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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 564, de 08/06/2010
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2010 IX Legislatura Núm. 564
DEFENSA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. CIPRIÁ CÍSCAR CASABÁN
Sesión núm. 27
celebrada el martes, 8 de junio de 2010
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia de la señora secretaria de Estado de Comercio (Iranzo Gutiérrez), para presentar las estadísticas españolas de exportación y material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso, correspondiente al
año 2009 de conformidad con lo establecido en el artículo 16.1 de la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso. Por acuerdo de la Comisión de Defensa. (Número de expediente
212/001107.) ...
(Página 2)
Se abre la sesión a las diez y treinta minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión. Vamos a tramitar el orden del día y, como único punto, tenemos la comparecencia de la secretaria de Estado de Comercio para presentar las estadísticas españolas de exportación de material de defensa,
de otro material y de productos y tecnologías de doble uso del año 2009. Quiero, en primer lugar, dar la bienvenida a la señora secretaria de Estado a esta Comisión, en la que ya ha comparecido en anteriores ocasiones. Tiene la palabra la señora
secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO (Iranzo Gutiérrez): Señorías, les agradezco la oportunidad que esta Comisión me brinda para poder exponer en detalle las estadísticas españolas de exportación de material de defensa, de otro
material y de productos y tecnologías de doble uso del año 2009. Como SS.SS. saben, esta comparecencia está prevista en el artículo 16.2 de la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de
doble uso. He considerado conveniente estructurar la intervención en dos bloques claramente definidos: en el primero me referiré a aquellos aspectos más significativos del informe de estadísticas de 2009 y el segundo bloque recogerá las acciones
que esta Secretaría de Estado ha creído necesario acometer como resultado del dictamen elaborado por esta Cámara, el 13 de octubre de 2009, después de mi anterior comparecencia el día 10 de junio del mismo año. Antes de entrar al detalle del
contenido del informe de estadísticas de 2009 sobre exportaciones de material de defensa y de doble uso, quisiera pedir disculpas a SS.SS. por el reducido tiempo, del que soy consciente, que han tenido para estudiarlo.
Permítanme SS.SS. que dé comienzo con el análisis de las cifras contenidas en el referido informe. En los últimos años los flujos de exportación e importación de material de defensa han tenido un carácter más regular, como consecuencia de
la entrada de varias empresas españolas en programas de cooperación conjunta en el ámbito militar, es decir, programas Eurofighter, avión de transporte A400M, helicóptero Tigre, carro de combate Leopard, misiles Meteor, Tauros e Iris-T y programa de
comunicaciones electrónicas MIDS. Concretamente en el año 2009 se produjo un incremento del 44,1 por ciento en las exportaciones de material de defensa con respecto a 2008. El valor de lo exportado ascendió a 1.346,5 millones de euros. Las
expediciones a los países de la Unión Europea representaron un porcentaje del 39,4 por ciento del total, inferior a las del año 2005 y del 2004, cuyos porcentajes fueron del 59,8 y el 79,6, respectivamente. Sin embargo, en valor, las ventas a
países de la Unión Europea supusieron 530,4 millones de euros, cifra claramente superior a las cifras de los años anteriores. Por ejemplo, en el año 2008, la cifra de exportación a países de la Unión Europea ascendió a 380 millones de euros; en el
2007, a 367 millones y, en el 2006, a 242 millones. Las expediciones estuvieron distribuidas principalmente entre Alemania, Reino Unido, Portugal e Italia. Las partidas principales correspondieron a partes y piezas para el caza de combate EF-2000,
a Alemania, Reino Unido e Italia, y para el avión de transporte militar A400M, a Reino Unido y a Alemania. Otra categoría destacada en las expediciones a Reino Unido fue la de combustibles militares, es decir, keroseno de aviación y gasoil naval
con especificaciones OTAN. En los envíos a Alemania hay que mencionar también las partes y piezas del carro de combate Leopard y del misil Iris-T. En las exportaciones a Portugal sobresale el envío de cinco aviones de transporte y apoyo logístico
con repuestos.
Los países de la OTAN absorbieron un 64,6 por ciento de las exportaciones, destacando sobremanera la exportación de una cuarta fragata a la marina de Noruega. Este destino captó 281,3 millones de euros, lo que representa el 20,1 por ciento
del total de nuestras exportaciones. También tenemos que mencionar las exportaciones a Estados Unidos, con 55,4 millones de euros y un 4,1 por ciento, materializado en partes y piezas de aeronaves, buques, carros de combate y misiles, además de
arma pequeña. Las ventas restantes, es decir, 474,2 millones de euros y el 35,2 por ciento, una vez descontadas las exportaciones a países de la Unión Europea y a países OTAN, se repartieron entre cuarenta y un países, entre los que cabe citar a
Malasia, con 180,5 millones de euros y un 13,4 por ciento de la exportación total, consistentes en la popa de un submarino, 85 vehículos todoterreno no blindados de transporte de tropas y visores nocturnos; a Brasil, con 46,9 millones de euros y un
3,5 por ciento, en dos aviones de transporte y apoyo logístico, repuestos de carros blindados y barcazas, munición de armas ligeras, pólvora y componentes de armas pequeñas, y México, con 43,8 millones de euros y un 3,2 por ciento, materializados en
dos aviones de transporte y apoyo logístico y partes y piezas para la modernización de aeronaves.
También podemos mencionar a Botswana, con 37,5 millones de euros y un 2,8 por ciento, en dos aviones de transporte y apoyo logístico con repuestos; Colombia, con 33,3 millones de euros y un 2,5 por ciento, en un avión de transporte y apoyo
logístico con repuestos, y Marruecos, con 31,1 millones de euros y un 2,3 por ciento, para 286 vehículos todoterreno, ambulancias y camiones cisterna, contraincendios y grúa, no blindados, partes y piezas de aeronaves y repuestos de armas ligeras.
Las exportaciones realizadas supusieron un 42,2 por ciento de lo autorizado, que ascendió a 3.193,4 millones de euros, principalmente como consecuencia de la autorización de dos licencias individuales de exportación de siete buques de vigilancia,
por valor de 924 millones de euros, a Venezuela y una licencia individual de exportación de cuatro aviones, por valor de 100 millones de euros, a la República Checa. Estas operaciones que
acabo de citar no se materializaron en el año 2009. Sin embargo, analizando lo exportado por categorías de productos, destacan las exportaciones de buques de guerra, con 448,7 millones de euros y un 33,3 por ciento, y aeronaves, con 415,7
millones de euros y un 30,9 por ciento del total.
En el año 2009 hubo cuatro denegaciones de licencias de arma pequeña con destino a Costa Rica, en aplicación del criterio 7 de riesgo de desvío contenido en la Posición Común 2008/944/PESC, de 8 de diciembre. El hecho de denegar estas
operaciones a este país puede conducir a errores interpretativos en cuanto al cumplimiento de ese criterio en el país de Costa Rica, pero en este caso las cuatro licencias fueron denegadas por ausencia de garantías ofrecidas por el usuario final y
no por que no existiesen unos controles rigurosos de importación y tenencia de armas en este país. También se denegaron dos acuerdos previos de exportación de armas anticarro y municiones a Georgia y de equipos de descontaminación NRBQ a Siria. En
el primer caso se aplicó el criterio 4 de mantenimiento de la paz, la seguridad y la estabilidad regionales y, en el segundo caso, los criterios 4, ya explicado, y 7 de riesgo de desvío.
En cuanto a las operaciones realizadas de material policial y de seguridad, lo exportado ascendió a 6,3 millones de euros con destino a Angola, con 4,1 millones de euros y un 65 por ciento; Bolivia, con un millón de euros y un 16,2 por
ciento; Venezuela, con 0,8 millones de euros y un 13,4 por ciento; Nicaragua, con 0,3 millones de euros y un 5,4 por ciento, y Perú, con 385 euros. Las exportaciones realizadas supusieron un 287,2 por ciento de lo autorizado en el mismo periodo,
representando estas exportaciones 2,2 millones de euros. Esto se explica por la utilización de once licencias, por valor de 38,9 millones de euros, a Angola, en 2008, que no se materializaron en su totalidad en ese año. En cuanto a operaciones de
armas de caza y deportivas, es decir, escopetas de caza, cartuchos y sus piezas y recambios, las exportaciones realizadas ascendieron a 39,9 millones de euros, teniendo como destinos principales: Estados Unidos, con 9,9 millones de euros y un 24,8
por ciento; República de Guinea, Guinea Conakry, con 4,1 millones de euros y un 10,3 por ciento; Ghana, con 3,5 millones de euros y un 8,9 por ciento, y Turquía, con 3,2 millones de euros y un 8,1 por ciento. La práctica mayoría de estas
exportaciones estuvo constituida por cartuchos de caza.
Los envíos efectuados a la República de Guinea Conakry tuvieron lugar antes de la entrada en vigor de la Posición Común 2009/788/PESC, de 27 de octubre de 2009, sobre medidas restrictivas
relativas a este destino, siendo revocadas, el 24 de noviembre de 2009, las catorce licencias existentes en la fecha de entrada en vigor del embargo, que, como saben SS.SS., se produjo a raíz del reciente golpe de Estado en ese país. Las
operaciones restantes estuvieron repartidas entre cincuenta y cuatro destinos. Las exportaciones realizadas representaron un 42,2 por ciento de lo autorizado en este capítulo. Lo autorizado ascendió a 81,4 millones de euros en este periodo. Se
denegó una operación referida a 1.100.000 cartuchos de escopeta con destino a la República de Guinea Conakry, que fue informada desfavorablemente en aplicación de la Posición Común 2009/788/PESC, de 27 de octubre de 2009, sobre medidas restrictivas
relativas a este destino. También, y en aplicación de este embargo, fueron revocadas las catorce licencias vigentes para la exportación de munición de caza.
En cuanto a las exportaciones realizadas en 2009 de productos y tecnologías de doble uso, estas experimentaron una disminución del 35,7 por ciento respecto a 2008 y ascendieron a 99,12 millones de euros. El primer destino en importancia de
las exportaciones españolas de material de doble uso fue Irán, con 38,9 millones de euros y un 39,3 por ciento.
Los envíos consistieron en tubos de acero para la fabricación de calderas de vapor y aires acondicionados; tubos de acero y válvulas
para la industria del automóvil, petrolífera, petroquímica y del gas, y repuestos, herramientas y accesorios de turbinas para todos los sectores mencionados. Pueden llamar la atención las exportaciones españolas a este destino, por estar Irán
sometido a embargos y a numerosas restricciones de Naciones Unidas y de la Unión Europea. Las operaciones de exportación a Irán han sido analizadas, caso por caso, por la Junta interministerial reguladora del comercio exterior de material de
defensa y de doble uso, Jimddu, y por la Secretaría General de Comercio Exterior, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, teniendo en cuenta las resoluciones de Naciones Unidas y las posiciones comunes y los reglamentos de la Unión Europea
sobre medidas restrictivas contra este país. Como consecuencia de lo anterior, estamos aplicando la llamada cláusula catch-all, que ya mencioné en mi anterior comparecencia, sobre las exportaciones de algunas empresas que tienen por destino a Irán.
El empleo de esta cláusula a productos no incluidos en las listas de control ha dado lugar a un considerable incremento de las licencias de exportación, habiéndose aprobado exclusivamente las que no implicaban riesgo de desvío o utilización en
programas de proliferación. Esta sistemática de aplicación minuciosa del control, mediante la cláusula catch-all, ha incrementado respecto a años anteriores las cantidades registradas a Irán, habiéndose denegado las operaciones que no ofrecían
suficientes garantías sobre el uso y el destino final. Como ya he mencionado en otras ocasiones, el incremento de las operaciones de material de doble uso a este país, Irán, en realidad significa que controlamos más envíos, no que se envíen más
mercancías peligrosas a este destino.
Libia fue el segundo destino de las exportaciones españolas de doble uso, con 12,7 millones de euros y un 12,8 por ciento. Las exportaciones se centraron en tres radares para navegación y control del tráfico aéreo civil, con repuestos para
el mantenimiento, y sustancias químicas destinadas para ser usadas en análisis de laboratorio de una universidad.
Actualmente este país no está sometido a embargo alguno, dado que en septiembre de 2003 se levantó el embargo de armas, comercial y
financiero, impuesto en 1992 por Naciones Unidas, y, en octubre de 2004, la Unión Europea levantó su embargo de 1986. El Gobierno de Libia, como saben SS.SS., ha declarado su renuncia y el desmantelamiento de los programas de armas de
destrucción masiva y ha colaborado con el Organismo Internacional de la Energía Atómica y con los inspectores internacionales en la verificación de ese desmantelamiento. La República Popular de China fue el tercer destino en importancia, con 9,6
millones de euros y un 9,7 por ciento del total. Los envíos fueron de generadores de vapor para centrales nucleares de uso civil; condensadores de potencia para plantas eléctricas; máquinas-herramienta para las industrias de aviación civil,
automóvil y textil; tarjetas electrónicas para equipos de telecomunicaciones con función criptográfica; un espectofotómetro de masas destinado a una academia de ciencias agrícolas y componentes electrónicos para un satélite meteorológico y para un
módulo de exploración lunar.
Dejando fuera los diez principales destinos, el reducido porcentaje restante, un 8,9 por ciento, estuvo muy distribuido entre cincuenta y cuatro países de diversas áreas. Las exportaciones realizadas en este caso representaron un 47,1 por
ciento de las exportaciones autorizadas, que ascendieron a 210,3 millones de euros. En 2009 las ventas se concentraron fundamentalmente en la categoría de tratamiento de los materiales, con 54,8 millones de euros y un 55,3 por ciento del total. En
el ámbito del doble uso hubo catorce denegaciones: seis correspondieron a exportaciones de máquinas-herramienta, tubos de acero, turbinas de gas y sustancias químicas a Irán; cuatro, a exportaciones de sustancias químicas con destino a Siria;
dos, a exportaciones de sustancias químicas a Yemen; una, a sustancias químicas a Egipto y una, de la misma categoría, a Pakistán. En todas ellas se consideró que existía un elevado riesgo de desvío hacia programas de producción de armas de
destrucción masiva o de reexportación no deseada. En todas las operaciones se dio además la circunstancia de la existencia de denegaciones similares de otros países miembros de foros internacionales de no proliferación.
Paralelamente a las anteriores denegaciones, se decidió aplicar la cláusula catch-all en siete ocasiones, correspondientes a posibles envíos de bombas centrífugas, máquinas-herramienta y tecnología de válvulas. Se comunicó la renovación de
dieciséis denegaciones, en el seno del Grupo Australia, referidas a sustancias químicas; una denegación conjunta, en el Régimen de control de la tecnología de misiles, RCTM, y el Arreglo de Wassenaar, correspondiente a una máquina-herramienta;
una, en el grupo de suministradores nucleares, GSN, de óxido de deuterio, y una denegación conjunta, en el GSN y el RCTM, de una máquina-herramienta. Así termino la parte de intervención dedicada al comentario de las cifras y los datos contenidos
en el informe de exportación de 2009.
Paso al segundo bloque de mi intervención que girará en torno al dictamen de recomendaciones elaborado por esta Comisión de Defensa. En una de las recomendaciones se sugería que las armas de avancarga fuesen consideradas en su totalidad
como réplicas de armas antiguas, independientemente de su apariencia, quedando, por tanto, fuera del control tanto en la exportación como en la importación. Debo recordar a SS.SS. que España ha firmado y ratificado el Protocolo de Naciones Unidas
contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones. El protocolo, en su artículo 3 de definiciones, excluye las armas antiguas y sus réplicas de los controles, fijando el límite temporal de
fabricación de dichas armas en el año 1899. Si bien buena parte de las escopetas de avancarga fabricadas en España están exentas de control, al ser réplicas de armas antiguas, hay otras armas de avancarga que no tienen ninguna apariencia de
réplica, sino que son armas modernas, incluyendo rifles en algunos casos. En consecuencia, estas armas no pueden quedar exentas de control, por no ser réplicas de armas antiguas. En la siguiente recomendación del dictamen se pedía que se eximiese
de autorización de exportación a las piezas y componentes de armas de caza y tiro deportivo, requiriéndose una licencia solamente cuando se trate de piezas fundamentales, como las definidas en el artículo 1.2 del Reglamento de armas, es decir, el
Real Decreto 137/1993, de 29 de enero. Tenemos que tener en cuenta que el Protocolo de armas de fuego de Naciones Unidas hace referencia precisamente a las piezas y componentes de armas de fuego específicamente concebidas e indispensables para su
funcionamiento. No parece lógico, por tanto, someter a control las piezas no fundamentales. La Jimddu analizó esta propuesta en 2009 y acordó que la Secretaría General de Comercio Exterior no exigiría licencia de transferencia en las operaciones
relativas a estas piezas.
Otra recomendación mencionaba el establecimiento de una posible exención de licencia en el comercio por parte de armeros autorizados de armas destinadas a ser reparadas. En la regulación vigente en la actualidad ya existe la exención de
informe de la Jimddu y la exigencia de documento de control cuando se trate de exportaciones temporales. Me refiero al artículo 18.5, epígrafe c), del Real Decreto 2061/2008. Esta exención ha agilizado enormemente la tramitación de las operaciones
y ha acortado los tiempos de concesión de las licencias a tan solo de uno a dos días. Para la importación hemos eliminado el informe previo de la Comisión interministerial permanente de armas y explosivos, la Cipae, con lo que se ha conseguido
reducir también de uno a dos días su tramitación. En la siguiente recomendación se solicitaba que, en el caso de las expediciones intracomunitarias de rifles, el permiso de transferencia emitido por la Intervención Central de Armas y Explosivos de
la Guardia Civil fuese un documento suficiente para la concesión automática de la licencia por parte de la Secretaría General de Comercio Exterior. Debo indicarles que al ser estas las únicas operaciones en las que se produce un doble control
derivado de la exigencia de autorización,
tanto en el Reglamento de armas como en el Reglamento que regula el comercio exterior de estos productos, la Jimddu decidió, también en 2009, aceptar dicha propuesta y ponerla en aplicación en la regulación de estas operaciones.
En otra recomendación se pedía que se facilitase a la Comisión de Defensa el informe anual de estadísticas con la antelación suficiente para que los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios pudiesen llevar a cabo un estudio y un
análisis detallado del mismo. Es cierto que en mi comparecencia anterior, que tuvo lugar el 10 de junio de 2009, SS.SS.
dispusieron de muy escaso tiempo para poder estudiar el informe de estadísticas del año 2008 y, en ese caso, la tardanza se
debió a la imposibilidad de celebrar la comparecencia en las semanas posteriores, por haber solicitado otros departamentos comparecencias similares.
También es cierto que en este año 2010 han dispuesto de muy poco tiempo para el estudio del
informe; por tanto, acortar los plazos de envío de este informe a SS.SS. es un deseo compartido también por la Secretaria General de Comercio Exterior. Reitero nuestras disculpas por este escaso tiempo del que han dispuesto, pero hay que tener en
cuenta que la creciente complejidad en la elaboración de los datos y la cada vez mayor información incluida en las estadísticas, conducen a que los plazos para su remisión al Congreso sean considerablemente cortos, sobre todo si queremos seguir
estando a la cabeza de los países en los que este tipo de informes se hacen llegar antes a sus parlamentos, como es el caso español. En todo caso, esta secretaría de Estado va a seguir perseverando en su esfuerzo para que el informe de estadísticas
llegue a esta Comisión con un margen de tiempo suficiente antes de la comparecencia.
La siguiente recomendación planteaba que se averiguasen las causas y se clarificase la disparidad de la información entre las cifras de aduanas y las del sector profesional frente a la información contenida en las estadísticas oficiales.
Tenemos que incidir de nuevo en el hecho de que la Secretaría General de Comercio Exterior tiene los datos de todas las licencias de exportación autorizadas, mientras que los datos correspondientes a las exportaciones efectivamente realizadas están
disponibles en el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, adscrita al Ministerio de Economía y Hacienda. La Secretaría General de Comercio Exterior recaba directamente de las empresas
información sobre las exportaciones efectuadas para poder así corregir cualquier divergencia en los datos.
Esta facultad aparece contemplada en el artículo 9 del Real Decreto 2061/2008, de 12 de diciembre, debiendo remitir semestralmente las
empresas información sobre los despachos realizados. La disparidad entre las cifras del informe de estadísticas de la Secretaría General de Comercio Exterior y las reflejadas en la página de la Agencia Estatal de Administración Tributaria se debe a
dos razones. Primero, la codificación Taric empleada por los países de la Unión Europea no incluye la suficiente desagregación de las partidas arancelarias como para poder identificar de forma adecuada los productos que están sometidos a control,
de acuerdo con la legislación española y la normativa comunitaria. La información de la página de la agencia no puede coincidir, por tanto, con los datos de nuestro informe, al incorporar aquella, en muchos casos, cifras de posiciones estadísticas
que comprenden tanto productos controlados como algunos que no lo están.
Algunos ejemplos de lo que estoy diciendo son los referidos al capítulo 27, de combustibles, y al 36, de pólvoras y explosivos. En ninguno de estos capítulos se indica si
dichos productos tienen especificaciones civiles o militares en la información proporcionada por Aduanas.
Por último, es lógico que las cifras de estadísticas de esta secretaría de Estado sean diferentes a las contenidas en el informe anual de la asociación sectorial existente hasta septiembre de 2009, Afarmade, la Asociación española de
fabricantes de armamento y material de defensa y seguridad. El informe de esta asociación utilizaba las cifras de facturación de las empresas del sector de defensa y de seguridad, que no tenían por qué coincidir -y de hecho no coinciden- con los
datos de las exportaciones realizadas. Por ejemplo, las empresas comunicaban a Afarmade unos valores de facturación que comprendían la suma de las actividades que realizaban con cada subcontratista, sin que necesariamente se hubiese producido una
exportación. Sin embargo, estamos trabajando activamente en la secretaría de Estado, junto con la nueva asociación sectorial, la Tedae, esto es, la Asociación española de empresas tecnológicas de defensa, aeronáutica y espacio, en la búsqueda de
soluciones para tratar de armonizar los criterios en la obtención de los datos. He omitido uno de los factores que explicaban la disparidad de cifras entre las de la Secretaría General de Comercio Exterior y las de Aduanas, y es que el informe de
estadísticas no incluye las exportaciones temporales que, aunque en número reducido, sí pueden explicar en parte estas discrepancias entre ambas.
También tenemos que señalar que en el año 2003 se presentó por parte española al Comité del Código de Aduanas de la Unión Europea una propuesta de desagregación del Taric. En el año 2007 se solicitó al Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales del Ministerio de Economía y Hacienda la apertura en la nomenclatura combinada del arancel de códigos adicionales estadísticos para determinados productos, tales como combustibles, explosivos y armas de fuego. A tal efecto se creó en el
año 2009 un grupo de trabajo, constituido por representantes de ambos ministerios, que está tratando de avanzar en este ámbito.
En la siguiente recomendación del dictamen se instaba al Gobierno a facilitar información exhaustiva sobre las operaciones autorizadas y realizadas, mejorar significativamente la aplicación de los criterios de autorización, examinar caso a
caso y denegar las transferencias si no existen suficiente garantías de que el material no contribuirá
a que se cometan violaciones de derechos humanos. Las estadísticas de las exportaciones españolas de estos productos han ido incorporando año a año una información más completa y detallada, en línea con los avances experimentados por otros
informes internacionales. Así, España se ha equiparado en sus estadísticas con los principales países de la Unión Europea, en algunos casos incluso se ha situado por delante en cantidad y calidad de la información suministrada, sobre todo si
tenemos en cuenta que el informe español incorpora datos tanto de autorizaciones como de realizaciones. Es importante incidir en que los gobiernos de los países de nuestro entorno analizan en todo momento cuál puede ser la manera más adecuada de
suministrar a sus parlamentos y a la opinión pública los datos de las exportaciones de estos productos, compaginando este ejercicio de mayor transparencia con la necesidad de mantener cierto grado de confidencialidad, motivado por el carácter
sensible de estas ventas y sus obvias implicaciones para la defensa y la seguridad nacionales, además de consideraciones de política exterior.
En lo concerniente a los otros dos puntos, permítanme referirme a ellos al hablar de la siguiente recomendación. Esta recomendación se refería a la interpretación que el Gobierno ha realizado de los criterios de la Posición Común
2008/944/PESC, de 8 de diciembre, por la que se definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares para autorizar transferencias en material de defensa en 2008 a determinados países sensibles.
Concretamente, se requería al Gobierno acerca de si éste tuvo en cuenta la situación de derechos humanos y del derecho internacional humanitario en esos destinos, además de cuáles fueron las fuentes de información consultadas.
Aquí tenemos que
decir que las operaciones de exportación son analizadas a través de una serie de parámetros fundamentales, como son el producto, el país de destino, los compromisos adquiridos en los foros internacionales, las denegaciones decididas por otros
países, el destinatario y usuario en el país de destino, el uso final y los documentos de control. También las autoridades españolas aplican para la exportación de material de defensa cada uno de los criterios de la posición común, los criterios
para la exportación de armas pequeñas y armas ligeras, aprobados en el seno de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, la OSCE, los compromisos derivados de la participación española en el principal Foro internacional de no
proliferación, el llamado Arreglo de Wassenaar, y las denegaciones de los países miembros en dichos foros. Así, podemos afirmar que la Jimddu no ha informado favorablemente ninguna operación que hubiese sido rechazada por otro país, en virtud de la
aplicación de los criterios y compromisos citados.
En cuanto a las fuentes de información consultadas, la Secretaría General de Comercio Exterior utiliza la guía del usuario de la citada posición común. Esta guía es un compendio de directrices en la utilización e interpretación de los
mencionados criterios. Las autoridades españolas de control también emplean los informes emitidos por los organismos internacionales, como Naciones Unidas, Unión Europea y OSCE, y los foros de no proliferación y control en los que participa España.
Otras fuentes de gran interés se encuentran en los estudios elaborados por organizaciones no gubernamentales, como son Amnistía Internacional, Intermón Oxfam, Greenpeace, Fundació per la Pau y la Cátedra Unesco, de la Universidad Autónoma de
Barcelona, además de centros de investigación ampliamente conocidos como el Stockholm International Peace Research Institute, el Sipri, o el Small Arms Survey.
En la siguiente recomendación se solicitaba una información más detallada sobre las operaciones de exportación de armas de caza y tiro deportivo, así como el mantenimiento y refuerzo de los controles sobre este tipo de armas. Se pedía
también al Gobierno información detallada sobre la aprobación a una sola empresa de licencias de exportación de armas de caza y tiro deportivo por valor de 334,8 millones de euros. La información que se incluye en las estadísticas abarca ya un
grado sustancial de detalle acerca del tipo de producto, valor de lo exportado, país de destino, uso final y naturaleza del usuario final. Sin embargo, la Secretaría General de Comercio Exterior ha pedido a las empresas españolas exportadoras una
mayor información en cuanto a la venta y distribución de estas armas en el país de destino por parte de los importadores para así poder evaluar con mayor eficacia el riesgo de desvío existente en cada caso. Por otra parte, tenemos que reconocer que
no es tarea fácil tratar de encontrar un equilibrio adecuado en el control de este tipo de armas, ya que algunos grupos parlamentarios desean que se introduzca la mayor agilidad posible en la tramitación de estas operaciones, mientras que otros
grupos abogan por unos mecanismos más estrictos.
Una de las principales novedades que presentaban la Ley 53/2007 y el nuevo Real Decreto 2061/2008, era precisamente la ampliación del control a todas las armas de caza y deportivas. Esta circunstancia no tuvo un origen arbitrario, se debió
a las obligaciones contraídas por España como resultado de la firma y ratificación de la Resolución 55/255, de la Asamblea General de Naciones Unidas, de 8 de junio de 2001, por la que se aprueba el ya citado protocolo contra la fabricación y el
tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones. Teniendo en cuenta dicho protocolo, esta secretaría de Estado decidió adoptar una regulación específica que pudiese incorporar los suficientes elementos de flexibilidad que
permitiesen una rápida y ágil tramitación de las operaciones, de acuerdo con el uso eminentemente civil de estas armas; ello no fue óbice para que se estableciesen mecanismos de control similares a los empleados en otras operaciones en lo referente
al uso final y a la evaluación de un posible riesgo de desvío. El nuevo reglamento incorporó, a petición del Grupo Vasco, un procedimiento de informe quincenal por parte de la
Jimddu para estas operaciones. Esta consulta quincenal a los miembros de la Jimddu reduce considerablemente los tiempos empleados en la tramitación de las solicitudes, que se reducen a un par de días y por el procedimiento de silencio
administrativo.
En cuanto a la aprobación a una sola empresa de licencias por un valor elevado, ello se explica por haber sido autorizadas en 2008 a la principal empresa española fabricante y exportadora de munición de caza 103 licencias individuales por un
valor conjunto de 334,8 millones de euros para exportar a cincuenta y nueve países, materializándose solamente el 5,5 por ciento de estas ventas en 2008. La razón de esta gran diferencia entre lo autorizado y lo realizado se debió, según la
empresa, a que había incurrido en un error en su previsión de exportaciones, incluyendo cantidades y valores mucho más elevados de los que finalmente pudo llegar a exportar en 2008 y en 2009.
En otra recomendación se sugería que se siguiese avanzando en la mejora de la información en las estadísticas acerca del tipo de producto exportado y usuario final y se ampliase la información sobre aquellas exportaciones que superasen los
diez millones de euros. Asimismo, se instaba al Gobierno a que facilitase información y justificación de los criterios de exención de documentos de control y/o informe previo en algunas operaciones en 2008, haciendo constar esta información en el
informe de 2009. En el informe que hoy tengo la ocasión de presentar se ofrece información tanto de las exportaciones autorizadas como de las realizadas. Tenemos que tener en cuenta que esta información sólo es suministrada por España de entre
aquellos países que cuentan con una industria de defensa de un tamaño significativo.
La información descrita con anterioridad se complementa con el desglose de los valores por categorías de productos y países de destino. Se proporcionan también los datos acerca de la naturaleza de los usuarios finales, el uso final, el
detalle de las operaciones de leasing, donaciones y segunda mano, además de las operaciones más importantes en valor y las derivadas de programas de cooperación en el ámbito militar.
Por lo que se refiere a la ampliación de la información sobre las
exportaciones que superen los diez millones de euros, debo recordar a SS.SS. que ya en el informe anual de 2008 se incorporó un nuevo cuadro con todas aquellas operaciones de exportación que superaban dicho umbral.
Por último, las exenciones de informe previo de la Jimddu y de documento de control en los años 2008 y 2009 abarcaron las siguientes operaciones: las derivadas de programas de cooperación en el ámbito de la defensa, estando estos programas
clasificados como tales por el Ministerio de Defensa; es decir, caza de combate europeo Eurofighter, avión de transporte militar A 400M, helicóptero Tigre, carro de combate Leopard, sistema de comunicaciones electrónicas MIDS y misiles Iris-T y
Meteor; las operaciones solicitadas por organismos del Ministerio de Defensa y por las empresas del sector, en cumplimiento de contratos de mantenimiento o reparación con las Fuerzas Armadas españolas, siempre que cuenten con informe favorable de
la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa; las exportaciones temporales para reparaciones, revisiones, reposición sin cobro de material defectuoso, devoluciones a origen, pruebas, homologaciones, ferias o exhibiciones y
en las operaciones de armas de fuego, además de las anteriores, las temporales destinadas a cacerías o prácticas de tiro deportivo; las exportaciones temporales en régimen de perfeccionamiento activo y pasivo; las de tecnologías de material de
defensa y doble uso de aquellos operadores que apliquen un programa de cumplimiento interno relativo al control de dichas transferencias; las referidas a combustibles con especificaciones militares con destino a países de la Unión Europea y de la
OTAN; las rectificaciones de las autorizaciones referidas al plazo de validez, la aduana y el valor monetario; por último, las exportaciones de productos y tecnologías de doble uso con destino a los países miembros de los foros internacionales de
control de exportaciones. El detalle del número de operaciones a las que les fueron aplicadas estas exenciones se ha incluido en los anexos IV de los respectivos informes anuales de estadísticas remitidos a sus señorías.
En otra recomendación se instaba al Gobierno a que diese instrucciones a los agregados de Defensa de las embajadas españolas de los países de destino preocupantes para que hiciesen un seguimiento del uso final del material exportado. El
Real Decreto 2061/2008 incorpora en su artículo 29.3 la posibilidad de que, cuando así lo requiera la Jimddu, se puede exigir la documentación acreditativa de que el material ha sido debidamente importado en el país de destino. La documentación
puede consistir en un certificado de entrega o en un documento aduanero equivalente de despacho a consumo. Asimismo, en determinadas operaciones de una sensibilidad especial ya se viene haciendo un seguimiento del empleo de los materiales
exportados desde España, bien con la colaboración de la empresa exportadora o a través de la misión diplomática.
En la recomendación siguiente se solicitaba al Gobierno que facilitarse información detallada al Congreso de los Diputados sobre los criterios seguidos en la denegación de operaciones, incluyendo los países objeto de denegación, la
naturaleza, el motivo y la cuantía de la misma. Como SS.SS. han tenido ocasión de comprobar, el informe de 2009 incorpora esta información con un elevado grado de detalle. Así, se proporcionan por primera vez los datos del país de destino junto
con información reflejada ya en informes anteriores, como son el tipo de producto y los motivos que han llevado a denegar una operación. Todo ello se encuentra disponible tanto para material de defensa como para otro material y también para
productos y tecnologías de doble uso, incorporando en este último caso un cuadro adicional en el que se incluyen todas las operaciones a las que les fue aplicada la cláusula catch-all.
En otra recomendación se expresaba el deseo de que se impulsase la aprobación en el seno de las Naciones Unidas de un tratado sobre el comercio de armas jurídicamente vinculante. Como saben SS.SS., el Gobierno español otorga una enorme
importancia a esta iniciativa. Los objetivos plasmados en la misma son plenamente coincidentes con los que tienen las autoridades españolas; por ello, España fue uno de los 117 copatrocinadores del mencionado proyecto, aprobado el 6 de diciembre
de 2006 en la 61ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Como consecuencia de lo anterior, se creó un grupo de expertos gubernamentales para el estudio de su viabilidad, alcance y parámetros, estando España entre los veintiocho países
seleccionados. España también fue uno de los 114 copatrocinadores de la resolución adoptada el 17 de octubre de 2008 en la 63ª Asamblea General, por la que se acordaba proseguir, mediante la creación de un grupo de trabajo de composición abierta,
en aras de la posible elaboración de un futuro instrumento jurídicamente vinculante que establezca normas internacionales comunes para la importación, exportación y transferencia de armas convencionales. Este grupo se reunió dos veces en el año
2009, siendo sustituido por un comité preparatorio de los cuatro períodos de sesiones que tendrán lugar en 2010 y 2011, antes de la Conferencia de Naciones Unidas prevista en 2012, para la aprobación final del tratado. Las actividades del grupo y
del comité se complementan con la celebración anual de tres seminarios de carácter regional en los que se promueve esta iniciativa.
Una de las recomendaciones de mayor relevancia se basaba en la intensificación de los esfuerzos para que la Convención sobre municiones de racimo, de 3 de diciembre de 2008, entre en vigor. Como bien saben SS.SS., las autoridades españolas
tomaron la decisión política de figurar a la cabeza del proceso, adelantándose a la ratificación de la convención mediante el establecimiento de una moratoria unilateral sobre el empleo, desarrollo, producción, adquisición y comercio exterior de las
municiones de racimo. Este acuerdo fue aprobado por el Consejo de Ministros del 11 de julio de 2008. La convención entrará en vigor el 1 de agosto de 2010, una vez alcanzado el número mínimo de ratificaciones por treinta Estados; las Cortes
españolas la ratificaron el 18 de marzo de 2009 y España depositó el correspondiente instrumento de ratificación el 17 de junio de 2009.
En la siguiente recomendación se sugería la inclusión en el informe de estadísticas de una relación pormenorizada del material vendido o la cesión de patentes, tecnologías o licencias para la fabricación de armas, equipos policiales o doble
uso por parte de terceros países. Esta información se incorporó ya en el informe de 2007 y se ha mantenido en los posteriores informes, con un cuadro específico para aquellas operaciones que sean donaciones, cesiones, leasing, segunda mano,
asistencia técnica y producción bajo licencia. En otra recomendación se indicaba que se debía continuar con los esfuerzos para que la industria de defensa española elaborase un código ético en relación con sus exportaciones. Esta propuesta se hizo
llegar en el año 2008 a la asociación sectorial Afarmade y en el año 2009 a la nueva asociación Tedae, que sustituyó a la anterior, habiendo mostrado ambas una buena predisposición de cara a su estudio.
En la siguiente recomendación se proponía la suspensión de la autorización de exportación en una serie de casos; esto es, existencia de conflicto armado, no respeto de la dignidad inherente al ser humano, violaciones de los derechos humanos
o del derecho internacional humanitario. Hay que decir que la legislación española cuenta con los mecanismos adecuados para hacer frente a estas situaciones. Así, la suspensión o revocación de las autorizaciones previamente concedidas está
debidamente regulada en el artículo 8 de la Ley 53/2007, contemplando todos los casos mencionados.
Otra de las recomendaciones abogaba por el establecimiento de criterios más restrictivos en las exportaciones de material antidisturbios y policiales para evitar las transferencias de este tipo de materiales a algunos de los países que
figuran en el informe de 2008. Los criterios aplicados por la Jimddu a la hora de evaluar estas operaciones son los señalados en una de las recomendaciones a las que he hecho referencia anteriormente, con especial énfasis en los ocho criterios de
la ya mencionada Posición Común 2008/944/PESC, entre los que se encuentra el respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en el país de destino. Así, la Jimddu informa desfavorablemente cualquier exportación a un país en
el que se haya constatado la existencia de graves violaciones de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario. También se deniegan aquellas operaciones en las que exista un riesgo de posible empleo de los equipos con fines de
represión interna.
En la siguiente recomendación SS.SS. proponían que en las exportaciones de doble uso se incorporasen criterios más restrictivos que los aplicados por el Gobierno para evitar desvíos a programas de fabricación de armas de destrucción masiva.
Las autoridades españolas, en la exportación de productos y tecnologías de doble uso, aplican los compromisos derivados de la participación española en los foros internacionales de no proliferación de armas de destrucción masiva, como son el Arreglo
de Wassenaar, en su ámbito de doble uso, el régimen de control de la tecnología de misiles, RCTM, el grupo de suministradores nucleares, GSN, y el grupo Australia, según se trate de productos relacionados con misiles capaces de transportar armas de
destrucción masiva, productos y tecnologías nucleares o productos químicos y biológicos. En el análisis que se hace de cada solicitud se estudian las denegaciones de los países miembros en dichos foros, además del intercambio de información sobre
destinos sensibles. Asimismo, se aplican los compromisos derivados de los tratados y convenciones internacionales sobre no proliferación, como son el Tratado de no proliferación nuclear, la Convención sobre
la prohibición de armas químicas o la Convención sobre la prohibición de armas biológicas y toxínicas. Un ejemplo concreto de lo anterior se encuentra en la adopción por primera vez en el año 2006 y comienzos de 2007 de sendos embargos para
las exportaciones de productos y tecnologías de doble uso a Irán y a la República Popular Democrática de Corea. Las resoluciones de Naciones Unidas se plasmaron en la adopción de medidas preventivas relacionadas con posibles transferencias a Irán
de productos, equipos y tecnologías nucleares, así como en el suministro de armas pesadas y servicios conexos. Estas resoluciones fueron complementadas por una posición común de la Unión Europea y varios reglamentos en el mismo sentido. El segundo
de los embargos afectó a la República Popular Democrática de Corea al haber acordado el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la aplicación de un embargo a la exportación de armas convencionales y de artículos, equipos, materiales, bienes y
tecnología relacionados con el programa nuclear y de misiles. La Unión Europea adoptó, de forma paralela, una posición común en los envíos a dicho destino.
En lo referente a la recomendación en la que se señala que el informe correspondiente al primer semestre de cada año se haga llegar a esta Comisión antes de que finalizase el mes de diciembre, el correspondiente al primer semestre de 2009
llegó con dos meses de retraso a esta Comisión, aun estando finalizado en el mes de diciembre. Pero, como ya he dicho anteriormente, esta secretaría intensificará sus esfuerzos con objeto de poder remitir este informe antes de terminar el año.
En otra recomendación se abogaba por que el Gobierno español siguiese impulsando la máxima participación posible de los diferentes países en el Registro de armas convencionales de Naciones Unidas. Aunque correspondería al Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación exponer las acciones concretas acometidas en este apartado, podemos afirmar que se ha seguido llevando a cabo una activa labor de divulgación con países de Latinoamérica en el ámbito de la no proliferación y del
comercio de las armas pequeñas y ligeras.
Otra de las recomendaciones incidía en la necesidad de que el Gobierno promoviese la inclusión de una nueva categoría relativa a armas pequeñas y ligeras en el intercambio de información específica del llamado Arreglo de Wassenaar. Debo
informar a SS.SS. de que esta categoría de armas fue incorporada a dicho intercambio de información en el segundo ejercicio de revisión del acuerdo, que tuvo lugar en el año 2003. La comunicación de las transferencias correspondientes a la citada
categoría, aunque de forma voluntaria y con ligeras diferencias en el mecanismo de información, había sido añadida con anterioridad a las siete categorías del Registro de armas convencionales de Naciones Unidas.
En la siguiente recomendación se solicitaba la adaptación a la legislación española de la Directiva 2009/43/CE, de 6 de mayo, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la simplificación de los términos y condiciones de las transferencias
de productos relacionados con la defensa dentro de la Comunidad. La directiva deja un plazo de dos años, hasta el 30 de junio de 2011, a los veintisiete Estados miembros para trasponer la norma a sus legislaciones. Los únicos cambios que deben ser
efectuados en la legislación española se refieren a la introducción de las llamadas licencias generales y del proceso de certificación requerido en el uso de las mismas. La legislación española ya cuenta con las figuras de la licencia individual y
la licencia global contempladas en la citada directiva. Las licencias generales se aplicarán, fundamentalmente, a los envíos destinados a las fuerzas armadas de los Estados miembros, a aquellos entre empresas debidamente certificadas por las
autoridades nacionales, a los derivados de programas de cooperación en el ámbito militar, a los envíos a agencias de la OTAN y a las transferencias de productos para demostración, exhibición, evaluación, mantenimiento y reparación. La adaptación de
la legislación española dio comienzo ya en el segundo semestre de 2009 con la elaboración de un proyecto de modificación del Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de doble uso, cuya tramitación va a
dar comienzo en este mismo mes.
Otra recomendación recogía una propuesta similar, como es la adaptación de la legislación española a los acuerdos alcanzados en la Carta de intenciones para la reestructuración e integración de la industria de defensa europea. La Carta de
intenciones fue firmada el 8 de julio de 1998 por parte de seis países, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Suecia y España, siendo su principal objetivo el favorecer la creación de un marco jurídico y administrativo que facilite la realización
de programas de cooperación en el ámbito militar. Los trabajos derivados de esta iniciativa, en la vertiente del control de las exportaciones de material de defensa, se han plasmado en la denominada licencia de componentes, con la que pretendemos
agilizar los envíos fuera del ámbito de los programas de cooperación, tanto de componentes como de subsistemas y de recambios, entre las empresas de los seis países citados. La licencia de componentes se ha incorporado también al mencionado
proyecto de modificación del Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, otro material y doble uso.
La siguiente recomendación perseguía la reforma de la Ley 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando. La Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, incluía,
en su disposición final segunda, el compromiso del Gobierno de presentar, en el plazo de un año, la actualización de la ley referida de represión del contrabando. Dicha actualización, que está siendo elaborada por el Ministerio de Economía y
Hacienda, debería iniciar su tramitación parlamentaria antes de la finalización del año 2010, para su aprobación posterior. Otra recomendación hablaba de la revisión del empleo de la cláusula catch-all, prevista en el artículo 4 del Reglamento (CE)
número 428/2009, de 5 de mayo, por el que se establece un régimen comunitario de control
de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso. Cabe recordar que determinadas operaciones de exportación pueden ser sometidas a control, aunque los productos no figuren en las listas del
reglamento comunitario de doble uso. En estos casos se aplica la denominada cláusula catch-all, que permite a las autoridades de los veintisiete Estados miembros la aplicación de dichos controles cuando se tenga conocimiento de un posible desvío de
los productos de doble uso hacia la fabricación de armas de destrucción masiva. Este es el ejemplo concreto de la mayoría de las solicitudes planteadas en la exportación a Irán, como resultado de la adopción, desde 2006, de medidas restrictivas por
parte de Naciones Unidas y de la Unión Europea. La Secretaría General de Comercio Exterior llevó a cabo, en el primer semestre de 2008, una primera revisión de las operaciones a las que se les había aplicado esa cláusula, seguida de una segunda
revisión iniciada en el último trimestre de 2009 y que ha finalizado en mayo de este año.
En la última recomendación se pedía que se valorase positivamente la decisión de la Unión Europea consistente en transformar el código de conducta en materia de exportación de armas en una posición común. El código de conducta se transformó
en la Posición Común 2008/944/PESC, de 8 de diciembre de 2008, por la que se definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares. En consecuencia, este instrumento ha visto reforzada su naturaleza,
dejando de ser un mero compromiso político. Con este cambio, las autoridades de los Estados miembros de la Unión Europea disponen de un instrumento aún más eficaz con el que poder alcanzar una creciente armonización de sus políticas de exportación
de armamento. Doy así por finalizada mi intervención y espero que toda esta información haya podido ser de utilidad. Solo me queda agradecerles la atención prestada y ponerme, sin duda, a su disposición para cualquier duda o pregunta que deseen
formular en relación con este comercio.
El señor PRESIDENTE: Seguidamente intervendrán los portavoces de los grupos parlamentarios que lo deseen. ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Suspendemos un minuto la sesión. (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra
doña Rosa Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: En primer lugar, quiero darle las gracias a la secretaria de Estado por su comparecencia, por la detallada información que nos ha suministrado en esta sesión y también quiero agradecerle su autocrítica, en relación
con el tiempo que hemos tenido para estudiar el informe que nos ha sido remitido. No estamos muy acostumbrados a la autocrítica, empezando por uno mismo, que no suele hacerse públicamente, pero, agradeciéndole que la haya hecho, sí le insistiría en
que es muy importante, porque tan importante es tener una información detallada como tenerla a tiempo, porque si es muy detallada, pero no la tienes a tiempo, realmente lo que nosotros podemos hacer en esta sesión de control al Gobierno es muy poco,
más allá de sobrevolar todos los datos y extraer algunas conclusiones, no solamente de los papeles que nos han llegado, sino de las informaciones que usted nos ha dado. En la medida en la que no hemos tenido tiempo suficiente para entrar en todos
los detalles y comparar todos los detalles, como usted muy bien sabe, eso hace que no cumplamos suficientemente bien con nuestra tarea, colectivamente hablando. Por tanto, le agradezco la autocrítica, pero le insisto en la necesidad de que, además
de darnos muchos datos, nos los dé a tiempo para que todos podamos hacer mejor nuestro trabajo.
Respecto de la cuestión de la que hoy vamos a hablar, de la venta de armas y también de su incremento, porque está en el ojo de la cuestión y en el frente de la cuestión, no seré yo quien se queje de que la producción de bienes y servicios
para la defensa en España sea algo de lo que tengamos que lamentarnos, porque realmente considero que la producción de bienes y servicios para la defensa es un importante elemento del engranaje de nuestro tejido empresarial y que además aporta
notables beneficios a la actividad privada e industrial del país. No obstante, dicho esto, y además insistiendo en eso, porque me parece un tema importante para destacar, ya que otros países lo hacen sin ningún tipo de complejo, y más allá de las
críticas que se puedan hacer sobre los contenidos y sobre otras cuestiones, hay que destacar que esta actividad es una actividad importante también desde el punto de vista del producto interno bruto, pero también desde el punto de vista de nuestra
aportación a la investigación y al desarrollo y al sector industrial privado, como decía, pero el hecho de que el aumento de la venta de armas, de este comercio de armas, se haya incrementado en más del 22 por ciento a nivel mundial, en los últimos
cinco años, nos obliga a exigir el máximo de control y de celo en su regulación, tanto nacional como internacional, de la producción y de su destino final. Aquí es donde me quiero detener, sin ánimo de ser exhaustiva, en el destino, es decir, no
tanto en cuánto hemos vendido, a nivel internacional y a nivel nacional, que es lo que nos toca revisar particularmente en esta comparecencia, sino en cómo y, sustancial y fundamentalmente, en a quién. A eso dedicaré esta intervención: a hacer una
somera evaluación y un somero análisis de los países que podríamos calificar -y yo lo haré en todo caso- como problemáticos y a estas exportaciones o expediciones autorizadas en los últimos años, en el último ejercicio, desde que usted compareció en
esta Comisión y desde que se produjeron también aquí, en sede parlamentaria, todas las recomendaciones a las que usted ha hecho referencia. Por tanto, no me fijaré en que los dos tercios de nuestras exportaciones vayan destinadas a países europeos,
aunque es un dato que hemos de considerar, porque no nos compran solo por ser un país miembro de la Unión, sino que se supone que es porque lo que vendemos es un producto de interés para ellos, por lo que no me
detendré en esa cuestión, pero sí quiero hacer una referencia a los productos y a los destinos preocupantes, por los que voy a empezar.
Como la secretaria de Estado ha referido en su intervención, hay legislación al respecto y España -usted ha insistido mucho- trata de cumplirla, aunque realmente usted ha dicho que cumple todas las recomendaciones internacionales. Le quiero
volver a poner de manifiesto algo que usted ya sabe. Diversas organizaciones, todas ellas respetables y también respetadas por nuestro Gobierno, por el Gobierno de España, con las que se cuenta para obtener información e incluso criterio en otras
muchas cuestiones, han denunciado que España sigue vendiendo material en contra del artículo 8 de la Ley 53/2007, sobre control de comercio exterior de material de defensa y de doble uso, a países en conflicto como son: Sri Lanka, Malasia,
Pakistán, Colombia, Singapur e Indonesia.
Esas denuncias se siguen produciendo, como sabe la secretaria de Estado, y me gustaría que hiciera una referencia al respecto, más allá de la lectura que ha hecho de todas las recomendaciones y de todas las
reuniones a las que hemos asistido, porque este es un hecho indubitable que ocurre y que se produce en países como los que acabo de referenciar.
Otro país que me preocupa es Ghana, hemos vendido al país subsahariano armas de caza deportivas,
municiones y material policial, por valor de 15 millones de euros, desde el año 2004, a los que hay que sumar 3,5 millones del ejercicio 2009 y 2,3 millones, en vehículos todoterreno para transporte de tropas, en ese mismo ejercicio. Existen dudas
más que razonables sobre la posible redistribución de ese material en países del entorno, que están en conflicto, toda vez que incluso nuestro Gobierno, el Gobierno de España, ha reconocido que parte de esa munición se reexporta a Nigeria, Níger,
Togo o Costa de Marfil. Son diversas las organizaciones internacionales que han llamado la atención sobre el aumento descontrolado de armas ligeras en ese país y en esa zona. Este es, a mi juicio, otro elemento de preocupación que le dejo a la
secretaria de Estado para su reflexión y para su respuesta.
Hay otros dos países sobre los que quiero detenerme, como decía al principio, sin ánimo de ser exhaustiva: Marruecos y Venezuela; ambos dos me merecen especial atención nuevamente. Sabemos que para estos países hay que recordar, o por lo
menos yo lo recordaría, parte del artículo 8 de la ley mencionada, en el que se plantea que las solicitudes de autorización serán denegadas en determinadas circunstancias, que la secretaria de Estado conoce bien, pero solo destacaré una parte del
punto a). Serán denegadas: cuando existan indicios racionales de que el material de defensa, el otro material o los productos y tecnologías de doble uso puedan ser empleados en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un
ámbito mundial o regional, puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, puedan ser utilizados con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos. Exportamos a Marruecos -que recordemos que ha sido denunciado por
Amnistía Internacional por violación de los derechos humanos, así como por la restricción de los derechos de asociación o libertad de expresión- casi 32 millones de euros, en el año 2009, a pesar del conflicto abierto con los saharauis, que viene
teniendo tanta repercusión y que tan directamente nos afecta, lo que supone una clara y continua violación de derechos humanos, que no podemos negar, porque existe y existe de forma reiterada. Respecto de Venezuela, quiero recordar que España tiene
contratados 945 millones de euros para la construcción de patrulleras de litoral y de oceánico, uno de ellos ya se ha entregado, pero en cuanto al material antidisturbios exportado a este país, por importe de casi un millón de euros, surge la duda
de cómo se aplican los criterios por parte de la Junta interministerial de material de defensa, ya que cabe la posibilidad, también en este caso, de una utilización contraria a los derechos humanos. Porque hablar sobre qué ocurre con los derechos
humanos en Venezuela tampoco es una hipótesis o una reflexión en alto, sino que es una constatación de una permanente violación de los derechos humanos en ese país.
Como les decía, sin ánimo de ser exhaustiva, quería destacar algunos destinos, algunos países, y también quiero hacer una reflexión, porque a UPyD le preocupa y le inquieta la venta de material, que pueda ser utilizado con otro uso, a
empresas privadas. Esta es una reflexión que le quiero hacer, señora secretaria de Estado, porque, a nuestro juicio, se precisa más información al respecto en cuanto a su dedicación, para qué tipo de utilización o sobre la legalidad misma de que
una empresa privada maneje materiales de defensa de categorías 1, 2, 3 e incluso 4: bombas, torpedos, granadas, botes de humo, cohetes, minas, misiles, cargas de profundidad, cargas de demolición, productos pirotécnicos, cartuchos, simuladores;
que están en la relación que usted nos ha suministrado. Nos preocupa el control y nos preocupa también la necesidad de que haya un mayor control y de que no se produzcan incumplimientos. Es verdad -usted lo decía y seguramente aparecerá en las
reflexiones que se hagan a continuación- que se ha avanzado mucho, desde el punto de vista del control de los destinos, en la publicación y en la transparencia de las exportaciones de armas de España a terceros países -y soy la primera que se lo
quiero reconocer-, pero, como es obvio, la aplicación de una ley tan reciente, como es la que regula estas exportaciones, todavía necesita ser mejorada en algunos aspectos, varios de los cuales han sido ya resaltados por la propia Comisión de
Defensa, y usted ha hecho referencia a ellos cuando nos leía, en su intervención, cada una de las recomendaciones que se hicieron en octubre del año pasado. Es verdad que se ha avanzado, pero, insisto, precisamente, porque se ha incrementado mucho
la venta de armas a nivel mundial y también a nivel español, y porque la ley es una ley reciente, tenemos que extremar al máximo nuestras capacidades y nuestras posibilidades de control y de transparencia. Siendo cierto que los avances se han
producido, el barómetro de transparencia
del comercio de armas pequeñas, en el año 2009, coloca a España en la posición decimoquinta de un total de cuarenta y cinco países analizados.
Habrá quien diga que hay treinta detrás, pero a una le gustaría que en vez de haber treinta
detrás, hubiera cuarenta. El reconocimiento de los avances no nos debe de impedir, en ningún momento, ser conscientes de que todavía hay tarea por delante y de que, en ese sentido, debemos de esforzarnos más.
Usted ha dicho en su intervención que en algunos extremos somos el país, el Gobierno, que más información da o que da información más exhaustiva sobre asuntos de los que otros gobiernos no suministran información, pero también, dentro de lo
que es el control parlamentario, traducido en más posibilidades de las que tenemos en este momento, por ejemplo, en Suecia, se produce aprobación previa de las licencias por parte de su Parlamento.
Hay otros países que hacen otras cosas, que traen
consigo mayor control y mayor transparencia y, por tanto, mayor seguridad de que lo que hacemos es lo que hay que hacer y que lo hacemos bien. No solamente vendemos más armas, lo que ofrece progreso desde el punto de vista comercial, desde el punto
de vista industrial y desde el punto de vista tecnológico de aplicación en la vida civil, sino que además lo vendemos, con toda seguridad, a los destinos correctos. Valgan estas reflexiones como anticipo, además de para que puedan ser respondidas
si a la secretaria de Estado le parece conveniente, de por dónde irán las recomendaciones que este partido político, Unión, Progreso y Democracia, planteará en su momento como consecuencia de este informe.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra don Jordi Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora secretaria de Estado, por la información que nos ha trasladado en cumplimiento de la ley y de una práctica parlamentaria, de acuerdo con la ley y a la luz de la ley, de información al
Parlamento y, por tanto, de ejercicio de transparencia y de trasladar al conjunto de la opinión pública la actividad realizada durante el año 2009 respecto al comercio de armas. En su momento fue un acierto la aprobación de la ley y creo que, año a
año, a través de las recomendaciones de esta Comisión de Defensa, vamos mejorando y perfeccionando los mecanismos de control. Este año se ha producido una novedad que es hacer públicos los países a los cuales se les ha denegado la venta de armas,
tres países, y los motivos de la misma denegación Este había sido un extremo que habíamos discutido en anteriores sesiones, en anteriores años, y la señora secretaria de Estado exponía los peligros diplomáticos de hacer públicos estos países. Lo
hemos hecho, y no se ha roto nada, por lo que hemos mejorado en la transparencia y lo podemos continuar haciendo a través de las recomendaciones que vamos a plantear y a votar, por parte de los propios grupos parlamentarios y también por parte del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), en los próximos meses.
La propia celebración de esta Comisión, por sí misma, la información, el debate posterior y las recomendaciones, ya son un acto notable y un acto digno a tomar en consideración. El grupo parlamentario recibe el conjunto de la información,
toma nota de la misma, le será útil para su trabajo en la Comisión de Defensa, le será útil para su relación con los actores implicados en el comercio de armas y le será útil también para su trabajo en la Comisión de Asuntos Exteriores. Me gustaría
-creo que lo conseguiremos hoy- que este debate no se convirtiera en un debate maniqueo o teñido de presunta ideología sobre el comercio de armas a algunos países buenos y algunos países malos, dentro de los países de la comunidad democrática. Hay
algunos elementos que me gustaría destacar y que, de hecho, nos ayudan a entender el porqué del balance del año 2009, el porqué de este incremento de un 40 por ciento en la venta de armas, que se focaliza en algunas grandes ventas, porque esto va
por pedidos y por años. Evidentemente hay una venta muy destacable, a Alemania, de 250 millones de euros, que además se refleja en un proyecto muy importante, como es el Eurofighter. Es importante que en el informe, año a año, se vaya detallando
el usuario final: armería, empresa privada, empresa pública o fuerzas armadas directamente. Es importante destacar que, de esta venta tan importante de 250 millones de euros, el 50,35 por ciento va destinado a una empresa privada, y en este caso
la señora secretaria de Estado nos lo podrá ilustrar, porque aunque sea una empresa privada, estará vinculada con proyectos europeos.
Hay otras grandes ventas a países nítidamente democráticos, como Chile, con 155 millones de euros, e Italia, con 264 millones de euros. Quiero sumarme también a la expresión de la preocupación por la venta a Malasia, de 180 millones de
euros; quiero destacar la importante venta a Noruega, de 319 millones de euros, pero me quiero centrar especialmente en la venta de armamento a Venezuela, por valor de 945 millones de euros.
Tenemos que entender que básicamente son antidisturbios,
porque así están contemplados en la columna número 9 del informe. Para perfeccionar el informe de cara a los próximos años, señora secretaria de Estado, sería bueno que cada columna tuviera la referencia del tipo de material, porque, si no,
descodificar estas columnas es un poquito complicado. (La señora Rodríguez-Salmones Cabeza hace gestos afirmativos.) Quiero dejar constancia de nuestra preocupación, aunque primero quiero celebrar la transferencia que nos permite discutir en el
Parlamento, pero mientras que, en el caso de Alemania, está gran venta tiene un objeto muy claro, que es el Eurofighter, en el caso de Venezuela, las condiciones de respeto a los derechos humanos y de regresión democrática -no digo de no democracia,
porque un sistema que ha partido de la democracia puede sufrir una regresión
democrática, que es lo que se está viviendo en Venezuela-, como mínimo, nos llama la atención.
En segundo lugar, me gustaría hacer una referencia muy especial a Irán. A España se le ha autorizado la venta a Irán de 31 proyectos por valor de 67 millones, tantos proyectos como a Rusia, pero por la cantidad más elevada, y además en
material de doble uso, de uso que puede ser civil, pero que también puede ser militar; precisamente, porque es de doble uso, porque es Irán, porque Irán representa el 38,98 por ciento del total de ventas de material de doble uso, porque el segundo
país es Libia, con el 12,70 por ciento, y porque Irán y Libia, dos países que no son ejemplares en la comunidad democrática mundial, suman casi el 50 por ciento de material de doble uso. Usted en su intervención, de forma muy transparente, nos ha
anunciado el material que se ha vendido a Irán: sustancias químicas, tubos, máquinas-herramientas y turbinas. Usted nos ha dicho que han pasado los filtros y los controles y nosotros nos lo creemos, porque nos lo dice el Gobierno y la palabra del
Gobierno, en sede parlamentaria, es una palabra muy importante y digna de ser tomada en consideración. Me gustaría que pudiéramos hablar más, no le digo discutir, sino hablar más sobre la venta de armamento a Irán, con un carácter tan importante y
en unos momentos en los que Irán está bajo la presión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por su programa nuclear, porque en estos momentos las autoridades iraníes continúan con la retórica de decir que es sólo para usos civiles, aunque han
reconocido que han desarrollado un 20 por ciento de sus capacidades militares y que quieren terminar el año 2010 con un desarrollo del 80 por ciento de sus capacidades militares. En este contexto de lo que expresan las autoridades iraníes, esta
venta es significativa y esta venta tiene que ser objeto de interés por parte de los grupos parlamentarios y también, hasta cierto punto, de preocupación.
En tercer lugar, me gustaría hacer una referencia, señora secretaria de Estado, señorías, a algo que es nuevo este año, que son las denegaciones aplicadas a la exportación de material de defensa. Esta fue una recomendación votada por
distintos grupos, planteada por parte del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió. Es bueno conocer los países a los cuales se les ha denegado esta exportación, porque es un ejercicio de transparencia, que no debe de crear ni creo que
haya creado graves problemas de carácter diplomático, pero siempre hay algo importante en el escrutinio parlamentario que es preguntarse quién controla al controlador. Me voy a explicar. El informe es muy claro y, en su página 64, figuran los
países, el número de denegaciones, los productos y los criterios de la PESC. Quizá deberían de ser objeto de análisis, por parte del Gobierno, los objetos y la evaluación de estos criterios, que descansan en la posición común de seguridad y defensa
a nivel europeo.
Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, el Gobierno y usted nos han expresado que había un riesgo de que los equipos de arma pequeña se desviaran para otros fines. Considero que el debate sobre Georgia es un debate pertinente y es
un debate que, seguramente, tiene un cariz más político. Georgia, en el mes de agosto del año 2008, libró una guerra con Rusia. En estos momentos hay partes de Georgia ocupadas, como saben muy bien SS.SS., Osetia del Sur y Abjasia, que fueron
ocupadas por parte de Rusia, y Georgia, al lado de Rusia, y las posibilidades militares de Georgia, al lado de las posibilidades militares de Rusia, son absolutamente asimétricas; absolutamente asimétricas. Georgia es un país que está avanzando en
sus criterios de homologación democrática y junto con Ucrania es precandidato a la OTAN desde la cumbre de Bucarest. Lo quiero recordar porque, aunque sea lejanamente, Georgia es aliado de España como país precandidato al ingreso en la OTAN. El
argumento que expresa el Gobierno literalmente del mantenimiento de la paz, la seguridad y la estabilidad regionales creo que tiene una lectura de comercio de armas y económica, pero también tiene una lectura política muy clara. Hay una gran
asimetría entre Georgia y Rusia y creo que también debe haber una interpretación no solamente comercial sino en cuanto al contexto de la crisis en el ámbito geográfico caucásico.
Quiero hacer una referencia a la venta de armamento de caza y tiro deportivo, para sumarme a lo ya expresado por la portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, y para manifestar también, en nombre del Grupo de CiU, nuestro
reiterado interés en conocer la pista de importantes cantidades vendidas a Ghana, un año más -porque esta es una realidad ya conocida-, pero también a Guinea Conakry. El propio informe reconoce que hay una denegación de venta de armamento a Guinea
Conakry después del golpe de Estado; yo no soy quien para hacer una relación causa-efecto entre el golpe de Estado y el hecho de que previamente a esa denegación España vendiera a Guinea Conakry armamento de caza y tiro deportivo por valor de
4.135.091 euros, que en una país como ese dicha cantidad puede ser considerada una parte importante de su presupuesto.
Creo que corresponde a los parlamentarios el ejercicio de plantear al Gobierno el interés por la venta de cantidades tan notables
de armamento a países débiles desde el punto de vista institucional. A mí no me preocupan los nueve millones de euros vendidos a Estados Unidos ni el millón de euros vendido a Australia, me causa interés y me parece que es objeto de debate, la
cifra de cuatro millones de euros en ventas a Guinea Conakry, porque ya sabemos por algunos informes de años anteriores que existe la posibilidad de que esta sea la puerta de entrada para la venta a otros países.
Voy terminando con dos consideraciones finales, señora secretaria de Estado. En la página 81 del informe está la relación de autorizaciones, de licencias pendientes, de las caducadas, de las denegadas -cuatro-, que son las que conocíamos
más y de las que nos han informado, y respecto a otro material también hay una licencia denegada. Quizá yo no he sabido interpretar bien el informe, pero me gustaría conocer -repito, está en
la página 81- el objeto de la petición de esta licencia de venta que fue denegada.
Finalmente, en el ámbito del interés parlamentario, en la página 24 del informe se hace referencia al Foro parlamentario sobre armas pequeñas y ligeras, que se inauguró en octubre del año 2002 en Madrid y que ha celebrado distintas reuniones
ordinarias. Le aseguro que no tengo ningún interés personal en participar en más foros parlamentarios, pero sí creo que es bueno que el Parlamento sepa cómo el Congreso de los Diputados, las Cortes Generales están vinculadas a este Foro
parlamentario sobre armas pequeñas y ligeras. Se han celebrado distintas reuniones en Panamá, Estocolmo, Helsinki, Ciudad de México, Montevideo, Nairobi y la última, la del año pasado, en Managua. Señora secretaria de Estado, me puede remitir a
los órganos de las Cortes Generales para que me expliquen la vinculación de las Cortes Generales con este Foro parlamentario, pero repito que me gustaría conocer la implicación que tiene el Parlamento y, especialmente, la utilidad de las
deliberaciones parlamentarias, el traslado de esta información al Ejecutivo y el uso que hace este de las conclusiones de este Foro parlamentario. Le agradeceré toda la información que nos pueda trasladar.
Señora secretaria de Estado, le agradezco lo exhaustivo y completo del informe y de su comparecencia, y preventivamente le pido disculpas si a la una no estoy aquí, porque tengo que participar en el Consejo de españoles en el extranjero, que
se reúnen para tratar la cuestión del voto, de la participación o no de los españoles en el extranjero en las elecciones municipales. No puedo faltar a mi compromiso de la una y, por tanto, preventivamente le pido disculpas si no puedo estar en
toda o en parte de su respuesta.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra su portavoz, doña Beatriz Rodríguez-Salmones.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Señora secretaria de Estado, gracias, de verdad, por el detallado informe y por su exposición, realizada con gran competencia. Sin embargo, me gustaría hacer una observación previa, y posiblemente el
letrado de la Comisión sabrá luego darnos una interpretación mejor. Lo que hace esta Comisión es un dictamen que consta de una serie de puntos, pero hablamos de los puntos en los que se insta al Gobierno llamándolos recomendaciones, recomendación
parlamentaria en un dictamen que es preceptivo y que lo ordena la ley. Está bien que denominemos recomendaciones a los puntos de los que consta, pero sabiendo que una recomendación parlamentaria no tiene el mismo significado que se le da en la
calle sino que es algo más, entendemos que es un mandato al Gobierno y el grado conminatorio del mismo reside en la redacción del punto; es decir, si ese punto dice que antes de tres meses el Gobierno debe efectuar no sé qué, eso no es una
recomendación sino, repito, un mandato, del que luego el Gobierno puede hacer caso o no, porque sabemos que hay muchos márgenes. No usemos parlamentariamente la palabra recomendación en el mismo sentido en el que podemos recomendar a nuestros hijos
que tengan una u otra conducta, porque es un mandato. Cuando se dice que hay que mandarlo en tiempo suficiente, es un mandato; pero usted, que ha expresado magníficamente los términos y ha analizado muy bien el documento, nos dice -y a mí me
sorprendió desde el principio-: es un deseo compartido. Y si no es un deseo compartido del Gobierno es un mandato exactamente igual; es decir, que cuando una Comisión emite un dictamen que tiene unos puntos que llamamos recomendaciones, por no
llamarlos de otra manera, no se trata de un deseo compartido o no; si se comparte, bien, y si no se comparte, también hay que mandar a tiempo este informe. Como han dicho la señora Díez y otros portavoces, entiendo que usted misma ha lamentado que
no haya llegado a tiempo y apreciamos que sea consciente de ello, pero, repito, no se trata de un deseo compartido, es un mandato. Por tanto, podemos ponernos de acuerdo en el próximo dictamen en qué entendemos que es mandar un informe a tiempo.
Lo mismo nos pasa en otras cuestiones que tienen que ver con las recomendaciones, y al usar el término recomendaciones quizá estamos siendo demasiado laxos. Cuando se dice que hay que analizar caso a caso es que hay que hacerlo, ¡faltaría
más que no se hiciera! Me sumo a las preocupaciones que antes de mí han expresado los otros dos portavoces, pero concretamente hablamos de Irán, del que usted ha dicho que vamos a manifestar nuestra sorpresa -viene así en el informe, con la palabra
sorpresa-. Puede sorprender, usted ha insistido en ello, nosotros decimos que además de sorpresa produce máxima preocupación y posiblemente rechazo una vez que conozcamos las raíces, porque en este momento estamos en el problema crucial, es uno de
los países cruciales en la geoestrategia como para tomar con naturalidad estas cifras que se nos dan y decir luego que la Jimddu analiza caso a caso. ¡Faltaría más que no analizara caso a caso, este y todos! Estamos entrando en una retórica
disculpatoria que creo que no valora exactamente lo que quiere decir un dictamen.
Hemos dicho que agradecemos el informe y la exposición de la señora secretaria de Estado. Echamos de menos -lo ha dicho en su exposición- en este preciso año no tener un informe del sector privado; la cuestión Afarmade, Tedae, etcétera, la
conocemos, pero le rogaríamos -no sé si es usted presidenta o por lo menos responsable del ICEX- que se vuelvan a traer las cifras, que el año pasado sirvieron para manifestar que a veces no entendíamos las disparidades, aunque estoy segura de que
eso se mejora, pero es muy bueno tener el informe del sector privado complementario y que añade información sobre las del Gobierno.
Voy a entrar poco en los países. Nos preocupan las cifras que se han dado de Irán y nos parece que merece que nos concentremos en por qué precisamente en este
año está este material de doble uso con este volumen. Las garantías son una cosa mandada por ley y por este Parlamento, pero nos gustaría que nos dijera cómo se pueden comprobar o ejecutar en Irán ese tipo de garantías si no podemos
comprobar nada en ese país, y es precisamente de lo que estamos hablando. Hablar de las debidas garantías y del caso a caso en este preciso país no nos parece solo sorprendente sino preocupante.
Hay cuestiones en las que creo que avanzamos y que son importantes, como la vigilancia, que se podrá mejorar -porque todo y todos somos mejorables-, seguro, pero que se está haciendo bien; por tanto, esta vigilancia lleva transparencia, que
en esta cuestión es vital.
Vigilancia, transparencia y códigos de conducta a aplicar; volveríamos a decir aquí: ¡faltaría más! Es un hecho que su informe es muy detallado en los criterios, en los parámetros -no lo teníamos tan claro el año
pasado-, por ejemplo, en la página 11 del informe, por los que se guía la Jimddu; están realmente todos los criterios, y dentro de esos parámetros se podrá mejorar, se podrán incrementar, pero ahí están. Por tanto, tenemos, en primer lugar,
vigilancia y transparencia y, en segundo lugar, criterios. Agradecemos, una vez más, la vigilancia que mantienen y el apoyo que nos prestan las organizaciones no gubernamentales que nos complementan y nos ilustran porque tienen una capacidad sobre
el terreno que muchas veces nosotros no tenemos, y tanto en vigilancia como en transparencia como en criterios, suscribimos normalmente sus informes y les agradecemos y reconocemos siempre su trabajo. Ahora bien, creo que en este informe -y lo
solicito formalmente, señora secretaria de Estado-, en esta Comisión y en esta materia, deberíamos incorporar el próximo año algún capítulo que tenga más que ver con el apoyo que reciben las industrias españolas, porque creo que este capítulo está
absolutamente ausente. No sé si es competencia de su secretaría de Estado o de esta Comisión, pero lo que no puede ser es que las estadísticas españolas de la exportación estén ausentes del balance que hagamos, y estamos orgullosos de que se hayan
incrementado en un 44 por ciento en un momento tan difícil. Creo que debemos hacer esfuerzos pedagógicos para abandonar esa demagogia menor de que las armas son una cosa para matar -es como si dijéramos que en las farmacias todo es para curar y nos
forráramos todos a cosas de farmacia- y que, por tanto, el titular de que aumenta un 44 por ciento más bien tiene tintes negativos. No, estamos hablando de unas industrias de altísima tecnología, hablamos de material militar, incluso de armamento y
armas -estamos vendiendo aviones que no se pueden armar; es decir, hasta hay contradicciones en los términos-, repito, de altísima tecnología, de creación de empleo muy estable y de competitividad extrema. Por tanto, mi grupo entiende que es
obligación nuestra y del Gobierno apoyarles y hacerlo con la máxima diligencia. Nos gustaría ver esto reflejado de la manera que ustedes estimen oportuno. Los técnicos comerciales tienen que trabajar en unión con los agregados militares, y aquí
hacemos referencia a agregados militar, porque la palabra comercial no existe. En Francia -un país que siempre ponemos como referencia importante- no parece posible un informe que hable de que se vende el Mistral a Rusia o determinados
equipamientos a Brasil ignorando el enorme esfuerzo de apoyo que se produce por parte del Estado francés. No es posible exportar si la maquinaria del Estado no te apoya, empezando por una cuestión, que es si tu propio país no es tu primer cliente;
es decir, nunca podrás vender fuera algo que en tu país no se compre, o al menos será más difícil. Ahí también tenemos que hacer un esfuerzo. Siempre que sea conveniente y reúna determinadas condiciones adquiramos material a nuestras industrias,
porque ese será un paso definitivo para que estas industrias puedan exportar. Mi grupo quiere manifestar su satisfacción y reconocimiento a unas empresas que en un momento de crisis tan grande están desarrollando una tecnología de vanguardia, una
tecnología que, entre otras cosas, vale para nuestra seguridad, para la de todos y, desde luego, para la de nuestros combatientes, que vale para sus comunicaciones. Creo que no solo debemos hacer un esfuerzo, que supongo que el Gobierno lo hará,
sino reflejarlo precisamente en esta Comisión y a la hora de informar.
Espero que me permita un pequeño comentario político. La ministra de Defensa se enorgulleció el otro día en el Senado de que solo tres países de la Unión Europea gastaban más que nosotros en defensa, Hungría, Luxemburgo y Bélgica, y eso es
como si el ministro de Fomento dice que solo no sé quien gasta más que nosotros en carreteras, porque entramos directamente en esta especie de mentalidad de que gastar en armas, incluso en satélites y en aeronáutica, es malo.
Vamos a preguntas concretas, establecido este tercer punto y los dos anteriores, que me parecen importantes. Vuelvo a Irán -y no le digo más porque espero que usted nos dé las explicaciones pertinentes- y a esto de las garantías. La
palabra garantías al lado de Irán es una contradicción en los términos. Quisiéramos una explicación lo más amplia posible, y si le parece nos la da por escrito, aunque estoy segura de que está en condiciones de darla. Máxima preocupación, porque
está muy bien en las cifras que nos están dando los países de la OTAN y de la Unión Europea como primeros destinatarios, esto es deseable, pero la situación económica con la que hemos encarado este año y posiblemente el que viene nos lleva a una
reflexión, que no es oportunismo de calendario pero nos gustaría que las cifras alemanas se mantuvieran y la información que tuvimos ayer nos alarma en este terreno y en muchos otros.
Quisiéramos hacer una pregunta concreta -en las demás, insisto, me sumo a los portavoces que le han planteado cuestiones y suscribo la necesidad de que usted nos las conteste-, que es más bien una aclaración, sobre la Directiva del
Parlamento Europeo 2009/43 -que está citada y luego más desarrollada-, cuya trasposición prevén para el año que viene. Quisiera saber qué consecuencias tiene esa trasposición que está aquí
citada como incorporable el próximo año. ¿Qué trascendencia tiene? Usted nos dice que hará necesaria una modificación del real decreto. Dice cuáles son las razones para ello: la simplificación de los términos y las condiciones, etcétera.
Me parece que es una directiva especialmente relevante, sobre la que me gustaría que me hiciese una aclaración. Por cierto, aprovecho también para decirle -y no merecería la pena que lo dijera- que en este informe tan detallado entendemos que
convendría priorizar. Nos encontramos con una directiva que va a tener mucho relieve, con unos plazos concretos -nos gustaría conocer su desarrollo-, metida en un magma, señora secretaria de Estado, de viajes, seminarios, pequeñas conferencias,
reuniones de expertos. Este informe sería un tesoro para alguien que quisiera racionalizar el gasto, que es en lo que estamos. Con que se pudiera suprimir la mitad de los 1.500 pequeños viajes y reuniones que aquí vienen citados de manera prolija,
creo que haríamos un favor a quien esté pensando en racionalizar el gasto.
Vuelvo a manifestar nuestra satisfacción por el informe y la necesidad de que llegue antes, pero no es un deseo compartido, es un mandato parlamentario. En las cuestiones que he expresado, deseo conocer su opinión, muy especialmente, señora
secretaria de Estado, sobre si ve usted la posibilidad de que incorporemos a este informe lo que podamos hacer y lo que se esté haciendo por unas industrias que necesitan y merecen nuestro máximo apoyo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra su portavoz, don Jesús Cuadrado.
El señor CUADRADO BAUSELA: Señora secretaria de Estado, voy a hacer lo mismo que quienes me han precedido en el uso de la palabra, que es poner de relieve que hoy hemos asistido a un acto parlamentario, lógicamente con su participación
central, en el que se ha informado detalladamente, y es difícil, usted lo ha dicho, porque no hay ningún país en el mundo que tenga un parlamento que reciba más información detallada que la que hemos recibido hoy sobre un comercio que es sensible,
como todo el mundo puede entender. Gracias, señora secretaria de Estado por su detalladísima información. Especialmente quiero agradecerle, en nombre del Grupo Socialista, que haya repasado -luego hablaré de esto- las veintisiete recomendaciones
-peticiones, acuerdos o como queramos llamarlo- una a una, con mucha sinceridad pero, sobre todo, con mucha información y además -tengo que decirlo, de entrada-, ofreciendo un resultado -si es que el Parlamento hoy evalúa de alguna manera el trabajo
que se ha hecho desde su secretaría de Estado de control del comercio de material de defensa y de doble uso- que difícilmente podría ser mejor. No queda ningún aspecto concreto de los que hace casi exactamente un año -fue el día 10 de junio- los
grupos parlamentarios propusimos como las cuestiones que creíamos que debían mejorarse con respecto a este control parlamentario. Hoy tengo que decir, repito, en nombre del Grupo Socialista, que el Gobierno, en concreto la secretaría de Estado que
usted representa, ha cumplido al cien por cien.
Dicho esto, lo primero que quiero poner de relieve es lo siguiente. En algunas organizaciones no gubernamentales -como sabemos todos los que estamos aquí- y en todos los grupos parlamentarios, nace una preocupación sobre la necesidad de que
en España haya la máxima transparencia, el máximo control, lógicamente, en los distintos procedimientos administrativos y en el seguimiento de un comercio tan sensible como el del material de defensa y el de doble uso, preocupación que se traduce en
la ley del año 2007. Somos uno de los poquísimos países que tiene una ley específica para el control de este tipo de comercio. Hoy, tres años después, tenemos que decir que podemos sentirnos satisfechos y orgullosos por dos cosas: en primer
lugar, somos el país en el que desde la Administración, desde el Gobierno más información precisa se aporta sobre cada uno de los materiales a los que nos estamos refiriendo, sea de defensa o de otro tipo, sobre todo, material de caza y material
-sensible también y difícil para hacer un seguimiento- de doble uso. Repito que somos el país -lo ha dicho la secretaria de Estado y yo quiero ponerlo de relieve- donde más información precisa y detallada se aporta en sede parlamentaria sobre cada
uno de esos materiales. En segundo lugar -recordamos el debate de hace un año-, hoy se ha incorporado el tema estrella, que es el de las denegaciones, considerado como el más importante por todos los grupos parlamentarios y por algunas
organizaciones no gubernamentales que estaban preocupadas y que hacen un seguimiento -hay que agradecérselo- de este tipo de comercio. Hoy, señora secretaria de Estado, hay que decirlo con satisfacción -y creo que hay que ponerlo de relieve-, ha
dedicado una parte importante de su intervención -lógicamente el informe también lo recoge- a explicar nada menos que tres cuadros con muchísimas denegaciones y a especificar por qué. Esto es muy importante, porque conviene que se sepa que ha
habido operaciones comerciales que no se han podido realizar porque ha habido unas exigencias máximas en el control de este tipo de comercio, no solamente en material de defensa sino también en material de doble uso.
Ojalá se hubieran aplicado
estos criterios, por ejemplo, con respecto a Irán o con respecto a Corea del Norte, antes del año 2006, pero la primera vez que se hace es en el año 2006, cuando hay material que no se vende a Irán, porque hay un control, hay una vigilancia y porque
hay dudas de que pueda servir para la construcción o la producción de armas de destrucción masiva. Conviene que la opinión pública española sepa que España es el país más vigilante. Es verdad que, por un trabajo del Parlamento, por una ley, por
una voluntad de todos los grupos parlamentarios -de todos los grupos parlamentarios, de todos-, y también, hay que decirlo, de la sociedad civil representada por, al menos, cuatro
importantes organizaciones no gubernamentales. Esto es lo primero que tengo la obligación de poner de relieve.
La segunda cuestión que quiero poner de relieve es esta: España es un país pionero, pionero, en el control del comercio de material de defensa y en la eliminación de aquel tipo de material de defensa, de armas, que la comunidad
internacional quiere que se elimine; quiere que se elimine.
Somos pioneros. En algunos casos concretos, por ejemplo -y se ha hecho referencia al Foro parlamentario sobre armas pequeñas-, somos, con Suecia, el país más exigente y que mayor
intervención internacional hace para un control de un tipo de armas que posiblemente sean las más dañinas en este momento, sobre todo en algunos territorios, por ejemplo, en Sudamérica. Quiero poner un ejemplo de hasta qué punto hoy conviene que el
conjunto de la sociedad española sepa que esto es así. Por ejemplo, primero, España es pionera en la eliminación de munición de racimo, de un arma que ha producido y está produciendo ahora mismo, por ejemplo, en Líbano, daños enormes en la
población civil. España es pionera. Ha habido mandatos del Parlamento, pero es pionera, y fue pionera no solamente en la promoción de la Convención de Oslo, sino que ha sido pionera -y usted lo ha dicho, señora secretaria de Estado- en una
moratoria unilateral, sin tener obligación de hacerlo hasta el 1 de agosto de este año, antes ya, en el mes de julio de 2008, por acuerdo del Consejo de Ministros.
Conviene que todos nosotros pongamos de relieve algún hecho. Esto tiene
consecuencias económicas, claro que las tiene. Claro que las tiene, señorías. Hay una empresa en Zaragoza que en esta producción ha tenido que desaparecer; claro que las tiene. Ha habido una decisión del Gobierno de España, del Ministerio de
Defensa, en marzo del año pasado, que ha terminado de eliminar ese material de los arsenales de las Fuerzas Armadas españolas. Por tanto, somos un país pionero en la lucha por el desarme, por la eliminación del tráfico ilícito de armas. Somos un
país -conviene que se sepa-, repito, pionero.
Quiero poner de relieve una afirmación que usted ha hecho, señora secretaria de Estado, con respecto a un tema que es muy sensible para todos nosotros y para el conjunto de la sociedad española. Hay países donde no se respetan los derechos
humanos, lo que se suele considerar como países o como destinos, para este tipo de comercio, preocupantes.
Por tanto, esa preocupación -repito- ha sido recogida en su informe. Como este es un tema polémico, es un tema que a veces plantea debates
en la sociedad, que no son sencillos, porque se mezclan a veces con criterios políticos o de valoración política de unos países o de otros. Quiero poner de relieve lo que usted ha dicho, señora secretaria de Estado. Las empresas españolas de este
sector, porque ni España ni el Gobierno exportan, no han exportado, a ninguno de estos países sensibles, material que no hubiera exportado ningún otro país. En este tema concreto, los máximos controles que se ejercen en todo el mundo los ejerce el
Gobierno español. Podemos discutir algún aspecto concreto. Usted, señora secretaria de Estado, ha informado, porque se ha dicho antes, que en Guinea Conakry, por ejemplo, se ha eliminado todo un conjunto de operaciones, voluminosas operaciones -se
han citado y están en el informe las cifras concretas-, a partir del momento en el que se produce una situación, que es internacionalmente reconocida como la de un país al que hay que embargar o en el que hay que eliminar ese tipo de comercio. Por
tanto, vigilancia -y conviene ponerlo de relieve- también al máximo.
Dicho esto, que me parece que quizás es el dato más importante para los objetivos de la ley que aprobamos aquí al final de legislatura pasada, en 2007, hay una afirmación que quiero hacer en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, y que
coincide básicamente con la que ha hecho la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la señora Rodríguez-Salmones: Es posible -y España es un ejemplo de esto- tener los máximos controles en el comercio de material de defensa y de material de doble
uso; tener la máximos controles. Tener el máximo control parlamentario -y hoy estamos aquí en un acto que muy pocos países en el mundo pueden hacer, muy pocos, y algunos muy desarrollados-, muy pocos países pueden hacer un control con el detalle
con el que los hacemos aquí, con información recibida a los primeros seis meses y con información al año, al final del año 2009. España es un ejemplo de que es posible el máximo control del comercio de este tipo de material con un sector industrial
importante y potente -que España necesita-, con la máxima productividad, como se ve en la evolución de las exportaciones, y con una evolución importante en la eficiencia y en la producción de este tipo de bienes; repito, es compatible y posible, y
conviene ponerlo de relieve. Tenemos unas empresas que se someten a los mayores controles que hay en el mundo, que compiten con otras empresas que tienen muchos menos controles, muchísimos menos controles, pero además son eficientes. Señora
Rodríguez-Salmones -coincido con usted y quiero ponerlo de relieve-, es verdad que cuando uno ve un titular en el que se dice que las exportaciones de material de defensa han aumentado el 44 por ciento en un año, lo que siento es orgullo por la
capacidad de nuestra industria, pero ese orgullo no lo podría sentir igual, si a la vez no se compatibiliza ese hecho con los máximos controles. Son empresas que no exportan a cualquier país, son empresas que se someten a los máximos controles
administrativos, son empresas que tienen códigos de conducta, en la práctica -ojalá que pronto los tengan también por escrito-, que ningún otro país puede exhibir -por lo menos, mejor- de más exigencia. Repito que esto es importante.
Solamente quiero señalar algunos matices. Por ejemplo, es verdad que nuestras empresas han exportado a Marruecos, pero si leemos el informe, ¿qué hemos exportado a Marruecos en el año 2009? Se han exportado 286 vehículos todoterreno,
ambulancias y camiones cisternas. ¿Alguien podría decir que ese comercio no se
debiera realizar? Me parece difícil. Me parece muy difícil que se pudiera mantener esta cuestión. Por ejemplo, también conviene reconocerlo, ¿qué tipo de comercio es este al que llamamos material de defensa? El tipo de comercio al que
nos estamos refiriendo es: 1.346 millones de euros en el año 2009, que es una cantidad muy importante, pero de qué, por ejemplo, de aviones de transporte CASA, nada menos que once aviones de transporte, por un valor total de 415 millones de euros,
o de fragatas, como la F-100 -de la que todos nos sentimos orgullosos-, a Noruega, por ejemplo, para establecer sistemas de seguridad marítima, que hemos podido comprobar hasta qué punto es eficiente, simplemente viendo cómo han trabajado en el
golfo de Adén o en el Índico, en las costas de Somalia. Este es el tipo de material que exporta España, que exportan las empresas españolas, 448 millones de euros, esto ya es el 61 por ciento de toda la exportación.
Este es el tipo de material que
exportamos, un material tecnológicamente muy avanzado, con funciones que son las que son. Es decir, cuando hablamos de un avión de transporte, cualquiera de ellos, me da lo mismo, o de un avión como el Hércules, que tiene tan buen funcionamiento
comercial, estamos hablando de un material que sirve para operaciones de transporte y, por ejemplo, se ha utilizado en Haití, en Afganistán, en Somalia o en el Chad. Por tanto, conviene saber de qué material hablamos -repito-, porque a veces
podemos emplear la palabra arma y diluir la información sobre lo que realmente hay detrás.
Termino, señor presente, con lo siguiente. Tenemos una poderosísima industria, por ejemplo, asociada a la defensa aeroespacial y naval, y que conviene poner en valor. España exportaba, en el año 2003, de este tipo de material, de material
de defensa, 383 millones de euros. Las empresas españolas han exportado, en el año 2009, 1.346 millones de euros. Esto es un crecimiento espectacular. ¿Qué hay detrás de esto? Hay una industria muy, muy, desarrollada y muy eficiente. Por
ejemplo, una industria, como EADS-CASA, que tiene nada menos que 10.133 empleos; que dedica un 7 por ciento del total de su negocio a I+D+i; que, por ejemplo, en Sevilla tiene 940 trabajadores, en Tablada, y otros 1.013, en San Pablo; que en
Puerto de Santamaría tiene 307; que, por ejemplo, en Barajas tiene 741 y que, en Getafe, tiene 4.486. Estamos hablando de un tejido industrial muy importante y muy eficiente, que dedica, repito, muchísimos recursos de su negocio a I+D+i, es decir,
que ayuda al desarrollo del país de una manera espectacular. El 7 por ciento del total del negocio de la industria aeroespacial española se dedica a I+D+i. La siguiente industria, la farmacéutica, que dedica mucho a I+D+i, lo hace con el 5 por
ciento.
Estamos hablando de un potencial industrial realmente importante, más que importante. Como el caso de Navantia, que dedica el 12 por ciento de su negocio a I+D+i y que tiene situada su actividad industrial por todo el territorio nacional,
por ejemplo, con una fuerte externalización, en Coruña tiene 17.000 empleos externalizados, en Murcia tiene 6.438, en Cádiz, 12.677, y, en Madrid, 1.636, todos ellos directos; por tanto, estamos hablando de un potencial industrial enorme.
Terminó, señor presidente, diciendo lo que me parece más importante desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Socialista. Tenemos una potente industria del sector de la defensa, compatible con los controles máximos que ningún otro
país en el mundo establece para el comercio de este tipo de material. Una vez más, señora secretaria de Estado, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, muchísimas gracias. Ha hecho usted un relato de cómo ha cumplido las veintisiete
recomendaciones, porque es lo que dice la ley. Podemos cambiar la ley, pero es lo que dice la ley. Lo importante es que usted se ha referido, una por una, a las veintisiete recomendaciones que hemos decidido los grupos parlamentarios sobre lo que
queríamos que se mejorara; que hay una relación entre el Gobierno y el Parlamento y que la ley dice que es obligatorio que el Gobierno responda a las cuestiones que le hemos planteado. Señora secretaria de Estado -y ahora sí que termino, señor
presidente-, es verdad que si los grupos parlamentarios, por ejemplo, en relación con el comercio de material de caza, que es un sector industrial importante en España, sobre todo en algunos territorios de España, unos le pedimos, a la vez, que hay
que flexibilizar los sistemas de control para la exportación, porque no se pueden identificar exactamente con material de defensa, y otros le decimos que todo lo contrario (La señora Rodríguez-Salmones Cabeza: La mayoría.), hay una relación rica
entre el Parlamento y el Gobierno. La resolución perfecta a un dilema de esa naturaleza lo ha ofrecido la señora secretaria de Estado, por lo que le doy las gracias.
El señor PRESIDENTE: Para responder a los portavoces de los grupos parlamentarios tiene la palabra doña Silvia Iranzo, secretaria de Estado de Comercio.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO (Iranzo Gutiérrez): Muchas gracias, señorías, por sus intervenciones y por las preguntas pertinentes que me han formulado. Comenzaré mis respuestas por doña Rosa Díez, del Grupo Mixto. Su señoría
aprecia la autocrítica que hemos realizado y, sobre todo, la disculpa, porque desde este puesto sé lo que es trabajar con tiempos muy cortos y la verdad es que es una dificultad añadida al ya intenso trabajo que todos tenemos por nuestra agenda
ordinaria, por lo que insisto en que trataremos de mejorar esta cuestión, pero reiteró que, pueden entender SS.SS, ya que otras personas de esta sala han expresado su inquietud por ese tiempo corto, que estamos reforzando y ampliando la información
que ofrecemos cada año -y lo pueden comprobar comparando los informes anuales que les presentamos-, que esta información cada vez es más rica, más completa y que cada año tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario para cumplir con nuestros
objetivos, que son los mismos que los de sus señorías: avanzar hacia una transferencia
cada vez mayor. Insisto en que nos seguiremos esforzando para que este problema no se vuelva a producir.
También compartimos plenamente la inquietud que nos expresa S.S. por el control de a quién exportamos el material. Nosotros, evidentemente, tenemos que alcanzar un equilibrio entre el deseo de impulsar una industria, que está en la punta
de lanza de la tecnología y de la innovación, que da empleo y que tiene un sinfín de buenos aspectos, con la necesidad de controlar a quién enviamos este material que puede ser peligroso. Este es precisamente el objetivo de la Jimddu y lo que nos
ocupa buena parte de nuestro trabajo y esfuerzos. En este sentido, estamos embarcados en un proyecto y en unos objetivos absolutamente comunes.
Nos habla S.S. de una serie de destinos que son preocupantes, lo que nosotros denominamos países sensibles, unos son más que otros, evidentemente, pero precisamente la Jimddu está para controlar que lo que enviamos tenga el propósito que se
pone sobre el papel, que no tenga unos usos indebidos, que no exista un riesgo de desvío y que, desde luego, no se emplee con fines no deseados, como pueden ser: represión interna, vulneración de los derechos humanos y un largo etcétera. Para ello
cumplimos los criterios que establece la posición común, los ocho criterios de la posición común, que SS. SS. conocen sobradamente, y que enumeran un poco todos los puntos y los pasos que tenemos que seguir.
Cita S.S., por ejemplo, el caso de
Malasia. Malasia ya no está sometida a embargo. Es verdad que la exportación que hemos realizado este año es muy sustancial y se ha concretado, prácticamente toda ella, en una operación que es la de exportación de la popa de un submarino Scorpene,
por un importe de 171 millones de euros. Está muy concentrada en una operación y es una operación que ha reunido las características y ha cumplido los criterios que rigen nuestras actuaciones.
Nos cita también otros países, como el caso de Indonesia, donde tampoco hay un embargo, ya que finalizó en el año 2000. La exportación ha sido muy baja: una serie de pistolas para las fuerzas policiales. Cita otros destinos, por ejemplo,
Ghana, y aquí hay que citar la exportación de cartuchos de caza, que es una exportación recurrente año tras año.
Expresa S.S. su inquietud porque haya posibles desvíos hacia otros países. Nosotros tenemos los compromisos firmados por parte de los
adquirentes de que el uso y el destino final van a ser los que enumeran en las peticiones. Nosotros sabemos que esta es una exportación que se destina a la población local para satisfacer sus necesidades alimenticias y, básicamente, es para poder
cazar pajarillos e incluso monos, que sabemos que son una base de la alimentación local. Es una operación que no nos inquieta y además hemos comprobado sobre el terreno que estas expediciones no se han utilizado, en ningún caso, para fines
indeseados.
También plantea el caso de Marruecos, donde pueden ver que la exportación ha consistido en la exportación de vehículos y camiones, que no están armados y que no están blindados, en un número importante, son 286 vehículos, y la información
que tenemos es que esta exportación no se ha destinado, en ningún caso, a alimentar el conflicto, que ha citado S.S., con el pueblo saharaui.
También cita a Venezuela como un destino sensible. En este caso la exportación ha consistido básicamente en material antidisturbios, por un importe no sustancial, 841.000 euros, para utilización de las fuerzas armadas y policiales. Este es
un material del que disponen todos los países del mundo, los más democráticos y los menos democráticos. Hasta donde nosotros sabemos esta exportación no ha sido utilizada -y no va a ser utilizada- con fines de represión interna del Gobierno
venezolano. En otros destinos que cita SS.SS., como el caso de Colombia, también hemos cumplido los ocho criterios de la posición común. Este país ya no está sometido a embargo, como lo estuvo en el año 2000, por las conversaciones abiertas entre
las FARC y el Gobierno, y también hemos seguido todos los criterios y hemos comprobado que este material exportado no ha sido utilizado para fines indeseados.
En cuanto a la exportación a empresas privadas -me parece que el señor Xuclà también ha manifestado su inquietud por este tipo de exportaciones-, aquí lo que podemos decir es que el incremento que hemos visto de exportaciones de material de
defensa se ha debido, en buena parte, al desarrollo cada vez mayor de programas de cooperación de defensa, sobre todo, con países europeos. En este sentido, los destinatarios finales son empresas en buena parte privadas, las grandes empresas que
conocemos del sector, como pueden ser EADS o Airbus. Esto explica, en una parte muy sustancial, los destinos privados de nuestras exportaciones. Con esto creo que he respondido a las cuestiones que planteaba su señoría.
Paso ya a las preguntas formuladas por el señor Xuclà, del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. En primer lugar, se pregunta por qué han aumentado más de un 40 por ciento las exportaciones de material de defensa y él mismo se ha
respondido diciendo que se debe, en buena parte, a grandes operaciones en el marco de programas de cooperación bilateral militar y, fundamentalmente, dirigidas a países socios de la Unión Europea. Plantea la cuestión del destino privado de las
exportaciones, a lo que ya he dado respuesta. La mayoría son compradores en el programa Eurofighter, con las empresas que ya he citado. También manifiesta su preocupación por las ventas a Malasia, y ya he explicado que, casi toda la exportación a
este destino, se trata de una popa de un submarino Scorpene. Con respecto a Venezuela, la respuesta es la misma, son los equipos antidisturbios donde no nos consta que se hayan utilizado o se vayan a utilizar con fines de represión interna.
Insisto en que todos los países del mundo disponen de este material, incluida España, y eso no significa que se vaya a utilizar de forma indebida.
En cuanto a Irán, se trata de exportación de material de doble uso. Esto no es otra cosa que un material que puede ser utilizado con fines adecuados o con fines indeseados, teniendo en cuenta los embargos a los que está sometido este país
por Naciones Unidas y por la Unión Europea.
Las cifras que hemos autorizado y que se han realizado de exportaciones a este país han consistido en materiales como tubos de acero, válvulas para plantas petrolíferas, impulsores para bombas de agua o
presostatos de control, incluidos para la industria automovilística, es decir, son exportaciones que, aunque podrían haber tenido un destino improcedente, hemos podido comprobar que se ha tratado de destinos para utilización civil. Esto ha sido
ampliamente comprobado por las inspecciones, incluidas inspecciones sobre el terreno, tanto por nuestras misiones diplomáticas como por las propias empresas exportadoras, que tienen contratos de mantenimiento con el comprador y que pueden comprobar,
de forma continua, el buen uso dado al material exportado. Con Irán, tengo que volver a citar -ya lo he dicho en mi intervención preliminar- la aplicación de la denominada cláusula catch-all, que no es otra cosa que exigirles, a las empresas
exportadoras a Irán, una licencia para cada exportación que efectúen a Irán, con independencia del producto. Eso hace que haya aumentado muchísimo el número de licencias de exportación solicitadas, porque simplemente se ha aplicado la necesidad de
licencia a una empresa, sea cual sea el material exportado a este destino. Vuelvo a decir que el incremento en las cifras de licencias en este país, que se ha visto en los últimos años, ha respondido, no tanto a que se ha exportado mucho con fines
inadecuados, sino a que hemos controlado muchas más las partidas de exportación a este país, en cumplimiento de la legalidad internacional. Cita S.S. a Libia, Libia terminó su embargo en septiembre del año 2003, habiendo cumplido con todas las
exigencias de la comunidad internacional. Lo que hemos exportado en el año 2009, por un importe de 12,7 millones de euros, ha consistido en radares para el control del tráfico aéreo civil.
En cuanto a las denegaciones, hemos hecho un enorme esfuerzo para ser transparentes con esta cuestión. En el informe hemos citado denegaciones a Georgia, destino que le inquieta al señor Xuclà, y las denegaciones se han producido en
aplicación, sobre todo, del criterio 4 de la posición común, es decir, el deseo de no agravar el conflicto que mantiene Georgia con Rusia. En cuanto al capítulo de las ventas de armas de caza y deportivas, como el caso de Ghana, sobre todo, donde,
como ya he dicho, exigimos la declaración de último destino y donde ya he dicho que este destino, que comprobamos sobre el terreno, ha consistido, sobre todo, en cartuchos de caza para caza local, como sustento de la población local.
Con Guinea
Conakry, como ya he comentado, a partir del segundo semestre del año 2009, ya no hemos autorizado ninguna partida, como consecuencia del embargo que se ha declarado, e incluso hemos revocado catorce licencias, que ya habían sido concedidas con este
destino. La denegación ha consistido en 1.100.000 cartuchos de escopeta. También planteaba S.S.
la cuestión de la existencia del Foro parlamentario para armas pequeñas y ligeras, desde el año 2003, y aquí tengo que decir que es el Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación el que participa en el foro y, por tanto, no estoy capacitada para dar una respuesta sobre cuáles son las actividades o en qué consisten sus conclusiones. Lo que sí podemos hacer es plantearle al Ministerio de
Asuntos Exteriores esta pregunta y dirigirle a S.S. una respuesta por escrito.
Paso ya las preguntas del Grupo Popular, de la señora Rodríguez-Salmones.
Concurro con S.S. en que las recomendaciones del dictamen son algo más que puras recomendaciones. Discrepo en el tema de los hijos, donde las madres sabemos que las
recomendaciones a los hijos son algo más que meras recomendaciones, pero, por lo demás, concurrimos y puede comprobar S.S.
que las recomendaciones del dictamen han sido verdaderamente cumplidas al pie de la letra, en la mayoría de los casos, salvo
en los casos en los que ya estaban cumplidas con antelación o no han podido ser cumplidas por una razón de peso. Sería bueno -dice S.S.- disponer del informe del sector privado. Lo cierto es que ya colaboramos con la asociación sectorial, la
Tedae, en este caso, en la elaboración de nuestros informes, pero, evidentemente, como nuestro interés es tener la mayor transparencia y tener unos informes cada vez más completos y rigurosos, naturalmente seguiremos explorando las posibilidades de
colaborar con el sector privado.
En cuanto a Irán, la verdad es que ya está dicho casi todo; es una preocupación compartida por esta sala. Repito que nuestro interés es el mismo que el de sus señorías: comprobar cada vez más, con el mayor número de herramientas a nuestro
alcance, que las exportaciones a este destino sean las adecuadas, ni más ni menos, aunque, como sabe S.S., otros países de nuestro entorno están exportando a este destino. En este momento estamos pendientes de una nueva regulación internacional y
estamos siguiendo minuto a minuto lo que se está debatiendo en los foros internacionales, sobre todo lo que pueda salir del Consejo de Seguridad en cuanto a una profundización del embargo de las exportaciones a Irán.
De manera que seguimos
embarcados en garantizar la seguridad de nuestros suministros a este país y, desde luego, en cumplir con todo rigor la normativa internacional.
Concurro con S.S. en que determinadas ONG complementan la información de que disponemos y también constituyen un elemento adicional de vigilancia, de transparencia y de control del cumplimiento de todos estos criterios.
Solicita S.S. que
incorporemos en el informe algún capítulo sobre los apoyos que reciben las industrias españolas de este sector. Considero que quizá es más adecuado proporcionar esa información en el marco de la Comisión de Industria o también de la Comisión de
Defensa, pero lo que sí puedo garantizar a S.S. es que, siempre tratando de alcanzar ese equilibrio entre
fomentar la exportación de este sector y vigilar que las exportaciones sean las adecuadas, desde la Secretaría de Estado de Comercio nos esforzamos por impulsar la exportación del sector, porque creemos que es bueno y porque todos los países
de nuestro entorno, desde luego los más competitivos y los que más invierten en I+D+i, exportan este tipo de materiales que están, como digo, en la punta de lanza de la investigación, ya que los resultados de dicha investigación luego tienen muchas
aplicaciones en el sector privado. Repito que en la parte que concierne a la Secretaría de Estado de Comercio impulsamos y apoyamos esta industria, pero, insisto, siempre vigilando el destino y sabiendo a qué países estamos intentando vender
nuestros mejores productos. Desde luego, un elemento central de nuestra promoción del sector en el exterior es que estos productos estén ampliamente experimentados y utilizados dentro de nuestro propio país, y de hecho hay países que sabiamente no
compran material de defensa a ningún país que no los tenga incorporados en sus propias fuerzas armadas y de seguridad y defensa nacional.
Naturalmente compartimos la inquietud por que se puedan mantener las cifras de exportación en ejercicios
venideros; saludamos que estas cifras hayan estado aumentando en los últimos años y confiamos en que las medidas de ajuste que impongan nuestros principales clientes no vayan en detrimento de las ventas del sector.
Plantea S.S. la pregunta de cómo se va a realizar la trasposición al ordenamiento jurídico nacional de la Directiva 2009/43 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre simplificación de los términos y condiciones de la transferencia de
productos de defensa dentro de la Unión Europea.
Como ya dije en mi intervención inicial, esta directiva deja dos años para su trasposición, lo que significa que tenemos hasta junio de 2011 para realizarla, aunque ya tenemos en marcha un proyecto
de modificación de nuestro reglamento de comercio exterior de material de defensa y este mismo mes iniciaremos la tramitación del real decreto que incorpore estas nuevas disposiciones. Sobre las consecuencias de la directiva, ya comenté en mi
intervención que incorpora la figura de las licencias generales, las licencias globales y las licencias individuales. Las generales se aplicarán sobre todo a los envíos destinados a las fuerzas armadas de los Estados miembros, también a los envíos
entre empresas debidamente certificadas por las autoridades nacionales y a los derivados de programas de cooperación en el ámbito militar, agencias de la OTAN y transferencia de productos para demostración, exhibición, evaluación, mantenimiento y
reparación. Se trata, en síntesis, como ya dice el propio enunciado de esta directiva, de simplificar los procedimientos para estos envíos dentro del mercado interior de la Unión Europea.
En cuanto a la apreciación de que sea algo farragosa la mención de determinados temas dentro del informe de estadísticas que hemos remitido, tengo que decirle que naturalmente intentaremos enmendarnos, así como mejorar el informe y, por la
cuenta que nos trae, sin duda, racionalizar el gasto para la elaboración del mismo.
Sobre la intervención del señor Cuadrado, del Grupo Socialista, tengo que decir que agradezco sus comentarios sobre los esfuerzos que hemos realizado para mejorar y completar la información, así como para velar por que nuestras exportaciones
se dirijan a países confiables y solventes y que cumplamos cada día mejor todos los criterios de los foros internacionales y, desde luego, de la posición común de la Unión Europa.
Naturalmente nuestro deseo y nuestro compromiso es seguir avanzando
en estos objetivos.
El señor PRESIDENTE: Señora secretaria de Estado de Comercio, gracias por su presencia y por la información ofrecida.
Se levanta la sesión.
Era la una y diez minutos de la tarde.