Ruta de navegació
Publicacions
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 279, de 12/12/2011
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2011 IX Legislatura Núm. 279
Sesión de la Diputación Permanente núm. 17
celebrada el lunes,
12 de diciembre de 2011
ORDEN DEL DÍA:
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:
- Real Decreto-Ley 18/2011, de 18 de noviembre, por el que se regulan las bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social de los contratos de trabajo celebrados con personas con discapacidad por la Organización Nacional de Ciegos Españoles
(ONCE) y se establecen medidas de Seguridad Social para las personas trabajadoras afectadas por la crisis de la bacteria 'E.coli'. ('BOE' núm. 279, de 19 de noviembre de 2011.) (Número de expediente 130/000055.) ...
- Real Decreto-Ley 19/2011, de 2 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto-Ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el Fondo de garantía de depósitos de entidades de crédito. ('BOE' núm. 291, de 3 de diciembre de 2011.)
(Número de expediente 130/000056.) ... (Página7)
Dación de cuentas de la Diputación Permanente:
- Aprobación del informe de dación de cuentas de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados de la IX Legislatura a la Cámara de la X Legislatura. (Número de expediente 062/000067.) ... (Página13)
- Delegación en la Presidencia de la Cámara del ejercicio de la competencia para incluir en el informe de dación de cuentas la referencia a los asuntos que puedan suscitarse hasta la constitución de la Cámara de la X Legislatura ...
SUMARIO
Se abre la sesión a las seis y treinta y cinco minutos de la tarde.
Real Decreto-ley 18/2011, de 18 de noviembre, por el que se regulan las bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social de los contratos de trabajo celebrados con personas con discapacidad por la Organización Nacional de Ciegos Españoles
(ONCE) y se establecen medidas de Seguridad Social para las personas trabajadoras afectadas por la crisis de la bacteria 'E.coli' ... (Página3)
El señor ministro de Trabajo e Inmigración (Gómez Sánchez) expone las razones que han llevado al Consejo de Ministros a la promulgación del real decreto ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ayllón Manso, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora López i Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista.
Real Decreto-ley 19/2011, de 2 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el Fondo de garantía de depósitos de entidades de crédito ... (Página7)
La señora vicepresidenta del Gobierno de Asuntos Económicos y ministra de Economía y Hacienda (Salgado Méndez), expone las razones que han llevado al Gobierno a la convalidación del real decreto-ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Azpiazu Uriarte,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Nadal Belda, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Fernández Marugán, del Grupo Parlamentario Socialista.
Dación de cuentas de la Diputación Permanente ... (Página13)
Aprobación del informe de dación de cuentas de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados de la IX Legislatura a la Cámara de la X Legislatura ... (Página13)
En turno en contra interviene el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Delegación en la Presidencia de la Cámara del ejercicio de la competencia para incluir en el informe de dación de cuentas la referencia a los asuntos que puedan suscitarse hasta la constitución de la Cámara de la X Legislatura ...
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 18/2011, de 18 de noviembre, por el que se regulan las bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social de los contratos de trabajo celebrados con personas con discapacidad por la
Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y se establecen medidas de Seguridad Social para las personas trabajadoras afectadas por la crisis de la bacteria E. coli, se aprueba por 49 votos a favor y una abstención.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 19/2011, de 2 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el Fondo de garantía de depósitos de entidades de crédito, se
aprueba por 46 votos a favor y cuatro abstenciones.
Sometido a votación el informe de dación de cuentas de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados de la IX Legislatura a la Cámara de la X Legislatura, se aprueba por 48 votos a favor, uno en contra y una abstención.
Sometida a votación la delegación en la Presidencia de la Cámara del ejercicio de la competencia para incluir en el informe de dación de cuentas la referencia a los asuntos que puedan suscitarse hasta la constitución de la Cámara de la X
legislatura, se aprueba por asentimiento.
Se levanta la sesión a las siete y cuarenta y cinco minutos de la tarde.
Se abre la sesión a las seis y treinta y cinco minutos de la tarde.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:
- REAL DECRETO-LEY 18/2011, DE 18 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE REGULAN LAS BONIFICACIONES DE CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO CELEBRADOS CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR LA ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES
(ONCE) Y SE ESTABLECEN MEDIDAS DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PERSONAS TRABAJADORAS AFECTADAS POR LA CRISIS DE LA BACTERIA 'E. COLI'. (Número de expediente 130/000055.)
El señor PRESIDENTE: Se ha comprobado la existencia de quorum. Queda constituida la Diputación Permanente.
Primer punto del orden del día. Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 18/2011, de 18 de noviembre, por el que se regulan las bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social de los contratos de trabajo celebrados con personas con
discapacidad por la Organización Nacional de Ciegos Españoles, ONCE, y se establecen medidas de Seguridad Social para las personas trabajadoras afectadas por la crisis de la bacteria E. coli. Para explicar las razones que han llevado al Consejo de
Ministros a publicar el presente real decreto-ley tiene la palabra el señor ministro de Trabajo.
El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Gómez Sánchez): Señor presidente, señorías, intervengo ante la Diputación Permanente para someter a convalidación el Real Decreto-ley 18/2011, de 18 de noviembre, por el que se regulan las
bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social del conjunto de los contratos de trabajo celebrados con personas con discapacidad por la Organización Nacional de Ciegos Españoles y se establecen medidas de Seguridad Social para las personas
trabajadoras afectadas por la crisis de la bacteria E. coli. Se trata de un decreto ley por el que se pretende hacer frente a dos situaciones problemáticas que exigen para su reparación una actuación extraordinaria y urgente, tal y como se expone a
continuación.
En lo que se refiere a las primeras medidas, quisiera reconocer antes de nada la valiosa actividad social, económica y empresarial que desarrolla la Organización Nacional de Ciegos Españoles. Como es sabido, la Ley de Economía Social, que
fue aprobada por la Cámara por unanimidad de todas las fuerzas parlamentarias el pasado mes de marzo, atribuía a la ONCE la condición de entidad singular en este ámbito de la economía social. Esta singularidad estriba, como aspecto más destacado,
en que el Estado le confiere la responsabilidad de atender a las necesidades del colectivo de ciegos mediante un amplio sistema de protección social de carácter especializado, un sistema concebido para garantizar la autonomía personal y la plena
integración de las personas ciegas y con deficiencia visual grave mediante la prestación de determinados servicios sociales. Para ello se configuraba un marco jurídico cuya pieza fundamental es el Real Decreto 358/1991, que fue ampliamente
modificado el pasado mes de marzo para reforzar su carácter social, un decreto que cuenta como elemento adicional de gran relevancia con el acuerdo general entre el Gobierno y la ONCE en materia de cooperación, en materia de solidaridad y de
competividad; un acuerdo que, como saben sus señorías, fue renovado para el periodo 2012-2021 por el Consejo de Ministros el pasado 18 de noviembre. Con él se pretende garantizar la estabilidad institucional y financiera de la ONCE, una
estabilidad necesaria en aras de mantener su solvencia y la calidad de la labor social que desempeña, una labor
que tiene como una de sus manifestaciones más destacadas el hecho de que la ONCE sea en este momento la mayor empleadora de personas con discapacidad en este país, un dato particularmente relevante en un contexto de crisis económica tan
grave como el actual.
A partir de estas consideraciones cabe entender mejor el sentido de la medida contenida en el decreto-ley que hoy sometemos a convalidación. Por ello, la extraordinaria y urgente necesidad de garantizar a la ONCE a partir del 1 de enero del
próximo año 2012 recursos financieros suficientes para el mantenimiento de su actividad ha llevado al Gobierno a establecer una nueva bonificación de cuotas a la Seguridad Social. Se contempla en concreto el derecho para la citada organización a
disfrutar de una bonificación del cien por cien en todos los contratos celebrados con personas con discapacidad a partir del 1 de enero del año 2012. Lo hace además en forma similar a lo establecido para la contratación en los centros especiales de
empleo en los términos siguientes. En primer lugar, se consideran personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, de acuerdo con lo que se establece en la Ley 51/2003,
de Igualdad de Oportunidades. En segundo lugar, la bonificación del cien por cien en las cuotas empresariales a la Seguridad Social incluye también las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como las que
denominamos cuotas de recaudación conjunta. En tercer lugar, se bonifican todos los contratos realizados a partir de la fecha señalada, cualquiera que sea la modalidad contractual laboral de que se trate -es importante subrayarlo-. A su vez, se
prevé que la bonificación se aplique durante toda la vigencia de los contratos celebrados a partir del 1 de enero del año 2012. Se estima que el coste total de esta nueva bonificación podría ascender a unos 61 millones de euros, cuantía que será
financiada con cargo al presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal. Al respecto quiero señalar que somos conscientes de que se trata de un esfuerzo financiero apreciable en un contexto económico y presupuestario especialmente adverso como
el que vivimos en la actualidad. Por ello se justifica por el marcado impacto social de una medida que sirve para apoyar una labor muy importante que realiza la ONCE en la formación y en el acceso al empleo de las personas con discapacidad y de
este modo reforzar nuestro modelo de protección social destinado a este colectivo.
El Real Decreto-ley 18/2011 también contiene medidas dirigidas a compensar otro tipo de daños, en este caso los derivados de la comúnmente conocida como crisis del pepino. Como recordarán, se trata de una intoxicación alimentaria con origen
en Alemania provocada por una bacteria que inicialmente apuntó a los productos del campo español como posible origen de la misma. Aunque -como saben bien sus señorías- con posterioridad esa causa fue descartada, lo cierto es que cuando este hecho
tiene lugar ya se habían producido daños importantes en el sector agroalimentario español, que por esta razón se vio sensiblemente perjudicado. Con el fin de compensar ese daño, la Comisión Europea concedió unas ayudas económicas destinadas
fundamental y exclusivamente a las empresas, pero no a los trabajadores que sufrieron esas consecuencias negativas en su actividad laboral. Eso es precisamente lo que trata de paliar este decreto-ley con dos medidas principales. Por una parte, en
lo que se refiere a la previsión de que esos trabajadores que se vieron forzados a la inactividad entre mayo y julio de 2011, como consecuencia de la mencionada crisis, puedan suscribir un convenio especial con la Seguridad Social, convenio que será
financiado también con cargo al presupuesto de Servicio Público de Empleo Estatal. De este modo se pretende compensar la disminución de cotizaciones producida por la no realización de jornadas de trabajo durante el periodo de crisis alimentaria
producida por la bacteria E.coli. Por otro lado, se contempla que aquellos trabajadores afectados que hubieran accedido a la prestación por desempleo del nivel contributivo también tendrán derecho a la reposición de las prestaciones consumidas
durante los periodos de inactividad correspondientes a la crisis.
En resumen, señorías, la presentación de los dos bloques de medidas recogidos en este decreto-ley pone de manifiesto, a mi juicio, su adecuación para atender dos situaciones que exigían una respuesta extraordinaria, una respuesta urgente y
de carácter inmediato. Por todo ello, les pido su voto para la convalidación del presente decreto-ley.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Para fijar posición, en primer lugar, tiene la palabra el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.
Intervengo brevemente para expresar el voto favorable del BNG a la convalidación de este real decreto-ley. Desde nuestro punto de vista, el apoyo financiero a la ONCE está justificado por la labor social que desempeña, favoreciendo la
integración de miles de personas con discapacidad a través de políticas de inserción laboral y del mantenimiento de centros educativos, sanitarios y formativos para dichas personas y su entorno familiar. Se trata de una labor de servicio público,
pues viene a sustituir el papel que las administraciones deberían desarrollar para lograr la plena integración de las personas con discapacidad. La aplicación de una bonificación total de las cuotas empresariales podría ser discutible en otro
contexto, pero ante la delicada situación económica de la ONCE, agravada por la crisis económica y la proliferación de juegos y apuestas, creemos justificada esta medida, todo ello sin perjuicio de que en el caso de que varíe esta situación se pueda
hacer una revisión de la medida, transformándola en otras que representen un menor coste para las arcas públicas.
También queremos expresar que la aplicación de esta medida debería conllevar una mayor tutela y supervisión desde los poderes públicos de la actividad de la ONCE, particularmente en lo que atañe al mantenimiento de una adecuada política
laboral. Últimamente se vienen produciendo muchas denuncias por políticas de reducción de empleo y por políticas de precariedad laboral que desde nuestro punto de vista es necesario corregir. Ahora que se ha ofrecido una bonificación de las cuotas
de la Seguridad Social, existe una mayor legitimidad para verificar la aplicación de buenas prácticas laborales en el entorno de la ONCE e incluso para instar a que la ONCE reconduzca situaciones de conflictividad laboral, dado el apoyo público que
está recibiendo.
Por otro lado, en este decreto, como ha manifestado el señor ministro, se arbitran bonificaciones para personas trabajadoras que hayan visto reducida su actividad -y con ello sus ingresos- por la crisis de la bacteria E. coli a través de la
suscripción de convenios especiales con la Seguridad Social. Esta medida también contará con nuestro apoyo, dado que la crisis del pepino perjudicó objetivamente tanto al sector exportador de frutas y hortalizas como al sector que abastece al
mercado interno al producirse un descenso del consumo por la falsa alarma alimentaria creada. Por lo tanto, manifiesto el apoyo de BNG a la convalidación de este real decreto-ley.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.
Don Gaspar Llamazares tiene la palabra.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, intervendré brevemente. Vamos a abstenernos en esta iniciativa que tiene dos partes. Votaríamos sin duda a favor de la que tiene que ver con la compensación a los trabajadores que se han visto
afectados injustamente por la llamada crisis del pepino, por la llamada crisis de la Escherichia coli, porque creemos que esta medida es justa. Sin embargo, tenemos discrepancias sobre la medida que se propone con relación a la ONCE, no porque
dudemos de los fines de la institución, sino porque nos llama la atención el esfuerzo que se realiza desde el punto de vista presupuestario y, sin embargo, la falta de correspondencia por parte de la propia ONCE. Señorías, quiero recordarles que
vamos a dedicar 61 millones de euros -lo ha dicho el propio ministro- para mejorar la financiación de la ONCE con exenciones fiscales del cien por cien en la cuota patronal, pero la ONCE a lo largo de los últimos cinco años -les voy a dar unos
datos- ha reducido la plantilla de 23.000 a 20.000 trabajadores. La ONCE ha rebajado la categoría de once de las dieciséis oficinas que tienen las capitales de las comunidades autónomas y además pretende fusionar las oficinas de Asturias y
Cantabria y de Navarra y La Rioja. Creemos que no hay correspondencia por parte de la ONCE en cuanto al esfuerzo que hacen las instituciones públicas con lo que debería ser una posición mucho más transparente.
En nuestra opinión esta iniciativa, esta exención, debería articularse para el conjunto de empresas que contraten personas con discapacidad. No vemos a la ONCE convertida prácticamente en un gueto para los discapacitados. Creemos que puede
ser también un punto de partida para otro tipo de responsabilidades hacia trabajadores o autónomos. Por otro lado, en nuestra opinión, esta iniciativa debería tener como contrapartida un mayor control del Estado sobre el cumplimiento de los fines
de la ONCE -no hay ninguna contrapartida-. No es admisible que a quien se le adelgazan costes por este volumen se le autorice a que pueda ejercer la venta de productos sin plantillas y por tanto sin coste laboral alguno, como hizo el Consejo de
Ministros el 25 de septiembre de 2009. No es justo que se exima de las cuotas de la Seguridad Social a directivos que cobran altos sueldos y que se niegan a su publicación.
En definitiva, nosotros creemos que hay que condicionar las ayudas del Estado a la ONCE a que esta cese también su política de despidos, su política -en nuestra opinión- escasamente transparente y participativa en el seno de esta
organización. Por eso no queremos dificultar la aprobación de esta iniciativa y nos vamos a abstener, porque creemos que no hay suficientes contrapartidas por parte de la ONCE, cuando hay un esfuerzo muy importante que va a costar una cantidad muy
considerable en un momento de crisis al presupuesto público y, por tanto, debería tener una mayor transparencia y una mayor capacidad de compromiso.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Don Emilio Olabarría tiene la palabra.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente, no sé si es la última vez que vamos a tener el honor de ser presididos por su señoría. En todo caso, si es así, a pesar de ciertas discrepancias que usted y yo hemos mantenido con relación al control del tiempo disponible
para las intervenciones y parafraseando sus propias palabras, le deseo una fecunda navegación en su futuro profesional o político -quién sabe-.
Nosotros no participamos de ninguna de las reservas indicadas por el señor Llamazares y estamos en condiciones de hacer una reflexión apologética en los términos en los que lo ha hecho el ministro sobre la ONCE. Desde hace veintitrés años
es la organización que se dedica con un carácter más solidario y con más intensidad a la protección de las personas afectas no solo por la ceguera sino por otro tipo de discapacidades, que no son todas, señor ministro. Usted ha dicho que a todos
los que contraten a personas afectas por algún tipo de discapacidad. No: a los que contraten a definidos como tales por la Ley 51/2003. Nos parece de puro sentido común, dado
que los problemas a los que se refería el señor Llamazares seguramente también están vinculados a que su fuente de sostenimiento económico fundamental sigue siendo el juego -el juego como fuente principal, casi exclusiva-, y también el juego
ha sido afectado entre los requerimientos de la crisis económica y estos problemas dimanantes en cuanto a la financiación o las posibilidades de financiación que esta organización solidaria -respecto a la cual desde hace veintitrés años no tenemos
ninguna duda de que es la que más intensamente está trabajando por los requerimientos y los derechos que la propia Constitución reconoce a las personas con discapacidad- se merece, y qué menos que el reconocimiento de las bonificaciones de cuotas
que se consignan en el real decreto-ley, el cien por cien para las contingencias comunes, incluidas la de enfermedad profesional y accidentes de trabajo, así como el cien por cien de las cuotas empresariales incluidas en las cuotas de recaudación
conjunta de las personas que en este momento gestionan la ONCE. Desde esa perspectiva, no tenemos ningún reparo, no tenemos ninguna objeción que realizar, es algo que se corresponde con un requerimiento elemental de justicia inmaterial con relación
a la organización que con más intensidad, desde hace más tiempo y con más claridad -al fin y al cabo no deja de ser un patronato bajo la dependencia y tutela de los poderes públicos del Estado- se dedica a la promoción o la remoción de las
dificultades que afectan a las personas con discapacidad.
En cuanto a las personas afectadas por la E. coli, se ha dicho todo lo que se tiene que decir. El Estado español fue fruto de una injusticia provocada por las autoridades alemanas en cuanto a la identificación del origen de este problema
sanitario con relación al sector español del pepino fundamentalmente, en definitiva al sector agroalimentario. Esto posibilita acreditar o establecer las medidas de promoción. Las empresas sí han sido evidentemente protegidas por las subvenciones
comunitarias compensatorias de esta decisión, que luego devino, ex post, errónea -y las propias autoridades alemanas así lo reconocieron-, pero este nivel de protección no se extendió a los trabajadores afectados, que ante el cese o reducción de la
actividad tuvieron la poca fortuna de no poder realizar las cotizaciones sociales a las que los trabajadores estaban obligados en la amplia dimensión o en la casuística que se consigna en el real decreto-ley, bien por cese absoluto de la actividad o
bien por reducción de la actividad que imposibilitara el mantenimiento de las cotizaciones sociales o de las subvenciones previstas en los subsidios agrarios.
Desde esa perspectiva, nos agrada particularmente esta cautela que introducen en el real decreto-ley y que me sorprende que el señor ministro no la haya mencionado de que las empresas afectadas por la crisis de la E. coli y del pepino tengan
que evaluar e indicar cuánto hubiesen trabajado -desde su perspectiva o a partir de una capacidad o de un estudio de prospectiva- los trabajadores afectados por el cese de actividad de dichas empresas. En este sentido, señor presidente, y espero no
haber acabado la legislatura tal como la empecé -superando el tiempo disponible-, sin ningún tipo de reserva vamos a felicitar al ministro de Trabajo. Quizá sea también este el último acto de felicitación que podamos realizar al Gobierno en
funciones actual, porque evidentemente estamos ante dos iniciativas en un real decreto-ley con una impronta social que no puede ser objeto de discusión en nuestra modestísima opinión.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Emilio Olabarría.
Tiene la palabra don Jordi Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió votará a favor de este real decreto-ley que se tramita en esta última Diputación Permanente de la IX Legislatura y lo hará apoyando cada una de las medidas que incluye. En este
sentido estamos de acuerdo con las dos medidas que se dirigen a la ONCE: por un lado, garantizar los recursos financieros suficientes de esta entidad. No participamos de esos reparos que se han manifestado en anteriores intervenciones. Nosotros
entendemos esa labor social y esa garantía de recursos, como entendemos también la necesidad de esa bonificación del cien por cien en las cuotas empresariales de la Seguridad Social en aquellos contratos de trabajo que se hayan celebrado o que se
celebren por la ONCE con personas con discapacidad en cualquiera de las modalidades previstas en la legislación laboral y durante la vigencia de estos contratos. Esto nos parece positivo y por tanto le damos apoyo.
Damos apoyo también a la otra medida que contiene el decreto ley, la que va más directamente dirigida a la posibilidad de que se suscriba un convenio especial con la Tesorería General de la Seguridad Social por los días que han dejado de
trabajar en las empresas aquellas personas que han visto disminuida su actividad laboral a causa de la crisis de la bacteria E.coli. Por tanto, valoramos que las medidas son de justicia, las encontramos acertadas y felicitamos al Gobierno saliente
por ellas.
Me uno a lo que antes decía el señor Olabarría. Quizás esta va a ser la última intervención del ministro de Trabajo en la IX Legislatura en tal responsabilidad. Sabemos que no lo ha tenido fácil en esta legislatura. Más allá de las
medidas concretas, el contexto no ha sido fácil para ningún ministro de Trabajo y lo sabemos. Por tanto, también sabemos valorar su esfuerzo y le deseamos lo mejor en el futuro.
Señorías, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.
Don José Luis Ayllón tiene la palabra.
El señor AYLLÓN MANSO: Muchas gracias, señor presidente.
Espero ser breve en esta exposición, en la que únicamente quiero manifestar el voto favorable del Grupo Parlamentario Popular a la convalidación del Real Decreto-ley 18/2011, de 18 de noviembre, que tal y como nos ha explicado el señor
ministro recoge múltiples consideraciones sobre dos medidas a las cuales aprovecho para dar el apoyo de mi grupo parlamentario, tanto a las medidas para compensar los efectos negativos que han perjudicado gravemente a muchos trabajadores afectados
por la crisis de la bacteria E.coli, la mal llamada crisis del pepino, como también, de forma particular y especial, a la convalidación o elevación a rango de ley de una parte del acuerdo firmado entre el Gobierno y la Organización Nacional de
Ciegos Españoles para poder bonificar las cuotas de la Seguridad Social a la ONCE, que -como ha dicho bien el señor ministro en su intervención- es la mayor empleadora de personas con discapacidad que existe en España.
Con esta medida además se están compensando otras capacidades económicas y financieras que tenía la Organización Nacional de Ciegos Españoles hasta el momento. En consecuencia, tanto por el hecho de dar estabilidad financiera y económica a
la ONCE -que no es la forma absoluta, pero sí una forma más de dar estabilidad a nuestro Estado del bienestar, dado que forma parte de un acuerdo firmado entre el Gobierno de España y una organización tan importante y de referencia como es la
Organización Nacional de Ciegos Españoles- como por el hecho de que supone un acuerdo importante para el futuro de nuestro Estado del bienestar, anuncio el voto favorable del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ayllón.
Doña Isabel López i Chamosa tiene la palabra.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, mi grupo también, obviamente, va a dar soporte al real decreto, porque estamos totalmente de acuerdo con las dos medidas. Habría que señalar que si realmente la ONCE es la organización que más personal con discapacidad tiene
contratado, lo razonable sería que se le pudiera aplicar lo que se les aplica a los centros especiales de empleo. Lo que pasa es que en la composición de nuestro Estado, los centros especiales de empleo dependen de las comunidades autónomas, y la
ONCE es una entidad a nivel nacional. Por lo tanto, habría que buscar una fórmula que pudiera corregir esta situación, porque, repito, lo razonable hubiera sido que hubiera tenido todos los beneficios que tienen los centros especiales de empleo
desde siempre. También es verdad que este real decreto viene a dar continuidad a la fórmula que en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, de Presupuestos Generales del Estado, establecía una compensación a la ONCE en función de los resultados que
hubiera tenido el año anterior en las loterías que el Gobierno le autorizase. Eso ha estado en vigor desde 2005 a 2011 -hasta que termine este año- y habría que dar continuidad a ese acuerdo. Por lo tanto, la fórmula elegida es darles el
tratamiento de centros especiales de empleo con la bonificación del cien por cien de las cuotas de la Seguridad Social. Creo que es una buena fórmula que tiene continuidad. El acuerdo es desde el 1 de enero de 2012 a 2021, pero tiempo tendremos
luego para dar continuidad o no a esta situación. Por lo tanto, creemos que es un real decreto ajustado y que la urgencia está justificada porque evidentemente la ONCE tiene que tener garantizado su funcionamiento a primeros de año.
Con respecto a la segunda parte, todos recuerdan la bacteria E. coli, todas las ayudas que vinieron de Europa y del propio Gobierno para compensar lo que nunca tenía que haber sucedido y que han ido dirigidas a las empresas, pero 1.500
trabajadores se han visto afectados al no haber trabajado esos días, con el perjuicio que esto puede suponer no solo en sus salarios sino en la cotización tanto para el desempleo, como bien decía el ministro, como incluso para otras prestaciones
sociales. Este decreto corrige ese desfase que había con los trabajadores, por ello mi grupo va a votarlo favorablemente y agradece a los demás grupos su voto afirmativo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora López i Chamosa.
- REAL DECRETO-LEY 19/2011, DE 2 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO-LEY 16/2011, DE 14 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE CREA EL FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS DE ENTIDADES DE CRÉDITO. (Número de expediente 130/000056.)
El señor PRESIDENTE: Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 19/2011, de 2 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto-ley, 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el Fondo de garantía de depósitos de entidades de
crédito. Para explicar las razones que han llevado al Gobierno a publicar el real decreto-ley mencionado y la urgencia del mismo tiene la palabra la señora vicepresidenta del Gobierno.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, como recordarán, comparecí en la sesión del pasado 20 de octubre de esta Diputación Permanente del Congreso con motivo de la convalidación del Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el Fondo de garantía de
depósitos de entidades de crédito. El propósito de la creación de ese decreto-ley era
claro, y así fue ratificado con el voto favorable de sus señorías en el marco de la más importante reestructuración financiera de nuestra historia democrática.
El citado real decreto-ley del mes de octubre procedía a la unificación de los tres fondos de garantía de depósitos existentes hasta ese momento, el de bancos, el de cajas y el de cooperativas de crédito, con independencia de su naturaleza y
manteniendo las funciones básicas de estos fondos; funciones que son, como recordarán, la cobertura de los depósitos hasta un máximo de 100.000 euros por depositante y entidad financiera y la ejecución de las actuaciones necesarias para proceder al
reforzamiento de la solvencia y funcionamiento de las entidades en dificultades. A través de esta segunda función el fondo puede hacer frente a las pérdidas netas potenciales que puedan acontecer en el proceso de recapitalización de una entidad a
través del Fondo de reestructuración ordenada bancaria. Como ya recordé en octubre, esta segunda finalidad remite a que los costes ocasionados por la reestructuración del sector financiero sean asumidos por el propio sector, minimizando su impacto
sobre el contribuyente, sobre el déficit público y sin perjuicio del mantenimiento de la estabilidad y solvencia de nuestro sistema financiero. Este ha sido un principio reconocido y asumido desde el primer momento tanto por este Gobierno, ahora en
funciones, como por esta Cámara, y está presente de nuevo como elemento fundamental que sirve de base para la aprobación de la norma que hoy les presento, una norma que no hace sino complementar y reforzar la reforma del sistema que se llevó a cabo
con el Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre.
El presente real decreto-ley pretende dotar de una adecuada precisión la capacidad de actuación del fondo, y ello tanto en términos de financiación, elevando las aportaciones obligatorias del sector financiero, como en términos de las
herramientas, de los instrumentos de acción para el saneamiento, calificando aquellas que puedan emplearse para el apoyo financiero de las entidades en reestructuración, por tanto, clarificando cuál es el papel de cada una de estas herramientas. En
concreto ello se materializa, en primer lugar, a través de un incremento del máximo legalmente fijado para las aportaciones anuales que las entidades deben realizar a este fondo. Se eleva del 2 al 3 por mil para garantizar su capacidad financiera.
Este es un aspecto relevante si tenemos en cuenta la minimización de costes para el contribuyente a la que me he referido, que se pretende a través de una mayor participación del sector financiero en los costes de su reestructuración. Además, la
contribución efectiva que las entidades deben hacer -quiero recordar que el 3 por mil anterior que he mencionado es un máximo- se incrementa hasta un 2 por mil por mor de la derogación expresa de normas anteriores recogida en el real decreto-ley.
Como saben, hasta ahora el límite efectivo se situaba entre el 0,6 y el 1 por mil según el tipo de entidad.
La segunda medida se dirige a la clarificación y a la mejora técnica del Real Decreto-ley 16/2011, sistematizando los recursos de los que se puede nutrir este Fondo de garantía de depósitos para cumplir plenamente sus funciones, recursos que
son el propio régimen ordinario de contribuciones, las derramas que se puedan reclamar, siempre decididas por mayoría de dos tercios de la comisión gestora, y los recursos captados mediante cualquier operación financiera de endeudamiento del fondo.
Se subraya expresamente en el real decreto-ley que el fondo deberá restaurar su capacidad financiera y la suficiencia de su patrimonio siempre que este resulte insuficiente para el cumplimento de sus funciones. También se clarifican los
instrumentos de apoyo que puede utilizar el fondo para aquellas situaciones en las que decida hacer frente a las pérdidas sobrevenidas derivadas de actuaciones de reestructuración y reforzamiento de los recursos propios de una entidad previstas en
el Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio. Finalmente, se modifica la redacción del apartado que regula la toma de decisiones de la comisión gestora, manteniendo el régimen de mayorías vigente con una adaptación de concordancias de acuerdo con los
cambios de redacción de los apartados anteriores.
La utilización del instrumento del real decreto-ley se encuentra, en opinión del Gobierno, plenamente justificada, se cumplen los requisitos condicionales para ello. Es preciso hacerlo antes del cierre del ejercicio presupuestario por la
modificación de las cuotas que se devengan el 31 de diciembre y era preciso aprobarlo cuando todavía no se había puesto en marcha de manera concreta el mecanismo de asunción de pérdidas previsto en el Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre.
Como sus señorías son conscientes, y tal como ha sucedido en ocasiones anteriores, la especial sensibilidad de esta materia hace necesario evitar cualquier eventual incertidumbre que pudiera conllevar un procedimiento ordinario de modificación de la
norma. Por tanto, es de extraordinaria y urgente necesidad afianzar la confianza en nuestro sistema financiero, reforzar su proceso de recapitalización y reestructuración con el mínimo coste, tanto para los contribuyentes como para el erario
público, objetivos todos ellos que se pretenden con las medidas contenidas en este real decreto-ley para el que hoy les pido su apoyo.
Si me permite el presidente, quisiera terminar -porque en mi caso, sí o sí, esta es mi última comparecencia, mi última intervención ante sus señorías- dándoles las gracias y también pidiéndoles disculpas. Seguro que no les he dedicado todo
el tiempo que merecían, seguro que he dejado alguna llamada de teléfono sin responder o sin hacer. En todo caso, señorías, ha sido un honor trabajar con ustedes.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.
Tiene la palabra el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Muchas gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta, valoramos positivamente que se exija una mayor aportación a las entidades financieras para que el sector financiero privado asuma los costes de recapitalización del sector, pero aun valorándola positivamente estimamos
que se trata de una medida insuficiente y tardía. Es insuficiente porque el elevado riesgo que afronta el sistema financiero del Estado español hará inevitable que siga produciéndose su auxilio con fondos públicos a través de instrumentos como el
FROB, y es tardía porque precisamente ha sido a través del FROB, no desde los fondos de garantía de depósitos, desde donde se ha aportado capital a varias cajas en riesgo de insolvencia, además de haber inyectado fondos públicos a entidades
intervenidas directamente como la CAM o el Banco de Valencia. De haberse exigido con más antelación una mayor aportación del sector financiero privado no estaríamos ante esta situación; una situación de la que es responsable el Gobierno por su
actuación, desde nuestro punto de vista, temerosa con los grandes poderes financieros del Estado español, a los que no se les ha exigido una contribución para el saneamiento del sector acorde con su responsabilidad en al crisis del mismo, y una
situación de la que es especialmente responsable el Banco de España, y en particular su gobernador, que durante todo este tiempo ha pontificado sobre lo que se debía hacer en el ámbito económico, en el ámbito social, muchas veces para proponer
profundos recortes que afectan a los derechos laborales y sociales de la mayoría de la población trabajadora, al mismo tiempo que desatendía su responsabilidad de realizar una supervisión eficaz sobre las entidades financieras.
En suma, desde el BNG podemos compartir las medidas concretas contenidas en este decreto-ley, pero además de proponerse de forma tardía estimamos que se trata de medidas aisladas que no forman parte de una estrategia coherente, una
estrategia que debería contemplar, por un lado, una mayor responsabilización del sector por los costes que ha originado y, por otro lado, apostar por una mayor regulación y presencia pública en el sector financiero, en vez de propiciar una mayor
privatización y concentración en el mismo. Por las razones expuestas, el BNG se va abstener en la convalidación de este real decreto-ley.
Antes de concluir quiero desearle lo mejor a la señora vicepresidenta de Economía y Hacienda, también al ministro de Trabajo, al presidente de esta Cámara y a todos los miembros de la Diputación Permanente que no van a ser diputados en la
legislatura entrante. Quiero que se me entienda, a aquellos que van a ser diputados en la legislatura entrante también les deseo lo mejor, pero como a los anteriores no tendré oportunidad de deseárselo, quiero hacerlo constar en estos momentos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.
Tiene la palabra don Gaspar Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Quiero comenzar también deseando lo mejor a todos los que estamos en esta Diputación, y en particular a aquellos que no repiten como diputados. También quiero anunciarles que esta es mi última intervención como
portavoz en esta Cámara. Seré portavoz de los ciudadanos, pero no seré portavoz aquí. En todo caso, creo que en esta iniciativa voy a sorprenderles poco. Les voy a sorprender poco porque me voy a abstener con respecto a la iniciativa que nos
plantea hoy el Gobierno. En primer lugar, por razones de forma. Ya lo ha dicho mi grupo parlamentario a lo largo de los últimos meses: estamos instalados en la legislación de excepción permanente en materia económica y a nosotros no nos gusta ese
modelo. Lo hemos confrontado y creemos que no es bueno ni para la política económica ni para la democracia. Por otro lado, se nos propone hoy una rectificación con respecto al Real Decreto 16/2011 que creó el Fondo de garantía de depósitos, y digo
rectificación, señora vicepresidenta del Gobierno, porque usted entonces afirmó que se culminaba el proceso de reestructuración bancaria e hizo una segunda afirmación, la propia ministra de Economía aseguró que no sería preciso elevar las
aportaciones al fondo. Vemos que eso no es así, podemos decir que a veces la realidad rectifica el mejor discurso, pero eso es así y nosotros no compartimos esta modificación. Se nos dice que las circunstancias han cambiado desde la creación del
fondo a principios de octubre pasado al producirse un caso puntual como el del Banco de Valencia, pero de nuevo en este real decreto se elevan aquellas aportaciones y se asegura que, ahora sí, se culmina el proceso de recapitalización y
reestructuración de nuestro sistema financiero. Déjennos, señorías, que lo dudemos, que dudemos de que esta sea la última medida en materia de saneamiento. Nos parece que estamos ante un pozo sin fondo.
En relación con la convalidación, ya dijimos que para nosotros era puro voluntarismo en plena dictadura de los mercados, con ausencia de transparencia y escándalos retributivos, y un fracaso evidente desde nuestro punto de vista decir que el
llamado proceso de reestructuración financiera estaba culminado. De hecho, no es así. Lo que sí se ha producido es una bancarización total del sistema financiero renunciando a ese 50 por ciento del sector conformado por las cajas de ahorros
susceptible de desarrollar una orientación financiera diferente. El propio gobernador del Banco de España, para no desmentirme, ha dicho en los últimos días que no se puede dar por acabado el proceso de reestructuración y ha coqueteado con la
posibilidad de crear un banco malo ubicando los activos inmobiliarios tóxicos en manos del sector financiero para esta vez -otra vez- completar su saneamiento. Señorías, permítannos que dudemos de esa culminación y aún más de la medida del banco
malo,
porque nuestra opinión con respecto al banco malo es muy negativa en relación con los intereses de los ciudadanos y en relación con el funcionamiento de nuestro sistema bancario. En definitiva, el verdadero problema es que no se evita el
fracaso del proceso de reestructuración financiera en nuestro país. Creemos que habría que obtener mayores garantías en términos de transparencia, de seguimiento público y de control parlamentario. Para nosotros las contrapartidas de las distintas
ayudas a las entidades financieras deberían haber estado bien establecidas tanto con relación a más crédito y mejores condiciones para familias y empresas como en asegurar el control público de la gestión cuando el Estado aporte recursos.
Por otra parte, hemos asistido con estupor a la contradicción vergonzante entre el teórico saneamiento del sector financiero y las retribuciones millonarias a directivos de entidades asistidas con dinero público, y aunque se ha corregido al
final, ya es imposible modificar lo ya decidido. Se ha consolidado la bancarización de las cajas de ahorros y se ha renunciado a disponer de un instrumento público para dinamizar el sector financiero, para canalizar el crédito hacia la demanda
solvente de familias y empresas a partir del ICO. Se ha perdido, por tanto, una oportunidad para otra política financiera y en ese sentido no vamos a votar favorablemente esta iniciativa que, en nuestra opinión, sigue con el martillo dando en el
mismo clavo, en el mismo sentido y con las mismas equivocaciones.
Quiero terminar como empecé, deseando lo mejor a mis compañeras y compañeros diputados. Ha sido un placer el debate, siempre con contundencia pero con amabilidad, y agradezco el periodo vivido con ustedes y el que me queda por vivir.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Tiene la palabra don Pedro Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, señoras diputadas, señores diputados (Pronuncia palabras en euskera.), cuanto más se avanza en la supuesta reestructuración del sistema financiero se pone de
manifiesto la incapacidad del órgano regulador y supervisor del Banco de España y del propio Gobierno para afrontar la situación y adoptar las medidas idóneas. La crisis empezó hace ya cuatro años y han pasado tres desde la caída de Lehman
Brothers. Primero se decía que las entidades financieras españolas no iban a estar afectadas por las hipotecas subprime; después se dieron cuenta de que nuestras subprime, nuestra basura, eran las ingentes cantidades comprometidas por los bancos y
también por las cajas de ahorros en suelos, inmuebles y promotores, y después de más de dos años dedicando cantidades importantes de recursos a las cajas de ahorros, antaño modelos a imitar de entidades financieras, no se ha culminado aún el
necesario proceso de saneamiento y concentración. El Banco de España -y tengo que decirlo; lo dije la vez pasada también en esta Diputación Permanente- ha errado estrepitosamente en su función básica de inspección y regulación; ha permitido que
se produzcan hechos sangrantes como el de Caja Sur, Caja Castilla-La Mancha y Caja de Ahorros del Mediterráneo, entre otros muchos. Recuerden, el gobernador Fernández Ordóñez hablaba de la Caja de Ahorros del Mediterráneo como lo peor de lo peor,
como si él no tuviera ninguna responsabilidad en el asunto. Hemos visto cajas de ahorros al servicio del poder político o, para decirlo más correctamente, al servicio de un abusivo poder político en Valencia, en Castilla-La Mancha, etcétera,
financiando proyectos de dudoso interés y elevado riesgo como los aeropuertos de Ciudad Real y Castellón, sin ninguna actividad. Y esos mismos que cometían las citadas tropelías y otras muchas más robaban a manos llenas, aun siendo a través de
figuras legales, mediante el cobro de bonos desproporcionados y de indemnizaciones que ponen los pelos de punta al más calvo. Pero parece que no hay responsables ni en las entidades ni en el Banco de España ni en el Gobierno. ¿Y qué piensa Europa
de todo esto, señora vicepresidenta? ¿Qué opinan Merkel, Sarkozy y los demás?, aunque los demás no importa mucho lo que piensen porque son poco relevantes. Y ahora, muchos meses después, a algunos se les ocurre la brillante idea de crear un banco
malo en el que aparcar todos los activos inmobiliarios, nuestros activos tóxicos. Se dice que así las entidades, bancos y cajas podrán empezar a dar crédito. ¿Y por qué no se explica que tendremos que pagar los ciudadanos con nuestros impuestos
los desmanes del sistema financiero? El tema parece que va para largo y no da la sensación de que la cumbre del pasado fin de semana pasado en Bruselas haya servido gran cosa en esta materia. Yo al menos tengo mis grandes dudas. Con la enorme
tormenta que cae, nos ponemos un chubasquero casi inservible de manera que, en lo posible, algunos agujeros del sistema financiero los paguen los ciudadanos, eso sí, como impositores, no como contribuyentes. Es un invento relativamente parcial.
Evitamos aumentar algo el déficit, cumpliendo con los formalismos frente a Europa, pero los ciudadanos no evitamos el sacrificio y el esfuerzo para tapar las ineficacias y los desmanes en muchos casos de unos gestores incapaces pero
multimillonarios, curiosamente gracias a esa nefasta gestión.
Tras la creación del único Fondo de garantía de depósitos mediante el Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, también convalidado en esta Cámara, es modificado hoy a través del presente real decreto-ley revisando las aportaciones anuales
que las entidades deben realizar al fondo para aumentar la capacidad operativa del mismo. Nuestro grupo parlamentario no tiene objeciones para ello y, tal y como comentamos en el anterior debate, parece más que razonable que las entidades
financieras y los clientes como usuarios hagan frente a través del fondo a las necesidades de capitalización de dichas entidades. Así, la Caja de Ahorros del Mediterráneo absorberá gran parte de los recursos del fondo por haber realizado
una gestión lo peor de lo peor, en palabras -como decía- del gobernador. Sin embargo, la cuestión relevante es si ello será suficiente. Nos gustaría saber las necesidades de recursos reales del sistema financiero español para que empiece a
funcionar, a dar préstamos y créditos a las familias y a las empresas, que es de lo que se trata. Me gustaría saber qué más medidas o iniciativas se van a improvisar. Esta quizá es una pregunta más propia para el próximo Gobierno y sería bueno que
lo fuera pensando. Por otro lado, el Gobierno no nos ha comunicado, ni con carácter previo ni ex post, la voluntad de alcanzar un amplio consenso en este real decreto, en todo caso parcial y de escaso recorrido. Me temo que desgraciadamente el
sistema financiero va a necesitar muchas horas de trabajo, muchos desvelos y muchísimos recursos. Será que lo tendremos que abordar en profundidad y con carácter prioritario en la legislatura que ahora empieza. Es un tema serio, es un tema grave y
es un tema en el que nos gustaría trabajar, si es posible hacerlo, en el nuevo marco político que se deriva de las nuevas mayorías en esta Cámara. Mientras tanto, para no entorpecer la aprobación de este real decreto-ley y dada la falta de voluntad
en principio de los grupos o del Gobierno para buscar apoyos, nuestro grupo parlamentario se va a abstener en la votación.
No obstante, antes de terminar, quisiera también despedirme de los compañeros que no vamos a ver aquí: del señor Bono, de la señora vicepresidenta, con la que, no sé si por suerte o por desgracia para usted, hemos tenido que trabajar
bastante estos últimos años. Pero quisiera especialmente hacerlo de dos personas que voy a echar mucho en falta en los debates económicos, y creo que es bueno que el 'Diario de Sesiones' sea testigo de esta falta, que son Marta Gastón y mi buen
amigo Paco Marugán. Un fuerte abrazo para ellos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Don Jordi Jané tiene la palabra.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.
Señorías, nuestro grupo va a votar a favor de la convalidación de este decreto-ley. Hemos tenido siempre una actitud constructiva desde Convergència i Unió en los aspectos que hoy trata este decreto-ley y, por tanto, en coherencia con esa
actitud hoy votaremos también a favor de su convalidación. Entendemos que es coherente reforzar las garantías del propio sector financiero ante los procesos de saneamiento y recapitalización que se están afrontando, con el fin de que dichas
reformas supongan costes mínimos para el contribuyente, de ahí que también compartamos ese aumento del máximo legalmente fijado para las aportaciones anuales que las entidades deben realizar al fondo. Se va a fijar ese 2 por ciento de los depósitos
y además se unifica el criterio, aspecto que también valoramos desde un punto de vista positivo. Por tanto, votaremos a favor.
Como se decía antes por parte de la vicepresidenta, este es realmente el último debate en esta Legislatura, la IX, y desde Convergència i Unió no queríamos concluirlo sin manifestarle una vez más que nos quedan asignaturas pendientes. Sabe
la señora vicepresidenta que nos queda una asignatura pendiente y grave, que es el cumplimiento del pago de lo que se adeuda por parte del Gobierno y que está recogido es la disposición adicional tercera del Estatuto, el pago de esos 759 millones de
euros. Por tanto, este que es el último debate no debe ocultar que ante la actitud constructiva que Convergència i Unió tiene y ha demostrado no debe hacernos desviar la mirada, señora vicepresidenta, de aquellos aspectos que sabe que son
importantes en este momento, también a efectos de tesorería, por lo que le pedimos una vez más que se cumpla con la palabra dada y con los compromisos adquiridos.
Señor presidente, señorías, es el último debate en esta IX Legislatura. Algunos vamos a continuar y otros no, entre ellos el propio presidente de la Cámara y de esta Diputación Permanente, algunos miembros de la Mesa, algunos titulares de
esta Diputación Permanente -que hoy aún lo son porque hoy aún estamos en esta IX Legislatura y mañana ya no-, y en este momento de este último debate bueno es también desearles a todos lo mejor y mostrar desde Convergència i Unió nuestro
agradecimiento, tanto a la Presidencia de la Cámara, a todos los miembros de la Mesa y de la Junta de Portavoces saliente, así como a todas sus señorías. Más allá de las discrepancias o de los momentos de encuentro que hemos podido tener en una
legislatura que no ha sido fácil, lo cierto es que el ánimo de llegar a acuerdos siempre debe presidir la labor parlamentaria. Este es el ánimo que inspira siempre a Convergència I Unió, y en ese ánimo, a todos los que hoy nos acompañan y quizá ya
no van a continuar a partir de mañana, les deseamos lo mejor.
Muchas gracias a todos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.
Tiene la palabra don Álvaro Nadal.
El señor NADAL BELDA: Gracias, señor presidente.
Estamos en la convalidación de un decreto-ley con cambios de carácter eminentemente técnicos, de reforma del que fue el anterior decreto-ley de fusión de los fondos de de garantía de depósitos, que define de una manera más precisa lo que son
los fondos aplicables a los procesos de reestructuración bancaria, establecen la posibilidad de capacidad de endeudamiento al Fondo de garantía de depósitos, es decir, se le da más flexibilidad y capacidad de utilización de recursos ajenos para
poder hacer procesos de reestructuración y, por último, se
incrementan de facto a través del propio funcionamiento de la normativa que aprueba las aportaciones del conjunto del sistema bancario al sistema de garantía de depósitos y de reestructuración.
Hemos tenido que encontrarnos con un Gobierno en funciones para que al final se haya dado cuenta de la importancia que tiene el Fondo de garantía de depósitos en la reestructuración bancaria. Lo digo porque ya el Decreto-ley del FROB
preveía en su artículo 6 la posibilidad de utilización del Fondo de garantía de depósitos como una vía intermedia entre lo que es la intervención plena de entidades y la mera recapitalización o préstamos de recursos para sus coeficientes de
solvencia, que es lo que mayoritariamente se utilizó bajo el supuesto de que todas las entidades eran solventes, cosa que evidentemente no ha sido así, pues ya llevamos cinco entidades intervenidas y todo un sector financiero al que todavía le queda
un larguísimo camino por recorrer, a pesar de lo que el gobernador del Banco de España reiteradamente ha dicho y el propio Gobierno saliente también ha afirmado, en el proceso de saneamiento de sus balances y reestructuración pendiente. Este
decreto-ley, que es un mero ajuste de un instrumento adicional que tenemos, ha evitado que aumente el déficit público este año en una operación puntual. Es un resultado beneficioso para el cierre de este ejercicio, aunque evidentemente no va a
librar de los procesos futuros de reestructuración y el impacto presupuestario que esto pueda tener en función de las necesidades que se prevean. Como decía antes, queda un largo camino por recorrer. Los activos no han sido adecuadamente saneados.
Hay una gran incertidumbre que todavía planea sobre la valoración de nuestra banca y es algo que no nos podemos permitir como país. Necesitamos reestructurar nuestras entidades con un mapa bancario mucho más sólido, solvente y capaz de crear
crédito y enfrentarse a los mercados internacionales con una cierta capacidad de convicción que no se ha logrado en estos tres últimos años de gobierno ni tampoco en el mandado del actual gobernador del Banco de España.
Hoy es el último debate de esta Diputación Permanente en la IX Legislatura. Mañana se constituye una nueva Cámara con una nueva mayoría que soportará un Gobierno capaz de hacer ese saneamiento y esa reestructuración pendiente, sin los
cuales será imposible que la economía española salga de esta crisis en la que se ve inmersa.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Nadal.
Tiene la palabra don Francisco Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señor presidente, dar salida a los activos deteriorados en poder de las instituciones financieras, que tienen su origen fundamentalmente en el sector inmobiliario, es sin lugar a dudas uno de los problemas
importantes de la economía española. No es España la única sociedad que ha tenido que hacer frente a este tipo de problemas; Suecia en los años noventa lo pudo hacer con un coste moderado y Estados Unidos ha hecho de la mano del señor Paulson o de
la mano del señor Obama dos operaciones de reestructuración importantes con buen volumen de recursos, y en alguna medida ya se está viendo cómo se producen devoluciones por parte de aquellas entidades que en su momento resultaron beneficiarias de
estos problemas. Menos exitosa fue la solución irlandesa, ya que dado el grado de confusión que ocasionó, aceleró el rescate de esta nación. Sin embargo, yo quisiera empezar por aparcar la geografía y, si me apuran, por aparcar algunos de los
diseños institucionales.
De las experiencias de estos países y de otros que han vivido procesos de reestructuración se derivan dos consecuencias: primero, que hay que tener muy claro el valor que se otorga a los activos deteriorados y, segundo, que hay que tener un
mecanismo de financiación que resulte eficiente. Con estos dos pivotes me proyectaría sobre la economía española. Ha hablado, como siempre con rigor, don Pedro Azpiazu del papel que representa el Fondo de garantía de depósitos, y la señora Salgado
ha dicho algo que nosotros, el Gobierno y el partido del Gobierno comparten: que hay que incorporar a la asunción del sector privado una parte destacada de las pérdidas que se produzcan como consecuencia de la reestructuración del sector
financiero. En esa dirección va el decreto ley del mes de octubre y el decreto ley del mes de diciembre. Uno y otro ahondan en una función que va más allá de la garantía histórica, tan querida por algunos de mis amigos ultraliberales de la
economía española, y se sitúa en alguna medida en eso que se llama la función de resolución. Yo no voy a negar la importancia de este proceso porque me parece que el deslizamiento hacia la función de resolución es un aspecto muy importante.
¡Hombre!, hubiéramos deseado poder disponer de recursos procedentes del Fondo de rescate; supongo que alguna vez llegarán y que lo harán de tal forma que nos permitan que se emplee algo más que retórica parlamentaria cuando se diga que hay que
recuperar el crédito y la financiación de la economía. Llevamos algún tiempo tratando de que esto sea una realidad y hasta ahora no se ha producido adecuadamente.
Hay una tercera solución que no me quiero negar a escuchar. La leí ayer en un rotativo español y discrimina los activos según el grado que se tenga de recuperar algo del valor de los mismos. Hay algunos activos que se pueden recuperar y
hay otros que son como los viejos páncreas, que por mucho que los aprietes no hay manera de sacar insulina y entonces lo único que hay que hacer es recurrir a inyecciones de deuda pública de modo que la financiación de las mismas se sitúe en el
largo tiempo.
Al margen de estas opciones -la opción del Fondo de garantía de depósitos, la opción del Fondo de rescate o esta intervención inteligente del profesor Carbó-, quiero decir aquí y en este momento que lo fundamental es el valor de los bienes
que son objeto de asunción
diferenciando el valor en libros, el valor en contabilidad y el valor de mercado. Ahí está la clave, en la diferencia que se pueda producir entre ambos valores y en el proceso de diferimiento. Los que tengan curiosidad sobre estas
cuestiones podrán encontrar en los informes de estabilidad financiera del Banco de España algunas curiosidades que no dejan de ser altamente preocupantes. En este momento disponer de instituciones financieras cuesta dinero -y si no que se lo digan
a los belgas y a los holandeses-, desde luego cuesta bastante dinero.
Me van a permitir que, al margen de este esquema global, concrete un poco y haga eso que a los funcionarios de Hacienda les gusta tanto, que es un supuesto, un caso práctico. Nosotros tenemos un supuesto, un caso práctico muy concreto;
tenemos el caso de la adjudicación de la CAM al Banco de Sabadell con una inyección de 5.249 millones con cargo al Fondo de garantía de depósitos, un institución privada, por el cien por cien del capital de la CAM, vendido ese cien por cien al Banco
de Sabadell por un euro y estableciendo un mecanismo de protección de activos, 80 por ciento con cargo al Fondo de garantía de depósitos-20 por ciento con cargo al Banco de Sabadell. Si el esquema de protección son 24.000 millones, el auditor ha
dicho que las pérdidas pueden ser de 5.500, y como la CAM tiene una provisión de 4.000 el deterioro se calcula en 1.500; le aplican ustedes el esquema del 80-20 y tendrán en cuenta en este momento lo que ocurre. Sin embargo, aquí hay tres agentes
que quisiera destacar en esta intervención. Primero, después de esta operación al Fondo de garantía de depósitos le quedan 1.344 millones de euros y solo gracias a los 6.000 que le va a proporcionar la autorización que establece el decreto-ley
llegará a 3.000. El Banco de Sabadell se compromete a una ampliación de capital y a una generación de recursos para ampliar 3.000 millones, pero hay algo que quiero decir, y quiero decirlo con convicción, sin retórica política: Esta es una
operación inocua, esta es una operación neutral, es una operación que no le cuesta un duro al contribuyente, que no le cuesta un duro al erario público y que se ha hecho con un propósito claro y meridiano. Por tanto, a partir de aquí, algunas
consecuencias. La caja alicantina ha debilitado al Fondo de garantía de depósitos hasta niveles inusitados, y como consecuencia de ello buena parte de las competencias que tiene atribuidas no las puede llevar a cabo, a no ser que se produzca un
cambio cualitativo en su mecanismo de financiación. Y lo ha explicado bien la señora vicepresidenta: más recursos, más capacidad a los socios privados para disponer de un régimen de aportaciones poderoso y para poder captar recursos en el mercado.
Nosotros vamos a apoyar este decreto-ley porque creemos que el diseño que posee es correcto, porque se ha aplicado con tenacidad y con rigor y porque -por qué no decirlo- detrás de este decreto-ley hay política. Detrás de este decreto-ley
hay política. Se ha querido hacer esto y no se ha querido hacer otra cosa. Entonces, señor presidente, ¿es esto un antecedente? Pues, mire usted, yo no sé lo que va a suceder en el futuro; yo diría que en el futuro habría que buscar arbitrajes
de recursos procedentes del privado de la CAM, del privado del Sabadell, del privado del Fondo de garantía de depósitos. Es la política la que dirá si en el futuro los poderes públicos tienen que intervenir poniendo dinero del conjunto de los
ciudadanos. En cualquier caso, ¡ojo con las ayudas públicas!, porque las ayudas públicas son y determinan déficit público, y ahí también ha estado el Gobierno de una manera eficaz y pertinente. Mire, determinar cómo se construyen los futuros
vehículos de asunción de pérdidas en el sistema financiero no es competencia de esta Diputación Permanente. Señor presidente, si alguna vez alguna Diputación Permanente tiene que discutir algo parecido a lo de la CAM, a lo del Banco de Sabadell, a
lo del Fondo de garantía de depósitos, ni usted ni yo estaremos en ella. (Risas.) Por razones distintas, pero ni usted ni yo estaremos en ella. Por tanto, creo que aquí lo pertinente es dejar las cosas como están y garantizar que mi grupo va a
votar a favor el decreto-ley que ha defendido hoy la señora Salgado. (La señora López i Chamosa: ¡Bien por Paco!)
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
DACIÓN DE CUENTAS DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE.
- APROBACIÓN DEL INFORME DE DACIÓN DE CUENTAS DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DE LA IX LEGISLATURA A LA CÁMARA DE LA X LEGISLATURA. ((Número de expediente 062/000067.)
El señor PRESIDENTE: Segundo punto del orden del día.
¿Algún señor diputado o señora diputada desea intervenir en la dación de cuentas de la Diputación Permanente? (Pausa.) Señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Solo un minuto -no voy a aburrirles, señorías- para explicar nuestra posición que será contraria a la dación de cuentas porque, como he dicho en esta Cámara en otra ocasión, se han producido acontecimientos muy
importantes en este país, que la Diputación Permanente no ha podido tratar esos acontecimientos, que se han tratado a nivel de los dos grandes partidos y, por lo tanto, que hemos sido convidados de piedra como miembros de la Diputación Permanente.
En ese sentido, lamentándolo mucho, creo que no hemos ejercido nuestro papel, aunque esté muy tasado desde el punto de vista constitucional, y por ello no vamos a votar favorablemente esa dación de cuentas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
¿Alguna otra intervención? (Denegación.)
Pasamos a las votaciones. Si hay algún diputado fuera, ruego que le avisen por si desea entrar a la votación. (Pausa.)
En primer lugar, votamos la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 18/2011, de 18 de noviembre, por el que se regulan las bonificaciones de cuotas de la Seguridad Social de los contratos de trabajo celebrados con personas con
discapacidad por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y se establecen medidas de Seguridad Social para las personas trabajadoras afectadas por la crisis de la bacteria E.coli.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 49; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda convalidado.
¿Algún señor diputado o señora diputada desean que se tramite como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia? (Denegación.-Risas.) Muchas gracias.
Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 19/2011, de 2 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el Fondo de garantía de depósitos de entidades de crédito.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 46; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda convalidado.
¿Nadie solicita su tramitación como proyecto de ley? (La señora López i Chamosa pide la palabra.) Señora López i Chamosa, tiene la palabra.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: ¿Y si uno lo solicita qué pasa?
El señor PRESIDENTE: No estamos en una clase de hipótesis. ¿Lo solicita su señoría? (Denegación.-Risas.) Pues en ese caso nadie lo ha solicitado y, en consecuencia, hemos cumplido con lo que el Reglamento dice sin ninguna otra afectación.
A continuación, votamos el informe de dación de cuentas de la Diputación Permanente de la IX Legislatura a la Cámara de la X Legislatura.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 48; en contra, uno; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el informe de dación de cuentas de esta Diputación Permanente a la Cámara de la X Legislatura.
- DELEGACIÓN EN LA PRESIDENCIA DE LA CÁMARA DEL EJERCICIO DE LA COMPETENCIA PARA INCLUIR EN EL INFORME DE DACIÓN DE CUENTAS LA REFERENCIA A LOS ASUNTOS QUE PUEDAN SUSCITARSE HASTA LA CONSTITUCIÓN DE LA CÁMARA EN LA X LEGISLATURA.
El señor PRESIDENTE: Por último, ¿delega la Diputación Permanente en la Presidencia de la Cámara para que pueda incluir, en el supuesto de que ocurriese algún acontecimiento desde la hora en que acaba de aprobarse la dación de cuentas hasta
mañana a las diez de la mañana, en que se constituirán las nuevas Cámaras? (Asentimiento.)
Queda aprobado por asentimiento de la Diputación Permanente.
Antes de levantar la sesión también le gustaría a la Presidencia en nombre propio y en el de la Mesa dar las gracias a sus señorías, pedirles disculpas por aquellos asuntos que les hayan incomodado como consecuencia de decisiones de la
Presidencia o de la Mesa y, por último, desearles lo mejor tanto si siguen en el Congreso de los Diputados o, como el Presidente de la Cámara, dejan de serlo mañana a las diez de la mañana.
Se levanta la sesión.
Eran las siete y cuarenta y cinco minutos de la tarde.