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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 72, de 26/09/2008
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
IX LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
26 de septiembre de 2008
Núm. 72
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
Personal
299/000003 Personal eventual como Asistente para la atención de los señores Diputados de los Grupos Parlamentarios del Congreso. Ceses...
(Página 4)
299/000004 Personal eventual como Asistente para la atención de los señores Presidentes de Comisión. Nombramiento... (Página 4)
Control de la acción del Gobierno
Proposiciones no de Ley
Pleno
162/000198 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para impulsar el modelo de formación profesional... (Página 5)
162/000199 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, relativa a la defensa y desarrollo de la Universidad pública... (Página
6)
Comisión de Economía y Hacienda
161/000389 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la necesidad de regular el marco de actuación de las empresas de reclamación de deudas y del cobro de impagados...
161/000390 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la simplificación de la declaración-liquidación del Impuesto sobre Sociedades y la presentación de las cuentas anuales en el
Registro Mercantil... (Página 8)
Comisión de Fomento
161/000399 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la línea de alta velocidad entre Valladolid y Asturias... (Página 9)
161/000400 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el concurso convocado para la concesión de la gestión de puestos de amarre
en el muelle de Levante entre Punta de Cala Figuera y Punta del Rellotge del puerto Mahón en Menorca... (Página 10)
Comisión de Educación, Política Social y Deporte
161/000386 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a deficiencias financieras de la Ley de Dependencia y la necesidad de dotar de más recursos a las Comunidades Autónomas para la aplicación de la ley...
(Página 10)
161/000387 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la integración del sistema de formación profesional español en el ámbito de la Unión Europea... (Página 11)
Comisión de Industria, Turismo y Comercio
161/000388 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de celebración de un Pleno monográfico relativo a la internacionalización de la economía... (Página 12)
161/000391 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la urgente presentación de la estrategia global en política energética.... (Página 14)
161/000393 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre dotación de un sistema de traducción simultánea vía móvil en las Comunidades Autónomas turísticas de España a los agentes del Cuerpo
Nacional de Policía y Guardia Civil... (Página 15)
161/000395 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa al cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña... (Página 16)
Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
161/000392 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a que no autorice la instalación de aerogeneradores marinos en las Áreas Eólicas Marinas de Trafalgar y Arco
Mediterráneo entre Tarifa y Cabo de Gata, en el Golfo de Cádiz, hasta que no haya estudios suficientes que garanticen que no habrá daños irreversibles para las rutas migratorias trófica y genética del atún rojo y de aves entre el Atlántico y el
Mediterráneo, las almadrabas y la pesca en general de la zona... (Página 17)
161/000394 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la declaración de zona catastrófica de la comarca del Carracillo (Segovia), a causa de los daños producidos por el pedrisco...
161/000401 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, [sobre el Torneo del Toro de la Vega]... (Página 18)
Comisión de Sanidad y Consumo
161/000396 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre evaluación de la Estrategia de Atención Primaria 21 (AP-21)... (Página 19)
161/000397 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre evaluación de las Tecnologías Sanitarias... (Página 19)
Comisión de Ciencia e Innovación
161/000398 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, relativa a la defensa y desarrollo de la Universidad pública... (Página
19)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/000402 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas encaminadas a facilitar la canalización de la ayuda humanitaria en Cuba, que permitan
a sus habitantes hacer frente en mejores condiciones a los graves destrozos ocasionados por los huracanes Ike y Gustav... (Página 21)
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/000403 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a impulsar las medidas necesarias para lograr la plena adecuación de nuestra legislación a los valores, contenidos y mandatos
de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006... (Página 22)
161/000404 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a impulsar las medidas necesarias para la aprobación de nuevos baremos que valoren la discapacidad, de acuerdo con la
Clasificación Internacional de Funcionamiento (CIF)... (Página 23)
Preguntas para respuesta oral
Comisión de Asuntos Exteriores
181/000452 Pregunta formulada por el Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja (GP), sobre resultados de la reunión técnica mantenida en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación el día 1 de septiembre de 2008 entre expertos del
citado Ministerio y del Ministerio de Economía y Hacienda y AENA, para avanzar sobre el sistema de trabajo que será implantado en la zona española de la futura terminal aeroportuaria de Gibraltar... (Página 24)
Comisión de Interior
181/000454 Pregunta formulada por el Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja (GP), sobre previsiones acerca de acometer obras en la estación marítima de Tarifa (Cádiz) para mejorar la seguridad, así como aumentar los recursos en materia
de vigilancia y seguridad... (Página 24)
Comisión de Fomento
181/000455 Pregunta formulada por el Diputado don Pere Macias Arau (GC-CiU), sobre previsiones de la compañía operadora RENFE en relación a los nuevos servicios transversales desde Barcelona al noroeste peninsular...
181/000456 Pregunta formulada por el Diputado don Pere Macias Arau (GC-CiU), sobre previsiones de la compañía operadora RENFE en relación a los nuevos servicios Tren-hotel entre Barcelona y Andalucía, y entre Barcelona y el noroeste
peninsular... (Página 24)
Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
181/000453 Pregunta formulada por el Diputado don Joaquín María García Díez (GP), sobre criterios o baremos utilizados por la Secretaria General del Mar a la hora de adjudicar proyectos piloto de pesca experimental...
Comisión de Cultura
181/000457 Pregunta formulada por el Diputado don José Vicente Muñoz Gómez (GS), sobre realización de la campaña de difusión de la cultura, la historia y la identidad gitana, en el marco del Plan Gitano... (Página
25)
Otros textos
Declaraciones institucionales
140/000004 Declaración institucional expresando la unidad firme y solemne del Congreso de los Diputados contra el terrorismo... (Página 25)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
PERSONAL
299/000003
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 16 de septiembre de 2008 el Excmo. Sr. Presidente del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta
del Excmo. Sr. don José Luis Ayllón Manso, con efectos de 16 de septiembre de 2008, de doña María Rosario Pablos López como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Popular.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 17 de septiembre de 2008 el Excmo. Sr. Presidente del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta
del Excmo. Sr. don José Luis Ayllón Manso, con efectos de 17 de septiembre de 2008, de doña María del Sagrario Pérez Castellanos como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario
Popular.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2008.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
299/000004
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 18 de septiembre de 2008 el Excmo. Sr. Presidente del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a doña Cristina
Martínez Gil, a propuesta del Excmo. Sr. don Josep Antoni Duran i Lleida, con efectos de 18 de septiembre de 2008 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención del Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2008.- P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2008.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
162/000198
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso al amparo de lo dispuesto en artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a impulsar el modelo de formación profesional, para su
debate en el Pleno.
Exposición de motivos
El pasado 2 de julio el Presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció en el Congreso de los Diputados, en sesión extraordinaria, con ocasión de informar sobre las medidas del Gobierno ante la situación económica que se va a revisar el
actual modelo de formación profesional, que se considera prioritario para considerar un modelo alternativo de crecimiento económico. Y que, en este mismo mes, el Gobierno aprobaría una línea de reformas que nos llevará hacia un nuevo sistema de
formación profesional más flexible y más ágil en su adaptación a las necesidades de la sociedad, con mayor reconocimiento social y más visible.
El Gobierno sigue anunciando, una legislatura más, medidas pero no emprende ninguna.
La pasada legislatura el Grupo Parlamentario Popular ya sometió a debate dos iniciativas parlamentarias en la Comisión de Educación y Ciencia: una para la integración del sistema de formación profesional español en el ámbito de la Unión
Europea, que fue rechazada el 25 de septiembre de 2007, y otra anterior relativa al desarrollo e impulso del sistema de cualificaciones y formación profesional, que fue también rechazada en mayo de 2005 por el Grupo socialista.
Entonces ya denunciaba este Grupo que la falta de impulso de las políticas relativas a la Formación Profesional estaba provocando notables perjuicios sociales y económicos y que se estaba desaprovechando una gran oportunidad para avanzar
hacia la movilidad e intercomunicación entre las diferentes etapas y niveles que caracterizan a los modernos sistemas de formación profesional.
Hoy, cuatro años después seguimos con el mismo discurso ante una situación clamorosa, que no puede dilatarse más. La política socialista es un auténtico fracaso en materia de formación profesional: la Ley de Cualificaciones y FP aprobada
en 2002 es reconocida como una buena normativa, pero necesitaba ser ejecutada.
Existe un retraso en la aprobación y publicación de las cualificaciones; una inadecuación entre las cualificaciones publicadas y la realidad laboral, ya que el menor número de cualificaciones aprobadas corresponden a nivel 1, que son las
que necesitan los alumnos que no terminan la ESO y las más necesarias para los jóvenes que no encuentran trabajo. Y existe, además, un retraso de 4 años en la aprobación de los certificados de Profesionalidad y la renovación de los certificados de
Profesionalidad publicados alrededor de 1996 y 1997.
Por otro lado, la tradicional descoordinación y enfrentamiento entre los Ministerios de Educación y de Trabajo, con criterios dispares y diferentes ralentiza el proceso. A lo que se une, en esta legislatura, una ruptura del Sistema Nacional
de Cualificaciones al reservar el ámbito de la Educación Superior al nuevo Ministerio de Ciencia e Innovación. Es decir, ahora tres son los Ministerios competentes en el Sistema Nacional de Cualificaciones.
España sigue siendo uno de los países de Europa con menos estudiantes en formación profesional. De hecho, el número de universitarios triplica al de alumnos de Formación Profesional. Cuando sin embargo, los datos sobre el futuro
profesional de los titulados, según el Barómetro Nexos FP, revelan que el 41 por ciento de los titulados encuentra trabajo un mes después de haber finalizado sus estudios y el 76 por ciento en un máximo de seis meses.
Por tanto, las medidas que el Gobierno debería emprender pasan desde ponerse al día en los deberes pendientes (aprobación, publicación de las cualificaciones, reconocimiento de cualificaciones profesionales, adaptación al espacio europeo de
la formación profesional Copenhague) hasta adoptar nuevas medidas. para la integración efectiva de todos los sistemas de formación profesional y trabajar por alcanzar una formación profesional que sea atractiva para los jóvenes y dotada de la
máxima flexibilidad.
Por todo ello, el Grupo Popular en el Congreso propone la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Establecer una Agencia de la Formación Profesional, Prospección del Empleo y las Cualificaciones, que asegure la integración efectiva de todos los sistemas de formación profesional, optimizando la utilización de los recursos existentes.
- Establecer el Sistema Nacional del Reconocimiento de las Cualificaciones Profesionales.
- Desplegar todo el mapa de títulos correspondientes a las cualificaciones, de modo que constituyan una oferta atractiva, con formación eminentemente práctica y muy vinculada a las empresas.
- Dotar de la máxima flexibilidad al sistema, con la creación de itinerarios profesionales, que permitan al joven proseguir su proceso formativo en función de los progresos alcanzados y sus nuevas motivaciones.
Crear el contrato dual formación-trabajo, que permita a los jóvenes estudiantes de formación profesional desempeñar de forma simultánea su proceso formativo y su primer empleo.
Promover un programa nacional de becas para alumnos que cursen enseñanzas de formación profesional.
- Impulsar una Red de Centros de Referencia Nacional, que impartirán las enseñanzas de las distintas familias profesionales.
- Establecer un Programa Nacional para impulsar una Red de Centros integrados, en colaboración con las Comunidades Autónomas, con la finalidad de ofrecer una formación profesional integrada de alta calidad para todas y cada una de las
familias profesionales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio de 2008.- Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000199
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la defensa y desarrollo de la
Universidad Pública, para su debate en el Pleno.
Las Universidades Públicas en el Estado Español, como en el resto de Europa, se encuentran inmersas en un proceso de cambios en la configuración de sus estudios en el marco del llamado Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), que el
Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, estructura en las nuevas titulaciones de Grado y Master, además del Doctorado.
Dicho proceso ha provocado diversas esperanzas e inquietudes en los distintos sectores de la comunidad universitaria, así como en diversos sectores sociales.
Por un lado, las diversas declaraciones de Ministros de Educación Europeos orientando los estudios universitarios hacia un aprendizaje centrado en el estudiantado han estimulado movimientos de renovación pedagógica e innovación educativa
para implementar metodologías didácticas más participativas, que pueden fomentar la creatividad en la formación universitaria y la formación de profesionales en un contexto económico en el que la I+D+i está llamada a jugar un papel cada vez más
relevante para un desarrollo sostenible.
Pero, por otra parte, las políticas económicas neoliberales impulsadas en el marco de la Unión Europea amenazan reducir el esperanzador desarrollo indicado en el párrafo anterior a una alicorta adaptación al mercado, haciendo una
interpretación reduccionista del propugnado objetivo de la 'empleabilidad' y poniendo las Universidades al servicio de intereses empresariales privados a corto plazo, en un afán privatizador que resulta escasamente funcional a la Universidad
Pública, donde los ritmos de la formación educativa y de la investigación requieren una perspectiva a medio y largo plazo que no puede regularse de forma adecuada por el mercado.
En ese sentido, es reseñable la afirmación contenida en la Declaración de Londres de 18 de mayo de 2007 que estipula que 'Trabajaremos, en la medida de nuestras competencias, dentro de nuestros gobiernos para que los empleos y la carrera
profesional en la función pública sea totalmente compatible con el nuevo sistema de titulaciones'. De hecho, el papel primario y dinamizador que aquí se asigna a los estudios universitarios no debería restringirse a la función pública, sino que por
el contrario la formación de profesionales creativos con capacidad investigadora e innovadora debe posibilitar un desarrollo sostenible a medio y largo plazo de mucho más amplio aliento que los alicortos requerimientos del mercado, dándole así un
significado de más amplio alcance al objetivo de la empleabilidad.
Ahora bien, las expectativas de renovación pedagógica e innovación educativa para hacer realidad una verdadera convergencia en el EEES requieren de un proceso de formación metodológica y didáctica y de una adecuada dotación de medios
materiales y humanos sin los cuáles no podrían hacerse realidad.
Ello es también necesario para hacer realidad la llamada dimensión social de la convergencia europea, definida por la Declaración de Bergen de mayo de 2005 como la necesidad de establecer 'condiciones apropiadas para que los estudiantes
puedan completar sus estudios sin obstáculos relacionados con su origen social y económico', y que la Declaración de Londres desarrolla afirmando que 'La educación superior debería jugar un papel esencial en la promoción de la cohesión social, en la
reducción de las desigualdades y en la elevación del nivel del conocimiento, destrezas y competencias en el seno de la sociedad. Las políticas de educación superior deberían enfocarse a maximizar el potencial de las personas en cuanto a su
desarrollo personal y su contribución a una sociedad sostenible, democrática y basada en el conocimiento. Compartimos la aspiración social de que el conjunto de estudiantes que ingresan, participan y culminan la educación superior en todos sus
niveles debería reflejar la diversidad de nuestros pueblos. Reafirmamos la importancia de que los estudiantes puedan completar sus estudios sin obstáculos relacionados con su situación socio-económica. Por tanto, continuaremos con nuestros
esfuerzos para facilitar servicios adecuados a los estudiantes, crear itinerarios de aprendizaje más flexibles, tanto para acceder corno una vez dentro de la educación superior, y ampliar la participación a todos los niveles sobre la base de la
igualdad de oportunidades'.
En ese sentido, es imprescindible que la respuesta dada por el Gobierno de España sobre las ayudas a los
estudiantes para hacer realidad la dimensión social en la encuesta europea sobre el EEES no se reduzca a afirmar que 'Este tipo de ayuda es proporcionado principalmente a nivel institucional'. Es necesario, por el contrario, especificar,
como se requiere en el mismo texto de la encuesta, 'algunos servicios de guía o asesoramiento y algunas otras medidas para mejorar la retención; algunas medidas utilizadas para monitorear las políticas para mejorar la retención, incluidos
resultados si es posible; y algunas otras medidas planeadas a raíz de la evaluación de las medidas de retención ya aplicadas'.
Para ello sería necesario, por un lado, un plan para establecer la gratuidad de los estudios universitarios, priorizando los de Grado, en vez de incrementar los precios públicos de los estudios universitarios, y por otro lado, la
equiparación con los países europeos más desarrollados en el gasto dedicado a becas y ayudas al alumnado universitario, con un sistema de carácter generalizado de becas y becas-salario que hagan viable la figura de estudiante a tiempo completo
prevista en el EEES.
Asimismo, el actual sistema de préstamos-renta de carácter público para los estudios de Master (con una cuota fija una vez se supera la renta media, cosa que puede tener un efecto desincentivador para el acceso a puestos de trabajo bien
pagados de alta cualificación profesional), debería reformarse para establecer que su devolución responda a un sistema fuertemente progresivo respecto al exceso sobre la renta media existente, garantizando que en ningún caso dicha devolución
conlleve que los ingresos netos pasen a ser inferiores a dicha renta media.
Por este motivo, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al gobierno a adoptar las medidas necesarias para:
1. Implementar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, un plan de financiación para la adaptación de las Universidades al Espacio Europeo de Educación Superior impulsando la innovación educativa y la calidad de los estudios
universitarios.
2. Especificar las medidas adoptadas y a adoptar para hacer realidad que los estudiantes puedan completar sus estudios sin obstáculos relacionados con su origen social y económico, detallando las medidas inquiridas en la encuesta europea al
respecto.
3. Desarrollar un plan para la gratuidad de los estudios universitarios, comenzando por los de Grado.
4. Establecer un sistema generalizado de becas y becas salario equiparando el gasto correspondiente con el de los países europeos más desarrollados.
5. Modificar el sistema de préstamos-renta para que su devolución sea un porcentaje fuertemente progresivo del exceso sobre la renta media existente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2008.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2008.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Comisión de Economía y Hacienda
161/000389
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la
Comisión de Economía y Hacienda, una Proposición no de Ley relativa a la necesidad de regular el marco de actuación de las empresas de reclamación de deudas y del cobro de impagados.
Antecedentes
España es el único Estado miembro de la Unión Europea que no tiene regulada la actividad del recobro extrajudicial de deudas. No existe ninguna ley, orden ministerial o reglamento que regulan esta actividad.
Si bien es cierto que existen
profesionales competentes del recobro de créditos impagados, que utilizan métodos legales, también es cierto que existen otros que con sus actuaciones lesionan gravemente los derechos más fundamentales de la persona, como se ha puesto de manifiesto
en más de una ocasión.
Este vacío legal permite que existan ciertas empresas dedicadas al recobro de deudas que lleguen a utilizar métodos coactivos, e incluso cercanos a la extorsión, para cobrar. Además, en muchos casos, no existe verificación de la existencia
o de la cuantía de la deuda a reclamar.
Entre otras acciones, las amenazas y la divulgación de datos concernientes a la morosidad del deudor son utilizadas como medio de presión para cobrar las cantidades reclamadas.
La utilización de medios de cobro manifiestamente vejatorios y denigratorios que atentan contra la dignidad de la persona humana y lastiman y lesionan los derechos fundamentales deben erradicarse. En este sentido, la sentencia del Tribunal
Supremo núm. 306/2001, de 2 de abril, reclamaba a los Poderes Públicos la necesidad de remediar estas situaciones dada la proliferación de la utilización de estos instrumentos coactivos. Asimismo, manifestaba que 'Por muy deseable que sea la
existencia de medios extrajudiciales para la efectividad de los derechos de crédito que se ostenten frente a terceros, ello no permite sustituir la fuerza coactiva de los Poderes Públicos por actuaciones privadas que atenten a la dignidad de las
personas o invadan su intimidad' (F.J.
Segundo de la Sentencia del Tribunal Supremo).
En los países de nuestro entorno, encontramos ejemplos de regulación de esta actividad. Por ejemplo, en Alemania, la 'Rechtsberatungsgesetz' o Ley de Asesoramiento Jurídico Alemana prevé que sólo las personas que hayan obtenido la
autorización al efecto de la autoridad competente podrán dedicarse con carácter profesional -sea como profesión principal o secundaria, a título oneroso o gratuito- a la gestión de asuntos jurídicos de terceros, incluido el asesoramiento jurídico y
el cobro de créditos de terceros o créditos cedidos en comisión de cobro. Asimismo prevé que la autorización será otorgada singularmente para un ámbito de actividades.
Las asociaciones del sector han elaborado códigos éticos de actuación que, de forma totalmente voluntaria, pueden suscribir todas aquellas empresas que lo desean. Pero, al no existir normas de obligado cumplimiento, continúan existiendo
sujetos que, con prácticas manifiestamente atentatorias, contravienen y vulneran derechos fundamentales reconocidos a la persona.
Por todo ello, y en aras a la necesidad de crear un marco jurídico para evitar situaciones que deben considerarse ilícitas, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adoptar las medidas necesarias para crear un marco jurídico de actuación de las empresas de recuperación de deudas y de cobro de créditos impagados. A estos efectos, en colaboración con las asociaciones sectoriales, dicho marco tomará
en consideración el contenido de los códigos éticos de buen cumplimiento adoptados voluntariamente por las empresas del sector.
2. Reforzar y asegurar la debida protección de los ciudadanos frente a aquellas actuaciones que atenten a la dignidad de las personas o invadan su intimidad en ocasión de la reclamación de deudas impagadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/000390
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la
Comisión de Economía y Hacienda, la siguiente Proposición no de Ley relativa a la simplificación de la declaración-liquidación del impuesto sobre sociedades y la presentación de las cuentas anuales en el registro mercantil.
Antecedentes
La actividad administrativa de una empresa exige la realización de un elevado número de trámites y gestiones tributarías de carácter temporal ante diferentes administraciones, proceso que comporta costes y esfuerzos adicionales a la
actividad propia de cada empresa, afectándoles en mayor medida cuando más pequeña es la actividad y menos recursos se disponen.
Por ello, en opinión del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) es necesario que las administraciones mantengan un constante esfuerzo de simplificación de la actividad administrativa de las empresas, que conlleva la gestión
tributaria, aprovechando para ello los medios tecnológicos que facilitan su aplicación y reducen el coste de implantarlas.
La simplificación de los trámites tributarios para las empresas pasa por, entre otros aspectos, la reducción del número de trámites, por la reducción del tiempo requerido para la realización de los trámites y por la potenciación de la
gestión de trámites vía Internet.
En la actualidad, la presentación de las cuentas anuales en los Registros Mercantiles y de la declaración-liquidación del Impuesto sobre Sociedades se realiza de forma totalmente independiente, con modelos propios y programas de ayuda para
su implementación totalmente diferenciados.
La unificación de modelos y de los programas de ayuda, además de responder al principio de eficacia de la Administración Pública, significaría un paso para avanzar
hacia la simplificación de los trámites administrativos que los ciudadanos están obligados a cumplimentar.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, en aras a simplificar las obligaciones fiscales y administrativas de la empresas, insta al Gobierno a realizar las modificaciones normativas que sean necesarias con objeto de proceder a la elaboración de un
único modelo y su correspondiente programa informático de ayuda, para la presentación de la declaración-liquidación del Impuesto sobre Sociedades y para el depósito de las cuentas anuales ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el
Registro Mercantil, respectivamente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comisión de Fomento
161/000399
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la línea de Alta
Velocidad entre Valladolid y Asturias para su debate en Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La Alta Velocidad entre Madrid y Asturias comenzaba realmente su andadura en julio de 1997, con la Variante ferroviaria de Pajares. El pistoletazo de salida de estas obras se produjo el 11 de febrero de 2004 con la colocación de la primera
dovela de los túneles. La inversión entonces comprometida por el Gobierno del Partido Popular era de 1.800 millones de euros y un plazo de ejecución de 60 meses.
Con la llegada del partido socialista al Gobierno de la Nación, esta obra comenzó a tener problemas, sufrió paralizaciones, la primera de ellas de forma inmediata a la toma de posesión del nuevo ejecutivo en abril de 2004.
Sin embargo, el Presidente del Gobierno, leonés, consciente de su importancia, se comprometió y prometió que esta línea de Alta Velocidad entraría en funcionamiento en 2009. A día de hoy no obstante aún se desconocen los tiempos de
recorrido, la velocidad que alcanzarán los trenes, el trazado que en Asturias tendrán las vías. Además de estar pendiente todo el trazado entre Valladolid y León y la integración ferroviaria en las ciudades de Valladolid, Palencia y León.
Para Asturias lógicamente, defender el proyecto del AVE es hacerlo de un ferrocarril de Alta Velocidad en el que el viaje entre Madrid y Asturias dure menos de 3 horas, permitiendo enlazar con el resto de las líneas de AVE que funcionan o lo
harán en España en breve plazo de tiempo.
Asturias, empero, a las puertas de 2009, aún ni siquiera conoce el trazado entre las estaciones de Lena y de Gijón.
A pesar por tanto de que el Gobierno de la Nación quiera seguir manteniendo el año 2009 como fecha para la conexión por AVE entre León y Asturias, lo cierto es que a estas alturas ni Fomento ni ADIF tienen resueltas cuestiones vitales para
la entrada en servicio de la nueva línea, lo que denota claramente la falta de voluntad política y de apuesta por el AVE de Asturias.
Sabemos con certeza que antes de 2020, con gobiernos socialistas, Asturias no va a tener en ningún caso AVE del Cantábrico. Por eso Asturias necesita saber de verdad cuándo dispondrá del AVE de la Meseta.
El AVE, en definitiva, un transporte destinado a captar más del 60 por ciento del tráfico aéreo entre Asturias y Madrid, llegará en 2012 o quizá más tarde, quién sabe. A pesar de que los expertos estiman que el tren ganará la batalla al
avión si el viaje dura tres horas, porque hoy la Alta Velocidad y vuelos baratos representan la batalla europea de los tiempos, en Asturias seguiremos muchos años abocados a la dualidad avión/coche.
La batalla para la que Asturias tenía que estar preparada, representa aún una ilusión futura por falta de compromiso de los actuales gobernantes.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1.º Presentar en el plazo de un mes un informe detallado del estado de ejecución, del calendario de las obras y de las previsiones de finalización y puesta en servicio de todos los tramos de la Alta Velocidad ferroviaria entre Valladolid y
Gijón.
2.º Contratar todas las obras de ejecución de los tramos del AVE entre Valladolid y La Robla y entre Pola de Lena y Gijón, incluyendo el nuevo trazado para la Alta Velocidad ferroviaria en este último.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2008.-Isidro Fernández Rozada, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000400
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La Autoridad Portuaria de Baleares convocó el 12 de noviembre de 2003 concurso público para la concesión de la gestión de puestos de amarre en el Muelle de Levante entre Punta de Cala Figuera y Punta del Rellotge del Puerto Mahón en Menorca,
al haber concluido el plazo de la anterior concesión que venía gestionando el Club Marítimo de Mahón.
Hasta la fecha, y a pesar de haber transcurrido más de cuatro años, la Autoridad Portuaria de Baleares aún no ha resuelto la adjudicación de dicho concurso, manteniendo una situación de precariedad en una gestión que de forma provisional
sigue desarrollando el Club Marítimo de Mahón, junto con la actividad que le es propia de promoción y fomento del deporte de la vela para todos los ciudadanos de Mahón en particular y de Menorca en general.
La labor que el Club Marítimo de Mahón desarrolla es de tal proyección social que le da un valor añadido que no puede pasar desapercibido a la hora de valorar la adjudicación del concurso para continuar con la explotación de los puestos de
amarre en el Muelle de Levante entre Punta de Cala Figuera y Punta del Rellotge del Puerto Mahón en Menorca.
Parece impropio de la actuación de la Administración mantener la situación actual de paralización del expediente y su falta de resolución, dándose la paradoja del cambio de circunstancias que en su momento justificaron unas determinadas
bases del concurso, y por tanto quedando en la actualidad sin justificación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Resolver el concurso convocado para la concesión de la gestión de puestos de amarre en el Muelle de Levante entre Punta de Cala Figuera y Punta del Rellotge del Puerto Mahón en Menorca, declarándolo desierto o caducado, y convocando uno
nuevo con bases ajustadas a la realidad actual y que valoren junto a los beneficios económicos, los beneficios sociales y deportivos que la concesión debe acarrear.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.-Juan Carlos Grau Reinés, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Educación, Política Social y Deporte
161/000386
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada María Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa
a deficiencias financieras de la Ley de Dependencia y la necesidad de dotar de más recursos a las CC.AA. para la aplicación de la ley, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
El desarrollo de la Ley de Dependencia en las distintas Comunidades Autónomas ha puesto de manifiesto que las previsiones de la memoria económica que acompaña a la Ley han quedado desfasadas. Puede afirmarse que la propia Administración
General del Estado reconoce esta insuficiencia cuando incorpora ya más recursos para el año 2008 y el próximo 2009. Sin embargo, continúan siendo deficitarios para afrontar las necesidades que la realidad ha puesto en evidencia.
En el caso concreto de Galicia, el Libro Blanco estimaba que habría 16.500 grandes dependientes, y el hecho es que a día de hoy la Administración galega ya ha valorado a más de 23.000 personas como grandes dependientes.
De ahí la manifiesta
deficiencia de la financiación prevista.
Además de lo expuesto, podría decirse que el agujero se agranda debido a los criterios utilizados para establecer la financiación del Estado, lo que se conoce como 'nivel acordado' y 'nivel mínimo', éste último relacionado con el número de
personas valoradas.
Al superar las personas valoradas el número previsto, y por lo tanto, el incremento por este concepto, sucede que el Gobierno ajusta la financiación que corresponde al nivel acordado, reduciéndolo. La.
financiación del nivel acordado es
fundamental ya que es precisamente este concepto el que recoge las peculiaridades de los distintos territorios del Estado, y por lo tanto, los coeficientes
correctores en el reparto del mismo de acuerdo a los factores establecidos en el artículo 32 de la ley.
El problema de la insuficiencia financiera por parte del Estado para poner en marcha esta Ley se agudiza en Galicia con la reducción del nivel acordado en 20 millones de euros y al mismo tiempo, eliminando el Plan Gerontológico, lo que
supone una merma de más de 6 millones de euros que no se incrementan al denominado nivel acordado. Este hecho significa que en el año 2008 Galicia cuenta con cuatro millones de euros menos de financiación estatal para atender a personas en
situación de dependencia.
De acuerdo a la experiencia que el desarrollo de la Ley 39/2006 nos aporta, y teniendo en cuenta el evidente desfase en las previsiones económicas que acompañan la memoria de la Ley, sería necesario un debate en profundidad entre el Gobierno
y las Comunidades Autónomas a fin de determinar, con el máximo rigor posible, los criterios a seguir para fijar las necesidades económicas para atender el Sistema de Dependencia, y contrastarlos con datos reales de valoración y aplicación de la ley,
de modo que se determinen los diferentes niveles establecidos y, así poder hacer frente a las desviaciones que se han puesto de relieve en relación con las previsiones del Libro Blanco. Es importante que se ajusten las partidas necesarias en los
próximos Presupuestos Generales del Estado 2009 a fin de garantizar la corresponsabilidad en la financiación de los servicios contemplados en la Ley de Dependencia.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Establecer en el seno del Consejo Territorial de la Dependencia un debate entre las CC.AA. y la Administración del Estado a fin de poder llegar a acuerdos respecto a las necesidades financieras del sistema, así como los fondos para el
nivel mínimo y acordado de la financiación de la Ley de Dependencia
- Revisar con las CC.AA. las estimaciones de número de personas con dependencia inicialmente contempladas en el Libro Blanco con el objetivo de actualizarlas, teniendo en cuenta la realidad que la puesta en marcha de la Ley ha evidenciado y
que como en el caso de Galicia difiere mucho de la estimación inicial.
- Acordar con las CC.AA., antes de que finalice el presente año, los niveles de financiación para el año 2009 para evitar los desfases y retrasos que se han producido en el presente periodo.
- Realizar un modelo de distribución del nivel acordado siguiendo los criterios que establece la ley 39/2006 en el artículo 32 y que es la población dependiente, emigrantes retornados, insularidad y dispersión teniendo en cuenta el
envejecimiento, ponderando todos ellos en función del impacto económico que tengan en los servicios y prestaciones que asignen cada Comunidad Autónoma en la aplicación de la Ley de la Dependencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2008.-María Olaia Fernández Davila, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000387
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso al amparo de lo dispuesto en artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la integración del sistema de formación profesional
español en el ámbito de la Unión Europea, para su debate en la Comisión de Educación, Política Social y Deporte.
Exposición de motivos
La consecución de los objetivos en materia educativa y de creación de empleo trazados en la 'estrategia de Lisboa' exigía llevar a cabo un decidido impulso a la formación profesional. Una vía especialmente relevante para lograr una
población activa cualificada y apta para la movilidad y libre circulación, cuya importancia se pone de relieve en el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa.
La crisis económica que estamos atravesando requiere el impulso de la formación profesional, y también su adaptación al modelo europeo, que hasta la fecha el ejecutivo ha sometido al abandono, a pesar de reconocerla como vía de crecimiento
económico. Nuestro Grupo sometió la pasada legislatura a debate, en la Comisión de Educación y Ciencia, la integración del sistema de formación profesional español en el ámbito de la Unión Europea, iniciativa que fue rechazada el 25 de septiembre
de 2007 por el Grupo socialista.
La Unión Europea reformó el régimen de reconocimiento de cualificaciones profesionales, para permitir la flexibilidad de los mercados laborales, una mayor liberalización de la prestación de los servicios, una mayor automaticidad en el
reconocimiento de las cualificaciones, y simplificar los procedimientos administrativos, a través de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones
profesionales.
Esta Directiva debería haber sido transpuesta por España en octubre de 2007, por lo que Bruselas ha enviado un dictamen motivado a las autoridades españolas por no haber comunicado las medidas de transposición de la Directiva relativa al
reconocimiento de las cualificaciones profesionales.
Además, el Parlamento Europeo y el Consejo ha aprobado la Recomendación de 23 de abril de 2008 relativa a la creación del Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente, con ocho niveles de cualificación frente a los cinco
de España, sin que hasta la fecha se conozca qué medidas se van adoptar para dotar de un sistema transparente las cualificaciones en el nuevo Marco Europeo de Cualificaciones.
Y la adaptación al proceso del Espacio Europeo de la Formación Profesional, el proceso de Copenhague paralelo al proceso de Bolonia, instrumento de la política de Empleo de la Unión Europea: un sistema europeo de transferencia de créditos
en la formación profesional y garantía de calidad de la formación profesional.
En definitiva, las medidas propuestas son perentorias para desarrollar el sistema de formación profesional que España necesita para modernizar su mercado laboral e incrementar su tasa de actividad con las condiciones que demanda un sistema
productivo con capacidad de competir.
Por todo ello, el Grupo Popular en el Congreso propone para su debate y votación la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Impulsar, con la colaboración del Consejo General de Formación Profesional y las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas, la integración del sistema de formación profesional español en el espacio europeo, mediante la
trasposición de la Directiva Europea 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y la adopción de las siguientes iniciativas, y en consecuencia, a:
a) Proceder a la adaptación de nuestro sistema de cualíficaciones profesionales a los ocho niveles fijados por la Unión Europea.
b) Adoptar todas las medidas necesarias, con carácter urgente, para incorporar el sistema europeo de créditos para la formación (ECVET) en el sistema español de formación profesional.
c) Establecer un programa nacional para el profesorado de formación profesional que contribuya a facilitar su incorporación, en las mejores condiciones posibles, en el espacio europeo de educación y formación profesional (EFP).
d) Promover las medidas necesarias que faciliten la máxima integración posible de los centros docentes que imparten formación profesional en la red europea de garantía de calidad (CQAF).
- Promover, en el ámbito de la Unión Europea, un sistema de evaluación de las cualificaciones y de la formación profesional que permita contrastar los resultados de esta formación en cada uno de los países de la Unión y orientar su mejora.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de julio de 2008.-Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Industria, Turismo y Comercio
161/000388
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Proposición no de Ley de celebración de un Pleno monográfico relativo a la internacionalización de la economía.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que el debate al que se alude en el apartado 2 de la iniciativa se tramitaría, en su caso, conforme al procedimiento reglamentariamente previsto, admitirla a
trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Industria, Turismo y Comercio. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Grupo Parlamentario proponente y publicar
en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2008.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la
Comisión de
Industria, Turismo y Comercio, la siguiente Proposición no de Ley de celebración de un pleno monográfico relativo a la internacionalización de la economía.
Antecedentes
La internacionalización de las empresas españolas, especialmente de las pequeñas y medianas es un objetivo prioritario de la política económica, como consecuencia de la evolución de globalización de los mercados. Es necesario apoyar los
procesos de internacionalización de las empresas, tanto por la vía del fomento de las exportaciones, como por la vía de la promoción de las inversiones en los países extranjeros y la aplicación de políticas de mejora de la competitividad.
Si bien el proceso de internacionalización, tradicionalmente, había sido liderado por las grandes empresas, en la actualidad toda la economía se encuentra directa o indirectamente vinculada a lo que ocurre en los mercados internacionales.
De la internacionalización depende buena parte de la actividad económica y de la actividad laboral del país.
Durante los últimos años el crecimiento del comercio exterior y la internacionalización en la economía española ha sido constante. Este esquema se ha desequilibrado claramente a partir del 2004 y se ha agudizado en los últimos años. Si en
el año 2004 el déficit comercial alcanzó un saldo negativo de 61.486 millones de euros, en el año 2007 esta cifra ascendió a 98.952 millones de euros.
Esta situación parece alargarse en el presente año, según los primeros datos de que disponemos. De este modo, en el conjunto de los seis primeros meses del 2008, las exportaciones crecen a una tasa del 6,4 por ciento, el nivel más bajo en
cuatro años, y las importaciones se incrementan un 8,1 por ciento. Esto hace que el déficit comercial muestre un avance interanual del 11,1 por ciento, ascendiendo a 51.502 millones de euros. La tasa de cobertura se sitúa en el 65,4 por ciento.
Estos datos deben tomarse en consideración, en la medida en que indican un nivel de competitividad bajo de las empresas españolas en los mercados internacionales. Es este el indicador más negativo que presenta nuestra economía,
principalmente a causa de su rápido deterioro.
Reflexiones parecidas pueden efectuarse en relación a otros mercados emergentes con enormes potenciales de crecimiento, en los que no se ha realizado un fuerte impulso público para que sean prioritarios para las relaciones comerciales y
económicas con nuestra economía. Del mismo modo, desde hace varios años, de forma circunstancial el último no ha sido así, los flujos de inversión extranjera en la economía española han disminuido desde el año 2000.
En este contexto, las Administraciones públicas deben realizar un mayor esfuerzo para ayudar a las empresas a iniciar o consolidar sus actividades de internacionalización, tanto comerciales como inversoras y productoras, como de mejorar las
medidas de atracción de inversiones de otros países en España. Tanto la experiencia de organismos del Estado, como la acumulada por los de apoyo a la internacionalización creados por las Comunidades Autónomas, demuestran que es posible articular
políticas activas que ayudan a acelerar el proceso de internacionalización del tejido empresarial, pero debe hacerse con mayores complicidades con los sectores económicos, como han venido reclamando de forma reiterada diferentes agentes.
Estas circunstancias, así como las consecuencias sobre la competitividad de la economía y las empresas españolas, deben ser objeto de un debate parlamentario sereno y profundo, que permita avanzar en medidas de apoyo a la
internacionalización de las empresas, especialmente de las PYMES.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, con objeto de reforzar las políticas de mejora de la competitividad basadas en la adopción de medidas activas para el impulso del proceso de internacionalización de las empresas, especialmente de las pequeñas y
medianas, insta al Gobierno a:
1. Presentar en el plazo de un mes un informe sobre la situación y coyuntura actual, así como de medidas a impulsar por el Gobierno, en el ámbito de sus competencias, en relación a la internacionalización de la economía española. Dicho
informe deberá contener, entre otros, los siguientes extremos:
a) Análisis de la situación y perspectivas.
b) Reformas que prevea el Gobierno en relación al servido exterior.
c) Modificaciones específicas a incorporar en el proceso administrativo de concesión de visados para ciudadanos extranjeros en relación a actividades de internacionalización.
d) Actuación del Instituto de Comercio Exterior.
e) Iniciativas a impulsar para mejorar la colaboración con las Comunidades Autónomas en el desarrollo de políticas de internacionalización.
f) Reformas en el sistema público de instrumentos financieros de apoyo a la internacionalización de las empresas,
g) Disposiciones fiscales a adoptar para mejorar el marco fiscal aplicable a los procesos de internacionalización
de las empresas y la atracción de inversiones, especialmente respecto a países no comunitarios.
2. De conformidad con lo previsto en los artículos 196 y 197 del Reglamento de la Cámara, y una vez remitido el informe, comparecer ante el Pleno de la Cámara en el marco de un debate monográfico relativo al objeto del informe, en el que,
ulteriormente, los Grupos Parlamentarios podrán presentar propuestas de resolución para su aprobación'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/000391
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Proposición no de Ley relativa a la urgente presentación de la estrategia global en política energética.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que el debate al que se alude en el apartado 3 de la iniciativa se tramitaría, en su caso, conforme al procedimiento reglamentariamente previsto, admitirla a
trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Industria, Turismo y Comercio. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Grupo Parlamentario proponente y publicar
en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2008.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentó, para su discusión ante la
Comisión de Industria, Turismo y Comercio, la siguiente Proposición no de Ley relativa a la urgente presentación de la estrategia global en política energética.
Antecedentes
En la pasada Legislatura, el Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 27 de febrero de 2007, aprobó la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se encomendaba al
Gobierno, a partir del Estudio de Prospectiva Energética con horizonte 2030, la elaboración de una Estrategia Global para hacer frente a las necesidades energéticas y para la existencia de una oferta energética suficiente, a costes competitivos y
medioambientalmente sostenible. La Proposición no de Ley aprobada prevé el contenido de dicha Estrategia Global, con objeto de dar una respuesta al reto energético ante el que nos encontramos. Y la respuesta a estos retos requiere de un análisis
reflexivo que permita abrir un debate político, social y económico sobre la energía y su aprovechamiento.
Superado el período de tiempo que la misma Proposición no de Ley preveía, diez meses desde su aprobación, el Gobierno ha incumplido el mandato de presentar la mencionada Estrategia Global ante el Congreso de los Diputados.
En un momento en el que las decisiones en materia energética están tomando una gran importancia, especialmente en la adopción de decisiones con consecuencias a medio y largo plazo, merecen una especial atención por parte del Gobierno con el
fin de orientar una política energética sólida y estable hacia el futuro, Dar una respuesta al reto energético supone decidir cómo queremos crecer económicamente, supone prever qué consecuencias tiene para el medio ambiente, supone propiciar un
marco de eficiencia económica y energética.
En este contexto, reiterando el mandato previsto en la Proposición no de Ley para la elaboración de un informe sobre las necesidades energéticas para los próximos treinta años y la presentación de un plan estratégico sobre la energía,
aprobada por el Pleno de la Cámara en la anterior Legislatura, adicionalmente se propone la celebración del oportuno debate parlamentario monográfico en Comisión, en el que los diferentes grupos parlamentarios puedan poner de manifiesto sus
propuestas para determinar la posición ante los desafíos que deben afrontarse en materia energética.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1. Constata de nuevo la necesidad y urgencia de definir una Estrategia Global en política energética, a largo plazo, como cuestión previa a la adopción de cualquier medida coyuntural en este ámbito, incluido el incremento o la modificación
de tarifas.
2. Insta al Gobierno a dar cumplimiento a la Proposición no de Ley aprobada por la Comisión de Industria, Turismo y Comercio el 27 de febrero de 2007, la cual instaba al Gobierno a presentar durante el año 2007 y ante dicha Comisión una
Estrategia Global en política energética en el marco de los estudios de Prospectiva Energética con horizonte 2030.
Dicha estrategia debía contemplar:
a) Evaluar la demanda energética futura que permita garantizar nuestro modelo de crecimiento, incorporando hipótesis de efecto ahorro y uso eficiente.
b) Determinar el ''mix'' (reparto) de fuentes de energía primaria con el que se pretende cubrir esta demanda, a medio y largo plazo, sin excluir a priori ninguna tecnología disponible.
c) Contemplar una propuesta estable para potenciar con especial intensidad las energías renovables, tanto su obtención como sus utilidades.
d) Definir una propuesta específica y estable sobre la energía nuclear, en el marco de las propuestas planteadas por la Unión Europea.
e) Promover la inversión en calidad y seguridad en los suministros energéticos.
f) Priorizar el ahorro y la eficiencia energética sin olvidar ningún sector y prestando una especial atención al sector del transporte.
g) Materializar las interconexiones internacionales eléctrica y gasistas para evitar el actual aislamiento energético de la península ibérica.
Ello comportará fijar un calendario de realización de las mismas.
h) Impulsar un programa interanual de inversiones destinadas a investigación y desarrollo para maximizar el aprovechamiento de las diferentes fuentes de energía primaria.
i) Valorar las propuestas de política energética común efectuadas por la Unión Europea y las prioridades que debe plantear el Estado español en este ámbito.
j) Prever un mecanismo anual de seguimiento de los objetivos que se determinan en la estrategia energética, contrastable con la realidad, con la obligación de adoptar medidas correctoras en caso de existir desviaciones.
3. Insta al Gobierno a remitir, en el plazo máximo de un mes, una comunicación al Congreso de los Diputados sobre la Estrategia Global en política energética para su debate en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio, en virtud de lo
establecido en los artículos 196 y 197 del Reglamento de la Cámara y con presentación de propuestas de resolución.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/000393
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa a dotar de un sistema de
traducción simultánea vía móvil en las CC.AA.
turísticas de España a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil para su debate en Comisión de Industria.
Exposición de motivos
El turismo ha sido desde los cincuenta del siglo pasado el motor de desarrollo de España durante décadas. Transformó y sigue transformado el litoral en España, ha promovido el reciente auge del turismo rural, fortaleció el sector de la
construcción, ha fomentado cambios culturales y ha impulsado un espíritu europeo.
Las previsiones señalan que durante el 2008 van a llegar a España más de 60 millones de turistas extranjeros, lo que supone un incremento de entre un 1,5 y un 2 por ciento respecto a los 59,2 millones del año pasado. En 2007, los ingresos
por turismo superaron los 48.000 millones de euros, con un aumento de un 4,3 por ciento respecto al ejercicio anterior, lo que evidencia la solidez de esta actividad en nuestro país.
Así, el sector turístico mantiene su fortaleza como primer sector industrial gracias a la fortaleza y potencia de las empresas españolas, con un alto grado de internacionalización y consolidación en el mercado.
Nuestra posición de liderazgo como potencia turística mundial exige por parte de las administraciones públicas un esfuerzo para que podamos seguir estando en el lugar que nos corresponde frente a los otros posibles destinos competidores.
Comienza a ser una realidad que España se enfrenta a una fuerte competencia en el sector del turismo como consecuencia de la globalización y del aumento del número de países exentos de conflictos bélicos que ofrecerán destinos de sol y playa
a precios muy competitivos.
Nuestra apuesta debe ser la del turismo de calidad, la desestacionalización y la creación de valor añadido en los destinos turísticos españoles para poder hacer frente a una nueva situación en el sector. Por ello, ofrecer más y mejores
servicios a nuestros visitantes internacionales es una exigencia ineludible que debe ser
afrontada por todo el sector y liderada desde la Administración.
El sector turístico es motor fundamental del crecimiento económico y del desarrollo social de nuestro país. Pero se están produciendo muchos cambios en todos los ámbitos, tanto económico y social como de regulación Internacional y, además,
todos al mismo tiempo y que están afectando a nuestra vida diaria y también al turismo.
Estos grandes cambios acelerados motivan que todos juntos debamos hacer una profunda reflexión para que, desde la innovación y la mejora continua, sepamos dar respuesta a esos retos y la industria turística siga siendo en el futuro esa gran
contribución al bienestar colectivo que hoy representa en nuestro país.
La apuesta por la calidad se ha convertido en el centro de atención de las estrategias competitivas de las empresas y destinos turísticos. Las actuales estrategias de calidad coinciden principalmente en reconocer el protagonismo del
consumidor y en la necesidad de reorganizar los recursos para satisfacer 105 requisitos y expectativas de los clientes.
La Administración debe colaborar en esta tarea ofreciendo los más altos niveles de calidad en la prestación de los servicios que a ella competen, como el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Salvar las barreras idiomáticas con
nuestros visitantes se convierte de este modo en una necesidad vital para prestar un mayor y mejor servicio desde todos los servicios públicos.
En consecuencia, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a dotar de un sistema de traducción simultánea vía móvil en las CC.AA. turísticas de España a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil.
El mencionado sistema constaría de un teléfono móvil al que se le conecta un sistema de biauricular (uno para el agente y otro para el turista) y mediante el cual los cuerpos de seguridad pueden ponerse en contacto inmediatamente llamando a
un centro de llamadas que les solicitará el idioma que necesitan para la interpretación y posteriormente se le conecta con una persona que realiza las funciones de traducción entre el agente y el turista, permitiendo una total comprensión por ambas
partes, y dando al turista una mayor seguridad al sentirse completamente entendido en sus declaraciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2008.-Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000395
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al cierre de la central nuclear de Santa María de
Garoña para su debate en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca.
Exposición de motivos
El Estado Español autorizó la puesta en marcha de la Central Nuclear de Santa María de Garoña con fecha 30 de octubre de 1970. Posteriormente, y tras diferentes prórrogas concedidas, mediante Orden del entonces Ministerio de Industria y
Energía de fecha 5 de julio de 1999 se concedió la última prórroga de la autorización de explotación de dicha central nuclear por un periodo de diez años, transcurrido el cual sin una nueva prórroga autorizada, la central deberá cesar su explotación
y proceder a su desmantelamiento.
A lo largo de estos diez años de vigencia de la prórroga de la explotación han sido numerosos los pronunciamientos políticos y sociales dirigidos a solicitar el cierre de la Central, fundamentados en el riesgo constante que una instalación
de estas características produce sobre la salud humana y los ecosistemas. Numerosos también han sido los incidentes provocados por esta Central Nuclear -los tres últimos, con fechas 29 de julio y 14 y 19 de agosto de 2008- y que ponen de manifiesto
que dicha central no garantiza el nivel de seguridad que debe exigirse a este tipo de instalaciones a fin de proteger a la población y al medio ambiente de sus efectos nocivos.
Por ello, este grupo parlamentario comparte la profunda preocupación que provoca el hecho de que una central de estas características, obsoleta y con un largo historial de incidentes, permanezca hoy treinta y seis años después de su puesta
en marcha, operativa.
El Gobierno Español, adquirió el compromiso de impulsar un cierre progresivo de las centrales nucleares obsoletas y con fallos importantes en la seguridad sitas en el Estado Español.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de EAJ-PNV presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que proceda al cierre inminente de la central nuclear de Santa María de Garoña recogiendo la petición expresa y reiterada del Parlamento Vasco, las Juntas Generales
de Álava, Gobierno Vasco y la abrumadora mayoría de la sociedad vasca.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2008.-Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
161/000392
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a no permitir la instalación de
aerogeneradores marinos en las Áreas Eólicas Marinas de Trafalgar y Arco Mediterráneo entre Tarifa y cabo de Gata, en el Golfo de Cádiz, hasta que no haya estudios suficientes que garanticen que no se producirán daños irreversibles para las rutas
migratorias trófica y genética del atún rojo y aves entre el Atlántico y el Mediterráneo, las almadrabas y la pesca en general de la zona, para su debate en la Comisión de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
Exposición de motivos
La provincia de Cádiz es una de las provincias españolas en las que más aerogeneradores eólicos terrestres se han instalado por las favorables condiciones de la zona.
Respecto a los aerogeneradores marinos existe gran interés por parte de las empresas promotoras por ser el viento marino más fuerte y constante que el terrestre, siendo la zona elegida para su implantación la comprendida entre Trafalgar y
Cabo de Gata.
En esta ubicación es donde se calan almadrabas porque coincide con las rutas de emigración trófica y genética del atún rojo, de paso entre el Atlántico y el Mediterráneo y viceversa.
Esta coincidencia ha hecho que asociaciones de almadraberos y pescadores muestren su oposición ante el temor a la incidencia negativa que estos generadores marinos puedan tener en las almadrabas y pesca en general.
También los Gobiernos anterior y actual han mostrado su preocupación a este respecto y han considerado la delimitación de zonas para el desarrollo de los Parques Eólicos Marinos, considerando las Zonas de Almadrabas y su entorno como Zonas
de Exclusión de estos Parques.
Es más, en el Estudio Estratégico Ambiental, sobre la caracterización de las Áreas Eólicas Marinas definidas para el posible desarrollo de los Parques Eólicos Marinos, la Secretaría General del Mar del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino reiteró su preocupación en las alegaciones presentadas por las asociaciones de almadraberos y pescadores que consideran que el mantenimiento de su actividad económica depende de que no se vea alterado el comportamiento migratorio del
atún rojo.
Ante estas alegaciones y el informe científico solicitado al Instituto Español de Oceanografía, la Secretaría General del Mar indicó a la Comisión Técnica que las Zonas de Exclusión ya definidas en el Estudio Estratégico Ambiental, las Áreas
Eólico-Marinas establecidas en el Golfo de Cádiz -Área de Trafalgar y arco mediterráneo entre Tarifa y el Cabo de Gata- deberán considerarse como zonas con Condiciones o Limitaciones.
Tampoco se debe olvidar el flujo migratorio de aves que transcurre por dicho espacio.
Dado que a día de hoy no existen estudios que permitan garantizar que no habrá efectos negativos de los aerogeneradores marinos para las almadrabas, pesca en general de la zona y aves migratorias, es por lo que el Grupo Parlamentario Popular
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que no autorice la instalación de aerogeneradores marinos en las Áreas Eólicas Marinas de Trafalgar y Arco Mediterráneo entre Tarifa y Cabo de Gata, en el Golfo de Cádiz, hasta que no haya
estudios suficientes que garanticen que no habrá daños irreversibles para las rutas migratorias trófica y genética del atún rojo y de aves entre el Atlántico y el Mediterráneo, las almadrabas y la pesca en general de la zona.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2008.-Aurelio Sánchez Ramos, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
161/000394
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la declaración de zona catastrófica de
la Comarca del Carracillo, Segovia, a causa de los daños producidos por el pedrisco, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
El pasado 22 de agosto, una tormenta con pedrisco provocó grandes daños en la zona de regadío del Carracillo, al este de Cuéllar, en la provincia de Segovia.
Concretamente en un área homogénea que incluye fundamentalmente nueve municipios: Mudrián, Gomezsarracín, Sanchonuño, Cuéllar, Escarabajosa de Cuéllar, Dehesa de Cuéllar y Dehesa Mayor, Lovingos, Fuentes de Cuéllar y Moraleja de Cuéllar.
Como es sabido, esta zona es una de las más importantes de la horticultura de Castilla y León, con cultivos destinados a consumo en fresco y transformados, específicamente en 'cuarta gama', con una especialización de sus agricultores y con
industria de transformación asociada que permite un desarrollo próspero en el medio rural en el que están ubicados, por el alto número de puestos de trabajo directos e indirectos que se han creado en los últimos años lo que ha supuesto el
mantenimiento de la población rural en la comarca.
Las valoraciones que se han llevado a cabo inmediatamente por técnicos agronómicos de la Consejería de Agricultura y Ganadería han ratificado las primeras impresiones que comunicaron tanto las Organizaciones Profesionales Agrarias como las
autoridades locales y agricultores de la propia zona. Hay cultivos totalmente irrecuperables como la lechuga, calabaza, calabacín, cebolla, remolacha de mesa y maíz dulce que además están afectados entre la totalidad de la superficie y el 70 por
ciento.
El resto tiene importantísimas mermas tanto en producción como la derivada, si pudiera comercializarse, del valor de mercado por los daños producidos: planta de fresa, puerro, zanahoria, etc.
El inesperado desastre junto con el inadecuado sistema de seguros para estas producciones precisa una atención pública especial mediante declaración de zona catastrófica y en cualquier caso mediante la aplicación de medidas económicas y
fiscales para los afectados.
'Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso insta al Gobierno a la Declaración de Zona Catastrófica de los municipios antes citados y sus términos municipales, coordinando con la Junta de Castilla y León las medidas y
ayudas que en estos casos se requieran, una vez evaluados y valorados los daños producidos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2008.- Jesús Merino Delgado, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/000401
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley [sobre el Torneo del Toro de la Vega], para
su debate en la Comisión de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
Exposición de motivos
Las fiestas mayores de Tordesillas se celebran la segunda semana de septiembre. Se hacen en honor a Nuestra Señora la Virgen de la Peña, patrona de la Villa y Tierra de Tordesillas. El día más sangriento es el martes, cuando se corre el
famoso 'Toro de la Vega'. Este tradicional espectáculo taurino viene celebrándose desde hace siglos. El Toro de la Vega es, además, la pervivencia de uno de los rituales taurinos más antiguos y únicos de España: el alanceamiento del Toro, una
suerte que era la estelar del torneo antes de la introducción de las corridas en el siglo XVIII.
El Toro de la Vega de Tordesillas es una de las mayores bestialidades de España, que bajo el escudo de lo que algunos llaman pomposamente 'tradiciones', permite que más de cien lanceros acosen al animal por el campo dándole lanzazos, hasta
que, chorreando sangre, acribillado, se derrumba sin fuerza, momento en que se supone le dan la puntilla. Esto último, a menudo, cuando aún está con vida, como han asegurado testigos presenciales. Es una tortura lenta, vociferante y tumultuosa,
una sádica diversión. Y a este horror sin nombre llevan a los niños para que aprendan.
El Ayuntamiento otorga al ganador una insignia de oro y le obsequia con una lanza de hierro forjado.
El torneo del Toro de la Vega está declarado como Fiesta de interés Turístico Nacional cuando objetivamente se trata de un acto de tortura pública y muerte de un animal.
No es el único acto de barbarie contra los animales que se produce en el territorio español bajo el amparo de la tradición, pero sí es uno de los más crueles y representativos de tortura animal permitida.
Afortunadamente muchos municipios
ya han erradicado este tipo de barbaries (carreras de gallos, tirar una cabra desde un campanario, etc.), aunque perviven en muchas otras localidades. Ya es hora de dejar de hacer el ridículo y plantearnos si la tradición lo justifica todo.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Establecer los mecanismos y desarrollos legales necesarios que eviten situaciones de maltrato animal tales como el Torneo del Toro de la Vega.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2008.-Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Comisión de Sanidad y Consumo
161/000396
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
evaluación de la Estrategia de Atención Primaria 21 (AP-21), para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que presente los indicadores elaborados por el Ministerio de Sanidad y Consumo para la evaluación del Marco Estratégico AP-21, y elabore un informe de evaluación de la aplicación de la
Estrategia AP-21 en el Sistema Nacional de Salud, al cumplirse dos años de su aprobación por unanimidad en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2008.-Ramón Jáuregui Atondo, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000397
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
evaluación de las Tecnologías Sanitarias, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Durante los últimos veinte años, en la mayoría de los países desarrollados, la evaluación de las tecnologías y procedimientos clínicos en los sistemas de salud se ha revelado como una herramienta fundamental para que la toma de decisiones de
clínicos, autoridades sanitarias, gestores y pacientes favorezca la calidad asistencial y la eficiencia.
Las evaluaciones deben estar basadas en el mejor conocimiento disponible y realizadas por grupos, equipos o agencias especializadas e independientes de los fabricantes, pueden ser muy útiles tanto a la hora de asegurar la efectividad, la
utilidad y la eficiencia de las tecnologías y los procedimientos, como a la hora de aconsejar o no su inclusión en las carteras de servicios que se financian con fondos públicos. En ocasiones, también orientan sobre las modalidades de atención más
adecuadas en cada caso.
La II Conferencia de Presidentes reconoció la importancia de esta actividad y estableció la necesidad de impulsar su desarrollo en el conjunto del Sistema Nacional de Salud mediante el trabajo de la Agencia de Evaluación de Tecnologías
Sanitarias del Instituto de Salud Carlos III en colaboración con el resto de Agencias y Unidades de Evaluación de Tecnologías sanitarias de las Comunidades Autónomas.
Por su parte, el Ministerio de Sanidad y Consumo, en el Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud, aprobado en 2006 y actualizado en el año 2007, recoge, como uno de los objetivos fundamentales, impulsar la evaluación de tecnologías
y procedimientos con base en la mejor evidencia disponible.
A partir de 2006 el Ministerio de Sanidad y Consumo inició un plan específico de evaluación de las tecnologías sanitarias, que se ha venido articulando a través de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Instituto de Salud
Carlos III y de las correspondientes agencias de las Comunidades Autónomas.
La valoración oportuna y el seguimiento de la evolución de las tecnologías y procedimientos antes de que se proponga su introducción en los sistemas sanitarios permite a todos los actores y, sobre todo, a las autoridades sanitarias hacerse
una idea previa sobre la seguridad, la pertinencia y la efectividad de los mismos en beneficio de los pacientes.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que impulse la evaluación de las Tecnologías Sanitarias para el Sistema Nacional de Salud, como un elemento clave para asegurar la calidad de las prestaciones en el Sistema Nacional de
Salud.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2008.-Ramón Jáuregui Atondo, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Ciencia e Innovación
161/000398
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la defensa y desarrollo de la Universidad Pública, para su debate en la Comisión de Ciencia e Innovación.
Las Universidades Públicas en el Estado español, como en el resto de Europa, se encuentran inmersas en un proceso de cambios en la configuración de sus estudios en el marco del llamado Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), que el
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, estructura en las nuevas titulaciones de Grado y Máster, además del Doctorado.
Dicho proceso ha provocado diversas esperanzas e inquietudes en los distintos sectores de la comunidad universitaria, así como en diversos sectores sociales.
Por un lado, las diversas declaraciones de Ministros de Educación Europeos orientando los estudios universitarios hacia un aprendizaje centrado en el estudiantado han estimulado movimientos de renovación pedagógica e innovación educativa
para implementar metodologías didácticas más participativas, que pueden fomentar la creatividad en la formación universitaria y la formación de profesionales en un contexto económico en el que la I+D+i está llamada a jugar un papel cada vez más
relevante para un desarrollo sostenible.
Pero, por otra parte, las políticas económicas neoliberales impulsadas en el marco de la Unión Europea amenazan reducir el esperanzador desarrollo indicado en el párrafo anterior a una alicorta adaptación al mercado, haciendo una
interpretación reduccionista del propugnado objetivo de la 'empleabilidad' y poniendo las Universidades al servicio de intereses empresariales privados a corto plazo, en un afán privatizador que resulta escasamente funcional a la Universidad
Pública, donde los ritmos de la formación educativa y de la investigación requieren una perspectiva a medio y largo plazo que no puede regularse de forma adecuada por el mercado.
En ese sentido, es reseñable la afirmación contenida en la Declaración de Londres de 18 de mayo de 2007 que estipula que 'Trabajaremos, en la medida de nuestras competencias, dentro de nuestros gobiernos para que los empleos y la carrera
profesional en la función pública sea totalmente compatible con el nuevo sistema de titulaciones'. De hecho, el papel primario y dinamizador que aquí se asigna a los estudios universitarios no debería restringirse a la función pública, sino que por
el contrario la formación de profesionales creativos con capacidad investigadora e innovadora debe posibilitar un desarrollo sostenible a medio y largo plazo de mucho más amplio aliento que los alicortos requerimientos del mercado, dándole así un
significado de más amplio alcance al objetivo de la empleabilidad.
Ahora bien, las expectativas de renovación pedagógica e innovación educativa para hacer realidad una verdadera convergencia en el EEES requieren de un proceso de formación metodológica y didáctica y de una adecuada dotación de medios
materiales y humanos sin los cuales no podrían hacerse realidad.
Ello es también necesario para hacer realidad la llamada dimensión social de la convergencia europea, definida por la Declaración de Bergen de mayo de 2005 como la necesidad de establecer 'condiciones apropiadas para que los estudiantes
puedan completar sus estudios sin obstáculos relacionados con su origen social y económico', y que la Declaración de Londres desarrolla afirmando que 'La educación superior debería jugar un papel esencial en la promoción de la cohesión social, en la
reducción de las desigualdades y en la elevación del nivel del conocimiento, destrezas y competencias en el seno de la sociedad. Las políticas de educación superior deberían enfocarse a maximizar el potencial de las personas en cuanto a su
desarrollo personal y su contribución a una sociedad sostenible, democrática y basada en el conocimiento. Compartimos la aspiración social de que el conjunto de estudiantes que ingresan, participan y culminan la educación superior en todos sus
niveles debería reflejar la diversidad de nuestros pueblos. Reafirmamos la importancia de que los estudiantes puedan completar sus estudios sin obstáculos relacionados con su situación socioeconómica. Por tanto, continuaremos con nuestros
esfuerzos para facilitar servicios adecuados a los estudiantes, crear itinerarios de aprendizaje más flexibles, tanto para acceder como una vez dentro de la educación superior, y ampliar la participación a todos los niveles sobre la base de la
igualdad de oportunidades'.
En ese sentido, es imprescindible que la respuesta dada por el Gobierno de España sobre las ayudas a los estudiantes para hacer realidad la dimensión social en la encuesta europea sobre el EEES no se reduzca a afirmar que 'Este tipo de ayuda
es proporcionado principalmente a nivel institucional'. Es necesario, por el contrario, especificar, como se requiere en el mismo texto de la encuesta, 'algunos servicios de guía o asesoramiento y algunas otras medidas para mejorar la retención;
algunas medidas utilizadas para monitorear las políticas para mejorar la retención, incluidos resultados si es posible; y algunas otras medidas planeadas a raíz de la evaluación de las medidas de retención ya aplicadas'.
Para ello sería necesario, por un lado, un plan para establecer la gratuidad de los estudios universitarios, priorizando los de Grado, en vez de incrementar los precios públicos de los estudios universitarios, y por otro lado, la
equiparación con los países europeos más desarrollados en el gasto dedicado a becas y ayudas al alumnado universitario, con un sistema de carácter generalizado de becas y becas-salario que hagan viable la figura de estudiante a tiempo completo
prevista en el EEES.
Asimismo, el actual sistema de préstamos-renta de carácter público para los estudios de Máster (con una cuota fija una vez se supera la renta media, cosa que puede tener un efecto desincentivador para el acceso a
puestos de trabajo bien pagados de alta cualificación profesional) debería reformarse para establecer que su devolución responda a un sistema fuertemente progresivo respecto al exceso sobre la renta media existente, garantizando que en
ningún caso dicha devolución conlleve que los ingresos netos pasen a ser inferiores a dicha renta media.
Por este motivo, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para:
1. Implementar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, un plan de financiación para la adaptación de las Universidades al Espacio Europeo de Educación Superior impulsando la innovación educativa y la calidad de los estudios
universitarios.
2. Especificar las medidas adoptadas y a adoptar para hacer realidad que los estudiantes puedan completar sus estudios sin obstáculos relacionados con su origen social y económico, detallando las medidas inquiridas en la encuesta europea al
respecto.
3. Desarrollar un plan para la gratuidad de los estudios universitarios, comenzando por los de Grado.
4. Establecer un sistema generalizado de becas y becas salario equiparando el gasto correspondiente con el de los países europeos más desarrollados.
5. Modificar el sistema de préstamos-renta para que su devolución sea un porcentaje fuertemente progresivo del exceso sobre la renta media existente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2008.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/000402
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, para presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas
encaminadas a facilitar la canalización de la ayuda humanitaria en Cuba, que permitan a sus habitantes hacer frente en mejores condiciones a los graves destrozos ocasionados por los huracanes lke y Gustav, para su debate en la Comisión de
Cooperación para el Desarrollo.
Exposición de motivos
Hemos conocido en estas primeras semanas de septiembre cómo la acción combinada de los huracanes Gustav e Ike en vientos, lluvias e inundaciones a su paso prácticamente por todo el país, han convertido sus efectos, sin duda alguna y en
relación a la magnitud de los daños ocurridos, en la más devastadora emergencia de la historia de estos fenómenos meteorológicos en Cuba.
Algunas cifras inicialmente difundidas describen la magnitud del desastre.
Dos millones y medio de evacuados, 230.000 viviendas afectadas y algunas decenas de miles totalmente destruidas, la mayor parte de los cultivos afectados, cientos de
kilómetros de líneas eléctricas en el suelo, almacenes e industrias sin techo, miles de escuelas y otras instituciones sociales destruidas o afectadas parcialmente. El país ha sido literalmente devastado, como nunca antes había sucedido en su
infraestructura económica, social y habitacional.
La ayuda internacional es necesaria en Cuba. El dispositivo de protección civil, de organización y cultura de la población cubana ante estas amenazas meteorológicas evitó cifras considerables de muertes, pero la recuperación real tomará
tiempo y requerirá de recursos que el país no tiene.
España ha canalizado la ayuda humanitaria a través de la AECID desde el centro logístico humanitario de la Cooperación Española en América Latina, situado en Panamá, coordinando el envío de ayuda con el sistema de las Naciones Unidas,
operativo que también se puso en marcha hacia Jamaica y Haití, como consecuencia de los sucesivos huracanes en la zona.
No obstante, desde otras agencias donantes y de la sociedad civil de muchos países, incluida la de Estados Unidos, se organizan
acciones solidarias cuya canalización carece de operativos similares disponibles, y encuentra además restricciones derivadas de relaciones políticas bilaterales que incrementan notablemente, en estos supuestos, el coste, la inmediatez y la propia
viabilidad de la ayuda. En este sentido, existe una iniciativa ciudadana que, reivindicando el derecho de todos los cubanos a ayudar a sus familiares y compatriotas en la isla, se dirige a los Gobiernes de Cuba y de los Estados Unidos, con el fin
de levantar las restricciones de la ayuda humanitaria que dificultan estas acciones de solidaridad.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Continuar facilitando a través del centro logístico humanitario de la cooperación española en Panamá, la canalización de ayuda humanitaria hacia Cuba que
distintos donantes soliciten coordinar a través de dicho operativo.
- Impulsar medidas y apoyar ante la UE, organismos multilaterales y agencias de Naciones Unidas que correspondan, acciones dirigidas a incrementar el esfuerzo conjunto de la comunidad de donantes en solidaridad con el pueblo cubano, con el
fin de articular una acción coherente, coordinada y complementaria, que permita además trabajar en las tareas de reconstrucción futura del país de forma alineada y más integral.
- En el marco de dichas actuaciones, y atendiendo a las voces de la sociedad civil que ha venido subrayando las restricciones que actualmente limitan la canalización de la ayuda humanitaria, especialmente la que se realiza a través de
Estados Unidos hacia Cuba, se utilicen asimismo las vías de negociación y mediación diplomática que resulten más adecuadas para facilitar un acuerdo humanitario y operativo en este sentido.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2008.-José Antonio Pérez Tapia, Diputado.-Ramón Jáuregui Atondo, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/000403
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley para impulsar las medidas necesarias para lograr la plena adecuación de nuestra legislación a los valores, contenidos y mandatos de la Convención de la ONU, para su debate en la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad.
Exposición de motivos
La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, tras un proceso de cinco años de negociación.
Las personas con discapacidad iban a disponer así de una herramienta válida que inaugura un marco protector y garantista, inédito en el sistema de la ONU y en el Derecho Internacional. Se cumplía con ello también con la Declaración de
Madrid, aprobada en mayo de 2002 como marco conceptual del Año Europeo de las Personas con Discapacidad y que indicaba que la discapacidad era un asunto de derechos humanos.
La Convención pretende asegurar a todas las personas con discapacidad su plena inclusión en la sociedad, debiéndose para ello eliminar toda barrera o restricción material y/o mental que impiden su participación efectiva en la misma.
El Gobierno y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) acordaron una Declaración de Apoyo a la Convención, en la que se comprometieron a iniciar el proceso de firma y ratificación, marcándose como objetivo que
España esté entre los primeros países que presenten el instrumento de ratificación y con ello contribuya a una pronta entrada en vigor. En cumplimiento de este acuerdo, el Gobierno español firmó la Convención el día 30 de marzo de 2007 y la
ratificó el 3 de diciembre de 2007.
El articulado de la Convención establecía que su entrada en vigor se produciría un mes después de la fecha en que haya sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o adhesión, hecho que tuvo lugar el pasado 3 de abril, con la
ratificación realizada por Ecuador. Por consiguiente, la fecha de entrada en vigor fue el día 3 de mayo de 2008.
La Convención supone un cambio de enfoque de la discapacidad, que pasa a tratarse a nivel internacional desde la perspectiva de los derechos humanos y, además, reconoce las especificidades de la situación de las personas con discapacidad.
Pretende servir de instrumento para que los gobiernos introduzcan cambios que mejoren y promuevan el acceso a la educación, al empleo, a sistemas de salud adecuados y a entornos sin obstáculos físicos ni sociales. Por otro lado, la Convención
reconoce el acceso igualitario a la justicia, exige a los países que protejan la integridad física y mental de las personas con discapacidad y la confidencialidad de su información personal.
Se trata, en definitiva, de garantizar una igualdad plena en todos los ámbitos, por lo que exige a los países firmantes un compromiso para desarrollar leyes o medidas que garanticen el cumplimiento de estos derechos, combatan los
estereotipos y prejuicios, y respalden la igualdad de todas las personas, en especial, de las mujeres, las niñas y los niños con discapacidad.
Una vez que el texto ha entrado en vigor, es el momento de analizar qué impacto debe tener en nuestra legislación. A pesar de que la legislación española es una de las más avanzadas en materia de protección de los derechos de las personas
con discapacidad, es posible que sean necesarios algunos cambios para lograr la plena adecuación de los valores, contenidos y mandatos de la Convención de la ONU.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar las medidas necesarias para lograr la plena
adecuación de nuestra legislación a los valores, contenidos y mandatos de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 2006.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2008.-María José Sánchez Rubio, Diputada.-Ramón Jáuregui Atondo, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000404
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley para impulsar las medidas necesarias para la aprobación de nuevos haremos que valoren la discapacidad, de acuerdo con la Clasificación Internacional de Funcionamiento (CIF), para su debate en la Comisión de Políticas Integrales de
Discapacidad.
Exposición de motivos
Con objeto de subsanar las deficiencias de la clasificación que se venía utilizando (la CIDDM), en 1993, la Organización Mundial de la Salud (OMS) inició un proceso de revisión. Los principios esenciales sobre los que se fundamentaba dicho
proceso estaban dirigidos a posibilitar que con la nueva clasificación fuese posible:
- Aplicar el modelo bio-psico-social de Discapacidad.
- Introducir en el modelo teórico el concepto de Universalidad de la Discapacidad.
- Crear un instrumento que enfatizase los elementos positivos de la persona y no los aspectos estigmatizantes.
- Establecer un lenguaje común, aplicable transculturalmente, que permitiera describir de manera fiable y replicable los estados funcionales inherentes a las 'condiciones de salud' de las personas.
Para la ejecución de este proceso de revisión, la OMS puso en marcha un extenso equipo internacional que elaboró múltiples borradores que se fueron testando y verificando mediante diversos trabajos de campo. A partir de los datos de los
estudios de campo y de las aportaciones de los centros colaboradores y del Comité de Expertos de Medida y Clasificación de la OMS, se elaboró un 'borrador prefinal', que se presentó en la Reunión Internacional de Revisión realizada en Madrid en
noviembre de 2000. Las modificaciones introducidas por los expertos participantes en la Reunión de Madrid, permitieron elaborar el Borrador Final en diciembre de 2000, que fue presentado al Comité Ejecutivo de la OMS en enero de 2001. Este proceso
culminó con la presentación de la Clasificación a la Quincuagésima Cuarta Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2001, la cual aprobó la nueva clasificación, con el título de 'Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de
la Salud,' en resolución del 22 de mayo del 2001. En esta resolución, la Quincuagésima Cuarta Asamblea Mundial de la Salud, hace suya la segunda edición de la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM), con el
título 'Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud'; insta a los Estados Miembros a usarla cuando proceda en sus actividades de investigación, vigilancia y notificación, teniendo en cuenta situaciones
específicas, y pide a la Directora General que preste apoyo a los Estados Miembros que lo pidan para hacer uso de la CIF.
Los cambios conceptuales y estructurales que se introdujeron a lo largo del proceso de revisión descrito, fueron de tal magnitud que la CIF se ha configurado, en realidad, como un nuevo sistema que incorpora todos los principios rectores del
proceso de revisión. La razón de ser de la nueva Clasificación puede ser resumida como: aportar un lenguaje estandarizado, fiable y aplicable transculturalmente, que permita describir el funcionamiento humano y la discapacidad como elementos
importantes de la salud, utilizando para ello un lenguaje positivo y una visión universal de la discapacidad, en la que dichas problemáticas sean la resultante de la interacción de las características del individuo con el entorno y el contexto
social.
En nuestro país, el baremo que se utiliza para la obtención del denominado 'certificado de minusvalía' es el aprobado mediante el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación
del grado de minusvalía. Dado que la aprobación de este baremo es anterior a la de la CIF, sería conveniente modificarlo, a fin de adaptarlo a los criterios introducidos por la Clasificación Internacional.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar las medidas necesarias para la aprobación de nuevos baremos que valoren la discapacidad, de acuerdo con la Clasificación Internacional de Funcionamiento (CIF).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2008.-María José Sánchez Rubio, Diputada.-Ramón Jáuregui Atondo, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2008.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Comisión de Asuntos Exteriores
181/000452
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Asuntos Exteriores
Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja
Texto:
¿Cuáles son los resultados de la reunión técnica mantenida en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación el pasado 1 de septiembre de 2008, entre expertos del citado Ministerio y del Ministerio de Economía y Hacienda y AENA, para
avanzar sobre el sistema de trabajo que será implantado en la zona española de la futura terminal aeroportuaria de Gibraltar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.-José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
Comisión de Interior
181/000454
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja
Texto:
¿Planea el Gobierno acometer obras en la Estación Marítima de Tarifa (Cádiz) para mejorar la seguridad, así como aumentar los recursos en materia de vigilancia y seguridad, dentro del plan creado a partir del 11-M para las fronteras Schengen
del sur de Europa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.-José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
Comisión de Fomento
181/000455
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Pere Macias i Arau
Texto:
¿Qué previsiones tiene la compañía operadora RENFE en relación a los nuevos servicios transversales desde Barcelona al noroeste peninsular?
¿Cuándo van a entrar en servicio y cuáles serán sus prestaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2008.-Pere Macias i Arau, Diputado.
181/000456
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Pere Macias i Arau
Texto:
¿Qué previsiones tiene la compañía operadora RENFE en relación a los nuevos servicios Tren-hotel entre Barcelona y Andalucía, y entre Barcelona y el noroeste peninsular?
¿Cuándo van a entrar en servicio y cuáles serán sus prestaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2008.-Pere Macias i Arau, Diputado.
Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
181/000453
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
Diputado don Joaquín García Díez
Texto:
¿Cuáles son los criterios o los baremos utilizados por la Secretaría General del Mar a la hora de adjudicar Proyectos Piloto de pesca Experimental?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2008.-Joaquín García Díez, Diputado.
Comisión de Cultura
181/000457
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cultura
Diputado don José Vicente Muñoz Gómez
Texto:
¿Se ha emprendido la campaña de difusión de la cultura, la historia y la identidad gitana, en el marco del Plan Gitano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de eptiembre de 2008.-José Vicente Muñoz Gómez, Diputado.
OTROS TEXTOS
DECLARACIONES INSTITUCIONALES
140/000004
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha aprobado, por asentimiento, la siguiente declaración institucional expresando la unidad firme y solemne del Congreso de los Diputados contra el terrorismo.
'El pasado fin de semana, la banda terrorista ETA ha vuelto a atentar en Vitoria, Ondarroa y Santoña. En esta última ciudad ETA ha asesinado a un honrado suboficial del Ejército de Tierra, el brigada don Luis Conde de la Cruz. El Congreso
de los Diputados de España, de forma unánime, traslada su afecto y su pesar a la familia de don Luis Conde, especialmente a su viuda, doña Lourdes Rodao y a su hijo Iván, perteneciente, como su padre, a las Fuerzas Armadas; a todos ellos nuestro
sincero pésame. La Cámara se solidariza con las Fuerzas Armadas, con los policías vascos heridos y con todas las personas que ahora o en el pasado han sufrido más de cerca la sinrazón terrorista. El Congreso de los Diputados expresa de forma firme
y solemne su unidad contra el terrorismo. Esta Cámara pondrá todo su empeño para derrotar y acabar con ETA. A los terroristas sólo les queda el sometimiento a la ley, la acción de la policía y la cárcel.'
Lo que se publica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2008.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.