto piloto de TDT de
pago en Extremadura. Dicho proyecto piloto, que se realizó en mil hogares extremeños, confirmó la viabilidad de una solución técnica horizontal abierta e interoperable para todos los radiodifusores o, dicho de otra forma más comprensible, demostró
la viabilidad tecnológica de que con un único aparato los hogares españoles pudieran acceder a toda la oferta de pago de todos los potenciales operadores. Un año después, a finales de 2008, y tras recibir la petición del sector -insisto, a petición
del sector a través de la patronal Uteca-, el Gobierno se comprometió a poner en marcha la TDT como tarde en abril de 2009, es decir un año antes del apagón analógico. En ese momento, abril de 2009, el Ministerio de Industria puso en marcha un
grupo de trabajo formado por más de sesenta expertos del sector en representación de más de cincuenta empresas. Fruto del trabajo realizado en el seno de este grupo, el 18 de junio pasado los agentes del sector audiovisual alcanzaron un acuerdo
sobre la especificación técnica de los dispositivos para la recepción de la TDT de pago. Un día antes, el 17 de junio pasado, un borrador del real decreto fue presentado en el Consejo Asesor para las Telecomunicaciones y la Sociedad de la
Información, el Catsi, iniciándose el preceptivo trámite de audiencia del sector. También se sometió dicho real decreto a consulta por parte de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, la CMT, y el Consejo de Estado. La CMT informó el pasado
9 de julio de manera positiva el real decreto incidiendo en sus indudables efectos positivos sobre la competencia y la innovación en el sector. Por su parte, el Consejo de Estado estimó en su dictamen del 23 de julio pasado que la puesta en marcha
de la TDT de pago requería ser regulada mediante una norma con rango de ley. Por ello, por nuestro respeto al dictamen no vinculante del Consejo de Estado, hoy sometemos a convalidación este real decreto-ley.
En definitiva, señorías, estamos ante un proceso que se inicia hace dos años, que surge a iniciativa del propio sector y sobre el que se ha consultado a todas las partes implicadas. Se podrá estar más o menos de acuerdo con el mismo, pero
no se puede tachar de precipitado. La prueba es que según las estimaciones de la propia industria, al finalizar este mes de septiembre habrá en el mercado 250.000 dispositivos entre descodificadores y módulos CAM para la recepción en los hogares de
la TDT de pago, buena parte de ello en industria de fabricación nacional. Como decía al principio, este real decreto-ley no solo es urgente sino que es muy importante en términos de competencia en el sector y de desarrollo industrial y tecnológico.
A día de hoy, desde el punto de vista de la modalidad de emisión del servicio público de televisión, existen diferencias entre los concesionarios que no están justificadas, lo que perjudica el interés general. Solamente uno de los seis
concesionarios estatales de televisión puede, antes de la aprobación de este real decreto-ley, emitir en régimen de pago. Nuestra política es que todos los operadores sean tratados por igual, lo que implica reconocer a todos los operadores
concesionarios de canales de TDT la posibilidad de explotar la modalidad de acceso condicional mediante pago. Pero nuestra intención también es, en defensa del interés general, que, una vez en marcha plenamente, el número de canales en abierto de
la TDT incluso aumente con respecto a la situación actual. La ampliación de esta facultad a los restantes concesionarios va a traer consigo sin duda una mayor competencia, lo que redundará en una mayor diversidad y calidad de la oferta televisiva,
es decir, redundará en beneficio de los ciudadanos.
Además, hasta ahora, solo a través del satélite o del cable se podía ofrecer televisión de pago. La convalidación de este real decreto-ley habilitará un nuevo soporte tecnológico para la
televisión de pago, lo que ya está suponiendo importantes beneficios desde el punto de vista de la competencia. En efecto, por ejemplo, antes los ciudadanos tenían que pagar 12 euros para ver un partido de fútbol, ahora con menos de 15 euros pueden
ver hasta ocho partidos. Es difícil encontrar un ejemplo más contundente de cómo la competencia sirve de inmediato para reducir los precios, para aumentar la oferta en cantidad y en calidad.
No solamente es importante este real decreto-ley desde el punto de vista de la competencia, sino también desde el punto de vista del desarrollo industrial y tecnológico asociado a la TDT de pago. Según el informe del sector audiovisual de
agosto de este año -insisto, no es un informe del ministerio, sino del propio sector-, elaborado por el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y hecho a partir de los datos del sector y de analistas
internacionales, la TDT de pago va a suponer un indudable efecto dinamizador sobre la industria electrónica y audiovisual, un efecto que el propio sector estima en alrededor de 5.000 millones de euros en los próximos cuatro años. Además, sin la TDT
de pago serían difícilmente viables económicamente determinadas tecnologías como la alta definición, que van a ser cada vez más comunes en los países de nuestro entorno y sin cuyo concurso estaremos un escalón por debajo desde el punto de vista
tecnológico.
Termino ya, señor presidente. Señorías, estamos ante un real decreto-ley de indudable interés general; interés general es que España se sitúe a la vanguardia de los
países que han llevado a cabo el proceso de transición a la TDT; interés general es garantizar la sostenibilidad del sistema de televisión privada en España; interés general es que las operadoras de televisión tengan recursos para invertir
para que nuestros ciudadanos puedan disfrutar de la televisión de alta definición; interés general es liberalizar un sector, el de la televisión de pago, facilitando que nuestros ciudadanos tengan acceso a contenidos de calidad a precios inferiores
a los que venían teniendo hasta ahora; interés general es, en un momento de crisis económica, crear actividad económica por un importe de 5.000 millones de euros, buena parte además en industrias de alto contenido tecnológico. En definitiva,
interés general es que un Gobierno anteponga el beneficio colectivo de los ciudadanos al beneficio particular de cualquier grupo o de cualquier empresa. Millones de españoles, sin duda, están esperando y deseando que SS.SS. lo resuelvan.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
El turno en contra ha sido solicitado por el Grupo Parlamentario Popular.
Don Miguel Ángel Cortés tiene la palabra.
El señor CORTÉS MARTÍN: Señor presidente, antes de nada permítame referirme a una cuestión de procedimiento. Este debate se produce sin que el Gobierno haya remitido en tiempo a la Cámara la documentación que debe acompañar toda iniciativa
legislativa, tal y como prevén la Constitución y el Reglamento del Congreso. No se han enviado ni el informe del Consejo de Estado ni el informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, ambos antecedentes necesarios para pronunciarse
sobre este real decreto-ley. La portavoz de mi grupo lo ha pedido formalmente y quiero que quede constancia en el 'Diario de Sesiones' de esta irregularidad que se suma a otras muchas que justifican nuestro voto en contra del real decreto-ley que
nos ocupa. Solicito formalmente a la Presidencia que se intente paliar, si quiera sea parcialmente y fuera de plazo, la exigencia reglamentaria del artículo 69 del Reglamento de esta Cámara y se distribuya a todos los diputados una copia completa
de esos informes, sobre todo del informe del Consejo de Estado.
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Cortés. Planteado en los términos en que lo ha hecho, prácticamente como una cuestión de orden, le ruego que me atienda al respecto. No es preceptiva la presentación de dictamen del Consejo de Estado
en el caso de los reales decretos-leyes, lo único que resulta preceptivo es que la Cámara, en el plazo de treinta días desde su promulgación, los examine. Los servicios de la Cámara me han ilustrado al respecto e incluso ni siquiera es obligado que
el Gobierno remita el texto del real decreto-ley. Ha habido veces en que la Cámara, en cumplimiento de su obligación constitucional, ha convalidado o ha derogado, en el plazo de treinta días, porque con que se publique en el Boletín Oficial del
Estado ya surge la obligación de la Cámara para su examen. Cuestión distinta es la cortesía que el Gobierno quiera tener con SS.SS. repartiendo documentos, pero la Cámara ha calificado el escrito, lo ha hecho por unanimidad, el día 1 de
septiembre, el día 8 de septiembre la Junta de Portavoces, por unanimidad, lo incluyó en el orden del día del Pleno y, en consecuencia -no se preocupe que le daré su tiempo completo, es una cuestión de orden que descontaré del tiempo-, esta opinión
que le da la Presidencia es, en relación con su planteamiento respecto del asunto reglamentario, coincidente con antecedentes de la Cámara y es opinión que ruego a S.S. que no entre en discusión sobre la misma porque no debemos hacerlo.
El señor CORTÉS MARTÍN: Señor presidente, simplemente acogiéndome al Reglamento, ¿puedo solicitar la lectura del artículo 69 del mismo para no discutir con la Presidencia?
El señor PRESIDENTE: Sí, el artículo 69 del Reglamento dice: Ningún debate podrá comenzar sin la previa distribución a todos los diputados, con derecho a participar en el Pleno o en la Comisión, en su caso, al menos con cuarenta y ocho
horas de antelación, del informe, dictamen o documentación que haya de servir de base en el mismo, salvo acuerdo en contrario de la Mesa de la Comisión debidamente justificado. Ha quedado cumplimentada su solicitud y le reitero que en el caso de
los reales decretos-leyes basta con la promulgación de los mismos para que la Cámara esté obligada. Cuestión distinta es que si hubiese informe, que a la Presidencia no le consta que haya dictamen del Consejo de Estado sobre el real decreto-ley, se
pudiese distribuir. Sobre este asunto, señor Cortés, le ruego que, en aplicación de otro artículo que no le leo, el 72, se someta a la opinión de la Presidencia y siga con sus quince minutos, que inmediatamente le pongo en orden.
Muchas gracias.
El señor CORTÉS MARTÍN: Quedo sometido, pero quiero que quede en el 'Diario de Sesiones' este planteamiento.
Señor presidente, el señor ministro de Industria, Turismo y Comercio, que lo es también de telecomunicaciones, ha presentado una norma con la que no sabemos si está o no de acuerdo, desde luego no ha logrado transmitir demasiada convicción
en su intervención, pero es evidente que ha estado al margen de todo el proceso que ha llevado a su aprobación. La vicepresidenta primera del Gobierno, a quien deseamos una recuperación rápida, se ha encargado de manejar todo, supongo que
acogiéndose a la cláusula general de coordinación que tiene atribuida, lo que ocurre es que el señor Sebastián no ha sido coordinado en este proceso sino que ha sido suplantado a lo largo de todo el mismo y desde el principio.
Este real decreto-ley no es algo aislado sino un episodio más de la política audiovisual del Gobierno, que se caracteriza por el abuso, la arbitrariedad y la incompetencia. El Gobierno acude, una vez más, a la fórmula del decreto-ley, lo
que es tanto más improcedente cuando en el mes de junio anunció que el Consejo de Ministros había visto en primera lectura el proyecto de ley general audiovisual que, según la referencia oficial del Consejo de Ministros, regularía la TDT de pago.
Para nuestro grupo este procedimiento es rigurosamente inconstitucional, porque la Constitución exige extraordinaria y urgente necesidad para que el Gobierno pueda acudir al decreto-ley, y el Tribunal Constitucional ha sido claro en varias
sentencias al entender que solo existe tal extraordinaria y urgente necesidad cuando se dan circunstancias difíciles o imposibles de prever que requieren una acción normativa inmediata. Para nada se habla de la importancia del tema, importancia que
no discutimos como venimos pidiendo hace mucho tiempo que se regule en la ley general audiovisual. Porque, ¿cuál es la urgencia en este caso? ¿Dónde están las circunstancias difíciles o imposibles de prever? La fecha del apagón analógico se
conoce desde hace años; es más, la fijaron ustedes en 2005 con el Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre. La televisión digital terrestre, la TDT de pago -en su expresión larga, la televisión digital terrestre de pago mediante
acceso condicional- no estaba contemplada entonces en ese plan que saca el Gobierno en 2005, aunque el señor ministro nos ha ilustrado que ya había precedentes en otros países europeos, porque en España en ese modelo, y eso lo dice el Consejo de
Estado, las modalidades de pago eran el cable y el satélite, mientras que la TDT estaba previsto que fuese en abierto, lo que justificaba las cuantiosas inversiones públicas necesarias para realizar la transición digital y garantizar la cobertura
universal. La mejor prueba de que no estaba prevista la TDT de pago es que los aparatos para la transmisión digital no contemplaban esa modalidad. Y no quiero ni imaginar que lo tenían previsto y han dejado que se compren nada menos que 22
millones de aparatos que evidentemente sirven para la televisión digital, pero no ha dicho la verdad o toda la verdad el señor ministro, no sirven para la televisión digital terrestre de pago. Los que quieran ver televisión digital terrestre de
pago tendrán que adquirir un nuevo aparato, y resulta que el señor ministro, que viene aquí a decirnos que llevan desde hace dos años trabajando y que ya lo sabían desde mucho tiempo antes, ha dejado que 22 millones de españoles hayan comprado unos
aparatos que no sirven para eso. (Aplausos.) Ya me explicará cuál es la capacidad de imprevisión y de incompetencia que tiene este Gobierno. Aquí no se empieza a hablar de TDT de pago de forma oficial hasta finales de 2008, y no adquiere carta de
naturaleza oficial hasta el 8 de abril de 2009, si bien de forma no muy brillante, como recordaremos al señor ministro un poco más adelante. Pero desde que deciden el cambio de modelo, sin el menor debate parlamentario ni social, se han superado a
ustedes mismos en arbitrariedad y en improvisación. El Gobierno, que ha renunciado a gobernar para el interés general y que sabe que no va a poder presentar buenos resultados de su gestión, ya solo busca favorecer a los amigos y dejar a todos claro
que conviene ser dócil a la voluntad del poder. Las personas, las empresas y los grupos tienen que saber que han de buscar el favor del Gobierno o atenerse a las consecuencias si no se pliegan a los deseos. Esto se puede decir de toda la política
del Gobierno y no solo de la audiovisual, pero ahora estamos hablando de ella con las implicaciones que tiene en la política general.
El desarrollo legal de la TDT de pago ha ido parejo a las maniobras gubernamentales para favorecer amigos, intervenir en operaciones privadas, propiciar o forzar alianzas, en definitiva, ofrecer zanahorias y usar el palo para intentar
disciplinar a los medios privados de comunicación. Por eso, esta norma afecta a las libertades fundamentales, en concreto a las reguladas en el artículo 20 de la Constitución; terreno que, como bien sabe el señor ministro, o debería saber, porque
ahora veremos que no está muy ducho en estas cuestiones jurídicas, es un terreno vedado expresamente al decreto-ley por la Constitución. Este es un argumento más para oponerse a su convalidación. Se podría llegar a establecer una cronología en dos
columnas de determinados movimientos en algunos operadores y los amagos, declaraciones o iniciativas reguladoras por parte del Gobierno. ¿Acaso alguien piensa en esta Cámara o fuera de ella que este real decreto-ley se habría aprobado en un Consejo
de Ministros extraordinario el 13 de agosto si unos días antes no se hubiesen roto las conversaciones entre Prisa y Mediapro y se aproximase el comienzo de la liga de fútbol? ¿Alguien lo puede pensar? ¿Es esa, señor ministro, la extraordinaria y
urgente necesidad que exige la Constitución? ¿Alguien que nos ha venido a decir aquí que llevaban ya dos años preparando esto y que ha dicho incluso que había unas fechas en las que se habían comprometido -fechas que también han sido incumplidas,
como ha declarado aquí el señor ministro- con el propio sector?
Si vamos un poco más atrás, otro de los hitos notables de esta secuencia de atropellos y despropósitos fue en Semana Santa de 2009, casualmente también en vacaciones. Este es casi el único momento en que el señor ministro de Industria tiene
alguna participación temporal y limitada, diría el presidente del Gobierno, en un tema central de sus competencias, si bien hay que decir, acto seguido, que no fue una participación muy lucida. Por esas fechas lo que se llamaba guerra del fútbol
estaba en uno de sus momentos álgidos y, mediante el método pintoresco de una comunicación en la página web del Ministerio de Industria, se dijo, el miércoles santo, que a partir de ese día los operadores privados de televisión podrían solicitar la
autorización para prestar el servicio de TDT de pago, si bien esa misma tarde se publicó una nueva nota aclaratoria en la que se decía que era preciso el acuerdo previo del Consejo de Ministros; en la página
web de su propio ministerio, señor ministro. Al poco, sin embargo, intervino la vicepresidenta desautorizando sonoramente al señor ministro en un tema de su exclusiva competencia administrativa. Veo por la cara del señor ministro que quizá
tampoco tuvo mucho que ver con este episodio, pero esa dignidad herida, señor ministro, se recupera con una dimisión a tiempo. Ya ve, señor ministro, las cosas que hay que hacer para mantenerse en la poltrona. A S.S. le da igual que el rango
normativo para tratar el mismo asunto sea una comunicación en la página web del ministerio o un real decreto-ley. Todo un canto al rigor y a la seguridad jurídica. Y las arbitrariedades aquí vienen de muy atrás; cualquier cosa menos que haya un
marco legal claro y conocido que dé seguridad a los ciudadanos y les impida a ustedes los manejos que quieren hacer para que todos sepan que conviene portarse bien si quieren conseguir el favor o evitar la represalia. Para eludir la norma general
se legisla a salto de mata, fragmentariamente, para que queden siempre cosas pendientes en el toma y daca. En los últimos seis meses hemos tenido un real decreto-ley de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones, un proyecto de ley de
financiación de Radiotelevisión Española tramitado por procedimiento de urgencia, la primera lectura por el Consejo de Ministros del proyecto de ley general audiovisual y el real decreto-ley que ahora nos ocupa, además de la efímera comunicación en
la página web del Ministerio de Industria. Y como ya dijimos en la tramitación del anterior real decreto-ley de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones, el mismo argumento que hoy ha llegado a repetir el señor ministro de la
liberalización y la ampliación de la oferta de contenidos audiovisuales se utiliza por ustedes para autorizar dos nuevos operadores de televisión y para permitir la fusión, y por lo tanto la reducción, del número de dichos operadores; el mismo. De
la misma manera que se nos dijo que la transición a la TDT -se entendía que en abierto porque no se contemplaba la TDT de pago- era para aumentar el pluralismo informativo y de contenidos, lo cual es perfectamente lógico, ahora se nos dice con los
mismos argumentos que la mejor forma de que se enriquezca esa pluralidad de contenidos es pasar a que parte de ellos tengan un acceso condicional mediante pago. Lo que ustedes están haciendo tiene más semejanza con lo que hace Hugo Chávez o
Kirchner que con lo que están haciendo los demás países de la Unión Europea que ha puesto como ejemplo. (Aplausos.-Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben.) Puede decir lo que quiera S.S., luego en el pasillo seguirán diciendo y
seguiremos escuchando opiniones sobre este real decreto, así como sobre mucha parte de la política de Zapatero, y lo que estoy diciendo yo es bien poco comparado con lo que dicen ustedes. (Aplausos.- El señor Madina Muñoz hace gestos con la mano.)
Yo entiendo muy bien sus nervios y su alteración (El señor Madina Muñoz: Yo no.), porque en una guerra no hay nada peor que el fuego amigo y con esta regulación fragmentada y sectaria se están dejando más plumas de las que preveían; no solo están
dividiendo al sector sino que también han dividido al Consejo de Ministros y al propio Partido Socialista. (Aplausos.)
Señor presidente, en España hace falta una legislación audiovisual estable, que dé seguridad y garantice la libertad de los medios.
Necesitamos un marco legal con el que los operadores puedan hacer frente no solo a una crisis publicitaria y
de cambio de modelo de negocio, sino que les permita adaptarse a las nuevas posibilidades tecnológicas, que van mucho más allá de una modalidad de TDT. Esta forma de actuar por parches, a golpe de decreto-ley perjudica seriamente al sector y al
interés general de los españoles; además de la inseguridad evidente, encorseta e introduce rigideces en la comunicación audiovisual que ha de ser considerada de forma conjunta, en la línea de lo que se está impulsando en la Unión Europea, que usted
nos pone como ejemplo, diciendo que queremos ir en vanguardia y hacen exactamente lo contrario de lo que se está haciendo allí, donde se contempla de una manera integral. La única finalidad de este fraccionamiento es su intento de tener atados en
corto a los medios de comunicaciones, poder conceder y negar favores y mantener a todos pendientes de la próxima regulación gubernamental, porque todos, los más y los menos amigos, están expuestos a la arbitrariedad del Gobierno, con lo que eso
supone de inseguridad y limitación de la libertad de actuación periodística y empresarial.
Mientras tanto, aquí no sabemos cuál es el marco legal de cuestiones básicas como la alta definición, la interactividad, la televisión en movilidad o la
televisión en Internet, que contendrá en su día la ley general audiovisual, que se anuncia una y otra vez como la tierra prometida a la que nunca se llega. Es en esa ley general audiovisual donde se deberá contemplar, con el debido debate
parlamentario y social y con todas las garantías, la TDT de pago como una opción más para la comunicación y el negocio audiovisual y dejando en manos de los operadores la libertad de utilizarla o no y garantizando el servicio público esencial de la
televisión. No tenemos duda de que la mayor libertad es lo mejor para el sector y para los españoles. Esa va a ser nuestra posición en esta materia.
En el Partido Popular no estamos en contra de la TDT de pago, estamos en contra de la fórmula que ha utilizado el Gobierno para regularla, abusando de la vía del real decreto-ley. Estamos en contra de la arbitrariedad y del amiguismo,
porque las leyes tienen que ser generales; generales en un doble sentido: por responder al interés general y por ir dirigidas a un destinatario indeterminado; no pueden tener nombre y apellidos ni ser dictadas para favorecer a los afines y
perjudicar a los que no lo son. Por ello, señor presidente, es por lo que pedimos que se rechace la convalidación de este real decreto-ley y que se remita a la Cámara el proyecto de ley general audiovisual, para que con el debido sosiego, con
transparencia y con el acuerdo más amplio posible, podamos tener un marco estable que permita el desarrollo del sector audiovisual en los próximos años. Pero no lo
pedimos nosotros solos, lo pide también el Consejo de Estado en su informe, ese que el Gobierno ha tratado de ocultar y no ha remitido a la Cámara, como era su obligación. Voy a aventurar alguna hipótesis de por qué el Gobierno no ha
querido que se conozca demasiado. A esta conclusión clara y diáfana, demoledora, llega el Consejo de Estado -y con esto concluyo, señor presidente-. Dice el Consejo de Estado: En definitiva, a la vista de las consideraciones expuestas, que la
norma en la redacción propuesta no puede ser aprobada, pues vendría a introducir modificaciones en las concesiones vigentes, vulnerando los requisitos de la legislación de contratos de las administraciones públicas y, en particular, las exigencias
de los principios de publicidad y concurrencia que presidieron el otorgamiento de tales concesiones. Dado que lo que se objeta, la posibilidad misma de que se autorice la emisión en pago mediante acceso condicional a los concesionarios, constituye
el objeto de la misma norma y que el resto de las previsiones contenidas en el proyecto están en función de dicha posibilidad, este reparo ha de convertirse en un reparo a la aprobación de la norma en su actual redacción. Y añade una consideración
final sobre la oportunidad de la norma. En la actualidad, se encuentra en tramitación un anteproyecto de ley general audiovisual, que presumiblemente tendrá por objeto establecer una regulación sistemática y clara del régimen de televisión. En ese
contexto, al margen de la observación de legalidad ya realizada, es donde parece aconsejable que la regulación de las modalidades de emisión no se lleve a cabo ahora, de forma urgente si no precipitada -esto lo dice también el Consejo de Estado-,
sin oportunidad de ponderar con la debida reflexión las consecuencias que tendrían dichas medidas en el mercado de la televisión de pago, como mercado diferenciado del de la televisión en abierto, que se financia fundamentalmente a través de la
publicidad. En definitiva, por las razones expuestas considera el Consejo de Estado que es la tramitación de dicho anteproyecto el momento idóneo para reconsiderar cómo debe llevarse a cabo la regulación de las modalidades de emisión.
Fin de la
cita. Por todo ello, señor presidente, pedimos a la Cámara que vote a favor de la legalidad y no de la arbitrariedad, que haga caso del criterio del Consejo de Estado y que rechace la convalidación de este real decreto-ley. (Aplausos.)
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cortés.
Para la fijación de posición por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, tiene la palabra la señora Díez. Entiendo que también hará uso de la palabra el señor Jorquera.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Presidente, señorías, señores ministros, señor ministro de Industria, el 13 de agosto se reunió de forma extraordinaria un Consejo de Ministros que tuvo una actuación de lo más ordinaria, de lo más común en lo que
es esta legislatura del Gobierno Socialista, aprobó dos reales decretos. Al día siguiente cambió uno de ellos, el real decreto sobre medidas económicas, y el otro, que es este que estamos en este momento debatiendo, no tuvo por objeto más que echar
una mano, hacer un regalo a los más amigos, no a los amigos sino a los más amigos de los amigos. Aquí estamos, en un proceso de ratificación de una dádiva arbitraria, arbitrada también en pleno ferragosto para ver si así pasaba más desapercibido el
atropello, porque la regulación de la TDT de pago se ha llevado a cabo de manera injustificablemente precipitada y perjudica de forma incontestable a la industria española y a los espectadores. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa
la Presidencia.) Desde mi punto de vista, no es un tema de debate entre empresas audiovisuales, es un tema que afecta de forma muy negativa a los ciudadanos, a los espectadores y también a las empresas del sector. No es la primera vez que el sector
audiovisual es víctima de la voracidad y del clientelismo del Gobierno. Recordemos que también se utilizó el verano y el trámite de urgencia por su Gobierno para cargarse la televisión pública, el servicio público, modificando el sistema de
financiación de Radiotelevisión Española.
Sigamos con el contexto, la forma y el momento. Qué algunos de los numerosos canales que la TDT permite sintonizar en los hogares sean de pago, es razonable, entre otro motivos, porque el coste de las infraestructuras no es trivial y porque
el entretenimiento, que es básicamente lo que ofrecerán estos canales, es un producto industrial cultural que no escapa a las leyes del mercado, por tanto, no es a eso a lo que nos oponemos. Pero el procedimiento elegido por el Gobierno para
regular la televisión digital de pago no es admisible, señor ministro, por cuanto esa vía está pensada para situaciones excepcionales, imprevistas y que no admiten ningún tipo de demora, por mucho que ustedes hayan convertido lo excepcional en
norma. La TDT de pago debería regularse en el marco de la ley general audiovisual que el Gobierno ya debería haber remitido al Congreso. Si el Ejecutivo hubiera hecho los deberes a tiempo y sin improvisaciones, con toda seguridad la implantación
de descodificadores y tarjetas de TDT de pago no tendría los inconvenientes que usted sabe que están sufriendo muchos ciudadanos interesados, sumidos en la confusión y la duda de si sus aparatos actuales son adecuados para ver las emisiones o deben
adquirir otros.
Vamos ahora, si me permite, a analizar el contenido del real decreto. Nos dice el texto del real decreto-ley que para garantizar que la implantación de la TDT sea un éxito, hay que incentivar su consumo por los ciudadanos, razón por la
cual, confundiendo el deseo con la realidad, el Gobierno concluye que como los contenidos de pago son más atractivos, los espectadores correrán a digitalizarse ansiosos de pagar la televisión, aunque se trate de los mismos contenidos, fútbol
básicamente, que ahora ofrecen otras televisiones también de pago. De
verdad pretenden hacernos creer que ofrecer contenidos de pago va a duplicar o triplicar el consumo de la TDT? ¿De verdad se lo cree usted, señor ministro? Yo creo que no se lo cree, permítame. Creo que quieren hacernos comulgar con
ruedas de molino y que nos creamos cosas que ustedes mismos no se creen.
Una vez más se demuestra que para este Gobierno la realidad es lo de menos. Lo importante, como en el diálogo de Alicia con Humpty Dumpty, es que quede claro quién es el que manda. Se acuerda usted de aquel diálogo, ¿verdad? Cuando yo uso
la palabra -decía Humpty Dumpty con un tono de voz más bien desdeñoso- quiere decir lo que yo quiero que diga, ni más ni menos. La cuestión -insistía Alicia- es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes, como las que
ustedes quieren hacernos creer. La cuestión -zanjó Humpty Dumpty- es saber quién es el que manda, eso es todo. Y eso se lo reconozco. Sí ha quedado claro y es lo único que les importa: que quede claro quién es el que manda.
También nos dice el texto del real decreto que la TDT de pago es una vía alternativa de generación de ingresos que aliviará a los operadores, en medio de la crisis financiera, de las inversiones requeridas para la digitalización y la
reducción de ingresos publicitarios. Pero eso tampoco es cierto. La TDT de pago dinamizaría el modelo de televisión solo si se implanta en el marco de la ley general audiovisual -como dije-, y si se tienen en cuenta los plazos y condiciones para
que todos los actores, fabricantes, operadores, puedan afrontar el reto con plenitud de capacidades de mercado. El sector audiovisual, antes del 13 de agosto, preveía incorporar en el último trimestre medio millón de equipos preparados para los
servicios de pago, que se sumarían a los aparatos que ya incluyen una ranura específica.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Díez, por favor, tiene que acabar.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Pero el Ministerio de Industria no ha elaborado normas con las características técnicas de los descodificadores para que sean abiertos, es decir, compatibles con todas las cadenas. Mientras eso no ocurra nadie
invertirá en el sector.
¿Cuáles son las consecuencias del capricho? Y acabo.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Díez, sabe que comparte tiempo con el señor Jorquera.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Acabo ahora mismo, señora presidenta.
¿Cuáles son las consecuencias del capricho? Un sector audiovisual dividido, el estupor por que la TDT de pago se apruebe antes de tiempo, y desastrosos resultados para casi todos. ¿Cuál es la cuestión? Que efectivamente ha quedado claro
quién manda. Veinticuatro horas después de que el Gobierno diera el urgente pistoletazo de salida, una cadena de televisión lanzaba uno de sus dos canales en tecnología digital, Gol Televisión, dedicado íntegramente al fútbol de pago; y es que,
señorías, empezaba la liga.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Díez.
Señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, de los argumentos recogidos en la exposición de motivos de este real decreto-ley hay sobre todo dos que el BNG comparte.
El primero, evitar que las distintas modalidades de emisión para un mismo servicio público
conlleven diferencias no justificadas entre concesionarios. En definitiva, favorecer la competencia en el marco de la televisión de pago y evitar con ello situaciones cercanas al monopolio, aunque por cierto esto contradice decisiones adoptadas por
gobiernos anteriores del mismo color político del Gobierno al que usted pertenece.
En segundo lugar, la importancia de la implantación de la TDT de pago para favorecer no solo el desarrollo de los operadores, sino de las industrias de servicios y
equipos para la TDT, que -como usted bien sabe- tienen una presencia y una importancia singular en la economía gallega.
En este sentido, permítame que haga un inciso antes de entrar en el fondo de la cuestión. Para favorecer el desarrollo de la
demanda a la que se alude en la exposición de motivos también es muy importante resolver problemas que tienen un impacto singular en Galicia, en provincias como Lugo, como la existencia de zonas de sombra, que va a obligar a muchos usuarios a tener
que adquirir antenas parabólicas si quieren acceder a la televisión, teniendo en cuenta que nos acercamos al escenario del apagón analógico. Por lo tanto, en congruencia con la exposición de motivos, le pido que también su Gobierno tome medidas en
esta materia.
Pero, aunque compartimos en parte estos argumentos, discrepamos abiertamente de la forma de proceder del Gobierno. Permítame que le recuerde que en una democracia las formas son muy importantes; las formas acostumbran a ser definitorias
del fondo. En primer lugar, no compartimos la manera de proceder de su Gobierno, que estando en fase de anteproyecto la ley general audiovisual, que va a definir el marco en el campo audiovisual, ha ido prefigurando el modelo, antes de que se
debata, a través de una batería de medidas desgajadas de esa ley general. Así se hizo en su momento con la Ley de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones, así fue en su momento con el cambio de modelo de financiación de la televisión
pública, y así es ahora con este decreto para la implantación de la TDT de pago. En segundo lugar y en congruencia con esto, no compartimos las razones de extraordinaria urgencia y necesidad a las que apela el Gobierno, y por ello tampoco
compartimos
compartimos la forma escogida -real decreto-ley- ni el tiempo en el que esto se ha sustanciado a través de un Consejo de Ministros celebrado por este motivo nada más ni nada menos que en el mes de agosto. En tercer lugar, señor ministro,
aunque todos los concesionarios puedan explotar, si se convalida este real decreto-ley, un canal de pago de los cuatro de los que van a disponer, lo cierto y objetivo es que solo uno estaba en condiciones de hacer operativo ya ese servicio de pago,
y eso vinculado además a la tenencia de derechos de fútbol.
A mí me gusta ser claro en política. Un compañero de su grupo parlamentario en un momento, en una conversación en el pasillo me dijo: los gallegos acostumbran a caracterizarse muchas veces por saber moverse en la ambigüedad y usted,
Jorquera, no lo parece. El Bloque Nacionalista Galego tiene el máximo respeto hacia todos los medios de comunicación, pero no debe nada a ninguno, y considera imprescindible para la calidad de una democracia que las cosas no se hagan de manera que
tengan la apariencia de que se está interviniendo en el campo audiovisual en función de intereses de partido. En ese sentido creemos que las formas han dejado mucho que desear, y esto es lo que hace -pese a que haya argumentos que compartimos y que
son los que expuse al principio- que no podamos dar nuestro voto favorable a la convalidación de este real decreto-ley. Por tanto nuestra posición será de abstención.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Jorquera.
Pasamos a continuación al Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que va a compartir su tiempo. Interviene en primer lugar el señor Canet.
El señor CANET I COMA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, los diputados de Esquerra Republicana vamos votar a favor de la convalidación del real decreto después de valorar los pros y los contras.
Fundamentalmente los pros están en el contenido, y los contras básicamente en el
procedimiento. Desde Esquerra Republicana hemos advertido muchas veces -ya lo hicimos en el trámite parlamentario de la Ley de financiación de la Corporación RTVE- que es necesaria una visión panorámica de la futura configuración del sector
audiovisual para poder pronunciarse con rigor al respecto, pero creo que se han repetido los errores. En su momento el debate no se pudo realizar en el contexto adecuado por la premura de tiempo, aunque el ministro ha intentado distinguir entre las
prisas y la precipitación diciendo que la urgencia no ha sido precipitación. La ley se aprobó en un tiempo récord -hablamos de la Ley de financiación de la corporación RTVE-, habilitando el mes de julio para ello, y por cierto hemos de recordar que
uno de los efectos o defectos secundarios fue posiblemente el hecho de que la vicepresidenta del Gobierno tuviera que justificarse ante la Comisión Europea. Ahora, ante el real decreto cuya convalidación se propone hoy, nos volvemos a encontrar en
una situación parecida, ya que el Consejo de Ministros lo aprobó en pleno mes de agosto. El debate probablemente se realice una vez más fuera de su contexto natural, que es la ley de lo audiovisual. Al no haber consensuado un modelo de política en
el campo audiovisual acaba pareciendo que se legisla bajo presión y con prisa, y en este caso además con un problema añadido: por la falta de tiempo se ha perdido una buena oportunidad de informar bien a los ciudadanos sobre cómo funciona o cómo
debería funcionar la televisión digital terrestre de pago. Es fácil por tanto llegar a la conclusión de que el Gobierno no hizo los deberes a tiempo, y se encontró con una realidad: iba a comenzar la liga de fútbol y el panorama audiovisual
todavía no estaba adaptado a los planes gubernamentales. Ni con el real decreto de agosto han llegado a tiempo para el inicio de la liga, los goles comenzaban a llegar y los ciudadanos no tenían todavía los descodificadores para poder verlos.
Mientras tanto las empresas tecnológicas de capital español han lamentado públicamente no haber dispuesto del tiempo necesario para competir en condiciones en el mercado de los descodificadores. Tampoco podemos obviar la incertidumbre generada en
la ciudadanía con respecto a la fiabilidad y seguridad en el acceso a los descodificadores.
No obstante todo lo expuesto anteriormente, pensamos que Esquerra Republicana debe votar -y así lo haremos- favorablemente a la convalidación de este real decreto porque la responsabilidad política exige primar los elementos de fondo, como
decía antes, que conforman un rosario de razones de suficiente peso como para votar favorablemente la convalidación, pese a las reticencias de procedimiento y a la falta de un marco general que debe dar la ley de lo audiovisual. Como muestra vamos
a fijarnos en dos realidades. En primer lugar la evidencia de que con la convalidación de este real decreto se beneficiará a la ciudadanía al ofrecer un mayor y más flexible catálogo de contenidos y de mayor calidad. Pese a que en el Estado
español la experiencia de la televisión de pago vía terrestre es inexistente -no así en el caso de la televisión por satélite-, en casi todos los países de nuestro entorno la TDT es una forma habitual de acceder a determinados contenidos
televisivos. En segundo lugar hemos de ser perfectamente conscientes de que la instauración de un modelo mixto facilita a las televisiones la posibilidad de obtener mayor rentabilidad. Con ello se afronta una realidad incuestionable: el
incremento de la oferta de canales en abierto, que ha permitido la puesta en marcha de la TDT, ha conducido a una fragmentación muy importante de las audiencias, lo cual dificulta el desarrollo de un modelo de negocio sostenible económicamente que
se fundamente en los ingresos publicitarios. Además la suma de los dos factores, diversificación de la oferta para el consumidor y contexto de mayores posibilidades de un modelo económicamente sostenible, nos lleva a pensar
que se concretará en breve tiempo la aparición de nuevas plataformas de TDT, un argumento más para nuestro voto.
En conclusión, Esquerra Republicana va a votar favorablemente la convalidación de este real decreto porque en la actualidad la oferta de televisión de pago, como ha quedado en evidencia en este último mes, es ya una demanda social fuerte.
Ahora esperamos que no aprueben más reales decretos y que remitan a esta Cámara cuanto antes el proyecto de ley audiovisual para poder debatir sin prisas la configuración completa del panorama audiovisual. Será entonces cuando se establezca
claramente la orientación y los límites de este sector. Desde Esquerra Republicana vamos a plantear entonces, entre otras cosas, que el nuevo contexto vele por su adecuación a la realidad plurinacional y plurilingüe del Estado.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Canet.
Señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señora presidenta, intervendré desde el escaño como símbolo de la preocupación de mi grupo por ser también víctimas en este caso del fuego cruzado. No tenemos ninguna preocupación con relación al fuego amigo, no
lo esperamos, pero sí al fuego cruzado. Hace más de una década Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya se alinearon, y las consecuencias de un panorama mediático bipartidista aún las estamos pagando, es decir, no nos consideramos en este caso
actores, sino que nos consideramos afectados. Pero hay dos razones fundamentales para que nos abstengamos en esta iniciativa, para que nos consideremos no alineados.
En primer lugar, señorías, este decreto no tiene ninguna razón de urgencia. No
hay ninguna razón que lleve a legislar sobre una materia como esta a través de un decreto, y sobre todo teniendo en cuenta que en estos momentos está en marcha un proyecto de ley del panorama audiovisual en el cual debería estar integrada la
televisión digital terrestre de pago. En segundo lugar no solamente por razones de forma, sino por razones también de contenido. La razón de contenido es que no estamos de acuerdo con una política mosaico, que es la política que va abordando trozo
a trozo el sector audiovisual y que pacta cada trozo con el sector interesado. Se pacta con Uteca la fusión de las televisiones, se pacta con un sector de Uteca la financiación de Televisión Española, y ahora se pacta también con una parte la TDT
de pago. No estamos de acuerdo; no estamos de acuerdo porque trocea el panorama audiovisual, lo convierte en un mosaico, y sobre todo porque lo establece fundamentalmente en torno a intereses sectoriales y no intereses generales. Nosotros
defendemos una ley audiovisual para el conjunto del sector, y que dicha ley se corresponda con el interés general. ¿Dónde está el interés general de los que en estos momentos atienden al panorama audiovisual? ¿Dónde está el interés general de los
ciudadanos? En ninguna parte. En esta democracia mediática, en esta democracia bipartidista, que en definitiva es más bipartidista en los medios de comunicación que en las propias Cámaras, estas cuestiones tienen ventajas para los grandes
partidos, pero también tienen servidumbres. Ha tocado el tiempo de las servidumbres también para los grandes partidos; nosotros llevamos con las servidumbres más de una década.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, yo sé que usted no duda qué vamos a votar nosotros; usted lo sabe. Sé incluso que usted conoce qué razones vamos a exponer hoy para explicar el sentido de nuestro voto, porque nosotros seguimos donde ya estábamos en
circunstancias anteriores. ¿Sabe por qué seguimos nosotros? Porque ustedes vuelven a las andadas. Es cierto que cambiando de titular: un día nos aparece la vicepresidenta primera, otro día nos aparece el ministro de Industria, pero son los
mismos pasos, las mismas andadas, una, dos, tres veces. ¿Y cuáles son esas andadas? Voy a intentar describirlas. Evidentemente estamos hablando de las andadas en el campo de la regulación del mundo audiovisual.
¿Qué hacen ustedes primero? Hacen una cosa bien lamentable para los que creemos de verdad que debe desarrollarse la sociedad de la información, y que debemos intentar estar a la cabeza en dicha sociedad de la información. En primer lugar
ustedes reducen lamentablemente el mundo audiovisual, real decreto a real decreto, al mundo de la radiotelevisión.
En segundo lugar reducen el mundo de la radiotelevisión prácticamente en exclusiva a la televisión, y por si no fuera suficiente esta
segunda reducción, nos van reduciendo el mundo de la televisión a las televisiones privadas. ¿A qué se debe esta reducción progresiva? ¿A su importancia? Es evidente que el mundo de la radiotelevisión tiene importancia en el mundo audiovisual, y
las televisiones privadas tienen importancia en el mundo de la radiotelevisión. Yo no voy a negar esa importancia, pero no es por eso por lo que ustedes lo hacen; es porque a ustedes en el mundo audiovisual el mundo de las televisiones privadas
les está planteando escozores, y como les escuece, se rascan, real decreto a real decreto. En tercer lugar, tras esta reducción, ¿qué hacen ustedes? Lo que acaba de decir quien me ha precedido en el uso de la palabra: lo trocean; lo jibarizan
primero y luego lo trocean. Son piezas de un mismo puzzle, de un dibujo indefinido que, por decirlo muy suavemente, no conocemos. Un día, en el año 2005, dan ustedes una nueva concesión y permiten a otro emitir en abierto. Otro día, en el año
2006, regulan con una cierta visión de conjunto el tema de Radiotelevisión
Española, pero al parecer se arrepienten de esta cierta visión de conjunto, y vienen ustedes en julio y agosto de este mismo año para modificar sustancialmente aquella Ley de Radiotelevisión Española y meterle dos rejones, uno de ellos bien
grave; y seguirá habiendo, señor ministro, con el tiempo seguirá habiendo. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) No voy a volver sobre el detalle porque el tiempo no da de sí y de esto ya hablamos en su día. De forma que, cacho a cacho;
así es como estamos caminando en este mundo jibarizado. Y por si esto no fuera suficiente -este es el tercer rasgo de lo que ustedes están haciendo- van presentándonos y normándonos un mundo cada vez más deformado.
No sabemos cuál es el dibujo final del Gobierno, no lo sabemos, pero hasta donde podemos atisbar las piezas no encajan, son contradictorias las unas con las otras, y el tiempo de las contradicciones no ha terminado.
Acabamos de observar en
la sociedad cómo efectivamente hay contradicciones, y si estuviéramos hablando de contradicciones privadas, todavía, pero ustedes están haciendo todo el mundo audiovisual en este campo de una forma que con el tiempo se verá que va respondiendo a
intereses privados que no coinciden básicamente, y que sobre todo no ayudan a promover el interés general. Porque es cierto, real decreto a real decreto o ley a ley, que ustedes apelan al interés general, yo diría que apelan literariamente, porque
-lo ha señalado el señor Cortés, con razón- el interés general vale un día para decir que hay que facilitar a todos los ciudadanos el acceso gratuito a la programación de un canal de televisión, y por lo mismo hay que dejar de emitir en abierto a
quien estaba emitiendo en codificado -y uno puede entender que eso tiene un cierto recorrido-, pero pasan cuatro años y ahora se argumenta que ese mismo supuestamente interés general es el que obliga a posibilitar que canales que venían emitiendo en
abierto, y por lo mismo estaban siendo disfrutados con gratuidad por todos los ciudadanos, pasen ahora a ser canales codificados, pagados. Que el interés general sirva para explicar una cosa y su contraria tiene difícil explicación. Este es el
tercer rasgo.
El cuarto rasgo es que esta deformación está alcanzando al fondo pero también a la forma. Están ustedes caminando a impulsos, a saltos de mata y sin horizonte, y para hacer esto están ustedes forzando las cosas hasta unos extremos que yo me
atrevo a decir que no solo bordean la legalidad, sino que están cometiendo ilegalidades, y usted y yo sabemos que hay quien dice que incluso están actuando de forma inconstitucional. Me voy a referir solo a un punto, al del uso y abuso que están
ustedes haciendo del artículo 86 de la Constitución, que es el que regula los reales decretos-leyes. ¿Alguien -aunque no sea crítico con el Gobierno- puede argumentar con fundamento que el citado artículo 86 es ahora aplicado por el Gobierno para
aquello para lo que se hizo el artículo 86 que, no lo olvidemos, solo en casos de necesidad extraordinaria y urgente se puede aplicar? No hay quien al respecto sea capaz de argumentar con seriedad y decir que efectivamente el artículo 86 en este
caso está bien aplicado.
La memoria justificativa al respecto -se lo voy a decir con toda franqueza, señor ministro- sonroja más que convence. Un solo argumento de la memoria justificativa. Ustedes llegan a decir en esa memoria justificativa que la ley de lo
audiovisual está actualmente en trámite de aprobación parlamentaria -está escrito en la memoria justificativa-. Una mínima precisión les obligaría a ustedes a decir que lo van a traer no sé cuándo, lo que sea, pero en la memoria justificativa
ustedes no pueden decir que la ley está aquí. ¿Dónde está? ¿Alguien sabe -algún letrado o algún diputado- dónde está en este Congreso la ley de lo audiovisual? Sin embargo ustedes lo argumentan; este es el tenor de los argumentos y esta es la
base nula de su argumentación.
En todo caso ustedes son perfectamente conscientes de esto. Yo ya no voy a intentar convencer al Gobierno de lo que está haciendo, porque el Gobierno lo sabe, porque seguramente el peor de los rasgos de la actuación del Gobierno es que está
intentando caminar a hurtadillas, como quien no, a ver si este verano o aquella semana santa la cosa pasa razonablemente desapercibida, una y otra vez, porque son conscientes.
Ustedes son perfectamente conscientes de que tenemos razón quienes
decimos que están ustedes aplicando el artículo 86 de la Constitución de forma que no se puede aplicar. ¿Cómo intentan evitarlo? Pasando rápido por los sitios, y a poder ser cuando no haya mucha gente, cuando la gente está distraída.
Ustedes han llegado hasta unos extremos que me gustaría reseñar. En la Ley 8/2009, de 28 de agosto -insisto de 28 de agosto de este año-, la promesa que ustedes han venido haciendo repetidas veces de que la ley audiovisual va a llegar se
recoge en la disposición adicional quinta -que por primera vez el Grupo Socialista aceptó-, que indica que en el plazo de un mes esta ley estará aquí, y en el plazo de un mes lo que nos ha llegado es este real decreto. Es decir, les estamos
criticando, les estamos diciendo que así no procedan ustedes, y hace un mes ustedes decían: tranquilos, la próxima vez en el plazo de un mes presentaremos la ley de lo audiovisual y entremedias nos presentan ustedes un nuevo real decreto. Estas
son razones más que suficientes para un voto que, como le decía al comienzo, va a ser negativo.
Voy a terminar con dos ideas que me gustaría que le quedaran claras. Hemos desistido de convencer al Gobierno y por eso, como él vuelve a las andadas, nosotros seguimos en nuestra posición, independientemente de lo que haga cada cual con su
voto, porque en esto nos hemos visto más solos de lo que al parecer nos vamos a ver hoy los del Grupo Parlamentario Vasco. En esta posición firme nos hemos visto más solos de lo que hoy al parecer nos vamos a ver, eso en primer lugar. Nuestro no,
ministro, es a su forma de proceder, que le quede bien claro. Es a una forma de proceder reiterada en la que están instalados. La segunda idea que le quiero decir con la misma claridad es que nosotros tenemos una
opinión clara, pero no vamos a entrar al debate de lo que regula este real decreto. Si ustedes hubieran querido entrar, y lo hubieran hecho de una forma simplemente razonable, le aseguro, señor ministro, que nosotros podríamos estar
acordando con ustedes muchos extremos, pero así no se puede. Con este tipo de actuaciones es imposible acordar cosas que, sin embargo, nosotros podemos estimar que son razonables. No se le olvide: no es solo adónde se llega, sino también por
dónde se camina, porque la razón del punto final no es solamente -por cierto, vamos a ver dónde queda todo este mundo del audiovisual, que todavía usted y yo somos bien conscientes de lo que nos queda por recorrer- adónde quiere llegar cada cual,
sino sobre todo está en que demos los pasos de una forma que hasta el momento el Gobierno, una, dos, tres veces, y no sé cuántas veces más, se niega a dar de la forma en que desde el primer día debió dar, atendiendo a las normas, hablando con la
gente, razonando y mostrando una visión de conjunto del mundo audiovisual.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Beloki.
Para la fijación de posición por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro de Industria, señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió va a fijar su posición respecto al debate que estamos celebrando el día de hoy, la convalidación del Real Decreto-ley de la televisión
digital terrestre de pago, en función de las consideraciones que vamos a analizar, desde el punto de vista de los contenidos de este real decreto, también de los consumidores, que nosotros pensamos desde Convergència i Unió que son una parte muy
importante de la convalidación y del aspecto y objetivo fundamental que persigue este real decreto, y finalmente también vamos a fijar nuestra posición en función de un análisis importante de los aspectos formales.
Si empezamos por los contenidos, señoras y señores diputados, señor ministro, señor presidente, creemos que la mayoría de los aspectos más relevantes e importantes incorporados en este real decreto podrían ser compartidos por los diferentes
operadores existentes en nuestro país, tanto desde el punto de vista de ampliación de la oferta televisiva, también desde un punto de vista del incremento de la competencia, como del mayor número de usuarios susceptibles de utilizar la televisión de
pago. Podríamos llegar a la conclusión de que mediante la utilización de la televisión digital terrestre de pago probablemente podría haber un incremento sustancial del mercado, basándonos en una lectura profunda del informe que ha remitido la
Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones. Es cierto que la TDT representa una ampliación de la oferta televisiva, especialmente por la transformación de un canal analógico en un canal múltiplex digital que permite, por lo menos, la
emisión de cuatro canales de televisión digital en definición normal o dos en televisión de alta definición ocupando el mismo espacio frecuencial que un canal de televisión analógica. Es una realidad que la introducción de la TDT de pago mediante
el acceso condicional aporta una nueva opción de negocio, al tiempo que mejora la calidad del producto televisivo, pues, al basarse en el pago de una cantidad por parte de los usuarios del servicio, solo los contenidos audiovisuales atractivos
tendrán una base de clientes suficiente. Es una realidad asimismo que este real decreto sobre la TDT de pago es una medida pro competitiva, entre otros por los siguientes motivos: porque al mismo tiempo permite, que no obliga, a las operadoras de
televisiones concesionarias de un múltiplex digital ofrecer un canal con contenidos más atractivos susceptibles de provocar en el usuario la disposición a pagar por él. En consecuencia, se fomenta la competencia entre las diferentes operadoras
concesionarias de televisión, dado que permite un nuevo servicio. También es cierto que facilita la innovación de las parrillas de programas al permitir combinar la televisión en abierto con la de acceso condicional pay per view, ya sea en función
de los horarios de acontecimientos o de las estrategias competitivas de cada operadora de televisión. Al mismo tiempo, permite la competencia entre las operadoras de televisión y las operadoras de telecomunicaciones, que cada vez ofrecen más
contenidos audiovisuales mediante tecnologías como la Internet Protocol para aquellos abonados que tienen acceso de banda ancha, como son los llamados productos de triple play: la voz, los datos y el vídeo. Con la medida propuesta en el real
decreto-ley el usuario podrá disponer de una oferta mucho más amplia de contenidos audiovisuales de pago. Continuando con los aspectos que consideramos positivos en este real decreto, se amplía el número de usuarios susceptibles de utilizar
servicios de televisión de pago, aumentando por tanto el volumen de mercado. Como SS.SS. saben, todavía hay muchas zonas del Estado español en las que no se dispone de accesos de banda ancha. Por tanto, las operadoras de telecomunicaciones no
pueden ofrecer los productos audiovisuales. Estos son algunos de los aspectos más importantes que incorpora este Real Decreto-ley sobre la televisión digital terrestre de pago.
Pero no es menos cierto que hay algunos aspectos que preocupan a nuestro grupo parlamentario, básicamente todos aquellos que hacen referencia al uso de estas nuevas tecnologías por parte de los usuarios, de los futuros consumidores que a
partir de ahora puedan acceder a esta nueva modalidad de televisión digital terrestre de pago. No es menos cierto que este real decreto es susceptible de algunas mejoras que consideramos relevantes.
Para poder asegurar todas estas ventajas
anteriormente detalladas se hace imprescindible
que en su desarrollo reglamentario posterior se pueda asegurar un aspecto muy importante, la interoperabilidad de las plataformas de pago o del acceso condicional. El usuario, señorías, debe poder acceder a todos los canales de pago con el
mismo sistema descodificador y debe obligarse a las operadoras de televisión a compartir encriptamientos o a compatibilizar los productos y/o los sistemas. La interoperabilidad debe recaer en las operadoras de televisión y no en los usuarios
televidentes, de la misma manera que para la televisión de alta definición se debe definir detalladamente un sistema único para todo el Estado. Este, señorías, es uno de los aspectos que más preocupa a nuestro grupo parlamentario y que justamente
no está recogido en este real decreto.
También hay otro aspecto, negativo desde nuestro punto de vista, que es el aspecto formal de cómo se ha planteado, de cómo se ha legislado y de cómo se ha tramitado esta iniciativa parlamentaria, este real
decreto-ley que hoy estamos discutiendo ante la Cámara. Creemos sinceramente, señor ministro, que el Gobierno en este caso no ha estado acertado, hubiera podido plantear otro tipo de legislación al respecto, hubiera podido incorporar este real
decreto en la Ley General Audiovisual. Cuando conocimos la existencia de este real decreto-ley, nos sumamos a las críticas que hicieron los diferentes grupos parlamentarios y algunos medios de comunicación en el sentido de que quizás hubiera sido
más acertado incorporarlo globalmente en la Ley General Audiovisual, como también mantuvimos esta posición cuando tratamos de la Ley de la financiación de la televisión pública, de Televisión Española. Por lo tanto, en este aspecto creemos
sinceramente que el Gobierno abusa de los reales decretos-leyes que a lo largo de esta legislatura continuamente viene planteando y que debatimos en esta Cámara, en el Congreso de los Diputados, y pensamos que ha llegado el momento en que quizás
tendría que cambiar de táctica, tendría que cambiar de sistema y tendría que plantearse en un futuro legislar a través de proyectos de ley para transmitir la sensación a la opinión pública de que no se actúa con precipitación, señor ministro, que no
actuamos con arbitrariedades. En definitiva, seguro que no está en su ánimo actuar con arbitrariedades y con precipitación, pero la sensación que tenemos los diferentes grupos parlamentarios y la que puede tener la opinión pública española no es la
que persiguen ustedes. Por lo tanto, entendemos que en este aspecto ustedes no han estado acertados, que quizá uno puede tener la sensación de que se actúa con cierta arbitrariedad, que se actúa con cierta discrecionalidad y que no se plantean en
el Parlamento legislaciones que deben gozar de la máxima transparencia. Por lo tanto, señorías, señor ministro, basándome en estos aspectos positivos que acabo de detallar y que son importantes, basándome en algunos aspectos muy importantes para
nuestro grupo parlamentario, como es tener en cuenta a los consumidores finales que, en definitiva, van a ser los clientes potenciales que van a pagar y que van a permitir que esta televisión de pago tenga buenos resultados y pueda subsistir a medio
y largo plazo, también en función de esta falta, de estos aspectos en que nosotros consideramos desde un punto de vista formal que no han actuado adecuadamente, vamos a proceder en consecuencia.
Muchísimas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
También para fijar posición, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Óscar López.
El señor LÓPEZ ÁGUEDA: Gracias, presidente.
Señorías, debatimos una vez más, y van muchas ya en las dos últimas legislaturas, sobre televisión en esta Cámara, sobre reforma del modelo audiovisual, y lo que ha quedado claro en la legislatura anterior y en la actual es que hay una hoja
de ruta clara, una hoja de ruta con tres pilares: reforma del servicio público de televisión, aumento del pluralismo informativo e impulso de la televisión digital terrestre. Si hacemos balance hoy y echamos la mirada atrás, hacia el año 2004,
podemos ver cómo la televisión pública hoy en España es líder, líder también en audiencia; una televisión saneada económicamente; una televisión desgubernamentalizada con acuerdo del Parlamento para la elección de sus órganos; una televisión que
también ahora tiene una financiación estrictamente pública, frente a una televisión pública en el año 2004 en la que éramos campeones en deuda y en manipulación informativa.
Si hablamos de televisión digital terrestre, lo cierto es que en el año 2004 toda la televisión digital terrestre estaba en manos de un solo operador, llamado Quiero Televisión, que ha quebrado. Hoy hay pluralismo informativo en la
televisión digital terrestre con un acuerdo con todo el sector que está representado en la televisión digital terrestre y hay un adelanto, además, al año 2010, lo que pone a España a la cabeza, frente al resto de Europa, en la transición a la
televisión digital. Si hablamos de pluralismo informativo, en el año 2004 en este país había tres televisiones privadas en analógico, una de ellas de pago, y hoy cuatro televisiones privadas en analógico, todas ellas gratuitas. Por tanto, la
reforma de la radio y la televisión pública, el impulso de la televisión digital terrestre y el aumento del pluralismo informativo en televisión se han cumplido a lo largo de los últimos cinco años.
Además de eso, hemos tenido reformas interesantes que hemos debatido recientemente aquí como, por ejemplo, liberalizar el sector audiovisual e impedir, a la vez, la concentración en pocas manos, hace poco lo aprobamos en el Parlamento,
evitando así episodios como el de Italia, que todos conocemos, donde los medios de comunicación están concentrados en muy pocas manos, ya sabemos de quién. Hoy damos un paso más en esa reforma, un paso definitivo, como es liberalizar el mercado de
la televisión digital terrestre de pago; una demanda que ha elevado desde hace dos años, como
ha dicho bien el señor ministro, el propio sector, que sabe que una de las patas del desarrollo de la televisión digital terrestre en este país es la televisión de pago.
Hemos oído aquí hoy argumentos y palabras gruesas y hemos hablado de una política arbitraria y abusiva y de aplicar rigor y seguridad jurídica en el sector audiovisual. Rigor y seguridad jurídica. La misma que tenía el señor Aznar cuando
en la televisión pública multiplicó hasta por cinco la deuda y recibió una condena por manipulación informativa de la Audiencia Nacional al señor Urdaci. (Aplausos.) Ese es el rigor del Partido Popular. La misma que dejó todo el desarrollo de la
televisión digital terrestre en manos de un operador que fracasó y quebró, Quiero Televisión. La misma que hizo que el Partido Popular, que se había comprometido con la sociedad a traer a esta Cámara una ley general audiovisual, fuera incapaz en
ocho años de dar seguridad a todo el sistema audiovisual, incluso con mayoría absoluta como tenía el Partido Popular. Rigor y política no arbitraria los que tenía el Partido Popular cuando utilizó a los amigos de pupitre para hacer operaciones
mediáticas para acabar con algunos grupos de comunicación en este país. Ese es el rigor y la no arbitrariedad del Partido Popular. O, por ejemplo, el rigor y la no arbitrariedad que aplica el Partido Popular en las televisiones públicas
autonómicas que son una vergüenza de este país, como Canal 9 y Telemadrid (Aplausos.), y la concesión también de algunas licencias en muchas autonomías. Señorías, rigor y seguridad jurídica es la que aplica el Partido Popular cuando en este país es
el único grupo político que ha aplicado boicots oficiales a medios de comunicación, un boicot decretado por el Partido Popular, señorías. Esa es la realidad, la seguridad jurídica y el rigor de quienes gobernaron ocho años España y dejaron el
sector audiovisual como lo dejaron.
Además, ha mencionado aquí el informe del Consejo de Estado como algo ocultado por el Gobierno. Quiero recordar a SS.SS. que este informe está publicado tanto en la página web del BOE como en la página web del Consejo de Estado. En todo
caso, le agradezco al portavoz del Partido Popular su lectura en esta tribuna, aunque, a pesar de lo que diga el señor Rajoy, le prometo que sabemos leer. No era necesario.
En todo caso, hablando de los argumentos que se han utilizado hoy aquí, se ha referido con profundidad al artículo 20 de la Constitución, aquel que garantiza la libertad de información y de expresión de todos los ciudadanos. El Partido
Popular tiene un curriculum acreditado en defensa del artículo 20 de la Constitución, por ejemplo, boicoteando a un grupo de comunicación. Eso es apostar por la libertad de prensa y por la libertad de opinión. Por ejemplo, ejerciendo episodios de
manipulación informativa, como aquel del señor Urdaci que recibiera una condena de la Audiencia Nacional. Eso es apostar por el artículo 20 de la Constitución.
Por ejemplo, aplicando el bochorno como el que he dicho en televisiones autonómicas
como Canal 9 y Telemadrid, que tienen el artículo 20 bastante lejos de su tarea diaria. O, por ejemplo, aplicando y defendiendo el artículo 20 de la Constitución, el Partido Popular hizo algo tan glorioso para defender el artículo 20 de la
Constitución como conceder un indulto al señor Liaño, que intentó aplastar la libertad de prensa en este país.
Eso fue defender el artículo 20 de la Constitución, señoría. (Aplausos.)
Señorías, en materia audiovisual el Gobierno de España tiene una hoja de ruta clara que se viene aplicando a lo largo de los últimos años y que tiene un balance. Hoy la televisión pública en España es una televisión líder, una televisión
saneada económicamente, una televisión con unos órganos desgubernamentalizados elegidos en esta Cámara por mayoría cualificada. Ojalá el Parlamento de Madrid y la Asamblea de Valencia pudieran elegir los órganos de dirección de Telemadrid o de
Canal 9. En estos años, señorías, se ha hecho un pacto con todo el sector que está representado en la televisión digital terrestre y hay pluralismo informativo en la televisión digital terrestre. En estos años se ha impulsado el adelanto del
apagón analógico del año 2012 al año 2010 y en estos años, con las reformas que ha promovido el Gobierno, se garantiza que España pueda ser líder en el nuevo sector de la televisión digital terrestre. Por todo ello, y en verdadera defensa del
artículo 20 de la Constitución, este grupo va a dar su voto favorable.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López.
- REAL DECRETO-LEY 12/2009, DE 13 DE AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES PARA PALIAR LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR LOS INCENDIOS FORESTALES Y OTRAS CATÁSTROFES NATURALES OCURRIDOS EN VARIAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. (Número de
expediente 130/000021.)
El señor PRESIDENTE: Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 12/2009, de 13 de agosto, por el que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridas en
varias comunidades autónomas. Para exponer las razones que han obligado al Gobierno a promulgar el real decreto-ley tiene la palabra el señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, subo a esta tribuna en nombre del Gobierno para solicitar a la Cámara la convalidación de un real decreto-ley que, como su nombre indica, trata de salir al paso de las necesidades de carácter extraordinario que
los afectados por los incendios acaecidos este verano en España, así como por las tormentas
que también han sucedido este verano, plantean. Quisiera comenzar esta intervención, que va a ser breve, haciendo una mención especial a la memoria de once personas, once víctimas que ha habido en estos incendios, algunos de ellos
ciudadanos, otros servidores públicos, víctimas que creo que merecen el homenaje en todo caso de esta Cámara. Como lo merecen el esfuerzo y la dedicación de los profesionales de las distintas administraciones públicas -ayuntamientos, comunidades,
Estado- que durante el verano, un verano especialmente duro en nuestro país y en general en todos los países del Mediterráneo, han trabajado para combatir estos incendios, veinticinco grandes incendios y muchos pequeños en los cuales -y este es
probablemente el único dato positivo de este verano difícil- se ha manifestado que nuestro esquema de coordinación en materia de protección civil, de extinción de incendios, entre las comunidades y el Estado y de estas administraciones con los
ayuntamientos ha funcionado de forma harto eficaz.
Paso a continuación a exponer brevemente, puesto que la Cámara conoce decretos similares, el contenido del que hoy me trae a esta tribuna, no sin antes explicar brevemente que el ámbito de aplicación está restringido a las comunidades
autónomas en las cuales ha habido incendios y vientos huracanados o tormentas espectaculares, pero que es un ámbito que tanto desde el punto de vista geográfico como desde el punto de vista temporal no está cerrado. Es decir, el real decreto-ley
habilita al Gobierno para tomar la decisión de extender la aplicación de las medidas que en él se contienen a otras comunidades autónomas o a otros fenómenos meteorológicos, ambas cosas al tiempo lógicamente, si es que estos pudieran producirse.
Nos hemos fijado una fecha, el 1 de noviembre. Se trataría, en última instancia, de atender a la mayor urgencia posible estas catástrofes si se produjeran, y por eso hemos dejando una cláusula de ampliación de las medidas de este decreto, que
lógicamente el Gobierno aplicará en el supuesto de que se dieran este tipo de incidencias climatológicas.
Las ayudas, con algunas modificaciones que SS.SS. han podido estudiar en el texto, son las que se recogen en otras normas de carácter general; las hay de carácter personal, para cubrir daños materiales en enseres, también en
establecimientos empresariales, que gestiona el Ministerio del Interior, que lo vamos a hacer en esta ocasión de manera descentralizada para procurar una inmediatez mayor. También hay ayudas excepcionales en materia de vivienda, incluida una línea
para alquiler en caso de destrucción total de la misma, por supuesto los créditos oportunos para rehabilitación y reconstrucción; hay ayudas a personas que hayan realizado prestaciones personales o de bienes y a corporaciones locales; hay ayudas
para municipios, en general, de infraestructuras municipales, me refiero básicamente a la red viaria, a las conducciones de agua y electricidad; hay, asimismo, indemnizaciones por daños en producciones agrícolas y ganaderas, que lógicamente deben
coordinarse con los correspondientes seguros agrarios; hay un conjunto de beneficios y reducciones fiscales que afectan al impuesto sobre actividades económicas y también a los rendimientos netos en el caso de los autónomos; hay medidas laborales
y de Seguridad Social que incluyen los expedientes de regulación de empleo, así como algunas exoneraciones en el abono de las cuotas de la Seguridad Social mientras duran las suspensiones de actividad de empresas que se han visto obligadas a
hacerlas en razón de estos sucesos; asimismo, hay -y voy terminando- líneas preferenciales de crédito, en concreto una del ICO de 25 millones de euros, para financiar la reparación o reposición de instalaciones agrícolas, forestales, ganaderas, de
regadío, industriales y mercantiles, del sector automoción, en general, así como locales de trabajo; hay medidas específicas de reforestación que afectan, lógicamente, al ámbito rural; y hay alguna flexibilización en materia de contratación en lo
que se refiere a los contratos que realiza el sector público y también se prevé en el real decreto-ley, como no podía ser de otra manera, la posibilidad de que se firmen los oportunos convenios de colaboración entre la Administración del Estado y
las administraciones públicas afectadas. Finalmente, y como suele ser habitual en este tipo de normas, se crea una comisión interministerial que va a tratar de agilizar las ayudas, de coordinar la actuación de los ministerios para que estas lleguen
lo más rápidamente posible a los afectados.
Nada más, señorías. Este es el contenido del real decreto-ley para el que el Gobierno pide esta mañana y en esta sesión la convalidación por parte de esta Cámara.
Señor presidente, señorías, muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Para fijación de posición, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra, en primer lugar, don José Luis Perestelo.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, permítanme, en nombre de Coalición Canaria, en primer lugar, mostrar también nuestra solidaridad con todos los afectados por los incendios forestales y otras catástrofes naturales. Ayer mismo se produjeron muertes
por catástrofes naturales en otro lugar del territorio del Estado. Desde aquí enviamos nuestra solidaridad a todas las personas que están afectadas, que incluso han perdido la vida en estos incendios forestales o en catástrofes naturales.
Permítanme también que exprese mi satisfacción como parlamentario que vive en una isla de Canarias, en la isla de La Palma, afectada este verano de una manera importante por los incendios; afectada no solo por lo que son los incendios
forestales en sí, sino por una nueva situación que se planteó con un incendio que esta vez surgió en zonas habitadas, en el medio rural de la isla, y
no, como es habitual, con un incendio forestal cuyo peligro es precisamente que derive hacia las zonas habitadas. Hoy aquí también quiero saludar de forma positiva la coordinación entre administraciones; en esta tribuna quiero valorar de
forma positiva la coordinación institucional, desde los ayuntamientos de Villa de Mazo y Fuencaliente al Cabildo Insular de La Palma, con su presidenta, Guadalupe González, al presidente del Gobierno de Canarias, diputados de la Comunidad Autónoma
de Canarias y también la Administración General del Estado con la presencia en la isla del propio presidente del Gobierno, señor Rodríguez Zapatero. Por tanto, mis primeras palabras tienen que ser para valorar positivamente la colaboración
institucional. No siempre ha sido así y es bueno que cuando así ocurre se pueda resaltar de manera que sea ejemplo para actuaciones, que ojalá no sean muchas, en lo que se refiere a los temas que estamos hablando.
Esta colaboración institucional ha propiciado, sin ninguna duda, tener un real decreto como el que hoy se somete a la convalidación en este Pleno que significa un avance importantísimo con respecto al de 2005. Creemos desde Coalición
Canaria que se da un avance notable en cuanto a la aplicación del propio real decreto, sobre todo, intentando que llegue a las personas verdaderamente afectadas, porque estamos hablando en el caso de la isla de La Palma de personas que han perdido
su trabajo personal durante muchos años, que estaba puesto en sus viviendas, en sus terrenos unidos a esas viviendas, que se han perdido en el incendio. Por tanto, estamos hablando de la sensibilidad de las personas y por eso valoramos que este
decreto establezca singularidades en relación con el territorio, porque, como todo el mundo sabe, no es lo mismo una superficie, una propiedad, un terreno en territorio peninsular que en un territorio insular, donde el terreno es más escaso por lo
que las valoraciones de los terrenos tienen que ser completamente diferentes al territorio peninsular. Esta singularidad se recoge en el real decreto y nosotros lo valoramos también de manera positiva.
Nos gustaría también que la agilidad que se establece en cuanto a la tramitación por parte de los interesados sea de verdad efectiva y que la maquinaria administrativa una vez más nos lleve a que pasen dos años y tengamos colectivos que se
reúnen para exigir el cumplimiento de los compromisos que han asumido las diferentes administraciones. Para que este compromiso sea real es necesario que se agilice la tramitación administrativa de los expedientes. El real decreto ya establece
criterios que van a favorecer esa agilidad en la tramitación. Espero y deseo que seamos todos capaces de articular las medidas de manera concreta y, sobre todo, de manera que los afectados reciban la ayuda cuando de verdad la necesitan, que es en
estos momentos y no quizá dentro de un año, dos o tres años, cuando no han tenido la posibilidad de recuperar esa propiedad.
También quiero hacer una valoración porque se refiere no solo a las pérdidas desde el punto de vista individual sino también desde el punto de vista colectivo, con lo cual la presencia de ayuntamientos, cabildos y gobiernos autónomos con el
Estado es importante. Ahí valoramos también el establecimiento de criterios de colaboración entre instituciones -como bien decía el señor ministro en la presentación- para resolver y para resarcir de los daños colectivos que se han producido. Y
sobre todo, señor ministro, algo con lo que también estamos de acuerdo y que nos parece importante en el real decreto: cuando se habla de establecimiento de convenios de colaboración con comunidades autónomas -en Canarias también pensamos que con
los cabildos que tienen competencia en medio ambiente- en planes de prevención. Sin ninguna duda, la prevención es fundamental en temas de catástrofes naturales y sobre todo en incendios forestales. Por eso, Coalición Canaria -como digo- va a
apoyar la convalidación de este real decreto que hoy se somete a la consideración de esta Cámara.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Perestelo.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra don Francesc Canet.
El señor CANET I COMA: Gracias, señor presidente.
Señorías, avanzamos ya que desde nuestro grupo no tenemos ningún inconveniente en votar favorablemente la convalidación del real decreto-ley y en este caso sí que hablo en nombre de todos los compañeros diputados del grupo, con especial
mención a Joan Herrera, con el que nos hemos reunido sobre todo el mundo agrario de Cataluña. Aprobaremos esta convalidación, pero con algunos matices que voy a explicar a continuación. También me consta -y debe constarle evidentemente al señor
ministro- que Joan Herrera proponía, igual que nuestro grupo, otras vías de solución, como podría ser una orden ministerial. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) En cualquier caso, tenemos un real decreto-ley y
vamos a votarlo de manera favorable.
Queremos lanzar dos mensajes: primero, que tiene determinadas insuficiencias de contenido, que luego pasaré a comentar, y, segundo, que, desde el punto de vista competencial, las ayudas en caso de incendios
deberían ser distribuidas por la Generalitat de Catalunya.
En cuanto a las insuficiencias, nos llevan a plantear la necesidad de que sea tramitado como proyecto de ley. Las voy a resumir. En primer lugar, en cuanto a las zonas afectadas, he escuchado con atención que el señor ministro decía que es
un tema que no está cerrado, que el Gobierno está facultado para ampliarlo temporal y geográficamente. Consideramos que debe hacerse en algunos casos muy concretos y que, si llega el caso - esperemos que se tramite como proyecto de ley-, podamos
enmendarlo con algunas zonas que necesitan
estas ayudas. En segundo lugar, el sistema previsto en cuanto a seguros agrarios no es el adecuado. Los daños que provocan pérdidas en la producción esperada en los próximos años -por ejemplo, el caso de los cultivos leñosos- se han de
compensar independientemente de si se tiene o no póliza de seguros contratada debido a que no son asegurables.
Asimismo, estimamos que es insuficiente porque no se da cobertura a daños que puedan ser asegurados por seguros distintos del sistema de
seguros agrarios combinados. En cuanto a la posible exención del IBI, debería hacerse algo más. En la práctica, y con la actual redacción del real decreto-ley, no se concede de facto ninguna exención del IBI en las explotaciones afectadas por
granizo. El texto no ayuda a paliar daños padecidos a determinadas explotaciones afectadas. En cuanto a lo que se llama en el mundo agrario la neutralidad fiscal, si no se permite una neutralidad fiscal -o neutralización, si se quiere- este hecho
perjudicará gravemente a los agricultores afectados, debido a que para el Ministerio de Hacienda tendrán en 2009 unos beneficios extraordinarios, aunque durante el año fiscal 2010 no podrán percibir ingresos ni por su cosecha, porque durante 2009 no
cosecharon debido a los daños, ni por el seguro que habrán percibido durante el citado año 2009.
Para terminar quiero hacer un par de apuntes más. El Gobierno ha de tener presente las graves dificultades que padece el sector agrario en general, y los afectados en particular, y ser más sensible a esta situación. Las apelaciones a una
determinada moratoria son pertinentes. Otras veces se han permitido exenciones o disminuciones en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social -y no voy a citarlas todas-, por lo que esperamos que en su caso podamos hacerlo. Una ayuda
especial a las cooperativas, por ejemplo, un año de moratoria en la amortización, sería necesario tanto para cooperativas como para empresas, acondicionadoras, transformadoras y comercializadoras de fruta procedentes de las zonas afectadas. Por
tanto, votaremos favorablemente esta iniciativa, pero esperamos que se tramite como proyecto de ley para poder introducir modificaciones.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Canet.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Muchas gracias, señora vicepresidenta.
Seré muy breve. Estamos hablando de la convalidación de un real decreto.
Otras veces y en otros temas mi grupo siempre ha criticado que se esté gobernando a base de reales decretos. En este caso puede ser un real decreto justificado,
aunque nuestro grupo considera que tramitándolo como proyecto de ley mejoraría y se ampliarían muchas carencias que tiene, porque las casuísticas y las necesidades son diferentes. Las medidas urgentes para paliar los daños que presenta hoy el
Gobierno por medio de este real decreto-ley contemplan incendios y otras catástrofes naturales como lluvias torrenciales, huracanes, granizo, etcétera, que han derivado en muchos perjuicios, sobre todo a explotaciones agrarias y ganaderas, aunque
también a otras cuestiones como el tema forestal. En cuanto a los incendios, sin duda alguna se ha reducido el número de incendios que en el Estado español se estaban produciendo, incluso su gravedad, comparándolo con otros años, pero sigue
habiéndolos.
Hace una semana en esta misma tribuna defendimos una proposición no de ley presentada por otro grupo político sobre la sostenibilidad de los montes.
Por tanto, viene a colación que justo una semana más tarde convalidemos este real
decreto-ley. Quizá no es tan fácil suprimirlos porque no todo depende de la voluntad, pero un monte sostenible, limpio, cuidado, etcétera, reduce considerablemente el riesgo de incendios. Con independencia de que se tomen medidas para paliar las
consecuencias derivadas de los incendios, también se deben tomar para evitar su existencia. No se eliminan, ya lo sabemos, no nos hemos caído de la higuera ayer por la mañana, pero si no se lucha con métodos preventivos, todos serán métodos
paliativos y no solo se debe trabajar con estos últimos. Evidentemente, es mejor que haya medidas que por lo menos puedan paliar las consecuencias generadas por estos incendios. Hay que actuar sin duda alguna. Las medidas que contempla este real
decreto-ley engloban catástrofes generales por inclemencias meteorológicas -además de por incendios- adversas y extraordinarias: granizadas, lluvias torrenciales, etcétera. Mi grupo no tiene nada que objetar sobre la necesidad de estas medidas
para paliar de alguna manera aquello que se ha destruido.
Desgraciadamente, ocurre todos los años. No es una cuestión casuística porque ocurre, porque hay inclemencias meteorológicas, porque cada vez hay más incendios. Cuando decimos que el
cambio climático es algo que verdaderamente existe y que está generando estas cuestiones no estamos hablando del cuento de la lechera, no es un invento de cuatro científicos. Por tanto, debemos estar preparados, porque estas cosas pueden ocurrir.
Se deben seguir ofreciendo medidas paliativas, como decíamos, que aunque no los solucionen, los eviten. Sabemos que no tiene vuelta atrás, sobre todo en las explotaciones agrarias y ganaderas, en los cultivos y en los forestalistas, porque lo
perdido perdido está y no se vuelve a recuperar, pero se puede paliar. De alguna manera, con ayuda se sobrelleva mejor. Las medidas que se plantean nunca son sustitutivas sensu stricto. Mi grupo, además de estar de acuerdo con la necesidad de
unas medidas para paliar este problema, sean estas u otras, tiene alguna duda, creo que razonada. Mi grupo apoyará estas medidas, pero repito que tiene algunas dudas, tal como han mostrado también algunos grupos políticos.
El Gobierno clasifica en nueve grupos centrales los tipos de ayudas. Por una parte, medidas fiscales: bienes inmuebles, IAE, reducciones en el IRPF y en el IVA,
etcétera. Por otra parte, subvenciones a entidades locales por aquellas infraestructuras que se hayan deteriorado, destruido o que necesiten reparación. Tenemos un tercer grupo de indemnizaciones a producciones agrícolas y ganaderas;
medidas laborales y de Seguridad Social, con ciertas exenciones o moratorias según el caso; medidas en contratación; medidas para paliar los daños producidos en personal y enseres; medidas excepcionales en materia de vivienda -el ministro ha
incidido en este apartado que es muy amplio, para alquileres, reparación, rehabilitación e incluso reconstrucción, si fuera necesario-, en materia de líneas de crédito y en restauración medioambiental y forestal, que es un apartado que compete
totalmente al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.
Nuestras dudas. La pregunta sería: ¿Son suficientes estas medidas que plantea el Gobierno para todos los desastres, para todos los incendios que ha habido? Son necesarias, sin duda alguna. ¿Son suficientes? ¿Están los criterios de
reparto bien establecidos o quizás habría que marcar otros parámetros, otras variables que no se contemplan en este real decreto-ley? ¿Abarca a todos los damnificados o queda gente exenta, comunidades que deberían estar incluidas en este reparto?
¿No se ha quedado alguna que otra comunidad o colectivo fuera de este reparto? Aunque estas medidas y ayudas sean necesarias, consideramos que algunas quedan incompletas. Creemos que se pueden mejorar y se pueden establecer parámetros globales que
no dejen fuera a nadie. Para completarlas con estos criterios y con la participación de todos, introduciendo aquellos elementos que nos hacen considerar que estas medidas, por muy bien que estén, son todavía insuficientes, es interesante que este
real decreto-ley sea tramitado como proyecto de ley, precisamente para eso, para completarlo, para mejorarlo y para que nadie se quede fuera. Vistas estas insuficiencias y diciendo claramente que mi grupo apoyará este real decreto-ley, somos
partidarios de que se tramite como proyecto de ley.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Agirretxea.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Tarruella.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió también quiere manifestar su solidaridad con todos los afectados por los incendios de este verano, sobre todo, en aquellas zonas como Canarias o Cataluña donde ha costado vidas
humanas. Estamos al lado de los afectados por los incendios, así como por las fuertes inclemencias meteorológicas que tanto daño han hecho en cosechas y en viviendas.
Quiero empezar manifestando que apoyaremos la convalidación de este decreto-ley porque contiene medidas positivas, medidas necesarias, medidas importantes, pero es insuficiente y se queda corto. Por ello, nuestro grupo pedirá después su
tramitación como proyecto de ley de manera urgente. Quiero hacer especial hincapié en el temporal de piedra y de viento huracanado que afectó a diferentes comarcas de la provincia de Lleida, provincia por la que yo soy diputada: el Segrià, la
Noguera y algunas zonas limítrofes del Pla d'Urgell, que se vieron afectadas de una manera especial el día 1 de agosto. Aquí, entre nosotros, se encuentran presentes -a quienes quiero mandar un saludo- representantes de organizaciones agrarias y
empresarios agrícolas de esas zonas afectadas.
He dicho que este decreto-ley tiene apartados buenos, pero he añadido que es insuficiente, sobre todo por el daño que ha producido en algunas de las plantaciones. Voy a referirme de manera especial a
las zonas de la provincia de Lleida.
Señorías, en el cultivo de maíz se ha visto afectada severamente la cosecha de este año, provocando la pérdida de prácticamente toda la totalidad. Respecto a la fruta dulce, se ha visto afectada de tres maneras distintas y con una diferente
magnitud. En muchísimas hectáreas, 14.000 solamente de la provincia de Lleida, se ha visto afectada la producción de este año; en otras, se han perdido futuras producciones porque se han visto afectados los órganos productivos de esos frutales.
Nos estamos refiriendo a una zona que alcanza más de 500 hectáreas. En otras zonas de las plantaciones la intensidad de las tormentas de viento y piedra ha afectado también a los árboles. Toda la plantación deberá replantarse, por lo tanto, en los
futuros años tampoco van a tener producción y además están afectados también los sistemas de riego, las redes antipedrisco y todo ello deberá ser repuesto. Convergència i Unió cree que debemos de tener en cuenta el coste de la reposición de todas
estas instalaciones de riego, de tutoraje y de mallas antipiedra que no quedan cubiertos con los seguros agrarios que habitualmente pueden hacerse. Consideramos que los daños que afectan a la producción agrícola esperada en este año 2009 quedan
cubiertos por los sistemas combinados, pero los daños que provocan esa pérdida en los producciones esperadas en los próximos años, sobre todo en los casos de los cultivos leñosos, deben compensarse independientemente de si se ha contratado o no esa
póliza de seguros porque estos daños, señorías, no son asegurables. Este decreto-ley es totalmente insuficiente al no dar cobertura a los daños que pueden ser cubiertos por seguros distintos del sistema de seguros agrarios combinados. Resumiendo,
creemos que la filosofía que se debe seguir respecto a los daños de producción de 2009 susceptibles de ser cubiertos por el sistema de seguros combinados y que afectan a las producciones futuras deben ser cubiertos por las ayudas del Estado al
seguro agrario y a los daños en instalaciones agrícolas.
Señorías, echamos en falta en este decreto-ley medidas excepcionales para que en el ejercicio fiscal del año 2009 los gastos de difícil justificación por la estimación directa
de la declaración de la renta de las personas físicas sean de un 10 por ciento más y se permita la libertad de amortización para los empresarios agrícolas. Se ha de tener presente -lo he dicho antes pero quiero repetirlo- que durante este
año 2009 los agricultores que tienen la cosecha asegurada percibirán el importe de la cosecha 2008, más la indemnización del seguro durante el mismo año fiscal. Si no se permite una neutralidad fiscal, este hecho perjudicará gravemente a los
agricultores afectados debido a que para Hacienda tendrán en 2009 unos beneficios extraordinarios, aunque durante el año fiscal 2010 no podrán recibir ningún ingreso ni por su cosecha, porque en 2009 no cosecharon, ni por el seguro que habrán
recibido durante este año. La única manera de salvar esta problemática es permitir una neutralidad fiscal, que los ingresos del seguro se imputen al año fiscal 2010. Asimismo, es imprescindible poder incrementar los gastos de difícil
justificación, ya que los agricultores tendrán durante este año unos costes extraordinarios debido a los trabajos de recuperación del potencial productivo de plantaciones, como los trabajos de retirada de fruta, el incremento de número de horas a la
poda, la reparación de las instalaciones de tutoraje y riego, etcétera. Realmente todos estos conceptos son de difícil justificación.
Este decreto-ley debería ampliarse en lo relativo a la Seguridad Social de los trabajadores agrarios, a los empresarios y a los trabajadores fijos de estas empresas, así como a las cooperativas agrarias en las zonas afectadas. El
decreto-ley contempla una amortización, una moratoria.
Señorías, una moratoria no significa en este caso ninguna ayuda, ya que supone que lo que no pagas hoy, lo pagarás más adelante; en este caso, durante tres meses de 2010 deberán pagar el
doble. Una auténtica ayuda sería permitir a los afectados no pagar estas cotizaciones de la Seguridad Social durante un año, debido a que no podrán seguir realizando la misma actividad por los daños causados. El Gobierno ha de tener presente las
graves dificultades que padece el sector agrario en general y los afectados en concreto y creemos que podría ser más sensible a esta situación. Otras veces el Gobierno ya ha permitido excepciones o disminuciones en el pago de estas cotizaciones en
el pago a la Seguridad Social.
Señor ministro, a nuestro grupo parlamentario le habría gustado oír aquí, tal como le hicimos llegar, la incorporación de estas demandas, de estos tres o cuatro puntos concretos, por lo que pedimos que este decreto-ley sea tramitado como
proyecto de ley para poderlos incluir. Nos habría gustado que desde el 13 de agosto, fecha de este decreto-ley, se hubiera aprobado alguna orden ministerial que lo complementara. El señor ministro ha dicho que está abierto hasta el día 1 de
noviembre para que pueda incorporar zonas de diferentes territorios afectadas por las tormentas y que este decreto-ley no incluye. Repito que a nuestro grupo le habría gustado oírle que en este tiempo van a aprobar alguna orden ministerial que
contenga estos aspectos que consideramos importantísimos para las zonas afectadas y que echamos en falta. Por este motivo, y no por otro, apoyaremos la convalidación este real decreto-ley, pero también solicitaremos su tramitación como proyecto de
ley.
Muchas gracias, señorías.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Tarruella.
Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora De Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Señora presidenta, señorías, sean mis primeras palabras de recuerdo a las víctimas de los incendios forestales que se han producido en el transcurso del verano, en la confianza de que las medidas que se tomen eviten
que el próximo año nos encontremos aquí de nuevo lamentando las víctimas producidas.
Como ya viene siendo habitual en el mes de septiembre, el Gobierno trae hoy a la Cámara para su debate y aprobación un real decreto-ley que establece medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras
catástrofes naturales en varias comunidades autónomas, anunciando la posible aplicación de las medidas previstas a otros incendios y tormentas de características similares en el periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 1 de noviembre del año
2009. El real decreto-ley, señor ministro, bien parece una transcripción apresurada de lo aprobado en el año 2007 -entonces para paliar los daños producidos por los incendios en Canarias-. Se ha modificado la numeración del articulado, se ha
añadido algún punto referente a las tormentas, y poco más. Por ello, señor ministro, en el Boletín Oficial del Estado de 10 de septiembre se ha procedido a rectificar una serie de errores de numeración que con el apresuramiento se les pasaron por
alto. Un ejemplo de eficiencia, señor ministro.
Anuncio ya, señorías, el voto favorable del Grupo Parlamentario Popular a la convalidación del real decreto-ley -como no puede ser de otra manera-, pero anuncio también que solicitaremos que se tramite como proyecto de ley porque existen
diversos aspectos en el real decreto-ley -aquí se han enumerado casi todos ellos- que deben ser clarificados, en algún caso ampliados y en otros modificados. Me refiero, señorías, a aspectos en los cuales no se contempla que las tormentas,
pedriscos e inundaciones causan daños al arbolado y a otros elementos no incluidos en los seguros y no sujetos en las pólizas de seguros. Nos referimos al impuesto sobre bienes inmuebles, que no queda suficientemente especificado en el real
decreto-ley que hoy vamos a aprobar, y nos referimos también a los pagos a la Seguridad Social, como decía la portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Espero que todos los grupos apoyen la tramitación del real decreto-ley
como proyecto de ley.
Señorías, la voracidad del fuego ha arrasado vidas humanas, bosques, infraestructuras y tierras de cultivo.
Son, a fecha de hoy, casi 100.000 hectáreas las calcinadas en España, cifra muy superior a la reseñada en el real decreto-ley que cita la cifra de 76.000 hectáreas. Todos hemos sido testigos de los tintes dramáticos que adquieren los
incendios forestales en condiciones climatológicas adversas como las de este verano, y con abundancia de material combustible en el monte, como todos los años pero también y especialmente como en este verano. La situación de alertas en el
transcurso de los meses estivales ha sido una constante y digamos que lo que ha ocurrido ha sido una tragedia anunciada.
Señor ministro, tal vez pudiera despejar -si tuviera la bondad de escuchar a mis preguntas- alguna de las dudas que me surgen y que querríamos aclarar pues podría ser responsabilidad del Gobierno. (Pausa.) Señor ministro, lamento que no me
escuche porque espero su respuesta en su turno de réplica. ¿Cómo es posible que la política forestal estrenara titular diez días antes del inicio de la campaña de lucha contra incendios? ¿Comparte usted las declaraciones de un alto cargo del
Ministerio de Medio Ambiente en las que admite que han existido serias dificultades de coordinación en los medios aéreos en la lucha contra incendios forestales? ¿Qué alcance da usted a las declaraciones de la ministra de Medio Ambiente, y del
Medio Rural y Marino en las que afirma que hay que perfeccionar un poco más la prevención para no vivir situaciones dramáticas como las que hemos vivido este verano? ¿Cómo explica que el presidente del Cabildo de Tenerife denuncie que el Gobierno
no ha dado las ayudas prometidas por los incendios de 2007 y que se aprobaron aquí en un real decreto? ¿Va a ocurrir lo mismo con las ayudas que estamos ahora tramitando? ¿Cómo explica usted que, pese a las condiciones meteorológicas adversas y la
abundancia de biomasa forestal, haya habido tanto retraso en la contratación de medios? Fíjese: adjudicación de contrato para el servicio de nueve aviones de carga en tierra para la lucha contra incendios forestales, 9 de julio de 2009;
adjudicación de contrato para la prestación de servicios con cuatro aviones anfibios de 3.100 litros, 9 de julio de 2009; adjudicación del contrato de servicio con cuatro aviones de comunicación y once vehículos de mando avanzados para el apoyo en
la lucha contra incendios forestales, 24 de julio de 2009, y no es hasta el Consejo de Ministros de 17 de julio cuando se aprueba un acuerdo para contratar un servicio de doce helicópteros. Es decir, se hizo tarde y se hizo mal. ¿Cómo es posible
que en el incendio ocurrido en los terrenos militares de San Gregorio, en Zaragoza, se tardaran cinco horas en permitir el acceso de los servicios civiles con el resultado y la consecuencia de que se calcinaran 6.000 hectáreas?
Señor ministro, hemos oído las declaraciones que ha hecho su Gobierno de que se van a invertir 10 millones de euros en 2010 para reforestar los terrenos incendiados. Imagino, señorías, que son declaraciones no meditadas en el contexto de
alguna vista a las zonas incendiadas. Y digo que son declaraciones no meditadas por varios motivos. De un lado, porque el Gobierno no tiene competencias para efectuar reforestaciones en las comunidades autónomas; de otro, porque hablar ahora del
plan de 45 millones de árboles transcurrido ya un tercio de la legislatura es una prueba evidente de que ustedes no han hecho nada todavía; y, en tercer lugar, usted sabrá, señor ministro, que después de un incendio no siempre es conveniente
proceder a la reforestación. Muchas veces hay reforestación natural, otras veces en las zonas quemadas y según la época del año pueden ser prioritarios trabajos complementarios para mitigar los posibles efectos de posteriores lluvias, como está
ocurriendo ahora, o retirada de tratamiento de la biomasa forestal quemada o colaboración en el control de plagas. Estas declaraciones que han hecho miembros de su Gobierno deben ser contestadas hoy, aquí y ahora. Nosotros estamos por conceder las
ayudas que este real decreto-ley otorga, por supuesto, pero queremos que se tramite como proyecto de ley y que usted hoy, aquí, nos conteste a estas preguntas que empañan la actuación del Gobierno en la lucha contra los incendios forestales este
verano.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora De Lara.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Alonso Núñez.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Estamos debatiendo una norma, la convalidación de un real decreto-ley que tiene una gran importancia y una amplia repercusión en el territorio español. Se trata de un real decreto-ley que pretende reparar los daños producidos en las
economías de particulares, de empresas en infraestructuras de titularidad municipal que, como consecuencia de los grandes incendios forestales de este verano y las fuertes tormentas de viento y granizo, se han visto afectados gravemente, al igual
que varias comunidades autónomas. Desgraciadamente, algunas pérdidas de estos sucesos ya no son reparables, como las más de once víctimas mortales de los incendios, algunos de ellos trabajadores de la extinción, a los que desde el Grupo Socialista
queremos rendir un sentido homenaje; también algunas heridas ambientales importantes que tardarán cientos de años en su total reparación. Cuando ocurren catástrofes de este tipo -los incendios, las inundaciones, el pedrisco, las riadas-, en España
se pone en marcha un importante operativo formado por miles de hombres y mujeres que se juegan la vida por los demás. El Grupo Socialista quiere reconocer y agradecer el trabajo que hacen estos miles de servidores públicos del Estado, de las
comunidades autónomas y de los ayuntamientos por una encomiable labor. Estos magníficos profesionales de la extinción, de las emergencias del Estado, que actúan en situación de riesgo en casi todos los casos, esperan de los partidos políticos que
mejoremos las medidas, que mejoremos la eficacia, que
aseguremos la coordinación, la colaboración y que seamos en los momentos difíciles comprensivos con las dificultades de un trabajo que no está exento de riesgos. Esto va para los señores del Partido Popular. Los profesionales de la
extinción no esperan querellas criminales, esperan valoración y apoyo en su trabajo, señores del Partido Popular.
(Aplausos.)
El paquete de ayudas que el Gobierno, el señor ministro del Interior, ha presentado con este real decreto-ley responde a un modelo ya experimentado en España desde hace años que se ha desarrollado a través de innumerables decretos-leyes, que
siempre han sido convalidados y aplicados con urgencia tras su votación en el Congreso de los Diputados.
De acuerdo con este modelo de ayudas se actuó en los incendios forestales del año 2005, en los incendios de Galicia de 2006, en los de Canarias
de 2007, en las compensaciones de daños por las inclemencias del tiempo en las riadas por el desbordamiento del Ebro, en las tormentas de Alcázar de San Juan... En definitiva, estamos hablando de un modelo de actuación en situaciones catastróficas
que anualmente se pone en marcha con las matizaciones precisas sobre la base de este real decreto-ley.
Vamos a convalidar un real decreto-ley que prevé la concesión de varios tipos de ayudas. Medidas fiscales, con la exención de la cuota del impuesto sobre bienes inmuebles, reducción proporcional del impuesto de actividades económicas,
exención de las tasas de tráfico y, en explotaciones agrarias, reducción excepcional de los índices de rendimiento neto para el cálculo del IRPF y del IVA. Medidas laborales y de Seguridad Social. Como siempre, exenciones y moratorias de hasta un
año en las empresas que hayan tenido que disminuir su actividad, subvenciones a actividades locales de hasta el 50 por ciento para la reparación de infraestructuras locales, ayudas por daños personales que ya están establecidas en un real
decreto-ley que se aplica con normalidad año tras año y que prevé indemnizaciones de hasta 18.000 euros en caso de fallecimiento. Ayudas en materia de vivienda para el alquiler hasta 6.670 euros por vivienda y año, para reparación hasta 20.000 y
para reconstrucción hasta 69.000 euros. Ayudas del ICO; un crédito inicialmente de 25 millones de euros ampliable con créditos de hasta cinco años con uno de carencia y un interés de un 1,5 por ciento. Y este año específicamente, porque ha habido
importantes daños en incendios forestales, un plan específico de restauración que se hará en colaboración y coordinación con las comunidades autónomas y que contará con una financiación especial del Gobierno de España.
Las medidas suponen un importante coste para las arcas del Estado, mucho más trascendente esta inversión económica en los momentos de actual crisis económica. Hemos oído de la mayoría de los grupos políticos que pretenden su tramitación
como proyecto de ley para introducir modificaciones o mejoras en este real decreto-ley. No sabemos si esas mejoras supondrán, en línea con lo que han dicho unos grupos políticos en otros debates, ahorro en el gasto público o un incremento de gasto
para las administraciones del Estado. Como decía, se trata de un modelo que se aplicó también, señora De Lara, durante los gobiernos del Partido Popular. Usted se ha leído ese real decreto de 2007, pero yo le invito a que se lea los reales
decretos aprobados en la época del Gobierno del Partido Popular y verá que algunas de las tipologías y ayudas son muy similares porque responden a un modelo asentado, consolidado ya en la Administración española, para actuar en situaciones de
catástrofe. Como decía el ministro, el real decreto, en cuanto a su aplicación territorial, es un decreto abierto, que en principio va a aplicarse para daños que se han producido en las comunidades autónomas de Cataluña, Andalucía, Aragón, Madrid,
Castilla y León, Castilla-La Mancha, Valencia, Murcia y Canarias, y la aplicación de estas medidas está abierta a sucesos o actuaciones que puedan haberse producido desde el 1 de marzo hasta el 1 de noviembre en cualquier otro ámbito del territorio
nacional.
Me ha sorprendido que en varias de las intervenciones se haya hecho mucho hincapié en una problemática local, y específicamente en una que tiene que ver con la compensación de daños en explotaciones agrícolas y ganaderas. Querría reiterar,
por si alguien lo ha olvidado, que hay un principio general asumido yo creía que por todos los grupos políticos, y es que en la compensación de daños en explotaciones agrícolas y ganaderas las ayudas irían destinadas siempre -y esto es un principio
de la política agraria española- a explotaciones que, teniendo pólizas en vigor amparadas por el correspondiente plan de seguros agrarios combinados, estuvieran situadas en un ámbito geográfico donde se hubiera producido la catástrofe y hubieran
sufrido pérdidas superiores al 30 por ciento.
No sé si he entendido bien las intervenciones, pero no sé si alguno de los portavoces que han intervenido están proponiendo eliminar este principio de que solo se ayude a las producciones y explotaciones asegurables. Este principio es el
que ha permitido que España en este momento tenga la política de seguros agrarios más avanzada de Europa, política que además deben saber SS.SS. que cuesta a los presupuestos del Estado más de 400 millones de euros anuales. Por tanto, si se
compensaran daños, pérdidas en explotaciones que tienen seguro y que no han asegurado, estaríamos simple y llanamente cargándonos la política de seguros agrarios. Además, específicamente para los daños que se han producido en cultivos leñosos, este
real decreto dice que se van a compensar los daños por las repercusiones que tenga no solo la reposición de la planta, cuando se haya producido un daño total, sino las pérdidas que puedan originarse en las producciones de las siguientes campañas.
En definitiva, creo que este es un real decreto que se ha tramitado en tiempo, en forma, con urgencia, que contiene un capítulo de medidas muy importante, de un coste importante para las actuaciones que va financiar y, por tanto, creemos que
debería requerir la aprobación de
esta Cámara y su aplicación inmediata en todos los territorios del Estado.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Alonso.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 4/2000, DE 11 DE ENERO, SOBRE DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA Y SU INTEGRACIÓN SOCIAL. (Número de expediente 121/000032.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Punto VII del orden del día: Debates de totalidad de iniciativas legislativas. Proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social. Para su defensa tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Trabajo e Inmigración.
El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Corbacho Chaves): Señora presidenta, señorías, me dirijo hoy al Pleno de esta Cámara para presentar y defender el proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley 4/2000, de 11 de enero, sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Se trata de un proyecto de ley que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 26 de junio, con el que el Gobierno pretende crear un marco adecuado para el desarrollo de una
política migratoria sostenible, integral e integradora que nuestro país necesita ahora y en los próximos años. A lo largo de la última década la inmigración se ha convertido en un asunto central en nuestro país, por la razón de que hemos pasado de
800.000 residentes extranjeros en 1999 a 4,5 millones en marzo de 2009, si bien más de 2 millones proceden de un país comunitario.
Señorías, el proyecto de ley que presento tiene un enfoque transversal y global sobre la inmigración, con el que se persigue, primero, coordinar la acción del Gobierno; segundo, implicar a todas las administraciones y a los agentes sociales
y políticos vinculados con su gestión; tercero, promover ese planteamiento a nivel supranacional, en particular mediante el diálogo con los países de origen y tránsito de la inmigración y en plena consonancia con la política común europea; y
cuarto, alcanzar con todo ello el mayor grado de consenso y de coordinación política y social.
En esta línea debe situarse la reforma legislativa que hoy presento como ministro de Trabajo e Inmigración; una reforma que se justifica por la
necesidad de dar respuesta a tres aspectos concretos. El primero de ellos es adaptar la Ley Orgánica 4/2000 a la jurisprudencia constitucional en materia de derechos fundamentales. El segundo, incorporar al ordenamiento jurídico español diversas
directivas europeas sobre inmigración aún pendientes de trasposición, lo que contribuye a reforzar la política común de inmigración y avanzar en la búsqueda de soluciones adecuadas para un fenómeno global. El tercero de ellos, adaptar el marco
normativo de la nueva realidad migratoria en España, pasando de una ley de extranjería a una ley de inmigración.
Señorías, seis son los objetivos fundamentales perseguidos por este proyecto de ley orgánica que determinan su contenido. Primero, garantizar a los extranjeros el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales. Debo recordar que la reforma
impulsada por el Gobierno del Partido Popular en el año 2000 vulneró derechos fundamentales de los extranjeros, y el Tribunal Constitucional declaró en varias sentencias de 2007 la inconstitucionalidad de diversos preceptos que regulaban, entre
otros, el derecho de huelga o la libertad sindical. En línea con esa jurisprudencia constitucional el proyecto de ley pretende afianzar su reconocimiento para todos los extranjeros. En este sentido, creemos que la igualdad en el ejercicio de
derechos que pertenecen a todas las personas es la base de cualquier democracia consolidada.
Segundo. Perfeccionar el sistema de canalización legal y ordenada de los flujos migratorios, atendiendo a las necesidades del mercado de trabajo.
El proyecto de ley consolida la política de inmigración laboral que vincula la llegada de
nuevos inmigrantes a las necesidades del mercado de trabajo. En esta línea se concreta el análisis de la situación nacional de empleo en el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, limitando las autorizaciones iniciales a una ocupación y
ámbito territorial concreto. Además, el proyecto de ley aborda la reforma de la reagrupación familiar como cauce legal de entrada en España. En concreto, se potencia una política migratoria donde la prioridad es la familia nuclear. Por eso, la
reagrupación de los ascendientes se condiciona, salvo razones humanitarias, a dos circunstancias: Que la persona reagrupante sea residente de larga duración y que la persona reagrupada tenga más de 65 años. Por otro lado, se hace posible reagrupar
a la pareja de hecho, exigiendo las garantías necesarias para probar la realidad de la relación.
Tercero. Reforzar la eficacia en la lucha contra la inmigración irregular.
Con tal fin, el proyecto de ley incorpora el desarrollo de un nuevo registro de entradas y salidas de los extranjeros en nuestro país. En los procedimientos de
repatriación se extiende el periodo de internamiento máximo de 40 a 60 días, pero también se incorporan nuevas garantías. Así, se permitirá a las ONG la entrada en los centros de internamiento. Las órdenes de expulsión podrán prever un plazo de
siete a treinta días para abandonar España voluntariamente. Y se fijan plazos de prohibición de entrada adecuados a las circunstancias de los extranjeros repatriados, con un máximo
de cinco años, en lugar de los diez que prevé la ley actual.
Cuarto. Favorecer las oportunidades de integración de los inmigrantes. Un aspecto destacado del proyecto de ley es la mejora de la integración de los inmigrantes, asumiendo los principios del Pacto europeo de inmigración y asilo de la
Unión Europea. Para ello, se aborda esta cuestión como parte esencial de la política de inmigración, apostando por un marco de convivencia de identidades y culturas diversas, sin más límite que el respeto a la Constitución y la ley. En esta línea
se garantiza la igualdad efectiva de hombres y mujeres que prevén medidas para favorecer el aprendizaje del castellano y las lenguas cooficiales, así como la escolarización de los menores.
Quinto. Potenciar las competencias de las administraciones públicas en materia de inmigración, reforzando los mecanismos de cooperación. Todos los niveles de la Administración se enfrentan al reto de la gobernación del fenómeno de la
inmigración. De ahí la importancia de que las actuaciones de comunidades autónomas y ayuntamientos se realicen en coordinación con la política de inmigración del Gobierno de la nación.
Sexto. Intensificar el diálogo con los interlocutores sociales y con las asociaciones de inmigrantes para la definición y el desarrollo de la política migratoria. En coherencia con este objetivo, el Gobierno ha dilatado la elaboración del
proyecto de ley, para así incorporar diferentes perspectivas y sensibilidades que, junto a las observaciones del Consejo de Estado y las del Consejo General del Poder Judicial, han supuesto mejoras del texto que hoy presento. El resultado es que
gracias a este proceso de participación y consulta el Gobierno está en condiciones de presentar un texto que refleja el sentir de la sociedad y de las diversas voces y realidades que la conforman. En todo caso, el Gobierno tiende la mano a los
grupos de esta Cámara para incorporar las mejoras necesarias en un clima de responsabilidad y búsqueda del consenso y confía en que, más allá de los intereses de partido, la actitud de SS.SS. en la tramitación de este proyecto de ley refleje que
estamos ante un asunto de Estado en el que debe prevalecer la convivencia y el bien común.
En definitiva, este nuevo marco normativo, coherente con la legislación europea y con nuestra Constitución, servirá para consolidar un escenario estable de seguridad jurídica para abordar la inmigración de los próximos años. Por todo ello,
señorías, solicito su apoyo para un proyecto de ley que consolida la inmigración legal y ordenada y refleja la necesaria vinculación de la llegada de trabajadores inmigrantes a las necesidades del mercado de trabajo; un proyecto de ley que rechaza
la inmigración irregular, para lo que incluye instrumentos eficaces para sancionar con más rigor a quienes la favorecen; un proyecto de ley que favorece la igualdad progresiva, apostando por la integración de los inmigrantes que viven y trabajan en
España y que contribuyen al bienestar colectivo en el marco de una política participada por todas las administraciones públicas. Una apuesta que ha de trascender a una simple coexistencia de orígenes y culturas para aprovechar la sinergia positiva
de la convivencia mutua y así profundizar en los valores de libertad, justicia y democracia.
Estoy convencido de que la colaboración responsable de los grupos políticos que representan a los ciudadanos en esta Cámara debe servir para hacer de este país un país mejor para todos. Al respecto, no quisiera concluir mi intervención sin
mencionar el contraste existente entre las actitudes manifestadas hasta ahora por los distintos grupos parlamentarios en un doble sentido. Por un lado, no puedo más que lamentar el comportamiento de aquellos que han apostado por la confrontación en
el trámite de esta ley. El Partido Popular ha renunciado a la moderación propia de un partido con vocación de gobierno y se ha situado en posiciones extremas que solo buscan el beneficio partidista, olvidando el interés de los ciudadanos. Además,
me parece poco adecuado políticamente utilizar Cataluña y su estatuto una vez más para tratar de deslegitimar la acción del Gobierno socialista. No debe olvidar el Partido Popular que el aspecto que discuten no es solo una previsión del Estatuto
catalán o del andaluz. Me pregunto si la dirección de este partido también ordenará a sus gobiernos autonómicos -al del señor Camps, por ejemplo- que renuncie a reivindicar una competencia estatutaria en materia de inmigración. Por el contrario,
el Gobierno valora muy positivamente la actitud leal y constructiva de los grupos políticos que han entendido que estamos ante una cuestión de Estado que obliga a sacrificar posiciones concretas en aras del consenso. Quiero, por tanto, reconocerles
públicamente la receptividad que tanto la secretaria de Estado e Inmigración, Consuelo Rumí, como la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en esta materia, Esperanza Esteve, y este ministro hemos encontrado por parte de estos grupos. Una
actitud que, si como espero se mantiene durante la tramitación, nos garantiza una buena ley, un marco normativo adecuado que regule el fenómeno de la inmigración en la España del siglo XXI.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.
A este proyecto de ley se han presentado tres enmiendas. La primera de ellas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que va a repartir su tiempo. En primer lugar, tiene la palabra el
señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, creo que en el inicio de esta legislatura hubo un diagnóstico: Que el Gobierno tenía que endurecer su discurso en torno a la inmigración.(El señor presidente ocupa la Presidencia.) El problema está en que este diagnóstico
llegó en un contexto de crisis que lo que necesita precisamente es cohesión, también con
aquellos que hoy son ya ciudadanos. El anteproyecto y el proyecto de ley es fruto precisamente de esa reorientación de la política, y lo que tenemos que decir es que hoy necesitamos políticas distintas a las que usted nos propone y
planteamientos distintos a los que nos trae la ley.
En un contexto como el actual, no de llegada sino de inmigración consolidada, el reto de una buena ley en materia de extranjería es garantizar la cohesión. Y la cohesión hoy pasa por el derecho
de voto, sí, pero no con las limitaciones de ese artículo 13.2, que lo que significa es la extraterritorialidad de las dictaduras, que el que no pueda votar en su país no pueda votar hoy aquí. Por tanto, hay que cambiar eso. Hay que solventar qué
pasa con los inexpulsables, que no tienen siquiera una cédula de inscripción, tratando esa irregularidad sobrevenida en la que se van a encontrar muchos precisamente porque no pueden cotizar en el último año. Esa era la orientación, lo que desde
Iniciativa-Verds y desde Izquierda Unida esperábamos.
Por el contrario, lo que hace el proyecto es reconocer pocos derechos. Es más, en su exposición de motivos deja bien claro que la persona legal, la persona residente será la que tenga los papeles legales, dejando precisamente en el limbo a
aquellos que no los tienen y dificultando el empadronamiento, como han declarado todas las entidades que hoy nos acompañan. Eso significa un aumento, pero no un aumento de la cohesión, señor ministro, sino de la precariedad, de la desprotección, de
la vulnerabilidad. Se vacía de contenido el artículo 6.3 y eso tiene consecuencias sobre la sanidad, sobre la educación, etcétera. Está bien que reconozcamos esos derechos que ni la legislación del Partido Popular pudo quitar a los inmigrantes, no
podíamos hacer otra cosa, pero lo cierto, precisamente, es que el redactado de la ley lo que hace es dificultar derechos elementos y básicos, lo que va a obstaculizar el trabajo de cohesión por parte de los ayuntamientos. Se imposibilita la
educación obligatoria, y eso no ayuda a la cohesión, señor ministro.
Además, se adquiere un discurso, por ejemplo, en la reagrupación familiar, que no obedece a la realidad. Les voy a poner un ejemplo. La reagrupación por ascendientes en el año
2008 fue de 450 personas. ¿Es eso un problema? Creo que no. Por tanto, no pongamos esas limitaciones que ustedes han planteado en la ley. En materia de menores, ustedes tratan al menor, en primer lugar, como a un irregular y no como a un menor,
contraviniendo, por tanto, la Convención de derechos del niño de Naciones Unidas, y podría continuar, continuar y continuar.
Señor ministro, se lo digo sinceramente, creo que la ley fue diseñada para encontrarse con el Partido Popular y que se encuentra desbordado por un Partido Popular que va a hacer hoy -creo que va a ser así- bastante demagogia en torno a la
inmigración. Lo que le traslado es que esta enmienda lo que intenta es decirles que sí, que pueden transitar, pero por otro camino, no con el diseño para el que fue pensada la ley. Creo que hay un elemento paradójico para que esta ley, desde una
perspectiva progresista, no se deba votar, y para nosotros son los CIE, los centros de internamiento de extranjeros. Aumentan el período de retención por haber cometido una falta administrativa de 40 a 60 días, afectando al artículo 17 de la
Constitución, el derecho fundamental a la libertad.
Sabe usted que los CIE son la institución más vulnerable, la que ha llevado más controversia en nuestro ordenamiento jurídico por parte de diferentes sectores. En los CIE no existen las garantías
que existen en un centro de internamiento. No existe un cuerpo especializado, lo vigila el Cuerpo Nacional de Policía; ni existe una instancia judicial cuyo cometido sea precisamente el respeto de los ingresados. Esta es la realidad de los CIE y
lo que no se solventa con la ley.
El Tribunal Constitucional, en su sentencia del año 1987, decía claramente que ese carácter restringido y excepcional de la medida de internamiento se refleja también en la existencia de una duración máxima, de modo que la medida de
internamiento no puede exceder en ningún caso de los 40 días -lo decía el Constitucional en el año 1987-, y ustedes hoy lo amplían a 60 días. El argumento no es esa directiva del retorno, la directiva de la vergüenza, porque ustedes saben que esa
directiva no obliga a la ampliación; el motivo es, supongo, que entenderán que así podrán proceder a mayor número de expulsiones, cuando saben que la realidad es que si no se producen expulsiones es porque cuestan mucho dinero.
Nosotros queríamos garantías de que hay derechos de verdad y de que hay un régimen específico, pero no las hemos encontrado; y no lo hemos dicho nosotros sino el Consejo General de la Abogacía, que hablaba del ordenamiento, de lo que se ha
regulado, como una lamentable operación de imagen por la que tendrán que pagar miles de personas. Repito que no lo digo yo, sino que lo decía el Consejo General de la Abogacía.
Señor ministro, nosotros decimos que tal y como se establece la regulación no puede ser, porque resulta absolutamente imprescindible, por ejemplo, garantizar el control judicial de la ejecución del internamiento, para lo cual ha de
encomendarse a un órgano judicial velar por el respeto de los derechos de los extranjeros durante el internamiento. Decíamos que el proyecto debía resolver algo tan crucial como es la detención, la determinación del juez competente para el control
de los CIE, y eso no lo hace la legislación. Decíamos que se tenía que avanzar no solo para que se pueda comunicar a organizaciones no gubernamentales, sino para que estas puedan participar y, en definitiva, puedan facilitar su colaboración a
aquellos que están internados. Usted sabe que hoy los CIE son un limbo jurídico que afecta al artículo 17 de la Constitución, y la legislación que nos han traído deja a los CIE como lo que son, ese limbo jurídico en el que existe una pena de
privación de libertad por una falta administrativa.
Es cierto que en algunos casos la ley ha mejorado pero, permítame que se lo diga, hemos ido de guatepeor a Guatemala, se lo digo en estos términos. Hay un
ejemplo clarísimo. Ya no piden penas de prisión para quien sea solidario con una persona que está en una situación irregular, eso es positivo, pero se mantienen las multas para aquel que invita o acoja a personas de origen extranjero. Y
eso nos preocupa, porque lo que estamos es, sí, estigmatizando la solidaridad. Nos preocupa y no solo a nosotros; ayer mismo les preocupaba a varias entidades la redacción en torno a esta materia.
Termino, señor presidente. Nosotros no queríamos un compromiso genérico de que vamos a trabajar en mejorar la ley, nosotros queríamos un compromiso concreto. Sabemos que en esta ley no se dilucidan los temas competenciales, porque usted,
como ministro y ministro catalán que es, lo que va a hacer, como no puede ser de otra manera, es cumplir con las leyes aprobadas, también con el Estatuto, con las leyes orgánicas. De eso no tengo ningún género de dudas. Pero lo que ha llevado a
Iniciativa Verds y a Izquierda Unida a presentar esta enmienda a la totalidad es que nos identificamos con esa crítica que existe por Amnistía, por CEA, por Cáritas por las redes de acogida, por asociaciones de jueces, de juristas... Por tanta y
tanta gente que no entiende que esta sea la ley que el momento requiere y que un Gobierno de progreso debería aprobar.
Por eso -acabo, señor presidente- lo que le pedíamos era un compromiso de modificación concreta de la ley y no lo hemos
encontramos. Le digo que vamos a continuar trabajando en el trámite, pero también le digo que esta enmienda lo que expresa es el sentimiento, el análisis, el diagnóstico de mucha gente que ve en esta ley ese discurso duro en torno a la inmigración
y esa política nada realista.
El señor PRESIDENTE: Señor Herrera, debe acabar.
El señor HERRERA TORRES: Acabo, señor presidente.
Porque lo realista es simplemente una política que entienda lo que es la inmigración y que hoy lo primero es la cohesión, que estamos en un contexto de necesidad de cohesión social y que este no es el instrumento apropiado para abordarlo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrera.
Señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Nosotros estamos convencidos de que el grado de madurez de la sociedad española -madurez democrática-, el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, el nivel económico, e incluso los resultados de la gobernación de un partido
socialdemócrata, hubiera tenido que conllevar un proyecto de ley distinto. Lo decimos desde la honradez de nuestra coherencia. En el año 2004 les pedimos que modificaran la Ley de Extranjería del Partido Popular y no quisieron. A pesar de ello,
les dimos apoyo en la regularización sin rechistar, intentando mejorarlo, pero sin rechistar. Hemos subido a esta tribuna multitud de veces a defender al Gobierno socialista para parar los embates demagógicos del Partido Popular, que utilizó desde
el año 2004 el tema de la inmigración como un ariete para erosionar a un gobierno de izquierdas, y en Cataluña además -lo digo con mucho orgullo- hemos hecho un Pacto nacional para la inmigración y una ley de acogida que va a aprobarse en el
Parlamento Catalán, que de alguna manera ya quisiéramos y postulamos que se haga también en el Estado español, porque solamente así es posible llegar a poder fundamentar políticas garantistas de derechos que cohesionen a la sociedad y que no dejen a
nuestros hijos una sociedad que francamente diría muy poco de nosotros. Y entendemos que con esta ley no vamos a ninguna parte. Ya lo dijimos en la tramitación de la Ley de Asilo, dijimos que eran malos augurios y ahora llega un proyecto de ley
que sinceramente creo que no está a la altura de un gobierno como el de ustedes, ateniéndonos a las siglas del Partido Socialista Obrero Español, porque, como decía aquel escritor, la sociedad capitalista requiere mano de obra, pero quienes llegan
son personas. Esta es la realidad y como tal tenemos que actuar.
Nosotros hemos hecho una enmienda a la totalidad que pretendía remarcar o singularizar todo aquello que no nos gusta y si hubiéramos encontrado tres o cuatro cosas que no nos gustasen, quizá no hubiéramos llegado a la enmienda a la
totalidad, pero es que hay muchas cosas que no nos gustan, y esta es la manera que tenemos los de izquierdas y los grupos minoritarios de avisar al Gobierno. No nos gustan muchas cosas y por eso estamos en esta tribuna. Repudiamos que no se
plantee una ley integral, una ley de inmigración, no una ley de extranjería. Nuestra sociedad tiene que hablar de leyes integrales de inmigración. No nos gustan, no compartimos -el compañero Joan Herrera lo ha dicho y coincidimos absolutamente-
los endurecimientos de régimen sancionador; no compartimos la regulación de los CIE; no compartimos el tema de la reagrupación familiar; no compartimos cuestiones relacionadas con la invisibilidad de temas tan flagrantes y vergonzosos como que no
se plantee la modificación del Código Civil y que todavía hoy día, para alcanzar la nacionalidad, muchos de los nuevos catalanes, de los nuevos españoles, tengan que esperar diez años para iniciar el proceso. Esto nos avergüenza. No digamos ya,
como republicanos, todo lo que tiene relación con el ámbito del sufragio y la participación en todas las contiendas electorales. Que todo esto quede invisible a nosotros nos avergüenza un tanto. Además, hay cuestiones relacionadas con la vivienda,
con la enseñanza, una panoplia de situaciones y de variables que no nos gustan y aparte de no gustarnos, nos sentimos muy alejados de las soluciones que ustedes han proyectado.
Esto no quiere decir nada. Quiere decir que todavía el trabajo es más
duro. A nosotros se nos pueden achacar muchas cosas, pero gandules no lo somos. Por
eso, desde antes del verano nos pusimos en contacto con el ministro, con la secretaria de Estado, con los compañeros del Grupo Socialista y les dijimos que nosotros estamos para trabajar y escorar la ley hacia la izquierda, porque si no lo
hacemos nosotros, quizá lo harán otros, y como además la demagogia del Partido Popular será extraordinaria, no vaya a ser que ustedes se vayan asustando en el contexto ciertamente en el que vivimos. Por eso les dijimos que tenemos todo un
planteamiento de soluciones, que es posible acercarnos y ustedes -debo decirlo porque si no faltaría a la verdad- no nos dijeron no a nada. Es cierto, no nos han dicho no a nada. La diputada socialista doña Esperança Esteve ha puesto mucho empeño
en decir que hay posibilidades de mejorarlo mucho, pero no han pasado de aquí. Todo lo ven con interés, con simpatía, hay margen, hay posibilidades, ¿pero cómo podemos llegar a esta tribuna y decir solamente que la diputada doña Esperança Esteve y
el ministro se comprometen a trabajar en clave de izquierdas? Solamente hay este compromiso y nosotros les pedíamos un papelito escrito, un parrafito para cada uno de los temas que planteábamos.
A nivel competencial, ciertamente, queremos que las comunidades autónomas participen con sus criterios en el libramiento del permiso de larga duración y también de la nacionalidad, sí, señor, ¿por qué no? Y queremos garantías. Por cierto,
señor ministro, si no estoy equivocado -porque la ley la tengo en la cabeza pero no toda-, no se dice que las ONG podrán entrar en los centros de internamiento, sino que los extranjeros internados se podrán poner en contacto con ellas. Nosotros
pedimos que puedan entrar, y los diputados y los senadores, también los de los territorios que ustedes llaman autonómicos. En definitiva, ustedes tienen un decálogo de temas firmados por Gaspar Llamazares, por Joan Herrera y por Joan Ridao y son
diez temas sobre los que queremos trabajar: nivel competencial, reforma del Código Civil, avance significativo en el derecho de voto -ya termino-, mantenimiento y mejora del tiempo de arraigo social, mayor protección jurídica a menores, aplicación
de la sentencia del Tribunal Constitucional respecto a los temas de vivienda y enseñanza, irregularidad sobrevenida, no ampliación de los periodos de internamiento en los CIE, garantías respecto a la creación de juzgados específicos, cambio de la
regulación familiar, sanciones. También creemos que vale la pena que se plantee la creación de una agencia estatal que armonice todos los trabajos transversales que exige una política moderna de inmigración. Estamos dispuestos a trabajar con
ustedes. Intentaremos hacerlo y llevarlos a nuestro terreno, que estoy convencido que es un terreno compartido por ustedes y por todas las izquierdas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra don Emilio Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, le vuelvo a saludar porque nos enfrentamos -en el sentido metafórico del término- por segunda vez esta mañana para glosar en este caso un proyecto de ley que ustedes han presentado, reflexiones apologéticas dignas de mejor
causa, señor ministro. Este proyecto de ley que ustedes nos presentan en relación con la extranjería es un acto fallido, que es una expresión conocida en el ámbito de la psicología clínica y en otros ámbitos que no es menester glosar. Es un acto
fallido porque no lo han hecho bien y no lo han hecho bien porque no lo han consensuado con los grupos parlamentarios y sobre todo no lo han consensuado con el sector, que aquí nos acompaña, sector relevante, vertebrado, organizaciones como Cáritas,
como Amnistía Internacional, como CEAR, todas críticas sin ninguna excepción.
No sé qué elemento de legitimación invocan ustedes en este momento más que los votos que ustedes mismos poseen y algunos otros que se les van a adherir, además por razones contrarias o, cuando menos, diferentes entre sí. Por lo tanto, señor
ministro, tengo que decirle que cuando usted ha expresado un agradecimiento de naturaleza genérica, exceptuando de ese agradecimiento al Grupo Popular, no sé si mi grupo, por haber presentado una enmienda de totalidad, está en el colectivo de los
que meritan el agradecimiento por su parte o está en el grupo de los que meritan las descalificaciones de grueso calibre que ha utilizado con el Grupo Popular.
Sí que le felicito por una cosa, señor ministro. Usted ha dicho que va a tender la mano. Lo va a necesitar. Va a tener que tender no una mano, sino las dos y las de todos los portavoces de su grupo parlamentario, porque en este proyecto
de ley todos los preceptos sin excepción, todos -y cuando digo todos no es una expresión retórica- van a ser objeto de enmiendas, sin ninguna excepción. Esto ya valdría una reflexión complementaria por parte del Gobierno. Si todos los preceptos
van a ser enmendados, alguna disfunción, algún problema de naturaleza ontológica o jurídica vinculado al respeto a los derechos humanos o a la jurisprudencia constitucional tiene que haber, señor ministro, porque, si no, resultaría un tanto
incongruente pensar que una ley que no tiene problemas sea objeto de enmiendas de naturaleza universal que afectan al contenido total de los preceptos de la ley. Esto nos retrotrae a lo que el conocido filósofo de la Escuela de Francfort,
Heidegger, comentaba en su obra maestra, que en alemán se tituló Caminos del bosque y que, como suele ocurrir, se tradujo al castellano, por razones que se me escapan en este momento, con el rótulo de Sendas perdidas. Al fin y al cabo el título es
lo de menos. El contenido material o la metáfora vital que Heidegger nos planteaba era la siguiente, señor ministro. La metáfora de la vida es que todos son caminos o todos nos encontramos con caminos que se pierden en la espesura, y el caminante
-y el paradigma del caminante en los tiempos que corren es el extranjero, el
inmigrante- espera conseguir la luz a la salida del bosque. Le aseguro, señor ministro, que Heidegger no convalidaría este proyecto desde la perspectiva de las expectativas para los inmigrantes y extranjeros de encontrar la luz a la salida
de esta espesura normativa que usted nos plantea, llena de vicios de inconstitucionalidad, incongruente con requerimientos de los tratados internacionales de derechos humanos y con vicios también atinentes a los títulos competenciales previstos en
el bloque de constitucionalidad. No considere que son expresiones agresivas ni de un partido desmesurado que ha perdido el norte. Se lo digo con absoluta tranquilidad y estoy en condiciones de probárselo y se lo probaré con mayor prolijidad cuando
se debatan las enmiendas a la totalidad.
¿Sabe cuál es el drama de este proyecto de ley, señor ministro? Usted lo sabe perfectamente y si no lo sabe, me parece un poco petulante pero se lo digo yo, se lo puedo glosar yo. Ustedes han intentado un escorzo jurídico metafísicamente
imposible. Ustedes han intentado convertir en compatibles las directivas comunitarias que trasponen, particularmente la 2003/86, la 2003/109 y algunas de las demás que son objeto de trasposición, con la sentencia, no sentencias, de 2007 -usted ha
expresado impropiamente el plural; hay una sola sentencia de 2007 que prevé los derechos de los extranjeros en el Estado español, que es la sentencia 236/2007- y a su vez coordinar o compaginar todo esto mediante un puzle de confección imposible
con las decisiones o requerimientos de los principios básicos comunes para las políticas de integración de inmigrantes aprobadas por la Unión Europea en el año 2004. Escorzos de esta naturaleza ni usted mismo es capaz de hacer, señor ministro, ni
usted ni nadie, ni Carnelutti. Podríamos llamar al jurista más insigne de la historia, pero es metafísicamente imposible coordinar todo esto porque son normas de sentido direccionalmente contradictorio, de una ontología manifiestamente opuesta
entre sí.
Aquí empiezan las disfunciones de esta ley. La primera y la que más me preocupa es la concepción paternalista del extranjero que rezuma e inspira toda la redacción de la estructura normativa del proyecto. Cuando ustedes hablan de que al
extranjero hay que formarle, desde una perspectiva integracionista, paternal y absolutamente irrespetuosa, incluso con requerimientos normativos de las declaraciones de derechos humanos, que hay que integrarle enseñándole cuáles son los
requerimientos de la Constitución española, cuáles son los requerimientos de la buena civilidad, tal como se entiende en un país civilizado como pretendidamente es el Estado español, cuáles son los derechos que debe respetar, cuáles son los
principios con los que debe convivir en un país en donde en la asunción por parte de los ciudadanos de nacionalidad española no están sobrados de interiorizar derechos, principios y conocimientos de esta naturaleza, ustedes están contradiciendo la
exposición de motivos de los principios básicos comunes para las políticas de integración que la Unión Europea preveía. La integración tiene que ser bidireccional, señor ministro. Nosotros a algunos extranjeros les podremos enseñar cosas y les
podremos ayudar a interiorizar determinados valores vinculados al sistema de derechos y libertades públicas previstos en los tratados internacionales y en la propia Constitución española, pero también a muchos ciudadanos españoles hay que
explicarles estas cosas, y los extranjeros también nos pueden enseñar muchas cosas a nosotros que no tenemos interiorizadas y que forman parte del núcleo esencial de derechos y deberes fundamentales que están previstos por tratados internacionales,
que se relativizan de forma peligrosamente creciente en materia de extranjería particularmente, no solamente en el Estado español. En Italia, en Francia y en otros países se están aprobando normativas particularmente preventivas que al fenómeno y a
los flujos migratorios les dan una dimensión de política criminal exclusivamente y que además vinculan de forma manifiestamente insolidaria los flujos o los contingentes de extranjeros que pueden llegar a las necesidades de un mercado de trabajo
deletéreo, porque cuando se utilizan conceptos metajurídicos como que habrá que atender a las necesidades de empleo de la nación -de la nación española, me imagino que se referirán ustedes a esa-, yo no sé a qué se están refiriendo, porque esas
necesidades de empleo son fluctuantes. Hay empleos que están vacantes pero que ningún español quiere asumir nunca. ¿Cuáles son y cómo van a medir o mesurar esas necesidades de empleo a efectos de configurar un flujo o un contingente de extranjeros
que pueda penetrar -nunca mejor usada la expresión- en este país, en el Estado español?
Yo le aconsejo desde una perspectiva de filosofía y de ontología que haga una reflexión complementaria a la que han hecho para fundar los principios filosóficos de esta ley que contradice la bidireccionalidad de las estructuras de
integración de los extranjeros más democráticas y más avanzadas del mundo. Se lo digo a usted, pero voy a hacer una obiter dicta, si me lo permite, señor presidente. Voy a mirar a los diputados de la bancada socialista que se van a encargar de la
tramitación de esta ley, porque aquí sí me encuentro con diputados de los se puede preconizar que tienen de verdad fenotipo progresista. A usted también se lo digo, señor ministro, por qué no.
Al margen de esto -entro ya en el contenido de la ley-, aquí se puede refutar, como bien decía el señor Tardà, casi todo. Desde una perspectiva competencial, ustedes no respetan los títulos competenciales prácticamente de ningún estatuto de
autonomía. Yo no sé por qué usted hacía esa imputación al Partido Popular para ver qué haría el señor Camps en la hipotética situación de que tuviera que reivindicar determinadas competencias. Ustedes no respetan las competencias en materia de
integración social de ninguna comunidad autónoma, en tanto en cuanto esta ley las tabula de forma tan prolija que la anulación de los títulos competenciales autonómicos se produce de facto. Ustedes vulneran las competencias
competencias en materia de adopción internacional contraviniendo no solo la legislación autonómica foral, en el caso de Euskadi, sino incluso los requerimientos de la legislación internacional como el Convenio sobre adopción internacional de
La Haya. Ustedes perturban hasta el Convenio Económico de la Comunidad Foral de Navarra y nuestro Concierto Económico en relación con las tasas y devengos por los procedimientos administrativos que se producen bien para el reconocimiento de
derechos o bien para la incoación de expedientes sancionadores. Ustedes vulneran las competencias en relación con el acogimiento de menores, que son competencias estatutarias específicas en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, en el Estatuto de
Autonomía de Euskadi y en todos los demás, y así le podría glosar una larga relación de vulneraciones competenciales, pero -y esto es lo más preocupante- ustedes vulneran derechos. Ustedes vulneran derechos particularmente en un doble ámbito, uno
de los cuales es el ámbito del internamiento. Yo les aconsejo a ustedes ya -porque la pelota está en su campo- que lean detenidamente un informe de la Universidad Complutense en el que se acreditan nada menos que seis motivos de
inconstitucionalidad con relación al incremento del periodo de internamiento; seis motivos de inconstitucionalidad que no gloso yo sino la Universidad Complutense, los catedráticos de la cátedra de Derecho Internacional de la Universidad
Complutense. Lo mismo ocurre en materia de reagrupamiento, donde la limitación a la familia nuclear, con una excepción absolutamente deletérea que permite una actuación administrativa de naturaleza puramente arbitral y discrecional,...
El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, debe acabar.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ:.va a mantener que sea imposible reagrupar a ascendientes.
Termino, señor presidente, diciendo que hay algunas cosas que rayan ya lo vergonzante, señor ministro, y no lo tome como una ofensa. Que a una mujer extranjera en situación irregular, víctima de un delito de violencia de género, en virtud
de lo previsto en la ley y en el plan del año 2004, vaya a denunciar que es objeto de violencia de género por su cónyuge o pareja y que por estar en situación irregular pueda ser repatriada es algo que a ustedes les desacredita ab initio. Solamente
por esto se podría presentar esta enmienda de totalidad.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Rafael Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, trae usted hoy a la Cámara el proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica de Extranjería, un proyecto de ley que habían anunciado hace tiempo y que mi grupo parlamentario había solicitado reiteradamente, pero que tengo que
decirle que no ha culminado las expectativas que todos teníamos en ello y que preveíamos como un elemento que supusiera una adaptación de nuestra legislación a la situación actual de la inmigración y fundamentalmente un giro en lo que fue la reforma
de la Ley de 2003, hecha vía reglamentaria, que fue el reglamento del señor Caldera, su antecesor en el cargo.
Señor ministro, desde el año 2004 el señor Rodríguez Zapatero y su nuevo gabinete decidieron romper con la política de inmigración y los acuerdos con el Partido Popular que habían dado a luz esa ley y esa reforma del año 2003. Lo hicieron
de forma unilateral, lo hicieron en contra de lo que ya empezaba a ser una normativa comunitaria iniciada en la cumbre de Sevilla, destinada a favorecer la llegada de las personas que venían a nuestro país a través de la inmigración con un contrato
de trabajo y con una oportunidad de desarrollo para su vida. Fruto de ello fue ese reglamento Caldera, pactado con la izquierda, en contra de los que habíamos pactado, verdad, la ley y la reforma de 2003, esa nueva política de regularizaciones
masivas, del papeles para todos que ha convertido a España en el coladero de Europa y en el paraíso de las mafias que trafican con personas.
El nuevo Gobierno inició en ese momento una nueva política inmigratoria que sin tener en cuenta nuestra capacidad de acogida ni la evolución de nuestro mercado laboral, abría nuevas vías para la llegada masiva de extranjeros no solo de forma
legal sino, de manera muy intensa, de forma ilegal. Consecuencia de aquel efecto llamada generado ha sido un drama humanitario cuya cara más trágica la ha constituido la pérdida de cientos de vidas de personas en el mar. Lo que en 2004 aparecía
entre los ciudadanos españoles como la novena preocupación es ahora el tercer problema para los ciudadanos que residen en nuestro país, según el Centro de Investigaciones Sociológicas, por delante del terrorismo, la vivienda, las drogas y solo
superado por el paro y la crisis económica, una crisis económica que azota además dramáticamente a estas personas extranjeras llegadas de fuera y que el Gobierno ha sido incapaz de paliar afrontando las reformas necesarias cuando era preciso.
Durante los cinco últimos años el número de extranjeros residentes legalmente en España casi se ha triplicado: de 1.670.000 hace cinco años, hemos pasado a 4.625.000. Le rogaría que intentara actualizar las cifras que nos ha dado esta mañana en la
tribuna, porque nos ha ocultado usted que en el segundo trimestre de este año ustedes han concedido 130.000 nuevos permisos de trabajo y residencia, a pesar de la situación de crisis económica y a pesar de esas declaraciones suyas tan demagógicas en
las que manifestó que España no necesita más trabajadores extranjeros. Ese es el problema, que ustedes dicen una cosa y hacen otra.
Señorías, en el año 2004 el 86 por ciento de los inmigrantes que estaban en nuestro país tenía una ocupación y un empleo; en el año 2009 solo lo tiene el 63 por ciento, 23 puntos menos. En 2004 el 76 por ciento de los residentes
extranjeros cotizaba a la Seguridad Social; hoy solo lo hace el 42 por ciento, 34 puntos menos. Según la encuesta de población activa hay 1.038.000 parados, el 28,39 por ciento de los trabajadores extranjeros está en desempleo y la diferencia
entre ocupados y cotizantes a la Seguridad Social nos alerta de que hay otros 800.000 en situación de precariedad y en la economía sumergida. Su política económica, su falta de reformas en materia laboral y sus improvisaciones permanentes se han
convertido, desgraciadamente, en el principal problema para los inmigrantes que residen en este país. Además el número de ilegales que viven en España tampoco se ha reducido y según algún sindicato podría estar en torno al millón de personas, a
pesar de las regularizaciones que han venido haciendo año tras año: 670.000 en el año 2005, pero 920.000 en el año 2007, y, por cierto, ahora parece que quieren vender ustedes que vienen menos o que se van más y usted sabe, señor Corbacho, que eso
es sencillamente mentira. Tiene usted los datos del segundo trimestre de este año -se lo he dicho antes-: 130.000 nuevos permisos de trabajo y residencia, 560.000 el dato interanual, que es la tercera cifra mayor de la historia de nuestro país.
Por lo tanto, bájese usted del limbo, bájese usted de las declaraciones demagógicas, bájese usted de las descalificaciones al partido de la oposición y, de verdad, haga algo para poner freno a esta situación que además lo único que hace es complicar
la vida de aquellos extranjeros que ya están aquí.
Este país lo que necesita son reformas y fundamentalmente un gobierno capaz de afrontar la situación de crisis económica, devolver confianza a los ciudadanos y crear empleo, y eso no es lo que está haciendo usted ni este Gobierno. Ustedes
han pasado del papeles para todos al problemas para todos y ya son las comunidades autónomas y los ayuntamientos los que tienen que pagar las facturas de sus errores. El Gobierno ha pretendido transmitir en los últimos tiempos -presionado por la
Unión Europea- que las cosas estaban cambiando, pero, señor Corbacho, ¿me puede decir cuál es el modelo de inmigración que quiere establecer su Gobierno? ¿Es el que hemos tenido durante estos últimos años? ¿Es un modelo de inmigración masiva o
quiere hacer, como pasa en otros países de la Unión Europea, un modelo de inmigración selectiva adecuado realmente a las necesidades de empleo y que por lo tanto facilite la integración de las personas que vienen, que van a seguir viniendo y que
deben seguir viniendo, según las profesiones y las situaciones, a nuestro país? No sé si este es el discurso radical que usted pretende endosarnos a nosotros, pero mi opinión es que esto no es sino sencillamente sentido común, cosa que a veces a
ustedes les falta.
Señorías, estamos ante una reforma que hoy presenta el Gobierno meramente cosmética. Perpetúa los principales defectos de la regulación Caldera, se modifican 50 artículos pero se hace en muchos de ellos en términos puramente semánticos. La
verdad es, señorías, que España no puede seguir soportando la llegada masiva de cientos de miles de inmigrantes cada año sin control porque nuestra capacidad de acogida, se quiera o no, es limitada, con crisis, señor Corbacho, o sin crisis, y este
proceso de falta de control lo único que hace es dificultar la integración de las personas que ya están aquí. En la Unión Europea la mayoría de los países han definido qué inmigración iban a favorecer y cuál no. Ustedes siguen sin hacerlo. Ellos
han sido capaces de determinar la carencias de su mercado laboral. Ustedes siguen sin hacerlo.
Este proyecto de ley contiene otras carencias importantes a nuestro juicio. El proyecto de ley sigue sin prohibir las regularizaciones masivas y desprecian el sistema de regularización caso a caso, que es el que ha aprobado la Unión
Europea. Tampoco regula el denominado por la Unión Europea sistema de equilibrios de derechos y deberes, que debería incorporarse a través del contrato de integración que ustedes desprecian aquí, pero que parece que quieren imponer en algún
territorio del país.
Parece pintoresco que ustedes hayan despreciado el intento, la idea o la iniciativa del Partido Popular de que las personas que vengan a nuestro país aprendan el castellano para mejor integrarse en nuestra sociedad y, sin
embargo, ahora en determinado territorio pretendan imponer uno de los idiomas cooficiales de ese territorio para poder dar determinados permisos. Además, limita el reagrupamiento de ascendientes, pero sigue permitiendo el reagrupamiento en cadena.
Mantiene y deja sin regular el arraigo a través de una ley y mantiene la regularización reglamentaria, que se ha convertido, es verdad, en un sistema que incentiva el efecto llamada, la llegada y la permanencia ilegal de personas que muchas veces
son sometidas a situaciones de explotación de todo tipo en la esperanza de que con el simple paso del tiempo su situación se regularice. Es el método de papeles para todos los que resistan, resistir como sea, y eso indudablemente coloca a esas
personas en graves situaciones de vulnerabilidad. Esto es algo que debe ser limitado. Señoría, a usted le gusta hablar mucho de la inmigración circular, pero estará conmigo en que lo único que ha hecho esa normativa para el retorno que consolidan
en la ley constituye un auténtico fracaso. No dude usted de que en la tramitación le presentaremos un modelo mucho más atractivo, mucho más eficaz y mucho más real para favorecer la entrada y salida de aquellas personas que vienen y que quieren
venir a nuestro país con un trabajo y tienen la posibilidad de obtenerlo.
Aún hay más. Señorías, ustedes no resuelven el caos administrativo de la Administración General del Estado con una política de inmigración cuyas competencias se siguen distribuyendo entre seis ministerios distintos que en ocasiones
resuelven sus diferencias a codazos. Le ha pasado a usted con el señor Rubalcaba varias veces, con la vicepresidenta o con personas incluso de su propio
gabinete. Además, tampoco establecen una correlación de actuaciones entre el Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Aun más, introducen la transferencia de permisos de primera estancia y trabajo a algunas comunidades
autónomas fragmentando el mercado laboral, dificultando la movilidad de un sector de trabajadores entre los que precisamente esta característica de movilidad favorece sus oportunidades y poniendo además en riesgo la capacidad de la Administración
General del Estado para planificar y ordenar el proceso en el conjunto de España.
Nosotros hemos presentado un recurso de inconstitucionalidad en esta materia. Usted debería haber hecho lo que le ha recomendado el Consejo General del Poder
Judicial y haber esperado, antes de introducir esto en una normativa legal y de haber aprobado de forma torticera -mediante un decreto- este proceso de transferencias, la sentencia del Tribunal Constitucional. No podemos seguir manteniendo un
sistema de entrada en nuestro país que invita al fraude masivo desde el mismo momento de la entrada y que luego pretende aparentar mano dura mediante instrucciones ilegales de redadas indiscriminadas como las que hace el señor Pérez Rubalcaba.
Estos son algunos de los motivos que nos hacen mantener esta enmienda a la totalidad, junto con otros que expondremos a lo largo de la presentación de nuestras enmiendas al articulado. No obstante, quiero manifestarle nuestra voluntad.
Nuestra voluntad, señor Corbacho, es poder llegar a un acuerdo con ustedes. Nosotros consideramos que la política de inmigración debe de ser una política de Estado. Así lo entendimos y lo llevamos adelante cuando estábamos en el Gobierno. Fueron
ustedes los que en 2004 y 2005 decidieron hacer justamente lo contrario. Por tanto, eso va a depender de usted, de su altura de miras, de su capacidad para pensar en el futuro y no solo en el presente y de llegar a ser capaz de establecer un
mecanismo y una norma que sea estable, un marco legal perdurable y consensuado entre el conjunto de las fuerzas políticas, pero muy especialmente entre las dos fuerzas políticas que aspiran a ser alternancia en este país, que somos alternancia en
este país y que vamos a gobernar en el futuro este país.
Ha hablado usted de los discursos extremos o duros. Yo no sé qué es lo que le parece a usted extremo o duro, pero le voy a recordar algunas de las manifestaciones que ustedes han hecho y que si las hubiera hecho mi grupo parlamentario
hubieran provocado la rasgadura de sus vestiduras. La señora Fernández de la Vega dijo el año pasado: los inmigrantes ilegales serán expulsados. Un inmigrante ilegal solo puede tener un destino: el retorno a su país -esa es suya-. Hay que
frenar la avalancha de ilegales; si somos laxos con la inmigración ilegal no habrá quien la pare -el señor Pérez Rubalcaba-. Usted: España no necesita más trabajadores extranjeros.
Yo no sé si esto es duro o no, pero indudablemente si lo hubiera
dicho mi grupo le garantizo que el señor Alonso nos habría crucificado. Ha hablado usted de derechos en este proyecto. Yo no voy a entrar en un debate de más derechos o menos derechos. Lo que sí hay en este proyecto de ley, aparte de
modificaciones relativas a la ampliación de los plazos de permanencia en el CIE, que no aceptamos y que vamos a enmendar, son limitaciones de los derechos de los inmigrantes legales, lo sabe usted, en materia de vivienda, de educación y de
asistencia jurídica gratuita.
El señor PRESIDENTE: Señor Hernando, debe acabar.
El señor HERNANDO FRAILE: Lo que usted ha hecho -y nosotros estamos de acuerdo con ello- en materia de derechos ha sido aplicar una sentencia del Constitucional, no que da nuevos derechos que sean efectivos, porque, señor Corbacho, ¿me va a
decir usted de qué forma va a ejercer un inmigrante ilegal el derecho a la huelga si no tiene derecho al trabajo?
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hernando.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra, en primer lugar, la señora Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.
Desde Coalición Canaria venimos reclamando una revisión en profundidad de la Ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social desde la legislatura pasada, así que mis primeras palabras deben ser
para aplaudir la oportunidad que tiene ahora esta Cámara de afrontar uno de los debates más importantes de la presente legislatura. Quiero subrayar expresamente la importancia del debate que iniciamos porque debemos ser conscientes de que las
decisiones que aquí tomemos van a conformar un mensaje para miles de personas que ya están en España y para muchos miles más que aspiran a atravesar nuestras fronteras a cualquier precio, incluso a riesgo de su propia vida.
Coalición Canaria no ha presentado ninguna enmienda a la totalidad a este proyecto de ley porque entendemos que sirve de base para el necesario debate. Ahora bien, la iniciativa del Gobierno, tal y como la trae a esta Cámara, está muy lejos
de contar con el apoyo de Coalición Canaria. Son muchas las cuestiones que deben cambiar y por ello serán múltiples las enmiendas parciales que presente mi grupo. La más sorprendente y grave laguna del proyecto del Gobierno tiene que ver con un
tema tan delicado como la situación de los menores extranjeros no acompañados. No es aceptable que comunidades como Canarias y Andalucía sigan afrontando en solitario un problema que es de España y de Europa, un problema que, de hecho, es
consecuencia de las políticas de España y Europa. La propia Comisión Europea, por boca de su vicepresidente, Jacques Barrot, ha reconocido la necesidad de aliviar la carga de los
territorios receptores de inmigración clandestina y de poner en marcha una política común europea en relación con estos menores. Hemos escuchado a distintos miembros del Gobierno hablar de sensibilidad del Ejecutivo hacia este problema; el
propio presidente Zapatero se comprometió durante su reciente visita a Canarias a abordar modificaciones legales a la situación de estos menores, que amplíen el margen de maniobra de las comunidades autónomas para trabajar en su integración social.
Pero hasta el momento lo que tenemos es un proyecto de ley sin novedades ni aportaciones relevantes en esta materia. Por ese camino que no cuenten con nosotros ni el Gobierno ni el Partido Socialista, y que no sea por falta de propuestas, pues las
haremos, igual que se las ha hecho ya el Gobierno de Canarias al Gobierno de España. ¿Cómo es posible que el mismo Gobierno que plantea modificaciones dirigidas a mejorar la situación de los extranjeros en situación irregular ignore por completo y
dé la espalda a la problemática específica de los menores de edad? ¿Cómo puede el Gobierno desconocer las propuestas que se le han hecho desde Canarias, que es la comunidad que mayor número de menores extranjeros no acompañados acoge? ¿Es justo
que el compromiso del Gobierno de España respecto a la situación de estos menores quede a la discrecionalidad del presidente o del ministro de turno? ¿Qué más necesitamos para que la implicación del Gobierno de España esté garantizada por ley?
Frente a la problemática de los menores extranjeros no cabe mirar para otro lado, ni aplazar la respuesta. La voluntad del Gobierno y del partido que lo sustenta debe plasmar en hechos modificaciones legales concretas. La credibilidad de su
Gobierno y de su presidente está en juego, al menos en lo que a mi grupo concierne.
Desde una perspectiva general, sorprende también la falta de compromiso del Gobierno con las consecuencias de las políticas de inmigración que le compete elaborar; muchas de las decisiones que el Gobierno adopta o propone al Parlamento
tienen repercusiones para las comunidades autónomas, que corren con los costes económicos de las mismas. Sin embargo, en ningún lado se contempla una compensación a las comunidades autónomas por esos sobrecostes y, lo que es peor, no se posibilita
ningún tipo de participación o información en procesos en los que tienen un interés directo. ¿Es razonable que el Gobierno plantee ampliar la cobertura sanitaria, educativa o los términos de la asistencia jurídica gratuita que reciben los
inmigrantes irregulares sin tener presente que la factura de esa ampliación la pagarán las comunidades autónomas y además de manera desigual? Pero este no es el momento de descender al detalle de los aspectos mejorables del proyecto de ley que
presenta el Gobierno, lo que procede ahora es reiterar la necesidad de una revisión a fondo de la Ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. El proyecto del Gobierno representa una magnífica
oportunidad para hacerlo y en Coalición Canaria asumiremos el reto con la altura de miras que exige la importancia de los asuntos a tratar. La voluntad del Gobierno y del partido que lo sustenta para alcanzar acuerdos determinará la posición
definitiva de Coalición Canaria. Ayer llegaron veinticuatro niños de Gambia a Tenerife, dos de ellos con menos de diez años. Eso no se va a cortar, eso va a seguir y tenemos la responsabilidad de enviar un mensaje a toda esa África y decir que
Canarias es frontera, que claro que los vamos a acoger, pero tampoco, señor ministro, cuando cumplen los dieciocho, después de ocho años de integración, se pueden dejar en el limbo legal.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Oramas.
Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señorías, en nombre del Bloque Nacionalista Galego, en relación con las enmiendas de devolución que se plantean hoy al proyecto de ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tengo que decir que
desde el momento en que el Gobierno anunció su intención de presentar al Congreso este proyecto de ley tuvimos serias preocupaciones, ya que se marcaban unos objetivos, que el ministro nos acaba de exponer esta mañana, como la adaptación de los
derechos de los extranjeros a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional o la ampliación de derechos de los inmigrantes que residan en territorio del Estado español, así como la trasposición de directivas europeas que, desde nuestro punto de
vista, preocupaban mucho y en su momento ya manifestamos nuestra posición contraria a las mismas. Por otro lado, también nos preocupaba y nos sigue preocupando el momento elegido para hacer esta modificación de la Ley que hasta ahora denominamos de
Extranjería, debido a que la situación de crisis pueda aflorar esos prejuicios que existen en nuestra sociedad y que se manifiestan en muchísimas ocasiones; y digo muchísimas porque, desde mi punto de vista, son siempre demasiadas. Esta
preocupación hizo que prestáramos atención al recorrido de la propuesta del Gobierno desde su inicio y, a día de hoy, tenemos que reconocer que entre el anteproyecto y el proyecto que llega al Congreso ha habido modificaciones debido al diálogo que
ha tenido el Gobierno con diferentes asociaciones, dialogo que nuestro Grupo también ha mantenido con muchas de ellas. Sobre esta base hemos hecho un análisis en profundidad de la propuesta que presentaba el Gobierno y tengo que decir también que
coincidimos con muchas de estas asociaciones en la valoración que hacen de este proyecto de ley.
Señor ministro, señorías, nosotros no votamos por la enmienda de devolución, pero sí tenemos que decir que hay muchas cuestiones del proyecto que presenta el Gobierno en esta Cámara en las que hay que profundizar
y afrontar mejoras en el trámite de enmiendas. Es necesario trabajar en el tiempo de internamiento de las personas que entran en situación de ilegalidad, en el tema del reagrupamiento familiar, así como en el derecho al trabajo de las
personas reagrupadas. Nos preocupa también la necesidad de mejorar aquellas cuestiones relacionadas con los derechos sociales, como son la educación, sin dejar de reconocer que en esta cuestión hay un avance en relación con lo anterior, aunque no
lo suficiente como para garantizar el derecho en igualdad de esas personas extranjeras que residan en territorio español. Asimismo, nos preocupan aspectos relacionados con las personas, fundamentalmente mujeres, que de manera ilegal están en el
territorio español y son víctimas de mafias de tráfico de personas. Por tanto, creemos que es necesario profundizar en alternativas que, al mismo tiempo que combaten las mafias, puedan facilitar a estas mujeres una salida digna de la situación en
que están, del mismo modo que a las mujeres que viven en una situación de violencia de genero. Son aspectos en los que es necesario trabajar y en esa dirección vamos a presentar nuestras enmiendas.
Si no hemos optado -y no lo vamos a hacer a día de hoy- por apoyar las iniciativas de devolución es porque, si bien podemos compartir las preocupaciones expresadas por el señor Herrera o el señor Tardà -o por lo menos la mayoría-, no
compartimos aquellas expuestas por el Grupo Popular y entendemos que en el proceso de enmiendas ese talante, por decirlo así, que nos han manifestado el Gobierno, por un lado, y el Grupo Socialista, por otro -la señora Esteve, como ya se hizo
referencia anteriormente-, tendrá un fruto positivo. Pero también decimos, señorías, que si este trámite no va a tener fruto positivo en aquellos aspectos que acabo de mencionar -o en la mayoría de ellos-, nuestro grupo, evidentemente, no va a
estar de acuerdo al final de este trámite en la votación que tengamos que hacer en esta Casa.
Señorías, quiero expresar mi agradecimiento a las asociaciones que tanto han trabajado en la valoración y análisis de esta ley, porque sus aportaciones -en la medida que compartimos muchas de sus inquietudes- nos van a servir para trabajar y
presentar enmiendas, porque entendemos que muchas de estas asociaciones, de manera especial Cáritas, tienen un conocimiento muy concreto, muy específico y muy real de la situación de estas personas muchas veces con dificultades sociales en el Estado
español. Por eso, señor ministro, señores del Grupo Socialista, aprovecho para pedirles ese talante de flexibilidad en este trámite de enmiendas para poder mejorar la ley, que siempre va a ser bueno no solo para el sector de ciudadanos extranjeros
que residan en España...
El señor PRESIDENTE: Señora Fernández Davila, debe acabar.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: ... sino para ese Estado social y de derecho que la Constitución dice que es necesario defender.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra don Carles Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, señor ministro de Trabajo, iniciamos la tramitación de la reforma de la Ley de Extranjería con tres enmiendas a la totalidad planteadas por tres grupos de la Cámara. Desde la perspectiva de Convergència i Unió
es evidente que hay razones que justifican perfectamente que el Gobierno presente este proyecto de ley.
Hay sentencias del Tribunal Constitucional que debemos incorporar a nuestra normativa, de hecho desde hace ya mucho tiempo; hay directivas de
la Unión Europea que también se deben incorporar y hemos sido ya advertidos por la Comisión Europea en este sentido; hemos aprobado recientemente nuevos estatutos de autonomía que refuerzan las capacidades de intervención de las autonomías en esta
materia y existe una nueva realidad que exige una nueva política en este campo. Es bueno también recordar, señorías, que a principios de esta legislatura se aprobó una moción de Convergència i Unió que, por esas razones, instaba al Gobierno a
presentar ese proyecto de ley, el que hoy empezamos a debatir. Hay razones, insisto, para que en esta legislatura acometamos esa reforma de la Ley de Extranjería. Pero existen también cuestiones de fondo que en estos diez largos años de explosión
del fenómeno migratorio en España no hemos resuelto bien, aquello vinculado a las políticas de integración y al control y gestión de los flujos migratorios. En estos diez años, y visto el impacto real que las migraciones han tenido en nuestras
ciudades, en nuestros barrios, en nuestras escuelas, en nuestros hospitales, podemos sentirnos satisfechos de cómo el conjunto de la sociedad ha recibido esa nueva realidad. Pero somos conscientes de que si entramos en las cifras reales de la
inmigración en España hoy, en el contexto socioeconómico en el que vivimos y en la perspectiva inmediata, o somos capaces de ordenar de otra manera nuestras políticas de integración y acogida y nuestras políticas de gestión de los flujos
migratorios, o quizás este país, esta sociedad, va a tener los mismos problemas y las mismas cuestiones planteadas en otras sociedades europeas. No podemos basar nuestra política de gestión de flujos en la idea de que desde la regularidad se accede
a España. Es cierto que se ha corregido -y eso en parte es un mérito del Gobierno en la pasada legislatura-, pero prácticamente desde el año 1999 la normalidad en el acceso a las fronteras de España ha sido por la vía de la irregularidad y la
posterior regularización de esa situación. En este sentido, a los portavoces del Grupo
Popular les recomendaría mucha prudencia cuando hablan de inmigración masiva, porque fue precisamente en los años 1999, 2000 y 2004 cuando se produjo el gran boom de las entradas en España. Necesitamos ideas claras en materia de integración
que sean capaces de equilibrar derechos con deberes, responsabilidades y medidas para resolver los problemas que se producen en los espacios donde los ciudadanos conviven.
Mi grupo ha podido compartir alguna de las polémicas manifestaciones del ministro Corbacho, porque responden también a alguien que ha gestionado el problema de la inmigración desde la cercanía de una gran ciudad catalana; quizás polémicas.
Hoy escuchábamos una afirmación del portavoz del Grupo Popular respecto al señor Corbacho detallándole alguna de esas afirmaciones, pero precisamente responden a la necesidad de un enfoque en materia de inmigración más centrado en los problemas
cotidianos de todos, de los que llegan y de los que ya están. Y es evidente, señorías, que tampoco podemos continuar desvinculando las políticas de desarrollo de las políticas de inmigración. Pero, además, desde una perspectiva catalana, desde la
perspectiva de una nación como Cataluña, desde la perspectiva de una sociedad nacional como la catalana, necesitamos poderosos instrumentos para gobernar las migraciones, para integrar a los nuevos catalanes en nuestra sociedad. Ese es el espíritu
del Estatuto de Autonomía de Cataluña, ese es el espíritu del Pacto nacional por la inmigración que en Cataluña hemos suscrito todas las fuerzas políticas, con excepción del Partido Popular, porque estamos convencidos de que la inmigración tiene que
ver con la identidad de los pueblos, de las naciones y con la capacidad de generar cohesión social y evitar la fractura social. Nos gusta recordar a Sami Nair que no es un nacionalista catalán, que recordó en el marco europeo que Francia necesitaba
poder tener sus políticas propias de inmigración porque la inmigración afectaba a la identidad francesa; Sami Nair fue asesor de Lionel Jospin en los gobiernos socialistas en Francia. En Cataluña hemos generado un consenso y una doctrina de
inmigración que poco o mucho se remonta a los años sesenta. Queremos que ese modelo catalán de integración pueda ser un modelo para el conjunto de España, basado en la idea de que es ciudadano de un país aquella persona que vive, reside en ese país
y se quiere integrar en el mismo.
Esas son las cuestiones de fondo que Convergència i Unió pretende plantear en este proyecto de ley. Es evidente que el proyecto que el Gobierno ha trasladado no responde a algunos de los retos que Convergència i Unió acaba de explicar, pero
hemos optado por no plantear una enmienda a la totalidad sino por presentar enmiendas parciales que nos puedan permitir discutir con todos los grupos de la Cámara sobre esas cuestiones e intentar alcanzar un amplio consenso. Hasta el momento hemos
encontrado una importante receptividad por parte de la portavoz del Grupo Socialista, la señora Esteve, por parte del ministro, señor Corbacho, y por parte de la secretaria de Estado de Inmigración, la señora Rumí.
Vamos a entrar en esas cuestiones
en los próximos días y en las próximas semanas. Pero es evidente, señorías, que no podemos votar esas enmiendas a la totalidad que se nos plantean, por diversos motivos. No podemos votar una enmienda a la totalidad que cuestiona el marco
competencial de Cataluña, como nos plantea el Grupo Popular, y que pone en riesgo en esta tramitación el pleno desarrollo del Estatuto de Autonomía de Cataluña y que, además, continúa insinuando y buscando los miedos -legítimos muchas veces- que la
inmigración provoca en muchos ciudadanos. Tampoco podemos compartir las enmiendas que nos plantean Izquierda-Unida-Iniciativa y Esquerra Republicana, porque, señorías, desde el paternalismo y desde el asistencialismo no se puede construir una
política de inmigración justa; una política de inmigración justa exige también una sabia combinación entre derechos y deberes, con responsabilidades, con formas inteligentes de afrontar los problemas de convivencia. Decía, señorías, que entramos
en este debate con esa vocación de consenso, también con vocación de escuchar a la sociedad civil, a la amplísima sociedad civil que está movilizada en relación con este asunto y que nos plantea cuestiones legítimas, seguramente aquellas que les
toca plantear a los representantes de la sociedad civil que trabajan cerca de los inmigrantes.
Nuestras enmiendas van a tener cinco orientaciones muy claras: reforzar claramente la necesidad de incorporar en nuestra legislación el esfuerzo de integración de los inmigrantes en la línea de lo que hoy los países de nuestro entorno están
planteando. Alguien decía -creo que era el señor Olabarría- que el proceso de integración es bidireccional, pero nuestra legislación debe dejar muy claro que el ciudadano extranjero debe hacer ese esfuerzo de incorporarse en los valores que
permitan la convivencia y de asumir el conocimiento de las lenguas, porque desde el conocimiento de las lenguas es posible esa integración y esa incorporación en nuestra sociedad, y plantear también en relación con la configuración del acceso a la
nacionalidad ese reconocimiento del papel de las lenguas. Tan solo hay que ver los debates en Alemania, planteados por el Gobierno de la gran coalición, o los debates en Holanda o las propuestas en Dinamarca o en Austria, que sitúan en el
conocimiento de las lenguas un factor esencial de la integración. Vamos a optar por blindar y reforzar las capacidades de Cataluña y también de los otros estatutos de autonomía como el andaluz, que permiten a las comunidades autónomas desarrollar
políticas en este ámbito en materia de contratación en origen, en materia de la utilización del primer permiso de trabajo y también en el pleno desarrollo de las políticas de acogida y de integración. Existe un enorme recorrido para permitir que
las políticas de acogida e integración de los gobiernos autonómicos sean exitosas en la medida que se vinculen a la residencia de larga duración, a la reagrupación familiar y a la consideración del arraigo. Vamos a apostar por un modelo de
gestión de los flujos distinto del de estos diez últimos años y habrá que ver e inspirarnos en aquello que están planteando el resto de los gobiernos europeos: inmigración cualificada, gestión de la inmigración temporal, y aprovechar
precisamente estos momentos de reflujo de los movimientos migratorios para ser capaces con las autonomías y con los agentes sociales de plantear el modelo de inmigración laboral que queremos de cara al futuro, porque el modelo de estos diez años,
una inmigración basada en bajos sueldos, en empleos de poco valor añadido, no es la inmigración que necesitamos en el futuro. Apostamos por reforzar la movilidad social ascendente y, por tanto, la inversión en jóvenes y niños y por trasladar el
espíritu del Pacto europeo de inmigración, que deberíamos ser capaces de alcanzar en esta Cámara, porque ese pacto puede inspirar una política compartida por la izquierda, por la derecha, por los nacionalistas, que nos permita inteligentemente
gestionar el flujo migratorio. Esa va a ser la posición de Convergència i Unió. Hoy, desde el rechazo a las enmiendas a la totalidad...
El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: ...abiertos al diálogo con el Gobierno y el resto de grupos y con vocación de alcanzar un amplio acuerdo que nos permita hacer de verdad que esa política funcione.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Esteve.
La señora ESTEVE ORTEGA: Señor presidente, señorías, he escuchado con atención todas las intervenciones que me han precedido y voy a referirme brevemente a ellas, además de situar la posición del Grupo Socialista ante esta ley. El ministro
ya ha señalado cuáles son los ejes básicos que dan sentido al proyecto de ley, pero añadiré alguna reflexión. El hecho migratorio en nuestro país tiene unas características que nos son específicas, distintas de las de otros países de nuestro
entorno, en relación precisamente con sus procesos y que han tenido y están teniendo un gran impacto en nuestra sociedad. La llegada de gran número de personas en menos de una década -ya se han barajado las cifras- distribuidas de forma desigual en
el territorio, con mayor concentración en zonas urbanas que presentaban ya importantes déficits arrastrados desde las migraciones internas de los setenta, nos llevan a porcentajes actuales de inmigración del 20, el 30, el 40 y hasta el 50 por
ciento. La diversidad de procedencias, de costumbres y de lenguas es una realidad y requiere por parte de todos un gran esfuerzo. Lo vemos en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Murcia, en Canarias y en mi propia ciudad, Santa Coloma de
Gramenet, además de en otras muchas. Tan importante como los elementos cuantitativos y de tiempo es que la incorporación se haya dado en zonas ocupadas -esto nos es específico como país-, altamente densificadas, generando procesos de sustitución de
una población por otra, magnificándose la percepción del otro y causando unas transformaciones importantísimas en las relaciones y en el espacio comunitario.
Una constatación más. La inmigración en España tiene fundamentalmente carácter económico. Su objetivo -el objetivo legítimo- es mejorar su situación, disponer de un empleo, alcanzar mejores niveles de bienestar y ayudar a sus familias.
Hemos de asumir por tanto nuestro papel dentro de un mundo global como sociedad receptora, y ya no como emisora, y entender que las personas que llegan a España han iniciado un proceso complejo y a menudo doloroso para poder cumplir su expectativa:
mejores condiciones de vida y un trabajo que lo facilite. En consecuencia, ¿cómo podemos dejar de vincular la llegada de una persona inmigrante con el trabajo, con su expectativa? Es pura demagogia decir que no hay que vincularlo. Por otro lado,
también hemos de asumir que para seguir con nuestro desarrollo y bienestar -a pesar de la crisis, que la vamos a superar- necesitamos de personas que aporten su esfuerzo, su talento y su trabajo en situación de igualdad, con derechos y obligaciones,
que puedan compartir un proyecto colectivo de país. Hay que mirar a las personas que llegan y hay que mirar a la sociedad receptora. He escuchado pocos comentarios aquí acerca de ella.
Todo ello nos obliga a tener un marco legal claro, que señale condiciones para la entrada, que apueste por la regularidad y por la integración, que ponga en sintonía a las personas y sus expectativas con la sociedad receptora y sus
expectativas. A la vez es necesario contemplar en la acción legislativa otros condicionantes del contexto: mercado de trabajo, modelo de bienestar, recursos públicos y privados, vivienda, espacio público, normativa europea, entre otras cosas, a
fin de que el resultado permita una incorporación más armónica, fortalezca las relaciones, y sirva por encima de todo para construir convivencia y cohesión social.
(Aplausos.) Esto se lo debemos a las personas que llegan. Pero les digo una cosa,
nos lo debemos a nosotros mismos como sociedad. A mi modo de entender, el asistencialismo o el buenismo no conducen a la plena ciudadanía. Algunos lo igualan al concepto de justo, y no siempre es así.
Señor Herrera, señor Tardà, les quiero mucho,
lo saben, pero no tienen patente de lo que es justo, y lo lamento. A mi modo de entender, les falta un poco de visión estratégica y una dosis de realismo. Pero a pesar de todo, revalido, reivindico la oferta que ya les hizo el ministro, que les
hizo el Gobierno, y que le hace este grupo parlamentario para seguir trabajando codo con codo, claro que sí, buscando consensos.
Señor Olabarría, su enmienda a la totalidad sinceramente no la hemos entendido. No sabemos si se basa en el anteproyecto, en el proyecto, pero en todo caso
estamos seguros de que nuestras diferencias son escasas. Por otro lado, lo que sí es injusto y conduce a la división y a la segregación son las políticas que consideran a las personas inmigrantes una mercancía ocasional, para ayudar al
mercado y a la economía, no importa en qué condiciones, favoreciendo la explotación, y donde el factor humano está supeditado a mantener el statu quo. Estas políticas son hermanas de la xenofobia, de las mafias, de los empleadores sin escrúpulos.
Además algunos se atreven a culpabilizar a los inmigrantes, hombres y mujeres, de buena parte de los males de nuestra sociedad, y esto es muy serio, porque es fácilmente contagioso. Como ejemplo, señores del Partido Popular, lo que ustedes están
haciendo ahora en la ciudad de Badalona; lo que hicieron en el Prat de Llobregat. (Aplausos.) Recurran ustedes a Internet. Menos inmigrantes, más párquines. Esto no es trabajar por la cohesión. Estos son discursos y eslóganes alarmistas que
siembran confusión y desconcierto, atizan el conflicto y están basados en la manipulación y el engaño. ¿Quién amenaza en realidad la convivencia? Vayan ustedes al Prat, vayan ustedes a Badalona y a Santa Coloma. Pan para hoy, hambre para mañana,
y muy pocas luces. Este es un tema estratégico que requiere esfuerzo, visión de futuro y sobre todo responsabilidad.
Por otro lado, tanto el Gobierno como mi grupo hemos tenido oportunidad de dialogar con todos los grupos de la Cámara, todos. Quiero agradecer el esfuerzo previo a todos y a cada uno de ustedes, porque lo que hemos hablado lo vamos a
trabajar, claro que sí. Tenemos un buen recorrido que hacer a partir de hoy. Doy las gracias a la señora Díez, a la señora Barkos, a doña Olaia, amiga mía. Gracias por su confianza. Reitero públicamente lo dicho. Vamos a trabajar codo con codo
y a incorporar todo aquello que mejore la ley. Igualmente quiero expresar nuestro agradecimiento a Convergència i Unió y a Coalición Canaria. Señora Oramas, trabajaremos el tema de los menores, usted lo sabe. El Gobierno está comprometido con
ello, este grupo parlamentario también, y seguro que vamos a llegar a un acuerdo, porque nos interesa la situación de Canarias, pero nos interesa también la situación de los menores en todo el territorio de España.
Señor Campuzano, qué le puedo decir. Alabo su responsabilidad. Al igual que le he dicho a la señora Oramas, a partir de hoy, de esta tarde, vamos a trabajar conjuntamente aquellos aspectos que a usted le preocupan, en especial el trabajo
desde la proximidad, desde el territorio, desde la comunidad autónoma, para ganar eficacia y ajustar los aspectos que faciliten la incorporación y el asentamiento, sin multiculturalismos, sin asimilacionismos, porque eso no lo quieren ni ustedes ni
lo queremos nosotros. Trabajaremos tanto en el marco del Estatut de Catalunya como en el de Andalucía o el de la Comunidad Valenciana, de la norma de la que nos hemos dotado. Para poner en valor el gobierno de la comunidad autónoma en materia de
integración estamos de acuerdo en compartir y trabajar dentro del marco estatutario. Si el Estado de las autonomías ha sido un acierto histórico, ¿cómo no lo va a ser para este tema? Principio de subsidiariedad y de competencia. Vamos pues a
avanzar en la integración sin temor. No nos debe dar miedo. Señor Hernando, superen sus miedos al modelo de Estado del que nos hemos dotado los españoles, y dejen de montar dudas y líos que solo perjudican a los ciudadanos y enfrentan a unas
comunidades autónomas con otras.
Para finalizar quiero destacar -no me lo quiero dejar y lo haré tantas veces como sea necesario- el papel de las organizaciones sociales, por su labor directa, de proximidad, y por sus aportaciones al proyecto de ley.
Les digo ya que estas
aportaciones van a inspirar un número importante de las enmiendas que vamos a presentar todos los grupos de la Cámara. Muchas gracias porque su papel es fundamental en la vertebración de nuestra sociedad.
Termino diciendo que el Gobierno y el Grupo Socialista que le da apoyo trabajamos para todos los ciudadanos, sea cual sea su condición y procedencia, para el bienestar individual y colectivo. Apostamos por una sociedad capaz de derribar
barreras, para convertir debilidades en potencialidades, y en este caso hemos apostado claramente para que todas las personas, además de vivir, podamos convivir.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Esteve.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN):
- REAL DECRETO-LEY 10/2009, DE 13 DE AGOSTO, POR EL QUE SE REGULA EL PROGRAMA TEMPORAL DE PROTECCIÓN POR DESEMPLEO E INSERCIÓN. (Número de expediente 130/000019.)
El señor PRESIDENTE: Antes de iniciar las votaciones, a los efectos de facilitar a SS.SS. la organización de sus agendas de trabajo, quisiera anunciarles que preveo, salvo sorpresas que no espero, que en la próxima semana tengamos Pleno el
martes por la tarde, que suspenderíamos la sesión entre las 20,30 y las 21,00, que las resultas de esa sesión, que ciertamente existirán, las examinaríamos el miércoles, después de la sesión de control, evidentemente con votaciones, y que el jueves
-he hecho así el planning- no tendremos sesión plenaria.
Vamos a iniciar las votaciones. En primer lugar, convalidación o derogación del Real Decreto-ley 10/2009, de 13 de agosto, por el que se regula el programa temporal de protección por desempleo e inserción. El voto sí es a favor de la
convalidación, y el voto no es a favor de la derogación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 338; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda convalidado el mencionado real decreto-ley.
¿Desea algún grupo parlamentario su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia? (Asentimiento.) Son varios los grupos que lo solicitan. En consecuencia, pasamos a votación la tramitación del real decreto convalidado
como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 338.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
- REAL DECRETO-LEY 11/2009, DE 13 DE AGOSTO, POR EL QUE SE REGULA, PARA LAS CONCESIONES DE ÁMBITO ESTATAL, LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE DE PAGO MEDIANTE ACCESO CONDICIONAL. (Número de expediente 130/000020.)
El señor PRESIDENTE: A continuación votamos la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 11/2009, de 13 de agosto, por el que se regula, para las concesiones de ámbito estatal, la prestación del servicio de televisión digital
terrestre de pago mediante acceso condicional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 183; en contra, 150; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda convalidado el real decreto-ley.
¿Algún grupo desea su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia? (Asentimiento.) El Grupo Parlamentario Popular lo solicita. En consecuencia, pasamos a votar su tramitación como proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 149; en contra, 183; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la tramitación como proyecto de ley del real decreto-ley convalidado.
- REAL DECRETO-LEY 12/2009, DE 13 DE AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES PARA PALIAR LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR LOS INCENDIOS FORESTALES Y OTRAS CATÁSTROFES NATURALES OCURRIDOS EN VARIAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. (Número de
expediente 130/000021.)
El señor PRESIDENTE: Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 12/2009, de 13 de agosto, por el que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en
varias comunidades autónomas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 339.
El señor PRESIDENTE: Queda convalidado el real decreto-ley mencionado.
¿Desea algún grupo parlamentario su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia? (Asentimiento.) Son varios los grupos que lo solicita. En consecuencia, sometemos a votación la solicitud de tramitación del real
decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 338.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 4/2000, DE 11 DE ENERO, SOBRE DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA Y SU INTEGRACIÓN SOCIAL. (Número de expediente 121/000032.)
El señor PRESIDENTE: Votamos ahora, en relación con el proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades
libertades de los extranjeros en España y su integración social, las enmiendas a la totalidad que al mismo han sido presentadas.
Algún grupo parlamentario ha solicitado la votación separada de estas enmiendas, y no puedo acceder a la solicitud, en la medida en que es doctrina asentada en la Cámara que, cuando la votación pretende un mismo fin y exacto, deben votarse
de manera conjunta. Si el grupo parlamentario que lo ha planteado lo hiciera en la Junta de Portavoces y se produjera unanimidad, podríamos reconsiderar esta doctrina, pero exigiría la unanimidad de la Junta de Portavoces. En consecuencia, y con
esta advertencia, votamos todas las enmiendas de devolución presentadas al proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 154; en contra, 183; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas a la totalidad.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y veinte minutos de la tarde.