CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2011 IX Legislatura Núm. 728

JUSTICIA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ÁLVARO CUESTA MARTÍNEZ

Sesión núm. 33

celebrada el martes, 15 de marzo de 2011

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencias, por acuerdo de la Comisión de Justicia:


- Del señor representante de la Asociación de Afectados por Adopciones Irregulares, Anadir (Barroso Berrocal). (Número de expediente 219/000733.) ... (Página 2)


- De la señora representante de la Plataforma de Afectados Clínicas de España 'Causa niños robados' (Soriano Ruiz). (Número de expediente 219/000734.) ... (Página 13)

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Se abre la sesión a las once y treinta y cinco minutos de la mañana.



COMPARECENCIAS:


- DEL SEÑOR REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE AFECTADOS POR ADOPCIONES IRREGULARES, ANADIR (BARROSO BERROCAL). POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA. (Número de expediente 219/000733.)


El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar la sesión, señorías.



En primer lugar, quiero recordarles el origen de la celebración de esta Comisión, que es un acuerdo, como saben sus señorías, del Pleno del Congreso de los Diputados, de su sesión de 22 de febrero de 2011, con motivo del debate de la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre la sustracción de niños a sus madres biológicas para ser entregados en adopción. El Pleno acordó lo siguiente: El Congreso
de los Diputados manifiesta su solidaridad para con todas aquellas mujeres que hubieran sido víctimas de la sustracción de sus hijos o hijas para ser entregados en adopción y sus descendientes, a los que se les negó el derecho a vivir con sus
progenitores. El Congreso de los Diputados facilitará el marco adecuado en el seno de la Comisión de Justicia para que los representantes de los afectados sean oídos por los grupos parlamentarios en fechas próximas, es decir en el día de hoy, y de
nuevo antes de que concluya la legislatura para evaluar el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Y de igual manera se insta al Gobierno a colaborar con el ministerio fiscal y con los órganos judiciales, así como con las demás instituciones
competentes para la investigación de los supuestos de robo y adopción irregular de niños y niñas denunciados por los afectados; colaborar con las familias, ofreciéndoles cuanto apoyo sea posible en el ámbito de sus competencias. Para ello
impulsará la puesta en marcha a través del Ministerio de Justicia de un programa específico, de acuerdo con la legislación de protección de datos personales para la realización de pruebas de ADN que se soliciten por las autoridades judiciales;
establecerá una vía institucionalizada de comunicación permanente con los afectados, con el objetivo de contribuir al esclarecimiento de los hechos que afectan a cada una de estas personas, y estudiará las fórmulas para facilitar a los familiares el
acceso a la información en los registros civiles. Hasta aquí lo que es un acuerdo de la Cámara.



Estamos, señorías, ante un tema de suma gravedad en el que no todos los casos son iguales, pero a los 261 casos denunciados inicialmente ante la Fiscalía General del Estado se añaden, según distintas fuentes, otros 482 que incluso a día de
hoy pueden rebasar la cifra del millar. El fraude pudo alcanzar una magnitud considerable, pero hay que reconocer que el sistema político y jurídico imperante sin duda lo facilitó. Se trata de un escándalo que, más allá del cúmulo de posibles
delitos que encierra, constituye un gravísimo atentado a la dignidad humana. Los hechos no están tan lejanos como para que la sociedad actual y el Estado no se sientan concernidos.



Este Congreso, a través de la Comisión de Justicia, quiere escuchar hoy a los representantes de los afectados. Este sin duda alguna es el marco adecuado. Damos por lo tanto la bienvenida y la palabra, en primer lugar, a don Antonio Barroso
Berrocal, de la Asociación de Afectados por Adopciones Irregulares, Anadir. Con posterioridad está prevista la comparecencia de doña Mar Soriano Ruiz, de la Plataforma de Afectados Clínicas de España 'Causa niños robados'. En ambos casos también
queremos dar la bienvenida, en nombre del Congreso de los Diputados, a todas las personas que acompañan a los comparecientes.



Sin más rodeos, señorías, voy a cederle el uso de la palabra a don Antonio Barroso Berrocal. Tiene derecho además a comparecer con la asistencia del miembro de la asociación que estime oportuno, a los efectos de poder ilustrarse en las
respuestas una vez producido el trámite de intervención de los grupos parlamentarios. Y una vez más, dándole la bienvenida, le voy a ceder el uso de la palabra.



El señor REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE AFECTADOS POR ADOPCIONES IRREGULARES, ANADIR (Barroso Berrocal): Señorías, en 2008 un hombre agoniza el Vilanova i la Geltrú; es el padre de mi buen amigo Juan Luis Moreno, al que me une una gran
amistad forjada desde la infancia. El hombre no quiere llevarse a la tumba el peso insufrible de un secreto espantoso. En ese último minuto le confiesa a su hijo que le había estado mintiendo toda la vida, que no era su hijo biológico -como le
habían hecho creer y como figuraba en su documentación-, que era un niño comprado. Aunque no le dio muchos detalles tuvo la valentía de contarle que también su amigo Antonio Barroso había comprado a su hijo. Juan Luis me llamó por teléfono:
Antonio -me dijo-, mi padre se está muriendo y me ha confesado que a ti y a mí nos compraron en Zaragoza a un cura y a una monja.



Cuando era muy pequeño algunos compañeros de colegio me decían vengativamente: tu madre no es tu madre; recuerdo perfectamente la tristeza que me producía la crueldad de los niños y lo mucho que esa frase me hacía pensar. En el patio del
colegio siempre estaba solo, a veces pensando, otras muchas incluso llorando. Aquella duda, que empezó a ser como un tatuaje permanente en mi piel, me hacía sentir inferior a los demás, un ser minúsculo, desdichado, un niño diferente sin ilusión
por nada. Lloraba muchas noches a solas en mi cama tratando de evitar que aquellos que decían ser mis padres pudieran advertir el dolor por mi vacío y mi tristeza, una sensación extraña de indeterminación, como un inmenso


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agujero negro en mi vida del que no sabía absolutamente nada. ¿Por qué? ¿Por qué mis padres no eran mis padres? Muchos adoptados entenderán además que no me atreviera a preguntar abiertamente si aquel cruel mantra que mucha gente me
repetía y que tanto me torturaba era cierto. Algo entre el miedo a perder a los únicos padres que conocía, el temor a enfadarles o incluso el riesgo a parecer un desagradecido. Cuando eres un niño tampoco tienes recursos para averiguar
fehacientemente todo esto.
Los padres son nuestra verdad.



Con trece años me decidí, me armé de valor, del valor que no se tiene con esa edad, pero con la necesidad profunda de saber, y le pregunté a mi madre si yo era adoptado. Ella lo negó todo rotundamente: no hijo mío, no; soy tu madre.
Luego la mujer se puso a llorar, recuerdo que se llevó un gran disgusto. Como si en lo más profundo tuviera la certeza de que aquellas personas no fueron las que me dieron la vida vivía un auténtico martirio que se alargó hasta el alcance de la
mayoría de edad. Creía que aquel sería el momento de salir de dudas, fui al Juzgado de El Vendrell, en Tarragona, y solicité mi partida de nacimiento al Juzgado de Zaragoza, el lugar donde estoy inscrito. Cuando llegó mi partida de nacimiento a
mis manos me llevé una pequeña decepción: era completamente normal, nada de adopciones. Ahí rezaba que yo era hijo biológico de mis padres. Para terminar con aquel tormento insistí y le pregunté a un funcionario: ¿Con esta partida de nacimiento
es posible que yo sea adoptado? El hombre cogió el documento, lo examinó, y me dijo categóricamente que era imposible que fuera adoptado. El hombre me aconsejó que me olvidara, que era una obsesión mía y cosas de críos. Decidí cerrar aquel
capítulo para siempre porque ya había sufrido bastante. Por eso, cuando ya con treinta y ocho años me llamó Juan Luis y me contó la confesión de su padre le respondí: Pero, ¿qué dices?, ¿Cómo puede ser? Si yo miré mi partida de nacimiento. Juan
Luis tenía una buena respuesta para esa duda, nuestras partidas de nacimiento habían sido falsificadas. De nuevo volví al terrible laberinto del que creí haber salido hace muchos años atrás.
Comencé a investigar, fui en primer lugar al Hospital
Miguel Servet, de Zaragoza, para solicitar los informes médicos de mi madre y míos, y allí no había constancia de mi nacimiento, ni del ingreso de mi madre. El mundo se desmoronaba y de pronto todo dejó de tener sentido, al menos el sentido que el
mundo había tenido hasta entonces para nosotros.



Ese día, ambos -Juan Luis y yo- decidimos emprender una batalla judicial para averiguar nuestros orígenes. Creíamos ser los únicos españoles que de recién nacidos fuimos vendidos por una monja sin escrúpulos en una maternidad. Entramos en
contacto con Enrique Vila, abogado experto en adopciones y adoptado también. Enrique nos preparó unos documentos que tuvieron que firmar nuestros familiares, -de Juan Luis y míos-, que dejaban constancia de que nunca habían visto a nuestras
respectivas madres en estado de gestación. Nos hicimos las pruebas de ADN y pudimos confirmar fehacientemente que aquellas que decían ser nuestras madres no lo eran. El pensamiento me condujo al siguiente paso: si no era hijo de aquel matrimonio,
entonces, ¿quién es mi madre biológica? ¿Por qué se separó de mí? ¿Está viva? Si pagaron por nosotros, ¿podíamos estar seguros de que nuestras madres biológicas se habían desprendido voluntariamente de nosotros? Denunciamos suposición de
embarazo, apropiación ilegal de un menor, y falsificación de documento público.
Adjuntamos todas aquellas pruebas y esperamos a que la justicia nos ayudara a encontrar nuestros orígenes, que se investigara y que los culpables pagaran por su delito,
pero la justicia también nos dio la espalda y nuestra causa se archivó rápidamente. A pesar de la decisión de aquel juez, en mis documentos tozudos se seguía diciendo que yo era hijo de aquel matrimonio, pero yo ya sabía que mi sangre no era la
suya. Era la segunda injusticia grave que se cometía con nosotros: primero nos vendieron, y luego nos querían impedir lo que la ley permitía a todas las personas nacidas en este país, el derecho a saber.



Con la decisión de la justicia muchos medios de comunicación empezaron a interesarse por nuestro caso. La aparición en prensa y televisión tuvo un efecto llamada inmediato. De pronto otras muchas personas se ponían en contacto con nosotros
para contarnos situaciones muy similares a la nuestra, gente que creía haber pasado la misma historia y decenas de madres que, con nuestra historia, recordaban la suya, la de un embarazo que terminó sin su hijo. Esas llamadas crecían, con cada
entrevista más personas se ponían en contacto con nosotros, ya no podíamos mirar para otro lado. Decidimos organizarnos y el 11 de febrero de 2010 quedó oficialmente constituida la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares,
Anadir, que desde entonces presido. Desde ese día, no ha pasado ni uno solo sin que alguien me llame para preguntarme si es posible que su hijo siga vivo, y si creo que se puede encontrar a la madre que alguna vez parió.



Llevo dos años escuchando historias terribles y me gustaría compartir con ustedes algunas. No son especiales porque todas tienen el dolor profundo de una madre, de un padre, y de la vida de un hijo, pero en su día me causaron una honda
impresión y quiero relatarles algunas de ellas. Les hablaré en primer lugar de Salvador, un vecino de Tarrasa que con veintidós años y mucha ilusión por formar una familia se fue con su mujer a que pariera en un pequeño hospital de su localidad.
Salvador quería presenciar el milagro del nacimiento y tuvo la inmensa fortuna de ver nacer a su hija. Cuando lo cuenta, emocionado, dice que la niña era preciosa. La mala fortuna quiso que su mujer empezara a sentirse mal. Los médicos, ante la
gravedad del estado de la mujer, deciden trasladarla a Vall d'Hebron, en Barcelona. Salvador se va con ella, tranquilo, porque ha visto a su hija y cree que la deja en buenas manos. Poco después desgraciadamente la mujer de Salvador fallece, y
roto por el dolor, cuando está velando el cuerpo de su mujer, su


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cuñado le da otra noticia dramática: viene del hospital de Tarrasa donde le han comunicado que la niña ha muerto también. Salvador cree enloquecer. Entierra a su mujer y regresa para enterrar a su hija, y en la documentación que acredita
la muerte del bebé lee, presa del estupor, que la niña había nacido muerta. Cuando va a reclamar, con la verdad que habían visto sus propios ojos, le aconsejan que lo deje, que la pena no le permite ver con claridad lo que ha ocurrido, y que la
criatura realmente ha nacido muerta. El hombre, vencido, entierra la caja que totalmente sellada con clavos le dan en el hospital y no le dejan ver el cuerpo. Hará unos ocho meses, y convencido de que vio a su hija viva y preciosa, decidió exhumar
aquellos restos. Esperaba no encontrar nada, pero sí había un cadáver, y al realizar el análisis genético descubrió que aquellos restos pertenecían a un varón, y que por supuesto no era su hijo.



El caso de Nieves es bien distinto. La suya fue una adopción bajo una apariencia de total legalidad. Como hija de madre desconocida podía ser adoptada dentro de los límites marcados por la ley. Sin embargo el pasado 29 de diciembre, y
después de una larga búsqueda de sus orígenes, Nieves encontró a su madre. La anciana no podía dar crédito, tenía en sus manos un certificado de defunción de aquella recién nacida, que ahora rondaba los cuarenta años de edad. Pero las fechas y
otros muchos datos coincidían y decidieron comparar sus perfiles genéticos. No hay duda: son madre e hija.



El caso de Leonor es el de otras muchas mujeres de origen muy humilde, casada y con veintiún años. Acude a la maternidad de O'Donnell. Allí la deja ingresada su marido. Los médicos la meten en una habitación muy grande, como de paciente
de privados. Durante mucho tiempo nadie la atiende. De pronto pasa un médico y le dice mirándola que aquel parto no va bien, y que hay que sacar a la criatura lo antes posible. Sin sacarla de aquella habitación se presentan varias personas, le
arrancan de las entradas a aquella niña y salen corriendo con ella. A Leonor la dejan abandonada. ¿Tenían tanta prisa por llevarse a aquel bebé que a la madre ni siquiera le sacan el resto del embarazo, y tres semanas después está a punto de morir
por una tremenda infección? Cuando le dijeron que su bebé había muerto, un médico le dijo: No te preocupes rubita, en nueve meses estás aquí de vuelta. Es mejor que no veas a la niña, da mucha impresión para una chica tan joven. Hoy se sabe que
la causa de la muerte, hidrocefalia, es una causa imposible, pues tendrían que haberle practicado una cesárea y ella dio a luz a su hija por el canal del parto.
Su marido fue a informarse de lo ocurrido, no le dejaron ver el cadáver, y le
advirtieron de que si montaba un escándalo avisarían a la Guardia Civil. Además le cobraron 200 pesetas por el entierro. Leonor ha descubierto hace un mes que el entierro de su hija se realizó con cargo del Ayuntamiento a la Beneficencia, como si
ellos la hubieran abandonado.
Algún mal nacido, además de robarles a su primera hija, decidió robar 200 pesetas a aquel matrimonio joven.



María Labarga consta en su partida de nacimiento como hija biológica, pero no lo es, como les ocurre a muchos de los niños robados que están en Anadir. Durante décadas su madre receptora ejerció sobre ella un maltrato psicológico reiterado
y cruel. Hará unos meses por fin la madre confesó de malas maneras que no era su hija, que era comprada. A día de hoy esta mujer ni siquiera le abre la puerta de su casa ni tampoco contesta a sus llamadas telefónicas.



El caso de Paloma es espeluznante. Durante días la tienen sedada en la maternidad. Cuando despierta y recupera la consciencia le comunican que su hija ha fallecido y que ya está enterrada. A la madre de Paloma le dice una enfermera que
había tenido una nieta preciosa. Fue muy conmovedor escuchar a esta mujer que a los cincuenta años me llamó para explicar su caso, y cuando acabó su historia me dijo algo que me han dicho muchas madres: Antonio, quiero encontrar a mi hija y quiero
decirle que yo no la dí, que quería tenerla. Antonio, me gustaría poder abrazarla, y entonces ya podría morir satisfecha. Pobrecita, me da mucha pena, tanto como tener que estar contando esto aquí en el Congreso de los Diputados de mi país.



Son unas pocas de tantas historias de dolor como he tenido que oír en los últimos meses. Sencillamente esto nunca tendría que haber ocurrido.
Durante años a todos nosotros nos tomaron por locos, por desequilibrados.
Muchas de las familias
que hoy forman parte de Anadir tuvieron que guardar silencio, a pesar de la inmensa pena de haber perdido a un hijo, mujeres a las que les querían hacer creer que el dolor por la muerte de sus recién nacidos les impedía ver con claridad y asumir su
pérdida.
¡Pobres! Se les trataba como a histéricas chaladas que solo se recuperaban cuando tenían otros hijos. Así, aprendieron a callar y a mirar a otro lado, a no contar sus historias e incluso a olvidarlas.
Muchos olvidaron hasta la fecha del
parto. Si querían seguir viviendo con normalidad tenían que esconder su rabia, sus sentimientos y sus sospechas. A veces incluso los familiares más cercanos se compadecían de ellas y disculpaban sus quejas como desvaríos de mujeres que no
aceptaban la muerte de sus bebés. ¿Cómo se puede aceptar la desaparición de un hijo sin más? ¿Cómo se puede mantener en silencio tanta indignación? Esas madres son auténticas heroínas a las que la sociedad casi les exigió ocultar su desgarro, y
lo hicieron y callaron e incluso algunas llegaron a olvidar para no enloquecer.



Como ya les he contado al principio de mi intervención también los hijos robados hemos pasado nuestro propio vía crucis. Con esta pesada carga a nuestras espaldas el pasado día 27 de enero Anadir presentó ante la Fiscalía General del Estado
una demanda colectiva con 261 casos. Esa demanda no ha sido desestimada, todo lo contrario, el ministerio público ha decidido investigar estos horrendos crímenes que hemos denunciado, y se va a nombrar a un fiscal especial para coordinar las
distintas fiscalías provinciales a las que ya se ha dado traslado de los expedientes y ya han puesto en


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marcha las primeras indagaciones. Por primera vez en muchos años vamos a contar en sede judicial nuestra historia. En nuestro primer éxito como asociación ahora la sociedad no puede dejarnos de nuevo en el olvido.
Este paso de gigante ha
abierto muchas ilusiones entre nuestros asociados, y también entre miles de afectados que han visto renacer su esperanza con el inicio de las investigaciones.



Con el debido respeto a la división de poderes en que la que se basa todo Estado democrático, por supuesto el nuestro, les pido ayuda. Les pedimos que en la medida de sus posibilidades transmitan nuestra inquietud a los estamentos, y luchen
con nosotros para que se haga justicia, pase lo que pase y pese a quien pese. Hoy, hablando ante ustedes, constato que se ha cumplido con uno de los objetivos que inspiraron la creación de la asociación Anadir: dar a conocer a nuestros
conciudadanos la suerte que corrieron miles de niños y el desgraciado sufrimiento de miles de madres.
Hemos conseguido que la sociedad nos escuche, que se solidarice con nosotros y que sepa que existimos. El reflejo de ese logro se muestra con
nuestra presencia hoy aquí, en el Parlamento español, en el que todos debemos estar representados, pero no podemos quedarnos aquí. Sabemos que nuestro trabajo como asociación no ha hecho más que empezar. Hemos dado algunos pasos importantes, pero
nuestra tarea se apunta ingente. Pronto superaremos los 2.000 asociados, con otras trágicas historias que contar.
Tendremos que documentarlas todas, escuchar a las víctimas, investigar hasta donde buenamente podamos, y por supuesto darles nuestro
apoyo psicológico y jurídico. Las cifras que manejamos rondan los 300.000 afectados, y crean que no estamos exagerando.



Como ven, nuestra labor es inmensa, señorías, y nuestros medios tremendamente escasos. Necesitamos ayuda, en primer lugar económica; necesitamos también un teléfono gratuito de información y una oficina en cada comunidad donde se asesore a
todos aquellos que crean que pueden estar afectados. Nosotros sencillamente estamos desbordados. Les pedimos además que cada uno de ustedes, en la medida de sus posibilidades, interceda por nosotros, que hagan suya nuestra causa, y que nos
acompañen en este camino a la verdad. Cualquier apoyo será bien recibido porque necesitamos de todo. La sociedad y el Estado tienen una deuda moral con las víctimas. El Estado no se dotó de los medios de control necesarios para evitar esas
situaciones que se dieron repetidamente en todo el territorio de manera sistemática. Los ladrones de niños se servían de instituciones públicas para las que trabajaban. Falsificaban documentos públicos y pervertían los registros inscribiendo a
personas con identificaciones falsas. Sabemos que se denunciaron públicamente tales hechos a través de diversos medios de comunicación, pero inexplicablemente nadie hizo caso, nadie prestó atención. Ahora creemos que ha llegado el momento de
reparar esa gran injusticia, y queremos que se busque y se señale a los culpables que cometieron estos horribles hechos, y que se les juzgue por el inmenso daño que hicieron.



Para dar solución a esta casuística Anadir llegó a un acuerdo con un laboratorio para realizar pruebas de ADN, crear una base de perfiles genéticos que permitan cruzar los datos, y ver si existe compatibilidad entre ellos. Se trata de un
laboratorio español acreditado por la Empresa Nacional de Acreditación, que lleva colaborando muchos años con el servicio de criminalística de la Guardia Civil, pero este banco de ADN no es gratuito y debería serlo. Lo están pagando las víctimas de
las mafias que se enriquecieron con nuestro dolor. Deben encontrar el modo para que sea el Estado el que asuma estos gastos.



También queremos pedir que se nos permita reconstruir documentalmente nuestras vidas. Deben legislar para que todos nosotros, sin perjuicio de la Ley de Datos en vigor, podamos acceder de igual manera y en todo el territorio a informes
médicos, a registros de pacientes, a informes de autopsias, a historiales clínicos, a partidas de nacimiento y defunción, a legajos de abortos y a todo tipo de registros en cementerios e iglesias. No podemos depender de la buena voluntad del
funcionario de turno o de la orden arbitraria de un superior. A ustedes los legisladores les pedimos además que adopten las medidas legales necesarias para que nunca más se repita en nuestra sociedad una situación parecida a la que nos ha tocado
vivir a nosotros, que no se vuelva a traficar con seres humanos. La sociedad española debe evitar algo parecido para que no pueda repetirse ni una vez. Por eso deben reforzar en las maternidades los sistemas de identificación de los recién
nacidos, y también los controles de todos los médicos y funcionarios que participan en las inscripciones de los recién nacidos.



El robo de recién nacidos en las maternidades españolas hasta hace tan solo quince años debe avergonzarnos a todos, a los canallas que se enriquecieron robándonos nuestras auténticas vidas, a los que consentían que ocurriera, a los que no
atendieron las escasas denuncias que se presentaban, y a los miles de ciudadanos que sabían lo que estaba pasando y miraban a otro lado. La sociedad tiene que saber que la dignidad del ser humano no es una cuestión de grados; todos tenemos derecho
a vivir la vida que queremos, pero a muchos de nosotros se nos quitó incluso la posibilidad de intentarlo.



El señor PRESIDENTE: Vamos a abrir un turno de intervenciones de los grupos parlamentarios. En primer lugar, vamos a dar la palabra a la diputada doña Rosa Díez González.



La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Intervengo muy brevemente para decir que agradezco profundamente el testimonio que nos ha brindado el señor Barroso Berrocal, que no lo interpreto como un testimonio de queja, sino como un profundo aldabonazo a
nuestra conciencia y a nuestra responsabilidad como diputados y representantes


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de todos ustedes. Realmente les agradezco este testimonio. Aquí se han dicho unas palabras por parte del presidente de la Comisión, que ha leído inicialmente la resolución merced a la cual estamos aquí reunidos ahora; se ha hablado de
dignidad, se ha hablado de justicia, y se ha hablado de fraude -usted también ha pronunciado esas palabras-. Todas ellas son palabras tremendas, pero lo más tremendo es que encierran situaciones humanas. Estamos hablando de personas, y en ese
sentido todos nos sentimos apelados por esa reflexión. Sabemos que, siendo importantes las palabras, de lo que estamos hablando es de las personas que se han visto afectadas por esa renuncia obligada a la dignidad, por esa falta de justicia, por
ese fraude que se ha cometido contra todos ustedes.
Realmente su apelación, su testimonio pone de manifiesto lo que a mi juicio es una asignatura pendiente de nuestra joven democracia, una asignatura pendiente que tenemos con el conjunto de la
sociedad, no solo con ustedes como personas directamente afectadas, sino con el conjunto de la sociedad. Gracias a su iniciativa, a que han ido por delante de la política como ciudadanos que son, esta Comisión les recibe hoy, porque cuando un grupo
político, en este caso Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, trajo esta iniciativa a la Cámara todos la consideramos como nuestra propia causa. Estoy segura -yo, que represento al grupo más pequeño de los que estamos
aquí reunidos, me atrevo a decirlo- de que van a tener ustedes aquí, en esta Comisión y en el Congreso de los Diputados, una causa común que naturalmente va a superar y va a pasar por encima de nuestras diferencias en otras muchas cuestiones.
Asimismo estoy segura de que todos atenderemos algunas de las cuestiones que ustedes nos han planteado, y que forman parte de nuestra obligación como legisladores, así como otras que no forman parte de nuestra obligación directamente y que tienen
que ver con otros poderes, como la fiscalía o el Gobierno. Estoy convencida de que también en eso haremos todo lo que esté en nuestra mano para que se esclarezcan estas cuestiones, y para que finalmente se haga justicia.



Muchas gracias por ayudarnos a cumplir con nuestra tarea.



El señor PRESIDENTE: Ahora en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Tardà.



El señor TARDÀ I COMA: Quiero darle las gracias, señor Barroso, y también a todos los miembros de Anadir. Tarde o temprano todas las sociedades tienen que mirarse al espejo, y la sociedad española todavía hoy en día, un tanto tarde, se
está mirando al espejo para ver reflejado en él todo el dolor que provocaron unos años que quisiéramos ya metabolizados. En el caso que nos ocupa incluso con mayor dolor, puesto que muchas fueron víctimas en una etapa democrática, con lo cual el
dolor es doble, y en este espejo vemos reflejadas situaciones, escenarios que nos inquietan mucho, y creo que usted con su testimonio nos lo ha puesto encima de la mesa sin ningún tipo de hipocresía. El dolor y la lucha que ha significado para el
pueblo argentino el hecho de conocer la verdad con respecto a tantos niños robados, en el caso español, con una sociedad democrática avanzada, todavía estamos iniciando el proceso de reparación, y no hay proceso de reparación -tal y como decía la
diputada Rosa Díez- sin conocer la verdad. El primer escalón es saber la verdad, y una vez conocida podremos intentar como sociedad reparar a las víctimas, y luego hacer justicia, si es que las leyes todavía permiten hacer justicia con algunos
delitos que no hayan prescrito, aunque ahora creo que no es el momento de ponerlo encima de la mesa.



Sí quisiera poner en valor el hecho de que aun cuando sea tarde deberíamos sentirnos orgullosos -yo al menos así me siento- de que ustedes estén aquí, y de que el Parlamento haya sido receptivo a una lucha como la que ustedes han llevado a
cabo. Hay que reparar todos los sufrimientos del pasado, y en esto el Estado español todavía padece una cierta anomalía.
Hay sociedades que han ido por delante, han sido más diligentes que la nuestra, pero no vale la pena quejarse de esto. Lo
importante ahora es actuar. La gran aportación que han hecho ustedes hoy aquí es poner en funcionamiento la maquinaria. Esto ya no hay quien lo pare. Es más, si alguien quisiera pararlo ya no se va a atrever, aunque entiendo que nadie tiene
voluntad de hacerlo. Al revés, hoy lo que se hace es lubrificar los engranajes para que el proceso se acelere.



Estoy en condiciones de decirle -al menos por nuestra parte, aunque creo que interpreto la voluntad de muchos compañeros de otras fuerzas políticas- que tiene nuestro apoyo en todo aquello que concierne a nuestras competencias, es decir -y
ahora improviso- en todo aquello que tenga que ver con el debate presupuestario, a fin y efecto de forzar o colaborar con el Gobierno para que se introduzcan las partidas necesarias para que ustedes tengan los recursos que acaba de reclamar, también
para poner en marcha aquellas iniciativas parlamentarias que sean firmadas por cuantos más grupos parlamentarios mejor para modificar textos legislativos -como usted reclamaba-, en definitiva en todo aquello que tiene que ver con la necesidad de
convertir, transformar o adaptar esta misma Comisión de hoy en un instrumento más permanente. Ya sé de las virtudes del pacto al que llegamos todos los grupos parlamentarios, en el sentido de que como mínimo habría otra sesión al final de la
legislatura para evaluar los avances, aunque quizá debido a la magnitud de lo expuesto por usted también será motivo de debate ver hasta qué punto esta misma Comisión adopta una fórmula más permanente para seguir los trabajos.



También hay que tener en cuenta que vamos contrarreloj. Ya estamos en el mes de marzo. Hemos entrado en el último año de la legislatura, y cuando hay personas


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que han sufrido mucho durante muchos años y muchas de ellas están en sus tramos finales biológicos, el tiempo apremia. Estoy convencido de que usted está de acuerdo en esto. Vamos contrarreloj, puesto que hay personas mayores. Usted ha
explicado su caso y el de su amigo por lo que se demuestra de forma fehaciente que vamos contrarreloj. Sepa usted que por nuestra parte vamos a estar involucrados hasta el tuétano porque ahora o nunca, y estoy convencido de que estaremos a la
altura de su exigencia.



Si me pudiera concretar, a título informativo, cuál ha sido el nivel de concreción al que han llegado con el ministro Caamaño -tengo entendido que fue muy receptivo a sus demandas y que es una persona que está implicada en sus
reivindicaciones-, así como a qué acuerdos han llegado y cómo se va a concretar esta, por decirlo de alguna manera, oficina gubernamental, se lo agradecería. Finalmente me gustaría saber qué grado de satisfacción tienen respecto al cambio de
opinión por parte del ministerio fiscal -hoy más proclive a una actividad más activa- ya que, según tengo entendido y a tenor de lo leído en los periódicos, el ministerio fiscal -si me permiten la expresión popular- se ha puesto las pilas. Si esto
es cierto, sería una buena noticia que lo dijera aquí, en sede parlamentaria. Le agradezco muchísimo el testimonio que están sembrando.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Olabarría Muñoz.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Quiero dar las gracias al señor Barroso por su testimonio ilustrativo -vamos a utilizar esa expresión aunque seguramente utilizaría otra, dramático- que nos ha manifestado una aberración, trama no resuelta hasta
fechas muy recientes de nuestra historia, y que me permite iniciar mi intervención utilizando sus últimas palabras. Usted acababa su intervención diciendo: Su trabajo acaba de empezar; yo creo que también nosotros debemos asumir ese compromiso y
afirmar solemnemente en esta Comisión que también nuestro trabajo acaba de comenzar. ¿Cómo tiene que comenzar nuestro trabajo? Desafortunadamente no se ha podido constituir una comisión de investigación, aunque yo, dada la dimensión del fenómeno
que usted ha descrito, me arrepiento de que no se haya podido constituir por las razones que le voy a indicar a continuación. En todo caso, voy a sustentar las peticiones que han preconizado los compañeros que me han precedido en el uso de la
palabra de dar continuidad a esta Comisión en relación con este fenómeno, con esta patología, para continuar indagando sobre los diversos fenómenos que la componen y en la que se agregan.



Estamos ante unos hechos que no pueden ser ni accidentales, ni esporádicos, ni desconectados entre sí, circunstancia que ya justificaría la creación de una comisión de investigación. Estamos ante una trama que necesariamente tuvo que estar
estructurada y en la que estaban conectadas personas que incumplieron la legalidad y cometieron gravísimos delitos, personas que desafortunadamente en este momento gozan de honorabilidad -aquellas que viven todavía, entrecomillando la expresión-,
responsables médicos, matronas, religiosos y religiosas, encargados del Registro Civil, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros no tenemos que recibir ilustración de estas personas, porque lo que usted ha descrito ha configurado algo muy parecido a
la trama de secuestro de niños en la dictadura argentina. Y no solo eso, sino que seguramente les ha provocado a todos ustedes el mismo impacto emocional que está afectando o que afectó en su día a los hijos que descubrieron que su verdad, que su
vida, la vida que disfrutaban en Argentina estaba basada en una falsedad previa de origen, que sus padres biológicos eran otros, y las tensiones que esto supuso, la casuística que allí se generó y que está estudiada y perfectamente glosada. Hubo
niños que no quisieron conocer a sus padres de verdad, y otros que sí los quisieron conocer; problemas y colisiones que nuestro ordenamiento jurídico no resuelve o no está en condiciones de resolver. ¿Cuál es el interés prevalente una vez que
ustedes conocen que sus padres son padres adoptivos mediante una adopción además de carácter ilegal o irregular y que poseen otros padres biológicos? ¿Cuál es el interés prevalente a efectos de reparar esa situación de injusticia? ¿Es la de
ustedes? ¿Sus intereses? ¿Sus legítimos intereses a conocer la verdad? ¿Es la de los padres adoptivos a mantener una situación formalmente legal, materialmente ilegal? ¿Es la de los padres biológicos a conocer o a explicar por lo menos a ustedes
que fueron objeto de un delito, de una sustracción de un menor contra su voluntad? El ordenamiento jurídico no prevé soluciones sobre problemas tan complejos y dilemas de esta naturaleza, y solo esta razón justificaría también una comisión de
investigación y afrontar incluso reformas normativas que el señor Tardà ha comentado y que no son pocas, que hacen referencia desde la Ley de Protección de Datos hasta la Ley reguladora del Registro Civil, incluso al Código Penal.



Aquí se han cometido delitos graves, de los considerados muy graves por el Código Penal: sustracción de menores. Podríamos incluso considerar si era una organización estructurada, cosa que es previsible a tenor de la dimensión del
fenómeno. Usted ha hablado de 300.000 afectados; estamos hablando de una dimensión espectacular, pavorosa, de una trama que podría configurar un delito de trata de seres humanos si, como es previsible, estuviera estructurada previamente; estamos
hablando de un delito de falsificación de documentos públicos. Y nosotros queremos además, si hay gente que cometió estos delitos y goza en la sociedad en la que convive de respetabilidad, que por los menos la pierda; que además, si los delitos
que han cometido no han prescrito, sean sancionados por nuestro orden punitivo y, si no hay mecanismos para acometer estos dos procedimientos, sean estos médicos, sean estos religiosos, sean estos funcionarios del registro civil o de otros ámbitos,
por lo menos que pidan públicamente perdón, dada la dimensión


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y la atrocidad de los hechos que ustedes han denunciado. Es lo mínimo que deberían hacer ante ustedes si no hubiera otra manera de actuar, de accionar. Ya veremos qué ocurre con estas acciones iniciadas por las fiscalías territoriales bajo
la dependencia del fiscal general del Estado. Ojalá prosperen y se realicen las correspondientes diligencias penales que lleven a las aperturas de los juicios orales correspondientes y se diluciden en el ámbito punitivo, en el ámbito del derecho
penal las responsabilidades a que haya lugar.



Pero lo que usted ha dicho no puede quedar aquí, y esta reflexión que nosotros hacemos no puede ser una reflexión de acto único parlamentario.
Esto necesita continuos; nosotros necesitamos seguir sabiendo no solo desde la perspectiva de
las víctimas, sino también desde la perspectiva de las correcciones que hay que acometer en nuestro ordenamiento jurídico para que la reparación sea razonablemente efectiva -nunca habrá una reparación total para lo que ustedes han sufrido-; para
que los medios de los que ustedes no disponen sean objeto de provisión inmediata por parte de las autoridades públicas competentes y no tengan que utilizar encima sus propios medios económicos para descubrir la verdad; para que los datos que sean
objeto de protección o que estén protegidos todavía por el ordenamiento jurídico dejen de estarlo mediante las correcciones de las leyes que haya que corregir, y que estos tipos penales que en nuestro ordenamiento penal, en nuestro Código Penal
tienen a veces una tipificación un tanto deletérea, difícil de interpretar, adquieran más concreción para que se pueda hacer justicia, que es lo que en otros ámbitos las víctimas solicitan de forma prioritaria. Desde esa perspectiva, usted nos han
abierto los ojos. Lo dramático de su testimonio, además expuesto brillantemente -si me permite la alabanza-, con desapasionamiento, con un valor cuasi periodístico -hemos visto una especie de documental, de radiografía de una patología social con
pocos precedentes en cuanto a su gravedad-, es que nos obliga a continuar investigando, si no es a través de una comisión de investigación con otras comparecencias que mi grupo, si los demás grupos están de acuerdo, va a solicitar. Vamos a intentar
que desde la perspectiva de lo que se puede desarrollar, de la actividad legislativa, de la actividad que podemos desarrollar en el ámbito parlamentario, en sede parlamentaria, se pueda de alguna manera, aunque sea tarde y de forma siempre
insuficiente, cuando menos satisfacer a las legítimas pretensiones, que son muchas, y ya la casuística también es muy compleja.



No vamos nosotros a determinar, desde la perspectiva de los impactos emocionales concurrentes aquí, cuál es la solución; cada cual la tendrá que adoptar desde una perspectiva personal y subjetiva, cada cual sabrá si quiere conocer o no a
sus padres biológicos, cada cual deberá saber si es más o menos conveniente continuar con una apariencia de vida formal jurídicamente, pero materialmente injusta, ilegal; en definitiva, cada cual tendrá que saber qué hacer con su vida. Esto es
algo con lo cual no nos habíamos encontrado nunca. Este es un fenómeno patológico que tiene dimensiones punitivas, que tiene dimensiones sociales, que tiene dimensiones psicológicas y que encubre, en definitiva, una de la mayores atrocidades no
solo del régimen franquista, donde es presumible que atrocidades de esta naturaleza se puedan producir, sino también del régimen democrático, de la transición democrática española donde estos hechos continuaron, continuaron en virtud de una trama
que no puede ser accidental ni esporádica, de una trama perfectamente estructurada.
Nosotros tenemos que dedicar todos nuestros esfuerzos a desenmascarar primero, a desestructurar después, y a ayudar a que la punición, el castigo, las
responsabilidades que los miembros de esta trama deban asumir los asuman eficientemente. Por eso esto no puede quedar en esta locución, en esta comparecencia que usted ha hecho, sino que yo creo que debemos asumir la obligación moral en esta
Comisión de continuar con las investigaciones que sean pertinentes para llegar a esclarecer un asunto tan dramático y tan atroz como el que usted nos ha explicado. Gracias señor Barroso por su explicación.



El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular va a intervenir doña Inmaculada Bañuls Ros.



La señora BAÑULS ROS: Señor Barroso, le doy las gracias por su presencia hoy aquí, así como a las personas que nos acompañan. Muchas gracias también por su intervención, que ha sido muy clarificadora y, coincido con mis compañeros,
especialmente gráfica y dura en su exposición.



Por supuesto quiero comenzar diciendo que desde nuestro grupo parlamentario queremos expresar nuestra solidaridad, nuestro apoyo y nuestro respaldo a esta causa por la que ustedes están luchando y que ha salido a la luz hace poco. También
creo que es de justicia agradecerles a su asociación y a usted, como impulsor de la misma, que hayan conseguido algo de vital importancia como es que hayan logrado la visibilidad de un problema que permanecía oculto desde hacía muchos años y del que
solo los afectados y quienes tomaron parte del vil tráfico de personas eran conscientes de su existencia. Esa visibilidad es de un valor extraordinario, ya que es la condición necesaria para dos cuestiones: en primer lugar, ha contribuido a
sensibilizar a la sociedad al tener conocimiento de estos hechos y de sus víctimas, logrando el apoyo de las instituciones competentes; en segundo lugar, esa visibilidad debe ser un acicate para prevenir y evitar que en el presente y en el futuro
se produzcan situaciones similares. Desde nuestro grupo hemos manifestado nuestro posicionamiento ante este triste e ignominioso tema. Me estoy refiriendo en concreto a la reciente intervención de la diputada del Grupo Popular, señora Camarero,
porque a nosotros también nos preocupan, y mucho, estos hechos, nos preocupan estos robos de niños que comenzaron a producirse en los años


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cuarenta y nos preocupa, y mucho también, que, como afirman desde su asociación también pudieran darse en los años ochenta o los años noventa, tan recientemente. Al mismo tiempo, expresamos el apoyo y el firme compromiso del Grupo Popular
con las víctimas, también exigimos a las instituciones que cumplan con su responsabilidad y que lleguen al fondo de esta cuestión, esto es, esclareciendo los hechos y depurando responsabilidades. Nosotros, se lo aseguro, señor Barroso, estaremos
vigilantes.



Quería preguntarle, al hilo de su intervención, algunas cuestiones. Su asociación, como ya he dicho, está realizando una labor encomiable a favor de la recuperación de la verdad, la dignidad y la justicia que deben recibir las personas,
niños y niñas que en su día fueron entregados a familias distintas de las suyas mediante adopciones irregulares y que tiene entre sus actividades prestar apoyo y asesoramiento a las víctimas a nivel legal, psicológico y emocional. Quería
preguntarle cuáles son las problemáticas más frecuentes con las que se encuentran en su asociación en el campo psicológico y emocional, aunque usted ha sido muy extenso en su exposición, y qué medidas de apoyo ofrecen en este terreno para ayudar a
las personas que acuden a ustedes. Querría preguntarle también por el presente. ¿Se siguen presentando casos de adopciones ilegales o irregulares en la actualidad? Hace escasas semanas tuvimos conocimiento de un hecho como el que usted ha
descrito, si no recuerdo mal, en Canarias. ¿Esto es un caso aislado o todavía se siguen produciendo? Si es así, ¿cuáles serían las medidas que deberían adoptarse desde las instituciones y desde la sociedad para evitar estos casos? Señor Barroso,
nuestro grupo ya demostró la voluntad de consenso, también los otros grupos parlamentarios, entendiendo que esta causa no es solo la de una parte de la sociedad, ni de una parcela exclusiva de la política, sino que necesita de la colaboración, del
afecto y del compromiso de todos para poder resolverlo. De ahí nuestro convencimiento de dejar de lado cualquier postura ideológica, acogiendo este tema como una cuestión que afecta a la esencia de la dignidad de la persona. Tenemos confianza en
que el acuerdo alcanzado por los grupos parlamentarios suponga dar los pasos adecuados para dotar de una mayor celeridad y eficacia a la solución de este drama que ha afectado a tantas personas y a tantas familias. Como usted ha dicho en su
exposición, reconstruir la vida de estos hombres y mujeres que sufrieron el quebranto de ser apartados de unas madres que si aún viven hoy, lo hacen con el dolor extremo de haber perdido a un hijo y más en esas circunstancias, se hace necesario
buscarle una rápida solución. Fue el poeta Rainer Maria Rilke el que dijo: La verdadera patria de un hombre es la infancia. Pues bien, a esas víctimas, esos niños y niñas que fueron robados al nacer, se les robó también esa infancia que debieron
haber compartido con sus progenitores y con sus hermanos. Recuperar la identidad perdida se hace imprescindible para todos ellos sin excepción.



Señor Barroso, nada más. Muchas gracias por su comparecencia. Le deseamos a usted, a todas las víctimas y a los miembros de la asociación que le han acompañado que sigan con esa gran labor que están realizando, sabiendo que cuentan con el
firme apoyo de nuestro grupo.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra doña Carmen Juanes Barciela.



La señora JUANES BARCIELA: En primer lugar, quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento a don Antonio Barroso como representante de Anadir y a todos los miembros de Anadir que nos acompañan. Desde una posición de observadora y
desde el talante del socialismo liberal que comparto, me parece necesario llamar la atención sobre la comparecencia de hoy. Creo que es un signo de madurez política. Hay momentos en los que resulta imprescindible sumar fuerzas y atender
prioridades, y es lo que estamos haciendo hoy en el seno de esta comisión. Estamos asumiendo, además, uno de los compromisos de la enmienda de la proposición no de ley de Esquerra Republicana debatida el pasado 22 de febrero: que los
representantes de los afectados sean escuchados por todos los grupos parlamentarios, y de nuevo lo haremos antes de que concluya la legislatura para evaluar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.



Ustedes han desvelado a la opinión pública española y a la opinión pública internacional uno de los episodios más siniestros de la dictadura franquista, esa que todavía hoy algunos pretenden vendernos como un mal necesario o como algo light,
un siniestro episodio que continuó en los primeros años de la democracia. Parafraseando a Gregorio Peces-Barba, la herencia del franquismo no era el mejor legado para abordar la reconstrucción en pos del ideal de la España civil. En estas últimas
semanas hemos vivido bajo el impacto de un escándalo que constituye un atentado a la dignidad, como ha explicado perfectamente el señor Barroso, y que ha dejado, desde mi punto de vista, un rastro de miseria humana muy difícil de digerir para todos
nosotros. Creo que gracias a la constancia, a la tenacidad de cientos de familias afectadas estamos conociendo un mapa de casos que salpican todos los rincones de España: trueque de niños en San Román, en Santa Cristina, la extraña epidemia de
O'Donnell, treinta y seis bebes muertes en veintidós días, etcétera. Según las informaciones recogidas en los medios de comunicación más de setecientas familias ya han denunciado los hechos ante la fiscalía. ¿A día de hoy, señor Barroso, tienen
datos sobre el número de denuncias presentadas y tienen datos de las comunidades autónomas más afectadas por estos hechos? Hechos tan graves no pueden quedar impunes; esto ya lo ha manifestado el ministro de Justicia en una de las reuniones
mantenidas.



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Somos conscientes todos los miembros de esta Comisión y el Grupo Socialista de que este es un problema profundo, porque no estamos hablando de falsear historias que acaban descubriéndose tarde o temprano, estamos hablando de manipulaciones,
y la manipulación es mucho más sinuosa, más difícil de descubrir y mucho más difícil de demostrar, porque responde a una lógica enrevesada de arquitectura que es preciso en estos momentos desentrañar. Por eso nos parece acertada la decisión de que
los robos se investiguen en las fiscalías territoriales, y que sea una fiscal especial la que coordine esta tarea nos parece en principio adecuado, además es el cauce más conveniente para la investigación de estos hechos que nos ocupan, porque esto
lo garantiza nuestra Constitución. Se cumple así con uno de los compromisos que solicitó su asociación el pasado 27 de enero: van a poder ser escuchados en sede judicial. A esto le añadimos que existen dificultades: el tiempo transcurrido, la
posible prescripción de los delitos, la falta de antecedentes en un hecho de esta naturaleza, las dificultades de investigación, instrumentos como el parto anónimo, que en muchos casos, en lugar de proteger la intimidad de las madres, terminó siendo
la puerta de muchas apropiaciones o de que los padres adoptivos pudieran inscribir a los niños como hijos propios, lo que conllevaba eliminar de un plumazo a la madre biológica y hacer que la adoptiva figurase en todos los papeles como la mujer que
lo había engendrado en su vientre. En este caso hay muchas dificultades. Por eso desde el Grupo Socialista vamos a luchar con ustedes para que se haga justicia y vamos a exigir a las instituciones que lleguen al fondo del asunto; ya lo manifestó
el portavoz de esta Comisión, el señor Villarrubia, en el Pleno del pasado 22 de febrero. Por tanto, hacemos también nuestros los compromisos adquiridos por el Ministerio de Justicia.



El sociólogo González de Tena asegura que en la primera etapa los bebes eran sustraídos a puñados de las cárceles, en los años cincuenta fundamentalmente, y esto ocurrió en las cárceles franquistas y en los hogares republicanos. ¿Nos
podrían indicar si tienen cifras de los bebes sustraídos en esta primera etapa? ¿Nos podrían indicar también si hubo un plan diseñado y planificado de robos de niños para entregarlos a las familias del régimen? Yo creo que superada la posguerra,
la represión de ser generalizada paso a ser selectiva y más útil. El robo de niños se hacía en clínicas y en casas cunas, muchas de ellas ligadas a organizaciones religiosas. El objetivo fundamentalmente eran madres solteras, jóvenes, atrapadas en
un contexto moral, social y político que hacía impensable la maternidad en solitario. Yo creo que lo que empezó siendo una terrible represión política se convirtió en una represión moral y en un negocio revestido de caridad que terminó como simple
tráfico de bebés, como ha manifestado también el señor Barroso en esta intervención. ¿Nos puede aclarar si los casos que hemos leído en los medios de comunicación y los expuestos por ustedes son casos inconexos o si se trata de una práctica que
obedecería a una trama organizada o a unas tramas organizadas? Creo que a todos nos han impresionado los relatos de los familiares afectados. Son muchos los padres a los que se les comunicó que su hijo o hija había muerto en el parto. Se
insistía, se les enseñaba un bebé congelado, siempre el mismo, que posteriormente sería reconocido por más parejas. No existe historia clínica, el niño no está inscrito en el registro y no hay certificado en el cementerio, como ha mencionado usted
esta mañana con algunos casos. ¿Su asociación tiene algún dato sobre quiénes manejaban esas redes? ¿Tienen información sobre si hubo algún tipo de conexión entre las estructuras profesionales, asistenciales y religiosas que propiciaron esos
cambios de destino en los niños? Lo cierto es que tuvimos que esperar a la Ley de Adopción de 1987 para acabar y poner orden con esa red de adopciones.



Voy finalizando. Quiero insistir en el apoyo y compromiso del Grupo Parlamentario Socialista con las víctimas, porque estos niños reclaman memoria. En unos meses evaluaremos el cumplimiento de todos los compromisos. Como diría el fundador
del cristianismo: Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ustedes, muchos de ustedes quieren conocer esa verdad para ser libres. Esto no tendría que haber ocurrido.
Ahora sí voy finalizando. Atenderemos las cuestiones que nos han
planteado y nuestro trabajo, como decía el señor Olabarría, acaba de comenzar.



El señor PRESIDENTE: Voy a conceder a los comparecientes una suspensión técnica de dos minutos para que reordenen las respuestas. Por favor, en la medida de lo posible, no abandonen la sala porque vamos a reiniciar enseguida la sesión.
(Pausa.)


Señorías, vamos a reiniciar la sesión. Se ruega silencio y que ocupen sus asientos, por favor.



Para dar respuesta a la intervención de los grupos parlamentarios tiene la palabra una vez más don Antonio Barroso Berrocal.



El señor REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE AFECTADOS POR ADOPCIONES IRREGULARES (Barroso Berrocal): Muchas gracias por haberme escuchado y por vuestro interés. Para responder a las preguntas que me habéis hecho, que son un poco más
técnicas, le cederé la palabra al abogado, que es quien redactado la denuncia y os podrá contestar mejor.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Enrique Vila Torres.



El señor REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE AFECTADOS POR ADOPCIONES IRREGULARES (Vila Torres): Gracias por su atención y sus buenas palabras.
Soy abogado pero me siento implicado totalmente en Anadir, también soy adoptado legal y estoy
afectado por parte de esta trama. Soy adoptado legal, hasta que se demuestre lo contrario, como el caso que


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ha contado Antonio de una adoptada legal que encontró a su madre biológica con la triste sorpresa de que encontró al mismo tiempo su parte de defunción. Por lo tanto, pongo entre comillas lo de ser adoptado legal.
Más que como abogado
hablo también como afectado. Por lo tanto, voy a intentar responder a sus preguntas.



Responderé primero a las preguntas del señor Tardà. Respecto a la reunión con el ministro de Justicia, el señor Caamaño, realmente fueron nuestros compañeros de la plataforma quienes se reunieron con el ministro de Justicia y deberán ser
ellos quienes contesten. Pero, efectivamente, las noticias que tenemos nos satisfacen siempre que haya una voluntad política de impulsar la actividad por parte del Poder Ejecutivo, porque entendemos que estos delitos tienen que ser perseguidos por
el Poder Judicial con el apoyo del Poder Ejecutivo y con la iniciativa que está teniendo ahora el Poder Legislativo. Si es necesario modificar leyes se tendrán que modificar, pero realmente quien se ha puesto en marcha -respondiendo a su segunda
pregunta-, que nos ha satisfecho plenamente -y efectivamente se ha puesto las pilas-, es el Poder Judicial, por primera vez ante un escándalo tan grande, entendemos que es el escándalo más espectacular de las democracias occidentales contemporáneas.
Nunca la justicia había hecho nada, lo único que había hecho hasta ahora era archivar las denuncias individuales que se habían producido. Quizá los casos individuales no llamaban tanto la atención, no tenían tanta repercusión mediática y,
efectivamente, ha hecho falta la iniciativa de Antonio y la unión de todos los afectados en Anadir para que por primera vez la justicia -parece ser- vaya en serio. Por lo tanto, entendemos que es muy importante la actividad y la decisión del fiscal
general del Estado ordenando a todas las fiscalías provinciales que se pongan a investigar. Además, nos consta -por las noticias que nos están llegando- que realmente con muchas ganas de llegar hasta el final. Así, tenemos muchas esperanzas de que
con las leyes que ya hay o con las que se tengan que crear o modificar se pueda llegar realmente a esas condenas que entendemos que hacen falta. Como usted bien ha dicho, no es el momento ahora de hablar de la supuesta prescripción, pero si no
existe una condena real en los juzgados porque se utilizan técnicas jurídicas -que quizá ahora sean las únicas que puedan defender a los que cometieron estos delitos-, por lo menos sí habrá una condena social. Evidentemente, entiendo que además de
las condenas tiene que haber una investigación para llegar a la verdad y para esclarecer cuál es la auténtica historia de la vida de los afectados.



Respecto a las preguntas de doña Inmaculada Bañuls, creo que a la primera sobre la problemática y los problemas sicológicos más frecuentes que nos estamos encontrando realmente Antonio ha contestado muy bien. El choque psicológico es
auténticamente brutal, están desbordados tanto a nivel de consultas de gente que se siente afectada y quiere denunciar, como a nivel de apoyo. Creo que prácticamente todos de los que estamos aquí nos estamos convirtiendo un poco en psicólogos, pero
también hay que tener en cuenta que nosotros mismos muchas veces necesitamos ese apoyo que nunca hemos tenido. No solamente los niños robados, y quiero romper aquí una lanza en general -aunque creo que el tema aquí se está viendo de una forma común
y extensa- a favor de todas las personas expósitas -no me gusta nada esa palabra pero es así-, todos los que fuimos abandonados en su día y que fuimos adoptados legalmente o que fuimos inscritos como hijos falsos realmente tenemos un vacío muy
importante. Yo llevo quince años trabajando para ayudar a hijos a encontrarse con sus madres biológicas pero realmente nunca había visto tanto dolor como ahora en estas mujeres que piensan -y con razón- que les quitaron, que les arrancaron a sus
hijos. Si ya hay dolor cuando una mujer entrega voluntariamente a un hijo -y pongo voluntariamente entre comillas porque habría que ver las coacciones y presiones que tenían en su época-, si ya existe dolor cuando dejas de ver a un hijo durante
tanto tiempo, imagínese usted cuando le es arrancado ese hijo contra su voluntad y guarda esa pena durante tanto tiempo con tanto dolor. Efectivamente, ahora se ha producido una especie de desahogo general porque muchas de estas pobres mujeres
creían que estaban poco menos que locas o eran tratadas así pensando que esto pasaba. Señores, esto ocurría, era una mafia y ha pasado a muchas personas. Realmente sí necesitamos apoyo psicológico pero, como bien ha dicho Antonio, no tenemos
medios para atender la avalancha de gente que quiere denunciar y mucho menos para atenderles psicológicamente, exceptuando la buena voluntad del presidente de la junta y de los que estamos trabajando intentando ayudar a la gente como podemos.



Respecto a la segunda pregunta que usted planteaba de si se siguen dando estos casos en la actualidad, por desgracia, poco antes de la presentación de la denuncia del 27 de enero se dio la casualidad de una detención en Tenerife de unos
padres que iban a ser falsos y de unos intermediarios que iban a comprar a un niño de una indigente, creo que extranjera, por 10.000 euros. No es exactamente el mismo delito, aquí había una presión hacia la madre para que vendiese a su hijo, es
otra cosa totalmente diferente, y de hecho yo pienso que es un caso muy aislado. En la actualidad se ha levantado una alarma social pero entiendo -creo que Antonio estará de acuerdo- que se puede decir ahora se trata de casos aislados. El otro día
estuve con un ginecólogo, debatiendo con él, y realmente es bastante más complicado que en la realidad ocurran estas cosas de forma organizada.



Paso ya a las preguntas de doña Carmen Juanes. En primer lugar, respecto a los datos de las denuncias y las comunidades más afectadas, como saben, había 261 denuncias iniciales en nuestra primera denuncia colectiva; en la actualidad creo
que hay inscritas mil personas que ya están redactando un documento de adhesión a esa denuncia inicial. El fiscal general del Estado nos ha


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pedido expresamente que la sistemática de actuación ahora sea, primero, presentar estas nuevas denuncias en las fiscalías provinciales que ya tienen abiertas las diligencias de investigación y después, dar traslado al fiscal general de copia
de las mismas porque ellos tienen que coordinar y controlar todas las denuncias que se presentan. De momento hay mil inscritos que ya están, rellenando y aportando estos datos para las nuevas denuncias, pero insisto en la situación de absoluto
desbordamiento de Anadir. Creo que ahora mismo hay tres mil, cuatro mil o cinco mil correos electrónicos por contestar, hay consultas diarias, y aquí enlazo con la propuesta y la idea que ustedes nos han planteado de ayuda. Anadir, una iniciativa
privada, no puede realizar una labor social tan ingente como atender a todos estos afectados. La ayuda del Estado tiene que ser inmediata porque entiendo que tiene que haber coordinación, tiene que haber unión y si la iniciativa privada de Anadir
se pierde en el volumen tan brutal de solicitudes de ayuda, al final cada uno de los afectados va a hacer la guerra por su cuenta, va a ir solo a los fiscales, y en este caso, como los hechos han demostrado, solamente cuando ha habido unión en la
actuación de los afectados, el Poder Judicial, a través de los fiscales, se ha puesto realmente a investigar.
No podemos volver a la situación anterior en la que todas las denuncias individuales no eran tenidas en cuenta. Por lo tanto, es
necesario de inmediato que todo este volumen de consultas, todo este volumen de afectados sean escuchados por un organismo estatal que ponga los medios a disposición del ciudadano. Esta es ya una labor de la Administración, entiendo yo, coordinada
con Anadir o de la forma que ustedes estimen oportuna, pero es importantísimo, porque en Anadir no estamos dando abasto.



Respecto a las cifras de los bebés robados de la primera etapa, esto está muy claro. Ha habido investigaciones de sociólogos y el propio juez Baltasar Garzón habló de unos 30.000 niños robados durante el franquismo.
Como usted bien ha
dicho, hay una primera etapa, en los años cuarenta, en que hubo una dura represión política, incluso una especie de limpieza étnica absurda, instigada por el psiquiatra Vallejo-Nájera, que creó una serie de teorías de limpieza de la raza, y esto
justificó lo injustificable, que fue separar a los hijos de las mujeres republicanas que estaban encarceladas. Esta primera cifra debe ser bastante aproximada a la realidad, pero estamos hablando de la década de los cuarenta y quizá parte de la de
los cincuenta, pero tengan en cuenta sus señorías que nos encontramos casos en la década de los años noventa. Solo hay que multiplicar y ver que esto rápidamente se convirtió en una mafia con una finalidad puramente económica, porque vendió niños
gente de todas las ideologías políticas. Y le garantizo que aunque estábamos en una dictadura esta mafia económica estaba penada por el Código Penal de 1932, modificado en 1963. Es decir, los delitos que se cometieron eran delitos entonces, y lo
que inicialmente se convirtió en una represión política luego se convirtió en una mafia con una finalidad estrictamente lucrativa que duró hasta bien entrada la democracia. La cifra es incalculable. Le puedo decir que el 15 por ciento de asuntos
que he conocido en los diecisiete años de ejercicio profesional son como el de Antonio Barroso, es decir, gente que se creía adoptada y era hijo falso. Apliquen ese 15 por ciento a los 2 millones de adoptados nacionales que se calcula
extraoficialmente que hay en España y verán que sale una cifra terrible.
Pero lo peor del caso es que ciertamente no tengo por qué aplicar ese 15 por ciento a los 2 millones, porque cuántos españoles han muerto ya y van a morir sin tener la más
mínima idea de que no son hijos de sus padres, ni adoptados ni hijos falsos, simplemente morirán creyéndose hijos de personas que no son sus padres. Por tanto, el cálculo es absolutamente imposible y se nos escapa. Respecto a si existen tramas
actualmente, ya he contestado anteriormente que entiendo que no. Puede haber casos aislados, pero actualmente el Estado controla mucho más, desde la modificación del año 1987, y las comunidades autónomas y las consejerías de las mismas controlan
más las circunstancias de la adopción y del acogimiento, por lo que ya no queda tanto en manos de los médicos qué se hace con un niño; ahora es bastante complicado que esto se produzca. En todo caso serán casos aislados.



En cuanto a datos sobre quiénes manipulaban estas redes, tanto Antonio como yo en todas nuestras manifestaciones partimos de un máximo respeto a las instituciones, obviamente tanto al colectivo médico como al de las matronas -que ya se han
quejado- o a la institución de la Iglesia católica, pero es indudable que participaban médicos, que participaban matronas, que participaron religiosos y que participaron empleados de funerarias y seguramente algún funcionario. Desde nuestro punto
de vista, hablamos siempre de personas. Organización a nivel nacional evidentemente existía, porque estamos descubriendo que nunca los niños robados acababan ni siquiera en la misma provincia. Normalmente acababan en ciudades muy distantes,
incluso ha habido padres que querían adoptar legalmente que me comentaban cómo abiertamente determinados intermediarios les ofrecían apuntarse en listas de espera para comprar niños. Estoy hablando del año 1986 en el último caso que me comentaron.
Cuando, por ejemplo, unos padres valencianos querían comprar o aceptaban, en vez de adoptar legalmente, acelerar todo el proceso, esta lista de espera podía estar en Bilbao, y cuando fallaba Bilbao porque no había ningún niño que se podía robar en
Bilbao, los pasaban a Melilla, y cuando fallaba Melilla, los pasaban a Sevilla, es decir, había una movilidad geográfica y una conexión evidente, porque los captadores de padres compradores sabían perfectamente a qué médicos o a qué hospitales
podían llamar para conseguir los niños que querían comprar. Por tanto, mafia organizada a nivel nacional indudablemente existía.



Muchas gracias y espero haber respondido a sus preguntas.



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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a la asociación Anadir. ¿Quieren añadir alguna cuestión? (Denegaciones.) Damos las gracias a sus representantes, tanto al asesor jurídico como a don Antonio Barroso Berrocal, de la Asociación Nacional
de Afectados por Adopciones Irregulares, Anadir.



- DE LA SEÑORA REPRESENTANTE DE LA PLATAFORMA DE AFECTADOS CLÍNICAS DE ESPAÑA 'CAUSA NIÑOS ROBADOS' (SORIANO RUIZ). POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA. (Número de expediente 219/000734.)


El señor PRESIDENTE: Pido disculpas de antemano por el retraso de la sesión, pero entiendan que el contenido, la densidad de la misma y la importancia del tema requieren una cierta comprensión. No cabe duda de que esta Comisión tiene
interés en escuchar con la misma intensidad a la siguiente compareciente, a quien agradecemos su presencia. Es la señora doña María del Mar Soriano Ruiz, de la Plataforma de 'Afectados clínicas de España, causa niños robados', que puede ocupar su
lugar en la Mesa.
Quiero decir a los representantes de Anadir que pueden permanecer en la sala si quieren. Reitero nuestro agradecimiento por su presencia y doy la bienvenida a todos los miembros de la plataforma de 'Afectados clínicas de España,
causa niños robados'. Sin más, cedemos la palabra a doña María del Mar Soriano Ruiz.



La señora REPRESENTANTE DE LA PLATAFORMA DE AFECTADOS CLÍNICAS DE ESPAÑA, CAUSA NIÑOS ROBADOS (Soriano Ruiz): Muchísimas gracias a todos por invitar a la plataforma y en definitiva a nuestros padres afectados por un asunto tan trágico y
humillante para la sociedad democrática en la que vivimos. Mi nombre, como han comentado, es Mar Soriano, y antes de hablar como portavoz quiero hacer referencia a que soy afectada por el robo de mi hermana. Mi hermana Beatriz nació el 3 de enero
de 1964 en la Clínica O'Donnell en perfectas condiciones. En su partida literal de defunción consta la otitis como causa principal de fallecimiento. Así está anotado en el Registro Civil del Ministerio de Justicia. Igual que Beatriz, figuran al
menos otros diez bebés en el archivo regional de la Comunidad de Madrid en la misma hoja -la única a la que hemos tenido acceso- cuya causa principal de defunción fue también la otitis. En el año 2009 se presentó denuncia particular en el Juzgado
de Instrucción número 23 de Madrid y la contestación fue que se investigase. Posteriormente se resolvió el caso diciendo que los causantes probablemente habían fallecido y que se si se estableció en su momento que la causa principal de
fallecimiento fue la otitis, murió de otitis y no había más que hablar. Posteriormente se tramitó denuncia conjunta en el número 21 de los juzgados provinciales de Madrid, cuyo juez, curiosamente, tardó un año en contestarnos para inhibir la causa
a favor de la Audiencia Nacional. Paralelamente, tras constatar con otros médicos, incluso con el mismo don Ignacio Villa Elizaga, médico que atendió a mi hermana Beatriz, la imposibilidad de que un bebé muriera de otitis, este dijo a cámara oculta
y ante toda España que eso no pasaba ni en un pueblo. Queda en clara evidencia, por tanto, la resulta del número 23 de los juzgados provinciales de Madrid. Ahora, como portavoz de la Plataforma 'Afectados clínicas de toda España, causa niños
robados', cuya inauguración fue llevada a cabo el 15 de marzo de 2008 -cumplimos hoy tres años de actividad-, y siendo hoy por tanto un día de doble celebración al coincidir este acto aquí en el Congreso de los Diputados, agradecemos la oportunidad
que tenemos las familias de exponer hoy en este foro los hechos ocurridos, así como manifestar las diferentes vías alternativas que constituyen en cierta manera una reparación, aún lejana, a las familias. En este sentido, por el significado que
supone la presente intervención de las familias en el Congreso de los Diputados, esperamos que esta sirva no solo para recordar a aquellos padres y madres -algunos ya han fallecido y no están aquí con nosotros-, sino también para recordar también a
aquellos hijos que, conscientes o no de su falta de identidad, fueron víctimas de un desarraigo familiar forzado.



Antes de continuar debemos resaltar una vez más que los familiares que aglutina la Plataforma 'Afectados clínicas de toda España, causa niños robados' son víctimas por desarraigo familiar forzado llevado a cabo bien por sustracción forzada
infantil o, lo que es lo mismo, robo de niños, bien por adopción irregular, constituyendo ambos un delito de lesa humanidad que denunciamos como hechos muy graves de sufrimiento continuo de búsqueda y que atentan contra la salud física o mental de
los afectados, en definitiva, familias de este país. La plataforma trabaja conjuntamente con otras organizaciones de afectados por desarraigo familiar forzado, como son la plataforma Sin identidad y plataforma Afectados Clínica San Ramón; también
con otras asociaciones y agrupaciones, como las Abuelas de la Plaza de Mayo, en cuya representación se encuentra Carla Artés con nosotros. Lamentablemente, no ocurre así con Anadir, ya que no hemos tenido ocasión, pero esperamos que podamos
trabajar conjuntamente. Igualmente debo resaltar la figura del letrado Fernando Magán, cuyo trabajo ha sido fundamental para las familias, además de sumarse también otros profesionales de reconocido prestigio en pro de la causa.



Trama. Era tan fácil inscribir a un bebé como biológico, que facilitó el robo y por tanto el tráfico de bebés. Todo ello bajo el marco de las leyes vigentes de ese momento, cuando la Ley de Adopción de la época lo permitía, hasta que fue
modificada, como todo el mundo sabe, en el año 1987. El proceso común era sencillo: una mujer daba a luz, casi siempre bajo los efectos de la sedación. A posteriori, sin más explicación, le comunicaban que su bebé había muerto. El médico, las
enfermeras


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y matronas le comunicaban que era mejor no verlo por el trauma que iba a sufrir. Sin embargo, siempre dispondrían de un bebe congelado que hiciera de señuelo para aquellas madres que no estaban conformes con dichos consejos. Por otra
parte, el personal sanitario manifestaba en todos los casos que se encargaba de todo lo que concierne a los trámites de enterramiento, incluso al reclamar los propios padres el cuerpo del bebé.
Es natural pensar que no todos los bebés fueron
robados, hubo muchos que murieron, pero otros fueron dados en adopción; adopciones irregulares que se presentaban bajo la cobertura aparente de las obras de caridad ejercidas por personas consagradas a la Iglesia católica o muy próximas a las
estructuras formales de ella. Entendemos que avalaba así su impunidad y bajo la moral se incitaba a las jóvenes madres y no tan jóvenes a ceder a sus bebés en adopción; una adopción provista de toda la clase de irregularidades en la que
administrativamente se procedía a desvincular a padres e hijos borrando toda identidad.



Hoja de ruta; nuestro encuentro con la vía regional administrativa. A raíz de las evidencias, nuestro primer contacto como plataforma surge desde la Comunidad Autónoma de Madrid y su compromiso, a través del archivo regional de la
Comunidad de Madrid, de llevar a cabo un estudio sobre las causas de fallecimiento de los bebés en los años comprendidos entre 1961 y 1971. Esta iniciativa lleva en marcha un año y hasta la fecha no tenemos referencias sobre la situación actual del
trabajo comprometido.
Vía jurídica administrativa general del Estado. La plataforma, retomando el proceso enunciado al comienzo de la presentación en la que -si recuerdan- comentábamos que se presentó enuncia conjunta en el número 21 de los
juzgados provinciales de Madrid e inhibiendo la causa a favor de la Audiencia Nacional, solicitamos audiencia con el fiscal Javier Zaragoza. En síntesis, el fiscal hizo alusión a la prescripción de las denuncias por haber pasado más de veinte años.
De igual forma, nos hizo saber a las familias que la Audiencia Nacional no tiene referenciada la causa de niños robados, por lo que cualquier juez que investigue estos hechos desde la Audiencia Nacional estaría cometiendo prevaricación. Su
orientación fue derivarlo a los juzgados provinciales, siendo las distintas fiscalías las competentes en resolver cada caso individual.
Sobre la base de lo anterior, los familiares entendemos que las competencias de cada institución pública u
organismo del Estado llevadas a cabo en este país están al servicio de las necesidades de cada ciudadano, y si estas no están recogidas y son necesarias urge el deber de actualizarse para ser puestas al servicio de la sociedad, en definitiva, al
servicio de las familias españolas que son para quienes se constituyeron. Es decir, si existen familiares en distintos puntos del territorio español que manifiestan unos testimonios tan graves como robo de niños, adopciones irregulares y, por
tanto, tráfico de niños entre los años cuarenta y noventa aproximadamente, cuyos hechos fueron proclives a la intervención entrecruzada tanto del personal sanitario como eclesiástico, entre otros, sin olvidar que el tráfico era susceptible de
resolverse en la misma provincia, en otra diferente e incluso -¿por qué no?- en el extranjero; una trama sistemática, continuada en el tiempo y amparada por las leyes vigentes del momento, como la mencionada Ley de Adopción y la Ley de Parto
Anónimo, y teniendo en cuenta las declaraciones de la Audiencia y del fiscal, ¿cómo es posible que no exista desde la Audiencia Nacional una implicación de primer orden en incorporar en la Audiencia Nacional la causa de tráfico de niños, igual que
se encuentra el crimen organizado o el terrorismo, entre otros, y que permita una investigación seria en todo su conjunto?


Señorías, lo que está pasando en este momento no deja indiferente a nadie tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Bien es cierto que la Audiencia Nacional nos derivó a la vía administrativa, siendo el ministro Francisco Caamaño el
que recibe a la plataforma para, tras exponer los hechos, llegar a las siguientes conclusiones. En primer lugar, facilitar el Instituto de Toxicología, adscrito al Ministerio de Justicia, como laboratorio de recogida de las analíticas de ADN de los
familiares, siendo para las mismas totalmente gratuitos. De todas formas, es obligado recordar a esta Cámara el proyecto Fénix, que se puso en marcha en España en el año 1998 desde el Ministerio del Interior con el objetivo de localizar a personas
desaparecidas, fallecidas en situaciones trágicas.
Pérez Rubalcaba, durante su comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso, hace un año dijo textualmente: En la base de datos van a estar todos, absolutamente todos los desaparecidos en
España. Esto es lo que queremos las familias víctimas de desarraigo familiar forzado, que desde el Instituto de Toxicología se recojan y cotejen los ADN de todas estas familias, tanto a nivel nacional como internacional, tal y como se acordó en
reunión con el ministro de Justicia, Francisco Caamaño. En segundo lugar, se acordó nombrar un coordinador funcionario que, como su propio nombre indica, coordine la información que desde las diferentes plataformas y asociaciones se disponga,
unificando la documentación de todas las familias indistintamente del colectivo afín al que pertenezcan, y centralice el trabajo puesto en marcha desde las fiscalías, realizando esta figura un trabajo de feedback entre familias, organizaciones -ya
sean plataformas o asociaciones- y el Estado. En este sentido, debe saber el Congreso de la disponibilidad de la plataforma en la cesión periódica de la documentación que nos va llegando de las familias que buscan para que esta sea custodiada por
el Estado y sea desde aquí desde donde se garantice la seriedad que merece la propia causa por ser patrimonio de la globalidad -esto lo subrayo-, no de la particularidad.



Continuamos trabajando la vía administrativa y el pasado mes de febrero nos recibe en reunión la defensora del pueblo, María Luisa Cava de Llano, que manifiesta su sensibilización en pro de la causa, además de ofrecernos la institución para
todas aquellas acciones que se


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requieran. A nivel general, y a pesar de que todas las instituciones públicas se comprometen a articular y por tanto a facilitar el acceso documental desde los archivos públicos, a día de hoy a las víctimas se les impide la información
sobre la base de la Ley de Protección de Datos.
Por otra parte, la inexistencia de una investigación judicial impide disponer de una orden judicial, dando también como resultado la no obtención documental desde las administraciones públicas e
igualmente desde las distintas órdenes eclesiásticas.



Respecto a la proposición no de ley número 162, se consensuaron por todos los partidos políticos unas enmiendas propuestas desde la plataforma donde por fin se hace distinción entre la figura de víctima por adopción irregular y la de
sustracción forzada infantil o, lo que es lo mismo, robo de niños, cambiando la definición de la proposición no de ley. A petición nuestra también se resalta que en España existen diferentes organizaciones que agrupan tanto a las familias afectadas
por sustracción forzada de niños como a los afectados por adopciones irregulares entre los años comprendidos desde 1940 hasta bien entrados los años noventa, lo cual es importante para todas las familias: la unión. Enumeramos a continuación las
propuestas que desde la plataforma son de interés general para los afectados y señalo aquellas que han sido acordadas en diversas reuniones. Primer punto, unificar y centralizar desde el Estado la información global, tanto la correspondiente a la
vía administrativa como a la jurídica, para su correcto tratamiento en aras de ofrecer igualdad de condiciones a toda la sociedad afectada y que se ubica en diferentes organizaciones. Este punto ya se ha acordado mediante la figura de un
coordinador funcionario. Por tanto, el Estado deberá informar a las familias sobre cómo se está procediendo para su cumplimiento. Segundo, implantar desde la figura del Ministerio de Justicia una oficina nacional de búsquedas, siendo homóloga a la
creada desde Argentina, cuyo nombre corresponde a la Comisión de Derecho a la Identidad, punto que se encuentra pendiente. Tercero, apoyar la apertura de información desde los distintos archivos públicos, punto que ya se ha acordado. Por tanto, el
Estado deberá informar sobre los requisitos que debemos llevar a cabo para obtener la apertura de la información de archivos públicos, sin que nos afecte, por tanto, la Ley de Protección de Datos, a la que hacen referencia las instituciones
públicas, además de aludir las entidades competentes a la necesidad de disponer de una orden judicial para que tengamos derecho a la información. Cuarto, recoger gratuitamente desde el Instituto de Toxicología los análisis de ADN de las familias.
Este punto ya se ha acordado. Por tanto, el Estado deberá informar a las familias cómo se está procediendo para su cumplimiento.
Quinto, incorporar en los historiales médicos los cariotipos genéticos que permiten identificar los problemas
genéticos como causa de un trastorno o enfermedad. Esta medida, implantada a día de hoy a los bebés que nazcan y sobre todo a aquellos que fueran dados en adopción, supondría una mejora de la calidad de vida por el carácter preventivo que supone la
detección previa de la enfermedad. Es menos costoso para la Seguridad Social articular los mecanismos oportunos para la prevención de las enfermedades que su posterior localización, barajar diferentes diagnósticos, dar con el adecuado, el posterior
tratamiento y que sea efectivo. En este sentido, articular la medida con carácter retroactivo - por qué no- posibilitaría conducir el tratamiento de búsquedas, permitiendo localizar a nuestros hijos y hermanos -que por eso estamos aquí- de manera
rápida y eficaz. Naturalmente este punto está por acordar. Lucharemos desde la plataforma para llegar a un consenso entre el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y las diferentes administraciones. Se recuerda que hay una campaña de
recogida de firmas on line para impulsar esta medida dirigida al Gobierno desde Internet.
Sexto, compromiso de la Comunidad Autónoma de Madrid en la realización de estudios de esclarecimiento de las causas de defunción. Este punto está acordado,
pero lleva un año pendiente.



Para concluir la intervención de la Plataforma de 'Afectados clínicas de toda España, causa niños robados' queda decir que estos hechos sucedidos en España son ya conocidos a nivel internacional, por lo que estamos convencidos de que serán
tratados desde la Convención de Derechos Humanos, convenio, como saben, ratificado por España con fecha 26 de septiembre de 1979 y publicado en el 'Boletín Oficial del Estado', así como desde el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, al que
pertenece España junto con otros países de la Unión Europea. Las familias víctimas por dicha causa debemos dirigirnos a estos foros internacionales de trabajo en los que interviene el Estado español, tras ponerle en conocimiento de los hechos, sin
que este investigue jurídicamente las implicaciones aun reconociéndole ser miembro. Pedimos también dignidad, respeto y que reflexione el Gobierno y que actúe cuanto antes, por el bien de nuestros padres. Por otra parte, se propone -y ya concluyo-
un día nacional de recuerdo que podría ser el 18 de julio, día de recuerdo nacional de las víctimas afectadas por robo de niños y adopciones irregulares, por ser el inicio de la pérdida de libertades, la pérdida de derechos de las familias
afectadas. Y decimos bien, inicio, porque aún no hemos conseguido restaurar estos derechos.



Muchísimas gracias a todos por haberme escuchado. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Por favor, la norma de la Cámara es que los acompañantes no pueden hacer ninguna manifestación, ni de apoyo ni de no apoyo. Les agradezco que ahorren las manifestaciones y las opiniones sobre las intervenciones de los
comparecientes.



Vamos a abrir el turno de intervenciones de los grupos parlamentarios.
Siguiendo el mismo esquema de la anterior comparecencia, vamos a darle la palabra en primer lugar a doña Rosa Díez en nombre del Grupo Parlamentario Mixto.



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La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Seré muy breve porque he de ausentarme; he querido quedarme por deferencia a la compareciente para poder escucharla.
Reitero en esta intervención lo manifestado en la anterior. Les agradezco muchísimo su
testimonio. Agradezco que estén trabajando en defensa de esta causa justa, que es la causa de todos nosotros, y que haya sido la sociedad civil, a través de todos ustedes, lo que haya iniciado esta tarea. Espero, deseo y casi podría comprometerme
desde luego en el terreno personal, pero yo creo que en esto coincido con el resto de compañeros que están aquí presentes de distintos grupos políticos, a que nosotros, la Comisión de Justicia y por tanto el Congreso de los Diputados, estaremos
también a su altura.



El señor PRESIDENTE: Ahora en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Tardà.



El señor TARDÀ I COMA: Estoy muy agradecido a la señora Soriano, representante de la plataforma de Afectados clínicas de España. De hecho ya habíamos tenido la ocasión de hablar con ustedes, igual que hicimos con los representantes de
Anadir porque, sin su ayuda y la de los representantes que antes han intervenido, nuestra participación en este Parlamento hubiera sido bastante más pobre de lo que fue, es decir, que es una demostración clara de que el trabajo parlamentario
adquiere riqueza cuando está en contacto con la ciudadanía, y esto está bien recordárnoslo a menudo. Debo decir, para complementar lo dicho anteriormente, que es cierto que vamos descubriendo nuestro pasado un tanto tarde. Un historiador, Miguel
Ángel Rodríguez Arias, hace tres años en la ciudad gallega de O Grove donde tuve oportunidad de participar en unos debates sobre memoria histórica, presentó un libro de investigación sobre los niños robados del franquismo, que solamente se podía
entender a base del sacrificio de estas personas que dedican al estudio horas y horas. Recuerdo la cara de sorpresa de las personas que escuchaban a este historiador, que eran personas teóricamente también sabias y en cambio tenían que reconocer
que casi eran ignorantes de lo que esta persona presentaba como introducción a su libro ya editado.



Digo esto porque tampoco deberíamos sonrojarnos demasiado, tenemos la sociedad que tenemos y venimos de donde venimos, y somos una anomalía. No debería escandalizarnos decir que estamos solamente iniciando el proceso, si aceptamos que
iniciamos el proceso ya no habrá ningún tipo de problema para que existan terraplenes, para llegar al fondo al que tenga que llegarse y además, repito, de forma urgente. La variable tiempo en este asunto es determinante porque no podemos -al menos
desde el punto de vista del trabajo parlamentario- terminar la legislatura sin ver resultados. Yo agradezco que usted haya hecho el esfuerzo de concretarnos las medidas, es decir, que sepamos exactamente cuál es este segundo nivel de concreción.
Antes he preguntado a los ciudadanos de Anavir sobre los acuerdos con el ministerio. Debo decir -no me duelen prendas- que confío muchísimo en el señor Caamaño porque creo que es una persona de palabra y ha comprometido el papel que desempeña como
ministro de Justicia del Gobierno español. Por eso aquellos puntos que ha dicho que todavía no estaban acordados -yo me los he apuntado- no quiero decir que desmerezcan los que ya están acordados, pero sí creo que es de agradecer que los haya
concretado, que haya dicho que son los que todavía están en proceso, entiendo, de negociación, en proceso de estudio de la viabilidad. Repito que agradezco que usted haya hecho ese esfuerzo de concreción porque está bien que sepamos dónde estamos
en todo momento atendiendo a la variable tiempo.



Voy a decir algo que es muy incorrecto políticamente, pero me da igual.
Quiero que sepan ustedes -lo digo con todo el respeto- que lo que hace a veces estéril el trabajo político es la desunión entre los partidos políticos o incluso la
falta de capacidad de diálogo de los grupos parlamentarios. Digo esto porque si hay algo que veo en todos ustedes es cómo han sabido metabolizar el sufrimiento y convertirlo en un mensaje y un compromiso para mejorar los valores democráticos de
nuestra sociedad.
Si no metabolizamos el pasado, si no asumimos y reparamos a las víctimas del pasado, incluso del pasado reciente, poco vamos a trabajar en favor de los valores democráticos del futuro inmediato. Todos deberíamos hacer un
esfuerzo, y también incluso las víctimas. Yo no soy nadie para decírselo a usted ni a las otras entidades y asociaciones, pero creo que debemos tener un compromiso de trabajo conjunto, y estoy convencido de que lo tienen. Además, debo decirles que
-y termino con esta reflexión, que me la aplico a mí mismo- pertenezco a un grupo parlamentario que es muy crítico, tremendamente crítico con la Ley de la Memoria Histórica que hizo el Gobierno, pero en cambio todos intentamos asumir también todo
aquello que nos une para trabajar a favor de las víctimas del pasado inmediato. Es decir, todas las asociaciones, las ya existentes y las que pudieran crearse, deberían trabajar con el ánimo que usted ha expuesto, con el ánimo que ha expuesto la
entidad que antes le ha precedido, porque nadie nos va a perdonar si ustedes no saben trabajar conjuntamente y si los grupos parlamentarios tampoco sabemos trabajar conjuntamente. En ese sentido, le agradezco mucho sus palabras y sepa usted que
estamos a su servicio.



El señor PRESIDENTE: Ahora en nombre del Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Olabarría Muñoz, don Emilio.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora Soriano, muchas gracias por sus pertinentes explicaciones, además bien desagregadas y con un enfoque jurídico que estoy en condiciones de compartir prácticamente en su totalidad.



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Usted ha vuelto -duplicado ejemplar- a radiografiar una parte de nuestra historia que no solo era desconocida, como bien comentaba el señor Tardà, sino que incluso ha quedado impune, y además sus comitentes o sus autores gozan de prestigio y
de honorabilidad en nuestra sociedad; esto es particularmente vergonzante y es el primer problema que deberíamos remover, las primera circunstancia o episodio que deberíamos remover.
Estos médicos, estas comadronas, estos religiosos y religiosas,
estos funcionarios del Registro Civil y tantos otros que participaban en lo que usted ha denominado -y no puede concebirse de otra manera- una trama estructurada -no podemos hablar de esporádicos episodios cuando el fenómeno afecta a más de 300.000
personas-, que gozan, los que viven, de cierta respetabilidad en sus ambientes, todavía no han sido objeto de imputaciones hasta ahora de naturaleza jurídico-penal, y desde esa perspectiva aquí hay un tema pendiente. Por lo tanto, vuelvo a
lamentar, señor presidente, señora Soriano, la imposibilidad de los grupos parlamentarios aquí representados por no haber constituido una comisión de investigación. La dimensión cuantitativa y cualitativa del fenómeno que estamos analizando lo
aconseja y sobre todo la colisión que el ordenamiento jurídico español no prevé o no resuelve entre madres y padres biológicos, madres y padres adoptivos o ilegalmente adoptivos e hijos que descubren que han vivido una vida falsa en su origen o en
relación con su origen cuando menos, que provoca primero tensiones emocionales que ya han sido descritas por usted, y que evidentemente tendrán que ser resueltas de forma individual y subjetiva por cada una de las personas afectadas como pueda y
como quiera; no hay ninguna atribución de derechos específicos para resolver este conflicto o esta colisión de intereses en nuestro ordenamiento jurídico.



Aquí no se puede hablar como en la Ley de Adopción o en las leyes que protegen a los menores o en las leyes que penan a los menores por las infracciones que cometen del superior interés del menor, porque ya no estamos hablando de menores en
la mayoría de las ocasiones sino de personas adultas, y esta colisión de intereses debería ser objeto de una reflexión parlamentaria mediante la constitución de una comisión o la continuidad cuando menos de comparecencias que nos ilustren desde
perspectivas diferentes a las de las víctimas; es decir, desde la perspectiva de los responsables, desde la perspectiva del mal funcionamiento y las malas praxis funcionales de la Administración en sus distintos ámbitos y desde la perspectiva del
conocimiento, que usted se ha comprometido a mantenernos actualizado, de las diligencias penales que en su caso se vayan incoando y que esperemos que prosperen. Porque a estas personas no hay que privarlas solo de la respetabilidad de la que aún
gozan; hay que enjuiciarlas y castigarlas, imponerles el reproche penal, el reproche punitivo que prevé nuestro ordenamiento jurídico punitivo, que seguramente con relación a este tipo de delitos requiere reformas de distinto ámbito, desde la
perspectiva reglamentaria de la regulación del Registro Civil, hasta la tipificación de estos delitos un tanto compleja, un tanto difícil de interpretar en el propio Código Penal, hasta otras perspectivas, como las relativas a la Ley de Protección
de Datos -muchos de estos datos están protegidos ilegítimamente, pues hay un valor superior que debe predominar sobre una mera protección de datos de naturaleza jurídico-administrativa-, y otras normas que debíamos estudiar en esta Comisión para que
se esclarezca la verdad.



Me sorprende mucho la inhibición de la Audiencia Nacional con relación a un delito que por su naturaleza debe ser competencia inequívoca de la Audiencia Nacional, primero por su carácter de delito organizado por una trama organizada, por una
organización; en segundo lugar, por ser una organización que funcionaba en términos supraterritoriales o superiores a las demarcaciones judiciales, y en tercer lugar por la naturaleza del delito. Estamos hablando de un delito de trata de seres
humanos. Comparto su opinión, hay que trascender del mero delito de sustracción de niños o de falsificación de documentos públicos. Estamos hablando de un delito de trata de seres humanos organizada, y un delito configurado de esta manera es un
delito contra la humanidad, es un delito que no prescribe y que ha de ser objeto de enjuiciamiento por la Audiencia Nacional y se podría trascender a otros tribunales internacionales en virtud de las convenciones ya ratificadas por el Estado
español. Yo lo comenté ya en el Pleno del Congreso en el que se debatió esta iniciativa y comparto esta opinión, la imprescriptibilidad de estos delitos y la necesidad de perseguirlos desde esta perspectiva. Dicho esto, también tengo que decirle
que bien sabe usted -y el letrado que le acompaña, al que tengo el honor de conocer- que en la Audiencia Nacional no está el horno para bollos para atender de cuestiones sobre las cuales ha habido o se ha impuesto una inhibición previa, pero eso es
un obiter dicta que me va a permitir el presidente que haga sin hacer ningún comentario adicional ya, puesto que el hecho de la inhibición se ha producido.



Si se ha producido el hecho de la inhibición, vamos a ver si la actuación de las fiscalías territoriales es eficiente y, si no lo fuera, le agradecería mucho que nos lo comunicara. Aquí ya no se puede constituir una comisión de
investigación, pero sí puede haber una actividad de seguimiento de los diputados, a los que nos parece que estamos ante una vergüenza que tiene varias dimensiones o tractos históricos que la señora Juanes en su intervención anterior ha descrito
perfectamente: el tracto histórico del régimen franquista mediante una consideración del moralismo imperante en la época, en donde determinadas personas, bien de la Iglesia, bien de la sanidad o bien de los ámbitos de la Administración, desde una
perspectiva de este moralismo imperante, determinaban quiénes estaban legitimados para tener, procrear y criar hijos o no, hasta momentos posteriores -porque esto llega casi a la década de los noventa, en plena transición democrática- en los que han
seguido funcionando


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tramas estructuradas de esta naturaleza. Esto nos concierne porque son delitos que ni siquiera han prescrito, aunque no fueran delitos de lesa humanidad, son delitos vigentes que deben ser enjuiciados. Cuente con nuestro compromiso para
continuar esta lucha, ya no con el formato de comisión de investigación, pero tomo su palabra con relación a esta manifestación que usted ha realizado de transmitir en tiempo real prácticamente toda la información que obre en su poder, desde la
perspectiva de exigencia de responsabilidades, que es una de las funciones que nos corresponden como parlamentarios, que hagamos a las instancias a las que podemos concernir.



Ojalá que la Administración de Justicia acabe con esta atrocidad y que los impactos morales se puedan metabolizar de la mejor manera posible. Seguro que se metaboliza mucho mejor si ustedes ven que la justicia al final se alumbra desde la
perspectiva punitiva, desde la perspectiva del reconocimiento de los derechos de las madres expropiadas de lo más querido por una madre, que es el hijo que alumbró, y de los padres adoptivos, que ahora están en una situación ambigua y un tanto
deletérea desde la perspectiva del ordenamiento jurídico, porque tampoco es fácil determinar cuáles son los derechos que les siguen correspondiendo. Si somos capaces de alumbrar y buscar mecanismos de naturaleza jurídica con las reformas legales
correspondientes y la actuación de los tribunales y las sentencias que se impongan para que esta colisión de intereses les ayuden a ustedes, como decía el señor Tardà, a metabolizar mejor su dolor, creo que habremos hecho algo más importante. Pero
debemos hacer además algo más importante que esto, continuar investigando también nosotros todos aquellos aspectos de esta trama que han provocado su desconocimiento hasta fechas muy recientes, la impunidad hasta fechas muy recientes y la negación
pública a través de los medios de comunicación de sus responsables, desde la perspectiva de asunción de cualquier responsabilidad de cualquier naturaleza negando la fenomenología, negando el delito colectivo, negando la estructura organizativa de
este delito colectivo, negando su intervención y utilizando reflexiones evasivas, diciendo algunos que de lo que se trata es de hacer daño a la Iglesia católica, hacer daño a determinadas instituciones o hacer daño a determinados colectivos
profesionales, etcétera. Es una forma muy fácil y muy cobarde también de diluir la verdad. Nuestra obligación como representantes del pueblo es buscar la verdad y contribuir con ello a apaciguar su dolor.



El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Jané.



El señor JANÉ I GUASCH: Señorías, en nombre de Convergència i Unió en primer lugar queremos agradecer la presencia hoy aquí de doña Mar Soriano Ruiz, de la Plataforma de 'Afectados clínicas de España, causa niños robados' y también, aunque
no he podido asistir a la primera de las comparecencias porque coincidía con otra comisión en donde yo era ponente de un proyecto de ley, agradecer también a don Antonio Barroso, de la asociación Anadir, que también ha comparecido ante la Comisión
de Justicia para el mismo objeto. Un objeto, señorías, sobre el que en Convergència i Unió queremos manifestar una vez más, lo hicimos en el Pleno y lo volvemos a hacer hoy ante la Comisión de Justicia, nuestra indignación por los hechos que se
conocen, nuestra súplica de que por todos los medios posibles desde los poderes públicos se atienda a buscar la verdad, a depurar responsabilidades y a paliar, en la medida que aún pueda ser posible, efectos que ha causado este robo. Estamos ante
un hecho penal de gran relevancia, estamos ante una trama quizá organizada de delincuentes, y de ese daño causado deben no únicamente exigirse las responsabilidades adecuadas sino saber lo que ha ocurrido, saber cómo pasó y además intentar que
hechos, aunque nos pueda parecer imposible hoy, que en el tiempo tienen un anclaje no demasiado lejos, en ocasiones incluso permitir el reencuentro de esas familias biológicas con sus hijos que les fueron sustraídos sin su conocimiento y, para
entendernos, sin conocer exactamente lo que estaba ocurriendo con algo tan trascendente para toda persona, para toda madre, que es el momento del alumbramiento de su hijo. Por tanto, hay que paliar ese dolor, pero hay que depurar responsabilidades.
En este sentido, de acuerdo con lo que ya se aprobó en el Congreso de los Diputados cuando se consensuó un texto de una proposición no de ley, sí a estas comparecencias como las que hoy realizamos, sí a las que realizaremos tras la actuación de los
poderes públicos, pero pedimos también que de alguna manera no nos conformemos con buenas palabras, con signos de todos los grupos de comprensión, sino que seamos capaces de llegar al final. Al final se llega a través de una actuación continuada de
esta Comisión de Justicia, que puede ampliar las comparecencias, pero sobre todo con una actuación contundente de la fiscalía; debemos dejar la autonomía del ministerio fiscal para que de la manera que la propia fiscalía entienda que es mejor no
cese en la defensa de ese interés legítimo que es defender, averiguar y cursar las necesarias imputaciones a quién deba asumir responsabilidades, pero esclarecer la verdad en nombre del interés público que la fiscalía defiende, por tanto, damos
apoyo a la fiscalía.



No somos nosotros quienes debemos decir al fiscal general del Estado ni a la fiscalía cómo debe actuar en un caso como este. Las denuncias están presentadas y estamos convencidos de que ellos sabrán vehicular la mejor estrategia procesal
para que lleguen a la finalidad que todos compartimos. Pero no únicamente la fiscalía, el Registro Civil puede colaborar y mucho; las autoridades del Ministerio de Justicia pueden colaborar, y mucho; y por supuesto estos grupos parlamentarios que
nos dirigimos hoy a las plataformas de afectados podemos impulsar cuantas medidas sean necesarias en cada momento. Nos ofrecemos, una vez más, a defenderles


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en aquello que estimen oportuno. Dejemos también a la justicia hacer su trabajo y desde este Congreso de los Diputados que la ulterior comparecencia, tras el trabajo realizado y en esta legislatura, pueda hacer balance de los resultados.
Nos gustaría que el balance fuera finalmente positivo, y que al final no nos quedemos en eso, en buenas palabras, en motivos de comprensión, sino que al analizar qué ha quedado de la investigación no quedara nada en concreto. Estamos convencidos de
que si todos remamos en esa dirección esclareceremos los hechos. Les agradezco su comparecencia -tendré ocasión de releer el 'Diario de Sesiones'- y tuve ocasión de recibir a sus asesores legales en una entrevista que me solicitaron antes del
debate en el Pleno; estamos abiertos a cualquier solicitud de encuentro, sobre todo, en el ánimo compartido de que se esclarezca la verdad, que se puedan paliar los daños y depurar las responsabilidades a que han dado lugar esos robos.



El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular va a intervenir doña Susana Camarero.



La señora CAMARERO BENÍTEZ: Señora Soriano, quiero felicitarle, en primer lugar, por su comparecencia que ha sido, sin duda, clara, concisa y muy bien estructurada. Enhorabuena. Y quiero darle la bienvenida a esta Comisión de Justicia,
tuve la oportunidad de conocerla el día del debate en el Pleno, y me alegra sinceramente volver a verla a usted, al señor Morgan y a todos sus acompañantes de la plataforma. Me alegra especialmente porque hoy, quince días después, estamos
cumpliendo un compromiso que adquirimos con todos ustedes en el debate del Pleno. Hoy es un día importante para todos los diputados y diputadas que estamos esta mañana hoy aquí y nos hace sentirnos un poco más orgullosos de ser políticos. Hoy es
uno de esos días que dices: Esto sirve para algo.
Estamos haciendo una labor importante que espero que no quede, como han dichos mis compañeros, en el día de hoy, sino que se prolongue en el tiempo.



Nosotros explicamos durante el debate y lo explicamos en privado, que considerábamos que la creación de la subcomisión, primero, era inviable, por las cuestiones técnicas y procedimentales de esta casa que son difíciles de explicar en un
momento y porque, además, iba a alargarse en el tiempo, y se ha demostrado que esta fórmula y este compromiso que adquirimos en el Pleno ha sido mucho más ágil y factible puesto que, como decía dos semanas después de aquel debate, están ustedes, los
afectados, en esta Comisión explicándose en la casa de la soberanía popular -creo que esto le concederá cierto prestigio y le da cierta importancia a su tema-, su problemática, volviendo a exponer sus casos y manifestando sus reivindicaciones. Esta
reunión debe servirnos a nosotros, a los diputados y a las diputadas que estamos hoy aquí, para conocer mejor sus casos, sus avances, sus novedades, los problemas que les están surgiendo durante todo este tiempo, aunque reconozco que muchos estamos
enganchados a su tema y que lo seguimos a diario a través de los medios de comunicación, aunque hoy ha sido especialmente duro oírles, oír los relatos en primera persona y seguirles con atención a lo largo de esta mañana. Pero estas comparecencias
de esta mañana en esta Comisión deben servir a la opinión pública para conocerles un poquito mejor. Creo que la sede de la soberanía popular, esta Comisión de Justicia, es un buen altavoz para que ustedes complementen el trabajo que en los últimos
meses, incluso algunos en los últimos años, vienen desarrollando; un trabajo ingente con apariciones en los medios de comunicación permanentes, con concentraciones, con denuncias, algo que ha hecho que un hecho aislado, que estaba en el interior de
cada una de las familias y que afectaba exclusivamente a los afectados, se haya convertido en un hecho que nos afecta a todos y ha suscitado un debate público importante. Esto, además, puede servir para ese efecto que decía el señor Barroso en su
primera intervención. Nadie puede mirar hacia otro lado ante hechos tan espeluznantes como los que nos han contado esta mañana y como los que estamos conociendo a través de los medios de comunicación.



Este tema requiere de la sensibilidad social, incluso de la complicidad y de la implicación de la sociedad, porque los actores de este drama, los sujetos de este drama, en la mayoría de los casos siguen vivos. No solo las madres, los
padres, los hermanos, los niños robados, sino también aquellos y aquellas que hicieron de intermediarios y que saben lo que pasó y pueden ayudar al reencuentro que ustedes tanto anhelan. Como han dicho mis compañeros y decían ustedes, que paguen
por lo que hicieron, que se depuren responsabilidades y que la justicia actúe en la medida de lo posible. En el Grupo Popular tuvimos oportunidad, hace quince días, de mostrarle nuestra solidaridad, nuestro cariño, nuestra complicidad, todo nuestro
apoyo y respaldo, y hoy quiero reiterarlo. Quiero insistir en lo que dije entonces: Su causa ya la hemos hecho nuestra causa, la causa de todos. Estamos íntimamente convencidos de que en este tema se tiene que llegar hasta el final. Lo han dicho
también mis compañeros, el señor Tardà, el señor Olabarría, todos los que han intervenido anteriormente en esta Comisión. Queremos, como ustedes, que salga a la luz todo lo que tenga que salir, y que sepan que contarán con nuestra ayuda para todo
aquello que sea necesario. En el Grupo Popular creemos que lo que ha pasado durante estos años, es un número importante de años, porque cifran desde los años cuarenta hasta los noventa, con la compra-venta de bebes es uno de los episodios más
negros de nuestra historia. Por ello merecen ustedes, los afectados, todo nuestro respaldo, nuestro apoyo y nuestra ayuda.



Hablamos de mafias que traficaban con niños con una finalidad de lucro económico, en la que estarían implicados profesionales de la medicina, funcionarios de los registros, intermediarios, religiosos o no religiosos, que cometieron un
innumerable número de delitos. Tráfico de niños, falsedad en documento público, coacciones,


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engaños, delitos que no pueden ni deben quedar impunes. Quiero felicitarles a ustedes y también a Anadir por su tesón, por su esfuerzo, porque han sido capaces de aglutinar en poco tiempo, porque esto no ha salido a la luz pública desde
hace excesivo tiempo, a un número importante de afectados, y han conseguido innumerables avances. Lo primero, han conseguido una concienciación y una sensibilización social a través de sus apariciones en los medios de comunicación. Supongo que a
partir de hoy esta sensibilización se incrementará. Han conseguido movilizar a comunidades autónomas. Conocíamos que la Comunidad de Madrid ya había dado un primer paso, pero también la comunidad vasca y otras instituciones. Han conseguido
compromisos importantes del ministro de Justicia y que hoy los fiscales provinciales ya estén abriendo innumerables diligencias. No sé si tienen el cómputo, pero sabemos que en todas las fiscalías provinciales hay innumerables diligencias ya
abiertas, con lo cual los fiscales están haciendo sus deberes. También se ha adquirido el compromiso del Ministerio de Justicia para que cuando el juez así lo determine se hagan las pruebas de ADN y que estas no les supongan un coste económico a
las familias. Sé que ustedes piden algo más que tendrá que ser estudiado, porque su petición es complicada de aceptar en una primera fase. Pero sí me gustaría saber si consideran que es importante este compromiso adquirido por el Ministerio de que
haya un banco de ADN, por lo menos entre los familiares. Me refiero a que cuando el juez lo establezca oportuno, que se hagan gratuitamente y que estas se puedan cotejar y llegar a buenos resultados, como creo que así lo han hecho en algún caso.
También se ha hablado de la creación de una oficina de atención a los afectados. Nos ha dicho que es un tema que está comprometido pero que está pendiente de desarrollar. Me gustaría que nos lo ampliase en esta segunda intervención.



Sobre el siguiente asunto quiero extenderme un poco. El señor Vila, abogado de Anadir, nos decía que estaban desbordados, que no podían dar abasto al innumerable número de correos y de peticiones de ayuda que estaban recibiendo. Más allá
de la labor de las asociaciones, que es encomiable, que es importantísima, me da la impresión de que este tema tendrían que llevarlo las instituciones quizá a través de esta oficina de coordinación, porque son los que más medios pueden tener. Es
imposible que con el número de afectados que están surgiendo ni una asociación ni dos ni tres puedan hacerse cargo de todo ello. Me gustaría conocer su opinión al respecto. Se comprometía asimismo el ministro a facilitar el tema del Registro
Civil. Usted ha hecho referencia a las dificultades que todavía se están encontrando y me gustaría que nos ampliase esta cuestión porque creo que son importantes todas las ayudas que desde las distintas instituciones se puedan dar para ayudar a los
afectados.



Hace quince días en el Pleno tuvimos oportunidad de decirles -y quiero reiterarlo hoy- que nos preocupa evidentemente lo que les pasó a ustedes y a sus familiares, que nos preocupa lo que pasó hace cuarenta o cincuenta años, lo que pasó en
los años cuarenta, pero nos preocupa mucho más -y se ha comentado también esta mañana- que se pueda volver a producir. Nos pedían desde Anadir -y usted también, señora Soriano- que se adopten las medidas legales necesarias para que no vuelva a
ocurrir.
No sé si estará usted de acuerdo conmigo en que debemos asegurar y extremar las garantías del Registro Civil. Desde el Grupo Popular hemos presentado en distintos años, ya desde los años 1992 y 1993, iniciativas tendentes a mejorar el
registro de los recién nacidos, a extremar las precauciones y la identificación del registro de los niños recién nacidos. En la exposición de motivos de una de estas iniciativas ya se recalcaba la necesidad de evitar cambios de niños y
desapariciones misteriosas de recién nacidos. Quiero saber su opinión al respecto y si usted cree que una buena ley, una ley adecuada, de registro civil puede impedir que se vuelvan a producir casos como los que ustedes han padecido y nos cuentan.
También me gustaría, porque me ha sorprendido, que nos dijese usted cuántas asociaciones son. Esta mañana han comparecido dos asociaciones; no sé si hay más asociaciones de afectados; yo conozco tanto Anadir como la plataforma. Ustedes engloban
alguna más, pero no sé si son directamente de afectados de niños robados. En concreto, quiero saber si existen más asociaciones y qué coordinación existe entre ellas.
Me ha entristecido escuchar que ustedes, la plataforma, no están en contacto con
Anadir. Creo que sería fundamental, porque la unión hace la fuerza, que todas las asociaciones implicadas en este tema uniesen sus esfuerzos. Como usted decía, esta no es una cuestión individual, sino de poner todos los recursos encima de la mesa
y poder solventar en la medida de lo posible los temas que se traen entre manos, poder ayudar a las víctimas al reencuentro, a lo que ustedes más quieren, que es volver a encontrar a sus familiares. Por ello, quiero que nos explique qué
coordinación tienen y animarles a trabajar conjuntamente.



Nosotros estudiaremos -lo sabe- con mucho cariño y detalle todas sus propuestas. Algunas -le insisto- son complicadas y creo que requieren un estudio en profundidad. Vamos a asumir todas aquellas que creamos poder asumir; nos
comprometemos a mantener, como decían mis compañeros, este debate abierto, bien a través de este sistema de comparecencias, bien a través de actividades de seguimiento, como decía el señor Olabarría hace un momento, o bien a través de las reuniones
que de una u otra forma podamos tener con todos ustedes. Pero creo que todos los grupos coincidimos en la necesidad de continuar investigando el tema, de evaluar los resultados, de exigir el cumplimiento de los compromisos que desde las distintas
instituciones se están asumiendo, especialmente por nuestra competencia desde el Gobierno central.



Quiero finalizar manifestándoles de nuevo nuestro afecto, nuestro cariño y animándoles a seguir por el


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camino que han emprendido. Ustedes, las asociaciones están haciendo una labor encomiable y nos están poniendo el listón a nosotros, los políticos, muy alto, pero asumimos nuestra responsabilidad y nos comprometemos a ayudarles en todo lo
que esté en nuestras manos. Por eso, insisto, su causa -como les decía- ya es nuestra causa.



El señor PRESIDENTE: Ahora tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, doña Carmen Juanes Barciela.



La señora JUANES BARCIELA: Quiero agradecer a la señora Soriano, como representante de la Plataforma de Afectados de Clínicas de España, todas sus explicaciones. Permítame, señor presidente, que manifieste que, aunque ya conocía el relato
de la señora Soriano hoy me ha vuelto a impresionar. Ha sido duro, ha debido ser muy duro para ustedes. Somos conscientes de que este es un problema muy profundo, un problema que ha adquirido gran notoriedad. Ya lo dije en la anterior
intervención con el señor Barroso. Creo que, gracias al trabajo de ustedes, de las familias afectadas, hoy en esta Comisión, con el consenso posibilitado por Esquerra Republicana y el Partido Socialista, al que se unieron el resto de los grupos,
los representantes de las asociaciones afectadas están siendo escuchados en la sede de la soberanía popular. Y de nuevo lo harán antes de que concluya la legislatura; lo que pretendemos es que haya una actuación continuada. Hay momentos, y este
creo que es uno de ellos, en los que resulta imprescindible sumar fuerzas y sumar prioridades, y me parece que los grupos parlamentarios estamos a la altura de las circunstancias, porque lo fundamental es intentar paliar los efectos causados. Nos
parece que la decisión de que los robos se investiguen en las fiscalías territoriales es en principio correcta, es el cauce más adecuado para la investigación de los hechos que nos ocupan y es además el que garantiza nuestra Constitución. Desde el
Grupo Socialista vamos a luchar para que se haga justicia y hacemos además nuestros los compromisos adquiridos por el Ministerio de Justicia.



En la comparecencia de hoy ambos representantes, tanto el señor Barroso como usted, señora soriano, han dejado claro que el objetivo es descubrir la verdad. Nos han explicado cómo actuaban esos criminales, qué hacían las mafias con los
niños y las niñas robadas, tráfico inhumano con la más absoluta impunidad. Yo creo que probablemente la arrogancia al poder conlleva insensibilidad ante los valores y principios democráticos.
Dentro de unos meses evaluaremos el cumplimiento de
todos los compromisos. No voy a repetirme en relación con la intervención que he hecho anteriormente, pero quiero agradecerle, señora Soriano, la información que nos ha dado esta mañana. Hemos tomado nota de todas y cada una de sus propuestas, las
estudiaremos e impulsaremos aquellas que puedan ser viables. Desde el Grupo Socialista, repito, lucharemos con ustedes para que se haga justicia, porque creemos que esto nunca debería haber ocurrido. Gracias, de verdad, por ayudarnos a cumplir
nuestra responsabilidad.



El señor PRESIDENTE: Vamos a suspender la sesión un minuto para que organicen sus notas los comparecientes. (Pausa.) Reanudamos la sesión y contesta la señora Soriano Ruiz.



La señora REPRESENTANTE DE LA PLATAFORMA DE AFECTADOS CLÍNICAS DE ESPAÑA 'CAUSA NIÑOS ROBADOS' (Soriano Ruiz): Muchísimas gracias a todos los partidos porque siento que hay apoyo, voluntad y seguimiento respecto a la causa. Entiendo que se
ha tomado nota y hay algunos puntos que no tengo inconveniente en explicar con más detalle, por ejemplo, el tema de los cariotipos genéticos, que sé que es el punto al que se hace referencia. Por otra parte, en contestación a las preguntas de la
señora Camarero, efectivamente, en la reunión con el ministro Caamaño planteamos una serie de cuestiones y llegamos en ese mismo momento a ese consenso.
Dijo el señor Caamaño que era muy importante que todo estuviera coordinado en un punto, no
solamente las analíticas de ADN sino también la información. Porque aquí ha habido unas preguntas sobre el volumen de información, sobre cuántas han sido las consultas, realmente, como no hay un punto de recogida de información, los datos pueden
ser muy diversos.
El ministro entendió que esto era sumamente importante y también comentó que no iba a permitir que ninguna familia se quedara sin la recogida de ADN por una cuestión económica. Por eso la gratuidad y por eso hacerlo desde el
Instituto de Toxicología. Nosotros hablamos de la cesión de la información no solamente hacia los partidos políticos sino hacia la figura en este caso del Ministerio de Justicia, porque consideramos que víctimas nosotros somos e informamos y
asesoramos a otras víctimas, pero realmente donde se tiene que dar el soporte de todas las cuestiones que aquí se han preguntado y que se han contestado debe ser en otro entorno y en otro foro.



Respecto al laboratorio, estamos totalmente de acuerdo y aplaudimos la propuesta del señor Caamaño. Sobre la oficina nacional de búsquedas, efectivamente no es que se haya puesto algún tipo de inconveniente desde el Ministerio de Justicia,
sino que se preguntó cuál era la forma más operativa de trabajo. Esto es lo que buscamos, operatividad y resultados y no por el hecho de poner una oficina y que haya dos funcionarios va a ser más operativo. Sí es verdad que el punto inicial de que
haya un coordinador funcionario que pertenezca a la misma infraestructura del Estado es lo que nos garantiza la actividad, porque no solamente tenemos que empujar las familias afectadas sino también el propio sistema.
Primero debe haber un
coordinador funcionario que tenga esas tareas de competencia y luego, en función de cómo vaya la cuestión, se engloba en una estructura de una oficina nacional de búsquedas competente y al servicio


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de las familias, no al revés, aunque naturalmente haya un feedback en todos los sentidos.



Con relación a los archivos, sí es verdad que yo he tenido diferentes respuestas desde los hospitales, diferentes respuestas desde diferentes administraciones públicas. Por lo tanto, parece que no hay claridad en lo que nos tienen que
contestar. Por un lado, nos hablan de una orden judicial, por otra parte, en otra contestación, de la Ley de Protección de Datos. Ninguna contestación desde las distintas instituciones públicas es homogénea. Hilando un poco en conjunto, exponemos
aquí que nuestro impedimento es la Ley de Protección de Datos y también que no tenemos una orden judicial. El ministro don Francisco Caamaño se puso bastante serio, porque es un poco paradójico que el propio padre o la propia madre esté pidiendo
información respecto a su hijo, que se presupone que está muerto. El ministro nos dijo que articularía un procedimiento, incluso quizás desde la Audiencia Nacional, porque así lo dijo el fiscal don Javier Zaragoza, que daría cabida a la revisión de
la Ley de Protección de Datos para mejorar y articular convenientemente esa información a las familias. Él mismo se prestó a hacerlo en aquella audiencia que tuvimos en los meses de noviembre y de diciembre, nos lo dijo en las dos ocasiones.
Respecto de las plataformas, nosotros decimos que somos plataforma, no asociación. Nosotros trabajamos horizontalmente, tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestra vida, no nos dedicamos a esto, y las familias nos aunamos en un trabajo horizontal de
fuerza. Hoy estoy aquí, pero quizá mañana esté cualquier otro afectado poniendo voz a la causa.
Desde mi punto de vista, esto tiene que ser así para no empañar otras prioridades. Es una opinión totalmente personal, compartida con otros padres,
pero que no tiene que ser generalizada por el resto de las víctimas. ¿Cómo nos comunicamos? Los medios de comunicación son muy diversos. Internet hace un papel bastante importante; estamos en comunicación, y de hecho esto está consensuado por
parte de la clínica San Ramón, por su plataforma. Lo que aquí se ha dicho está consensuado por otras plataformas y los medios a través de los que articulamos la comunicación son los comunes que cualquier persona utiliza normalmente.



El señor PRESIDENTE: Don Fernando Magán, asesor de la asociación y acompañante de la compareciente, tiene la palabra.



El señor MAGÁN PINEÑO: Simplemente quiero decir que no soy un afectado, sino un abogado que hace un trabajo bastante peculiar y atípico, pero en definitiva soy una persona que intenta ver todo desde fuera. Doy una visión de cómo enfoco
este asesoramiento o esta asistencia de una forma un tanto atípica pero profesional. Punto uno, efectivamente Mar lo ha encuadrado muy bien en el crimen organizado, creo que es ese su contexto.
En segundo lugar, en cuanto a los hechos creo que se
trata, como decían los diputados Olabarría y Juanes, de un tracto sucesivo, cambiante según las circunstancias sociales en las que ha ido evolucionando la sociedad española. ¿Todo esto qué nos da en todos estos sucesos? La visión con la que
intento orientar esto, el fin último, es: bajo la usurpación o robo del menor, bajo la falsedad documental, bajo la suposición de parto u otras acciones que se hayan cometido, ¿qué se ha producido finalmente? Una desaparición forzada de un niño
respecto de su familia de origen. En este contexto de crimen organizado se ha producido la desaparición forzada de un niño, que ya será un adulto, de quienes son sus vínculos primarios. Ese es el contexto en el que lo enfoco, y por eso decía bien
que nos hemos dirigido a la Audiencia Nacional, porque creíamos en principio que ese era el marco. Todo eso no nos lleva a ninguna contradicción. Apoyo en todo lo que se pueda con mi trabajo a la fiscalía.



Otra cuestión es que hace falta urgencia en tratar esto, no solamente porque las familias son mayores sino también para obtener eficacia. Hace falta instrumentar y activar todos los mecanismos de los que se está hablando para que haya
eficacia, que no se quede, como decía el diputado señor Jané, en retórica. Otro aspecto que quería abordar es el de las asociaciones. Vuelvo a repetir que no soy miembro, aunque me lo considere, soy una persona externa, en esa posición intento
estar. No tengo inconveniente en hablar con cualquier miembro de cualquier otra asociación desde el punto de vista de la objetividad, de tratar de verlo con objetividad, que no es fácil. Entiendo que las asociaciones deben tener incluso
colaboración ante las instituciones del Estado, nunca gestionar, por la propia naturaleza del problema, no pueden estar recopilando datos. Estos deben ser tratados en las instituciones más adecuadas, las fiscalías, la primaria administrativa,
finalmente en la judicial. Deben colaborar pero no gestionar, porque entonces se estarían introduciendo en un terreno que no les pertenece. Este es un caso de dignidad, de compromiso de la Cámara. Esta comparecencia, esta sesión de trabajo, no se
queda solamente en hoy, es de compromiso y es de dignidad para las familias y es de dignidad para la propia Cámara, si me lo permiten y con todos los respetos. Muchas gracias a todos.



El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de levantar la sesión quiero reiterar la línea conductora de los trabajos de esta Comisión de Justicia, que es la manifestación en nombre del Congreso de los Diputados de la solidaridad y el respeto con
todos los afectados, el compromiso no solamente de audiencia sino de mantenimiento de una relación directa permanente y el compromiso del control -que también es una función parlamentaria- de la respuesta de las administraciones públicas, la función
promocional de derechos, la función de remover todos los obstáculos. Ese es el compromiso de trabajo que formula a todas y a todos ustedes la Comisión de Justicia y este Parlamento.



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Quiero agradecer una vez más las comparecencias de don Antonio Barroso Berrocal, representante de la Asociación de afectados por adopciones irregulares (Anadir), y de doña Mar Soriano Ruiz, representante de la Plataforma de 'Afectados
clínicas de España 'Causa niños robados', y quiero agradecer muy especialmente la presencia de todos los afiliados y miembros de estas dos asociaciones que les han acompañado y que han tenido este encuentro nosotros. Sepan que las puertas del
Congreso están permanentemente abiertas a este trabajo. Y agradezco por supuesto a los medios de comunicación su atención y seguimiento, a los servicios de la Cámara y a todas y a todos ustedes, señorías.



Se levanta la sesión.



Eran las dos y quince minutos de la tarde.