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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 557, de 26/05/2010
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2010 IX Legislatura Núm. 557
EDUCACIÓN Y DEPORTE
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA MERCEDES COELLO FERNÁNDEZ-TRUJILLO
Sesión núm. 20
celebrada el miércoles, 26 de mayo de 2010
ORDEN DEL DÍA:
Pregunta:
- Del diputado don Rafael Antonio Hernando Fraile, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre relación detallada de los regalos recibidos por el titular del Ministerio de Educación en los últimos tres años (procedente de la
pregunta al Gobierno con respuesta escrita, número de expediente 184/069028). (Número de expediente 181/002603.) ... (Página 2)
Debate y aprobación, en su caso, del informe elaborado por la subcomisión sobre el deporte profesional en España. (Número de expediente 154/000009.) ... (Página 4)
Página
Proposiciones no de ley:
- Sobre la universalización de plazas públicas del primer ciclo de educación infantil. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/000037.) ...
- Relativa a la constitución de una comisión, en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación, para el estudio de la cuantía de los módulos del concierto educativo, que dé cumplimiento al apartado 2 de la disposición adicional vigésima
novena de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación.
Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
(Número de expediente 161/000382.) ... (Página 19)
- Relativa a medidas para reducir las tasas de abandono universitario.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001559.) ... (Página 21)
- Sobre medidas para garantizar un sistema de educación inclusivo para los alumnos con discapacidad en todos los niveles educativos. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001593.) ...
- Sobre ampliación de la jubilación voluntaria anticipada de los funcionarios de cuerpos docentes. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001664.) ... (Página 28)
- Relativa a la necesidad de dotar a las estaciones de esquí españolas de un marco regulador con rango de ley. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001678.) ... (Página 33)
- Para mejorar la atención en el ámbito escolar a los niños y niñas con diabetes y alergias a alimentos y al látex. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001687.) ... (Página
37)
Se abre la sesión a las tres y cincuenta minutos de la tarde.
PREGUNTA:
- DEL DIPUTADO DON RAFAEL ANTONIO HERNANDO FRAILE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE RELACIÓN DETALLADA DE LOS REGALOS RECIBIDOS POR EL TITULAR DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS (PROCEDENTE DE LA
PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA, NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/069028.) (Número de expediente 181/002603.)
La señora PRESIDENTA: Procedemos a abrir la sesión de la Comisión de Educación y Deporte. Como hemos acordado en Mesa y portavoces, pasamos a la contestación de la pregunta 181/002603. Por el Grupo Parlamentario Popular va a intervenir el
señor Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Hace ocho meses hicimos una pregunta por escrito al Gobierno, en este caso a su ministerio, para que nos remitiera al Congreso de los Diputados la relación de regalos que había recibido el titular del ministerio en
los últimos tres años. Todos los ministerios decidieron de forma unánime que esta pregunta no debía de contestarse y no debían remitirse esos datos al Parlamento, a pesar de que el código de buen gobierno que ustedes mismos habían aprobado hablaba
de la obligatoriedad de contestar las preguntas que hicieran los ciudadanos, y por supuesto también los diputados, y así como la necesaria transparencia en las acciones y actuaciones del Gobierno. Ustedes han incumplido de forma deliberada el
artículo 190 del Reglamento de esta Cámara, que les obligaba a contestar esta pregunta en tiempo y forma en veinte días; ustedes incumplieron también este mismo artículo cuando no solicitaron prórroga para contestar la misma pregunta, y me da la
sensación de que hoy usted tampoco nos va a contestar ni nos va a dar la lista de regalos ni las personas físicas o jurídicas que han formulado los regalos. Yo sí quiero decirle algo. El código de buen gobierno obliga a rechazar cualquier regalo,
favor o servicio que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cor
tesía. En el caso de mayor significación, se incorporarán al patrimonio del Estado. Sobre la base de esta previsión que contempla su propio código de buen gobierno hemos formulado esta pregunta, para poder comprobar si este mandato
imperativo para ustedes de ese código de buen gobierno se ha cumplido. Ustedes siguen sin confesarnos desde ninguno de los ministerios en qué consisten estos regalos y cuáles son los listados.
En principio, eso solo debe tener que ver conque sea
inconfesable el importe del mismo, sea inconfesable la persona o sea inconfesable el motivo, señora subsecretaria. Como espero que no sea ese el motivo que le ha llevado a no contestar, confío que hoy me facilite el listado de esos regalos.
La señora PRESIDENTA: Por el Gobierno comparece la señora subsecretaria del Ministerio de Educación, doña Mercedes López Revilla. Tiene la palabra.
La señora SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN (López Revilla): Señor Hernando, desde mi punto de vista, presupone usted demasiadas cosas. Empiezo por pedirle disculpas por no haber contestado en tiempo y forma la pregunta escrita que formularon, y
me gustaría matizarle que el Ministerio de Educación es cumplidor de sus obligaciones parlamentarias. En este sentido, quiero comentarle que en lo que va de legislatura se han recibido en el ministerio un total de 1.960 preguntas escritas, de las
que se han contestado 1.818 y hay un buen número de preguntas escritas que todavía están en plazo. Podemos decir que Educación ha contestado a casi el 93 por ciento de las preguntas escritas que le han sido formuladas. Por tanto, esto no forma
parte de nuestros comportamientos habituales.
Como ha precisado acertadamente, existe un código de buen gobierno que se aprobó en el año 2005, que afecta a los miembros del Gobierno y a todos los cargos de la Administración General del Estado. De acuerdo con este código de buen
gobierno, los miembros del Ejecutivo y los cargos de la Administración General del Estado contraen con los ciudadanos el compromiso de que en sus actuaciones no solo cumplirán las obligaciones impuestas por las leyes sino que, además, se guiarán por
principios éticos y de conducta que hasta la aprobación del acuerdo no habían sido formulados de manera expresa. La voluntad del Gobierno es insistir en estos aspectos que se aprobaron en este código inicialmente y que se puso de manifiesto de
nuevo con la aprobación en el año 2006 de la Ley de conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración General del Estado. Las dos normas diseñan un marco de actuación ético que viene a garantizar que no se
producirán situaciones en las que se pueda poner en riesgo la objetividad, la imparcialidad, la independencia y la integridad de los miembros del Gobierno y de los cargos de la Administración General del Estado. Desde mi punto de vista, las dos
normas constituyen una eficaz política de prevención, acorde, por otro lado, con experiencias similares adoptadas por países de nuestro entorno con una larga y probada trayectoria democrática. El respeto escrupuloso al contenido de estas normas,
como no podía ser de otra manera, ha presidido y viene presidiendo, y así seguirá siendo, la actuación del actual titular del Ministerio de Educación, así como de su antecesora durante todo su mandato. Ciñéndome a los términos de su pregunta, puedo
manifestarle, señoría, que los obsequios recibidos por el actual titular del Ministerio de Educación y por su antecesora lo han sido siempre en el contexto de los usos habituales, sociales y de cortesía que el referido código de buen gobierno
determina, sin que por el valor de los mismos haya sido preciso ni se haya requerido su incorporación al Patrimonio del Estado en los términos previstos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Deduzco de sus manifestaciones algunas cuestiones; en primer lugar, que no es comportamiento habitual por parte de su ministerio no contestar a las preguntas escritas, de lo que deduzco que existía una orden
expresa para no contestar a estas preguntas, porque que se dé una situación inhabitual en once ministerios, perdón en dieciséis ministerios -digo once porque ya llevo once- resulta un tanto chocante. Es evidente, señora subsecretaria, que no ha
habido un problema de acumulación de preguntas escritas y contestaciones, ha habido una decisión del Gobierno con instrucciones claras de la vicepresidenta primera del Gobierno para no contestar estas preguntas. Hoy, usted vuelve a hacerlo en este
momento al negarse a contestar, una vez más, la pregunta. El problema no es el código de gobierno, señora subsecretaria, el problema es que ustedes se ven envueltos en las consecuencias de una decisión adoptada por la vicepresidenta del Gobierno,
instando en su día al fiscal general del Estado y a la fiscalía del Tribunal Supremo a dar una interpretación al artículo 426 del Código Penal que constituye un auténtico disparate. El artículo 426, con la interpretación que ha hecho recientemente
el Tribunal Supremo, dice que la autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función incurrirá en la pena de multa de tres a seis meses. Es el llamado cohecho impropio. Además, la
fiscalía estima que la comisión de este delito es independiente del valor del regalo, porque lo relevante no es el importe del regalo, lo relevante es que exista un contrato o que exista una relación contractual entre el ministerio, es decir, la
Administración, en este caso el titular del ministerio, y la empresa o persona física que realiza el regalo. Este es el disparate al que a ustedes les está llevando la actitud y el comportamiento de la vicepresidenta primera del Gobierno y al hecho
de que en estos momentos usted misma no sepa si ocultando estos datos no estará siendo
cómplice de un delito del 426. Señoría, este el quid de la cuestión y la madre del cordero de todo este asunto. Ustedes alardean de transparencia, ustedes utilizan la ley del embudo y lo que exigen a unos luego no se lo aplican ustedes
mismos. Sencillamente es lo que he denunciado hoy aquí, como seguiré haciendo en el resto de comisiones. Ya sé que ustedes me van a seguir contestando lo mismo porque las instrucciones que tienen son de negarse a decirnos y a facilitarnos los
regalos para que sean los ciudadanos los que determinen si se adaptan al código de buen gobierno.
En segundo lugar, para que no haya ningún tribunal que pueda interpretar, basándose en ese auto reciente del Tribunal Supremo, que autoridades de todo
tipo pudieran haber incurrido en un delito que a mi juicio es una barbaridad, tal como está configurado y aun más como lo interpreta, a instancia de ustedes, el Tribunal Supremo.
La señora PRESIDENTA: A continuación tiene la palabra la señora subsecretaria.
La señora SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN (López Revilla): Señor Hernando, usted cita a la fiscalía y por supuesto yo soy sumamente respetuosa con cualquier decisión que afecte al ámbito judicial. Me permito matizar que considerar delito
recibir un dibujito de un niño cuando se visita un colegio o un pisapapeles que hacen los chicos en un centro ocupacional, francamente me hace tener dudas al respecto. Voluntad de ocultar información no hay ninguna porque las dos normas vigentes
las ha promulgado el Gobierno, y si hubiera querido hacer las cosas de otra manera, lo hubiera tenido muy fácil no promulgándolas. Las normas están ahí, existen -repito-, promulgadas por el Gobierno, y se cumplen.
Ocultación ninguna, sencillamente
es que ni el actual titular del departamento ni la titular anterior han recibido, como decía en mi exposición inicial, regalos más allá de lo que los usos sociales aconsejan y convierten en una cosa normal y habitual. Por su valor no requieren que
sean inventariados de acuerdo con las previsiones de la Ley de Patrimonio. Por lo tanto, no es ocultación, sencillamente es que la situación que usted se empeña en que se dé no se da, señoría. Y como no se da, no nos la podemos inventar; ni nos
podemos inventar los regalos ni nos podemos inventar las relaciones con las empresas a que usted alude porque son situaciones y regalos inexistentes.
La señora PRESIDENTA: Agradecemos a la señora subsecretaria su presencia en la Comisión y le damos las gracias por su asistencia. (Pausa.)
DEBATE Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL INFORME ELABORADO POR LA SUBCOMISIÓN SOBRE EL DEPORTE PROFESIONAL EN ESPAÑA. (Número de expediente 154/000009.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto del orden del día. Debate y aprobación, en su caso, del informe elaborado por la subcomisión sobre el deporte profesional en España. Seguiremos el procedimiento establecido en la resolución
de la Presidencia del Congreso de los Diputados, de 26 de junio de 1996, sobre procedimientos de creación y reglas de funcionamiento de las subcomisiones en el seno de las comisiones de la Cámara. Las intervenciones tendrán una duración máxima de
quince minutos.
Tienen que saber que intentaremos ser flexibles, pero ustedes también intenten ajustarse lo máximo posible al tiempo porque tenemos bastantes PNL, y si no lo hacemos así podría prolongarse la sesión hasta tarde.
Cada grupo
dispondrá de quince minutos. Para el turno de presentación del informe elaborado por la subcomisión intervendrá el señor Pezzi por el Grupo Socialista.
El señor PEZZI CERETO: Me corresponde, señorías, según lo acordado, presentar ante esta Comisión de Educación y Deporte el informe aprobado, con la abstención del Grupo Vasco y sin ningún voto en contra, de los trabajos de la subcomisión
del deporte profesional en España. Como SS.SS.
recordarán, la creación de esta subcomisión fue propuesta inicialmente por mí como portavoz del Grupo Socialista en la primera comparecencia del secretario de Estado de Deporte, Jaime Lissavetzky,
ante esta Comisión el 24 de junio de 2008 y obtuvo un amplio consenso de SS.SS., que se plasmó finalmente en el acuerdo del Pleno del Congreso de los Diputados el 12 de febrero de 2009.
La subcomisión, señorías, ha celebrado 25 reuniones desde febrero de 2009 a abril de 2010, presididas en primer lugar por el diputado Torres Mora y posteriormente por doña Mercedes Coello y ha estado asistida jurídicamente por la magnífica
letrada doña Lidia García Fernández, a la que en nombre de todos los miembros de la subcomisión le agradezco su solvencia y buen hacer. La subcomisión ha contado con diez miembros que hemos seguido cuidadosamente las comparencias y hemos aportado
nuestro trabajo para conseguir un acuerdo en el texto que presento, que no es contradictorio, creo, con los votos particulares presentados por el Grupo Catalán de Convergència i Unió y el Grupo Vasco, cuyos portavoces, Montserrat Surroca y Aitor
Esteban, han sido, por cierto, miembros muy activos y se lo agradecemos sinceramente. Finalmente, permítanme que haga especial mención al diputado del Grupo Popular, Paco Antonio González Pérez, que inició los trabajos con nosotros y al que
deseamos tener pronto de nuevo en esta Comisión, con el impecable aspecto deportivo que tenemos todos.
A lo largo de las 25 reuniones han comparecido 37 representantes de las instituciones deportivas, federaciones, ligas y clubes, deportistas y representantes de sus asociaciones y sindicatos, expertos, periodistas de medios deportivos y
representantes de administraciones públicas o de organismos deportivos como el Comité Olímpico
Español, la Unidad de Deporte de la Comisión Europea, o el Consejo Superior de Deporte, cuyo presidente inició las comparecencias y marcó activamente la posición del Gobierno de España. Las conclusiones alcanzadas han girado en torno a una
serie de apartados que muy brevemente voy a relacionar.
En primer lugar, hemos planteado la necesidad de una reforma legislativa que afectara específicamente al deporte profesional de ámbito estatal, centrado fundamentalmente en la legislación mercantil y laboral con respeto a las competencias de
las comunidades autónomas. Se ha interiorizado por la subcomisión la insuficiencia de la actual Ley de Deporte para dar respuesta a los retos actuales del deporte profesional en nuestro país, y existe un amplio consenso que en el estado actual
parece más conveniente abordar la elaboración de una ley específica para el deporte profesional con todas las cautelas que lleva aparejado nuestro modelo de reparto competencial y el Estado de las Autonomías.
El segundo bloque ha girado en torno a qué es deporte profesional y quienes son deportistas profesionales. Frente al modelo restrictivo de la vigente legislación, que reconoce solo como deporte profesional al fútbol masculino de primera y
segunda división A y a la liga ACB, el modelo que estima la subcomisión es abierto y flexible, que incluya a todos los deportes colectivos o individuales en una relación a realizar por el Consejo Superior de Deporte entre los que reúnan una serie de
requisitos señalados legalmente. Igualmente se entendería por deportista profesional aquella persona que haga del deporte su profesión, ya sea en un deporte individual o en un deporte en equipo o incluso las personas que actúan como entrenadores,
preparadores físicos, árbitros u otros sujetos implicados en cada una de las modalidades deportivas. Hemos sido conscientes de que al hablar de deportistas profesionales se están considerando realidades muy diferentes desde el punto de vista
profesional, económico, laboral, etcétera. Creemos que la futura ley deberá marcar el régimen jurídico del deportista, abordando conjuntamente las cuestiones laborales, fiscales, de ahorro, de protección social, etcétera, precisando especialmente
el régimen jurídico de los que prestan sus servicios por cuenta propia en el marco del estatuto del trabajo autónomo. Incluso para mayor seguridad jurídica, la subcomisión recomienda que convendría analizar la utilidad de crear algún registro
específico de deportistas profesionales. La subcomisión ha recomendado, asimismo, la recuperación de la mutualidad de deportistas profesionales y sus incentivos fiscales ligados al ahorro; ha recomendado facilitar la formación profesional y
universitaria de los deportistas para que al finalizar su actividad deportiva puedan incorporarse al mercado de trabajo; ha recomendado promover, en el seno de las distintas administraciones, una reserva de plaza para el acceso a los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado, policías autonómicas y locales, Ejército y cualquier otro que se acuerde legal o reglamentariamente; y ha recomendado una mejor regulación de la imagen individual del deportista, además de tomar en consideración los
sindicatos de los deportistas profesionales.
En cuanto a las competiciones profesionales, la subcomisión entiende que es necesaria una regulación homogénea para todas, además de clarificar y delimitar las competencias entre federaciones deportivas, ligas profesionales y
administraciones públicas. Asimismo, en cuanto a la forma jurídica para operar en el deporte profesional, se apoya que pueda ser la actual de sociedades anónimas deportivas o cualquier otra, siempre que se apliquen rigurosamente los derechos y
responsabilidades de la opción asumida, que eviten, por ejemplo, el importante endeudamiento que tiene en estos momentos el fútbol y se perfeccione el modelo vigente mediante el establecimiento de un sistema de control económico del deporte
profesional.
La subcomisión cree que es necesario encontrar e instaurar un sistema de supervisión económico-financiero que cumpla las siguientes exigencias: Tratar, en primer lugar, con iguales criterios a las distintas personas jurídicas que participan
en la actividad deportiva, apostándose por el buen gobierno corporativo y la transparencia de la gestión. Como exigencia debe valorar en determinados supuestos la posibilidad de limitar la capacidad de gasto de las organizaciones deportivas,
fijando un porcentaje de presupuesto o previsión de ingreso para la financiación de las plantillas deportivas. Debe poder fijar los requisitos económico- financieros para la participación en la competición profesional, sin deudas con las
administraciones, pero tampoco con los deportistas, ni en situación de insolvencia, e incluso debe poder determinar la continuidad en la propia competición si se superan determinados ratios de endeudamiento.
En cuarto lugar, creemos que debe haber un control más estricto de la compra de acciones de las sociedades anónimas deportivas y el acceso a las juntas directivas, igualándose las condiciones de responsabilidad patrimonial entre consejos de
administración de las sociedades anónimas deportivas y las juntas directivas de los clubes. Contemplar, además, que los jugadores de cantera tengan una valoración económica como activo contable. También hemos señalado que hay que regular el
frecuente e indebido uso de la ley concursal y mejorar el marco legal del mecenazgo en el ámbito deportivo. Igualmente, que la autofinanciación sea la norma de las entidades deportivas, y que las cantidades aportadas por instituciones públicas a
clubes deben realizarse de manera transparente, objetiva y tasada. Las ayudas y el dinero público deben ir prioritariamente al deporte base, la formación deportiva y el deporte vinculado con los hábitos de vida saludable.
Para garantizar, o al menos tratar de asegurar la solvencia económica de estas entidades con una adecuada organización pública del marco normativo -y esto ha sido objeto de un debate muy sistemático-, se debería crear un órgano de
supervisión y control o, dicho de otra manera como algunos grupos insistían, un sistema de
control económico con garantía pública e independencia en el ejercicio de sus funciones de naturaleza o carácter público, a fin de procurar la independencia de sus miembros. Al hilo del debate sobre la buena gobernanza y control económico
de las entidades deportivas, se analizó la gestión de los derechos audiovisuales, que es la principal fórmula de financiación y elemento clave para asegurar la competición. La subcomisión no se ha inclinado ni por la fórmula de negociación
individual ni por la colectiva, pero sí que se respeten las reglas de competencia en la negociación y venta, definiéndose el modelo más justo y equitativo posible que mantenga mecanismos de solidaridad y garantía de los agentes implicados.
Asimismo, la subcomisión considera que se deben respetar y mantener las obligaciones informativas de interés general ajustándolas estrictamente.
En la misma línea de defender el modelo y la financiación del deporte, somos conocedores de que la ley de medidas de impulso de la sociedad de la información ha previsto que el Gobierno de España presente un proyecto de ley que ha de regular
el sistema de apuestas por Internet. Estamos de acuerdo en que las apuestas por Internet deben tributar en nuestro país y también que han de revertir en el deporte español con los criterios que se establezcan legal o reglamentariamente. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Pezzi.
Procuren disminuir el tono de voz porque no se puede oír al ponente, y él mismo se puede perder en lo que está diciendo.
El señor PEZZI CERETO: Perderme, señoría, no me suelo perder, pero que el ruido sí contribuye un poco a la confusión de la voz.
En cuanto al régimen disciplinario creemos especialmente útil que se avance en la resolución extrajudicial de conflictos sobre todo lo relacionado con las reglas de juego, mejorando el régimen disciplinario con principios de legalidad,
tipicidad y de non bis in ídem para que el derecho de defensa esté asegurado en todos los extremos. Se defiende asimismo la profesionalidad de los jueces y árbitros de los eventos deportivos con la posibilidad de que mantengan relaciones laborales
que aseguren la prestación de servicios y su disponibilidad, así como los requisitos o méritos deportivos para acceder o permanecer en la competición profesional. Igualmente se debe prevenir el fraude en la competición y en las apuestas deportivas,
valorándose la inclusión en la Ley orgánica de modificación del Código Penal del nuevo artículo 286 bis, apartado 4, que regula la corrupción o fraude en el deporte en línea con distintas legislaciones de nuestro entorno.
En cuanto a los deportistas con discapacidad, la subcomisión se inclina por la integración que se viene produciendo de las federaciones deportivas paralímpicas en las respectivas federaciones nacionales e internacionales sin distinción
alguna entre los deportistas. El objetivo es conseguir una única federación en cada disciplina deportiva en una única competición, a la vez que los deportistas paralímpicos sean beneficiarios de todas las medidas que se adopten a favor de los
deportistas profesionales sin distinción alguna. Finalmente, señorías, hacemos un llamamiento firme y enérgico para que la igualdad de género se tenga en cuenta en la reforma del deporte profesional que se acometa, en la línea marcada por la Ley
orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y se debe asegurar en todos los extremos la posibilidad de las competiciones deportivas femeninas dentro del mundo profesional.
Termino diciendo que esta subcomisión ha estado formada, además de por la presidenta de esta Comisión, por las diputadas y diputados María Olaia Fernández Davila, Gaspar Llamazares, Aitor Esteban, Montserrat Surroca, Francisco José Villar,
Manuel Domínguez, Francisco Antonio González, Teresa Villagrasa, Daniel Méndez y por el que os habla orgullosamente en nombre de todos ellos. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: A continuación, turno de intervención de los representantes de los grupos parlamentarios que han presentado votos particulares. Interviene el señor Esteban Bravo por el PNV.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias al señor Pezzi por sus palabras y por las explicaciones que ha dado de los trabajos de la subcomisión.
Es bien sabido que nuestro grupo, en el momento de plantearse la creación de esta subcomisión, votó en contra de la misma basándonos en motivos competenciales, lo cual no ha impedido que hayamos participado en las discusiones y en la
redacción del dictamen que se presenta. Tengo que reconocer que observaciones de mi grupo han sido incluidas en el texto, que hay algunas cosas que han desaparecido y otras que se han modificado.
No es cuestión de mencionar todas, pero van desde
la igualación -a la que luego me voy a referir un poco más en profundidad- de las condiciones de la responsabilidad entre consejos de administración de sociedades anónimas deportivas y juntas directivas de los clubes; a que puedan valorarse como
activos contables los jugadores de cantera, que también hace que determinados clubes estén en una situación de inferioridad económica respecto a otros; hasta, por ejemplo, las cantidades públicas que se destinan a los clubes de forma transparente,
objetiva y tasada. En este tema también hay que decir que no tenemos muy claro o solo conocemos aproximadamente el montante de la deuda del fútbol español en estos momentos. Seguramente será incluso más que eso y también habría que añadir en
algunos casos las cantidades importantes que se están poniendo de ayuda pública. Nuestro grupo estima la consideración que se ha tenido para la introducción de algunas de nuestras propuestas y la modificación de algunos párrafos del texto del
dictamen, que no compartimos al cien por
cien, y por eso nuestro voto será de abstención tal y como se lo anuncié a los portavoces en su momento.
Debo insistir en mi voto particular en el tema de principio que nos hizo rechazar la subcomisión y es que de una lectura de la distribución competencial en el Estado, este no tiene atribuida la competencia sobre materia deportiva. El bloque
de constitucionalidad lo deja muy claro y de hecho la mención que hace el propio informe a la hora de hablar de títulos competenciales es el artículo 43.3, que es un principio rector, pero ni constituye un título competencial ni nada parecido. Es
un principio rector de la política económica y social y además está dirigido a los poderes públicos, en plural. Poderes públicos pueden no ser el Estado, pueden ser perfectamente las comunidades autónomas y eso tiene que dilucidarse y lo dilucidó
el legislador a tenor de la legislación de desarrollo de la propia Constitución española.
Nosotros creemos además que el Tribunal Constitucional dejó muy claro que el deporte es competencia autonómica exclusiva en sentido estricto, que no es válido el argumento de que se trata de una competencia supracomunitaria, porque cuando
así ha sido en un ámbito inequívocamente autonómico la Constitución lo dice expresamente y hay muchos epígrafes del artículo 149.1 que lo dejan bien claro. Además el Alto Tribunal manifestó que si una competencia inequívocamente autonómica presenta
un alcance territorial superior al de una comunidad autónoma, esta -la comunidad autónoma- no pierde la titularidad de ella, sino que sigue poseyéndola, salvo que la actividad pública que sobre él se ejerza no sea susceptible de fraccionamiento, y
aun en este caso, cuando dicha actuación no pueda llevarse a cabo mediante mecanismos de cooperación y coordinación. En el caso del deporte es evidente que no se da esta excepción y además cualquier problema podría ser perfectamente subsanable a
través de mecanismos de cooperación y coordinación.
Discrepamos de la necesidad de hacer una ley del deporte profesional específica. Entendemos, que aspectos que tocan al deporte de manera importante -como puede ser el ámbito mercantil o laboral- deben ser retocados y le corresponde a esta
Cámara hacerlo así, pero creemos que sería suficiente entrar en la regulación de la legislación sectorial o en su caso en una modificación de la vigente Ley del Deporte para encauzar de nuevo los mecanismos. Eso en cuanto al primer punto de nuestro
voto particular.
El segundo punto hace mención a un tema específico. Ya sé que estamos hablando del deporte profesional en general, pero no es menos cierto que muchas horas de las comparecencias y de las discusiones en el seno de la subcomisión se han
centrado en el fútbol profesional, como no podía ser de otro modo, porque al final muchos de los males del deporte en el Estado están ahí, porque acapara el foco de la atención de la opinión pública y porque además en el ámbito económico y por lo
tanto mercantil, laboral, etcétera, tiene una incidencia importante, y más en una situación económica como en la que se encuentra España en estos momentos, en la que todas las administraciones parecen estar apretándose el cinturón; las empresas si
no lo han hecho -que ya lo han tenido que hacer-, lo van a tener que hacer próximamente y, sin embargo, aquí parece que hay un sector que es inasequible al desaliento y que está excluido de absolutamente todo lo que pasa al común de los ciudadanos,
y ese es el fútbol profesional en España. Un estudio que se presentó este 18 de mayo pasado, después de la presentación de nuestro voto particular, señala que los veinte clubes de primera división de la liga sumaron en la temporada 2008-2009 -que
se conozca- 3.526 millones de euros frente a 3.490 de la temporada anterior, y seguimos in crescendo, mientras que los ingresos de clubes de primera descendieron hasta un 4 por ciento frente al 10 por ciento de la campaña anterior. Los costes son
muy superiores a los ingresos. En fin, que el 70 por ciento de la deuda neta total del fútbol europeo corresponda a las ligas inglesa y española tiene que hacernos reflexionar.
Cuando se puso en marcha el sistema de las SAD -en opinión de mi grupo, y creo que también lo piensa la subcomisión, aunque lo dice de manera más suave en el texto aprobado mayoritariamente- se pensaba que la nueva fórmula jurídica podría
solucionar los problemas económicos del fútbol.
Se ha demostrado que no es así, que la formula no sirve y que hay que modificarla, entre otras cosas porque esa deuda, actualmente de 5.000 millones de euros, de los que 3.400 corresponden a primera
división, cuando se puso el sistema de las SAD era de 172 millones de euros; de 172 a 5.000 millones, y eso de lo que conocemos. Hay clubes en auténtica quiebra; por citar uno, el Valencia, al que se le atribuye una deuda del 159 por ciento con
respecto a su patrimonio, bancarrota total, pero no es el único: el Mallorca, en suspensión de pagos; clubes que no pagan a los jugadores; la mayoría de los clubes de segunda división están incurriendo en lo mismo, en atrasos en el pago a los
futbolistas. Esto no puede seguir así. Es una auténtica tomadura de pelo. Es dejar que siga creciendo la bola de nieve que se lanzó por la ladera, y aquí no pasa nada, y mientras los demás estamos muy preocupados con la situación económica, el
fútbol parece que no puede vivir sin aumentar esos gastos.
Hay que decirlo alto y claro, si no se toman medidas el sistema va a ser insostenible. Muchas plantillas -insisto- ya no cobran hoy sus haberes.
Además, la situación deportiva resulta viciada porque hay clubes que no cumplen ni con la
normativa fiscal ni con la contractual y, sin embargo, esto no repercute en absoluto en la situación deportiva. No pasa nada.
Aquí se pueden dejar de pagar deudas tanto a la Seguridad Social, como a Hacienda, como a otros clubes y no ocurre nada.
Si a eso unimos que la negociación económica -sobre todo de la mayor parte de ese pastel que son los derechos audiovisuales- se hace de manera individualizada, a lo que nos aboca es a dos grandes clubes. El resto cada vez se
están haciendo más pequeños y, además, muchos de ellos entran en esa espiral de gasto y de deuda loca simplemente porque creen que tienen que ir a ello para poder competir con el resto de los clubes. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Es
necesario que la desproporción por derechos audiovisuales no sea -como es ahora- de 19 a 1 entre el primer club, que es el Real Madrid, y el colista de la liga española. Hay unas ratios más racionales: 1 a 3, 1 a 4, pero por el bien del propio
sistema deportivo y de la sostenibilidad económica del deporte profesional esto no puede seguir así.
Tampoco puede ser que cuando se incurre en estas infracciones no haya consecuencias ni civiles ni penales ni deportivas ni de ningún tipo.
Insisto, con el modelo actual de las sociedades anónimas deportivas, los dirigentes no responden con
su patrimonio. Pueden hacer cualquier barbaridad y aquí no pasa nada. Vamos a suspensión de pagos y se soluciona. De hecho recientemente hay unas declaraciones del presidente de un club de primera que ha dicho que ir a la suspensión de pagos es
lo mejor que podía pasar, que es la solución. Esto no es serio. Hay que decirlo y creo que es al Parlamento al que corresponde decirlo, porque si no nadie más lo va a hacer dentro del mundo del deporte. Todos se miran unos a otros, y a quien le
corresponde poner racionalidad en todo esto es a las instituciones públicas. Por eso, nuestra propuesta es que hay que replantearse la posibilidad del salary caps u otro tipo. A mí no me convence la fórmula del límite porcentual en razón del
presupuesto, pero podrían buscarse fórmulas. Hay que buscar topes. Hay que buscar una negociación conjunta de derechos salariales. Hay que buscar responsabilidades civiles y penales de las personas que administran negligentemente todo esto. Hay
que decir que porque falten dos o tres jugadores punteros en la liga española esta no va a desaparecer ni va a caer. Desde luego, lo que no podemos es gastar estas millonadas. Aquí estamos discutiendo de todo, desde bajadas de salarios a quitar
las ayudas del Tercer Mundo, hasta de 6.000 millones menos en inversión pública y, sin embargo, por un jugador se pagan 40 y 80 millones de euros y no pasa nada, y ante eso, la opinión pública tampoco dice nada. Creo que es a los políticos a los
que nos corresponde decirlo, por esto nuestro segundo punto.
El tercer punto -y con esto voy concluyendo- es un asunto que hemos planteado ya en legislaturas anteriores sobre el que existe una sensibilidad en el ámbito de la Comunidad Autónoma vasca y es la posibilidad de la representación oficial de
selecciones deportivas de aquellos entes autónomos, de aquellas comunidades autónomas que así lo deseen. No hay nada en la Constitución que lo impida. No hay nada en la legislación básica que lo impida. Lo único que hay es un artículo, que no es
básico, insisto, en la Ley del Deporte. Evidentemente, la mayoría del territorio español y de las comunidades autónomas se sienten identificadas con los equipos españoles, pero hay que aceptar también que en algunas comunidades autónomas no es así,
y no es solo porque la ciudadanía lo esté reclamando recogidas de firmas, manifestaciones, sino porque incluso los propios jugadores así lo han demandado. Hay que darle una salida a esto. Hay que buscar fórmulas. Al menos habría que intentar
hablar, porque en estos momentos no hay ni siquiera posibilidad de hablar de esto porque la Administración pública, el Gobierno español se niega en banda a todo ello. Esto es algo que hay que implementar. No supondría romper nada, sino al revés;
supondría normalizar las situaciones en el ámbito del deporte, de las relaciones autonómicas y de la inserción de las comunidades autónomas dentro del Estado español. Por eso, presentamos nuestro tercer voto en defensa de la oficialidad de las
selecciones deportivas autonómicas.
Resumiendo, le pido a la presidenta que estos tres puntos, si es posible, se voten individualizadamente. Agradezco la consideración de mis compañeros de subcomisión a la hora de incluir algunas de las aportaciones que les sugeríamos de
retirar algunos otros pasajes que podían ser bastante dificultosos: En algunos de los párrafos -no en la totalidad del documento-, en algunas secciones, nos vemos identificados.
Por ello, reitero que mi voto será de abstención.
La señora PRESIDENTA: No creo que haya ningún problema para votar por separado estos tres puntos. A continuación, por el Grupo Catalán, CIU, la señora Surroca.
La señora SURROCA I COMAS: A lo largo de los trabajos de la subcomisión que se llevaron a cabo desde febrero de 2009, todos los miembros hemos podido constatar las problemáticas que afectan al deporte profesional, los retos a alcanzar, así
como las distintas valoraciones que han realizado al respecto los numerosos comparecientes de prácticamente todos los sectores implicados. Gran parte de ellos han coincidido en señalar los mismos aspectos o temas a tratar en el ámbito del deporte
profesional. Ahora bien, el camino propuesto por ellos para mejorar o resolver lo planteado ha sido dispar, al igual que lo es el de los distintos grupos parlamentarios que hemos participado en la subcomisión.
Prueba de ello son las distintas
propuestas de conclusiones formuladas por los grupos participantes, aunque en determinados aspectos básicos podemos coincidir en la necesidad de afrontar una reforma legislativa.
Fruto de ello es el informe que hoy sometemos a votación.
Nuestro grupo parlamentario ha planteado de forma clara los ejes sobre los que debería trabajar el Gobierno en una futura reforma legislativa.
Concretamente -y así lo planteamos en nuestras propuestas de conclusiones- la situación del
deporte profesional en España ha evolucionado mucho desde la aprobación de la actual Ley del Deporte y es necesario llevar a cabo un ajuste normativo para adecuar esos cambios -algunos de ellos de gran importancia- como, por ejemplo, la irrupción de
los derechos audiovisuales en las actuales circunstancias.
Pero ese futuro ajuste normativo debe realizarse por lo menos desde tres premisas básicas.
La primera sería el estricto respeto al marco competencial. Es la principal preocupación de nuestro grupo parlamentario ante una posible reforma normativa, por cuanto -como es bien sabido- las comunidades autónomas tienen competencias en
materia de deportes y no aceptaremos ningún cambio en detrimento de las competencias de la Generalitat de Catalunya en esta materia. De hecho a lo largo de las deliberaciones de la subcomisión esta ha sido una cuestión que insistentemente hemos
planteado. En segundo lugar, es fundamental que el futuro ajuste normativo no provoque un mayor abismo entre el deporte base y el deporte profesional. Nosotros hemos manifestado también reiteradamente que tanto el deporte profesional como el base
se retroalimentan, deben ir de la mano; por tanto, tener dos normativas, dos leyes distintas, una específica para el deporte profesional y otra, la Ley del Deporte, que continuará regulando los demás aspectos, puede aumentar las distancias entre
estas dos vertientes del deporte. Por último, aunque relacionado con el primer punto que acabamos de mencionar, es sabido que en Cataluña el deporte siempre ha estado muy presente en la sociedad y que una aspiración de la misma, ampliamente
aceptada y arraigada, es disponer de una representación internacional propia, algo que pensamos que debería contemplarse en la futura ley; de hecho así lo recoge nuestro voto particular.
Partiendo de estas tres premisas que he mencionado, nuestro grupo parlamentario planteó las propuestas de conclusiones que sirvieron de base, junto con las de otros grupos participantes, para elaborar el informe objeto de este debate. Así,
por ejemplo -tal y como hemos dicho al inicio de esta intervención-, creemos necesario adecuar determinados aspectos de la vigente Ley del Deporte. Está justificada una reforma y así se ha recogido en el informe de la subcomisión; ahora bien, no
compartimos que ese ajuste deba hacerse a través de una nueva ley.
Efectivamente Convergència i Unió entiende que es más adecuado o conveniente proceder a una reforma legislativa de la Ley del Deporte para no fomentar así ese abismo al cual antes
me refería. Esa apreciación o posicionamiento particular también se ve reflejado en el informe de la subcomisión -aunque sea escuetamente- en el apartado referente a la articulación de la reforma. Por otra parte, si continuamos analizando o
valorando el contenido del informe, compartimos también la necesidad de redefinir los conceptos de deporte profesional, deportista profesional y competición deportiva, siendo importante que estas redefiniciones se hagan de forma flexible -tal y como
se ha recogido en el informe- para evitar situaciones como la actual. Los comparecientes unánimemente han hecho hincapié en esta cuestión y en la necesidad de modificar la actual concepción de esta cuestión. Ahora bien, es precisamente en este
punto donde nuestro grupo parlamentario ha formulado voto particular.
Concretamente hemos propuesto que en el apartado E) del informe, referente a las competiciones oficiales, se añada una disposición que literalmente diga lo siguiente: Las
disposiciones previstas en esta ley se entenderán en todo caso sin perjuicio de las competencias exclusivas que ostentan las comunidades autónomas en materia de deportes, según sus respectivos estatutos de autonomía, y de la capacidad de la
federaciones deportivas autonómicas, como entidades privadas que son, para integrarse en las correspondientes federaciones deportivas internacionales para representar a sus respectivos ámbitos geográficos de actuación en los organismos olímpicos y/o
federativos y para fomentar la participación en las competiciones internacionales, sean o no oficiales, de sus selecciones deportivas en la forma y en los ámbitos que estimen oportunos.
El texto que proponemos es suficientemente claro y recoge dos de los ejes básicos anunciados al inicio de nuestra intervención, es decir el respeto competencial y que Cataluña pueda ser representada en las competiciones deportivas
internacionales, así como en otras manifestaciones deportivas y entidades u organizaciones deportivas internacionales. Sabemos que esta propuesta encontrará el rechazo del Grupo Socialista y también del Grupo Popular, porque en el fondo en estas
cuestiones tienen importantes similitudes -también en otras, pero en estas especialmente-, por ello ya anunciamos que en el caso de que haya una futura reforma legislativa, presentaremos la correspondiente enmienda en el mismo sentido. El Partido
Nacionalista Vasco en su voto particular ha recogido exactamente lo mismo que Convergència i Unió, por tanto ya anunciamos en este momento nuestro voto favorable en el tercer punto de su voto particular.
Regreso al análisis del informe de la subcomisión para señalar que hay otro apartado en el cual hemos participado activamente y que es el que hace referencia a las sociedades anónimas deportivas, a los clubes y en particular al control de la
gestión económica. Ahí hay un punto, concretamente el del órgano regulador o de control, respecto al que nuestro grupo parlamentario ha manifestado reiteradamente sus dudas, porque no tenemos claro que aquí no se produzca una vulneración
competencial y que nos encontremos ante un órgano regulador que esté interviniendo en ámbitos competenciales de las comunidades autónomas. Por tanto, nuestra propuesta en las deliberaciones de las conclusiones de la subcomisión era que se hablara
genéricamente de un modelo de control.
Estamos de acuerdo en que debe haber ese modelo de control para evitar muchas de las situaciones que muy bien ha descrito el compañero del Partido Nacionalista Vasco; en cambio tenemos muchas dudas en cuanto
a cómo debe estructurarse ese mecanismo de control. No considerábamos oportuno que en este momento la subcomisión recogiera una propuesta respecto de la que, por cierto, don Jaime Lissavetzky ya ha hecho público en muchas ocasiones que la intención
del Gobierno es llevarla a cabo mediante la reforma legislativa.
Otro aspecto de vital importancia y que a lo largo de los trabajos de la subcomisión se ha ido recogiendo -así consta en el informe- es el referente a los derechos audiovisuales. Como muy bien ha manifestado también el portavoz Manuel
Pezzi, en este punto la subcomisión no ha hecho referencia a qué modelo concreto debería regularse en una futura reforma legislativa. Al igual que muchos de los comparecientes que hemos podido escuchar en la subcomisión, entendemos que el actual
modelo no es el adecuado y, por tanto, debería modificarse hacia un modelo más equilibrado y que garantizara la competición, como muchos de sus participantes han reclamado. Como muy bien saben todos ustedes -somos conscientes de ello-, actualmente
los derechos audiovisuales constituyen una parte fundamental de los ingresos de las entidades deportivas y es de gran importancia que en la futura reforma legislativa se apueste claramente por un modelo que quizá debería ser el de la negociación
colectiva.
En definitiva, nuestro grupo parlamentario presentó unas propuestas de conclusión que en parte han sido recogidas en el informe de la subcomisión que hoy vamos a someter a votación. Podemos compartir el espíritu de las conclusiones de la
subcomisión, a pesar de haber presentado este voto particular, pero en nuestra opinión el tema competencial debe ser tenido muy en cuenta en la futura reforma legislativa. Nosotros votaremos favorablemente este informe, pero seremos muy cautelosos
a la hora de analizar la futura reforma legislativa por todo lo que se refiere al ámbito competencial.
La señora PRESIDENTA: A continuación, para fijar posición por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señorías, nuestro grupo y más concretamente la diputada que les habla, por diferentes razones que seguramente todas y todos ustedes comprenden, no ha podido participar en todas las sesiones de la subcomisión en
las que comparecieron diferentes personas para exponer su postura en relación con este tema. No obstante y dado que la cuestión que se trataba era importante para la sociedad, hemos mantenido un gran interés en el documento durante el tiempo de su
elaboración en la subcomisión, por lo que no quisimos dejar de trasladar nuestras sugerencias, ya que no presentamos propuestas. Hemos de decir que por parte de la subcomisión hemos tenido un reconocimiento respecto a algunas de nuestras
sugerencias, que vemos reflejadas en el documento que hoy se trae a debate y a aprobación ante esta Comisión. Varias de las cuestiones planteadas han sido también trasladadas por otros grupos y, por tanto, el trabajo que se hizo y que da como
resultado el documento que hoy tenemos fue esa predisposición de todos los grupos a posibilitar un acuerdo. Esa posibilidad de reconocimiento de algunas de nuestras sugerencias y el espíritu de colaboración de la subcomisión ha hecho que no
pusiéramos ningún impedimento, sino todo lo contrario, a que la subcomisión aprobase el documento y poder discutirlo en la tarde de hoy.
Analizado el documento por parte del Bloque Nacionalista Galego, tenemos que anunciar que nuestro voto será de abstención por diferentes razones que trataré de explicar, si bien tenemos que reconocer que en el hecho de nuestra posición de
abstención pesa que se hayan recogido algunas de estas sugerencias en la medida en que no solamente han permitido mejorar el texto inicial, sino que también se ve la posición favorable de la subcomisión a hacer un trabajo que sea igualmente positivo
desde el punto de vista social. Entre aquellas cuestiones que entendemos que mejoraron el texto y que preocupaban a nuestro grupo político está que se ha matizado y se recoge con mayor claridad la definición de deportistas profesionales de manera
más amplia que la mera consideración de profesionales a aquellos que son el objeto del deporte, es decir, los deportistas o las deportistas. Por ello, se ha reconocido de igual manera a todas aquellas personas q ue inciden o actúan dentro del
ámbito profesional del deporte como, por ejemplo, entrenadores, árbitros y preparadores físicos. Eso debe ser reconocido así porque estos profesionales se encuentran también en el mismo nivel de regularidad e inseguridad que el deportista
profesional.
Hay otra cuestión para nosotros igualmente importante -y agradecemos también que se compartiera con nosotros esta idea porque no podía ser de otra manera- que fue una mejora en lo que podríamos denominar impacto de género. Quiero agradecer
muchísimo la labor de nuestra letrada porque se tomó la molestia de hacer un trabajo equilibrado que suponía un gran esfuerzo, sobre todo para no hacer un texto farragoso a la hora de leerlo, y lo ha conseguido. Pero era importante que en un
informe relativo al deporte el tema del impacto de género fuera debidamente tratado porque es uno de los sectores donde la discriminación de las mujeres quizá esté más encima de la mesa, y no solamente en relación con las oportunidades de la
práctica del deporte incluso en los centros escolares existe tal dificultad, sino también desde el punto de vista de la remuneración, del reconocimiento, etcétera. Era importante que se reconociera que existen situaciones de discriminación y que
fuera algo más que un mero párrafo donde se incidiera en la necesidad de ahondar en esta cuestión, por lo tendría que reflejarse en todo el texto del informe. En ese aspecto quiero manifestar nuestra satisfacción y agradecimiento a la subcomisión,
pero, vuelvo a repetir, especialmente a nuestra letrada. Son cosas que había que decir, porque aunque otros grupos también se habían manifestado en una posición parecida o igual en algunos de los aspectos que acabo de comentar, nos parecía que
nuestra participación era importante.
Señorías, queremos explicar porqué no vamos a dar el voto favorable y nos vamos a quedar en la abstención. En la lectura del documento, incluso en el análisis del hecho de la creación de la subcomisión, no entendemos
muy bien porqué cuando el sector deportivo necesita una reflexión legislativa más importante en relación con la necesidad de regular y ordenar un marco competencial de las distintas profesiones, sobre las cuales se desarrolla el actual
modelo deportivo, se haya optado por la creación de una subcomisión que limita este trabajo al sector que prácticamente es del futbol profesional y, sobre todo, que no se haya ahondado en otras cuestiones que serían relevantes. Entendemos que la
regulación que se debería afrontar y que no se recoge en el documento como propuesta, debería ser homogénea para todas las competiciones profesionales donde se recogieran las diferentes peculiaridades de cada una de ellas y que no deberían afectar
sustancialmente al régimen de actuación de los diferentes intervinientes en la organización de la competición. Antes de poder establecer cuál es el modelo más operativo pensamos que sería preciso definir el marco del deporte profesional, debiendo
existir un mayor rigor en la aplicación de la regulación de control sobre el modelo que se establezca del deporte profesional. En ese sentido tenemos que recordar -seguramente todos los miembros de esta Comisión lo recuerdan, sobre todo aquellos
que trabajan con más dedicación que nosotros el tema del deporte- que ya en los años 2006 y 2007 el Consejo Superior de Deportes coordinó el trabajo de una comisión para el estudio de un proyecto de ley para el ordenamiento y regulación de las
profesiones de la actividad física y deportiva. No sabemos qué ha pasado con ese trabajo y lo que inicialmente parecía que se trasladaba en un documento como anteproyecto, pero es necesario concebir una ley de deporte en ese sentido más amplio, tal
y como estamos planteando, de manera que se contemple el fenómeno deportivo en todas sus manifestaciones.
El sistema deportivo está compuesto de subsistemas de características muy heterogéneas, y por esa razón la ley no se debe circunscribir solo al ámbito del espectáculo. Por consiguiente, señorías, las orientaciones y propuestas que para una
modificación legislativa se plantean en este informe no van al fondo de la cuestión, razón por la que manifestamos nuestra abstención en relación con el documento. Asimismo, queremos manifestar nuestra posición favorable a los votos particulares
presentados por el Partido Nacionalista Vasco y Grupo Catalán de Convergència i Unió porque compartimos aquellas consideraciones que se hacen en relación con las competencias de las comunidades autónomas, o la cuestión competencial en general, dado
que coincidimos en algo que decía el señor Esteban y que echamos en falta en el documento en la medida en que está más centrado en el futbol profesional, no habiendo alguna recomendación más orientada a regular el mercado que podríamos denominar
como escandaloso del futbol profesional. En este aspecto no entra, aunque nosotros en principio quisimos entender que la razón de esta subcomisión era buscar alguna salida a ese tema. No ha sido así y esa es una de las carencias que finalmente
valoramos del documento. Suscribimos todo lo que don Aitor Esteban acaba de decir en relación con la defensa de las selecciones nacionales. No solamente las hemos defendido siempre sino que aunque de manera informal, y no en competiciones
oficiales, hayamos podido disfrutar de ese espectáculo y de ese deporte, lamentamos que no pueda continuar en el tiempo por que no sea una posición común de todos los grupos políticos y dependa por tanto de quien esté gobernando una comunidad
autónoma. De ahí que defendamos ese derecho. No me voy a extender más porque suscribimos las palabras del diputado del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
La señora PRESIDENTA: A continuación tendría que intervenir un diputado del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, pero como no hay ninguno, pasamos al Grupo Parlamentario Popular. Tiene
la palabra el señor Domínguez.
El señor DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ: Señora presidenta, señorías, como integrante de esta subcomisión del deporte profesional, creo sinceramente que puedo considerarme satisfecho y que se ha hecho un excelente trabajo más allá de las diferencias o
divergencias que podamos mantener los distintos grupos políticos. Y como también se dice que de bien nacidos es ser agradecidos, no quiero dejar pasar esta ocasión sin hacer antes una serie de menciones y de agradecimientos. En primer lugar a mi
grupo, el Grupo Popular, por haber depositado en mí la responsabilidad de defender durante todo este tiempo nuestro punto de vista. No es solo un honor representar al Partido Popular sino hacerlo ante la defensa de asuntos de tanta importancia como
ésta. En segundo lugar quiero agradecer a mis compañeros, tanto a don Francisco Antonio, a quien deseo una pronta incorporación a esta casa, como a don Francisco Villar, por su confianza y apoyo, en definitiva por haber demostrado conjuntamente que
este ha sido un trabajo de equipo. En tercer lugar, al resto de grupos políticos por esa clara intención de consenso y por esas aportaciones que se han realizado durante todo este tiempo. Finalmente, y no por ello menos importante, a la señora
letrada de la Comisión y a todos aquellos que han participado, los comparecientes de esta subcomisión, que nos han hecho el trabajo mucho más fácil y nos han allanado el terreno para llegar a las conclusiones que hemos traído en el día de hoy a la
misma.
Cuando llegué a esta casa, a este Congreso de los Diputados, hace ahora algo más de ocho meses, me encontré con un trabajo comenzado, con una subcomisión constituida y con un largo camino por andar. Desde el principio me encontré con que el
Grupo Popular tenía y tiene las ideas claras. No había ni hay la menor duda de la necesidad de legislar en materia deportiva, más aún hoy después de haber escuchado a los distintos portavoces, quienes de una forma u otra han demostrado que legislar
en el mundo del deporte es necesario y vital. Discrepo de algunas de las manifestaciones que he escu
chado en el día de hoy, y creo que en estas conclusiones se aportan algunas luces hacia el control, especialmente del mundo del fútbol, y más adelante haré alguna mención a ello. Ahora bien, la pregunta era: o reforma de la Ley de 1990 o
una nueva ley del deporte profesional.
Habiendo analizado las distintas comparecencias, y cómo no el objeto por el cual nace esta subcomisión, todo el trabajo fue orientado hacia ese último punto, hacia una nueva ley del deporte profesional. Una
nueva ley que lo primero que necesitaba era la definición entre deporte y deportista profesional. Así pues, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del Grupo Popular, lo fundamental nace en esa definición, y asimismo en una serie de
cuestiones que hoy han sido detalladas por el portavoz que hemos designado, el señor Pezzi, durante esta subcomisión.
Me gustaría profundizar en cuáles son los principales aspectos para el Grupo Popular. En primer lugar, su modelo organizativo: sociedades anónimas deportivas o clubes. ¿Pueden convivir ambos modelos? Nosotros abogamos por la libertad en
ese modelo organizativo siempre y cuando exista un control de cada una de estas organizaciones, y es aquí a lo que me refería antes cuando decía que sí se hace referencia a los controles especialmente en el mundo del fútbol a los clubes
profesionales de la actualidad. En segundo lugar, modelo de negociación, modelos audiovisuales, conjuntos o individuales. En tercer lugar, la Ley del Mecenazgo, fundamental desde nuestro punto de vista. En cuarto lugar, la necesidad o no de un
órgano regulador de las organizaciones deportivas, y aquí coincidíamos en parte con la señora Surroca, portavoz de Convergència i Unió, hoy me ha alegrado escuchar al señor Pezzi decir lo de sistema u órgano. Creo que esas dos cosas podrían
confluir. Nuevamente hablábamos del desarrollo de la mutualidad de deportistas. Aquí quiero hacer un paréntesis. Para el Grupo Parlamentario Popular era, es y será fundamental que esta nueva ley aporte fundamentos específicos para los beneficios
fiscales de los deportistas. Nació en el pasado bajo la dirección del Partido Popular, y en este sentido creemos en la resurrección también de esos beneficios fiscales para los deportistas. Y así una larga variedad de aspectos que hemos concluido
durante todo este trabajo de la subcomisión y que hoy hemos podido detallar. Una difícil tarea, como pueden ver, para una materia a la que desde mi punto de vista -y créanme que esta es una apreciación muy personal no se le presta la atención que
se merece.
Mi perspectiva es que el deporte tiene un fundamento básico y necesario para la sociedad española, no en vano representa el 2,4 por ciento de nuestro producto interior bruto y es además incalculable el número de puestos de trabajo que puede
generar. Por todo ello creo que desde el mundo de la política, si me vale esa expresión, no le dedicamos ni el tiempo ni la importancia que se merece. Espero que a partir de ahora cambiemos este camino y seamos capaces de confluir hacia un
objetivo claro de desearle y dedicarle el tiempo y la necesidad que merece. Por estos motivos mi grupo se lo tomó desde el primer día con la seriedad que se merece, hemos echado codos y hemos trabajado duro para que a través del consenso se haya
obtenido un documento que ahora tiene que ser transformado en proyecto de ley por el Gobierno. Aprovecho la ocasión para agradecer a los miembros de la subcomisión, especialmente a los del Grupo Socialista, que hayan podido incorporar nuestras
aportaciones, nuestras modificaciones y ese consenso que desde un principio habíamos marcado se pueda concluir en el día de hoy. Esperamos y deseamos que el trabajo que le corresponde ahora al Gobierno sea ágil y podamos estar debatiendo dicho
proyecto antes de fin de año. Lo contrario sería un auténtico fracaso. La nueva ley del deporte profesional tiene que ayudar al desarrollo de una actividad que nace con la clara intención de ser integradora de la sociedad. El deporte en su
conjunto aporta valores positivos a la sociedad, actúa en muchos casos como balón de oxígeno y tiene unos efectos secundarios totalmente positivos. Por todo ello insisto en la importancia que tiene para nuestra sociedad el deporte.
Antes de concluir, señorías, nuestra intención de voto ante esos votos particulares presentados por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Convergència i Unió, es no apoyarlos; los hemos debatido -también hacía alusión la señora Surroca-
durante los trabajos de esta subcomisión y además, todos lo saben, sonreíamos en muchas de esas Comisiones y lo volvemos a hacer en el día de hoy, ante la postura que tiene el Partido Popular en esos puntos de vista. Concluyo mi intervención
reiterando mis agradecimientos así como esa solicitud firme al Gobierno de celeridad y de respeto al documento que remitimos en el día de hoy. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Méndez.
El señor MÉNDEZ GUILLÉN: Señora presidenta, no puedo empezar de otra forma después de un año de comparecencias y dos presidentes que han pasado por esta Comisión, sino recordando también al señor Torres Mora, que presidió los trabajos de la
misma hasta que fue sustituido. Deseo agradecer, como decía mi portavoz, la presencia de esas 37 personas que han representado a entidades deportivas, a deportistas, a medios de comunicación o a entidades de gestión como el COE o el Comité
Paralímpico Español, que han mostrado su facilidad para venir a esta Cámara y discutir con nosotros y decirnos en qué puntos flaqueaba la legislación española en torno al deporte profesional; agradecer por supuesto el trabajo de los grupos
parlamentarios en su totalidad, especialmente del Grupo Popular, de Convergència i Unió y del Grupo Vasco (EAJ-PNV), que tan activamente han participado en la totalidad de las sesiones de trabajo que hemos tenido durante este año de discusiones.
Quiero recordar -y espero su pronta recuperación y reincorporación a esta Cámara- a don Francisco Antonio González, a Paco González, para que con la
celeridad que sin duda tendrá el Gobierno a la hora de traer este proyecto de ley, le dé tiempo a discutirlo con nosotros en esta Cámara. Le quiero recordar porque él fue uno de los firmantes, de los impulsores de esta iniciativa en la que
queríamos hablar y discutir sobre el deporte profesional, en la misma línea en la que en la legislatura anterior ya se habló y se parcelaron algunos estamentos del deporte cuando se trató del racismo y la xenofobia con una legislación específica, o
del dopaje, con otra legislación específica, ambas apoyadas mayoritariamente por esta Cámara. Porque creíamos que el deporte y el deporte profesional es un referente de valores, un referente en la lucha por la solidaridad, por el compañerismo, por
la igualdad o por la equidad en la sociedad y que como tal hay que tratarlo con la especificidad que se merece, y también -en estos tiempos inciertos no puede ser de otra forma- lo señalaba ya el portavoz del Grupo Popular, porque representa el 2,4
por ciento de nuestro producto interior bruto. Ahora bien, hablamos de una ley del deporte profesional precisamente porque somos escrupulosos, o así lo intentamos en todas nuestras intervenciones, con las competencias autonómicas. Por eso hablamos
de regular factores laborales, fiscales, económicos, mercantiles, en una sola norma, en una norma integral, atendiendo al artículo 149 de nuestra Constitución sin meternos en ningún momento en las competencias específicas que tienen en el deporte
cada una de las comunidades autónomas. Respetamos, como no puede ser de otra formas -más, compartimos y celebramos-, la diversidad que se da en nuestro Estado con las diferentes comunidades autónomas. Saben que compartimos como grupo y como
Gobierno la celebración de partidos amistosos entre selecciones autonómicas o con terceros, pero lo que no podemos compartir es que una parte se enfrente al todo, es decir, que Cataluña, Euskadi o la selección autonómica que sea se enfrente al
conjunto de España, y no por miedo desde luego...
El señor ESTEBAN BRAVO: Por miedo a perder, cuatro a cero. (Risas.)
El señor MÉNDEZ GUILLÉN: ...desde luego, tal y como estamos ahora mismo, no será por miedo.
Atendiendo, como no puede ser tampoco de otra forma, en nuestro ordenamiento jurídico a la sentencia 165/2004, del Tribunal Constitucional, habla sobre las oficinas de representación autonómicas, avala su existencia pero en ningún modo que
se configuren como entes de representación oficial ante las instituciones comunitarias, extrapolando al deporte en este caso la representación, o atendiendo a la Carta olímpica, y así a los estatutos de las distintas federaciones deportivas
internacionales que determinan su integración y se basan en comités de federaciones de Estados soberanos. En cualquier caso, seguiremos apoyando, aunque entiendo que sean insuficientes tanto para el Partido Nacionalista Vasco como para CiU o para
el BNG, todos los encuentros de carácter amistoso entre las federaciones autonómicas, porque además creemos que es positivo.
Por eso, tras escuchar a los comparecientes durante este año, creemos en la necesidad de crear un marco regulatorio específico del deporte profesional. A propósito, con una regulación, tal y como señalan las conclusiones de la subcomisión,
homogénea -cito textualmente-: Se entiende que la regulación debe ser homogénea para todas las competiciones profesionales, las peculiaridades de cada una de ellas no deberán afectar sustancialmente al régimen de actuación de los diferentes
intervinientes en la organización de la competición. Porque entendemos, tal como decía la portavoz del BNG, que lo que tenemos que hacer es un marco regulatorio común a partir del cual podamos entendernos todos. Pero cuando hablamos de una
aplicación específica lo hacemos por dos motivos: uno que entiende que se debe regular el ejercicio del deporte y la figura del deportista profesional y, otro, para que mejore el marco del control económico. Atendiendo al primero, entendemos que
es necesario regular la figura del deportista profesional. Pensamos que está más que superado el marco que establece la Ley de 1990 porque, tal y como se señala en las conclusiones de la subcomisión, no parece razonable que en pleno siglo xxi tan
solo se consideren deportes profesionales el fútbol masculino de primera y segunda división y el baloncesto masculino integrado en la ACB.
Entendemos que es necesaria una definición omnicomprensiva del deportista profesional, que se fije más en los
criterios de remuneración, dedicación exclusiva y que abarque también a otros agentes implicados en el deporte, tal como decía la portavoz del BNG.
He señalado que tan solo se tiene en cuenta el deporte masculino de dos categorías. No parece razonable que después de haber promulgado una ley de igualdad entre mujeres y hombres, estando ya en pleno siglo xxi, siga perviviendo esta
discriminación por razón de género a la hora de considerar a un deportista profesional. Por eso también creemos necesaria esta regulación específica donde no haya distinción entre deporte masculino y femenino, más allá de lo que ya hemos dicho, ni
tampoco entre deporte olímpico y paralímpico, porque cuando Teresa Perales compareció en los trabajos de esta subcomisión creo que todos los portavoces coincidimos en señalarles como héroes y referentes por el trabajo que tenían que hacer para
llevar a cabo su actividad deportiva profesional de élite, que tantos éxitos nos ha dado a nivel internacional a las distintas selecciones españolas. También nos preocupa la dimensión humana del deporte. Por eso entendemos que es necesario que se
regule y que se ayude a la formación intelectual de los deportistas facilitando la educación, facilitando, como nos han demandado, los exámenes, el acceso a estudios, con alguna especificidad que dimana de la especificidad que tiene el deporte.
Entendemos la necesidad, que compartimos también e incorporamos de las conclusiones del Grupo Popular, de dotar de una seguridad económica a estas personas que tienen una vida profesional breve pero muy
intensa, y por eso compartimos que vuelvan a recuperar los beneficios fiscales de la mutua deportiva. Además, tal y como señalaba el portavoz del Grupo Socialista ponente de esta subcomisión, que se facilite también una salida laboral a
muchos de ellos que se ven impedidos de tener una mejor formación a causa de las horas que dedican al deporte. En definitiva, buscamos en la parte más humana, el perfeccionamiento del hombre, del ser humano, en su concepto ontológico total tal como
señala la Carta del olimpismo.
En la segunda parte -y hablando ya de la parte más prosaica-, hablábamos de mejorar el marco regulatorio. En esto coincidimos con el diagnóstico que hace el PNV, aunque no podemos coincidir ni dar nuestro voto afirmativo al voto particular
que hace porque entendemos que mucho de lo que él dice o la totalidad está recogido en las conclusiones de esta subcomisión. No parece razonable que existan estas diferencias o faltas de control, tal y como se ha demostrado, en la gestión de las
sociedades deportivas. Por eso entendemos que está superado el marco de las sociedades anónimas deportivas y pensamos que es necesario liberalizar el sector atendiendo, única y exclusivamente, a que se garantice la viabilidad económica de las
entidades. Es decir, creemos en la necesidad de crear un órgano de control y de supervisión con independencia pública, que sea el que nos garantice que estas entidades deportivas puedan participar con normalidad dentro de la competición a la cual
estén referidas. Y, además, nos preocupan las entidades o asociaciones deportivas en sí, porque estamos también de acuerdo en que no se pueden acoger, de la forma en la que lo están haciendo actualmente, a la Ley concursal. Por eso es necesario
reformular el marco de insolvencia al cual se están acogiendo actualmente muchas entidades deportivas y, además, un aspecto que ha sido poco señalado pero no por eso menos importante, hablar del retorno de ingresos que generan las apuestas
deportivas a los actuales clubes deportivos, porque al final estas empresas se lucran a través de una tercera actividad, que es el deporte, e igual que las quinielas revierten en los clubes de fútbol, deben también revertir una parte de las
ganancias de las apuestas, precisamente para fomentar lo más posible el deporte base.
Coincidimos con la reflexión que hace la Unión Europea sobre los derechos audiovisuales. Es desproporcionada la diferencia que actualmente se da en España, pero también entendemos que como legisladores no podemos entrometernos en la
actividad privada que generan las distintas entidades deportivas. Ahora bien, sí creemos necesario que se impulse la autorregulación, que se dé una solidaridad y una equidad en el reparto de los beneficios entre los participantes en las actividades
deportivas, porque -así lo señalaba el portavoz del Grupo Socialista en su ponencia-, la mayor parte de los ingresos vienen derivados de esta actividad, y lo que al final a cualquier amante del deporte le interesa es fomentar la competición y no,
como hemos visto recientemente en la Liga española, que tan solo se termine jugando entre dos equipos el título de Liga. Por todo ello, el Grupo Socialista entiende que tenemos que dar respuesta a lo que los deportistas nos han pedido: que se
genere un marco regulatorio propio y específico a través de una ley específica del deporte profesional, que se genere un entendimiento omnicomprensivo del concepto de deportista profesional; que se garantice a través de un órgano independiente la
solvencia económica y deportiva de los distintos clubs y entidades, que se dé una representación al deportista individual más allá del deporte colectivo, que no se excluya por razón de género o por discapacidad a ningún deportista de la categoría de
deportista profesional o deportista de élite. Hemos estado un año trabajando, discutiendo y elaborando estas conclusiones. Los deportistas profesionales nos pidieron hace un año que diéramos un paso adelante y les ayudáramos en la lucha, igual que
nosotros luego nos alegramos de sus triunfos. Creo que la subcomisión y la Comisión han cumplido su objetivo. Agradezco los trabajos realizados, el compromiso de todos los grupos parlamentarios, y obviamente, como no puede ser de otra forma, el
Grupo Parlamentario Socialista apoyará las conclusiones.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE LA UNIVERSALIZACIÓN DE PLAZAS PÚBLICAS DEL PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/000037.)
La señora PRESIDENTA: Como habíamos acordado al principio de la Comisión, votaremos las conclusiones al final cuando votemos también las proposiciones no de ley, así que damos paso al debate y votación de la proposición no de ley número de
expediente 161/000037. Interviene para la defensa de la misma el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Agradezco a los grupos parlamentarios su generosidad con este grupo al permitirnos defender esta iniciativa en primer lugar. Seré muy breve, porque lo que pretendemos es dar un impulso a la educación de 0 a 3
años y al Plan Educa 3, a pesar de las condiciones económicas o, mejor dicho, por las condiciones económicas.
Podríamos tener la tentación, al estar en el marco de una crisis, de obsesionarnos únicamente con el déficit y recortar de manera
indiscriminada el conjunto del gasto público. Nos equivocaríamos.
Nosotros no estamos de acuerdo con esa posición y somos más favorables a una política selectiva que permita, por una parte, el impulso público para la recuperación económica pero
que al mismo tiempo permita el cambio en el modelo de desarrollo. Pues de eso estamos hablando en el día de hoy. Hablamos de forma reiterada
del cambio de modelo, y una parte muy importante del cambio de modelo es mejorar aún más la educación en nuestro país, y uno de los retos fundamentales sin lugar a dudas es la educación infantil de 0 a 3 años, porque a veces podemos tener
también la tentación o caer en la equivocación de pensar que el nivel de fracaso escolar que tenemos en nuestro país, siendo un país que tiene un importante nivel de igualdad -es verdad que tenemos un problema de fracaso escolar importante,
relevante-, tiene que ver únicamente con los últimos años, en los que finalmente se resuelve ese fracaso. En nuestra opinión, ese fracaso escolar tiene que ver con todo el itinerario educativo y, por tanto, las mejoras en ese itinerario van a ser
la mejor lucha contra el fracaso escolar. En ese sentido va nuestra iniciativa.
Ya intentamos en su momento introducir esta cuestión del carácter formativo de la educación de 0 a 3 años en la Ley de Educación. Lo introdujimos en la LOE parcialmente, no como queríamos, y más tarde en la negociación presupuestaria
también nuestro grupo parlamentario promovió una enmienda que planteaba la disposición por parte del Gobierno, de acuerdo con las comunidades autónomas, de un presupuesto destinado a la universalización de la educación de 0 a 3 años. Una vez
culminada la universalización de la educación de 3 a 6 años, era el momento de abordar desde el punto de vista educativo la educación de 0 a 3 años, y digo desde el punto de vista educativo porque no ha sido este un tema tranquilo ni exento de
polémica. Todavía hay un debate en relación con la educación de 0 a 3 años, desde aquellos que piensan que es únicamente un aparcamiento, fundamentalmente un carácter asistencial, a aquellos -cada vez yo creo que es más generalizado- que piensan
que en esa edad tan temprana también se forma al futuro ciudadano y, por tanto, es muy importante desde el punto de vista de la solución a la situación laboral, de las familias también desde el punto de vista de la socialización del futuro
ciudadano, pero asimismo es muy importante para la formación. En ese sentido, nuestro grupo parlamentario pretende en el día de hoy, y de acuerdo con el Plan Educa 3, dar un nuevo impulso para, por una parte, cumplir el Plan Educa 3 y la Ley
Orgánica de Educación en materia de 0 a 3 años, pero, por otra parte, también para contribuir al cambio de modelo y luchar contra el fracaso escolar mediante la mejora y la universalización de la educación 0 a 3 años. Ese es el objetivo de nuestra
iniciativa.
Se nos ha presentado una enmienda a nuestra iniciativa que de alguna manera pretende actualizar nuestra, propuesta, porque era del año 2008 y por supuesto no incorpora los cambios que se han producido desde entonces, y nosotros consideramos
que la propuesta que se nos hace, si incorpora la universalización efectiva de ese ciclo de 0 a 3 años, a nosotros nos vale y por tanto plantearíamos que fuera una fórmula de transacción para promover el acuerdo -estoy seguro- del conjunto de los
grupos parlamentarios. El objetivo en el Plan Educa 3 era crear 300.000 plazas e invertir 1.087 millones de euros. Sin embargo, a pesar de ese objetivo, si se mantiene el ritmo actual de 130 millones de euros anuales, estamos en un ritmo bajo de
ejecución. En nuestra opinión, estamos lejos de cumplir el objetivo para 2012 de 1.087 millones de euros, aunque sea cofinanciado con las comunidades autónomas. Tenemos un reto tan importante como es que solamente tenemos cubierto el 20 por ciento
de las plazas, 290.000 plazas están en estos momentos ofertadas y el 80 por ciento prácticamente está al margen. Es decir, no tenemos más que una red muy débil de educación de 0 a 3 años y necesitamos prácticamente construirla ex novo porque en
ella todavía siguen mezclándose plazas asistenciales con plazas educativas, y lo que queremos son plazas educativas, plazas educativas de calidad y plazas educativas públicas, que es lo que en nuestra opinión debería promoverse fundamentalmente en
la responsabilidad del Gobierno. En ese sentido, como digo, nuestra propuesta tiene que ver con el Plan Educa 3, con el cambio del modelo de desarrollo y el impulso a la educación y, por tanto, no debería estar condicionada por los ajustes en
materia presupuestaria.
Creemos que en algunas cosas hay que mantener una prioridad selectiva y mantener el gasto público, y esta materia es una de ellas.
La señora PRESIDENTA: Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Fabra.
La señora FABRA FERNÁNDEZ: Señorías, la proposición no de ley que trae a esta Comisión el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds responde una vez más a esa concepción de modelo único que
pretende imponer en la educación, en el que las familias, que deberían ser atendidas como sujeto fundamental en este tipo de iniciativas, pasan a ocupar un segundo plano.
Quisiera iniciar mi intervención recordando que la LOE regula este primer ciclo de educación infantil afirmando que es voluntario, es decir, que son las familias las que deciden, y que no tiene la exigencia legal de gratuidad, y mi grupo
asume estas dos características tal y como se recogen en la legislación vigente. Desde el Grupo Parlamentario Popular compartimos plenamente la necesidad de que se extienda la oferta de plazas de 0 a 3 años con criterios de calidad para que se
cubra una demanda social que es real y creciente, pero lo que trae el grupo proponente para su debate vuelve a ser una solución puramente ideológica que desde luego no nos convence, y no lo hace porque tenemos una opinión bien distinta sobre cuáles
deben ser las fórmulas que deben atender a las familias con hijos en esas edades, y esas fórmulas se concentran en un único principio, que es el que nuestro grupo ha defendido siempre, la libertad. Desde que la Ley Orgánica de Educación confirió a
las administraciones educativas de las comunidades autónomas la plenitud de la regulación en lo que se refiere tanto a los contenidos educativos como a los requisitos
de los centros que impartan este ciclo, el Estado ha pasado a desatenderse de estos asuntos por imperativo legal. Saben ustedes que la ley de calidad que impulsó el Gobierno del Partido Popular en su momento establecía la exigencia de una
normativa básica del Estado sobre los aspectos educativos, así como sobre las condiciones que debían reunir esos centros e instituciones. Pero hoy son las comunidades autónomas las que regulan el primer ciclo de educación infantil, con arreglo a
las funciones que la Ley Orgánica de Educación les ha otorgado, y nuestra posición es darles completa libertad, la libertad a la que tienen derecho para que den respuesta a la demanda social conforme a los criterios políticos que hayan ofrecido a
los ciudadanos cuando se presentaron a las elecciones. Hay muchas opciones para afrontar estos servicios educativos, y para mi grupo todas son válidas: financiar plazas públicas gratuitas, establecer sistemas de copago, fijar ayudas directas a las
familias, fomentar convenios con empresas o con parques empresariales para la construcción de este tipo de centros, fomentar la iniciativa privada o establecer convenios con los ayuntamientos, y en todos esos casos exigiendo unos requisitos mínimos
que garanticen la calidad de las instalaciones y los servicios que allí se prestan. Pero esa libertad que reclamamos para las comunidades autónomas debe ir acompañada de una necesaria y rigurosa rendición de cuentas, porque no hay libertad sin
responsabilidad, y menos aún cuando hablamos de recursos públicos. Este es el sentido de la enmienda de modificación que mi grupo ha presentado a esta iniciativa parlamentaria, de la que el portavoz de Izquierda Unida no ha comentado nada, y que
conjuga perfectamente las competencias en materia educativa con la libertad de educación.
Esta Comisión ya trató este asunto con ocasión del debate de una PNL del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) de febrero de 2009, relativa a la asignación y territorialización a las comunidades autónomas de los recursos de
educación de 0 a 3 años, vinculados al Plan Educa 3, y acordó adoptar esta iniciativa con algunas modificaciones. Mi grupo comparte la necesidad de incrementar las plazas de escolarización de este tramo porque la educación infantil es un medio
eficaz para fijar las bases del aprendizaje posterior, y también porque es un instrumento eficaz que permite conciliar la vida laboral y personal de las familias.
Sin embargo, la respuesta a esta demanda social no puede ser la que el partido en el
Gobierno dio en pleno fragor del debate electoral en el año 2004, no porque no fuera válida, sino porque los compromisos adquiridos con los ciudadanos hay que cumplirlos. El Partido Socialista se comprometió en su programa electoral a promover la
creación de 300.000 plazas en este tramo de educación infantil, con una aportación inicial que el Gobierno estimó en 1.000 millones de euros. Luego supimos que ese compromiso adquirido debía ser asumido al 50 por ciento con las comunidades
autónomas, a las que antes nada se les había comentado. Una vez más, es la fórmula del yo invito, pero tú pagas, tan característica de este Ejecutivo. Entonces eran otros tiempos, tiempos de bonanza económica. A pesar de eso, un gobierno como el
del presidente Rodríguez Zapatero, que se ha caracterizado por el despilfarro y el desorden, no consideró este compromiso como una cuestión prioritaria porque llegamos al año 2008 y no vimos ni un euro. Tuvo que ser entonces cuando, a través de una
enmienda de Izquierda Unida, se introdujo en los presupuestos la cantidad de 100 millones de euros para esta finalidad. Con la aparición del Plan Educa 3, en un horizonte temporal de 2008-2012, volvimos a recuperar la cifra de 1.000 millones de
euros. Señorías, sí a evaluar el Plan Educa 3, sí a incrementar la oferta de plazas en el primer ciclo de educación infantil y sí a que sean las comunidades autónomas las que apliquen los recursos asignados, pero con los criterios, en el ejercicio
de su autonomía, que consideren adecuados conforme a las políticas establecidas por cada una de ellas. Apostamos por un modelo flexible y no por un modelo único de educación de 0 a 3 años que coarta la libertad que asiste a las comunidades
autónomas sobre cuál es la opción por la que apuestan. Es esta la PNL por la que ustedes apuestan exclusivamente, la del modelo único, por la creación de plazas públicas, y este es el motivo por el que ya les adelanto que mi grupo no puede apoyar
una iniciativa que limita la capacidad de las comunidades autónomas, y por ello nos abstendremos. Aunque esto no sea objeto de la iniciativa parlamentaria que debatimos, estoy segura de que todos los miembros de esta Comisión entenderán que no
desaprovechemos ni una ocasión para reclamar un mayor compromiso de todos con la conciliación, porque si bien las plazas de educación de 0 a 3 años son un instrumento eficaz, no son el único. Es absolutamente necesario que sigamos exigiendo medidas
como la flexibilidad de horarios o la racionalización de los mismos para que no existan condicionantes que bloqueen las legítimas aspiraciones de quienes queremos desarrollar nuestra carrera profesional sin tener que renunciar a nuestra maternidad o
a nuestra paternidad. Porque conciliar no significa trabajar menos, sino hacerlo de forma distinta, y debemos combatir esa cultura del control presencial dominante en la empresa para apostar por estrategias de fijación de objetivos y de resultados
obtenidos.
Si me permite la presidenta, antes de finalizar la defensa de la posición de mi grupo y de la enmienda de modificación que hemos presentado, quisiera destacar que en la exposición de motivos de la PNL del grupo proponente se señala a una
gran cantidad de locales de la red privada, sin especificar cuáles, de no cumplir, por falta de exigencia, los requisitos mínimos establecidos, acusándolos de impunidad y tachando a quienes los regentan de buscar únicamente el lucro personal,
mientras atentan contra los derechos de los niños y de las niñas que allí acuden.
Por la gravedad de las acusaciones, considero absolutamente necesario que se denuncie, con las pruebas que lo acrediten, y con carácter urgente, a
esos centros que no reúnan las condiciones establecidas, pero también a las administraciones que permitan esas burlas a la ley, pero que no se siembren dudas sobre el trabajo de muchos profesionales que dan lo mejor de sí mismos y sobre los
que no debe recaer la presunción de culpabilidad, siempre y cuando esta no se demuestre. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Casaus.
La señora CASAUS RODRÍGUEZ: Desde que en la pasada legislatura el Partido Socialista empezó a gobernar en el Gobierno central y desde el ministerio de Educación se tuvo algo claro y era que teníamos que reorientar la nueva educación
infantil con una etapa con entidad propia y con carácter educativo. Ya en la pasada legislatura se trabajó bastante en el tramo de 3 a 6 años, el segundo ciclo de educación infantil, y en esta legislatura toca el primer ciclo, de 0 a 3 años, con
carácter eminentemente educativo y partiendo de la ley vigente, la Ley Orgánica de Educación aprobada en la pasada legislatura. Consideramos que la etapa de infantil es fundamental para el desarrollo de los niños de edades tempranas porque les
permite construir su personalidad, ampliar sus experiencias y favorecer su desarrollo social. Junto a este valor educativo fundamental no debemos tampoco ignorar que la escolarización temprana predispone favorablemente a los niños hacia el ambiente
escolar y previene contra el abandono prematuro en etapas posteriores del sistema educativo. Es un refuerzo de todo el sistema educativo. La educación infantil contribuye a superar las trabas derivadas de condiciones personales o sociales
desfavorecidas, promoviendo una igualdad real de oportunidades, y constituye un factor de equidad de primer orden entre los niños y las niñas. Si toda la etapa anterior, la de 3 a 6 años, tiene una gran importancia, como he dicho antes, la de 0 a 3
resulta fundamental en el proceso de desarrollo infantil y no puede, por tanto, ser ajena a la concepción educativa del conjunto del sistema. Además de este carácter eminentemente educativo, también tiene un carácter social en relación con el
conjunto de la sociedad en cuanto a la conciliación de la vida laboral y familiar. En atención a estas consideraciones, hay que reconocer la importancia primordial del ciclo de 0 a 3 años para la formación de los niños en las bases posteriores de
comunicación, las pautas fundamentales de convivencia y de socialización, el descubrimiento positivo de su entorno más inmediato. En este periodo tienen importancia las condiciones en que debe desarrollarse la experiencia educativa, que no son
irrelevantes. Por eso se exige que los profesionales tengan una visión global de la infancia en todo su desarrollo y la debida cualificación para la atención educativa de los niños de estas edades y se requieren unos centros que cuenten con las
condiciones mínimas exigibles que permitan una experiencia educativa rica y de calidad. Por ello, la Ley Orgánica de Educación, de 3 de mayo, exige que el ciclo de 0 a 3 años tenga un carácter educativo, en el marco de una propuesta educativa
integrada en la etapa de educación infantil, que comprende desde los 0 hasta los 6 años. En esta misma ley orgánica se concibe que la educación infantil, que es etapa educativa con entidad propia, debe atender a estos niños desde el nacimiento
hasta los 6 años de edad; tiene carácter voluntario y su finalidad es contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños. También dice esta misma ley que se tiene que ordenar en dos ciclos, el primero hasta los 6 años,
que, como he dicho, tuvo un fuerte impulso en la pasada legislatura, y el primer ciclo, el de 0 a 3 años, que está teniendo un fuerte impulso en esta segunda legislatura. La ley dice que los contenidos se organizarán en áreas correspondientes a los
propios ámbitos de experiencia y al desarrollo infantil; los métodos de trabajo se basarán en las experiencias, las actividades y el juego; la atención educativa directa correrá a cargo de profesionales que posean el título de maestro con la
especialización de educación infantil o el título de grado equivalente.
Por tanto, se han marcado y establecido las condiciones para que sea una atención con carácter educativo y unas condiciones necesarias y reales, como establece una educación de
calidad a todo el sistema educativo desde los 0 años.
La ley orgánica también establece -y le tengo que decir a la portavoz del Partido Popular que lo que ha dicho en su intervención, por lo que se refiere a esto, no está en lo correcto- que sean las administraciones educativas las que
determinen los contenidos educativos en ese primer ciclo de educación infantil, de acuerdo con lo que está previsto en el capítulo I, dedicado a esta etapa, y regulen los requisitos que hayan de cumplir los centros para que se imparta dicho ciclo.
En todo caso, tendrá que haber una relación numérica entre el alumno y el profesor, las instalaciones, el número de puestos escolares, y todo eso correrá a cargo de las comunidades autónomas. El Ministerio de Educación, como era consciente de la
necesidad de plazas de este periodo de 0 a 3 años, puso en marcha el Plan Educa 3, que es el primer programa integral que impulsa la creación de nuevas plazas educativas para los niños de 0 a 3 años, que va a suponer una inversión total de 1.087
millones de euros, entre los años 2008 al 2012, y de la financiación correrá a cargo el 50 por ciento del Ministerio de Educación y el 50 por ciento de las comunidades autónomas. Aquí me gustaría hacer un breve paréntesis e indicar que hay
comunidades autónomas que se están negando incluso a firmar esos convenios o a llegar a desarrollar el Plan Educa 3 en sus comunidades autónomas, como son la de Valencia o la de Castilla y León, donde el Plan Educa 3 va más retrasado que en ninguna
otra comunidad del resto del territorio español. El esfuerzo conjunto que debe y que debe promover el Gobierno para dar cumplimiento a este mandato se ha visto reflejado en la presentación y en la posterior aplicación de este plan, que es el
impulso y la extensión del primer ciclo de educación infantil Educa 3. Este plan ha sido debatido y acordado
en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación y responde a la prioridad que las administraciones públicas dan a la extensión de esta etapa educativa. El interés de esas administraciones públicas en el desarrollo de la educación
infantil debe ser el de dar respuesta a las demandas de las familias, y se está viendo que una vez que se está plasmando y se está integrando el Plan Educa 3, el número de plazas ofertadas en los centros de infantil autorizados se establece con las
administraciones de las comunidades autónomas y en algunos casos incluso directamente con los propios ayuntamientos, en función de la demanda de esas plazas. Porque lo que dice y establece la ley orgánica es que se debe garantizar que haya plazas
suficientes en el ámbito de la educación pública de 0 a 3 para que las familias puedan disponer de esas plazas para llevar a los niños de 0 a 3, pero tiene un carácter voluntario y no obligatorio. Por eso no estaríamos de acuerdo con lo que ha
expuesto el portavoz proponente de Izquierda Unida de la proposición no de ley respecto a que deberíamos añadir lo de la universalización, puesto que no tiene carácter obligatorio el ciclo de 0 a 3 años. El aumento de estas plazas que se está
derivando en cada uno de los años conforme se van renovando los convenios con las comunidades autónomas se está destinando a creación de nuevas plazas de educación infantil públicas, y se está incrementando la oferta de esas plazas a la ampliación
de las escuelas de educación infantil públicas o a transformación de guarderías en centros públicos de atención a la infancia en escuelas de infantil.
Finalmente, solo me queda decir respecto a la proposición no de ley presentada por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds que en el fondo estamos de acuerdo, pero como es anterior a la puesta en
marcha de este Plan Educa 3, creemos que tiene el sentido de continuar. Por eso hemos presentado la enmienda transaccional que dice que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a seguir garantizando, a lo largo de esta presente legislatura, a
través del programa Educa 3, y en cooperación con las comunidades autónomas, la creación de plazas públicas de educación infantil de 0 a 3 años, asegurando unos requisitos y condiciones mínimas de calidad, que entendemos que es lo que recoge la Ley
Orgánica de Educación y es el objetivo fundamental del Plan Educa 3 y que se está desarrollando correctamente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Desde Convergència i Unió coincidimos, como no puede ser de otra manera, en la necesidad de seguir abordando la creación de plazas en el tramo de 0 a 3 años, por su especial incidencia en la conciliación de la vida
familiar y laboral y porque así es demandado por muchísimas familias que todavía no pueden contar con este tipo de servicios. Coincidimos también en la necesidad de la naturaleza educativa de este tramo, aunque quiero también señalar que esto se
recogió ya en la Ley Orgánica de Educación, que en su artículo 14.2 señala el carácter educativo de uno y otro ciclo de la educación infantil. A esto se ha referido largamente la portavoz señora Casaus. Por tanto, me remito, en cuanto a la
descripción de las características educativas de este ciclo a lo que ella ha dicho. Pero aquí acaba la sintonía con la tesis del grupo proponente, porque es evidente que nosotros no compartimos con el portavoz, el señor Llamazares, la filosofía que
hay detrás de esta iniciativa. No compartimos la criminalización de la iniciativa privada en cuanto a la creación de centros. El señor Llamazares ha matizado en su intervención el texto inicial de la iniciativa, pero en él podemos leer -y cito
literalmente-: La red privada que crece al amparo de esta carencia ve favorecida la impunidad en que se encuentra porque nunca acaban de serle exigidos los requisitos mínimos de sus centros. Nosotros, como digo, no compartimos esta criminalización
de la iniciativa privada de creación de centros. Es evidente que debe existir una oferta pública potente y suficiente, pero ello no debe impedir, al amparo de lo dispuesto en la Constitución española y en la propia Ley de Educación, la libertad de
creación de centros. Por tanto, cuando alude al cambio de modelo no estamos de acuerdo en que el cambio se centre en este tema. Por otra parte dice, y puedo leer textualmente, que las comunidades autónomas no tienen voluntad política de mantener,
extender y mejorar la calidad de la red educativa pública en este ciclo de edad. -cierro comillas porque esto es una lectura textual-. No sé a qué comunidades se refiere, pero no reconozco en modo alguno a Cataluña en las descripciones que aquí se
hacen, ni en cuanto a la voluntad, ni en cuanto a los resultados, puesto que es una de las comunidades con un porcentaje mayor de plazas de 0 a 3 años, tanto públicas como de iniciativa social.
En segundo lugar, quiero señalar, como han hecho otras portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, que el tramo de 0 a 3 no es obligatorio, pero además las competencias exclusivas son de las comunidades autónomas, y por lo que a
Cataluña respecta, el artículo 131.2.b) de nuestro Estatuto de Autonomía dice claramente que la competencia exclusiva de este tramo corresponde a la Generalitat, al Gobierno de Cataluña. Por tanto, mi grupo parlamentario, respetuoso, como no puede
ser de otra manera, con el tema competencial, ha solicitado siempre que cuando hay competencias exclusivas se transfieran los fondos necesarios, a través de los Presupuestos Generales del Estado o a través de los acuerdos de financiación, y el
Gobierno, de acuerdo con sus competencias, ya determinará los contenidos de este tramo. No somos tampoco muy partidarios de estos programas que se hacen ahora, que consisten en una sutil recuperación de las competencias y que esto lo hacen a través
de proponer programas con una cofinanciación entre el Estado y las comunidades autónomas, cofinanciación condicionada a que se hagan determinadas políticas. Por eso, cuando salió el Plan Educa 3 pedimos,
y se ha citado por la portavoz del Grupo Popular, que se territorializaran los recursos. Esto se aprobó en esta Cámara a través de una iniciativa que presentó mi grupo parlamentario y que con enmiendas de otros grupos se aprobó. Por tanto,
nosotros no podemos apoyar la iniciativa que presenta el Grupo de Izquierda Unida, y respecto a si se aceptara la enmienda de sustitución que propone el Grupo Socialista, nosotros añadiríamos que se territorializarán los recursos, para ser
respetuosos con lo que aquí dice, que es verdad que se ha aprobado, pero también con lo que se aprobó de la iniciativa parlamentaria presentada por Convergència i Unió. A la espera de ver cómo acaba la negociación de esta iniciativa termino mi
intervención.
- RELATIVA A LA CONSTITUCIÓN DE UNA COMISIÓN, EN EL SENO DE LA CONFERENCIA SECTORIAL DE EDUCACIÓN, PARA EL ESTUDIO DE LA CUANTÍA DE LOS MÓDULOS DEL CONCIERTO EDUCATIVO, QUE DÉ CUMPLIMIENTO AL APARTADO 2 DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGÉSIMA
NOVENA DE LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE EDUCACIÓN.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) (Número de expediente 161/000382.)
La señora PRESIDENTA: A continuación pasamos a debatir la proposición no de ley 161/000382, presentada por Convergència i Unió. Para la defensa de la misma y de su propia autoenmienda tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Convergència i Unió trae hoy a debate una iniciativa que no es ninguna novedad -me habrán escuchado hablar de ella en muchísimas ocasiones-, pero que tiene el objetivo de conseguir la gratuidad de la educación
también para todas aquellas familias que en función de la libertad de elección -naturalmente, libertad dentro de unos cauces- que le reconoce tanto la Constitución en su artículo 27 como la propia Ley Orgánica de Educación eligen escolarizar a sus
hijos y a sus hijas en centros privados concertados. Lo que hemos dicho en tantas ocasiones de que sin gratuidad no puede haber elección es hoy más cierto que nunca puesto que, como todos ustedes conocen, debido a la profunda crisis económica que
estamos viviendo y que afecta a muchísimas familias, no de clases adineradas sino de clases medias en toda su amplitud, -y así se nos traslada desde muchos centros-, son muchas las familias que aun queriendo educar a sus hijas y a sus hijos en
escuelas concertadas no pueden seguir haciéndolo, no pueden elegirlo por el coste que ello supone. Que la educación se imparta en condiciones de gratuidad tanto en la red pública como en la red concertada es el objetivo de esta iniciativa. Y para
conseguirlo proponemos, ni más ni menos, que se cumpla la ley; que se cumpla la vigente Ley Orgánica de Educación, algo que debería ser fácil pero que no lo parece tanto cuando desde que se aprobó, en el ya casi lejano año 2006, reiteradamente
tanto mi grupo parlamentario como todos los grupos hemos tenido que ir aprobando una y otra vez que se cumpliera la ley. ¿Cómo solicitamos en esta iniciativa que se cumpla la ley? En primer lugar, constituyéndose la comisión prevista en la
disposición adicional vigésimo novena de la Ley Orgánica de Educación para que con la participación de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas del ámbito de la enseñanza concertada se estudie y se valore cuánto cuesta la
impartición de las enseñanzas en condiciones de gratuidad. Y que a partir de la valoración del coste del módulo se vayan tomando decisiones que concluyan en que las familias que elijan la enseñanza en centros concertados no sigan obligadas al pago
de determinadas cantidades, es decir, que puedan acceder a la educación también en condiciones de gratuidad.
En segundo lugar, pedimos que se cumpla la ley para que se aplique, en cuanto a la escuela concertada se refiere, lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación en lo relativo a la equidad en la educación. La Ley Orgánica de Educación, en su
artículo 72.2 dice que corresponde a las administraciones educativas dotar a los centros de los recursos necesarios para atender adecuadamente a este alumnado. Y sigue diciendo: Los criterios para determinar estas dotaciones serán los mismos para
los centros públicos y privados concertados. Pues bien, esto no se está cumpliendo puesto que el programa que ha habido para dotar de fondos para la equidad en la educación, que se ha llamado programa PROA, llega únicamente a las escuelas públicas
pero no a las escuelas concertadas. Y tengo que traer aquí a colación la experiencia de Vic, una localidad catalana, en donde el porcentaje de inmigración es altísimo y en donde tengo que reiterar una vez más que los centros concertados
escolarizan, en la misma proporción que los públicos, a población necesitada de recursos para atender la diversidad y la especial dificultad de escolarización y que estos recursos llegan únicamente a las escuelas públicas pero no a las escuelas
concertadas.
A esta iniciativa hemos presentado una autoenmienda para concretar la necesidad de un plazo de constitución de esta comisión. Porque desde el año 2006 en que lo venimos solicitando siempre se nos ha dicho que sí y nunca se ha hecho esta
comisión. La iniciativa señalaba el plazo de seis meses, pero es una iniciativa que se presentó ya en el año 2008.
Recientemente, cuando hemos estado hablando en el finalmente no nato pacto por la educación, se preveía que esta comisión se creara
en el presente mes de mayo, de lo cual se puede deducir no solo la voluntad sino la disposición del actual gabinete de crear esta comisión sin mayor dilación. Por esto nos hemos autoenmendado y solicitamos que se constituye en el actual periodo de
sesiones, que son dos meses. Hemos hablado con el Grupo Socialista con la voluntad
de llegar a un acuerdo, y se nos propone que no sean seis meses -que era la propuesta inicial- ni dos meses -que sería la propuesta de ahora- sino tres meses, para que pudiera haber tiempo suficiente para convocar a las partes que deben
acudir a esta mesa de negociación. Se trata de un mes más, y algo que llevamos esperando desde el año 2004 no vamos a dejar ahora de aprobarlo por un mes más. Po lo tanto, estaríamos en disposición de que se creara en el plazo de tres meses porque
nos parece además que la fijación de un plazo significa que realmente hay una voluntad decidida de hacerlo.
La segunda parte de la enmienda del Grupo Socialista recoge lo que nosotros decíamos con respecto a los recursos para las necesidades especiales, y lo único que suprime es la palabra obligatoriedad. Como en realidad se trata de un estudio,
sí estamos de acuerdo en que en este estudio se incluya la necesidad de abordar, de cuantificar y de decir cuál será el coste para la escolarización del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la escuela concertada. Creo que si
lo podemos apoyar va a significar un paso adelante en esta iniciativa y en este objetivo de conseguir que el acceso al servicio de educación gratuito llegue a todas las familias, también a las que deciden, de acuerdo con su derecho, escolarizar a
sus hijos y a sus hijas en una escuela concertada.
La señora PRESIDENTA: Para fijar posición, en nombre del Grupo Socialista tiene la palabra la señora Alegría.
La señora ALEGRÍA CONTINENTE: Señorías, esta tarde debatimos una proposición no de ley de Convergència i Unió, como ha recordado la señora Pigem, sobre la constitución de una comisión en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación para
el estudio de la cuantía de los módulos de concierto educativo. Mi intervención al respecto va a ser muy breve ya que gran parte del contenido de esta proposición no de ley viene a recordar lo que dice el apartado 2 de la disposición adicional
vigésima novena de la Ley Orgánica de Educación que establece, efectivamente, que es en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación donde se constituirá esta comisión, en la que participarán las organizaciones empresariales y sindicales más
representativas en el ámbito de la enseñanza privada concertada para el estudio de la cuantía de los módulos de concierto que valore el coste total de la impartición de las enseñanzas en condiciones de gratuidad. La diferencia -por ello hemos
enmendado la proposición de CiU- es que en la ley orgánica no se establecía una fecha concreta y cerrada. Sí que es cierto, como ha recordado la señora Pigem, que en el marco de la negociación del pacto por la educación se planteaba la constitución
de esta comisión para mayo.
Pero este pacto, que desafortunadamente no ha podido alcanzarse, lleva un cambio, una modificación en las reglas de juego porque además este grupo entiende que ahora no debe caerse en la fácil tentación de que cada uno
acoja como propias las partes que más le interesen de este pacto no conseguido. No obstante, después de varias conversaciones y siempre bajo el amparo y el paraguas de la voluntad y la disposición del Ministerio de Educación, hemos llegado a un
acuerdo intermedio -como ha recordado la diputada de Convergencia i Unió- con la propuesta de tres meses para la constitución de esta comisión. Además, saben SS.SS que en el apartado 1 de esta misma disposición se señala que durante el periodo al
que se refiere la disposición adicional primera de la presente ley, se procederá a la fijación de los importes de los módulos económicos establecidos de acuerdo con el artículo 117, en función de la implantación de las enseñanzas que ordena la
presente Ley Orgánica de Educación. Con el fin de mejorar la cuantía de los módulos citados, en las leyes de los Presupuestos Generales del Estado para 2007, 2008, 2009 y 2010 se han puesto en marcha medidas tendentes a incrementar la cuantía de
distintos módulos. Así, en los Presupuestos Generales del Estado se recogen los incrementos siguientes en los módulos básicos para centros docentes concertados respecto a los de los años anteriores. Es decir, un 3,35 por ciento en 2007; un 3 por
ciento en 2008; un 3 por ciento en 2009; y un 0,3 por ciento en 2010. Esta equiparación se inició en los Presupuestos Generales del Estado para 2007 y se ha completado en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación para Ceuta y Melilla en el
año 2009. Para el resto de comunidades autónomas se hará efectivo a lo largo de este ejercicio al haberse incluido en el año 2010.
Explico todo esto porque a veces es necesario recordar el esfuerzo que este Gobierno ha hecho por la educación pública y también por la concertada. Además, quiero destacar y recordar que en el marco de la negociación del pacto por la
educación se había llegado a ciertos acuerdos en relación con esta materia, que se habían materializado en el último documento para el pacto para garantizar en todos los centros sostenidos, tanto públicos como privados, un servicio de calidad, sin
discriminación alguna y con los medios adecuados para atender al alumnado.
La segunda parte de la enmienda presentada por el Grupo Socialista viene argumentada en tanto en cuanto entendemos que no somos nosotros quienes debemos ordenar qué aspectos concretos deben aparecer en ese estudio, en el que no solo debe
recogerse la escolarización del alumnado con necesidades específicas educativas sino que habría que incluirse muchos otros factores que inciden en el cálculo de la cuantía del módulo.
Señora presidenta, concluyo agradeciendo la buena disposición de la diputada, la señora Pigem, con la que hemos acordado una enmienda transaccional que la Mesa ya conoce y que mi grupo votará afirmativamente.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Gómez Trinidad.
El señor GÓMEZ TRINIDAD: En primer lugar, quiero manifestar la postura del Partido Popular en defensa de la calidad y la equidad de la educación para todos los alumnos españoles, lo cual va estrechamente vinculado a la libertad. Digo esto
porque, como antes se ha puesto de manifiesto aquí, esta medida que hoy traemos tiene como consecuencia última conseguir una calidad de la educación para todos los alumnos. Esto es lo importante, independientemente de que el medio a través del cual
se preste ese servicio sea la red de escuela pública o la red de iniciativa social. En cualquier caso, los que nos deben importar son los alumnos, que gocen de las mismas condiciones y, por lo tanto, que su profesorado y los recursos sean iguales.
A veces se señalan las diferencias que existen entre esas dos redes, creo que más por un motivo ideológico que por una preocupación sana por la educación y los alumnos. También habría que señalar que las reglas del juego no son las mismas, puesto
que se obliga a la concertada a buscar una fuente de financiación adicional, y que la que proviene de la financiación pública no es suficiente. Esto ha sido manifestado por parte de todos los grupos como una injusticia que hay que solucionar, y el
marco adecuado debe ser esa mesa pendiente de organizar. Pero no estamos hoy aquí para discutir los derechos, los deberes o las libertades, sino un instrumento.
La propuesta que trae CiU no responde ni más ni menos que a un cumplimiento de ley. Si yo estuviera en el Gobierno o en el Partido Socialista sentiría cierto sonrojo con esta proposición que hoy se trae, porque lo que es cumplimiento de la
ley -por cierto, de una ley aprobada y desarrollada, se ve que incompletamente, por el propio Grupo Socialista- no se está cumpliendo. Da la impresión de que el Grupo Socialista hace las leyes como un instrumento que se utiliza según y cómo. Está
claro que una ley orgánica, como fue la LOCE, sin justificar el porqué la suprimieron. Y en este caso, la LOE, la ley que la sustituyó, no se suprime pero se ignora. Y en los casos que se tornan problemáticos o inútiles se dice que se va a pactar,
como ha sido el reciente pacto. Luego hablaremos de la vacuidad de este pacto. Dice esta disposición adicional vigésimo novena, de acuerdo con lo establecido en la propia ley, que se tiene que aplicar en un periodo máximo de cinco años. Como la
ley fue aprobada en mayo de 2006 quiere decir que acabamos de entrar en el quinto año. No sé cuantas veces se ha pedido aquí en el seno de esta Comisión que se active por fin la creación de esta comisión.
Por lo tanto, no hay que gastar mucha
munición ni muchos argumentos para lo que, sencillamente, el Gobierno debe hacer. Es realmente penoso que toda una Comisión de Educación tenga que estar instando al Gobierno a que cumpla reiteradamente esta obligación que es legal.
En segundo lugar, en el fallido pacto estaba el compromiso -en la medida 83- de que se cumpliría. En la medida 83 de este pacto se dice que antes de finalizar mayo de 2010, y en aplicación de lo dispuesto en esta disposición adicional
vigésimo novena de la LOE, se constituirá en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación una comisión con la participación de las organizaciones empresariales, etcétera, y se transcribe lo que dice la ley. Si este es el compromiso, y además se
pretendía hacer de forma inmediata ¿por qué no se pone ya en marcha sin necesidad de que se tenga que instar? No obstante, apoyaremos esta iniciativa, pero lamento que haya que traer iniciativas de este tipo para que el Gobierno cumpla lo que tiene
obligación de hacer, que es acatar las leyes y, además, con una actitud ejemplar como el primero, máxime cuando se trata de cumplir una ley que fue promulgada por el propio Grupo Socialista que respalda a este Gobierno.
- RELATIVA A MEDIDAS PARA REDUCIR LAS TASAS DE ABANDONO UNIVERSITARIO.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001559.)
La señora PRESIDENTA: A continuación pasamos a debatir la proposición no de ley del Grupo Popular relativa a las medidas para reducir las tasas de abandono universitario. Tiene la palabra por este grupo el señor González.
El señor GONZÁLEZ RODRÍGUEZ: La comisaria europea de Educación, Androulla Vassiliou, recientemente, ante la pregunta de cuáles son los retos educativos de España, ha dicho textualmente lo siguiente: Reducir la cifra de abandono escolar
temprano. Los ministros europeos de Educación, en el consejo informal de ministros de Educación de la Unión Europea -me hace gracia lo de consejo informal; será informal pero actúan de forma formal-, reunido en Madrid, han definido para la Agenda
2020 que el abandono escolar se reduzca hasta el 10 por ciento. Hoy en día en la Unión Europea el abandono escolar se cifra en el 16 por ciento, y España tiene la alarmante cifra del 30 por ciento, con pérdidas -según un estudio de la Universidad
de Jaén- de 600 millones de euros.
En el borrador del nuevo modelo de financiación para las universidades se estudia que se corrijan las ineficiencias crónicas, como la alta tasa de abandono de los estudios, con una mayor cuantía para las matrículas de los repetidores, si
bien aquí ha habido -como nos tiene acostumbrados últimamente el Gobierno- pasos hacia delante y pasos hacia atrás. Me refiero a las últimas declaraciones del señor Rubiralta, secretario general, en las que habló del número de tasas para los
repetidores, pero después se corrigió él mismo -se hizo una autocorrección- diciendo que esto sería a partir de 2013. ¡Cuán largo me lo fiáis! Es más, este documento de financiación es muy duro sobre la valoración económica de los repetidores y de
los que abandonan los estudios. Según el propio documento, los responsables universitarios no han aprovechado en toda su dimensión el proceso de adaptación al espacio europeo de Educación
Superior para elaborar unas normas de progreso y permanencia en las enseñanzas universitarias con capacidad de corregir las ineficiencias que vienen produciéndose en el comportamiento académico de los estudiantes que tienen bajo rendimiento
y propensión a permanecer indefinidamente en el sistema sin ningún aprovechamiento. En síntesis, la educación universitaria, pese a Bolonia, no se ha modernizado. Casualmente, esta mañana el señor ministro de Educación ha dicho que sí, pero
también la propia comisaria europea de Educación dice que, a pesar de Bolonia, la universidad española y la universidad europea en general no se han modernizado y que además existen muchos problemas para lograr otro de los retos apuntados para 2020:
que el número de ciudadanos europeos con estudios superiores pase al 40 por ciento.
Volviendo al abandono escolar, que es el motivo esencial de esta proposición no de ley -cuya presentación en esta Cámara se hizo mucho antes de las anteriores declaraciones tanto de la comisaria europea como del señor Rubiralta o del señor
ministro-, sin duda alguna nos confirma que el Grupo Popular ha ido, va y espero y deseo -seguramente ocurrirá; irá muy bien- que vaya en el buen camino en asuntos universitarios en esta legislatura, dado que la propuesta de esta proposición no de
ley a la hora de su registro en esta Cámara coincide con lo que posteriormente han anunciado las autoridades nacionales y europeas con respecto a la educación superior.
La realidad de este abandono, como se dice en la exposición de motivos de esta proposición no de ley, explica el hecho de que muchas universidades estén implantando lo que se denominan planes de acción tutorial, PAT, instrumento que permite
orientar a los estudiantes y evitar el índice de alumnos con riesgo de abandono, o las también denominadas aulas cero.
Desde diferentes estudios se avala también la distinta casuística existente entre los estudiantes a la hora de abandonar los
estudios, que abarca una amplísima gama de situaciones a veces contradictorias. Por citar algunas de las más representativas me referiré a que los estudiantes con nota de acceso baja presentan mayor probabilidad de dejar la universidad, o que la
influencia familiar puede ejercer presión sobre los estudiantes, si bien análisis recientes catalanes afirman -eso sí, solo para los graduados- que el impacto familiar es muy débil. A esta problemática se une otro de los problemas que presentan los
universitarios españoles respecto a los europeos, como es el elevado tiempo que emplean en finalizar los estudios, ya que la media -siguiendo las denominaciones prebolonia- para las licenciaturas es de 6,3 años y para las diplomaturas de 4,5 años.
Traducido a datos reales, las dos terceras partes de los estudiantes que ingresaban en primer curso de una carrera universitaria no obtenían su título en el periodo mínimo establecido. (El señor vicepresidente, Álvarez Villazán, ocupa la
Presidencia.)
Sin duda estamos ante un grave problema en absoluta discordancia con la filosofía del denominado proceso de Bolonia o espacio europeo de Educación Superior. De ahí que en esta proposición no de ley se inste al Gobierno a que esta cuestión
merece un urgente y necesario diagnóstico que estudie las causas de este abandono -aquí podría entrar también parte del análisis que el señor Llamazares ha realizado del tramo de 0 a 3 años- y los índices y costes que supone para el erario público.
Además, tanto la Administración nacional como la autonómica deben elaborar propuestas para reducir las altas tasas de abandono universitario tanto en el modelo de financiación universitario como en las políticas educativas de ordenación de las
enseñanzas universitarias.
A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda de adición por parte del Grupo Socialista que el Grupo Popular acepta. Consideramos que la primera parte de la enmienda del Grupo Socialista va a dar un mayor énfasis y un mayor
rigor a lo que nuestro grupo proponía, dado que se habla de impulsar en el seno del Consejo de Universidades y de la Conferencia Sectorial de Política Universitaria la elaboración de un estudio para la valoración de todo lo que significa este
abandono escolar. El tercer apartado recoge la nueva situación de la estrategia 2015-2020 ya enunciada por mí anteriormente que no creemos que sea suficientemente importante, pero tampoco molesta al grupo proponente. De ahí que, dada la
consideración por parte del Grupo Socialista ante la enmienda que ha presentado de considerar como importante y necesario este análisis y estudio para poder investigar, dado que es absolutamente necesario este estudio para considerar el abandono
escolar como algo frustrante no solamente para el mundo universitario sino para la sociedad en general y dado el porcentaje altísimo que se da en nuestro país -ya he dicho anteriormente que es del 30 por ciento-, aceptamos la enmienda de adición del
Grupo Socialista a esta proposición no de ley presentada por el Grupo Popular.
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Villazán): Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Bernabeu Pastor.
El señor BERNABEU PASTOR: En primer lugar, quiero agradecer al señor González y a su grupo la aceptación de la enmienda de adición que, como era su objetivo, viene a mejorar y completar esa propuesta. En nombre de mi grupo tengo que decir
que desde el año 2004 para el Gobierno socialista del presidente Zapatero uno de los objetivos prioritarios en política universitaria ha sido y es la mejora de la calidad del sistema universitario y las políticas de equidad para apoyar el acceso y
continuidad de los estudios universitarios, especialmente de los que menos recursos tienen. Sin duda, uno de los problemas del sistema universitario es el fracaso y abandono no solo por los problemas de eficiencia económica que de ellos se derivan,
sino que también y de modo más lacerante suponen dramas per
sonales que pueden marcar las trayectorias vitales de los jóvenes como consecuencia de elecciones no adecuadas y de un sistema caracterizado por la rigidez, sin la flexibilidad necesaria para dar respuesta al nuevo contexto en el que se
desarrolla la enseñanza universitaria. Conscientes de esos problemas, y teniendo en cuenta el nuevo marco europeo de Educación Superior, el Gobierno socialista emprendió una reforma, la Lomlou, que pone las bases para el desarrollo de una profunda
modernización del sistema universitario en España. Asimismo, pone las bases para un desarrollo normativo posterior, como el que representa el Real Decreto 13/1993, de 29 de octubre de 2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, en el que no solo se determina un cambio estructural, sino que además se impulsa un cambio profundo en las metodologías docentes con un sistema de flexibilidad y diversidad como respuesta a las demandas de la sociedad en un
entorno abierto y cambiante. Un sistema en el que la garantía de calidad constituye un eje fundamental en las propuestas de los nuevos planes de estudios y en el que la acreditación se basa en la verificación del cumplimiento de los planes de
estudio de acuerdo con los protocolos de verificación establecidos en el real decreto.
En lo que al problema del abandono y fracaso universitario se refiere, en el apartado 8 de dicho real decreto de la memoria para la solicitud de títulos oficiales, se establece la estimación de valores cuantitativos para los indicadores,
tasa de graduación, tasa de abandono y tasa de eficiencia, que en la fase de acreditación de esos títulos deberán ser un factor fundamental a tener en cuenta y que tienen como objetivo corregir los problemas que aquí estamos planteando. Quiero
añadir que esto todavía no lo podemos verificar puesto que, como todo el mundo conoce, la nueva reforma de los planes de estudios en el marco del proceso de Bolonia en el espacio europeo de Educación Superior apenas se ha iniciado, porque es en este
próximo curso cuando todos los títulos implantados estarán en ese nuevo contexto, y dentro de unos años, cuando se verifique, cuando se pasen a acreditar estos títulos, será cuando tengamos constancia de si esta reforma está dando resultados o no.
Además, en el proceso de implantación de estos títulos, las propias universidades tienen que hacer un proceso de seguimiento de indicadores como los que acabo de comentar, y por lo tanto, corregir esos problemas a los que se ha referido el señor
González y a los que yo me estoy refiriendo aquí, y muy especialmente a que no entendamos en este país como educación a lo largo de la vida que los estudiantes a tiempo completo empleen una media de ocho años en terminar estudios de cinco años y más
de cinco para los de tres. Eso no es educación a lo largo de la vida, sino ineficiencia del sistema. Eso es precisamente lo que quiere corregir esta propuesta nueva del Real Decreto 13/1993. Además, como indican diversos estudios, el abandono
universitario tiene un importante componente en una decisión equivocada en la elección de estudios, que se ve agravada por la dificultad de cambio de titulación en un sistema rígido como en el que hemos estado hasta ahora, que en muchas ocasiones
impedía el reconocimiento en materias superadas en una titulación a efectos de cursar otra titulación.
Con la propuesta de reconocimiento y transferencia de créditos y de las materias básicas establecidas en el mencionado real decreto se facilita
la posibilidad de cambio de titilación con la posibilidad de incorporar los créditos cursados en algunos casos de manera obligatoria, es decir, la ley establece el reconocimiento obligatorio de esos créditos.
De manera especial nos preocupa que la tasa de abandono sea mayor entre los estudiantes procedentes de sectores sociales con menores posibilidades económicas, que proceden de familias con trabajos menos cualificados y con menor nivel de
estudios. Esto no solo pasa en España, pasa en la mayoría de los países europeos, es un problema europeo y también español. Por eso el Ministerio de Educación está impulsando medidas para la implantación de un nuevo modelo sostenible de
financiación de las universidades en el que se contemplan precisamente estos problemas, y dentro del plan de actuación algunas medidas ya están en funcionamiento, como la puesta en marcha del Observatorio universitario de becas, ayudas al estudio y
rendimiento académico, entre cuyas funciones voy a destacar dos que tienen que ver con el objeto que estamos tratando aquí: promover la realización de estudios que analicen el rendimiento académico y sus causas y realizar las recomendaciones que
sean necesarias para mejorar el rendimiento académico.
Señorías, el Consejo Europeo del mes de marzo, como muy bien se ha indicado, acordó que la educación debe ser una de las líneas fundamentales de actuación de la estrategia 2020. El ministro de Educación presidió el Consejo de Ministros de
Educación de la Unión Europea en donde se aprobó la propuesta de la Presidencia al próximo Consejo de jefes de Estado y de Gobierno de reducir el abandono escolar en Europa hasta el 10 por ciento y de incrementar hasta el 40 por ciento el número de
ciudadanos que hayan finalizado estudios universitarios, de formación profesional de grado superior o equivalente. Ese es el objetivo. Son muchos los países europeos que tienen un grave problema de abandono y de fracaso en estudios universitarios,
no solo España. Es verdad que la media es del 16 por ciento, pero nos sorprendería ver que en países avanzados sus tasas de abandono y de fracaso son muy similares a las nuestras.
Por otra parte, bajo la Presidencia española, el grupo de seguimiento del proceso de Bolonia ha incorporado al debate la importancia de la dimensión social de la educación, impulsando un acceso más equitativo a la educación superior para que
ningún estudiante con incapacidad quede excluido debido a circunstancias socioeconómicas o a falta de apoyo. En el seno de dicho grupo se creó una comisión dedicada al seguimiento de la
dimensión social precisamente bajo la coordinación de España. Por primera vez esto aparece en los trabajos de dicho grupo y se va a realizar un seguimiento similar al realizado en otros aspectos en el ámbito de este grupo, elaborando
indicadores que permitan precisamente hacer un diagnóstico preciso sobre estos problemas, porque una de las cuestiones fundamentales al hablar de fracaso y abandono es definir con precisión qué indicadores nos van a dar información fiable y sobre
todo, cómo no, a partir de ese diagnóstico, las actuaciones necesarias. Los objetivos de los sistemas de educación superior deben ir encaminados en toda Europa, y cómo no en España, a la consecución -permítanme decirlo así- del triángulo mágico:
calidad, eficiencia y equidad. En esa dirección van orientadas las actuaciones del Gobierno del Partido Socialista y por eso vamos a apoyar precisamente la propuesta del Grupo Popular con la enmienda de adición que hemos planteado.
La señora PRESIDENTA: Para defender su posición tiene la palabra la señora Riera por el Grupo Catalán.
La señora RIERA I REÑÉ: Ante la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular relativa a reducir las tasas de abandono universitario, queremos manifestar nuestra valoración positiva sobre esta discusión y la reflexión que nos
provoca esta proposición no de ley. Desde el grupo parlamentario que represento quisiera aprovechar este debate para compartir una serie de reflexiones previas y breves sobre el papel de la educación superior y de las universidades, especialmente
en el actual contexto económico y social, y por tanto una serie de reflexiones de presente y de futuro en torno a nuestra sociedad y nuestro crecimiento.
En este marco no puedo dejar de subrayar una vez más -tal como desde mi grupo parlamentario lo
hemos hecho en muchas ocasiones y continuaremos haciéndolo e insistiendo en ello- la importancia de la educación superior, la importancia de un sistema universitario de excelencia, de un sistema universitario competitivo que entendemos que ha de
constituir el pilar básico de una sociedad que queremos y necesitamos que esté basada en el conocimiento. Para ello es necesario, por una parte, abordar de manera más efectiva, decidida e inmediata una modernización del sistema universitario, y por
otra, aprovechar las oportunidades que suponen el proceso de Bolonia y el nuevo espacio europeo de Educación Superior.
Nuestra economía, señorías, debe recuperarse. Estamos aún inmersos en una profunda crisis y hemos de salir de ella y afrontar y trabajar por cambios en nuestra estructura de crecimiento que impliquen más competitividad y más productividad y
ello pasa por más y mejor conocimiento. En definitiva entendemos que la formación, la educación superior y las universidades han de jugar un papel básico en este cambio de modelo y que la formación es el eje prioritario del crecimiento porque ha de
marcar nuestra excelencia, nuestra competitividad y nuestra productividad. Por ello el reto que tenemos ante nosotros de apostar por una educación superior de calidad, competitiva y generadora de conocimiento y de valor es uno de los más
importantes que tenemos como sociedad. Bolonia y el nuevo espacio europeo de Educación Superior, así como también la estrategia 2015, los campus de excelencia y el marco 2020 son nuevos entornos, nuevos marcos, nuevas oportunidades de cambio para
nuestro sistema y son también y han de constituir nuevos instrumentos de competitividad, pero no son los únicos. Hará falta de manera también inmediata y decidida abordar otros problemas del sistema de cara a su modernización, como la misma
gobernanza, y hará falta también continuar impulsando nuevas políticas orientadas no solo a recuperar formalmente mejores posiciones en los ránquines internacionales y mundiales, sino también y sobre todo a recuperar posiciones en nuestra
competitividad y en nuestro crecimiento, y esto supone en conjunto modernizar el sistema universitario. Para conseguir estos objetivos de excelencia y de competitividad y para activar los cambios en el actual sistema universitario contamos, por una
parte, con la misma oportunidad que nos da Bolonia y los cambios a los que nos obliga el nuevo espacio europeo de Educación Superior, y por otra, con nuevos instrumentos o con instrumentos más recientes que deben ser bien aplicados y bien
gestionados, a lo que responde la política de los campus de excelencia.
Por último también hemos de ser capaces de hacer un análisis riguroso y necesario en torno a la actual situación del sistema universitario, con el estudio de los activos y los pasivos del mismo, los aspectos que van bien y los aspectos que
fallan, todo ello para ser capaces de reconducir, activar o establecer nuevas políticas, las más adecuadas para la mejora en términos de eficiencia y de modernización del sistema, y políticas que nos permitan adaptar el mismo sistema a los cambios
que nos exige no solo Europa, no solo los ránquines, sino nuestra propia competitividad y nuestro propio crecimiento. Todos estos cambios van íntimamente ligados a la calidad, a la excelencia y al conocimiento. Tenemos por tanto que abordar entre
otros, señorías, el marco de gobernanza del sistema universitario al que me refería antes y sobre el que insisto, y tenemos también que abordar otros aspectos que fallan en nuestro sistema y que pueden estar relacionados seguramente con las elevadas
tasas de abandono.
Al analizar estos factores encontraremos unos aspectos cuantitativos, relacionados con los recursos, pero también otros de orden cualitativo.
Ambos deben ser analizados y afrontados, especialmente en un momento en el que nuestra
sociedad y nuestra economía nos obligan a ello y en un momento donde debemos perseguir el objetivo de la educación superior de excelencia.
En relación con esta proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, que nos ocupa y nos preocupa, quiero hacer por último tres breves reflexiones. En primer lugar, el reto de la reducción de las tasas de abandono
universitario no puede ser anali
zado desde el único punto de vista del abandono por el abandono, sino que es preciso combatir estas tasas tan elevadas atajándolas en sus raíces.
En la proposición presentada por el Grupo Parlamentario Popular se apunta como elemento
agravante la baja eficiencia que muestran los estudiantes a la hora de terminar sus estudios en el plazo de tiempo previsto y otros elementos. Todos ellos deben ser analizados y son aspectos cualitativos.
La segunda consideración que quiero hacer es que desde el grupo parlamentario que represento consideramos adecuado el contenido de la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular y también valoramos favorablemente la enmienda
presentada por el Grupo Socialista. Entendemos que deben ser asumidas ambas propuestas. Convergència i Unió valora también la inclusión del papel que pueden y deben desempeñar las comunidades autónomas y, en especial, todas las universidades del
sistema en el conjunto del Estado español, públicas y privadas. Hay que estudiar todo ello de cara a un exitoso inicio de curso y adaptación a las titulaciones del espacio europeo de Educación Superior. Para ello hay que implicar al conjunto de la
comunidad universitaria, alumnos, profesores, personal no docente, etcétera.
Para terminar recupero mis palabras iniciales. Lo señalado en esta proposición no de ley que estamos debatiendo en estos momentos no es más que un indicador preocupante. Es nuestro deber recoger esta preocupación e instar al Gobierno a
liderar el proceso necesario de análisis para activar las políticas que permitan reconducir esta situación, corregir los déficits estructurales que presenta aún el sistema universitario, hacer e impulsar las mejoras oportunas en los procesos de
orientación universitaria, que dependen de las comunidades autónomas, y corregir, en definitiva, estos indicadores, por tanto, modernización, internacionalización, mejoras en la eficiencia, aprovechamiento de los nuevos entornos y de los nuevos
instrumentos y oportunidades de cambio en los sistemas de gobernanza y, en el marco de esta proposición no de ley, actuar de manera decidida para favorecer el estímulo y el cambio en el patrón de crecimiento a través de una más y mejor, sobre todo
mejor formación. Este es nuestro gran reto y el reto de la sociedad española en su conjunto.
La señora PRESIDENTA: Para fijar la posición referente a aceptar o rechazar las enmiendas tiene la palabra el señor González.
El señor GONZÁLEZ RODRÍGUEZ (don Adolfo Luis): Como he dicho antes, aceptamos la enmienda de adición del Grupo Socialista, pero quiero aclarar, dado el comentario que me acaba de hacer el portavoz socialista, que en el primer apartado de la
enmienda aparece el concepto de Conferencia sectorial de política universitaria. Para que la letrada lo tenga en cuenta, no es sectorial, ha sido un lapsus inconsciente -o consciente-, sino que es Conferencia general de política universitaria.
Agradezco también al resto de los grupos la posición positiva hacia esta proposición no de ley.
- SOBRE MEDIDAS PARA GARANTIZAR UN SISTEMA DE EDUCACIÓN INCLUSIVO PARA LOS ALUMNOS CON DISCAPACIDAD EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001593.)
La señora PRESIDENTA: A continuación vamos a debatir la proposición no de ley sobre las medidas para garantizar un sistema de educación inclusivo para los alumnos con discapacidad en todos los niveles educativos. El autor es el Grupo
Parlamentario Popular y para su defensa tiene la palabra la señora Bañuls.
La señora BAÑULS ROS: Señorías, la proposición no de ley que el Grupo Parlamentario Popular presenta hoy responde a la necesidad de garantizar una educación inclusiva y de calidad a los alumnos con discapacidad en todos los niveles
educativos. Esta es una necesidad acorde a las directrices de diferentes tratados internacionales y al cumplimiento de las normas tanto de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad como las recogidas en la Ley de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal y en la Ley Orgánica de Educación.
Como ustedes bien saben la convención de la ONU es un tratado jurídico internacional vigente y vinculante en España desde mayo de 2008. Su artículo 24, dedicado a la educación, recoge el derecho a acceder a una educación de calidad y
gratuita en igualdad de condiciones con los demás en la comunidad en la que vivan, con los ajustes razonables en función de las necesidades individuales y con los apoyos necesarios y medidas personalizadas y efectivas en entornos que fomenten el
máximo desarrollo académico y social. Con la expresión ajustes razonables se entiende la obligación de dar facilidades o de efectuar modificaciones efectivas o adecuadas. También en la LOE se apostó ya desde el preámbulo por una política de
inclusión cuando se dice que se trata de contemplar la diversidad de las alumnas y alumnos como principio y no como una medida que corresponda a las necesidades de unos pocos. También en el artículo 4 se plantea que se adoptará la atención a la
diversidad como principio fundamental y, cuando tal diversidad lo requiera, se adoptarán las medidas organizativas y curriculares pertinentes.
Sin embargo, a pesar de que tanto la Ley Orgánica de Educación como la convención son muy explícitas a la hora de establecer el derecho a acceder a una educación inclusiva, de calidad y gratuita, a día de hoy se deberían estar cubriendo unos
mínimos en esta materia que evidentemente no se están cubriendo de manera satisfactoria desde el punto de vista de los derechos, de la inclusión y de la normalización en relación con estas personas por
parte de la sociedad. Es decir, sin inclusión educativa no hay inclusión social. Por eso es comprensible que desde el sector de la discapacidad se haya alegado, y con razón, que se están vulnerando sus derechos. La raíz de este problema
no es otra que la falta de recursos, tanto humanos como materiales, que permitan hacer realidad el modelo de educación inclusiva.
También desde nuestro grupo hemos defendido siempre que se garantice que los padres o tutores legales cuenten con la libertad de opción del modelo de escolarización de sus hijos contando, eso sí, con el asesoramiento e información que les
ayude en la educación de los mismos. Este ha sido quizás el punto más conflictivo a la hora de introducir una enmienda transaccional, pero finalmente hemos llegado a consensuar un apartado para que se tenga en cuenta la opinión de las familias de
los alumnos con necesidades especiales, porque se trata de la educación de sus hijos, y es necesario ofrecer respuestas que conduzcan al éxito del alumnado en función de estas características, diferencias y necesidades que cada uno precise. En el
documento Educación inclusiva, pasar de las palabras a los hechos, elaborado por el Foro de la discapacidad en 2009, se aclara la diferencia entre integración e inclusión. En el modelo de educación integrada, los estudiantes con discapacidad son
los que tienen que adaptarse al sistema de enseñanza y aprendizaje existente y a la organización de la escuela, mientras que en el modelo de educación inclusiva esta se caracteriza por la adaptación del sistema para satisfacer las necesidades de los
alumnos con discapacidad, lo que nos ofrece una perspectiva de que no solo es una obligación sino una oportunidad para educar a todos los alumnos en el respeto y la igualdad de oportunidades, valores que hoy en día presentan una merma importante, y
además en criterios que se ajusten al nuevo paradigma de la discapacidad del siglo xxi.
Estamos convencidos de que las medidas que se adopten en la práctica educativa inclusiva serán beneficiosas para todo el alumnado. Como ya hemos dicho, la inclusión educativa requiere de apoyos especiales, de programas e iniciativas para
que estos escolares puedan incorporarse a la educación en igualdad de condiciones con el resto de los niños. Debe contarse además con las ayudas técnicas de apoyo para las actividades imprescindibles de la vida diaria que necesitan estos escolares
con discapacidad e introducir aquellos avances de las tecnologías de la información y de la comunicación que ayuden a compensar las necesidades especiales de estos alumnos, contando para ello con la incorporación de profesionales especializados. En
este sentido, nuestro grupo ha registrado una proposición no de ley para dar prioridad a los alumnos con necesidades educativas especiales en el programa 2.0 y pensamos que esta prioridad debe ser aplicada a los alumnos con necesidades educativas
especiales en todos los programas educativos que estén impulsados por el Ministerio de Educación.
Creemos también que merece la pena atender la reflexión que nos han trasladado las familias con hijos con diversidad funcional cuando afirman que la dignidad y los derechos humanos no pueden nunca depender de los presupuestos. Queremos
destacar especialmente la necesidad de las medidas y medios dirigidos al profesorado, ya que no es suficiente la voluntad legislativa y la buena disposición general del profesorado frente a la educación inclusiva. La realidad es que existe una
falta importante de la formación necesaria del profesorado para trabajar en unos entornos tan complejos como los que exige la educación inclusiva. Es imprescindible abordar la formación especializada y continua de toda la comunidad educativa
implicada en la atención al alumnado con diversidad funcional.
Eso es algo que en la LOE no se definió adecuadamente y que debe tenerse en cuenta, ya que sin este requisito las políticas de inclusión pueden resultar estériles y estar condenadas al
fracaso. El pasado 11 de mayo nos llegó una nota de prensa en la que se anunciaba que el Ministerio de Educación y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad iniciaban los trabajos para elaborar un plan en materia de educación
inclusiva. Es una noticia de la que nos alegramos y esperamos que nuestras propuestas sean de utilidad, sean recogidas y que los resultados obtenidos sean los esperados por todos.
Ya para terminar, señorías, desde nuestro grupo estamos convencidos de que si la vida de las personas con discapacidad ha de transformarse de forma duradera, es necesario hacerlo por medio de la educación y de la formación, superando los
retos que se presenten para lograr los avances que nos lleven a alcanzar una sociedad en la que la equidad, la inclusión, el respeto a la diversidad y la participación de todas las personas en todos los ámbitos sea una realidad. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Interviene para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Coincidimos en buena medida con las palabras de la portavoz del grupo proponente y especialmente en cuanto a que los antecedentes de pactos internacionales firmados y suscritos por España y la Ley Orgánica de
Educación reconocen explícitamente la educación inclusiva, también en cuanto a la necesidad de que estos principios se conviertan en una realidad y al el hecho de constatar de que si todavía no es así, es básicamente por una falta de recursos. En
síntesis, el contenido de lo que se nos propone podríamos decir que ya está recogido bien en las leyes vigentes, bien en los acuerdos internacionales, y que el problema, que de manera reiterada nos exponen las familias que tienen hijos e hijas con
este tipo de discapacidad, es que los recursos o no son suficientes o no son efectivos o simplemente no existen.
A la exposición del grupo proponente añadiríamos un eje nuevo, que es que las competencias para todo ello son de las comunidades autónomas. Por lo menos el Estatuto de Autonomía de Cataluña, en su artículo 21,
cuando habla de los derechos y deberes en el ámbito de la educación, dice que la Generalitat debe establecer un modelo educativo que pueda cubrir los derechos de las personas con necesidades educativas especiales, porque tienen derecho a
recibir el apoyo necesario que les permita acceder al sistema educativo, de acuerdo con lo establecido por las leyes. Por ello, mi grupo parlamentario ha presentado una enmienda que sintoniza perfectamente con la que ha presentado el Grupo
Parlamentario Popular a la primera de las iniciativas que hoy hemos debatido, al hablar de la educación de 0 a 3 años, y que consiste en decir que estamos de acuerdo en el contenido, estamos de acuerdo en que esto es competencia de las comunidades
autónomas, por tanto lo que solicitamos es que los Presupuestos Generales del Estado contemplen las partidas presupuestarias suficientes, que sean transferidas a las comunidades autónomas con las competencias, de manera que sean estas las que
impulsen el contenido de las políticas que se solicitan.
No estamos de acuerdo -y por eso nuestra enmienda propone suprimirlo- con el tema de la alta inspección. La alta inspección, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Educación, está para inspeccionar el sistema, no para
inspeccionar todos y cada uno de los contenidos que afecta a los alumnos. Entendemos que la inspección de las comunidades educativas es la que tiene que velar por ello y por eso proponíamos suprimir ese punto. Se nos hace llegar una propuesta
transaccional por parte del Grupo Socialista en la que manteniendo de alguna manera el contenido, con el que ya hemos dicho que estaríamos de acuerdo, incluye que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno y se añade el reconocimiento a la
competencia de las comunidades autónomas. Por lo tanto, nosotros preferiríamos que en coherencia con lo que el Grupo Parlamentario Popular ha propuesto para la primera de las iniciativas, se aceptara la iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán,
pero en caso de no ser así, subsidiariamente podríamos apoyar la enmienda transaccional propuesta por el Grupo Socialista, me imagino que de acuerdo con el Grupo Popular, en la que se reconoce que las comunidades autónomas deben tener su
participación, puesto que son las responsables competencialmente.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Montalbán.
El señor MONTALBÁN GOICOECHEA: Permítame, señora Bañuls, como autora e interviniente, hacer una introducción en sentido ciertamente un poco laudatorio de su proposición no de ley. Desde luego es interesante la proposición por cuanto creo,
tras leer la exposición de motivos, que les asiste a ustedes una inquietud parecida a la que nos asiste a nosotros y a todos los grupos de esta Cámara. Su proposición se sustenta en documentos firmes y solventes. En primer lugar, en la Convención
de derechos de las personas con discapacidad, que España ratificó en el año 2008, concretamente en el artículo 24, que insta a asegurar un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, de modo que se haga efectivo el derecho a la educación de
calidad y gratuita en igualdad de condiciones para todos y se garantice que los niños con discapacidad y no queden excluidos de las enseñanzas en los diferentes niveles. Se sustenta también en el documento sobre educación inclusiva elaborado por el
Foro de la discapacidad en 2009, que distingue entre integración e inclusión, de modo que la inclusión supone un paso importante sobre la integración, toda vez que obliga a que el sistema se adapte al estudiante con discapacidad y no a la adaptación
de la persona con discapacidad al sistema. Se sustenta igualmente en nuestra LOE y en nuestra Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal.
Por tanto, la educación inclusiva que pretenden está garantizada y lo
estará más en el futuro sobre la base del simple desarrollo ineludible de nuestra legislación, pero además, como el movimiento se demuestra andando, les anuncio que el Gobierno viene dando los pasos oportunos que garantizan que lo que ustedes
proponen se va a llevar a efecto. Sin embargo, también pienso que no es mala la insistencia. Volveré sobre ello, pero me voy a permitir introducir una reflexión personal a modo de preámbulo, muy simple, que intenta servir para demostrar que
nuestra sociedad avanza decididamente en el respeto de los derechos de todas las personas con mayor vocación y ahínco cuando se trata de personas que sufren los hándicaps de la discapacidad.
Recuerdo mis años de niño, cosa fácil, entiendo, teniendo en cuenta mi aún escasa edad para el olvido. (Risas.) Recuerdo los tiempos en que la educación se planificaba pensando solamente en los niños listos, en los adolescentes listos y en
los jóvenes listos. Quienes no llegaban a una media intelectual, quienes no tenían determinados resultados iban saliendo paulatinamente en silencio del sistema sin que nadie se sintiera responsable de los fracasos. En todo caso, siempre se
consideraba que fracasaba el alumno, por desidioso, por incompetente, porque como el sistema no era convenientemente evaluado, nunca era tampoco suficientemente cuestionado. Quienes salían del sistema se incorporaban muy jóvenes, algunos siendo
solamente niños, a diferentes labores, desde la agricultura o la ganadería en las áreas más rurales a trabajos muy escasamente cualificados en las zonas más urbanas. En aquella situación, qué se puede decir de quienes, afectados por algún tipo de
discapacidad, se encontraban, primero, con la convicción a veces de los más allegados, que consideraban que la educación no les servía para demasiado, con la falta de accesibilidad tanto para llegar hasta el centro educativo como hasta las aulas y
con un concepto que ahora existe y que se valora diferentemente a aquellos tiempos como es la accesibilidad.
Eran tiempos en que el término accesibilidad solo estaba en algunos diccionarios, que no en todos, pero en todo caso no con el significado que actualmente tiene.
Los tiempos ya son otros. El denodado esfuerzo de los afectados ha dado sus frutos y también ha dado sus frutos la creciente concienciación social que ha llegado a una consideración definitiva: una persona con discapacidad ha de ser
tratada en igualdad de condiciones al resto, poniendo todos los medios necesarios para que supere sus hándicaps y aporte a la sociedad lo que lleva dentro de sí. La educación inclusiva está basada hoy en el respecto a la diversidad, en el respeto a
todos y cada uno de quienes forman la comunidad educativa: alumnos, profesores, familiares y cuantos desarrollan algún tipo de función o trabajo en los centros educativos, es esta concepción precisamente la que guía e inspira la acción del
ministerio. Créanme que, tras leer la proposición y escuchar las intervenciones que se han producido hasta ahora, a todos nos guía parecida concepción.
Repasando su PNL se puede puntualizar cuáles han sido las razones que nos llevaron, en principio, a presentar una enmienda, y posteriormente a pactar la enmienda transaccional con la que estamos de acuerdo. La proposición, señora Bañuls,
como ya hemos hablado, no tenía en cuenta un aspecto fundamental, un olvido me ha dicho usted esta mañana, y es que la gestión educativa está encomendada a las comunidades autónomas, a excepción de Ceuta y Melilla. Por esta razón se ha incluido en
la transaccional la alusión al imprescindible acuerdo o colaboración con las comunidades autónomas, que son las responsables directas. Igualmente, hemos introducido, quizá con otra redacción, algunas propuestas que hacía en su proposición inicial,
en la que instaba a potenciar los recursos al alumnado que presenta necesidades educativas especiales, a establecer becas y ayudas, a impulsar programas concretos, y a regular un procedimiento de inspección.
Señora Bañuls, nuestra enmienda precisaba más las acciones a realizar, aunque sabiendo quién era y es la institución con competencia, que es la institución autonómica. Nos consta que las medidas concretas que se proponen se vienen
desarrollando en gran medida, tanto por el ministerio en el ámbito en el que es responsable como en las comunidades autónomas.
En todo caso, el Ministerio de Educación ya está tramitando la publicación de la norma de ordenación del alumnado con
necesidades de apoyo, conteniendo aspectos relacionados con dotación de recursos, atención educativa, participación de los padres, etcétera. Le digo más, el objetivo número doce de las propuestas para un pacto social y político por la educación
propone textualmente: asegurar la educación inclusiva, el reconocimiento de la diversidad y la interculturalidad, y procurar los medios y recursos adecuados para que los centros educativos puedan garantizar la plena incorporación en condiciones de
igualdad de oportunidades de los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo. Propone otra serie de aspectos más, que tratan de garantizar los recursos para asegurar el acceso, la permanencia y la promoción dentro del sistema
educativo; se promueven programas específicos y la cualificación y actualización competencial en la formación inicial y en la formación permanente del profesorado, y de los responsables de la orientación educativa para conseguir una mejor atención
al alumnado con necesidades especiales. También en relación con las becas y ayudas, sirva de información el hecho de que para el curso 2009-2010, fueron convocadas las ayudas individualizadas, ayudas directas para el alumnado con necesidades
especiales o trastornos graves de conducta, subsidios para necesidades especiales destinadas a familias numerosas, y ayudas para programas específicos complementarios a la educación reglada. Sobre su punto quinto, relativo a la alta inspección, nos
ceñimos al contenido del artículo 150 de la LOE que contiene las funciones que corresponden a la inspección, siempre proponiendo que tal sea ejercida por personal debidamente formado.
Señora Bañuls, ni nuestra enmienda inicial ni la transaccional que hemos acordado se han hecho para devaluar su proposición inicial. Se trata de lograr que algo encomiable y bien intencionado salga adelante con el mayor respaldo posible, a
poder ser por unanimidad. Eso será posible solo con contar con nuestras voluntades, y tratando de asuntos relacionados con disciplinas tan nobles como la educación y las políticas para las personas con discapacidad con nuestras magnanimidades.
Entienda, señora Bañuls, que esa reflexión que las familias con hijos con discapacidad funcional le han trasladado, según expresa en su texto, también nos ha sido trasladada a nosotros, estoy seguro de que también el ministerio tiene constancia de
esas peticiones. Sepa que todo responde a esa reflexión de las familias y al compromiso social y a la voluntad de todos nosotros, del ministerio y del propio ministro de Educación. Si fuera posible, la unanimidad sería el mejor regalo que
podríamos hacer a esas personas con hijos con discapacidad.
La señora PRESIDENTA: Para fijar posiciones respecto a la enmienda tiene la palabra la señora Bañuls.
La señora BAÑULS ROS: Sí la aceptamos, señora presidenta.
- SOBRE AMPLIACIÓN DE LA JUBILACIÓN VOLUNTARIA ANTICIPADA DE LOS FUNCIONARIOS DE LOS CUERPOS DOCENTES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001664.)
La señora PRESIDENTA: A continuación vamos a debatir la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto sobre la ampliación de la jubilación voluntaria anticipada a los funcionarios de los cuerpos docentes. Para la defensa de la misma
tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señorías, la disposición transitoria segunda de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece un régimen de jubilación voluntaria de los funcionarios pertenecientes a los cuerpos docentes, cuya
duración se extiende hasta la finalización del proceso de implantación de la citada ley, previsto para mayo de 2011. El régimen de jubilación voluntaria había sido regulado por primera vez en la disposición transitoria novena de la Ley Orgánica
1/1990, de ordenación general del sistema educativo, Logse, fijando un periodo de aplicación comprendido entre los años 1991 a 1996, que posteriormente fue ampliado por la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de
noviembre, de participación, evaluación y gobierno de los centros docentes. De nuevo, por el artículo 51 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, que lo extendió hasta el año 2006, así como en
el Estatuto básico del empleado público, artículo 67.2. En suma, la regulación relativa a la jubilación voluntaria anticipada de los funcionarios de los cuerpos docentes no universitarios se ha mantenido en vigor durante veinte años de forma
constante. Esa prolongada permanencia justifica que se analice, en el propio marco dispuesto en el apartado 8 de la disposición transitoria segunda de la Ley Orgánica de Educación, la transformación del carácter transitorio de dicho régimen de
jubilación voluntaria a definitivo, para seguir propiciando la opción de poder adelantar el periodo de jubilación a todo el personal de los cuerpos docentes, no solo a unas determinadas promociones, como ocurriría de seguir manteniéndolo con
carácter transitorio. Con esta medida, señorías, además se facilita la renovación de los cuadros docentes y se contribuye a integrar a más titulados universitarios en el sistema educativo.
Desde el Bloque Nacionalista Galego somos conscientes de que estamos hablando de este tema -independientemente de que, como acabamos de exponer, nos amparamos en el derecho histórico, por decirlo de alguna manera, ya que estamos hablando de
una cuestión que lleva implantada veinte años- en un momento difícil, desde el punto de vista económico, y por lo tanto que hay cuestiones que son delicadas de tratar. Al igual que en otras cuestiones relacionadas con jubilaciones voluntarias o
prejubilaciones reguladas en la Ley de la Seguridad Social, quizá se pueden hacer algunas modificaciones. El Bloque Nacionalista Galego opina que para saber qué modificaciones habría que hacer tendríamos que tener un debate más avanzado en el Pacto
de Toledo y poder así aseverar algo sobre las que se podrían hacer.
De todas formas en la cuestión que estamos tratando, y aun considerando la posibilidad de realizar alguna modificación en la regulación de esta jubilación voluntaria, lo más conveniente es mantenerlo, no solo en el presente, sino en el
futuro -de ahí esa reivindicación que hacemos de estabilizar esta jubilación voluntaria de manera definitiva, legislativamente hablando-, independientemente, repito, de que pudiera haber alguna modificación en el tratamiento de esta jubilación
voluntaria.
En cuanto al momento de dificultad económica del Estado, dada la realidad que conocemos, hay un dato que para nosotros es importante, y es que si bien es verdad que esto cargaría las arcas de la Seguridad Social o la caja de pensiones,
también es verdad que en lo que a gasto público se refiere lo disminuiría, porque estamos hablando de que las plazas que se cubrirían por las bajas de jubilación voluntaria serían para el Ministerio de Educación, en este caso para las comunidades
autónomas que tienen la responsabilidad de la gestión en Educación, mucho más rentables, económicamente hablando, en la medida en que cualquier persona que accediera a esta jubilación voluntaria tendría entre treinta y cinco y cuarenta años de
cotización, y además por las normas salariales contaría con una serie de sexenios que elevan su salario de una manera importante en relación con el salario que tendría aquella persona que se incorporara a esa plaza vacante por jubilación voluntaria.
Por otro lado, señorías, estamos tratando un tema que repercutiría en el reparto del trabajo. Hablamos de unas jubilaciones que significarían que el puesto de trabajo que queda vacante sería ocupado por otra persona que tendría la oportunidad de
acceder a un empleo, no en todos los casos, pero si de forma mayoritaria, por primera vez. Al defender esta propuesta que hoy presentamos estamos defendiendo la jubilación voluntaria de los docentes y las docentes, pero también lo que denominamos
un reparto del trabajo.
Señorías, nos parece que lo más adecuado es lo que nosotros explicitamos en esta proposición no de ley. De todas maneras, y después de entablar diálogo con todos los grupos parlamentarios y a propósito de la enmienda que nos ha presentado
el Grupo Socialista, hemos llegado a un principio de acuerdo o de transacción, que si bien es verdad que no nos satisface -lo tenemos que decir, porque no quedamos satisfechos con el resultado final, aunque sí agradecidos con la voluntad negociadora
del diputado del Grupo Socialista que se reunió con nosotros-, consideramos, en vista de la situación, que puede ser un avance o al menos un acuerdo positivo que este tema se traslade a la mesa sectorial, en concreto al marco del Estatuto básico del
docente, para que ahí se aborde esta cuestión de manera genérica, como dice el texto que podría ser consensuado por todos; es decir, que al menos exista la posibilidad de que entre los agentes sociales y el Gobierno, previo debate que desde aquí
instamos a establecer, se puedan alcanzar acuerdos que satisfagan a las partes, al menos a la que representa al profesorado. En ese sentido quiero manifestar nuestra disposición a llegar a la transacción, lamentando mucho no poder sacar adelante la
propuesta tal como la presentábamos, que nos parece que es la más correcta en relación con el asunto que tratamos, y de acuerdo con los datos que hemos ofrecido.
La señora PRESIDENTA: Para defender la enmienda que presenta el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Tomás.
El señor TOMAS GARCÍA: Como ha señalado la señora Fernández, hemos llegado a un acuerdo transaccional que, como la misma palabra indica, significa un punto de encuentro entre las posiciones que defendía su grupo y las que defiende el grupo
al que represento. Y en esta propuesta transaccional hay un grado de satisfacción compartida, pero también hay un grado de insatisfacción que compartimos todos los que llegamos a un acuerdo. Esto forma parte de la dinámica parlamentaria, y por
tanto quiero agradecer aquí la voluntad negociadora de la señora Fernández que en todo momento ha entendido cuáles son las circunstancias en las que nos movemos y que estamos precisamente para dar respuesta a los problemas. No quiero tampoco
abundar en los antecedentes que ha expuesto la señora Fernández sobre la proposición no de ley que realiza, porque son conocidos y sería reiterativo. Lo que sí quiero es señalar, como bien ha hecho, que estamos ni más ni menos que en el
cumplimiento de una disposición de la Ley Orgánica de Educación, la disposición transitoria segunda, que recoge, incluso con fechas, un mandato de revisión, previa consulta a las comunidades autónomas, del régimen de jubilación que se contempló en
la Ley Orgánica 2/2006.
¿Cuál es la actitud del Gobierno y del grupo parlamentario que le apoya y sostiene? Creo que la actitud está muy clara y ha sido evidenciada en sucesivas ocasiones desde el Ministerio de Educación y desde el propio Grupo Parlamentario
Socialista en el cumplimiento de un programa electoral. Y este recogía con claridad una predisposición y una gran sensibilidad hacia el problema que aquí se aborda esta tarde. Este asunto afecta a las nuevas promociones de funcionarios docentes, y
por esa razón el borrador del Estatuto del funcionario docente no universitario, elaborado por el Ministerio de Educación, ha recogido en sucesivos textos y en sucesivas ocasiones menciones expresas a esta materia, tanto en el borrador del año 2006
como en el borrador del 4 de octubre de 2007, cuando se habla del régimen especial de jubilación voluntaria o de la jubilación voluntaria anticipada. Por ejemplo, en el texto que acabo de citar de 2007 se ampliaba el periodo de vigencia, a partir
de la entrada en vigor de la ley que habría de regular el propio Estatuto docente, estatuto que por cierto será una ley en su momento; una ley que considera la función docente como la base indispensable de la mejora del sistema educativo para el
mejor desempeño de la labor del profesorado, y una expresión del apoyo decidido de la sociedad al papel del profesor y de la profesora. Este reconocimiento profesional y social de la labor de los docentes responde también a un compromiso y a una
convicción profunda.
Dicho reconocimiento -y esto aparece recogido en el propio borrador del estatuto- requiere todo un abanico de medidas, entre las cuales se incluían también las relativas a la posible regulación de los tipos de jubilación
previstos.
Señorías, es prioritario valorar el trabajo educativo de nuestros profesores, especialmente en estos momentos en los que todos exigimos más al sistema educativo, y exigimos también compromiso y respuesta, incluso colgando del sistema
educativo la solución de problemas que no son intrínsecamente atribuibles al propio sistema. Por tanto hay que tener mayor sensibilidad en estos momentos sobre lo que estamos tratando. Por esta razón la futura ley del Estatuto docente del
profesorado no universitario, que es la primera vez que se regula -hay que reconocerlo-, diseñará un modelo profesional de carrera, recogiendo al mismo tiempo en el texto legal aquellas peculiaridades del ejercicio de la función docente, que las
tiene, aunque algunos las nieguen o se empeñen en negarlas, y la reivindicación de un pleno estatuto profesional al que este colectivo de los funcionarios docentes, al que yo me honro en pertenecer, lleva aspirando desde hace bastantes años de forma
mayoritaria, no solamente en las enseñanzas no universitarias, sino también por supuesto en las universitarias. Y esta disposición favorable, tanto del Grupo Parlamentario Socialista como del Gobierno, se ha manifestado también en las sucesivas
reuniones que se han mantenido con los foros de negociación y de acuerdo que el Gobierno ha dispuesto en los últimos años. La posición más cercana a todos nosotros es la que ha mantenido el ministerio ante los distintos sindicatos de la enseñanza,
ante los propios funcionarios docentes, que legítimamente están representados por estos sindicatos, en materia de jubilación anticipada.
La posición del Gobierno incluso puede haber sido objeto de alguna crítica sesgada, en tanto en cuanto se ha
puesto también en duda el papel que juegan los sindicatos en la representatividad de todo un sector, el sector del profesorado, y quienes realizan este tipo de valoración están incluso apartándose de la propia función que la Constitución asigna a
los sindicatos y del papel que tienen, que se aleja mucho de la visión depredadora que desde alguna formación política se intenta trasladar.
El Ministerio de Educación ha apoyado este tema, así como el Gobierno y el grupo parlamentario, en las negociaciones que se han mantenido sobre el Pacto social y político para la educación. Y así en el último texto, que presentó el ministro
de Educación el día 22 de abril de 2010, se recogía precisamente en la propuesta número 119 esta voluntad de regular el sistema de jubilaciones anticipadas que se recoge en la disposición transitoria segunda de la LOE, y naturalmente esta voluntad
también llevaba aparejado el compromiso de iniciar la negociación del Estatuto docente de la función pública antes del 1 de junio de 2010. Sabemos ya qué ha ocurrido con posterioridad al día 22 de abril, conocemos el desenlace, conocemos el triste
desenlace para la comunidad educativa, para la sociedad española en su conjunto, por la negativa a firmar el grupo mayoritario de la oposición en esta Cámara, argumentando problemas
relacionadas con la fotografía. (Rumores.) Sí, con la foto, con salir o no en la foto al lado del Gobierno. Yo creo que han hecho ahí un flaco servicio a la comunidad educativa, pero no es el tema. Nos queda el pacto social, nos queda un
camino por recorrer, que esperemos que todos contribuyamos a que se recorra de forma adecuada, y que tenga mejor fin que el que tuvo el pacto global, el pacto político que anteriormente no fue realizado.
La propuesta que nos trae el Grupo Mixto, a través de la señora Fernández, procedimentalmente está mejor engarzada y mejor canalizada por medio de la negociación, la discusión y el acuerdo en el marco del Estatuto de la función docente. Por
tanto, creemos que la propuesta transaccional a la que hemos llegado recoge mucho mejor el espíritu, la letra y nuestra intención de sacar adelante este compromiso.
Un compromiso que debe asumirse en el ámbito de la negociación con los sindicatos de la enseñanza pública y que hay que hacerlo, entendemos, no en términos parciales, sino en término globales que lógicamente recojan todas las medidas
puntuales que aquí se han desgranado. En este sentido, tal y como se planteaba en el Pacto por la educación, en el objetivo número 11, sobre profesorado, se decía: establecer en primer lugar el marco básico del estatuto docente en el ámbito de la
mesa sectorial de la enseñanza pública. A eso es a lo que instamos al Gobierno. Instamos al Gobierno a que lo haga a su vez teniendo en cuenta y respetando las diferentes competencias y las legislaciones educativas diferentes que tienen las
comunidades autónomas en nuestro Estado. Solamente quería decir eso y nuevamente nos felicitamos por haber podido llegar a un acuerdo con el grupo proponente. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: A continuación, para fijar posiciones, tiene la palabra por el Grupo de Esquerra Republicana el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Muy brevemente, solo para poder felicitar al grupo proponente, al Bloque Nacionalista Galego, y a su diputada doña Olaia Fernández, por la oportunidad de plantear esta iniciativa. Corríamos el peligro de que,
inmersos en un contexto económico muy complicado y en una situación política difícil, nos dejáramos arrastrar por la situación y que aquellas cuestiones que, a nuestro entender, se han conseguido en clave positiva como la que atañe al tema de hoy
fueran, como víctimas de un vendaval, desplazadas y quizá nunca más recuperadas. Creo que hay una valentía política por parte de la proponente y también una muy buena voluntad por parte del Grupo Socialista, que quizá amparándose en las
circunstancias hubiera podido tirar pelotas fuera. Creo que de lo que se trata es de poner en valor lo conseguido. Ciertamente estos veinte años de aplicación de la jubilación voluntaria a los 60 años ha demostrado que se pueden renovar claustros,
lo cual significa incentivar también la renovación didáctica y pedagógica; ciertamente -y atención, este es un tema preocupante para el futuro- ha generado creación de empleo público que, como ustedes saben, sufrirá un buen recorte en los tiempos
que se avecinan, aunque no debería ocurrir en un ámbito tan importante como el de la educación; además ha permitido que nuevas generaciones de profesionales pudieran encarar los nuevos tiempos, que son tiempos también muy distintos a los de hace
diez o doce años, puesto que nuestra sociedad tiene una velocidad de cambio extraordinaria en valores, en costumbres, en hábitos y además en los claustros se requiere -si se me permite la expresión- savia nueva. De hecho todo ello nos lleva a
plantear la necesidad de no tirar por la borda algo tan importante como lo que ha significado la existencia de ese tipo de jubilación voluntaria.
Además, la proponente ya ha argumentado razones de carácter económico que son ciertas; razones que
además siempre han estado avaladas por la propia actividad sindical, que forman parte también de la hoja de ruta de las negociaciones sindicales en cuanto a la conformación del estatuto -que por desgracia ha costado poder avanzar en los últimos
tiempos-, pero que también están incorporadas en las medidas del Pacto social y político por la educación que ha trabajado el ministerio. A mi no me toca hablar de la transaccional, puesto que es responsabilidad y beneficio de los grupos que así lo
han querido. Sin embargo creo que, aun cuando no contempla todo el universo de lo que solicitaba el Bloque Nacionalista Galego, tiene una gran virtud, y es que, antes de llegar al escenario inevitable y necesario de los pactos de Toledo, remite a
que previamente haya acuerdos del sector, del sector con el Gobierno, etcétera. Esto deja claro que este tema no se deja en la vía muerta, que esta vivo, lo cual, atendiendo a los tiempos en los que estamos, es un éxito. Esperemos que en los
próximos meses se pueda avanzar en ello, puesto que compartimos la reivindicación que hoy plantea el Bloque Nacionalista Galego.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: En Convergència i Unió también valora la solución a la que se ha llegado, atendiendo a la situación económica y política que estamos viviendo. Evidentemente, compartimos la propuesta que hace el Bloque
Nacionalista Galego. Hay muchas razones que asisten a esta propuesta, puesto que es una norma transitoria que dura ya veinte años y en la Ley Orgánica de Educación se prevé que antes de que finalice la nueva situación transitoria se va a volver a
revisar si es aconsejable que siga existiendo. Esto abona que se haga una reflexión en profundidad para ver cuál ha de ser la situación más o menos definitiva para el futuro.
La jubilación con carácter voluntario de manera anticipada ha facilitado la renovación de los cuadros docentes y ha favorecido que entrara gente con mejor titulación o con titulación más reciente en el sistema educativo. Estas
son las razones que asisten. Sin embargo, también hay que entender el momento económico que estamos viviendo, porque no podemos olvidar que la norma que regula en la LOE la jubilación voluntaria no solo contempla la jubilación, sino que la
incentiva en los aspectos de bondad que he señalado que existen, y una jubilación anticipada incentivada no es coherente con lo que se está hablando sobre el resto de las jubilaciones.
Como ha señalado el señor Tardà, es bueno que esto llegue, si
es que ha de llegar, al Pacto de Toledo convenientemente estudiado dentro del ámbito más adecuado, que será la mesa sectorial de la enseñanza básica, en el marco básico, que es el estatuto del profesorado, y respetando la legislación educativa de
las distintas comunidades autónomas así como sus competencias en esta materia. Por consiguiente, es una buena solución. En todo caso, es la mejor solución en la coyuntura actual.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Gómez Trinidad.
El señor GÓMEZ TRINIDAD: No voy a insistir en las razones que justificaron en su momento esta jubilación anticipada que se ha dado en denominar Logse -es conocida así por todo el mundo- y que luego ha retomado la LOE, porque ya lo han dicho
los que me han precedido en el uso de la palabra.
No obstante, quiero destacar algunas cuestiones que hacen especialmente relevante el tema que hoy nos ocupa.
Además de otras muchas preocupaciones, el profesorado y los sindicatos constituyen el gran tema, un tema que produce una gran zozobra, porque la jubilación es un hecho clave en la vida personal y profesional de cualquier persona. Esto se
agrava cuando las personas, sobre todo las que están próximas a los 60 años, han vivido con la lógica esperanza de jubilarse a esa edad, esperanza que no era infundada sino que se viene dada por una extraña situación transitoria -transitoria, que ha
durado veinte años en este país- que ha motivado unas esperanzas más que razonables. Decirles a estas personas que no se va a prorrogar esta situación, evidentemente supone una cierta frustración. Este es el hecho y esta es la circunstancia que
afecta a las personas, a miles de personas. Es cierto que este hecho concurre, esta situación singular de una situación transitoria que dura veinte años -por cierto, las situaciones transitorias en España suelen durar aproximadamente esto;
recordemos que la Ley Moscoso también fue de medidas urgentes para la reforma de la Función pública y aún sigue vigente- coincide con otra situación no menos singular, que es la situación económica actual que produce los recortes en prestaciones
sociales, como de sobra es conocido por todos. Hay que conjugar estas dos cuestiones. Corresponde al Gobierno, que es quien en estos momentos conoce cuáles han sido los compromisos, la trayectoria y la situación económica de este país -la conoce
plenamente, no como los demás mortales que la conocemos parcialmente y cada día vamos descubriendo algo-, lo que es responsabilidad de un gobierno, que es tomar decisiones. Hay un dato muy reciente -aunque los datos recientes del Gobierno no sirven
para nada- que es el no pacto de educación. Por cierto, me ha extrañado la intervención del representante socialista. A ver si va a resultar que ahora no se prorrogan las jubilaciones porque nosotros no hemos firmado el pacto. ¡Es que no ha
firmado el pacto nadie! No el Partido Popular, nadie; ningún agente social. Ustedes sabrán qué pacto han hecho, en qué condiciones y cómo lo han traído. Han conseguido ponernos a todos de acuerdo en decir a todo que no. La verdad es que han
pactado, pero han pactado y han conseguido que todos digamos: eso no. En consecuencia, es responsabilidad del Partido Socialista.
En segundo lugar, para llevar a cabo esta medida no se necesita un pacto, lo que se necesita es la voluntad política de tomarla. Por eso, me conformo con lo que se escribió en esta propuesta de pacto. Y digo yo: Si el ministro, y el
ministerio, con el plácet del Gobierno, es decir, del señor Zapatero, se atrevió a proponer la posibilidad de la prórroga del vigente sistema de jubilaciones anticipadas, recogido en la disposición transitoria segunda de la LOE, hasta que se regule
la edad de jubilación de los distintos colectivos de trabajadores en el marco del Pacto de Toledo y, en segundo término, se atrevió a decir a continuación: Se iniciará la negociación del estatuto antes del 1 de junio de 2010 y se desarrollará
durante el año 2010, habrá que hacer aquí un silogismo parecido al que se hacía cuando la Inmaculada Concepción: puede, debe, luego háganlo. Nosotros vamos a apoyar la transaccional, pero que conste que me parece que se ha quedado corta, porque ni
siquiera hay una fecha.
Si el ministerio podía antes del 1 de junio de 2010 iniciar este trámite y convocar, ¿por qué ahora no quiere ningún compromiso temporal?
Ante una situación difícil se pueden entender las circunstancias difíciles. Lo que no puede entender un colectivo que en estos momentos se siente con una gran frustración es no saber a qué atenerse. Por eso, lo que exige el Partido Popular
es que el ministerio afronte su responsabilidad. Un ministro y un ministerio no están para pactar; están para tomar decisiones, y si esas decisiones son pactadas, mejor que mejor. Pero tomen las decisiones, exploren las vías, expliquen a los
agentes sociales qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y qué se puede hacer de forma transitoria. Hay muchas vías. La función docente, como otras muchas, tiene su singularidad, y habrá que verlo con la singularidad que tiene, entre otras, la
historia reciente de veinte años de una situación transitoria. Exploren las posibilidades que ofrece una reducción del horario lectivo, que no es disminuir su trabajo sino cambiar sus funciones. Exploren las posibilidades de aquellos que han
cotizado treinta y cinco años, pero hagan algo, y pongan una fecha de compromiso. ¿O es que la depresión que tiene en estos momentos el ministerio por no haber llegado al pacto les está volviendo incapaces de tomar ninguna decisión? El señor
ministro dijo que cumpliría con todos los objetivos,
aunque ahora tardaría más. En esto no tenemos nada que ver los partidos políticos; se puede usted sentar mañana y hacerlo. Si el ministerio no ha cerrado por el pacto, el ministerio tendría que tener previsto cómo iba a abordar esto antes
del 1 de junio. Que me expliquen por qué no pueden abordar esto ahora el día 1 de junio. ¿Es que en el pacto iba el número de funcionarios que iban a trabajar en el ministerio para conseguir abordar este tema?, ¿qué razones hay para que ahora el
Partido Socialista y el ministerio no quieran poner una fecha inmediata de inicio de estos trabajos?
Por consiguiente vamos a apoyar la iniciativa que se presenta, pero siendo conscientes de que la solución acordada con el Partido Socialista ha sido quedarse a mitad de camino, porque era mucho más comprometida la propuesta del pacto que la
que finalmente se trae hoy aquí.
- RELATIVA A LA NECESIDAD DE DOTAR A LAS ESTACIONES DE ESQUÍ ESPAÑOLAS DE UN MARCO REGULADOR CON RANGO DE LEY. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001678.)
La señora PRESIDENTA: A continuación vamos a debatir la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la necesidad de dotar a las estaciones de esquí españolas de un marco regulador con rango de ley. Para defender la
misma tiene la palabra el señor Pezzi.
El señor PEZZI CERETO: Permítanme, señorías, que empiece con algunos antecedentes. Soy diputado por la provincia de Granada, como ustedes saben. Mi provincia tiene una maravillosa estación de esquí en Sierra Nevada con más de 100
kilómetros de pista esquiable. La estación está inmersa en un parque nacional bellísimo, en el Parque Nacional de Sierra Nevada, y es una estación que dirige espléndidamente una ex diputada del Congreso, por cierto, doña María José López. Digo
esto para que se me entienda por qué vuelvo a traer una iniciativa al Congreso, que ya en parte hice siendo senador en la anterior legislatura. Efectivamente, en el Senado presenté una iniciativa para crear una ponencia de estudio que coordiné y
que dio como resultado por unanimidad la petición de hacer una normativa legal para las estaciones de esquí. Ya allí en la ponencia que traigo aquí, que como verán es una ponencia amplia, se acordó solicitar que esa normativa legal definiera con
precisión lo que constituyen las estaciones de esquí, su ámbito territorial, entre otras cosas; incluir un modelo de señalización unificada con señalamiento de sus límites, determinación de las pistas, grado de dificultad, balizamiento y zonas de
riesgo permanente u ocasional; solicitábamos incorporar el decálogo de normas FIS como código de circulación de esquí y código de conducta mínima necesaria; pedíamos que se tipificaran las conductas que se consideren objeto de infracción y sus
sanciones; pedíamos que se obligara a la utilización del casco protector para los esquiadores menores de 14 años; pedíamos que se habilitara legalmente al personal de servicios de pista y remonte para que pudieran velar por el cumplimiento de las
normas, etcétera. En esa ponencia participaron senadores nacionalistas, por ejemplo del Grupo Vasco, don Xabier Albistur; del catalán de Convergència i Unió, don Carles Alfred Gasòliba; de Entesa, doña María José Elices; del Partido Aragonés,
don José María Mur, y no tuvimos inconveniente ninguno en llegar a la unanimidad; tanta unanimidad que me pidieron que presentara al sector, con éxito por cierto, esta ponencia.
Lo hice en Baqueira Beret donde me invitaron a esquiar y me rompí los
gemelos internos, la pantorrilla. (Risas.) Tuve que presentar la ponencia escayolado, con lo cual el éxito de la presentación de la ponencia fue mucho mayor porque convencí a los participantes de que alguien que venía de Granada, de Sierra Nevada,
y que esquía en Baqueira Beret tenía que tener unas normas que él aprendiera, y lo llevaron por una pista que era demasiado difícil para este esquiador entrado ya en años. Por ello, me reitero en la necesidad de que el código de circulación de las
estaciones de esquí sea igual en toda España, como el código de Circulación con los vehículos. Imagínense que un modelo de circulación dijera que las señales fueran distintas en cada lugar, lo cual crearía muchos problemas.
El éxito del Senado fue evidente, pero no hicimos los deberes, y como no los hicimos, la Asociación Turística de Estaciones de Esquí y de Montaña, Atudem, ha vuelto a dirigirse a mí como diputado ahora en el Congreso para decirme que como no
lo conseguimos en el Senado, a pesar de los 150 folios del 'Diario de Sesiones' del Senado, a ver si lo podemos conseguir en el Congreso. Hace tres meses se dirigieron a mí de nuevo diciendo que van a reactualizar el reglamento vigente de Atudem
porque las sentencias de los tribunales y la jurisprudencia están haciendo que se muestren muy indefensos ante las inclemencias e incidencias que se producen en las estaciones de esquí. Porque el modelo actual tiene que contemplar el esquí alpino,
pero también el de fondo nórdico, de bache, snowboard, carving, esquí de travesía, trineos, lo cual es muy complicado. Ellos dicen que con buena fe pueden hacer un reglamento interno y llevar a los tribunales de justicia las normas FIS -las normas
de la Federación Internacional de Esquí-, pero que pierden muchísimos casos porque no hay una normativa con rango de ley en España que les dé amparo. Escriben diciendo exactamente esto: Por ello, conduce nuestra creencia al interés del sector de
impulsar una actuación legislativa que establezca un derecho imperativo obligatorio con carácter general, que permita reconocer las especificidades propias de las explotaciones y que, en consecuencia, dote de un marco regulador que proporcione
amparo legal pleno y adecuada seguridad jurídica a nuestras estaciones, pues solo es el marco ordenado,
el derecho, la condición esencial de desarrollo de cualquier actividad económica.
Estuve pensando y me dije que a lo mejor no hay que hacer leyes de todo, así que fui a Google para consultar cómo se regulan las piscinas de uso público. No se pueden imaginar, hay toda una enciclopedia sobre las piscinas de uso público:
cómo tiene que ser el empedrado de los bordes; cómo se puede uno bajar; qué color tiene; cómo tiene que ser la ducha; qué volumen de agua tiene que salir por la ducha; qué porcentaje. Todo está regulado, mientras que en las estaciones de esquí
no hay ninguna norma. También he consultado sobre las motos náuticas porque estuve en la playa el fin de semana y había una moto náutica que daba una lata tremenda, y resulta que las motos náuticas tienen un real decreto en el que se dice, punto
por punto, cómo tiene que estar una moto náutica; a qué distancia; cuándo puede arrancar; por dónde puede trasladarse; quién se puede subir y por dónde se tiene que subir. Pues bien, señorías, respecto a las estaciones de esquí no hay nada; el
desierto más absoluto.
Yo me pregunto si no sería lógico que en sitios tan grandes como Sierra Nevada, con 100 kilómetros de pistas de esquí, les dijéramos algo tanto al que hace snowboard o a los palilleros como a los que montan en trineo o a los
que lo hacen con helicóptero. ¿No les tendríamos que decir algo? No mucho; tampoco hay que molestar, pero sí algo sobre cómo deben comportarse. Yo recurro a las normas FIS, que caben en un folio -un folio-: respeto de los otros; control de
velocidad y comportamiento; elección de la ruta; adelantamiento; entrar en pista; parar en pista; subir y bajar en pie; respeto del balizaje; prestación de ayuda e identificación. En un folio la FIS, la Federación Internacional de Esquí, les
ha dicho a todos sus socios que el que suba y baje a pie lo haga por el borde lateral de la pista; fíjense qué cosa más de sentido común. Pues no, señorías, no; van por en medio de la pista, y uno que no sabe esquiar se los come y cuando va a los
tribunales, quién es el culpable: ¿el señor que iba de palillero o el que iba por en medio de la pista de esquí?
Esto hay que arreglarlo. Cuando he ido a ver lo que se dice en Italia, Italia tiene una ley con los capítulos de velocidad, prioridad, adelantamiento, cruce, estacionamiento, denegación de auxilio, tránsito y remonte, medios mecánicos...
Es una ley del Parlamento italiano en un gobierno regional. Si los demás lo hacen, ¿no podríamos llegar nosotros a ponernos de acuerdo entre todos -no digo como una piscina, porque las piscinas son las piscinas- en unas reglas, en un código de
circulación, y hacer que las estaciones de esquí hagan su trabajo con un amparo jurídico y legal suficiente y que podamos sacar adelante un sector que el año 2008-2009 movió 6,37 millones de jornadas de esquí y 7,4 millones de visitantes?, ¿es
lógico que esta Cámara, a instancias del sector -nos lo piden ellos-, les conteste que nos parece bien la petición y que vamos a pedir que haya una reunión de ellos, y que nos propongan, ellos qué cosas podríamos nosotros legislar para que el modelo
se comportej de una forma que suponga garantía para los usuarios y para las estaciones de esquí?
La propuesta va en esa dirección. El calor es el calor mío habitual en la defensa de estos temas, pero estoy un pelín quemado con este tema de las estaciones de esquí porque llevo seis años detrás de esto y no consigo sacar nada. (Risas.)
Y yo soy del Gobierno, no crean ustedes que soy de la oposición, que yo soy del Gobierno. Échenme una mano (Risas.) porque no consigo que me tomen en serio, y voy a tener que ir con casco siempre para que no me reconozcan en las estaciones de
esquí, porque me paran y me dicen: ¿Usted no hizo hace seis años una rueda de prensa diciendo que iba a regular todo esto? (Risas.) No hay manera de sacarlo. Les pido su colaboración, su ayuda. Lo único que he dicho, que es lo menos para no
molestar, es que se reúnan todos a hablar -esa es la propuesta de resolución que les pido- y, a resultas de lo que hablen, nos los manden al Congreso de los Diputados y que, en su caso, se presenten las iniciativas correspondientes. ¿Por quién?
Por el Congreso, por el Senado, por las comunidades autónomas. Lo mismo el resultado final es que las cinco comunidades autónomas que tienen estaciones de esquí se ponen de acuerdo y presentan la misma en sus comunidades autónomas. Fenomenal, pero
habremos resuelto un problema entre todos. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Por Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Espectacular. (Risas.) La verdad es que cuesta un poco, después de escuchar al compañero, tener que criticarlo, le sabe a uno mal. Aun cuando existan estos déficit, que no los niego, tampoco es cierto que sea un
desierto nevado. Por ejemplo, en el caso de Cataluña, que es lo poco que conozco, existen en cada una de las estaciones decálogos de buenas prácticas que en algunas ocasiones han sido utilizadas en los juzgados a falta de otras reglamentaciones, a
fin y efecto de que el magistrado pueda fallar situaciones que se han planteado judicialmente. Además en el caso catalán, por ejemplo, la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas -yo creía antes de conocer el tema que esto dependía más
de Industria y de Comercio que no de Política Territorial- también tiene una reglamentación ad hoc. ¿Por qué, por ejemplo, en el caso catalán, dado que desconozco la situación en otras comunidades autónomas, está fijado en el departamento de
Política Territorial y Obras Públicas o en algún otro caso en responsabilidades de carácter industrial o comercial? Porque la actividad en las pistas de esquí implica en lo deportivo únicamente un 40 por ciento y el resto es ocio. De la misma
manera que no se entendería que instáramos al Consejo Superior de Deportes a regular, por ejemplo, la actuación de millones de personas que a lo largo de los años han pasado por Port Aventura, tampoco no tiene sentido, o al menos no todo el sentido
que el diputado socialista le confiere, que sea el Consejo Superior de
Deportes quien lo regule por razones competenciales y por razones funcionales.
La reglamentación deportiva está muy pormenorizada y cuando en una pista de esquí se desarrolla un evento deportivo, son las federaciones de carácter estatal o de carácter internacional las que fijan unas normas muy reglamentadas, muy
matizadas y muy compartimentadas, porque alcanza un universo de muchas personas, desde el que protagoniza la competición pasando por todos los equipos que giran alrededor del deportista, etcétera; y estando además el deporte hoy en día tan
mercantilizado y la figura y la presencia de las marcas deportivas es tan preeminente, fíjense si no está todo muy reglamentado.
Pensamos que esto debe pertenecer al ámbito de las comunidades autónomas, lo cual no significa que no pueda haber otro tipo de coordinación y cooperación con las distintas comunidades autónomas que tienen industria de deporte, turística, de
ocio, relacionada con la nieve. A usted se la ha ido la mano -lo digo con todo el respeto porque es usted una persona a la que se le nota que se cree lo que hace, y esto en el mundo de hoy vale plata-, porque cuando dice que insta a que el Consejo
Superior de Deportes reúna a las comunidades autónomas, a las empresas titulares de explotaciones, a las federaciones de deportes, a los deportistas, a mí como ciudadano catalán, que la institución de autogobierno de mi país -al margen de que tenga
que ser o no competencia del consejo la catalización del proceso- esté en la mesa, con todo el respeto para el deportista, para las industrias y para las federaciones, al mismo nivel que el resto de los interlocutores, tal y como usted plantea, me
parece que es menospreciar o equivocar el rango de cada una de las instituciones y de las personas. Cada ámbito tiene sus intervinientes y cada interviniente tiene su ámbito. Francamente, nos planteamos muchos interrogantes ante esta iniciativa,
que no digo que no pretenda cubrir un vacío, pero ni el vacío es absoluto ni creo que no deban ser las comunidades autónomas las que lo lleven a cabo, entre otras cosas porque mucho ya está hecho y otras cuestiones deberían realizarse a partir de la
iniciativa de los gobiernos. Y si mucho me apura, yo entendería que el Gobierno presentara algún proyecto de ley y luego ya nos pelearíamos si es competencia o no del Gobierno español, pero creo que muscular el Consejo Superior de Deportes en algo
que francamente no le compete en tanto en cuanto, repito, no pertenece al cien por cien al ámbito deportivo y tiene un porcentaje muy importante que sobrepasa este ámbito, creo que es fer entrar el cap per la cabota. No sé cómo sería la frase en
castellano, lo digo en catalán con lo cual me ahorro pensar en traducirlo en castellano.
(Risas.) Pero teniendo en cuenta lo que ha dicho usted, entenderá que yo pueda decir algo más o menos parecido.
Por cierto, creo que quizás un republicano como usted no debería ir nunca a esquiar a Baqueira Beret. (Risas.)
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Con esta iniciativa me pasa como a Alejandro Sanz, que tengo el corazón partío. (Risas.) El señor Pezzi ha empezado ya a contar anécdotas y, claro, a alguien que no haya pisado una estación de esquí puede parecerle
que el tema iba de broma y que no es tan grave. Yo sinceramente sí creo que es necesario que nos tomemos en serio la regulación de las estaciones de esquí. Se están dando a diario situaciones de verdadero peligro. No es normal que gente que no
tiene absolutamente ni idea de esquiar se ponga a conducir por determinadas pistas y que personas que se están comportando de manera adecuada puedan verse envueltas en accidentes muchas veces graves, o que se puedan esquiar en condiciones etílicas
bastante desfavorables o utilizando sustancias estupefacientes, como vemos quienes vamos a las estaciones de esquí un día sí y otro también. En ese sentido creo que hay que hacer algo y hay que dotar -no sé exactamente cómo se debería arbitrar- de
una especie de seguridad con autoridad suficiente como para imponer sanciones y poder retirar de las pistas a las personas en determinados casos. No solo eso, sino algunas cosas más.
Creo que la normativa FIS más o menos se sigue, otra cosa es que se pueda exigir y que luego en los tribunales efectivamente no haya una jurisprudencia muy lineal. Pero tampoco me vale el razonamiento de que en todas las estaciones se haga
lo mismo, porque, fíjese, si yo voy a Sierra Nevada y a Baqueira por lo menos debería poder conocer cuáles son las normas. Va a tener usted el mismo problema cuando vaya a Francia o vaya a Italia a esquiar, así que creo que habría que valorar la
aprobación de una directiva por parte de la Unión Europea. Usted comentaba -y yo le entiendo-: si sacamos una ponencia en el Senado, voy a acabar quemado.
Pero es lo que puede pasar si vas a una estación de esquí y no te pones crema solar, es lo
habitual. En este caso el problema es que habría que haberse puesto crema competencial. Por eso decía que tengo el corazón partío, porque creo que es necesario dotar de una regulación porque hay un problema verdaderamente serio, pero al mismo
tiempo entiendo que usted en su discurso no ha dicho exactamente lo que dice la propuesta. Decía usted: Nos juntamos entre todos y vemos luego a quién le corresponde, si tienen que hacer una normativa las comunidades autónomas con estación de
esquí, que la hagan. Sí, pero es que en la propuesta se dice: tramitar en las Cortes Generales, remitiendo al Congreso de los Diputados, y luego se pide al consejo superior, efectivamente. Yo le animo a que no desista, hombre, a que nos pongamos
crema competencial. (Risas.). Sí, lo digo de verdad, porque creo que quizá se pueda buscar una fórmula, que el Congreso diga, primero, que reconocemos que existe este problema y animamos a quien está implicado en estos temas a que haga una
reflexión, a que también jurídicamente se haga un examen de a quién corresponde
qué y a partir de ahí se implementen las iniciativas adecuadas. ¿Qué ocurre? Pues también mea culpa porque he estado en otros asuntos y tampoco he planteado una enmienda en esta proposición no de ley; pero, como digo, la parte inicial y
la parte final no me acaban de agradar, creo que me quedaría con la parte central de la iniciativa por el problema competencial. En ese sentido yo me voy a abstener porque reconozco que hay un problema pero la fórmula que se propone en la PNL no me
parece la correcta. Y al mismo tiempo le digo que quizá deberíamos buscar un consenso más amplio, no sé si sería prudente, por ejemplo, retirar la PNL porque aunque vaya a votarle el Partido Popular, y no es por quemarle más (Risas.), yo creo que
esto se podría sacar con el consenso de todos, y si nos juntamos un poquito seguro que buscamos una redacción y hasta lo podemos impulsar, podemos hacer las llamadas: oye, ven a organizar esto, a organizar las reuniones, fíjese lo que le digo; y
ver luego cómo podemos implementarlo. Pero, insisto, yo creo que hay que cuidar un poco el régimen de competencias que nos hemos dado en el país.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Surroca.
La señora SURROCA I COMAS: Señor Pezzi, lo lamento pero en esta ocasión no podremos darle la mano, usted nos ha pedido que diéramos nuestro apoyo a esta iniciativa pero lamentablemente no podemos hacerlo aunque podemos compartir el espíritu
y el objetivo que contiene la misma.
Evidentemente nuestro grupo parlamentario apoya la necesidad de garantizar la seguridad en las pistas de esquí pero, tal y como está planteada la proposición no de ley, va más allá, va mucho más allá, incluso pretende que se establezca un
marco regulador para la actividad de las estaciones de esquí. Ahí topamos con un grave problema que es el marco competencial, como han manifestado los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra. Nosotros estamos de acuerdo e
insistimos en la necesaria seguridad en las pistas porque demasiado a menudo nos encontramos con problemas en cuanto al uso que se hace de las mismas por parte de algunos esquiadores, que actúan de forma por lo menos negligente o imprudente; pero a
pesar de ello la redacción de la proposición no de ley no podemos compartirla. No podemos olvidar que el número de usuarios de las pistas de esquí ha ido en aumento, que en los últimos tiempos ha llegado incluso a haber en ocasiones una notable
masificación en algunas épocas, lo que ha hecho que sea también necesario mantener un equilibrio -es necesario que esto lo impulsemos desde las distintas administraciones implicadas- entre el desarrollo turístico de esas zonas, la actividad
económica y la preservación del medio ambiente. Por tanto dentro de este objetivo viene la necesidad de garantizar la seguridad y buscar ese equilibrio que antes mencionaba, de hecho, la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista en una parte va dirigida en ese sentido, pero ahora no podemos asumir la creación por parte del Consejo Superior de Deportes de una comisión de estudio encaminada a elaborar conclusiones para que se regule el marco de la actividad de las
estaciones de esquí.
Entendemos que el marco de esa actividad es muy amplio y por tanto estaríamos entrando en competencias en algunos casos exclusivas de las comunidades autónomas. Nosotros creemos que en la fundamentación de esta proposición no
de ley hay una confusión muy importante y es que se desprecia que el esquí es una actividad principalmente de ocio y no únicamente deportiva. Evidentemente que hay una parte de los usuarios de las pistas de esquí que podríamos considerar que están
realizando una actividad deportiva, pero la gran mayoría no está en ese ámbito. Por tanto, el marco regulador no puede circunscribirse o liderarse por el Consejo Superior de Deportes, aunque haya participación de la Generalitat o de las
administraciones implicadas.
En Cataluña -como muy bien se ha mencionado antes- ya hay distintas normativas que regulan una gran parte de este marco. Así, por ejemplo, podemos mencionar varias órdenes, empezando con la del año 1981; en 1982 también hay otra; también
está el Real Decreto 98/1993, de 9 de marzo, sobre el fomento de la mejora y desarrollo de las estaciones y del turismo de nieve; el Decreto 79/1999, de 23 marzo, de derogación parcial del Decreto 98/1993, sobre el fomento de la mejora y desarrollo
de las estaciones y turismo de nieve; la Ley de 14 de junio de 2002, de regulación del transporte por cable. Hay mucha normativa propia de Cataluña en este sentido. Además, también podemos mencionar que desde diciembre pasado hay un plan piloto
en el que los Mossos d'Esquadra están patrullando por distintas pistas de esquí en las horas de mayor afluencia. Desde la Generalitat hay un interés claro en garantizar la seguridad. Lo que no podemos compartir de ningún modo es que sea el Consejo
Superior de Deportes el que garantice o lidere este marco regulador que pretende la iniciativa. Apoyaríamos, tal y como ha dicho el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, que el Gobierno coordinara la normativa que pudiera afectar a la seguridad
de las pistas de esquí porque, como hemos dicho, priorizamos la seguridad. Lo que no podemos compartir es que haya una invasión de competencias, como sucedería al apoyar esta proposición no de ley.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Domínguez.
El señor DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ: Señor Pezzi, ¿ve hoy cómo esa iniciativa que presentábamos en el Pleno instando al Gobierno a que hiciese caso a las iniciativas que se aprobaban en esta Cámara era fundamental y necesaria? Le adelanto que no
va a estar solo, que hoy le vamos a tender esa mano y lo vamos a hacer porque esta proposición no de ley nos parece una inicia
tiva notable y muy necesaria por la importancia que este deporte tiene para nuestro país, contando con aficionados de todo tipo y en progresivo aumento. No en vano el Grupo Popular ha hecho un especial seguimiento de los Juegos de Invierno
de Vancouver 2010. Sin embargo -y esto también es importante resaltarlo- esta iniciativa no nos resulta novedosa. Y no lo es porque mi grupo presentó una iniciativa con idéntico objetivo en la pasada legislatura, concretamente en el año 2005,
relativa a la posibilidad de elaborar un estudio sobre la creación de una normativa que regule la práctica del esquí; también para su debate en esta Comisión. El Grupo Popular se congratula del tácito consenso que el esquí puede generar entre
ambos grupos.
Dicho lo cual y entrando en materia, señorías, quizás resulte una obviedad decir que para que un deporte se consolide es imprescindible su estabilidad, resulta fundamental. Para esta consolidación la seguridad jurídica juega un papel
fundamental, constituyendo un pilar básico, un soporte fundamental, pues actúa como marco conceptual en el que se inscribe la actividad deportiva. Este marco conceptual falta en el esquí, que se desenvuelve en un limbo jurídico sin concreción legal
ni plasmación jurídica, carente de la más mínima estabilidad. El problema es que esta inestabilidad afecta no solo a los deportistas y aficionados, sino a empresarios y emprendedores; inversores que desean practicar en un deporte en alza y, cómo
no, invertir en cada uno de ellos. ¿Quién desea invertir y practicar un deporte que, en definitiva, no genera las suficientes garantías? Y aquí las comunidades autónomas juegan un papel instrumental clave -y que vaya por delante que no soy nada
nacionalista- como engrase de los aficionados y deportistas con empresarios del sector, vehiculando sus problemas y necesidades hacia una óptima resolución. Se lo digo, señorías, desde el conocimiento de causa. Porque, como saben, Canarias es
tierra de grandes esquiadores gracias a su climatología y a sus adecuadas pistas, casi tanto como Granada. (Risas.) Bromas aparte, en Canarias no esquiamos, pero sí sabemos -y lo conozco de buena tinta-, desde mi municipio de Los Realejos, la
importancia que tienen las comunidades autónomas en la resolución de los problemas que tiene el deporte en general y, cómo no, en particular. También es cierto que la homogeneidad en materia legislativa es asimismo necesaria. Este hecho solo lo da
una legislación nacional, y de ahí la importancia que imprime esta proposición no de ley. Por todo ello, y aunque en Canarias no se esquíe, porque Dios no lo quiso, aunque Humboldt las denominó las islas afortunadas, manifiesto el voto afirmativo
de mi grupo a esta proposición no de ley. (Aplausos.)
- PARA MEJORAR LA ATENCIÓN EN EL ÁMBITO ESCOLAR A LOS NIÑOS Y NIÑAS CON DIABETES Y ALERGIAS A ALIMENTOS Y AL LÁTEX. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001687.)
La señora PRESIDENTA: A continuación vamos a debatir la última proposición no de ley del día, que es la del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la mejora de la atención en el ámbito escolar a los niños y niñas con diabetes y alergias
a alimentos y al látex. Para defender la misma tiene la palabra la señora Martínez por el Grupo Socialista.
La señora MARTÍNEZ LÓPEZ: El Grupo Socialista... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor, bajen la voz.
La señora MARTÍNEZ LÓPEZ: Decía que el Grupo Socialista trae a esta Comisión una proposición no de ley que tiene como objeto fundamental mejorar la atención que reciben en el ámbito escolar los niños y las niñas con diabetes o que están
afectados por alergias alimentarias o al látex, dado que esta circunstancia que tienen estos niños y estos jóvenes les impide, en muchas ocasiones, la realización de las actividades educativas programadas por el centro escolar donde están inscritos.
Se estima que en España existen aproximadamente unos 18.000 menores de 15 años con diabetes de tipo 1, que la alergia alimentaria afecta a un 7 por ciento de la población y la alergia al látex al uno por ciento de la población. Hablamos de un
problema que afecta a la vida, a la forma de vivir, a la salud y también a la educación de miles de jóvenes y de miles de niños en edad escolar. Para alcanzar los objetivos educativos correspondientes a cada una de las etapas es importantísimo que
estos niños y niñas se sientan igual... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor, bajen el tono de sus conversaciones, porque no se puede escuchar a la interviniente.
La señora MARTÍNEZ LÓPEZ: Decía que para alcanzar los objetivos educativos de estos niños y niñas es importante que se sientan igual que el resto de sus compañeros en la escuela, evitando cualquier discriminación o la utilización de la
enfermedad como excusa para no realizar algunas actividades escolares y, por supuesto, es imprescindible garantizar en todo momento su integridad y su seguridad física. Los centros escolares son los lugares donde los niños y niñas pasan más horas,
además del entorno escolar. Por tanto, el centro educativo debe de asumir esta situación. Por ello, puede ser muy conveniente que en los proyectos educativos de los centros se incluyan recomendaciones para atender las especificidades relativas a
la salud del alumnado y además que se eduque en hábitos saludables. El objetivo, por tanto, sería conseguir una escolarización normalizada de estos niños y niñas, mejorar su calidad de vida y evitar, en lo posible, si es que acaso de produce, una
probable discriminación. Sabemos que para ello es necesario que los profesionales del centro educativo conozcan si hay
niños que padecen estas enfermedades, que además estos profesionales cuenten con la formación y la información suficientes y adecuadas sobre las mismas y sobre todo que conozcan unas pautas a seguir en cada caso.
Además, resulta conveniente
y necesario que haya intercambios de información entre los padres y las madres, los profesionales, los sanitarios, los centros de salud, etcétera. Precisamente, hablando de padres y de madres, han sido las asociaciones de padres y madres con hijos
que tienen estas enfermedades las que han hecho llegar a este grupo muchas de estas reflexiones y por supuesto muchas de las propuestas que el grupo recoge en esta proposición. También sabemos que algunas comunidades autónomas han iniciado acciones
conjuntas entre las consejerías de Educación y de Salud para detectar el problema especial de salud que se produce en estos niños y niñas y proporcionar la información y los materiales didácticos adecuados a los centros escolares. El Grupo
Socialista felicita a estas comunidades que han iniciado ya este trabajo, pero, dada la envergadura del problema pues es susceptible de que afecte a todos los centros y a un gran número de jóvenes, nos parece conveniente que se tome conciencia de la
problemática que tienen estos niños en el ámbito escolar y, por tanto, que se puedan coordinar e impulsar acciones para mejorarla.
Somos conscientes de que solo desde educación no se puede abordar esta problemática. Por ello, el Grupo Socialista propone que en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación y, en su caso, en la de Sanidad, se impulsen un conjunto de
medidas orientadas a conseguir lo siguiente: primero, que se puedan elaborar protocolos de actuación que favorezcan la correcta coordinación entre centros de salud y centros escolares para aquellos casos que lo requieran; que se garantice que los
profesionales de la educación dispongan de una información y formación adecuadas sobre cómo se manifiesta y afecta la diabetes o las alergias alimenticias y el látex a los niños y a los jóvenes en edad escolar; que se ponga a disposición de los
centros escolares material didáctico específico sobre las mismas, y también que se mejore la atención e integración en la escuela y en todos sus espacios y actividades a los niños y niñas diagnosticados con este tipo de patologías.
A esta o proposición del Grupo Socialista se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Popular, una enmienda técnica que ciertamente mejora en parte la redacción que hemos presentado. Precisamente para aquilatar mucho mejor esa
redacción hemos llegado a una enmienda transaccional que tiene la Mesa y que entendemos que recoge en gran medida el espíritu y la letra de lo que decíamos y mejora el texto inicial.
La señora PRESIDENTA: Para defender la enmienda por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Mercant.
La señora MERCANT NADAL: Señorías, Aristóteles afirmaba que algunos creen que para ser amigos basta con querer, como si para estar sano bastara con desear la salud. Personalmente, al estudiar la proposición no de ley he tenido la impresión
de que puede quedarse en eso, en una proposición con buenas intenciones pero sin verdadera intención de que sea llevada a cabo por el Gobierno. Me fundamento especialmente en que en la exposición de motivos, donde se alude a comunidades que han
iniciado acciones conjuntas entre los centros de salud y los centros escolares, se menciona a Baleares. Quiero informar a SS.SS. que en mi comunidad autónoma las gestiones iniciadas por el Gobierno anterior, concretamente en noviembre de 2005 por
la entonces vicepresidenta del Gobierno, la actual eurodiputada Rosa Estaràs, se concretaron en un convenio de colaboración listo para firmarse entre la Conselleria de Salut i Consum, la Conselleria d'Educació i Cultura y la Asociación de personas
con diabetes de las Islas Baleares, Adiba, convenio que se firmó en 2007 por el Gobierno o el tripartito de las Islas Baleares.
Las cláusulas que figuran en el convenio y las que aparecen en la proposición de hoy son prácticamente idénticas. En la proposición han desaparecido algunos aspectos como pueden ser la dotación del material necesario en el centro para
atender la diabetes mellitus, donde se incluían dos inyecciones de Glucagón para actuar en caso de urgencia, la formación con carácter periódico de los profesionales y otros flecos. La proposición que hoy debatimos recoge nuestras aportaciones
realizadas en Baleares: elaboración de protocolos de actuación, información y formación de los profesionales, material didáctico en los centros e integración de los niños diagnosticados en el centro escolar. El Partido Popular no va a estar en
desacuerdo con la línea de actuación iniciada en Baleares y de nuestras propias propuestas, las cuales consideramos necesarias. De hecho, señorías, hoy nos sentimos muy satisfechos de que el Grupo Parlamentario Socialista se sume a ellas. Pero, y
debido a la realidad actual de Baleares, he citado la frase de Aristóteles: No basta con desear salud. Hay que recalcar que, desgraciadamente, estos acuerdos firmados en 2007, justo al inicio de la legislatura, aún están pendientes en la mayoría
de los centros de convertirse en acciones. Por tanto, señorías, movidos por el interés en mejorar de forma real la situación de estos colectivos, mi grupo parlamentario propone incluir en la misma dos pequeños apéndices que suponen una mejora
técnica a la proposición, apéndices que han sido aceptados e incluidos en la enmienda transaccional presentada a la Mesa.
La señora PRESIDENTA: ¿Quiere intervenir algún grupo para fijar posiciones? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) interviene la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Intervengo únicamente para felicitar a la proponente, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, por llamar nuestra atención sobre un tema como la intolerancia alimenticia, la
alergia alimentaria o la diabetes que, desgraciadamente, afecta a tantas y tantos de nuestros escolares. La iniciativa está planteada, como siempre, de una manera rigurosa, sensible y oportuna y propone medidas que van a fomentar que no se
pueda discriminar o segregar por estas patologías a los niños y niñas que los padecen respecto del resto de sus compañeros, sino que, al contrario, son medidas que pueden fomentar o mejorar la integración de los mismos. Todo esto impulsando la
formación y la información necesaria no solo del profesorado sino de todo el personal de las escuelas, que se haga contando con la colaboración de las asociaciones de padres y madres de las escuelas, que se haga mejorando la coordinación de
distintos departamentos del mismo Gobierno para que puedan asistir también de una manera científica o técnica en determinadas ocasiones, y además y sobre todo con un exquisito respeto competencial.
En cuanto a las comunidades autónomas que se
mencionan que ya han hecho algunas acciones conjuntas, quisiera que se pudiera añadir a la de Cataluña en donde, tanto desde el Gobierno de mi formación política como desde el actual, por lo tanto desde hace muchos años, hay ya protocolos,
entendemos que buenos protocolos, indudablemente mejorables, como todo, pero protocolos interdepartamentales sobre la materia. Con esta precisión para hacer justicia a lo que ya se está haciendo, finalizo reiterando mi apoyo a esta iniciativa.
La señora PRESIDENTA: Damos por finalizado el orden del día. Esperaremos un minuto para proceder a la votación. (Pausa.)
Comenzamos las votaciones. Vamos a votar el informe de la subcomisión sobre el deporte profesional en España. En primer lugar tenemos el voto particular del Grupo Vasco, que somete a votación separada cada una de las conclusiones. Se
somete a votación la conclusión primera del voto particular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 34.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la segunda conclusión.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 34; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la tercera conclusión.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 34.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Sometemos a votación el voto particular número 2, de Convergència i Unió.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cinco; en contra, 34.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Votamos el informe definitivo de la subcomisión.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Votamos la proposición no de ley 161/000037 de Izquierda Unida. Se somete a votación en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 18; abstenciones, 17.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
A continuación votamos la proposición no de ley relativa a la constitución de una comisión, en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación, para el estudio de la cuantía de los módulos del concierto educativo, en los términos de la
enmienda transaccional.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Vamos a votar la proposición no de ley relativa a reducir las tasas de abandono universitario, en los términos de la aceptación de la enmienda del Grupo Socialista, con la corrección introducida en el debate.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Sometemos a votación el punto 6.º, sobre medidas para garantizar un sistema de educación inclusivo para los alumnos con discapacidad, en los términos de la enmienda transaccional.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos a votar la proposición no de ley del punto 7.º, sobre ampliación de la jubilación voluntaria anticipada de los funcionarios del cuerpo docente, en los términos de la enmienda transaccional.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Llegamos al punto 8.º Esta proposición no de ley, pese a que no tenía enmiendas, si todos los grupos parlamentarios aquí presentes hemos llegado a una especie de transaccional in voce y ha sido firmada por todos, puede ser sometida a
votación. Si lo desean paso a dar lectura de ella. (El señor González Rodríguez, don Adolfo Luis, pide la palabra.)
El señor GONZÁLEZ RODRÍGUEZ (don Adolfo Luis): Rogaría a la señora presidenta que no dijera una especie de transacción sino una transacción in voce.
La señora PRESIDENTA: Enmienda transaccional in voce. La leo: El Congreso de los Diputados reconoce la necesidad de dotar de una normativa legal a las estaciones de esquí que evite la problemática existente en cuanto a las pautas de
conducta y seguridad en las mismas. En este sentido, el Congreso solicita al Gobierno que reúna a aquellas comunidades autónomas y ayuntamientos en cuyo territorio haya estaciones de esquí, a la Federación de Deportes de Invierno y a los
representantes de las estaciones de esquí en breve plazo, y exploren la posibilidad de consensuar una normativa que sea posteriormente propuesta a las instituciones a las que competencialmente les corresponda aprobarla. Y queda firmado por todos
los partidos presentes. ¿Están de acuerdo todos? (Asentimiento.) Se somete a votación.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad. Felicidades, señor Pezzi.
A continuación vamos a pasar a votación la última proposición no de ley, relativa a la mejora de la atención en el ámbito escolar a niños y niñas con diabetes y alergias a alimentos y al látex.
Se somete a votación en los términos de la enmienda transaccional.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Se levanta la sesión.
Eran las ocho y treinta y cinco minutos de la noche.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Llegamos al punto 8.º Esta proposición no de ley, pese a que no tenía enmiendas, si todos los grupos parlamentarios aquí presentes hemos llegado a una especie de transaccional in voce y ha sido firmada por todos, puede ser sometida a
votación. Si lo desean paso a dar lectura de ella. (El señor González Rodríguez, don Adolfo Luis, pide la palabra.)
El señor GONZÁLEZ RODRÍGUEZ (don Adolfo Luis): Rogaría a la señora presidenta que no dijera una especie de transacción sino una transacción in voce.
La señora PRESIDENTA: Enmienda transaccional in voce. La leo: El Congreso de los Diputados reconoce la necesidad de dotar de una normativa legal a las estaciones de esquí que evite la problemática existente en cuanto a las pautas de
conducta y seguridad en las mismas. En este sentido, el Congreso solicita al Gobierno que reúna a aquellas comunidades autónomas y ayuntamientos en cuyo territorio haya estaciones de esquí, a la Federación de Deportes de Invierno y a los
representantes de las estaciones de esquí en breve plazo, y exploren la posibilidad de consensuar una normativa que sea posteriormente propuesta a las instituciones a las que competencialmente les corresponda aprobarla. Y queda firmado por todos
los partidos presentes. ¿Están de acuerdo todos? (Asentimiento.) Se somete a votación.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad. Felicidades, señor Pezzi.
A continuación vamos a pasar a votación la última proposición no de ley, relativa a la mejora de la atención en el ámbito escolar a niños y niñas con diabetes y alergias a alimentos y al látex.
Se somete a votación en los términos de la enmienda transaccional.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Se levanta la sesión.
Eran las ocho y treinta y cinco minutos de la noche.