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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 277, de 20/10/2011
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2011 IX Legislatura Núm. 277
Sesión de la Diputación Permanente núm. 15
celebrada el jueves,
20 de octubre de 2011
ORDEN DEL DÍA:
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:
- Real Decreto-ley 15/2011, de 14 de octubre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito por importe de 4.221.162.023,96 euros, para atender obligaciones del Ministerio de Trabajo e Inmigración y de otros
departamentos ministeriales. ('BOE' núm. 249, de 15 de octubre de 2011). (Número de expediente 130/000052.) .... (Página2)
- Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el fondo de garantía de depósitos de entidades de crédito. ('BOE' núm. 249, de 15 de octubre de 2011). (Número de expediente 130/000053.) ....
SUMARIO
Se abre la sesión a las doce y cinco minutos del mediodía.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. ... (Página2)
Real Decreto-ley 15/2011, de 14 de octubre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito por importe de 4.221.162.023,96 euros, para atender obligaciones del Ministerio de Trabajo e Inmigración y de otros
departamentos ministeriales ... (Página2)
La señora vicepresidenta del Gobierno de Asuntos Económicos y ministra de Economía y Hacienda (Salgado Méndez) informa a la Cámara de las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; Llamazares Trigo y Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds;
Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y las señoras Báñez García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Gastón Menal, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el fondo de garantía de depósitos de entidades de crédito ... (Página9)
La señora vicepresidenta del Gobierno de Asuntos Económicos y ministra de Economía y Hacienda (Salgado Méndez) informa a la Cámara de las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Oramas González-Moro y el señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Ridao i Martin y Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Montoro Romero, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso y Fernández Marugán, del Grupo Parlamentario Socialista.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-Ley 15/2011, de 14 de octubre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito por importe de 4.221.162.023,96 euros, para atender obligaciones del Ministerio de
Trabajo e Inmigración y de otros departamentos ministeriales, se aprueba por 25 votos a favor, dos en contra y 22 abstenciones.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-Ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el fondo de garantía de depósitos de entidades de crédito, se aprueba por 25 votos a favor, dos en contra y 22 abstenciones.
Se levanta la sesión a la una y cincuenta minutos de la tarde.
Se abre la sesión a las doce y cinco minutos del mediodía.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:
- REAL DECRETO-LEY 15/2011, DE 14 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE CONCEDEN CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO POR IMPORTE DE 4.221.162.023,96 EUROS, PARA ATENDER OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN Y DE OTROS
DEPARTAMENTOS MINISTERIALES. (Número de expediente 130/000052.)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Señorías, comprobado por la Mesa de la Diputación Permanente que existe el quórum exigido por el Reglamento, declaro constituida dicha Diputación Permanente, cuyo orden del día es el examen y convalidación o derogación de dos reales
decretos-leyes, el primero referido al número 15/2011, de 14 de octubre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito por importe de 4.221.162.023,96 euros para atender obligaciones del Ministerio de Trabajo e Inmigración
y de otros departamentos ministeriales. Tiene la palabra la señora vicepresidenta del Gobierno para explicar las razones que han llevado a la publicación con urgencia de este real decreto-ley.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, comparezco ante esta Diputación Permanente del Congreso para presentar el Real Decreto-ley 15/2011,
de 14 de octubre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito por importe de 4.221.162.023,96 euros para atender obligaciones del Ministerio de Trabajo e Inmigración y de otros departamentos ministeriales.
Quisiera comenzar agradeciendo la presencia de sus señorías y por supuesto también quiero agradecer, al presidente y a quienes han tomado la decisión, la posibilidad de presentar este real decreto-ley para su convalidación en un plazo muy ajustado.
De esta cuantía que indico, de estos algo más de 4.221 millones, 3.729.690.714 euros se dirigen como suplemento de crédito al Ministerio de Trabajo e Inmigración y están destinados al Servicio Público de Empleo Estatal. Una mayor tasa del paro real
en términos de encuesta de población activa, frente a la tasa de paro prevista en los años 2009 y 2010, ha determinado que el importe de las obligaciones pendientes de imputar al presupuesto en la fecha actual ascienda a 1.919 millones de euros. La
menor recaudación de ingresos sobre los estimados por el organismo en el año 2010 dio lugar a un remanente de tesorería negativo de 1.648 millones de euros, que deben satisfacerse en el presente ejercicio. Quiero aclarar que el suplemento de
crédito derivado de estas dos circunstancias no tiene incidencia en el déficit de las administraciones públicas, ya que estas obligaciones ya fueron consideradas a efectos de contabilidad nacional en ejercicios anteriores, fundamentalmente en el año
2010, y en concreto en el momento en que correspondió abonar estos 3.567 millones de euros. Así, por cierto, lo puse de manifiesto cuando presenté los datos de ejecución presupuestaria y de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria
correspondiente al año 2010 en términos de contabilidad nacional. Ya en aquel momento dije que en la desviación positiva del objetivo de déficit de la Administración General del Estado con respecto a los datos reales -habíamos tenido un déficit
menor de aquel al que nos habíamos comprometido-, en ese margen que teníamos de casi un punto, de ese punto había que descontar -así debía hacerse- el dinero que debía haber ido destinado al Servicio Público de Empleo, estos 3.567 millones que ahora
les comento. También en el ámbito del Servicio Público de Empleo Estatal el presente real decreto-ley dota los créditos necesarios, 162 millones de euros, para atender las obligaciones consecuencia de un mayor número de personas beneficiarias de la
renta activa de inserción sobre las estimaciones iniciales.
Este real decreto-ley contempla además créditos extraordinarios y suplementos de crédito para atender obligaciones exigibles a la Administración por importe de 491 millones de euros en el ámbito de otros departamentos, en primer lugar, para
atender los gastos originados como consecuencia de la participación de las Fuerzas Armadas españolas en las operaciones para la resolución de la crisis de Libia, en aplicación de nuestros compromisos internacionales suscritos en el seno del Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas y autorizadas en el Congreso de los Diputados; en segundo lugar, un suplemento de crédito para atender en su totalidad las obligaciones derivadas de las ayudas a los beneficiarios de la renta básica de emancipación y
la subsidiación de intereses de préstamos en los planes estatales de vivienda; en tercer lugar, un crédito extraordinario como consecuencia del reconocimiento de la procedencia de la inclusión de los profesores de religión en el régimen general de
la Seguridad Social, una cuantificación de cotización pendiente de abono que se ha cifrado en estos 20.882.460,57 euros; en cuarto lugar, un crédito extraordinario para el cumplimiento de sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y de
la Audiencia Nacional condenando a la Administración al pago de compensaciones económicas a satisfacer a determinadas empresas en concepto de colaboración en la prestación de asistencia sanitaria a sus trabajadores; por último, un suplemento de
crédito para completar el abono a las comunidades autónomas del nivel mínimo de protección garantizado por la Administración General del Estado en aplicación de la Ley de Dependencia. La financiación de estos créditos extraordinarios y suplementos
de crédito se prevé con deuda pública, dado que el saldo actual del Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria no permite su financiación con cargo al mismo. No obstante, ya les anticipo que esta circunstancia no va a alterar el calendario
de emisiones del Tesoro previsto, puesto que en este calendario, en estas previsiones, contamos ya con un margen más que suficiente para atender la financiación de estos créditos extraordinarios y suplementos de crédito.
Señorías, quiero recordar lo que dije al principio, que la cobertura presupuestaria de la mayor parte de las obligaciones que se atienden mediante este real decreto-ley, en particular los 3.567 millones de euros a los que me he referido en
primer lugar, se lleva a cabo mediante un suplemento de crédito que no tiene incidencia en el déficit de las administraciones públicas, puesto que fue computado en ejercicios anteriores. Por tanto, solo 650 millones de euros afectarían
potencialmente al déficit público y por ello el mismo Consejo de Ministros que aprobó el presente real decreto-ley aprobó un acuerdo de no disponibilidad de créditos por un importe equivalente, para evitar que esta medida que hoy les presento para
su convalidación afecte al compromiso de cumplimiento del objetivo de déficit para el año 2011.
La urgencia y necesidad de estas medidas se justifica porque se trata de obligaciones exigibles a la Administración cuyo pago no puede demorarse, puesto que causaría perjuicio a terceros afectados. Por todo ello, señorías, espero que con su
voto en esa sesión de la Diputación Permanente pueda convalidarse el real decreto-ley que les acabo de presentar.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.
No ha solicitado ningún grupo el turno en contra. Tiene la palabra el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Muchas gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta del Gobierno, señorías, desde nuestro punto de vista este real decreto-ley es una constatación en primer lugar de las previsiones presupuestarias erróneas del Gobierno, bastante más optimistas que la evolución real de
la economía, lo que obliga ahora a la concesión de estos suplementos de crédito, pero en nuestra opinión es sobre todo indicativo del fracaso de una política basada en duros ajustes fiscales, en una política basada en una dura restricción de la
inversión pública siguiendo los dogmas imperantes en la Unión Europea, que no solo está provocando una mayor ralentización de la recuperación económica sino que incluso está abocando a la economía a una nueva recesión. (La señora vicepresidenta,
Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)
Esta política alimenta un círculo vicioso que agrava el dramático problema del paro, con casi 5 millones de personas sin perspectivas de recuperar su actividad laboral, obligando a mantener un alto gasto público en prestaciones sociales.
Prueba de ello es que la mayor parte de los créditos se destinan a ampliar partidas destinadas a atender en general el sistema público de protección social, lo que denota un deterioro de la situación económica y social, pues cada vez hay más
personas con derecho a prestaciones sociales de toda índole, incluso de carácter asistencial, como es el caso del aumento de las prestaciones de la renta mínima de reinserción. Prueba de ello también es que el mayor suplemento de crédito tiene como
objetivo financiar las desviaciones ocasionadas en el Servicio Público de Empleo para pagar las prestaciones por desempleo por las diferencias entre las previsiones de paro hechas por el Gobierno para la elaboración de los presupuestos de 2009 y
2010 y las cifras reales de paro. Este desfase económico de la Seguridad Social no solo está originado por el incremento de las prestaciones económicas a pagar sino también, lo que desde nuestro punto de vista aún es más preocupante, por la caída
de los ingresos derivados de la pérdida de afiliados al sistema.
En este escenario, este real decreto-ley es una solución puntual que aliviará tensiones momentáneas de tesorería, pero lo realmente preocupante es que si no hay recuperación de la actividad económica real y, con ello, generación de empleo
estable y de calidad que proporcione nuevos ingresos estables a la Seguridad Social, estaremos ante un problema estructural y no solo coyuntural que afecta a la solvencia de todo el sistema de protección social. Por ese motivo, creemos que es
necesario un cambio drástico en la orientación de las políticas fiscales tanto para apostar por la necesidad de una mayor inversión pública productiva como para operar en el sistema impositivo.
Quiero hacer especial referencia a los suplementos de crédito que se asignan al Ministerio de Defensa por cuantía de 86 millones de euros para completar los gastos originados por la participación del Estado español en la guerra de Libia.
Creemos sumamente grave que cuando se están aplicando recortes y se exigen sacrificios a la mayoría de las personas, al mismo tiempo se apruebe una ampliación de la factura por la intervención militar en Libia por importe nada más y nada menos que
de 86 millones de euros. Quiero recordar que el Gobierno afirmaba el 21 de marzo que el coste total previsto de la misión sería de 25 millones de euros; el 20 de junio, cuando se abordó la autorización de la prórroga en el Congreso, la ministra de
Defensa cuantificó el gasto realizado hasta esa fecha ya en 43 millones de euros; ahora se amplía en 86 millones más y ni siquiera sabemos aún a cuánto se elevará el coste por la participación del Estado español en dicha misión militar, una misión
militar además desde nuestro punto de vista total y absolutamente ilegítima que solo ha contribuido a agravar la destrucción de ese país. Es una descomunal desviación presupuestaria -digna a nuestro juicio de una comisión de investigación si no se
hubieran disuelto las Cámaras- de la que por responsabilidad alguien tendría que responder ante la opinión pública.
Por las razones expuestas no vamos a apoyar la convalidación de este real decreto-ley y el Bloque Nacionalista Galego, en congruencia con los argumentos que acabo de exponer, votará en contra.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Jorquera.
En el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds compartirán su tiempo el señor Llamazares y el señor Ridao. En primer lugar, el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya va a rechazar este real decreto-ley por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito que ascienden a la friolera de 4.221 millones de euros, lo que demuestra que el Gobierno ha
hecho unas previsiones sin ningún tipo de rigor sobre la evolución de la economía. Dentro de este crédito que se nos pide hay dos componentes esenciales. El primer componente que nos preocupa es el que tiene que ver con el fracaso del ajuste
económico del Gobierno. Se demuestra el fracaso de dicho ajuste porque se incumplen las previsiones en materia de empleo, como no podía ser de otra manera, al recortar el gasto publico, con el incremento muy importante, más allá de lo previsto, del
desempleo y, en consecuencia, de las prestaciones por desempleo y todo tipo de medidas en materia de protección social. En ese sentido, señorías, nos gustaría que el Gobierno reflexionase sobre esta política de ajuste, que no solamente lleva a
incumplir las propias previsiones, sino que además afecta directamente a la situación económica, deprime nuestra economía, aumenta el nivel de desempleo y en definitiva impide el objetivo del Gobierno, que es la reducción del déficit, la
reducción de la deuda, toda vez que sin actividad económica no hay reducción de déficit y deuda que valga.
En segundo lugar, el Gobierno nos propone en este real decreto un volumen de recursos para la intervención en Libia en nuestra opinión inaceptables. Se ha dicho antes, pero inicialmente la ministra ante esta Cámara comprometió un gasto de
25 millones de euros. Luego, en la prórroga de dos meses, se incrementó este coste a 43 millones de euros. Con los ochenta y pico millones de euros que se nos piden hoy, la intervención militar de España en Libia nos habrá costado no menos de 150
millones de euros. Este coste es importante, pero lo más importante es el coste en vidas, señorías. Hemos entrado en una guerra por motivos humanitarios y está siendo una catástrofe humanitaria en estos momentos, además de un coste muy importante
para nuestro país. Para terminar, quiero destacar que en estos momentos una parte importante de nuestra deuda -aunque inicialmente fuera un presupuesto a la baja-, como siempre, es la que tenemos en el ámbito de la defensa. Por ello, hacemos un
llamamiento al Gobierno para que estos tiempos no sean los tiempos del ajuste pero tampoco los tiempos del militarismo.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Llamazares.
Señor Ridao, tiene la palabra.
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señora vicepresidenta del Gobierno, vaya por delante como primera providencia -y no quisiera que se viera ninguna presunción por nuestra parte- que ya dijimos en el debate de presupuestos, y consta en el 'Diario de Sesiones', que
las cuentas de este año no eran realistas. El presente real decreto-ley, como el que luego sustanciaremos, da buena cuenta de ello, porque estamos en el mes de octubre, la hucha está vacía y el Estado tiene que recurrir en este caso a endeudarse
para acabar el año como sea. Que quede claro que nosotros no estigmatizamos ni el recurso al déficit ni la deuda pública, por descontado, pero resulta paradójico que haya habido que llegar a este extremo después de una política de ajuste
presupuestario, después de una reforma de la Constitución para limitar la capacidad de endeudamiento, después de todos los recortes en el gasto público, y en particular del gasto social, que se han hecho bajo el pretexto de atajar el déficit
público, además de cargarle el muerto a las comunidades autónomas, hasta el punto de que las entidades de rating internacional han mordido el anzuelo y nos recuerdan precisamente que es el Estado el que concentra las tres cuartas partes de la misma.
Quizá por ello los gastos extraordinarios que exigen este crédito son los que se destinan a cubrir buena parte del descubierto del sistema público de protección social.
Lo más relevante, señorías, es que el real decreto-ley es el reflejo o el paradigma de lo que ha sido la actual legislatura, con un Ejecutivo empeñado en gobernar a golpe de real decreto-ley, un Gobierno que no ha escuchado, particularmente
las advertencias de las previsiones erróneas u ostensiblemente equivocadas a la luz de lo que los organismos internacionales venían diciendo, pero que sobre todo no ha escuchado en cuanto a la necesidad de poner el acento no solo en el recorte del
gasto, particularmente del gasto social, sino también en la política de ingresos y en la fiscalidad.
Para acabar, señorías, quisiera referirme concretamente a algunos de los créditos extraordinarios que comprende este real decreto-ley. En primer lugar, hay uno relativo a los profesores de religión. Hay que hacer frente a la cotización por
distintas contingencias de este colectivo en la Seguridad Social, un colectivo que evidentemente nos merece todo el respeto, pero me permito recordar que todavía hoy la religión católica sigue formando parte del currículum educativo obligatorio, que
es una materia dogmática y que además se imparte por profesores que elige, en este caso, la jerarquía de la Iglesia católica, de acuerdo con el Concordato de los años setenta. En segundo lugar, está el crédito al que ya se ha referido algún otro
portavoz para la participación de España en la guerra de Libia. También dijimos en el debate presupuestario que no estando en contra de este tipo de intervenciones a nivel humanitario, es evidente que la consignación presupuestaria era
insuficiente, en línea con la práctica de los últimos años de este Gobierno de intentar enmascarar el gasto militar...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: ...minimizándolo recurriendo en este caso a lo largo del año o bien a créditos extraordinarios o bien echando mano del Fondo de contingencia. Aquí está el resultado de esa política y, por tanto, eso es lo que nos
trae hoy a este real decreto-ley. Por este motivo, señora presidenta, señorías, Esquerra Republicana va a votar en contra del mismo.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ridao.
Por el Grupo Parlamentario Vasco del PNV tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.
Señora vicepresidenta del Gobierno, señorías, intervengo en este punto del orden del día simplemente para señalar que el Grupo Vasco se va a abstener en la votación del mismo. De esta forma no impedimos que el Gobierno corrija, de un lado,
las cuestiones meramente contables y, de otro, haga frente a ciertos gastos derivados de compromisos exigibles a la Administración.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.
Señorías, Convergència i Unió no se va a oponer a que hoy esta Diputación Permanente convalide el decreto-ley que ha defendido ante la misma la vicepresidenta del Gobierno. No nos vamos a oponer porque estamos ante un instrumento relativo a
que es exigible que la Administración realice esos pagos, y la fórmula jurídica para que la Administración atienda dichos pagos es mediante este decreto-ley. Por tanto, no tendría sentido un voto negativo de Convergència i Unió que pudiese impedir
que este decreto-ley hoy fuera convalidado, porque hay unos acreedores de la Administración que están precisamente esperando que haya estas partidas presupuestarias. No vamos a ser nosotros quienes se opongan a que se pueda hoy convalidar, pero
tampoco vamos a votar con entusiasmo a favor de este decreto-ley, y no lo vamos hacer por lo que significa, al final de una legislatura, con las Cámaras ya disueltas, en una Diputación Permanente, tener que estar tramitando hoy aquí un decreto-ley
por una cantidad tan importante de más de 4.000 millones de euros: es una cantidad importante a tramitar en esta fase final de la legislatura, con las Cortes ya disueltas. De estos más de 4.000 millones de euros que figuran en el decreto-ley que
hoy se somete a convalidación para créditos extraordinarios y suplementos de crédito, la mayor parte va dirigida a subsanar una previsión errónea de la evolución de las prestaciones por desempleo en el año 2010. Solo en lo que atiende a
obligaciones del Ministerio de Trabajo son más de 3.000 millones de euros los que se van a destinar a través de este real decreto-ley.
Señora vicepresidenta, señorías, esto es la crónica de un fracaso en las políticas laborales, que nos duele a todos. Nos gustaría, señora vicepresidenta, créalo, que no se hubieran equivocado las cifras, al contrario, que incluso hubiera
créditos excedentes porque la evolución del empleo hubiera sido otra, pero lamentablemente llegamos a este final de legislatura y España está liderando la tasa de paro de Europa: estamos más que doblando la media comunitaria en paro. El segundo
país, que es Letonia, tiene un 30 por ciento menos de tasa de paro que la que estamos sufriendo. Por tanto, lo que quiere decir este decreto-ley, con esa falta de cobertura en cuanto a los créditos para atender las prestaciones por desempleo, es
que todos los diagnósticos y las previsiones del Gobierno fallaron. Lo lamentamos y nos duele, porque es doloroso tener que afrontar la situación actual de nuestra economía con ese lastre que es la tasa de paro y las prestaciones por desempleo que
debemos atender. Por eso decía que no vamos a votar en contra del decreto-ley pero tampoco a favor; con nuestra abstención vamos a facilitar -como decía el portavoz del Grupo Vasco- que se pueda convalidar, pero las cifras son alarmantes. Son
alarmantes porque en el presupuesto del año 2010 había ya una partida de 30.474 millones de euros para atender las prestaciones por desempleo. Hoy vamos a añadir a esa partida unos miles de millones de euros más; finalmente van a ser 32.374
millones de euros. Señorías, Convergència i Unió considera que esas cifras lastran nuestro crecimiento económico y debemos atender con un plan de choque cuanto antes la necesidad de bajar la cifra creciente de paro y de desempleo. Por tanto, aquí
quiero recordar una vez más que nuestro portavoz Duran i Lleida ha propuesto en todos los debates generales de esta legislatura ese plan de choque. Ha propuesto que existan desgravaciones directas a quien crea ocupación, a quien crea empleo, y si
no vamos por la línea adecuada, lamentablemente después tenemos cifras como las que hoy se nos presentan, que provocan esa desviación, que nos gustaría -repito- que no se hubiese producido, porque si no se hubiese producido sería señal de que las
cifras habían evolucionado de forma distinta, pero lamentablemente no es así.
Termino con una reflexión. Normalmente la propia normativa en materia de estabilidad presupuestaria aconseja que los créditos extraordinarios de esta magnitud, los suplementos de crédito, se atiendan a través del Fondo de contingencia. El
propio real decreto-ley afirma que se ha agotado ya el Fondo de contingencia. Por tanto, las políticas de austeridad para prevenir un presupuesto ajustado lamentablemente no se pueden atender a través de ese Fondo de contingencia. Como ha dicho
muy bien la vicepresidenta, no van a alterar las previsiones de emisión de deuda, pero se van a pagar estos más de 4.000 millones de euros con emisión de deuda, ya prevista, es verdad, pero al precio que la pagamos no deja de ser un mal dato final
para ese ejercicio presupuestario que desde Convergència i Unió lamentamos.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Jané.
Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Báñez.
La señora BÁÑEZ GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Señora vicepresidenta, este real decreto-ley que trae a convalidar es un ejemplo más de lo que ha sido la legislatura del Gobierno socialista: improvisación constante del Gobierno, previsiones y cálculos erróneos en la política económica y
continuas rectificaciones que han llevado a que España hoy sea un país sobre el que pesa la desconfianza, algo que los españoles obviamente no nos merecemos, porque somos un gran país y tenemos muchas oportunidades de futuro. Pero usted, con sus
malas previsiones, ha estado consiguiendo hasta el final algo que los demás no pretendíamos. A esa falta de previsión y a esa continua rectificación, para nuestra desgracia, se ha unido también una falta de transparencia clara de toda la gestión de
las cuentas públicas.
Señora vicepresidenta, se comienza con previsiones económicas y con presupuestos irreales, se continúa
adulterando -sí, adulterando- el Fondo de contingencia de los presupuestos y se termina con créditos extraordinarios que hay que pagar con deuda pública en un momento tan crítico, en esta semana tan crítica para la economía española. Nada
más y nada menos que casi 4.000 millones de euros de créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Pero no nos extraña nada, porque usted fue la vicepresidenta económica que anunció los brotes verdes y la economía ha destruido muchísimo empleo
desde que usted está al frente de la Vicepresidencia económica. Casi 5 millones de parados es un mal balance para un Gobierno que tiene que rendir cuentas a los españoles antes de unas elecciones.
En el tema de los suplementos de crédito y en las partidas que hoy vamos a convalidar hay ejemplos claros de lo que ha sido una mala política de presupuestación. Por ejemplo, en el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, cuyo
crédito se amplía con 260 millones de euros, en la presentación de los presupuestos de 2011 ustedes recortaron un 10 por ciento las políticas de dependencia cuando había 140.000 dependientes más y hoy vienen a aprobar un crédito extraordinario para
cubrir ese desfase. Lo hicieron mal entonces y hoy están tomando medidas a la desesperada. Usted ha señalado también cómo presupuestan. Hacen un acuerdo de no disponibilidad de 654 millones de euros, pero no detallan en qué ministerios recortan y
a qué ministerios y partidas va a afectar. La cantidad más importante, los 4.000 millones de euros de crédito, va en su mayor parte a la desviación de las prestaciones por desempleo. Aquí está el balance real con cara y ojos de su política
económica, el cálculo erróneo en las estimaciones de parados en los presupuestos de 2009 y 2010, porque la política económica y la política laboral de este Gobierno socialista han traído más paro -casi 5 millones-, más precariedad, más temporalidad,
y lo único que les ha importado en las reformas ha sido mejorar las posibilidades del despido, dar el despido como única salida a los agentes económicos para hacer el ajuste de esta crisis. Esa es la realidad, señora vicepresidenta.
Mire, que una estimación de 2009 del 10,5 por ciento de tasa de paro se vaya al 18, con 8 puntos al alza, casi el doble, es una barbaridad presupuestaria. Pero en 2010 se desviaron en 3 puntos por lo presupuestado. Y no presupuestaron mal
solo los gastos de las prestaciones sino también los ingresos, porque el Sistema Público de Empleo Estatal ingresó mucho menos de lo que presupuestaron ustedes a principios de 2011. En definitiva, señora vicepresidenta, un agujero de las cuentas
del Servicio Público de Empleo que asciende casi a 4.000 millones de euros, que hasta ahora había soportado la Seguridad Social pero que ya tampoco puede seguir financiando, porque a día de hoy no tiene capacidad. Por tanto, al error presupuestario
se suma la irresponsabilidad de enmascarar el déficit del Sistema Público de Empleo Estatal en el presupuesto de la Seguridad Social, para acabar aprobando con dos años de retraso suplementos de crédito para corregirlo. Sí, señora vicepresidenta,
usted ha aludido a sus explicaciones en la ejecución del presupuesto de 2010, pero había trampas en las cuentas y nosotros lo denunciamos entonces. El Estado estaba transfiriendo a la Seguridad Social el déficit del Sistema Público de Empleo, que
consolida con la Seguridad Social y que tenía que haber financiado el Estado. Con esta trampa y con ese ejercicio de márquetin que usted hizo el Estado aparecía con 3 décimas menos de déficit que le endosaba a la Seguridad Social, y lo justificó
diciendo que la Tesorería de la Seguridad Social tenía superávit suficiente para hacer frente a esas obligaciones, para pagar las pensiones y para absorber el déficit del Sistema Público de Empleo. Y la pregunta entonces, señora vicepresidenta,
¿cuál es? Pues, ¿qué ha pasado desde febrero hasta hoy con la Tesorería de la Seguridad Social? ¿No será que la Seguridad Social no está tan bien como usted decía entonces?
Señora vicepresidenta, el Gobierno, para nuestra desgracia, para la desgracia de todos los españoles, ha tratado muy mal a los socialistas... a los pensionistas, perdón. (Risas.-El señor Villarrubia Mediavilla: En cuanto no lee, está
perdida.) A algunos socialistas también, me lo dicen por ahí, señora vicepresidenta. Porque, por una parte, ha reducido y ha congelado las pensiones...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Báñez, no se me entretenga que no tiene tiempo.
La señora BÁÑEZ GARCÍA: Gracias.
Por una parte ha reducido y ha congelado las pensiones y, por otra parte, se han dedicado a hacer ingeniería financiera con las mismas, porque los remanentes del Fondo del sistema de pensiones tendrían que haber ido al Fondo de reserva, y
usted lo sabe, señora vicepresidenta. Han presupuestado mal, pero lo peor de todo es que además la desviación que hoy contemplamos, que se tiene que pagar con deuda pública, es fruto de que han adulterado el Fondo de contingencia, que se creó con
un importe del 2 por ciento del gasto total no financiero del Estado para hacer frente a los imprevistos. ¿Y usted sabe lo que hizo en este presupuesto, en el de 2011? Excluyó de la base de cálculo las transferencias a comunidades autónomas y
corporaciones locales. ¿Para qué? Para mejorar, en teoría, y reducir el techo de gasto cuando presentó el presupuesto. Y, ¡oh casualidad!, el Fondo de contingencia hoy asciende a 2.440 millones de euros, mil millones menos que el año pasado, que
en 2010, lo que significaría, de no haber hecho esa adulteración, un 1,63 por ciento del total del gasto no financiero del Estado. Y como usted se lo ha gastado todo, hoy no tiene margen y hay que emitir deuda pública. Esa es la gran casualidad,
señora vicepresidenta. Empezó presupuestando mal, adulteró el Fondo de contingencia para hacer frente a los imprevistos y terminamos hoy emitiendo deuda pública, que es lo peor que le puede pasar a un país en la situación tan crítica que tiene que
vivir esta semana. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Señora vicepresidenta, si no fuera porque siguen perjudicadas las personas que tienen que recibir las prestaciones por desempleo, la renta activa de inserción, nuestro grupo votaría en contra, pero nos abstendremos para que no haya más
perjudicados de los que ya hay por su mala gestión económica.
Muchas gracias, señora vicepresidenta. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Báñez.
Señora Gastón, tiene la palabra.
La señora GASTÓN MENAL: Gracias, señor presidente.
Señorías, el real decreto-ley que debatimos tiene, y así se ha dicho por parte de la propia vicepresidenta, una finalidad clara, finalidad recogida tanto en la parte expositiva de este real decreto-ley como en las memorias justificativa y
económica y también en el dictamen del Consejo de Estado; dictamen, por cierto, que recoge la conformidad manifiesta al mismo. Y hablamos de la concesión de suplementos de crédito y de créditos extraordinarios que afectan a diversos ministerios y
también al presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal. ¿De qué obligaciones exactamente estamos hablando, a qué necesidades tenemos que dar respuesta? También se ha dicho, hablamos de la cobertura del nivel mínimo garantizado a las
comunidades autónomas, en aplicación de la Ley de Dependencia; hablamos del cumplimiento de sentencias y también de resoluciones; hablamos de afrontar pagos derivados del reconocimiento a la ayuda de la renta básica de emancipación; hablamos del
pago correspondiente a la subsidiación de préstamos recogidos en los planes estatales de vivienda y conveniados con entidades financieras; hablamos de atender gastos que responden a misiones respaldadas -recordémoslo- parlamentariamente en esta
misma Cámara; hablamos de atender a los pagos de renta activa de inserción a la totalidad de beneficiarios reales que, sí, señorías, superan a los estimados, pero entendemos que los beneficiarios deben recibir este derecho. Hablamos también de dar
respuesta al ajuste técnico necesario que permite imputar al presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal los desfases que se produjeron tanto en el ejercicio 2009 como en el 2010 y que, recordemos, ya fueron debidamente computados como
déficit, es decir, señorías, no consta más que proceder a una regularización de tesorería, puesto que los beneficiarios ya cobraron. Queremos resaltar el hecho de que en esta cuestión, en la tesorería, lo que hacemos a través de este real
decreto-ley es regularizar. Se trata de un mero ajuste técnico -ni trampa, señora Báñez, ni enmascaramiento-, y entendemos que en el conjunto de estas necesidades solo la de atender a estas obligaciones debiera justificar la aprobación de este real
decreto-ley.
Al hablar de la respuesta a todas estas obligaciones descritas quisiéramos asimismo incidir -lo ha resaltado también la señora vicepresidenta- en que no van a suponer un aumento del déficit, de modo que no van a influir en la consecución del
objetivo marcado para este año 2011. Y queremos dejar constancia y aclarar, al hilo de lo que han dicho los dos últimos portavoces intervinientes, que en modo alguno hay nueva emisión de deuda. No implica una nueva emisión de deuda, no altera la
cantidad de deuda, y lo ha dicho la señora vicepresidenta en la presentación del real decreto-ley. No implica nueva emisión; de hecho, acompañando al real decreto-ley -y son ustedes conocedores de este extremo- va un acuerdo del Consejo de
Ministros de no disponibilidad. Por lo tanto, no hay nueva deuda. En todo caso, para hacer semejantes aseveraciones habría que esperar a la ejecución total del presupuesto.
Por un lado, en el real decreto y respecto a los 3.567 millones de euros del total de los 4.221, fueron contabilizados -se ha dicho así- en el año 2009 y 2010, ya computaron como déficit, y con respecto a los 654 restantes, se ha adoptado
-insisto- este acuerdo de no disponibilidad de crédito. Así se compensa el impacto presupuestario que conlleva atender todas estas necesidades mencionadas.
Señorías, los presupuestos por definición no son fines en sí mismos -todos lo conocemos-, los presupuestos son herramientas útiles y necesarias para la proyección del programa económico y político para cada ejercicio, y precisamente para
lograr esta utilidad -así lo vemos desde el Grupo Parlamentario Socialista al menos- tienen una característica inherente, que es el dinamismo. Los Presupuestos Generales del Estado son, por tanto, una herramienta dinámica, una cuestión fundamental
además en épocas de crisis como la actual, y este dinamismo provoca que puedan irse haciendo a lo largo del ejercicio las modificaciones presupuestarias pertinentes que permitan y además garanticen responder a las prioridades políticas y a las
necesidades ineludibles de atender. Este es, ni más ni menos, el espíritu de este real decreto-ley que estamos debatiendo, que recoge los suplementos de crédito y los créditos extraordinarios necesarios con la pretensión de atender a todas estas
obligaciones y necesidades descritas, que parten de distintos ministerios y que -esperemos al menos estar de acuerdo en esto- deben ser atendidas.
Se ha hablado en las intervenciones de los portavoces que me han precedido de la elaboración de presupuestos. Para elaborar los presupuestos se parte de la base de que tiene que trabajarse sobre unas previsiones, eso es lógico. Desde luego
las previsiones son la base para la elaboración también de los Presupuestos Generales del Estado. Y, sí, contablemente hablando, las obligaciones de pago superan en este caso a los derechos de cobro, que conforme se han ido ejecutando los
Presupuestos Generales del Estado se van viendo hasta el final del ejercicio. No quisiera que fuese tomado en ningún caso como eximente, pero creo que todas y todos somos conscientes de la realidad y el contexto económico que ha conducido a este
conjunto de modificaciones, sabemos las circunstancias económicas en las que nos movemos, el marco que
nos rodea. Pero también entendemos que, a estas alturas, con la aprobación y el debate de este real decreto-ley, si quieren buscar una negativa al apoyo y a dar su voto favorable también les pediríamos que en esa justificación incluyeran
además del contexto económico un poquito más de rigor y coherencia, porque hablan ustedes de la elaboración y la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, pero todos recordaremos que en la tramitación de los vigentes Presupuestos
Generales del Estado se incluyeron un buen número de enmiendas que fueron presentadas por los distintos grupos, en particular por el principal grupo de la oposición; enmiendas que recogían o bien incrementos de gasto o bien disminuciones de
ingresos y que en ningún momento venían acompañadas de compensación alguna. Y no es que lo diga yo en este momento sino que afortunadamente todas esas peticiones y todas esas enmiendas quedaron registradas y también quedaron transcritas nuestras
explicaciones al respecto en el 'Diario de Sesiones'. Todo queda guardado. Lo que desde luego tenemos claro y sabemos a ciencia cierta a estas alturas es que si se hubieran aprobado esas enmiendas, si se hubieran aprobado sus peticiones, lo que
hoy estamos haciendo, lo que hoy estamos debatiendo en el contenido de este real decreto-ley se hubiera tenido que hacer también. La diferencia radica en que lo hacemos en este momento, a finales del mes de octubre y de cara al final del ejercicio
presupuestario, y con sus propuestas, señoras y señores del PP, tendríamos que haberlo hecho muchísimo antes. Esto es así y ustedes lo saben. Además, cuando hablamos de los Presupuestos Generales del Estado y los definimos como una herramienta
útil, necesaria y dinámica también pensamos que para entender esta utilidad del presupuesto, de esta herramienta y sus bondades -herramienta programática y plasmadora de intenciones políticas-, hay una condición sine qua non y es tener esta propia
herramienta, tener un presupuesto que marque las prioridades políticas del Gobierno, y no solo estamos hablando de la Administración General del Estado, sino que estamos hablando de todas y cada una de las administraciones públicas. Quizá por eso
no podamos compartir la nitidez o la claridad a la hora de ver esta necesidad del real decreto-ley y su apoyo total, porque para ver estas necesidades entendemos que a estas alturas del año ustedes, señoras y señores del PP, tienen compañeros que
están ahora mismo gobernando en distintas comunidades autónomas en las cuales no conocemos ni siquiera borrador, ni siquiera tendencia de por dónde van a ir sus propios presupuestos ni nada que se les parezca. Esto hace que carezcamos de una visión
nítida de lo que al menos ustedes, señoras y señores del PP, de cara al próximo año pretende hacer en distintas administraciones públicas y cuáles son realmente sus prioridades políticas. Y la verdad es que eso sí resulta preocupante, el carecer al
menos de un borrador de esta necesaria herramienta. Pero es que además nos preocupa también la falta de rigor en general del Partido Popular a la hora de buscar...
El señor PRESIDENTE: Señora Gastón, debe acabar.
La señora GASTÓN MENAL: Ya termino, señor presidente, gracias.
A la hora de buscar excusas para la falta de conocimiento de esos presupuestos para estas administraciones, ya que, pese a que repiten lo contrario sin cesar, saben perfectísimamente que no es necesario decreto alguno para prorrogar los
Presupuestos Generales del Estado sino que esta prórroga es automática. Y si no lo recuerdan les remito al artículo 134 en su apartado 4 de nuestra Constitución, donde así viene recogido taxativamente. Por tanto, no les sirve como excusa. O bien
busquen otra o, mejor, convenzan e insten a sus compañeros de partido que están gobernando en comunidades autónomas ahora mismo para que hagan lo que tienen que hacer sin demora.
Señor presidente, finalizo simplemente lanzando una pregunta: ¿Conviene, señorías, demorar la atención a estas obligaciones exigibles contenidas en el real decreto-ley? En el Grupo Parlamentario Socialista desde luego entendemos que no, de
ahí radica el que ahora mismo lo estemos debatiendo. Por ello, solicitamos el apoyo a su contenido y también a su convalidación, amparados en que comparten que las necesidades desgranadas deben ser atendidas.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Gastón.
- REAL DECRETO-LEY 16/2011, DE 14 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE CREA EL FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS DE ENTIDADES DE CRÉDITO. (Número de expediente 130/000053.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a estudiar la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el fondo de garantía de depósitos de entidades de crédito. La señora vicepresidenta tiene la palabra
para explicar las razones que han llevado al Gobierno a publicar este real decreto-ley.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, comparezco de nuevo en esta sesión de la Diputación Permanente para presentar a debate de convalidación el Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el fondo de garantía de depósitos de entidades de crédito.
Es una norma que responde a los principios sobre la reestructuración financiera que sus señorías aprobaron en el año 2009 y trae causa de los propios resultados de ese proceso. Sus señorías conocen de manera directa los hitos de este proceso de
reestructuración de nuestro sistema financiero y, de
hecho, se han pronunciado sobre el mismo en varias ocasiones: en concreto, recibieron el voto favorable para su convalidación los reales decretos-leyes 9/2009, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las
entidades de crédito; el 11/2010, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las cajas de ahorro; y el 2/2011, para el reforzamiento del sistema financiero. Con todo ello hemos llevado a cabo un importante cambio estructural
en el sector mediante un proceso de racionalización de las entidades, una mejora del gobierno corporativo de muchas de ellas y un proceso de recapitalización para incrementar su solvencia. En un momento en el que el 98,3 por ciento de los activos y
pasivos financieros de las cajas de ahorro son gestionados a través de bancos y en el que la recapitalización a la que he aludido se ha realizado con fondos privados pero también con participación pública a través del FROB, está justificada, en
opinión del Gobierno, una doble decisión: por una parte, la norma que hoy les presento unifica los tres fondos de garantía de depósitos actuales, ya que la distinción que se realiza actualmente para bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito
ha perdido mucho de su sentido. Por otro lado, en este único fondo se fortalece y actualiza una de sus funciones: el reforzamiento de la solvencia, el funcionamiento de las entidades para la minimización de los costes para el contribuyente,
aspecto sobre el que ya existía un gran acuerdo en esta Cámara en el año 2009.
Como sus señorías conocen, estos fondos han tenido una doble función -la tenían ya-, una función que se ha ido desarrollando desde la década de los ochenta y que contribuye a reforzar la estabilidad del sistema financiero, garantizar los
depósitos en las entidades de crédito y desarrollar actuaciones en refuerzo de la solvencia y el saneamiento de las mismas.
Por lo que se refiere a la primera de esas funciones, como recordarán, ya en el año 2008, como consecuencia de la crisis del sistema financiero que comenzó en Estados Unidos y se extendió a Europa, se elevó la garantía de los mismos hasta
100.000 euros por impositor y entidad financiera. Este real decreto-ley eleva de rango esa previsión ya que pasa de formar parte de una norma reglamentaria a estar recogida en una norma con rango de ley. Por lo que hace referencia a la segunda de
las funciones, se prevé la posibilidad de que el nuevo fondo asuma el pago de las pérdidas netas potenciales -insisto, pérdidas netas- que pudieran acontecer en el proceso de reestructuración del sistema financiero. Por supuesto que el Real
Decreto-ley 2/2011 prevé la posibilidad de la participación pública en las operaciones de recapitalización de las entidades a través del Fondo de reestructuración ordenada bancaria, pero la financiación de tales actividades entendemos que debe
responder al objetivo de minimizar los costes de la reestructuración del sistema financiero para el contribuyente. De esta manera, se refuerza la capacidad de los fondos de garantía de depósitos para participar en la recapitalización y, por tanto,
como el fondo se nutre de aportaciones anuales de las entidades de crédito integradas en él, el propio sector financiero va a asumir, a partir de ahora, los costes ocasionados por su saneamiento y recapitalización. Quiero señalar, por otra parte,
que los fondos de garantía de depósitos participan como accionistas en el FROB con un tercio de su capital.
Asimismo, me gustaría destacar que estas modificaciones se realizan teniendo en cuenta la importancia del principio de simplicidad y seguridad jurídica. Por tanto, incorporamos en un único texto una normativa que hasta el momento se
encontraba dispersa en una pluralidad de disposiciones y se procede a una derogación expresa, no tan solo implícita, de una serie de normas, se explicita la vigencia de otras y se prevé una regulación transitoria para facilitar la adaptación a la
nueva normativa. Son aspectos que redundan en una mayor claridad para la interpretación de nuestro ordenamiento jurídico vigente.
Quisiera insistir, señorías, en que el presente real decreto-ley cumple con las previsiones constitucionales relativas al requisito de extraordinaria y urgente necesidad, al que hace referencia el artículo 86 de nuestra Constitución. La
adopción de las medidas contempladas en este real decreto-ley resulta imprescindible para reforzar la confianza en nuestro sistema financiero, vital en una coyuntura como la actual, y completar el proceso de reestructuración de nuestro sistema
financiero. Les recuerdo que el pasado 30 de septiembre el gobernador del Banco de España presentó el balance del proceso de recapitalización del sistema financiero, y adicionalmente la especial sensibilidad en esta materia que sus señorías
comparten hacen necesario evitar cualquier incertidumbre derivada del proceso de modificación de la normativa. Por todo ello, señorías, el Gobierno ha aprobado el presente real decreto-ley, que sin duda constituye un paso más en el proceso iniciado
de reestructuración y recapitalización del sistema financiero que se ha desarrollado cumpliendo los compromisos asumidos.
Para terminar, señorías, unas palabras. Con este real decreto-ley, que consolida las funciones de los fondos de garantía de depósitos y los dota de una mayor capacidad operativa mediante su integración, España se coloca en la avanzada de la
Unión Europea con respecto al establecimiento de un fondo de resolución de entidades bancarias, tal como recomiendan la Comisión Europa y el Consejo de Estabilidad Financiera. También la Comisión Europea y este mismo consejo, junto a otros
organismos internacionales, están en estas últimas semanas proponiendo que los bancos de mayor tamaño del ámbito europeo anticipen un refuerzo de su capital para hacer frente a las dificultades actuales. Este refuerzo de los colchones de capital es
uno de los aspectos que consideramos necesario abordar en el marco de una estrategia integral para hacer frente a los problemas iniciados y centrados fundamentalmente en la situación y perspectivas de Grecia. Este es solo, por tanto, uno de los
puntos que deben incluirse en las discusiones del próximo fin de semana; es más, no es, con mucho, el punto más importante. Los más importantes son, en
primer lugar, garantizar la sostenibilidad de la deuda pública de Grecia y, en segundo lugar, dotar al mecanismo que hemos aprobado, el Efsf, de la capacidad nominal y efectiva necesarias para garantizar la estabilidad financiera en el
conjunto de la zona euro, convirtiendo a este mecanismo en un potente cortafuegos que prevenga y evite el contagio de la crisis a otros países. Por supuesto -y forma parte de ese conjunto integral de cuestiones que tenemos que abordar-, debemos de
terminar de poner en práctica los acuerdos de 21 de julio, ya ratificados por todos los parlamentos nacionales, y seguir avanzando en la gobernanza, la reducción de los desequilibrios macroeconómicos, la consolidación fiscal y las políticas y
actuaciones que impulsen el crecimiento.
Como he dicho, a lo largo de los dos últimos años hemos llevado a cabo un amplísimo y profundo proceso de reestructuración y fortalecimiento de nuestro sector financiero. Las pequeñas entidades son ahora más grandes, más solventes, están
mejor preparadas para competir, tienen una gobernanza más adecuada, podrán obtener recursos y canalizarlos a la economía real. Como parte de este proceso, algunas de las mayores entidades españolas han obtenido recursos de capital en los mercados,
en tanto que varias de las entidades de tamaño medio se han recapitalizado a través de la aportación temporal de recursos del FROB. Ahora, en la Europa de los Veintisiete se está planteando la conveniencia de ir más allá en los requerimientos de
capital. Y ese acuerdo, si finalmente es adoptado por todos, por los gobiernos de los veintisiete países, puede exigir un incremento de la capitalización de algunas entidades españolas. Lo que hemos hecho hasta ahora ahí está. Ha sido un paso
importante y ahora estamos valorando entre todos los gobiernos del conjunto de la Unión Europea, no solo los de la zona euro, la necesidad, la conveniencia de dar un paso más. Nuestro planteamiento a este respecto es claro: hipótesis comunes,
ninguna destinación negativa hacia países como Italia, Bélgica o España ni por supuesto hacia nuestra deuda, limitación de las exigencias adicionales de capital a las entidades de mayor tamaño, precauciones para que no se produzca un
desapalancamiento no deseado que dificulte la obtención de créditos, racionalidad y transparencia en los procedimientos, margen temporal suficiente y por encima de todo inclusión de este tema en el marco de una solución global que aborde de manera
resolutiva los problemas a los que nos enfrentamos, que siguen centrados en Grecia y en las consecuencias de su crisis, para la estabilidad financiera de la zona euro. En todo este proceso, el papel del Gobierno español está siendo, como cualquier
persona informada reconoce, muy activo y constructivo en defensa de los intereses de España y de la integración europea que deseamos; una integración, como decía ayer mismo Helmut Schmidt, solidaria, que avance en la Europa de los ciudadanos, en la
Europa del bienestar social, en la Europa del crecimiento y de la creación de puestos de trabajo dignos. Desde el estallido de la crisis económica el Gobierno ha estado defendiendo los intereses de España, enfatizando el potencial de nuestra
economía, llevando a cabo las reformas necesarias, defendiendo en España y fuera de ella nuestra solvencia y la de nuestra deuda; otros, desgraciadamente, no pueden decir lo mismo, puesto que aquí, en sede parlamentaria, por parte de algunos se ha
llegado de manera explícita a poner en cuestión la solvencia de nuestra deuda soberana. Hay algunos que han pasado en pocos días de decir que sería estupendo recapitalizar todas las entidades con fondos europeos, hasta para las entidades más
pequeñas -por cierto, basándose en los activos inmobiliarios-, a celebrar por anticipado una capitalización general con fondos europeos, olvidando que estos fondos tendrán coste y condicionalidad, a negarse a que de manera homogénea se decida en
toda Europa para las entidades mayores un mayor ratio de capital como uno de los elementos de nuestro sistema financiero ante las dificultades de la zona euro. La posición del Gobierno de España es la que termino de expresar: defensa de los
intereses de España, defensa de nuestras capacidades y nuestra solvencia y por supuesto búsqueda de una solución común comprensiva que aborde los problemas, que -insisto- no están centrados en absoluto en nuestro país.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta del Gobierno.
¿Solicita algún grupo turno en contra? (Pausa.) En tal caso, tiene la palabra doña Ana Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta, señorías, lo primero que hay que decir es que, con independencia de otros factores, el sentido común indica que habría que unir en un solo fondo de garantía los tres existentes, por la sencilla razón de que, según los
cálculos anunciados la semana pasada por la vicepresidenta económica, el 97 por ciento de la actividad bancaria financiera va a ser ejercida por bancos, después del proceso de reconversión o reestructuración de las cajas. Es de sentido común y por
tanto cuestionar esa medida no parece lógico, sea cual sea la actitud de cada grupo político ante el Gobierno. Repetidamente, Coalición Canaria ha dicho en esta Cámara que eran tiempos de cerrar filas, sobre todo alrededor de lo que el sentido
común reclama, y este es un caso claro. Dicho esto, no podemos dejar de aludir a lo que es un clamor ciudadano, un clamor moral y ético, que solo ha sido atendido muy tímidamente por el Gobierno y por el Banco de España. Ahora se cae en la cuenta
de que la supervisión de ambas instituciones ha sido escasa ante la banca y las cajas de ahorro, quizá porque ambos creyeron sus propias ensoñaciones cuando pensaban en 2008 y 2009 que disponíamos del mejor sistema bancario del mundo, a prueba de
cualquier escenario, cualquier test y cualquier terremoto. No era así, y mientras el Banco de España se dedicaba a pontificar sobre cómo los sindicatos y empresarios debían bajar los
sueldos, dejaba que el sistema retributivo de las cajas -entidades de derecho público, no lo olvidemos-, se deslizara por un peligroso camino: deslindar completamente los honorarios de los resultados concretos de cada entidad. Es cierto
que la responsabilidad estaba muy repartida, pero conviene una reflexión de este tipo en sede parlamentaria en el último acto de esta legislatura; como conviene también afirmar que es necesaria la recapitalización de los bancos y cajas, por muy
incómoda que sea para ellos, para que este país recupere la confianza exterior e interior, porque los 6.593 millones de euros con que nace el nuevo fondo serán insuficientes para los salvamentos previstos, sobre todo si no existe una
recapitalización de las entidades más comprometidas. No estaría bien que sucesivos requerimientos de capital hubieran de ser aportados por un sector público que está cerrando ambulatorios, plantas de hospitales o aulas y no renovando contratos de
miles de profesores. A la vista del fracaso del sector a la hora de responder a su propósito social primero, que es canalizar el ahorro en forma de crédito a los ciudadanos y a las pymes, habrá que pensar en reeditar algún tipo de banco público que
rompa la sequía de crédito actual a las pymes, uno de los grandes frenos a la salida de la crisis.
He querido compartir estas ideas porque el próximo Gobierno tendrá que tomar decisiones al respecto y porque la creación de este fondo es una pieza de la estrategia desarrollada con las instituciones europeas, pero queda todavía un largo
camino para que el sector financiero vuelva a salir del marasmo en que está atrapado. Termino ya. Al final hicimos una reforma de la Constitución exprés y los fines que la inspiraron no han servido: ni ha tranquilizado a los mercados ni ha
reforzado la confianza en la economía española.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Oramas.
Tiene la palabra el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Muchas gracias, señor presidente.
Es evidente que la unificación de los tres fondos de garantía de depósitos es la consecuencia de un proceso de reestructuración del sector financiero que ha tenido como resultante que las cajas y las cooperativas de crédito sean ahora
residuales en el conjunto del sistema financiero español, es una medida que por tanto constituye el corolario de una reestructuración del sector financiero hecha sobre unas bases de las que el BNG discrepa profundamente, que ha traído consigo la
completa bancarización y privatización de todo el sector financiero y que en absoluto está contribuyendo a mejorar la restauración de los flujos de crédito a la economía productiva. Además, la intención manifestada por el Gobierno de que esta
agrupación de fondos sirva para que futuros rescates bancarios sean asumidos por el sector tampoco es realista en casos de crisis sistémicas como la que estamos atravesando en estos momentos. Sirva como dato que el patrimonio con el que se inicia
la actividad de este fondo es de 6.593 millones de euros mientras que las cantidades movilizadas para hacer frente a la crisis financiera actual por parte del Estado español tanto en forma de ayudas a la capitalización como a través de avales y
garantías a los bancos han reportado más de 129.000 millones de euros, sin contar las aportaciones al Fondo de estabilidad europeo ni que además esta aportación ahora se está considerando totalmente insuficiente para apuntalar la estabilidad del
sector financiero. De este modo, el nuevo fondo servirá para rescates puntuales de entidades mal gestionadas pero no para resolver problemas sistémicos. Nosotros creemos que es necesaria otra estrategia, otra regulación del sector financiero que
tenga como objetivo la atención prioritaria a la financiación de la economía productiva y doméstica, la prohibición de la actividad especulativa sin conexión alguna con la economía real, la regulación de los movimientos de capitales con limitaciones
que impidan la evasión de capitales, un camino que exige que los recursos públicos comprometidos para sanear las entidades conlleven un control público efectivo sobre las mismas y no una simple socialización de las pérdidas para luego vender las
entidades intervenidas a precio de saldo al sector privado. Además, con esta norma, el Gobierno no avanza no solo en ninguno de dichos aspectos sino que ni siquiera se aplica seriamente a la hora de desarrollar las ya exiguas, tímidas e
insuficientes recomendaciones a nivel europeo para comenzar a regular la actividad financiera. Quiero recordar que la directiva europea aprobada en julio de 2010 para entrar en vigor el 1 de enero de 2011 sobre limitaciones de primas a los
directivos y refuerzo de los requisitos de capital en el sector bancario fue traspuesta parcialmente con casi seis meses de retraso y aún no ha tenido una aplicación práctica real a pesar de la alarma social creada en las últimas semanas por las
prácticas retributivas consentidas por el Banco de España en determinadas entidades financieras que percibieron ayudas públicas. Se ha desaprovechado una nueva ocasión por lo menos para corregir esto. Por las razones expuestas, el Bloque
Nacionalista Galego votará también en contra de la convalidación de este real decreto.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.
Tiene la palabra don Joan Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente.
Señorías, decía la vicepresidenta al inicio de su intervención que este real decreto-ley significa un nuevo hito en el camino de la reestructuración del sistema financiero, pero los presupuestos de esa reforma del sistema financiero, que en
primera instancia Esquerra apoyó, han cambiado sustancialmente, ya que no han cesado los ataques a la deuda y, a fin de cuentas, por lo que se ha
visto, hasta ahora solo han servido para nacionalizar las pérdidas y las responsabilidades, a pesar de los buenos augurios de hace unos meses. Todo el mundo ha constatado no solo los fallos regulatorios sino también el fracaso del Banco de
España como regulador, con un gobernador que se ha distinguido en estos últimos tiempos por pontificar sobre todo menos sobre lo que era su cometido, sin que se haya depurado hasta hoy ningún tipo de responsabilidad de forma ejemplarizante por los
excesos de algunos altos directivos de estas entidades financieras -excesos en su gestión, excesos en sus indemnizaciones, retribuciones de forma obscena-, además, y eso es lo más importante, de que el crédito sigue sin fluir para pymes y
particulares.
Señorías, entrando stricto sensu en el contenido del decreto-ley, no deja de ser contradictorio que se pretenda, como reza la memoria que acompaña este decreto-ley, que sea el propio sistema financiero el que asuma -cito textualmente- los
costes ocasionados para el contribuyente. Digo esto porque hasta hoy el Estado ha aportado y ha apuntalado, a través del FROB en primera instancia, con 11.559 millones de euros y luego 7.551 a algunas entidades, recursos que serán de difícil
recuperación porque el objetivo, como decía muy bien el señor Jorquera, es sanearlas y venderlas al mejor postor. Llámennos desconfiados, pero se trata más bien de un intento del Gobierno de trasladar las posibles pérdidas de los Presupuestos
Generales del Estado a este fondo de garantía, porque existen serias dudas, señorías, de que se pueda alcanzar el objetivo de déficit que el Gobierno se marcó -había una previsión de crecimiento del 1,3 por ciento y la propia vicepresidenta ya ha
dicho públicamente que no se va a dar-, y más en concreto se trasladan a este fondo los 2.800 millones de euros inyectados a la CAM, recursos que ya todo el mundo da por perdidos.
La unificación de estos tres fondos -bancos, cajas y cooperativas de crédito- se nos dice que debe servir para que sea el propio sistema financiero el que cubra los eventuales rescates de algunas entidades, pero, señorías, en nuestra modesta
opinión, esto es una falacia pues para el contribuyente este fondo es una garantía para minorar la garantía que el Banco de España da a los depósitos con cargo al presupuesto del Estado. Es decir, ante la quiebra de un banco, el coste para el
contribuyente será la diferencia entre lo que aporte, en su caso, el Banco de España y el importe final del fondo, esto es, el coste para el sector público será mayor cuanto menor sea la dotación del fondo.
El señor PRESIDENTE: Señor Ridao, debe acabar.
El señor RIDAO I MARTÍN: Acabo, señor presidente.
Por tanto, señorías, no podemos dar apoyo a este decreto-ley en estos presupuestos, pero tampoco a una estrategia errática en cuanto al sistema financiero, porque lo que debería exigir en este momento el Gobierno es mayor control público y
no un saneamiento y una venta al mejor postor de estas entidades con problemas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.
Señor Llamazares, tiene la palabra.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
En relación con el saneamiento bancario, iniciamos esta historia con el mejor sistema financiero en la Bolsa en Estados Unidos y la terminamos con un escándalo financiero entre los ciudadanos, un escándalo sin responsabilidades, señorías.
Hoy se nos propone un fondo privado, lo que antes eran distintos fondos en nuestro sistema financiero mixto, porque el Gobierno ha querido que el saneamiento financiero haya terminado con la privatización de las cajas de ahorro. Nosotros no
compartimos la política de privatizaciones del Gobierno, no compartimos que el 50 por ciento de nuestro sector financiero, que antes era un sector con una orientación diferente, en estos momentos se sume al otro 50 por ciento y tengamos un sector
financiero privado en su totalidad. La lógica lleva a que este fondo sea también un fondo privado. Pero, señorías, no lo presenten en campaña electoral como si fuera una corresponsabilidad del sector privado con el saneamiento financiero; no es
así. Lo que han hecho ustedes es un proceso de saneamiento que significa la ley del embudo: de una parte el sector público financia este saneamiento y de otra vende en saldo a los bancos privados el fruto de este saneamiento privatizando el
conjunto del sector financiero.
Señorías, en las últimas horas se han conjurado el señor Botín, el presidente del Partido Popular y el presidente del Gobierno para defender la credibilidad de nuestra banca frente a una posible quita de carácter general, a un posible
saneamiento de carácter general. Aquí ocurre de nuevo lo de la ley del embudo. Nadie pone en duda los ajustes a los ciudadanos, los recortes sanitarios, sociales, educativos y, sin embargo, se sale fundamentalmente en defensa del sector bancario
como si fuera un solo hombre o una sola mujer y, en este caso, en la defensa de nuestro sector bancario, como he dicho antes, pasando de un sector bancario inmejorable a un sector bancario con evidentes problemas en relación con el saneamiento que
se ha hecho.
Señorías, termino con el escándalo que no ha motivado la comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno ante esta Cámara y que, sin embargo, es un escándalo que está en el conjunto de la sociedad. Mientras nos hemos gastado -a reserva de
lo que nos devuelvan- entre avales, compra de activos y demás más de 145.000 millones de euros del ala, estas entidades bancarias se han repartido beneficios y sus directivos tienen bonus de cientos de millones de euros. Señorías, esto es un
escándalo desde el punto de vista social que no ha tenido una explicación ni por parte del gobernador del Banco de
España ni por parte del Ministerio de Economía que, junto con las comunidades autónomas, tenía responsabilidades de supervisión. Señorías, un escándalo hasta ahora sin explicaciones y un escándalo sin responsabilidades. Creemos que en esta
Cámara deben pedírsele responsabilidades al gobernador del Banco de España, que se ha dedicado a todo menos a su tarea, que era garantizar el futuro del sector financiero, y al propio Ministerio de Economía y Hacienda.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Don Pedro Azpiazu tiene la palabra.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta, señoras y señores diputados, convocadas ya las elecciones generales, nos reunimos en esta Diputación Permanente para convalidar este real decreto-ley por el que se crea el fondo de garantía de depósitos de las
entidades de crédito. Dadas estas circunstancias debemos entender que la aprobación del real decreto-ley de la constitución de dicho fondo es absolutamente imprescindible. Si así lo entendía el Gobierno, a nuestro juicio, lo podía haber aprobado
con anterioridad para tener al menos la posibilidad de tramitarlo como proyecto de ley y corregir algunas cuestiones que consideramos francamente mejorables. La crisis económica continúa y, en pleno auge, la gobernanza económica de la Unión Europea
deja mucho que desear. Tenemos un serio riesgo de adentrarnos en una fase recesiva o al menos de muy bajo crecimiento con las consecuencias que de ello se derivan sobre el empleo, las expectativas y, en definitiva, sobre las posibilidades de salir
de la crisis en un plazo más o menos razonable. El próximo fin de semana nos jugamos mucho. La vicepresidenta lo ha dicho. La reunión de jefes de Gobierno y ministros de Economía y Hacienda para debatir y decidir sobre los requerimientos de
capital de las entidades financieras, y sobre si dichas entidades deben contemplar la posibilidad de los impagos de la parte de deuda pública de ciertos países de la Unión, incluida la española, es absolutamente crucial, no solo para las entidades
financieras, que lo es, sino para el conjunto de los ciudadanos. Que la exigencia de capital, lo que se denomina Tier 1, pase del actual 5 por ciento al 7 por ciento o al 9 por ciento, como pretenden algunos, no sé si deja tranquilos a los
alemanes, pero a nosotros nos debe preocupar sobremanera. Si a ello unimos que las entidades deban considerar que parte de la deuda española o italiana ha de ser provisionada en un 20 por ciento, amén del 40 por ciento de la deuda irlandesa y
portuguesa y más de un 50 por ciento de la de Grecia, la situación puede convertirse en explosiva. La necesidad derivada de ello de buscar capitales en los mercados, junto a la bajada que se producirían en los ratings y las subidas en los spreads,
situaría a las entidades financieras en un abismo de difícil retorno; el crédito se cortaría aún más y la recesión económica se profundizaría de una manera realmente preocupante. Espero que la situación, tal y como ha comentado la vicepresidenta,
no sea tan grave y que las exigencias europeas no sean tan extremas. Hay que defenderse en Europa, el Gobierno debe hacerlo y ahí tiene su oportunidad, señora vicepresidenta.
No puedo dejar de pasar esta ocasión sin referirme al papel que ha jugado el Banco de España a lo largo de la crisis económica, y aun antes. Su comportamiento explica en gran medida la necesidad de reestructuración de las entidades
financieras y en especial de las cajas de ahorros. El pasado lunes pudimos leer en la prensa un magnífico artículo de José Fernández Albertos titulado Astérix, Spiderman y el Banco de España. Supongo que lo conocen y si no les recomiendo su
lectura. Resume a las claras lo que muchos pensamos y responsabiliza al Banco de España de no haber ejercido adecuadamente sus tareas. No les voy a reproducir lo que dice, tan solo en el subtítulo señala: La principal tarea de esta entidad -se
refiere al Banco de España- no era dar su opinión sobre lo divino y lo humano, sino implementar la política del Banco Central Europeo y supervisar el buen funcionamiento del sistema financiero español. ¿Lo hizo? Evidentemente no lo hizo. En época
ya del gobernador Caruana se hablaba de la burbuja inmobiliaria, se conocía la situación y los riesgos y nada se hizo. A lo largo de la crisis, estos últimos cuatro años, el Banco de España ha inspeccionado detalladamente a las cajas de ahorros, al
menos la información que les pide es minuciosa, detallada y amplia, al amparo, como debe ser, de la Ley de autonomía del Banco de España, y no se ha enterado de que muchas entidades estaban siendo mal o muy mal gestionadas, que invertían en activos
arriesgados, exceso inmobiliario, aeropuertos sin pasajeros y un largo etcétera y que sus dirigentes se estaban embolsando, robando aunque sea legalmente, cantidades ingentes de dinero en forma de prejubilaciones, fondo de pensiones y un largo
etcétera. No vale decir ahora, señor Fernández Ordoñez, que la Caja de Ahorros del Mediterráneo es lo peor de lo peor y fumarse un puro. Usted lo tenía que haber sabido, lo tenía que haber evitado o al menos denunciado y tomado medidas. Hay
también otras experiencias negativas, como la de Caja Castilla-La Mancha, Caja Sur, las cajas gallegas, etcétera. Y el Banco de España hablando de reforma laboral, de riesgos de endeudamiento público, etcétera; dando consejos a los demás y
abandonando sus propias responsabilidades.
¿Por qué digo esto? Porque de esta nefasta gestión también se han derivado las necesidades de reestructuración de las cajas de ahorros; las necesidades de crear y dotar el FROB para gestionar el proceso de recapitalización y saneamiento de
las entidades. Ahora, con el agujero de la CAM, la Caja de Ahorros del Mediterráneo, al Gobierno se le agudiza el ingenio, lógicamente, para que no aumente el déficit público; al otorgarle recursos del FROB da la sensación de quiebra en la que se
encuentra la entidad. Lo peor de lo peor, según el gobernador. A primera vista, al margen de las responsabilidades de unos y otros, Gobierno, Banco de España y entidades mal gestionadas, que sea el sistema financiero con sus recursos el
que responda en primera instancia a las insolvencias de las entidades que lo conforman parece más que razonable. El fondo de garantía de depósitos ha de cumplir, tal y como lo vienen haciendo los fondos separados hasta el momento, con la garantía
de los depósitos y con la solvencia de las entidades. De cara hacia el futuro parece evidente y razonable que eso sea así. Sin embargo, en este momento creemos que unificar los fondos para garantizar los recursos que se concedan a la CAM, además
de retroactivo, es una medida que no satisface en absoluto a muchas entidades. Los que gestionan bien, aportan, y los que gestionan mal, reciben, y además en muchos casos alteran innecesariamente lo deseable, que es la competencia, al utilizar los
recursos públicos, si no es que, como también se ha dicho hoy aquí, se utilizan de una forma absolutamente negativa en pagar sueldos millonarios a sus gestores. Las cooperativas de crédito forman parte del sistema, y aunque suponen un porcentaje
reducido del mismo a nivel del conjunto del Estado, en Euskadi tienen un peso específico relevante. Por ello me van a permitir simplemente que les traslade rápidamente su preocupación.
Las aportaciones de esas entidades de crédito a los fondos de garantía han sido distintas y las cooperativas de crédito han sido las que tradicionalmente más han aportado, de la misma manera que sus coberturas también eran diferentes.
Unificar los fondos conculca los derechos, máxime si se aplican con carácter retroactivo para solucionar problemas derivados de la mala gestión. El sector de cooperativas, que ha sido prudente en el gestionado, no ha accedido a los recursos del
FROB, cumple el cien por cien de los requerimientos de solvencia, presenta una menor morosidad y considera que su fondo no ha perdido sentido y que si sus recursos van a ser destinados a otros depositantes de otras entidades financieras, ello puede
entenderse como una expropiación. Nuestro grupo comparte esta reflexión de las cooperativas, si bien considera que la creación de un único fondo, como decía antes, puede tener y tiene sentido si se evitan los efectos colaterales indeseados como el
planteado. Por todo lo anterior y considerando especialmente la situación económico-financiera en que nos encontramos, nuestro grupo parlamentario opta por la abstención; una abstención activa y vigilante con el desarrollo del real decreto-ley y
con el papel del Gobierno y del Banco de España en la defensa de la situación de las entidades financieras y en última instancia de la situación económica.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Don Jordi Jané tiene la palabra.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.
Señorías, desde Convergència i Unió no compartimos cómo se ha realizado el proceso de reestructuración del sistema financiero. Tampoco compartimos, señora vicepresidenta, la forma en que hoy se nos presenta este real decreto-ley. Hoy se
realiza con este decreto-ley una integración de fondos, pero no viene acompañada de una paralela equiparación de las aportaciones a realizar por las entidades adheridas. Para Convergència i Unió la única razón que justificaría porcentajes de
aportación diferentes al fondo de garantía sería la solvencia de la entidad, pero no siendo así entendemos que el trato diferenciado vulnera las normas de competencia, a pesar de que la disposición transitoria segunda del real decreto-ley prevé que
el mantenimiento del régimen de aportaciones vigente variará de acuerdo con la futura directiva europea. De hecho, desde Convergència i Unió entendemos que debería modificarse transitoriamente este extremo y que deberíamos haber fijado un sistema
de aportaciones basado en el perfil de riesgo individual de cada entidad, tal y como prevé el borrador de la futura directiva de fondos de garantía de depósitos.
Otro motivo de discrepancia viene dado porque tampoco compartimos la ampliación de los supuestos de aplicación del nuevo fondo para aquellos casos en que se necesite reforzar los recursos propios de una entidad sin que se encuentre en
peligro su viabilidad. Entendemos que esto no es positivo, porque ¿quién adoptará la decisión de reforzar los recursos propios de una entidad y bajo qué criterios? Son interrogantes que desde Convergència i Unió queremos dejar planteados en la
convalidación de este real decreto-ley, que quizá va a poner fin a un proceso que la sociedad ha observado con asombro y que nosotros observamos hoy desde una posición crítica. El balance final de este decreto-ley es el balance final de un proceso
de reestructuración del sistema financiero en el que hemos pasado en un plazo de dos a tres años de un sistema en el que teníamos 45 cajas de ahorros a un sistema en el que tenemos 17. Algunas de estas cajas han sido valoradas a cero euros antes de
que tuviera entrada el propio FROB. Este desaguisado global no se nos había advertido antes. Hace cuatro años, al iniciarse la crisis, los órganos reguladores competentes debían haber alertado de las debilidades del sistema financiero, pero no lo
hicieron, y como réplica el Gobierno, en lugar de exigir responsabilidades a esos órganos rectores del Banco de España, fortalece aún más su capacidad de decisión en dichos órganos. Por tanto, nosotros entendemos que se ha dirigido todo ello a
trompicones, de manera acelerada, sin una hoja de ruta, y en el panorama final, disueltas ya las Cortes Generales, estamos ante una situación en la que las familias, las pymes y los sectores productivos nos piden crédito, y falta crédito. Este es
uno de los principales problemas en estos momentos de nuestra situación económica; no fluye el dinero y en todo esto ha habido este proceso de reestructuración del sistema financiero -repito- llevado
a trompicones y sin que nadie asuma las responsabilidades que le corresponden. Por tanto, posición crítica, pero que ya adelanto que no vendrá acompañada de un voto negativo por parte de Convergència i Unió hoy. Nos vamos a abstener porque
entendemos que debemos facilitar hoy ante los mercados financieros, ante la agenda que el propio Gobierno tiene en las próximas horas y el próximo fin de semana, que este decreto-ley pueda ser convalidado, pero lo hacemos desde esta posición crítica
que hoy manifestamos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.
Tiene la palabra don Cristóbal Montoro.
El señor MONTORO ROMERO: Gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta, señorías, final de legislatura, el Gobierno nos trae otro real decreto relativo a lo que el Gobierno llama la culminación de la reestructuración del sector bancario y nosotros desde el Grupo Parlamentario Popular
queremos cuestionar su urgencia, en el sentido de lo que es el contenido mismo del decreto. No entendemos esa urgencia porque además no estamos al final de la reestructuración del sector bancario, estamos al final de la legislatura y seguramente al
final del ciclo de gobierno del Gobierno socialista. Eso sí es seguro, bastante seguro, estamos apuntando a que cada vez sea más seguro, pero los demás argumentos que trae el Gobierno la verdad es que nos resultan bastante incomprensibles y además
se olvida una idea que debe ser matriz en todo lo que sea la reestructuración, el uso de los fondos de garantías de depósitos y el uso del FROB. La cuestión es devolver el crédito bancario, que fluya el crédito bancario a quienes nos tienen que
sacar de la crisis, a los emprendedores. Mientras eso no ocurra con un auténtico saneamiento, todo esto que estamos viendo es cambiar piezas; evitar que en términos presupuestarios el Tesoro tenga que poner más recursos, y de esa manera impacte en
un mayor déficit público del previsto; evitar que el FROB viva más tensiones cuando trata de buscar recursos en el mercado, etcétera. Pero digamos las cosas como son. Tenemos grandes dudas sobre lo que significa la reunificación de ese Fondo de
garantía de depósitos en términos de lo que va a seguir siendo el funcionamiento de la estructura bancaria en España, en términos de los bancos cooperativos y demás elementos que componen esto. Dudas, dudas, dudas.
Ya adelanto que nos vamos a abstener evidentemente por las circunstancias tan especiales en las que estamos y sobre todo también por la imagen que se derive de este Parlamento cara a la importante cumbre europea que se celebrará el próximo
domingo. Estamos insistiendo desde el Grupo Parlamentario Popular y desde su líder en que el Gobierno tiene responsabilidades ante esa cumbre europea. Cito al líder de nuestro grupo parlamentario porque lo ha hecho la señora vicepresidenta en las
puertas ante los periodistas y luego no ha sido capaz de replicar sus palabras dentro. En ese terreno la oposición, señora vicepresidenta, puede y debe tener criterio propio. El Gobierno, ustedes, siempre se refugian diciendo: Defiendo los
intereses de España. Y nosotros también, no le quepa ninguna duda. Lo hacemos desde una visión y desde un criterio propio, por cierto, que se está mostrando mucho más acertado que el suyo, que el del Gobierno socialista, en toda esta crisis
económica. En ese empeño, en ese trabajo que hace en esa cumbre europea, ahora le voy a recordar solo la primera entrevista que hizo usted a un medio de comunicación escrito en abril de 2009 cuando llegó al puesto. El titular de esa entrevista
era: Tenemos 250.000 millones de euros para gastar. Está bien; se quedó usted completa. Usted con su política es la que nos ha llevado a sentar las dudas sobre la economía española y nos ha hecho vulnerables a la crisis en el euro.
De lo que se va a hablar el domingo es del futuro inmediato del euro. Eso que usted nos ha explicado por primera vez, porque no le ha quedado más remedio, porque lleva no sé cuántos días y semanas sin explicar a la sociedad española lo que
debe hacer un gobierno responsable; se ha de explicar de qué se trata una cumbre europea tan importante, cuáles son los elementos que se discuten y cuál es la posición concreta del Gobierno español. Lo que ha hecho esta mañana es volver a huir de
ese planteamiento. Oyéndola esta mañana tengo duda de que ustedes tengan criterio, porque francamente decir: Trato de que la cuestión quede aislada a Grecia. ¡Vaya solución! Trato de garantizar la sostenibilidad de la deuda española. ¿Pero cómo?
¿Qué está usted defendiendo allí? ¿Usted qué está impidiendo que se haga en relación con las propuestas iniciales de instituciones europeas? Explíquelo, pero dígalo públicamente: El Gobierno español está en contra de los haircut en estos
términos. ¿Está usted a favor o en contra de que la deuda soberana de los países esté realmente valorada de acuerdo con el precio de mercado? Explíquelo, explique qué significa esa recapitalización a la que ha aludido. Es bueno que los bancos
tengan más capital y mas seguridad; ¡hombre, claro! Lo bueno es que los bancos tengan capacidad para conceder crédito; eso es lo que es muy necesario, en España y en otros países europeos. Por tanto, el fondo, la ayuda financiera europea debe
atender efectivamente a esa recapitalización, y reconocer objetivamente que en España tenemos un problema propio en el saneamiento de los balances bancarios, que se llaman activos inmobiliarios en suelo. Estas son las cuestiones que usted debe
explicar a la sociedad española, señora vicepresidenta, y estamos en sede parlamentaria.
Insisto -y acabo, señor presidente- en que la democracia, señora vicepresidenta, es tener una alternativa de Gobierno que pueda explicar a la sociedad española sobre que hay otra forma de entender posiciones, que lo que hace un Gobierno,
también en Bruselas -no es porque se revista la palabra España-, puede ser un error. Su obligación esta mañana no era explicarnos principios, sino criterios concretos que se están debatiendo en la
cumbre del domingo y que son muy importantes para que en España salgamos de la crisis, vuelva a haber crecimiento económico y por tanto consigamos la creación de empleo.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Montoro.
Don Francisco Fernández Marugán tiene la palabra.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Gracias, señor presidente.
La intervención de la señora Salgado ha situado esta Diputación Permanente en un doble plano: el de la convalidación del decreto-ley, a través del cual se crea un nuevo fondo de garantía de depósitos que sustituye a los tres fondos
existentes, y una información desde mi punto de vista importante en relación con la cumbre que la semana que viene se va a celebrar para tratar un conjunto de problemas sobre los cuales el foco de la política de dotación pública europea viene
estableciéndose: el problema de Grecia, el problema del refuerzo del capital de los bancos, la función que puede asumir el Fondo de estabilidad europeo y los procesos de consolidación fiscal. Nos ha dicho una vez más -y yo coincido con eso- que el
trabajo del Gobierno consiste en buscar una solución común a estas cuestiones. No voy a decir nada nuevo sobre el primero de los aspectos, la convalidación del decreto-ley. Simplemente el Gobierno ha tratado de que los problemas de
reestructuración del conjunto del sistema financiero español no supongan ningún coste para el erario público ni para los contribuyentes. Por lo tanto, ha juntado tres fondos existentes en uno solo para poder tener un conjunto de recursos más
destacados.
Quisiera decir una cosa, porque en realidad esta casa es una casa viva y tiene que ser capaz de responder a las demandas existentes. Hoy el sector financiero europeo es objeto de una atención especial, y en torno a él tiene que haber una
respuesta política que nunca será fácil en una Europa ni a diecisiete ni a veintisiete, o también una respuesta económica que tampoco será fácil cuando nos hemos dado cuenta de que las defensas monetarias y fiscales, los instrumentos que en otro
tiempo tenía, están relativamente mermadas. Han sucedido cosas en las últimas semanas. Ayer personalidades políticas despidieron al señor Trichet. Cariñosamente yo diría que el señor Trichet es una especie de dictador bonapartista situado en el
Banco Central Europeo, desde donde ha tratado de frenar el estallido de la crisis, proporcionando de manera limitada liquidez que ha permitido salvar a Estados débiles y con problemas y que también ha salvado instituciones; a la vez que hacía esto
entraba en el juego de la compra de bonos. No solamente ocurre esto, sino que nosotros estamos viendo cómo la marcha de los acontecimientos financieros que ha venido sucediendo a lo largo de los últimos meses puede dar origen a que surja una
vinculación fatal entre la necesidad de honrar el servicio de la deuda y la fragilidad del sistema bancario. De alguna manera se han levantado voces que dicen que hay que llevar a cabo una actuación destinada a garantizar la solvencia de estas
instituciones. A quienes dicen esto no dejaré de manifestar que tienen un argumento poderoso, porque creo de verdad que si nosotros queremos tener una economía eficaz hemos de tener un sistema financiero estable, y un sistema financiero estable
tiene que ser un sistema dotado con mayor capital si se quiere que sea seguro. Por lo tanto, hay que hacer cosas con rapidez, y se están haciendo de esta manera. Se ha abierto un debate en el que aparecen los intereses de los países miembros y de
su sistema bancario. Por cierto, nada nuevo que aparezcan los intereses de los unos y los otros en un momento de crisis como el que vivimos. Aparece la discusión de la ratio de solvencia, que el señor Azpiazu ha traído siempre con rigor y con
buenas maneras; aparece la discusión del nivel de endeudamiento; aparece la determinación de las instituciones sistémicas de la Unión Europea y quién sabe si implícita o explícitamente una discusión o una insinuación sobre las disponibilidades que
podemos tener en esta cuestión.
Se ha dicho que la señora Salgado ha especulado, ha argumentado... Ha puesto de relieve algunas cuestiones, ha puesto de relieve como no puede ser de otra manera los criterios del Gobierno. Una vez más nos hemos encontrado con que se acusa
al Gobierno de tener mejores o peores criterios pero don Cristóbal Montoro ha escondido una vez más los suyos. Es un hecho habitual: acusa a los demás de no tener criterio y esconde el suyo. Creo que junto a estos problemas a los que he hecho
alusión también tendría que añadir que de alguna manera los bancos tendrán que hacer algo, tendrán que decirnos al conjunto de los ciudadanos la exposición que tienen en este momento en términos de deuda soberana. Desde luego, si quieren adquirir
legitimidad algunas de estas cosas las tendrán que hacer con transparencia. Así, dos cuestiones están encima de la mesa de aquí al fin de semana: el porcentaje que adquiere el capital básico y ese fenómeno nuevo de la recalificación de
determinados activos que in illo tempore fueron activos sin riesgo y que ahora hay quien dice que son activos provisionales. Eso nos conduce a hipotéticas ampliaciones de capital. ¿Quién hace las hipotéticas ampliaciones de capital? En la
Comisión se dice que tendrán que ser las propias instituciones las que tienen que ir a los mercados a buscar ese capital. Si en los mercados no encuentran recursos suficientes tendrán que ir a los tesoros nacionales; si no encuentran recursos
suficientes en los tesoros nacionales tendrán que ir a las instituciones comunitarias. Claro está, si ese recorrido se hace tendremos que hablar de dosis de flexibilidad y de dosis de apalancamiento del llamado Fondo de rescate.
Termino, señorías. Hay un hecho que pongo encima de la mesa en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, al que le doy las gracias por haberme permitido cerrar esta intervención en este momento. Aquí hay una dialéctica entre ciudadanos y
contribuyentes; una dialéctica entre ciudadanos, para los cuales -seamos sinceros-
los banqueros privados son profundamente impopulares, y los contribuyentes que dicen cuántas veces tendremos que hacer, cuántos dineros tenemos que emplear en recapitalizar este tipo de instituciones. Creo que esa dialéctica solo se salva o
solo se puede superar si somos capaces de encontrar alguna respuesta inteligente a algunas combinaciones accionariales que existen en este momento.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández Marugán.
Vamos a pasar a votar la convalidación o derogación. Ruego a los ujieres que anuncien que se inician las votaciones. (Pausa.) Pasamos a votar, en primer lugar, la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 15/2011, de 14 de octubre,
por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en contra, dos; abstenciones, 22.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda convalidado el real decreto-ley anunciado.
¿Algún grupo desea, tal y como sorprendentemente establece el artículo 151, que se tramite como proyecto de ley con procedimiento de urgencia? (Denegaciones.) En tal caso, no se pasa a votación.
Pasamos a votar la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el fondo de garantía de depósitos de entidades de crédito.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en contra, dos; abstenciones, 22.
El señor PRESIDENTE: Queda convalidado.
¿Alguien solicita su tramitación como proyecto de ley? (Denegaciones.)
Se levanta la sesión.
Era la una y cincuenta minutos de la tarde.