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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 808, de 27/06/2011
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2011 IX Legislatura Núm. 808
TRABAJO E INMIGRACIÓN
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA ELENA ESPINOSA MANGANA
Sesión núm. 48
celebrada el lunes, 27 de junio de 2011
ORDEN DEL DÍA:
Ratificación de la ponencia designada para informar sobre:
- Proyecto de ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social. (Número de expediente 121/000120.) ...
(Página 2)
Aprobación con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre:
- Proyecto de ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social. (Número de expediente 121/000120.) ...
(Página 2)
Se abre la sesión a las doce y cinco minutos del mediodía.
RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR SOBRE:
- PROYECTO DE LEY SOBRE ACTUALIZACIÓN, ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 121/000120.)
La señora PRESIDENTA: Señoras y señores diputados, se abre la sesión de esta Comisión de Trabajo e Inmigración. Permítanme que antes de iniciar el orden del día pida disculpas por empezar con una hora de retraso, y también quisiera que
constara en el 'Diario de Sesiones' mi agradecimiento a don Juan Barranco, antecesor en la Presidencia de esta Comisión.
En primer lugar, ratificaremos la ponencia encargada de redactar el informe del proyecto de ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social. Como creo que ustedes conocen, las señoras y los señores
diputados que han formado parte de la misma son: doña Fátima Báñez, don Tomás Burgos, don Jesús Caldera, don Carles Campuzano, doña Olaia Fernández, don Gaspar Llamazares, doña Isabel López, don Jesús Membrado y don Emilio Olabarría. ¿Se ratifica
la mencionada ponencia? (Asentimiento.) Se ratifica por asentimiento.
APROBACIÓN CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, SOBRE:
- PROYECTO DE LEY SOBRE ACTUALIZACIÓN, ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 121/000120.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la aprobación con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre el proyecto de ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social. En
primer lugar, para la defensa de las enmiendas tiene la palabra por el Grupo Mixto doña Olaia Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Empezaremos nuestra intervención en este apretado proceso de tramitación de la reforma de una ley tan importante como es la de la Seguridad Social y concretamente aquellos aspectos que se refieren a las
pensiones, planteando nuestra posición en relación con aquellas cuestiones de esta reforma que entendemos positivas, y lo vamos hacer en primer lugar porque son las que nos van a ocupar menos tiempo ya que desde nuestro punto de vista son pocas.
Empezaré diciendo para conocimiento de la Mesa que retiramos cuatro enmiendas, las números 112, 113, 119 y 129, porque se ha ofrecido una transacción que ha sido incorporada en la ponencia que se acaba de aprobar. Desde nuestro punto de
vista estas enmiendas mejoran el texto en la medida en que están relacionadas con una reclamación del reconocimiento de cotización a las personas que tuvieron que hacer el servicio militar; también en relación con la mejora de la base de cotización
aplicable a las personas del régimen especial agrario, integrado recientemente en el régimen general de la Seguridad Social, así como en lo que se refiere a las personas incorporadas a los planes de pensión de jubilación parcial. Por lo tanto,
retiramos esas enmiendas y mantenemos todas las demás que hemos presentado, aproximadamente treinta.
Queremos comentar algunas de ellas de manera especial, ya que desde nuestro punto de vista -y no solamente el del Bloque Nacionalista Galego, sino
que estas enmiendas responden a demandas sociales de colectivos muy determinados- es lamentable que en este proceso o en este trámite de reforma no se hayan tenido en cuenta para mejorar la cuestión en relación con la Seguridad Social de los mismos.
Hablamos en concreto de la enmienda número 122, que tiene que ver con las posibilidades de regular contractualmente desde el punto de vista laboral y, por lo tanto, de la cotización a la Seguridad Social, a aquellas personas tituladas que están
llevando a cabo un trabajo como becarios, por ejemplo, ya que en muchos casos el hecho de no estar sujetos a contratación laboral y cotización a la Seguridad Social hace que se ocupe un puesto de trabajo sin el debido reconocimiento y sobre todo
remuneración social y económica.
La enmienda número 120 es importante para nosotros y creemos que mejora por la consideración de cotizar los nueve meses por hijo, algo que se reconoce en esta reforma, pero entendemos que es importante que se reconozca asimismo en el caso de
la mujer trabajadora que se incorpore después de la baja maternal. Entendemos que una vez que se hace esta consideración de considerar -valga la redundancia- como cotizados los nueve meses por hijo, también se debe hacer este mismo reconocimiento
en el caso de aquellas personas que se reincorporan al puesto de trabajo, porque entendemos que es necesario fomentar, potenciar y premiar -por decirlo de alguna manera- el hecho de que las mujeres sigan su actividad laboral y no la vuelta a casa.
Evidentemente planteamos esto desde un punto de vista económico, pero también desde la igualdad de género y, en este caso, de la igualdad del derecho de las mujeres.
La enmienda 127 va en la misma dirección, en coherencia con la enmienda anterior, en el sentido de que el beneficio por cuidado de hijos debe alcanzar a todas las personas con independencia del régimen al que estén sujetos, sea de la
Seguridad Social o de otros regímenes, clases pasivas, etcétera.
Con nuestras enmiendas 110 y 114 se pretende mejorar el efecto provocado por lagunas de cotización
cuando estas provengan de situaciones de desempleo involuntario.
La enmienda 124 tiene que ver con la jubilación por cese de trabajo, algo que había mejorado en la reforma anterior, ya que en ella se reconocían también como prejubilaciones los contratos individuales de prejubilación de empresas. Esta
cuestión se elimina en esta reforma, y nosotros entendemos que debe mantenerse porque sigue existiendo esa situación de personas para las que, aunque sea individualmente, la prejubilación entra dentro de algo entendido como voluntario, y no lo es,
independientemente de que sea una cuestión individual.
Señorías, lamentamos de manera especial que no se acuerde la incorporación de nuestra enmienda 130, que responde a debates que se han suscitado en esta Comisión y en el Pacto de Toledo en muchísimas ocasiones y que tienen que ver con el
reconocimiento de los coeficientes reductores a los sectores del granito. No voy a extenderme porque es un debate que se ha dado en muchas ocasiones, pero en este caso tiene una mayor relevancia porque, si no hay algo que lo remedie,
lamentablemente se va a ampliar hoy la edad de jubilación y, como hemos dicho en muchas ocasiones, no todas las actividades laborales son propicias para que las personas estén en condiciones de trabajar en ellas más allá de los 60 años y mucho menos
más allá de los 65. Por lo tanto, lamentamos que no se haya incorporado esta enmienda.
Respecto a la enmienda 126, aunque de manera informal se ha dicho que era necesario asumirla en otro proceso legislativo, como es el del Estatuto del autónomo, entendemos que se podía aprovechar esta reforma de la Seguridad Social para
resolver el problema de discriminación que existe en el Estatuto del autónomo, en el que se reconoce el derecho a accidente in itinere a los autónomos dependientes pero no a los autónomos sin esa dependencia. Nos parece una aberración, una
discriminación que era necesario resolver. No nos vale que se nos diga que hay que resolverlo en otra ley, porque en Pleno se aprobó la tramitación de la reforma del Estatuto del autónomo hace más de dos años y no hay voluntad de llevarla a cabo.
No nos sirve el argumento que se nos ha dado de que tenemos que aprovechar otra ley para hacer esto, es decir, la ley que trata el tema ex profeso, porque en estos momentos se pretende hablando de agricultura resolver un problema de barcos. Es
decir, si una cosa se puede hacer, otras también.
Señorías, solo queríamos hacer esta referencia a algunas de las enmiendas porque el meollo de la cuestión de esta reforma está en los artículos 2 y 4, a los que presentamos enmienda de supresión porque no compartimos lo que se pretende
reformar con estos ellos. No podemos estar de acuerdo con la ampliación de la edad de jubilación ni con la ampliación de los años para acceder a la misma, ni tampoco con los años para calcular la cuantía de la pensión. Por tanto, nuestras
enmiendas son de supresión, ya que no podemos hacer esta reforma sin decirle a la ciudadanía lo que realmente se pierde. En la ampliación del cálculo para la cuantificación de la pensión -no es que lo diga el Bloque Nacionalista Galego, sino que
hay diferentes estudios e incluso en más de una ocasión en sede parlamentaria el propio Gobierno lo ha reconocido- se pierde un uno por ciento anual.
Por tanto, si vamos a una ampliación de diez años, estamos hablando de un 8 o un 10 por ciento de
disminución de la pensión, si al final lo que hoy se quiere aprobar se lleva a cabo. Y no podemos estar de acuerdo, señorías, con lo que se dice desde el Gobierno sobre que esta reforma se hace con el consenso necesario, porque el consenso será con
algunos grupos políticos o algunos agentes sociales pero, desde luego, no con la ciudadanía. Nos remitimos a un informe estadístico del Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, donde en una de sus muestras se dice que el 79,4 por ciento de
los encuestados rechaza la reforma que hoy queremos aprobar, la reforma concreta de la ampliación de los años de jubilación o de las otras dos cuestiones que planteamos.
Señorías, lo hemos dicho cuando defendimos nuestro informe alternativo al Pacto de Toledo, cuando defendimos nuestra enmienda de devolución: con esta reforma el Gobierno satisface los intereses económicos del sector financiero en detrimento
de las mayorías sociales. El montante de dinero que suponen las pensiones es más que apetecible para el sistema financiero y en concreto para los fondos de pensiones. El peso de los fondos privados de pensiones en el Estado español es bastante
reducido respecto a la mayoría de países desarrollados. El porcentaje de inversión en fondos de pensión privados respecto al PIB en los países de la OCDE se sitúa en un 67,1 por ciento de promedio, mientas que en el Estado español supone un 8,1 por
ciento del PIB. Para nosotros estos datos son indicativos de que lo que realmente se pretende con esta reforma es abocar a la ciudadanía a suscribir planes de pensiones privados. Pero ya hemos dicho en más de una ocasión que esto es prácticamente
imposible por la mayoría social de este país, porque sus ingresos salariales no le van a permitir hacer algo como esto, independientemente de que nosotros seamos total y absolutamente defensores de las pensiones públicas, como las que están en
nuestro sistema público de pensiones. Como hemos dicho en otras ocasiones, en el Estado español el gasto en pensión respecto al PIB está en torno al 8,5 por ciento del promedio de la Unión Europea, mientras que en la Unión Europea es el 10,5 y y si
vamos a la Unión Europea a quince es del 12 por ciento. Señorías, los datos que queremos aportar, que son del 8,5 por ciento de gasto en pensiones del Estado español frente a ese 10,5 o el 12 por ciento de la Unión Europea, indican que seguimos por
detrás de los otros Estados de la Unión en un gasto como el del que estamos hablando. Por lo tanto, no entendemos ni compartimos y votaremos en contra de esta reforma porque no es absolutamente necesario.
Podríamos abundar en más
datos, pero como no hay tiempo nos vamos a centrar más en esta cuestión.
Señorías, para nosotros esta cuestión es quizá más grave dado que se está haciendo esta reforma durante un gobierno que se conoce como socialdemócrata, el Gobierno de Rodríguez Zapatero, que asume, con una pasividad que desde nuestro punto
de vista es inaceptable, el ataque frontal a los servicios públicos que se está realizando mediante una política de Estado concebido desde el neoliberalismo. No es la primera vez que esto ocurre, ya se vio desde la propuesta de la famosa directiva
Bolkestein -que se conoció en su momento- o incluso desde la unión monetaria del año 1999. Estoy recordando esto porque en su momento nuestro grupo, el Bloque Nacionalista Galego, ya habló de lo que eso significaba, de lo que significaba el modelo
europeo, el modelo de los mercaderes frente a un modelo social, y evidentemente desde entonces se fueron creando políticas de privatización de servicios públicos, políticas por las que en los últimos dos años, y concretamente el último, se exige al
Estado español una serie de medidas que van dirigidas justamente a claudicar ante ese modelo neoliberal que se impone en la Unión Europea, frente al modelo que ellos denominan proteccionista o protector o lo que conocemos como el Estado de
bienestar. Señorías, la gravedad de la reforma no radica solamente en esta reforma de la Seguridad Social y en las modificaciones que se contemplan en los artículos 2 y 4 de este proyecto de ley, sino que estamos hablando de una reforma que se suma
a otras reformas en la dirección de restringir o reducir muchos de los derechos sociales y económicos que en estos momentos estaban en vigor y que -lo repito, pero no voy a seguir haciéndolo porque se me acaba el tiempo- no es más que una concesión
a esa política neoliberal que está dominando Europa. Quiero dar solo un dato, señorías, que puede explicar la sensación que algunos tenemos de que el modelo neoliberal de Estado que se está imponiendo es hasta tal punto voraz, que es como si se
quisiera poner de rodillas a aquellos Estados que, como el español, tenían unas determinadas condiciones sociales. Hay algo que me está sorprendiendo en estos últimos días.
Mientras en el último año se habló de los problemas de los Estados griego,
portugués y en menor medida del español, pero queriendo ponerlos a la misma altura, en cambio sobre el italiano no se hablaba para nada de los problemas de su deuda o de su situación que requirieran modificaciones. Claro, ahora sí, en la última
semana hemos oído hablar de la necesidad de que Italia asuma también una serie de reformas y la gravedad de la situación italiana. La respuesta a la pregunta de qué pasó en este tiempo es que esa derecha recalcitrante representada por Berlusconi
parece que en Italia está abriendo paso a otro modelo de defensa de un Estado social diferente al que defiende el señor Berlusconi. Desde ese punto de vista voraz del neoliberalismo parece que ya se quiere entrar a atacar algo que no se atacaba
hasta ahora aunque la situación fuera la misma.
En definitiva, señorías, vamos a votar en contra de esta reforma de la Seguridad Social, no sin reconocer que efectivamente en la misma se recogen algunas cuestiones de mejora que son importantes. Además, para finalizar mi intervención
quiero hacer mención a la transacción que se nos ha presentado esta mañana antes de empezar esta Comisión y que propone incorporar a este proyecto de ley -y por tanto a la Seguridad Social- la integración de las empleadas y los empleados del hogar
del régimen especial al régimen general de la Seguridad Social. Nos parece que, sin ser lo que desde nuestro punto de vista respondería adecuadamente a la situación, esto va a suponer un paso muy grande hoy, si aprobamos la transacción que tengo en
estos momentos delante, y por tanto de todo lo que vamos a aprobar hoy es quizá lo único que merezca realmente la pena de esta reforma. Pero, señorías, dada la gravedad de lo que he comentado sobre la ampliación de la edad de jubilación, de los
años de cotización y de los años para hallar la cuantía de la pensión, esta mejora no puede modificar nuestra posición de votación en contra.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds van a compartir tiempo don Gaspar Llamazares y don Joan Tardà. Tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Este es un trámite muy importante. Nosotros hubiéramos deseado que se produjese, además del dictamen de Comisión, el debate plenario. No es así, pero no acabamos de explicarnos cómo es posible que una ley de
esta importancia termine en la Comisión, por muy importante que sea la Comisión. Creemos que a lo largo de todo este tiempo, desde el Pacto de Toledo a la tramitación parlamentaria, deberíamos habernos dado también un tiempo para el debate en el
Pleno del Congreso de los Diputados, y no hacer este trámite con agosticidad y alevosía para una ley tan importante que modifica aspectos fundamentales de los derechos de los ciudadanos.
Anuncio que votaré en contra del dictamen porque supone un retroceso histórico en los derechos de los trabajadores y en los derechos ciudadanos, retroceso histórico que se simboliza en el retraso en la edad de jubilación conquistada hace
cien años, hace un siglo, y además votaré en contra porque se trata de una razón más para la indignación ciudadana y para la desafección de la política. En ese sentido, el Congreso de los Diputados se hace el haraquiri con este tipo de medidas
situándose con los mercados, como intermediario de los mismos y no como representante o como mediación de los ciudadanos. Señorías, un retroceso histórico en primer lugar. No cabe duda de que lo es, no cabe duda de la importancia de la conquista
hace un siglo de las ocho horas de trabajo, como tampoco cabe duda de la importancia de la jubilación a los 65 años. De alguna manera, significaba aquel ideal socialista, aquel ideal de la izquierda de las ocho horas de trabajo, ocho horas
también para el ocio o para la formación y ocho horas para el descanso.
También formaba parte de esta conquista histórica de la incorporación de los trabajadores a la política la conquista de la jubilación a los 65 años, que hoy, de manera
matizada por la intervención positiva de los sindicatos, derogamos de alguna manera y sustituimos por la jubilación a los 67 años.
Señorías, además de un retroceso histórico es un sacrificio inútil para los mercados dado que, al igual que con la reforma laboral, no se sentirán satisfechos y continuarán los ataques interminables contra nuestra deuda porque los mercados
han demostrado ser insaciables. Tampoco tendrán suficiente con este retroceso histórico del retraso en la edad de jubilación a los 67 años; querrán más porque nunca tienen suficiente.
Imponen un recorte de las pensiones públicas, cuando son mucho
más eficientes y mucho más justas que los fondos de pensiones privados, y además imponen la búsqueda de un mercado privado en cuanto a la responsabilidad pública que provocará y está provocando ya una fractura social con los pensionistas mediante la
congelación de las pensiones, pero también con generaciones que en estos momentos se sienten alejadas del Estado del bienestar, del Estado social y que sienten cómo la incertidumbre es el principal factor de su presente y de su futuro y cómo el
Estado social no les protege y esas conquistas de sus padres y de sus abuelos también están en cuestión.
Señorías, en tercer lugar se trata quizás, como decía antes, de una de las razones fundamentales para la indignación ciudadana. El 80 por ciento de los ciudadanos está en contra de esta medida por su carácter antisocial pero también porque
esta medida no ha podido formar parte del debate público: nadie la ha presentado en su programa electoral. Esta medida no estaba prevista, sino que ha venido a ser una imposición del golpe de mercado a los ciudadanos y a los parlamentos. Por
tanto, señorías, no nos extrañemos de la indignación ciudadana ni de la desafección de los ciudadanos respecto a la política y a este Parlamento. Como he dicho antes, es también un motivo más para la fisura, para la sima que separa ya la política
de la ciudadanía.
Creo que este tipo de medidas de recorte inexplicables e inexplicadas, este tipo de medidas que socializan el sufrimiento en el contexto de la crisis pero que además privatizan la política, que convierten la política en la mediadora de los
mercados, deterioran nuestra convivencia de manera muy importante y deterioran también nuestra democracia, que pasa de ser una democracia representativa a una democracia corporativa y a veces a una plutocracia que tiene muy poco de participativa y
de representativa, a una democracia únicamente de los poderosos.
Señorías, mi última y quinta razón es que este texto significa el haraquiri del Parlamento español, el suicidio del Parlamento al final del periodo legislativo, cuando el Parlamento se convierte en portavoz fundamentalmente del golpe de
mercado -y sin matices- y, por otra parte, además es sordo a las voces indignadas que piden una salida más social de la crisis y una verdadera representación del Parlamento con respecto a la ciudadanía. Esta iniciativa, señorías, es un escándalo;
es un escándalo, en resumidas cuentas, porque no hay un problema en nuestro sistema de pensiones que requiera una medida de estas características, tan dura, tan drástica, y es un escándalo desde el punto de vista democrático porque no tiene en
cuenta a los ciudadanos y solamente tiene en cuenta a los poderosos y a los mercados.
En nuestra opinión, este sería el momento para recuperar por parte del Parlamento la representación de la ciudadanía, para no situarnos en medio de los indignados y los mercados. Nosotros no estamos a medio camino de unos y de otros,
nosotros somos los mediadores de los ciudadanos, no los intermediarios de los mercados. Por tanto, es una oportunidad para recuperar la representación de la ciudadanía y para no reaccionar de forma corporativa como si la ciudadanía nos ofendiera a
nosotros, los políticos; no es verdad, la ciudadanía lo que contesta es una determinada política que se pone al servicio de los mercados y lo que reclama es otra política, la política de la representación de sus aspiraciones y de sus derechos. Por
eso, en nuestra opinión, deberíamos parar esta tramitación que creemos que solamente nos piden los mercados, nos la imponen unos pocos y no la quiere la inmensa mayoría de los ciudadanos; no nos la piden, no nos la exigen, no la hagamos, si somos
sus representantes.
Deberíamos someter iniciativas de estas características, que no han formado parte del programa electoral, que no han sido debatidas públicamente, que aparecen súbitamente como propuesta o, mejor dicho, como imposición de los mercados, a una
participación amplia de los ciudadanos sin descartar una participación directa, mediante referéndum, en temas que tienen un hondo calado y una trascendencia política muy importante para sus vidas en el presente y en el futuro. Creemos que sería el
momento de incorporar estas propuestas a las próximas elecciones generales, en el marco de los programas electorales, en el caso de que los partidos las tengan por buenas. Nosotros no las incorporaríamos a nuestro programa electoral, muy al
contrario, incorporaríamos lo opuesto: mantener la jubilación a los 65 años y consolidar el Estado social y el sistema público de pensiones, y sería el momento del debate público y después de adoptar las medidas necesarias. Señorías, llamo a los
parlamentarios a ejercer de tales, a ejercer de representantes de los ciudadanos y a ser insumisos frente al golpe de los mercados que hoy se nos propone aquí como si fuera una iniciativa nuestra. No lo es, señorías; hay una parte de este trabajo
muy importante que hemos hecho en el Pacto de Toledo y en ponencia y en Comisión, pero hay propuestas -como la de los 67 años de edad de jubilación- que no nos pertenecen, que nos son ajenas y que son impuestas, y por tanto que no deberíamos en
ningún caso asumir.
Señorías, tengo reservas con respecto a enmiendas transaccionales que se han producido a lo largo de la
tramitación parlamentaria, y que voy a votar en contra del conjunto del dictamen pero en particular de la enmienda transaccional sobre las mutuas, que me parece contradictoria con el AES y con la propia reflexión del Pacto de Toledo; la voy
a rechazar. Voy a rechazar también una enmienda que pretende transferir el patrimonio de la Seguridad Social a la Administración, y de la Administración a las administraciones autonómicas. No me parece una enmienda clara. Creo que tiene una
voluntad contable, pero me plantea muchas dudas. Por otra parte, tanto la enmienda transaccional relativa a la viudedad como la relativa también a maternidad y paternidad nos parecen confusas y, en nuestra opinión, no satisfacen las orientaciones
del Pacto de Toledo.
Termino diciendo que con respecto a las últimas transaccionales que se han visto en el día de hoy, en primer lugar nosotros apoyaremos la relativa al Sáhara y la relativa a las empleadas de hogar. Nos parece que van en la orientación de las
recomendaciones sobre las que hemos reflexionado ya en distintas ocasiones tanto en la Comisión del Pacto de Toledo como aquí mismo. Sin embargo, mi grupo -en concreto, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya- no estará de acuerdo y va a votar en
contra de la propuesta que se nos hace sobre un seguro sobre dependencia. Nos parece que es contradictorio con la Ley de Dependencia y que pretende cargarse el carácter público del servicio de dependencia. En nuestra opinión, no solamente estamos
ante un ajuste del sector público sino ante una pretensión de privatizaciones de segmentos muy importantes que creemos que no son segmentos de mercado sino derechos sociales de los ciudadanos y, por tanto, nosotros vamos a votar en contra.
Señorías, en este sentido, creemos que el dictamen no nos representa y que tampoco representa a la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles, que no entienden cómo tienen que retrasar su edad de jubilación de los 65 a los 67 años
únicamente por el capricho de los mercados.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Señorías, debatimos una reforma que, a nuestro entender, ya nació pervertida. Como ya ocurrió con la reforma laboral, se acaba haciendo pagar los platos rotos a la ciudadanía en general y a los trabajadores en
particular. Creo que esta es una opinión mayoritaria entre la ciudadanía, razón por la cual incluso el Partido Socialista ha corregido un tanto el tiro en la enmienda que ya presentó en su momento, a fin y a efecto de que las grandes empresas con
beneficios, como Telefónica, no puedan prejubilar endosando los costos al erario público.
De hecho, ya decía Gaspar Llamazares -creo que lo ha dejado bien claro- que todo ello obedece a la voluntad de enviar un mensaje a los mercados, este gran
eufemismo que utilizamos cuando lo que de verdad se esconde es la servidumbre al capital financiero especulativo, y en este caso utilizando como víctimas necesarias a los pensionistas y a aquellos ciudadanos que a partir de ahora tardarán más en
serlo, y lo serán en peores condiciones cuando accedan a este estadio de sus vidas. Eso hace esta reforma, si cabe, más injusta. Pagarán la crisis los de siempre.
Yo creo que ustedes podían haber construido un modelo más flexible de reforma, con retoques a determinadas prestaciones que han quedado obsoletas y mediante cambios temporales para la mejora de la sostenibilidad, pero han optado por una
regresión en el sistema de pensiones, que de hecho ya se visualizó en el año 2006 y que ahora se consagra. Este Gobierno va a pasar a la historia como el Gobierno que destruyó las bases del modelo del bienestar en España. Incluso nos rechazan la
enmienda 84, una revisión de la sostenibilidad estratégica a corto plazo, en el año 2016, y no trasladándola, demorándola a 2027.
Insistimos en que el debate de la sostenibilidad no lo ponemos en duda, pero los costes pueden recortarse por
diferentes vías, y ahí es donde no compartimos su misma idea. Pongamos un ejemplo, a mi parecer injusto y que explica, en parte, el porqué de nuestro voto contrario. Han añadido al texto, fruto de una transaccional, una previsión que deja sin
efectos la previsión de un decreto que prohibía determinadas compatibilidades entre trabajo y pensión para algunos colectivos como abogados, médicos y arquitectos. Hasta aquí podemos entender la fuerza que los lobbies han ejercido contra el Grupo
Socialista. Hay lo que hay. Lo que no es admisible y es un tanto indecente es que lo hagan en la misma norma que va a prohibir la compatibilidad del trabajo con la prestación para los grandes discapacitados y las personas que reciben prestación de
incapacidad permanente absoluta. Nos parece, repito, indecente que pretendan mejorar la sostenibilidad del sistema atacando de lleno la integración social de los minusválidos por la vía de actividades que eran siempre residuales y, en cambio,
pretendan permitir otras compatibilidades que solo tienen por objeto contentar a determinados colectivos.
Es cierto que han atendido alguna recomendación que se hizo en nuestras enmiendas 86, 95 y 87. Respecto a la primera, se ha atendido alguna mejora en la consideración del tiempo cotizado en situaciones de maternidad, especialmente aumentar
de dos a tres los años que se consideran cotizados a efectos de la excedencia por cuidado de hijos. Es un pequeño avance ciertamente, como también lo es que se planteen estudiar las fórmulas de compensación que en términos de cotización o
prestaciones debería tener la prestación del servicio militar o prestación social sustitutoria, aun cuando nuestra demanda pretendía la incorporación inmediata en el texto legislativo de los periodos dedicados al ejército a efectos de cotización
para todas las prestaciones, o la previsión de que sea revisada la consideración de periodos cotizados para personas trabajadoras a tiempo parcial. Son algunos de los aspectos que proponíamos en nuestras
enmiendas y vemos positivo que se hayan incorporado a través de transaccionales con Esquerra, el Grupo Socialista y Convergència i Unió.
Se han introducido modificaciones -y me refiero a la transaccional que cuelga de la enmienda 87 de Esquerra Republicana y de otras dos del Partido Nacionalista Vasco y Convergència i Unió- respecto a las pensiones de viudedad para alcanzar
en el plazo de ocho años la base reguladora del 60 por ciento, pero la reforma queda empañada por el corsé que impone esta misma transaccional y por otros déficits, entre los cuales se encuentra la no aceptación de nuestra demanda de mejorar el
acceso a la pensión a las parejas o uniones de hecho -digo mejorar-.
El conjunto de la reforma sigue siendo de tanto calado y tan injusta que no podemos dar nuestra valoración positiva a la misma. Lo harán, pero sin nosotros. Esta reforma pasa por ser la reforma que no se hubiera atrevido a hacer el Partido
Popular. Ustedes harán una reforma de tinte neoliberal que, más que proteger la sostenibilidad del sistema, tiene como fundamento la persecución, acoso y derribo de quien pretenda ser pensionista. ¿Cómo se explica, si no, el rechazo a nuestras
enmiendas de supresión del endurecimiento de la jubilación anticipada o parcial habiendo sido esta última figura tan importante para fomentar las transiciones laborales aprovechando el conocimiento experto de los trabajadores de mayor edad?
Nosotros proponíamos revisar la sostenibilidad atacando uno de sus fundamentos en nuestro sistema de Seguridad Social, la separación de fuentes de financiación. Resulta incontestable que una adecuada separación de fuentes progresiva,
pautada, pausada incluso, haría nuestro sistema más justo, pero no solo eso, sino sostenible también a futuro.
Pero ustedes han preferido recortar derechos a separar las fuentes, en la misma línea que les citaba al inicio con los discapacitados o
los médicos, una línea poco protectora de los derechos de las personas, de la protección social. Nuestra enmienda 92, pues, que pretendía una separación definitiva de fuentes antes de fin del año 2013, ha sido rechazada. Y por supuesto no podemos
estar de acuerdo con el icono de su reforma, los 67 años. Los 67 no eran la solución. Lo eran sistemas de cálculo más flexibles, mejor adaptados a las carreras profesionales, y la separación de fuentes. Ustedes podían atacar la reforma desde los
ingresos, pero, como en otros escenarios, la han abordado desde los gastos, aun a sabiendas de que en la partida de gastos atacaban a personas, a sus necesidades, a sus expectativas y, en definitiva, a la cohesión social.
Al inicio de mi intervención y en referencia a las reformas, decía que las había coherentes e incoherentes. Puedo admitir que bajo el prisma de neoliberalismo que subyace en esta reforma y mediante una visión estrictamente economicista del
sistema de pensiones, que es la que ustedes tienen, se pretenda castigar a las personas trabajadoras haciendo que trabajen dos años más para jubilarse. Ello hace que el sistema ahorre recursos y genere ingresos por esa demora que ustedes decretan
ahora.
Pero hay reformas y reformas porque ustedes, además de ello, introducen modificaciones en el cálculo de algunas prestaciones que solo persiguen un empeoramiento deliberado del cálculo, como en el caso de las integraciones de lagunas.
Tampoco es lógico ni coherente que aun existiendo unas directrices para la reformulación de las prestaciones por muerte y supervivencia en los Pactos de Toledo no se introduzca el debate en la reforma actual. Las reformas en materia de
Seguridad Social deben ser progresivas y de conjunto, y no puede dejarse en manos del trámite presupuestario anual un debate tan profundo como el debate de dichas prestaciones. Han introducido dos cuestiones puntuales en el texto, la relativa a la
orfandad y la mejora de una parte de viudedad, pero ese no era -tal como dijimos- el debate; el debate era de su conjunto y de la globalidad para hacerlas más justas. Por lo que se refiere a la configuración de la Agencia Estatal de Administración
de la Seguridad Social, les permitía reflexionar acerca del debate competencial en materia de Seguridad Social. Lo han desaprovechado y han rechazado nuestra enmienda 89, de creación de las agencias autonómicas de la administración de la Seguridad
Social, para contentar a quien prefiere el centralismo político a la francesa y no la desconcentración competencial eficiente a la manera alemana.
Termino, señora presidenta. Por todo ello, nuestra posición no puede ser otra que la del voto negativo a una reforma que si persigue alguna cosa es a las clases populares, que generará pobreza y atentará contra la cohesión social en el
futuro. Es más, creo que se incrementan las condiciones para que exista un escenario de futuro de progresiva privatización de la joya de la corona de la clase trabajadora, como es el sistema público de pensiones. Así pues, votaremos en contra a
través del voto del compañero Gaspar Llamazares y, evidentemente, pasaremos al letrado el número de enmiendas que mantenemos vivas.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra don Emilio Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: La verdad es que este debate ha empezado con una perspectiva muy sugestiva intelectualmente hablando. El señor Llamazares ha invocado o ha reclamado a los diputados que practiquemos una genuina insumisión contra
el proyecto de ley que estamos debatiendo, lo cual no carece de legitimidad en términos parlamentarios. La argumentación en la que fundamentaba esa reclamación de insumisión a la norma o al proyecto de norma en este caso, resulta quizás demasiado
imaginativa en opinión de quien les habla en este momento. Se pretende establecer aquí una especie de equidistancia entre la representación de esa amalgama o de ese colectivo que se denomina 15-M, que es difícil mensurar en relación a su
legitimidad, para plantear propuestas -y cuyas propuestas además tienen un
carácter un tanto deletéreo difícil de comprender-, y convertirnos en una especie de intermediarios entre ellos y los mercados, nada menos, concepto metajurídico donde los haya; yo no conozco a los mercados y del 15-M no he tenido más que
la oportunidad de conocer las reflexiones de uno de sus portavoces sobre la Ley Hipotecaria cuando comentaba que no le gustaba, y ante la pregunta del periodista de qué preceptos no le gustaban comentó que no lo sabía, pero que estos preceptos que
refutaban se estaban estudiando en la asamblea de Vallecas.
Como entre estos dos ámbitos de actuación, dado el desconocimiento de mi grupo, no se puede mediar, desde luego nosotros lo que no vamos a hacer es practicar la insumisión o una actitud de insumisión sobre esta norma, aunque es
manifiestamente mejorable. Es mejorable, en primer lugar, desde una perspectiva procedimental. Creo que la escenificación, la escenografía no acompaña a la calidad, la dimensión y la profundidad de lo que aquí estamos debatiendo. Primero, la no
avocación a Pleno por razones reglamentarias que la señora presidenta ha podido explicarme antes, llama poderosamente la atención porque es la primera ley que regula la protección de las contingencias, lo que se denomina sistema público de Seguridad
Social, que no es aprobado por un Pleno. Esta es una de las normas más importantes de cualquier legislatura. Esta es una norma de carácter universal porque universal es el carácter del sistema público de pensiones, tal como está definido por el
artículo 41 de la Constitución. Esta es una norma que se puede considerar como uno de los paradigmas del Estado del bienestar que pretendidamente está asentado en nuestra Constitución, en su artículo 41, como comentábamos. Es una norma que tiene
que ser debatida en ponencia con prolijidad, con aproximaciones, con acuerdos; antes de ponencia con negociaciones entre partidos o grupos parlamentarios; en una Comisión con detenimiento. No sé hasta qué punto esta Comisión ha empezado tarde y
seguramente -como decía aquel buen alumno: ya que hemos llegado tarde vamos a salir pronto- acabará pronto desafortunadamente, y sin acudir a Pleno. Pasará por el Senado y volverá aquí. De lo aprobado o no aprobado en el Senado podremos hacer
alguna reflexión con las contingencias de las valoraciones sobre lo aprobado por el Senado, que son cortas en el tiempo y de escasa profundidad, en el Congreso de los Diputados en la segunda vuelta, en la segunda lectura o en la tercera, mejor
dicho, que se realiza de las enmiendas del Senado en el Congreso de los Diputados. Es decir, sin pena ni gloria; un debate de esta trascendencia va a pasar por esta Cámara sin pena ni gloria, sin la relevancia, sin la trascendencia
jurídico-política y parlamentaria que debe tener una reforma de estas características.
Invocaría que se intente avocar a Pleno todavía, señora presidenta. Sé que es difícil. Hay ya una interpretación de la Presidencia de la Cámara que impide esta
avocación. Lo volvería a solicitar. Una norma de esta profundidad, que afecta universalmente a todos los ciudadanos del Estado español, que protege las contingencias y constituye uno de los paradigmas del Estado del bienestar no se debería
despachar aprovechando, de alguna manera, incluso hasta la astenia o la fatiga que el verano provoca en los diputados. Esto ya ocurrió, por cierto, en la anterior reforma de las pensiones, con la Ley 49/2007, que fue la última de la anterior
legislatura. Pretendía ser la gran reforma de la Seguridad Social y se quedó prácticamente en nada. Esperemos que esto no ocurra o no sea la suerte a la que está destinada esta norma que estamos debatiendo.
Pero como ya parece un metafísico imposible darle seriedad y rigor parlamentario a este debate, señora presidenta, vamos a intentar, desde la perspectiva de nuestro grupo, salvar lo que es salvable de este importantísimo proyecto de ley.
¿Qué es salvable? Salvable es respetar el contenido esencial de los artículos 41 y 50 de la Constitución. Eso es lo que tenemos que salvar. ¿Qué es o qué podría ser salvable eventualmente, señora presidenta? Salvable podría resultar también
intentar salvaguardar los títulos competenciales que en un Estado compuesto, como el Estado español, atribuyen los estatutos de autonomía -bloque de constitucionalidad- a las comunidades autónomas. Y no sé si es salvable mucho más porque ya veo que
incluso las reflexiones llegan a provocar hilaridad, señora presidenta. Es la astenia del verano, sin ninguna duda.
(El señor Llamazares Trigo: No era sobre eso.) Desde luego, el procedimiento está viciado no solo por las características
reglamentarias o por los mecanismos reglamentarios que estamos siguiendo, sino que está viciado hasta por la falta de interés manifiesta que la mayoría o algunos de los aquí presentes demuestran respecto a algo que afecta al futuro de la totalidad
de la ciudadanía y no me voy a cansar de repetir esta mención. Tampoco me gustaría que la ciudadanía viera en qué términos, en qué contexto y con qué características, formalidades y prosopopeya estamos debatiendo algo que afecta al futuro de todos
los ciudadanos, algo consistente en la protección de las contingencias que la ley, desde la perspectiva de consagración del sistema de Seguridad Social, pretende.
Además, somos contradictorios con la propia exposición de motivos del proyecto de ley. Cuando la exposición de motivos del proyecto de ley empieza afirmando que el sistema de Seguridad Social constituye un pilar central de la sociedad
española a través de la cual se ha consolidado y desarrollado un sistema eficaz de bienestar por los ciudadanos, no lo estamos haciendo ni desde la atención que requiere una norma a la que se le atribuye una proclamación y una dimensión tan solemne
como la que consta y he leído en la exposición de motivos, ni lo estamos haciendo en la forma que estamos regulando en una norma de esta dimensión e importancia.
¿Qué podemos salvar? No sé si podemos salvar, señora presidenta, el contenido esencial del artículo 41 de la Constitución, desagregado por la jurisprudencia constitucional. Cuando la jurisprudencia constitucional se ha referido al
contenido esencial del artículo 41 de la
Constitución, primero ha establecido lo que establece el tenor literal del artículo 41 de la Constitución respecto al sistema público de pensiones, que tiene que existir un sistema público y ese sistema es un sistema público, no privado o
público-privado. No es una expresión tautológica.
Es un sistema que tiene que proteger de forma suficiente cualquier situación de necesidad -luego, además de suficiente, tiene que ser universal- y es irregresivo -cualquier reforma de dicho sistema
tiene que ser irregresiva-, irregresividad ya glosada o determinada por la jurisprudencia constitucional, indicando que cualquier reforma de la ley tiene que mantener el sistema de protección previgente, de las contingencias anteriormente vigentes
en su nivel y cuantía y no pueden constituir las reformas del sistema público de pensiones reformatio in peius, reformas que empeoren el nivel de protección. Nosotros observamos en algunos ámbitos la posibilidad o la eventualidad de que se esté
empeorando el sistema de protección previgente; en primer lugar, en relación con la pensión mínima.
La pensión mínima ha adquirido una naturaleza diferente en este proyecto de ley, no es como era antes. Lo que el legislador anualmente considera adecuado y suficiente en la función que la pensión mínima debe cubrir, que es la función de
sustitución de rentas, y en este momento, con esta modificación, ya no habría una, sino que podría haber incluso diversas pensiones mínimas, cuya asignación y evolución se liga y condiciona a cuantías de naturaleza no contributiva. La asignación de
la pensión mínima a cuantías no contributivas supone o puede suponer, señora presidenta, una minoración de la cuantía de la pensión mínima. Estaríamos incurriendo ya en la irregresividad que prohíbe o veta al legislador la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional.
Y lo mismo ocurre con los complementos de mínimos, que también están vinculados a las pensiones máximas no contributivas. Los complementos de mínimos antes no eran así, no se vinculaban a una cifra consignada por la Ley de pensiones no
contributivas, porque también pueden provocarse reducciones de los complementos de las pensiones mínimas a través de la figura de los complementos de mínimos si estos se vinculan a pensiones de naturaleza no contributiva. Tendríamos entonces un
problema de eventual irregresividad o regresividad en este momento, vulnerando la jurisprudencia constitucional. Y estaríamos vulnerando también las recomendaciones del Pacto de Toledo en relación con la configuración. No sé por qué, señora López
i Chamosa, no han tenido valor en este momento de acometer definitivamente la separación de fuentes, algo que lleva invocándose de forma recurrente y sempiterna por las recomendaciones del Pacto de Toledo desde su nacimiento en relación con las
pensiones mínimas, que tienen que estar desvinculadas de las cotizaciones y tienen que ser afrontadas mediante el sistema tributario ordinario, mediante el presupuesto ordinario.
En cuanto a la elevación de la cuantía de la pensión a los 67 años, también es una materia delicada y discutible desde una perspectiva de regresividad y de insuficiencia de la norma. Nosotros pedimos que se mantenga en 65 años la pensión de
jubilación, la legal, y simultáneamente pedimos que se pueda prorrogar la permanencia en el mercado de trabajo hasta los 67 años. Lo pedimos, pero no ignoramos las prospectivas demográficas negativas para el mantenimiento del sistema público de
pensiones, que va a provocar que la ratio de trabajadores por pensionista vaya disminuyendo de forma peligrosa para el mantenimiento de un sistema de reparto y haya que tomarse en serio la posibilidad de postergar, por ahora voluntariamente, la edad
legal de jubilación de 65 a 67 años.
Nosotros preferimos mantener la edad legal de jubilación en 65 años, aunque admitimos el incremento del periodo de carencia, del periodo de cotización obligatoria, hasta los treinta y ocho años y seis meses que
consigna el proyecto de ley. Ahora, para la progresión hasta los 67 años, la edad legal de jubilación, pediríamos que se considere la posibilidad de recuperar los treinta y cinco años a los 67, que antes conferían el derecho a la obtención de la
pensión máxima de jubilación en el ordenamiento jurídico. Sería la única forma de eludir los requerimientos de no regresividad consolidados por el Tribunal Constitucional.
Hay problemas, de los que podríamos hablar, sobre la gran invalidez y la definición de la gran invalidez, que debería equipararse en determinadas materias en cuanto, particularmente en la relativa a la exención de cotización a la jubilación
-sería nuestra enmienda 163-, a una mejor definición de las lesiones permanentes no invalidantes; sobre mantener la edad jubilación -la enmienda número 166- en 65 años, aunque admitiendo la progresión hasta los 67, reduciendo el número de años
cotizados y las bases de cotización a los treinta y cinco años, siempre que voluntariamente los trabajadores se jubilen con 67 años. La jubilación anticipada es también uno de los temas recurrentes y muy debatidos en el Pacto de Toledo. Yo quiero
recordar que se aprobó una proposición no de ley la legislatura pasada en relación con las prejubilaciones, donde se afirmaba que a partir del año 2007 aquellas personas que se hubieran prejubilado contra su voluntad mediante ERE no negociados por
ellos y sobre los que no confirieron poder de representación ni a los sindicatos ni a los empresarios que los negociaron, ni al Gobierno ni a la autoridad laboral que los autorizó posteriormente, y hubieran cubierto treinta y cinco años de
cotización, al llegar a los 65 años estos prejubilados, se removerían los coeficientes reductores que hubiesen sufrido -y estamos hablando de la problemática de los coeficientes reductores- y adquirirían un derecho a una pensión de jubilación
equivalente a la de los que de su categoría y clasificación y calificación profesional se jubilaron con 65 años de edad. No se ha cumplido esta proposición no de ley que fue votada por el Grupo Socialista también, que fue votada por unanimidad por
todos los grupos de esta Cámara.
No se ha afrontado tampoco con seriedad el debate de las competencias o de los ajustes de la legislación en
materia de pensiones al bloque de constitucionalidad y a los requerimientos de los estatutos de autonomía. Le voy a citar dos preceptos del Estatuto de Autonomía de Gernika, son el 18.2 y la disposición transitoria quinta. El 18.2 atribuye
al Gobierno vasco -es una atribución del Estatuto de Autonomía para el País Vasco- competencia en materia de desarrollo legislativo y ejecución de la legislación del Estado en materia de Seguridad Social. Y la disposición transitoria quinta, que
tiene una raíz foral, está vinculada a los derechos históricos constitucionalizados por la disposición adicional primera de la Constitución, establece que corresponderá al Gobierno vasco la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. En
este proyecto de ley se crea una agencia donde se integran todas las entidades que gestionan nuestro sistema público de pensiones. Esta es una oportunidad idónea para atender a los requerimientos del bloque de constitucionalidad en materia de los
títulos competenciales que los estatutos de autonomía reconocen a distintas comunidades autónomas con distinto nivel: unos son los títulos competenciales que se atribuían a la Comunidad Autónoma de Cataluña; otros son los títulos que se atribuyen
a la Comunidad Autónoma de Euskadi.
No se ha afrontado tampoco con la suficiente delicadeza y en condiciones de igualdad -el requerimiento de igualdad también es un requerimiento de constitucionalidad consagrado por el artículo 14 de la Constitución- el régimen de las
jubilaciones, de las prejubilaciones y de las jubilaciones anticipadas de los trabajadores autónomos, a pesar de que se ha aprobado recientemente un Estatuto del trabajador autónomo y a pesar de que se ha reconocido a los trabajadores autónomos una
indemnización por cese de actividad, homónima o perífrasis que se refiere a la prestación por desempleo. Tampoco en relación con las viudas están cumpliéndose -y me estoy refiriendo al Grupo Socialista y al Partido Socialista, por proyección- los
requerimientos de sus propios programas electorales en relación no con las bases reguladoras, sino con el índice de imputación para el cálculo de la pensión de viudedad. Yo recuerdo que hace dos campañas ustedes se presentaron a las elecciones
prometiendo a los ciudadanos que la pensión de viudedad no se calcularía mediante la aplicación del 52 por ciento de las pensiones del cónyuge fallecido, sino del 70 por ciento. Se han realizado acuerdos o aproximaciones, acercándose al 60 por
ciento, en las ponencias que han tenido lugar antes de esta Comisión. Nos parece que el 60 por ciento no cubre el requerimiento de suficiencia -y ya voy acabando con esto, señora presidenta-, requerimiento de suficiencia que está proclamado por el
artículo 41 de la Constitución, en relación con las viudas, cuyo primer problema es de pobreza, porque estamos hablando de que el 80 por ciento del colectivo de viudas son mujeres de más de 65 años que no han trabajado fuera del ámbito doméstico
durante su vida y que están en una situación de verdadera pobreza. Lo que hay que hacer en materia de viudedad es no solo incrementar este coeficiente o índice de imputación, sino establecer un régimen de incompatibilidades con otras rentas,
particularmente con las rentas del trabajo.
Desafortunadamente, tampoco se ha regulado bien el funcionamiento o el régimen de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedad profesional.
Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedad profesional cumplen una función muy importante:
son entidades colaboradoras del sistema público de pensiones de las entidades gestoras de la Seguridad Social y son entidades que están en condiciones muy ventajosas para acabar con una de las patologías de nuestro mercado de trabajo, y por
proyección de nuestra economía, cual es el absentismo laboral. Desde esa perspectiva, nosotros pedimos que con relación a lo que gestionan las mutuas, las prestaciones, se modifiquen y amplíen las mismas para la gestión de las prestaciones de
incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, teniendo en cuenta a estos efectos lo previsto en el Real Decreto 6/2000, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios; que se les atribuya una
competencia importante, que es asumir el control del coste originado por las prestaciones que ellas, o en concurrencia con la sanidad pública, realizan, es decir, la protección de las contingencias que se protegen desde esta perspectiva de las
mutuas; también el mantenimiento de su régimen jurídico privado -y ya me estoy refiriendo a los intentos de publificación de las mismas, frustrados afortunadamente en el debate de las últimas leyes de Presupuestos Generales del Estado-; y una
función muy importante, que es comprometerlas en la reducción de la siniestralidad.
Señora presidenta, he intentado hacer una glosa muy resumida, solo permítame que me refiera a una realidad muy vinculada a Euskadi, la de las cooperativas. En materia de cooperativismo y la protección de las cooperativas he de decir que los
socios trabajadores están afiliados al régimen de autónomos. Para complementar todas las prestaciones, incluso la de la indemnización por cese de actividad, ellos tienen a través de entidades complementarias instituciones que proveen a ese
complemento y que no han sido recogidas debidamente en este proyecto de ley. Yo les pediría que analizaran con detenimiento nuestra enmienda 188, que particularmente hace referencia al régimen cooperativista ubicado en Euskadi, que tiene potentes
sistemas de cobertura social autofinanciados por los propios socios de las cooperativas.
En definitiva -ya acabo de verdad, señora presidenta-, le tengo que decir que esta ley posee claroscuros evidentes que en este momento no posibilitan la adhesión de mi grupo parlamentario. Yo no renuncio, a pesar de las dificultades
reglamentarias existentes, a seguir negociando con el grupo mayoritario en esta Cámara y con el Gobierno una posición más proactiva a la consolidación de nuestro régimen de pensiones, a poder ser en un ambiente más solemne -se lo pido también,
señora presidenta-, un ambiente en el que sea
el Pleno el que pueda decir la última palabra. Desde esa perspectiva, no renuncio a ello, pero en este momento nuestra posición no puede pasar de la abstención.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Catalán tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Creo que todos los portavoces estamos coincidiendo en señalar la importancia del trámite que estamos realizando en estos momentos, así como la convicción de que hubiese sido necesario que el debate de este
proyecto de ley en el Congreso de los Diputados hubiera pasado por el Pleno de la Cámara. La Mesa o la Presidencia del Congreso ha hecho una interpretación extremadamente restrictiva del Reglamento y evita que un debate de esta importancia, como es
la reforma de las pensiones, se discuta en el Pleno, pero sí en la Comisión.
Insisto, creo que la cuestión de fondo merecía el debate en el Pleno.
Hecha esta primera consideración, Convergència i Unió ha abordado toda esta discusión, desde la renovación de los acuerdos del Pacto de Toledo en enero de este año y desde el acuerdo alcanzado entre los agentes sociales en materia de
pensiones, bajo la lógica de la coherencia respecto a las posiciones mantenidas en estos últimos años, bajo la lógica de la responsabilidad ante esta reforma de las pensiones, bajo la lógica del respeto a los acuerdos entre los agentes sociales y
sabiendo, además, señorías, que esta era una reforma de las pensiones imprescindible en esta legislatura, con independencia de la grave crisis que estamos viviendo. Hemos repetido en diversas ocasiones que en esta legislatura estaba previsto que el
Pacto de Toledo renovase sus recomendaciones y hemos afirmado en esta Cámara, tanto en esta Comisión como en la Comisión del Pacto de Toledo, que nuestro ideal era que en esta legislatura se produjese también la concreción de esas recomendaciones en
el correspondiente proyecto de ley. Y lo afirmábamos porque la cuestión de fondo que explica esta reforma, a la que ninguno de los portavoces que ha hecho uso de la palabra ha hecho referencia, tiene que ver con cuestiones de fondo vinculadas al
reto demográfico que tiene planteado la sociedad española en los próximos treinta o cuarenta años, en la misma línea del reto demográfico que tenía planteado el resto de las sociedades europeas, el reto que se deriva del éxito que supone el aumento
espectacular de nuestra esperanza de vida, el reto que se deriva de la composición de nuestra pirámide demográfica, con el impacto que tiene para nuestro sistema de protección social la jubilación de la generación del baby boom, y ante un fracaso de
nuestras políticas públicas, cual es nuestra bajísima tasa de fertilidad. Ese escenario demográfico obliga a tomar medidas para garantizar lo principal, que es un sistema público de pensiones, contributivo, solidario entre generaciones y entre
personas y de carácter público. En este sentido, mi grupo quiere reafirmar -lo hicimos en el Pleno cuando discutíamos las enmiendas a la totalidad- que esta reforma no cuestiona las bases del sistema público de pensiones y es coherente con las
reformas introducidas desde 1985 y, muy singularmente, con las reformas introducidas desde 1995 y 1997, tan solo transforma algunos de los parámetros del sistema para garantizar su sostenibilidad. Pero los principios que fundamentan el sistema
público de pensiones no son cuestionados en esta reforma.
Abordamos este debate desde estas consideraciones, que son coherentes con lo que Convergència i Unió viene manteniendo, al menos en la memoria de este diputado, desde la puesta en marcha del Pacto de Toledo en la legislatura 1993-1995.
Ojalá todos los grupos en este trámite mantuviesen la misma coherencia que Convergència i Unió viene manteniendo desde 1993.
Es bueno recordar que Convergència i Unió desde el año 1995 ha votado favorablemente todas las reformas de pensiones que se
han tramitado en esta Cámara. Todas ellas han llegado con el acuerdo de los agentes sociales, algunas con todos los agentes sociales y otras con otros agentes sociales, pero todas ellas han llegado con el acuerdo de los agentes sociales. Y hemos
mantenido el principio de que aquello que los agentes sociales acordasen en materia de protección social iba a recibir el apoyo de Convergència i Unió en esta Cámara. Por respeto al acuerdo tomado a finales de enero de este año por parte de la
CEOE, de Comisiones Obreras y de la Unión General de Trabajadores, Convergència i Unió va a mantener determinadas posiciones en este debate, siendo conscientes de que los agentes sociales en enero de este año asumieron sus responsabilidades para el
conjunto de la economía española, para el conjunto de la sociedad y para los pensionistas futuros y que esa apuesta por la responsabilidad de los agentes sociales merece también el respeto de esta Cámara. Es difícil hablar en defensa de la
concertación social, es difícil hablar en defensa del diálogo social si desde el Parlamento se intenta impedir que los acuerdos sociales terminen constituyéndose en ley.
Abordamos también esta reforma convencidos de que los grandes retos que tiene planteado nuestro sistema público de pensiones con relación a su sostenibilidad exigen reformas en dos aspectos fundamentales: en un mayor carácter contributivo
del sistema y en facilitar el alargamiento efectivo de la edad real de jubilación. Estos son los dos grandes parámetros que garantizan el suficiente nivel de ahorro en nuestro sistema público de pensiones, en la perspectiva de los próximos treinta
años, y que recientemente la propia OCDE acaba de avalar en su último informe sobre las reformas en los sistemas públicos de pensiones. Sobre estas cuestiones de fondo, el alargamiento de la edad real de jubilación y el carácter de mayor
contributividad del sistema público de pensiones, y que responden a los mandatos del Pacto de Toledo, Convergència i Unió debe manifestar su coincidencia con el acuerdo alcanzado entre los agentes sociales y el Gobierno. Insisto, Convergència i
Unió debe manifestar su coincidencia con aquello pactado entre
Comisiones Obreras, UGT y la OCDE, y debe recordar que esos acuerdos son coincidentes con el informe que aprobó el Pleno de Congreso de los Diputados a finales de enero de este año. Esta reforma que estamos discutiendo responde también a
las recomendaciones del Pacto de Toledo.
Señorías, Convergència i Unió, en este trámite parlamentario que estamos ejecutando, ha introducido significativas e importantes enmiendas que mejoran sustancialmente el proyecto de ley. En primer lugar, son enmiendas que introducen mayor
equidad en nuestro sistema de pensiones y que afectan a viudas mayores de 65 años sin otra pensión pública, a huérfanos, a personas con discapacidad, a los trabajadores autónomos, a los agricultores, a las familias con hijos y a los jóvenes
licenciados con becas. El conjunto de enmiendas que Convergència i Unió ha acordado con el Grupo Socialista en esta materia -insisto- refuerzan la equidad y la justicia de nuestro sistema de pensiones, y son enmiendas que refuerzan una orientación
hacia el progreso de esta reforma. En segundo lugar, las enmiendas que ha introducido Convergència i Unió en este proyecto de ley refuerzan también algunas demandas históricas del conjunto de las comunidades autónomas y, singularmente, una demanda
planteada por los gobiernos de la Generalitat, cual es el traspaso de los inmuebles del sistema de la Seguridad Social a los sistemas de salud y de servicios sociales, acabando con la anomalía histórica que suponía que hoy se estuviesen prestando
servicios de salud y servicios sociales -desde hace ya más de veinte años- por parte de los gobiernos autonómicos en inmuebles que pertenecían a la Seguridad Social. Las enmiendas de Convergència i Unió pactadas con el Grupo Socialista introducen
relevantes elementos de modernización de nuestro sistema de protección social, introduciendo mayor transparencia en el funcionamiento del sistema público de pensiones en la dirección del sobre naranja existente en Suecia, en una mayor transparencia
también en el sistema de previsión social complementaria, en avanzar en la clarificación del papel de las mutuas de accidentes de trabajo y en dar un nuevo impulso a la previsión social complementaria. Finalmente, las enmiendas de Convergència i
Unió a este proyecto de ley dan respuesta también a demandas concretas de los profesionales liberales, a los colegios de médicos, a los colegios de abogados, a los colegios de arquitectos y a los colegios de ingenieros, que manifestaron su rechazo
absoluto a la pretensión del Gobierno de hacer incompatible su pensión de jubilación con la continuidad de la actividad profesional de estas personas, precisamente en la línea de facilitar la prolongación de la vida activa laboral.
Son un conjunto de enmiendas importantes, que -insisto- mejoran sustancialmente el proyecto de ley que el Gobierno presentó a la Cámara, que refuerzan la equidad y la justicia de nuestro sistema de pensiones, que lo modernizan, que dan
respuesta a necesidades planteadas por determinados sectores de nuestra sociedad y que, además, lo hace en el marco de un proyecto de ley que responde a un acuerdo de los agentes sociales con el propio Gobierno, que no cuestiona los principios del
sistema público de pensiones, sino que en todo caso garantiza su sostenibilidad futura frente al reto económico que supone el envejecimiento de nuestra sociedad. Señora presidenta, las enmiendas incorporadas por Convergència i Unió implican un
aumento del porcentaje de la base reguladora de la pensión de viudedad del 52 hasta el 60 por ciento en un plazo de ocho años, dando respuesta a una demanda histórica de los colectivos de mujeres viudas y con la convicción de que cuando la situación
económica de España empiece a mejorar ese plazo de tiempo podrá ser reducido.
En segundo lugar, se introduce una importante reforma de la pensión de orfandad, incrementando la edad para percibir esta pensión con carácter general de los actuales 18 años hasta los 21 y en el supuesto de que el huérfano no trabaje,
alargando esta percepción de la pensión de orfandad hasta los 25 años. Se introduce un mandato explícito al Gobierno para dar respuesta a la petición de la consideración de los periodos de servicio militar obligatorio como periodos cotizados y el
Gobierno en el plazo de un año deberá presentar a la Cámara un proyecto de ley con relación a esta cuestión.
En materia de autónomos lo más significativo es que se permite la modificación de la base de cotización, con independencia de la edad del autónomo, hasta el 220 por ciento de la base mínima. Eso va a permitir a los autónomos mayores de 50
años que no se vean perjudicados por el aumento del periodo de cálculo, en la medida que les permitirá adaptar su esfuerzo de cotización a un nuevo marco legal que sin esa modificación les iba a perjudicar de manera muy grave. El Gobierno asume en
materia de trabajadores autónomos el compromiso de estudiar un sistema específico de jubilación parcial a los 62 años y una vía de acceso a la jubilación anticipada a los 61 años, compromisos que van en la línea de unas reivindicaciones que tanto
las asociaciones de autónomos como Convergència i Unió venimos planteando desde hace años.
En materia de discapacidad, las enmiendas introducidas son significativas.
Reducimos la edad mínima de jubilación a las personas con una discapacidad superior al 45 por ciento a los 56 años, dando respuesta también a un mandato de los
colectivos agrupados en el Cermi y en el Cocarmi, en el caso de Cataluña. También abrimos la vía a la posibilidad de un convenio especial con la Seguridad Social a las personas con discapacidad con especiales dificultades de inserción laboral,
vieja demanda que no habíamos conseguido nunca incorporar. Mantenemos la compatibilidad del empleo remunerado con la incapacidad permanente total, para la tranquilidad del señor Tardà. Y abrimos la vía a la consideración de las carreras de
cotización de las mujeres que estén al cuidado de personas con discapacidad, yendo más allá de las previsiones de la actual Ley de Dependencia.
En materia de cotización por cuidado de hijos o menores, se produce un incremento del cómputo del periodo cotizado, pasando de 112 días por cada hijo
menor adoptado o acogido a 270 días, ampliando este supuesto a todos los efectos, con exclusión tan solo para el cumplimiento del periodo mínimo de cotización exigido para el periodo de carencia. Va a ser una medida de carácter gradual
hasta 2018, de la que estoy convencido también de que un cambio en la situación económica puede permitir acortar ese plazo y que introduce un incentivo y un reconocimiento a los esfuerzos de las familias que optan por introducir aquello que da más
futuro a nuestro sistema de pensiones, que es el nacimiento de los hijos.
Decíamos que se daba también solución a la vieja deuda que la Seguridad Social tiene con el Estado a través de la liquidación de la misma con el paso de los inmuebles de la Seguridad Social al Estado, asumiendo asimismo que, en la medida en
que en estos inmuebles se ejercen competencias en materia de sanidad o servicios sociales, sean traspasados de manera inmediata a las comunidades autónomas.
Se introduce un mandato respecto al mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones sobre la base de la evolución de los últimos cinco años y para intentar corregir la congelación de pensiones que el Gobierno impuso a mediados de este
año.
Se introducen incentivos al alargamiento de la vida laboral. De manera significativa se modifica del Estatuto de los Trabajadores en la disposición adicional undécima para reconsiderar las cláusulas de jubilación obligatoria existentes.
Por primera vez se permite la compatibilización del empleo por cuenta ajena con el cobro de la pensión sobre la base del tope de entrada, que son los ingresos no superiores al salario mínimo interprofesional. Les decía que se daba salida al intento
de acabar con la compatibilidad existente en determinadas profesiones liberales entre la percepción de la pensión y su trabajo profesional. Se asume el compromiso de revisar dentro de dos años los coeficientes reductores, que afectan a un colectivo
importante y que el próximo Gobierno, sea cual sea su color, deberá abordar.
Decíamos que nuestras enmiendas acordadas con el Grupo Socialista incorporan más transparencia en el sistema; se introduce la obligación de informar al trabajador sobre la pensión aproximada que recibirá de mantenerse sus circunstancias de
cotización, previsión que también afecta a los sistemas de previsión social complementaria, y, al mismo tiempo, los empresarios deberán informar en las nóminas de las cotizaciones totales del trabajador a la Seguridad Social. Estamos muy
convencidos de que una mayor transparencia, que implica mayor responsabilidad, es un elemento fundamental para garantizar a largo plazo la sostenibilidad del sistema de pensiones en la medida en que nos hace asumir a todos los costes colectivos del
sistema.
Se actualizan las bases de cotización de los trabajadores agrarios de manera más razonable de lo que se hacía en el propio proyecto de ley. Se asume el mandato de mejorar la protección social de los trabajadores a tiempo parcial y de los
trabajadores fijos discontinuos. Se asume un mandato de reforma de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en la línea de garantizar su carácter de asociaciones de empresarios que deciden gestionar de manera conjunta los
riesgos vinculados al accidente y a la enfermedad, con la necesidad de incorporar en estos modelos de gestión a los trabajadores autónomos y a las comunidades autónomas. Se da respuesta parcial a los problemas que continúan planteándonos los
sacerdotes y religiosos secularizados. Se da respuesta a la situación de los becarios ampliando hacia atrás todos los periodos de becas a efectos de que computen como cotización y se avanzará en un acuerdo con el Grupo Socialista para garantizar
que las becas que impliquen contraprestación de servicios se vean amparadas por un contrato de formación para garantizar en cualquier caso ese esfuerzo de cotización. Se limita la acción competencial del Estado en materia de Seguridad Social, de
conformidad con aquello que prevén los estatutos de autonomía. Se incorporan nuevas previsiones en materia de previsión social complementaria y, fruto de algunas enmiendas, vamos a mejorar especialmente en materia de seguro por la dependencia y en
materia de regulación de la hipoteca inversa. Asimismo, se introducen mandatos a los próximos gobiernos de revisión de las bases máximas de cotización, de reforma de la Ley de Pensiones no Contributivas para luchar contra la pobreza y de
realización de un nuevo texto refundido de la Seguridad Social. Señorías, todas ellas son enmiendas importantes y significativas.
Por tanto, en la convicción de que el proyecto de ley responde a las necesidades del sistema, en la convicción de que las enmiendas que hemos incorporado lo mejoran sustancialmente, en coherencia con aquello que venimos defendiendo desde
1993, y por respeto a la patronal y a los sindicatos, mi grupo va a votar favorablemente el dictamen de esta Comisión. Estamos convencidos de que en el trámite en el Senado vamos a continuar mejorando este proyecto de ley y queremos agradecer a los
ponentes del Grupo Socialista el esfuerzo que han hecho para alcanzar los acuerdos en estas materias con Convergència i Unió. Sabemos que lo más fácil hubiese sido optar hoy por la abstención pero precisamente hemos querido dar valor a las
actitudes y a las ideas que Convergència i Unió viene manteniendo en esta materia en los últimos veinte años.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: Señorías, el Grupo Parlamentario Popular ha asistido a este debate sobre la reforma del sistema de pensiones con la convicción de que no se ha producido en el momento adecuado, el que más convenía precisamente a los
intereses del sistema de Seguridad Social. No se ha planteado de la forma deseable y la idea que se traslada a los ciudadanos ha sido la de una reforma impuesta en la que la precisión de sus contenidos es lo de menos; que responde a una lógica
externa
de desconfianza económica hacia España y no a una correcta evaluación interna relacionada con los fundamentos de nuestro sistema de pensiones.
No se ha diseñado, a nuestro juicio, una reforma acorde con la verdadera situación de nuestro
mercado laboral, de nuestra realidad social y de nuestras características socioeconómicas; no somos Alemania ni Suecia, señorías, igual que para otras cosas no queremos ser Grecia. No se ha buscado un punto de equilibrio que hiciera la reforma
justa, precisa y eficaz. Del consenso político pertinente ya ni hablamos; se ha declarado abierto el camino a las reformas unilaterales de la Seguridad Social.
Solo ha habido un objetivo en este proyecto: ahorrar en pensiones. Pero no toda
forma de ahorro es conveniente; aumentar la edad de jubilación y al mismo tiempo endurecer las condiciones -todas las condiciones- para acceder a una pensión pueden ahorrar recursos, pero el modo elegido es el más injusto: pagar menos pensiones,
pagarlas más bajas y pagarlas durante menos tiempo.
Los ciudadanos se han visto sometidos a un mensaje corrosivo que ha calado hondo, las pensiones no aguantarán en su formato actual y por eso hay que cambiarlo. Por eso se habla tanto de las reformas paramétricas y del factor de
sostenibilidad, pero se les ha negado a los ciudadanos la explicación fundamental: el dilema que tiene nuestro sistema de pensiones, que no es otro, señorías, que en un sistema de reparto o hay empleo o hay recortes; o hay más riqueza nacional o
se opta por la devaluación de los derechos sociales. Este proyecto de ley responde en su arquitectura fundamental, más allá de algunos detalles de chapa y pintura, a la segunda opción, y por este camino solo habrá más y más recortes en el futuro.
Esta es una reforma que no atiende a lo fundamental: cómo estamos financiando el sistema, qué está ocurriendo con los recursos económicos que deberían garantizarlo, desde las cotizaciones hasta el Fondo de reserva, desde la separación de fuentes de
financiación a la previsión complementaria; cómo puede y debe financiarse el futuro, cómo allegar nuevos recursos a la previsión social de los españoles, cómo repercute su forma de financiación en el empleo, que a su vez sostiene el sistema. No se
han perseguido de principio otros elementos consustanciales a una reforma oportuna, orientada y precisa. En su condición de legislación de emergencia -y esta sesión también es buena prueba de ello- las prisas, la imprecisión y los constantes
cambios de criterio han venido presidiendo el proceso. Por eso, al final, resultará una reforma inoportuna, desorientada, imprecisa e incoherente. El propio Grupo Socialista ha tenido que actuar de brigada de limpieza para, con sus muchas
enmiendas, intentar paliar los numerosos desvíos, imprecisiones, ambigüedades e improvisaciones de este texto.
Señorías, esta es una reforma para aumentar la edad de jubilación y para exigir más sacrificios a los ciudadanos a cambio de pensiones más bajas y más difíciles de alcanzar. Todo lo demás, incluidas las aportaciones vía enmiendas
incorporadas al final del trámite y hoy mismo, sin duda mejora aspectos parciales, pero no corrige lo fundamental, y a mi grupo le preocupa lo fundamental: este es un proyecto que baja las pensiones de los ciudadanos, es verdad que de distintas
formas, en unos casos a las bravas y en otros más sutilmente.
Las enmiendas del Grupo Popular han pretendido reorientar el debate en otra dirección. No hemos planteado un modelo para recortar o endurecer las condiciones de acceso de modo injusto y excesivo, sino un modelo para establecer con nitidez
los mensajes que una reforma del sistema de pensiones debe trasladar a una sociedad como la española. El sistema necesita reformas, siempre las ha necesitado y las necesitará, pero hemos querido dar forma adecuada y positiva a ese cambio necesario.
No hemos querido una reforma de titulares, pero tampoco una reforma imprecisa y desenfocada. Al final todo se reduce a algo sencillo. ¿Queremos que el ciudadano esté más años en activo? Pues creemos las condiciones para que acceda y se mantenga
más y mejor en una actividad, en el trabajo. Dar forma a ese cambio necesario, no bloquearlo ni diluirlo con un sistema contradictorio e impreciso ha sido nuestra posición. Incluso, señorías, aunque aumenten los años de actividad laboral a lo
largo del ciclo vital de los ciudadanos, en España las posibilidades de que esa extensión se realice en el tramo final de la vida laboral, entre los 63 y los 67 años, son escasas, y sobre todo fuera del régimen general, por lo que una reforma como
la que plantea el Gobierno conduce ineludiblemente a pérdidas de pensión muy serias, incluso trabajando más años. Trabajando más años el endurecimiento de las condiciones de acceso a pensiones altas y la percepción de no poder alcanzarlas puede
actuar como un desincentivo claro para la continuidad laboral; y más continuidad en el esfuerzo sin la seguridad, aunque sea una seguridad subjetiva, de llegar en activo a los 67 años puede suponer un elemento de frustración y de malestar adicional
que no podemos compartir. No podemos pasar por alto lo fundamental de este proyecto de ley en el día de hoy. De una reforma global planteada al principio para los mercados, no podemos pasar a hacer una discusión pormenorizada orientada al
mercadillo de apoyos, sobre todo si afecta a cuestiones de gran calado.
Las 67 enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular persiguen varios objetivos fundamentales. En primer lugar -y parece que todo se ha olvidado-, contemplar como un derecho la revalorización automática anual de las pensiones y
recuperar el poder adquisitivo perdido en el año 2011 -un compromiso explícito de esta Cámara- reforzando el derecho de los pensionistas; mantener la edad de jubilación a los 65 años, pero adaptando, claro, otros elementos del sistema a la
evolución demográfica y económica, reforzando un principio de contributividad por el que siempre hemos apostado. Eso sí supone acercar la edad real a la edad legal de jubilación, que es -debería serlo- el auténtico objetivo como país. Diseñar una
reforma más adecuada a nuestro mercado laboral y a nuestra realidad social significa premiar las largas carreras de seguro, ofreciendo más incentivos reales a los trabajadores, sobre todo si acreditan incluso
más de cuarenta años de cotización; y ofrecer un mensaje muy claro de respaldo a la continuidad laboral con incentivos eficaces para la prolongación voluntaria más allá de los 65 años; y configurar, como hemos pretendido con nuestras
enmiendas, un nuevo derecho subjetivo a la jubilación para el trabajador al que pueda acceder voluntariamente a partir del momento en que se cumplan los requisitos exigidos por la ley.
Eso significa diseñar una jubilación diferente basada en más
libertad y más capacidad de opción individual, y un mayor reconocimiento de esas largas carreras de cotización, evitando además que personas expulsadas del mercado de trabajo en los últimos años de su vida laboral vean mermada la cuantía de su
pensión. Para eso hemos propuesto enmiendas que desvinculan la jubilación parcial del contrato de relevo y que lo configuran como una medida preventiva del cese en el trabajo, como una modalidad de acceso progresivo a la jubilación total y como una
opción real de prolongación voluntaria de la actividad. Hemos apostado mucho más allá que el proyecto del Gobierno por mejorar el tratamiento de los autónomos y sobre todo por evitar recortes de prestaciones injustos e injustificados, como los que
afectan a los complementos a mínimos o a aquellos que tienen pensiones por encima del máximo establecido anualmente; por reconocer de forma amplia la aportación de la natalidad, y no de forma cicatera, como hace el proyecto, incluso con las
enmiendas incorporadas, en las carreras de cotización de las mujeres y por mejorar las bonificaciones por hijos, porque este es un sistema que se sustenta sobre la capacidad de este país para incorporar, mediante políticas activas de natalidad y de
apoyo a la maternidad, nuevos cotizantes al futuro de nuestro sistema. Y hemos apostado por dotar de mayor información a los ciudadanos para diseñar su previsión social y por mejorar los instrumentos complementarios -y hay muchos- de ahorro para la
jubilación. Esto avanza en el conjunto de las recomendaciones del Pacto de Toledo y por supuesto implica una lógica de responsabilidad y de coherencia que no por no estar del lado del Gobierno deja de ser importante; yo diría que es más que la que
otros grupos han esgrimido esta mañana.
Hemos planteado, por tanto, mantener la edad legal ordinaria de jubilación en 65 años, porque el retraso de la edad de jubilación más allá de los 65 debería ser voluntario para el trabajador, y deberíamos suprimir la jubilación forzosa
llegada esa edad. ¿Qué sentido tiene decir a aquellos que tienen largas carreras de cotización y no desean seguir en activo que deben hacerlo mientras nuestra legislación sigue prohibiendo a personas que desean, quieren y se sienten capaces de
seguir en activo que puedan hacerlo? Hemos planteado la jubilación, insistía, como un auténtico derecho individual del trabajador, y también hemos considerado conveniente mantener el derecho actual a la percepción del 50 por ciento de la pensión
con quince años cotizados, igual que nos parece posible mantener el acceso al cien por cien de la pensión con treinta y siete años cotizados. Pero sí hemos planteado mejores incentivos a partir de los 65 años de edad, porque hemos plantado que a
partir de los 63 años de edad y cuarenta años cotizados se pueda reconocer un porcentaje adicional para incentivar la continuidad en la actividad y porque nos ha parecido necesario y oportuno ampliar los incentivos por prolongación de la vida
laboral a los supuestos de jubilación flexible y gradual; porque hemos planteado que se apliquen acreditando 65 años de edad y treinta y siete de cotización las exenciones de obligación de cotización y que esos periodos, además, computen a efectos
de calcular la pensión de incapacidad permanente y no solo la de jubilación; porque hemos planteado numerosas iniciativas que van en la línea de permitir que los ciudadanos estén más tiempo en activo y no de configurar la jubilación anticipada como
un conjunto de modalidades que parece que sugieren que los ciudadanos deben irse cuanto antes del mercado de trabajo. Para nosotros la jubilación anticipada debe ser un derecho de los trabajadores y no un instrumento de regulación de empleo. Por
eso establecemos que podrán acceder a la jubilación anticipada aquellos trabajadores con 63 años y cuarenta años de cotización sin penalización.
Hay otras muchas cuestiones que mi grupo ha planteado vía enmiendas y que no han obtenido ni siquiera la sensibilidad del Grupo Socialista, pero la que hace referencia a la revalorización de las pensiones y configurada como un derecho en la
Ley General de Seguridad Social nos parece extremadamente importante, igual que reconocer el periodo de cuidado de hijos, pero no a efectos ambiguos o intrascendentes, sino con plena capacidad operativa en nuestra sociedad. Por eso hemos
incorporado también bonificaciones adicionales en esa dirección y hemos trabajado para diseñar un sistema coherente de apoyo a los autónomos, como estamos haciendo con el conjunto de políticas públicas en este país, y hemos pretendido recortar
aquellas enmiendas que suponen una quiebra de derechos adquiridos de los ciudadanos de este país.
Creo que el Grupo Popular ha hecho un trabajo serio y coherente y que nuestras enmiendas no han sido tenidas suficientemente en consideración.
El Grupo Socialista se ha aferrado a su consigna de aceptación cero de las enmiendas del Grupo
Popular, pero eso no cambia la realidad de que algunas de nuestras posiciones se han incorporado. Por eso queremos hacer decaer la enmienda 225 del Grupo Popular, que regulaba una nueva modalidad de convenio especial para las personas con
discapacidad; la 226, que permite la posibilidad de computar como cotizados los periodos de formación de los becarios sin que ello se limite a periodos comprendidos en los últimos cuatro años; la enmienda 232, que busca la adecuación anual de la
base media de cotización de los autónomos y el reconocimiento de exenciones, reducciones o bonificaciones en las cotizaciones para determinados colectivos de esta naturaleza; la enmienda 241, que prevé el estudio y propuestas de actuación en
relación con el insuficiente desarrollo de la previsión social complementaria en España.
Y en base a
criterios de coincidencia con el objetivo planteado, también hacemos decaer la 247, que deroga la orden ministerial que establece la incompatibilidad mantenida hasta hace poco entre la pensión de jubilación de la Seguridad Social y la
actividad desarrollada por cuenta propia por los profesionales colegiados, así como las enmiendas 216 y 217, que establece las obligaciones de la Administración de la Seguridad Social y el derecho a la información, pese a que su alcance es más
limitado y menos preciso que el que pretendíamos en nuestras enmiendas. Estas enmiendas decaen no porque hayan sido aceptadas por el Grupo Socialista sino porque coinciden milimétricamente con las de Convergència i Unió, que sí han sido objeto de
esa consideración.
El texto que hoy se somete a esta Comisión plantea numerosas modificaciones respecto al proyecto de ley, pero la valoración que nos merecen esas incorporaciones es muy desigual. Señorías, en relación con la edad de jubilación, es un texto
que dedica casi todo el espacio a las modalidades de jubilación anticipada, incluyendo otras hasta ahora no contempladas y muy poco a los incentivos para continuar después. Nuestro modelo, se nos decía, se caracterizaba por tener demasiadas
modalidades de jubilación anticipada. Bien, pues ahora tendría incluso más. Además, se plantea estudiar más aún para el futuro. Es llamativo que se dediquen mucho más espacio y muchas más fórmulas para que los ciudadanos se vayan de la actividad
antes de la edad de jubilación ordinaria que a su continuidad en la misma. En relación con el derecho a la jubilación resulta casi grotesco que se pretenda hacer continuar en activo a una parte de la población hasta los 67 años contra sus deseos y
aspiraciones, mientras se mantiene la jubilación forzosa por ley o disponible por convenio colectivo. La transaccional 19 incorpora alguna cautela más, pero mantiene el sistema actual básicamente, sin modificaciones, y lo hace para otros ciudadanos
que, en contra de su voluntad y con merma de sus derechos, se ven obligados a abandonar la actividad laboral.
Señorías, aquí ahora se obliga a trabajar más a quien no lo desea para conseguir el mismo derecho, mientras se obliga a irse de la
actividad a quien quiere seguir en activo.
En relación con la compatibilidad entre salario y pensión, el Gobierno no ha hecho más que contradecirse. Por un lado, de varias maneras decidió acabar con las compatibilidades que contemplaba nuestro ordenamiento: incapacidad permanente
absoluta y gran invalidez, profesionales colegiados o actividades agrarias esporádicas. Ahora la permite para la incapacidad permanente total, fruto de la transaccional número 1, para los profesionales colegiados, fruto de la transaccional 20, y al
mismo tiempo se declara la pensión de jubilación compatible con el trabajo por cuenta propia si los ingresos no superan el salario mínimo interprofesional, transaccional 14. Además, por si fuera poco, en la propia transaccional 20 se pide un
proyecto de ley para regular la compatibilidad entre salario y pensión. Es difícil hacer más cosas en sentidos y con alcances diferentes en tan poco tiempo en una materia que el Pacto de Toledo definió como aconsejable.
En relación con los beneficios por hijos se ha perdido una gran oportunidad. Es verdad que podemos pasar de reconocer un tiempo cotizado por hijo solo a efectos del acceso a la jubilación anticipada a reconocerlo a todos los efectos, salvo
el periodo mínimo exigido para el acceso a la pensión, pero adolece del mismo planteamiento equivocado, solo que ahora incrementado. Se sigue condicionando ese reconocimiento a haber abandonado el mercado laboral al tener hijos. Esto es un grave
error que desvirtúa la medida, discrimina a las mujeres que siguen trabajando tras tener un hijo, a quienes no se encontraban en activo cuando dieron a luz y a quienes constituyen familias numerosas. Es difícil encontrar una medida supuestamente
positiva que genere más discriminación, esté más desenfocada y contribuya más a reforzar la idea de que al tener un hijo la mujer tiene que quedarse en casa e irse del trabajo, que esta que aprueban sus señorías.
La transaccional número 7 es un ejemplo de política contra la conciliación, contra la libertad de organización de las familias y contra la idea de que la maternidad no ha de convertirse en un obstáculo contra la actividad laboral de las
mujeres.
En relación con la orfandad, saludamos la mejora de la prestación en línea con lo que defendimos en el Pacto de Toledo. Es la línea que nos hubiera gustado que se hubiese mantenido en todo el proyecto.
En relación con la viudedad, fruto de la transaccional décima, toda mejoría sería bienvenida, pero creo que no resulta ético crear expectativas que no responden a la realidad. Al aplicarse las condiciones que se establecen, que son muy
relevantes, solo quedarán dentro de su ámbito de aplicación un número muy limitado de ellas, la mayoría, lo saben perfectamente sus señorías, con complementos a mínimos. Ello supondrá que lo que va a variar es la proporción que de la cuantía que
percibe la viuda representará la pensión y lo que representará el complemento a mínimos, pero no el total de la cuantía misma. Es decir, con la decisión tomada, la Seguridad Social pagará más y el Estado pagará menos, pero el ciudadano recibirá lo
mismo en la inmensa mayoría de los casos. La mejora pretendida tiene el sentido de dignificar la pensión, pero su efecto sobre lo que van a recibir las afectadas será nimio.
En relación con otras materias como el reconocimiento del servicio militar obligatorio como periodo efectivamente cotizado, la remisión de su alcance a un futuro proyecto de ley deja el asunto en el aire y sin aplicación práctica real al
entrar en vigor esta ley. Si el Gobierno se autoexime de cotizar el 75 por ciento de lo que debería por los nuevos funcionarios que se incorporan al régimen general, es de imaginar lo motivado que va a estar para incorporar recursos que compensen
el reconocimiento de periodos de servicio militar efectuados hace décadas.
Diría que esta es una enmienda, valga el símil militar, de salva de fusilería al aire. Sí
hemos incorporado, como suele ocurrir últimamente en las normas que afectan a la Seguridad Social, un conjunto enorme de mandatos para gobiernos posteriores que obliga a proyectos de ley, reglamentos, informes y estudios de todo tipo. Entre
todas estas cuestiones, una que nos merece una consideración especial es que en seis meses se proceda a los cambios normativos para cancelar en el balance patrimonial de la Seguridad Social los préstamos concedidos en su día por el Estado mediante
la entrega del patrimonio afecto a uso sanitarios y sociales para que la Administración Central del Estado, a su vez, lo traspase de forma inmediata a las comunidades autónomas. Señorías, no voy a pedir al Grupo Socialista sentido de Estado porque
están ustedes en plena desamortización, no patrimonial sino política. Son ustedes capaces de suscribir todo, cualquier cosa...
La señora PRESIDENTA: Señor Burgos, perdóneme porque ha sido el único al que he tenido que interrumpir, pero le he hecho varias señales y se está sobrepasando del límite, por lo que le recomiendo que termine.
El señor BURGOS GALLEGO: Voy acabando, señora presidenta. Dos minutos.
Ni un elemental sentido de la prudencia en relación con esta cuestión.
Sería un dramático epílogo de este proyecto de ley que se presentó como la reforma que pretendía garantizar la sostenibilidad y el equilibrio del sistema de Seguridad
Social que acabara con el desmantelamiento y la pérdida del patrimonio acumulado durante décadas por las cotizaciones de millones de trabajadores y empresarios. Hacer salir este patrimonio en inmuebles de la Seguridad Social minora sus cuentas y
recursos de forma más que notable y un primer efecto va a ser la entrada inmediata en déficit del sistema. ¡Vaya reforma si esto es lo que al final va a conseguir!
Esta reforma, señora presidenta, no es la que precisa España; no da mensajes claros, sino que está repleta de contradicciones; no garantiza que los sacrificios requeridos surtan efecto positivo y real, y la eficacia -fiabilidad, coherencia
y equilibrio también, pero sobre todo eficacia- que nos gustaría en una reforma del sistema de pensiones, eficacia que proviene de la ponderación, de la justicia y del amplio acuerdo, no está presente para el Grupo Popular en este proyecto de ley.
Por eso no vamos a apoyar el dictamen, vamos a votar en contra del mismo.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: En primer lugar, quisiera felicitar en nombre de mi grupo parlamentario al señor Echániz, portavoz de esta Comisión, por su nuevo nombramiento, por sus nuevas tareas. Le deseo el mayor de los aciertos que irá en
beneficio de todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha. (La señora Arnaiz García: ¡Ya, ya! ¡Que se prepare!)
Tendría que empezar diciendo -suele pasar cuando se hace un proyecto de ley- que todo lo malo es del proyecto de ley y que todo lo que se ha mejorado es fruto de las enmiendas que han presentado los demás grupos parlamentarios. Si es así...
El caso es que acabamos haciendo un proyecto de ley más acertado y con más consenso entre las partes. También es verdad que la de la Seguridad Social es la única ley que se cambia con un proceso amplio de debate, y no entiendo -no soy capaz de
encontrar la palabra, aunque esta mañana aquí se han dicho algunas fuertes- cuando se dice que este proyecto no ha tenido el tiempo suficiente de debate, que no lo hemos podido debatir con la sociedad. Señorías, recuerdo que empezamos a hablar de
la edad de 65 y 67 años y de condiciones en enero de 2010 y estamos a junio de 2011, por lo que, si no cuento mal, estamos hablando de un año y medio de proceso de debate en relación con esta materia. Otra cosa es que al final se hayan alcanzado
los acuerdos que se hayan alcanzado, pero hemos de recordar que esta ley está fundamentada en los acuerdos del Pacto de Toledo que hemos aprobado en enero de este mismo año y, posteriormente, en los acuerdos alcanzados con los agentes sociales, es
decir, con la patronal y con los sindicatos. Eso ya dice mucho de la voluntad negociadora y del respeto a la concertación social de este Gobierno.
Podemos mirarlo como queramos. Yo tengo unos datos que voy a dejar a consideración de la Comisión y de cada uno de nosotros. Hablamos del envejecimiento de la población, de la necesidad de adecuar el sistema de Seguridad Social a la
realidad del país. Pues bien, solo mirar estos dos datos nos tiene que hacer reflexionar. En 1980, es decir, hace nada, la población española de 0 a 29 años constituía el 49 por ciento y la de más de 60 el 15,4 por ciento. En 2010, treinta años
después, la población de 0 a 29 en nuestro país representa el 35,1 por ciento -una reducción más que importante- y la de más de 60 años el 21,5 por ciento. Son cifras suficientemente elocuentes como para que veamos la necesidad de reforzar nuestro
sistema de Seguridad Social para seguir garantizando que los que hoy tienen 30 años o los que hoy tenemos 57 vayamos a cobrar pensión en los mismos términos en los que la están cobrando los ciudadanos jubilados. Lo que ocurre es que han de pasar
años para que luego se reconozca los beneficios de la misma.
Reformas de la Seguridad Social se han hecho varias, pero en nuestra historia ha habido dos que han sido fundamentales, la de 1985 y la de 1997. Han sido las dos grandes reformas que se han hecho a nuestro sistema. La primera, la de 1985,
generó una gran contestación social; es más, por algún sindicato fueron convocadas movilizaciones generales, incluso una huelga general. Pasados los años, hoy y durante el debate de los Pactos de Toledo, hemos concluido y hemos admitido todos que,
si no fuera por aquella reforma, hoy no estaríamos hablando de la Seguridad Social como lo hacemos hoy. En la de 1997, que también generó amplio debate en esta
Cámara -yo estaba, fui ponente de la misma, por tanto lo recuerdo bien: generó mucho debate-, en muchos de sus aspectos el Grupo Socialista se abstuvo, pero jamás votamos en contra porque la responsabilidad que el Grupo Socialista muestra
cuando está en la oposición no es comparable a la actitud totalmente desenfrenada y de total rechazo del Partido Popular. Porque para los socialistas, estemos en el gobierno o estemos en la oposición, las materias que forman el compacto de país, la
protección social y demás, están por encima de cualquier otro interés partidista.
Ojalá el PP hiciera lo mismo en este momento en que estamos hablando del futuro del sistema de protección, es decir, del sistema de pensiones para toda la población
española. Vamos en la dirección adecuada porque -repito- enlaza con las anteriores, la hemos ido mejorando durante el debate de la ponencia y la vamos a mejorar todavía durante el debate de hoy antes de que pasemos a la votación; y luego durante
el trámite del Senado yo no tengo ninguna duda de que el Grupo Socialista, los dos grupos socialistas del Senado, mejorarán la ley sin ninguna duda.
Voy a intentar contestar a algunas de las enmiendas que se han criticado aquí. El PP nos tiene acostumbrados a decir el titular de la enmienda pero luego no explicarla, o explicarla en sentido contrario para generar alarma e incertidumbre
sobre los pensionistas. En primer lugar, mi afirmación: vaya por delante que esta reforma no afecta a ninguno de los pensionistas que están ya jubilados y cobrando su pensión. En segundo lugar, por ser la primera enmienda de la que hablamos,
cuando hablamos de complementos a mínimos nadie, y cuando digo nadie digo cero, ningún pensionista que actualmente esté cobrando sus complementos a mínimos tiene ninguna, ninguna reforma ni va a tener ninguna modificación, y ningún futuro ciudadano
con derecho a complementos a mínimos va a tener otras condiciones que no sean las que se están aplicando en estos momentos para los que están accediendo a la jubilación con complementos a mínimos, ninguno, y además lo quiero subrayar. ¿Qué
modificamos aquí? Aquí ponemos algunas limitaciones de complementos a mínimos cuando se tengan que computar periodos de cotización de otros países con algún periodo muy corto de cotización en nuestro país. Ponemos limitación para que no haya malas
aplicaciones del complemento a mínimos. Por ponerles un ejemplo, alguien que tenga catorce años de cotización en otro país, que la pensión a la que le da derecho sus catorce años sea 150 euros, y que después el trabajar un año en nuestro país le dé
derecho a la pensión mínima completa. Lo que pretendemos es que nadie que no ha cotizado en totalidad en nuestro país cobre de un complemento a mínimos más de lo que cobra un ciudadano español por una pensión no contributiva. Es decir,
establecemos esos límites, que además están recogidos en el Pacto de Toledo, porque cuando ahí se nos explicó lo entendimos todos, pero el debate nos lleva a la situación que nos lleva.
Otra enmienda que el Grupo Parlamentario Popular ha intentado desfigurar y agrandar es la de los traspasos de los inmuebles a la Seguridad Social.
Señorías, la primera vez que yo escuché a alguien hablar de ese problema que tiene la
Seguridad Social fue a la secretaria de Estado de Economía, doña Elvira Rodríguez, cuando gobernaba el PP. Ella nos trajo una propuesta a estudiar porque había un problema con esta situación, y fue entonces cuando empezamos a estudiarla. No es
verdad que nosotros decimos que lo vamos a solventar en seis meses, decimos que vamos a estudiarlo en seis meses y que traeremos una propuesta, pero dando un plazo diez años para resolver la situación; son cosas muy diferentes, no es lo mismo seis
meses que diez años. Estamos hablando de que este problema empezó en los años ochenta, cuando la Seguridad Social empezó a recibir transferencias finalistas del Estado para cubrir todas las prestaciones que daba de sanidad, de pensiones no
contributivas y de servicios sociales. Por lo tanto, es un problema contable que esta ahí que fundamentalmente es entre la Seguridad Social y el Estado, y que no afecta para nada al patrimonio de la Seguridad Social ni al conjunto de sus números.
Repito, la Seguridad Social tiene una deuda con el Estado y la Seguridad Social tiene unos edificios que está utilizando una parte del Estado, como son las comunidades autónomas, es decir, se están utilizando en sanidad. Les ruego que si lo tienen
a bien lean la disposición, porque nada más leerla verán que no hay ningún problema. Por lo tanto, nada de seis meses, ni nada de descapitalizar la Seguridad Social. Me interesaba dejar muy claro lo de los complementos a mínimos y lo del
patrimonio, porque escuchando aquí alguna intervención parecía que habíamos desmantelado la Seguridad Social y que le habíamos quitado los complementos a todo el mundo; nada más lejos de la realidad.
Paso a hablar de la edad de jubilación, el hecho de pasarla de quince a veinticinco años. Pasamos de dos a cinco, de cinco a ocho, de ocho a quince y de quince pasaremos a veinticinco, y en todos y cada uno de estos años -ahí están las
series históricas- la pensión media ha seguido creciendo con todas esas reformas. A lo que obligan estas reformas es a cotizar por lo que uno realmente gana, a lo que obligan es a mantener en el tiempo las cotizaciones para que la gente procure no
tener altos y bajos en las cotizaciones. Eso es a lo que obligan porque, por ejemplo, una de las reivindicaciones -ya que hoy hemos hablado aquí de la gente que es obligada a prejubilarse con cincuenta y pico años porque es despedida- es el hecho
de pasar de quince a veinticinco años, ya que les mejora la pensión sustancialmente. ¿A quién puede perjudicar en algo y en un porcentaje muy pequeño? A una persona que haya entrado a trabajar con 25 o 26 años en una empresa, que mantenga ese
puesto de trabajo siempre estable y sin modificaciones en la misma empresa, y que las modificaciones sean subiendo. Estamos hablando de dos cosas muy importantes, obligar a que haya más contributividad también
a la Seguridad Social y que la pensión obtenida sea más coherente con los años de cotización. Pero lo que me sorprende enormemente es que en el año 1997 el Partido Popular hablaba de toda la vida laboral, que entonces era más justa, y que
hoy de quince a veinticinco años perjudica. Qué quiere que les diga, señorías (El señor Burgos Gallego: Estamos a favor.), las ecuaciones no funcionan. Repito que vamos en la dirección adecuada.
Hablamos de que todas las protecciones, las de viudedad y las demás, vayan a las parejas de hecho. Las parejas de hecho tienen derecho a la pensión de viudedad, pero cumpliendo los requisitos que establece la ley. Sin embargo, tenemos un
problema que conocen bien sus señorías y que no se resuelve diciendo que las parejas de hecho tienen derecho. ¿Por qué? Porque son parejas de hecho en las que uno de los dos no estaba en condiciones de formar una pareja de hecho legal porque
seguía legalmente casado con otra persona. Eso no lo podemos solucionar diciendo que cobren las parejas de hecho, a no ser que queramos certificar y, además, aprobar que cada uno pueda casarse las veces que quiera y la bigamia pase a ser legal. Si
no es así, es difícil de entender, porque -repito- las parejas de hecho tienen derecho a cobrar pensiones de viudedad en las condiciones que establece la ley. Viudedad 52 al 60. Siempre hemos dicho y repetido hasta la saciedad, aunque estamos
dispuestos a volver a repetirlo, y además lo hemos escrito en el Pacto de Toledo entre todos, no solo este grupo, que nosotros estamos dispuestos a mejorar la pensión de viudedad para una viuda o viudo mayor de 65 años que no tenga pensión propia y
cuyos únicos ingresos sean la pensión de viudedad. Eso es lo que hacemos en este momento, señorías, mejorar las pensiones de viudedad para aquellas personas mayores de 65 años cuyo único ingreso sea la pensión de viudedad. Repito que lo hemos
explicado.
Hemos mejorado la situación de los autónomos. No voy a entrar en ello porque don Carlos Campuzano ya lo ha hecho. Hemos mejorado la discapacidad. Creo que ahí es importante saber que estamos hablando de discapacidad a partir del 45 por
ciento y que estamos hablando de 56 años de edad para su jubilación. Por tanto, hemos sido sensibles con las reivindicaciones que estos colectivos nos han hecho. Mujer. Por primera vez en el Pacto de Toledo hay una recomendación respecto a mujer
y protección social. Aquí avanzamos sustancialmente. ¿Por qué se plantean como periodos cotizados los de guarda y custodia y los de nacimiento de hijos? Porque cuando hablamos de más años de cotización, para poder seguir jubilándose a los 65
años, son las mujeres las que tienen las carreras de cotización más altas, y lo que estamos estableciendo con esta ley es garantizar a una mujer que haya tenido dos hijos que añada a sus cotizaciones cuatro años más para poder jubilarse a los 65
años. Por tanto, creo que estamos dando pasos importantes en esa dirección.
En lo que se refiere al servicio militar, también hemos establecido que haya una fórmula, porque -como saben sus señorías- el criterio de la Seguridad Social no es reconocer ningún periodo que algún organismo cotice con anterioridad. Luego
establecemos que se haga un estudio de compensación a la Seguridad Social por los periodos del servicio militar que tenga que seguir cotizando. En cuanto a estudios y demás, en los planteamientos en esta ley deberíamos estar todos de acuerdo -que
se plantee en esta ley y precisamente en temas de la Seguridad Social-, en estudiar, mirar, comprobar y en hacer cosas que a los diputados, a los agentes sociales y a la propia Seguridad Social les sea más factible para tomar las decisiones.
El Grupo Socialista ha presentado transaccionales, y cuando lo hemos hecho no afectaban a un grupo solo. Hemos presentado transaccionales, nueve afectaban al PP, treinta y cuatro a CiU, seis al PNV, dieciséis a Izquierda Unida-Esquerra
Republicana, cinco al BNG, tres a Coalición Canaria, dos a UPN y siete a UPD. Aquí es donde se ve la voluntad del grupo de llegar a un consenso y de unificar criterios. Encima ahora efectuamos unas cuantas transacciones más. Una sería a nuestra
enmienda 393, que ya en ponencia dijimos que dejábamos en suspenso porque los agentes sociales estaban negociando la incorporación y actualización del régimen de empleadas de hogar para incluir en el régimen general; como han llegado a un acuerdo
esta mañana lo presentamos como una enmienda transaccional a nuestra propia enmienda. Presentamos una enmienda transaccional a la 358 de CiU que hace referencia a los seguros de dependencia. También proponemos una enmienda transaccional a la
enmienda 300 de CiU referente al IRPF de las pensiones de viudedad, y a la 330 de CiU. La enmienda 347 prácticamente la aceptaríamos en sus términos, pero donde pone tres meses lo cambiaríamos por un año. Con esto terminaríamos las transacciones
de mi grupo.
Termino llamando a la responsabilidad de los demás grupos, especialmente al Grupo Popular, ya que no creo que esa ley se merezca un voto en contra de un grupo de la oposición que quiere ser alternativa de gobierno. (El señor Burgos Gallego:
No queremos solo; lo somos.-La señora Báñez García: Somos gobierno.)
La señora PRESIDENTA: Vamos a suspender durante cinco minutos para ordenar definitivamente las votaciones que se van a realizar a continuación.
(Pausa.)
Señorías, vamos a proceder a la votación de las enmiendas. Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, de la señora Barkos. Enmienda 102.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 19; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda 103.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 19; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas de la señora Barkos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 35.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Salvador Armendáriz. Enmienda 268.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 19; abstenciones, 18.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas 264 y 265.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 35; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 20; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas de la señora Díez González. Enmiendas 133, 136, 141, 144, 149, 150, 153, 157, 158 y 159.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 20; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas 134, 137, 139, 143 y 147.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 36.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas de la señora Díez.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 20; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas de la señora Oramas. Enmiendas 72 y 73.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 19; abstenciones, 17.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas de la señora Oramas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 19; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas de la señora Fernández Davila. Enmiendas 109, 110, 114 y 117.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 35.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas 115, 118, 121, 123 y 126.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 19; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas de la señora Fernández Davila. (Pausa.)
Habiéndose producido un empate vamos a proceder al voto ponderado.
Efectuado el recuento por voto ponderado, dio el siguiente resultado: votos a favor, 170; votos en contra, 179.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Pasamos a la votación de las enmiendas de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Enmiendas números 17, 19, 20, 34, 36, 37, 44, 46, 47, 50, 51, 52, 55, 58, 59, 62, 63, 66, 67, 83, 86, 87 y 94.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 19; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 6, 8, 9, 10, 25 a 32, 43, 45, 48, 53, 54, 56, 60, 61, 68, 76, 78, 96 y 97.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 19; abstenciones, 17.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Partido Nacionalista Vasco 162, 165, 169, 175, 177 a 180 y 184.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 19; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas 161 y 166.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 35.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas 167, 172, 174 y 188.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas 160, 170, 173, 176, 183, 185, 186, 187, 189 y 191 a 193.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 19; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas vivas del PNV.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 18; abstenciones, 19.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas
Las enmiendas de Convergència i Unió han sido retiradas todas.
Pasamos a votar las enmiendas del Partido Popular. Enmiendas números 195, 199, 200, 201, 218, 219 y 231. (Pausa.)
Habiéndose producido un empate vamos a proceder al voto ponderado.
Efectuado el recuento por voto ponderado, dio el siguiente resultado: votos a favor, 170; en contra, 179.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas 240, 246 y 257.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 20; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas del Partido Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 19, abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas vivas del Partido Socialista números 370 y 371.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 16, abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Votación de los textos transaccionales presentados en el curso del debate, en total son siete, que les han sido repartidos. Procedemos a la votación en bloque de los siete.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Desearía votar aparte la número 3, relativa a seguros colectivos de dependencia.
La señora PRESIDENTA: Vamos a leer simplemente para comprobar. Disposición final primera ter, modificación del texto refundido de la Ley de regulación de los planes y fondos de pensiones. ¿Correcto? (Asentimiento.) Procedemos a esta
votación independiente, la número 3.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; en contra, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos el resto de los textos transaccionales.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado por unanimidad.
Votación del texto elevado por la ponencia que, con las adaptaciones que expuso el letrado al iniciarse la sesión y con las modificaciones resultantes de las votaciones que se han ido efectuando previamente, constituirá el dictamen de esta
Comisión. Reitero, como decíamos al inicio de la misma, que esta Comisión está actuando con competencia legislativa plena.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 18; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Se levanta la sesión.
Eran las cuatro de la tarde.