CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2010 IX Legislatura Núm. 698

NO PERMANENTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE TOLEDO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN MORANO MASA

Sesión núm. 40

celebrada el miércoles, 29 de diciembre de 2010

ORDEN DEL DÍA:


Debate y, en su caso, aprobación del informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo. Por acuerdo de la Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo. (Número de expediente 153/000001.) ... href='#(Página2)'>(Página 2)

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Se abre la sesión a las once y diez minutos de la mañana.



El señor PRESIDENTE: Señorías, iniciamos la sesión. Buenos días a todos y felices Pascuas.



Punto único del orden del día: Debate y, en su caso, aprobación del informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo, de autores en la Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo. Señorías, de
conformidad con lo acordado en la reunión de la Mesa y portavoces el pasado 22 de diciembre someto a su consideración el borrador del informe de evaluación y seguimiento del Pacto de Toledo. Dicho borrador es fruto de los trabajos de la Comisión
desde el comienzo de la legislatura. Consta de seis partes: parte primera, antecedentes, en la se relatan los datos relativos a la creación de la Comisión, su composición, las sesiones celebradas y la documentación recibida; parte segunda,
introducción, en la que, tras unas breves palabras de presentación y agradecimiento, se expone el contenido de las principales leyes que han desarrollado el Pacto de Toledo desde 2003, así como los datos más destacados sobre las prestaciones
económicas que a día de hoy satisface la Seguridad Social; parte tercera, orientaciones comunitarias, en la que se expone la posición de las instituciones de la Unión Europea una vez transcurrido el plazo de diez años para ejecutar la estrategia de
Lisboa y las metas fijadas dentro del marco diseñado por la nueva estrategia europea 2020; parte cuarta, evolución demográfica prevista para España, en la que se indican las principales proyecciones demográficas referidas a España, con especial
atención a las previsiones y simulaciones elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística; parte quinta, recomendaciones, que es la parte modular del informe, en la que se encuentran las 21 recomendaciones elaboradas en las reuniones mantenidas
por la Mesa y los portavoces durante los últimos meses; y, parte sexta, anexo estadístico, en la que se trata de la parte complementaria integrada por los cuadros y gráficos que sirven para ilustrar las explicaciones y demás datos que se ofrecen a
lo largo del informe. Dicho borrador ha sido distribuido previamente a SS.SS.



En el capítulo de agradecimientos es necesario y de justicia mencionar en este momento la colaboración y ayuda recibida de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, en particular, de las siguientes personas que nos acompañan: don
Fidel Ferreras Alonso, don José Antonio Panizo Robles y doña María Teresa Quilez Félez, y especialmente mi agradecimiento personal, y creo que el de todos ustedes, a nuestro ilustre letrado don Ignacio Gutiérrez Casillas.



El debate se desarrollará con arreglo a las siguientes pautas. Se abrirá un turno de portavoces para la fijación de posiciones; ese turno se realizará, como se ha hecho siempre, de mayor a menor, comenzando por el Grupo Parlamentario
Popular y finalizando por el Grupo Parlamentario Socialista. Si existiesen modificaciones puntuales que deseen introducir en el texto, estas deberán presentarse por escrito a la Mesa. La Mesa, oídos los portavoces, también acordó por unanimidad
que la Comisión, una vez aprobadas, eleve al Pleno sus recomendaciones para su debate, junto con el de los votos particulares que en su caso se presenten. ¿Lo acuerda así la Comisión? (Asentimiento.) Queda acordado. Quiero advertir que las
votaciones, según acordamos el otro día, no serán antes de la una de la tarde. Sin más preámbulos empezamos con las intervenciones.



En primer lugar, tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, don Tomás Burgos.



El señor BURGOS GALLEGO: El Pacto de Toledo da un paso muy importante con la aprobación de este informe de nuevas recomendaciones. Es un paso más en su ya corta pero relevante historia, con un recorrido singular que lo mantiene a flote
entre notables tormentas, algunas ciertamente perfectas y borrascas amenazantes, y conviene que sea destacado; mi grupo quiere empezar por destacarlo. El Pacto de Toledo es una rara avis dentro de la política española contemporánea y como tal
merece especial protección, sobre todo, como ha ocurrido en este caso, porque ha sido objeto de una cacería organizada repleta de furtivos y no tan furtivos tiradores que buscaban con ahínco cobrarse la pieza. Tras 1995 y 2003, esta Comisión da
tramitación a la segunda renovación del Pacto de Toledo; quince años en los cuales nuestro sistema de Seguridad Social ha estado sujeto a cambio, a transformación permanente. La Seguridad Social española no ha dejado de cambiar, algo que parecen
querer olvidar quienes se empeñan en estos momentos en hacer proyecciones a legislación constante: si nada cambia, si todo sigue igual, si no se hacen reformas -suelen decir-; pero, señorías, la Seguridad Social está en permanente actualización,
en permanente transformación, y así debe seguir, a juicio del Grupo Parlamentario Popular.



De esta Comisión y de sus miembros se ha dicho de todo en estos meses. No voy a glosar los epítetos que nos han dedicado. Hay quien dirá que va en el sueldo. En todo caso, en el sueldo irá la aceptación de la crítica fundamentada, pero no
una cierta insana pretensión de descrédito, una turbia vocación de desprestigio o la interesada voluntad de degradar y menospreciar el trabajo parlamentario, sobre todo cuando las motivaciones reales que mueven a ello están bien alejadas de la
actitud constructiva y comprometida con el sistema. Creo que hemos cumplido con nuestra obligación en un contexto difícil, yo diría que el más difícil que ha tenido esta Comisión y sus trabajos; en un contexto por supuesto de tensión política
-cuándo no se ha producido esta tensión- pero sobre todo de crisis económica que ha dejado al descubierto algunas de las debilidades del sistema, que son ciertamente serias, aunque no insuperables. Sin duda, querríamos habernos aislado del ruido
externo cuando el propio Gobierno fue quien nos trajo la marabunta al propio corazón del debate sobre la


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reforma de las pensiones. La situación de crisis económica por la que atravesamos, a nuestro juicio debería de haber orientado los trabajos de esta Comisión en otro sentido, en el de que los ciudadanos encontraran en el sistema un
referencia clara de confianza, de seguridad y de tranquilidad ante una situación comprometida, social y económicamente.
Hoy los ciudadanos tienen, por el contrario, más desconfianza, más dudas y más incertidumbres respecto al sistema de pensiones
que hace un año, y probablemente el primer objeto de este informe de recomendaciones es contribuir a recuperar esa confianza y a disipar esas dudas. Esta desconfianza y estas incertidumbres no son tanto por los resultados concretos que la crisis ha
provocado en el sistema de pensiones y de Seguridad Social, sino que provienen de otros elementos ajenos a la propia realidad del sistema. Es indudable que la crisis está teniendo una clara incidencia negativa en el sistema de la Seguridad Social.



El efecto acumulado de la crisis supone un descenso desde julio de 2007, cuando se alcanzó el punto más álgido de cotizantes ocupados, hasta hoy de una pérdida de más de 1.880.000 afiliados cotizantes activos a la Seguridad Social; una
pérdida de casi el 10 por ciento del volumen de cotizantes. La Seguridad Social afirma tener 2.729.101 afiliados en desempleo. Es decir el 13,46 por ciento de nuestros cotizantes lo son desde la situación de desempleo; situación que pueden
perder, que pueden ver afectada si no encuentran un trabajo en las próximas semanas, en los próximos meses. La relación entre cotizantes y pensionistas ha bajado al 2,55, pero la relación más importante, que es la de los afiliados ocupados y los
pensionistas, está en el 2,21, la más baja desde el año 2000 y pone de manifiesto el progresivo deterioro del sistema a consecuencia de la crisis. Eso ha afectado también, por supuesto, al superávit de la Seguridad Social que está descendiendo de
forma importante y a otros datos económicos que ciertamente han de preocuparnos. Insisto, no son estos datos los que han sembrado de indudable preocupación, y -por qué no decirlo- de cierta contestación, a la ciudadanía española en relación con
posibles reformas del sistema de pensiones. No ha sido la coyuntura seria, grave, para la que no parece haber respuesta eficaz en las políticas del Gobierno; los ciudadanos saben muy bien que los problemas del sistema, los resultados concretos de
esta crisis tienen una denominación que se resume en una palabra, desempleo, y que la mejor reforma estructural del sistema de pensiones es la creación de empleo y la recuperación de las cifras de crecimiento de empleo y de cotización necesarias.
Ese objetivo, y no otro, debería ser el que estuviera centrando nuestros debates hoy. El orden de los factores, señorías, en la política y en la economía sí que altera el producto, y la lucha acertada contra la crisis tiene mucho que ver con una
selección adecuada de las prioridades. Hoy en España la prioridad no puede ser la reforma de las pensiones y mucho menos si esa reforma no constituye por sí misma un elemento de cohesión y confianza. Lo que ha movido a la preocupación de los
ciudadanos, a que hoy una parte muy importante de nuestros compatriotas vean con intranquilidad, incluso con ansiedad, el futuro de nuestras pensiones, es el modo en que se ha gestionado este proceso. Unas formas que hemos considerado inadecuadas
y, en alguna medida, perturbadoras y que han sometido a esta Comisión a un proceso de vértigo procedimental que ha estado a punto, realmente a punto, de echar por tierra cualquier posibilidad de acuerdo, y que nos ha hecho ciertamente imposible el
acuerdo completo y redondo que hubiese sido deseable. Yo creo que desde 1995 hasta hoy, quince años de avances, de desarrollos, de impulsos y de orientaciones adecuadas para el sistema merecían que el esfuerzo fuera culminado con cierto grado de
éxito -si no con éxito total, con cierto grado de éxito- y que el Pacto de Toledo, que es un instrumento útil, oportuno, pertinente, necesario para nuestro sistema de pensiones, llegara a buen puerto con la renovación de estas recomendaciones.



Creo que las reformas, -como establecen las orientaciones de la Unión Europea- adecuadas, sostenibles y seguras pueden encontrar acomodo en el documento que hoy se somete a aprobación por esta Comisión. Este ha sido el camino adecuado y
eficaz hasta ahora, y entendemos que no debe abandonarse. El Gobierno haría un flaco favor a este instrumento, y sobre todo al conjunto de la sociedad, si lo desestima como vía rápida y segura para reformas creíbles y ampliamente respaldadas y se
orienta por pistas escarpadas en los próximos meses. Creo que convendría que, puesto que hemos hecho bien nuestro trabajo -hay mucho material y mucha materia en este documento-, el Gobierno tuviera a bien respetarlo y asumirlo como la guía oportuna
y pertinente para el proceso de reformas que son importantes, necesarias y que siempre hemos entendido que deben seguir haciéndose en nuestro país. Insisto, creo que hay mucha materia y mucho material en este documento de recomendaciones; que hay
elementos que permiten no una reforma, no una ley, sino varias, múltiples; que da para acometer un proceso de medidas graduales, acordadas, trabajadas, encajadas y bien engrasadas, y sobre todo explicables y defendibles al conjunto de la sociedad y
que permitan su acomodo preciso en la realidad social y económica de nuestro país hoy y en los próximos años, y para encarar el futuro desde la correcta identificación de los objetivos que debían perseguirse, y que se han perseguido con este
documento. Se trata, en primer lugar, de facilitar el empleo y la incorporación de recursos al sistema, la cotización por la actividad; ninguna actividad sin cotización, pero ninguna actividad comprometida por una cotización injustificada. La
cotización en este país es un duro, muy duro impuesto sobre el trabajo que solo se justifica por su adecuada aplicación a un sistema justo y equilibrado de prestaciones. La cotización por el salario, por la retribución efectiva, no se puede eludir,
ni se pueden admitir comportamientos que supongan fraude o abuso; en un sistema equitativo nadie debe ser injustamente beneficiado o perjudicado; y la cotización como


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un elemento a promover, a potenciar, pero también a justificar, mediante un sistema ágil, moderno, eficaz y exigente con las condiciones de acceso, con la justificación y con la idoneidad de las prestaciones.



Una protección social equiparable y equiparada. La protección social como la otra cara de la moneda de la competitividad, de la productividad, del desarrollo y de la libertad económica; protección sobre las mismas bases, protección sobre
los mismos principios, sobre los mismos derechos. El desarrollo social también implica la superación de inexplicables diferencias, distinciones, incluso discriminaciones, ya sea por la condición de la actividad, ya sea por las características de la
persona.
No hay lugar para las discriminaciones, en especial por razones de edad, en un sistema de libertades y derechos como el español; la ejemplaridad pública como base del sistema de pensiones también, porque el Gobierno tiene una especial y
primordial responsabilidad a la hora de establecer pautas de legitimación social del sistema y sus componentes. El Gobierno ha de cumplir primero dando claridad a la financiación, la distribución de competencias y la asignación eficiente de los
recursos, la prioridad en sus políticas y el control riguroso de la adecuación entre prestaciones y cotizaciones. El Gobierno debe adoptar las medidas adecuadas para colocar la solvencia del sistema, presente y futura, en el eje de sus actuaciones.
La responsabilidad última en la configuración de un sistema de pensiones adecuado para España es del Estado, del Estado en su conjunto. La Seguridad Social es un instrumento en el que no se puede residenciar tal responsabilidad en exclusiva. La
garantía es del Estado y son el conjunto de las políticas de este quienes dotan al sistema de los recursos y posibilidades de cobertura necesarios.



El compromiso intergeneracional en el que se basa nuestro sistema de pensiones hace imprescindible adoptar medidas que eviten que futuros trabajadores o futuros pensionistas tengan que hacer frente a la carga de un ajuste inesperado para
ellos y que deteriore seriamente sus derechos económicos y sociales. La equidad como referente: reconocer lo aportado y tratar a cada cual según lo aportado, y que el esfuerzo generado, realizado por los ciudadanos, genere retornos reconocibles.
Solo desde esta base sólida se puede construir un compromiso de solidaridad compatible con la necesaria legitimación social del sistema. Solo si la persona constata que su esfuerzo de aportación es justamente correspondido estará dispuesta a
vincular una parte de ese esfuerzo a instrumentos de solidaridad. Si no es así, el perjuicio para el conjunto del sistema será evidente con deterioro creciente de sus fundamentos. Las prestaciones no fundamentadas en la contributividad han de
estar sometidas a especial escrutinio y reflejar adecuadamente el esfuerzo de solidaridad posible y justificable; consumen recursos escasos pero sobre todo pueden consumir la paciencia y la legitimidad social en que se sustenta el sistema. La
solidaridad por tanto no puede implicar desinterés, desatención o despreocupación respecto a los objetivos concretos que se persiguen o sobre la real adecuación de los instrumentos que se han utilizado, y exige una revisión continua de esos
elementos.
Señorías, lo ineficiente no protege a nadie; consume recursos que hacen falta para otras cosas y encubre el vicio de no reformar. Tanto o más que lo que gastamos en pensiones y en prestaciones debería ocuparnos cómo lo hacemos y a qué
situaciones estamos orientando esas prestaciones.
Proteger más a quien más lo necesita no puede quedar en segundo plano frente a la pervivencia de situaciones no conformes a las nuevas realidades.



Debe ser un sistema también con flexibilidad y con capacidad de elección, porque la delimitación de un potente sistema de prestaciones fuertemente normativizado y con un desarrollo complejo y necesitado de regulación precisa no es
incompatible en absoluto con la incorporación de elementos claros de flexibilidad y de adecuación a los reales deseos, intereses y demandas de los ciudadanos. No solo las realidades cambiantes del mercado de trabajo, que dan lugar a una rápida
transformación de las figuras de contratación, de las características de los empleos, de las condiciones del trabajo, de los tipos de actividad, de las necesidades de conciliación; también las crecientes exigencias individuales de flexibilidad
horaria, de actividades no presencial, de usos tecnológicos; las fórmulas de permeabilidad entre la actividad y el retiro; la jubilación parcial, la jubilación anticipada; la compatibilidad entre el salario y la pensión; las variadas condiciones
personales y familiares; la concurrencia de pensiones; los modelos familiares nuevos; la compatibilidad de pensión y actividad; la apertura a más opciones de previsión individual y colectiva; fórmulas complementarias, participación en
instrumentos de ahorro y previsión empresarial mutual colectiva, seguros, entre otros muchos elementos, hacen imprescindible avanzar en un modelo donde la lógica de la imposición, la rigidez o la obligatoriedad deje paso a fórmulas más orientadas a
la flexibilidad y a la libertad de elección en un marco adecuado y objetivo que garantice la continuidad del sistema; un sistema con más información al ciudadano sobre sus expectativas individuales respecto a las prestaciones y un sistema con más
información y control sobre las condiciones en que se están invirtiendo unos recursos importantes.



Creo que el Grupo Popular ha reafirmado todos estos principios con sus aportaciones en el documento. Hemos asumido nuestra responsabilidad, que no era dar un sí indiscriminado al Gobierno -el resultado final se parece bien poco al documento
presentado en enero de 2010- y ello dice mucho del trabajo de esta Comisión y dice también bastante del trabajo de mi grupo.
Hemos estado decididos a aportar, a compartir, a colaborar y a equilibrar. No hemos dado nada por hecho y hemos planteado
propuestas y sugerencias concretas -bien concretas, los saben sus señorías- a todo.
Nuestra responsabilidad no era escudarnos en la ambigüedad. Nosotros tenemos opinión y la hemos expresado. Tenemos un criterio global sobre el conjunto del
sistema y ello queda reflejado


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en el texto; un texto que es de todos y será de todos puesto que todos lo defenderemos. En las recomendaciones que se han establecido en el documento que hoy vamos a aprobar -o que al menos mi grupo va a apoyar- se ha marcado ese camino
que comentaba; un camino que significa la conveniencia de proceder a reformas, pero no reformas para recortar sino para configurar mejor los elementos diversos del sistema. Una reforma de pensiones en periodo de crisis puede tener un objetivo
mucho más importante que recortar. Por eso hemos dicho no a la medida más ineficiente e injusta, a la que supone un recorte de derechos y un coste que algunos sitúan incluso cercano al 20 por ciento de la pensión futura, la subida de la edad de
jubilación a los 67 años; un camino que establece que es conveniente reformar para proteger mejor a quien más lo necesita, y esos son hoy en España viudas y huérfanos en especial situación de vulnerabilidad, trabajadores con largas carreras de
cotización y una pensión desajustada, mujeres con problemas de insuficiencia de derechos de pensión o autónomos. Se trata de reformar para delimitar mejor la responsabilidad de cada uno a la hora de financiar, a la hora de cotizar, a la hora de
percibir; reformar para avanzar en una mayor correspondencia entre lo cotizado y lo recibido y en equidad y en equiparación de prestaciones, en equiparación de derechos entre distintas actividades, sectores económicos y condiciones laborales;
reformar para adecuar el sistema a realidades nuevas. Hablaríamos de realidades laborales dando cobertura a determinadas situaciones como los becarios o las empleadas del hogar; realidades familiares dando cobertura a mujeres que no cotizan en
negocios familiares, personas que no desarrollan actividad y podrían cotizar sus cónyuges o parejas por ellas, situaciones de desprotección ante rupturas familiares; realidades personales, como esa nueva pensión no contributiva de orfandad o como
esas mejoras fiscales para pensiones de incapacidad o viudedad. Son reformas para sostener financieramente mejor el sistema, contribuyendo a clarificar la financiación, a delimitar y coordinar mejor la Seguridad Social con otras redes públicas
asistenciales, a mejorar la gestión, a unificar la dispersión administrativa, a integrar las funciones, a mejorar la lucha contra el fraude, el absentismo injustificado en incapacidades de corto plazo y las disfuncionalidades que permiten que haya
personas que obtienen del sistema sin justificación mucho más de lo que aportan. Hemos hecho el trabajo que nos correspondía, podemos reivindicarnos todos en este esfuerzo, más allá de nuestras legítimas discrepancias. El Pacto de Toledo puede
seguir siendo útil y debemos aspirar a su cumplimiento sin afanes dogmáticos pero en la seguridad de que marca el camino adecuado; un camino con varios carriles, señorías, en el que cada uno puede escoger el ritmo, la velocidad, la aceleración e
incluso hasta el color del automóvil y los lugares en los que detenerse pero que debe ser recorrido con respeto a las señalizaciones, sin hacer excursiones en solitario por vías secundarias y sobre todo sin circular en el sentido contrario de la
marcha de todos para evitar colisiones aseguradas.



Sin duda hay elementos que no están recogidos en el documento, cuestiones que, probablemente, hubiera sido necesario ampliar, pero como en todo documento de estas características su relevancia estriba en lo que hemos sido capaces de
comprometer en común, en lo que hemos sido capaces de ahormar desde posiciones diferentes y en lo que hemos asumido y asimilado como cuerpo común de actuación, guía de futuras actuaciones y propuestas.
Por eso, debemos ser celosos de lo contenido
aquí porque de una u otra manera nos retrata para el futuro. Incluso en muchos casos ya nos está retratando en el presente porque hay muchas cuestiones que se plantean de nuevo, que reiteran compromisos adquiridos en su día no cumplidos o
contravenidos. Obviamente hay un tema relevante en el que no se ha conseguido un acuerdo, no se ha logrado un acuerdo para modificar la edad de jubilación existente, en 65 años. Mi grupo va a ejercer su derecho a un voto particular en esta
cuestión con vistas a la aprobación definitiva por el Pleno del Congreso en una fecha próxima, siguiendo el precedente de ocasiones anteriores. No es un voto contra la recomendación concreta y sus contenidos -que no objetamos-, es un voto de
reafirmación en la conveniencia de mantener la edad legal de jubilación en 65 años. No es el momento de plantear de nuevo el debate sobre esta cuestión, pero ni una sola de las medidas y orientaciones que están contenidas en el informe que hoy
vamos a aprobar necesita que se modifique la edad legal para su efectiva y completa aplicación, ni una sola; sin embargo, algunas de ellas pueden ver seriamente comprometido su cumplimiento efectivo con una medida así. Por tanto, no es en el
sistema de pensiones, en sus necesidades o en sus conveniencias de reforma donde se encontrarán justificaciones para una medida tal, será en otros ámbitos donde habrá que buscarlas. El Pacto de Toledo no encuentra justificación en el sistema de
pensiones para considerar conveniente la modificación de la edad legal. El Gobierno ha avanzado que mantendrá su postura, por lo que queremos aprovechar esta Comisión para pedirle que rectifique, porque rectificar es de sabios o al menos de
prudentes. No hay valentía en la obcecación, como no la hay en la improvisación. No hay valentía en la imprudencia, como no la hay en la ligereza. El sistema no necesita medidas valientes, como algunos afirman, sino adecuadas a nuestro contexto,
basadas en nuestra reflexión común. Lo valiente no es saltar de la trinchera a la carga solitaria, sino ser capaces de guiar y dejarse guiar hombro con hombro en una posición común. Lo contrario es atribuirse en exclusiva un sentido de la
responsabilidad que deviene en dogmático, excluyente o intransigente. Aquí todos tenemos sentido de la responsabilidad en relación con esta cuestión. La soberbia -ya lo decía San Agustín- no es grandeza sino hinchazón, y lo que está hinchado
parece grande pero no está sano. Como saben bien los que navegan, en periodos de tormenta no conviene desplegar el velamen al completo


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porque puede hacer que te vayas a pique; lo ajustado es replegar adecuadamente esas velas y esperar a que amaine el temporal.



Señorías, mi grupo quiere agradecer -y yo lo hago como portavoz- el trabajo que todos han desarrollado en esta Comisión y los trabajos que, en sus diferentes formatos, se han venido realizando. Me van a permitir que empiece por mis
compañeros del Grupo Popular: al presidente, don Juan Morano; a don Carlos Cotillas, miembro de la Mesa; a mi portavoz adjunta, Concha; a todos los miembros del Grupo Parlamentario Popular que han tenido la ocasión de participar activamente en
los trabajos de esta Comisión; también al resto de los portavoces parlamentarios, ya que creo que el factor personal muchas veces es definitivo a la hora de alcanzar compromisos firmes y positivos, y en este caso -si me lo permiten- esto se ha
puesto especialmente de manifiesto; a los demás miembros de la Comisión, que han participado en las innumerables reuniones celebradas, ya que ha habido cuarenta sesiones oficiales de esta Comisión -hay quien pensaba que el Pacto de Toledo se reunía
esporádicamente- e innumerables reuniones de Mesa y portavoces que han consumido muchas horas; al letrado, que siempre nos ha acompañado y que es parte esencial también de la resolución final de este documento; a los miembros de la Administración
de la Seguridad Social, ya citados, como el señor Ferreras y el señor Panizo; y a todos los que han compartido el esfuerzo, la dedicación y la ilusión de poner con este informe un ladrillo más que contribuya a dar solidez al compacto, al sólido y
al firmemente asentado edificio de la Seguridad Social y de nuestro sistema de pensiones en España. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Así me gusta, que aplaudáis todos.



Doña Olaia Fernández Davila.



La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señorías, señor presidente, permítanme que empiece mi intervención por los agradecimientos a todas y todos los compañeros que estuvimos trabajando en estas jornadas de trabajo para elaborar este documento que hoy
debatimos; también a nuestro letrado, como no podía ser de otra manera, y de una forma especial a los señores Panizo y Ferreras, porque gracias a sus explicaciones hemos podido conocer mejor nuestro sistema de Seguridad Social. Pero permítame,
señor presidente, que en mis agradecimientos no me olvide de aquellas personas que durante más de dos años estuvieron compareciendo en esta Comisión y que nos trasladaron las diferentes visiones que tienen con respecto al futuro de nuestro sistema
de pensiones, concretamente en lo relativo a lo que planteaba la propia Comisión, es decir, su visión en relación con la sostenibilidad del sistema en el futuro. Y es importante recordar estas comparecencias porque, desde nuestro punto de vista, su
valor está basado en el debate que estamos teniendo y no solamente en el documento de estas nuevas recomendaciones -o revisión de las recomendaciones- del Pacto de Toledo, es decir, el debate en relación con la modificación de las pensiones y de la
seguridad en general que se está dando en nuestra sociedad, no solamente en el Estado español sino también en la Unión Europea.



Digo esto, señorías, señor presidente, porque en estas comparecencias se han explicitado las diferentes posiciones y visiones que existen en relación con la materia de las pensiones y al mismo tiempo en esas visiones se manifestaban las
distintas posiciones en relación con el modelo social que cada uno considera más conveniente. Por un lado, tendríamos posiciones que se situarían en un modelo económico y social de corte neoliberal, donde la defensa de lo privado prevalece sobre lo
público. En esta línea ha habido opiniones que consideraban oportuno una revisión de nuestro modelo de pensiones bajo el argumento del encarecimiento del gasto que se va a experimentar en el futuro y que se debería reforzar el sistema de
capitalización; incluso en el informe del Banco de España, presentado por el gobernador en esta Comisión, se planteaban cuestiones en esa dirección. Cierto es que los comparecientes que coincidían con este tipo de posiciones, además de aquellas
personas que venían en representación de determinadas ideologías políticas, tenían relación o representaban a entidades financieras o empresas aseguradoras.
En una línea muy distinta se han manifestado otros comparecientes, que han defendido la
necesidad de reforzar el sistema público de pensiones, decantándose por un modelo de sociedad en el que prime la justicia social, la distribución de la riqueza y la equidad. Precisamente nuestro grupo, el Bloque Nacionalista Galego, comparte con
algunos de dichos comparecientes el hecho de que nuestro sistema de pensiones es perfectamente sostenible en el futuro, aunque para ello fuese necesario financiarlo con ingresos adicionales a las cotizaciones, por ejemplo, con ingresos generales del
Estado. En ese sentido, don Ignacio Zubiri, compareciente en esta Comisión y profesor de Hacienda de la Universidad del País Vasco, sostenía en su intervención que la capitalización de una parte sustancial del sistema de pensiones no es una
alternativa viable.
Ciertamente puede haber quien, como las instituciones financieras, obtengan beneficios importantes del debate sobre la capitalización y de que se estimule fiscalmente la adquisición de pensiones privadas, pero quien tenga su
preocupación en el cobro de pensiones futuras por parte de los pensionistas, debe evitar discusiones inútiles sobre capitalización y centrarse en cómo salvaguardar y, en su caso, reformar el sistema público de pensiones de reparto. Incluso
podríamos, señorías, en este tema que acabo de comentar y en relación con lo que aseveraba el señor Zubiri, entender las palabras del ministro de Trabajo, don Valeriano Gómez, hace muy pocos días en esta Comisión, donde reconocía que, a pesar de la
crisis, el sistema público de pensiones del Estado español gozaba de perfecta salud, no así el sistema de capitalización, que en el año 2008 perdía el 20 por ciento. De ahí que desde


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el Bloque Nacionalista Galego defendamos, como lo estamos haciendo, el reforzamiento de nuestro sistema público de pensiones.



Aludimos a estas cuestiones, señorías, porque nos parecen importantes a la hora de exponer la posición del BNG, sobre todo si tenemos en cuenta que esta revisión de los acuerdos del Pacto de Toledo, el debate de este documento está
condicionado por las decisiones que ya se han tomado o que ya ha tomado el Gobierno previamente, justificándose en las presiones de los mercados. Lo cierto es que la reforma de las pensiones forma parte del conjunto de reformas que está acometiendo
el Gobierno, es parte de la agenda de recortes sociales que está llevando a cabo en consonancia con las directrices de los centros de decisión económicos y políticos más neo -¡qué digo!-, más ultraliberales, tanto de la Unión Europea como mundiales,
como es el caso del Fondo Monetario Internacional. Reformas que hacemos por exigencia del mercado, nos dice continuamente el Gobierno. ¡Es la presión del mercado!, es otra de las frases a las que nos tiene acostumbrados. ¡El mercado, el mercado!
parece ser la espada de Damocles que pende sobre nuestras cabezas. Señor presidente, es evidente que el mercado no es el lugar al que acudimos a comprar las verduras y las hortalizas, no. Medio mundo está buscando la cara y la voz de los mercados.
Yo personalmente, señor presidente, si me lo permite, tengo mi propia definición y lo asemejo a un misil con el que nos bombardean a diario en este fuego cruzado, en esta guerra abierta del capitalismo en estado puro contra la sociedad del
bienestar. Un misil que cuando estalla bombardea con las constantes de confianza, estabilidad y ajuste, es decir, las palabras mágicas sobre las que pivota toda la argumentación que el Gobierno está utilizando para justificar sus políticas de
recortes.



Señorías, explicaré ahora las razones por las que el BNG no va a dar su apoyo al documento objeto de esta Comisión, ya que nos centramos fundamentalmente en dos recomendaciones, la 11 y la 12. Desde luego, no tenemos absolutamente ningún
problema y además reconocemos con total y absoluta sinceridad que entre las recomendaciones del Pacto de Toledo en esta revisión que hoy presentamos en esta Comisión hay algunas que efectivamente podrían contar con nuestro apoyo en la medida en que,
de llevarse a cabo, serían positivas para nuestro sistema y sobre todo para su justicia. Pero en estos momentos, como decía con anterioridad, estas recomendaciones que hoy se van a aprobar en esta Comisión están condicionadas por los acuerdos
previos que ya se han hecho por parte del Ejecutivo. Fundamentalmente -y solo tenemos que hacer memoria de lo que fueron los debates durante el tiempo que se estuvo trabajando en este borrador- hay dos cuestiones que preocupan y que están, como
digo, resumidas en esos apartados 11 y 12 de las recomendaciones, que son la contributividad y la edad de jubilación. La número 11 se refiere a la contributividad y la 12 a la jubilación. Fijémonos en cómo se recoge en la recomendación número 11
la ampliación del número de años para el cálculo de las pensiones; no dice que se amplíe pero lo deja abierto: Permitirá al Gobierno realizar su propuesta con criterios técnicos claros. Eso dice la propuesta. En lo concerniente a la
recomendación número 12, la prolongación de la edad de jubilación, se hace una redacción flexible y al tiempo que se considera necesario prolongar la edad de jubilación por diferentes vías se deja abierta la puerta para que el Gobierno también haga
su propuesta concreta.



Señorías, señor presidente, el BNG no va a apoyar un documento si en sus recomendaciones no se dice con total y absoluta claridad que no se debe prolongar la edad de jubilación más allá de los 65 años; no respaldaremos un documento que no
diga con total y absoluta claridad que no se va a ampliar el periodo de cálculo para la cuantificación de la pensión más allá de los quince años que se establecen actualmente. Estamos en desacuerdo, señorías, señor presidente, con los argumentos
utilizados de que en otros Estados de la Unión se han hecho reformas similares porque si bien es cierto que se han hecho reformas, también hay que señalar que las situaciones de partida son muy distintas. En materia de pensiones el Estado español
padece un retraso considerable respecto a Europa. En el año 2006 el Estado español dedicaba el 8,8 por ciento del PIB frente al 12,1 por ciento de la media europea, de la media de la Europa de los Quince, en gasto de pensiones, mientras que en
gasto social la Unión Europea de los Quince tenía un gasto del 27,5 por ciento y el Estado español del 20,9 por ciento. Por cierto, en relación con las reformas hechas en la Unión Europea se pone siempre como ejemplo al Reino Unido y a Alemania, y
señorías, estamos hablando del Estado español en un momento en el que tiene un gobierno socialdemócrata y de dos Estados, el alemán y el Reino Unido, que tienen en este momento unos gobiernos conservadores; por lo tanto, nos preguntamos si este
Gobierno socialdemócrata está haciendo esta política de recortes, qué pasará si llega a gobernar el partido que en este momento está en la oposición y que desde luego es del corte de los que están en estos momentos en Francia, en Reino Unido o en
Alemania.



Señoría, tampoco nos valen los argumentos de proyección demográfica, de aumento de esperanza de vida, de menos cotizantes frente a más pensionistas. No justifican el pretendido recorte de las pensiones. Ni la demografía es una ciencia
exacta ni la esperanza de vida significa que todas las personas después de los 65 años estén en condiciones de seguir trabajando. Actualmente, aquellas personas que deseen trabajar después de los 65 años ya pueden hacerlo de manera voluntaria y de
acuerdo a la ley vigente. Lo que no es de recibo es recortar un derecho como el actual límite de la edad legal de jubilación. En cuanto al argumento de menos cotizantes para más pensionistas, consideramos que nuestro sistema, como modelo
contributivo, solidario y de reparto, puede y deber contar, además de con la contributividad, con otras fuentes de financiación del sistema


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general del Estado; además, señorías, de llevarse a cabo la recomendación de separación de fuentes, el sistema se ahorraría, por los datos que manejamos, más de 7.000 millones anuales. Por otro lado, si el problema en el futuro es que va a
haber menos cotizantes que pensionistas, las reformas habría que orientarlas al fomento del empleo, a fomentar la plena integración en el mundo laboral de las mujeres y no a recortar las pensiones. Cierto es que la opción escogida en este
documento, consistente en un contenido abierto y flexible para las recomendaciones 11 y 12, trata de sumar acuerdos o de sumar votos, trata de lograr la mayoría para la aprobación de este nuevo documento de recomendaciones denominado Pacto de
Toledo. Sin embargo, este es precisamente otro de los motivos por los que no podemos votarlo favorablemente. Señor presidente, ¿qué sentido tiene trasladar a la sociedad la idea de un acuerdo sobre un documento que tan solo es una recomendación al
Gobierno, cuando necesariamente se tienen que manifestar las diferencias cuando el Ejecutivo presente su proyecto de ley? Le estamos diciendo a la ciudadanía que el Pacto de Toledo es de una relevancia sustancial para el futuro de las pensiones y
que se va a debatir previsiblemente en el Pleno de esta Cámara el 25 de enero y, por otro lado, el Gobierno nos ha anunciado el proyecto de ley de reforma de las pensiones, que va a aprobar el 28 de enero. Señorías, trasladar a la ciudadanía que
existe un acuerdo mayoritario en la Comisión del Pacto de Toledo como si estas recomendaciones fuesen algo importante es transmitirles un mensaje engañoso y no estamos dispuestos a participar del mismo. Para nosotros se trata de suavizar el
descontento social y evitar lo que, desde nuestro punto de vista, debería ser oportuno, que es la movilización social contra estos nuevos recortes. Se trata de relativizar, aminorar y, en definitiva, permitir que después de un acuerdo
parlamentario, el Gobierno presente su proyecto de ley con las propuestas que ya nos ha anunciado.



Este documento sería positivo si el Gobierno lo fuese a tener en cuenta, pero lo único que se ha conseguido por los grupos mayoritarios que lo van a aprobar es que en aquellas cuestiones relevantes en el debate social y político de este
momento, que se refieren a las recomendaciones 11 y 12, queden tan abiertas que permitan al Gobierno presentar su proyecto sin que eso signifique entrar en contradicción con lo que hoy queremos aprobar. Por tanto, señorías, no vamos a dar un voto
favorable porque no queremos trasladar este mensaje engañoso, ya que no se puede decir que existe un documento como el Pacto de Toledo, que es tan importante y al que se remite constantemente el Gobierno para cualquier cuestión relacionada con
modificaciones de las pensiones, y que después el Gobierno haga el proyecto que considere oportuno, como ya ha anunciado. Y sobre todo porque no solamente nos preocupa ese proyecto -finalizo ya, señor presidente- que nos tiene anunciado el Gobierno
para el 28 de enero, nos preocupa lo que va a pasar incluso después del 28 de enero. Si nos atenemos al informe de la OCDE, que por un lado valora positivamente que el Gobierno haya decidido ampliar la jubilación a los 67 años y por otro añade que
eso es insuficiente y hace la valoración que hace con relación a otros asuntos, no solamente en materia de Seguridad Social, sino también de sanidad, de empleo, etcétera, señorías, es para echarse a temblar, porque hasta ahora, en los dos últimos
años, este Gobierno socialdemócrata está llevando a cabo todo aquello que se está dictando desde organismos económicos de la Unión Europea. Por tanto, nosotros no vamos a contribuir con nuestro voto a esas posiciones y a ese retroceso social tan
grande, desde nuestro punto de vista, en una sociedad a la que tanto trabajo le costó conseguir las conquistas que tenemos actualmente.



El señor PRESIDENTE: Don Gaspar Llamazares tiene la palabra, y después don Joan Tardà.



El señor LLAMAZARES TRIGO: Señorías, yo quiero, en primer lugar, considerar el trabajo de la Comisión, el trabajo parlamentario. En un tiempo en que no corren buenos vientos para la política ni para la actividad parlamentaria, creo que es
bueno reivindicar el trabajo parlamentario en representación de los ciudadanos y el buen ambiente que se ha vivido en la Comisión parlamentaria a lo largo de este tiempo. Pero yo creo que un valor importante en periodos de crisis es, junto a la
confianza y la generosidad, que superan los egoísmos, la sinceridad. Yo hoy, en nombre de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por ser sincero, he de decir que no comparto la sinfonía que hemos compuesto -hay luces y sombras en ella-, pero
sobre todo lo que no comparto es la interpretación y la dirección de la sinfonía. Es decir, que si hay luces y sombras en lo que hemos elaborado como recomendaciones del Pacto de Toledo, mucho me temo que el Gobierno va a sesgar claramente esta
sinfonía para poner los acentos en la percusión y en el viento y dejar la cuerda en un plano secundario, es decir, para acentuar las políticas de recorte y de ajuste de nuestro sistema público de pensiones y no las reformas que lo consoliden.



Mientras en el Pacto de Toledo funcionamos con el diálogo, con la negociación, mientras pretendemos unas recomendaciones que mejoren el sistema público, sin embargo hemos visto cómo, en paralelo al Pacto de Toledo, ha habido un dictado del
Gobierno en materia de pensiones, y no debemos ignorarlo. No debemos ignorar que, junto a nuestro trabajo, ha habido otro que se ha dedicado a deconstruir el Pacto de Toledo. Hoy el Pacto de Toledo quizás vive sus horas más bajas de los últimos
años, porque el Gobierno ha decidido sustituir el pacto por el dictado, un dictado además al dictado de los mercados -entidades financieras, fondos de pensiones, fondos de inversión, entidades económicas-, y porque el Gobierno ha decidido sustituir
las recomendaciones por imposiciones, por medidas afiladas como cuchillos. También como consecuencia de ello el texto


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que hoy votamos es en parte, al menos para el Gobierno, papel mojado, porque el Gobierno tiene su propio itinerario y sus propias medidas, que no pasan ni por el pacto ni por la consolidación del sistema público de pensiones, pasan por el
dictado y por el hachazo al sistema público de pensiones, y todo ello, señorías, basado en una manipulación inaceptable.



A lo largo de los últimos meses hemos vivido lo peor de la actividad política, que es la manipulación del miedo. La actividad política, que debería ser la organización de la sociedad, se degrada cuando manipula algo tan delicado como el
miedo o la incertidumbre. Eso es lo que ha pasado en los últimos tiempos respecto al sistema público de pensiones, se ha creado desconfianza en la viabilidad del sistema público de pensiones de manera injusta, y se han hecho además falsas
precisiones, algo que Keynes calificaba como uno de los peores defectos de la política económica. La falsa precisión ha sido que la demografía inevitablemente nos lleva a un hachazo a nuestro sistema público de pensiones, ignorando, por ejemplo,
que en los años ochenta dedicábamos el 3 por ciento de cien del PIB a nuestro sistema público de pensiones, que en estos últimos años en torno al 8 por ciento de 250, debido al incremento de la productividad, y que para cuando se pretende la crisis
de nuestro sistema público de pensiones -la enésima crisis anunciada- el 14 por ciento del PIB será el catorce por ciento de 500, en términos de productividad, en nuestro país. Una realidad, por tanto, perfectamente sostenible y no muy diferente a
la de nuestro entorno; una falsa precisión demográfica en este caso, un dogma demográfico que ha servido para manipular la incertidumbre y el miedo de los ciudadanos.



Además, el Gobierno ya tiene decididas las medidas afiladas como cuchillos, todas ellas medidas de recorte -nuestras propuestas son buenas intenciones y agua bendita para el Gobierno-; el Gobierno tiene decidido aumentar la edad de
jubilación a 67 años, una medida en nuestra opinión innecesaria e injusta. Innecesaria porque tenemos una de las edades reales de jubilación más altas de nuestro entorno -63 años y 10 meses, mientras que en nuestro entorno se sitúa alrededor de los
62 años-, e injusta porque el 50 por ciento de la población europea con 60 o más años en estos momentos está sin trabajo. Es decir, la propuesta del Gobierno aumenta los parados mayores en situación de carencia y también aumenta los jubilados en
situación de pobreza; esa es la propuesta que el Gobierno nos pone encima de la mesa con el aplazamiento de la edad de jubilación.



Por si no fuera suficiente, está manejando -en los últimos tiempos viene rectificándose a sí mismo- medidas como ampliar el periodo de cálculo o el número de años necesarios para la jubilación completa. Estas medidas, que sin lugar a dudas
tienen efectos diversos en distintas carreras de cotización, en conjunto significan un recorte de entre el 10 y el 15 por ciento de la pensión media en el año 2030. Hay que tener en cuenta que nuestra pensión media es hoy, a paridad de poder de
renta con el resto de la Unión Europea, el 70 por ciento de la pensión media contributiva de la Unión Europea. Es decir, nos proponemos estancar y deteriorar nuestro sistema público de pensiones influyendo con ello muy negativamente en la
disparidad de rentas y también en la pobreza; hay que tener en cuenta que nuestro sistema de pensiones es una de las principales armas contra la pobreza. Si no tuviéramos el sistema público de pensiones no tendríamos un 20 por ciento de pobreza en
España sino que tendríamos aproximadamente un 32 por ciento de la población en situación de pobreza. Estamos por tanto tratando un tema de la máxima delicadeza por lo que llamaría al Gobierno a la responsabilidad, pero a una responsabilidad
distinta de esta responsabilidad y de esta austeridad por barrios que nos presenta el Gobierno. Señorías, ser valiente con los débiles no es valentía sino cobardía, y ser sumiso con los fuertes no es responsabilidad sino renuncia y sumisión, y en
nuestra opinión de eso estamos hablando con las propuestas que el Gobierno pone encima de la mesa.



Yo quería apuntarles, señorías, algo que a mi grupo le preocupa más en relación con la propuesta que hoy tenemos encima de la mesa y, sobre todo, con la interpretación de la propuesta restrictiva del sistema público de pensiones por parte
del Gobierno. El gran avance del Estado del bienestar no son solamente las políticas redistributivas o los servicios públicos. El gran avance del sistema del bienestar es la integración de distintos sectores sociales en las políticas sociales. La
integración de aquellos que tienen rentas más altas y de aquellos que o tienen rentas bajas o simplemente no tienen rentas. Pues bien, con esta propuesta, señorías, el temor de mi grupo parlamentario es que finalmente pasemos de un Estado del
medioestar a un Estado del malestar; es decir, que una parte de la población, la denominada de las clases medias, se aleje cada vez más de los sitemas públicos, recurra a comprar este tipo de políticas en el mercado y, con ello, convierta los
sistemas públicos, el de pensiones también, en sistemas asistenciales, en sistemas de pobres y con ello en pobres sistemas. Esa es, en nuestra opinión, una preocupación legítima que queríamos trasladarle a los grupos parlamentarios, en función de
la propuesta que hoy está encima de la mesa y de la interpretación de la misma por parte del Gobierno. Porque en el fondo, señorías, hay algo que, en nuestra opinión, es muy preocupante, y es que hay medidas que, acumuladas, pueden dar lugar a un
cambio de paradigma con respecto a nuestro Estado social precisamente en el momento más difícil, en el momento de la crisis económica, en el momento en que una sociedad debería ser capaz de llegar a acuerdos, de redistribuir esfuerzos en función de
las posibilidades de cada cual, y de generar confianza. En nuestra opinión, estas medidas del Gobierno no van en el sentido de aumentar la cohesión en nuestro país, de luchar contra la pobreza o de generar confianza en los ciudadanos, sino que van
únicamente a generar una confianza efímera en unos mercados insaciables que seguramente, después de este sistema o de este recorte


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de pensiones, pedirán el recorte de la negociación colectiva y no se sabe muy bien qué ocurrirá después; recorte de la negociación colectiva que, quiero recordarles, fue una conquista de los trabajadores lograda incluso en plena dictadura,
y vamos a abordar un recorte de una conquista social lograda con mucho esfuerzo y seguramente con mucho sacrificio.



Señorías, en relación con los puntos fundamentales de esta propuesta que no compartimos, se abren incertidumbres en alguna materia que yo quería señalar brevemente. Por ejemplo, una de las recomendaciones se refiere, de manera ambivalente,
a la revalorización de las pensiones. Se critica la congelación de las pensiones por parte del Gobierno pero, al mismo tiempo, se apuntan nuevos criterios para la revalorización de las pensiones. Como estamos, como estamos, a mi grupo le preocupa
que finalmente de lo que estemos hablando sea de no revalorizar las pensiones para proteger a las propias pensiones, en esta paradójica ética que se está produciendo en los últimos tiempos de manera bastante frecuente, que es la de defender un
sistema dilapidando y recortando ese sistema. Por otra parte, nosotros, lo he dicho antes, no compartimos, en absoluto, la propuesta de incrementar el número de años en el periodo de cálculo -y ya he dicho el porqué- y tampoco compartimos la suma a
la edad de jubilación a los 67 años y el aumento del período para obtener la pensión completa.
Todas estas medidas son recortes brutales de un sistema de pensiones, en nuestra opinión, con importantes carencias que no se merecen los ciudadanos y,
sobre todo, en un momento de crisis como el que vivimos.



Señorías, las consecuencias de estas medidas son, en nuestra opinión, el empobrecimiento de la sociedad española -es un incremento de una disparidad de rentas que ya es muy importante- y con ello la pérdida de la cohesión social, la
conversión de la pensión contributiva en una parte importante en una pensión asistencial y el incremento en el número de parados mayores. Hoy, señorías, lo vuelvo a repetir, los mayores de 60 años representan el 50 por ciento de parados en Europa.
Vamos a incrementar estas medidas, provocando medidas sucesivas de aumento de prejubilaciones, de jóvenes y de mujeres con pensiones mínimas y vamos a favorecer que una parte de las clases medias se lancen a utilizar de manera complementaria unos
fondos de pensiones que tienen muchas carencias en transparencia, en viabilidad, pero, en definitiva, a eso les vamos a empujar. Vamos a dar una parte de nuestro sistema público de pensiones a los fondos privados que esperan a la puerta para
quedarse con una parte muy importante de un fondo de reserva. En ese sentido, presentaremos en su momento un voto particular que se basará fundamentalmente en la separación de fuentes, en la unificación de regímenes, en la mejora del empleo de
calidad, en el desarrollo de los servicios públicos, en el cumplimiento del pacto en relación con el tema de la revalorización, en la propuesta que nos parece eficaz de la edad de jubilación a los 65 años, más las medidas de voluntariedad que han
mejorado esa edad real de jubilación en los últimos años. En definitiva, en medidas de reforma que consolidan el sistema, que no recortan y que no dan hachazos al sistema público de pensiones, como creemos debería ser la voluntad de esta Comisión y
debería ser también, no lo creo así por las declaraciones del ministro de Trabajo y del presidente del Gobierno, la voluntad y el compromiso del Gobierno.



Termino, señorías, refiriéndome al marco en que se incardina esta medida.
Tengo la impresión de que, después de un período de euforia, estamos en un período de depresión en la sociedad española, donde sus líderes, en concreto su Gobierno,
ha perdido ya la voluntad de cambio. Es evidente que nadie espera un cambio político y un cambio de políticas frente a la crisis. Ni siquiera el Gobierno se compromete en estos momentos con una salida pactada de la crisis, no ya con una salida que
aproveche la crisis para hacer cambios, sino una salida pactada donde se repartan esfuerzos y también posibilidades. No parece que ese tema esté encima de la mesa y, por tanto, el pacto es anacrónico. En el Pacto de Toledo sonamos bastante
anacrónicos respecto a la decisión tomada por el Gobierno, que es la de imponer un recorte en el sistema público de pensiones. Esa es la sensación de mi grupo. Quiero terminar agradeciendo el trabajo a todas las personas que han formado parte de
la subcomisión, de la Mesa y portavoces, a quienes nos han asesorado, los señores Ferreras y Panizo, al señor Morano, presidente de la Comisión, también al letrado, señor Gutiérrez, que nos han facilitado mucho el trabajo. Por último, quiero hacer
una reivindicación de la política, una reivindicación del Parlamento, aunque tenga la seguridad de que ni la política ni el Parlamento van a salir bien parados de esta situación, sino que parece que quienes van a imponer sus posiciones van a ser los
llamados mercados.
Pero como no se ha querido reflejar en las recomendaciones, únicamente diré una frase final: Todos los parlamentarios de esta Cámara, incluidos los parlamentarios de la Comisión, estamos sujetos a la legislación de Seguridad
Social, tenemos el mismo régimen que tienen todos los ciudadanos que tienen un empleo en este país. Por tanto, si hay que criticarnos, que se nos critique, es legítimo, pero que no se nos difame.



El señor PRESIDENTE: Señor Tardà.



El señor TARDÀ I COMA: Antes de empezar el relato de nuestra posición, desearía hacer mención de unas personas a las que quisiera agradecer su diligencia y su asesoramiento, empezando por usted, señor presidente.
Creo que su buen hacer ha
permitido un buen trabajo en la Comisión.
También quiero agradecer la diligencia sabia del señor Gutiérrez, el letrado, y el asesoramiento de los señores Ferreras y Panizo, que ha sido fundamental para el buen trabajo. También quisiera hacer una
mención de agradecimiento a la señora López i Chamosa y a los señores Burgos, Olabarría y Campuzano,


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porque han permitido, con su condescendencia, que las minorías parlamentarias pudiéramos estar presentes y trabajar más allá de lo que quizá el mismo Reglamento permitía, lo cual es de agradecer y quiero dejarlo explícito en estas primeras
palabras.



Hoy estamos un tanto sorprendidos por la resonancia mediática de esta Comisión. Si hablamos claro deberíamos decir que hemos hecho el traje a medida al Gobierno, porque las recomendaciones son tan abiertas, tan inconcretas que el Gobierno,
si quiere, puede entrar como elefante en cacharrería. Es decir, con estas recomendaciones el Gobierno tiene un instrumento con el que actuar haciendo realidad una idea que ha ido cuajando en los últimos tiempos -de ahí nuestra alarma- que viene a
decir que para salir de la crisis hay que recortar todo aquello que no sea económicamente eficiente. Esta es la idea de los mercados, del capitalismo más impúdico, el que lo basa todo no en la producción sino en la especulación. Este Gobierno,
creo que incluso ante la mirada sorprendida y un tanto perpleja de los compañeros diputados y diputadas socialistas, se ha convertido en el caballo de Troya de esta posición.
Unos cuantos ganarán más y la gran mayoría, como de costumbre, tendrán
que sacrificarse más. Esta es la ecuación. Lo otro son discursos para intentar aminorar la magnitud de la tragedia. Queda dicho que el sistema de pensiones del Estado español ni es el más generoso ni presenta más gasto público que el de otros
países. Ha habido compañeros que anteriormente ya han dado algunas cifras, y las conocemos. Queda claro que el 77 por ciento de los pensionistas no llegan a los 1.000 euros, un dato que sumado a otros ya da una imagen de dónde estamos. También
hay que recordar que venimos de un recorte importante en 2007, al que nuestro grupo parlamentario votó en contra. Nosotros no engañamos, pueden estar de acuerdo o no. Ya en 2007 tratamos los recortes en jubilación parcial, la revisión del cálculo
de la base reguladora para las pensiones de incapacidad permanente. Recuerden también el debate que tuvimos sobre la supresión de los días cuota, etcétera. Es un debate que ya tuvimos en su momento, no partimos de cero sino que venimos de un
proceso lento de pérdidas.



Queda claro que este documento que hoy se va a aprobar -no con nuestro voto- permite decir que el Gobierno se ha salido con la suya; ahora ya dispone de un material, las recomendaciones, que puede dar cobertura a cualquier proyecto de ley.
Creo que será, sin duda, un proyecto de ley basado en el tijeretazo -el compañero Gaspar Llamazares, con acierto, hablaba del hachazo-, de ahí nuestra preocupación. Se trata de una verdadera ofensiva del capital en un contexto de crisis económica
que nos lleva a un escenario de pánico, de terror, puesto que la ciudadanía ya se va dando cuenta de que estamos ante un escenario de desguace progresivo pero implacable del Estado social. Les recuerdo que en los años de bonanza económica 2004-2007
la población del Estado que vivía en el umbral de la pobreza nunca disminuyó del 19,5 por ciento y que hoy en el 2010 estamos instalados en el 20,8 por ciento, lo cual nos da una imagen clara de qué es lo que nos estamos jugando. De ahí que vayamos
a presentar un voto particular, de hecho son coincidentes, básicamente coincidentes, las razones de Esquerra Republicana con las del Bloque Nacionalista Galego e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.



El Gobierno además no ha jugado limpio, y creo que esto incluso se ha reflejado en las tensiones de la misma Comisión, y ciertamente, como decía el diputado del Grupo Popular, gracias al buen hacer, la buena relación personal y la voluntad
de trabajar con ahínco y con un criterio constructivo, no se ha resentido la institución, si me permiten, entrecomillado, Pacto de Toledo, porque había mimbres para que todo saltara por los aires, no solo por los cambios de opinión del Ejecutivo.

Fíjese, de la opinión del ministro Corbacho, cuando decía que no a los 67 años, al sí pero no, no pero sí del ministro Gómez ha habido un cierto estrés, por no mencionar que ha sido un Gobierno que ha actuado de forma muy patán -creo que en
castellano patán es un adjetivo contundente, rotundo-, puesto que ha sido incluso un tanto irrespetuoso con los trabajos parlamentarios, ya que en su momento esta Comisión se creó precisamente para sacar hierro, es decir, tacticismo político, a un
tema tan fundamental como el tema de las pensiones; por no hablarles del empecinamiento del Gobierno en el tema de la congelación de las pensiones, que hacía saltar por los aires una buena parte del ADN de la misma Comisión. Yo les hablaba antes
de la inquietud, de la confusión, puesto que la ciudadanía tiene claro que el sistema público de pensiones está en jaque; vamos a ver si es jaque mate, dependerá de la movilización popular. Por eso nosotros siempre decimos, y aprovechamos este
altavoz de la Comisión, que nadie, nadie se lleve a engaño. Es más, no sé si la traducción castellana es válida, en catalán decimos que quien avisa no es traidor. Supongo que es la misma expresión en castellano. Viene a ser algo muy parecido a
que nadie se duerma en los laureles pensando que le van a resolver los problemas. Si la ciudadanía no sale a la calle, no se moviliza, lo que viene es muy duro, y que nadie se lleve a engaño. Sí o sí es lo que nos dice el Gobierno: sí o sí a
aumentar el periodo de carencia para obtener la pensión; sí o sí a aumentar el cómputo del número de años para calcularla; sí o sí a aumentar la edad legal de jubilación. Y uno se pregunta a qué responde, repito, este empecinamiento.



Sé perfectamente que el presidente es muy condescendiente con los tiempos; estamos compartiendo el tiempo con el compañero Llamazares y no quisiera abusar puesto que es evidente que no podemos utilizar mucho más tiempo que el resto de
compañeros, pero déjenme que les diga un par de cosas sobre algunos temas concretos. El tema de la separación de fuentes hace más de diez años que se reclama, es fundamental. Un sistema contributivo de pago y de cuotas es fruto del retorno de
parte del que se ha cotizado anteriormente, luego los excedentes tienen que destinarse a la redistribución


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de riqueza. No al reconocimiento de pensiones no contributivas porque afecta, además, a su sostenibilidad y al principio de contributividad.
Las pensiones no contributivas a cargo de los Presupuestos Generales del Estado sin más, esta es
nuestra posición, y otras partidas, incluso algunas que quizás pudieran considerarse menores, como las del coste del personal de la Seguridad Social, también. Antes, la compañera del Bloque Nacionalista Galego ha hecho mención a los 7.000 millones
de euros que significa todo ello. Solucionar esta disfunción presupuestaria debe ser anterior a cualquier otra medida que persiga la sostenibilidad del sistema.



Respecto a la revalorización de pensiones, es un mecanismo que hace justo el modelo de pensión y prestaciones. Los beneficiarios son pasivos, luego no pueden tener otros ingresos por el régimen de incompatibilidades. Por ello, es
fundamental la revalorización y no sujeta -porque nos parece impúdico- a coyunturas. Respecto a la adecuación de las bases y de los periodos de cotización, hay que mejorar la justicia contributiva. Es bueno en términos generales, es decir, a más
contribución, más retorno pero no en términos, a nuestro entender, individuales sino colectivos.
Cargar el sistema con prestaciones demasiado altas es peligroso en términos financieros, aunque comporte incremento de las bases máximas de cotización.
Nuestro punto de vista -y ya veremos cómo lo traduciremos en el trámite parlamentario del proyecto de ley- es que no hace falta que sean las más altas, lo que hay que garantizar es un nivel de vida digno, y en ese sentido ya plantearemos un conjunto
de propuestas. Respecto -y voy terminando- al periodo de cálculo, que nadie se engañe ni lo pretenda, si de los actuales quince últimos años se pasa a veinte, la pensión media, que hoy supone el 80 por ciento del último sueldo, será solo del 70 por
ciento, y ya no les digo si acaba siendo verdad lo que últimamente parece que tiene pensado el Gobierno, es decir, todo es susceptible de empeorar. Con lo cual, que Dios nos coja confesados, dicho con toda la ligereza de un laico y republicano.
(Risas.) Ya veo que el compañero Gaspar Llamazares casi casi me recrimina con la mirada que haya mencionado a Dios. (Risas.) En este caso, si Dios lo arreglara, pues bienvenido Dios, pero creo que ni él puede arreglarlo. (Risas.)


Retrasar la edad de jubilación no es necesario. Hacerlo no es malo en sí mismo, pero solo es así, a nuestro entender, si se trata de una medida voluntaria. En un contexto de jubilación gradual, flexible, incentivada ya ha dado resultados.
Hoy estamos en 63,27 años, pero ustedes saben perfectamente que tenemos datos más o menos coincidentes sobre lo que significaría respecto a la pérdida de la pensión. Hablamos de un 20, 23 o 24 por ciento, dependiendo de las distintas variables que
se puedan introducir. Por tanto, incrementar la edad de jubilación no comporta necesariamente favorecer la ocupación de las personas de más edad, teniendo en cuenta que la tasa de empleo de las personas en la franja de edad 50-65 nunca ha superado
el 54 por ciento y que en la actualidad en el Estado español una de cada tres personas de esa edad está en el paro.
Si retrasan la edad legal esos trabajadores todavía verán más menguadas las pensiones atendiendo a las cuantías de reducción. Tal y
como decían también nuestros compañeros del Bloque Nacionalista Galego y de Izquierda Unida, no negamos la necesidad de hacer reformas, no estamos instalados ni en la radicalidad ni en el inmovilismo. Es más, creo que hemos contribuido a aportar al
consenso en estas recomendaciones, por ejemplo en el ámbito de la pensión de viudedad y de orfandad y en otros distintos, mimbres para poder hacer una reforma en clave progresista pero no en aspectos troncales, que entendemos que son atentatorios
del sistema público de pensiones.



Por último, quería agradecer la predisposición de los compañeros a dar participación a las minorías parlamentarias, pero también les digo que tengo la impresión de que la batalla no está perdida, aun cuando entendemos que es una perversión
que estas recomendaciones vayan a Pleno dos días antes, pocas horas antes de que el Gobierno tenga fijada la aprobación en el Consejo de Ministros del proyecto de ley. Esto es una perversión de esta Comisión e, incluso, atenta a la dignidad del
trabajo parlamentario, puesto que uno no tiene por qué presuponer que el plenario va a decir A. El plenario podría decir B, con lo cual qué sentido tendría que el Gobierno aprobara el proyecto de ley al cabo de cuarenta y ocho horas o menos horas.
Afortunadamente, días antes, posiblemente habrá una gran movilización ciudadana y creo que lo que ahora el Gobierno no atiende de estos grupos parlamentarios minoritarios, seguramente tendrá que atenderlo cuando vea que miles y miles de trabajadores
salen a la calle para contestar este ataque al sistema público de pensiones, que es la joya de la corona de los trabajadores y las trabajadoras, construido con mucho esfuerzo y sacrificio a lo largo de muchos años.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Emilio Olabarría.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señorías, compañeros del Pacto de Toledo, tras estas interesantes disquisiciones teológicas del señor Tardà, donde si la Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo podría demostrar la existencia o no de Dios,
cubriría sus mandatos de largo (Risas.), in extenso, quisiera dar por reproducido -si me lo permite, haciendo propias las palabras de los compañeros que me han antecedido en el uso de la palabra- el trámite de agradecimientos. Yo también participo
de los mismos agradecimientos que se han consignado aquí, por ser coherente con ese pretendido mito antropológico que se nos atribuye a los vascos de ser parcos en palabras; yo sé que es difícil de creer focalizando el mito en mi persona, (Risas.)
pero, en todo caso, el mito existe, señor presidente.



Decía el señor Burgos en sus reflexiones finales, citando a San Agustín, que esta Comisión del Pacto de Toledo ha sido desacreditada en múltiples foros, mediáticos


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y académicos, y no sé muy bien por qué. Se puede citar también a San Agustín en este ámbito. San Agustín decía lo siguiente: Si me miro a mí mismo no soy nada, si me comparo la cosa cambia. (Risas.) Desde esa perspectiva, queda dicho y
bien parafraseado San Agustín. (Risas.) Yo creo que el trabajo de esta Comisión es relevante, técnica y jurídicamente. El andamiaje, fruto del consenso, del cual hacía una reflexión apologética el señor Burgos, no debe ser objeto de menosprecio,
porque es fruto de un trabajo honesto e intenso sobre todo. Ha habido cuarenta reuniones e infinitas mesas y portavoces así como reuniones extraformales de los que estamos aquí presentes en este momento. Además es un trabajo que se puede condensar
en una invocación -citando las tesis bíblicas o las citas teológicas-: nuestra fe en el sistema público de pensiones, la fe que todos hemos manifestado en nuestro sistema, en un sistema caracterizado como de reparto, basado en la solidaridad
intergeneracional, basado en lo que hemos configurado como un sector del ordenamiento jurídico -y lo decía también el señor Burgos- fluctuante, sujeto a permanentes reformas que atienden a los requerimientos de la realidad económica y social. No
hay un sector del ordenamiento jurídico más móvil y más fluctuante que aquel que regula nuestro sistema público de pensiones. Esto ha funcionado bien. El señor Burgos lo decía con precisión, ha funcionado bien. Desde esa perspectiva, nosotros
tenemos fe y manifestamos y compartimos esta fe en el sistema, con su carácter de sistema de reparto basado en la solidaridad intergeneracional, y nos preocupa intelectualmente, desde una perspectiva de pura reflexión intelectual, la banalización de
los problemas, o incluso su negación, que afectan al sistema tal y como está configurado actualmente y tal y como va a seguir configurado troncalmente o filosóficamente en el futuro.
Banalizar los problemas demográficos sencillamente es una
frivolidad, señor presidente. El decurso de la tasa de dependencia, que nos va a llevar en el año 2060 a la existencia de un trabajador -ocupado o no ocupado, esa es otra cuestión- por cada pensionista o cada beneficiario prestatario de una
contingencia protegida no es una banalidad, y no ha de ser objeto ni de banalización ni de relativización. Preocuparnos por las tasas de desempleo no es una banalidad, en tanto en cuanto en los sistemas de reparto son los trabajadores empleados -no
los desempleados- los que financian las prestaciones de los beneficiarios de las contingencias protegidas. Qué contingencias deben ser objeto de protección no es ninguna banalidad, atendiendo al contenido esencial de los artículos 41 y 50 de la
Constitución y su ya prolijo desarrollo jurisprudencial constitucional, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. No se puede ignorar que estos problemas existen a la hora de afrontar el mantenimiento de un sistema en el que todos hemos
manifestado, en términos generales, nuestra fe, en tanto en cuanto estas resoluciones -salvo opiniones en contrario que estoy escuchando hoy por primera vez- están consensuadas por todos los grupos y todos los portavoces que hemos participado en los
trabajos de la Comisión del Pacto de Toledo. Todo el mundo tiene legitimidad para presentar propuestas de resolución hasta el día 24 a las dos de la tarde, si no recuerdo mal, y nosotros las presentaremos, pero este andamiaje, estas recomendaciones
son fruto de un amplísimo consenso, con alguna matización que a continuación voy a realizar, señor presidente.



La primera reflexión puede llamar la atención planteada así abruptamente, y es por qué estamos aquí. ¿Por qué hay que reformar en este momento el sistema público de pensiones español? Y sobre todo la inquietud o la duda sobre la
oportunidad -y es un criterio de oportunidad acometer esta reforma estructural importante en este momento- se acrecienta después de haber oído decir hace dos fines de semana al presidente Zapatero en un acto público que esta reforma no dimana de los
requerimientos de los mercados -tan reiteradamente citados en la mañana de hoy, aunque todos seguimos sin conocerles, sin saber quiénes son, qué configuración tienen, si son personas físicas o jurídicas ni a qué dedican el tiempo libre, aunque lo
intuimos-, ni tampoco dimana esta reforma estructural -seguía diciendo Zapatero- de un requerimiento de la presión de las dificultades de colocación de la deuda de los países periféricos. Algún día habrá que analizar quién está provocando esa
desconfianza y esa presión contra la deuda de los países periféricos, porque cuando se pone en riesgo la deuda o la solvencia de los países periféricos de Europa, de la Unión Europea, los países centrales continentales ven de repente expedito el
mercado y tienen muchas más capacidades para colocar su propia deuda. Pero esta es una reflexión ajena a estos requerimientos. Luego si no se trata de un requerimiento ni de los mercados ni de los problemas sobre la deuda ni la volatilidad del
sistema financiero de la Unión Europea, ¿por qué tenemos que acometer esta reforma precisamente ahora, en este momento, en el ejercicio presupuestario en el que se han aprobado los presupuestos seguramente más austeros de nuestra historia
democrática -corta historia democrática-, los más austeros?


Se pretende acometer esta reforma cuando se recortan derechos bajo el sofisma -o el eufemismo muchas veces- de medidas de austeridad o requerimientos en este caso sí de los mercados, como la desaparición del Prodi, la desaparición de la
prolongación del subsidio de desempleo, la desaparición del cheque bebé, que está provocando perversiones -las pudimos oír ayer- tan brutales como la precipitación de algunos alumbramientos para poder acogerse a esta medida que vamos a calificar de
natalista; cuando se incrementa la tarifa eléctrica; cuando en la reforma laboral se descausaliza el despido por causas objetivas; cuando se congelan las pensiones o casi todas las pensiones, todas menos las mínimas o no contributivas. ¿Por qué
ahora, si no es un requerimiento de los mercados, si los mercados están tranquilos? Terminaba sus reflexiones el presidente Zapatero diciendo que estamos garantizando no nuestras


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pensiones, las de los que estamos aquí o las de algunos de los que estamos aquí de mayor edad, sino las pensiones de nuestros hijos y de nuestros nietos. ¿Pero es que no podemos esperar al año que viene para garantizar las pensiones de
nuestros hijos y nuestros nietos o esperar cuando menos, en una perspectiva de rigor en el análisis de los acontecimientos económicos, la evolución del ciclo económico en el año que viene o al siguiente quizá, sabiendo que hasta el año 2025 tenemos
el sistema de la Seguridad Social, uno de los sistemas públicos de pensiones de los más saneados económicamente de la Unión Europea? Es uno de los más saneados y todavía genera superávit de 8.000 millones de euros y consolida fondos de reserva de
65.000 millones de euros. ¿Es que es tan perentoria esta reforma, cuando los mercados no la están reclamando pretendidamente, en expresión del señor Zapatero? Esta es la primera reflexión, que me llama poderosamente la atención porque esta reforma
se concentra con otras múltiples reformas que suponen recortes de derechos, medidas de austeridad, en definitiva, elementos de regresión para las personas -los trabajadores- más débiles de nuestra sociedad que se acometen a través de otras medidas,
de otras normas jurídicas o de otras reformas estructurales.



En segundo lugar, señor presidente, hay otra cosa que me llama poderosamente la atención. Uno tiene la impresión -compartida por lo que veo por el señor Llamazares, el señor Tardà, la señora Fernández Davila- de que el Gobierno va a
considerar estas recomendaciones a beneficio de inventario. Uno tiene la impresión, no la seguridad. A beneficio de inventario ¿por qué? Porque estas recomendaciones las podemos aprobar hoy con toda probabilidad, pero pueden ser objeto de
modificación el día 25.
El Gobierno nos va a presentar su proyecto de ley el día 28 de enero. Es previsible que si el día 28 de enero el Gobierno va a presentar públicamente el proyecto de ley de reforma global del sistema de pensiones, este
proyecto de ley esté ya redactado en el día de hoy pero desde luego va a estar redactado el día 25, y el día 25 puede haber modificaciones o recomendaciones que sean objeto de modificación; o el proyecto de ley puede no acogerse a estas
recomendaciones, previstas de forma un tanto genérica y por tanto amplias, para ser positivizadas en el ordenamiento jurídico, pero puede no tomarlas en consideración. Luego llama poderosamente la atención que una comisión como la que usted tan
brillantemente ha presidido, señor presidente, pero que llevaba una vida lánguida en los últimos tiempos, de repente se haya puesto a funcionar poniendo la máquina a trabajar a su máxima presión, a su máxima intensidad, para que en un tiempo récord
y con una forma de trabajar de carácter casi presbiteriano estemos en condiciones -con la ayuda inestimable del letrado de la Comisión, al que me quiero dirigir específicamente en el ámbito de los agradecimientos- de presentar recomendaciones que no
son irrelevantes, que son muy importantes y que en mi opinión están muy bien configuradas, señor presidente. Solo hay dos hechos inéditos en estas recomendaciones, dos hechos que no concurrieron ni en el año 1995, cuando se configuró el Pacto de
Toledo y se aprobaron sus primeras recomendaciones, ni en el año 2003. En primer lugar, se consigna un reproche político al Gobierno en lo relativo a la congelación de las pensiones. Se le dice al Gobierno que ha incumplido los requerimientos
consignados en el Pacto de Toledo en su doble formato, en su doble configuración, la del año 1995 y la del año 2003. Es la primera vez que se le reprocha a un Gobierno desde la Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo el incumplimiento de una de
sus recomendaciones, que por cierto es el incumplimiento del contenido esencial del artículo 41 de la Constitución, el incumplimiento del contenido esencial del artículo 50 de la Constitución y el incumplimiento de la Ley General de la Seguridad
Social configurada en el Real Decreto Legislativo 1/1994.



Hay otro hecho inédito en el ámbito de esta Comisión: hay una discrepancia. Se consagra una discrepancia, que es la relativa a la edad legal de jubilación. Las recomendaciones del año 1995 y las de 2003 fueron todas aprobadas por
unanimidad, y ahora se institucionaliza o se consagra una discrepancia que no es baladí, aunque el problema de la edad de jubilación metodológicamente está muy mal tratado. Está muy mal tratado por quienes han establecido que la edad legal debe
incrementarse a 67 años y está muy mal tratado, y es la parte más débil y frágil del trabajo de los comisionados, en las recomendaciones del Pacto de Toledo, donde solo se consigna la discrepancia pero no los problemas de la edad legal de
jubilación. Los problemas de la jubilación no están vinculados solo a la edad en la que la gente se debe jubilar legalmente. Los problemas hacen referencia a la configuración normativa de la contingencia en su conjunto. No es posible hacer una
reflexión focalizada exclusivamente sobre la edad legal de jubilación sin considerar cuál es la edad real de jubilación en primer lugar, y uno de los problemas que se plantea es que la edad real de jubilación no son 65 años, son 63 años y cuatro
meses. Es menester buscar procedimientos para que la edad legal coincida con la edad real; esto nos evitaría la necesidad de adoptar medidas más traumáticas, como puede ser el incremento de la edad legal de jubilación. Si el argumento que utiliza
o el fundamento conceptual del Gobierno para incrementar de 65 a 67 años la edad legal de jubilación es conseguir que los trabajadores se jubilen no a los 63 años sino a los 65 de verdad, está utilizando la peor de las fórmulas. Hay otra que se
consigna y se indica aquí, en las recomendaciones del Pacto de Toledo. El problema de que la edad real de jubilación esté en este momento en el entorno de 63 años y unos meses más se debe al efecto de retroacción de las numerosísimas
prejubilaciones existentes en el Estado español y que se han utilizado, como se denuncia en las recomendaciones del Pacto de Toledo, como un instrumento de regulación de empleo. Facilitar las prejubilaciones es la peor forma de regular el empleo y
de atender a los requerimientos del empleo de las empresas. Hay once fórmulas de acceso


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a la jubilación y hay otras once, por lo menos, de acceso a la prejubilación, y esa abundancia desmesurada de prejubilaciones hace que la edad real y la edad legal de jubilación tengan una divergencia cronológica manifiestamente desmesurada,
con los problemas económicos que eso provoca a los equilibrios financieros del sistema. ¿Cómo podría el Gobierno, en nuestra opinión, afrontar este concreto problema? Reduciendo, mediante un sistema de rígida causalización, las prejubilaciones y
limitándolas a lo que se consigna en las recomendaciones que hemos aprobado entre todos y por consenso: a los trabajos penosos, tóxicos y peligrosos y a aquellos que generan particular morbilidad o mortalidad, que es, por cierto, la recomendación
de la OCDE y la recomendación del Libro Blanco para la reforma de las pensiones de la Unión Europea.



Tampoco se puede analizar o focalizar el problema de la jubilación si no se atiende al número de años que debe ser objeto de cómputo para el acceso al cien por cien de la edad de jubilación. En este momento la legislación española prevé
treinta y cinco años para obtener o para causar el derecho al cien por cien de la edad de jubilación. La reforma que se está acometiendo en otros países, particularmente en Francia y en Austria, para llegar al cien por cien es incrementar el
cómputo de años necesario mediante un sistema gradual. Lo ha hecho Austria, incrementando de quince a cuarenta años este periodo de cómputo para causar el derecho al cien por cien de la jubilación, y lo ha hecho Francia también, elevando de diez a
veinticinco años este periodo de cómputo para causar el derecho al cien por cien de la contingencia de jubilación. Se podría pensar en un sistema gradualista también, en un sistema de dieciocho o veinte años, mediante una aproximación de tracto
sucesivo, para llegar al cien por cien de la pensión de jubilación, es decir, que los que se jubilen en el año 2011 y tengan treinta y cinco años de cotización puedan jubilarse con 65 años y el cien por cien de la pensión de jubilación; los que se
jubilen en 2012 puedan jubilarse con 65 años y el cien por cien de la pensión de jubilación si han cotizado un año más, treinta y seis; los que se jubilen en 2013 y hayan cotizado treinta y siete años puedan llegar al cien por cien de la pensión de
jubilación y se puedan jubilar con 65 años; y así sucesivamente. Se puede pensar en un sistema gradualista, como han hecho en Austria, en Francia, en Finlandia y en otros países, pero -cuidado- sin merma de lo que ya ha consagrado la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional de forma inequívoca desde la primera sentencia en la que se refirió esta cuestión del nivel y cuantía de la protección, sin incurrir en irregresividad, e incurrir en irregresividad supone o endurecer las
condiciones de acceso a las contingencias protegidas o disminuir la cuantía con la que se protegen estas contingencias que son objeto de protección, porque así lo prevé nuestro ordenamiento jurídico. Desde esa perspectiva, lo que ha hecho el Pacto
de Toledo es lo que puede hacer. Como metodológicamente se ha afrontado mal el debate de la jubilación y no se ha afrontado la modificación de la protección de esta contingencia en su conjunto, sino que se ha focalizado el problema exclusivamente
en uno de sus factores, el del incremento de la edad legal de 65 a 67 años, lo único que ha podido hacer el Pacto de Toledo es manifestar su discrepancia con el incremento de la edad legal.



Para manifestarnos sobre todo lo demás, ¿qué necesitamos, señor presidente? Conocer el proyecto de ley que el Gobierno va a aprobar el 28 de enero. ¿Y cómo? De forma concurrente, porque son cuestiones interseccionadas. (Risas.) No, no es
una reflexión escapista, señor presidente. Uno intenta ser tributario del rigor, y ya le digo que en este momento, y para que vea que es cierto lo que le estoy diciendo, lo que el Pacto de Toledo recomienda, ante la imposibilidad de buscar un punto
de consenso sobre esta cuestión, la relativa a la edad legal, es lo que recomendó en el año 1995 y lo que volvió a recomendar en el año 2003, es decir, que la edad legal de jubilación no debe incrementarse. Me siento comprometido y concernido con
estas recomendaciones, porque sobre esta cuestión no hay ningún compromiso en este documento que hoy estamos aprobando. Ahora bien, no solucionamos el problema, porque incurriríamos en una frivolidad aparatosa -y esto puede provocar que alguien
pueda convocar huelgas generales y que otras personas puedan tener réditos políticos fáciles-, focalizando la jubilación solo en este aspecto concreto de los múltiples que deben ser analizados, pero de forma interseccionada, de forma conjunta,
porque todos están relacionados entre sí. Me siento comprometido con lo que el Pacto de Toledo ha propugnado en sus anteriores recomendaciones, es decir, que la edad legal debe seguir siendo 65 años. Ya veremos cómo se soluciona, en el proyecto de
ley que el Gobierno presente, esta cuestión, que admite muchas modulaciones, muchas matizaciones, pero que requiere sobre todo afrontar en su totalidad la regulación de la protección de esta particular contingencia.
Es muy morboso, lo comprendo,
muy mediático y muy fácil también solo afrontar el problema de la jubilación desde la perspectiva de la edad legal, pero ni es lo más importante ni es lo único ni se puede analizar este problema desvinculado de todas las demás circunstancias o de
todos los demás problemas que afectan a esta contingencia concreta que he comentado.



En relación con el Fondo de reserva, que es una de las recomendaciones, hay un problema en este momento. ¿Dónde se van a invertir los activos del Fondo de reserva? Aquí quizá hemos sido demasiado precavidos o cautos los miembros de la
Comisión, y yo solo quiero hacer una reflexión en cuanto a las inversiones de los activos del Fondo de reserva a efectos de incrementar su rentabilidad y su cuantía, por tanto, que es lo que se pretende. El spread, el diferencial a efectos de
colocación de la deuda española con la deuda alemana es ya de 300 puntos. Si se van a focalizar o a limitar las inversiones del Fondo de reserva en deuda española exclusivamente, las rentabilidades van a estar severamente comprometidas.
Es la
única reflexión, que incluso la vamos a articular en forma


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de propuesta de resolución antes del día 25, y que el Gobierno se la tome a beneficio de inventario como todo lo demás. Veremos lo que hace con ella.



En tercer lugar, en relación con los trabajadores autónomos hay un problema de desigualdad. La protección con cargo al sistema de Seguridad Social de los trabajadores autónomos sigue siendo manifiestamente desigual y peor que la de los
afiliados al régimen general. Es más, de una forma cautelar ha adoptado el Gobierno una decisión que consiste en prohibir a aquellos trabajadores autónomos que han estado cotizando históricamente por bases mínimas saltar en los últimos quince años
hacia las bases máximas de cotización para obtener la pensión máxima de las previstas, topando esa posibilidad de saltar a la base máxima de cotización. Puede ser que esta actuación de los trabajadores autónomos tuviera un fumus de actuación
fraudulenta para conseguir mayores pensiones, pero en relación con los autónomos tenemos que mejorar de forma muy notable su protección en relación con todas las contingencias protegidas. Así se han manifestado sus asociaciones y así nosotros lo
vamos a exigir en forma de propuestas de resolución.



En relación con los jóvenes ha habido una propuesta muy importante que quiero poner de relieve. Los jóvenes que ya están en condiciones de ingresar en el mercado de trabajo tienen un problema en cuanto al futuro de sus pensiones, que es el
carácter precario de su trabajo, el carácter temporal, la mala calidad de su empleo y la terrible rotación que existe en un mismo puesto de trabajo de distintos jóvenes que se van sustituyendo unos a otros. Desde esa perspectiva, una recomendación
que yo considero muy importante es que en estas condiciones, y con una radiografía del mercado de trabajo de los jóvenes de estas características -por cierto, el 40 por ciento de los jóvenes está desempleado en estos momentos, lo cual es una
patología que habría que corregir de alguna manera-, no es posible que un joven pueda articular en este momento una carrera de seguro suficiente seguramente ni para causar derecho a la pensión de jubilación. Y si tiene carrera de seguro suficiente
para acceder a la pensión de jubilación va a ser a través de una cotización sistemáticamente y durante toda su historia laboral por bases mínimas y a la pensión mínima de jubilación -o muy mermada- prevista en el ordenamiento jurídico.



Lo mismo que de los jóvenes se podría decir respecto a otras cuestiones que son importantes, pero no me gustaría agotar el tiempo, por ejemplo, respecto a la gestión del sistema y el reconocimiento del hecho autonómico, al que seguramente se
referirá también el señor Campuzano.
Sobre las competencias autonómicas en materia de gestión del sistema público de pensiones el Estatuto de Autonomía de Gernika tiene dos títulos competenciales que gobiernos anteriores al actual, al del
presidente Zapatero, han considerado que son incumplibles, aberración jurídica como otra cualquiera. No sería la primera ni la última que se ha escuchado en esta Cámara: que hay preceptos que forman parte del bloque de constitucionalidad que por
su propia naturaleza son incumplibles. Es decir, se ha llegado a decir que el reconocimiento de lo que prevén el artículo 18.2 y la disposición transitoria quinta del Estatuto de Autonomía de Gernika, que prevén la transferencia al Gobierno vasco
de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, contradice el principio de caja única, que es un principio metajurídico originalmente, de carácter jurisprudencial, y que por tanto no se puede cumplir.
Nosotros vamos a exigir que se
cumplan estos requerimientos competenciales porque también la asunción de requerimientos competenciales mejora la gestión del sistema, y mejorar la gestión del sistema es seguramente una de las recomendaciones más relevantes para garantizar la
sostenibilidad del sistema; también el artículo 105 -me parece recordar- del Estatuto de Autonomía de Cataluña consigna competencias exclusivas en materia de Seguridad Social, cuestión que no han eludido por primera vez los comisionados del Pacto
de Toledo.



Se mantienen las mutuas de accidentes de trabajo, encomendándoles, junto a otra serie de instituciones públicas, la lucha contra el fraude, recomendación ya consignada desde el año 1995, y una de las subespecies más lesivas y más patológicas
del fraude es el absentismo laboral. Se hace una invocación al ministerio fiscal, a la Administración de la Seguridad Social, al Ministerio del Interior, a diversos poderes públicos concernidos con la represión del fraude, porque esa es una
verdadera patología con la que vamos conviviendo y en ocasiones incluso tolerando peligrosísimamente, señor presidente. Desde esa perspectiva, en la lucha contra el fraude y contra el absentismo el papel de las mutuas es particularmente relevante,
así como el mantenimiento de su naturaleza jurídica. Quiero denunciar el intento, afortunadamente fallido para ellas y para todos los ciudadanos, de la Ley de Presupuestos Generales del Estado que acabamos de aprobar de publificación de entidades
de naturaleza jurídico-privada, de publificación de sus funciones y absorción de todo su patrimonio, de sus fondos de reserva y de su patrimonio inmobiliario. Eso no fructificó y afortunadamente las mutuas van a mantener su naturaleza jurídica y
van a ser entidades colaboradoras en la gestión de las contingencias que a ellas les corresponde proteger, y desde esa perspectiva hemos conseguido realizar o configurar una recomendación muy importante para el mantenimiento del sistema de pensiones
con carácter general.



Sobre la contributividad ya hemos dicho todo lo que había que decir, y el principio de contributividad se basa en lo que la jurisprudencia constitucional ya ha consagrado. El sistema de Seguridad Social del Estado español es legal, no es un
sistema solo contributivo, según establece la jurisprudencia constitucional. Es decir, es un sistema que a efectos de reconocer una cuantía determinada de pensión no tiene que basarse en lo realmente contribuido por el prestatario, por el
beneficiario, sino que debe atender a razones de coyuntura económica, y cuando los ciclos económicos son declinantes debe


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atender a esas circunstancias y topar las pensiones, por eso se topa la pensión máxima desde la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 1985. Pero la jurisprudencia constitucional, señor presidente, dice otra cosa muy importante:
el derecho a una cuantía determinada de pensión es una específica manifestación del derecho de propiedad privada -reconocido por otro precepto constitucional, el artículo 33-, solo objeto de limitación mediante la expropiación o el instrumento de la
expropiación, mediante la invocación de una justa causa, mediante un expediente de expropiación y la correspondiente indemnización. Si a las personas que, mediante las medidas anticúmulos y topando las pensiones, han contribuido más que el tope que
legalmente se establece todos los años en la ley de presupuestos se les priva de aquello a lo que tienen derecho por su contribución durante la vida laboral, se les está expropiando esta cantidad, se les está vulnerando su derecho a la propiedad
privada sin invocación de justa causa alguna, sin un expediente de expropiación y sin la correspondiente indemnización, y lo mismo pasa con los prejubilados.



Para acabar, como veo que sus miradas empiezan a tener lo que en semiótica se llama coerción o requerimiento, quiero decirles que hay una última recomendación relativa a los sistemas complementarios, que acreditan el fracaso de la Ley de
Fondos de Pensiones del año 1987. Aquí se ha hablado mucho de los fondos y de los planes de pensiones desde una perspectiva un tanto demagógica, en mi opinión -con todos los respetos a quienes han hecho esas reflexiones-, de que los fondos y planes
de pensiones son instrumentos para fortalecer el sistema bancario, el sistema financiero, y es mentira. Los sistemas de pensiones de empleo, los que se establecen a partir de la negociación colectiva laboral, no son así. Lo que pasa es que desde
que se aprobó la Ley de Fondos de Pensiones en el Estado español, de los de empleo, de la modalidad de empleo, solo hay un 5 por ciento del total de los aprobados desde el año 1987, y de la modalidad individual, que sí engrosan las finanzas de las
entidades de crédito, hay más de un 85 por ciento, cuando la Ley de Fondos de Pensiones estaba vocacionada para potenciar los de la modalidad de empleo, los que no son instrumentos que fortalecen el sistema financiero o el sistema bancario porque
sus condiciones se articulan en la negociación colectiva laboral en los convenios colectivos y se controlan a través de las comisiones de seguimiento compuestas por trabajadores y por empresarios. Sus activos luego serán gestionados por
profesionales en la gestión de activos, pero el control pertenece a los propios trabajadores y empresarios que han signado un convenio colectivo en el que se ha podido aprobar un fondo de pensión de la modalidad de empleo. Este es un fracaso que
afecta a la sostenibilidad financiera del sistema y que no ha ocurrido en Euskadi.
Señor presidente, en Euskadi existen unas entidades que se llaman entidades de previsión social voluntaria, que están reguladas por una ley vasca, la Ley de
entidades de previsión social voluntaria de Euskadi, que en este momento ha posibilitado la creación para grupos de empresas, los más importantes de Euskadi, de 117 entidades de previsión social voluntaria, EPSV, que llegan a cubrir el 28 por ciento
del producto interior bruto de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Esto es una buena gestión del sistema complementario. Lo demás es lo que decían algunos de mis compañeros en el uso de la palabra, lo demás es fortalecer el sistema bancario; en
materia de rescate y de retorno estar al albur de los requerimientos que el sistema bancario tenga en cada momento, de su fortaleza o debilidad.



Y en relación a la mujer y la protección social -con esto acabo, señor presidente, y esto ya es una promesa formal- nadie se ha referido a una de las recomendaciones más relevantes que hemos podido consensuar en el Pacto de Toledo, el
reconocimiento de la menor protección de las mujeres en nuestro sistema prestacional y la necesidad de remover esta desigualdad manifiestamente injusta; el reconocimiento de que las mujeres dedican más tiempo que los hombres, perturbando su carrera
laboral, al cuidado de niños y al cuidado de personas dependientes, y la necesidad de reconocer esos periodos dedicados al cuidado de niños y personas dependientes como periodos asimilables al alta y que, por tanto, no quebranten sus carreras de
seguros, que por la circunstancia o la desigualdad que provoca que sean mayoritariamente mujeres las que se dedican al cuidado de niños o personas dependientes no pierdan carreras de seguros y, por tanto, no pierdan protección social en la misma
cuantía prevista para los hombres.



Dicho esto, señor presidente, y agradeciendo su manifiesta benevolencia, aquí, como decía el pensador filósofo Kierkegaard, lo que estamos buscando es la dramática persecución de lo obvio. ¿Qué es la dramática persecución de lo obvio? Un
nuevo modelo de crecimiento, un tipo distinto de producción, una apuesta por las personas, por el capital humano, una apuesta por la inteligencia, una apuesta por la investigación, por el desarrollo. Todo esto es lo que necesita la sostenibilidad
financiera de nuestro sistema de pensiones. Vamos a hacer caso al pensador danés Kierkegaard y vamos a intentar aquello para lo que el Pacto de Toledo nació, no utilizar las pensiones como elemento de rentabilidad electoral.
Yo creo que la mayoría
de los que estamos aquí nos hemos comprometido con este requerimiento y, en consecuencia, agradezco a todos mis compañeros el esfuerzo por desvincular el fácil uso de las pensiones y la propensión al pánico que tiene la ciudadanía en relación con
las pensiones como instrumento para la obtención de bastardos réditos electorales. Nosotros desde luego lo hemos intentado.



El señor PRESIDENTE: Con el permiso de todos ustedes suspendemos diez minutos. (Pausa.)


Señorías, reanudamos la sesión.



Tiene la palabra don Carles Campuzano, al que le pido que sea tan sintético como los anteriores. (Risas.)


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El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Voy a empezar por la fase de agradecimientos; en primer lugar, por su Presidencia, creo que a su manera, a su estilo, ha sabido conducir los trabajos de esta Comisión y mi grupo se lo quiere agradecer de
manera específica y concreta. El presidente de una Comisión como esta siempre tiene un papel relevante para conseguir los objetivos marcados y usted personalmente puede sentirse plenamente satisfecho de su papel en todo este proceso. También, muy
singularmente, nuestro agradecimiento al señor Gutiérrez Casillas, a quien le ha tocado un papel siempre complejo, difícil, nada fácil, en ese método de trabajo que nos habíamos marcado, que era discutir entre todos el sentido de las recomendaciones
y trasladarlo luego en papel escrito.
Creo que ha sabido recoger el sentido y la orientación de las recomendaciones que el conjunto de los grupos queríamos hacer, y eso hay que hacerlo constar. Lógicamente nuestro agradecimiento a los altos cargos
del Ministerio de Trabajo, a los señores Farreras y Panizo. No recuerdo quién ha sido, creo que la señora Fernández, que decía que con sus aportaciones en el grupo de trabajo, en la reunión de Mesa y portavoces, nos han ayudado a entender mejor el
sistema de pensiones en el Estado español. Efectivamente, sus aportaciones han dado garantías de que el trabajo de esta Comisión sea un trabajo riguroso, bien hecho, que podamos exhibir sin ningún tipo de rubor. Y también a los colegas que han
sido portavoces de los grupos parlamentarios. Creo que era el señor Burgos quien decía que en un proceso de estas características la actitud personal, la manera de ser de las personas, ayuda a llegar a buen puerto.
En este sentido el ambiente que
hemos tenido en este grupo trabajo, en momentos en los que la situación política fuera del grupo de trabajo era compleja, era difícil, ha permitido que pudiésemos superar esos momentos y llegar finalmente a este acuerdo. Por tanto, mi grupo se
siente satisfecho.



A Convergència i Unió le gusta recordar -y es bueno que lo hagamos- que este proceso, el proceso del Pacto de Toledo, las recomendaciones del Pacto de Toledo tienen su origen en una iniciativa parlamentaria de nuestro grupo de mediados de
los años noventa, de la mano del entonces portavoz de Minoría Catalana, el señor don Miquel Roca i Junyent. Se pretendía en los años noventa evitar que las pensiones estuviesen en el centro del debate electoral, trasladar una promesa de
tranquilidad, estabilidad y seguridad sobre el sistema de pensiones y promover reformas bajo la lógica del consenso. Aquello es lo que se pretendía en los años noventa. Ahora, en un contexto complicado, difícil, con una grave crisis económica, con
una situación política compleja, poco o mucho, ese espíritu fundacional del Pacto de Toledo, esa promesa de seguridad, estabilidad y tranquilidad sobre el sistema de pensiones se reafirma en el contenido de estas recomendaciones. Por tanto, el
primer mensaje que es necesario que traslademos a la sociedad es que el conjunto de partidos políticos, el conjunto de los grupos parlamentarios apostamos por dar estabilidad, seguridad y tranquilidad a los pensionistas de hoy y a los pensionistas
de futuro, que este Pacto de Toledo no anuncia el desastre, no anuncia el fin del sistema de pensiones; al contrario, este Pacto de Toledo reafirma el futuro del sistema de pensiones en el Estado español.
Eso es bueno que lo hagamos.



Convergència i Unió se planteó claramente en esta reforma, de entrada, evitar que cualquier medida que pudiésemos introducir en estas propuestas o que el Gobierno incorporase en el próximo proyecto de ley perjudicase la situación de quienes
hoy son pensionistas o de quienes lo van a ser en los próximos años. Estas reformas que hay que impulsar no deben perjudicar a las personas que después de larguísimas carreras de cotización están a punto de jubilarse o que hoy ya están recibiendo
la protección social del Estado. En segundo lugar, que cualquier reforma que introdujésemos respecto a los parámetros del sistema debería tener un carácter gradual, precisamente para permitir a los ciudadanos que pudiesen adaptar sus decisiones
vitales, de empleo, de ahorro, a los cambios que previsiblemente se van a introducir en el sistema. A estas dos consideraciones, esa idea de gradualidad y esa idea de no perjudicar a quienes hoy están jubilados ni a quienes se van a jubilar en los
próximos años, responden estas recomendaciones. Además, partíamos de la idea de que nuestro sistema de pensiones tenía enormes inequidades a las que hay que dar respuesta, muy singularmente las inequidades de las mujeres mayores que viven solas que
reciben pensiones indignas; de muchos trabajadores que han perdido su empleo después de largas y buenas carreras de cotización y que van a recibir pensiones, si no se introducen cambios en esta próxima reforma, que no van a tener nada que ver con
ese esfuerzo contributivo realizado a lo largo de la vida, o también el caso de los perceptores de las pensiones no contributivas. Estas reformas deben servir también para dar respuesta a las inequidades que tiene nuestro sistema.



Decíamos, señorías, que este no es un debate para dejar en manos de expertos ni de técnicos ni de las cátedras de las universidades, que este es un debate fundamentalmente político, y por eso tuvimos el acierto de residenciar en una Comisión
parlamentaria la discusión política y social sobre el futuro de los sistemas de pensiones, porque la discusión que se nos plantea en relación con el sistema de pensiones es una discusión sobre qué porcentaje del conjunto de la riqueza podemos y
queremos destinar a proteger el riesgo económico asociado al envejecimiento; es una discusión política sobre cuál es la cantidad que debe garantizar a un ciudadano, una vez deja de trabajar, una vida digna y suficiente; es una discusión sobre si
ese riesgo lo asumimos de manera individual o de manera colectiva, y esas son discusiones tremendamente políticas, como lo es también si decidimos mantener un sistema de pensiones basado en la idea de la solidaridad entre generaciones y la
solidaridad dentro de las propias generaciones. Y esas, señorías, no son discusiones técnicas, no son discusiones que puedan


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resolver un grupo de expertos vinculados a la universidad o a una fundación, sino discusiones que van al meollo del modelo de sociedad y, por tanto, discusiones que deben residenciarse allí donde se define el modelo de sociedad, que es en el
Parlamento. Eso sí, las respuestas políticas a esos problemas exigen determinadas soluciones de carácter técnico, indiscutiblemente. Por eso decía que esa presencia de altos cargos de la Administración en los trabajos de la Comisión ha permitido
garantizar la solvencia técnica de las propuestas que formulamos en estas recomendaciones.



En el debate sobre las pensiones en el resto de países europeos -también en el Estado español- se encuentran siempre posiciones que buscan acentuar las incertidumbres sobre el futuro del sistema de pensiones introduciendo elementos de
catastrofismo sobre los sistemas públicos de reparto y que exigen reformas radicales sobre el sistema público de pensiones. Dichas posiciones no se encuentran representadas en esta Cámara, es bueno que eso lo comentemos. Nadie en esta Cámara
comparte la idea de desmantelar el sistema público de pensiones de reparto y nadie en esta Cámara comparte una visión catastrofista sobre el sistema público de pensiones. Son posiciones legítimas pero que no están representadas en esta Cámara y que
lógicamente este informe rechaza; este informe reafirma la voluntad de mantener un sistema basado en esos principios de solidaridad entre generaciones y de asunción del riesgo a nivel colectivo para garantizar la dignidad en la vejez. En esta
Cámara sí que hay posiciones que representan una visión conservadora y pesimista sobre el futuro del sistema de pensiones, que son aquellas posiciones que niegan la necesidad de las reformas. Lamento que desde la izquierda parlamentaria se mantenga
una posición tan conservadora y pesimista sobre el futuro de la sociedad y sobre el futuro de los sistemas de protección social porque, señorías, el envejecimiento no es una cuestión de ideología, el envejecimiento es un hecho real que tiene enormes
consecuencias económicas. Yo llevo días recomendando a algunos colegas y amigos, al señor Tardà y al señor Llamazares, que lean a Robin Blackburn, historiador británico, de la izquierda marxista y editor de una revista de referencia del señor
Llamazares, estoy seguro, la New Left Review, revista de referencia en la izquierda europea (El señor Llamazares Trigo pronuncia palabras que no se perciben.), trotskista creo que me dice. El señor Blackburn, en un libro muy sugerente, cuando hace
una defensa de los sistemas públicos de pensiones, afirma: Pero es importante que esta defensa de los programas públicos de pensiones no conduzca a la complacencia ni al rechazo de los auténticos costes del envejecimiento ni tampoco a creer que se
ha puesto en marcha un mecanismo providencial que convertirá las condiciones favorables en unas pensiones y en una atención sanitaria decente.



Señorías, los costes del envejecimiento no son un problema de izquierdas ni de derechas, son un problema económico al que las sociedades europeas deben hacer frente, y no va a haber ningún tipo de milagro. No va a ser un aumento brutal de
la tasa de productividad, de la tasa de actividad, de las tasas de ocupación, lo que va a resolver el reto económico que representa el envejecimiento de nuestra sociedad, van a ser, entre otras cuestiones, las reformas sobre el sistema público de
pensiones. Este es el sentido del Pacto de Toledo y el sentido que Convergència i Unió reivindica del Pacto de Toledo. La posición progresista hoy es introducir reformas para garantizar un sistema público de pensiones justo y equitativo en la
perspectiva de 2030. La posición conservadora, pesimista, es aquella que defiende que no se introduzca ningún cambio sobre ese sistema. Sería de una enorme irresponsabilidad con los pensionistas futuros y con las generaciones futuras no abordar
las reformas del sistema, reformas que, por otro lado, llevamos abordando desde mediados de los años ochenta y que hoy permiten a izquierda, a derecha, a centro, defender el sistema de pensiones, porque el sistema de pensiones de que hoy
disfrutamos, con todas sus carencias y deficiencias, es fruto de las reformas que se han introducido desde 1985, y en todo caso desde 1995, reformas que han afectado a aspectos esenciales, como son, por ejemplo, las reformas vinculadas al periodo de
cálculo de las pensiones. Quienes hoy critican ese aumento del periodo de cálculo que plantean las recomendaciones, defienden las reformas que se hicieron en 1985 y 1997, que hoy se han consolidado y que no han implicado una disminución de las
pensiones que se han incorporado en los siguientes años. Al contrario, cada año las pensiones que se incorporan al sistema son más altas, en la medida en que responden a mejores carreras de cotización de los trabajadores que entran en el sistema.



Señorías, es inevitable -aunque no toca hoy este debate- que la discusión sobre el sistema público de pensiones sea también una discusión sobre nuestro sistema productivo, sobre nuestra capacidad de generar buen empleo, sobre nuestra
capacidad de generar trabajo de calidad, sobre nuestra capacidad de construir carreras laborales largas y sostenidas que generen buenos derechos de cotización. Eso tiene que ver con las reformas orientadas al crecimiento económico, a un modelo
productivo distinto, de mayor calidad, que exige otro tipo de reformas para modernizar el aparato productivo de nuestra economía. Otra posición progresista para defender un sistema público de pensiones es un sistema económico productivo, más
moderno, más eficaz, más eficiente, más abierto a las economías globales, con mayor capacidad de exportar bienes y servicios de calidad. Si uno observa, los mejores sistemas de pensiones en Europa son aquellos en economías abiertas, flexibles,
dinámicas, con altísimas tasas de actividad, con empresas orientadas a la exportación. Es eso lo que garantiza buenos sistemas públicos de pensiones, sistemas que permiten crear riqueza y que permiten repartir de manera justa y equitativa esa
riqueza. Esa es la posición de Convergència i Unió y, por lo tanto, rechazamos frontalmente a quienes hoy se instalan en el pesimismo y el conservadurismo en materia de pensiones.



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En las recomendaciones que hemos aprobado, de manera central hemos tenido que abordar la cuestión de la edad de jubilación. Sobre esto, simplemente quiero enfatizar tres ideas muy claras. Una, hay coincidencia en que el objetivo debe ser
el de equiparar la edad real con la edad legal, lo cual marca un enorme abanico de posibilidades legislativas y de políticas públicas orientadas en esa dirección. Dos, debemos ser capaces de garantizar empleo y evitar la discriminación por razones
de edad a los trabajadores más maduros, lo que implica un cambio en profundidad de la manera en que las empresas abordan su visión sobre los trabajadores de 50 años en adelante; no puede ser un sistema económico que considere a un trabajador de más
de 55 años como un trabajador desechable, no lo es en términos de justicia, no lo es en términos de equidad, no lo es en términos de respeto a las personas, y eso exige también una enorme responsabilidad a nuestro sistema empresarial, que debe
participar activamente de ese cambio. Y, finalmente, esa recomendación pone en evidencia el problema político que tiene el Gobierno, que la mayoría de los grupos no somos partidarios de mover la actual edad legal de jubilación. Y no lo somos
porque nos parece que es injusto, que es inequitativo y sobre todo que es terriblemente ineficaz; es terriblemente ineficaz porque los problemas que hoy tenemos afectan al mantenimiento en sus puestos de trabajo de esos trabajadores de más de 55
años o a la recolocación de los trabajadores de esas edades que han sido expulsados del mercado de trabajo. ¿Ahí la recomendación condiciona lo que el Gobierno debe hacer en el proyecto de ley? Sin lugar a dudas. Condiciona aquello que el
Gobierno debe hacer en el proyecto de ley.



Dos. Las recomendaciones defienden el aumento del periodo de cálculo de la pensión. Afirmamos que los aumentos que se han producido hasta ahora son buenos; afirmamos que cualquier aumento debe ser gradual y pactado con los agentes
sociales, y abrimos la posibilidad de que si alguien cree que un nuevo periodo de cálculo puede beneficiarle, que pueda acogerse inmediatamente a ello sin tener que esperar a que ese proceso gradual se haya culminado. Me parece que con eso damos
respuesta a una absurdidad de nuestro sistema de pensiones. No tiene ningún sentido que dos trabajadores con treinta años de carrera laboral, uno que haya cotizado muy bien los primeros quince años y muy mal los segundos quince años, termine
teniendo una pensión peor que el señor que ha cotizado muy mal los primeros quince años y muy bien los últimos quince años. No tiene ningún sentido y por tanto, en términos de un sistema contributivo, lo razonable es esa ampliación del periodo de
cálculo, considerando además que en la medida en que incorporemos más años en ese periodo de cálculo existe mayor capacidad para resolver los periodos en que una persona abandona su puesto de trabajo para dedicarse al cuidado de hijos o de personas
dependientes, los periodos en que alguien pierde su empleo, los periodos que alguien dedica a su formación e incluso -una vieja reivindicación de Convergència i Unió y otros grupos- la consideración como cotizados de los periodos del servicio
militar obligatorio. Cuantos más años incorporemos, más justicia podremos hacer en función de los esfuerzos de cotización de los trabajadores. Yo espero que ahí en la próxima reforma se llegue a un buen acuerdo con los agentes sociales.



Quizá con un punto de timidez hacemos referencia a la importancia de la natalidad como un factor de sostenibilidad de los sistemas públicos de pensiones que afecta a un conjunto amplísimo de políticas -las políticas de conciliación de la
vida familiar y laboral, los servicios a las familias con hijos-, y hacemos una mención precisamente, que va a ser importante que se pueda desarrollar, a la consideración como cotizados de los periodos de atención a los hijos. Debemos construir una
legislación en materia de Seguridad Social que mime, que estimule a las parejas jóvenes que tienen hijos porque sabemos que van a ser un factor fundamental en la sostenibilidad del sistema.



Apostamos también por introducir en el sistema mayor transparencia, porque en un sistema público basado en la responsabilidad colectiva, basado en la solidaridad entre generaciones, en un sistema que no está basado en la idea de que cada uno
se espabile sino que el riesgo económico del envejecimiento lo compartimos entre todos, en ese sistema que defendemos es necesaria mayor dosis de responsabilidad individual, mayor conocimiento del ciudadano de los costes del sistema, mayor
conocimiento del ciudadano de su pensión futura para tener más capacidad de planificar su vida, de tomar opciones vitales que le permitan que cuando se jubile, junto con esa pensión pública que le garantiza un ingreso digno y suficiente vinculado a
su esfuerzo de cotización, pueda tomar decisiones, del tipo que sean, con libertad; en definitiva, que la diferencia entre su último sueldo y su primera pensión sea lo más cercana posible. En este sentido las recomendaciones también hacen una
apuesta por los sistemas privados complementarios. Con mucha prudencia pero una clara apuesta de que es bueno el ahorro a medio y largo plazo, lo es en términos personales y lo es en términos colectivos. Señorías, buena parte de las economías más
avanzadas de Europa han tenido capacidad de generar un ahorro interno básico para sus equilibrios macroeconómicos. Las recomendaciones apuestan en esa dirección. Las recomendaciones apuestan claramente por una mejora de la pensión de viudedad;
claramente. Mi grupo quiere enfatizar y darle valor al hecho de que el Pacto de Toledo mandata un aumento de la base reguladora de la pensión de viudedad para aquellas mujeres con más de 65 años que tienen como ingreso principal la pensión de
viudedad. Esta Cámara tomó en consideración con el voto de todas sus señorías una proposición de ley que aumentaba la base reguladora del 52 al 70 por ciento, y esa proposición de ley que se tomó en consideración sería una estafa democrática si no
fuésemos capaces de incorporarla en la medida que sea, y pactada, en el proyecto de ley que el


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Gobierno presente en las próximas semanas. Introducimos también un mandato de la pensión de orfandad, que no es menor, así como singularmente de la mejora de la fiscalidad de las pensiones de viudedad, que ha sido objeto de debates en esta
Cámara y que los grupos mayoritarios remitieron al Pacto de Toledo. Este mandata una revisión de la fiscalidad de las pensiones de viudedad. Apostamos por la plena equiparación del régimen de autónomos con el régimen general y además planteamos
una cuestión fundamental, que las reformas en materia de autónomos deben acordarse con los representantes de los autónomos. Mi grupo ha seguido desde mediados de los noventa esa necesidad de equiparación entre autónomos y trabajadores del régimen
general, y poco a poco nuestro régimen va configurándose más adecuado a las necesidades de los autónomos. Por ejemplo, cuando hacemos referencia a la gradualidad de las reformas que introduzcamos en el periodo de cálculo estamos pensando de manera
muy singular en los trabajadores autónomos, a los que cualquier brusquedad relativa al periodo de cálculo iba a perjudicar de manera muy clara.



Hablamos de las personas con discapacidad, con una buena recomendación pactada con el Cermi. Hablamos de delimitar el umbral de la pobreza para hacer frente a un problema que estos días se pone en evidencia, ese 20 por ciento de ciudadanos
en riesgo de pobreza, con ingresos inferiores al umbral de la pobreza, determinado según los nuevos parámetros de la Unión Europea. Apostamos por primera vez en las recomendaciones del Pacto de Toledo y en él se reconocen por primera vez las
competencias que en materia de Seguridad Social tienen las comunidades autónomas. Tanto el Estatuto de 1979 como el recientemente aprobado Estatuto de Autonomía de Cataluña consignan expresamente la posibilidad de la gestión del sistema de la
Seguridad Social para las comunidades autónomas, y esta es una cuestión que habrá que abordar. Hacemos el esfuerzo de reafirmar el carácter de asociación empresarial de las mutuas de accidentes de trabajo. Estamos muy convencidos de que un modelo
basado en la asociación voluntaria de empresarios para gestionar determinados riesgos es un buen sistema que exige eficacia, eficiencia, capacidad de competencia en el mercado y todo el control público que sea necesario, pero ese sistema basado en
la iniciativa privada nos parece fundamental. Hacemos una apuesta por la lucha contra el absentismo injustificado en un contexto de lucha contra el fraude en materia de Seguridad Social. Hacemos una apuesta por la emigración ordenada y legal como
otro de los factores que puede contribuir a la sostenibilidad del sistema de pensiones, pero con un control parlamentario más estricto y riguroso de esta política pública, porque, como les decía al principio, esta es una cuestión fundamentalmente
política, y el Parlamento debe tener los medios para poder efectuar el seguimiento concreto de esa política.



Finalmente, las recomendaciones son muy concretas. El Pacto de Toledo considera que la congelación de pensiones para 2011 incumple su recomendación número 2. Creo que es bueno agradecerle al Grupo Socialista que haya facilitado esta
recomendación porque resuelve una de las cuestiones que ha pivotado durante todo este proceso, y que fue esa decisión unilateral que el Gobierno tomó en su momento. Señorías, el Gobierno está obligado a considerar las recomendaciones del Pacto de
Toledo con independencia de que el Pleno apruebe a finales de enero estas recomendaciones. Estas serán documento oficial a partir del momento en que los apruebe esta Comisión, y si cuentan con una amplísima mayoría, configurada por el Grupo
Popular, el Partido Nacionalista Vasco, el Grupo Socialista y Convergència i Unió, quiere decir que hay una mayoría muy amplia, muy sólida, muy contundente de la Cámara que apuesta por una determinada dirección. En términos puramente formales y
evidentemente políticos hubiese sido mejor un Pleno esta semana del mes de diciembre o en los primeros días del mes de enero, porque entre otras cosas nos ahorraríamos la minusvaloración de esas recomendaciones, pero en términos políticos el Pacto
de Toledo va a fijar su posición hoy. El Gobierno sabe cuál es la posición de los grupos parlamentarios, y a eso mi grupo le da valor, como se lo da a esta sesión de esta mañana de 29 de diciembre. El Gobierno no puede actuar al margen del Pacto
de Toledo, a no ser que pretenda cuestionarlo. Ese anteproyecto de ley que el Gobierno debe poner en marcha tiene que responder a la filosofía que expresan esas recomendaciones, que es lo suficientemente flexible para permitir que, tanto en el seno
del diálogo social como en el de estas Cortes, cuando se tramite ese anteproyecto de ley, se pueda conseguir una buena reforma.
Señorías, para nosotros es imprescindible, si queremos que esta política tenga éxito, que el proyecto de ley que
finalmente se tramite responda a un amplio acuerdo con los representantes de los empresarios y de los trabajadores. Porque buena parte de las políticas que necesitamos para garantizar el futuro del sistema de pensiones precisan un desarrollo en el
seno de las empresas, en el de la negociación colectiva, en la configuración de nuestro sistema de relaciones laborales, en ese cambio de perspectiva de una sociedad en la que se envejece, en la que hay que dar un nuevo valor al envejecimiento,
porque hay que identificar nuevos sectores de actividad para los trabajadores maduros, y eso exige una enorme complicidad del tejido económico, del tejido productivo y de los agentes sociales. Sería un error que la reforma de pensiones no llegase
con el acuerdo de los agentes sociales; sería un error del Gobierno pero también de los agentes sociales, que deben hacer el esfuerzo que estamos haciendo los partidos políticos para arrimar el hombro en esta cuestión sin buscar algún tipo de
beneficio de parte, del tipo de sea, legítimo, pero que no toca. En este sentido, hay margen para poder alcanzar un amplio acuerdo. Si existe voluntad política, la reforma que se plantee en esta legislatura puede ser pactada con los agentes
sociales y pactada en el Parlamento, pero eso al Gobierno le exige una consideración. Le exige que cuando concrete la reforma en una norma legal sea pensada


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para el hombre de la calle, para la mujer, para el ciudadano, para la persona que lleva treinta y cinco o cuarenta años trabajando y que está a punto de jubilarse, para la mujer sola que vive con una pensión de viudedad, para el pequeño
empresario que debe satisfacer el pago de sus cotizaciones a finales de este mes de diciembre, para aquella persona joven que hoy está sin empleo o que padece un empleo precario que no le está generando derecho de cotización. La reforma que hay que
hacer deber estar pensada para la gente de la calle. No puede ser una reforma pensada y diseñada exclusiva ni principalmente en relación con aquello que se piense en Berlín, en Bruselas, en Nueva York o en Frankfurt. Berlín, Bruselas, Nueva York y
Frankfurt miran esa reforma del sistema de pensiones, y el Gobierno y los grupos parlamentarios no pueden obviar esa realidad; pero aquello que en términos democráticos, en términos de legitimidad da sentido a esta reforma es que esté pensada para
el ciudadano medio, para el ciudadano de la calle y también para las generaciones que nos siguen. Cuando afirmamos de manera solemne que nuestro sistema de pensiones se fundamenta en un pacto entre generaciones, quiere decir que las generaciones
activas de hoy debemos pensar en las que van a sufragar nuestras pensiones mediante sus cotizaciones sociales, sus impuestos. A esas generaciones futuras este Pacto de Toledo no las puede condenar diseñando un sistema que sea insostenible en
términos económicos, que ahogue su capacidad de creación de riqueza.



Yo estoy seguro modestamente de que esta Comisión ha hecho un buen trabajo, ha hecho el trabajo posible en el contexto político y económico en el que estamos instalados y ha sentado las bases para desarrollar una reforma concreta en esta
legislatura y seguramente para promover otras reformas en la próxima. Queremos dar valor a estos trabajos parlamentarios porque nos sentimos ampliamente reconocidos en ellos y porque mandan una agenda de reformas posible, gradual, moderna,
orientada al progreso colectivo y residenciada en la soberanía de los ciudadanos que expresa este Parlamento, por tanto absolutamente democrática.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora López i Chamosa.



La señora LÓPEZ I CHAMOSA: En primer lugar me van a permitir que agradezca a mis compañeros, a mi adjunta y a todos los compañeros de la Comisión la paciencia que han tenido conmigo a lo largo de estos meses, pues cuando estás en plena
faena a veces no eres todo lo atenta que deberías ser; vaya mi agradecimiento para ellos. También, cómo no, se lo agradezco al resto de portavoces y a la Mesa en la persona del presidente especialmente, porque ha sabido ser flexible cuando tenía
que serlo y poner orden cuando debía hacerlo. Vaya por delante, amigo Juan, mi felicitación y la de mi grupo por el trabajo desarrollado.



Comparto las palabras que decía Tomás Burgos. Yo creo que el factor personal lo es todo en casi todas partes. La relación de la gente hace que fluyan acuerdos o que no sean posibles. Yo creo que en esta Comisión la relación personal,
desde la diferencia, desde la defensa que cada uno hacemos de nuestras posiciones políticas, ha hecho posible este acuerdo; acuerdo que seguramente mi grupo no habría suscrito en todos sus términos, ni tampoco el Grupo Popular, CiU, el PNV,
Esquerra Republicana, ni ninguno. En este documento todos nos podemos sentir reflejados en una u otra parte porque todos hemos aportado muchas cosas. Vaya por delante mi agradecimiento a todos los grupos.



Al letrado Ignacio Gutiérrez no sé qué decirle. No es que haya puesto en limpio papeles, no; es que ha dibujado los papeles, ha extraído las palabras como su buen saber y hacer le hayan indicado. Como decía Carles Campuzano, con este
sistema de yo propongo esto, tú eso y aquel lo otro, teniendo que sintetizarlo el que lo redacta, es de agradecer que nos haya aguantado, que nunca haya tenido una mala forma, siendo siempre muy atento. Por tanto, mil agradecimientos para Ignacio,
que se puede sentir tan padre de este documento como cada uno de nosotros. También se lo agradezco a Fidel Ferreras y José Antonio Panizo, quienes con su sabiduría y conocimiento del sistema, la experiencia en la gestión, nos han hecho reflexionar
sobre aquello que estábamos redactando. La verdad es que personalmente salgo con mucho más conocimiento del sistema del que tenía gracias a la labor de ellos dos. Por tanto, vaya mi agradecimiento y el de mi grupo a ambos, y repito que también
este documento es sin duda alguna parte de ellos.



Creo que esta Comisión ha hecho lo que a los ciudadanos les gustaría ver que es la política nacional. En una situación de crisis como la que tenemos, con unas posiciones tan diversas y enconadas como existen en la sociedad, haber conseguido
este acuerdo pone en valor a toda la gente que formamos parte de la Comisión. Personalmente me siento contenta y orgullosa del documento que ha salido adelante aunque evidentemente no es todo lo que me gustaría ni todo lo que le gustaría a mi
grupo, pero es el encuentro en el que todos nos podemos sentir cómodos y podemos tirar hacia adelante. Si los padres de la Constitución no hubieran tenido el espíritu de aceptar cosas los unos de los otros, algo que a lo mejor era impensable que
aceptaran, no tendríamos la Constitución que tenemos. Yo creo que ese espíritu que ellos pusieron en práctica es el que ha hecho que nosotros hoy también hayamos alcanzado este acuerdo.



Hay grupos que prefieren mantener una posición dialéctica más allá de lo que dice el documento, porque si hay una cosa clara es que todos apostamos por un sistema público de reparto y solidaridad intergeneracional, todos, y en cada una de
las recomendaciones así se ve.
Se puede poner de otra forma, se puede hacer mejor, pero está claro que apostamos por un sistema público de reparto y solidaridad intergeneracional. Todo el documento, y el Pacto de Toledo en su conjunto,


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debería tener como primer objetivo lanzar un mensaje a los pensionistas actuales de que pueden estar tranquilos, de que tienen su pensión garantizada, pero asimismo que sus hijos y sus nietos también van a cobrar una pensión gracias a las
reformas que hoy recomendamos en este documento. Es muy fácil decir hoy que no se está de acuerdo con estas recomendaciones, lo mismo que era más fácil decir que no en 1985 o en 1997, pero fruto -pongo esas dos reformas como ejemplo, aunque ha
habido muchas más, porque fueron hechas por dos gobiernos de signo distinto- de esas reformas hoy existe el sistema que tenemos. Hoy podemos decir que tenemos un sistema seguro, viable y con futuro, pero, repito, gracias a las reformas que antes
que nosotros hicieron los pactos de 1995 y de 2003. Por tanto, estoy convencida de que los que hoy dicen que no a estas recomendaciones -yo no lo podré ver en primera línea porque ya sería demasiado- dentro de cinco u ocho años, cuando se vuelva a
reunir esta Comisión, dirán que no a las reformas de entonces y que sí a las que hoy dicen que no.



Supone un avance muy importante para el sistema. Hablamos de todos y cada uno de los problemas que tiene o puede tener el sistema para fortalecerlo más, para hacerlo más equitativo, para hacerlo mejor, para que la gente que más cotiza vea
reflejadas esas cotizaciones, y también estamos lanzando un mensaje a todo el mundo sobre que ha de vigilar no solo su salario a final de mes sino también sus cotizaciones a la Seguridad Social, porque en ello le va su futura pensión; creo que eso
está recogido aquí. No nos olvidamos de nadie; no nos olvidamos de los prejubilados, porque hablamos de que tengan mayor peso los años de cotización; no nos olvidamos de la situación que tienen las viudas, ya que una recomendación fundamental
dice que las viudas que vivan solas y cuyo único ingreso sea la pensión han de ver mejorada su pensión.
Hablamos de que los huérfanos han de tener pensión hasta que terminen sus estudios y puedan incorporarse al mercado laboral. Además abordamos
los sistemas complementarios, porque hablar de los sistemas complementarios no va en detrimento de nuestro sistema ni de nuestra voluntad de mantener el sistema público de pensiones, pero es evidente que hay una realidad en nuestro país que hace que
haya no solo dos realidades en el mercado de trabajo, sino más, porque el sistema complementario en las grandes empresas está desarrollado en casi todas. Casi todas las empresas grandes de nuestro país tienen un sistema colectivo de pensión
complementaria, un sistema de empleo. O sea, los que tienen un empleo mejor, más garantizado y mejor salario, además tienen un sistema complementario de empleo, y cuando se jubilen tendrán un complemento a su pensión de la Seguridad Social. Pues
bien, lo que quiere esta Comisión es que aquellos que trabajan en las pequeñas, medianas o pequeñísimas empresas tengan también la misma posibilidad de tener un plan de empleo complementario para cuando se jubilen, es decir generar una igualdad más
en estos momentos.



Hemos hablado mucho de autónomos. Hablamos de que tienen que tener más información, de que no pueden decir que no cotizan en una tarifa más alta porque el gestor no se lo ha dicho. Por tanto, hablamos de que reciban información de dónde y
cómo pueden cotizar para que no haya excusas y todo el mundo cotice en aquello que pueda. Decimos también que ha de ajustarse cada vez más la cotización del autónomo a su salario real. $sto es muy importante que lo entiendan, porque solo los
autónomos pueden elegir en qué tarifa cotizan; los demás no podemos. Por tanto, a ellos, que tienen la libertad de poder elegir, también hemos de pedirles la honestidad de cotizar según su ganancia o su salario mensual.



Ha habido muchas preguntas -fundamentalmente me lo dicen muchos compañeros- sobre por qué hacemos esta reforma ahora, con esta crisis.
Pues bien, hacemos la reforma porque toca; porque venimos trabajando en este Pacto de Toledo desde
octubre de 2008, cuando se cumplieron los cinco años de las anteriores recomendaciones. Hemos tardado dos años y pico. Hemos de agradecer que mucha gente haya pasado por esta Comisión y nos haya dejado su manera de ver el sistema, nos haya
ofrecido sus aportaciones. Aunque muchos de ellos piensen que no las hemos tenido en cuenta, yo puedo afirmar que las hemos tenido presentes en cada una de las recomendaciones que hemos hecho; es evidente que no podemos trasladar todo aquello que
se nos ha planteado, pero nos ha servido para reafirmar más nuestras posiciones. Aquí se ha dicho que estábamos haciendo futurología diciendo lo que va a hacer o no el Gobierno. Yo tengo que reconocer que no sé lo que va a hacer el Gobierno. Yo
apoyo al Gobierno, pero el Gobierno es Gobierno. Ahora bien, no tengo ninguna duda de que el Gobierno, mi Gobierno, va a tener en cuenta las recomendaciones que hoy vamos a aprobar aquí, las va a desarrollar, como ha hecho en el pasado con las
anteriores recomendaciones del Pacto de Toledo, y que se va a ajustar a ellas. A aquellos que dicen que no va a ser así les diría que el Parlamento es el que tiene la última palabra. Es lo mismo que hacemos con las recomendaciones. Cuando venga
la ley la discutiremos; ahora estamos hablando de las recomendaciones. No pensemos en lo que pueda o no hacer el Gobierno porque dentro de un mes estaremos con las propuestas de la ley encima de la mesa.



Hablaría de dos cosas para mí muy importantes. En estas recomendaciones reconocemos de nuevo, y aunque sea reiterativo es muy importante, la desigualdad que sufren las mujeres. En nuestro país está tan ligada la protección social y la
pensión al mercado de trabajo que todos aquellos fallos, defectos o como queramos llamarlos, se trasladan a la pensión; son las mujeres las que tienen peor pensión y las que sufren los altibajos de las salidas y las entradas en el mercado laboral.
Ahí ponemos una recomendación específica para que se tenga en cuenta todo eso. Es más, pretendemos no solo que se tenga en cuenta en la Seguridad Social, a la hora de


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contabilizar los años de dedicación a los hijos o a las personas dependientes, sino que en los sistemas complementarios tengan un incentivo mayor; que sea más interesante para la familia hacer un plan complementario a la mujer, que en este
caso es la que sufre todas estas consecuencias, que no hacérselo para él, que ya tiene el de la Seguridad Social. Por tanto, en todas esas direcciones vamos en la línea de apostar claramente por el sistema tal y como lo entendemos. No sé el
crecimiento que va a tener nuestro país en el futuro. Ojalá empecemos a crecer el año que viene y lo hagamos como lo hemos hecho en la década anterior a 2008.
Pero hay una cosa que sabe la Seguridad Social y cualquier persona que hable del sistema
público de pensiones, y es la gente que se va a jubilar dentro de 20 ó 25 años, porque estamos todos aquí; se nos puede contar uno a uno. Eso es lo único que tenemos claro. Por eso, podemos ir preparando el sistema para cuando, dentro de 15 ó 20
años, llegue la gente que ha nacido en los 50, en los 60 o a hasta en los 70, que son las generaciones más grandes de los últimos años de la historia de este país.
Por lo tanto, hemos de afrontarlo y reforzarlo, y eso es lo que hemos hecho hoy
aquí.



No voy a alargarme mucho porque ya hemos hablado demasiado en los últimos meses. No sé si la expresión de sumiso con el fuerte y fuerte con los débiles...; al fin y al cabo son reflexiones o frases hechas. Pero hay una cosa que tengo
clara y que dicen los ciudadanos: no se puede poner el carro antes que los bueyes porque, si no, no funciona. No podemos hablar de la ley cuando estamos hablando de las recomendaciones. Nadie puede pensar que mi grupo y los compañeros que estamos
en esta Comisión no defendemos aquellas posiciones del Gobierno. Las defendemos; creemos que la edad legal de jubilación debería alargarse hasta los 67 años, pero ponemos en valor por encima de todo alcanzar y mantener un consenso en el Pacto de
Toledo. Y como ponemos en valor mantener el consenso, hemos alcanzado el acuerdo en la recomendación que figura aquí. Seguro que con ella el Gobierno puede trabajar y cumplir sus objetivos.



Este acuerdo es muy importante para mi grupo; para el Gobierno también.
Porque es poner en valor lo que une a todos los grupos en el fortalecimiento del sistema público de pensiones. Seguramente habrá gente a la que le guste más y gente a
la que le guste menos, pero creo firmemente que lo que hoy hemos puesto aquí encima de la mesa es la seguridad de que los que hoy tienen 20 o 30 años van a cobrar pensión en los mismos términos -no en las mismas cuantías, porque el tiempo y la
sociedad cambia- que la están cobrando los jubilados de hoy o la vamos a cobrar los que estamos más cerca de la jubilación.



Termino como empecé, agradeciendo a todos los grupos sus aportaciones, la voluntad de consenso que ha habido en la Comisión y agradeciendo también a los trabajadores de la casa que nos hayan ido soportando en las distintas reuniones y
haciendo que nuestro trabajo haya terminado con éxito lo que hoy vamos a aprobar aquí.



El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a votar. Previamente quiero hacer una advertencia. Cuando levantemos la sesión, pediría a los portavoces y a la Mesa que nos quedemos cinco minutos para una cuestión de trámite.



Si les parece a sus señorías, sometemos a votación el documento que todo el mundo conoce sobre las recomendaciones que esta Comisión hace al Gobierno.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; en contra, dos.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.



Feliz año 2011. Que os traigan muchas cosas los reyes.



Se levanta la sesión.



Eran las dos y veinticinco minutos de la tarde.