CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2011 IX Legislatura Núm. 823

TRABAJO E INMIGRACIÓN

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA ELENA ESPINOSA MANGANA

Sesión núm. 49 (extraordinaria)

celebrada el martes,

19 de julio de 2011

ORDEN DEL DÍA:


Ratificación de la ponencia designada para informar sobre:


- Proyecto de ley por la que se procede a la integración del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen General de la Seguridad Social. (Número de expediente 121/000123.) ... (Página2)


Aprobación, con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre:


- Proyecto de ley por la que se procede a la integración del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen General de la Seguridad Social. (Número de expediente 121/000123.) ... (Página2)

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Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.


RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR SOBRE EL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE PROCEDE A LA INTEGRACIÓN DEL RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente
121/000123.)


La señora PRESIDENTA: Vamos a dar inicio a la Comisión de Trabajo e Inmigración de acuerdo con el orden del día que se les ha distribuido.


Como primer punto tenemos la ratificación de la ponencia designada para informar una iniciativa legislativa, en concreto el proyecto de ley por el que se procede a la integración del régimen especial agrario de la Seguridad Social en el
régimen general de la Seguridad Social, que se corresponde con el expediente 121/000123/0000. No voy a hacer referencia a los miembros que han formado parte de la ponencia porque creo que es por todos conocido, con lo cual les pregunto a todos
ustedes si se ratifica la mencionada ponencia. (Asentimiento.)


Queda ratificada por asentimiento.


APROBACIÓN, CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, SOBRE EL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE PROCEDE A LA INTEGRACIÓN DEL RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL RÉGIMEN GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 121/000123.)


La señora PRESIDENTA: Pasamos al segundo punto del orden del día, que es la aprobación, con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre el citado proyecto de ley que, repito, es el proyecto de ley
por el que se procede a la integración del régimen especial agrario de la Seguridad Social en el régimen general de la Seguridad Social.


Para la defensa de las enmiendas tiene la palabra, en primer lugar, la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Intervendré muy brevemente para manifestar que aceptamos la transacción que se hace a nuestra enmienda número 3, pero que vamos a mantener la enmienda número 2 -la 2 y la 3 son las únicas que presentamos-, que es
una modificación de la disposición adicional segunda; después de volver a leer el proyecto y la enmienda que presentamos consideramos que debemos mantenerla y someterla a votación. Lo hacemos porque el propio proyecto de ley reconoce que la
integración de los trabajadores del Reass por cuenta ajena al régimen general se debe hacer creando un sistema especial dentro de este, que evite un incremento de costes perjudicial para la competitividad y el empleo de las explotaciones agrarias.
Pero nos encontramos con que el proyecto de ley que estamos debatiendo trata a todos los empresarios agrarios de la misma forma, cuando en la Seguridad Social y para el mismo sector agrario existe esa misma consideración para los trabajadores por
cuenta propia. Por tanto, y dado que la Ley 18/2007, de 4 julio, por la que se procede a la integración de los trabajadores por cuenta propia del régimen especial agrario y de la Seguridad Social en el régimen especial de la Seguridad Social de los
trabajadores por cuenta propia o autónomos, crea el sistema especial para trabajadores por cuenta propia agrarios, incluidos en el régimen especial de los trabajadores por cuenta propia o autónomos -esto es un lío- deseamos que se tengan en cuenta
las razones por las que estamos manteniendo la enmienda, y fundamentalmente es porque entendemos que para los sectores de trabajadores agrarios más precarios la propuesta que se plantea en la ley es negativa. Por eso tratábamos de mejorar la
cuestión con la enmienda presentada y la mantenemos viva.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra don Gaspar Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Señorías, queremos expresar nuestra satisfacción por esta modificación legal de integración del régimen especial agrario en el régimen general de la Seguridad Social, en primer lugar, porque es una equiparación de
los derechos y obligaciones de los trabajadores agrarios con los del régimen general. Tan solo por esto valdría la pena, y porque además plasma el acuerdo de los agentes sociales con el Gobierno que solo podemos valorar positivamente, y da
cumplimiento a una reivindicación histórica de los sindicatos, particularmente de Comisiones Obreras, que permitirá que los trabajadores agrarios puedan acceder en términos de igualdad a derechos y prestaciones que hoy tienen explícitamente
excluidos. No es menos importante señalar que este proyecto de ley supone la aplicación efectiva del mandato recogido en el acuerdo de pensiones de 2006, acuerdo que se encontraba incumplido y bloqueado ante la pasividad del Gobierno, y celebramos
que por fin, se lleve a efecto.


Señorías, cerca de un millón de trabajadores del sector agrario se van a integrar en el régimen general de la Seguridad Social, y progresivamente podrán acceder a pensiones más dignas y al resto de prestaciones económicas con plenos
derechos. Por eso expresamos nuestra satisfacción. Se cotizará por salarios reales corrigiendo el agravio que obligaba a estos trabajadores a cotizar por bases fijas mínimas, generando derechos a prestaciones muy disminuidos. Se establecen las
condiciones de la protección por desempleo para estos trabajadores hasta su equiparación con las coberturas del régimen general. Hasta ahora los trabajadores agrarios no tenían derecho a acceder a los subsidios de desempleo, pese a que cotizaban
por esta contingencia en las mismas cuantías que

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el resto de los trabajadores. Se mejorarán las condiciones de acceso a situaciones de incapacidad temporal, y se ampliará la cobertura de prestaciones por maternidad y paternidad. Se mejorará igualmente el coeficiente de cotización por
jornadas reales y el sistema de cómputo mensual de estas jornadas. Se establecerá el derecho a la jubilación anticipada, posibilidad que tenían hasta ahora excluida. Se creará la cotización de formación profesional. Se mantendrá el derecho a
cotizar en periodos de inactividad. En fin, se trata en nuestra opinión de un avance sustancial para los trabajadores del campo y cuando tantos son los recortes, tantos los ajustes, un avance hay que saludarlo especialmente.


Señorías, nos consideramos afectados por la enmienda transaccional a la número 3 del Grupo Parlamentario Mixto, porque la nuestra es prácticamente igual. No entendemos muy bien por qué hay una enmienda transaccional a la 3 -debe ser un
error- y no hay una enmienda transaccional a la 5. En todo caso, como nos consideramos representados en esa enmienda transaccional, retiramos la número 5, que compatibiliza en nuestra opinión la pensión y también el trabajo esporádico en el campo,
que era una de nuestras enmiendas.


Señorías, la otra cara de la moneda de singular importancia es la equiparación nominal de los tipos de cotización a cargo de los diversos empresarios agrarios en los mismos términos de los del régimen general. Esta cuestión se aborda
manteniendo reducciones y bonificaciones para que esa convergencia, necesaria a su vez para la mejora de las prestaciones, no dañe la actividad y el empleo de las explotaciones agrarias, estableciendo un periodo también de veinte años. Las
enmiendas presentadas -la que hemos presentado nosotros, la 4, la 2 del BNG, la 6 de CIU, la 23 del Partido Popular- proponen un régimen transitorio de integración con menores costes en términos de cotización empresarial, diferenciando según el tipo
de empresarios: los del sistema especial para trabajadores por cuenta propia y el resto. Consideramos que esta propuesta es adecuada, aunque también comprendemos la posición del grupo parlamentario que apoya al Gobierno en relación al impacto
financiero que pueda tener esta propuesta. En todo caso la mantenemos porque creemos que modula de mejor manera, en función de distintos tipos de empresarios, esta cotización.


Señorías, quiero terminar con una enmienda muy singular que he presentado a esta modificación legal, y que puede considerarse una enmienda excéntrica, y lo es; es la que tiene que ver con la universalización del sistema sanitario. La
enmienda se presenta a esta iniciativa porque en nuestra opinión se nos está agotando el tiempo para la universalización de la sanidad en España a lo largo de esta legislatura. No es una cuestión menor, en sí misma es una cuestión muy importante.
No es verdad que tengamos un sistema universal. Tenemos un sistema de financiación pública universal, pero no tenemos cobertura universal. Es verdad que hay sectores profesionales que se puede decir que no están tan afectados, pero hay otros
sectores que se están viendo directamente afectados al perder por una parte su trabajo y también la prestación de desempleo. Y esos sectores nos parecen muy importantes, aunque algunas comunidades autónomas hayan hecho modificaciones legales para
protegerles, pero esos sectores creemos que no deben estar desprotegidos, desde el punto de vista de la protección por desempleo y desde el punto de vista sanitario, cuando contribuyen con sus impuestos a la financiación de la sanidad universal que
tenemos en este país. Eso en primer lugar, un problema de justicia social.


Pero también hay un problema para presentar esta iniciativa en esta ley, y es que como decía antes se nos acaba el tiempo y hay un mandato por unanimidad de la Cámara. En varias ocasiones la Cámara ha dicho al Gobierno que regule la
universalización de la sanidad. Sabemos las resistencias que existen por parte de Ministerio de Trabajo, pero no nos parecen justificación suficiente para el incumplimiento de un mandato de la Cámara. Y hay un mandato además del Consejo
Interterritorial de Salud en el que uno de los compromisos adquiridos esenciales en el famoso pacto de Estado por la sanidad era el compromiso de desarrollar legislativamente la universalización del sistema sanitario. Pues bien, señorías, esas son
nuestras preocupaciones y por eso hemos presentado esta enmienda, pero en las conversaciones que hemos tenido con el Grupo Parlamentario Socialista, la portavoz del grupo parlamentario en la Comisión de Sanidad, Política Social e Igualdad nos ha
comunicado que este tema se va a solucionar a lo largo de este periodo de sesiones. No sé cómo lo van a hacer. Tampoco me importa mucho. Es este caso voy a ser pragmático y voy a decir que lo importante es que lo hagan y que se cumpla el
compromiso con la Cámara y con más de doscientos mil ciudadanos, algunos de ellos, unos cincuenta mil, en situación muy complicada, sin protección al desempleo y con problemas de protección sanitaria. Por tanto, espero que lo hagan cuanto antes y
en ese sentido mi grupo parlamentario retira esta enmienda para no hacer un desaire a esos ciudadanos que en mi opinión merecen la cobertura sanitaria, porque están financiando la sanidad a la espera de que el Grupo Parlamentario Socialista y el
Gobierno solucionen de una manera inmediata este problema.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Nacionalista Vasco tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Nos encontramos con la finalización en el Congreso de una ley ampliamente consensuada con los interlocutores sociales concernidos por su contenido material, y por tanto me gustaría dirigirme a la portavoz del Grupo
Socialista, en la medida en que otras atenciones lo permitan. Quiero decirle que las transacciones que ha ofertado el Grupo Socialista resultan satisfactorias para mi grupo parlamentario, porque se incardinan en su misma fundamentación filosófica:
converger con el régimen general y cumplir con los requerimientos en el ámbito agrario del

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Pacto de Toledo. Ya el Pacto de Toledo invocaba la excesiva existencia de regímenes especiales, y la enmienda que se transa con el número 24 de nuestro grupo recoge esta recomendación del Pacto de Toledo en términos en nuestra opinión
adecuados. Por tanto retiramos esta enmienda, señora presidenta.


En la enmienda número 25 invocábamos la necesidad de que se optase preferentemente por la modalidad de bases mensuales de cotización, y no de bases que tengan otro trato temporal diferente al mensual. En la enmienda número 26 aparece que
esta cláusula supletoria de que todo lo no previsto específicamente en esta ley -que son especialidades que se mantienen de forma muy residual- sea aplicable con carácter general a las normas que regulan el régimen general de la Seguridad Social. Y
por último, la enmienda transaccional honestamente no la terminamos de entender. Yo no sé si es una ley, como la que estamos debatiendo en este momento, la que debe determinar cuáles son los regímenes especiales subsistentes. No sé qué va a
ocurrir con la misma porque yo, señora presidenta, ya anuncio que me voy a tener que retirar, y el señor Campuzano, seguramente con la lucidez que le caracteriza, me podrá sustituir en el trámite de enmiendas. Pero sin perjuicio de esta que parece
un tanto extravagante y excéntrica, ubicada en esta ley, estamos debatiendo otra; no sé de quién es, pero sea de quien sea está mal, señora presidenta, y dado que está mal y que esto se tiene que ubicar en la reforma de carácter general que se está
debatiendo en estos momentos, y cuyo iter legislativo va a acabar el próximo jueves, entendería que lo mejor sería que desapareciera en el trámite de votaciones. (El señor Alonso Núñez: No lo vamos a presentar.)


En todo caso, ya le anuncio la retirada de nuestras enmiendas, de todas ellas, por entender que las transacciones ofertadas por el Grupo Socialista resultan satisfactorias, y desde esta perspectiva, señora presidenta, quiero agradecer la
flexibilidad intelectual acreditada por el Grupo Socialista en esta materia, cosa que por otra parte tampoco era particularmente difícil, al ser una ley que venía ya con carácter previo muy consensuada.


La señora PRESIDENTA: Una aclaración. Antes de iniciar la sesión hemos tenido con los portavoces una explicación del porqué de esa documentación que se les ha entregado, y que el señor letrado le va ahora a explicar a usted
particularmente, dado que no ha podido asistir al inicio de la mismas.


Continuamos. Tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Estamos ante un proyecto de ley en el que se produce la integración del régimen especial agrario de la Seguridad Social al régimen general de la misma. Es una demanda histórica. Es evidente que hay sectores
del campo que lo valoran de manera positiva. La semana pasada un representante de los sindicatos firmantes del acuerdo me decía que se han tardado más de veinte años en alcanzar ese acuerdo. Y en esa plasmación legislativa del mismo mi grupo no le
quiere ni mucho menos quitar importancia, pero sí he de empezar mi intervención afirmando que el acuerdo social, del que es hijo este proyecto de ley, en el caso de mi país, de Cataluña, no representa la posición de la mayoría de los agricultores
catalanes, y que el contenido de este proyecto es leído y visto por buena parte del campo catalán como un incremento de costes perjudiciales para la competitividad y el empleo de las explotaciones agrarias de Cataluña. Ustedes saben que
singularmente la Unió de Pagesos, que es la organización ampliamente mayoritaria en Cataluña, pero también otras organizaciones agrarias del resto del Estado, han manifestado esta crítica a este proyecto de ley.


Mi grupo hubiese deseado que sobre nuestra propuesta de establecimiento de un régimen transitorio de integración de los trabajadores del Reass por cuenta ajena al régimen general de la Seguridad Social se hubiese producido una aproximación
entre nuestras enmiendas y el texto formulado por el Gobierno. Por lo que hemos visto hasta hace pocos minutos no ha sido de esta manera, y por tanto Convergència i Unió no va a apoyar este proyecto de ley; no queremos ser corresponsables de una
decisión que el campo catalán juzga contraria a los intereses de nuestras explotaciones agrarias, y menos aún en el contexto económico en el que estamos instalados. En este sentido vamos a mantener nuestra enmienda número 6, que es la que establece
este régimen transitorio, que es una enmienda coincidente con enmiendas también planteadas por el Grupo Popular, por el BNG, y por el Grupo de Esquerra Republicana, y vamos a solicitar votación separada de esta enmienda número 6.


Mantenemos también, señora presidenta, la enmienda número 7 para que en esa disposición adicional, donde se establece una aplicación paulatina de las bases y tipos cotizados y de reducciones de las mismas, donde se hace referencia a la
necesidad de contar con los representantes de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de ámbito estatal, se permita no tan solo la incorporación de las organizaciones de ámbito estatal, sino de las organizaciones de ámbito
autonómico. Es singular que en el caso de Cataluña y el País Valenciano las organizaciones más representativas de esos territorios no estén representadas en las organizaciones de ámbito estatal.


Mantenemos también la enmienda número 8, donde se clarifican los criterios de separación de las fuentes de financiación, en la línea de lo expresado por el informe que el CES elaboró en relación con este proyecto de ley.


Mantenemos igualmente nuestra enmienda número 9 e incorporamos una enmienda número 10, para la que también vamos a solicitar votación separada. Esta enmienda número 10 pretende que el Gobierno presente ante la Comisión un estudio sobre la
evolución del subsidio agrario, la renta agraria, y el programa de empleo agrario, donde se analice su contribución a la creación de empleo y a la evolución de las tasas de desempleo en

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las comunidades autónomas beneficiarias, singularmente Andalucía y Extremadura. En concreto, entre las conclusiones de este estudio, a nuestro entender, deberían incluirse propuestas de actuación en los siguientes ámbitos: la necesidad de
mantener el subsidio agrario, la renta agraria, y el programa de empleo agrario, o de realizar modificaciones normativas en su regulación, teniendo en cuenta la relación entre beneficiarios y desempleados en estas comunidades autónomas; su
contribución al déficit del Reass y la integración del régimen agrario en el régimen general de la Seguridad Social; la revisión de las medidas llevadas a cabo en el sector agrario, con el objeto de mantener la actividad en el mismo; y si fuese el
caso, medidas sobre la reducción de los niveles de fraude que pudiesen existir en estos programas.


Visto desde Cataluña ustedes conocen que en la opinión pública catalana se observa con cierta perplejidad el mantenimiento de estas condiciones especiales para los trabajadores del campo de Andalucía y Extremadura. Queremos la mayor
transparencia y el mayor nivel de información a la Cámara, y por tanto a la opinión pública sobre un régimen excepcional, que quizá podría haberse entendido hace cerca de veinte o treinta años, pero en la España de 2011 con la plena integración de
la Unión Europea al menos a nosotros nos choca que se mantenga ese sistema. Por tanto reclamamos un informe que introduzca ese nivel de información, y vamos a pedir igualmente votación separada de la enmienda número 10. Y finalmente tenemos la
enmienda número 11, donde pretendemos abrir la posibilidad, tal como hemos hecho en la reforma del sistema de pensiones, de compatibilidad entre la realización de labores agrarias que tengan carácter esporádico y ocasional con la pensión de
jubilación. El Grupo Parlamentario Socialista ha ofrecido una enmienda de transacción que en este caso vamos a aceptar. Y ya tan solo quiero lamentar que en esta cuestión importante, singular, que afecta a unos cuantos miles de agricultores
catalanes no hayamos podido ser capaces de encontrar un marco de transición que permita a los empresarios agrarios de Cataluña -e insisto en que también de otros lugares del Estado- adaptarse de manera más razonable a este incremento de costes que
va a suponer, que supone este proyecto de ley.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Azpiroz.


El señor AZPIROZ VILLAR: Señorías, ya se ha expuesto por los que han utilizado la palabra que básicamente hay dos bloques de enmiendas referidas a este proyecto de ley y formuladas por cuatro grupos parlamentarios. De un lado están las que
se refieren a la reducción de las bases de cotización, y por otro las que se refieren a la compatibilización de la jubilación con actividades esporádicas y ocasionales por parte de las personas que están jubiladas en el régimen agrario, y que ahora
se integran en el régimen general. Están ahí la enmienda número 3, la número 5 -que ha retirado el señor Llamazares-, la número 11 y la número 19 del Partido Popular. El PNV por su lado ha presentado cuatro enmiendas de carácter distinto, tres han
sido transadas y la cuarta ha sido retirada, por lo que anunciamos la voluntad de nuestro grupo de apoyar las transacciones que el Grupo Parlamentario Socialista ha ofrecido, porque nos parece que han enriquecido y mejorado técnicamente lo que
solicitaba el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Junto a ellas se encuentra una enmienda peculiar que ha sido retirada, pero yo no quiero renunciar al uso de la palabra para hacer valer la posición del Grupo Parlamentario Popular y la mía propia. Me refiero a la enmienda número 1 que,
como bien decía su autor, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, la ha formulado. Pero esa formulación no obedece a ninguna situación de capricho de su autor, sino a un requerimiento y a una apelación al Gobierno a que cumpla con los
compromisos y con los mandatos sobre los que esta Cámara viene pronunciándose con reiteración y que está sistemáticamente incumpliendo, como es que la sanidad española tenga un carácter universal y efectivo para todos los ciudadanos españoles y los
extranjeros aquí residentes. Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a través del señor Llamazares, ha planteado iniciativas en este sentido y nosotros también; concurrimos en un Pleno del Congreso de los Diputados que fue objeto de una
enmienda transaccional aprobada unánimemente, y nosotros nos apoyamos para ello en nuestra proposición no de ley 162/450. En ella defendíamos que legalmente ya hay soporte jurídico para que cualquier ciudadano español tenga acceso y derecho a la
sanidad del sistema público. Lamentablemente esto no se practica en unos cientos de miles de personas; el Gobierno incluso no sabe precisar con exactitud el colectivo que se ve afectado. Yo hice una pregunta parlamentaria y se me contesta que
comprende entre el 0,2 y el 0,4 por ciento de la población española; estamos hablando de entre 92.000 y 190.000 personas. El Defensor del Pueblo en otras ocasiones ha proporcionado otros datos, y también figuraban en el propio Ministerio de
Trabajo, durante los años en que colgaba de la web el dato concreto de ciudadanos no protegidos por el sistema público sanitario.


Esta situación se ve evidentemente agravada con lo que ha expuesto el señor Llamazares, que es algo intolerable: que aquellas personas que encima de perder el trabajo, concluyen con sus prestaciones de desempleo y puedan quedarse sin
cobertura sanitaria, unido esto a un colectivo, normalmente el de profesionales y personas mutualizadas, que por estarlo hoy y en su día no haber podido optar a cotizar a la Seguridad Social, que era quien expedía cuando se cotizaba y había una
relación sanidad-cotización, no han podido acceder a esa sanidad universal. Me alegro de que haya retirado la enmienda el señor Llamazares porque si la hubiera mantenido, compartiendo plenamente la argumentación que ha

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expresado él aquí y la motivación que justifica la enmienda que formulaba, me hubiera visto en la necesidad de no apoyarla. Y el no apoyo proviene justamente de la argumentación que desde el Partido Popular hemos defendido siempre: que
desde el momento en que se abona con impuestos, con la financiación tributaria la sanidad pública, y no con cotizaciones sociales, pasa a ser una prestación no contributiva de carácter universal, y no se puede vincular al hecho de si uno está dado
de alta o no en la Seguridad Social. Y además con el agravante de que hay ciudadanos extranjeros a los que, por estar censados o no, se les da la sanidad sin pedirles nada.


Me parece que llegamos a situaciones absurdas como es que haya ciudadanos españoles a los que no se les atiende o que si se les atiende luego se les pasa la correspondiente factura. Por tanto estoy totalmente de acuerdo con la argumentación
del señor Llamazares, totalmente de acuerdo con la oportunidad de que volvamos a requerir al Gobierno que cumpla el mandato parlamentario, que por cierto, en respuesta a una pregunta escrita que formulé y que me daban el 28 de febrero de 2011,
decían que actualmente se está trabajando en la elaboración de un texto normativo que incluirá la correspondiente memoria económica, encontrándose en una fase muy avanzada, y tendrá en breve su entrada en el Consejo de Ministros para así dar
comienzo al trámite parlamentario. En su última comparecencia el vicepresidente del Gobierno estableció como plazo para la universalización del acceso a la asistencia sanitaria la fecha de marzo de 2011. Yo he de decir, y seguro que no soy el
único, que hay ciudadanos que me están demandando y planteando una solución a este tema, porque carecen de cobertura y no se les da una satisfacción y no se les atiende, o si se les atiende, como he dicho, se les va a cobrar. Lo que se paga con
impuestos es universal y todos los contribuyentes españoles tienen derecho a que se les asista y a la utilización del servicio. Por tanto agradezco muy mucho la enmienda y agradezco también que se haya retirado, y espero que sirva para que el
Gobierno cumpla con lo que se le manda, pero incluso cumpla con lo que él manifiesta que va a hacer y no hace. Espero que esto se resuelva de una vez porque es una cuestión inadmisible e inasumible.


Volviendo al proyecto de ley que debatimos hay que decir que es hijo del tiempo, de la necesidad y del consenso. Ya se ha dicho, y se ha hablado hace un momento, que el sector hace incluso veinte años que viene demandando una solución en
esta materia y que todos estamos satisfechos de que por fin se produzca la integración del régimen especial agrario en el régimen general. Ya se produjo hace un tiempo la integración en el RETA de los autónomos agrarios; además existe un mandato
del Pacto de Toledo de hace ya cinco años, y por fin esto ha cristalizado en un proyecto de ley que sin duda no ha sido fácil. Hablaba también de que es hijo de la necesidad pues afecta a un colectivo hoy de 850.000 personas, y se trata de un
colectivo que precisa de la mejora y dignificación de sus pensiones y prestaciones. Obviamente esto también requiere, financieramente hablando y por el principio de contributividad, que haya una progresiva recaudación, un incremento en las
cotizaciones que se deben de satisfacer para llegar a unos niveles medianamente razonables de protección. Y decía que es hijo del consenso porque se ha conseguido por las más representativas o más importantes a nivel español asociaciones agrarias,
como son Asaja, COAG y UPA, y con el consenso también entre el Gobierno y los interlocutores sociales. Pero además otorgando un largo periodo transitorio, una evolución hasta que la integración sea plena y total, ni más ni menos que de veinte años,
desde la perspectiva de intentar no privar en absoluto de competitividad al sector y hacerlo de una manera gradual, progresiva y en definitiva asumible.


En esta situación, señora presidenta, he de decir que nuestro grupo parlamentario ha recibido comunicaciones, peticiones y requerimientos de varias asociaciones en relación a algunas de las enmiendas que teníamos formuladas, en concreto a la
relativa a las tablas de reducción de bases de cotización. Los argumentos que se nos han dado han sido, en primer lugar, que existía un consenso basado en un equilibrio -que se ha obtenido finalmente en el proyecto- entre las cotizaciones, los
costos, las prestaciones y la transitoriedad; y por otra parte, el equilibrio se basa en un consenso que desean preservar. En virtud de esa situación la enmienda número 23 del Grupo Parlamentario Popular, coincidente con otras de otros grupos
parlamentarios, no la vamos a mantener viva porque nos parece que también debemos ser sensibles a quienes representan a una buena parte del sector, y de una forma argumentada plantean al Grupo Parlamentario Popular esta pretensión.


El Grupo Parlamentario Socialista nos acepta las enmiendas números 15 y 16. Acabo de decir que decaen las enmiendas 23 y 21 al estar ya incorporadas en otro texto legal. Se nos propone una transacción a la enmienda número 19 en relación
con la compatibilidad entre la pensión de jubilación y los trabajos esporádicos ocasionales del personal jubilado agrario. Estoy de acuerdo con ello, lo único es que, para retirar la enmienda 19, se debe hacer una precisión en el texto que nos
ofrece el Grupo Socialista, que dice que el Gobierno determinará reglamentariamente los términos y condiciones en los que la pensión de jubilación del sistema especial para el trabajador por cuenta ajena agrario sea compatible con la realización de
labores agrarias que tengan carácter esporádico y ocasional. Lo que planteamos es que esto tenga una limitación temporal. Nos parecería razonable, por ejemplo, que el Gobierno, en un plazo de seis meses pudiera hacer un desarrollo reglamentario y
no dejar a este colectivo al albur de una situación compleja o de indefensión que pudiera dar lugar a problemas. En esos términos aceptaríamos gustosos la enmienda transaccional. Anuncio que apoyaremos el conjunto de las que se han presentado.

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La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Alonso.


El señor ALONSO NÚÑEZ: Dedicamos la mañana al régimen especial agrario de los trabajadores del campo, un régimen que fue creado en el año 1966 y que cobró plena vigencia a partir del año 1971, especialmente por las reformas que se operaron
en los años 1970 y 1971. Habría que decir que cumplió su papel en aquellos primeros años, pero se vio claramente superado con los avances que la legislación laboral iba produciendo, aumentando los derechos de los trabajadores del régimen general y
dejando en situación de clara discriminación a los trabajadores del campo. Es evidente que desde entonces se ha mantenido un régimen especial para los trabajadores del campo que tiene claras diferencias en prestaciones y contribuciones con los
trabajadores del régimen general. Era una situación discriminatoria que teníamos que resolver y, por tanto, hemos asistido -los que nos hemos dedicado en los últimos años a temas de política agraria- a veinte años de reivindicaciones, negociaciones
y estudios de viabilidad. Todo ello, afortunadamente, ha acabado con un acuerdo, con este proyecto de ley que culmina con éxito todo este trabajo de políticos, sindicatos y administraciones. Estamos llevando a norma un principio general para que
todos los trabajadores tengan los mismos derechos, y va a ser ahora cuando los trabajadores agrarios tendrán derecho a las mismas prestaciones que los trabajadores del régimen general, tendrán derecho a una jubilación digna, como el resto de los
trabajadores y no a prestaciones que, hasta ahora, eran un 50 por ciento inferiores a las del resto de los trabajadores.


Haciendo un poco de memoria, hay que recordar los compromisos adquiridos por distintos responsables políticos a lo largo de muchísimos años, con gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista. Hay que recordar también los
compromisos de los programas electorales tanto de partidos de derechas como de izquierdas, asumiendo este compromiso de equiparación. Hay que decir que ha tenido que ser ahora, con este Gobierno tan criticado por muchos, cuando por fin, después de
veinte años, una reivindicación histórica es resuelta, incluso en un año en el que estamos en los peores momentos de la crisis.


Esta reforma trae causa de otra realizada por este Gobierno para resolver la problemática de los trabajadores agrarios por cuenta propia y su inclusión en el régimen especial de los trabajadores autónomos, una reforma que se aprobó en 2007,
precedente de esta y que de alguna manera culmina esta reforma de equiparación de derechos de las personas que desarrollan su actividad en el mundo agrario. Vamos a hacer realidad, como se ha dicho anteriormente, una de las recomendaciones del
Pacto de Toledo, que quedaron plasmadas en algunos documentos allá por el año 1995. Dicen -y con razón- los representantes de los trabajadores agrarios que nos hemos tomado tiempo para resolver esta recomendación del Pacto de Toledo, pero por fin
podemos festejar que la recomendación, el acuerdo unánime de todos, se hace realidad. Vamos a hacer realidad una equiparación que beneficia directamente a 850.000 trabajadores, por tanto, es una decisión muy trascendente la que tomamos esta mañana.
Afecta a trabajadores que, como digo, tienen menos derechos que otros y que se están jubilando con pensiones bajísimas que en algunos casos no llegan a los 500 euros. Por eso, algunas veces nos ha costado muchísimo trabajo convencer a la gente que
se quede a trabajar en el medio rural, porque los jóvenes sabían que sus derechos laborales y su pensión iban a ser inferiores en un 50 por ciento a los de sus compañeros y amigos de la localidad que trabajaran en la construcción o en los servicios.
Ahora, felizmente -y esto hay que festejarlo- tramitamos una norma que equipara los derechos de los trabajadores del campo con los del régimen general. Además -y por eso ha sido tan largo-, la ley lo hace de forma que el incremento de cotización
que se tiene que producir se hace de acuerdo con una previsión y con unos incrementos paulatinos que, desde nuestro punto de vista, garantizan la viabilidad y, sobre todo, se puede asegurar que no se pone en peligro la viabilidad de ninguna
explotación del sector agrícola o ganadero. La reforma también abre la oportunidad para mejorar la productividad de las explotaciones, para dar una mayor estabilidad en el empleo agrario y también para poder desarrollar en el marco de esta nueva
norma algunas actividades laborales que hasta ahora, con el régimen especial agrario, no era posible atender desde esa situación. El proyecto de ley que vamos a dictaminar aprueba unos tipos de cotización por contingencias comunes del 28,30 por
ciento, siendo el 23,60 para el empresario y el 4,70 por ciento con cargo al trabajador, y es la misma ley la que establece una serie de minoraciones a lo largo del tiempo para que, en ningún caso, el coste efectivo a asumir por ellos nunca sea
superior al 15,50 por ciento.


Como decía, el camino ha sido largo, en el mismo ha habido miles de horas de trabajo, que la Secretaría de Estado ha desarrollado con las organizaciones profesionales agrarias más representativas, con los sindicatos de trabajadores y con la
patronal. Hoy a todos ellos hay que agradecerles, tanto a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social como a los responsables del ministerio -anteriormente de Agricultura y ahora de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino- como de las
organizaciones sectoriales, que hayan alcanzado un acuerdo unánime, que es el que ha permitido que se tramite y se presente este proyecto de ley. El proyecto recoge fielmente el acuerdo unánime para integrar a los trabajadores con efectos del 1 de
enero de 2012 para crear un sistema especial dentro del régimen general, de forma que contemple las peculiaridades del sector primario español y que pueda aplicarse a todos aquellos trabajadores que trabajen en el campo y que tengan al menos 30
jornadas reales en un periodo de 365 días. Establece unas condiciones especiales para cotización. El proyecto -y quizás esto haya sido lo más difícil de alcanzar un acuerdo-

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prevé un sistema de bonificaciones de cuotas aplicables durante los próximos veinte años, periodo durante el que se producirá la plena integración de los trabajadores agrarios con los del régimen general, hasta alcanzar plena vigencia en el
año 2031.


Haré una breve reflexión sobre el conjunto de enmiendas planteadas. En primer lugar, vamos a aprobar una ley con un amplísimo nivel de consenso y con un trabajo en ponencia y en relación bilateral con los grupos que, desde mi punto de vista
-y en mi caso que soy nuevo en esta Comisión-, son un ejemplo de buena relación y de buen trabajo parlamentario. El Grupo Socialista les ha presentado varias enmiendas transaccionales, sobre todo a aquellas enmiendas que tenían una coincidencia
literal con las de otros grupos parlamentarios. La primera se refiere a hacer compatible la jubilación de los trabajadores agrarios con la realización de trabajos esporádicos. Este es un tema que efectivamente ha sido planteado en la enmienda
número 3 del BNG, la número 5 de Esquerra Republicana-Izquierda Unida, la número 11 de CiU y la número 19 del Grupo Popular. En el Grupo Socialista coincidimos en que al menos durante este periodo transitorio hasta la plena integración hay que
mantener esta situación transitoria y la enmienda transaccional plantea que el Gobierno -aceptamos la contrapropuesta del Grupo Popular- en el plazo de seis meses apruebe un real decreto que fije las condiciones en las que pueda ser compatible la
realización de trabajos esporádicos con el cobro de la pensión de jubilación.


También manifestamos nuestro voto favorable a las enmiendas 15 y 16 del Grupo Popular. En relación con las enmiendas números 2 del BNG, 4 de Esquerra, 6 de CiU y 23 del Grupo Popular, que ya ha anunciado que se retira, en las que se plantea
una distinta tabla de bonificaciones de cuotas empresariales y laborales, tengo que decir que lógicamente nosotros no podemos aprobar este planteamiento. Estamos manifestando nuestro respeto absoluto por el acuerdo unánime alcanzado entre el
Gobierno y los interlocutores sociales, y, por tanto, parece poco lógico que nos pongamos aquí a elaborar una nueva tabla después -vuelvo a repetir- de los cientos, de miles de horas que ha costado alcanzar el acuerdo sobre la anterior. En
cualquier caso, respetamos cualquier opinión en contrario. Por supuesto, se podría hacer otra tabla distinta, pero, desde nuestro punto de vista, una tabla distinta como la que se plantea desequilibra el sistema y, en cualquier caso, podría
provocar problemas financieros importantes al nuevo sistema que acabamos de rediseñar.


No creemos conveniente en el Grupo Socialista que en este proyecto de ley se modifiquen las tablas de cotización del régimen especial de autónomos, como propone CiU y anteriormente el Grupo Popular, que ha anunciado, según he entendido, la
retirada de la enmienda.


Tampoco creemos en el Grupo Socialista, y también lo decimos lógicamente con el absoluto respeto a quien lo propone, en este caso CiU, que desde este proyecto de ley se traten de lanzar gestos de alguna manera negativos en relación con los
subsidios agrarios o los planes especiales de fomento del empleo que se desarrollan en la mayoría de las comunidades autónomas del Estado español, con una especial incidencia, lógicamente, en Andalucía y en Extremadura, que es donde más
trabajadores, estadísticamente hablando, hay en este momento. Respetamos a quien quiera realizar un análisis de su funcionamiento y eficacia, pero para eso entiendo que está esta Comisión y no el texto de una ley que trata de resolver otra
problemática.


En definitiva, -y con esto termino señora presidenta-, creo que hemos diseñado un buen sistema, una buena ley que responde a una necesidad, a una reivindicación histórica, una ley que equipara derechos entre trabajadores y que además esa
equiparación se hace sin poner en riesgo la viabilidad de las explotaciones y con un sistema económica y financieramente perfectamente asumible por el Sistema de Seguridad Social de nuestro país.


La señora PRESIDENTA: Suspendemos durante unos minutos para ordenar las votaciones, que se producirán, para que todos ustedes se puedan organizar también en la agenda, a las doce horas. (Pausa.)


Señorías, vamos a dar comienzo a la votación.


En primer lugar, enmiendas vivas del Grupo Mixto, la enmienda número 2.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 18; abstenciones, 15.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmienda número 4 de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 18; abstenciones, 15.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmiendas de CiU. Se procede, en primer lugar a la votación por separado de la enmienda número 6.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 18; abstenciones, 15.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Votación de la enmienda número 10.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 19; abstenciones, 15.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Resto de enmiendas de CiU.

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 18; abstenciones, 15.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Popular. Se ha pedido votación separada de la enmienda número 22, y después del resto de las enmiendas vivas. Procedemos a la votación de la enmienda número 22.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 18; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Resto de las enmiendas del Grupo Popular. (El señor Alonso Núñez pide la palabra.)


El señor ALONSO NÚÑEZ: Perdón, señora presidenta, anuncié el voto favorable del Grupo Socialista a las enmiendas números 15 y 16 y, por tanto, pediríamos votación separada al menos de esas dos.


La señora PRESIDENTA: Señor Alonso, y demás portavoces, votación conjunta de las enmiendas 15 y 16, y el resto separadas. Procedemos a la votación de las enmiendas 15 y 16.


Efectuada la votación, dijo


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas por unanimidad.


Resto de las enmiendas del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dijo


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas por 167 votos a favor y 169 votos en contra.


A continuación, votamos las transacciones que conocen sus señorías y cuyo texto les ha sido entregado.


Efectuada la votación, dijo


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas por unanimidad.


Por último, pasamos a la votación del texto de la ponencia, que con las modificaciones que conocen sus señorías conformaría el dictamen de esta Comisión, que está actuando con competencia legislativa plena.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


Se levanta la sesión.


Eran las doce y diez minutos del mediodía.