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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 485, de 07/12/2010
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
IX LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
7 de diciembre de 2010
Núm. 485
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
Proposiciones no de Ley
Pleno
162/000676 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista del Congreso, Catalán (Convergència i Unió), Vasco (EAJ-PNV), de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto, sobre
declaración del año 2012 como año de la neurociencia en España. Corrección de error. ... (Página 4)
Comisión de Justicia
161/002002 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas para mejorar la protección a los menores que sufren abuso y maltrato ... (Página 4)
161/002010 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la insuficiente dotación de Juzgados de Violencia de Género en Galicia y problemas en los Juzgados Mixtos ... (Página 5)
Comisión de Interior
161/001282 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre accesibilidad de los edificios electorales. Corrección de error ... (Página 6)
Comisión de Fomento
161/001999 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la concesión de explotación de la autopista AP-9 en Galicia ... (Página 6)
161/002011 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la corrección de las deficiencias en la señalización de la Red de Carreteras del Estado ... (Página 7)
Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
161/002000 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas para impulsar la creación de empleo a través de la bioenergía ... (Página 7)
161/002001 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas para ampliar la presencia de criterios ecológicos en la fiscalidad municipal ... (Página 8)
161/002003 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la propuesta de reforma de la Organización Común de Mercados de la Pesca ... (Página 9)
161/002004 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la implantación en países terceros productores de pesca, del modelo social, ecológico y sanitario establecido en la Unión Europea ...
(Página 10)
161/002005 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la defensa del sector pesquero en materia de adecuación a los criterios comunitarios como modo de garantizar la sostenibilidad de las
explotaciones ... (Página 11)
161/002006 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la conservación y regeneración del litoral español ... (Página 13)
161/002008 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la renovación del acuerdo de pesca Unión Europea-Reino de Marruecos ... (Página 14)
Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo
161/002007 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre planificación de recursos humanos en el sistema sanitario ... (Página 14)
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/002009 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre impulso de medidas en el sector industrial del juguete en favor de los niños y niñas con capacidad diferenciada ... (Página
15)
Preguntas para respuesta oral
Comisión de Asuntos Exteriores
181/003146 Pregunta formulada por el Diputado don Gustavo Manuel de Arístegui San Román (GP), sobre reintegro de la cantidad de 500.000 euros transferidos a la Embajada de España en Kenia el 12 de noviembre de 2009 a la caja pagadora ...
Comisión de Interior
181/003178 Pregunta formulada por el Diputado don Aurelio Romero Girón (GP), sobre motivos por los que se deniegan ayudas a los afectados por las inundaciones ocurridas en los meses de diciembre del año 2009 a marzo del 2010 en zonas rurales
de Jerez de la Frontera (Cádiz) ... (Página 17)
181/003179 Pregunta formulada por el Diputado don Aurelio Romero Girón (GP), sobre criterios para distribuir a los nuevos funcionarios de policía que se han destinado a las Comisarías de la provincia de Cádiz ...
181/003180 Pregunta formulada por el Diputado don Aurelio Romero Girón (GP), sobre intención de incrementar el catálogo de puestos de trabajo de la Comisaría de Policía de Jerez de la Frontera ... (Página 17)
Comisión de Defensa
181/003181 Pregunta formulada por el Diputado don Ignacio Cosidó Gutiérrez (GP), sobre previsiones para el Observatorio de Vida Militar ... (Página 17)
Comisión de Fomento
181/003182 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Antonio Hernando Fraile (GP), sobre inversiones realizadas por el Ministerio de Fomento en la provincia de Almería durante los años 2008 y 2009 ... (Página
17)
181/003184 Pregunta formulada por el Diputado don Joaquín María García Díez (GP), sobre soluciones definitivas, tras el estudio informativo encargado por el Ministerio de Fomento, para enlazar la rotonda del nuevo puente en el río Miño sobre
la N-VI con el centro de Lugo por la calle Santiago, así como programación en el tiempo ... (Página 17)
181/003190 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos González Serna (GS), sobre valoración de la circunstancia de que la dirección territorial de Correos de Valencia haya remitido una circular a las oficinas de la provincia ordenando la
suspensión de los servicios postales y telegráficos de varios departamentos de la Generalitat Valenciana, como Presidencia, Economía y Bienestar Social ... (Página 18)
181/003191 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos González Serna (GS), sobre cuantías que han motivado la suspensión de los servicios postales y telegráficos de varios departamentos de la Generalitat Valenciana, como Presidencia,
Economía y Bienestar Social ... (Página 18)
181/003192 Pregunta formulada por el Diputado don Gaspar Llamazares Trigo (GER-IU-ICV), sobre motivo por el que afirmó el Ministro de Fomento en el debate de totalidad al Proyecto de Ley del servicio postal universal, de los derechos de los
usuarios y del mercado postal, que la Confederación Internacional de Sindicatos valoraba muy positivamente esta ley ...
(Página 18)
Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
181/003183 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Antonio Hernando Fraile (GP), sobre inversiones realizadas por ACUAMED en los últimos años en la provincia de Almería, así como las previsiones para el año 2011 ...
181/003185 Pregunta formulada por la Diputada doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), sobre opinión del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino acerca de la decisión de la Confederación Hidrográfica del Tajo de recortar el agua
al Segura ... (Página 18)
Comisión de Igualdad
181/003189 Pregunta formulada por la Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (GMx), sobre estudio realizado sobre la inadecuada atención que se ofrece a las mujeres víctimas de maltrato machista que tienen que acudir a los Juzgados de
Instrucción o de Primera Instancia ... (Página 18)
Competencias en relación con otros órganos e instituciones
Tribunal Constitucional
232/000066 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 3491/2002, promovido por el Presidente del Gobierno, representado por el Abogado del Estado, contra el artículo 15.6 de la Ley del
Parlamento de Cantabria 1/2002, de 26 de febrero, del Comercio de Cantabria ... (Página 19)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000676
Advertido error en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm.
473, de 4 de noviembre de 2010, se subsana a continuación:
En la página 1, donde dice: 'Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre declaración del año 2012 como año de la neurociencia en España.', debe decir: 'Proposición no de Ley presentada por los
Grupos Parlamentarios Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Vasco (EAJ-PNV), de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto, sobre declaración del año 2012 como año de la neurociencia en España.'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2010.
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2010.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Comisión de Justicia
161/002002
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada M.ª Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para
mejorar la protección a los menores que sufren abuso y maltrato, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
En la Ley Integral Contra la Violencia de Género, en su artículo 19, se recoge el 'Derecho a la Asistencia social Integral', estableciéndose en el apartado e) del punto 2, el apoyo educativo a la unidad familiar.
En relación a lo mismo, y en el mismo artículo, en el punto 5 se regula que: 'también tendrán derecho a la asistencia social integral a través de estos servicios sociales los menores que se encuentren bajo la patria potestad o guarda y
custodia de la persona agredida. A estos efectos, los servicios sociales deberán contar con personal específicamente formado para atender a los menores, con el fin de prevenir y evitar de forma eficaz las situaciones que puedan comportar daños
psíquicos y físicos a los menores que viven en entornos familiares donde existe violencia de género'.
A pesar de que los poderes públicos, concretamente las Administraciones Autonómicas, que es de quien depende la gestión de los servicios sociales, cuentan con diferentes servicios y programas orientados a llevar a cabo las funciones antes
mencionadas, nos encontramos en muchas ocasiones con situaciones que deben llevarnos a la reflexión, en el sentido de buscar la mejor forma de atención a los menores que permita prevenir tanto un fin trágico como la muerte o situaciones lamentables
que perjudican a su desarrollo físico, psíquico y social.
Casos concretos que desgraciadamente han terminado en asesinatos de menores o la prolongación de los abusos sexuales durante un proceso de tiempo, han evidenciado que el sistema establecido precisa de una ampliación de las medidas de
protección para evitar males mayores.
Los estudios realizados en el campo de la judicatura ponen de manifiesto que sólo en el 15% de los casos de malos tratos a menores que llegan a un Juzgado se tenía conocimiento previo de que existía una situación de riesgo para los menores.
En la gran mayoría de los casos se desconoce en qué situación viven dichos niños y niñas.
El estudio realizado por el Consejo General del Poder Judicial sobre violencia de género referido a los menores, pone de relieve la necesidad de actuar desde el primer momento en el que se tiene conocimiento de una agresión, abuso, maltrato,
lesiones, abandono o amenazas. La necesidad de que se activen las medidas de protección sin esperar a la resolución de la investigación que debe efectuarse sobre el hecho denunciado. Consiste en agilizar los sistemas de tutela.
Dicho informe arroja unos datos muy reveladores; los maltratos a menores se dividen en dos tipos: un 52% son víctimas de lesiones y en un 29% se atenta contra la libertad sexual de los menores. Y antes de cumplir los once años, más del
51% de los menores sufrieron algún maltrato familiar.
Las situaciones más difíciles de probar son aquellas que se corresponden con el maltrato psicológico o emocional.
Tal y como se recoge en el Informe realizado por la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil, correspondiente al año 2008, la denuncia o notificación de un caso de maltrato infantil es la única vía que permite la
activación de la investigación del caso, y concluye que la mayor parte de los casos no son investigados puesto que no se tiene constancia de ellos.
Cierto que la presentación de una denuncia o la notificación de sospechas no supone la existencia real de una situación de maltrato infantil.
Cierto es que existen las denuncias falsas, pero también es cierto que sólo a través de la
investigación puede confirmarse la veracidad o no de los casos. Y existe una laguna, un vacío que comprende desde el momento en que se tiene conocimiento de un caso hasta que concluye la investigación de los hechos. Durante ese espacio de tiempo
los menores se encuentran en una especie de limbo donde fallan las medidas cautelares, que consideramos deben ser reforzadas.
También sabemos que debe garantizarse el derecho a la presunción de inocencia y casarlo con la necesaria protección que deben recibir los menores. Asegurar al mismo tiempo ambos derechos sin menoscabo de ninguno de ellos.
Por eso, es preciso mejorar las medidas cautelares que se adoptan para proteger a los menores en ese tiempo en blanco que cuenta desde la denuncia y hasta la conclusión de la investigación, porque se trata de perfeccionar el sistema de
prevención para evitar consecuencias desgraciadas.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Realizar un estudio, en colaboración con la Administración de Justicia, para perfeccionar las medidas cautelares actualmente existentes ante las denuncias de abusos sexuales y maltrato a menores.
- Mejorar las medidas cautelares para garantizar la protección a los menores víctimas de abusos desde el primer momento en el que se tiene conocimiento de este tipo de hechos y mientras se investiga la denuncia, preservando al mismo tiempo
el derecho a la presunción de inocencia y la integridad de los menores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 2010.-M.ª Olaia Fernández Davila, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002010
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada M.ª Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a
la insuficiente dotación de Juzgados de Violencia de Género en Galicia y problemas en los Juzgados Mixtos, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
Actualmente, en Galicia hay dos Juzgados de Violencia de Género, uno en la ciudad de A Coruña y otro en Vigo. En los demás partidos judiciales esta función se comparte con los Juzgados de Instrucción o Juzgados Mixtos de Primera Instancia e
Instrucción.
Los Juzgados de Instrucción o de Primera Instancia no poseen las instalaciones y los medios precisos para dar una atención adecuada a las mujeres víctimas de violencia de género. Incluso se producen situaciones verdaderamente desagradables
para las mujeres que son objeto de maltrato machista porque cuando acuden al Juzgado a prestar declaración se encuentran en los pasillos o incluso en las salas de espera con los autores de las agresiones.
Además, este tipo de Juzgados Mixtos tampoco cuentan con el personal técnico especializado para tratar este tipo de casos.
La experiencia acumulada tras seis años de la puesta en marcha de la Ley Integral de Violencia de Género, deja patente que en Galicia se necesitan más Juzgados especializados que se ubiquen en las otras cinco grandes ciudades gallegas:
Ferrol, Santiago, Pontevedra, Lugo y Ourense.
Estas deficiencias e insuficiencias no son sólo características de Galicia puesto que es un problema extendido a nivel de todo el Estado.
Es la única manera de garantizar un trato y un servicio público adecuado a las muchas mujeres que todavía en los tiempos actuales son víctimas de la violencia machista. El Gobierno tiene el deber moral y la responsabilidad de
proporcionarles una atención que parta de un trato sensibilizado con sus difíciles y duras situaciones. No es admisible que acudan a un Juzgado donde existe altas posibilidades de que se encuentren con sus maltratadores. Tienen que habilitarse
dependencias separadas para víctimas y agresores. Sin olvidar, la importancia de ser atendidas por personal especializado: psicólogos/as, trabajadores sociales, médicos/as forenses, entre otros.
Asimismo, la existencia de los Juzgados especializados permite agilizar los casos y proporcionarles una mayor garantía jurídica.
Sabe que los demás Juzgados están sobresaturados de carga de trabajo y estamos hablando de un tipo de problema en el que una atención inmediata y rápida es fundamental para evitar males peores.
La maquinaria de la Justicia en general precisa de una mejora del servicio a los ciudadanos, y sabe el Gobierno que uno de sus mayores males es su lento funcionamiento producto de la sobresaturación.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Aprobar la creación de nuevos Juzgados especializados en Violencia de Género, y concretamente en Galicia debido a la insuficiente dotación actual.
- Analizar la situación de las mujeres víctimas de maltrato machista que acuden a los Juzgados de Instrucción o de Primera Instancia debido a la falta de Juzgados especializados a fin de que reciban una atención adecuada a sus necesidades.
- Mientras no se establezcan nuevos Juzgados especializados, acondicionar los Juzgados Mixtos para evitar situaciones inadmisibles como que una víctima comparta sala de espera con su agresor o que se encuentre con su maltratador por el
pasillo del Juzgado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 2010.-M.ª Olaia Fernández Davila, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Interior
161/001282
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Socialista.
Corrección de error en su Proposición no de Ley sobre accesibilidad de los edificios electorales, en el sentido de que donde dice '... aclare la aprobación de la normativa...', debe decir '... acelere la aprobación de la normativa...'.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por corregida la iniciativa de referencia, así como comunicarlo a la Comisión de Interior, al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2010.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 275, de 20 de octubre de 2009.
Comisión de Fomento
161/001999
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado Francisco Xesús Jorquera Caselas (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley
relativa a la concesión de explotación de la autopista AP-9 en Galicia, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
En la incesante búsqueda del Ministerio de Fomento por encontrar fórmulas de financiación para actuaciones pendientes, ha llamado la atención el anuncio realizado por el propio Ministro de Fomento el pasado 11 de octubre, de financiar la
ampliación de la AP-9 en el tramo urbano de Santiago de Compostela, así como en el puente de Rande (Vigo), mediante la prórroga de la concesión que tiene Itínere para la explotación de esta vía de alta capacidad.
El Ministro realizó dichas manifestaciones durante un acto de inicio de las obras de ampliación de la terminal del aeropuerto de Vigo. Señaló que se había llegado a un acuerdo con la concesionaria para que asuma las obras, y a partir del
año 2014, 'habrá que buscar fórmulas que posibiliten, a través de una prórroga o ampliación, sufragar los costes de la obra'.
De confirmarse esta idea, estaríamos ante una mala noticia para la ciudadanía gallega y los profesionales del transporte que utilizan esta autopista. Debe tenerse presente que la AP-9 es la principal arteria de comunicación de Galicia, ya
que discurre desde Ferrol hasta Tui.
Precisamente, si no se hubiesen adoptado las decisiones que llevaron a convertir esta vía que vertebra Galicia en una autopista de peaje, estaríamos actualmente a menos de trece años de poder recuperar para el Estado esta infraestructura.
Conviene recordar que fue en el
año 2000, durante el anterior Gobierno del PP, cuando se prorrogó la concesión de la AP-9 por 25 años más.
Según los últimos datos de explotación de esta autopista, proporcionados por el propio Grupo Itínere, en el año 2009 Audasa aportó a la cifra de negocio consolidado del grupo más de 156 millones de euros.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Evitar la ampliación de la concesión de explotación de la autopista AP-9 en Galicia, de modo que se mantenga la fecha de 2048 para la reversión al Estado de esta importante infraestructura.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de noviembre de 2010.-Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado.-M.ª Olaia Fernández Davila, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002011
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la corrección de las deficiencias en la señalización
de la Red de Carreteras del Estado, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El 25 de septiembre del 2008, la Comisión de Fomento de esta Cámara aprobó con modificaciones una Proposición no de Ley para la correcta señalización de las estructuras viarias de la Red de Carreteras del Estado.
Es evidente, tal y como se argumentó en aquel debate, que las obras de infraestructuras viarias para tráfico rodado en nuestro país son un elemento imprescindible para el desarrollo económico y social. Por esta razón se ha hecho un gran
esfuerzo en inversiones a lo largo de distintos ejercicios dotando a nuestro país de una importante Red de Carreteras del Estado, que para su correcto uso requiere la adecuada señalización.
Con motivo de aquel debate varios grupos, entre ellos el mayoritario en la Cámara, compartían la necesidad de corregir deficiencias de señalización para incrementar la seguridad y garantizar el correcto uso de nuestras carreteras.
Por cuanto que el texto aprobado incluía la remisión a la Cámara de las conclusiones del Gobierno en relación a la valoración, mantenimiento, y pintado de señales y marcas viales, paso previo para las actuaciones necesarias, este Grupo
Parlamentario formula la siguiente
Proposición no de Ley
'La Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados acuerda la comparecencia del Ministro de Fomento para que informe de las actuaciones realizadas por el Ministerio para la corrección de las deficiencias en la señalización de la Red de
Carreteras del Estado.
Con carácter previo a dicha comparecencia, el Gobierno remitirá a la Comisión de Fomento un informe que detalle:
Las actuaciones de valoración y de mantenimiento de señales y repintado de marcas viales que así lo requieran, en la Red de Carreteras del Estado.
El conjunto de actuaciones desarrolladas para corregir las deficiencias de señalización, especificando:
- Tipo de actuación.
- Localización de la misma.
- Crédito asignado.
- Fecha de conclusión de la actuación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2010.-Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
161/002000
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la
Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley para impulsar la creación de empleo a través de la bioenergía.
Antecedentes
La Bioenergía es una fuente de energía renovable. Es el término que se utiliza para definir los sistemas de generación de energía a partir de la biomasa. A su vez, la biomasa es un término amplio que se usa para denominar la materia
orgánica originada en un proceso bio
lógico, espontáneo o provocado, utilizable como fuente de energía.
En cuanto a fines energéticos, la biomasa más adecuada es la de origen agrícola o forestal: residuos agrícolas -paja, orujos-, podas de frutales, residuos forestales, restos de las industrias de la madera -astillas, serrín- y cultivos
energéticos -cardo, girasol, paulownia-, entre otras materias.
La biomasa se utiliza para diversos usos: generación de calor, frío, electricidad o transporte. Para facilitar su uso se transforma en biocombustible sólido (pellets, briquetas o astillas), líquido (biodiésel o bioetanol) o gaseoso
(biogás). Se trata de un combustible no fósil, neutro desde el punto de vista del ciclo del carbono. Su uso contribuye a reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera siempre que sustituya a un combustible fósil.
Los beneficios derivados de la producción y consumo de la bioenergía son diversos. Es una energía renovable, de futuro, respetuosa con el medioambiente, contribuye a la lucha contra el cambio climático. Se produce localmente, lo que
permite la creación de empleo en el medio rural, fija población en esas zonas, abre nuevos caminos a la agricultura, supone una gestión forestal sostenible y ayuda a prevenir el riesgo de incendios forestales. Permite reducir la dependencia
energética respecto a los recursos fósiles e incrementar en consecuencia, el ahorro.
La producción de energía a partir de la biomasa es una fuente muy importante de generación de empleo: desde la obtención y recolección de la materia prima, a su transformación y transporte, como la fabricación de calderas, silos, maquinaria
para la recolección y primera transformación de biomasa, fábricas de pellets, etc. Hay numerosos ejemplos de ello en países como Austria, Suecia o Italia. En opinión del Grupo Parlamentario Catalán puede ser una de las medidas a adoptar en el
contexto de las actuaciones destinadas a hacer frente a la grave crisis económica, a las elevadas cifras de paro y a las dificultades para generar empleo.
Por otra lado, la necesidad de promover el uso intensivo de la biomasa para obtener energía forma parte de la Estrategia española de Cambio Climático y Energía Limpia, Horizonte 2007-2012-2020, en diversos apartados. En concreto, compromete
al Gobierno a fomentar las funciones y valores de los ecosistemas naturales promoviendo que las Comunidades Autónomas propongan planes autonómicos de uso intensivo de biomasa, revegetación y restauración de ecosistemas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar financieramente el establecimiento de planes autonómicos de incremento del uso de sistemas de generación de energía a partir de biomasa, con el objetivo de crear empleo y de
contribuir a la reducción de las emisiones de CO2.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2010.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/002001
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentaría Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la
Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley para ampliar la presencia de criterios ecológicos en la fiscalidad municipal.
Antecedentes
Tal y como señala el Cuarto Informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas, el calentamiento del sistema climático es inequívoco y ello lo evidencian los aumentos observados
del promedio mundial de la temperatura del aire y del océano, el deshielo generalizado de nieves y hielos, y el aumento del promedio mundial del nivel del mar. Las consecuencias y efectos del aumento de temperatura pueden ser tan importantes que si
no se adoptan medidas de mitigación, desbordarán probablemente, a largo plazo, la capacidad de adaptación de los sistemas naturales, gestionados y humanos.
El cambio climático es uno de los retos más importantes, sino el mayor, al que se enfrenta la humanidad. Los datos científicos, técnicos y socioeconómicos facilitados por los expertos, deben ayudar a los gobiernos y a otros decisores de los
sectores público y privado, a formular e implementar respuestas adecuadas frente a la amenaza de un cambio climático inducido por los seres humanos.
Muchos de los impactos pueden ser reducidos, retardados o evitados mediante políticas y medidas de mitigación adecuadas. Los esfuerzos y las inversiones de los dos o tres próximos decenios influirán en gran medida en las oportunidades de
conseguir unos niveles de estabilización más bajos. Por contra, un aplazamiento de la reducción de emisiones limitaría considerablemente las posibilidades de alcanzar unos niveles de estabilización más bajos e incrementaría el riesgo de impactos
más graves del cambio climático. Es sin duda alguna, imprescindible y urgente intervenir, y se debe
hacer utilizando diversos instrumentos. Uno de ellos puede ser la fiscalidad ambiental.
En este sentido, se han dado algunos pasos importantes, como por ejemplo: la disposición adicional quincuagésima novena de la Ley de Presupuestos para 2007 -relativa a la incorporación de elementos de fiscalidad verde-, o la modificación
del impuesto de matriculación, cuya cuantía depende del grado de emisiones contaminantes de cada vehículo -a mayor emisión, mayor importe-, pero no suficientes. En opinión del Grupo Parlamentario Catalán (CiU) debemos avanzar más en esta senda. La
tributación medioambiental puede contribuir de forma importante a la lucha contra el cambio climático y esta debería ser la legislatura en la que este objetivo tendría que materializarse.
Del mismo modo se ha manifestado esta Cámara en diversas ocasiones, y en concreto el 4 de julio de 2007 cuando, con motivo del Debate sobre el Estado de la Nación, se aprobó una propuesta de resolución que instaba al Gobierno a: 'evaluar
con las Entidades Locales y en su caso Forales, la correspondiente modificación de la Ley de Haciendas Locales referida al Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica para que, en consonancia con los criterios incorporados al Proyecto de Calidad del
Aire y de la Atmósfera relativos al Impuesto especial sobre determinados vehículos, se fije el cuadro de cuotas aplicable a los mismos, sobre la base de las emisiones de CO2, en lugar de sobre la potencia y clase del vehículo.
Dicho mandato fue incluido entre las medidas urgentes de la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia, aprobadas por el Ejecutivo en julio de 2007, y en el Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia Española de Ahorro y
Eficiencia Energética. En esta última se consideraban las medidas legislativas destinadas a modificar, en concreto, la fiscalidad de los vehículos en función de su eficiencia energética y emisiones, como determinantes.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar en el plazo de tres meses, un Proyecto de Ley que, de acuerdo con las Comunidades Autónomas y los entes locales, incorpore las modificaciones normativas necesarias en la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, para facilitar y favorecer, en mayor medida, la presencia de criterios ecológicos en la fiscalidad municipal. En especial, deberá posibilitar la adopción de medidas referidas a los
impuestos de los Vehículos de Tracción Mecánica, en consonancia con los criterios incorporados al Proyecto de Ley de Calidad del Aire y de la Atmósfera relativos al impuesto especial sobre determinados medios de transporte, con el fin de contribuir
a la lucha contra el cambio climático y a la mejora de la calidad del aire de las ciudades.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2010.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/002003
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la propuesta de reforma
de la Organización Común de Mercados de la Pesca, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
El Libro Verde sobre la reforma de la política pesquera común reconoce expresamente que el sector extractivo no percibe más que una pequeña parte del precio que paga el consumidor en el comercio del pescado. La actual Organización Común de
Mercados de la pesca (OCM) no es adecuada ni satisfactoria para la realidad actual del sector pesquero ni del mercado de los productos pesqueros, lo cual tiene varias consecuencias, una de las cuales es que propicia la permanencia de un sistema de
rentabilidad muy baja para el sector destruyendo sus posibilidades de futuro.
El sistema actual no estimula al sector pesquero en el ámbito de la comercialización de los productos de la pesca; circunstancia que se consolida y acrecienta día a día, poniendo en grave riesgo la propia continuidad de aquel. En
consecuencia es necesario modificar la normativa que regula la participación de los distintos agentes a fin de frenar el deterioro económico del sector extractivo.
La especial configuración del segmento de primera venta caracterizada por una fragmentación del sector extractivo, con un número demasiado elevado de operadores, en el lado de la oferta, frente a una fuerte concentración de centrales de
compra, en el lado de la demanda, ha venido originando una posición consolidada cercana a la figura del oligopsonio, mediante la cual las centrales compradoras imponen sus condiciones de precio, lo cual se traduce en una posición de cautividad del
sector pesquero que se ve obligado a pasar por precios con los que en gran parte de los casos no llega a cubrir costes de producción.
Además se ha comprobado que para hacer frente a la baja rentabilidad de su actividad, los pescadores se ven obligados a intentar capturar mayores cantidades de peces.
Por otra parte, la incapacidad para repercutir en el consumidor los incrementos de los costes productivos, debido al mencionado sistema de primera venta, hace que el sector en general y en concreto la flota de pesca fresca, se encuentre en
un círculo vicioso y crónico de baja rentabilidad, lo cual supone un incentivo para la sobrepesca.
El camino abierto en toda la Unión Europea (UE) a las importaciones de pescado está originando prácticas esquilmantes, con el consiguiente riesgo para el equilibrio medioambiental y una quiebra de la garantía de continuidad para las
pesquerías locales donde se lleva a cabo una actividad de subsistencia.
Por otra parte, también es necesario satisfacer la demanda de los consumidores comunitarios de productos pesqueros de alta calidad a precios competitivos, y, además, tener en cuenta el creciente interés de aquellos por obtener información
sobre las características, el origen y las condiciones de captura o de producción de los peces, como elementos que, actualmente, forman parte del concepto de calidad de los productos de la pesca.
Por todo ello, el Grupo Popular formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a:
1. Promover activamente ante la Comisión Europea una revisión ambiciosa y efectiva de la Organización Común de Mercados de los productos de la pesca con objeto de garantizar un nivel adecuado y justo de renta para el sector, la estabilidad
de los mercados, la mejora de la comercialización de los productos de la pesca y el aumento del valor añadido de estos productos a través de los instrumentos que refuercen la imagen de calidad.
2. Impedir la comercialización de las importaciones de bajo coste resultantes de prácticas y actividades perjudiciales para el medio ambiente o equivalentes a diversas formas de ''dumping'' entre ellas el ''dumping'' de base socio-laboral.
3. Implantar criterios de certificación y de etiquetado riguroso y transparente relativos a la calidad y trazabilidad de los productos pesqueros y de la acuicultura, regulando, de modo complementario, una etiqueta ecológica para estos
productos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2010.-Joaquín García Díez, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002004
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la implantación en
países terceros productores de pesca, del modelo social, ecológico y sanitario establecido en la UE, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
El respeto por los derechos fundamentales en el mundo del trabajo es una constante que mantiene el Grupo Parlamentario Popular, más allá de los intereses económicos que puedan existir entre diferentes países o diversos sectores económicos.
El problema del 'dumping' socio-laboral ('social dumping') presente en muchos sectores económicos, se encuentra particularmente presente en el de los productos de la pesca y de la acuicultura, en especial, en los segmentos de actividades de
transformación, que precisan de bastante mano de obra.
Hay que destacar la grave situación de desventaja que padecen los sectores comunitarios de la pesca, acuicultura y transformación de productos, frente a la competencia de otros sectores ubicados en determinados países terceros en los que se
llevan a cabo estas actividades con salarios mucho más bajos y con normas sociales menos exigentes, lo cual tiene una consecuencia, el quedar sin garantía muchas normas socio-laborales que regula la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y
otros organismos similares.
Por otra parte, la intensificación de los esfuerzos de la Unión Europea (UE) en lo relativo a conservación de recursos pesqueros y sostenibilidad de la pesca, resultan incompatibles con las prácticas realizadas por países que están
intensificando sus esfuerzos de pesca sin tener en cuenta la sostenibilidad, teniendo como único objetivo su rentabilidad a corto plazo y buscando para ello la exportación de estos productos a la UE.
El considerable tamaño de un mercado comunitario de productos de la pesca y la acuicultura, en gran parte de fácil acceso y caracterizado por una demanda en alza, constituye para muchos de estos países un incentivo a la sobreexplotación
pesquera.
La aplicación de la normativa comunitaria debe ser rigurosa en lo relativo al cumplimiento de requisitos de sostenibilidad y buenas prácticas por parte de los productos de la pesca y de la acuicultura procedentes de terceros países, del
mismo modo que se exige a los productos comunitarios destinados a la alimentación humana o animal, y por ello no debe pasarse por alto la verificación de ningún posible incumplimiento que pudiera afectar a la seguridad alimentaria y a la protección
del consumidor.
Los nuevos sistemas productivos de acuicultura intensiva que se practican en determinadas regiones del mundo, así como un examen objetivo de las técnicas y procedimientos utilizados para aumentar su productividad, llevan a la conclusión de
la urgente necesidad de
conocer estos sistemas siempre que sus productos puedan entrar en el mercado comunitario.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a tomar las siguientes medidas:
1. Medidas sociales.
- Aplicar todos los instrumentos que estén a su disposición para garantizar, como mínimo, el respeto de los ocho convenios de la OIT sobre los derechos fundamentales en el trabajo por parte de los Estados que mantengan relaciones comerciales
de productos de la pesca y de la acuicultura con España.
- Exigir en el seno de la UE que las preferencias comerciales acordadas en materia de productos de la pesca y de la acuicultura se concedan bajo la ineludible condición de cumplir efectiva y rigurosamente los requisitos medioambientales y
sociales que se exigen a los productos comunitarios europeos.
2. Medidas ecológicas.
- Aplicar en el ámbito de su competencia nacional y exigir a la Comisión Europea que aplique todos los instrumentos que están a su disposición para garantizar que los países exportadores de productos de la pesca y de la acuicultura hacia
España y la UE respeten los compromisos adoptados en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo sostenible de Johannesburgo y que estos apliquen políticas rigurosas en materia de conservación de los recursos.
- Promover en la UE que solo los países que han ratificado los principales convenios internacionales en materia de Derecho del Mar, en particular el Convenio UNCLOS y el Convenio sobre especies transzonales y altamente migratorias, o sean
parte contratante de las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP) y, en su caso, puedan comercializar productos de la pesca y de la acuicultura en la UE.
- Ayudar a los países en desarrollo a aplicar la reglamentación comunitaria sobre pesca ilegal no declarada y no reglamentada (INDNR), particularmente, en la preparación de los técnicos responsables de la emisión de los certificados de
origen de los productos a comercializar en la UE.
- Realizar auditorías y controles efectivos de verificación a las empresas sospechosas de comercializar productos procedentes de la pesca INDNR.
3. Medidas sanitarias.
- Promover que la Comisión Europea, a través de la Oficina Alimentaria y Veterinaria (OAV), incremente su programa de inspección en terceros países, aumentando, en particular, el número de establecimientos inspeccionados en cada misión.
- Exigir a la Comisión Europea que los establecimientos autorizados a exportar productos de la pesca y de la acuicultura a la UE, cumplan con la normativa europea en la materia, autorizando a la Dirección General de Sanidad y Consumo (SANCO)
para poder eliminar de las autorizaciones de exportación a los buques específicos o las plantas de procesamiento que no cumplan las normas mínimas.
- Aumentar el control y vigilancia de las importaciones de productos procedentes de acuicultura intensiva que se practican en determinadas regiones del mundo, y que han tenido un incremento espectacular en los últimos años.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2010.-Joaquín García Díez, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002005
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la defensa del sector
pesquero en materia de adecuación a los criterios comunitarios como modo de garantizar la sostenibilidad de las explotaciones, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
La diferencia entre el precio que paga el consumidor por los productos pesqueros y de acuicultura y el que recibe el sector extractivo y de producción por dichos productos es tan grande, que no guarda relación con el valor añadido real de
los productos al ser comercializados. Más bien, los bajos precios que recibe el sector pesquero europeo (tanto pesca extractiva como acuicultura) tienen su origen, entre otros factores, en la elevadísima proporción de productos que se importan para
el mercado nacional y comunitario.
Los regímenes comerciales que se aplican a los productos de la pesca y la acuicultura tienen una considerable influencia en la formación de los precios, pues no solo deben garantizar un abastecimiento adecuado del mercado a los mejores
precios, sino que, además, deben ser coherentes con el desarrollo sostenible, de la actividad pesquera y la acuicultura. En consecuencia, el Gobierno debe fijarse como uno de los objetivos fundamentales de la política comercial pesquera el
garantizar que los productos de la pesca y de la acuicultura proce
den de pesquerías y explotaciones productivas cuya gestión sostenible esté plenamente acreditada.
El Libro Verde sobre la reforma de la Política Pesquera Común no regula de manera suficiente ni adecuada los efectos que producen en el sector pesquero europeo las importaciones de estos productos, procedentes de países terceros.
La política comercial llevada a cabo por la Unión Europea durante los últimos veinte años ha permitido una amplia liberalización de los productos pesqueros importados, lo que no puede mantenerse de manera continuada a partir de ahora, dado
que existe un límite en la cantidad de pescado que puede ser capturado con criterio sostenible. Por ello debe establecerse un sistema más exhaustivo en el control de las importaciones y su adecuación a los criterios comunitarios, como modo de
garantizar la sostenibilidad de las pesquerías y explotaciones.
Teniendo en cuenta que la producción comunitaria de productos de la pesca y acuicultura resulta insuficiente para cubrir las necesidades de la industria transformadora y conservera, así como la demanda creciente de los consumidores
nacionales y europeos, es preciso que los poderes públicos responsables apoyen una decidida política de promoción de un consumo responsable, de productos de la pesca y acuicultura, que no se base en la mera cantidad sino en la calidad y la
sostenibilidad de los productos que se ofrecen en el mercado.
Por otra parte, los poderes públicos deben establecer las condiciones adecuadas para que:
a) El sector pesquero español y europeo tengan garantizada una actividad respetuosa con el medio ambiente a largo plazo, que sea económicamente viable, incluyendo la modalidad artesanal.
b) Se garantice la oferta de empleo a lo largo de todo el proceso productivo.
c) La actividad pesquera y acuícola sea fuente de alimentos seguros y de buena calidad, lo que supone que los pescadores obtengan un precio equitativo y adecuado por el producto.
d) Garantizar que el ejercicio de la actividad laboral del sector se lleve a cabo de conformidad con los convenios de la OIT en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a:
1. Apoyar y colaborar activamente en la elaboración de una política comercial de la Unión Europea (UE) que respete las normas internacionales más estrictas en materia de gestión y conservación de los recursos pesqueros, solicitando a la
Comisión Europea que, para este fin, vele para que se refuerce el comercio de pescado justo, transparente y sostenible en el marco de la política comercial bilateral y multilateral de la Unión.
2. Apoyar el refuerzo de los seguimientos y controles de las importaciones al ámbito de los productos pesqueros y acuícolas para garantizar que lleguen al consumidor aquellos que cumplan los estándares biosanitarios y de sostenibilidad
vigentes en la Unión Europea.
3. Promover que el ejercicio de competencias administrativas necesarias para celebrar negociaciones comerciales en materia de productos de la pesca y de la acuicultura puedan ser ejercidas por el Comisario europeo responsable de Asuntos
Marítimos y Pesca, estableciendo para ello las normas comunitarias que posibiliten el ejercicio de esta competencia, que hasta ahora residen en exclusiva en el Comisario de Comercio.
4. Desarrollar a través de estudios y consultas una imagen completa y transparente del mercado nacional de los productos de la pesca y de acuicultura, y proponer que la Comisión Europea promueva los mismos estudios y consultas acerca del
mercado comunitario de estos productos.
5. Que en los mencionados estudios y trabajos se evalúe de forma fiable y precisa el impacto de las importaciones de productos de la pesca y de la acuicultura sobre el mercado nacional.
6. Exigir a la UE que los productos de la pesca y de la acuicultura sean tratados como productos delicados a efectos de la aplicación de la 'fórmula suiza' en las negociaciones de las normas sobre acceso a los mercados de los productos no
agrícolas (normas AMNA) de la Ronda de Doha de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
7. Mantener dentro de la UE las preferencias comerciales concedidas a determinados socios, exigiendo la aplicación de normas estrictas, basadas en el concepto de productos enteramente obtenidos.
8. Valorar, en términos referidos al ámbito español, el impacto en los sectores de la pesca y de la acuicultura de las preferencias arancelarias que se conceden a determinados países, en particular en lo relativo a rentabilidad de las
empresas y del empleo generado, proponiendo a la Comisión Europea que promueva la realización efectiva de esta valoración referida al ámbito europeo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2010.-Joaquín García Díez, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002006
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa al conservación y
regeneración del litoral español, para su debate en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca.
Exposición de motivos
La costa española, de altísimo valor ambiental, constituye un recurso fundamental del sistema socioeconómico español.
Los espacios litorales, además de estar sometidos a las acciones del hombre son, por sí mismos, uno de los elementos naturales más dinámicos del relieve terrestre. La costa en general, y las playas y acantilados en particular, se ven
sometidos a constantes procesos erosivos y sedimentarios que provocan la modificación de su superficie.
La presión antrópica sobre el espacio litoral puede llegar a alterar aún más los procesos dinámicos naturales, con influencia significativa en la calidad ambiental del ámbito litoral. Su importancia y fragilidad exigen una especial atención
y consideración.
El litoral ha sufrido una pérdida de arena alarmante en los últimos años.
La anchura de muchas playas se ha reducido tras los temporales del invierno, que este año han sido especialmente agresivos. Las fuertes lluvias registradas en pleno
mes de agosto, este año, se han cebado con algunas playas del levante. Igualmente, está pendiente la realización de estudios por parte de la Administración de Costas sobre las soluciones definitivas a la continua regresión que sufren muchos tramos
de la costa.
En otros puntos la solución se conoce, pero está pendiente de ejecutarse, y en otras ocasiones las playas en regresión tan sólo son muestra de un estado de abandono.
Por otra parte, la erosión de los acantilados pone en peligro la seguridad de las personas y los bienes, y también de las infraestructuras de acceso y uso público de la costa. Es entonces cuando surgen conflictos entre los Ayuntamientos y
la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y del Mar, a la hora de definir a qué Administración corresponde las competencias de recuperación y mantenimiento de las sendas litorales y los paseos marítimos.
Determinadas zonas de la costa de las Islas Baleares no están en las condiciones adecuadas. Especialmente significativo es el mal estado de las calas que se ubican en la Sierra de Tramontana.
Los desprendimientos de tierra, piedras y rocas producidos en los acantilados de las calas, en zona de dominio público marítimo-terrestre, pueden poner en peligro la seguridad de las personas que acuden a la playa. Se interrumpen e
inutilizan los pasos peatonales que hay en las calas y se encuentran en mal estado determinadas escaleras de acceso público al mar. A causa de los temporales de este invierno hay explanadas que han sufrido desperfectos y han desaparecido algunas de
las barandillas de protección, algunos muros de contención ubicados en paseos marítimos se encuentran en muy mal estado, existen barcos varados encima de las rocas, edificaciones de pescadores catalogadas como Bien de Interés Cultural en estado
ruinoso, y muchísimos problemas con los deslindes de costas, especialmente en Muro y Formentera.
Estos son sólo algunos ejemplos, pues estas situaciones se repiten con diferente grado de intensidad a lo largo de todo el litoral, tanto en el mediterráneo como en la costa atlántica. En general, todo el litoral español sufre una fuerte
regresión. Debido a su fragilidad es necesario someter esta franja costera a constante vigilancia, tomar las medidas preventivas para evitar su deterioro y adoptar las medidas correctoras oportunas si el daño ya ha sucedido. Por otra parte, en un
país donde la actividad turística es una parte destacada de la económica es lógico y necesario tener en cuenta el carácter lúdico y recreativo de nuestras playas.
Por ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Recopilar y analizar la información sobre el estado de la franja costera y de las infraestructuras de uso público litoral de la costa, planteando soluciones en cada una de las demarcaciones.
2. Realizar los estudios sobre el estado de la costa, analizar la problemática de financiación de las actuaciones y las obras necesarias en las zonas con afecciones más graves.
3. Priorizar la gestión integrada del litoral, siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea al respecto, y los principios de la Evaluación Ambiental Estratégica. Ejecutar todas las obras de acondicionamiento del litoral que se
consideren oportunas, dando prioridad a las medidas preventivas.
4. Realizar un seguimiento y vigilancia de las actuaciones y no actuaciones, realizadas y no realizadas, en la costa, y de la evolución del frente litoral (acantilados y playas), y resolver los recientes y crecientes problemas de erosión y
regresión en las playas españolas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2010.-Carlos Floriano Corrales, Dipu- tado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002008
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la renovación del acuerdo
de pesca UE-Reino de Marruecos, para su debate en Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca.
Exposición de motivos
El actual Acuerdo de Pesca UE-Reino de Marruecos finaliza el primer trimestre de 2011. El acuerdo concede a España el derecho a un número de licencias y de cuotas para pescar en las diferentes áreas pesqueras de Marruecos.
En el año 2004 el actual Gobierno socialista, incentivado por razones políticas no económicas, impulsó la renovación del anterior acuerdo UE-Marruecos de Pesca, aún con la certeza de que las condiciones no eran las más convenientes para
España.
La información disponible en los años 2005 y 2006, tanto técnica como científica, ya indicaba la mala situación por la que atravesaban las reservas de las especies objetivo de la flota española, en particular en los caladeros tradicionales.
Finalmente, en el 2007 se firmó el actual acuerdo a pesar de no ser el más favorable.
En la actualidad la flota española apenas está utilizando el 50% de estas licencias, debido a que las categorías de pesca establecidas en el acuerdo no son atractivas para nuestra flota y no ser resultan rentables.
Además, la flota española de pesca artesanal ha renunciado a la obtención de licencias, dando por finalizado el acuerdo en la Zona Norte de los caladeros marroquíes, y además la flota artesanal en la Zona Sur sólo ha dispuesto en el último
trimestre de 7 licencias de un total de 20 disponibles.
Es por tanto crucial, previo a iniciar las negociaciones de la renovación del acuerdo, realizar una valoración del estado de los diferentes caladeros de Marruecos.
El sector artesanal quiere pescar lo mismo y en las mismas condiciones que lo hacen los marroquíes.
Además es necesario considerar aspectos no tenidos en cuenta en la firma del actual acuerdo, como artes de pesca a utilizar, paros biológicos, descargas en puertos marroquíes, tripulaciones, etc. Son necesarios valorarlos de común acuerdo
con el sector, así como la consideración de las condiciones bajo las cuales se produce la exportación de productos pesqueros de Marruecos al mercado español.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar, a través de los buques de investigación pesquera españoles, un análisis del estado de los recursos pesqueros en los diferentes caladeros marroquíes en colaboración con las autoridades de Marruecos, y con la participación del
Instituto Español de Oceanografía.
2. Valorar las zonas de pesca apropiadas, las artes a utilizar, la adecuación de los paros biológicos según las especies, la repercusión económica de las tasas por utilización de los puertos marroquíes y la formación mínima del personal
marroquí a embarcar, para así conformar la posición española en la negociación. Todo ello con la participación de los representantes del sector y con las CCAA afectadas.
3. Valorar en la negociación de renovación del actual Acuerdo de pesca, los efectos ambientales que produce sobre el caladero de Marruecos la masiva exportación al mercado español de productos pesqueros capturados por la flota marroquí, así
como la repercusión que tiene el ''dumping social'' existente en Marruecos, en la rentabilidad de la flota española que faena bajo el Acuerdo.
4. Considerar en todas las fases de la negociación que se tenga en cuenta la opinión del sector y de las Comunidades Autónomas afectadas, y que nuestro sector pesquero tenga oportunidad de pescar en las mismas zonas, las mismas especies y
con las mismas limitaciones que tiene la flota marroquí.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2010.-Aurelio Sánchez Ramos, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo
161/002007
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
planificación de recursos humanos en el sistema sanitario, para su debate en la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo.
Exposición de motivos
La planificación de los recursos humanos en salud constituye un instrumento clave para impulsar la calidad de la atención sanitaria. Una buena planificación exige mejorar los sistemas de información en este ámbito, especialmente aquellos
que permiten un tratamiento común, homogéneo y en tiempo real de la información. Asimismo, exige conocer las necesidades a medio y largo plazo de profesionales sanitarios, esto es, la disponibilidad presente y previsible futura de recursos humanos.
Los cambios demográficos en curso, las nuevas prestaciones que reciben los ciudadanos, la progresiva complejidad de las tecnologías de diagnóstico y tratamiento y los efectos de la circulación de profesionales en ámbitos cada vez más amplios
provocan que un balance equilibrado entre la oferta y la demanda de profesionales sanitarios sea difícil de alcanzar sin una constante evaluación de las necesidades del sistema sanitario.
El Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud asumió estas premisas y, en consecuencia, incorporó, entre sus líneas estratégicas, la planificación de los recursos humanos con suficiente anticipación para cubrir adecuadamente las
necesidades de los servicios sanitarios.
En la misma línea, el 18 de marzo de 2010, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud alcanzó un acuerdo por la Sanidad que contempla un conjunto de acciones y medidas para promover la calidad, la equidad, la cohesión y la
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Estas medidas se adoptaron con el consenso de todos sus miembros, evitando el uso partidista de la sanidad, con la finalidad de que el modelo actual de nuestro Sistema Nacional de Salud pudiera seguir
siendo excelente, equitativo y sostenible. Entre las medidas a medio plazo, que deberán ser estudiadas y acordadas a lo largo de 2010 para su aplicación progresiva en el período 2010-2013, se encuentran las de establecer un sistema común para la
planificación de recursos humanos, constituir y mantener actualizado un registro de profesionales para la planificación de las necesidades del sistema, y la de establecer un sistema de información común con indicadores que ofrezcan transparencia a
los resultados de salud del Sistema Nacional de Salud.
En el mismo sentido, la Ponencia, constituida en el Senado, de estudio de las necesidades de recursos humanos del Sistema Nacional de Salud concluyó que la inexistencia de un registro de profesionales sanitarios supone una dificultad para
una adecuada planificación de los recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud, por lo que recomendó impulsar un registro Nacional de Profesionales Sanitarios, accesible e interoperable entre las distintas Comunidades Autónomas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, en colaboración con las Comunidades Autónomas:
1. Realizar un estudio sobre necesidades de profesionales sanitarios y especialmente de profesionales en cuidados de enfermería.
2. Impulsar, junto con las Comunidades Autónomas, la implementación del Registro de Profesionales Sanitarios que permita conocer la distribución de profesionales en ejercicio por especialidades, tanto en centros públicos como privados.
3. Elaborar un sistema de información común sobre los recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud.
4. Impulsar junto con las Comunidades Autónomas el desarrollo de un Observatorio de los Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud como instrumento esencial de cohesión y garantía de la igualdad de oportunidades, de la no discriminación
y de la libre circulación y movilidad de los profesionales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 2010.-Pilar Grande Pesquero y Guadalupe Martín González, Diputadas.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/002009
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición
no de Ley sobre impulso de medidas en el sector industrial del juguete en favor de los niños y niñas con capacidad diferenciada, para su debate en la Comisión Políticas Integrales de Discapacidad.
Antecedentes
El Congreso de los Diputados ha constatado en el sector del juguete ciertos ámbitos de mejora posibles en el ámbito del desarrollo de capacidades de los niños y niñas con capacidad diferenciada. Esta situación contrasta con la oferta
existente en otros países de nuestro entorno.
El artículo 7.1 de la 'Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad', aprobada en 2006 por la ONU y que entró en vigor en nuestro país el 3 de mayo de 2008, prevé que los Estados Partes tomarán todas las medidas necesarias
para asegurar que todos los niños y niñas con capacidad diferenciada gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas.
Siendo el juguete un elemento didáctico e integrador relevante, se señala la necesidad de promover en el sector industrial y de distribución del juguete, mediante instrumentos de colaboración, una mayor y mejor orientación hacia las
necesidades de los niños y niñas con capacidad diferenciada.
Esta orientación debe entenderse en el sentido de que el juguete no debe ser un juguete 'exclusivo' en el amplio sentido de la palabra para los niños y niñas con capacidades diferenciadas, sino 'inclusivo'. Debe ser un juguete para todos
los niños, pero que favorezca la estimulación de las capacidades de aquéllos.
Asimismo, el etiquetado y las campañas publicitarias, en la medida de lo posible, deberán reflejar en qué medida y qué capacidades contribuye el juguete a estimular.
Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el ámbito de sus competencias, y a través del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, a promover, mediante acuerdos e
instrumentos de colaboración con el sector del juguete, una mejor orientación hacia las necesidades de los niños y niñas con capacidad diferenciada, tanto en la producción, como en la distribución y en las campañas publicitarias, de modo que los
juguetes, siendo juguetes para todos los niños, favorezcan la estimulación de las capacidades de aquéllos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2010.-Francisca Medina Teva, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2010.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Comisión de Asuntos Exteriores
181/003146
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
Autor: Arístegui San Román, Gustavo Manuel de (GP).
Reintegro de la cantidad de 500.000 euros transferidos a la Embajada de España en Kenia el 12/11/2009 a la caja pagadora.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la presente reformulación, admitir a trámite la pregunta de referencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Asuntos Exteriores. Asimismo, dar traslado
del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2010.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Asuntos Exteriores
Diputado don Gustavo de Arístegui San Román
Texto:
¿Ha sido reintegrada la cantidad de 500.000 transferidos a la Embajada de España en Kenia el 12 de noviembre de 2009 a la caja pagadora?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2010.-Gustavo de Arístegui San Román, Diputado.
Comisión de Interior
181/003178
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don Aurelio Romero Girón
Texto:
¿Cuáles son los motivos por los que se deniegan ayudas a los afectados por las inundaciones ocurridas en los meses de diciembre del año 2009 a marzo del 2010 en zonas rurales de Jerez de la Frontera, después de las promesas que se efectuaron
por el Ministro de Interior en su visita a la zona afectada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2010.-Aurelio Romero Girón, Diputado.
181/003179
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don Aurelio Romero Girón
Texto:
¿Cuáles son los criterios seguidos por el Gobierno para distribuir a los nuevos funcionarios de policía que se han destinado a las distintas Comisarías de la provincia de Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2010.-Aurelio Romero Girón, Diputado.
181/003180
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don Aurelio Romero Girón
Texto:
¿Piensa el Gobierno incrementar el catálogo de puestos de trabajo de la Comisaría de Policía de Jerez de la Frontera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2010.-Aurelio Romero Girón, Diputado.
Comisión de Defensa
181/003181
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa
Diputado don Ignacio Cosidó Gutiérrez
Texto:
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para el Observatorio de Vida Militar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de noviembre de 2010.-Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.
Comisión de Fomento
181/003182
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Rafael Hernando Fraile
Texto:
¿Cuáles han sido las inversiones realizadas por el Ministerio de Fomento en la provincia de Almería durante los años 2008 y 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 2010.-Rafael Hernando Fraile, Diputado.
181/003184
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Joaquín García Díez.
Texto:
¿Cuál o cuáles son las soluciones definitivas, tras el estudio informativo encargado por el Ministerio de Fomento, para enlazar la rotonda del nuevo puente en el río Miño sobre la N-VI con el centro de Lugo por la calle Santiago, y cuál es
su programación en el tiempo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 2010.-Joaquín García Díez, Diputado.
181/003190
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía
Diputado don Carlos González Serna
Texto:
¿Que valoración hace el Gobierno de la insólita circunstancia de que la dirección territorial de Correos de Valencia haya remitido una circular a todas las oficinas de la provincia ordenando la suspensión de los servicios postales y
telegráficos de varios departamentos de la Generalitat Valenciana, como Presidencia, Economía y Bienestar Social?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2010.-Carlos González Serna, Diputado.
181/003191
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía y Hacienda
Diputado don Carlos González Serna
Texto:
¿Podría informar el Gobierno de las cuantías que han motivado la suspensión de los servicios postales y telegráficos de varios departamentos de la Generalitat Valenciana, como Presidencia, Economía y Bienestar Social?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2010.-Carlos González Serna, Diputado.
181/003192
Grupo Parlamentario ER-IU-ICV
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Gaspar Llamazares Trigo
Texto:
¿Por qué motivo afirmó el Ministro de Fomento en el debate de totalidad al Proyecto de Ley del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, que la Confederación Internacional de Sindicatos valoraba muy
positivamente esta ley?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2010.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.
Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
181/003183
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino
Diputado don Rafael Hernando Fraile
Texto:
¿Cuáles han sido las inversiones realizadas por ACUAMED, empresa pública, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, de los últimos años, así como las previsiones para el año 2011, en la provincia de Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 2010.-Rafael Hernando Fraile, Diputado.
181/003185
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
Diputada doña Macarena Montesinos de Miguel
Texto:
¿Comparte el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino la decisión de la Confederación Hidrográfica del Tajo de recortar el agua al Segura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de no-viembre de 2010.-Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.
Comisión de Igualdad
181/003189
Grupo Parlamentario Mixto-BNG
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Igualdad
Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila
Texto:
¿Ha realizado el Gobierno algún estudio sobre la inadecuada atención que se ofrece a las mujeres víctimas de maltrato machista que tienen que acudir a los Juzgados de Instrucción o de Primera Instancia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2010.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.
COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS E INSTITUCIONES
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
232/000066
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(232) Recurso de inconstitucionalidad.
Autor: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 3491/2002, promovido por el Presidente del Gobierno, representado por el Abogado del Estado, contra el artículo 15.6 de la Ley del Parlamento de Cantabria
1/2002, de 26 de febrero, del Comercio de Cantabria.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2010.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por don Guillermo Jiménez Sánchez, Presidente, don Vicente Conde Martín de Hijas, doña Elisa Pérez Vera, don Eugeni Gay Montalvo, don Ramón Rodríguez Arribas y don Pascual Sala Sánchez,
Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 3491/2002, interpuesto por el Presidente del Gobierno, representado por el Abogado del Estado, contra el art. 15.6 de la Ley del Parlamento de Cantabria 1/2002, de 26 de febrero, del Comercio de
Cantabria. Ha formulado alegaciones el Gobierno de Cantabria. Ha sido Ponente el Magistrado don Guillermo Jiménez Sánchez, quien expresa el parecer de la Sala.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,
Ha decidido
Estimar el presente recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, declarar inconstitucionalidad y nulo el inciso 'con una superficie útil de venta y exposición no superior a dos mil quinientos metros cuadrados' del art. 15.5 de la Ley
del Parlamento de Cantabria 1/2002, de 26 de febrero, del Comercio de Cantabria, en la redacción dada al mismo por el art. 1.2 de la Ley del Parlamento de Cantabria 7/2004, de 27 de diciembre, de medidas administrativas y fiscales.
Publíquese esta Sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Dada en Madrid, a 15 de noviembre de 2010.