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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 574, de 16/06/2010
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2010 IX Legislatura Núm. 574
VIVIENDA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. DON PERE MACIAS I ARAU
Sesión núm. 25
celebrada el miércoles, 16 de junio de 2010
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Sobre la necesidad de actuación urgente en el barrio de Las Chumberas de San Cristóbal de La Laguna para solucionar los problemas de aluminosis de parte de sus viviendas. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de
expediente 161/001516.) ... (Página 2)
- Sobre medidas para clarificar el nuevo marco fiscal de la vivienda y la rehabilitación. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/001135.) ... (Página 2)
- Para la dación de la vivienda en pago de la totalidad de la deuda hipotecaria. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/001634.) ...
- Relativa a la finalización de la obra del Palacio de Exposiciones y Congresos de La Tejera, en la ciudad de Palencia. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001757.) ...
- Relativa a la supresión de la Sociedad Pública de Alquiler. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001776.) ... (Página 13)
- Relativa a la ampliación de la moratoria de la cuenta ahorro vivienda.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001777.) ... (Página 16)
Se abre la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE LA NECESIDAD DE ACTUACIÓN URGENTE EN EL BARRIO DE LAS CHUMBERAS DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE ALUMINOSIS DE PARTE DE SUS VIVIENDAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
(Número de
expediente 161/001516.)
La señora VICEPRESIDENTA (Corral Ruiz): Vamos a iniciar la sesión número 25 de la Comisión de Vivienda.
En primer lugar, quiero anunciarles que la proposición no de ley número 2 ha decaído.
- SOBRE MEDIDAS PARA CLARIFICAR EL NUEVO MARCO FISCAL DE LA VIVIENDA Y LA REHABILITACIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/001135.)
La señora VICEPRESIDENTA (Corral Ruiz): Tenemos cinco proposiciones no de ley que vamos a debatir a continuación, en una tarde tan emocionante como ésta. Por tanto, entramos en la proposición no de ley número 1, sobre medidas para
clarificar en nuevo marco fiscal sobre la vivienda y la rehabilitación. Ha sido presentado por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para cuya defensa tiene la palabra su portavoz.
El señor MACIAS I ARAU: Esta proposición no de ley fue fechada el 9 de junio de 2009 -ya podríamos celebrar su aniversario-, sin embargo nosotros propusimos que se pudiera debatir hoy porque aunque como verán las señoras y señores
diputados, nos hemos autoenmendado, el tema de fondo nos parece que es absolutamente actual. Las principales políticas de vivienda que se hacen por parte de la Administración General del Estado tienen que ver con las medidas fiscales; de hecho, en
estos momentos, cuando el propio Gobierno del Estado nos dice cuáles son las cifras que dedica a políticas de vivienda, siempre aparece en primer lugar aquello que destina vía desgravaciones fiscales, básicamente por la desgravación del Impuesto
sobre la renta de las personas físicas, a incentivar hasta finales de este año la adquisición de vivienda o el ahorro para la adquisición de vivienda. Por tanto, la política de vivienda que, competencialmente puede y debe hacer el Gobierno del
Estado, tiene que ver sobre todo con la fiscalidad de la vivienda. A nosotros nos parece que hablar de fiscalidad de la vivienda es algo relevante, algo importante, además que tiene mucho que ver con la realidad, repito, puesto que de los recursos
públicos que el Estado destina a vivienda una gran parte son vía instrumentos fiscales. Desde este punto de vista hay algunos debates abiertos, como puede ser el de las deducciones a la vivienda en el impuesto sobre la renta de las personas
físicas, por ejemplo, la fiscalidad de la rehabilitación, u otras cuestiones como intentar equiparar deducciones de IRPF en viviendas de alquiler o de compra. En cualquiera de los casos, cuando nosotros presentamos esta proposición no de ley, como
siempre hace mi grupo, iniciamos también un proceso para intentar conseguir, utilizando los distintos trámites parlamentarios, los distintos instrumentos legales que tiene la Cámara, que alguna de estas medidas -nuestro objetivo hubiera sido que
todas, pero lógicamente nunca puedes conseguir mas que una parte de los objetivos-, que algunos de esos objetivos pudiéramos irlos consiguiendo paulatinamente. La verdad es que a lo largo de este año que ha transcurrido desde el 9 de junio de 2009,
cuando nuestro portavoz registró esta PNL ante la Cámara, se han producido cambios muy importantes; por ejemplo, se ha aprobado la aplicación de un IVA reducido a la rehabilitación, de hecho la ampliación de los supuestos; también se ha resuelto
algo muy importante, que es evitar la no discriminación fiscal de la figura del alquiler con opción a compra mediante
la aplicación del mismo tipo de IVA reducido al 7 por ciento. Por tanto, nos parece que en estos temas, también en algunos otros, se ha avanzado en línea con lo que nuestro grupo pretendía; sin embargo, estos éxitos parciales no ocultan
que aún nos queda mucho camino por hacer. En este sentido, si me permiten las señoras y señores diputados, voy a darles cuenta no tanto de la proposición inicial sino de la que ha sido registrada como enmienda un año y seis días después, el 15 de
junio del presente año.
Lógicamente, esta proposición no de ley se adecua a la situación actual y para ello proponemos modificar sustancialmente el texto inicial, básicamente convirtiendo una serie de propuestas puntuales que se hacían, algunas de las cuales, como
he enunciado antes, ya se habían asumido en dos puntos, el punto 1 y el punto 2, que básicamente lo que pretenden es intentar que por parte del Gobierno se den elementos a la sociedad a través de esta Comisión de Vivienda para conocer, como primer
punto, en relación con las medidas que sean aprobadas en materia fiscal relacionadas con la vivienda durante los ejercicios 2009 y 2010, qué impacto presupuestario han tenido, así como su impacto en la consecución de los objetivos perseguidos. Por
tanto, el primer punto, lo que le pide al Gobierno es que presente cada seis meses ante la Comisión de Vivienda un balance de la principal política que hace el Estado en relación con la vivienda, que es la política fiscal. En segundo lugar, hay una
ley que habrá que debatir algún día, la ley de economía sostenible, donde se presentan también modificaciones de fiscalidad relacionada con la vivienda, por ejemplo con los otros temas que en estos momentos no están resueltos en relación con nuestra
primera proposición, que es el tema, básicamente, del impuesto sobre la renta de las personas físicas; por tanto, nos gustará también que pudiéramos realizar un análisis del impacto económico de la modificación de esta fiscalidad en relación con la
vivienda en la ley de economía sostenible, de manera que tengamos elementos para que, en el día que esta ley se debata en las Cortes, podamos todos actuar conforme a lo que sea más adecuado. Por tanto, yo diría que el núcleo de nuestra enmienda
pretende sustituir unas propuestas determinadas por estas propuestas.
Dos de los otros puntos, que son el 4 y el 5, corresponden al antiguo punto 2 y punto 7, por tanto, no daría más explicación, se trata simplemente de que las medidas previstas en las políticas estatales de vivienda tengan que ver realmente
con las circunstancias de los ciudadanos concretos que dificultan su acceso a la vivienda. Siempre hay que tener en cuenta los aspectos del coste real de la vivienda, que no es el mismo en la ciudad de Madrid que el que puede ser en Tomelloso, por
decir dos localidades de gran raigambre histórica. Finalmente, el punto 5 también va en la misma línea de adaptar las medidas de moratoria en tema de hipoteca que no han sido muy exitosas, según los datos que tenemos, para que estas medidas den
respuesta a un mayor número de ciudadanos, especialmente a aquellos que no compran sino que alquilan, y como la línea habilitada en el ICO a este fin prácticamente se ve inédita, de todas las líneas de ICO establecidas esta es la que menos se ha
utilizado, nos parece que estaría bien, ya que existe la línea y también una voluntad de que se dedique a la moratoria de aquellos ciudadanos que no pueden atender al pago de su vivienda, pues que, desviando muy poquito este objetivo, también se
aplicaran estas medidas a los ciudadanos que no pueden pagar el alquiler. Finalmente, hay un punto sobre el que nos parece adecuado también poner énfasis, porque es un tema que ha salido nuevo, que es establecer la exención del impuesto sobre la
renta de las personas físicas de las cantidades ingresadas en concepto de renta básica y emancipación, por cuanto se nos ha hecho llegar por parte de muchos de los jóvenes beneficiados por esta renta básica que tienen un cierto desengaño cuando al
final esto les obliga a pagar más en el impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Esta es la justificación de la autoenmienda de Convergència i Unió. Hay otras autoenmiendas de otros grupos pero, sin embargo, como son enmiendas formuladas en relación con el texto inicial y no con el texto actual, que ha cambiado
sustancialmente, a nuestro grupo le parece que deberíamos ceñirnos básicamente a este texto de autoenmienda que lógicamente es el que mi grupo va a proponer y a aceptar.
La señora VICEPRESIDENTA (Corral Ruiz): Efectivamente, esta proposición no de ley tenía cinco enmiendas, una que usted ha incluido en la defensa de su proposición no de ley, quedarían tres enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Popular
y una del Grupo Parlamentario Socialista. Voy a dar la palabra al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, al señor Gallego, para que haga la defensa de estas enmiendas.
El señor GALLEGO BURGOS: Efectivamente, como decía el ponente de la proposición no de ley, se presentó hace más de un año, por tanto, es lógico que este texto requiera algún retoque, alguna mejora en su redacción, pero, desde nuestro punto
de vista, la filosofía de la proposición no de ley que presentaba Convergència i Unió sigue manteniendo, en cierto modo, una importante vigencia. Nosotros pensamos que sí es oportuno que el Gobierno, ya sea a través de Vivienda o a través de
Economía, presente un amplio informe que analice las consecuencias y los objetivos de las modificaciones fiscales que planean sobre las políticas de vivienda. En la proposición inicial hablaba únicamente de informes, en la autoenmienda del Grupo de
Convergència i Unió, además de pedir y solicitar informes, también pide que se lleven a cabo medidas concretas. Nosotros, por tanto, pensamos que sería muy positivo que se clarificaran con cierta prontitud las políticas fiscales de vivienda y que
todos los grupos parlamentarios conociéramos el impacto de las reformas que se quieren impulsar a través del anteproyecto de ley de economía sostenible, que, como
todo el mundo conoce, está en plazo de presentación de enmiendas. La exposición de motivos de la proposición no de ley habla de muchos elementos que tienen una notable influencia sobre las familias, la proposición no de ley hace referencia
a modificaciones fiscales, tanto en compra como en alquiler, como en opción a compra, rehabilitación, etcétera; desde luego, no podemos entrar a valorar todos los comentarios o todos los juicios que se defienden en la misma, porque esto me
obligaría a pedir mucho más tiempo en la intervención y, desde luego, esta cuestión no procede.
Dicho esto, quisiéramos hacer alguna valoración general sobre el contexto en el que se presenta la proposición no de ley. Todos conocemos muy bien la situación de la economía española: el dinero no llega a las familias para que puedan
acceder a una nueva vivienda, hay serias dificultades para acceder al crédito hipotecario y es necesaria una reestructuración del sistema bancario, tampoco llegan los créditos a los promotores inmobiliarios. La situación económica es muy complicada
y afecta de manera muy especial al desempleo, y, como todo el mundo sabe, si el desempleo sigue subiendo, si seguimos en la senda de destrucción de puestos de trabajo en la que vivimos, será muy difícil que estas familias puedan pedir nuevos
préstamos hipotecarios y, desde luego, que puedan pagar sus respectivas cuotas hipotecarias. De ahí los altos índices de morosidad y los datos de ejecución hipotecaria, que están creciendo de una manera muy importante; por tanto, si sigue
creciendo el desempleo como lo está haciendo, desde luego la demanda agregada del parque de viviendas en España seguirá bajando y esto afectará de lleno a las políticas de vivienda. En España, recordamos, existe un parque de viviendas de 800.000 a
un millón sin vender y también es cierto que, tal como ha planteado nuestro grupo en otras ocasiones, la Ley de Arrendamientos Urbanos de 2009 no incentiva el alquiler lo suficientemente bien y la reciente modificación de la Ley del Suelo tampoco ha
resuelto las demandas de promotores y ayuntamientos. Por otro lado -y voy centrando el tiro, si me permiten la expresión, hacía la política fiscal- a nadie se le escapa que el déficit del sector público ha crecido espectacularmente en los últimos
dos años, es del 11,2 por ciento, lo que obliga a que el conjunto de las administraciones tengan que hacer ajustes presupuestarios muy importantes, tanto por la vía del gasto como por la vía de los ingresos, y cito este dato de déficit público
porque este desequilibrio va a influir clarísimamente de una manera muy notable en la capacidad de la Administración a la hora de plantear políticas fiscales, que es la cuestión que nos atañe en la proposición no de ley de hoy. En otras
circunstancias podríamos hablar de deducciones fiscales con más alegría -si me permiten la expresión- que en las actuales; yo creo que la actual coyuntura económica va a condicionar mucho las políticas fiscales que impulse el Gobierno. Parece ser
que en el anteproyecto de ley de economía sostenible aparecen una serie de cuestiones y no sólo la ley de economía sostenible, sino otra serie de medidas políticas que está impulsando el Gobierno de la nación están cambiando la fiscalidad en cuanto
a la vivienda; hay una drástica reducción de las deducciones por compra de vivienda habitual, medida en la que estamos totalmente en contra; se eliminan progresivamente las deducciones por cantidades satisfechas a las cuentas vivienda o análogas,
a lo largo de la tarde se va a ver una proposición no de ley de nuestro grupo en este sentido; tampoco estamos de acuerdo y también se va a impulsar una subida del IVA en la compra de viviendas nuevas, y, en muchas comunidades autónomas ya se está
subiendo el impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Todo esto es fiscalidad y todo esto va a afectar clarísimamente al precio de compra de las viviendas y a nuestro parque de viviendas en España. También es verdad que en el anteproyecto de ley
de economía sostenible se habla de otras cuestiones que afectan más claramente al alquiler, se igualaría la deducción por alquiler de vivienda a las de compra de vivienda que, como he dicho antes, se pretenden reducir. Estamos de acuerdo con una
cosa, pero no con la reducción tan drástica de las deducciones por compra, y también se elevaría la deducción por gastos de los arrendadores del 50 al 60 por ciento y hasta el cien por cien si es menor de 30 años, antes era de 35, también ha habido
una reducción en esos términos. También hay algunas medidas novedosas o que todavía no sabemos cuál será su impacto presupuestario y social, como son los cambios que ha habido en las políticas fiscales en relación con la rehabilitación de vivienda.
Por tanto, yo creo que es lógica y muy razonable la proposición que ha presentado el Grupo de Convergència i Unió en este sentido, de instar al Gobierno a que nos presente un informe, a que evalúe las consecuencias, el impacto económico, el
impacto social, el impacto fiscal que va a tener esta retahíla de propuestas. Son muchas a la vez, es un cambio novedoso en el sistema, en la fiscalidad sobre la vivienda en España y todo eso se tiene que evaluar y se tiene que medir para que
sepamos tomar las medidas más adecuadas y también, a lo largo del tiempo, podamos ir corrigiendo las desviaciones que se pudieran ir produciendo. También es verdad que en el texto de las enmiendas que presenta el Grupo de Convergència i Unió hay un
par de cuestiones que no sé exactamente si piden que se haga un informe o directamente que el Gobierno lo haga, pero parece muy razonable que se tengan que ponderar las ayudas fiscales en función de los diferentes territorios en España. Una misma
deducción fiscal en Tomelloso -tal y como decía antes el portavoz de Convergència i Unió- tiene mucho más impacto sobre una familia que si se aplica sobre una familia de Madrid -también ciudad citada por el portavoz de Convergència i Unió-;
pensamos que eso se debería corregir, que se debería ponderar, y en ese sentido también creo que el informe que se solicita debería incluir ese estudio, improviso, quizás se tiene que elaborar un mapa en España de costes, de medios, de vivienda y
aplicar una política fiscal que se ajuste de alguna manera a los precios reales de los diferentes
territorios. Se puede hacer por provincias, por comarcas o como sea, pero, desde luego, ese es un tema que nos parece bastante razonable y estamos de acuerdo con el punto 4 de la autoenmienda de Convergència i Unió.
También nos parece muy
positivo que las personas que viven en régimen de alquiler puedan acogerse a moratorias temporales parciales en las mismas condiciones que aquellos que están pagando hipoteca. Eso que pensamos que tendría un impacto económico muy importante,
también se debería evaluar antes de ponerlo en práctica; por lo tanto, en los estudios que se solicitan al Ministerio de Vivienda también se debería incluir ese tema.
Nosotros hemos presentado tres enmiendas. Pensamos que ya que nos ponemos a hacer estudios o ya que vamos a ponernos manos a la obra para analizar el impacto económico de estas medidas -yo creo que estos estudios tienen que ser lo más
globales y completos posible-, se debería también evaluar el impacto económico de mantener o incrementar, incluso, las actuales deducciones por compra de vivienda habitual; eso también se tendría que estudiar en el mismo informe que se encargara.
También nos gustaría conocer el impacto económico, qué consecuencias podría tener el incremento que tendrán las nuevas deducciones por rehabilitación que se aprobaron en el Real Decreto-ley 6/2010, y también nos gustaría que se pudiera analizar el
impacto ante una propuesta, ante una medida, ante una cuestión que hemos planteado en alguna ocasión que tiene que ver con el hecho de intentar acabar con la doble imposición en referencia al impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados.
Pensamos que ahí también se podría trabajar desde el punto de vista de la fiscalidad y que, aprovechando que hacemos este informe, lo más razonable sería que se hiciera de una manera lo más global y completa posible. Tal y como hemos
comentado, entendemos que el punto 3 de la autoenmienda de Convergència i Unió es un tema que tiene también un alto impacto sobre la recaudación en el IRPF, pensamos que tiene ciertas complejidades y puede generar situaciones injustas. Establecer
que la renta básica de emancipación no sea objeto de tributación en el IRPF y en cambio sí que lo sea una prestación por desempleo, una prestación de viudedad o una prestación de estas características, yo creo que tiene un punto de complejidad,
aunque entendemos también que aquellas personas que reciben este tipo de ayudas no quieran pagar o no quieran que aparezcan esos ingresos en sus declaraciones de la renta. Por tanto, nosotros votaremos a favor de la propuesta del Grupo de
Convergència i Unió, si llegamos a algunas pequeñas transacciones en términos literarios, tenemos ganas y voluntad de llegar a un acuerdo con el grupo que propone la proposición no de ley, y a lo largo de la tarde acabaremos de definir nuestro
sentido de voto.
La señora VICEPRESIDENTA (Corral Ruiz): Entiendo que ha defendido las tres enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular.
Para defender la última enmienda a esta proposición no de ley tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario Socialista la señora Fuentes.
La señora FUENTES PACHECO: Nosotros también entendíamos que era necesario presentar una enmienda, tal y como ha reconocido el portavoz del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, que ha sido precisamente el redactor de la iniciativa.
En el último año se han producido importantes cambios que hacían necesario modificar el texto que se nos presentaba; de hecho, el propio grupo ha presentado una autoenmienda que nosotros entendemos que se adapta más a las circunstancias actuales, y
dado que también el Grupo Parlamentario Popular va a establecer modificaciones, vamos a intentar llegar a un texto transaccional que incluya, tanto la modificación que hace el Grupo Convergència i Unió como las que estamos haciendo el resto de los
grupos de la Cámara. Entendemos que muchas de las cosas que se pedían en la proposición originaria ya se están realizando, de ahí la necesidad de ajustarnos a la nueva circunstancia y, sobre todo, me parece importante que en esta tarde los grupos
empiecen a darse cuenta -incluso el portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha hablado de retahíla-, de que se están haciendo muchas cosas cuando ya podemos hablar de retahíla de iniciativas; eso está bien y desde luego demuestra que en el último
año se han producido muchas modificaciones.
La señora VICEPRESIDENTA (Corral Ruiz): El señor Macias tiene la palabra en relación con las enmiendas que se han presentado.
El señor MACIAS I ARAU: Señora presidenta, vamos a hablar con los grupos, vamos a intentar llegar a un acuerdo, pero de entrada, en base a la autoenmienda de Convergència i Unió, retiraríamos el apartado 3. En cualquier caso, vamos a
hablar con los grupos por si podemos llegar a una transacción en toda su extensión a lo largo de la tarde.
La señora VICEPRESIDENTA (Corral Ruiz): Recuerdo a los grupos parlamentarios aquí presentes que, según me ha encargado que les diga el señor Macias, no votaremos antes de las seis de la tarde, por si tienen ustedes otros intereses.
- PARA LA DACIÓN DE LA VIVIENDA EN PAGO DE LA TOTALIDAD DE LA DEUDA HIPOTECARIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/001634.)
La señora VICEPRESIDENTA (Corral Ruiz): Pasamos al punto número 3 del orden del día, que es una proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa Per Catalunya Verds, sobre la dación de la vivienda en pago de la totalidad de la deuda hipotecaria.
En primer lugar, tiene la palabra el señor Herrera, posteriormente tomaré la palabra el
señor Canet. Ustedes se distribuyen el tiempo, somos bastante indulgentes, como han podido comprobar.
El señor HERRERA TORRES: Lo he observado, si mantiene esta indulgencia nos lo repartiremos incluso aún mejor.
Yo quería empezar explicando no una anécdota, sino un drama. Estaba, hace meses ya, en la ciudad de Santa Coloma de Gramenet -una ciudad azotada por la crisis-, en un acto sobre las consecuencias económicas que están padeciendo algunas
familias, y se me acercó una familia, una pareja joven, tenía un hijo, con sus padres, después de hablar yo sobre la situación económica y sobre la crisis, y me explicó su anécdota. Su anécdota era la de tantos otros, esa pareja había accedido a la
vivienda en el año 2005, le habían tasado el piso por encima de lo que él creía que era su valor real y la hipoteca incluso había ido más allá del cien por cien. Es verdad que aquella pareja se endeudó quizás en exceso, pero la entidad financiera
permitió que se endeudara en exceso, porque así hacía más negocio. El problema de esa pareja es que cayó en paro, forman parte de esas industrias que han cerrado por la falta de crédito, por otro lado, de las entidades financiera, y como cayó en
paro no pudo pagar un mes, dos meses, tres meses y la vivienda salió a concurso como tantas y tantas viviendas, y, al no presentarse nadie a la subasta, la vivienda se tasó en la mitad del precio, tal y como establece la ley. La hipoteca, por lo
tanto, fue subsumida por la entidad financiera en la mitad del precio, pero en el resto esa pareja tenía que pagar, y no sólo esa pareja sino sus padres, que eran avaladores. Dicho de otra manera, nuestra legislación hipotecaria, en una ciudad como
Santa Coloma, había arrastrado quizás a la pobreza a una familia entera, a la pareja, a la hija de pocos meses y a sus padres. No acaba aquí la historia, continúa, uno de los miembros de la pareja ha encontrado trabajo, pero no sé si saben que esa
pareja ha rechazado el puesto de trabajo porque la deuda le persigue y le perseguirá de por vida. Nuestra legislación hipotecaria no sólo ha arruinado a la familia, sino que ha lanzado a la familia a la economía sumergida, no pudiendo haber
entregado la vivienda, como existe en otras legislaciones europeas o en la legislación norteamericana, y persiguiendo esa hipoteca sobrevalorada por parte de la entidad financiera de por vida a esa familia, condenándola no ya a una situación
complicada hoy, sino quizás a una situación imposible de por vida.
Explico esto porque no es un caso anecdótico, el Consejo General del Poder Judicial ha cifrado las ejecuciones hipotecarias en 350.000 en los últimos años. Hay datos que acreditan, por ejemplo de la Agencia Negociadora de Productos
Bancarios, que más de un tercio de las familias tienen problemas para pagar la hipoteca. Durante el 2009, el 37 por ciento de las familias hipotecadas tuvo que retrasar al menos en una ocasión el pago de su hipoteca, y el 48 por ciento dijo tener
problemas para llegar a final de mes. Si hoy tenemos 5.400.000 familias que están hipotecadas con la primera vivienda, esto da una cifra de dos millones de hogares y esto va más allá de dos millones de personas, como ustedes bien saben. Es un
problema social en un Estado social y democrático de derecho y, por tanto, nosotros entendemos que hay que caminar, que hay que avanzar y que esto no se puede mantener. Nuestra legislación en materia hipotecaria está condenando a centenares de
miles de personas y a sus correspondientes familias, y además, nuestra legislación hipotecaria es la que ha permitido que se diesen créditos por el 120 por ciento del valor de la vivienda a 40 o a 50 años. Nuestra legislación hipotecaria es la que
no quisieron cambiar, y se lo digo yo, que presenté una proposición de ley traída de la legislación francesa para evitar el sobreendeudamiento; se trataba de poner reglas en el sector financiero hipotecario, es verdad, pero aún tengo el 'Diario de
Sesiones' en el que todo el mundo me acusaba de intervencionista, tan intervencionista como lo fueron los franceses, ni más ni menos. Lo cierto es que hoy miles de personas lo están padeciendo y que hoy existe una plataforma, que es la que se ha
dirigido tanto a nosotros como a Esquerra Republicana, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que han elaborado una propuesta que nos han trasladado y que nosotros hemos querido traer a esta Comisión y a esta casa. Hoy, la Ley Concursal
22/2003, una ley concursal pensada para un contexto económico radicalmente distinto al actual, en la práctica permite que, por ejemplo, una empresa pueda liquidar sus deudas y empezar de cero, en cambio, esto no lo permite para una familia,
discriminando claramente entre la situación de una empresa de la situación de una familia. Saben ustedes que el procedimiento concursal, incluso modificándolo, continuaría siendo caro para estas familias, 12.000 euros, y además tardaría alrededor
de un año. Saben ustedes también que la Ley de Enjuiciamiento Civil no facilita el ejercicio del derecho a la tutela efectiva de las personas afectadas, porque, en definitiva, impide al juez examinar las circunstancias personales, vitales, como sí
que existe en el derecho comparado; y el artículo 671 establece que si la subasta queda desierta, sin postor, el acreedor del préstamo podrá adjudicarse el bien con el 50 por ciento de su valor de tasación sin perjuicio del cobro del resto de la
deuda pendiente, que es lo que le pasó a esta familia de Santa Coloma y es lo que les pasa a centenares de miles de personas a lo largo de los últimos años. El problema está en que esta combinación de legislación está afectando a la dignidad de la
gente, lanzando a la pobreza a familias que están pasando por un mal trago, y precisamente nuestra legislación lo que hace es empeorar esta situación y además con consecuencias económicas, porque lo que está claro es que una persona que tiene una
deuda de por vida no se puede
incorporar a trabajar con normalidad, teniendo que trabajar en negro y, por tanto, no tributando. Esta es la durísima realidad que estamos hoy padeciendo fruto de una mala legislación que nosotros -y quiero recordarlo- intentamos cambiar la
legislatura anterior, aunque no pudimos, y que hoy volvemos a traer a colación para que se cambie.
¿Qué creemos nosotros? Que parece razonable que, cuando se trate de la única vivienda disponible y cuando se acredite la buena fe del deudor, se pueda declarar cancelada la totalidad de la deuda con la entrega de la vivienda. Fíjense, no
les planteamos ningún imposible, tenemos el caso norteamericano, que es el tópico, pero también tenemos más casos, les pongo el ejemplo francés: en el año 2003 se aprueba la ley que se conoce como de la segunda oportunidad, que prevé la condonación
judicial de las deudas de personas físicas mediante liquidación; en Inglaterra, modelo anglosajón, la de acción en pago, no es noticia; pero en Alemania y en Portugal, por ejemplo, se plantea un proceso de negociación que puede conducir a la
condonación parcial de la deuda cuando se trate de deudores de buena fe. Por lo tanto, existe una legislación comparada que nos permitiría avanzar en esta línea.
¿La figura más acorde? Lo explicamos en la exposición de motivos, sería la adopción de la dación en pago integrada bajo una forma de imperativo legal y a la vez tutelada desde el punto de vista judicial, donde se tuviese que acreditar la
buena fe del deudor, estamos de acuerdo; con justa causa que haga imposible el pago, como podría ser la pérdida del empleo, la enfermedad, la separación, el divorcio; que la vivienda sea la residencia habitual y única, también como condición para
evitar determinados abusos. Esto se podría hacer y sería factible, y por eso hemos planteado una proposición no de ley con cuatro puntos muy sencillos: que se lleven a cabo las medidas que permitan la dación de la vivienda en pago de la totalidad
de la deuda hipotecaria con las condiciones que antes he explicitado; que se elabore el proyecto de ley de modificación del Decreto 8/1946, por el que se aprobó la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, para incorporar la posibilidad de
negociación, incluso hemos agregado los puntos para que si algún grupo parlamentario quisiese pudiese aprobar alguno de ellos; que se introduzca un requisito para el futuro concurso de adjudicación del proveedor o proveedores de los créditos ICO,
como es que las entidades financieras que accedan a ellos -y podríamos plantear lo mismo para el FROB- no realicen la ejecución hipotecaria como la están realizando y acepten la dación en pago, yo ayudo pero a cambio de condiciones, como ha hecho la
mayoría de países; y que se vincule la concesión de ayudas públicas a entidades de manera que estas acepten también esa condonación de la deuda.
Nosotros creemos que la propuesta es razonada y razonable, y también tenemos que decirles que a estas alturas lo que no queremos son estudios de tres o de seis meses, no; queremos que se aprueben medidas porque esta es una proposición no de
ley en Comisión y esperamos que se apruebe lo que estamos aquí mandatando. Es por eso que lamentamos no poder aceptar las enmiendas, en las que me consta -y más por las posturas de que se parte- que ha habido un esfuerzo por parte de los grupos
parlamentarios que así lo han planteado, Grupo Popular y Convergència i Unió, y espero que la no presentación de ninguna enmienda por el Grupo Socialista, ya que no existe en registro enmienda alguna, sea la expresión de que van a votar a favor,
porque si no expresarían no solo insensibilidad con aquellos con los que dicen que se han entendido, expresarían un cierto desprecio, no hacia este grupo parlamentario, hacia un drama social que hoy viven nuestros ciudadanos. Esta crisis es una de
las peores que hemos padecido, lo sabemos, pero tiene un elemento diferencial con respecto a la crisis de los ochenta: el fuerte endeudamiento familiar. Esto repercute sobre las entidades financieras, pero nos olvidamos que esto repercute
dramáticamente con nuestra legislación hipotecaria sobre las familias, está suponiendo un drama social, es un lastre económico y, además, un Estado social, democrático y de derecho, tal y como establece la Constitución, debe responder y estar a la
altura. Por lo tanto, esperamos que la no presentación de enmiendas sea el gesto significativo de que el Grupo Socialista va a votar favorablemente a la proposición no de ley. Y lo digo porque a estas alturas yo, como portavoz, he recibido muchas
llamadas sobre diferentes PNL del Grupo Socialista, pero no he recibido una, la que quería que me explicase por parte del Grupo Socialista lo que van a votar en nuestra proposición no de ley. Por tanto, estaré muy atento a su intervención.
La señora VICEPRESIDENTA (Corral Ruiz): Para completar la defensa de esta proposición no de ley tiene la palabra el señor Canet, supongo que con una intervención más breve.
El señor CANET I COMA: Será más breve y procurando no repetir nada o lo mínimo posible de lo que ya ha comentado Joan Herrera sobre una proposición no de ley que firmamos conjuntamente los dos partidos que integramos el grupo y a
iniciativa, como ha dicho, de la sociedad civil.
Es evidente que el boom inmobiliario se ha traducido, como bien ha explicado, en un gran sobreendeudamiento familiar y la crisis ha degenerado en una insolvencia que afecta a muchas personas. Lo que queríamos resaltar es que este
sobreendeudamiento nos parece que, en cierta forma, ha sido facilitado por el sector público, al que podríamos llamar corresponsable. Como bien explicaba el economista Joan Tugores, se propició por activa y por pasiva que la rentabilidad de los
recursos invertidos en el sector inmobiliario fueran lujuriosamente más importantes que las rentabilidades que se podían obtener de la economía productiva. En la exposición de motivos nos hemos referido a un caldo de cultivo producto de una
relación simbiótica entre notarios, tasadores, entidades financieras e inmobiliarias, y aludimos también a indicios de fraude y estafa generalizada. Puede resultar discutible el vocabulario que hemos empleado o el análisis, es evidente que
ciudadanos mayores de edad, en plenitud de sus derechos civiles y políticos, no se pueden declarar o considerar irresponsables, pero el contexto hay que tenerlo en cuenta queramos o no.
Desde Esquerra Republicana ya proponíamos en nuestro programa
electoral para las elecciones al Parlament de Catalunya del año 2006 algunas medidas como la necesidad de controlar el sobreendeudamiento, cambiar la normativa de las tasaciones inmobiliarias para que el crédito nunca superara el 80 por ciento del
valor de la tasación, poner fin a las deducciones en el IRPF por la compra de vivienda y algunas otras. Porque, en realidad, y no me voy a repetir, la legislación actual maltrata a las personas insolventes más allá de lo que las maltrata ya la
economía. Los jueces no pueden, con la ley en la mano, ni siquiera examinar las circunstancias de la insolvencia ni tampoco evaluar el grado de información con la que se han firmado los créditos. Por eso, nos parece necesario articular una vía que
libere a las familias hipotecadas de los efectos perversos de la sobrevaloración de las viviendas, y, como se ha comentado, nos parece razonable que la figura más acorde sea la adopción por parte del ordenamiento jurídico español de la dación en
pago integrada bajo una forma de imperativo legal y tutelado por la autoridad judicial. De hecho, algunas entidades ya están practicando e incentivando el sistema porque por política bancaria no les interesa que sus deudores figuren en el RAI y no
puedan ser futuros clientes potenciales.
Las propuestas concretas las ha hecho Joan Herrera, no las voy a repetir, simplemente quiero aludir a algunas de las ventajas que tendría tomar en cuenta estas medidas: se limitaría la responsabilidad del deudor hipotecario de buena fe;
solo entraría en juego en situaciones en las que se produce una caída en el precio de la vivienda; un beneficio indirecto podría ser liberar a los tribunales de buena parte de los procedimientos actuales y futuros; y, además, seguramente esta
reforma produciría un efecto de contención de precios de la vivienda.
En cualquier caso no queremos esconder, y con eso voy terminando, la dificultad de determinadas medidas, somos conscientes de que en esas reformas legales que pedimos se deben abrir algunos debates en los que conviene hilar muy fino.
Enumero algunas de las cuestiones: eliminar la garantía personal de los créditos hipotecarios es una posible solución que tiene sus problemas, pero hay que trabajar en ese sentido; decidir si la dación en pago es una facultad del deudor,
obligatoria para el banco en determinadas circunstancias, y no una simple posibilidad; analizar cómo se acredita la buena fe del deudor; valorar qué tratamiento debe darse a la posterior venta del inmueble por parte de la entidad bancaria después
de la dación en pago; y contemplar posibilidades como la que se ha incluido en la ley catalana: la Generalitat puede recomprar la vivienda protegida a quienes no pueden devolver el préstamo. Así, por tanto, podría plantearse la posibilidad de una
cotitularidad pública temporal como alternativa a la dación en pago. En cualquier caso, sean cuales sean las medidas, no pueden ser ahora estudios sino que ante una solución como la que se está dando tenemos que dar respuestas socialmente justas, y
de ahí el sentido de nuestra proposición no de ley.
La señora VICEPRESIDENTA (Corral Ruiz): A esta proposición no de ley se han presentado dos enmiendas, una por parte del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. Tiene la palabra su portavoz el señor Macias.
El señor MACIAS I ARAU: Señores diputados, en la exposición de motivos del grupo proponente aparecen unas cifras a las que hice referencia también hace unos cuantos meses y que realmente suscitan la perplejidad y un cierto sentimiento de
espanto. Que el ritmo de ejecuciones hipotecarias haya pasado de las cerca de 60.000 en 2008 a prácticamente el doble en 2009 y que el ritmo de este año haga prever que esto puede aumentar un 50 por ciento es algo que resulta un síntoma de que algo
grave está sucediendo. Por tanto, como nosotros ya hemos comentado en otras ocasiones en esta Comisión y en Pleno, este es un tema de aquellos que hay que intentar resolver. Y es uno de los tema que, además de generar una intranquilidad y unos
efectos gravísimos sobre muchos ciudadanos -de ahí la existencia de esta plataforma y de peticiones para que esto sea resuelto-, nos parece que es un problema real, un problema de aquellos que debe mover a los que tenemos responsabilidades políticas
a buscar soluciones.
La proposición no de ley del Grupo de Izquierda Unida-Esquerra Republicana presenta una serie de elementos para su resolución. Como toda proposición no de ley, al no ser vinculante, no da la resolución real, hay otras figuras para hacerlo
como puede ser instar una proposición de ley y que esta pueda avanzar, y quizá esta pueda ser una vía si el Gobierno no presenta ninguna medida. Nuestro grupo, cuando leyó esta proposición no de ley, quiso manifestar de entrada el acuerdo con que
este es un tema que hay que debatir, me parece que la Comisión de Vivienda cobra su oportunidad en el momento en que trata temas que afectan realmente a los ciudadanos y, por tanto, parece que está bien que este tema sea tratado aquí. También nos
pareció que valía la pena proponer una enmienda donde nosotros introdujimos una serie de elementos coincidiendo con algunos de los que proponen Iniciativa-Esquerra-Izquierda. Básicamente yo creo que la cuestión es poder ver cuál de entre los
modelos que existen, a los cuales ya han hecho referencia el señor Herrera y el señor Canet, puede ser más aplicable en el contexto jurídico del Estado español, y también ver las posibilidades concretas de cómo puede solucionarse la introducción de
la dación de vivienda, y algo que nos parece positivo -que la propia plataforma en muchos casos propone- y es la posibilidad de condenación
parcial. Estos elementos pueden ayudar a resolver esta situación.
El señor Herrera dice que no le gusta que pongamos plazos, en cualquiera de los casos nosotros no vamos a hacer ninguna cuestión de los plazos, a nosotros nos parece que es un tema en el que hay que trabajar, que hay que proponer soluciones
y que hay que dar respuesta a los ciudadanos, nuestro texto, en cualquier caso, iba en este sentido.
Como el señor Herrera ya ha anunciado que no va a admitir ninguna enmienda, ni la nuestra ni la del Partido Popular, que creo iba en un sentido parecido al que nosotros presentamos aunque con otras concreciones, sí voy a pedir votación
separada de la parte que a mí me parece más importante y sustancial de su proposición no de ley que son los apartados a) y b); creo que el c) y el d) introducen otras derivaciones que más bien pueden hacer compleja toda esta cuestión más que
facilitarla. Nuestro grupo pediría, si no se acepta ninguna enmienda, que se voten separadamente los apartados en dos bloques, el a) y el b) conjuntamente y el c) y el d) como otro bloque, anunciando que vamos a votar favorablemente los puntos a) y
b), el a) porque insta a que se lleven a cabo con urgencia las medidas, nos parece bien, es otra manera de decir lo que decíamos nosotros, quitando si quieren los plazos; y en segundo lugar, que se elabore un proyecto de ley para dar respuesta a
las modificaciones de las normativas necesarias, cosa que nosotros también decíamos en nuestra enmienda. Por tanto, nos parece que estos dos puntos son aceptables en el sentido de que son mandatos al Gobierno para que actúe, sin embargo, nos parece
que los puntos c) y d) son otras consideraciones mucho más complejas, el futuro concurso de adjudicación parece que ya no es tan futuro, no sé si ya está resuelto, por lo tanto no tiene demasiado sentido. Finalmente, la vinculación de las entidades
financieras, aparte de que me parece que ayer se acabó un determinado plazo, no está prevista en la propia legislación de estas ayudas públicas y sería, por tanto, un brindis al sol y no aporta ninguna novedad en positivo. Repito, si nuestra
enmienda no es aceptada, nosotros pedimos votación separada para poder dar apoyo a los puntos a) y b), que son realmente los sustanciales, los positivos y los que podrían contribuir a desbloquear esta situación.
La señora VICEPRESIDENTA (Corral Ruiz): Para defender la segunda enmienda, por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Eugenia Carballedo.
La señora CARBALLEDO BERLANGA: La proposición no de ley que debatimos hoy trae a la Cámara las propuestas de una plataforma civil, la de Afectados por la Hipoteca. A nadie se le escapa -desde luego no a mi grupo- que detrás de esta
plataforma con un nombre tan descriptivo lo que vamos a encontrar es un sufrimiento real de miles de personas que, ahogadas por las deudas -ya son 4.500.000 parados lo que acumula el señor Zapatero-, se ven incapaces de hacer frente a las cuotas
hipotecarias y, por lo tanto, ante el abismo de perder sus viviendas. Y además, con la conciencia clara de que el embargo de la vivienda no les va a liberar de la deuda en el mayor porcentaje de los casos.
Las medidas que el Gobierno está adoptando desde que por fin es consciente de la crisis económica lo cierto es que no están mejorando la situación; fíjense, creo que la está enquistando. Yo supongo que el Grupo Socialista alardeará una vez
más y enumerará la multitud de medidas que supuestamente van a mitigar el sufrimiento de estas familias. Estoy pensando, por ejemplo, en la línea ICO que abrieron para las personas que se quedan sin empleo y se ven incapaces de hacer frente a estas
deudas hipotecarias, el fracaso de esa medida. Recuerdo cómo este grupo está intentando por activa y por pasiva que el Gobierno modifique las condiciones de acceso a esta línea para que efectivamente sea una medida que venga a favorecer a estas
familias y no lo conseguimos, por más que la Comisión así lo aprueba. Y el hecho que estas medidas no estén sirviendo absolutamente para nada sino para enquistar la situación lo refleja muy bien la memoria del Consejo General del Poder Judicial,
aquí se ha dicho. ¿Cómo es posible que las ejecuciones hipotecarias se estén acumulando día tras día en los juzgados, se esté triplicando del año 2008 al año 2010? ¿Cómo es posible que más de 350.000 familias se queden en la calle y no se haga
nada efectivo para parar esta sangría? A estos insolventes deberíamos añadir tantas familias y amigos que van al rescate de estas personas y avalan con sus propios bienes estos créditos hipotecarios y que hoy también ven en riesgo sus propios
bienes. Estamos ante una situación de la que el señor Herrera nos ha contado un caso, pero es que hay miles, a todos nosotros nos viene a la cabeza gente que sabemos que lo está pasando tan mal, gente que está a un centímetro de la exclusión
social. Ante la incapacidad del Gobierno para hacer frente a esta dramática y caótica situación yo pongo en valor el que sea una plataforma civil la que llegue a los políticos y nos haga debatir hoy sobre la dación en pago. Yo lo pongo en valor,
no sirve hasta este minuto para nada, y lo digo porque -todavía no se ha dicho- todos somos conscientes de que hace un año se debatía este mismo asunto en el Senado, el mismo, y se aprobó en esa ocasión por la generosidad del proponente y yo espero
que en esta ocasión los grupos proponentes sean también sensibles y quieran sumarse a otros grupos. En el Senado hace un año se llegó a la unanimidad y se aprobó una enmienda transaccional.
El problema de fondo creo que es el que el presidente de mi partido, don Mariano Rajoy, le trasladó al presidente Zapatero hace apenas una semana, el miércoles pasado, en la sesión de control. Entonces, mi presidente le preguntaba al
presidente del Gobierno: ¿qué valor le da el presidente del Gobierno a las resoluciones que se aprueban en esta Cámara? ¿De qué sirven las decisiones que aprueban los diputados y los senadores? Pues hasta la fecha de hoy no ha servido de nada que
el Senado, el día 18 de junio de 2009, debatiera lo mismo, la dación
de la vivienda en pago de la totalidad de la deuda hipotecaria, también bajo esa forma de imperativo legal a la que aludía el señor Herrera. La enmienda transaccional la conocen como yo, la leo para aquellos que no lo hayan hecho. Decía
así: La Comisión de Economía y Hacienda insta al Gobierno, en el marco de colaboración y diálogo institucional con las entidades financieras, a promover la existencia de productos hipotecarios con garantía limitada según el artículo 140 de la Ley
Hipotecaria. La realidad demuestra una vez más que el Gobierno hace caso omiso a las decisiones que adoptan diputados o senadores. Pero no será el Grupo Popular -no seremos nosotros- el que ceje en el empeño. En aras del consenso en el Senado,
nosotros apoyamos esta enmienda transaccional, que no era la nuestra, nosotros íbamos más allá pero la apoyamos, y hoy vemos una oportunidad de seguir avanzando y de concretar más. Reiteramos lo que entonces fue nuestra petición, lamento que para
el grupo proponente no sea suficiente, pero le pediría que no desdeñaran no ya pedir un informe más, sino pedir el primer informe sobre un tema que nace en el Código Civil -nada más y nada menos-, con lo cual un cambio de sistema requiere una
reflexión profunda y un análisis serio y riguroso. El que nosotros queramos explorar las posibilidades que creemos ver en el artículo 140 de la Ley Hipotecaria, en el marco del derecho comparado y, obviamente, en función del impacto que el cambio
de sistema pudiera producir en el sistema financiero español, hoy en una situación delicada, como es sabido, creo que es una avance importante. Si aceptamos esta enmienda creo que estaríamos más cerca de la solución que si no la aceptamos. Y
además le ponemos un plazo al Gobierno, pues claro que le ponemos un plazo, como que creemos que tiene que trabajar hoy mejor que mañana en la búsqueda de soluciones eficaces, sí, pero también equilibradas, porque los españoles lo necesitan, sí,
pero también lo merecen. Y aceptar la propuesta tal cual ha sido registrada en la Cámara me parece una irresponsabilidad en el sentido de que España no se puede equivocar más; es decir, las decisiones que adoptemos aquí tendrán que ser para bien,
no podemos dejar de acertar.
Pido dos cosas, la primera al grupo proponente, a ver si está de acuerdo en que lleguemos entre todos a una enmienda transaccional, porque todos tenemos en mente el sufrimiento de estas familias; y en segundo lugar le pediría al Grupo
Socialista que ayude al Grupo Parlamentario Popular a hacer ver al Gobierno que el trabajo que realiza la Cámara legislativa ha de servir para algo, han de tener en cuenta lo que aquí se aprueba, pedirles, por Dios, que dejen de gobernar a espaldas
del Parlamento y también, por qué no decirlo, a espaldas de la sociedad civil.
La señora VICEPRESIDENTA (Corral Ruiz): Para fijar posiciones tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario Socialista el señor Higinio Almagro.
El señor ALMAGRO CASTRO: Señorías, la iniciativa que hoy nos presenta el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya Verds basa su argumentación en la situación que, efectivamente, demasiadas
personas están padeciendo cual es la de no poder hacer frente al pago de su vivienda y, por tanto, tener que afrontar situaciones desagradables, no queridas para nadie, como las de embargo y ejecuciones hipotecarias. Ni que decir tiene que desde mi
grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, entendemos la gravedad de este problema y nos solidarizamos con todas aquellas familias afectadas, pero, señor Herrera, ni insensibilidad ni desprecio; la preocupación por las personas que lo están pasando
mal en esta situación económica, por mucho que usted lo proclame por aquí o por allí, no es patrimonio suyo ni de su grupo, es algo que nos ocupa y nos preocupa al Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno y supongo y presupongo que a todos y a
todas los que nos sentamos en este hemiciclo. El Gobierno es el primero en conocer y en ser consciente de la difícil situación que están atravesando muchas familias y por eso viene llevando a cabo distintas medidas y acciones que tienen
precisamente como objeto mitigar esta situación, y que seguro que SS.SS. conocen: la moratoria de préstamos hipotecarios dirigidos a desempleados, trabajadores por cuenta propia que hayan cesado su actividad o pensionistas de viudedad, o la
reciente ampliación de los límites de inembargabilidad previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
¿Fracasos, señora Carballedo? No, salvo que para el Grupo Popular fracaso sea el hecho de que el Gobierno actúe como debe de actuar, dirigiendo sus pasos para recuperar a este país de la situación en la que nos encontramos y para dar
respuesta precisamente a la gente que lo está pasando mal en esa situación. El Gobierno y el Grupo Socialista que lo apoya comparten esta preocupación, si bien no pueden compartir, señor Herrera, la solución que propone en esta iniciativa, que tal
vez, de ser otra la coyuntura económica, sería perfectamente estudiable, pero ahora no, señor Herrera, ahora no es el momento. Y no compartimos la solución propuesta por varias razones. En primer lugar, es la propia seguridad jurídica la que
impide aplicar la reforma propuesta con efecto retroactivo, ya que los préstamos ahora impagados se suscribieron bajo unas condiciones y en un marco jurídico que ahora no puede verse alterado. En segundo lugar, señor Herrera, admitir la dación de
pago de la vivienda familiar daría lugar a un problema aún mayor, habría que encontrar una vivienda para la gente que se ha quedado sin vivienda y tiene que entregarla, ¿o eso no es el problema?, ¿solucionamos simplemente el problema dejando que la
gente entregue su vivienda?, ¿ese es el objetivo? No, señor Herrera. El objetivo y los pasos del Gobierno tienen que ir encaminados a que la gente no tenga que dejar su vivienda sino que permanezca en ella, hacia ahí tienen que ir dirigidos los
pasos de todo gobierno y, por supuesto, las del Grupo Parlamentario Socialista que apoya al Gobierno. Y, en tercer lugar, además de inseguridad jurídica, las medidas propuestas agravarían la situación económica en la que nos encon
tramos por cuanto las entidades financieras verían disminuida su garantía.
Esto las pondría en situación de desventaja respecto a otros países y, al final, todo esto acabaría repercutiendo en la economía de nuestro país, y, por tanto, en
todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que viven en este país.
Por tanto, señor Herrera, más desventajas que ventajas, soluciones pocas y riesgos excesivos. Al final nos encontraríamos con ciudadanos sin vivienda y, lo que es peor, con ciudadanos con mayores dificultades para acceder a ésta, por cuanto
en el supuesto de que la medida se aplicara y fuera obligatoria no duden SS.SS. de que las entidades financieras se curarían en salud y disminuirían el porcentaje del préstamo concedido con respecto al precio total de la vivienda o variarían los
diferenciales.
Por tanto, mi grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, por responsabilidad, ni puede ni debe apoyar esta medida que, cuando menos, es inoportuna y poco o nada eficaz, que genera falsas expectativas para los afectados, que podría
lanzar un mensaje a los mercados que acabaría volviéndose en contra de todo el sistema económico de nuestro país y que, por tanto, generaría más y mayores problemas de los que solucionaría.
Lo que les pido antes de terminar, señorías, es que también se sumen, aunque sea por una sola vez, a este ejercicio de responsabilidad.
La señora VICEPRESIDENTA (Corral Ruiz): Cuando el señor Herrera haya tomado una decisión comuníquela a la Mesa.
El señor HERRERA TORRES: Simplemente quiero que sepan que valoraremos la enmienda, pero nosotros entendemos que no es un problema de plazos, es un problema de que a los estudios, lamentablemente, se los lleva en demasiadas ocasiones el
viento y consideramos que sería bueno que hubiese un mandato. En cuanto a la responsabilidad, simplemente quiero recordar que este modesto grupo parlamentario presentó en la legislatura anterior una proposición de ley que hablaba de limitar el
sobreendeudamiento familiar, como existía en Francia.
La señora VICEPRESIDENTA (Corral Ruiz): Señor Herrera, no podemos entrar ahora en debate.
El señor HERRERA TORRES: Solo era por hacer un poco de memoria. Nada más que eso.
- RELATIVA A LA FINALIZACIÓN DE LA OBRA DEL PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE LA TEJERA, EN LA CIUDAD DE PALENCIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001757.)
La señora VICEPRESIDENTA (Corral Ruiz): Pasamos a la tercera proposición no de ley, punto 4.º del orden del día, relativa a la finalización de la obra del Palacio de Exposiciones y Congresos de La Tejera, en la ciudad de Palencia. Para su
defensa tiene la palabra por parte del grupo parlamentario proponente, el Grupo Parlamentario Popular, la señora Celinda Sánchez.
La señora SÁNCHEZ GARCÍA: Señorías, presentamos hoy en esta Comisión una PNL para recabar el apoyo de los grupos a una obra que parece el cuento de nunca acabar. Esta obra dio comienzo en el año 2005, tenía una finalización con una fecha
concreta que era 2008, pero a día de hoy tengo que comentarles que no sabemos absolutamente nada más de cómo va la obra, excepto -y esto por contestación parlamentaria- que lleva un año paralizada. Por ello, consideramos de justicia demandar al
Gobierno el cumplimiento de su compromiso en cuanto a la modificación y a la financiación de esta obra, y pedimos su finalización -que ya nos parece excesivo- en el primer trimestre del año 2011. Para ponerles a todos al corriente y no pedir esto
sin saber absolutamente nada de lo que estamos hablando, me van a permitir que se lo explique cronológicamente. Estamos hablando de una obra que empieza su andadura en el Ministerio de Fomento en el año 2002 y es en el año 2005 cuando el Ministerio
de la Vivienda licita la ejecución que es adjudicada en 2006 por un importe de 5.665.000 euros, y pongo énfasis en la cifra, y cuenta con un plazo de ejecución de 36 meses; es decir, tenía que estar entregado a finales del año 2008 o primeros de
2009. Dicha obra está cofinanciada al 50 por ciento por el Gobierno central y el otro 50 a partes proporcionales: 20 por ciento la comunidad autónoma, 20 por ciento el ayuntamiento y 10 por ciento la diputación. Pues bien, esta obra ha tenido
varias paralizaciones temporales, y todo ello basado en temas técnicos que, según parece, han ido surgiendo en esta rehabilitación de un edificio que era una antigua tejera. Como ha habido varios problemas y parece ser que no había ninguna
previsión de que finalizara en el año 2008, en octubre de ese mismo año el ministerio presenta un nuevo convenio al ayuntamiento porque dicha obra tiene una modificación ni más ni menos que de 4.000.000 euros; es decir, de cinco y pico millones
pasamos a más de 9.700.000 euros. ¿Por qué? porque debido a todos esos problemas que parece se van descubriendo poco a poco, algo inaudito cuando la dirección de obra y todos estos temas se llevan directamente por el propio ministerio, comentan
que este incremento, que supone un 72 por ciento de la obra, va a ir concretamente a cargo del propio ministerio y que la vigencia de este acuerdo va a finalizar el 31 de diciembre de este año. Es decir, se firma en 2008 y tiene unas anualidades
que finalizan en 2010; pásmense, en 2010, la cantidad más baja que podía tener esa obra eran 440.000 euros. Para situarles, a día de hoy no se ha certificado ni 1.500.000 euros, y estamos en el segundo semestre de 2010.
Dicha modificación, que, como digo, es asumida, aunque el ayuntamiento no puede hacerse cargo de una obra que se ha disparado, tiene una especie de sainete o
de cuento para embaucar a los palentinos que nos parece inaceptable.
Cuando esta diputada hace nuevamente una pregunta para ver qué pasa con esta obra, se me contesta en marzo de 2009 diciendo que se ha hecho un nuevo modificado que alcanza
los casi 10.000.000 euros, pero que el plazo de finalización de esta obra está previsto para el 30 de abril de 2010.
Es contestación del propio ministerio. Como yo pido que comparezca un responsable del ministerio en esta Cámara para que me cuente
qué es lo que está pasando, comparece el secretario general de la Vivienda, el señor Ramos, quien confirma que hay muchos retrasos, que hay muchos problemas y que se están encontrando con infinidad de temas que desconocían y que como realmente es
una rehabilitación, esto es imprevisible. Uno puede estar o no de acuerdo con ello, pero damos nuestro margen de confianza. Y fíjese si damos un margen de confianza que yo me fío de lo que el secretario general de la Vivienda dijo en esta Cámara
el 17 de diciembre de 2008, y cito textualmente: Le doy mi palabra de que el ministerio tiene presupuesto suficiente para abordar esta obra, y puede no tener una partida concreta, pero hay partidas generales suficientes para abordar la obra, que no
se va a parar bajo ningún concepto. Fiándonos en esto, no hemos querido decir que vaya dentro de los presupuestos de este año una partida, yo me fío, lo que pasa es que ahora van a entender que quizá la desconfianza viene avalada por unos hechos.
Los hechos son que -vuelvo a incidir en el tema- el propio secretario, a la vista de que no podíamos visitar la obra que llevaba ya tres años y que desconocíamos desde el propio Ayuntamiento cómo iba, nos invita a toda la corporación a que lo
visitemos. Visitamos esa obra...
La señora VICEPRESIDENTA (Corral Ruiz): Señora Sánchez, le agradeceríamos que fuera resumiendo.
La señora SÁNCHEZ GARCÍA: Ahora termino. Voy a abusar de su consideración, señora presidenta.
Teníamos conocimiento de que se habían paralizado las obras y ahí quedó claro que no es que estuviesen paralizadas, estaban prácticamente donde habían comenzado en el año 2006. Ahora se nos dice que va a haber otros cambios para posibilitar
la viabilidad del edificio y que posiblemente venga otra nueva modificación. No es que lo diga el Partido Popular, me lo dicen en la respuesta parlamentaria. Dicen que el ministerio se ha reunido con la dirección de obra y con el arquitecto el 15
de septiembre de 2009 y que hay que determinar el alcance económico de las obras necesarias para resolver esos cambios estructurales. ¿Sabe qué suponen esos cambios estructurales y esa nueva reforma? Otros 3 millones de euros. Estamos hablando ya
de 13 millones de euros sobre los 5.600.000 iniciales.
Señorías, sinceramente, esto no es serio ni aceptable. No puede contestar el propio Gobierno, que es el que lleva la ejecución y supervisión de la obra, que constantemente están surgiendo problemas técnicos que nos llevan a dos modificados
que van a dar una cantidad adicional a lo que ya pone el propio ministerio de 7 millones de euros a mayores. Por lo tanto, es un problema de irresponsabilidad del propio ministerio, que es al que le compete supervisar y dirigir dicha
rehabilitación, y esa negligencia no podemos pagarla los palentinos, que estamos viendo cómo el Estado -una vez más- incumple su compromiso con Palencia.
Por ello, nosotros solicitamos en esta proposición no de ley que dichas obras -y vuelvo a repetir que somos responsables y no hacemos una propuesta para que se incluya en los presupuestos de este año- del Palacio de Exposiciones y Congresos
de La Tejera, en la ciudad de Palencia, pueda estar finalizada en el primer trimestre del año 2011. No es mucho pedir, un año después de lo que estaba previsto por el propio ministerio.
A la espera de lo que me diga con respecto a la enmienda, contestaré después.
La señora VICEPRESIDENTA (Corral Ruiz): Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra doña Helena Castellano.
La señora CASTELLANO RAMÓN: La proposición no de ley que hoy debatimos trae a esta Cámara un proyecto de futuro, aunque no nuevo, eso es verdad, para la ciudad de Palencia. El Palacio de Exposiciones y Congresos de La Tejera situará a la
ciudad de Palencia en el circuito de ciudades capaces de acoger ferias, congresos y exposiciones internacionales, lo que reforzará la actividad económica, cultural y turística de la ciudad en beneficio de los palentinos. Es, además, un edificio
singular, emblemático para la ciudad, y que conserva la memoria de los ciudadanos.
Y por esto precisamente, el Grupo Socialista sabe que el ministerio tiene un compromiso con la ciudad, con el proyecto, compromiso que -no se preocupe usted- el
ministerio no piensa dejar de cumplir.
Ahora bien, esta obra desde su inicio ha estado plagada de vicisitudes y de incidencias. La más grave de ellas, que quiero recordar y lamentar aquí, fue la muerte del trabajador Juan Jesús Sancho Capillas. Además de este terrible incidente
que, como digo, ha sido el más lamentable de los ocurridos, ha habido un sinfín de problemas desde su inicio, problemas técnicos que si bien en parte son atribuibles a los propios de la rehabilitación de un edificio histórico, a ellos se han añadido
otros de fuerza mayor que han entrañado especiales dificultades que ha habido que subsanar. Sin ánimo de ser exhaustiva, y para clarificar un poco lo que digo, voy a citar un par de ellos. En enero del año 2009 tuvo lugar un derrumbe a causa de un
vendaval que hizo necesario el derribo de una fachada que había quedado inestable, la reconstrucción del cerramiento exterior y la estabilización de las fachadas norte y sur. Se ejecutaron excavaciones que constataron la ausencia de cimentación de
las fachadas por un lado y por otro la
aparición de galerías y conductos enterrados de los que se desconocía su existencia, lo que ha obligado a un replanteamiento de la estructura de todo el conjunto. Además, han aparecido una serie de nuevas necesidades en relación con las
instalaciones motivadas por la necesidad de su adaptación a la nueva normativa vigente. No es cuestión ahora de desgranarle todo el rosario de vicisitudes que ha tenido esta obra porque han sido muchas, de verdad, pero todos estos problemas que han
surgido desde el propio inicio de la obra han hecho que se pongan encima de la mesa muchas posibilidades, desde la resolución del contrato hasta un segundo proyecto modificado. Pero lo que sí puedo decirle es que en estos momentos la obra se haya
en suspensión temporal y que, pese a toda la problemática, el ministerio no elude su responsabilidad, tiene un compromiso que piensa cumplir. De ahí el sentido de nuestra enmienda, en la que instamos al Gobierno a realizar la obra en el plazo más
breve posible, pero no podríamos concretar ahora mismo ese plazo; en el más breve y en las mejores condiciones de seguridad dados todos los problemas que ha tenido esta obra, y sin generar costes adicionales, ya que el ministerio ya ha financiado
el 50 por ciento del convenio inicial y el cien por cien del modificado; es decir, un 70 por ciento de la obra.
No querría dejar de mencionar que este proyecto data del año 1999, es decir, con un gobierno del Partido Popular, aprobado por el ministerio y firmado el convenio de colaboración en el año 2002, pero no es hasta el año 2005, con un gobierno
socialista, con el que se licita la mencionada obra. ¿A qué viene tanta prisa ahora cuando ustedes nunca se la dieron? Como en tantos otros casos, ustedes invitan y el Gobierno paga. Les pido responsabilidad y buen juicio ya que esta obra, ya sea
aprobada por el Congreso de los Diputados o por el Consejo de Ministros o por quienes ustedes quieran, no va a ir más deprisa ya que las dificultades son de índole técnica. Se hará en el plazo que se tenga que hacer, ojalá sea lo antes posible,
pero ustedes saben que a veces surgen problemas técnicos cuando se adjudica una obra que no son atribuibles al ministerio ni a la entidad que lo está gestionando. Para muestra, un botón, la Junta de Castilla y León ahora mismo está ejecutando un
plan de infraestructuras 2000-2007. Todas las administraciones, al adjudicar una obra, sufren retrasos, desde la estatal hasta la autonómica, y ustedes deberían saberlo mejor que nadie.
Por tanto, les pido una vez más responsabilidad, que parece que no tienen mucha, que no hagan demagogia y acepten nuestra enmienda y se decidan de una vez a colaborar y a formar parte de la solución y no del problema.
La señora VICEPRESIDENTA (Corral Ruiz): ¿La señora Sánchez ha decidido si acepta la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista?
La señora SÁNCHEZ GARCÍA: No puedo aceptar una enmienda que no se ajusta a la realidad, señora Castellano; usted misma lo está diciendo, ¿cómo puedo aceptar una enmienda que dice que no altere los plazos? Ya los ha alterado...
La señora VICEPRESIDENTA (Corral Ruiz): Perdone, pero ya no vamos a entrar en debate. La Mesa ya ha entendido que no acepta la enmienda.
La señora SÁNCHEZ GARCÍA: Abuso de su amabilidad, señora presidenta.
No es que no la quiera aceptar porque sí, es porque esta enmienda no tiene relación con la proposición no de ley que estamos tratando.
- RELATIVA A LA SUPRESIÓN DE LA SOCIEDAD PÚBLICA DE ALQUILER. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001776.)
La señora VICEPRESIDENTA (Corral Ruiz): Pasamos a la siguiente proposición no de ley, relativa a la supresión de la Sociedad Pública de Alquiler. Es una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular y para su defensa tiene la palabra su
portavoz, señor Matos.
El señor MATOS MASCAREÑO: Mediante la presente proposición no de ley volvemos a pedir en esta Comisión que el Gobierno cumpla los acuerdos de esta Cámara y que proceda a la disolución de la Sociedad Pública de Alquiler.
Es realmente lamentable que tengan los grupos políticos, no sólo el Partido Popular, la necesidad constante de volver a presentar iniciativas para pedirle al Gobierno que cumpla los acuerdos de las Cortes Generales de España, tanto del
Senado como del Congreso de los Diputados. No voy a extenderme en las razones que nos obligan a pedir otra vez la supresión y liquidación de la Sociedad Pública de Alquiler. Ya fueron asumidas por la mayoría de los grupos políticos de las Cortes
Generales, tanto en el Senado, cuando lo aprobó en 2006, como en el Congreso, cuando lo aprobó el 9 de junio de 2009, hace ahora algo más de un año. Incluso, en esos debates se hizo referencia a resoluciones de comunidades autónomas como el
Parlamento de Canarias que también había aprobado en 2005 una resolución en la que se instaba al Gobierno a paralizar la Sociedad Pública de Alquiler. Esa resolución, como es lógico, fue asumida por Coalición Canaria que gobernaba en ese momento y
que votó a favor de la liquidación y disolución de la Sociedad Pública de Alquiler. Hoy, las razones que esgrimimos entonces tanto en el Senado como en el Congreso siguen intactas, es más, se han acentuado. La Sociedad Pública de Alquiler, como se
sabe desde un principio y se ha denunciado en esta Cámara, realiza funciones en duplicidad con las empresas y organismos
autonómicos y municipales que están ejerciendo esa labor propia de sus competencias.
Además, la Sociedad Pública de Alquiler es un auténtico fracaso en relación a su gestión. El último dato que conocemos, de hace unos días, es de 13.665 contratos firmados en cinco años, a pesar de estar intentando desesperadamente firmar
convenios con universidades, cajas de ahorro o promotores de viviendas sin vender para traer a esta Cámara algún dato algo más favorable que los que presenta. Es un auténtico fracaso. Si ustedes dividen estos datos por los cinco años y por
provincias sale alrededor de 52 viviendas por provincia y año, que es lo que está realizando la Sociedad Pública de Alquiler. Desde luego, si alguien cree que esa medida está incidiendo en el mercado del alquiler es que no ve la realidad, el
mercado del alquiler está subiendo exclusivamente por el desplome de las ventas, fruto de la carencia de créditos, del número de parados y de la crisis económica. Y, por lo tanto, sería una ceguera por parte del ministerio y del Grupo Socialista
seguir creyendo que la Sociedad Pública de Alquiler, con 54 viviendas por año y provincia, está recalentando el mercado del alquiler. Estos datos reflejan totalmente el fracaso y yo espero que el Partido Socialista no haga lo que ha hecho el
portavoz don Higinio Almagro, en una proposición no de ley anterior, cuando respecto a la línea ICO dijo que fracaso no, responsabilidad e iniciativa del Gobierno.
Mire, la línea ICO -Moratoria de hipoteca es el mayor fracaso del Gobierno, incluso peor que la Sociedad Pública de Alquiler, de los 6.000 millones de euros de que está dotada, en año y medio se han consumido 72; se han hecho con esa línea
ICO 12.000 operaciones en un país donde se han creado 2.400.000 parados más y en 2009 ha habido 117.000 ejecuciones hipotecarias. ¿Cómo puede decir alguien en esta Cámara que eso no es un fracaso? Pues igual de fracaso es la Sociedad Pública de
Alquiler, que además ha tenido una ruina económica. La propia ministra en su última comparecencia, que fue en abril de 2010, manifestó que no sabía los resultados de la Sociedad Pública de Alquiler a 31 de diciembre de 2009.
Si hubieran sido
positivos sí lo hubiera sabido, por lo tanto nos tememos que a 31 de diciembre esta sociedad volvió a tener pérdidas. Pérdidas que se suman a los 14.700.000 euros de pérdidas acumuladas a 31 de diciembre de 2007, a los 8,6 millones de euros que se
perdieron en 2008 y a lo que no conocemos del año 2009. Por dos veces el Gobierno ha tenido que sacar de la quiebra técnica a la Sociedad Pública de Alquiler, en total con 13.400.000 euros; primero con un préstamo de 8 millones, luego de 4
millones y, además, Sepes le ha tenido que prestar 6 millones de euros más.
El motivo de volver a presentar esta proposición no de ley es que el pasado 30 de abril el Gobierno aprobó un plan de austeridad y hace unos días, a finales de mayo, el presidente Zapatero presentó en esta Cámara -y se aprobó por un voto- el
mayor recorte social de la historia por los problemas económicos que tenemos. Me voy a dirigir al portavoz del Partido Socialista y a los diputados socialistas porque los demás grupos ya se han manifestado en otras ocasiones -y votado- a favor de
la disolución de la Sociedad Pública de Alquiler. Señores diputados socialistas, el Gobierno ha aprobado el plan de recorte del déficit más brutal de los que se conocen en nuestra historia democrática. Incluso, en ese plan se recoge la congelación
de las pensiones. No se puede justificar ningún tipo de recorte social mientras el Gobierno siga derrochando y tirando el dinero a través de este tipo de sociedades que no cumplen su misión porque no tienen éxitos de gestión, porque además ejercen
las mismas funciones que ejercen entidades de las comunidades autónomas y de los municipios, y encima esta a 31 de diciembre puede haber perdido ya 29 millones de euros, cerca de 5.000 millones de las antiguas pesetas. No se puede mirar a la cara
de los pensionistas a los que se les congela la pensión y decir que se va a seguir dejando perder dinero a espuertas con este tipo de sociedades, como la Sociedad Pública de Alquiler. No pueden decir ustedes que esto es el chocolate del loro, como
están diciendo cada vez que un grupo político de esta Cámara les propone una medida de austeridad, y no apelen más a la responsabilidad para seguir apoyando alguna de las decisiones que ustedes toman que han sido desastrosas para este país. La
razón de ser de los grupos políticos es hacer propuestas y cada vez que el Partido Popular o cualquier otro partido político hacemos una propuesta y la justificamos no pueden decir que es un ejercicio de irresponsabilidad. El ejercicio de
irresponsabilidad es mantener entidades que todos los grupos políticos de esta Cámara, a excepción de ustedes, les llevan diciendo varios años que no sirven para nada, que son una ruina económica y que, por lo tanto, hay que disolverlas y
liquidarlas.
Por lo tanto, le volvemos a pedir a ustedes un ejercicio de responsabilidad y que voten a favor o se abstengan en una propuesta que conlleva una decisión que saben que tarde o temprano van a tener que tomar.
La señora VICEPRESIDENTA (Corral Ruiz): Se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Socialista y para su defensa tiene la palabra el señor Santamaría.
El señor SANTAMARÍA I MATEO: Señorías, atendemos esta propuesta para orientar la política económica del Gobierno en materia de vivienda presentada por el Grupo Popular con una mezcla de sentimientos entre el desconcierto, la perplejidad y
la sorpresa ante tanta capacidad de ingenio y originalidad. Con seguridad ninguna iniciativa de ningún gobierno de España habrá suscitado en sucesivas legislaturas tal reiteración de una misma y ya clásica proposición en tan distintas como
monótonas variantes. Añadir que con diversos resultados y a tenor de los cuales podemos afirmar que en el cómputo global la Sociedad Pública de Alquiler sigue res
paldada por el Congreso de los Diputados como veremos después.
Hagamos un breve resumen de iniciativas respecto de la Sociedad Pública de Alquiler en esta IX legislatura por parte del Grupo Parlamentario Popular. Desde proposiciones no de ley, las numerosas preguntas escritas y orales tanto en Comisión
como en Pleno, indistintamente en el Senado y Congreso, y sobre temas tan diversos como el gasto publicitario, la viabilidad, el funcionamiento, el número de viviendas alquiladas, el tipo de seguros, el número de tasadores, las cantidades que
perciben, etcétera, hasta tres comparecencias de la señora ministra en relación con la SPA o cuatro de la señora presidenta con el mismo motivo, lo cual demuestra una inquietud inusitada por el control gubernamental en el plano político; loable
propósito. También incesante curiosidad o tal vez -que es lo que nosotros pensamos- la persecución de cobrar una pieza en despiadada caza electoralista. De cualquier forma, y para ilustrar a SS.SS., les informo de que todas las iniciativas están
tramitadas prácticamente en su totalidad. Y digo esto para aprovechar la ocasión de solidarizarme con mis compañeros de les Corts Valencianes, que ya quisieran haber visto atendidas al menos el 10 por ciento de las iniciativas planteadas: costes
de la visita de Su Santidad; destino de los sobrecostes de empresas públicas como Cacsa, en la Ciudad de las Ciencias, con tan sólo 600 millones de euros en paradero desconocido; los contratos de la Fórmula I, o pagos a las empresas de la trama
Gürtel, lo cual nos indica el nivel de transparencia de unos gobiernos respecto a los otros.
Recordemos. La Sociedad Pública de Alquiler se crea por acuerdo del Consejo de Ministros el 8 de abril de 2005, ante la situación del mercado del alquiler, que tenía un tamaño mínimo, una oferta escasa y muy atomizada, sobre todo más de
tres millones de viviendas vacías en nuestro país, mayoritariamente infraviviendas. Se consideró oportuna la creación de una sociedad anónima como iniciativa pública que colaborase en la creación de un mercado de alquiler más desarrollado y
profesional, con la puesta en valor de un gran parque de viviendas propiedad de terceros.
Dado el carácter de servicio público de la sociedad, el objetivo de conseguir el rendimiento económico es a medio plazo. Por tanto, la sociedad debe ser
evaluada por lo que aporta al cambio que genera. La miopía del economicismo en el servicio público sólo conduce a la injusticia y a la insatisfacción de las necesidades de muchos, ajustado, eso sí, al coste estrictamente necesario y debidamente
justificado. La Sociedad Pública de Alquiler es un modelo de negocio único que no tiene referente en el mercado nacional, que dinamiza con productos novedosos, que incentiva al propietario y ofrece al inquilino una vivienda de calidad a un precio
inferior al del mercado. El modelo de negocio de la Sociedad Pública de Alquiler integra al sector privado de tal forma que la red de distribución de los servicios está constituida principalmente por profesionales del sector de la intermediación.
La Sociedad Pública de Alquiler, se diga lo que se diga, ha conseguido fijar estándares de adecuación en las viviendas, la promoción de la utilización de seguros en el mercado del alquiler y las actuaciones en colaboración con otras
administraciones. La Sociedad Pública de Alquiler ha firmado convenios de colaboración con más de la mitad de las comunidades autónomas y con ayuntamientos de toda España gobernados por todas las fuerzas políticas.
Cuando se hace la valoración de
la Sociedad Pública de Alquiler ustedes del Partido Popular lo hacen siempre desde una perspectiva de números de contratos de arrendamientos realizados y se olvidan de forma reiterada muchos otros aspectos que forman parte de la gestión hasta ahora
realizada por la Sociedad Pública de Alquiler y que, evidentemente, constituyen un claro ejemplo de su absoluta diferencia con programas autonómicos o locales de alquiler. Es bueno recordar también que la Sociedad Pública de Alquiler ha colaborado
de forma muy directa en las reformas legislativas defendiendo el tratamiento fiscal en igualdad para la compra o el alquiler; ha creado sistemas de aseguramiento pioneros en nuestro país; ha colaborado con otros organismos y colectivos
especialmente afectados por el boom inmobiliario de infausto recuerdo para todos; se ha constituido como un organismo de referencia nacional que da a su intermediación una absoluta transparencia, lo cual es muy valorado por la entidades
financieras, y se ha implicado en dar respuesta a las necesidades existentes en ciertos colectivos, colaborando en programas como el campus de excelencia internacional para atender solicitudes de alojamiento en las universidades. Está dando
respuesta a las necesidades surgidas por motivos de movilidad laboral. Por otro lado, su actuación con propietarios e inquilinos está reforzando su visión como órgano en defensa de derechos y obligaciones en equilibrio entre las partes. La
percepción de la Sociedad Pública de Alquiler cada vez es mejor, los más de 280 promotores que han solicitado la colaboración de la sociedad, el contrato suscrito con la Confederación Española de Cajas de Ahorro o las más de 568 solicitudes
recibidas de universitarios de Madrid, paradójicamente, así lo avalan. La Sociedad Pública de Alquiler no es una mera oficina de despacho de contratos de arrendamiento ni de emisión de pólizas de seguros; esta sociedad está colaborando activamente
en impulsar una política de alquiler que favorezca el crecimiento del mercado de arrendamiento.
Si atendemos sólo a los números, programas muy defendidos por ustedes con su habitual distinta vara de medir ya estarían finiquitados, léase el programa de alquiler de la Comunidad de Madrid, con un objetivo de 12.000 contratos anuales y que
no llega al 25 por ciento, con un gasto en propaganda de 5,5 millones de euros y cuyo resultado económico es de pronóstico reservado. En el caso que nos ocupa, sepan SS.SS. que la Sociedad Pública de Alquiler ha actuado de forma muy activa en
reducir sus gastos, de tal forma que el coste de los agente se ha reducido, el coste de la estructura ha
bajado en un 14 por ciento y el coste de publicidad anterior también se ha visto reducido en un 50 por ciento. Por lo que se refiere a los número de gestión, más de 28.000 arrendatarios interesados, casi 18.000 propietarios aceptando la
renta y cerca de 14.000 contratos de arrendamiento.
A modo de conclusión, con todo lo anteriormente expuesto, se considera que el papel de la Sociedad Pública de Alquiler como iniciativa empresarial pública es fundamental para dotar a nuestro país de la profesionalidad, transparencia y
madurez de la que adolecemos en comparación con países de nuestro entorno. Igualmente, la sociedad se constituye como el único operador capaz de aglutinar y concretar la oferta atomizada que caracteriza el mercado español del alquiler en
colaboración con comunidades y ayuntamientos. Parece ilógico, por tanto, que después de la experiencia acumulada, del camino recorrido y de la infraestructura creada disolvamos la Sociedad Pública de Alquiler.
Hemos presentado una enmienda con el objeto de favorecer la iniciativa y posibilitar un consenso en torno al fomento del alquiler. En caso de no ser aceptada, pedimos a SS.SS. que reconozcan el trabajo de tantas personas y tantos
profesionales que forman la Sociedad Pública de Alquiler; que voten a favor de su continuidad y hagan caso obviamente al mandato del Parlamento, que si bien es cierto que aprobó en Comisión una PNL en junio pasado, no es menos cierto que el Pleno
de la Cámara orientó al Gobierno el 1 de septiembre pasado en el sentido de favorecer la actuación en la colaboración público-privada de la Sociedad Pública de Alquiler a instancias de Convergència i Unió, y que posteriormente la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2010 avaló con este rango la continuidad de la sociedad y, en consecuencia, votaremos en contra.
Por cierto, señores del Partido Popular, en muchos campos, pero especialmente en materia de vivienda, ni una sola lección al Partido Socialista. Esclavitud hipotecaria, espejismo salarial de nuestros jóvenes que abandonaron la escuela,
especulación y ausencia de políticas de vivienda a favor de quien más lo necesitaba están íntimamente ligados a la avaricia, a la codicia, a la insensibilidad social y política que representa una política radical conservadora del Partido Popular. Y
seguiremos mirando a los ojos de la gente por la que venimos trabajando desde hace más de 130 años, quizá todos los grupos no pueden decir lo mismo.
La señora VICEPRESIDENTA (Corral Ruiz): Tengo que preguntar al Grupo Parlamentario Popular si ha decidido qué hace con la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor MATOS MASCAREÑO: Rechazarla.
La señora VICEPRESIDENTA (Corral Ruiz): Lo suponíamos.
- RELATIVA A LA AMPLIACIÓN DE LA MORATORIA DE LA CUENTA AHORRO VIVIENDA.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001777.)
La señora VICEPRESIDENTA (Corral Ruiz): Pasamos al último punto del orden del día, una proposición no de ley relativa a la ampliación de la moratoria de la cuenta ahorro vivienda, también a iniciativa del Grupo Parlamentario Popular. Para
su defensa tiene la palabra el señor Matos.
El señor MATOS MASCAREÑO: Señor Santamaría, cuando ustedes han hundido el sector de la vivienda, la economía de este país, el decir que no admiten una lección del Partido Popular me parece una falta de pudor asombrosa.
En política de
empleo, en política económica, en austeridad y en vivienda les damos a ustedes muchas lecciones y me refiero a las notas que están ustedes sacando dentro de España, en credibilidad y confianza de los ciudadanos españoles, y a la nota que les están
poniendo en la Unión Europea, donde les están mandando deberes extra todos los días después del fracaso que han tenido. Por lo tanto, lecciones, en estos momentos, necesitan ustedes muchas; no dos tardes, muchas lecciones. (El señor Secretario,
Ruiz i Carbonell, ocupa la Presidencia.)
Ciñéndonos a la proposición no de ley con respecto a las cuentas de ahorro vivienda. El 2 de diciembre de 2008 el Gobierno publicó el Real Decreto 1975/2008, de 28 de noviembre, sobre medidas urgentes a adoptar en materia económica, fiscal,
de empleo y de acceso a la vivienda. En este real decreto se amplió en dos años, hasta el 31 de diciembre de 2010, la fecha límite para materializar los importes deducidos que se habían incorporado a las cuentas vivienda de muchos ciudadanos
españoles, particularmente de los jóvenes, que vencían a 31 de diciembre de 2008; por lo tanto, se prorrogaron hasta 31 de diciembre de 2010. El argumento empleado por el Gobierno y compartido por la mayoría de los grupos políticos de la Cámara
eran -y estamos hablando de noviembre de 2008- las dificultades de los beneficiarios de esa deducción para acceder a una vivienda, a un préstamo hipotecario que les permitiera comprarla y, por lo tanto, poder materializar esos ahorros que venían
durante los últimos cuatro años llevando a cabo para poder comprar la vivienda. Hoy, lamentablemente, por la política económica y de vivienda, de las que el señor Santamaría no admite lecciones, después de casi dos años, esas dificultades son
exactamente las mismas que hace dos años, después de dos años de gobierno socialista. Por lo tanto, si no aprobamos esta proposición no de ley o si el Gobierno aunque se apruebe la incumple, como todas las demás, muchos jóvenes que han estado
ahorrando, beneficiándose y deduciéndose del impuesto sobre la renta de las personas físicas para poder comprar una vivienda y que ahora no pueden comprarla porque
no tienen acceso ni a la vivienda ni al crédito hipotecario, tendrán que devolver todas las deducciones con sus intereses. Ese fue el motivo que llevó al Gobierno y a los grupos políticos de la Cámara a aprobar la prórroga para la
materialización de las cuentas de ahorro vivienda y después de dos años tenemos que volver a pedir, por el mismo motivo, otra ampliación, hasta el 31 de diciembre de 2011, para no perjudicar aun más a los miles de jóvenes españoles que se han
acogido a la cuenta de ahorro vivienda con anterioridad.
El señor SECRETARIO (Ruiz i Carbonell): Para fijar su posición tiene la palabra el señor Macias.
El señor MACIAS I ARAU: Nuestro grupo va a dar apoyo a esta proposición no de ley, que nos parece absolutamente atinada y que además es conforme a lo que nuestro grupo participó en que fuera promovido el año pasado. Este año nos parece aún
más necesario porque en el actual contexto, con las dificultades de financiación que, de manera muy obvia, obligan a que se financie sólo el 80 por ciento vía hipoteca, hace que las personas tengan necesidad de ahorrar. Imagínense ustedes qué
muestra de pedagogía o de antipedagogía sería el hecho de que aquellos que han estado haciendo esfuerzos para ahorrar y a los que puede faltar algo porque ahora sólo les dan el 80 por ciento de la hipoteca o que en estos momentos no acaban de
encontrar la promoción, porque por desgracia se han empezado pocas promociones, estas personas vieran que todo su esfuerzo de ahorro se fuera al garete. Por lo tanto, esto que vamos a hacer, señor Matos, porque esto se va a acordar, y hay tiempo
hasta finales de año, creo que sería inteligente que la Comisión de Vivienda marcara el camino y se pudiera tomar hoy este acuerdo por unanimidad.
Sinceramente, voy a decir a los señores diputados que no entendería otra cosa, no entendería que alguien no pudiera hoy votar a favor de esta iniciativa, que me parece absolutamente atinada, de sentido común y pedagógica y, en cualquier
caso, me parece que es algo que en las actuales circunstancias hay que hacer. Yo ya sé que esta es una cuestión de aquellas que la Comisión de Vivienda propone y Hacienda dispone; por tanto, cuando los diputados que dan apoyo al grupo de la
mayoría se dirigen a Vivienda, ésta, que tiene tantas cosas a pedir a Hacienda, tiene cierto pudor. Creo que más allá de este pudor -y el pudor es una cosa humana y positiva- necesario y, digamos, interministerial, estaría bien que hoy saliéramos
de aquí con un voto unánime en este sentido porque abriría el camino a que en alguno de los planes que haya desde ahora hasta final de año pudiéramos tomar esta decisión, que sería bienvenida por los ciudadanos.
El señor SECRETARIO (Ruiz i Carbonell): Finalmente, para fijar su postura tiene la palabra por parte del Grupo Socialista el señor Moreno.
El señor MORENO CASTRILLO: En primer lugar, por cortesía, tengo que decir que no es normal que el portavoz del Partido Popular se refiera en la PNL siguiente a la intervención de un compañero, puesto que no puede defenderse, y quizá no
tenga mucho sentido, ya digo, desde el punto de vista de la cortesía. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
En cuanto a la PNL que nos trae a esta Comisión el Partido Popular, de ser valorada de una forma aislada, pudiéramos pensar que es fruto del carácter filantrópico que últimamente parece que inspira al Partido Popular en sus posiciones en
otras materias. Pero yo creo que no podemos considerar esta PNL de un modo aislado, sino que tenemos que considerarla en un contexto general, y por supuesto dentro de una estrategia política global del Gobierno en materia de vivienda. En esa
estrategia el Gobierno intenta sentar las bases para normalizar nuestro sector inmobiliario, con criterios de eficiencia, economía y equidad social. Supongo que esto al Partido Popular no le parecerá inadecuado, y por eso el presidente del Gobierno
en el debate sobre el estado de la Nación anunció la supresión de la deducción por inversión en vivienda para aquellos que la adquirieran a partir del 1 de enero de 2011, manteniéndose para aquellos contribuyentes con menores rentas; es decir,
aquellos que tuvieran una renta inferior a 24.107 euros, y con una base máxima de deducción de 9.000 euros, y también manteniéndose para aquellos que hubieran adquirido la vivienda antes de 2011. Además -esto también forma parte de la estrategia
global-, se pretende promover la deducción por alquiler en los mismos términos que la deducción por adquisición de vivienda habitual. Es decir, la estrategia que propone el Gobierno -y es sobre lo que tenemos que pronunciarnos a favor o en contra-
consiste en promover la salida del stock de vivienda que se ha construido de una forma tan brutal en los últimos años, y promover otras formas como el alquiler para tener una vivienda. Así se pretende estimular la salida al mercado inmobiliario del
stock de vivienda antes de 2011, y parecería absurdo que dentro de esa estrategia de 2011 ahora mandáramos un mensaje contrario prorrogando un año más esta mora, de tal forma que aquellas personas que estuvieran en esa situación pospondrían su
decisión de una forma quizá inútil, puesto que si en estos momentos no se hallan en condiciones de comprar la vivienda, mucho menos van a estarlo de aquí a un año. Por lo tanto la estrategia que ha marcado el Gobierno es la que es, hay que promover
que salga el stock de vivienda, hay que promover que no se siga construyendo de una forma tan brutal, y en consecuencia que se utilicen otras fórmulas como puede ser la del alquiler.
La pregunta que nos tenemos que hacer es qué es lo que promueve el Partido Popular. A pesar de que los informes del FMI y de la OCDE recomiendan eliminar la deducción por vivienda o por lo menos limitarla, quisiéramos saber cuáles son las
propuestas. Hoy además leíamos en la editorial de un diario alemán que los ultraliberales españoles produjeron una locura constructora
que promovía la monocultura del hormigón: queda claro de alguna forma que lo que hoy vivimos en el sector de la vivienda no es sino el producto de lo que hicieron los gobiernos del Partido Popular durante el mandato de Aznar. Por eso en
este caso la estrategia es la que es, creemos que es una estrategia acertada, y por lo tanto no tiene más sentido aumentar en un año la mora en el caso de las cuentas ahorro vivienda.
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a comenzar las votaciones de las cinco proposiciones no de ley que han quedado vivas.
Votamos el punto 1.°, proposición no de ley sobre medidas para clarificar el nuevo marco fiscal de la vivienda y la rehabilitación. Hay una autoenmienda de Convergència i Unió por la que se elimina el punto 3, y pregunto a los grupos si
aceptan que se someta esto a votación, porque en definitiva es una transacción. (Pausa.) Se somete a votación el texto sin el punto 3.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; votos en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el punto 3.°, proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. El señor Herrera debe pronunciarse. (El señor Herrera: Aceptamos la enmienda del Grupo Popular.)
Se somete a votación la enmienda del Partido Popular, ya que era de sustitución.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; votos en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Punto 4.°, proposición no de ley relativa a la finalización de la obra del Palacio de Exposiciones y Congresos de La Tejera, en Palencia, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que se vota en sus términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; votos en contra, 18; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Punto 5.°, proposición no de ley relativo a la supresión de la Sociedad Pública de Alquiler, del Grupo Parlamentario Popular. La votamos en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; votos en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Punto 6.°, proposición no de ley relativa a la ampliación de la moratoria de la cuenta ahorro vivienda, Presentada por el Grupo Parlamentario Popular, se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; votos en contra, 18; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Como se ha producido un empate, volvemos a repetir la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; votos en contra, 18; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Al producirse el mismo resultado, debemos realizar la ponderación de voto. El Grupo Socialista tiene 169, y los demás grupos suman los siguientes votos: el Partido Popular 153; Convergència i Unió 10, y el Grupo
Mixto 7, en total 170. Por tanto tras ponderar el voto, queda aprobada la proposición no de ley.
Se levanta la sesión.
Eran las seis y cuarenta minutos de la tarde.