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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 76, de 21/04/2009
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2009 IX Legislatura Núm. 76
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 71 celebrada el martes 21 de abril de 2009
ORDEN DEL DÍA:
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados... (Página 5)
Exclusiones del orden del día:
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de
diciembre, y a su vez modificada por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre (Orgánica). 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 135-1, de 21 de noviembre de 2008. (Número de expediente 122/000114.)... (Página
6)
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, por la que se modifica la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración
social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, y a su vez por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre (Orgánica). 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 140-1, de 30 de enero de 2009. (Número de expediente
122/000119.)... (Página 6)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las medidas fiscales para mejorar la liquidez de pymes y autónomos. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 165, de 13 de marzo de 2009. (Número de expediente
162/000351.)... (Página 18)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Fernández Davila), sobre medidas para otorgar mayor transparencia al mercado de la leche, a fin de asegurar la estabilidad de los precios pagados en origen a los ganaderos.
'BOCG. Congreso de los
Diputados', serie D, número 187, de 17 de abril de 2009. (Número de expediente 173/000060.)... (Página 23)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre los criterios del Gobierno ante la toma de decisiones que afectan a los organismos multilaterales y respecto de la revisión de la estrategia de la OTAN, que se debatirá en la
próxima cumbre de la Alianza Atlántica.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 187, de 17 de abril de 2009. (Número de expediente 173/0000061.)... (Página 28)
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las medidas que tiene previsto el Gobierno aprobar para hacer efectiva la aplicación y desarrollo de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre,
por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, número 187, de 17 de abril de 2009.
(Número de expediente 173/000062.)... (Página 33)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a los propósitos del Gobierno en relación a la modificación sin publicidad y fuera de plazo por parte de la Oficina del Censo Electoral de las condiciones de composición del censo
electoral en las últimas elecciones generales. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 187, de 17 de abril de 2009. (Número de expediente 173/000063.)... (Página 38)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.)... (Página 42)
Proposiciones no de ley. (Votación.)... (Página 42)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.)... (Página 43)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página 5)
Exclusiones del orden del día ... (Página 6)
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento, y sometido a la Junta de Portavoces, la Presidencia solicita al Pleno la exclusión del orden del día de la sesión de la toma en consideración de la proposición de ley de la Comunidad Autónoma
Valenciana, de modificación de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, lo que se aprueba por asentimiento.
Igualmente informa que se ha dado cuenta a la Junta de Portavoces de la exclusión del orden del día de la interpelación del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre políticas gubernamentales de fomento de la creación y producción cultural a través de la cinematografía, las industrias culturales y los medios de
comunicación, lo que se aprueba por asentimiento. Por último informa de la retirada por parte del Grupo Parlamentario Socialista de la proposición no de ley sobre la tarifa social de Telefónica, por lo que dicho punto se da por decaído.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 6)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de
diciembre, y a su vez modificada por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre (Orgánica) ... (Página 6)
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, por la que se modifica la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social,
modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, y a su vez por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre (Orgánica) ... (Página 6)
Defienden conjuntamente la toma en consideración de las proposiciones de ley los señores Hernando Fraile, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Díez González y Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) y De la Rocha Rubí, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proposiciones no de ley ... (Página 18)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las medidas fiscales para mejorar la liquidez de pymes y autónomos ... (Página 18)
Defiende la proposición no de ley la señora Báñez García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Jorquera Caselas y la señora Barkos Berruezo, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Alique López,
del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, interviene la señora Báñez García.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 23)
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Fernández Davila), sobre medidas para otorgar mayor transparencia al mercado de la leche, a fin de asegurar la estabilidad de los precios pagados en origen a los ganaderos ...
Defiende la moción la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores García Díez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds;
las señoras Pérez Herraiz, del Grupo Parlamentario Socialista y Tarruella Tomás, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Fernández Davila.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre los criterios del Gobierno ante la toma de decisiones que afectan a los organismos multilaterales y respecto de la revisión de la estrategia de la OTAN, que se debatirá en la
próxima cumbre de la Alianza Atlántica ... (Página 28)
En defensa de la moción interviene el señor Xuclà i Costa, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y la señora Rodríguez-Salmones Cabeza, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Cuadrado Bausela, del Grupo Parlamentario Socialista.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Xuclà i Costa.
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las medidas que tiene previsto el Gobierno aprobar para hacer efectiva la aplicación y desarrollo de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre,
por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura ... (Página 33)
Defiende la moción el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En defensa de las enmiendas presentadas interviene el señor Fernández Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Fernández González, del Grupo Parlamentario
Socialista.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Llamazares Trigo.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a los propósitos del Gobierno en relación a la modificación sin publicidad y fuera de plazo por parte de la Oficina del Censo Electoral de las condiciones de composición del censo
electoral en las últimas elecciones generales ...
(Página 38)
Defiende la moción el señor González Pons, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Xuclà i Costa,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Villarrubia Mediavilla, del Grupo Parlamentario Socialista.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página 42)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, y a su vez modificada por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre (Orgánica), se rechaza por 148 votos a favor, 185 en contra y nueve abstenciones.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, por la que se modifica la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, y a su vez por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre (Orgánica), se rechaza por nueve votos a favor, 326 en
contra y siete abstenciones.
Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página 42)
Sometido a votación el punto 1 de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las medidas fiscales para mejorar la liquidez de pymes y autónomos, se aprueba por 341 votos a favor y una abstención.
Sometido a votación el punto 2 de la misma proposición no de ley, se rechaza por 157 votos a favor, 179 en contra y seis abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 43)
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Mixto (Sra.
Fernández Davila), sobre medidas para otorgar mayor transparencia al mercado de la leche, a fin de asegurar la estabilidad de los precios
pagados en origen a los ganaderos, en los términos de la enmienda conjunta que ha sido defendida, se aprueba por 342 votos a favor.
Sometido a votación el punto 1 de la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre los criterios del Gobierno ante la toma de decisiones que afectan a los organismos multilaterales y ante la revisión de la estrategia de
la OTAN, que se debatirá en la próxima cumbre de la Alianza Atlántica, se aprueba por 338 votos a favor y cuatro abstenciones.
Sometido a votación el punto 2 de la misma moción, se aprueba por 338 votos a favor y cuatro abstenciones.
Sometido a votación el punto 3 de la misma moción, se aprueba por 338 votos a favor y cuatro abstenciones.
Sometido a votación el punto 4 de la misma moción, se rechaza por 164 votos a favor, 172 en contra y cinco abstenciones.
Sometidos a votación los puntos 5, 9, 12, 14, 15, 16 y 17 de la moción del Grupo Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las medidas que tiene previsto el Gobierno aprobar para hacer
efectiva la aplicación y desarrollo de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, se rechazan
por 13 votos a favor y 329 en contra.
Sometido a votación el resto de la moción, se aprueba por 190 votos a favor y 152 en contra.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a los propósitos del Gobierno en relación a la modificación sin publicidad y fuera de plazo por parte de la Oficina del Censo Electoral de las condiciones
de composición del censo electoral en las últimas elecciones generales, se rechaza por 148 votos a favor, 175 en contra y 19 abstenciones.
Se suspende la sesión a las ocho y quince minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se inicia la sesión.
De acuerdo con el artículo 20 del Reglamento, vamos a proceder al llamamiento de dos nuevas señoras diputadas y de un nuevo señor diputado para los que la Junta Electoral Central ha extendido la correspondiente credencial que me han hecho
llegar. En consecuencia, en sustitución de doña Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández pregunto a don José Luis Ábalos Meco si jura o promete acatar la Constitución.
El señor ÁBALOS MECO: Prometo. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En sustitución de don Jesús Vázquez Abad pregunto a doña Ana Belén Vázquez Blanco si jura o promete acatar la Constitución.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Sí, juro. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En sustitución de don Jorge Javier Guerra Fernández pregunto a doña María Pilar Ramallo Vázquez si jura o promete acatar la Constitución.
La señora RAMALLO VÁZQUEZ: Sí, juro. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En consecuencia don José Luis Ábalos Meco, doña Ana Belén Vázquez Blanco y doña María Pilar Ramallo Vázquez han adquirido la condición plena de diputado y diputadas. Enhorabuena. (Aplausos.)
EXCLUSIONES DEL ORDEN DEL DÍA:
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS:
- DE LES CORTS VALENCIANES, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 10/1990, DE 15 DE OCTUBRE, DEL DEPORTE. (Número de expediente 125/000007.)
INTERPELACIONES URGENTES:
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE POLÍTICAS GUBERNAMENTALES DE FOMENTO DE LA CREACIÓN Y PRODUCCIÓN CULTURAL A TRAVÉS DE LA CINEMATOGRAFÍA, LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN. (Número de expediente 172/000085.)
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA TARIFA SOCIAL DE TELEFÓNICA. (Número de expediente 162/000371.)
El señor PRESIDENTE: Como asuntos previos, planteo a SS.SS. los siguientes. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento y también sometido a la Junta de Portavoces, solicito al Pleno su conformidad para la exclusión del orden del día
de la sesión plenaria que ahora hemos iniciado de la toma en consideración de la proposición de ley de las Cortes Valencianas de modificación de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, por cuanto que la señora presidenta se ha dirigido a la
Presidencia del Congreso comunicando que por razones de tiempo hábil en las Cortes Valencianas no habían podido designar a la delegación que defendiese esta proposición de ley. ¿Se muestran de acuerdo en la exclusión? (Asentimiento.) Queda
excluida.
Se excluye igualmente un punto del orden del día del que también se ha dado cuenta a la Junta de Portavoces y es, en concreto, la interpelación del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds
sobre políticas gubernamentales de fomento de la creación y producción cultural a través de la cinematografía, las industrias culturales y los medios de comunicación.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) Queda acordado y excluida la
interpelación mencionada.
Por último, el Grupo Socialista ha retirado su proposición no de ley sobre la tarifa social de Telefónica incluida como punto 4 del orden del día en la presente sesión, por lo que este punto queda decaído.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 4/2000, DE 11 DE ENERO, SOBRE DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA Y SU INTEGRACIÓN SOCIAL, MODIFICADA POR LA LEY ORGÁNICA 8/2000, DE 22 DE
DICIEMBRE, Y A SU VEZ MODIFICADA POR LA LEY ORGÁNICA 14/2003, DE 20 DE NOVIEMBRE (ORGÁNICA). (Número de expediente 122/000114.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 4/2000, DE 11 DE ENERO, SOBRE DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA Y SU INTEGRACIÓN
SOCIAL, MODIFICADA POR LA LEY ORGÁNICA 8/2000, DE 22 DE DICIEMBRE, Y A SU VEZ POR LA LEY ORGÁNICA 14/2003, DE 20 DE NOVIEMBRE (ORGÁNICA). (Número de expediente 122/000119.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a analizar, a continuación, el que ya es, por tanto, primer punto del orden del día: Proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular de modificación de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos
y libertades de los extranjeros en España y su integración social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, y a su vez modificada por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, también orgánica, a cuya tramitación se ha acumulado
la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Inciativa per Catalunya Verds, por la que se modifica la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, y a su vez por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre. En primer lugar, por haber sido la primera proposición incluida por el Grupo Popular tiene la palabra don
Rafael Hernando Fraile.
El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor presidente.
Mis primeras palabras van a ser para dar la bienvenida a los nuevos compañeros y compañeras que se han incorporado a la Cámara -alguna de ellos antigua conocida, aunque no se puede hablar de ella de vieja porque por su edad es muy joven-,
por lo tanto sean bienvenidos todos ellos.
También quiero felicitar a aquellos otros que nos han abandonado porque ocupan nuevas responsabilidades, algunos en el Gobierno gallego y otros por cambios en la última reforma que ha realizado el Gobierno
socialista.
Quería empezar diciendo que durante los últimos treinta años en España hemos asistido a importantes cambios estructurales respecto a la evolución de los flujos migratorios y que sin duda han tenido que ver con la propia evolución política,
económica y social de nuestro país, de España. Así, mientras hace tres décadas aún éramos un país de emigrantes, en los últimos quince años nos hemos convertido en un país de inmigración que ha atraído a personas que pretenden -y en muchos casos
consiguen- encontrar oportunidades y desarrollar su proyecto vital entre nosotros.
En 1996 tan solo había 600.000 personas extranjeras residiendo legalmente en nuestro país y en 2004 ya lo eran 1.700.000 personas. En aquel entonces, la inmigración
ocupaba el noveno lugar en las preocupaciones de los españoles; sin embargo, durante los últimos cuatro años y medio el nuevo Gobierno favoreció una inmigración desordenada y masiva que ha convertido este fenómeno en el cuarto problema, según las
encuestas, para el conjunto de los españoles; en algunas ocasiones incluso el tercero por delante del terrorismo, llegándose a conceder en este tiempo casi 3 millones de tarjetas nuevas o permisos de trabajo y residencia;
en términos netos 650.000 cada año. Lejos de favorecer una política de inmigración común para Europa, el Gobierno realizó sobre la reforma del año 2003 otra reglamentaria que era en realidad una reforma por la vía de atrás de la ley y
procedió a una regularización masiva de inmigrantes ilegales que con el efecto llamada, el fraude en el contrato de origen, el reagrupamiento familiar en cadena y el arraigo han convertido a España en el segundo país del mundo en términos absolutos
que más inmigrantes extranjeros ha regularizado en los últimos cinco años y el primero del mundo si tenemos en cuenta la proporción entre ciudadanos nacionales y extranjeros. Además, según los datos del padrón municipal cerrado el año pasado a 31
de diciembre de 2008, mientras que en 2004 había 3 millones de personas extranjeras empadronadas en nuestro país, en estos momentos estamos casi en 6 millones, es decir casi un 12 por ciento del total de la población, mientras otros países de larga
tradición en este asunto, como Francia, están en el 8,1, Alemania en el 8,7 o Gran Bretaña en el 9,3. A pesar de los distintos procesos de regularización, la distancia entre ciudadanos extranjeros empadronados en nuestro país y ciudadanos que
residen legalmente en nuestro país y tienen tarjeta de residencia, lejos de estrecharse tras esos procesos de regularización, ha aumentado y en estos momentos la diferencia supera 1.300.000 personas. Esto da una idea de que, si el Gobierno en el
año 2004 manifestaba que había 800.000 inmigrantes ilegales en nuestro país, ahora hay que dar la razón a los sindicatos cuando alegan que estamos en torno a un millón.
Señorías, a lo largo de este tiempo el caos y el descontrol han sido los elementos básicos de la acción del Gobierno en materia de inmigración.
Durante el año 2008 el nuevo Gobierno, y tras el cambio y el reconocimiento del fracaso de esta
política de inmigración, realizó mensajes diferentes, mensajes distintos a la ciudadanía que parecían apuntar a un presunto cambio radical en sus políticas de inmigración hasta entonces. Algunos llegaron a pensar incluso que del papeles para todos
habíamos pasado al maletas para todos, pero su primera y única iniciativa legislativa a lo largo de este tiempo ha consistido en un decretín para favorecer el retorno que ha sido y constituye un auténtico fracaso y que, a pesar de los 100.000
presuntos beneficiarios anunciados por el Gobierno, solo ha permitido regresar o incentivar el regreso a sus países a algo más de 5.000 personas. Durante 2008 pudimos escuchar al nuevo Gobierno declaraciones de la vicepresidenta diciendo que los
inmigrantes ilegales serían expulsados, que el destino de los ilegales solo podrá ser el retorno a su país; al ministro del Interior diciendo que hay que frenar las avalanchas de ilegales; o al ministro de Trabajo diciendo entre otras cosas que
España no necesita más trabajadores extranjeros. Son declaraciones que si hubiera formulado algún miembro de mi partido inmediatamente habrían provocado alusiones al racismo o calificaciones de extrema derecha, como esta misma mañana realizaba el
portavoz del grupo mayoritario en esta Cámara a la hora de desautorizar una iniciativa de cambio legislativo que por cierto también busca su Gobierno. Por tanto, señor portavoz del Grupo Socialista, antes de manifestarse sobre asuntos que no conoce
debería hablar con su propio Gobierno al hacer valoraciones de este tipo. Sin embargo, y a pesar de todo ello, a pesar de todas esas declaraciones, la evolución de los datos de permisos de residencia, la evolución del padrón de extranjeros al que
me he referido anteriormente, los datos de expulsiones y repatriaciones de inmigrantes ilegales, indica que todo sigue igual que en los años 2007, 2006, 2005 y 2004. Durante 2008, 550.000 nuevas tarjetas de trabajo y residencia -200.000 en el
último trimestre- fueron expedidas por el Gobierno del PSOE, y todo ello a pesar de la crisis y las manifestaciones que, como antes he dicho, hacían algunos ministros del Gobierno. En 2008 se han producido 860.000 nuevas inscripciones de
extranjeros en los padrones municipales del conjunto de los ayuntamientos españoles, 560.000 en términos netos, el 70 por ciento de ellas de personas procedentes de países no europeos. Las repatriaciones por su parte han descendido un 17 por
ciento, hasta 46.424, a pesar de las redadas del Ministerio del Interior, intentando mejorar las estadísticas con las que presentarse en su día a esta Cámara; constituye una absoluta vergüenza para esta Cámara y para nuestra democracia en un
momento como este que se pueda realizar este tipo de detenciones absolutamente indiscriminadas contra personas con el único objetivo, como decía antes, de mejorar las estadísticas de este Gobierno. Además, señorías, continúa el caos organizativo
del Gobierno. Las competencias siguen repartidas entre cinco ministerios que a veces ni hablan ni se comunican entre sí. Todo ello coordinado por una vicepresidenta del Gobierno que se ha negado a comparecer en esta Cámara de forma reiterada para
explicarle al Parlamento de qué forma ella preside la comisión encargada de coordinar las políticas de inmigración en nuestro país, agravado, señorías, por una situación de crisis económica que provoca no solo que los que vienen no encuentren sus
oportunidades, sino que además causen mayores problemas a los que ya están aquí residiendo de forma legal. ¿Qué sentido tiene, señorías, mantener y afirmar que España no necesita más trabajadores extranjeros, cuando se siguen dando y repartiendo de
forma masiva permisos de trabajo a personas extranjeras?
Señorías, la inmigración es un fenómeno positivo, pero lo es cuando se adecua a la capacidad de acogida de un país como España, y eso es justamente lo contrario de lo que se ha estado haciendo en los últimos años. Uno de los elementos
esenciales de cualquier política de inmigración pasa por vincularla a la situación de su mercado laboral y de la propia economía española. Por eso, resulta imprescindible, como decía antes, evaluar los datos de ocupación y empleo entre extranjeros
y su evolución en los últimos años para concluir claramente que la política del Gobierno ha sido un fracaso y que, lejos de prevenir los problemas, solo está sirviendo para incrementar los conflictos, la marginalidad y los problemas
sociales. Mientras que en 2004 había 1.670.000 personas extranjeras con permiso de residencia y 1.438.000 de ellas estaban ocupadas, lo que implicaba el 86 por ciento de la población extranjera ocupada, en el año 2009 tenemos cuatro
millones y medio de extranjeros con permiso de residencia, 2.800.000 de ellos ocupados, lo que implica que solo es el 64 por ciento, 22 puntos menos que hace cuatro años. En los últimos cinco años se han dado casi tres millones de nuevos permisos
de residencia y trabajo, pero solo un millón y medio de ellos han ido destinados a personas que en estos momentos tienen una oportunidad por estar trabajando, por estar ocupados. En el año 2009 solo el 64 por ciento de esas personas ocupadas están
afiliadas a la Seguridad Social, lo que nos apunta que en estos momentos hay más de un millón de ciudadanos extranjeros en la economía sumergida. Lejos de ser la política de inmigración del Gobierno socialista una política social, se ha convertido
desgraciadamente en una política conflictiva y antisocial. La tasa de paro entre extranjeros ya es del 21,26 por ciento, casi el doble que hace un año. Señorías, nosotros estamos en contra de que los efectos de la crisis la paguen los extranjeros.
Aumenta el paro, aumenta la economía sumergida, aumenta la precariedad y la conflictividad, y ello aumenta cuando el Gobierno sigue, como les decía antes, concediendo permisos de forma masiva.
Es evidente, señorías, que la solución a todo esto no pasa solo por una reforma de la Ley de Extranjería; pasa por profundas reformas económicas como mi partido ha propuesto y ha introducido en esta Cámara. Por donde no pasa es por reducir
los fondos de integración, como ha hecho en este Gobierno, en lo que es un vergonzante recorte social a los ayuntamientos y comunidades autónomas, que son los que prestan los servicios más básicos a personas que están en el límite de la integración
social y a personas que en estos momentos, extranjeros y no extranjeros, no lo están pasando precisamente bien. Hemos propuesto esta reforma que pretende, en primer lugar, ordenar los flujos migratorios y acabar con las regularizaciones masivas
como la de 2005 o la de 2007, prohibiendo además en la ley este caso de las regularizaciones masivas y, por tanto, incorporándonos a la normativa comunitaria que precisa que cualquier tipo de regularización se tiene que hacer de forma
individualizada y caso a caso, eliminando las distinta vías de fraude que se han venido utilizando últimamente para conceder permisos de forma masiva: los contratos presuntamente en origen a personas que ya estaban aquí, las regularizaciones
familiares en cadena con personas que lejos de estar en el núcleo familiar más íntimo al final acababan convirtiéndose en un sistema absolutamente imparable y encadenado para traer personas a nuestro país, así como el fenómeno del arraigo regulado
reglamentariamente como señalaba al principio de mi intervención. En segundo lugar, es una reforma que pretende favorecer la integración de los inmigrantes. Creemos que el empleo es la mejor política social que se puede hacer destinada a los
ciudadanos españoles y también a los extranjeros. Además nosotros vamos más allá; queremos y creemos que es importante el concepto del contrato de integración, que compromete a las dos partes, al Estado y a aquellas personas que quieren quedarse a
residir entre nosotros en el respeto a nuestro sistema legal y a nuestras costumbres. Señorías, en estos años han sido muchas las conquistas sociales que se han ido produciendo, pero desgraciadamente hay culturas de personas que vienen a nuestro
país que no respetan ni han asumido esos avances que se han producido en nuestra sociedad democrática. La igualdad de género, el respeto a las minorías, el respeto por la libertad o por la igualdad entre ciudadanos y la igualdad de oportunidades
son conceptos que, desgraciadamente, en algunos casos no son tenidos en cuenta, como tampoco el respeto a los menores. Nosotros creemos, señorías, que el contrato es importante. Ahora algunos lo llaman sistema de equilibrios entre derechos y
deberes. Nos da igual; nos parece una buena fórmula. En Valencia se está aplicando con resultados positivos. En tercer lugar, pretendemos combatir la inmigración ilegal. Señorías, nuestro país se ha convertido en un coladero por tierra, mar y
aire y no puede imponerse la voluntad individual...
El señor PRESIDENTE: Señor Hernando, debe ir acabando.
El señor HERNANDO FRAILE: Sí, gracias, señor presidente.
No puede imponerse la voluntad individual sobre la voluntad del Estado para ordenar el proceso de la inmigración. Además, señorías, nos parece esencial luchar de forma intensiva contra las mafias que operan con el tráfico de personas, que
en los últimos años se viene realizando cada día más con menores que son utilizados como auténticas boyas para conseguir luego el reagrupamiento familiar por la puerta de atrás. Señorías, estas mafias están vinculadas generalmente a aquellas otras
que trafican con armas y con drogas. Es muy importante luchar, intentar exterminarlas y, sobre todo, frenar las vías que se utilizan.
El señor PRESIDENTE: Señor Hernando...
El señor HERNANDO FRAILE: Por último -y acabo, señor presidente-, pretendemos elaborar una política común con la Unión Europea. Sabemos que el Gobierno ha presentado un anteproyecto de ley a raíz de que nosotros presentáramos esta
propuesta de reforma de la Ley de Extranjería en la Cámara. La vicepresidenta primera del Gobierno se comprometió a que en los tres primeros meses estaría presentado este anteproyecto en la Cámara. Son muchas las críticas que ha recibido de
distintas instancias e instituciones. Nosotros lo que queremos es que este proceso se inicie ya, que el proceso legislativo comience desde este momento. Por eso pedimos para nuestra iniciativa, que es abierta y que
busca el consenso y el acuerdo común, el acuerdo y el voto de todas sus señorías.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hernando.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra don Joan Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
Sus señorías entenderán que nuestro grupo parlamentario, Izquierda Unida-Iniciativa, no presentó esta proposición de ley con el mismo sentido con el que lo hizo el Grupo Popular; supongo que lo imaginan. La presentamos porque entendíamos
que este debate llegaba tarde. De hecho, nos pasamos la legislatura anterior con una legislación en materia de extranjería que estaba -así lo dijo el Constitucional- fuera de la Constitución. Fuimos muchos -o algunos como mínimo- los que dijimos
que debíamos emprender una reforma porque no entendíamos que en materia de extranjería avalásemos una ley que no era la nuestra y que, en definitiva, se situaba al margen de la Constitución. No era aceptable mantener una legislación que recortaba
derechos como el de asociación, el de reunión, el de sindicación y tantos otros. El Gobierno en la legislatura pasada decidió esperar, y lo hizo no respetando en la legislación presente derechos elementales. No solo llegó la sentencia del
Constitucional que avaló lo que muchos habíamos denunciado sino que además se la acompañó de la directiva conocida como la Directiva de Retorno, o lo que algunos hemos dado en llamar la directiva de la vergüenza. Es una directiva que pone el acento
en la política en materia de extranjería en la lógica exclusivamente policial; una directiva que aplica plazos de restricción de libertad por cometer una falta administrativa; una directiva que hace que la Unión Europea no sea un espacio de
ampliación de derechos sino de recorte de libertades. En este contexto empezamos la presente legislatura, con esa asignatura pendiente: la reforma de la ley para adecuarla no solo a la sentencia del Constitucional sino a la que había sido ya,
podíamos decir, una política distinta en materia de inmigración.
La política de la legislatura pasada, señorías, sí fue diferente; fue como mínimo realista. Sabíamos que teníamos centenares de miles de personas en situación irregular y que era necesario un proceso de regularización. Era una política
que intentaba controlar flujos, aunque a veces no lo conseguía; era una política, eso sí, que se centraba precisamente en una lógica exclusivamente laboral, sin tener presente otros aspectos. Lo preocupante del inicio de esta legislatura fue
precisamente el cambio de tercio que se había liderado por parte del Gobierno, empezando por el aval del Partido Socialista Obrero Español a la Directiva de Retorno, a la directiva de la vergüenza, siendo de los pocos partidos socialdemócratas en
Europa que avalaron dicha directiva y acompañándolo -eso también- con un discurso del nuevo ministro que hacía que hubiese un giro, como mínimo en lo discursivo, hacia políticas y hacia discursos más propios de otros partidos y absolutamente
impropios en un gobierno que se reclama de progreso. Con estos ingredientes el Gobierno presentó el anteproyecto que, pese a algún tímido avance, se situaba desde nuestro punto de vista en un escenario de retroceso, con limitación al derecho a la
educación, a la infantil pero también a la de naturaleza no obligatoria, contraviniendo por lo tanto la sentencia del Constitucional; con las limitaciones a la reagrupación familiar; con empeoramiento de la situación de los menores no acompañados,
no solventando la situación de aquellos que pasan de ser menores no acompañados a tener 18 años y que están en el limbo jurídico; con una ampliación del catálogo de sanciones graves así como de plazo de ingreso en los centros de internamiento,
pasando de 40 a 60 días; sin regulación de derechos en los CIES, y podría continuar y continuar. Por tanto, con esta proposición de ley nuestro grupo parlamentario no solo quería poner de manifiesto la falta de ley, la falta de reforma, la falta
de liderazgo sino que pretendíamos expresar que era y es posible un planteamiento en materia de extranjería realista, de acuerdo con la realidad actual pero con un sentido progresista y de defensa de los derechos y libertades. (La señora
vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Entendíamos que la proposición de ley que nuestro grupo plantea pone de manifiesto que no solo se llega tarde sino que el anteproyecto del Gobierno no es el propio, como les decía, de un
gobierno que se reclama progresista.
¿Cuáles son los objetivos de nuestra propuesta? Que haya obligaciones y derechos, pero que los haya con una ley que se ajuste a la realidad del país. La realidad es que tenemos porcentajes de inmigración que
son notables; de inmigración que ha venido para quedarse, no para volverse; y de gentes -de mujeres, de hombres- que además de mano de obra son personas y ya forman parte de nuestra sociedad. Por eso planteamos en la proposición de ley algo tan
sencillo y simple como el derecho de voto en las elecciones municipales, no refugiándonos en el principio de la reciprocidad, sin necesidad de la bilateralidad, porque el reconocimiento de los derechos de ciudadanía es un elemento básico en la
integración de los inmigrantes puesto que evita la discriminación entre los que pueden y los que no pueden votar o ser votados. Entendemos que no se le puede dar a alguien el permiso para votar o ser votado en unas elecciones sindicales sin
concederle el derecho a votar o a ser votado en unas elecciones municipales y sabemos que el principal obstáculo para que esto sea realidad, para que el reconocimiento de los derechos políticos se integre, es el principio de reciprocidad; ese es el
principal obstáculo, es decir, que se admita ese derecho siempre y cuando haya un español que pueda votar en su país de origen. ¿No se dan cuenta de que o hay una interpretación flexible del 13.2 o una reforma del artículo 13.2,
como no ha habido otras reformas de la Constitución, o estamos condenando a aquellas personas que padecen dictaduras en su país a venir al nuestro con una mochila cargada de totalitarismo y a no poder votar aquí? ¿No se dan cuenta de que el
artículo 13.2 era un artículo pensado para otro contexto y que si se lo aplicamos a rajatabla tendremos realidades de inmigrantes de primera, de segunda, de tercera y de cuarta categoría condenando a ciudadanos de países con los que es difícil
firmar un tratado de reciprocidad a que nunca puedan votar? Estoy hablando de ciudadanos del África subsahariana o de países donde por motivos legales, sociales, políticos o de cualquier otra índole no es posible este tratado. Eso es lo que
planteamos en la proposición porque entendemos que, como dice el manual europeo para la integración, ese es el mejor antídoto contra la discriminación y la xenofobia. Pero no nos quedamos solo ahí, vamos más allá y lo que planteamos es que haya un
cumplimiento estricto -en eso sí que cumple el anteproyecto del Gobierno- de la sentencia del Constitucional de 19 de diciembre de 2007 en la que se declaran parcialmente ilegales cinco artículos, el 7, el 8, el 9, el 11 y el 22 y en la que se
garantiza que los derechos fundamentales, como la libre circulación, la libertad de expresión, de reunión, de asociación, el derecho a la libre sindicación, las garantías procesales, la educación y la protección a la familia sean una realidad. Es
verdad que el anteproyecto lo cumple, pero es que nosotros vamos más allá diciendo que en la renovación de las autorizaciones de trabajo como consecuencia de la crisis habrá que cambiar algo. Planteamos que se implemente un nuevo mecanismo para
momentos reconocidos con altas tasas de paro y crisis económica. Sé que existe la pretensión o que alguien pueda pensar que en un contexto como el actual los inmigrantes que vinieron a trabajar volverán a sus países, pero se olvidan de que la
crisis es global, planetaria, mundial, de que la realidad es terca pero es la que es y que, por tanto, lo que tenemos que hacer también es adaptar esas autorizaciones de trabajo a la realidad actual para conseguir que no se requiera aportar seis
meses cotizados por año para poder renovar autorizaciones temporales de trabajo aduciendo que los trabajadores extranjeros también son víctimas de las situaciones de crisis y no por ello se les debe castigar doblemente con una situación de
irregularidad sobrevenida. Se trata, señorías, de evitar la doble victimización: quedarse sin trabajo, sin renovar el permiso pero, eso sí, con cargas familiares y con hipoteca. El anteproyecto presentado por el Gobierno no hace referencia a esta
cuestión y solo pone el énfasis en el Plan de retorno voluntario sin entender que sin solventar esto lo que estamos generando son situaciones de inviabilidad social en barrios y ciudades y por eso lo planteamos.
También planteamos que las autorizaciones de residencia por reagrupamiento familiar sean de trabajo desde el primer momento y no estén sometidas el primer año a las condiciones de la situación nacional de empleo. ¿O es que no se dan cuenta
de que cuando hay una familia que reagrupa a su cónyuge le es imprescindible que tenga permiso de trabajo? Porque tiene derecho de ser reagrupado y porque si no le damos ese permiso de trabajo lo que hacemos es dejarle en una situación de absoluta
vulnerabilidad, con un discurso que podrá ser muy duro, que intentará competir con el del Partido Popular, pero que no es realista porque no es realista pensar que podamos dejar sin permiso de trabajo a alguien que tiene permiso de residencia. No
se puede talibanizar el concepto de la lógica laboral como único criterio para poder tener este permiso. Eso es una visión realista y no un planteamiento que creo que está fuera de la realidad, porque es precisamente en el momento de la llegada de
los reagrupamientos cuando más necesidad hay de ajustar los ingresos. No permitir esto sería un discurso duro pero perpetuaría la economía sumergida. Planteamos que haya autorizaciones directas de trabajo en el supuesto de órdenes de protección
por violencia de género en el caso de mujeres en situación irregular hasta que un juez ratifique o dictamine lo contrario. Es una manera de proteger a esa mujer porque está claro que si esa mujer no tiene ese permiso de trabajo lo que no hará
además de la denuncia es continuar en esa situación irregular. Eso significa tener sensibilidad social en extranjería, en la ley que se tiene que aprobar, y eso es lo que nosotros planteamos. Lo que el Gobierno incorpora es tan solo para el caso
de las mujeres en situación regular pero no para aquellas en extrema vulnerabilidad. Pedimos que haya más garantías, más garantías para los CIE, para los centros de internamiento de extranjeros, porque lo que hoy pasa es que a una persona que
comete una falta administrativa se la interna en un CIE con menos garantías de las que tiene una persona que está en un centro penitenciario: no puede tener un móvil y ni siquiera hay un reglamento que establezca el sistema de garantías para que
las ONG puedan entrar y para que esas personas tengan acceso a lo más básico. Eso es lo que está pasando hoy en los CIE en España y nosotros lo que decimos es que, teniendo especialmente en cuenta que estos no tienen un régimen interno desarrollado
legalmente, que no se cuenta con protección judicial alguna, que se coincide con la necesidad de activar controles sociales más allá de los efectuados hasta ahora por el Defensor del Pueblo y por la Unión Europea, se plantee la creación de un comité
de garantías en cada centro cuya finalidad principal sea velar por el máximo respeto de los derechos humanos y de la dignidad de las personas a lo largo del proceso administrativo de internamiento y expulsión. ¿Qué es lo que nos dicen ustedes? Sí,
nos acercamos a la Directiva del retorno pasando de los 40 a los 60 días. ¿Para eso servía? ¿Para acercarnos un poquito más a Estonia? Creo que no debería haber servido para eso sino para muchas otras cosas.
Solicitamos que el permiso de residencia temporal también se ajuste y se reduzca a la nueva situación porque, ¿de qué se trata? ¿De que las personas en situación irregular padezcan una gincana imposible y que los mantengamos durante cinco
años en una situación irregular
permitiéndoles, eso sí, el trabajo en situación irregular pero esperando esos cinco años? Francamente creemos que el tiempo se tiene que ajustar a un discurso real, no a una competencia por ver quién hace un discurso más duro, sino por lo
que es la realidad en nuestras calles, en nuestros barrios y en nuestras ciudades. Planteamos -y aquí sí lo tenemos clarísimo- que en el caso de la reagrupación familiar de ascendientes y con el objetivo de otorgarles el mismo estatus jurídico que
al resto de reagrupados -cónyuges y descendientes- se introduzca el acceso a la residencia independiente en circunstancias especiales, porque, como les decía, el mercado laboral no puede ser el único criterio. Puede ser el principal pero no puede
ser el único criterio en materia de extranjería, y cuando ustedes proponen esta restricción en materia de reagrupación familiar lo que están plateando es esa talibanización del concepto laboral como único criterio para gobernar la política en
materia de extranjería. Por el contrario, el borrador del Gobierno exige un permiso de residencia de larga duración, de cinco años, para poder reagrupar a los ascendientes y además deben demostrar que dependen económicamente. No creemos que eso
sea lo razonable.
Para acabar y para ceñirme por tanto al tiempo, señora presidenta, para nosotros esta proposición de ley es una oportunidad para discutir en torno a una política que no nos gusta, ante un anteproyecto que tampoco nos gusta. Es una ocasión
para poner de manifiesto que en la legislatura pasada perdimos una oportunidad. No hacía falta esperar a la sentencia del Constitucional para constatar lo que la mayoría de esta Cámara ya entendíamos que era inconstitucional, pero que sobre todo es
una oportunidad precisamente para que la política en materia de inmigración se haga desde un enfoque realista. Podemos hoy competir en ver quién hace el discurso más duro en torno a la inmigración, pero no se equivoquen, cuando se compite sobre
quién hace el discurso más duro en torno a la inmigración la gente no se queda con la copia sino con el original, y hoy el original en un discurso duro sobre la inmigración es el Partido Popular. La responsabilidad en materia de extranjería es
hacer una política realista que realmente gobierne los flujos y que no diga: no entrará nadie más, porque van a continuar entrando; que establezca caminos estables de entrada y canales estables de regularización, y que dé obligaciones -claro que
sí-, pero que también dé derechos porque hoy una sociedad cohesionada es una sociedad en la que todos somos iguales.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Herrera, por favor ha acabado su tiempo.
El señor HERRERA TORRES: Acabo ya, señora presidenta.
En las ciudades en las que un 40 por ciento de los vecinos -de los que pagan impuestos- no puede votar no hay una sociedad cohesionada; y eso empieza a no ser una sociedad democrática.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Herrera.
En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, tiene la palabra doña Rosa Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.
Intervengo brevemente para anunciar mi voto positivo al trámite de estas dos iniciativas legislativas que se acaban de exponer ante la Cámara. Mi voto es un voto de apoyo al trámite de estas dos iniciativas legislativas, sin perjuicio de
las diferencias que tenga hacia algunos de los contenidos que aquí se han expresado en el texto. Daré algún detalle concreto de las dos, pero ambas llegan en un momento oportuno, en un momento necesario. La Cámara tiene que abordar de una manera
sosegada, relajada y rigurosa este debate, sin perjuicio de que en este momento haya un texto a iniciativa del Gobierno. No está de más que abordemos este debate también por esta vía, máxime después de la Directiva europea de expulsión de
inmigrantes, esa directiva que se ha dado en llamar de la vergüenza y que verdaderamente sonroja a quien les habla. Me preocupa porque en el caso de esa directiva europea la posición del Gobierno y del principal partido de la oposición es
coincidente, y esto para mí es un elemento de alarma que hace todavía más necesario que en este momento traigamos este debate a la Cámara.
Como les decía, tengo algunas discrepancias sobre las dos proposiciones de ley, en algún caso importantes, respecto al contenido e incluso sobre la exposición de motivos. Por ejemplo, en la exposición de motivos de la proposición que
plantea el Grupo Popular se produce -se lo digo con todo respeto, señor portavoz- una manipulación incluso de las cifras, porque hablar de que España es el país que más inmigrantes ha acogido sin tomar nota de que los hemos recibido solo tres años
mientras que otros países de la Unión los han recibido durante cincuenta años, me parece que da una imagen de la falta de rigor con la que uno se acerca al tema, más allá de cualquier otra consideración de tipo ideológico. También estoy en
desacuerdo con lo que ha planteado usted como portavoz del Grupo Popular sobre el contrato de integración que aparece en su disposición final primera. No comparto ese criterio, me parece completamente rechazable.
Además, no resuelve ninguno de los
problemas que se dice que puede resolver; por lo tanto, lo rechazo. Me parece -si me permite la expresión, señora presidenta- intragable lo de la tarjeta azul para inmigrantes cualificados, por mucho que Berlusconi y Sarkozy lo quieran hacer;
bastante sufren antes de llegar como para que les pongamos este tipo de cautelas o de exigencias.
Su conjunto, no la proposición en su conjunto sino la mera formulación de la misma y porque se tratan conjuntamente, es lo que me hace votar a favor. De la misma manera, si tenemos la suerte de que sean aceptadas a trámite, plantearé
algunas enmiendas a la proposición
que hoy ha defendido el portavoz de Izquierda Unida. Desde mi punto de vista, son manifiestamente mejorables cuestiones tales como el acceso de extranjeros a la Función pública y la concesión del sufragio activo y pasivo. Estas son dos
cuestiones que hemos de mejorar. Ojalá tengamos la oportunidad de hacerlo, si no en este trámite en otro. Estoy de acuerdo en que hay que hacerlo, pero hay que mejorar la formulación que usted nos plantea. Me parece buena e interesante, sin
embargo, la idea de los comités de garantías, que son los auténticos campos de concentración para muchos de los inmigrantes que llegan. Me parece positiva la reducción de plazos de cinco a dos años para solicitar la tarjeta de residencia o el
derecho a la educación, incluida la no obligatoriedad y, desde luego, me parece fundamental la asistencia del letrado de oficio. Por tanto, hay muchos más elementos, por supuesto, en el contenido de la proposición que nos plantea Izquierda Unida, y
también en el objetivo, aunque el objetivo lo transforme con algunas de las literalidades del texto la iniciativa del Grupo Popular, pero ambas dos, tramitadas a la vez, recibirán mi voto positivo para que puedan seguir adelante y para que podamos
discutir enmiendas, mejorarlas y enfrentarnos con una cuestión que supera lo ideológico, que supera las fronteras de nuestro país y que requiere, como decía al principio, un debate sosegado, tranquilo y responsable, un debate progresista con
mayúsculas, porque las políticas de progreso no son propiedad ni de la izquierda ni de la derecha, como bien se pone de manifiesto demasiadas veces. Nosotros, como ciudadanos españoles, y aquellos que quieren integrarse merecemos un debate de estas
características, y ese será el sentido de mi voto.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Díez.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.
Subo a la tribuna en nombre de Coalición Canaria para fijar nuestra posición sobre estas dos proposiciones de ley, absolutamente antagónicas.
Vamos a abstenernos porque, sin entrar en el fondo del asunto, en el que entraremos después,
creemos que la inmigración es un tema importante que requiere traer ya a esta Cámara, con urgencia, el proyecto de ley; proyecto de ley que el Gobierno elaboró y que, como sabemos todos, está pendiente del informe del Consejo de Estado. Las
comunidades autónomas ya han manifestado al Gobierno las carencias de dicho proyecto y su opinión sobre el mismo, y estoy segura de que va a ser uno de los debates más importantes que tendremos en los próximos meses.
En el caso de la proposición de ley de Izquierda Unida que debatimos hoy, no podemos compartir en absoluto que se generalicen todos los derechos a cualquier inmigrante sencillamente por tener la residencia, porque una cosa es la residencia y
otra los derechos laborales y otros derechos del Estado del bienestar que no tienen que ver con ella. En nuestro país, no vamos contra el tema humanitario de reagrupamiento de familias, pero el reagrupamiento o la residencia no debe implicar el
derecho al trabajo, cuando en nuestro país tenemos gente legalizada y con permiso de trabajo que está yendo al paro y, a su vez, tenemos muchísimos españoles, comunitarios, europeos que están pasando un momento económico difícil.
Fuera de la filosofía, creemos que si este Congreso tuviera que aprobar una proposición no de ley sobre temas que no pudieran esperar al proyecto de ley, la prioridad no sería ni lo que trae aquí hoy el Grupo Popular ni lo que trae Izquierda
Unida. Hoy tenemos -se lo seguimos diciendo desde Canarias- problemas jurídicos terribles en la tutela de menores no acompañados. Desde hace una semana no se ha podido trasladar a 500 chicos a la Península, con el visto bueno de las comunidades,
con las plazas acordadas en la ONG, sencillamente porque con la legislación actual en la mano no se puede ceder la tutela de la comunidad autónoma a la nueva comunidad que los va a acoger; se le puede dar la guardia y custodia, pero no la tutela.
Hay que buscar una solución jurídica a ese disparate legal en las próximas semanas. Esa sí es una emergencia y hay que resolverla. No puede ser que en este momento los centros de menores de Canarias estén absolutamente desbordados y, teniendo
prioridad ese desplazamiento, los temas de tutela no se puedan resolver.
Respecto a la proposición de ley presentada por el Grupo Popular, no estamos de acuerdo con el contrato de integración, ya lo dijimos en el anterior debate que hubo. Consideramos que eso ni resuelve ni aplaca ni incentiva ni nada de nada.
Además -hay que decirlo claro-, se está haciendo un contrato de integración para el inmigrante de poco nivel adquisitivo o económico. No es un tema general. Sencillamente, el que viene a no integrarse, el que viene a delinquir firmará lo que le
pongan delante. Estamos seguros de que ese no es el problema en este momento, ni tiene que ver con el nuevo mundo de la inmigración ni con lo que ha cambiado la inmigración en la sociedad del siglo XXI. El debate tiene que hacerse con una ley
integral. Estoy de acuerdo con Joan Herrera en que nuestra ley tiene que adaptar muchísimas cosas de temas de derecho humanitario y de derecho internacional. En cuanto a la generalización de la oportunidad laboral de Izquierda Unida, no lo
compartimos. Sin embargo, sí creemos que el resto de los asuntos que plantea el Grupo Popular son positivos y tienen estar en ese anteproyecto de ley. Desde Coalición Canaria hoy hacemos un llamamiento a la Cámara porque pensamos que ese proyecto
es urgente. Si existiera una emergencia que no pudiera esperar y el proyecto de ley se retrasara porque no hubiera el consenso necesario o porque el Gobierno debe realizar determinadas revisiones de la nueva normativa que ha salido -mi compañero,
José Luis Perestelo, traerá la semana que viene una interpelación sobre determinadas directivas
europeas-, este Congreso debería resolver la viabilidad de la redistribución de los menores inmigrantes no acompañados en todo el país, porque tenemos ya el visto bueno del Gobierno central, el visto bueno de las comunidades, las plazas en
las ONG y un consenso político que no es acorde con las posibilidades legales. Por ello anunciamos nuestra abstención en las dos proposiciones de ley.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Oramas.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, se nos presenta una proposición de ley que se incardina -permítame este pequeño desahogo, señora presidenta- en lo que ha sido calificado, por el señor Hernando primero y por la señora Díez después, como una situación de alarma con
relación a determinadas posiciones políticas del Grupo Socialista y del Gobierno español, que sin embargo en Euskadi se convierte en bendiciones por razones de naturaleza coyuntural.
Vamos a analizar, y al margen de estos desahogos que siempre son
importantes porque también constituyen una radiografía de la realidad con la que convivimos, las razones estructurales. Aquí se nos proponen dos proposiciones de ley diametralmente contradictorias entre sí, tanto en sus fundamentos ontológicos como
en su contenido normativo. ¿Qué puede hacer uno cuando tiene que optar entre dos cosas que son absolutamente contradictorias? Pues es difícil. Esto requiere una especie de esfuerzo de esquizofrenia intelectual para el que yo no estoy
particularmente dotado. Se trata, como se exige a veces a los niños, de decir a quién quiere más, si a papá o a mamá. No sé si quiero más a papá o a mamá, si quiero más a los aspectos positivos y también a los aspectos que generan reservas
mentales poderosas de la proposición de ley del Grupo Popular, o a los aspectos también positivos -y los que también generan reservas intelectuales poderosas- de la proposición de ley de Izquierda Unida.
Además, voy a recordar la primera
recomendación de una subcomisión, que los señores Hernando y Herrera conocen perfectamente, que funcionó en la anterior legislatura. Una subcomisión sobre los problemas de la inmigración que logró consensuar con la subcomisión cien propuestas de
resolución, que podrían constituir un texto articulado de un proyecto de ley para resolver los poliédricos o las múltiples aristas que el problema de la inmigración plantea. La primera de las conclusiones preconizaba exactamente lo siguiente:
Ninguna posición unilateral de partido o de grupo parlamentario puede resolver en su totalidad las múltiples cuestiones o la complejidad de los problemas que la inmigración o los problemas de la extranjería plantean. Se requiere un pacto de Estado
o un consenso parlamentario por lo menos amplio para resolver esta cuestión.
Se nos presentan en este momento -aquí hay que alegar o invocar razones de oportunidad solo cronológica o temporal- dos proposiciones de ley, cuando ya sabemos que el Gobierno ha elaborado un borrador de proyecto de ley que se va a convertir
pronto en un proyecto de ley, solo está pendiente de que se emita un dictamen por parte del Consejo de Estado. Un proyecto de ley en donde podremos ajustarnos a ese requerimiento de la subcomisión de emigración que funcionó en la anterior
legislatura, con un amplio espíritu de consenso digno de encomio. En ese proyecto de ley seguramente podremos dirimir nuestras diferencias; podremos encontrar los elementos de síntesis que nos agrupan a todos; podremos encontrar en definitiva los
puntos o los elementos tanto ontológicos como jurídicos, como derecho positivo, que pueden ayudarnos a afrontar de forma razonablemente consensuada el problema de la inmigración desde una perspectiva normativa. No hay que referirse más que a
Montesquieu para saber que cuando escribió El espíritu de las Leyes decía que las leyes no son nada más que un grupo o una consecución de convenciones generalmente aceptadas por las instituciones parlamentarias y por los ciudadanos. Aquí no hay
instituciones convencionalmente aceptadas por todos; aquí hay posicionamientos que a mi grupo le desbordan por la derecha y hay posicionamientos que a mi grupo le desbordan por la izquierda. Yo no me voy a colocarme, porque sería una utopía y una
petulancia por mi parte, en el centro, en la equidistancia, una equidistancia pretendidamente inatacable intelectualmente, pero en ambas hay elementos que generan severas dudas y contradicen la jurisprudencia del Tribunal Constitucional,
paradójicamente invocados por los dos grupos intervinientes hasta el momento, las dos sentencias del Tribunal Constitucional, la 236/2007 y la 259/2007.
De todas formas, señor Hernando, usted las ha invocado de forma incompleta. Usted ha pretendido una especie de regate para el que seguramente en estos momentos solo puede estar dotado Leo Messi, que es recuperar los fundamentos filosóficos
y ontológicos de la legislación de extranjería del año 2000 del Partido Popular gobernado por Aznar sencillamente incorporando aquello que fue objeto de refutación constitucional en la Ley de 2000 por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, se les
ha olvidado incorporar dos de las prevenciones del Tribunal Constitucional respecto a aquella legislación de extranjería del año 2000, que son dos derechos que se consideraban no incorporados a la ley, el derecho a la asistencia jurídica gratuita,
que ustedes no incorporan a su proposición de ley, y el derecho a la educación. Sí incorporan los demás, el derecho de sindicación, el derecho de asociación e incluso el derecho de huelga, hay una interpretación amplia del precepto que se podría
considerar más ajustada a la proposición de ley presentada por el Grupo de Izquierda Unida. Esta
es una de las cuestiones. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Por otra parte, ustedes vuelven a incidir en algo que resulta verdaderamente llamativo y que es el llamado contrato de integración, algo que nadie termina de comprender. No sé si ni siquiera ustedes, señor Hernando, comprenden a qué se
están refiriendo cuando hablan de un contrato de integración. ¿Se trata de un contrato de los previstos en el ordenamiento jurídico español? Es un contrato pero, ¿de qué naturaleza? ¿Es un contrato civil? ¿Es un contrato mercantil? ¿Es un
contrato administrativo? ¿Es un cuasicontrato? ¿Es un contrato de otra naturaleza? ¿Qué efectos produce? ¿Cuál es su naturaleza jurídica? ¿Cuáles son sus contraprestaciones? ¿Es un contrato conmutativo? ¿Es un contrato sinalagmático? ¿Es un
contrato que establece obligaciones para ambas partes? ¿Cómo se exigen, cómo se establecen esos mecanismos de integración metacultural que ustedes exigen a los extranjeros como elemento de cumplimiento de las prevenciones o de las prestaciones
contractuales que corresponden a los extranjeros para incorporarse a la metacultura en el Estado español? ¿Cómo se es buen español? ¿Quién es buen español, concepto polémico donde los haya? Y no solo bueno. Si ya es polémico el concepto de cómo
se es español, no le digo ya el de ser buen español, en el carácter deletéreo y complejo que raya en la metafísica.
Ustedes exigen a estas personas que se integren en la metacultura española pero, ¿cómo? ¿Por qué procedimiento? ¿Cómo se configura
jurídicamente la prestación que se les exige? ¿Qué tienen que hacer, un cursillo de sevillanas, aprender a hacer tortilla de patatas de forma correcta? ¿Cuál es el elemento metacultural que ustedes exigen para el cumplimiento del contrato de
integración? ¿No se dan cuenta de que ustedes están incorporando una fórmula terriblemente insegura jurídicamente sin ninguna fundamentación en nuestro ordenamiento jurídico? No sé qué dicen de esto.
Lo de la tarjeta azul es una perversión del derecho comunitario que todos vamos a ver. Pero es una perversión, porque si expoliamos a los países de donde proceden los extranjeros que vienen a los países más ricos de su mejor activo, que son
las personas de cualificación profesional, que no son muchas y que son las que pueden mejorar las situaciones de pobreza, de postergación, de expoliación de recursos de esos países, porque se han formado, por las razones que fuera, en otros lugares,
si les expoliamos de ese activo, les estamos empobreciendo todavía más y estamos intensificando la raíz del problema, que son las grandes diferencias en materia de riqueza, en materia de posibilidades de supervivencia y en materia de cohesión social
y otras cuestiones que usted conoce perfectamente. Su mejor activo son las personas cualificadas, a las que ustedes, mediante la otorgación de una tarjeta de color azul, les posibilitan, sin ningún tipo de requerimiento, entrar en un mercado de
trabajo de un país que no tiene ningún problema en relación con la cualificación de sus trabajadores, y esto es metafísicamente injusto.
Señor Herrera, también su proposición tiene problemas -no quiero tener expresiones que puedan significar falta de respeto o de cortesía, sobre todo porque usted y yo somos buenos compañeros- que rayan en la extravagancia jurídica. Es decir,
cuando ustedes reconocen a los extranjeros en España, en virtud del contenido esencial del artículo 13 de la Constitución, los mismos derechos y obligaciones que a los españoles, salvo el derecho de sufragio, a lo que se atenderá a criterios de
reciprocidad, cuando esos criterios de reciprocidad que dimanan del contenido esencial de la previsión del artículo 13 no se pueden cumplir, ustedes posibilitan que en los ayuntamientos se pueda establecer -mediante un procedimiento electivo- una
especie de ayuntamiento paralelo. En los ayuntamientos donde haya extranjeros que con su prevención o su previsión puedan votar...
El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, debe acabar.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Sí, ya con esto acabo.
Como decía, habría dos corporaciones municipales, la que dimana de la legislación electoral municipal y la que dimana de esta extravagante, jurídicamente, prevención de poder votar mediante una especie de ayuntamiento en paralelo que
atenderá a las cuestiones atinentes a estos extranjeros, que no son muy diferentes de las atinentes a los ciudadanos españoles.
El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, acabe, por favor.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Sí, con esto acabo, señor presidente.
A modo de conclusión quiero decir que sus dos proposiciones de ley son incompletas. El Gobierno se ha comprometido a presentar un proyecto de ley que va a ser susceptible de consensos mucho más amplios que los que se han presentado desde
posiciones política y ontológicamente extremas, y desde esta perspectiva de oportunidad nosotros también nos vemos en la tesitura de abstenernos en relación con las dos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra don Carles Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Los señores Hernando y Herrera han defendido estas dos iniciativas de proposición de ley para su toma en consideración, y lo hacen seguramente muy pocas semanas antes de que llegue a esta Cámara el anteproyecto
de ley de reforma de la Ley de Extranjería, que el Gobierno se comprometió a enviar a la Cámara, entre otras razones, como mandato del propio Pleno del Congreso de los Diputados que el 17 de septiembre del año pasado aprobó precisamente una
moción de Convergència i Unió que instaba al Gobierno a presentar ese proyecto de ley. Sus señorías conocen el texto de ese anteproyecto de ley, que está sometido en estos momentos a diversos dictámenes de los organismos correspondientes del Estado
y además el propio contenido de ese anteproyecto de ley está viviendo también una discusión social y política importante. A través de los medios de comunicación, diversas organizaciones de la sociedad civil se están pronunciando en relación con el
mismo. Todo ello lleva esta tarde a Convergència i Unió a entender que lo razonable es que los debates de fondo que han planteado los señores Hernando y Herrero se puedan sustanciar durante la tramitación del correspondiente proyecto de ley. No
nos parece que tenga demasiado sentido tomar hoy en consideración dos iniciativas cuando el Gobierno está a punto de presentar ese proyecto de ley. Entonces, insisto, tendremos oportunidad de discutir sobre esas cuestiones de fondo.
Aprovecho el debate que los dos grupos nos plantean para trasladar a la Cámara algunas consideraciones de fondo para Convergència i Unió que van a marcar el debate y, cuando ese proyecto de ley llegue a la Cámara, nos van a permitir orientar
nuestra posición. En primer lugar, en este periodo de boom de la inmigración, España no ha tenido claros cuáles eran los criterios que permitían determinar quién y cómo se debía entrar en España. No lo hemos tenido claro ni unos ni otros y por
eso, a lo largo de estos diez años, hemos vivido ese fenómeno de la irregularidad en la entrada y de la normalización o la regularización cada determinados años.
No hemos tenido claros cuáles eran los criterios que permitían quién debía entrar y
cómo se debía entrar. La discusión de este proyecto de ley debe servir, en un momento en el que previsiblemente, fruto de la crisis económica y del desplome de nuestro mercado de trabajo, los flujos migratorios disminuyan, para establecer con
claridad los principios sobre quién y cómo debe entrar en el Estado español. Ya avanzo que nos parece necesario apostar por la inmigración cualificada, por la llegada de personas con familiares en España, por la inmigración temporal y por la
contratación en origen. Tampoco en estos diez años hemos tenido claros los criterios de nuestra política de integración y de acogida. Tenemos una legislación que, en materia de reconocimiento de derechos a los ciudadanos extranjeros y después de
las sentencias del Tribunal Constitucional de manera muy especial, refuerza la idea de que la integración es posible desde la igualdad de los derechos, pero no hemos reforzado suficientemente la idea de que la integración también exige la asunción
de las responsabilidades y de los deberes, y además esa mala política de acceso basada en la irregularidad ha hecho muy difícil que las comunidades autónomas puedan desarrollar políticas de acogida eficaces en esta materia. También este proyecto de
ley debe ser una oportunidad para poner más el acento en aquellas políticas que tienen que ver con la inmigración hacia adentro, hacia las prioridades que se derivan de habernos convertido hoy ya en una sociedad migratoria.
En segundo lugar, también hemos desarrollado en estos diez años de manera insuficiente el acomodo de las políticas de inmigración a un Estado de carácter autonómico, donde hay determinadas sociedades de carácter nacional que abordan la
cuestión migratoria también desde la perspectiva de cómo las migraciones afectan a las identidades, debate abierto, por cierto, en el conjunto de la Unión Europea. En este sentido, tanto los Estatutos de autonomía de Cataluña como de Andalucía
ponen de manifiesto la necesidad de avanzar en unas políticas que se acomoden a esa realidad plurinacional del Estado de carácter autonómico.
En tercer lugar -y algunos de los intervinientes lo han planteado-, el reto de la inmigración afecta también a la cohesión social, y ahí se nos plantean cuestiones relevantes. Por ejemplo, en un momento de aumento del desempleo, de aumento
de las personas que están en el desempleo sin recibir ninguna protección social, ¿tiene sentido plantearnos políticas que amplíen la protección social de aquellos trabajadores extranjeros que no van a recibir la prestación por desempleo pero que
pongan también el acento en la necesidad de la formación y del conocimiento de las lenguas que se hablan en España como garantía también de incorporación al mercado de trabajo? Ese va a ser otro debate que hay que plantear en esta discusión. En
términos de cohesión social, también debemos preguntarnos si es demasiado coherente predicar la cohesión social. Creo que era el señor Hernando quien lo recordaba y coincido con S.S. en que es evidente que el recorte del Fondo de acogida e
integración que el Gobierno ha aprobado hace unas semanas no es demasiado acorde con esa aspiración a construir políticas de acogida, de integración y de cohesión social.
Espero que en próximas semanas podamos discutir las proposiciones no de ley
que diversos grupos de la Cámara hemos planteado en relación con esta cuestión.
En cuarto lugar, en esa discusión hemos de encontrar un buen equilibrio entre el rigor en la aplicación de la norma y el carácter justo de la norma que se aplique. Mi grupo no va a oponerse a la ampliación del periodo de retención en los
centros de internamiento. Si la administración considera que pasar de cuarenta a sesenta días puede facilitar el cumplimiento de las obligaciones administrativas que se derivan, mi grupo no se va a oponer, pero la ampliación del periodo de
retención en centros de internamiento debe ir acompañada de una mejora en las garantías de la estancia en esos centros. Debemos ser capaces de reforzar todos aquellos elementos que equilibren nuestra legislación desde el punto de vista del rigor y
de la justicia.
Hoy tenemos en el conjunto europeo una referencia importante en esta materia, que es el Pacto europeo de asilo e inmigración. Mi grupo entiende que la referencia
a este pacto debería orientar al conjunto de los grupos de la Cámara hacia un objetivo: ser capaces, en la tramitación de esa próxima reforma de la Ley de Extranjería, de articular ese acuerdo político y social de fondo sobre cómo
gestionamos las migraciones en estos tiempos. Si el conjunto de Estados miembros de la Unión Europea, 27 gobiernos distintos, con ideologías diferentes, con mayorías políticas diversas, han sido capaces de ponerse de acuerdo en cómo articulamos
esta política, en esta Cámara -Gobierno y oposición, los valores y la filosofía que podría representar la intervención del señor Hernando, los valores y la filosofía que podría representar la intervención del señor Herrera y los valores y la
filosofía del resto de personas que han intervenido desde esta tribuna- deberíamos ser capaces de alcanzar un acuerdo de fondo sobre cómo articulamos esas políticas migratorias. En estos diez años, con excepción de algunos momentos puntuales, eso
no ha sido posible y forma parte de una de las debilidades de nuestra política migratoria.
Si uno analiza las cuestiones concretas que todos y cada uno de ustedes están planteando, vemos que las distancias no impiden llegar a acuerdos.
Corremos el riesgo de enfatizar los aspectos puntuales que diferencian nuestra política sin
darnos cuenta de que en las cuestiones de fondo los acuerdos entre unos y otros son posibles. Creo que todos coincidimos en la idea de que España debe apostar por una inmigración legal y ordenada, que ponga el acento en las oportunidades del
mercado de trabajo.
Apostamos también por defender el principio de la reagrupación familiar en una aplicación correcta y adecuada, desde la convicción de que la reagrupación familiar garantiza una integración. Creo que todos estamos de acuerdo en
que es la igualdad de derechos lo que permite avanzar en la plena integración, pero asumiendo también los deberes y las responsabilidades que implica vivir en esta sociedad, y todos estamos de acuerdo en que en esta política nos jugamos un modelo de
sociedad basado en la cohesión social y en la posibilidad de la movilidad social ascendente. Sobre esas cuestiones de fondo creo que el conjunto de los grupos de la Cámara deberían ser capaces en este próximo debate de alcanzar un acuerdo de fondo
para construir conjuntamente la política que en esta materia necesitamos. Desde Convergència i Unió vamos a estar en esa dirección, y hoy lamentablemente no podemos votar estas dos iniciativas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Manuel de la Rocha.
El señor DE LA ROCHA RUBÍ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente, señorías, anuncio ya que mi grupo parlamentario no va a apoyar tampoco ninguna de las dos iniciativas que están siendo objeto de este debate conjunto, aunque lo va a hacer por razones distintas que voy a intentar explicar.
Quiero empezar por la proposición de ley que ha defendido el señor Hernando en nombre del Grupo Parlamentario Popular.
Confieso de entrada una cierta ingenuidad. Pensaba que hoy tendríamos aquí un debate más sereno, más racional, más mesurado.
Nos hemos encontrado otra vez con que, en vez de primar las razones y los valores, han primado las descalificaciones, en algún caso los chascarrillos e incluso la manipulación o la utilización de las cifras de alguna manera tergiversadas. Se inflan
unas y sobre todo se mezclan y confunden deliberadamente dos conceptos completamente distintos: los extranjeros comunitarios y los extranjeros no comunitarios; los extranjeros comunitarios que tienen el derecho de libre circulación y de libre
residencia que se basa en su condición de ciudadanos europeos y los no comunitarios. Sabe el señor Hernando muy bien que la mitad de los extranjeros residentes en España son comunitarios y que esta Cámara poco puede decir, por no decir que nada,
sobre su estancia en nuestro país.
Quiero también señalar que ha hecho una referencia al fondo de integración, que se habría reducido en el último recorte de 1.500 millones que acordó el Gobierno en los presupuestos del año 2009, cuando él sabe que el ministro de Trabajo
compareció en esta Cámara y dijo de manera explícita que eso era un error, que se iba a reponer ese dinero y que el fondo de integración seguiría contando con los 300 millones que estaban en los presupuestos del Estado originales.
Hay tres tipos de consideraciones por las que vamos a votar en contra de la proposición del Grupo Popular. La primera es por el enfoque de fondo de la propia proposición de ley y de algunas de las intervenciones de los portavoces populares,
también la de hoy. Entiendo que en esas intervenciones, y desde luego en la proposición que hoy se ha defendido, subyace un hondo prejuicio contra los inmigrantes, subyace, a pesar de lo que dice el interviniente, una idea negativa sobre el
fenómeno migratorio como fuente de inestabilidad, como riesgo contra el Estado de bienestar -cuando los inmigrantes están ayudando con su trabajo al sostenimiento y al desarrollo del Estado de bienestar- cuando no simplemente como una cercanía a la
marginalidad -palabra que hoy ha utilizado, otras veces lo sitúa en el ámbito de la delincuencia-, pero nunca habla de la solidaridad. Por eso, él hoy ha vuelto a insistir en lo que denomina el efecto llamada. Señoría, usted sabe bien que no hay
un efecto llamada. Lo que hay es un efecto salida, un efecto huída. La inmigración existe fundamentalmente y vienen a Europa porque el mundo es profundamente desigual y buscan una esperanza de trabajo y un horizonte de condiciones de vida mejores
que las de la extrema pobreza en la que ellos viven. Que se lo diga su amigo Berlusconi. Italia es el país en donde más se ha criminalizado al inmigrante, en términos tales que rebasa, que desborda ese espíritu de tolerancia, de acogida de la
Europa ilustrada, sin embargo, Italia es el país que sufre la presión inmigrante más fuerte de toda Europa. No hay un efecto llamada. Hay un efecto expulsión, hay un efecto huída de la pobreza y de la miseria. Y los socialistas, al
considerar el fenómeno migratorio, siempre hemos partido de una perspectiva de realismo, pero también de solidaridad, de justicia social. Perspectiva que, sin duda, comparten todos los demócratas de matriz humanista. Hay una segunda razón para
votar en contra que son razones de oportunidad. Quiero hacer mías las palabras que ha expuesto aquí el portavoz de Convergència i Unió, Carles Campuzano.
Efectivamente, hubo en su momento una moción del Grupo de Convergència i Unió, que mi grupo
parlamentario apoyó, en la que se instaba al Gobierno a que presentara el proyecto de ley de reforma más amplia de la Ley de Extranjería, y que lo hiciera sujeto a unas determinadas indicaciones o materias que el, muy adecuadamente, ha explicado.
El 19 de diciembre pasado el Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto. Ese anteproyecto de ley está sujeto en este periodo de tiempo al dictamen, por una parte, de los órganos institucionales que tienen la responsabilidad de informar -ya
lo ha informado el Consejo Económico y Social, lo ha hecho el Foro para la integración social de los inmigrantes, lo ha hecho también el Consejo Fiscal en relación con los menores, está a punto de terminar su informe el Consejo General del Poder
Judicial, falta el Consejo de Estado- pero también lo han hecho las comunidades autónomas y el movimiento asociativo de ONG vinculado con el tema de la inmigración en un proceso verdaderamente ejemplar de democracia participativa. No está aún
terminado este proceso, está a punto de terminar y probablemente en pocas semanas el Gobierno presentará en esta Cámara un proyecto de ley más amplio, más concreto. No parece, pues, pertinente que en esta situación de alguna manera cortocircuitemos
desde esta Cámara el proceso que está en marcha para aprobar dos proposiciones de ley y se entre en un debate que se tiene que producir con mucha más amplitud en momento posterior.
Hay un tercer conjunto de razones que tienen que ver con el contenido de la propuesta; contenido que en muchos de sus aspectos consideramos que es profundamente inadecuado o cuyos criterios no compartimos. Permítanme tres aspectos.
Primero, ustedes que aprobaron la Ley 4/2000, que negaba determinados derechos fundamentales a los inmigrantes en situación irregular o que no tenían papeles, vieron cómo el Tribunal Constitucional enmendaba aquella decisión legislativa de su
mayoría parlamentaria, y ahora ustedes rectifican -bienvenidos a la rectificación-, pero lo hacen solamente sobre tres derechos: el de reunión, el de asociación y el de libertad sindical. Como ha explicado muy bien el señor Olabarría, se han
olvidado ustedes de otros dos, el derecho a la educación no obligatoria y el derecho a la tutela judicial efectiva. Sí señor Hernando, el derecho a la asistencia jurídica gratuita de los inmigrantes sin papeles, aquellos que más lo necesitan. ¿Y
por qué no lo han recogido? ¿Porque siguen ustedes sin reconocer esos derechos, lo cual sería grave, o porque se han olvidado de ellos? Qué casualidad, siempre se olvidan ustedes de los derechos de los más débiles, de los inmigrantes o, en otro
caso, de otro tipo de ciudadanos trabajadores que no tienen demasiados instrumentos para defenderse por sí mismos. En todo caso, es un signo de que esta proposición de ley tiene demasiada inmadurez como para ser tramitada.
También han hablado ustedes de un intento de prohibir expresamente lo que llaman las regularizaciones masivas. En este país, el único gobierno que ha hecho regularizaciones indiscriminadas y masivas, no caso por caso, fue el gobierno
Popular. Y el Partido Socialista no se opuso a ellas. El Gobierno Socialista se encontró en el año 2004 con una lamentable herencia: 600.000 trabajadores inmigrantes en situación de ilegalidad, trabajando sin derechos en la economía sumergida en
condiciones de doble explotación. En ese marco, el Gobierno llegó a un acuerdo con muchas fuerzas políticas, con sindicatos y empresarios, para regularizar caso por caso, no masivamente y sin control como en gobiernos anteriores.
Usted sabe que
este proceso de regularización fue enormemente positivo.
Usted sabe también que en la Unión Europea así se ha reconocido. Usted sabe que el Pacto europeo sobre inmigración y asilo no prohíbe regularizaciones caso por caso, prohíbe regularizaciones
masivas sin control.
Y un tercer aspecto del contenido que nos parece especialmente rechazable, del que ya se ha hecho aquí mención, es el contrato de integración, que ya fue rechazado por este Pleno con el voto de todos los grupos parlamentarios hace unos
meses. Para nosotros es una propuesta inútil, degradante y de indudable fondo xenófobo. Yo no quiero profundizar más en este tema, hago mías las brillantes palabras del señor Olabarría cuando hace unos minutos ha expuesto lo que significa asumir
los valores culturales o la cultura española, pero sí quiero decirles que en este punto, señores del Partido Popular, están ustedes en el extremo del extremo europeo. Se han quedado solos en Europa, a la derecha no ya de Sarkozy sino incluso de
Berlusconi, y se han quedado solos hoy también en esta Cámara, en este tema y en tantos otros, pero a pesar de ello quiero llamarles al consenso y al acuerdo en nombre de mi grupo para que el proyecto de ley que va a ser traído a esta Cámara en
breve plazo pueda incorporar la posición de todos en lo que aquí algunos acaban de llamar un pacto de Estado.
Termino brevemente con una referencia a la proposición de Izquierda Unida.
Vamos a votar en contra por razones de oportunidad que acabo de explicar y que doy por reproducidas, pero quiero decir que no tenemos las diferencias de criterio de
fondo que he mencionado en relación con el Grupo Parlamentario Popular. Hay aspectos, es verdad, en que su propuesta se distancia del anteproyecto de ley, pero hay otros en donde las posiciones están muy cercanas y donde incluso se comparte el
objetivo de avanzar en la igualdad de ciudadanía de
los españoles y de los extranjeros. Ustedes han hecho mención del derecho de sufragio de los inmigrantes. Sabe bien, lo recuerdo aquí, que es uno de los objetivos de este Gobierno, que lo ha mencionado, que está haciendo un esfuerzo de
convenios con otros países para que haya un reconocimiento mutuo que permita el ejercicio del derecho al voto de los inmigrantes.
El señor PRESIDENTE: Señor De la Rocha, debe acabar.
El señor DE LA ROCHA RUBÍ: Se han hecho ya convenios con 14 países que excluyo mencionar aquí.
Termino, señor presidente, haciendo una llamada de consenso a todos los grupos parlamentarios. En pocas semanas el Gobierno va a presentar un amplio proyecto de reforma de la Ley de extranjería y les pido que haya un amplio consenso que
permita que esa reforma no sea de coyuntura sino de más largo trazo. Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor De la Rocha.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LAS MEDIDAS FISCALES PARA MEJORAR LA LIQUIDEZ DE PYMES Y AUTÓNOMOS. (Número de expediente 162/000351.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a las medidas fiscales para mejorar la liquidez de pymes y autónomos. Para su defensa tiene la palabra doña Fátima Báñez.
La señora BÁÑEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, la crisis económica está afectando de forma muy grave a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas que se enfrentan cada día a serios problemas de liquidez. Esta circunstancia está poniendo en grave riesgo multitud de
empleos, así como la supervivencia de estas pequeñas y medianas empresas. Los problemas que tienen se derivan principalmente de dos cosas: una, el problema de acceso al crédito y, dos, el retraso en los pagos de los clientes, que están
estrangulando de forma constante el tejido empresarial español. Las medianas empresas, las pequeñas empresas, las microempresas, los autónomos en su mayoría, son el corazón y el músculo de nuestra economía, constituyen el 98 por ciento de las
empresas y más del 80 por ciento del empleo que se crea en España y han sido sin duda las grandes protagonistas del mayor ciclo de crecimiento y de empleo en nuestro país. Y ahora también, señorías, cuando estamos en la más grave crisis económica
que conocemos, el duro ajuste económico se ceba principalmente sobre ellas, sobre las pequeñas y medianas empresas y sobre los autónomos. Les daré algunos datos: 900 autónomos al día cierran su negocio, 154.000 se han dado de baja en la Seguridad
Social en el último año y, según la última encuesta conocida de las cámaras de comercio, al 80 por ciento de las pymes que acudieron a una entidad de crédito a solicitar un préstamo les fue denegado o tuvieron problemas. Es decir, cuatro de cada
cinco, y el 17 por ciento tendrá dificultades para mantener en el presente y en el futuro la actividad económica. Así, nueve de cada diez autónomos no han visto ni un euro, señorías, ni un euro de las ayudas de las líneas de crédito del ICO puestas
en marcha por el Gobierno. Por tanto, señorías, miles de empresas están viendo retrasados los cobros de sus clientes -empresas privadas, pero también de las administraciones públicas- afectando seriamente a su liquidez y, por tanto, poniendo en
riesgo el empleo del presente y del futuro. El retraso medio de pago de las administraciones públicas es hoy de 94 días y según el Banco de España la deuda pendiente de las administraciones públicas con las empresas españolas ronda los 40.000
millones de euros. Esta falta de liquidez está teniendo unos efectos devastadores sobre el empleo y está haciendo que se estén asfixiando muchas pequeñas y medianas empresas y autónomos en nuestro país. Los datos son desalentadores. Las
previsiones del Banco de España de la caída del 3 por ciento del PIB para este año o de la tasa de paro que se puede incrementar en 2010 al 20 por ciento son datos alarmantes por sí mismos. Hoy ya estamos sufriendo el 15 por ciento de tasa de paro
en España, el doble de lo que está pasando en la unión monetaria. Ocho de cada diez nuevos parados de la zona euro son españoles.
Por tanto, debemos atajar cuanto antes esta crisis económica que en España es la crisis del paro. Para ello, señores diputados, las pymes y los autónomos nos piden responsabilidad y medidas eficaces para salir de esta situación de crisis
sin precedentes. Nos lo han planteado a los distintos grupos parlamentarios y le han planteado también esta situación al Gobierno, al que por cierto le han hablado en los despachos pero también se le han manifestado en la calle, aquí al lado, en
Neptuno, para presentar sus reclamaciones. Por tanto, el Grupo Parlamentario Popular viene otra vez esta tarde a pedirles el consenso, el apoyo a una nueva iniciativa, a una nueva medida pedida por el mismo colectivo, por las pequeñas y medianas
empresas y por los autónomos, para que entre todos ayudemos a las pymes y a los autónomos a afrontar mejor la crisis económica y a preservar miles y miles de empleos en nuestro país.
Señorías, en esta Cámara hemos sido capaces de sacar adelante entre todos -y quiero subrayar, entre todos- alguna medida económica, independientemente del ADN de la misma, como la línea de avales del ICO, que ha sido anunciada por el
Gobierno que se va a poner en marcha el próximo viernes; avales del ICO para que las pymes puedan cobrar las facturas pendientes con las administraciones públicas. Pues bien, esa medida que
nos parece insuficiente se aprobó con el apoyo de la mayoría de esta Cámara y también aprobamos el pasado 31 de marzo en esa iniciativa una línea de crédito del ICO, que esperamos que el Gobierno ponga cuanto antes en marcha para que puedan
cobrar las facturas pendientes que tienen las pymes y los autónomos con los ayuntamientos y las comunidades autónomas de este país. El Grupo Parlamentario Popular presenta hoy esta iniciativa también con esas ganas de consenso y de construir en
positivo la salida de la crisis para los que más están sufriéndola, para las pequeñas y medianas empresas y para los autónomos. Queremos dar liquidez a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos cambiando la tributación del IVA, cambiando
el principio del devengo por el principio de caja, por el principio de cobro, que las pymes y los autónomos no paguen impuestos por aquellas facturas que aún no han cobrado. Parece razonable, señorías, que eso que nos están pidiendo a gritos lo
aprobemos esta tarde entre todos los grupos de la Cámara. Además, en la iniciativa se recoge también la bajada del impuesto de sociedades al 20 por ciento para que tengan más posibilidades de enfrentarse al futuro de la crisis económica, para que
tengan más recursos a su disposición para superar esta situación de crisis y que sigan creando empleo y manteniendo la actividad de sus negocios. Les invito desde esta tribuna a que sean valientes, a que sean generosos, a que seamos todos
responsables y que entre todos los grupos de la Cámara saquemos adelante lo que nos piden las pymes y los autónomos de este país, que al menos no paguen IVA, no paguen impuestos por las facturas que todavía no han tenido la oportunidad de cobrar.
Confío en que esta tarde todos estemos a la altura de las circunstancias.
Entre todos, señorías, podemos hacerlo por las pymes y por los autónomos, por el futuro de muchos empleos de nuestro país.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Báñez.
Defensa de las enmiendas presentadas. En primer lugar, por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.
El Bloque Nacionalista Galego comparte la preocupación del grupo proponente ante los fuertes problemas de liquidez que afectan a muchas pequeñas y medianas empresas y a autónomos, derivados tanto del retraso en el pago de los clientes como
de las conocidas dificultades de acceso al crédito. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Por eso pensamos que es primordial crear las condiciones que permitan un mayor acceso al crédito y unas mejores condiciones
de liquidez con medidas como el redimensionamiento del ICO de cara a mejorar y completar las líneas de financiación del instituto tales como el ICO-Pyme.
Entrando ya a valorar los contenidos concretos de la proposición no de ley que se somete a debate, coincidimos con el grupo proponente, con el Grupo Popular, en la necesidad de reducir la carga fiscal de las pymes y autónomos que no cobren
sus facturas; si bien nos parece más afortunada la redacción que proponen varios grupos enmendantes aclarando el cómo y el horizonte temporal preciso, proponiendo por tanto articular medidas transitorias para proceder al aplazamiento de las
obligaciones fiscales en los ejercicios 2009 y 2010. Pero en lo que sí diferimos de una manera mucho más clara es en otras medidas fiscales propuestas que son las que motivan las enmiendas presentadas por nuestra formación política. Desde nuestro
punto de vista, el problema de las pymes no radica en un tipo demasiado alto del impuesto de sociedades. Recordemos que la Ley 35/2006 contempló precisamente la reducción del tipo general de gravamen del 35 al 30 por ciento, y para las pequeñas y
medianas empresas cuyo tipo se hallaba en el 30 por ciento se pasó a un tipo de gravamen del 25 por ciento para aquellas con una base comprendida entre cero y 120.000 euros.
Con estas medidas el impuesto de sociedades se ha situado en la media
europea y no somos partidarios de dinámicas que conlleven el establecimiento de facto de una competencia fiscal en esta materia en el concierto europeo. Al contrario, pensamos que la actuación más aconsejable sería instar la armonización de este
impuesto. Desde nuestro punto de vista -y por eso también proponemos enmiendas a los otros subpuntos del apartado 2 vinculando las medidas propuestas a la realización de los estudios pertinentes que evalúen su impacto en las finanzas públicas-,
cuando se preconizan diversas reformas tributarias con el objetivo de rebajar la presión fiscal, si no queremos caer en la pura demagogia política es necesario que se explique la incidencia de estas reformas en la recaudación pública y que se
explique qué programas de inversión pública deberían verse afectados por las mismas; algo que sinceramente echamos en falta en muchas de las iniciativas de este carácter que presenta el Grupo Popular a la Cámara. En cualquier caso, si el grupo
proponente no acepta nuestras enmiendas anticipo que solicitaremos la votación separada de sus dos puntos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Jorquera.
También por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Barkos. Señora Barkos, le quedan exactamente dos minutos para su intervención.
La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidenta.
Espero de su mejor hacer que esos dos minutos tengan la capacidad mínima de un discurso mínimo.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Seguramente su buen hacer le permitirá hacer el discurso en ese tiempo.
La señora BARKOS BERRUEZO: Bien, supongo que empiezan ya los dos minutos.
Se lo agradezco, presidenta.
El Grupo Popular nos presenta una proposición no de ley a nuestro entender más que interesante en su enunciado. Compartimos absolutamente las medidas fiscales para mejorar la liquidez de las pymes y de los autónomos en su punto 1, al que
votaremos que sí. En el 2 tenemos nuestras dudas, sobre todo respecto al primer enunciado. El hecho de reducir el tipo del impuesto sobre sociedades al 20 para las pymes es para nosotros un escollo inasumible. Por lo tanto, planteo a la señora
Báñez, a la portavoz del Grupo Popular, que solicitaremos la votación separada de los dos puntos, si así nos lo admite, que entiendo que sí. Por lo tanto, votaremos a favor del punto 1 y no a favor de los otros, en el caso de que nos sea aceptada
esta posibilidad.
Gracias, señora presidenta, y creo que he intervenido en menos de dos minutos.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Barkos. Ha estado usted estupenda en el uso de su tiempo.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre para defender las enmiendas de su grupo.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, nuestro Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado una enmienda a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular que pretende resolver dos situaciones que están afectando a toda la
economía productiva, pero especialmente a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores autónomos. También quiero hacerles una consideración. Realmente la situación económica en España debe ser gravísima porque semana tras semana, tanto en
el Pleno como en Comisión, todas las formaciones políticas estamos hablando de los empresarios autónomos y de las pequeñas y medianas empresas; y yo diría que en épocas de bonanza económica, en las cuales lo menos preocupante es quizá la
problemática de las pymes y de los autónomos, estos son los grandes olvidados de las formaciones políticas que componen esta Cámara.
Digo esto como dato positivo, porque a pesar de que quizá la situación económica no sea la más beneficiosa para
dicho sector, es importante que al menos el sentimiento y las dificultades de las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos estén hoy en boca de todos los grupos parlamentarios de la Cámara. Viendo las dificultades que existen, pienso
sinceramente que este es ya un paso importante y que sería decisivo que en el futuro, cuando vengan tiempos mejores, los grupos parlamentarios de esta Cámara no se olviden de los problemas de estos sectores, que, repito, no podremos resolver a lo
largo de este periodo de sesiones. Como decía anteriormente, nuestro grupo parlamentario ha presentado dos enmiendas. Una de ellas va en la dirección de poder resolver de una vez por todas que los aplazamientos de todos aquellos impuestos, como
puede ser el impuesto sobre el valor añadido, no se tengan que liquidar a la Hacienda pública cuando única y exclusivamente se haya cobrado por parte del acreedor de Hacienda. Por lo tanto, aquí se establece un cambio de modalidad del devengo por
la liquidación de este impuesto; es decir, cuando se produce la factura u operación comercial por el concepto de cobro o de caja; o sea, cuando el acreedor por parte de la Hacienda pública haya cobrado dicha cantidad será cuando la liquide a la
Hacienda pública.
Esta es una iniciativa calcada de la que presentó nuestro grupo en la Comisión de Economía y Hacienda que iba en la misma dirección; y con la colaboración de todos los grupos parlamentarios -incluido el grupo proponente, así como el resto
de formaciones políticas en el cual también estaba incorporado el grupo parlamentario que da soporte al Gobierno- hicimos una enmienda transaccional, en la que planteábamos que para todos aquellos empresarios que estaban afectos a los módulos y al
impuesto sobre sociedades, pudiéramos cambiar el tipo de tributación en función del cobro o de la caja en sustitución del devengo, no solamente el IVA sino también el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Este era un acuerdo que también
obligaba al Gobierno; era muchísimo más amplio que el actual, pero también englobaba la posibilidad del impuesto sobre el valor añadido. Por lo tanto, en el caso de que el Grupo Parlamentario Popular no aceptara la enmienda presentada por
Convergència i Unió, lógicamente, nosotros también apoyaríamos el punto número 1.
Con respecto a los puntos números 2 y 3, planteamos un poco más en profundidad la rebaja del impuesto sobre sociedades. Aquí sí contemplamos la posibilidad de que para todos aquellos autónomos o microempresas que no lleguen a un determinado
volumen de facturación o de contratación de personal, la rebaja del impuesto no sea del 25 al 20, sino que también pueda existir para las microempresas y para los autónomos de pequeña dimensión una tributación que alcance el 15 por ciento de su
tributación.
Por ello, planteamos una escala de 15 por ciento, 20 por ciento y 25 por ciento, y no sé si el Grupo Parlamentario Popular finalmente aceptará la enmienda global que ha presentado nuestro grupo parlamentario.
Muchísimas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Sánchez i Llibre.
Para defender las enmiendas del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Alique.
El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda de sustitución a la propuesta del Grupo Popular porque nos parece que su propuesta es en parte incoherente, y además desconoce lo que en este momento se está haciendo a
favor de los autónomos y de las pymes. Es cierto que las pymes son un elemento dinamizador de la actividad económica y del empleo, como también lo es que en este momento están viéndose afectadas por la crisis económica principalmente en lo que se
refiere a la restricción de crédito y a la caída de la demanda.
Precisamente por esto, el Gobierno está preocupado por nuestros autónomos y nuestras pymes y ha establecido la mayor movilización de recursos financieros de la historia a través del
ICO con 30.000 millones de euros para financiar proyectos de inversión, así como las necesidades de liquidez para que puedan continuar con su actividad y con ello mantener el nivel de empleo. Junto con este apoyo a la financiación, también se han
adoptado medidas relevantes en el ámbito fiscal a las pymes. Como SS.SS. conocen, el Gobierno del señor Zapatero ha sido el primer Gobierno de la historia de la democracia que ha rebajado el tipo del impuesto sobre sociedades, concretamente del 30
al 25 por ciento.
Señores del PP, ustedes lo pudieron hacer. Gobernaron durante ocho años en una situación económica mejor que la actual y sin embargo no lo hicieron, y ahora precisamente cuando acaba de ponerse en vigor esa rebaja -concretamente, un 5 por
ciento en tan solo un año-, cuando no ha pasado el tiempo necesario para su evaluación y cuando además hay una clara restricción presupuestaria debido a la disminución de ingresos, señores del PP de manera irresponsable proponen una nueva rebaja.
Además es rotundamente falso decir que reducir los impuestos en tiempos de crisis reactiva la economía. Señorías, ningún país ha planteado como solución a la crisis la rebaja de impuestos y sí, por el contrario, tirar de la demanda con una fuerte
inversión pública como está haciendo el Gobierno de España. Aquí, de forma inaudita, el Partido Popular sigue instalado en las ideas neoconservadores en materia económica, que son la causa y el origen de la crisis económica y financiera
internacional. Sería deseable que el Partido Popular explicase claramente a los ciudadanos de dónde pretende quitar gastos, si es de infraestructuras, si es de financiación autonómica, si es de prestaciones sociales o si de recortes a los
trabajadores, como ya hicieron cuando gobernaron, que con decretazos provocaron una huelga general, y como ayer mismo el señor Aznar -que les recuerdo que es el presidente de honor del Partido Popular y presidente de FAES- proponía. También sería
conveniente que aclarasen quién manda en el Partido Popular, porque parece que el señor Aznar es el que manda; dice lo que calla el señor Rajoy, que con su silencio está otorgando esa propuesta.
El compromiso del Gobierno con las empresas es innegable, como lo demuestra que por primera vez desde marzo de este año 28.000 pymes y autónomos puedan pedir la devolución mensual del IVA, lo que hará que les lleguen recursos financieros y
que mejore su capacidad de liquidez.
Además, respecto al punto 1, les recuerdo que ya hay un acuerdo en la Comisión de Economía y Hacienda, concretamente del pasado 24 de marzo, hace menos de un mes, como decía el portavoz de Convergència i Unió, y
por tanto entiendo que es un asunto parlamentariamente solucionado.
Estamos de acuerdo en introducir medidas para que el pago del IVA por parte de los empresarios o los autónomos que no han cobrado facturas tenga una solución, y en los términos en
los que se aprobó en la Comisión de Economía y Hacienda hemos presentado nuestra propuesta. Por tanto, nos parece que el Gobierno trabaja en la buena dirección, apoyando a las pymes y a los autónomos, pero al mismo tiempo el camino adecuado es
trabajar con diálogo social, como la mesa de trabajo abierta por el Gobierno con los autónomos, y con la colaboración de las administraciones, de los ayuntamientos. Van a ser muy importantes esos 8.000 millones de euros del Plan Zapatero, que van a
ser un fuente de ingresos y dinamismo económico para nuestras pymes y autónomos, así como la próxima ayuda a los ayuntamientos para que puedan pagar las deudas a sus proveedores, en definitiva, a los empresarios.
Me alegro de que ustedes no se atribuyan la paternidad de la medida, ha dicho hoy, con el consenso de todos. Quiero recordarle que fue el señor Costa quien el pasado día 16 de febrero dijo que esa medida la aprobaría el Consejo de
Ministros, como así se iba a hacer. Pueden mirar las hemerotecas y comprobar que el Partido Popular no dice la verdad.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Alique, por favor, tiene que acabar.
El señor ALIQUE LÓPEZ: Gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias.
En el turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.
Esta moción pone de manifiesto que hoy quien está padeciendo la crisis como quien más es la pequeña y mediana empresa. Es evidente que las medidas de créditos del ICO no llegan, y no llegan por una razón, porque quien tiene que coparticipar
precisamente en esas medidas, que son las entidades financieras, no fían. Por tanto, el primer problema que tiene hoy nuestra economía y la pequeña y mediana empresa es que llegue el crédito. Aquí tengo que decirles que nadie le pone el cascabel
al gato, porque no hay nadie que se atreva con determinadas entidades financieras.
El
Gobierno no lo hace, porque está claro que se aprueban medidas, pero ninguna medida con exigencia, y el partido de la oposición también se ha instalado en no hacerlo, porque hay cosas que no se pueden tocar en política o hay cosas que solo
nos dejan a algunos que las toquemos. Por eso, mientras no haya exigencia a las entidades financieras para que fíen el crédito y mientras que las medidas que aprueba el Gobierno, comprando activos o interviniendo en entidades financieras, no vayan
acompañadas de la exigencia para dar crédito, no vamos a avanzar.
Segundo elemento. Pese a ello estamos de acuerdo con una de las medidas que se plantea por parte del Grupo Popular en esta proposición. Por eso vamos a votar favorablemente al primero de los elementos porque es razonable, en definitiva,
que la pequeña y mediana empresa no pague precisamente las facturas del IVA que no ha cobrado, más en un contexto como el actual, más cuando los impagos se demoran por supuesto, y más cuando alguno de ellos es fruto de una administración que a veces
no puede pagar porque tiene problemas gravísimos en sus caídas de ingresos y también porque no se ha solventado el problema de la financiación ni local ni autonómica. No nos olvidemos de que cuando hablamos de solventar el problema de la
financiación autonómica o local, estamos hablando también de solventar los problemas sociales, pero también de la liquidez que tienen determinadas pequeñas y medianas empresas. Por eso, en coherencia con lo que pensamos, vamos a votar
favorablemente al punto primero que plantea el Grupo Popular porque es razonable, es de sentido común, porque lo piden las pymes, sin ir más lejos -en una reunión en la que nosotros estuvimos así nos los trasladaron-, y porque entendemos que lo que
es de sentido común esta Cámara tiene que apoyarlo y el Gobierno tiene que impulsarlo, no solo apoyarlo esta Cámara sino impulsarlo el Gobierno.
Tercer elemento. Hay un aspecto en el que no estamos de acuerdo, lo sabe bien la portavoz del Grupo Popular, en esta política de rebaja de impuestos. La intervención de hoy del portavoz socialista, que me ha recordado también una
intervención del señor Jáuregui sobre el tema impositivo, contrasta precisamente con que las soluciones hoy no son las reducciones de impuestos, pero tampoco en un momento de crecimiento.
Dicho de otra forma, se ha consagrado que no solo no es
razonable hoy bajar impuestos sino que cuando la economía estaba calentada, lo que no se tenía que hacer era calentarla más. Dicho de otra manera, no se tenía que bajar impuestos, un 5 por ciento el impuesto sobre sociedades, la primera vez que se
hace en este caso fue por parte del Grupo Socialista, porque no tenía sentido económico. Además, yo añado que tenemos una discrepancia ideológica y de fondo, que la mantenemos hoy, pero la mantenemos también respecto al ejercicio anterior. En un
contexto como el actual no es lo oportuno la reducción de impuestos porque el tipo medio efectivo de los impuestos sobre sociedades en España hoy es inferior al de la media de la OCDE, a no ser que queramos competir con Chipre, con Irlanda, con
Estonia o Eslovaquia. Esto no parece lo razonable cuando nosotros tenemos un problema de modelo de crecimiento y lo que hay que hacer son políticas anticíclicas y políticas como las que se plantean en el punto 1. Estamos ahí completamente de
acuerdo. No vamos a entrar en esta espiral de a ver quién rebaja más impuestos por una razón además práctica y sencilla. El problema que tiene hoy la pequeña y mediana empresa no es el impuesto sobre sociedades que tiene que pagar. El problema
principal es esa falta de liquidez y ese crédito que antes se daba al Euribor más uno o al Euribor más 2 y hoy o no se lo dan, o si se lo dan, se lo dan al Euribor más 4, cuando el precio del dinero ha bajado. Es la paradoja de que mientras el
Euribor baja, el precio del dinero baja y aquel que quiere impulsar una pequeña y mediana empresa, resulta precisamente que el dinero o no se lo fían o se lo fían más caro.
Seguramente ocurre esto porque las entidades financieras lo que hicieron
fue endeudar demasiado la economía, ganar más que nunca, y hoy como no pueden ir al interbancario por donde aprietan es por el eslabón más débil, que en este caso es la pequeña y mediana empresa, que si no consigue salirse con la suya lo que va
acabar haciendo es lo que lamentablemente está pasando, destruir empleo por la inviabilidad y por la falta de proyectos. Por eso hay que decir que lamentamos, del Partido Socialista pero también del Partido Popular, esa falta de exigencia a las
entidades financieras. El punto 2 no vamos a votarlo favorablemente, como sabe la portavoz del Grupo Popular, pero sí vamos a votar el punto 1 porque nos parece razonable.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Herrera.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, no resulta novedosa la iniciativa planteada por el Grupo Popular con el fin de mejorar la liquidez de las pymes y los autónomos, puesto que esta preocupación por los autónomos ha sido planteada en multitud de
ocasiones y bajo diversas fórmulas en esta Cámara y reconozco que el peso del Partido Popular en estas iniciativas ha sido considerable. Todos los grupos de esta Cámara compartimos la idea de que la crisis económica está afectando de manera
especial y muy directa a las pymes y a los autónomos que, por sus características de reducida dimensión y poca capacidad individual de presión y negociación, se encuentran más indefensos que las
empresas de mayor tamaño. Por tanto, cualquier medida que ayude a las pymes y a los autónomos a mejorar su liquidez y su financiación tendrá el apoyo de nuestro grupo parlamentario.
En este sentido, valoramos muy positivamente lo recogido por la iniciativa en su punto 1. Creemos que es acertado que las pymes y los autónomos no ingresen el IVA a la Administración tributaria por aquellas facturas que aún no han cobrado,
de la misma manera que apoyamos y apoyaremos las medidas con el fin de que los retrasos en el pago de las administraciones públicas afecte lo menos posible a las pequeñas empresas y a los autónomos, y de la misma manera que apoyamos y apoyaremos las
medidas para facilitar los pagos a la Hacienda bien sea mediante aplazamientos u otro sistema, lo haremos también con el punto 1 de esta proposición no de ley.
Sin embargo, nuestro grupo parlamentario no cree oportuno, tal y como se plantea en la iniciativa, rebajar sustancialmente el tipo del impuesto sobre sociedades. El problema de las pymes y de los autónomos hoy en día no es, por desgracia,
pagar un tipo impositivo en el impuesto sobre sociedades más alto o más bajo; hoy el problema de las pymes y de los autónomos es que dada la actual coyuntura económica es muy difícil que tengan beneficios empresariales sobre los que puedan o deban
pagar.
Además, la reforma del impuesto sobre sociedades, por la que se modifican los tipos impositivos aplicables a pymes, es aún muy reciente. En nuestra opinión se debería esperar a que la reforma vaya dando los frutos esperados.
Como último argumento, queremos señalar que el Grupo Vasco en materia tributaria, dada la peculiaridad del régimen foral de las diputaciones forales, de los territorios históricos y de la Comunidad Foral de Navarra, dado que estas
instituciones tienen sus competencias en materia normativa con relación al impuesto sobre sociedades, tradicionalmente como Grupo Vasco nos hemos venido absteniendo en las medidas de carácter fiscal. Por ello, y para concluir, quisiera señalar que
nuestro grupo parlamentario también va a pedir votación separada de los puntos 1 y 2 para votar favorablemente el punto 1 y abstenerse en la votación del punto 2.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Azpiazu.
Señora Báñez, es su turno para aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios.
La señora BÁÑEZ GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Para poder votar separadamente los puntos 1 y 2, como me ha pedido la mayoría de los grupos, mantenemos la proposición no de ley en sus términos iniciales.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Rechaza por tanto las enmiendas.
Muchas gracias, señora Báñez.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA FERNÁNDEZ DAVILA), SOBRE MEDIDAS PARA OTORGAR MAYOR TRANSPARENCIA AL MERCADO DE LA LECHE, A FIN DE ASEGURAR LA ESTABILIDAD DE LOS PRECIOS PAGADOS EN ORIGEN A LOS GANADEROS.
(Número de expediente
173/000060.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a continuación al punto IV del orden del día, mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a las medidas para otorgar
mayor transparencia al mercado de la leche a fin de asegurar la estabilidad de los precios pagados en origen a los ganaderos. Para defenderla tiene la palabra en nombre de su grupo la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, defendemos la moción presentada, consecuencia de la interpelación que formulamos a la ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino hace aproximadamente quince días con relación al precio en origen de la leche o, lo que es lo
mismo, la situación de crisis que está viviendo en estos momentos el sector lácteo. Señorías, decir que en estos momentos el sector lácteo está viviendo una crisis no es exacto; en este sector la crisis lleva bastante tiempo siendo un problema
gravísimo y en la interpelación ya hablamos de la cantidad de explotaciones, 1.200, que se están cerrando en el último año en Galicia, una de las zonas del Estado español con más producción láctea, y otra vez de nuevo les traigo el dato de que en
Galicia los ganaderos advierten de que si no se resuelven estos problemas serán más de 3.000 explotaciones las que podrán cerrar en el futuro.
Señorías, ustedes se darán cuenta de que cuando yo hablo tanto o menciono a Galicia como la parte más perjudicada por el problema lácteo, es debido no solamente a que es la comunidad del Estado español con más producción láctea, sino también
que esta producción en el sector agrario gallego es la más importante del sector agroganadero y, sobre todo, de la importancia que este sector tiene en el producto interior bruto de nuestro país, Galicia. Por eso nos preocupa especialmente, sobre
todo porque para nosotros, el BNG, este sector productivo es un sector estratégico que consideramos que es necesario defender desde las administraciones públicas. No es ninguna novedad que el Bloque Nacionalista Galego
presente una moción como esta, no es la primera vez, y en esta ocasión, después de las respuestas de la ministra, nos vimos obligados a presentar estos ocho puntos. Decimos que nos vimos obligados porque si bien la ministra reconoce la
situación, tampoco nos aportó alternativas que pudieran demostrar que se puede solucionar, o cuando menos la voluntad del Gobierno en referencia a iniciativas propias del Estado español o en referencia a iniciativas a llevar a cabo en la Unión
Europea; no nos demostró que tuviera voluntad de hacerlo, por lo menos en aquel momento.
Desde la presentación de la interpelación hasta hoy, señorías, ustedes saben que el conflicto lácteo ha sido, desgraciadamente, noticia de prensa en demasiados días de estas dos últimas semanas. Incluso hubo una movilización de ganaderos en
Madrid el jueves de la semana pasada reclamando resoluciones del Gobierno en relación con este problema. El problema fundamental es el precio en origen. Aquí es donde se centra la cuestión, debido a que el precio que se está pagando a los
ganaderos por la leche está siendo inferior al precio de coste de producción de la misma, es decir el precio de coste de producción de un litro de leche en este momento está en 140 céntimos y el precio que está pagando la industria a los
agricultores está por debajo de ese coste. De ahí que nosotros entendamos que es necesario defender en el seno de la Comisión Europea que se establezca un precio de referencia en origen de tal manera que se pueda establecer no solamente en el
Estado español sino en toda la Unión Europea, ya que parte de la disculpa del sector industrial está en relación con que esto es algo que compete a la Unión Europea. Por eso nosotros remitimos la solución a la Unión Europea, pero evidentemente el
que lo tiene que llevar y tiene que tener la voluntad de defenderla es el Gobierno del Estado español.
La colaboración con las comunidades autónomas para poner en marcha programas de control de las importaciones nos parece fundamental, porque aunque diga la ministra que es competencia de las comunidades autónomas, en todo caso hay una parte
que corresponde al Estado y por eso nosotros hablamos de un programa en colaboración, igual que acuerdos en la Unión Europea de regulación del mercado en los casos de excedentes lácteos. Nos parece necesario que nos sumemos a otros Estados de la
Unión Europea en relación con la necesidad de revisar el incremento lineal de cuotas acordado en el marco del chequeo de la PAC y sobre todo en relación con la liberación del mercado de la leche. Nosotros entendemos que aunque hace poco tiempo que
los acuerdos de modificación de la PAC se llevaron a cabo, ya fueron otros Estados, como Alemania, los que entendieron que había que retrasar parte de los acuerdos a los que se llegó en el mes de diciembre exactamente. El Gobierno debería mantener
también una posición de este estilo en la Unión Europea.
Respecto a los ocho puntos que presentamos y que no vamos a defender uno por uno porque no tenemos tiempo, tenemos que decir que sobre la base de conversaciones con otros grupos -el Grupo Socialista, Convergència i Unió, PNV y Esquerra
Republicana-Izquierda Unida- hemos llegado a la posibilidad de una moción que recoge casi la totalidad de los puntos que nosotros pretendemos, igual que la práctica totalidad de enmiendas que presentan otros grupos. Por eso aceptamos esta enmienda
en la medida en que es un avance en relación con la situación actual y sobre todo porque entendemos que el Gobierno debe intensificar políticas como las orientadas a las acciones de la Interprofesional Láctea, aunque tiene que ser más de lo que se
recoge aquí, y desde luego en las reuniones y en las negociaciones con la interprofesional es necesario tener en cuenta al sector productor a la hora de llegar a acuerdos.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Fernández Davila, tiene que acabar, por favor.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Sí, señora presidenta, voy finalizando.
Porque si no se tiene en cuenta evidentemente los acuerdos no serán posibles. Finalizo, señora presidenta, diciendo que la enmienda que consensuamos no es todo lo que nosotros entendemos...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Fernández Davila, tendrá su turno para fijar la aceptación de enmiendas.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: En definitiva, seguiremos defendiendo algunas de las iniciativas que hoy no están recogidas en la enmienda que transaccionamos.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Fernández Davila.
Efectivamente, a esta moción han presentado enmiendas todos los grupos. En primer lugar, para defender las que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor García Díez.
El señor GARCÍA DÍEZ: Señorías, no es la primera vez que hablamos en este hemiciclo del sector lácteo, no es la primera vez que abordamos medidas y tampoco las aprobadas en diferentes comisiones parlamentarias como la de Economía del pasado
17 de febrero o como las aprobadas en la reciente Comisión de Agricultura del pasado 18 de marzo. Son medidas muy diferentes pero que lamentablemente se han quedado en eso, en acuerdos de instar al Gobierno a adoptar un paquete de medidas bien de
carácter fiscal o bien de carácter financiero; o bien apoyar o impulsar el funcionamiento de lo que se llama la Interprofesional Láctea -que a juicio de algunos nació y continúa muerta-; o bien impulsar el plan estratégico del sector
que ha presentado recientemente el ministerio; o, como proponíamos nosotros -y fue aprobado así en la Comisión de Medio Ambiente-, el reparto de la cuota procedente del fondo de reserva nacional, que a día de hoy sigue sin repartirse en las
diferentes comunidades autónomas; o, también a petición de nuestro grupo parlamentario, la aprobación de un plan de abandono para ofrecer una salida digna a los ganaderos que se ven obligados a abandonar todas aquellas explotaciones cuyos titulares
no pueden hacer frente a la situación con la que se están encontrando desde hace meses, y ya hace poco la interpelación del día 1 de abril, a la que ha hecho referencia la proponente de esta moción, donde se debatían medidas para otorgar mayor
transparencia al mercado de la leche.
Lo cierto es que hoy mismo la ministra Espinosa decía textualmente que estamos en un mercado libre donde la normativa permite la libre circulación de leche. Si estuviera aquí la señora ministra le diría que eso es verdad, pero también es
verdad que con el control adecuado. Ese es el problema: mercado libre pero con control. Reconozcamos que son necesarias las importaciones porque nuestro mercado es deficitario, pero no permitamos que estas importaciones contribuyan a la
destrucción del sector. La ministra puso un ejemplo desafortunado el día de la interpelación comparando el movimiento de la leche de otros países de Europa hacia España y nuestros vinos -concretamente se refería a los vinos gallegos- desde España
hacia otros países europeos. Decía: Igual que nos gusta ver nuestros vinos en otros países europeos, no tenemos más remedio que aceptar que la leche de otros puede venir a nuestro país. Eso no es así. Ese es un ejemplo muy desafortunado porque
no es comparable.
Cuando ella mencionaba el vino se estaba refiriendo a la revalorización de un producto, al valor añadido de un producto, y la leche es la reubicación a bajo precio de un producto. El vino español cumple todos los requisitos que
exige la Unión Europea en los países adonde lo exportamos, pero en cuanto a la leche en España estamos padeciendo lo que llamamos el efecto sumidero de algunos países que nos colocan leche que probablemente en muchas circunstancias no cumplen los
requisitos que se les exigen. Claro que hay que respetar la Unión Europea, pero nosotros podemos aprobar medidas propias de etiquetado o de transparencia. Ningún país europeo -lo digo clarísimamente- permitiría que nuestras exportaciones
vitivinícolas arruinaran sus vinos, y sin embargo el Gobierno español está permitiendo que la entrada de leche de otros países sin el control adecuado lleve a la ruina a sus ganaderos. No sé si es por esto por lo que había una pancarta en la
reciente manifestación de todo el sector el pasado día 16 aquí en Madrid que decía: Espinosa, no seas francesa. Yo no quiero frivolizar con estas cosas, pero algo quieren decirnos los ganaderos, que son muy sabios, con sus mensajes. Además nos
dicen otras cosas. Es la primera vez que todas las organizaciones profesionales agrarias, sumadas a todas las cooperativas agrarias, han ido juntas con un mensaje muy claro. No entienden la apatía del Gobierno, lo han dicho claramente. Nos dicen
que el plan estratégico es interesante, pero que no soluciona el problema actual de la falta de rentabilidad de las explotaciones.
Por falta de tiempo no me puedo extender más que para decirles -y se lo digo a usted, señora Fernández Davila- que nosotros tenemos una enmienda.
Ustedes han pactado con otros grupos sin contar con el nuestro. Yo le sigo ofreciendo que
incorpore a esa enmienda que han pactado con ellos las medidas que contemplan nuestras propuestas, porque son medidas urgentes, que son las que hoy demanda el sector, no maquillajes. Son medidas de tipo fiscal y financiero, como las que he citado
de refinanciar las deudas de las explotaciones, que están hasta el cuello, que no pueden vivir un día más. No se pueden aplicar cataplasmas a dolores de cabeza. Estamos hablando de enfermos graves, estamos hablando de publicar urgentemente la
normativa ministerial que regula el plan de abandono y estamos hablando de temas de IVA, de módulos de autónomos, de medidas fiscales y financieras, como he dicho.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor García Díez, por favor.
El señor GARCÍA DÍEZ: Termino ya, presidenta, en diez segundos, solo para decir que si no se incorporan estas medidas hoy, todas o algunas, al conjunto de enmiendas aceptadas, le aseguro que los ganaderos no lo van a entender. Nosotros así
se lo diremos. Ya les anuncio que si esto no se acepta nosotros traeremos este paquete de medidas en una iniciativa propia en breves fechas.
Muchas gracias, señorías, señora presidenta. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias a usted, señor García Díez.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
Votaremos favorablemente la iniciativa y sobre todo el acuerdo que parece ya es un hecho entre el grupo proponente de la iniciativa, el Bloque, y el Grupo Parlamentario Socialista. En todo caso voy a hacer varias apreciaciones. En primer
lugar, esta iniciativa es muy oportuna.
Recientemente ha habido una movilización en Madrid, otra más sobre el futuro del sector lácteo, y nos parece muy importante que el Parlamento responda a esa movilización con mayor sensibilidad y con una
propuesta para abordar los problemas del sector. En segundo lugar, en relación con el sector lácteo no
solo estamos ante una cuestión que tiene que ver con las importaciones de leche, que son muy importantes para nuestro país, sobre todo teniendo en cuenta que estamos produciendo por debajo de cuota, sino que también tiene que ver con el
propio consumo. En España se ha producido una baja de consumo que tiene que ver con productos lácteos y en particular con los quesos, y en esa materia también nos parece que esta iniciativa tiene su importancia, si bien alguno de los puntos para
nosotros sería mejorable. El punto 3 habla de precios de referencia, y qué más quisiéramos, pero en estos momentos ese precio de referencia ya no existe en el marco de la Unión Europea. El punto 5 hace referencia a un acuerdo de la intersectorial.
Nos parece importante que haya un tratamiento especial para el sector lácteo, pero en todo caso es ya un hecho y para nosotros es algo que viene a redundar en un acuerdo ya existente, y lo que abunda no daña, se puede decir en este caso. Sin
embargo, echamos en falta una mayor incidencia para que esas propuestas sobre el sector lácteo tuvieran un tratamiento especialmente privilegiado para zonas de montaña o para zonas que están en una situación difícil. Creemos que esa materia debería
haberse incorporado. En todo caso, está en el ánimo de la negociación entre el Estado y las comunidades autónomas que estas propuestas para la dinamización y la garantía del sector lácteo tengan en cuenta especialmente las zonas desfavorecidas y
las zonas de montaña. Por estas razones vamos a votar favorablemente la iniciativa.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Llamazares.
Para defender las enmiendas del Grupo socialista tiene la palabra la señora Pérez Herraiz.
La señora PÉREZ HERRAIZ: Gracias, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, compañera Olaia, verdaderamente el sector lácteo está pasando por unas circunstancias muy difíciles que afectan especialmente a nuestra comunidad autónoma, a Galicia. En Galicia se produce el 37 por
ciento de la leche que se produce en España y el sector lácteo representa el 30,46 por ciento de la producción final agraria gallega. Esta actividad está muy relacionada, por tanto, con la posibilidad de que una parte de la población permanezca en
el medio rural, imprescindible para conservarlo como lo conocemos. Por eso, el sector lácteo en Galicia es muy importante por lo que aporta a la economía, pero también por las implicaciones sociales que tiene. Aunque consideramos que Galicia es la
comunidad más afectada, el problema es del conjunto del sector lácteo. Hace tiempo, aproximadamente un año, que pasamos de circunstancias en cierta medida favorables para el sector, con el correspondiente incremento de producción, a todo lo
contrario, a una situación de crisis, con menos consumo en el mercado internacional y costes de producción -¡ojo!- poco ajustables. El Gobierno y el Grupo Socialista son conscientes de esta dificultad y por ello aprobamos varias iniciativas para
dotar al mercado de mayor transparencia, para apoyo de zonas singulares y, por ejemplo, a propuesta del Grupo Socialista, para impulsar la Interprofesional Láctea a fin de que se elabore un plan estratégico y se implanten distintivos de calidad.
Estimado señor García Díez, se están desarrollando estas medidas. Por tanto, no es cierto que lo que se aprueba no sirva para nada. El ministerio está trabajando en estos temas. Recientemente presentó el plan estratégico que está acordando con
todas las partes interesadas, y le pedimos, de todas maneras, que acelere en la medida de lo posible este proceso y la implantación y desarrollo de todos los puntos acordados. Pero la gravedad de la situación hace que solicitemos nuevamente la
implicación del ministerio para ayudar a los ganaderos a pasar este difícil periodo y evitar el cierre de explotaciones.
Pertenecemos a la Unión Europea, lo que, por supuesto, globalmente nos favorece. Por tanto, estamos condicionados por la producción total europea y no solo por la nuestra, que no es suficiente para cubrir nuestras necesidades. Por tanto,
debemos intentar que, dado ese déficit interno, no quede leche producida en España sin comercializar. En este momento algunas industrias se niegan a recoger leche de las cooperativas, que al menos en Galicia suponen un gran avance en la forma de
organizar el trabajo, la producción y la gestión de las ganaderías. Debemos evitar que los productos de otros países europeos entren en España en situación de competencia desleal. Parece que algunas industrias, ante la debilidad de los productores
por la cantidad de excedentes lácteos que hay en el mercado, no tienen reparo en utilizar cualquier práctica a su alcance, aun a riesgo de contribuir con su comportamiento a la desaparición de una importante parte del tejido productivo agrario
español. Consideramos necesario y posible intensificar el control de la legalidad de todas las actuaciones relacionadas con la producción, transformación y comercialización de productos lácteos y así ayudar a los ganaderos a continuar su actividad
productiva y de mantenimiento del patrimonio común, el entorno rural.
Entre las medidas que, de acuerdo con otros grupos, proponemos destacamos la lucha contra las malas prácticas comerciales; defender en el seno de la Comisión Europea el mantenimiento de mecanismos de regulación de los mercados; defender
también en el seno de la Unión Europea el impulso de normativas destinadas a mejorar la regulación del precio de referencia de la leche, de manera que se tengan en cuenta criterios como los costes de producción; adoptar todos los mecanismos de
intervención previstos en la legislación, y poner en marcha, en colaboración con las comunidades autónomas, un programa de la leche comercializada para mejorar la transparencia de la comercialización tanto
internamente como la procedente de intercambios comunitarios. Esperamos conseguir el apoyo de todos los grupos parlamentarios y que las circunstancias del sector lácteo mejoren.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Pérez Herraiz.
Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Tarruella.
La señora TARRUELLA TOMÁS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en nombre de nuestro grupo parlamentario agradecemos a la señora Fernández Davila la oportunidad de esta moción consecuencia de la interpelación que presentó sobre el sector lácteo. Desde nuestro grupo daremos soporte a esta
moción. De hecho, somos firmantes de estas enmiendas transaccionales que hemos presentado porque creemos que es muy importante y necesario este soporte a todo el sector lácteo, que está atravesando en estos momentos una de las mayores crisis de su
historia.
Los productores están percibiendo por litro de leche precios inferiores a los costos de producción y muchos productores tendrán que cerrar sus explotaciones ya que no son viables. El sector lácteo hace tiempo que está en crisis. Es
cierto, señorías. Hace tiempo que en esta Cámara se está hablando de esto. Pero dado que la Administración central no ha hecho gran cosa hasta estos momentos para mejorar esta situación, eso ha llevado al sector a movilizarse y a exigir medidas,
gran parte de las cuales están recogidas en esta moción del Grupo Mixto a la que, como hemos dicho, nuestro grupo parlamentario dará soporte.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Tarruella.
Finalmente, para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Muchas gracias, señora presidenta, voy a intervenir desde el escaño, si me lo permite.
Todos concluimos que el sector lácteo en el Estado español está en una situación gravísima y concluimos que el problema está en el precio de origen, y la moción original del Bloque Nacionalista Galego pretendía incidir en ello. Nosotros
hubiéramos apoyado desde un principio la moción original, pero se ha llegado a una transacción y estamos de acuerdo, la vamos a apoyar, como no podía ser de otra manera, pero creemos que se ha rebajado un poco la exigencia que aparecía en la moción
original. Está claro que de seguir así muchos pequeños productores tendrán que abandonar su producción, tendrán que abandonar su oficio, tendrán que abandonar su tradición, que es algo más que una profesión, es una forma de entender la vida y es
algo consustancial de todo el sector agrario, pero en este caso sobre todo del sector ganadero de los pequeños productores. El pequeño productor produce leche y la vende. ¿A quién la vende? A quien le paga.
¿Y quién marca el precio? Quien le
paga. Esa es en estos momentos una de las situaciones más dramáticas que tenemos porque el precio de origen está en una situación catastrófica. La semana pasada uno de los sindicatos agrarios vascos, ENBA, salió a la calle a regalar leche, y esa
es una situación que no es deseable para ningún sector. Mejor regalar que malvender porque la leche es nuestra sangre, es lo que decían. Y tuvieron que regalar un montón de litros de leche denunciando esta situación. A los ganaderos vascos en
estos momentos producir un litro de leche les cuesta 0,38 euros y lo venden a 0,32. Esta situación no tiene ningún futuro mientras no se solucione este tema. Una de las alternativas es decir: ¿cómo es posible que el precio de la leche baje y el
pienso suba? Ante esta situación, más insostenibilidad todavía, o sube el precio de la leche en origen o baja el pienso, o se equilibran las dos. Pero ante esto también tenemos una necesidad de regulación de las importaciones.
Evidentemente, en
un mercado libre no podemos prohibir importaciones y menos cuando no tenemos fronteras internas europeas, porque hablar de fronteras es baladí, no tiene sentido en la Europa comunitaria, pero sí regular. Creo que es obligación regular. Creo que la
OCM de la leche también está para eso y que la regularización es fundamental. También hay que regularizar la producción de la leche de marca blanca, porque al fin y al cabo todos conocemos cómo funciona el mercado, la marca blanca tiene el poder
que tiene, y los pequeños productores venden a ciertos productores de marca blanca que generan una situación de precios que en estos momentos es insostenible.
Por último, quiero decir que hay que buscar una estabilidad en la producción. Para ello, mi grupo siempre ha sido favorable a prolongar el sistema de cuotas lácteas y garantizar este sistema en Europa. Cuando se hizo la subcomisión del
estudio del chequeo médico de la PAC también lo propusimos así. Sé que unos optan por el aumento de cuotas lácteas y otros por su desaparición. Nosotros consideramos que el sector ganadero -y yo defendiendo al sector ganadero de mi país- necesita
que se garantice y si es posible se prolongue el sistema de las cuotas lácteas como un sistema necesario. Como dato le diré que solo siete estados miembros, Austria, Chipre, Irlanda, Italia, Alemania, Luxemburgo y Países Bajos, han superado la
cuota de entregas que se les había asignado.
Globalmente ese rebasamiento es de 1.217.000 toneladas y da lugar a una tasa de 338,7 millones de euros. Cerca del 47 por ciento del rebasamiento total es imputable a las entregas excedentarias de
Italia; Alemania por su parte deberá aportar
un 30 por ciento de la tasa; Italia ha superado, como decíamos, la cuota en un 5,7; Chipre en un 3,9 y Austria en un 3,2. Los productores de veinte de los veintisiete Estados miembros no están sometidos a tasa alguna en relación con las
entregas por no haberse superado las cuotas nacionales.
Concluyo diciendo que hubiéramos apoyado la moción original y que apoyamos esta transacción. Apoyaremos todas las iniciativas que vengan a esta Cámara que ayuden a los sectores lácteo y ganadero, sobre todo al pequeño productor, al que vive
de lo que le pagan los que le compran la leche al precio que, desgraciadamente, ellos imponen.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Agirretxea.
Entiendo, señora Fernández Davila, que el texto que se va a pasar a votación se corresponde con la enmienda firmada conjuntamente por su grupo, el Grupo Socialista, el Catalán (Convergència i Unió), Vasco (EAJ-PNV) y de Esquerra
Republica-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Si, señora presidenta, pero como no dije nada de la enmienda del Grupo Popular no sé si tengo posibilidad de ...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Solamente tiene posibilidad de decir si la acepta o la rechaza. No me lo explique, señora Fernández Davila, solo diga si la acepta o la rechaza.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: No la aceptamos porque no está orientada al precio de la leche como lo está la moción.La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Fernández Davila.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LOS CRITERIOS DEL GOBIERNO ANTE LA TOMA DE DECISIONES QUE AFECTAN A LOS ORGANISMOS MULTILATERALES Y ANTE LA REVISIÓN DE LA ESTRATEGIA DE LA OTAN, QUE SE DEBATIRÁ EN LA PRÓXIMA
CUMBRE DE LA ALIANZA ATLÁNTICA. (Número de expediente 173/000061.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre los criterios del Gobierno ante la toma de decisiones que afectan a los organismos multilaterales y ante la
revisión de la estrategia de la OTAN, que se debatirá en la próxima cumbre de la Alianza Atlántica. Para defender esta moción tiene la palabra, en nombre de su grupo, el señor Xuclá.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para presentar esta moción consecuencia de la interpelación que formulé en el último Pleno a la ministra de Defensa respecto a distintos mecanismos
necesarios para incrementar la parlamentarización del debate en materia de política de seguridad y en materia de política de defensa. A esto se dedican los puntos 1, 2 y 3 de la misma moción. El Grupo Socialista, con legítimo orgullo, puede
recordar que en la anterior legislatura impulsó la Ley de Defensa, que en sus artículos 16 y 17 contempla el debate parlamentario respecto al envío de tropas en el extranjero. Por tanto, a través no solo del espíritu sino también de la literalidad
de esta ley, el Ejecutivo, el grupo de la mayoría conjuntamente con otros grupos que transaccionamos y pactamos esta ley optamos por dar voz al Parlamento en relación con las misiones internacionales del Ejército español. Por tanto, es bueno que el
Parlamento no solo vote y autorice el envío de tropas al extranjero sino que también conozca la situación de las misiones, haga el seguimiento de las mismas y debata, en su caso, la retirada. En definitiva, que exista un verdadero debate, un
verdadero procedimiento, una verdadera corresponsabilidad del Parlamento. Y, señorías, exactamente esto es lo que no sucedió el día 19 de marzo de este año con el anuncio de la retirada de las tropas de Kosovo, con el anuncio de la retirada de las
tropas españolas de una misión internacional de la OTAN, de KFOR, bajo el mandato de la legalidad internacional y bajo los criterios y los principios del multilateralismo. Abrazar y apoyar el multilateralismo quiere decir también abrazar y apoyar
la corresponsabilidad con los aliados, la comunicación, la lealtad y la codecisión con los aliados y con las otras partes de los organismos multilaterales. ¿Por qué se ha violentado la legalidad internacional? Se ha violentado la legalidad
internacional porque la misión de KFOR, en la que participaba y aún participa España, está bajo el mandato de una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la 1244, que España ha apoyado; en comparecencia parlamentaria, en sede
parlamentaria el Gobierno y la ministra de Defensa han expresado su apoyo reiteradamente, y aun el día 5 de marzo de este año, pocos días antes de la retirada, el ministro de Asuntos Exteriores expresaba una vez más la importancia de que cualquier
modificación de la posición de España en Kosovo se hiciera en el marco de una revisión de la legalidad internacional, de la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero eso no sucedió y el día 19 de marzo, en una decisión que tiene
-por los elementos que vamos
conociendo- mucho más de improvisación y de elementos de política interna que de criterios de seriedad en las relaciones internacionales, se anunció la retirada de las tropas de Kosovo. Y se anunció con graves errores de forma, porque,
señorías, de lo que se trata hoy es de discutir los graves errores de forma. No se comunicó en tiempo y forma al mando central de la OTAN, cuyo secretario general el mismo día por la tarde expresaba su queja; no se comunicó en tiempo y forma al
principal vector de la misión de la KFOR que es Estados Unidos, la nueva Administración sobre la cual el Gobierno deposita tanta confianza, y prueba de ello fueron las declaraciones del portavoz del Departamento de Estado poco después del anuncio de
la retirada.
Además, no solo debemos considerar y evaluar estos errores respecto a terceros, también debemos considerar y evaluar los graves errores de procedimiento dentro de la deliberación que se tenía que haber producido en el Consejo de Ministros
previo a la retirada. La ministra de Defensa ha dicho que esta no es una decisión de la ministra ni del presidente del Gobierno, que es una decisión colegiada del conjunto del Gobierno. Por tres veces ha sido interpelada y preguntada la ministra
sobre si esta es una decisión deliberada en Consejo de Ministros y por tres veces no ha contestado. Por tres veces ha sido preguntada sobre si el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación participó, como correspondía, en esta decisión, que es
una decisión que afecta directamente a la política exterior y a la política de relaciones internacionales y por tres veces no ha contestado. Y por tres veces ha sido interpelada la ministra de Defensa sobre en qué momento fue comunicada la decisión
a la embajada de España ante la OTAN y a la embajada de España en Washington y por tres veces la ministra de Defensa ha rehuido responder algo que formaba parte de los puntos cardinales de un procedimiento correcto, de un procedimiento bien hecho.
Por tanto, señorías, es absolutamente pertinente que el Congreso de los Diputados exprese, en la primera sesión plenaria después de la interpelación en que ha sido posible, exprese al Gobierno su malestar y su discrepancia por la forma inadecuada,
contraria a la legalidad internacional y a los principios del multilateralismo, en la que España ha decidido tomar decisiones unilaterales, sin hacer partícipes a los aliados en tiempo y forma de esa decisión de modificar sus compromisos en el
escenario internacional.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Xuclà, tiene que acabar, por favor.
El señor XUCLÀ I COSTA: Termino, señora presidenta.
Señorías, todos nos equivocamos y es fácil reconocer los errores, pero perseverar en ellos lleva a una clara descalificación política y a la clara consagración de un error que es un error compartido por el conjunto del Gobierno a partir de
la indeterminación de la ministra en reconocer el mismo.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias a usted, señor Xuclà.
A esta moción se han presentado enmiendas por parte de dos grupos parlamentarios. En primer lugar, para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra
el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, mi grupo parlamentario ha presentado una serie de enmiendas a la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) que podemos considerar de dos tipos: enmiendas a la moción explícita y enmiendas a la moción implícita.
O podríamos decir mejor: por una parte, enmiendas a la moción que tiene que ver con la OTAN de forma explícita y, por otra parte, una enmienda al punto 4, que más que ver con la OTAN tiene que ver con el Gobierno y con la retirada de fin de semana
de las tropas de Kosovo. En ese sentido, nosotros compartimos con el grupo proponente lo que tiene que ver con la participación del Congreso de los Diputados en los debates de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Como ustedes saben,
nosotros no compartimos la integración de nuestro país ni por la puerta grande ni por la puerta pequeña, pero una vez que ya estamos en esa organización defendemos, junto con el resto de los grupos parlamentarios y con el grupo proponente, que en
este tipo de cuestiones tenga que haber una participación del Congreso de los Diputados, al menos en la definición de los principales temas de estrategia de la OTAN, como es la estrategia para los próximos tiempos. La máxima participación
parlamentaria es adecuada, en nuestra opinión, para una organización que afecta a temas muy importantes y sensibles, como son la seguridad o la defensa. Expresamos nuestro acuerdo con este tipo de control parlamentario.
Ahora bien, no vamos a entrar en otra cuestión que ha planteado el grupo proponente, como es la decisión del Gobierno en torno a la retirada de las tropas de Kosovo, porque esta moción se ha convertido en una moción de reprobación a la
ministra y al Gobierno sobre la retirada de las tropas de Kosovo. Nosotros coincidimos con aquellos que piensan que la retirada fue manifiestamente mejorable, es decir, que se pudieron hacer las cosas mejor; ahora bien, no creemos que eso sea ni
más ni menos -como dice el proponente- que un incumplimiento de la legalidad internacional.
Sencillamente, no nos parece que haya habido incumplimiento de la legalidad internacional. Creemos que no fue afortunada la forma, y sobre todo nos
preocupa no la forma que tiene que ver con el
Gobierno, que allá el Gobierno con sus formas de funcionamiento y de toma de decisiones, sino la que tiene que ver con el Parlamento, por eso presentamos la enmienda al punto 4. Nosotros pensamos que igual que el Parlamento, según la ley,
tiene una participación directa no solamente de consultas sino también de votación en torno al envío de tropas, el Parlamento debería tener al menos un trámite de consulta en asuntos como es la retirada de todo un contingente de tropas, como ocurrió
con las tropas en Kosovo. Esa es la posición que nosotros defendemos, pero no creemos que estemos ante un incumplimiento de la legalidad internacional.
Luego, en el último punto, hay un juicio de intenciones que nosotros no compartimos. Es un juicio de intenciones por el cual se considera que el Gobierno no consulta esta decisión con sus aliados. Depende del grado de consulta; puede
considerarse que tampoco lo consultó Gran Bretaña, y después de no consultarlo, unilateralmente, tomó la decisión de retirada de sus tropas. Ese no es el problema. La posición del Gobierno español era conocida desde el momento de la independencia
de Kosovo y, por tanto, no asombró a nadie la propuesta. A nosotros nos preocupa fundamentalmente lo que tiene que ver con la participación del Parlamento, por lo que no vamos a participar en ningún tipo de reprobación encubierta, aunque sea
sibilina e inteligente como la que hace el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Llamazares.
Para defender las enmiendas del Grupo Popular tiene la palabra la señora Rodríguez-Salmones.
La señora Rodríguez-SALMONES CABEZA: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, desde hace veinte años más de 100.000 militares españoles han servido en misiones fuera de nuestras fronteras; lo han hecho con graves sacrificios, con graves riesgos y, una vez más, queremos empezar nuestra intervención
mandándoles todo nuestro apoyo y reconocimiento. Pero el Gobierno, en esta ocasión -y quizá en otras muchas-, entiende apoyo como aplauso, entiende sentido de Estado como incienso y entiende la capacidad de decidir o de actuar con un sentido
patrimonial del Estado, y este anuncio de la retirada, del repliegue de nuestras tropas en Kosovo ha significado todo ello. El Gobierno en esto tiene nuestro apoyo y debe contar con nuestro sentido de Estado, que no es aplauso, que no es incienso y
que es no tolerar sentido patrimonial del Estado. ¿A qué le llamo sentido patrimonial del Estado? Me sumo a lo que ha dicho el señor Xuclà en cuanto a la repercusión que esto haya podido tener en la confianza de nuestros aliados en cuanto a la
competencia y fiabilidad de nuestro Gobierno. Esperemos que con el tiempo esto no deje más huella de la que todos sabemos que estas cosas dejan, porque estas páginas se pasan pero se leen y se memorizan.
Ahora bien, ¿cómo se ha actuado dentro? Si ese error -error que solo el Gobierno no reconoce; error que ha reconocido toda la opinión pública, que han reconocido todos los medios, que han reconocido todos los aliados, pero que el Gobierno
sorprendentemente sigue sin reconocer- ha tenido consecuencias exteriores, lo que todavía es más grave a nuestro entender es lo que nos ha revelado del funcionamiento interior. Existe un Consejo de Defensa Nacional, que debe existir para esto y que
ha sido ignorado. Existe un Consejo de Ministros, que debe deliberar y que no ha sido informado. Existe un Servicio Exterior del Estado, que representa al Estado y al que se ha utilizado como apagafuegos y se ha colocado en una situación
-permítame que se lo diga- de ridículo, como bien ha dicho antes el señor Xuclà. Y existe este Parlamento, y la petición de comparecencia de la señora ministra en el Parlamento a estos efectos, exactamente a estos efectos, está presentada por
nuestro grupo desde el mes de enero, y el Parlamento no solo no ha dado una autorización, que espero que la ministra solicite cuando ya pueda plasmar su resolución, sino que ha sido ignorado. Todo ello es merecedor de una reprobación.
Esta gestión
concreta merecería una reprobación y así lo vamos a solicitar en una proposición no de ley que mañana mismo presentaremos en registro. Ahora nos parece que la moción que presenta el Grupo de Convergència i Unió está perfectamente ajustada.
Entendemos que el punto 4 supone una verdadera sanción al Gobierno, la misma sanción que han formulado los aliados, la opinión pública y los medios de comunicación, a los que esta Cámara se debe sumar, y por tanto sumamos a los cuatro puntos de la
moción nuestro voto afirmativo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Rodríguez-Salmones.
En el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora ministra, por eso de que lo cortés no quita lo valiente, le agradezco mucho que haya venido a escuchar el debate de esta moción, que seguramente no es muy agradable, sobre todo cuando se trata de un asunto como el que estamos
abordando, que es de clara crítica a la acción del Gobierno y, particularmente, a la acción de su ministerio. Ha sido usted la primera ministra, el primer ministro del Gobierno que ha venido en el día de hoy y eso cabe destacarlo. Yo lo voy a
hacer. Asume usted su responsabilidad y está aquí, escuchando a los parlamentarios, que representamos al conjunto de la soberanía nacional, y yo particularmente se lo agradezco,
sobre todo cuando no se hace habitualmente y cuando, como en el día de hoy, se han tratado asuntos importantes y ninguno de los miembros del Gobierno de la nación ha tenido la deferencia de estar aquí y escuchar lo que pensamos.
Dicho esto, subo a la tribuna para anunciar mi voto positivo a la moción presentada por el señor Xuclà en sus estrictos términos, en los términos en los que está escrita y en los términos en los que él la ha defendido.
Yo no hubiera votado
una reprobación a la ministra de Defensa, Carmen Chacón, porque soy contraria a las reprobaciones a los ministros individualmente y porque creo que las cosas que hace el Gobierno y que protagonizan los ministros, tanto cuando adquieren la
consideración de positivas como cuando son criticadas y adquieren una consideración negativa, son responsabilidad del conjunto del Gobierno y, particularmente, del presidente del Gobierno, y la reprobación al presidente del Gobierno se hace con
mociones de censura y además con mociones de censura positivas. Este no es el caso y, por tanto, yo no hubiera votado una reprobación a la ministra de Defensa, aun siendo cierto que las cosas en esta materia de la que hoy hablamos no se hicieron
bien. Estoy de acuerdo con la decisión de sacar las tropas, pero no estoy de acuerdo en cómo se han hecho las cosas. Creo que se hicieron mal. No es que no se hicieran bien, es que se hicieron mal y se explicaron peor, y se explicaron peor porque
hubo improvisación y descoordinación y se trató de arreglar sobre la marcha algo que estaba mal planteado y mal resuelto. Esto es lo que me lleva a anunciar mi posición a favor de la moción -insisto- en los términos en los que está planteada, con
un argumento complementario en relación con la improvisación que destaco en la resolución de esta cuestión. Como sabe la ministra, esta parlamentaria hizo una pregunta el día 7 de agosto expresamente sobre lo que iba a ocurrir con nuestras tropas
en Kosovo, precisamente aduciendo los cambios de política internacional. La decisión de independencia unilateral de Kosovo y la situación que allí se estaba produciendo nos llevaron a plantear una serie de cuestiones dentro de una pregunta que tuvo
respuesta el 17 de octubre de 2008. El Gobierno nos contestó desde el Ministerio de Defensa que no iba a sacar las tropas.
Además nos dijo por qué no lo iba a hacer. Nos dijo que la KFOR era el mejor garante de la seguridad y estabilidad de
Kosovo y su autoridad era reconocida por las dos partes en conflicto y las organizaciones internacionales implicadas -les leo solo los dos párrafos finales- y que la continuidad de la presencia del contingente militar español estaría sujeta a la
evolución de la situación política de Kosovo y a los compromisos que España tiene como miembro de las organizaciones internacionales a las que pertenece. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Es evidente que no se ha cumplido, que se ha hecho
improvisadamente, diría que con frivolidad -frivolidad política, que no personal- y que el intento de reconducir la situación ha sido todavía peor que la medida que se tomó. Cuando se cometen errores hay que reconocerlo, y no pasa nada. Los
ciudadanos son capaces de entenderlo, y desde luego los políticos no solo de entenderlo sino de comprenderlo.
Este es un tema en el que como país no hemos quedado bien y la responsabilidad de que no hayamos quedado bien es, naturalmente, del Gobierno de la nación y particularmente del presidente del Gobierno. Por eso apoyaremos con nuestro voto la
moción presentada por el señor Xuclà -insisto- en sus propios términos, más allá de las interpretaciones que cada cual pueda o quiera hacer interesadamente y más allá de lo que cada cual quiera decir; en sus propios términos, en su literalidad y en
la expresión del propio portavoz.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra don José Ramón Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señor presidente.
Señorías, la posición del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) va a ser favorable a la moción que, como consecuencia de la interpelación urgente debatida hace ya algunas semanas en este mismo Pleno, nos ha presentado Convergència i Unió para
su debate y votación.
Desde todo el arco parlamentario, y desde luego con especial énfasis desde el lado del Gobierno de turno, se acostumbra a insistir en la necesidad de que la política de defensa -si hay alguna- cuente con una visión y un posicionamiento de
eso que se suele calificar como de Estado más que desde una visión y posicionamiento partidario. Mi grupo comparte esta reflexión y acostumbra a practicarla en lo que le corresponde. Nunca debiera en todo caso olvidarse que la apelación por la
apelación a una determinada política de Estado, por muy lógica que sea en sí misma, y en el ámbito de la defensa lo es a priori, puede ser en unos casos de muy escaso recorrido, en otros casos de dirección equivocada y hasta puede ser perjudicial en
otros casos si eso que se llama política de Estado no se llena de contenidos adecuados y no menos si no se define e implementa la misma sobre la base de procedimientos o metodologías que también deben ser de Estado, de visión de Estado; de un
Estado que no es en exclusiva patrimonio de nadie, aunque en esto se suelen empeñar profundamente los gobiernos a la hora de tomar las decisiones y de querer que esas decisiones tomadas legítimamente por los mismos luego sean o deban ser compartidas
por todos y para eso se llaman decisiones o políticas de Estado. Pues bien, los tres primeros puntos de la moción que somete a debate y votación Convergència i Unió vienen a plasmar en enunciados simples lo que podríamos entender como algunas de
las reglas de juego básicas que debe cumplir y seguir la política de defensa si realmente quiere ser una política de Estado.
En el punto 1 se definen los criterios básicos sobre los que a su juicio debe basarse una política exterior y de seguridad: multilateralidad, legalidad internacional, democracia y derechos humanos, principios sobre los que a la hora de las
definiciones hay muy poco debate entre nosotros, distinto sería el caso si habláramos de determinadas aplicaciones en determinadas circunstancias.
En los puntos 2 y 3 de la moción se hace referencia a problemas que podemos calificar de metodológicos, procedimentales; por cierto, no menos trascendentes, como señalaba antes, si de lo que queremos hablar y lo que queremos definir e
implementar es eso que llamamos políticas de Estado. Hacen referencia a la necesidad de aplicar algunas fórmulas mínimas para la participación de este Congreso en esas políticas de Estado, concretamente cuando se trata de organismos multilaterales
como las cumbres anuales de jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN. Se trata de fórmulas -hay que decirlo- parciales e incluso me atrevería a decir que son mínimas contra las que mi grupo nada tiene que objetar salvo subrayar que en efecto con
esas fórmulas está muy lejos de consumirse el recorrido que todo Ejecutivo debiera hacer si de verdad, como decía antes, más allá de los puros enunciados, quiere hacer de las políticas de defensa y de seguridad auténticas políticas de Estado, del
Estado de todos del que hablaba anteriormente, no del Estado patrimonializado a conveniencia.
El punto 4 de la moción hace referencia a un tema y a una problemática notablemente distintos. Tomando pie en una fórmula a nuestro juicio errónea, equivocada, con la que este Gobierno ha tomado y puesto en marcha la decisión de la retirada
de las tropas españolas presentes en Kosovo, el Grupo de Convergència i Unió quiere establecer una especie de principio, me atrevería a decir que de sentido común, según el cual el Gobierno, siempre que se vea en la necesidad o simplemente en el
deseo de tomar una decisión propia que modificara determinados compromisos adquiridos en un marco de actuación multilateral, debiera hacerlo haciendo partícipes a los aliados en tal actuación en tiempo y forma.
Puro sentido común. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Por favor, un momento.
Señorías, ¿podrían bajar un poco, si son tan amables, el volumen de sus conversaciones privadas en aras de respetar al orador que está haciendo uso de la palabra? Muchas gracias.
Señor Beloki, cuando quiera.
El señor BELOKI GUERRA: Termino mi intervención diciendo que el punto 4 de la moción de Convergència i Unió apenas hace sino recordar que en un mundo que se nos ha vuelto global y en el que tenemos necesariamente que intervenir de forma
multilateral hay principios y procedimientos que siempre se deben seguir y que se debieron seguir también con mucho mayor tino, con mucho mayor acierto a la hora de tomar la decisión y poner en marcha la retirada de las tropas españolas de Kosovo.
Mi grupo ha expresado en repetidas ocasiones su posicionamiento contrario al proceder del Gobierno en este tema, razón de más para que además de apoyar los tres puntos primeros de la moción apoyemos también este punto 4. De esta forma, el voto del
Grupo Vasco será favorable en todos y cada uno de los cuatro puntos de la moción de Convergència i Unió.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Beloki.
Por último, tiene la palabra para fijar la posición del Grupo Socialista don Jesús Cuadrado.
El señor CUADRADO BAUSELA: Gracias, señor presidente.
Señorías, la moción que presenta Convergència i Unió -el señor Xuclà la ha defendido aquí, en esta tribuna- nos pregunta si somos partidarios en política de seguridad y defensa, en política exterior, de la legalidad internacional y del
respeto a las Naciones Unidas. Señor Xuclà, el Grupo Parlamentario Socialista sí es partidario.
Nos pregunta también si en los conflictos internacionales, en los conflictos que se han producido y que se producen, somos partidarios del respeto a la multilateralidad y del respeto a las Naciones Unidas. Señor Xuclà, el Grupo
Parlamentario Socialista es partidario en todos esos conflictos de atender al multilateralismo y a las Naciones Unidas. Como comprenderá, en este tema concreto la pregunta sería si estamos en contra -y el texto parece apuntar en esa dirección- de
guerras ilegales, si estamos en contra de torturas, si estamos en contra de guantánamos. Señor Xuclà, mi grupo, el Grupo Socialista, está en contra.
Usted nos plantea también si pensamos que el giro que se ha producido en la cumbre de la OTAN en Estrasburgo va en la buena dirección, pero sobre todo nos pregunta si el Parlamento español, nuestro Parlamento, debe tomar parte en las
decisiones -autorización, etcétera- de esta política de seguridad y defensa. Mi grupo parlamentario, como usted ha recordado, evidentemente cree que sí. Mire usted si estará de acuerdo que lo ha promovido. Lo que no entiendo es si el Grupo
Popular está de acuerdo dado que presentó enmiendas incluso en contra de que este Parlamento autorizara las misiones militares en el exterior. Mi grupo, sí; como diría el señor Rajoy -ha empleado esta expresión este fin de semana-, esta gente no.
Por lo tanto, estamos de acuerdo con su moción en las cuatro cuestiones fundamentales que plantea. Mi pregunta es: el Partido Popular, ¿con qué está de acuerdo, con los principios que mantiene la moción del señor Xuclà, de Convergència i Unió, o
con este documento
que ustedes han presentado sobre política de seguridad titulado OTAN: una alianza por la libertad, que acaban de presentar ustedes en FAES? Porque no se puede estar de acuerdo con los principios que mantiene Convergència i Unió y a la vez
con estos otros que son los de los neoconservadores que quedan en el mundo, que son ustedes, los únicos neoconservadores una vez que el señor Bush se ha marchado. Porque, ¿están de acuerdo ustedes con que Israel entre en la OTAN? Pues ustedes
están de acuerdo según este documento y según FAES. ¿Están de acuerdo ustedes con que Colombia entre en la OTAN y Chile, no se sabe por qué, no? (El señor Puche Rodríguez-Acosta pronuncia palabras que no se perciben.) Pues dígaselo al señor Aznar,
dígaselo a FAES, que lo pagan ustedes, lo financian ustedes.
No se puede estar de acuerdo con una cosa y con la otra. Por lo tanto, señorías, algo aquí no encaja.
En tercer lugar, señora Rodríguez-Salmones, el interés del Estado. ¿Usted está de acuerdo con que al día siguiente de la declaración de independencia de Kosovo se fueran las tropas españolas? ¿Es verdad o no? Estaba usted de acuerdo.
Señor Xuclà, ¿está usted de acuerdo con que las tropas españolas continúen en Kosovo? Sí. ¿Cómo encaja esto? ¿Dónde está el interés de Estado, señora Rodríguez-Salmones? Usted sitúa el interés nacional, el interés de España, en el lugar en el
que le puedan hacer daño al Gobierno; es el único interés nacional que les mueve a ustedes.
(Aplausos.) Señoría, usted no lo ha defendido aquí. Usted ha venido aquí con una reprobación al Gobierno. Señor Xuclà, ¿está usted de acuerdo con la
reprobación al Gobierno que planteaba el Grupo Parlamentario Popular? Evidentemente, no. Luego lo dirá, supongo, pero va a decir que no -es lo que nos ha dicho- y no lo acepta. Señor Llamazares, ¿usted está de acuerdo con la reprobación al
Gobierno? Ha dicho usted que no. Señor Tardà, han dicho ustedes que no. Señora Díez, ha dicho usted que no está de acuerdo con la reprobación al Gobierno. Están ustedes solos. Estos días ha dicho el señor Rajoy que iba a liderarles a ustedes.
Señor Tardà, el señor Rajoy les iba a liderar a ustedes, al PNV también le iba a liderar, según él ha dicho, iba a liderar también al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Pues ya ven ustedes lo que lideran. Están solos, como estaban,
en el Parlamento y en la calle en política de seguridad nacional.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cuadrado.
Pregunto al grupo proponente si acepta alguna de las enmiendas que han sido presentadas y tramitadas en esta sesión.
El señor XUCLÀ I COSTA: Gracias, señor presidente.
Agradezco varias de las enmiendas presentadas, pero en aras de poder hacer una votación separada de los distintos puntos, que por cierto pido, no puedo aceptar ninguna de ellas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Debo entender que S.S. solicita votación separada de cada uno de los puntos y no acepta que se incorpore ninguna de las enmiendas defendidas.
El señor XUCLÀ I COSTA: Exacto, pido que se pueda votar separadamente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LAS MEDIDAS QUE TIENE PREVISTO EL GOBIERNO APROBAR PARA HACER EFECTIVA LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA LEY 52/2007, DE 26 DE DICIEMBRE,
POR LA QUE SE RECONOCEN Y AMPLÍAN DERECHOS Y SE ESTABLECEN MEDIDAS EN FAVOR DE QUIENES PADECIERON PERSECUCIÓN O VIOLENCIA DURANTE LA GUERRA CIVIL Y LA DICTADURA. (Número de expediente 173/000062.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las medidas que tiene previsto el Gobierno aprobar para hacer efectiva la aplicación y desarrollo de la Ley
52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Para su defensa tiene la palabra don Gaspar Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Señorías, mi grupo parlamentario y más en concreto Iniciativa per Catalunya e Izquierda Unida proponemos una serie de medidas para dar aplicación a la denominada Ley de la Memoria, y lo hacemos porque, a quince meses de su aprobación, en
estos momentos su aplicación, en nuestra opinión, es bastante deficiente. Si nosotros pensábamos que esta ley era un punto de partida para la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas del franquismo, a casi año y pico de su aprobación
tenemos la impresión de que más que un punto de partida son puntos suspensivos.
Por tanto, lo que trata esta iniciativa, ateniéndose a la letra de la ley, es de la aplicación de la ley en sus contenidos esenciales y en sus plazos determinados por
la propia ley. Lo que no hace nuestro grupo
parlamentario, Iniciativa per Catalunya e Izquierda Unida, es renunciar a nuestros objetivos máximos que compartimos con Esquerra Republicana, y es el derecho a la verdad, es decir, la firma de la Convención de Naciones Unidas sobre los
crímenes de guerra o los mandatos en relación con la memoria democrática; no renunciamos a la justicia en todos sus términos, a la anulación de los juicios del franquismo y, por otra parte, tampoco renunciamos a la responsabilidad pública y a la
reparación.
Lo que proponemos en el día de hoy es una serie de medidas para relanzar, para dar un nuevo impulso a la Ley de la Memora Histórica, y para que la que hoy es una ley con puntos suspensivos se convierta en una ley punto de partida y punto y
seguido. En ese sentido, el auto del juez Garzón es una interpelación para dinamizar y poner en práctica la ley, pero también es una interpelación a la justicia y a la memoria democrática de este país. Hoy, por ejemplo, no se sabe muy bien si la
documentación existente en la Audiencia Nacional se va a remitir a la acusación o al futuro instituto de la Memoria. En todo caso, es una documentación preciosa que no sabemos qué va a ser de ella porque, en definitiva, no está en aplicación el
conjunto de la Ley de la Memoria Histórica. Por eso, presentamos una serie de medidas; algunas de ellas son de aplicación estricta de la ley en el ámbito de las competencias del Estado, otras tienen que ver con la colaboración con otras
administraciones pero que requieren, asimismo, un impulso por parte de la Administración central, y además proponemos en otras materias una interpretación avanzada de la Ley de la Memoria, por ejemplo, en relación con el derecho a la verdad, a la
responsabilidad pública o a la iniciativa de la fiscalía para la anulación de los juicios del franquismo. Sabemos que el Grupo Parlamentario Socialista comparte una parte de nuestras propuestas, que, como no puede ser de otra manera, significan ni
más ni menos que ponerle objetivos y plazos que están en esta moción pero que forman parte de la propia ley. El Grupo Parlamentario Socialista, sin embargo, no va a aceptar otra serie de iniciativas porque considera que sobre todo en materia de
financiación de las exhumaciones la cuestión no debe ser de financiación exclusivamente estatal y, en ese sentido, no va a compartir estas iniciativas. El Grupo Parlamentario Socialista, por último, tampoco va a compartir otro tipo de iniciativas
que significan una interpretación, como he dicho antes, abierta de la norma para un marco institucional, para impulsar políticas públicas o para la creación de la fiscalía especializada en el apoyo y ayuda a quienes padecieron la persecución o la
violencia durante la guerra civil.
Señorías, el resultado no es el que esperábamos, en el sentido de que esperábamos el respaldo a la inmensa mayoría de las iniciativas, pero es un resultado del que hay que destacar algunas cuestiones importantes que tienen que ver, por
ejemplo, con la dotación de la Oficina para las Víctimas de la Guerra Civil -que nos parece importante-, con aprobar en un plazo de seis meses el protocolo de actuación científica y multidisciplinar para la adecuada intervención de las exhumaciones,
según lo dispuesto en la Ley 52/2007, que es un tema de una amplia demanda por parte de las organizaciones de la Memoria. También avanzaremos en dar prioridad en las próximas convocatorias de subvenciones a estas mismas organizaciones de la Memoria
y en relación al cumplimiento de la retirada de las subvenciones o ayudas públicas a las instituciones o propietarios privados que no retiren la simbología franquista, como ocurre incluso en dependencias del propio Ministerio de Defensa, como hemos
visto hoy en algún medio de comunicación, y para que se complete la localización de fondos documentales relativos a la guerra civil en el Centro Documental de la Memoria Histórica con sede en Salamanca, o que en seis meses se modifiquen los
estatutos de la fundación gestora del Valle de los Caídos con el fin de cumplir la ley en el sentido de que la fundación incluya entre sus objetivos honrar y rehabilitar la memoria de todas las personas fallecidas a consecuencia de la guerra civil y
de la represión política que la siguió. En definitiva, señorías, un paso en la aplicación de la Ley de la Memoria que para nosotros no es el punto de llegada, sino el punto de partida, y estamos convencidos de que vamos a tener que tomar nuevas
iniciativas para garantizar nuevos pasos en materia de justicia, de memoria y de rehabilitación de las víctimas del franquismo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Para la defensa de las enmiendas que han sido presentadas, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Jorge Fernández Díaz.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Señor presidente, señorías, decía el señor Llamazares que para su grupo parlamentario, para su fuerza política, esta Ley de la Memoria Histórica es un punto de partida y un punto de llegada para conseguir que se
reconozca el derecho a la verdad, el derecho a la memoria democrática, y para la creación, entre otras cosas, de un marco institucional en el que se puedan desarrollar políticas públicas de apoyo a la memoria democrática. Dense cuenta cómo hemos
pasado de la memoria histórica, que ya era un concepto jurídico indeterminado -la memoria siempre hace referencia al pasado, la historia también; o es redundante o es contradictorio-, a la memoria democrática. Tuve ocasión durante el debate de la
ley de decirle a don Joan Herrera que cuando uno oye hablar de memoria democrática es cuando uno oye hablar de ingeniería financiera o de ingeniería social. ¿Quién determina que la memoria es democrática? ¿Ustedes? Yo le dije entonces y reitero
hoy que hay determinados conceptos que suenan a ponencia política
del Partido Comunista de la China, pero no de la China actual, de la China de la época de la revolución cultural. Estamos en el año 2009... (El señor Llamazares Trigo pronuncia palabras que no se perciben.) Sí, señor Llamazares, estamos en
el año 2009 y, si usted sale a la calle, seguramente se dará cuenta de que esa amplísima demanda social a la que hacía referencia de las organizaciones defensoras de la memoria histórica y de la memoria democrática tiene su razón de ser, claro, pero
seguramente no sintoniza con las preocupaciones de la mayoría de los ciudadanos, que están hoy preocupados por si sus pensiones van a estar garantizadas después de las discrepancias existentes entre el gobernador del Banco de España y las
autoridades del Gobierno, o si su empleo lo van a poder mantener a la vista de las situaciones que un día sí y otro también van saliendo con relación a la crisis que estamos viviendo, y ustedes están en lo que están, en reescribir la historia. Yo
creo que tiene una cierta coherencia que ustedes, dicho con todo el respeto, reivindiquen -en todo caso pueden reivindicar lo que quieran, faltaría más- estas cosas. Tiene menos sentido que el Gobierno, que debería estar en formar parte de las
soluciones a los problemas y preocupaciones de los españoles, esté en crearles más problemas y más preocupaciones.
Le decía que las asociaciones defensoras de la memoria histórica y la memoria democrática -y a eso atiende la enmienda que mi grupo ha presentado- tienen sus motivos, y esta ley tiene trampa. El artículo 11.1 de esta ley -y les cito
literalmente- dice: Las administraciones públicas, en el marco de sus competencias, facilitarán a los descendientes directos de las víctimas que así lo soliciten las actividades de indagación, localización e identificación de las personas
desaparecidas violentamente durante la guerra civil o la represión posterior. Lo previsto en el párrafo anterior, lo que acabamos de decir, el reconocimiento de ayuda para los descendientes directos de las víctimas, se hace extensivo a las
entidades que incluyan el desarrollo de tales actividades entre sus fines, pero eso sí, señor Llamazares, las constituidas antes del 1 de junio de 2004, es decir, las constituidas tres años y medio antes de la entrada en vigor de la ley. ¿Qué le
parece? Eso es magistral. Normalmente, los efectos de las leyes empiezan a operar a partir de la aplicación de las leyes, cuando esas leyes generan unos derechos, unas expectativas y, a partir de ahí, se dice: Se abre el registro, se consideran
entidades que incluyan entre sus fines el desarrollo de las actividades que están contempladas en esta ley y se establece un plazo máximo, a los efectos de una cierta seguridad jurídica, para inscribirse en el registro. Lo que no se había hecho
nunca -debe ser por lo de la memoria histórica- es que la ley tuviera efectos retroactivos. Solo están legitimadas para realizar estas actividades y obtener esas ayudas las entidades que estuvieran constituidas tres años y medio antes de la entrada
en vigor de la ley. Creo que eso ya violenta no solo el ordenamiento jurídico sino el sentido común. El sentido de nuestra enmienda es modificar este apartado 1 de este artículo 11 en el sentido de eliminar esta restricción y que se establezca un
plazo, a partir de ahora, en el que las entidades, las asociaciones, las organizaciones que lo deseen puedan empezar a actuar y que tengan también la garantía del acceso a esas subvenciones y a esas ayudas. Porque, si no, pasan casos concretos como
el lamentable de la familia de Federico García Lorca, que no estaba por la labor de esa exhumación, pero había unas asociaciones -porque viven de eso, vamos a decirlo claramente, porque, si no, no tienen las ayudas- que sí lo querían, y había un
conflicto entre lo que quería la familia y lo que querían unas entidades constituidas con esa finalidad. Yo supongo que ustedes quieren de verdad que se haga justicia y que las personas que tengan a sus familiares en paradero desconocido y hubieran
padecido violencia o persecución con ocasión o por consecuencia de la guerra civil, puedan tener todas las facilidades para poder resolver ese problema, para que se les ayude, es una cuestión incluso, si cabe, humanitaria. Por tanto, confió en que
ustedes aprobarán la enmienda que nosotros presentamos. En caso contrario, tendremos que pensar, como no se lo oculto que pensamos, que esta malhadada Ley de Memoria Histórica no pretende lo que presuntamente se dice, sino que lo que pretende es
reescribir la historia; y donde antes había unos buenos y unos malos, haya unos malos y unos buenos. Esto es desandar el camino de la transición y es deshacer el espíritu, incluso la letra, del pacto constitucional. Ustedes, Izquierda Unida, que
no el Partido Comunista, no estuvieron en el pacto constitucional; no están con esta posición en el pacto constitucional. Sí lo estuvo el Partido Comunista, como lo estuvo en el año 1956, cincuenta años después de la declaración del comienzo de la
guerra civil en el manifiesto que firmó el Partido Comunista de España por la reconciliación nacional. Todo eso se lo dije al señor Herrera en los debates en la Comisión Constitucional, pero ya sé que esto para ustedes es agua pasada. En todo
caso, señorías, para mi grupo parlamentario la mejor ley de memoria histórica, la mejor ley de partida y de llegada es la Constitución española.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández Díaz.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Perdón, termino. La Constitución española, la Constitución del consenso, de la reconciliación, en el espíritu y en la letra, y desde ella nos encontrará para cuantas leyes de reconciliación quiera; para esta ley,
no. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández Díaz.
Para la defensa de sus enmiendas tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Catalán don Jordi Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señor Llamazares, intervengo para defender la enmienda de sustitución que plantea el Grupo Parlamentario Catalán respecto a su iniciativa, que está estrechamente vinculada con el desarrollo y la concreción de la llamada Ley de
Memoria Histórica aprobada en el mes de diciembre del año 2007. Podríamos decir que la extensa moción, con un número notable de puntos, es el programa de aplicación de una ley aprobada en diciembre del año 2007 y que ha supuesto una gran decepción
para distintos grupos parlamentarios que participamos en los trabajos legislativos de la misma. Ha supuesto y supone una gran frustración para todos aquellos colectivos que han trabajado en el ámbito de la memoria histórica y que consideraron en su
momento que, a través de esta ley, se podía hacer frente, desde un consenso que no se buscó de forma suficiente, a una actualización, a una aproximación a aquellos temas que ya se abordaron en el momento de la transición y a aquellos otros temas que
se dejaron pendientes en el momento de la transición. Como representante de un grupo que participó en el debate y en la aprobación de aquella ley, debo expresar la decepción porque, al final, esta ha sido una ley que ha quedado en nada en los
grandes temas, en el debate sobre la retirada de los símbolos, en aquello que aún no se ha cumplido en cuanto a las indemnizaciones de los afectados durante la guerra civil y el franquismo, en un punto muy importante que es el que trae causa del
punto dos de esta enmienda, la anulación de los juicios dictados por tribunales políticos. Es evidente que de la lectura integrada de la declaración de ilegitimidad de los tribunales, más la derogación expresa de algunas leyes contempladas en una
disposición adicional, no solo el espíritu de la ley sino la declaración expresa del Gobierno y del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, con el cual negociamos esta ley, era la de impulsar la anulación jurídica con plenos efectos
jurídicos de las sentencias políticas. Nuestra frustración y la de amplios colectivos ha sido la de constatar como una vez más el Gobierno en materia de memoria histórica se ha quedado en el plano de la retórica, se ha quedado en el plano del
discurso vacío, se ha quedado en el plano de la notable frustración que ha generado en un número importante de colectivos.
Presentamos esta moción de sustitución porque consideramos que lo que plantea el grupo parlamentario y el señor Llamazares respecto a los puntos concretos del desarrollo de la ley es responsabilidad del Gobierno. Debería ser la
vicepresidenta primera del Gobierno, como ministra de la Presidencia, la que compareciera ante el Parlamento para dar cuenta de la situación actual de la ley y para que, en el plazo de tres meses, presente un plan de desarrollo de la Ley 52/2007, de
la Ley de la Memoria Histórica. También hemos querido hacer una referencia expresa en el punto 2 de la moción a la necesidad de que el Gobierno dé instrucciones, de acuerdo con el marco constitucional según el cual la Fiscalía General del Estado
tiene una dependencia orgánica directa del Gobierno, al fiscal general del Estado para impulsar la anulación de los juicios políticos; otro compromiso del Gobierno que tampoco se ha llevado a la práctica. Creemos que debe ser el Gobierno el que
presente este plan, el que desencalle esta ley que está parada, esta ley que se planteó mal, esta ley gestual. Esperemos que acepte nuestra moción de sustitución, pero, si no, le anunciamos que vamos a pedir votación separada de algunos puntos para
poder votar caso por caso y situación por situación lo que se plantea en el texto inicial.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.
También para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Daniel Fernández.
El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista se siente especialmente orgulloso de la Ley 52/2007. La conocida como Ley de la Memoria Histórica es una verdadera ley de víctimas de la guerra civil y la dictadura que da respuesta a las
legítimas demandas de muchos compatriotas y a una necesidad del conjunto de la sociedad española. Nos sentimos orgullosos frente a quienes la combatieron o no tuvieron la valentía de sumarse al amplio apoyo con el que fue aprobada en esta Cámara;
y también orgullosos respecto a quienes se apresuran ahora a cuestionarla tan solo dieciséis meses después de su aprobación. La realidad es que la ley, desmintiendo a los agoreros profesionales que nunca faltan en nuestro país, se está desplegando
con normalidad y con un alto grado de consenso social. Lo que en cambio en incompatible con la realidad, y además yo diría que injusto, es sostener que la ley no se está aplicando con un ritmo razonable.
Porque, señorías, mejorar las prestaciones
de los familiares de quienes fallecieron como consecuencia o con ocasión de la guerra civil, haber recibido ya más de 550 solicitudes de reparación o reconocimiento cuyas declaraciones se comenzarán a expedir próximamente, hacer efectivo el derecho
a adquirir nuestra nacionalidad a los hijos de padre o madre originariamente españoles, así como a los nietos de quienes la perdieron como consecuencia del exilio, concederla a los voluntarios integrantes de las brigadas internacionales, dictar
instrucciones para la retirada de símbolos franquistas en los bienes de la Administración General del Estado, impulsar el Centro Documental de la Memoria Histórica y el Archivo General de la Guerra civil y la Dictadura, ¿qué son sino realidades que
demuestran la determinación del Gobierno, su empeño y su compromiso con la aplicación integral de la ley? Se nos podrá decir que aun quedan
temas pendientes de desarrollo. Es cierto, pero no lo es menos que a lo largo de estos meses ha sido mucha y buena la labor realizada. Se podrá reclamar una mayor aportación económica para desarrollarla, pero no se puede ocultar que solo
en apoyar proyectos y actividades relacionados con las víctimas de la guerra el Gobierno ya ha destinado prácticamente 10 millones de euros. Evidentemente, somos conscientes de que queda camino por recorrer. Para nosotros, para mi grupo, es
especialmente necesario acelerar todas las medidas relacionadas con la indagación, localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas violentamente durante la guerra civil y la dictadura, priorizando en las próximas convocatorias
los proyectos orientados a tal fin. La elaboración de un protocolo de actuación científica y multidisciplinar o el mapa integrado de fosas son instrumentos imprescindibles para conseguir el objetivo de enterrar dignamente a todos nuestros
compatriotas. Unos instrumentos que, por cierto, requieren el concurso y voluntad de las comunidades autónomas por encima de las orientaciones políticas de sus respectivos gobiernos.
La ley, señorías, es de toda España, aunque algunos que se
llenan la boca a diario hablando de la unidad de la patria miran hacia otro lado o ponen palos en las ruedas cuando se trata de leyes aprobadas en esta Cámara con las que no están de acuerdo. Practican lo que podríamos calificar como un separatismo
a la carta. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos.)
En este contexto, el Grupo Socialista valora y comparte en buena medida la orientación de la moción de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, en lo que tiene de impulso parlamentario a la aplicación de la ley. Hemos querido
contribuir con una enmienda que va en la misma dirección y con la que intentamos solucionar dos problemas, a nuestro juicio, infranqueables, que tienen algunos de los puntos de la referida moción. En primer lugar, nosotros no podemos dar nuestro
voto a propuestas que quedan fuera del consenso que hizo posible la ley. Las leyes están hechas para aplicarse, y para que puedan ser aplicadas con un cierto sentido requieren de estabilidad. Nosotros, ya lo saben, no vamos ni a reabrir debates
que tuvimos aquí tan solo hace dieciséis meses ni a apoyar nuevos objetivos o instituciones que no forman parte de la ley. En segundo lugar, no podemos apoyar propuestas que no tengan en cuenta que las obligaciones del Estado -también las
económicas- no pueden reducirse a las del Gobierno de la nación. Estado son también las comunidades autónomas...(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Fernández.
Les ruego si tienen la bondad de bajar nuevamente el volumen de sus conversaciones por respeto al orador que está haciendo uso de la palabra.
Puede seguir.
El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Estado -decía- son también las comunidades autónomas o los ayuntamientos.
Y cada cual ha de saber asumir su responsabilidad según un marco competencial que la aplicación de esta ley no puede alterar. Señorías, acabo. Aplicar íntegramente
la llamada Ley de la Memoria Histórica, cada cual desde su responsabilidad, es sin duda una buena manera de conmemorar el 70.º aniversario del fin de nuestra guerra civil. Hagámoslo entre todos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) tiene la palabra don Aitor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señor presidente.
Es cierto que todas las administraciones están obligadas a través de la ley a impulsar las directrices marcadas por la denominada Ley de Memoria Histórica, pero también lo es que ha tenido que pasar un año desde la aprobación de la ley para
que el Gobierno del Estado pusiera las bases, esto es los decretos de desarrollo, sin los cuales era muy difícil ir adelante en amplios ámbitos que marcaba la ley. Por tanto, la verdad es que sí hay una decepción generalizada entre los partidos
políticos y en la ciudadanía en cuando a la velocidad, el impulso y la voluntad de desarrollo y afirmación de la Ley de Memoria Histórica que pueda tener el Gobierno.
En realidad, la moción presentada no va mucho más allá de la ley y todas las cosas pueden ser razonablemente entendidas dentro de esta. Lo que marca ya es un plazo, un compromiso firme y definitivo, una vez más, del Gobierno, porque se
fueron incumpliendo uno y otro hasta que se aprobó esta ley. Los temas que se tratan están contemplados ya en la ley. En relación con las exhumaciones, claro que conviene dar prioridad en las próximas convocatorias de subvenciones a los proyectos
de identificación y localización de las personas desaparecidas y que es conveniente poner ya un plazo para el procedimiento y la confección de un mapa integrado de todas las fosas en el territorio español. Por supuesto que sí, está en la ley pero
hay que impulsarlo; alguien tiene que decirlo y es conveniente que este Parlamento lo diga. Respecto a las placas también; las placas de exaltación del bando franquista siguen estando ahí y recientemente hemos tenido conocimiento, por una
pregunta de un senador de Entesa, de que la placa de Franco que existe en el edificio del Ejército del Aire no va a ser retirada porque -contesta el Gobierno- está sujeta al actual Plan de ordenación urbana de Madrid. La verdad es que es una razón
bastante vaga y desde luego de poco peso para defender una posición semejante. Mientras tanto el Gobierno del Estado está impulsando la retirada de placas de otras personas cuya memoria está protegida
por la Ley de Memoria Histórica. Sí, porque hay determinados delegados del Gobierno, apoyados por el Gobierno del Estado, que en auténticos excesos están presentando una y otra vez demandas ante la Administración de Justicia para retirar
esas placas. Cuando hicimos la Ley de Memoria Histórica pusimos un límite, que era la Ley de Amnistía y nada más que ella. Hasta esa ley todos, todos, estuvimos luchando contra Franco en unas u otras organizaciones, pero recientemente un juez, a
instancias de Mikel Cabieces, el delegado del Gobierno del País Vasco, ha exigido la retirada de una placa a Txiki y Otaegi, miembros de ETA fusilados por Franco, en un pueblo desde luego nada dudoso de ser de una mayoría de Batasuna o del mundo de
la izquierda abertzale, como es Etxebarri, cercano a Bilbao. Estos son auténticos excesos porque la ley en su artículo 10 lo reconoce en favor de personas fallecidas en defensa de la democracia durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de
1968 y el 6 de octubre de 1977, y entre esos están también los miembros de ETA que fueron asesinados y que murieron antes de esa Ley de Amnistía. No se puede mirar a esas personas desde el prisma de hoy y con las gafas del año 2009. Insisto, es un
pueblo en el que la izquierda abertzale nunca ha sido mayoría; en todo caso lo fue el Partido Socialista, aunque ahora hay un alcalde independiente.
Desde luego, no estamos de acuerdo en absoluto. Creemos que vulneran el espíritu de la ley los reales decretos que limitan precisamente a los descendientes de estas personas la obtención de beneficios que acordamos aquí entre la mayoría que
aprobó esta ley, también para esas personas, también -repito- para esas personas, y creo que hay que decirlo claro. No sé si atendiendo al punto 8, que recoge lo que dice la ley, se le van a retirar las subvenciones en el presupuesto al Ministerio
de Defensa, ya que esa institución no quiere retirar las placas conmemorativas de Franco mientras, insisto, a personas que supuestamente están amparadas por la Ley de Memoria Histórica se le retiran esos reconocimientos y esas placas, además
aprobadas democráticamente. Para el resto de los temas, como fondos y Administración de Justicia -acabo ya, señor presidente-, el marco institucional que se debe impulsar a través de la disposición adicional segunda puede ser una fórmula u otra
pero consideramos que la que plantea el grupo proponente puede ser tan válida como otra, y a falta de que el Gobierno implemente esa disposición adicional no es malo que se le diga cómo tiene que hacerlo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.
Le pregunto al grupo proponente de la moción si acepta alguna de las enmiendas o solicita votación separada de alguno de sus puntos.
El señor LLAMAZARES TRIGO: No aceptamos las enmiendas y solicitamos votación por separado.
El señor PRESIDENTE: Si no le importa, ¿me puede hacer llegar antes de la votación qué puntos desea que se voten separadamente o en qué bloques? Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LOS PROPÓSITOS DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN SIN PUBLICIDAD Y FUERA DE PLAZO POR PARTE DE LA OFICINA DEL CENSO ELECTORAL DE LAS CONDICIONES DE COMPOSICIÓN DEL CENSO
ELECTORAL EN LAS ÚLTIMAS ELECCIONES GENERALES. (Número de expediente 173/000063.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Popular relativa a los propósitos del Gobierno en relación con la modificación sin publicidad y fuera de plazo por parte de la Oficina del Censo Electoral de las condiciones de composición
del censo electoral en las últimas elecciones generales. Para la defensa de la moción tiene la palabra don Esteban González Pons.
El señor GONZÁLEZ PONS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, ayer sin ir más lejos en el chat de Radiotelevisión Española la vicepresidenta del Gobierno se expuso a las preguntas de los internautas y una de ellos le preguntó por los derribos en el barrio de El Cabanyal, de la ciudad de
Valencia. De la Vega le respondió: Estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con los deslindes que afectan a la costa para tratar de armonizar los intereses y los problemas que ha producido la erosión por el cambio climático. Impresionante;
esta contestación demuestra el desconocimiento galáctico que la vicepresidenta mantiene sobre la ciudad de Valencia porque El Cabanyal es un histórico poblado marítimo de la capital del río Turia y no un acantilado, y porque la ciudadana le
interpelaba por la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar y no por el efecto invernadero producido en el callejero y en el puerto valenciano. Es solo una anécdota es verdad, su última anécdota allí, pero representativa de que la
ignorancia arrogante conduce inevitablemente a la imprudencia culpable, y de eso es de lo que hablamos hoy aquí.
Señorías, en España la soberanía nacional hace que los diputados no representemos aquí a nuestras respectivas circunscripciones sino al conjunto de la nación. Por eso es indiferente la provincia por la que somos elegidos y no es necesario
estar empadronado en la provincia por la cual nos presentamos. Son muchos los ejemplos de políticos que se han empadronado en provincias diferentes a aquellas en las cuales se encontraban empadronados. Ese no es el tema que ahora nos ocupa. Lo
que vengo aquí a solicitar a la Cámara es más amplio, más genérico, más grave; es, señorías, más importante. Lo que pretendo es que el Congreso de los Diputados asegure
que las normas de confección del censo no se cambiarán en el futuro en plena campaña electoral para asegurar el empadronamiento de ningún miembro del Gobierno de España. Por eso me gustaría que SS.SS. para conocer de primera mano lo
ocurrido leyesen las normas que se aplicaron en las pasadas elecciones generales, las que dieron lugar a este Parlamento y que todavía están expuestas en la página web de la Oficina del Censo Electoral, donde puede leerse: El censo vigente es el
que recoge los movimientos acaecidos hasta el 1 de noviembre. Después lean la Resolución de 31 de enero de 2008 de la Dirección del censo dependiente del Gobierno, por la que se permitió que 300 ciudadanos -entre los que se encontraba María Teresa
Fernández de la Vega- votasen habiéndose empadronado en una fecha muy posterior, y que dice textualmente: El censo que debe utilizarse para las elecciones es el de fecha 1 de diciembre.
Dos resoluciones -una pública y publicada que decía que el
censo se cerraba el 31 de octubre, y otra secreta y no publicada que dice que el censo se cerraba el 1 de diciembre- se aplicaron en las últimas elecciones generales: una para todos los españoles, otra solo para algunos de los españoles; una
pública y otra secreta. Eso es lo que no debe volver a ocurrir. Esto quiere decir que en las pasadas elecciones generales hubo dos varas de medir: una para los ciudadanos comunes, otra para los privilegiados del Gobierno de España. No les pido
que hoy censuren políticamente la actitud posiblemente -no posiblemente- caprichosa de la vicepresidenta del Gobierno; eso corresponde a los electores. Por lo tanto, no piensen que si votan favorablemente esta moción implícitamente se están
apuntando a una ofensiva contra la señora De la Vega. Tampoco les pido que corrijan lo que entonces algunos funcionarios hicieron mal, a lo mejor por orden superior o a lo mejor por iniciativa propia, y sobre lo que ya dirán algo los tribunales en
su día.
Simplemente les solicito que proclamen abiertamente que no está bien, que está feo, que en una convocatoria electoral se cambien las normas de composición del censo en plena campaña electoral sin publicidad, sin que lo sepan los ciudadanos
y sin que lo sepan los partidos políticos que están presentes en esta Cámara. Les pido que como partidos políticos que concurrieron a esa convocatoria electoral, como mínimo, digan desde esta tribuna que les habría gustado enterarse durante la
campaña electoral de que las normas de composición del censo habían cambiado.
Señorías, si no votan a favor no interpretaré que están ustedes admitiendo que el Gobierno puede caprichosamente cambiar las normas de composición del censo en campaña electoral, pero si votan a favor sí entenderé que conmigo el Congreso de
los Diputados le está diciendo al Gobierno de España que las normas de las elecciones son de todos y no solo de quienes en un momento determinado ostentan la potestad de ser los árbitros del procedimiento. Dentro de unas semanas tendremos
elecciones al Parlamento Europeo. Me gustaría, gracias a esta resolución que se vota aquí esta tarde, que en ningún caso tenga la oportunidad de volver a subir a esta tribuna a denunciar un asunto tan feo como el que hoy estoy poniendo encima de la
mesa. En las pasadas elecciones generales todos los españoles se sometieron a una norma y algunos españoles, una española en concreto, a otra norma más beneficiada dictada por quienes jerárquicamente dependían de ella. Termino pidiéndoles el
apoyo, apelando a su condición de partidos que participaron en esa convocatoria electoral en la que las normas se cambiaron en mitad de la campaña. Señorías, no estamos aquí hablando de un empadronamiento sin pudor. Lo que he puesto encima de la
mesa es el impudor del árbitro del proceso electoral. Cuento con su apoyo de partidos responsables.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González Pons.
Para la defensa de las enmiendas presentadas, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra don Joan Tardà. ¿Renuncian a la defensa? (Pausa.) Muchas
gracias, señor Tardà.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra don Aitor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: La tradición de los diputados cuneros goza de gran raigambre en esta Cámara, tiene más de un siglo de tradición, y estas prisas a veces dan lugar a situaciones y anécdotas por lo menos curiosas.
Suele haber un
interés del Gobierno en que sus personas más representativas estén repartidas en lugares en los que hasta ese momento al menos no han residido. En cualquier caso, la sustancia del asunto es una anécdota, lo que no es anécdota es que hay
determinados hechos que están ahí y que deberían tenerse en cuenta en sucesivas ocasiones para no repetirlos. Por una parte, es cierto lo que dice el artículo 39 de la Loreg respecto al 1 del mes anterior al decreto de convocatoria, pero también lo
es que durante años a años, según una resolución, hemos sabido que los ayuntamientos necesitaban fijar el 1 del mes anterior los censos para que fueran remitidos y conformados después en debida forma. Por tanto, todos sabíamos que en este caso ese
1 de noviembre estaba ahí y era una resolución que se hacía para todos. Es bien cierto también que cuando se obtiene una resolución denegatoria de la inscripción en el censo electoral en Valencia no se apela ante el órgano ante el que, según la
Loreg, debía apelarse. También es verdad que se resuelve por arte de birlibirloque, no se sabe cómo, y que de pronto surge una resolución que modifica la que ya conocíamos y que supone una interpretación más favorable de acuerdo a la ley -creemos
que es positiva, que esa debería ser la interpretación, si hoy ya es posible, es decir que sea el 1 del mes anterior-, pero es también un hecho cierto que no se comunica y que es algo desconocido, salvo para aquellos interesados que el ministro
cifraba en algo más de 300 personas, incluida la vicepresidenta del Gobierno.
Ciertamente, las cosas se podían haber hecho mejor. Si se puede adecuar en estos momentos que el censo se cierre el mes anterior y no dos meses antes del decreto de convocatoria, mejor. Aparte de la anécdota y de qué persona esté
implicada, tenemos que centrarnos en el texto que se somete a votación, en qué consiste la moción. La moción dice que se insta al Gobierno a hacer público y comunicar a la Junta Electoral Central y a los partidos políticos cualquier modificación
sobre los criterios de composición del censo, los listados de votantes, que la dirección de la Oficina del Censo Electoral pueda adoptar durante la precampaña y la campaña electoral en las próximas elecciones europeas o en cualquier otra
convocatoria electoral que se celebre en lo sucesivo. Sinceramente, esto nos parece lógico. ¿Cómo puede decir la Cámara que no a la transparencia, la claridad y la comunicación a todas las personas y a los interesados implicados? Por tanto,
entrando en que el tema de la vicepresidenta pueda ser más o menos anecdótico y no lleve a ninguna parte que esté censada allí o en otro lugar, es cierto que lo que se propone como texto en la moción puede aportar mayor claridad, mayor información y
mayor conocimiento a todos, y en ese sentido no le vemos reproche alguno. Por tanto, esa será la posición de nuestro grupo a la hora de enfrentar la votación.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.
Para fijar la posición de su grupo tiene la palabra el señor Tardà, porque efectivamente su grupo no mantenía enmiendas y tiene derecho a hacer uso de la palabra en este turno.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
La discusión que se nos plantea es sobre la interpretación de lo que dice la Ley Orgánica de Régimen Electoral en su artículo 39.1 y de una resolución de la Oficina del Censo Electoral General del año 2004, que interpreta este artículo en el
que se decía que el censo electoral se cerraba a 1 de diciembre y que por tanto debían admitirse solo los movimientos realizados antes del 1 de noviembre. No obstante, las elecciones fueron convocadas el día 15 de enero y, por tanto, siguiendo lo
dispuesto por la misma ley no se podía admitir ningún cambio en el censo a partir del 1 de diciembre del año 2007, según la resolución de la Oficina del Censo vigente, por la que se entiende que debe ser a 1 de noviembre. La vicepresidenta del
Gobierno se dio de alta, al parecer en el censo de Beneixida, el 27 de noviembre de 2007, dentro del plazo fijado por la ley y fuera de plazo según la Oficina del Censo, motivo por el cual la Oficina de Censo Provincial de Valencia no la incluyó en
el censo. De hecho la interpretación del artículo 39.1 a la cual me refería anteriormente parece clara, que no se admitirá ningún cambio en el censo o no producirá efectos un cambio de domicilio para el lugar de elección del votante si el cambio se
produce con posterioridad a esta fecha. Por ello, existió una resolución posterior de la Dirección de la Oficina del Censo Electoral y con posterioridad la oficina provincial dictó nueva resolución, incorporando a la vicepresidenta del Gobierno y a
otras 300 personas más en el censo de Valencia. Nosotros no dudamos de la bondad de la resolución interpretativa de fecha 31 de enero de 2008, que ha permitido que estas 300 personas que han reclamado pudieran votar, aunque creemos que si entre
estas personas no hubiera estado la vicepresidenta del Gobierno quizás las cosas hubieran sido distintas.
Hasta aquí el debate. Ciertamente este tiene un algo -si me permiten la expresión- de morboso, puesto que aquí de lo que trata el Grupo Popular es de erosionar a la vicepresidenta del Gobierno. De ahí el interés, es evidente que hay una
intencionalidad clara y manifiesta. Por esto nosotros vamos a abstenernos. Nos vamos a abstener porque la verdad sea dicha en este contexto actual, en este momento, nosotros entendemos que este es un rifirrafe entre el Partido Popular y el Partido
Socialista. A ustedes, señores del Partido Popular ciertamente les gusta, pero nosotros no vamos a entrar en ello. Es cierto que en estos momentos se está trabajando en el seno de la subcomisión para el estudio de la reforma de la ley orgánica, y
es en su seno donde ya se han debatido -algunas iniciativas parten de nuestros grupos- ciertas propuestas en materia de censo. Además existen en el seno de esa misma subcomisión propuestas de la Junta Electoral Central que pretenden modificaciones
legislativas en materia de censo, entre las cuales algunas son interesantes, como la que hace referencia al hecho de que las comunidades autónomas pudieran tener competencias compartidas sobre la Oficina del Censo Electoral, de esta manera se
simplificaría la administración, se abaratarían costes y se reconocería el papel de las comunidades autónomas; o también incluir las irregularidades producidas por la rectificación del censo, como causa que pueda llevar a la declaración de nulidad
y a la elección en el marco del proceso del contencioso laboral. Es un conjunto de medidas que deben de abordarse en los trabajos de la subcomisión. Se debe abordar el tema -repito- con seriedad y no desde el rifirrafe que provoca esta
interpelación, que ciertamente tiene un tinte un poco demagógico y que nosotros no pensamos abonar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.
¿El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) desea hacer uso de la palabra? (Pausa.) Señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Gracias, señor presidente.
Intervendré brevemente para fijar la posición de mi grupo parlamentario ante esta moción consecuencia de interpelación. Señor González Pons, se presenta una cierta diferencia entre el objeto de la interpelación y el objeto de la propia
moción que nos somete a votación. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor XUCLÀ I COSTA: Ciertamente a través de la interpelación que se sustanció en el Pleno anterior, señorías, el señor González Pons nos planteaba algo que presenta visos de notable preocupación. Hablamos de una resolución sin
publicación que interpreta y reinterpreta el artículo 39 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Si esto es así -no tengo motivos para dudar después de haber estudiado el caso-, nos encontramos ante una situación que debe ser ventilada,
que debe ser afrontada no en el seno del Poder Legislativo sino en el seno de los tribunales. Esto es lo que quería decir respecto al objeto de la interpelación.
Sobre la votación de hoy del texto de la moción no puedo decir nada más que vemos positivamente lo que usted plantea pero consideramos que debe ser en el seno de la subcomisión de reforma de la Ley Electoral, en la cual estamos trabajando
activamente estas últimas semanas, en las que también tenemos que examinar este planteamiento. Por tanto, anuncio que acogeremos positivamente el estudio de esta materia en el seno de la subcomisión, que es el lugar apropiado en el que todos los
grupos hemos acordado discutirlo, y vemos con preocupación la denuncia política con dimensión jurídica que usted plantea. Nosotros nos abstendremos, con la explicación de voto que ya he formulado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra para fijar su posición el señor Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Señor presidente, señorías, el Grupo Popular trae a este Pleno una moción cuyo contenido resulta de cumplimiento imposible; una moción construida sobre premisas falsas, impropia de un grupo parlamentario
que trabaje con un mínimo de rigor y seriedad. El contenido de la moción es de cumplimiento imposible porque el Gobierno no puede comunicar o hacer público algo que no puede hacer, como es modificar los criterios de composición del censo. Estos
criterios los fija la Ley Orgánica reguladora del Régimen Electoral General. Por otro lado, el contenido de la moción tampoco puede ser asumido porque el régimen de acceso a los datos censales está regulado en la Ley Orgánica de Protección de Datos
de Carácter Personal, en su artículo 2.3. Si esto es así, ¿qué pretende el Grupo Popular? No cabe duda de que quieren defender principios y valores y la igualdad de trato de los ciudadanos y de las fuerzas políticas. Tampoco cabe duda de que el
Partido Popular es el prototipo de la trasparencia, especialmente en algunos lugares como la Comunidad Valenciana. Señor González Pons, ¿no cree usted que son otras las actuaciones que deberían llevar a cabo en la Comunidad Valenciana para defender
la transparencia en la vida política? (Aplausos.) ¿No cree usted que hay acontecimientos que exigen explicación a los ciudadanos sobre transparencia en la vida política y que nada tienen que ver con el montaje lamentable que ustedes han traído en
forma de moción con el único ánimo de desprestigiar la intachable conducta y la trayectoria de la vicepresidenta primera del Gobierno? Señor González Pons, que usted y su grupo pretendan postularse como defensores de la transparencia constituye una
auténtica perversión de la realidad.
El Grupo Popular afirma que en las últimas elecciones generales hubo un cambio en la composición del censo electoral porque se permitió votar en el lugar donde estaban empadronados a las personas que se dieron de alta durante el mes de
noviembre de 2007. Esta es una afirmación falsa y que desconoce la legalidad aplicable, porque el artículo 39.1 de la Loreg establece que para cada elección el censo electoral vigente será cerrado el día 1 del mes inmediatamente anterior al de la
convocatoria de elecciones. Pues bien, las últimas elecciones fueron convocadas el 14 de enero de 2008, por tanto el día 1 del mes anterior es el 1 de diciembre, conforme fue recogido. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Sin embargo, existe una resolución de la Oficina del Censo Electoral de 12 de febrero de 2004 que interpretaba que la fecha del cierre sería un mes anterior. Por el elemental principio de jerarquía
normativa, una resolución no puede contradecir el contenido de una ley orgánica, por tanto es nula de pleno derecho. Por eso se dictó otra resolución el 31 de enero de 2008 revocando la de 12 de febrero de 2004 y aplicando el mandato legal del
artículo 39 de la Loreg. No se ha producido ninguna alteración o actuación confusa en el censo, como pretende el Grupo Popular, sino sencillamente la aplicación de la ley en el sentido favorable al ejercicio de un derecho fundamental que afectó a
todas las personas excluidas inicialmente -309-, entre las que se encontraba la vicepresidenta primera del Gobierno. No existe ninguna duda de que se ha aplicado la letra de la ley. Además la interpretación está avalada por el propio Tribunal
Constitucional y por una amplia doctrina judicial que ya había resuelto a favor de los reclamantes contra la Resolución de 12 de febrero de 2004 por ser contraria a la ley. ¿No lo sabe usted, señor González Pons? ¿No sabe usted que los tribunales
han ordenado la aplicación del artículo 39.1 de la Loreg al que infringía la resolución de 12 de febrero? Aquí tengo un montón de sentencias, señor González Pons, ¿no las conoce? A la vista de su ignorancia
en este tema, porque no puedo pensar que usted esté actuando de mala fe, supongo que procederá a retirar en este mismo acto la improcedente moción presentada.
Señor González Pons, así de simple y de claro es lo ocurrido, además lo sabe. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Usted ha construido una moción sin seriedad, sin rigor, desconociendo la legalidad, ha hecho un montaje a su medida, como si de un traje se tratara, y usted no es sastre, creo que es jurista. (Aplausos.)
Señorías, el noble ejercicio de la política exige el respeto a las instituciones y a las personas, también a las reglas del juego democrático. El todo vale que ustedes practican sin tener en cuenta principios ni valores no es una buena
práctica en una democracia de calidad como la que se merece nuestro país. Por todo ello, señorías, pido el rechazo expreso a esta moción presentada por el Grupo Popular.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Villarrubia.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 4/2000, DE 11 DE ENERO, SOBRE DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA Y SU INTEGRACIÓN SOCIAL, MODIFICADA POR LA LEY ORGÁNICA 8/2000, DE 22 DE
DICIEMBRE, Y A SU VEZ MODIFICADA POR LA LEY ORGÁNICA 14/2003, DE 20 DE NOVIEMBRE. (Número de expediente 122/000114.)
El señor PRESIDENTE: Les ruego que tomen asiento porque vamos a iniciar las votaciones. (Rumores.) Les ruego silencio, por favor.
En primer lugar, votamos la toma en consideración de proposiciones de ley.
En concreto, proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular de modificación de la Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, modificada por la Ley orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, y a su vez modificada por la Ley orgánica 14/2003, de 20 de noviembre.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 148; en contra, 185; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUYNA VERDS, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 4/2000, DE 11 DE ENERO, SOBRE DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA Y SU INTEGRACIÓN SOCIAL,
MODIFICADA POR LA LEY ORGÁNICA 8/2000, DE 22 DE DICIEMBRE, Y A SU VEZ MODIFICADA POR LA LEY ORGÁNICA 14/2003, DE 20 DE NOVIEMBRE. (Número de expediente 122/000119.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar ahora la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluyna Verds, por la que se modifica la Ley orgánica 4/2000, de 11
de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, modificada por la Ley orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, y a su vez modificada por la Ley orgánica 14/2003, de 20 de noviembre.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, nueve; en contra, 326; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LAS MEDIDAS FISCALES PARA MEJORAR LA LIQUIDEZ DE PYMES Y AUTÓNOMOS. (Número de expediente 162/000351.)
El señor PRESIDENTE: Votamos ahora la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a las medidas fiscales para mejorar la liquidez de pymes y autónomos. Se ha solicitado a la Presidencia la votación separada de sus dos
puntos. Por tanto, en primer lugar, pasamos a votar el punto número 1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 341; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos a votar ahora el punto 2 de la mencionada proposición no de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 157; en contra, 179; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA FERNÁNDEZ DAVILA), SOBRE MEDIDAS PARA OTORGAR MAYOR TRANSPARENCIA AL MERCADO DE LA LECHE, A FIN DE ASEGURAR LA ESTABILIDAD DE LOS PRECIOS PAGADOS EN ORIGEN A LOS GANADEROS.
(Número de expediente
173/000060.)
El señor PRESIDENTE: Votamos ahora la moción del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a medidas para otorgar mayor transparencia al mercado de la leche, a fin de asegurar la estabilidad de los precios pagados en origen a los ganaderos. Se
vota en los términos de la enmienda conjunta que ha sido defendida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LOS CRITERIOS DEL GOBIERNO ANTE LA TOMA DE DECISIONES QUE AFECTAN A LOS ORGANISMOS MULTILATERALES Y ANTE LA REVISIÓN DE LA ESTRATEGIA DE LA OTAN, QUE SE DEBATIRÁ EN LA PRÓXIMA
CUMBRE DE LA ALIANZA ATLÁNTICA. (Número de expediente 173/0000061.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre los criterios del Gobierno ante la toma de decisiones que afectan a los organismos multilaterales y respecto de la revisión de la estrategia de la OTAN
que se debatirá en la próxima cumbre de la Alianza Atlántica. No se han aceptado enmiendas y se ha solicitado a la Presidencia la votación separada de los cuatro puntos que la integran.
¿Es así, señor Xuclà? (Asentimiento.) En consecuencia,
pasamos a votar el punto 1 de esta moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 338; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos a votar el punto número 2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 338; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos a votar el punto número 3 de esta moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 338; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos ahora el punto número 4 de la mencionada moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 164; en contra, 172; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado. (Aplausos.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LAS MEDIDAS QUE TIENE PREVISTO EL GOBIERNO APROBAR PARA HACER EFECTIVA LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA LEY 52/2007, DE 26 DE DICIEMBRE,
POR LA QUE SE RECONOCEN Y AMPLÍAN DERECHOS Y SE ESTABLECEN MEDIDAS A FAVOR DE QUIENES PADECIERON PERSECUCIÓN O VIOLENCIA DURANTE LA GUERRA CIVIL Y LA DICTADURA. (Número de expediente 173/000062.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las medidas que tiene previsto aprobar el Gobierno para hacer efectiva la aplicación y
desarrollo de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra
civil y la dictadura. No han sido aceptadas enmiendas y se solicita la votación separada y en bloque, entiendo, si no se me dice lo contrario, de los puntos 5, 9, 12, 14, 15, 16 y 17. ¿Están de acuerdo? (Asentimiento.)
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 13; en contra, 329.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.
A continuación se vota el resto de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 190; en contra, 152.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LOS PROPÓSITOS DEL GOBIERNO EN RELACIÓN A LA MODIFICACIÓN SIN PUBLICIDAD Y FUERA DE PLAZO POR PARTE DE LA OFICINA DEL CENSO ELECTORAL DE LAS CONDICIONES DE COMPOSICIÓN DEL CENSO
ELECTORAL EN LAS ÚLTIMAS ELECCIONES GENERALES. (Número de expediente 173/000063.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a los propósitos del Gobierno en relación con la modificación sin publicidad y fuera de plazo por parte de la Oficina del Censo Electoral de las
condiciones de composición del censo electoral en las últimas elecciones generales. Se vota en los propios términos en que ha sido presentada.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 148; en contra, 175; abstenciones, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve horas.
Eran las ocho y quince minutos de la noche.