CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2011 IX Legislatura Núm. 278

Sesión de la Diputación Permanente núm. 16

celebrada el jueves,

3 de noviembre de 2011

ORDEN DEL DÍA:


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:


- Real Decreto-ley 17/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen medidas complementarias para paliar los daños producidos por los movimientos sísmicos acaecidos en Lorca el 11 de mayo de 2011, se modifica el Real Decreto-ley 6 /2011,
de 13 de mayo, y se adoptan medidas fiscales y laborales respecto de la isla de El Hierro. ('BOE' núm. 263, de 1 de noviembre de 2011) (Número de expediente 130/000054.) ... (Página2)

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SUMARIO


Se abre la sesión a las diez de la mañana.


Convalidación o derogación de reales decretos leyes ... (Página2)


Real Decreto-ley 17/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen medidas complementarias para paliar los daños producidos por los movimientos sísmicos acaecidos en Lorca el 11 de mayo de 2011, se modifica el Real Decreto-ley 6/2011, de
13 de mayo, y se adoptan medidas fiscales y laborales respecto de la isla de El Hierro ... (Página2)


El señor ministro de la Presidencia (Jáuregui Atondo), informa a la Cámara de las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Azpiazu
Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Ayala Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Fuentes Pacheco, del Grupo Parlamentario Socialista.


Sometida a votación la convalidación del real decreto-ley debatido, se aprueba por 47 votos a favor y una abstención.


Se levanta la sesión a las once de la mañana.


Se abre la sesión a las diez de la mañana.


CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES.


- REAL DECRETO LEY 17/2011, DE 31 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PARA PALIAR LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR LOS MOVIMIENTOS SÍSMICOS ACAECIDOS EN LORCA EL 11 DE MAYO DE 2011, SE MODIFICA EL REAL DECRETO-LEY 6 /2011,
DE 13 DE MAYO, Y SE ADOPTAN MEDIDAS FISCALES Y LABORALES RESPECTO DE LA ISLA DE EL HIERRO. (Número de expediente 130/000054.)


El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a iniciar la sesión de la Diputación Permanente. Comprobada por la Presidencia la existencia de quórum, se da por válidamente constituida la Diputación Permanente que, convocada para examinar el único
punto del orden del día, inicia en este momento la sesión.


Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 17/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen medidas complementarias para paliar los daños producidos por los movimientos sísmicos acaecidos en Lorca el 11 de mayo de 2011, se modifica
el Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, y se adoptan medidas fiscales y laborales respecto de la isla de El Hierro. Para explicar las razones que han llevado al Gobierno a publicar el real decreto-ley, así como los motivos de urgencia, tiene la
palabra el señor ministro de la Presidencia.


El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Jáuregui Atondo): Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, como han podido comprobar, el pasado viernes 28 de octubre aprobamos un real decreto-ley complementario del que en su día se dictó por parte del Gobierno dos días después del terremoto de Lorca en previsión de una serie de
actuaciones complementarias que, en nuestra opinión, el Gobierno de la nación tenía que instrumentar a favor de los damnificados y de los perjudicados por el terremoto del pasado 11 de mayo. Como saben, a partir de aquel terremoto, que produjo
daños muy graves, así como víctimas, fallecidos y muchísimos damnificados, especialmente en comercio y vivienda de aquella localidad, el Gobierno ofreció de manera inmediata la respuesta solidaria que una catástrofe de esta naturaleza exigía. Hasta
hace muy poquitos días la Unidad Militar de Emergencias ha estado allí presente para atender a las personas que habían perdido su casa y, por supuesto, se han ido arbitrando, especialmente durante los primeros días, todas las medidas de actuación
urgente que requirió la catástrofe.


El decreto-ley que aprobamos en esa fecha -dos días después del terremoto- contempló una panoplia, un abanico de medidas que afectaban fundamentalmente a las indemnizaciones de los damnificados y de las familias de los fallecidos: ayudas a
la reconstrucción y reparación de las viviendas, ayudas para la reparación o restitución de las infraestructuras y del patrimonio, líneas de crédito oficial para el restablecimiento de las actividades comerciales, actuación del Consorcio de
Compensación de Seguros, beneficios y reducciones fiscales, ayudas al comercio, medidas de ámbito laboral y de Seguridad Social... Todo eso se ha ido instrumentando a lo largo de estos últimos meses con algunas medidas complementarias que el
Gobierno también arbitró, aunque no tuvieran el soporte de un real decreto-ley puesto que no requerían norma legal para ello. Por ejemplo, el Ministerio de Educación arbitró con la Consejería de Educación del Gobierno de la Región de Murcia una
ayuda de 2 millones de euros para la solución de los problemas

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en la infraestructura educativa de la región, especialmente de la comarca; un programa que hemos arbitrado con el Ministerio de Fomento para la construcción de viviendas modulares para realojar a las familias que perdieron su vivienda y que
tienen todavía mucho tiempo por delante para la reconstrucción de los inmuebles demolidos; una intervención urgente que hemos acordado realizar con la Consejería de Vivienda del Gobierno de Murcia a cuenta directamente del propio Ministerio de
Fomento; así como la aportación del Consejo Superior de Deportes de 1,2 millones de euros para las instalaciones deportivas en algunos centros docentes.


En conjunto, cabe decir que las administraciones hemos funcionado, aunque a mí me hubiera gustado que hubiese sido un poco más rápido en muchos casos, en aquello que ha requerido la intervención del Gobierno de la Región de Murcia y del
Gobierno central en lo que llamaríamos la detección de los daños y la tramitación de los expedientes. En general cabe decir que el procedimiento administrativo, a través de la comisión mixta creada entre el Gobierno de la región y la Administración
General del Estado, la creación de una oficina única de atención a los damnificados entre las tres administraciones, la comisión interministerial que el Gobierno creó, etcétera, ha ido funcionando, pero sin duda lo que llamaríamos la resolución de
los problemas principales todavía está pendiente. Por ejemplo, el consorcio de seguros, para que se hagan una idea, ha abonado aproximadamente a unas 27.000 familias, de las 29.000 damnificadas, sus seguros correspondientes. Es una medida
importante porque cerca de 300 millones de euros de indemnización han llegado ya a las familias. Se han tramitado en torno a 2.000 expedientes de las viviendas o de los comercios afectados, se ha reparado la mayor parte de las instalaciones
administrativas del Gobierno del Estado o del patrimonio en sus actuaciones más urgentes... Todo esto ha funcionado, pero sí quiero reconocerles que, a propósito de lo que fue un acuerdo parlamentario que esta Cámara aprobó a mediados de septiembre
por unanimidad, se requería una evaluación del funcionamiento de esas medidas para determinar si eran necesarias otras medidas complementarias y para establecer una mirada a largo plazo sobre la resolución de los problemas creados por el terremoto.


La actuación en torno a las tres resoluciones que adoptamos por unanimidad en el Parlamento, nos llevó a elaborar un informe de evaluación como nos exigía esta resolución parlamentaria e incluso a una serie de visitas que el presidente del
Gobierno me trasladó que coordinara con los diferentes ministerios para poner en común las actuaciones de las tres administraciones y para evitar, por así decirlo, rozamientos o declaraciones conflictivas en lo que, por otra parte, era una exigencia
general de eficiencia administrativa, de actuación correcta por parte de los diferentes ministerios y de las diferentes administraciones. Así ha surgido la necesidad de hacer una actuación complementaria que formalizamos en una reunión que celebré
con el presidente de la Región de Murcia el 28 de octubre pasado, con el alcalde de Lorca y con varios de los consejeros y concejales de ambas instituciones. La conclusión de esa reunión nos ha llevado a tres grandes acuerdos. Primero, la
necesidad de aprobar un nuevo real decreto-ley que complementara las medidas que ya había arbitrado el decreto del 13 de mayo. ¿Por qué? Porque necesitaban soporte legal y teníamos que arbitrarlas e implementarlas con urgencia. Segundo, llevar a
cabo una serie de acuerdos que sin el soporte de un decreto-ley establecieran la intervención del Gobierno vía Consejo de Ministros, que es lo que hicimos con los acuerdos que adoptamos el pasado viernes 28 de octubre. Tercero y último, la
tramitación del llamado Plan Lorca. En torno a estas tres grandes ideas, que recogen fielmente la proposición no de ley aprobada por todos los grupos a la que hacía alusión anteriormente, hemos articulado las actuaciones que hoy les quiero
explicar.


En primer lugar, es muy necesaria una actuación complementaria en el terreno de la rehabilitación del comercio y de la industria lorquina. ¿Por qué? Porque el terremoto, cuya intensidad fue suficientemente importante, aunque en números no
fue tan dramática, provocó muchísimos daños, especialmente en las zonas bajas de los edificios. Casi todo el comercio lorquino se vio afectado y prácticamente no hay ninguna instalación comercial que no necesite ayuda complementaria. Ahí
encontrábamos la necesidad de establecer nuevas medidas, que por otra parte respondían también -no lo he dicho antes y conviene citarlo- a muchas de las enmiendas que diferentes grupos parlamentarios habían presentado en la tramitación del proyecto
de ley consecuencia del decreto-ley. Ustedes saben que la convocatoria electoral frustró la tramitación de ese decreto-ley como proyecto de ley y, por tanto, las enmiendas que muchos de los grupos habían presentado no pudieron ser tramitadas.
También a eso responde el decreto-ley, a la voluntad de dar soporte legal a la intención de muchos grupos de mejorar o complementar el decreto-ley del 13 de mayo.


¿Qué hacemos con el comercio? Establecer una línea de ayudas para su recuperación, arbitradas por el Ministerio de Industria, de un millón y medio de euros hasta el 31 de diciembre de este año y de otro millón y medio de euros para el año
2012, en el bien entendido que forma parte de un programa del Ministerio de Industria que se dedica prácticamente de manera total al municipio de Lorca. Vamos a arbitrar un convenio con el ayuntamiento y la Cámara de Comercio para su distribución y
va a ser subvención directa al comercio lorquino. También se han establecido modificaciones a la línea de créditos ICO. Les recuerdo que el decreto del 13 de mayo estableció una línea de créditos ICO de 25 millones de euros para el comercio
lorquino, pero hasta la fecha solo se han pedido préstamos por valor de 300.000 ó 500.000 euros; muy poco. ¿Qué pasaba? Que las condiciones económicas quizá no eran demasiado atractivas. Esto nos ha llevado a modificarlas y a establecer,
primero, un plazo más largo de tramitación de las ayudas y, sobre todo, un

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periodo de amortización más amplio. Esto lo modificamos también en el decreto-ley que hoy someto a su consideración. También se ha establecido una línea de apoyo a la concesión de subvenciones por otra vía que llamamos de
reindustrialización del Ministerio de Industria de un millón de euros para este año y de 12 millones de euros en anticipos reembolsables, que también es otra ayuda económica y financiera muy importante para el comercio lorquino. Se han establecido
compensaciones por parte del Estado a la bonificación que el Ayuntamiento de Lorca va a dar a todo el comercio lorquino para la concesión de licencias de actividad o por reapertura o instalación de nuevos comercios en Lorca; es decir, estimulamos
fiscalmente la instalación de nuevos comercio en Lorca. Establecemos una ayuda directa para la rehabilitación del comercio de hasta 8.000 euros cuando el comercio esté asegurado y al mismo tiempo una bonificación del 50 por ciento de los aranceles
correspondientes a la inscripción de nuevas sociedades de responsabilidad limitada en el Registro Mercantil.


En materia sanitaria hemos rascado -perdónenme la expresión- del Ministerio de Sanidad la cantidad de un millón de euros para ayudar al Gobierno de la región a que las instalaciones sanitarias -ambulatorios u hospitales- puedan tener las
reparaciones necesarias. En materia de Seguridad Social, ¿qué hemos hecho? Ampliar los plazos de petición de diferimiento de las cuotas de la Seguridad Social, ya sea para empresas, ya sea para autónomos.


En materia de patrimonio cultural, dado el riquísimo patrimonio cultural de ese municipio, se han establecido incentivos fiscales -algo que era importante- para las empresas que quieran vía mecenazgo hacer aportaciones o participar en la
rehabilitación de las iglesias o de los monumentos lorquinos. Por último, también en el terreno cultural, se han establecido ayudas con carácter excepcional para cubrir los gastos que tenemos que hacer en este momento en muchos de los monumentos
culturales lorquinos que están medio derruidos y que hay que proteger para que las lluvias o las inclemencias del tiempo de estos días no provoquen más daños de los que ya produjo el terremoto. Por tanto, hemos establecido una ayuda de emergencia,
íntegramente pagada por el Gobierno de la nación, que trata de asegurar que no se produzcan todavía más daños de los que produjo el terremoto mediante la protección, ya sea con toldos, reforzamientos de urgencia, etcétera, de esos monumentos.


También tiene mucha importancia la ayuda que este decreto-ley plantea en materia de viviendas, porque estamos comprobando que muchos de los bloques demolidos van a tener muchas dificultades para ser reconstruidos. Para que se hagan ustedes
una idea, señorías, hay que tener en cuenta que hay aproximadamente unas 1.200 viviendas demolidas. No sé exactamente cuál es el número de bloques a los que corresponden esas viviendas, pero sí es más de un centenar, porque los bloques integraban
desde seis, siete u ocho viviendas hasta veinte. ¿Qué problemas teníamos ahí? Que a veces mucha gente no vivía en esos bloques y conseguir el acuerdo de todos los propietarios para reconstruir un bloque sobre un solar es muy dificultoso, y mucho
más si el decreto, como contemplaba en su momento, no daba ayudas a quienes no vivieran allí habitualmente, cosa que era frecuente. Un 35 por ciento de las viviendas demolidas no estaban ocupadas de manera habitual por sus propietarios, lo cual
provoca que la puesta en común de una acción de la comunidad para la reconstrucción de dicho bloque resulte muy complicada porque parte de los propietarios no ha recibido indemnización. Esta fue una primera rectificación que tuvimos que hacer, que
era dar la misma indemnización a aquellos propietarios que no residan habitualmente en esos bloques para poder facilitar el acuerdo de la reconstrucción. Luego veremos que en los acuerdos hemos hecho cosas importantes en el terreno de que haya
gestoras de la reconstrucción del bloque. Hemos encargado a SEPES, que como saben es la entidad pública del Ministerio de Fomento, que oriente y geste la construcción del bloque porque, si no, poner de acuerdo a la gente sobre la manera en que se
puede reconstruir no es fácil.


Esta primera decisión en materia de vivienda ha sido importantísima, lo mismo que lo ha sido en este decreto-ley cambiar la indemnización que damos a los propietarios de los bloques que no se han demolido por los bienes comunes que no
estaban incluidos en el decreto-ley. Indemnizábamos las viviendas pero no los bienes comunes, como puedan ser el ascensor o las fachadas. Aquí hemos incluido una indemnización importante que hemos negociado con el alcalde y con el Gobierno de
Murcia en los últimos días para mejorarla hasta llegar a una indemnización de 3.000 euros por vivienda en bienes comunes, lo cual facilitará mucho la restauración de los bienes comunes de los bloques afectados, que por cierto son casi todos; no
hablo de los demolidos sino de los bloques con daños.


Por último, se han establecido en este mismo decreto-ley bonificaciones del 50 por ciento a los aranceles notariales y registrales que se deriven de actos o negocios jurídicos relacionados con las viviendas o con los locales del municipio de
Lorca. Después hay 27 medidas acordadas en el Consejo de Ministros que no están en el decreto-ley y que no las vamos a aprobar hoy, pero sepan ustedes que el mismo Consejo de Ministros que aprobó estas 13 medidas que tienen soporte legal en el
decreto-ley del que les hablo van acompañadas de 27 medidas muy diversas. Se trata, por ejemplo, de acuerdos para que se establezca lo que hemos llamado el Plan director de patrimonio cultural, que trata de la restauración de todo el patrimonio
cultural, cuya valoración hemos estimado en 51 millones de euros; hemos establecido, como hemos dicho antes, la participación de SEPES en lo que llamaríamos la reconstrucción urbana de los bloques que han sido demolidos; en el ámbito fiscal y de
apoyo a la economía, el Ministerio de Economía va a autorizar la reducción durante un periodo de dos años de los módulos de actividades económicas

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radicadas en Lorca en relación con la estimación objetiva del IRPF y con el régimen simplificado del IVA; hemos establecido acuerdos con multitud de organismos nacionales, como Turespaña, para favorecer el turismo en Lorca, con Correos para
emitir sellos con la imagen lorquina en cinco de los sellos que van a tener lugar en una emisión especial, con Loterías para celebrar allí uno de los premios nacionales, con el ballet nacional para que realice allí determinadas actuaciones... En
fin, un conjunto de actuaciones que forman parte también de las medidas que estoy señalándoles, complementarias del decreto-ley que se aprobó en su día, aunque en este caso no reciban soporte legal de decreto-ley.


Por último, el Gobierno de Murcia nos ha trasladado desde hace ya algunos meses algo que tiene que ver con lo que podríamos llamar una mirada al futuro de Lorca. Querría terminar mi referencia a este decreto-ley señalándoles que gran parte
de la recuperación del diálogo y del entendimiento con el Gobierno de Murcia radica en una voluntad común de abordar el futuro de la recuperación de Lorca como una tarea del Estado. Pienso que es importante que les traslade honestamente lo que ha
sido el objeto de nuestras conversaciones. El municipio de Lorca y el Gobierno de la región nos trasladan que probablemente la dimensión de la catástrofe, la recuperación plena de la actividad económica, la recuperación de todos los elementos que
configuraban la vida normal de Lorca antes del terremoto tardará mucho en hacerse y que probablemente requerirá una ayuda especial del Estado, ya que las finanzas económicas lorquinas y del Gobierno de la región no llegan. En esencia, el argumento
que nos trasladan es que para ellos, para el Gobierno de la región, una intervención del 50 por ciento de la ayuda -como contempla el decreto-ley en estos casos, que es consecuencia del reparto competencial que tenemos-, representa casi un 30 por
ciento de su presupuesto, mientras que para el Gobierno del Estado representa un 0,5. Como argumento es potente. Es verdad que al Gobierno del Estado todas las ayudas le cuestan dinero y, para qué negarlo, más en momentos como los que vivimos,
pero quiero dejar constancia, señorías, de que probablemente con estas medidas tampoco hemos terminado y creo que es honrado que les diga que la recuperación de Lorca va a requerir esfuerzos de este Parlamento y de los próximos gobiernos de España
porque la tarea va a requerir varios años.


Quiero decir también, señor presidente -y con esto termino-, que el Gobierno ha considerado necesario aprovechar este decreto-ley sobre medidas complementarias para Lorca para establecer compensaciones a los daños, a las personas y a las
actividades económicas que han sufrido perjuicios importantes por la actividad sísmica y por las erupciones volcánicas que se han producido en la isla de El Hierro. Esta actividad sísmica y volcánica ha venido a alterar la vida cotidiana de sus
habitantes y ha afectado a las actividades económicas que se desarrollan en la misma. Por ello, el decreto-ley contempla una serie de beneficios fiscales y de medidas laborales y de Seguridad Social para los residentes en la isla.
Fundamentalmente, en el terreno del soporte legal -vuelvo al decreto-ley en primer lugar- se establece la exención de las cuotas del impuesto sobre bienes inmuebles y la reducción del impuesto sobre actividades económicas. En materia laboral se
establecen medidas para que los expedientes de regulación de empleo que tengan su causa directa en los movimientos sísmicos y en las erupciones volcánicas acaecidas en la isla puedan ser tramitados y aprobados. Las pérdidas de actividad
directamente derivadas de los mismos, si quedan debidamente acreditadas, tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor. Y la Seguridad Social autoriza la ampliación del plazo reglamentario para el ingreso de las cuotas
de Seguridad Social. Esto es lo que contempla el decreto-ley en materia de medidas legales para El Hierro, que van acompañadas de un acuerdo del Consejo de Ministros que no es menos importante, aunque -repito- no requiere soporte legal. Primero,
ayudas complementarias a las que concede el Gobierno canario a tripulantes, propietarios, armadores y centros afectados por el paro biológico de la actividad pesquera y de recreo, especialmente submarinismo. Segundo, establecimiento de reducciones
de módulos a efectos del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Tercero, instrumentación de una línea ICO de préstamos por importe de hasta 15 millones de euros. Cuarto, desarrollo de un plan especial de regeneración ambiental para la
recuperación de la reserva marina en colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo insular. Y, quinto, un plan de financiación de restauración de bienes culturales, yacimientos arqueológicos, promoción turística y de la hostelería
y las actividades deportivas en colaboración con el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias y con el Cabildo en su caso. Todo ello sin perjuicio de recordarles -y con esto definitivamente acabo, señor presidente- que mantenemos una situación
de observación permanente sobre la evolución de la actividad sísmica o volcánica en esa zona, porque desgraciadamente no ha terminado. Mantenemos a la UME allí, en la isla de El Hierro; mantenemos los buques de investigación científica, que nos
están aportando imágenes extraordinarias de lo que ha ocurrido en la erupción volcánica submarina; mantenemos por parte del Gobierno, en colaboración naturalmente con el Gobierno de la comunidad autónoma, una vigilancia intensa sobre la actividad
sísmica, a la espera de que, ojalá, no se produzca ninguna otra circunstancia que requiera nuevas intervenciones del Gobierno.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


Para fijar la posición de los distintos grupos, en primer lugar tiene la palabra doña Ana Oramas.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.

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Señor ministro, señorías, en primer lugar quiero expresar mi apoyo a los habitantes de El Hierro, que viven con preocupación desde el mes de julio, y especialmente en el día de hoy, las consecuencias de un fenómeno de la naturaleza ante el
que, si a muchos produce curiosidad, expectativa ante lo extraordinario e incluso emoción, los 11.000 habitantes del territorio más alejado y meridional de Europa, los que viven y trabajan allí, hasta ahora han sentido más bien inquietud y
perjuicio. Muchos de ellos, especialmente los que viven en La Restinga, han tenido que dejar sus casas y cerrar sus negocios. También mi recuerdo y mi solidaridad con los habitantes de Lorca, que el 11 de mayo sufrieron los terribles terremotos
que se llevaron nueve muertos y numerosos heridos.


La historia de El Hierro la conocen. Desde el 19 de julio se ha venido produciendo en la isla una elevada actividad sísmica -casi doscientos seísmos al día-, originada por un proceso de inyección de magma en su sustrato. Este proceso tuvo
su punto culminante cuando a finales de septiembre aparecieron varios puntos submarinos de emisión de magma junto a la costa del ya famoso pueblito marinero de La Restinga. La crisis económica se ha visto agravada entre los habitantes de El Hierro,
especialmente entre los vecinos de La Frontera y La Restinga, ha afectado a los distintos sectores empresariales de la zona -el comercio, la pesca, los transportes, el turismo, la hostelería y el submarinismo- y las medidas preventivas obligaron
además a todos los vecinos de La Restinga a abandonar sus casas el 11 de octubre, además de a unos 60 vecinos de La Frontera semanas antes, teniendo que alojarse en casas de familiares, en la residencia de estudiantes o en el polideportivo de
Valverde. El túnel que une las dos mitades de la isla se mantuvo cerrado desde el 27 de septiembre por miedo a los desprendimientos, lo que perjudicó notablemente la actividad comercial en El Hierro. En La Restinga ha tenido que cesar totalmente
su actividad laboral y económica; se han cerrado restaurantes, bares, apartamentos, comercios, centros de buceo... En definitiva, empresas, trabajadores y familias han visto seriamente disminuidos sus ingresos en tiempos de crisis, prácticamente
desaparecidos dichos ingresos, y además han de afrontar gastos extraordinarios, pagos de hipotecas, préstamos, etcétera.


En este contexto, el Gobierno trae hoy aquí un real decreto-ley por el que se adoptan medidas fiscales y laborales para paliar los perjuicios producidos por los movimientos sísmicos y las erupciones volcánicas en El Hierro. Vamos a votar a
favor lógicamente, pero no estamos satisfechos con las medidas que trae el Gobierno. Se trata fundamentalmente de la concesión de beneficios fiscales como la exención de las cuotas del IBI, así como la reducción del impuesto de actividades
económicas, y también medidas laborales, como la consideración de fuerza mayor en expedientes de regulación de empleo. La principal objeción que planteamos al decreto es que no hay concreción. El posterior acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de
octubre tampoco ayuda a aclarar las dudas. Se establecen unas líneas generales de ayudas, pero no se dice cuánto ni cuándo, no hay una dotación económica y la medidas quedan en el aire. Mala cosa cuando es inminente el cambio de Gobierno, con los
retrasos que ello supone. Se establecen ayudas a tripulantes y armadores afectados por el cese de actividad pesquera, pero no se dice cuánto. Se instrumentarán créditos para la recuperación de la imagen de la isla y se adoptarán medidas para la
regeneración ambiental, pero no hay dotación económica. Se abre una línea preferencial de crédito a través del ICO, pero será la entidad financiera la que decida si se concede el préstamo y en qué condiciones. Por otro lado, no estamos de acuerdo
con el aplazamiento del pago de las cuotas de la Seguridad Social a empresas y autónomos entre seis y doce meses, sino con su cancelación con efectos retroactivos durante la duración del proceso, que es indefinido.


La efectividad de las medidas está vinculada a la concreción y a la celeridad en su aplicación. Esperamos que la Administración no sea tan lenta como en otras ocasiones y que las personas afectadas reciban la ayuda lo antes posible. En
este sentido, el Parlamento de Canarias aprobó por unanimidad el pasado 26 de octubre una proposición no de ley a propuesta de Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria en la que se demandaba al Gobierno del Estado, en este caso sí, un
conjunto de actuaciones concretas. Por ello, creemos que las medidas recogidas en la citada orden deben tener una dotación económica que permita al menos hacer frente a los daños económicos urgentes y prioritarios que determinen conjuntamente el
Gobierno de Canarias, el Cabildo de El Hierro y el Gobierno del Estado. Esto permitiría mantener temporalmente los puestos de trabajo hasta que la situación de emergencia finalice y poner en marcha acciones de reactivación económica.


Señorías, si queremos que este plan sea serio y sea de verdad una ayuda a los ciudadanos y empresas afectadas, debe contener el compromiso de un monto económico concreto destinado a las acciones más necesarias a corto plazo. En caso
contrario, sería defraudar la esperanza de los afectados. En El Hierro viven 11.000 personas, la mayoría es gente humilde que vive de la pesca -no hay pesca en este momento-; de las empresas y del turismo de buceo -que no lo hay-; de los
restaurantes, de las casitas de comida, de las pensiones -que no tienen actividad-. Además, la situación es hoy más grave, muchísimo más grave desde ayer, afectando a la ciudad principal, al municipio principal, que es La Frontera, no al pueblo de
La Restinga, donde sigue la erupción, pero es probable que sea ya en la zona de La Frontera, y eso determina que tenemos a 11.000 españoles en una situación muy difícil. Las ayudas tienen que llegar ya porque la situación de los herreños es
insostenible y tienen derecho también a salir adelante en su tierra.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Oramas.


Tiene la palabra don Gaspar Llamazares.

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El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.


Quisiera hacer una reflexión previa a mi intervención respecto a este real decreto-ley de ayudas a Lorca y a El Hierro con relación a la Diputación Permanente del Congreso. Creo que es simbólico que el Gobierno se siente de espaldas a los
diputados de esta Diputación Permamente. (Un señor diputado: No.) Sí, de espaldas a los diputados de esta Diputación Permanente, no hay una intervención frente a los diputados de esta Diputación Permanente. Lo utilizo como símbolo. Es un símbolo
de una Diputación Permanente que, en mi opinión, se está convirtiendo en una diputación irrelevante y que no vela por las competencias de la Cámara. Vamos a discutir dos cuestiones importantes: Lorca y El Hierro, pero no discutimos de lo más
importante, un gobierno que no tiene ningún control parlamentario. En estos momentos, el paro masivo en nuestro país hubiera requerido algún tipo de información, además de a ciertos sectores económicos, al Congreso de los Diputados, a la Diputación
Permanente. El escándalo financiero también debería haber motivado la reunión de esta Diputación Permanente, la Europa en crisis que tenemos en estos momentos o los acuerdos internacionales y, sin embargo, vemos cómo la Diputación Permanente se
convierte en una diputación irrelevante y los diputados nos convertimos en diputados insignificantes. En nuestra opinión, en opinión de mi grupo, esto no es bueno, y habrá que regular de manera más clara las competencias de la Diputación Permanente
dentro de lo que se denomina velar por las competencias de la Cámara. Y una de las competencias fundamentales de la Cámara, además de la competencia legislativa, es el control parlamentario...


El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Llamazares.


No quiero introducir en su discurso más que la advertencia de que esa última mención que hacía su señoría en orden a reformar el Reglamento quede hecha por parte de su señoría, pero el cumplimiento de la legalidad por parte de la Mesa, de la
Presidencia y del Congreso de los Diputados ha sido estricto. Puede seguir.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)


Paso a la cuestión que nos trae a esta Diputación Permanente. En primer lugar, en lo relativo a la tragedia que se cobró la vida de nueve personas y causó trescientos heridos, mi grupo respaldó la convalidación del primer decreto. No vamos
a hacer lo mismo con este segundo decreto. Nos parece que es un decreto insuficiente; no lo dificultaremos, pero tampoco votaremos a favor.


Señorías, el pasado jueves hubo en Lorca una manifestación de vecinos, una manifestación que pedía la reconstrucción de las viviendas dañadas, un plan de realojo de los desplazados y la recuperación de las infraestructuras y equipamientos.
Todavía a estas alturas en Lorca hay insatisfacción y preocupación. Señorías, una de las grandes lagunas del decreto de mayo fue la nula atención a los daños y al lucro cesante que los terremotos causaron al pequeño comercio. Nuestra posición al
respecto siempre fue que el Gobierno debería haberse corresponsabilizado con el 75 por ciento y no con el 50 por ciento de dichas ayudas. Desde entonces el Gobierno de la nación y el murciano han mostrado, en nuestra opinión, lentitud e ineficacia
en el marco de la comisión mixta. Efectivamente, señorías, la comisión mixta solo ha resuelto hasta hoy una quinta parte de las solicitudes, 2.400 de las 14.192 presentadas. El montante aprobado es de 11.948.524 euros, pero tan solo se han pagado
o están en vías de pago alrededor de 900.000 euros. Como consecuencia de esta parsimonia -no se puede llamar de otra manera-, los damnificados con escasos recursos económicos están encontrando serias dificultades para hacer frente al pago de los
alquileres de las casas que han tenido que arrendar. Por otra parte, el consorcio de seguros solo ha pagado 400 millones de euros en indemnizaciones. Quedan pendientes 185 millones correspondientes a 3.432 propiedades dañadas y faltan por pagar
buena parte de los gastos correspondientes a elementos comunes de los edificios. Nuestra exigencia en este asunto se dirige al Gobierno para que muestre ante el consorcio la necesidad de resolver definitivamente los expedientes aún en curso. Por
otra parte, las instituciones bancarias están ejerciendo algo escandaloso: la cláusula de cancelación de hipoteca cuando el damnificado cobra la indemnización del consorcio, lo que conlleva que el interesado se queda sin casa y sin el dinero de la
indemnización. Señorías, un hecho importante también a considerar a lo largo de este proceso es la propuesta Plan Lorca que hizo el Gobierno regional en colaboración con el ayuntamiento.


Hemos de recordar que Izquierda Unida se pronunció en el sentido de que la propuesta se quedaba corta y que nuestra petición llegaba hasta los 2.000 millones de euros, justificando dicha cantidad en la necesidad de atender al lucro cesante
de la actividad comercial, así como a la necesidad de intervenir de manera decidida en los distintos sectores económicos para activar los resortes en Lorca...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Llamazares, ha acabado su tiempo, tiene que ir acabando.


El señor LLAMAZARES TRIGO: ¿No va a tener flexibilidad en esta materia?


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Llamazares, tiene cinco minutos. Por favor, no discuta, acabe rápidamente y pasaremos al siguiente interviniente.


El señor LLAMAZARES TRIGO: En relación con las insuficiencias en Lorca, me iba a extender en la valoración

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del nuevo real decreto, en la cuestión de vivienda, industria, cultura y patrimonio, servicios públicos, créditos ICO y demás, que llevan a que mi grupo no comparta estas nuevas medidas, que seguimos considerando insuficientes y, por tanto,
nos vamos a abstener.


Con relación a El Hierro, las medidas van destinadas a una economía que, en nuestra opinión, se desconoce, la economía de El Hierro. Nosotros propondríamos la suspensión de la obligación de pago de la cotización en el régimen especial del
mar, la consideración como período inactivo en el método de estimación objetiva del periodo...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Llamazares, por favor.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Señora presidenta, un minuto nada más. Estoy terminando.


Decía que nosotros propondríamos la consideración como periodo inactivo en el método de estimación objetiva del periodo en el que se estableció el semáforo rojo, la suspensión del pago de los fraccionamientos en las cuotas de la Seguridad
Social, el aplazamiento total del pago de cotizaciones, la posibilidad de suspensión de los contratos laborales de las zonas afectadas y la autorización de los fraccionamientos en las deudas de AEAT sin cobro de intereses de demora.


En definitiva, señorías, no vamos a dificultar la aprobación de estas iniciativas, pero por razones de forma y de contenido vamos a abstenernos.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Llamazares.


Señor Azpiazu, tiene la palabra.


El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.


Intervendré muy brevemente. A mí me va a sobrar tiempo.


Ya en mayo apoyamos el real decreto de ayudas a Lorca para paliar la catástrofe que había ocurrido y, de la misma manera, vamos a apoyar este real decreto. Creemos que las subvenciones, deducciones y cuantas ayudas se puedan destinar a
paliar los efectos de la catástrofe es justo hacerlo y nuestro grupo las va a apoyar. Después de la experiencia que ha habido desde el decreto de mayo hasta ahora, se han visto necesidades nuevas que se han tratado de canalizar a través de este
real decreto. Sin conocer a fondo cual es la cuantificación de los problemas de Lorca, a mi grupo parlamentario le sugiere que las medidas pueden ser insuficientes y que posiblemente haya que profundizar en las mismas. Por lo tanto, apoyaremos
estas medidas que se adoptan hoy y cuantas medidas se pudieran aprobar en un futuro para paliar los efectos que han sufrido los ciudadanos de Lorca. Mostramos nuestra solidaridad y les damos nuestro apoyo. De la misma manera, queremos también
mostrar nuestra solidaridad y nuestro apoyo con los habitantes canarios de la isla de El Hierro. Por tanto, votaremos favorablemente esta iniciativa.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Azpiazu.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Ayala.


El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, el Partido Popular en esta materia siempre ha mantenido el espíritu del consenso porque en realidad Lorca no merece otra cosa. Hoy también queremos seguir manifestando este espíritu de consenso y colaboración en
la medida de lo posible con el Gobierno, con los gobiernos autonómicos y con el Ayuntamiento de Lorca para que esos daños que ocasionó el terremoto en Lorca -de los que yo creo que todavía no somos plenamente conscientes- nos ayuden a mejorar las
condiciones de esos años, décadas, durante los cuales los lorquinos van a tener que seguir sufriendo las consecuencias del terremoto del 11 de mayo. Se está haciendo una labor ingente, pero toda ayuda es poca.


Este real decreto-ley que hoy convalidaremos es consecuencia de varias cosas -el ministro de la Presidencia también lo ha dicho-. En primer lugar, de la proposición no de ley que a instancias del Grupo Popular y con el apoyo de todos los
grupos aprobamos el 13 de septiembre en la Cámara. En segundo lugar -también lo ha reconocido el señor ministro-, no haber tramitado como proyecto de ley el Real Decreto 6/2011, a pesar de haberlo acordado así y de tener las enmiendas preparadas y
avanzadas; finalmente ha decaído, pero evidenciaba la necesidad de modificar el primer real decreto-ley por claramente insuficiente. En tercer lugar, por ser necesario e imprescindible adoptar más medidas y más ayudas, muchas de ellas demandadas
por este grupo desde el primer momento. Tanto la Región de Murcia como el Ayuntamiento de Lorca están haciendo esfuerzos por encima de sus posibilidades y el Estado, ante una catástrofe de estas dimensiones, es quien más tiene que aportar. En esto
volvemos a insistir: establecer los porcentajes ya instituidos en otras ocasiones parece que para Lorca es claramente insuficiente.


Algunas de las medidas que se adoptan en este real decreto merecen algún comentario por esta parte. Las ayudas al ayuntamiento para recuperar el comercio, destinando el 25 por ciento de la dotación del Plan de mejora de la productividad y
competitividad del comercio, en realidad no es un esfuerzo que realiza el Gobierno de la nación, sino fruto de la solidaridad del resto de comunidades autónomas y desde luego limitarlo a 2011 será insuficiente. En cuanto a las ayudas, dentro del
programa de reindustrialización del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio con una dotación para el año que viene de un millón de euros en subvención y 12 millones en anticipos

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reembolsables, parece que lo lógico hubiera sido a la inversa y que la aportación del Estado fuera proporcional a los recursos. Sería más lógico que los 12 millones fueran de subvención y el uno de anticipos reembolsables, entre otras cosas
porque no es lógico que de 13 millones de ayuda 12 millones tengan que ser devueltos. Además, se residencia la responsabilidad financiera en el ayuntamiento cuando en realidad esto es un problema de Estado, porque la catástrofe fue de dimensiones
totalmente estatales. La subvención a la Comunidad Autónoma de Murcia para las reparaciones sanitarias por un importe de un millón de euros -aunque toda cantidad es buena, señor ministro de la Presidencia- constituye una ayuda de la vigésima parte
del total que suponen los daños a las instalaciones sanitarias de la ciudad de Lorca. El diferimiento del plazo de ingreso de las cuotas de la Seguridad Social respecto a otras tres nuevas mensualidades -que ya se habían acordado en el primer real
decreto- en realidad lo que hace es acumular la deuda a futuro, cuando los pequeños comercios siguen sin poder trabajar. Lo que los ciudadanos demandan es la exención no el aplazamiento de pago. La compensación de la mitad de las tasas de las
licencias concedidas por el ayuntamiento no deja de ser otro elemento más de la participación del Estado en el 50 por ciento cuando entendemos que debía ser mayor. Sigue habiendo déficits sobre las necesidades de Lorca y sigue insistiéndose en
conceptos que carecen de sentido en estas circunstancias. Lo quiero decir con la tranquilidad que demanda, pero también con la firmeza: no es razonable que se incluyan excepcionalmente ayudas a la reparación y reconstrucción de establecimientos
mercantiles, pero siempre que al tiempo de producirse el siniestro estuvieran asegurados. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) No tiene sentido, señor ministro de la Presidencia, porque ni el seguro es obligatorio ni mucha gente puede
asegurar sus pequeños negocios. La excusa de que hay que incentivar la cultura del seguro nos parece muy bien, pero las campañas de concienciación en otro momento, no cuando hay tanta desgracia por en medio. No tiene sentido, señor ministro de la
Presidencia, que las ayudas excepcionales tengan que tener el condicionante de la existencia previa del seguro porque, probablemente, no van a tener ninguna ayuda. Si, además, esas ayudas se limitan a 8.000 euros, cuando se habla de realizar obras
afectadas por un terremoto, la cantidad es pequeña.


También quiero hacer una reflexión sobre lo que el ministro de la Presidencia ha comentado sobre los préstamos ICO, cuyas condiciones se modifican. Es verdad, pero no están funcionando. Señor ministro, todo el mundo reconoce que la falta
de funcionamiento y de capacidad para haber aplicado estos préstamos ICO son las garantías exigidas por las entidades de crédito que formalizan la operación, que son absolutamente inalcanzables por los siniestrados que tienen en el local destruido
su único patrimonio. Hay que ser conscientes de que el ICO no podrá realizar su labor si no se hace una acción directa con las condiciones que están dando las entidades aseguradoras. No obstante, señor ministro de la Presidencia, votaremos a favor
de la convalidación.


Hay otras dos cuestiones, una de ellas referida a las ayudas a la isla de El Hierro. Nos parece bien la exención del IBI, nos parece bien la exención del IAE y también nos parecen bien las medidas laborales. Quizás sean algo escasas, pero,
señor ministro y señores diputados, hay que estar atentos y pendientes de la evolución de los acontecimientos y la clara inestabilidad de la isla para adoptar medidas en cuanto así fuera necesario. Desgraciadamente, puede que estemos solamente ante
la punta del iceberg. Habrá que estar pendientes de las necesidades de la isla de El Hierro.


Haré una última referencia. Han aprovechado este real decreto-ley para incluir dos nuevas comisiones en la Lofage de 1997. Deben saber que la de la regulación económica aeroportuaria -ya lo hemos dicho- es tan innecesaria y ha sido
cubierta con tal nepotismo que el Partido Popular, si gana las próximas elecciones, la derogará.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ayala.


Doña Ana Fuentes tiene la palabra.


La señora FUENTES PACHECO: Muchas gracias, señor presidente.


Hoy intervengo en esta Diputación Permanente para, como no podía ser de otra forma, apoyar por parte del Grupo Socialista los dos reales decretos que nos propone el Gobierno y que ha defendido el ministro de la Presidencia. En primer lugar,
porque entendemos que hemos trabajado, seguimos haciéndolo y vamos a seguir haciéndolo por Lorca. De hecho, a las cuarenta y ocho horas de haberse producido los hechos ya estábamos tomando medidas y se aprobó un real decreto. Evidentemente, este
real decreto ha intentado -y creo que en gran medida lo ha conseguido- cubrir las necesidades que se estaban produciendo en un municipio que, además, tiene que tener algo tan importante para esta Cámara como es que estemos todos unidos, como está
intentando hacer el Gobierno con todas las administraciones. Este real decreto desarrolla e implementa medidas al que ya se aprobó en mayo y pretende cubrir pequeños huecos y otras necesidades que se han ido generando desde el día en que se
produjeron los primeros hechos hasta la fecha.


El Gobierno ha invertido ya más de 300 millones de euros en Lorca y han sido invertidos de forma diferente. Más de 241 millones han ido directamente a los ciudadanos de Lorca, que son los que más deben preocuparnos. Se ha hecho de
diferentes formas, tanto en obras ejecutadas como en el 50 por ciento de rehabilitación de vivienda, en alquileres y en reconstrucción de edificios públicos, como, por ejemplo, el cuartel de la Guardia Civil o el parador nacional, con una
reconstrucción total en ambos casos. Son instituciones muy importantes para el municipio de Lorca si se quiere hacer una apuesta

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firme, directa y decidida por el sector turístico. El Gobierno tiene más de 800 millones de euros comprometidos en Lorca y, si sumamos lo que va invertir el Gobierno regional -más de 200 millones de euros-, lo que invierte el ayuntamiento,
así como otras instituciones, estamos hablando de más 1.050 millones de euros. Por tanto, son cifras significativas y medidas concretas, concretadas, que se están ejecutando y que además tienen una cara: la del Gobierno, que está trabajando
permanentemente en Lorca y que lo está haciendo a través de una figura que se ha creado a tal efecto, como ha sido el comisionado especial para Lorca. Este comisionado tiene contacto directo con los ciudadanos, contacto directo y permanente con los
vecinos, con los comercios y, como no puede ser de otra manera, con las distintas instituciones. Creemos que el nombramiento de este comisionado especial para Lorca, que además es el subsecretario de Fomento, está haciendo posible que en el día a
día se resuelvan situaciones que se están produciendo de forma permanente y que además tenemos que solventar sobre la marcha. Es cierto que hay algunos expedientes que están tramitándose con cierta demora, pero la razón es que tienen que ir
peritados porque tenemos que tener absoluta claridad y transparencia en todas las medidas que se están tomando en Lorca. Por lo tanto, existe absoluta tranquilidad por parte del Gobierno con las actuaciones que estamos siguiendo en Lorca, apoyo
total a los vecinos, petición a todos los grupos políticos e instituciones para que vayamos de la mano, porque tiene que preocuparnos el día a día de esos vecinos, que en muchos casos han visto como han perdido todo lo que les correspondía y muchos
de ellos incluso su vivienda.


Al mismo tiempo, vamos a aprobar otro real decreto que para mí tiene igual trascendencia, y así lo ha demostrado el Gobierno. Es un real decreto que, como bien decía el señor Ayala, se tiene que ir configurando en los próximos días, pero
hay que tener en cuenta que todavía se está produciendo actividad sísmica. Hemos querido poner en marcha las medidas, pero, por supuesto, la evaluación económica de lo que se está produciendo allí y, como no puede ser de otra forma, las ayudas
económicas que se han de prestar se determinarán cuando se termine el seísmo. Pero hemos querido adelantarnos y empezar a trabajar ya con los vecinos. Para ello se han aprobado ayudas a tripulantes y armadores, que han sido los primeros que se han
visto afectados por el cese de la actividad; actuaciones de regeneración ambiental en la isla de El Hierro, actuaciones de promoción turística, porque es una zona que vive fundamentalmente, como bien decía la señora Oramas, del sector turístico y,
como no puede ser de otra forma, la conservación de bienes culturales y yacimientos, así como beneficios fiscales y líneas preferenciales de crédito.


Evidentemente, vamos a votar favorablemente estos dos reales decretos, y además nos felicitamos por la urgencia y el compromiso que está teniendo el Gobierno, así como por la firmeza en las actuaciones que se están poniendo en marcha.


Me van a permitir una licencia. Esta es mi última intervención en esta Cámara y esto ha sido en los últimos ocho años una pequeña gran familia. Por tanto, no me quiero ir de esta Cámara y dejar mi condición de diputada -que lo será hasta
el día 13, si Dios quiere, porque con tanto seísmo igual alguno me puede ocurrir a mí, espero que no- sin expresar mi agradecimiento al personal de la Cámara por cómo se ha comportado conmigo en todas y cada una de las ocasiones en que he tenido el
gusto de trabajar con ellos, así como al resto de los grupos parlamentarios con los que hemos podido debatir, discutir y reflexionar, y de los que siempre he sentido respeto y en algunos casos incluso amistad, sobre todo en lo referente a la
Comisión de la que he sido portavoz; a la Mesa de la Cámara, que en muchas ocasiones me ha tenido que regañar porque, en esta defensa que hacemos de lo que pensamos y sentimos, a veces nos ponemos un poquito exaltados, por lo que también pido
disculpas por si hemos alterado el orden de la Cámara. Deseo reconocer a toda la Mesa, y en especial al presidente, cómo han sabido llevar estos momentos, trabajo que en algunos casos ha sido difícil. Y, como no puede ser de otra manera, deseo
agradecer al Gobierno el trabajo que he podido realizar con él e indudablemente a mi grupo, al Grupo Parlamentario Socialista, del que me he sentido su familia por su respeto, por su amistad y por el cariño mostrado, y especialmente a su portavoz
Toño Alonso, que hoy, además, me va a permitir marcar el voto.


Muchísimas gracias a todos, y espero que nos veamos en el día a día. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fuentes.


Ruego al ujier mayor que tenga la bondad de anunciar que se va a proceder a las votaciones, por si hubiese algún diputado o diputada fuera. (Pausa.)


Pasamos a votar la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 17/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen medidas complementarias para paliar los daños producidos por los movimientos sísmicos acaecidos en Lorca el 11 de mayo de
2011, se modifica el Real Decreto-Ley 6/2011, de 13 de mayo, y se adoptan medidas fiscales y laborales respecto de la isla de El Hierro.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 47; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda convalidado el real decreto-ley.


Por favor, el Reglamento exige de modo puntual que les pregunte si algún grupo desea que se tramite como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. (Denegaciones.) Nadie lo desea.


En consecuencia, se levanta la sesión una vez agotado el orden del día.


Eran las once de la mañana.