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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 513, de 14/04/2010
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CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES


Año 2010 IX Legislatura Núm. 513

INTERIOR

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CARMEN HERMOSÍN BONO

Sesión núm. 27

celebrada el miércoles, 14 de abril de 2010



ORDEN DEL DÍA:


Celebración de las siguientes comparecencias:


Del Ministro del Interior (Pérez Rubalcaba), para informar sobre:


- Las operaciones en el exterior en las que intervengan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, conforme aprobó la Comisión de Interior el 30 de septiembre de 2009, previa remisión del informe preceptivo aprobado en dicha Comisión. A
petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000654.) ... (Página 2)


- El envío de guardias civiles a Georgia en misión de paz. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000171.) ... (Página 2)


Página 2



- La impunidad de los actos fascistas sufridos en la Comunitat Valenciana.
A petición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 213/000551.) .... (Página 19)


- Del Secretario de Estado de Seguridad (Camacho Vizcaino), para explicar las medidas preventivas y actuaciones adoptadas en relación al peligroso crecimiento de grupos de ideología neofascista, en ocasiones incrustados en las aficiones de
algunos equipos de fútbol. A petición del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). (Número de expediente 212/000936.) ...
(Página 19)


Preguntas:


- Del diputado don Carlos González Serna, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre valoración del desarrollo e implementación del programa SIVE (Sistema Integrado de Vigilancia Exterior) en la costa levantina, así como previsiones para
nuevas zonas de implantación. (Número de expediente 181/002074.) ... (Página 34)


- Del diputado don José Ignacio Landaluce Calleja, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre opinión del Gobierno acerca de si las torres de control del Servicio de Vigilancia del Estrecho (SIVE) instaladas en zonas militares que
están siendo abandonadas por el ejército, están suficientemente vigiladas para evitar actos de sabotaje.
(Número de expediente 181/001752.) ... (Página 35)


- Del diputado don José Ignacio Landaluce Calleja, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre instrucciones que tiene la Guardia Civil cuando reciben órdenes de la Royal Navy o de la Gibraltar Pólice para abandonar las aguas que
rodean Gibraltar. (Número de expediente 181/002200.) ... (Página 36)


- De la diputada doña María del Carmen Guerra Guerra, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre número de funcionarios en prácticas que ha solicitado el centro penitenciario del Salto del Negro en Gran Canaria para cubrir las
necesidades del servicio. (Número de expediente 181/002550.) ... (Página 37)


- Del diputado con Alberto Garre López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre previsiones acerca de abordar el problema de la falta de seguridad en los acuartelamientos de la Guardia Civil en la Región de Murcia. (Número de
expediente 181/002430.) ... (Página 39)


- Del diputado don Aurelio Romero Girón, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre opinión del Gobierno acerca de la suficiencia del catálogo de puestos de trabajo aprobado para la comisaría de Jerez de la Frontera (Cádiz).
(Número de expediente 181/002346.) .... (Página 40)


- Del diputado don Ignacio Cosidó Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre conclusiones del estudio sobre el posible aumento de la edad de ingreso en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. (Número de
expediente 181/002478.) ... (Página 42)


Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.



COMPARECENCIAS:


DEL MINISTRO DEL INTERIOR (PÉREZ RUBALCABA), PARA INFORMAR SOBRE:


- LAS OPERACIONES EN EL EXTERIOR EN LAS QUE INTERVENGAN LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO, CONFORME APROBÓ LA COMISIÓN DE INTERIOR EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009, PREVIA REMISIÓN DEL INFORME PRECEPTIVO APROBADO EN DICHA COMISIÓN. A
PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000654.)


- EL ENVÍO DE GUARDIAS CIVILES A GEORGIA EN MISIÓN DE PAZ. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000171.)


La señora PRESIDENTA: Vamos a iniciar la sesión de hoy de esta Comisión con el orden del día que todos ustedes conocen y que consta de tres primeros puntos


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que son comparecencias pedidas al ministro del Interior, en el primer caso para informar sobre las operaciones en el exterior en las que intervengan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, conforme aprobó la Comisión de Interior el
día 30 de septiembre de 2009, previa remisión del informe preceptivo aprobado en dicha Comisión. En segundo lugar figura la comparecencia también del ministro del Interior para informar sobre el envío de guardias civiles a Georgia en misión de paz.
Estas dos comparecencias, solicitadas por el Grupo Parlamentario Popular, por acuerdo de Mesa y portavoces se van a sustanciar por el secretario de Estado, como es habitual en las comparecencias solicitadas a los ministros, y las vamos a sustanciar
conjuntamente puesto que es el mismo tema, son partes de un todo. Después me referiré al tercer punto porque es un tema diferente. Para ver estos dos primeros puntos del orden del día, las dos comparecencias solicitadas por el Grupo Parlamentario
Popular, las de los puntos 1.º y 2.º del orden del día, tiene la palabra el secretario de Estado. Recuerdo a los portavoces que creo que ha sido hoy cuando hemos enviado a sus correos el documento sobre este asunto que nos ha sido remitido por el
ministerio en el día de ayer, o al menos hasta hoy nosotros no lo hemos podido enviar. Tras esta información, tiene la palabra el señor Camacho, a quien damos la bienvenida a esta Comisión.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Camacho Vizcaino): Comparezco ante esta Cámara a petición del Grupo Popular como consecuencia de la aprobación en esta misma Comisión de Interior de una proposición no de ley por la que el
Gobierno se comprometía a informarles con carácter anual sobre las operaciones de seguridad en el exterior en las que intervinieran las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Como perfectamente conocen SS.SS., las misiones internacionales han
sido la principal herramienta de la comunidad internacional para promover, mantener y consolidar la paz y la seguridad en las zonas en conflicto.
Tradicionalmente estas misiones han estado formadas por un componente esencialmente militar dotado de
capacidades aptas para el cumplimiento de los objetivos que establecían los mandatos de cada una de las misiones.
Sin embargo, el paso del tiempo ha evidenciado el cambio en la naturaleza de los conflictos, de tal manera que sus causas tienen que
ver muchas veces directamente con las condiciones políticas, sociales y económicas de las regiones en las que se desarrollan. Esto nos ha llevado a un replanteamiento de los medios empleados para solucionar estos conflictos y garantizar de una
manera más adecuada la paz y la seguridad, así como a una revisión del propio concepto de seguridad. Sus señorías coincidirán conmigo en que la paz solo puede conseguirse sobre la base de la seguridad, entendida esta en un concepto global, es
decir, aquel concepto de seguridad que incluye estabilidad institucional, estabilidad económica y estabilidad social. Asimismo, en las estrategias globales de seguridad de la Organización de Naciones Unidas y de la OSCE una de las premisas
fundamentales de actuación es que la seguridad es la primera condición para el desarrollo y así se manifiesta también de una manera expresa en la estrategia europea de seguridad. La experiencia acumulada en las misiones internacionales ha
demostrado, además, que para garantizar esa seguridad que ha de favorecer la estabilidad y el desarrollo las fuerzas militares son necesarias pero no son suficientes y, por lo tanto, se necesitan otros medios civiles que complementen esas
capacidades militares, y uno de esos medios civiles sin ninguna duda está constituido por las instituciones policiales. La naturaleza de los conflictos en la última década ha producido, por lo tanto, una demanda creciente de fuerzas policiales en
el ámbito de las misiones internacionales, puesto que la experiencia ya acumulada en la gestión de las distintas crisis ha puesto de manifiesto también la versatilidad de estas fuerzas y cuerpos de seguridad para crear las condiciones de seguridad
básicas que permitan el desarrollo de otro tipo de estructuras de tipo político, social y económico que a largo plazo son las que van a permitir la resolución y la resolución más eficaz de este tipo de conflictos. Este es el argumento principal que
justifica y ha justificado en los últimos años la presencia del componente policial en las misiones internacionales. El empleo de estas fuerzas policiales dentro de las misiones internacionales se configura, de esta forma, como una necesidad
absolutamente prioritaria para el cumplimiento de los mandatos de esas misiones y la importancia de sus funciones crece constantemente. Asimismo, la naturaleza de los conflictos actuales exige cada vez más la participación de fuerzas policiales que
aporten conocimientos, técnica y experiencia.



Por otro lado, en la actualidad el componente policial de las misiones internacionales se encuadra dentro de otro componente más amplio, el civil, que incluye otros posibles miembros de estas misiones internacionales que van destinados a la
promoción del Estado de derecho o de la Administración civil. En todo caso, este componente civil se desarrolla en dos grandes grupos: las misiones de gestión civil de la Unión Europea y las misiones de mantenimiento de paz de la ONU. Si bien la
nomenclatura así como determinada metodología pueden variar de un grupo a otro, las misiones policiales que realizan son muy similares y persiguen los mismos objetivos. La OSCE también realiza misiones civiles, fundamentalmente relacionadas con la
promoción de los valores democráticos y de los derechos humanos. En el seno de la Unión Europea estas misiones se enmarcan dentro de la política común de Seguridad y Defensa, cuya finalidad última, como conocen perfectamente SS.SS., es contribuir a
los esfuerzos globales de la Unión Europea de promover la paz y la seguridad internacional. Desde el año 1991 el Ministerio del Interior aporta miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a las misiones internacionales en su vertiente
policial. La primera de ellas fue una misión de la ONU en El Salvador, Onusal, entre los años 1991 y 1995, que


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tenía por objeto prestar asistencia técnica a la policía nacional civil. A partir de entonces y hasta la fecha se ha participado en diferentes misiones en países como Guatemala, Macedonia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Palestina, Congo,
Ruanda, Georgia, Guinea-Bissau, Afganistán, Timor Oriental, Angola, Sudán, Sierra Leona, Mozambique y Haití, con más de 800 componentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.



Los criterios de participación que han sido considerados en las decisiones adoptadas en los despliegues de las distintas misiones internacionales han sido, en primer lugar, que se trate de misiones que sean de interés para la seguridad del
Estado. Sin duda, en un mundo globalizado la seguridad de los Estados no se garantiza exclusivamente actuando en el territorio nacional; la seguridad interna depende, bien lo saben SS.SS., cada vez más de lo que sucede en el exterior. Las
amenazas pueden provenir de otras zonas geográficas, ya sean zonas limítrofes o incluso lejanas, donde se desarrollan conflictos o se dan situaciones de inestabilidad o de falta de desarrollo que tienen una repercusión directa en nuestra seguridad.
El fortalecimiento de las capacidades civiles, y concretamente de las policiales, de estas zonas contribuye a favorecer la seguridad en las mismas y, por lo tanto, la seguridad global. Por ello, nuestro país considera de interés la participación en
los esfuerzos desarrollados por las instituciones mundiales, principalmente la Unión Europea y la ONU, en aquellos lugares donde el objetivo es promover la seguridad mediante la reforma y el fortalecimiento de sus fuerzas de seguridad. El segundo
de los criterios que han sido tenidos en cuenta para la participación en estas misiones es que tengan interés para la política exterior del Estado. El criterio del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y de las representaciones
permanentes de España ante los organismos internacionales, principalmente ante la Unión Europea y la Organización de Naciones Unidas, tiene, como es natural, un especial valor a la hora de tomar decisiones sobre el despliegue de España en esas
distintas misiones. En tercer lugar, también requerimos que sean misiones que tengan un interés policial. El despliegue en determinadas áreas geográficas puede suponer un valor añadido para España ya que puede aportar conocimiento, experiencia e
información sobre determinados fenómenos delictivos. Y finalmente, y este criterio no es menos importante, exigimos que haya disponibilidad de personal a efectos de nutrir esas misiones. Los cuerpos policiales -y en esto creo que todos estaremos
de acuerdo- deben hacer frente a una responsabilidad prioritaria de garantizar la seguridad en el interior de España con los recursos humanos de los que disponen, por lo que en cada una de las misiones es necesario valorar, y hacerlo de una manera
adecuada, las capacidades que se pueden aportar a esas misiones internacionales sin ningún menoscabo de los cometidos que han de desarrollarse en nuestro territorio, en el territorio nacional.



Durante el año 2009 el Ministerio del Interior ha participado en las siguientes misiones internacionales. Un primer grupo sería el de las misiones civiles de gestión de crisis de la Unión Europea en el marco de la política europea de
Seguridad y Defensa a la que he hecho referencia.
El segundo grupo lo conformarían las misiones de mantenimiento de la paz bajo mandato de la Organización de Naciones Unidas en su componente policial. El tercer grupo de las misiones que hemos
desarrollado a lo largo del año 2009 estaría constituido por las misiones civiles de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Y el cuarto grupo serían las misiones militares tanto de la Unión Europea como de la Organización de
Naciones Unidas. El Ministerio del Interior gestiona, como saben SS.SS., la participación del personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las misiones civiles de la Unión Europea y de la ONU en su componente policial, así como
también en las de la OSCE. En las misiones militares de la Unión Europea y de la Organización de Naciones Unidas el Ministerio del Interior aporta personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en este caso únicamente guardias civiles,
aunque este personal depende funcionalmente del Ministerio de Defensa. En total, durante el año 2009 la participación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado fue de 354 efectivos, 152 de ellos en misiones civiles y 202 en misiones
militares.



Señorías, durante esta exposición les daré cuenta de lo ocurrido hasta el 31 de diciembre de 2009, diferenciando entre misiones civiles y misiones militares. Empezaré por las misiones civiles y de ellas por el primer grupo, que son las
misiones de gestión civil de crisis en el ámbito de la Unión Europea. Durante el año 2009 se han realizado misiones en Bosnia, Afganistán, Georgia, Guinea Bissau, Congo y Kosovo. A continuación les explicaré de todas ellas los objetivos, los
participantes y las actividades realizadas. La primera es la misión en Bosnia-Herzegovina, misión de policía de la Unión Europea. El objetivo de esta misión, que comenzó el 1 de enero de 2003 y cuyo mandato está establecido hasta el 31 de
diciembre de 2011, es la promoción del establecimiento de un sistema policial sostenible mediante la formación y la supervisión de las fuerzas de seguridad del país. Han participado cuatro componentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y entre de las actividades que han realizado están el asesoramiento a la policía en materia de la mejor investigación de los delitos, la supervisión en la policía de fronteras y el apoyo de las investigaciones sobre asuntos internos. En este
primer grupo la segunda misión es la de Eupol Afganistán, que también está en el ámbito de la Unión Europea. El objetivo de esta misión, que comenzó en junio de 2007 y cuyo mandato está prorrogado hasta el 30 de mayo de este año 2010, es contribuir
al establecimiento de un sistema policial eficaz mediante la formación y la supervisión de las fuerzas de seguridad afganas. Han sido 8 los componentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que han participado, y entre de las actividades
desarrolladas están la formación


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de la policía de Kabul sobre orden público, tráfico e inteligencia, la formación de la policía de Qala-i-Naw, provincia de Badghis, sobre la protección de personas e instalaciones, y el apoyo en general a la jefatura de la misión. También
dentro del ámbito de la Unión Europea, la tercera misión en la que hemos participado es la de Georgia, que en este caso era una misión de monitorización. Se inició el 1 de octubre de 2008 de conformidad con las disposiciones establecidas en los
acuerdos firmados en Moscú y Tiblisi con las mediaciones de la Unión Europea del 12 de agosto y del 8 de septiembre del año 2008. En la actualidad su mandato está ampliado hasta el 14 de septiembre también de este año 2010.
El Consejo de la Unión
Europea decidió el 15 de septiembre de 2008 establecer una misión civil de observación en Georgia de acuerdo con las conclusiones del Consejo Europeo extraordinario que se celebró el 1 de septiembre de 2008. En solo dos semanas fueron desplegados
más de 200 observadores sobre el terreno, y este, como también saben SS.SS., ha sido el despliegue más rápido de una misión llevada a cabo por la Unión Europea. El mandato de la misión era y es vigilar la aplicación de los acuerdos citados en todo
el territorio georgiano. Esta misión carece de poderes ejecutivos, es decir, no tiene capacidad jurídica de actuar de manera autónoma, sino únicamente a través de la información y el asesoramiento a las autoridades georgianas. Su objetivo es
contribuir a la estabilización y la normalización de la zona tras el conflicto entre Rusia y Georgia mediante la observación de la aplicación de los acuerdos que fueron en su momento firmados por ambos países. Sus cometidos consisten en supervisar
el despliegue de las policías y fuerzas armadas en Georgia y observar el cumplimiento por todas las partes de todas y cada una de las disposiciones del derecho humanitario. Estos cometidos genéricos se concretan en las siguientes tareas. En primer
lugar, tareas de estabilización a través del seguimiento y análisis de la situación sobre el terreno verificando el pleno cumplimiento de los acuerdos mencionados, incluyendo dentro de este seguimiento la retirada de tropas, así como las posibles
violaciones de derechos humanos y del derecho internacional que pudieran producirse. Los equipos de control militar y las fuerzas de orden garantizan que se cumplan los memorándums de entendimiento que existen entre la misión y las autoridades
nacionales.
Pero además de esta función de estabilización también cumple una función de normalización a través del seguimiento y el análisis de la situación de gobernabilidad, de Estado de derecho, de orden público, así como de seguridad de las
infraestructuras y supervisión del regreso de los desplazados internos y de los refugiados. Finalmente, también cumple con un objetivo que es el fomento de la confianza mediante la contribución a la reducción de la tensión a través de enlaces,
facilitando por ello los contactos entre las partes, especialmente en la denominada línea fronteriza administrativa con Osetia del Sur y Abjasia. La participación de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a 31 de diciembre de 2009 era
de 8 componentes, que han colaborado con los equipos policiales multinacionales encargados de la observación y del seguimiento del cumplimiento de los acuerdos de 2008 entre Rusia y Georgia sobre estabilización de la zona. Actualmente, la
participación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es de 9 componentes: un teniente coronel, un alférez, 3 sargentos, un cabo y 3 guardias civiles; recientemente se ha presentado la candidatura de un suboficial que, si fuera
seleccionado, completaría el cupo de 10 componentes. Además de los españoles, participan 277 policías pertenecientes a veintiséis Estados miembros de la Unión Europea.



La siguiente misión es la de reforma del sector de la seguridad en Guinea-Bissau. El objetivo de esta misión es la asistencia al Gobierno de este país con el fin de contribuir a crear las condiciones propicias para la puesta en práctica de
la estrategia nacional de reforma del sector de la seguridad. En 2009 hubo un componente de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que sin embargo finalizó su presencia el 30 de noviembre de 2009. Según el mandato de la Unión Europea, la misión,
que comenzó el 1 de junio de 2008, terminará el 31 de mayo de este año. Entre las actividades que se han desarrollado están el asesoramiento policial, esencialmente para la creación de la futura guardia nacional guineana.
También en estas misiones
de la Unión Europea hemos participado en la misión Eupol Congo. El objetivo de esta misión, que comenzó el 1 de julio de 2007, era la promoción de la reforma del sector de seguridad en el ámbito policial y judicial. Actualmente no hay presencia en
la misión de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sin embargo en 2009 hubo un componente que finalizó su presencia en la misión el 1 de julio de 2009.
Según el mandato de la Unión Europea, la misión termina también este año el 30 de junio.
Entre las actividades que se han realizado estarían las propias del cargo de adjunto al jefe de la misión en el departamento de operaciones. También en el ámbito de la Unión Europea está la misión Eulex Kosovo. El objetivo de esta misión era la
asistencia al Gobierno de Kosovo en el fortalecimiento del Estado de derecho, específicamente en las áreas de policía, sistema judicial y control de fronteras. En 2009 hubo 6 componentes que, como bien saben SS.SS., finalizaron su presencia en la
misión el 1 de septiembre de ese año. Según el mandato de la Unión Europea, la misión, que tuvo comienzo el 16 de febrero de 2008, finalizará el 14 de junio de 2010. Entre las actividades que se han realizado está el asesoramiento en la
investigación de crímenes de guerra, el asesoramiento también en la investigación de los delitos comunes y de protección de personalidades, testigos y autoridades de la misión.



Estas serían las misiones en las que ha participado España en el ámbito de la Unión Europea, pero también hemos participado en un segundo grupo de misiones que estaría constituido por las misiones del mantenimiento de la paz de la
Organización de Naciones Unidas, en concreto en Haití, Timor Oriental, Guatemala, Sierra


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Leona, Congo y Kosovo. A la que voy a hacer referencia en primer lugar es a Minustah, la misión de Naciones Unidas para la estabilización de Haití.
Esta misión comenzó el 1 de junio de 2004 y su mandato está ampliado hasta el 15 de octubre
de 2010. Tiene como objetivo prestar apoyo al Gobierno de Haití en el establecimiento de un entorno seguro para el desarrollo político e institucional a través de diferentes acciones, entre ellas la de reforma de la policía. Están participando en
la misma 27 componentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las actividades que se vienen realizando consisten en la coordinación de la seguridad en los procesos electorales, el asesoramiento y la monitorización policial en las
diferentes provincias del país en ámbitos como el control de fronteras, la protección de menores, la investigación de delitos sexuales, el control del tráfico, asuntos internos, seguridad aeroportuaria y control de armas, también el apoyo
administrativo a la jefatura de la misión y la formación de la policía nacional de Haití en diversos ámbitos. La segunda de estas misiones es Unmit, la misión de Naciones Unidas para Timor Oriental. El objetivo de esta misión inicialmente estaba
relacionado con los conflictos políticos internos que en Timor habían producido enfrentamientos civiles que degeneraron en una situación en su momento generalizada de desorden y de violencia. Por ello, la función de la misión, entre otras
actividades, ha sido prestar apoyo al Gobierno en la consolidación de la estabilidad política e institucional mediante el apoyo a la policía. Comenzó el 25 de agosto de 2006 y su mandato finalizaba el 26 de febrero de 2010, si bien ha sido
recientemente prorrogada hasta el 26 de febrero de 2011. En ella han participado 5 componentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Entre las actividades que se han realizado estarían la dirección y el asesoramiento en materia de
investigación criminal, policía de proximidad, seguridad ciudadana e inmigración, así como el apoyo a la jefatura de la misión en asuntos y aspectos logísticos.



La tercera de estas misiones de la ONU es la misión en el ámbito de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. El objetivo de esta misión era la asistencia al Gobierno de Guatemala para la promoción de la investigación,
persecución y sanción de los delitos cometidos.
Comenzó el 12 de diciembre de 2006 y su mandato está extendido hasta el 4 de septiembre de 2011. Han participado o están participando 6 componentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y
entre, las actividades que se han desarrollado están, por un lado, las propias del cargo de consejero de seguridad de la misión, es decir, la elaboración de normas y recomendaciones en materia de protección y seguridad, así como contactos
institucionales con autoridades civiles y militares guatemaltecas relacionadas con la seguridad y, en segundo lugar, la participación en equipos de investigación de la policía de Guatemala en diferentes ámbitos: crimen organizado, tráfico de armas,
tráfico de sustancias estupefacientes y corrupción. La siguiente misión a la que voy a hacer referencia, también en el ámbito de Naciones Unidas, es Unispil, la misión de la Oficina de Naciones Unidas para la construcción de la paz en Sierra Leona.
El objetivo de la misión es canalizar adecuadamente las donaciones, asistir, asesorar, evaluar y monitorizar al Gobierno de Sierra Leona en lo referente a la reconstrucción y el fortalecimiento de sus instituciones. Comenzó el 1 de octubre de 2008
y su mandato está extendido hasta el 30 de septiembre de este año. Ha habido un componente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la misión y entre las actividades que se han desarrollado están el asesoramiento y la monitorización en
la lucha contra el crimen organizado y contra el tráfico de sustancias estupefacientes.



También hemos intervenido en la misión Monuc, en Congo, que es una misión de Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz en la República Democrática de Congo. El objetivo ha sido la promoción del restablecimiento de la confianza para el
desarrollo del proceso político a través de diferentes actividades, entre otras el fortalecimiento de las capacidades de seguridad de las fuerzas policiales congoleñas. En el año 2009 hubo un componente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, que finalizó su presencia el 5 de diciembre de 2009. Esta misión, como saben SS.SS., comenzó el 30 de noviembre del año 1999 y, según el mandato de la ONU, terminará cuanto termine este año, es decir, el 31 de diciembre de 2010. Las
actividades que se han realizado se centran sobre todo en la instrucción y la evaluación de mandos de las unidades formadas de la policía. La siguiente misión, en el ámbito también de la ONU, es la de la administración provisional de Naciones
Unidas en Kosovo. El objetivo de la misión fue la reforma y el fortalecimiento de las instituciones de Kosovo, entre ellas las de seguridad. En el año 2009 hubo 13 componentes que, como bien saben SS.SS., finalizaron su presencia en la misión el
18 de febrero de 2009. La misión comenzó el 10 de junio de 1999 y continúa operativa, sin que el mandato especifique una fecha concreta de finalización de la misma. Entre las actividades que se han desarrollado están el asesoramiento y la
monitorización en diversos ámbitos policiales: crimen organizado, control de fronteras, investigación de crímenes de guerra, protección de testigos y también funciones de enlace con Interpol.



Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado también han participado en una misión de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, la OSCE, la misión de supervisión de la OSCE en la Antigua República Yugoslava de Macedonia.
El objetivo de esta misión era promover la paz, la estabilidad y la seguridad, evitando el conflicto territorial en la frontera con Serbia. A lo largo de 2009 hubo un componente de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hasta el 19 de
junio de 2009, finalizando su presencia con esta fecha en la misión. La misión, como saben SS.SS., comenzó el 7 de noviembre de 1992 y continúa operativa, no especificándose tampoco en este caso en su mandato cuál será la fecha de finalización de
la misión. Entre las actividades


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que se han realizado han estado el asesoramiento para fortalecer la estructura policial de Macedonia en el ámbito del control de fronteras.



Por otro lado, y con independencia de estas misiones civiles, la Guardia Civil ha intervenido en las misiones militares asumidas por España cumpliendo funciones de policía militar y de mantenimiento del orden público en Bosnia-Herzegovina,
Afganistán, Líbano y Kosovo. Así, la primera de estas misiones es Eufor-Althea Bosnia-Herzegovina, que es una misión de la Unión Europea, con el objetivo de asegurar la aplicación de los acuerdos de paz de Dayton y de París. Comenzó el 2 de
diciembre de 2004 y su mandato está extendido hasta el 18 de noviembre de 2010. La participación actual de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado español es de 37 componentes y entre las actividades que se han realizado están el control de la
documentación y el equipaje del personal del contingente militar de Eufor en el aeropuerto civil, el mantenimiento del orden interno en el cuartel general de la misión y la participación en la unidad integrada de policía de la misión, realizando
misiones de mantenimiento del orden público y apoyo en aplicación de los acuerdos de paz mediante cometidos de observación. La segunda misión es ISAF Afganistán, fuerza internacional de asistencia para la seguridad. Es una misión de la OTAN bajo
el mandato de Naciones Unidas con el objetivo de prestar asistencia al Gobierno afgano en el establecimiento de un entorno seguro y estable en el país. Comenzó el 22 de diciembre de 2001 y su mandato está extendido en la actualidad hasta el 13 de
octubre de 2010.
Hay 14 componentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y entre las actividades que se han realizado y que se vienen realizando en la actualidad están funciones de policía en el ámbito interno del contingente militar,
control fiscal, investigación de accidentes y asuntos internos. En segundo lugar, hay contactos con la policía nacional afgana para recabar información de grupos terroristas o delictivos que puedan afectar a la seguridad del contingente militar
allí presente y, finalmente, funciones de escolta al jefe del contingente militar español u otras autoridades españolas que puedan visitar la zona.



También en el año 2009 hemos estado presentes, y seguimos estando, en Unifil Líbano, la fuerza interina de Naciones Unidas en este país, con el objetivo de la supervisión de los acuerdos del cese de hostilidades y del apoyo al Gobierno de
Líbano en el control de sus fronteras. Esta misión comenzó en marzo de 1978 y su mandato en la actualidad está ampliado hasta el 31 de agosto de 2010. Participamos a través de 12 componentes en las siguientes actividades: el control de la
documentación y el equipaje del personal español que llega a la zona de operaciones, los contactos con las autoridades libanesas para recabar información de grupos terroristas o delictivos que puedan afectar a la seguridad del contingente militar
allí presente, las conocidas como funciones de Provost Marshal, el mantenimiento del orden en el interior de la base militar española y las funciones de policía judicial e investigación de posibles accidentes de tráfico en el interior de la base
militar.



También, señorías, hemos estado presentes en KFOR Kosovo, en la misión militar de la OTAN, bajo mandato también en este caso de Naciones Unidas, con el objetivo de establecer un entorno de seguridad, apoyar las labores humanitarias
internacionales y contribuir al fortalecimiento de las capacidades de las fuerzas de seguridad kosovares. Comenzó el 10 de junio de 1999 y continúa operativa, no especificándose en el mandato, tampoco en este caso, una fecha concreta de
finalización de la misión. En el año 2009 hubo 10 componentes hasta el 16 de septiembre de 2009, finalizando con esta fecha nuestra presencia en la misión. Las actividades que se realizaron en su momento fueron el control de documentación y
equipaje del personal español que llegaba a la zona de operaciones, funciones de policía judicial, confeccionando informes y diligencias relacionadas con el personal español del contingente, y la protección de autoridades, así como el control de
armas y explosivos. Hasta aquí, estas son todas y cada una de las misiones internacionales en las que han intervenido o siguen estando presentes las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.



Quisiera, finalmente, hacer una referencia a los gastos que han sido originados en el año 2009 como consecuencia de nuestra presencia en esas misiones internacionales, diferenciando entre los gastos imputables por labores del Cuerpo Nacional
de Policía de los gastos que corresponden a la Guardia Civil. En concreto, en el ámbito del Cuerpo Nacional de Policía y en el concepto de indemnización por razón de servicio el importe desembolsado ha sido de 1.646.477,16 euros y en gastos de
desplazamiento, 25.593,88 euros. En el ámbito de la Guardia Civil han sido 4.207.627,36 euros en el concepto de indemnización por razón de servicio, si bien de estos, 2.759.913,75 euros son a cargo del crédito presupuestario del Ministerio de
Defensa por ser gastos realizados en el ámbito de misiones militares. También en el ámbito de la Guardia Civil y en el concepto de desplazamiento se han invertido 71.005,19 euros. Y finalmente, también en el ámbito de la Guardia Civil, en otros
conceptos se han invertido 3.425.315,29 euros. Estos últimos son a cargo del crédito presupuestario del Ministerio de Defensa al tratarse también de gastos desarrollados en misiones militares.



Hasta aquí mi exposición en torno a cuál ha sido la presencia de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en misiones, diferenciando las distintas organizaciones internacionales en las que hemos intervenido, y cuál ha sido el
desembolso económico que han supuesto estas intervenciones en las misiones. A partir de este momento, estoy a disposición de SS.SS. a efectos de desarrollar, ampliar o debatir cualquiera de los aspectos o cualquier otro que consideraran necesario
SS.SS. que hayan sido objeto de la presente comparecencia.



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor secretario de Estado, por su información, larga, exhaustiva,


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y que, como dije antes, ha sido precedida de una información por escrito que he remitido a través de la Comisión a los portavoces de todos los grupos. Para iniciar el debate y el turno de los grupos, en primer lugar, como autor de esta
petición de comparecencia, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Cosidó, por un tiempo de diez minutos.



El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Intentaré ajustarme lo más posible al plazo.



En primer lugar, quiero dar la bienvenida al secretario de Estado y decirle que le echamos de menos en esta Comisión, porque hacía cinco meses que no venía. Además de esta comparecencia, que es a petición de mi grupo, pero por un acuerdo
unánime de la Comisión, como él ha referido, tenemos algunas otras comparecencias pendientes, entre otras sobre cuál es su grado de conocimiento del denominado caso Faisán y algunas otras preguntas. Sabe que mi grupo nunca se ha opuesto a que,
aunque estén formuladas al ministro del Interior, puedan ser contestadas por el secretario de Estado de Seguridad. Así es que, a pesar de estos cinco meses, esperamos verle muy pronto por aquí atendiendo el resto de peticiones que mi grupo y otros
grupos parlamentarios tienen formalizadas. Además quiero agradecerle no solamente su explicación, como siempre bastante exhaustiva, sino además el informe que nos ha remitido.
Ya sabe que en el oficio de la oposición está quejarse, y lo hemos
recibido a la una y media. Tampoco es que sea imposible leer el informe en ese tiempo, pero nos hubiera gustado -y como crítica constructiva lo planteo para próximos años- que este informe nos hubiera llegado con más antelación.



Quiero empezar necesariamente rindiendo homenaje a los cientos de guardias civiles y de policías nacionales -354 en el último año, según nos refiere en su informe- que prestan servicio en los cinco continentes, en los escenarios a veces más
peligrosos del mundo y en muchas ocasiones arriesgando su integridad física y su propia vida en el cumplimiento de su misión. Quiero expresarles no solamente este homenaje, no solo el agradecimiento de mi grupo parlamentario por la labor que
realizan, sino además el legítimo orgullo que sentimos como representantes de los españoles por la labor que están desempeñando, acreditando el prestigio que tienen bien aquilatado dentro de nuestro país y en el conjunto de la comunidad
internacional. Al hilo de esto, incluso me gustaría añadir a aquellos que cuestionan la existencia de un cuerpo de seguridad de naturaleza militar, como es la Guardia Civil, que sepan bien que probablemente la Guardia Civil sea la institución más
deseada, más demandada en este tipo de misiones en todo el mundo, lo que da una buena muestra de la eficacia y del prestigio de esta institución, que resulta vital no solamente para los intereses de la seguridad de los españoles, sino también un
instrumento útil en la comunidad internacional.



En segundo lugar, quiero expresarle el apoyo pleno de mi grupo parlamentario al conjunto de misiones que nos ha descrito. Usted se ha referido a ello en su introducción: en un mundo global las fronteras entre la seguridad interior y la
seguridad exterior se han difuminado extremadamente. No podemos trabajar sobre un concepto de seguridad bunkerizada, como islas de seguridad en un mundo convulso, sino que necesariamente tenemos que adoptar una política de seguridad cooperativa.

Por tanto, cuando nuestros policías nacionales y nuestros guardias civiles están en Afganistán están contribuyendo a que el tráfico de heroína sea menor en nuestro país; cuando están en África, están contribuyendo a que los flujos de inmigración
ilegal disminuyan; cuando están en los Balcanes, están contribuyendo a que el crimen organizado tenga menor presencia también en nuestro país. Por tanto, apoyo pleno porque, como también ha referido usted, consideramos que las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado son un instrumento vital para nuestra política exterior, cada vez más intenso en defensa de los intereses nacionales. Este es un ámbito clásico de la política del Estado, y cuenten con nuestro apoyo. Además, como le refería al
principio, y es la última razón, pero quizá la más importante, cuando un policía nacional o un guardia civil se juegan la vida en Afganistán o en cualquier otro país del mundo el consenso político es algo imprescindible. Sin duda, esa es una
responsabilidad del Gobierno, alcanzar ese consenso, pero también hay una responsabilidad de la oposición, y quiero que sepa que nosotros siempre hemos estado y siempre vamos a estar a la altura de esa responsabilidad.



Hay tres cuestiones de método que le querría plantear muy rápidamente. La primera es la conveniencia de que el Gobierno -usted, si puede- esclarezca cuál es el criterio de autorización parlamentaria para algunas de estas misiones. Nos
hemos encontrado con algunas peticiones realizadas por el Gobierno al Congreso de los Diputados, por ejemplo, para el despliegue en Afganistán, en el que claramente están incluidos hasta un máximo de 40 guardias civiles, pero también muy
recientemente nos hemos encontrado con una petición del Gobierno para el despliegue en Haití, en una misión de ayuda humanitaria en la que, a pesar de que los guardias civiles iban en el mismo buque que iba a transportar a las Fuerzas Armadas, sin
embargo no estaban contemplados en la petición que llegó al Congreso. Sería bueno que estableciéramos un criterio sobre en qué casos el Gobierno va a solicitar autorización al Parlamento para el despliegue de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y en qué
casos no considera el Gobierno necesaria esa autorización. Además existe una excesiva divergencia entre el grado de exigencia que tenemos para desplegar un solo soldado en cualquier lugar del mundo con el grado de exigencia que tenemos para
desplegar un número importante de componentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Este informe es un primer paso, que es positivo por lo menos para que el Parlamento pueda tener un conocimiento de cuál es el despliegue de


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este tipo de fuerzas, pero sería bueno que continuáramos dando pasos para reducir la excesiva divergencia que existe entre el caso de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.



La segunda cuestión de método que le querría plantear es que mi grupo considera vital la aprobación del real decreto de misiones de naturaleza militar de la Guardia Civil. Sabe que hay una proposición no de ley, aprobada por unanimidad en
esta Comisión en septiembre de 2009, en la que instábamos al Gobierno a aprobar ese real decreto con la máxima urgencia.
Tiene mucha importancia, primero, porque está conectado con algo a lo que me acabo de referir, que es clarificar -usted se ha
referido a ello en su informe y en su exposición- cuáles son misiones militares y cuales son misiones no militares. El Gobierno está obligado por ley a regular eso a través de un real decreto. En segundo lugar, es importante para el propio
mecanismo de aprobación parlamentaria. Un criterio útil podría ser que las misiones de naturaleza militar requerirían la aprobación del Parlamento, mientras que las misiones estrictamente policiales no lo requirieran. Por tanto, sería un buen
método también para aquilatar cuál es el mecanismo de autorización o, en su caso, de comunicación parlamentaria. En tercer lugar, y quizá sea lo más importante, porque es necesario garantizar la seguridad jurídica de los componentes de la Guardia
Civil, en este caso, porque aplicamos un Código Penal o un régimen disciplinario distinto en función de que la misión sea de naturaleza militar o no sea de naturaleza militar. Por tanto, para darles seguridad jurídica sobre cuál es la regulación
que va a tener ese guardia civil en una misión internacional, sería muy importante que se aprobase este real decreto. Mi pregunta, señor secretario de Estado, es: ¿cuándo piensa el Gobierno aprobar ese real decreto que regule las misiones de
naturaleza militar de la Guardia Civil, como tiene instado por unanimidad y urgencia por parte de esta Comisión?


La tercera cuestión de método es siempre complicada, y es el equilibrio entre seguridad interior y seguridad exterior. La principal diferencia que tenemos entre la Policía, la Guardia Civil y las misiones que desempeñan las Fuerzas Armadas
es que cuando desplegamos policías nacionales o guardias civiles siempre lo tenemos que hacer en detrimento de la seguridad ciudadana, porque son guardias civiles o policías que están desempeñando cotidianamente sus funciones. El Gobierno, y no me
duelen prendas en decirlo, tuvo una idea que era buena, la idea de crear lo que denominaban una agrupación especial de seguridad de la Guardia Civil para misiones en el exterior. Era una unidad que supuestamente iba a estar compuesta por más de
1.000 efectivos. En esta misma Comisión de Interior anunciaron hasta en cuatro ocasiones a distintos generales de la Guardia Civil la creación de esta unidad. Tengo aquí el texto de una Comisión de 19 de abril de 2005, en la que el entonces
director general decía: Constituirá una unidad específica de proyección exterior de la Guardia Civil, especialmente dotada y preparada para el cumplimiento de misiones policiales a nivel internacional, reforzando en sus periodos de espera las
capacidades de reserva de la dirección general. Es el marco de la decisión gubernamental de contar con una unidad de cuerpo capaz de asumir misiones policiales a nivel internacional en sus diferentes vertientes de apoyo a la paz, en la que la
dirección general ha iniciado el proceso que deberá permitir que ya durante el año 2006 se pueda contar con un primer núcleo especializado capaz de ser proyectado al exterior.
Posteriormente, la última referencia que he encontrado es de noviembre
del año 2006 de otro director general distinto. Me gustaría saber, señor secretario de Estado, si esta es una idea que se ha abandonado o es simplemente una idea que está congelada. Debo decirle que hago la pregunta con enorme escepticismo porque
si cuando hemos tenido ofertas de empleo público de casi 5.000 guardias civiles el Gobierno no ha decidido crear esta unidad, me puedo imaginar, con una oferta de empleo público de 200 efectivos, cuál es la voluntad real del Gobierno de crearla. En
todo caso espero su contestación.



Algunas preguntas sobre misiones concretas. La primera que le hago es sobre una que no es estrictamente una misión internacional pero sí es una actuación en el exterior de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Se trata del envío
de 53 policías nacionales a Venezuela con el fin de repatriar a un grupo de españoles que cumplían prisión en ese país. En el desarrollo de esta operación se produjo lo que mi grupo calificaría como un incidente grave en el que 53 policías
españoles estuvieron recluidos en una base militar venezolana, con vigilancia policial en la puerta de las habitaciones en las que estaban recluidos, y además incomunicados en la medida en que se les prohibió expresamente la posibilidad de hablar
por teléfono. La versión dada por el Gobierno -lo digo con toda sinceridad- no es creíble, además ha sido desmentida por el mando que elaboró un informe sobre este accidente; no es creíble que fuera un mero problema de plan de vuelo, y yo le
pediría que, aprovechando su comparecencia, nos diera una explicación satisfactoria de qué es lo que ocurrió durante esas horas en Venezuela. Por otro, lado también quiero exigirles que tanto el ministro del Interior como usted mismo, que se
parapetan tanto detrás de los policías cuando la oposición hace una crítica al Gobierno, cuando los policías son agredidos -como ha ocurrido esta semana en Valencia- o cuando los policías son recluidos -como ocurrió en Venezuela en este incidente al
que me refiero- no se pongan de perfil o incluso lleguen a ponerse del lado de quienes les agreden o de quienes les retienen. Creo que esa defensa de los policías debe hacerse cuando realmente hay agresiones y retenciones y no cuando se utilizan
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como un parapeto para eludir las críticas y las responsabilidades políticas propias.



La segunda cuestión concreta que le quiero preguntar es qué está haciendo la Guardia Civil en Irak. Usted no


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lo refiere en el informe, pero mi grupo tiene conocimiento de que al menos 3 componentes de la Guardia Civil han visitado en sucesivas ocasiones Bagdad con el fin de preparar una misión de formación de la policía iraquí amparada por la Unión
Europea. Aunque es muy posible que estemos hablando de una misión a desarrollar en el año 2010, creo que sería muy interesante para toda la Comisión y para la opinión pública que nos dijera, primero, si ha habido algún tipo de petición por parte
del Gobierno iraquí, del gobierno de Estados Unidos o de algún otro gobierno para poner en marcha esta operación; segundo, esta operación es de la Unión Europea pero ¿está amparada por alguna otra organización internacional?; tercero, ¿se
realizaría en el marco de la Gendarmería Europea o se realizaría de una forma bilateral?; cuarto, ¿cuál sería exactamente la misión que la Guardia Civil desarrollaría en Irak en el caso de que el Gobierno decida llevar adelante la misión? Por
último, le adelanto en todo caso el apoyo del Grupo Parlamentario Popular a esta misión porque después de unos años extraordinariamente difíciles y sangrientos parece que Irak tiene una evolución positiva en términos de estabilidad y también de
democratización, y yo creo que España puede y debe contribuir al futuro del pueblo iraquí en democracia, en libertad y en seguridad, y esta sería una buena forma de contribuir a ello.



Quiero referirme también como una operación concreta a la operación en Afganistán. En su informe hablamos de un contingente de 8 efectivos encuadrados en Eupol y 14 en ISAF, pero, como le decía al principio de mi intervención, hay una
autorización del Parlamento para llegar hasta 40 efectivos más, lo cual significaría más que duplicar la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Afganistán. Quiero compartir con usted una doble preocupación de mi grupo. En
primer lugar, el deterioro evidente que ha habido de las condiciones de seguridad en este país: en el año 2008 hubo 295 bajas en las fuerzas internacionales que están desplegadas en Afganistán y en el año 2009 hubo 512 bajas, unas cifras que
realmente preocupan sobre la seguridad de los hombres y las mujeres que estamos desplegando en este país. En segundo lugar, además de este deterioro de las condiciones de seguridad, hay un deterioro en mi opinión de la situación política en este
país. En un informe reciente de Naciones Unidas se señalaba que la corrupción es para los afganos el principal problema, incluso por encima de su propia seguridad, y ha habido unas recientes declaraciones del presidente Karzai, que cuando menos
resultan muy inquietantes, en términos de acusar a la comunidad internacional de haber contribuido a un fraude electoral y de considerar la participación de países como España en este país como una fuerza veladamente ocupante más que como una fuerza
de colaboración con el Gobierno afgano. En todo caso, quiero transmitirle que, a pesar de las dificultades, el apoyo del Grupo Parlamentario Popular a la presencia de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
Afganistán es total. Me gustaría saber -porque la autorización que envió el Gobierno al Parlamento era tremendamente ambigua en lo que se refería a la Guardia Civil- si sigue vigente ese compromiso de enviar hasta 40 guardias civiles para estas
misiones de formación de la policía afgana, cuál es el calendario, cuáles son los efectivos finales que el Gobierno piensa enviar y si ante este deterioro de la seguridad se ha puesto alguna medida de seguridad adicional o en todo caso cuál va a ser
la coordinación entre ISAF y la misión policial para que la seguridad de los policías y los guardias civiles que acuden a Afganistán sea la mayor posible, como todos deseamos.



Ha habido otro incidente en la misión en Haití que me gustaría que el secretario de Estado nos explicara. Al parecer, España envió un grupo creo que era en torno a 20 guardias civiles -usted me corregirá porque no tengo el dato aquí ahora
mismo- en el buque de la Armada que tenía que acudir. Había ya, como muy bien ha relatado en su informe, una misión previa que se desarrolló en el año 2009. Esta misión evidentemente se ha desarrollado después de la catástrofe en el año 2010...



La señora PRESIDENTA: Señor Cosidó, solo quiero recordarle que lleva quince minutos en el uso de la palabra. Por favor, vaya terminando.



El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Termino, de verdad, con la mayor brevedad.



Parece que estos guardias civiles durante unos días no pudieron desembarcar. No estaban convenientemente acreditados ante las autoridades haitianas y ante las autoridades de Naciones Unidas, no tenían los apoyos logísticos pertinentes para
poder operar, y por tanto se produjo ahí una situación de descoordinación sobre la que nuestro grupo querría que el secretario de Estado nos informara y nos aclarase y en todo caso adoptara las medidas necesarias para que no vuelva a repetirse.



Misión en Líbano. He de mostrarle nuevamente nuestra preocupación por el deterioro de la seguridad. El general italiano que dio el traspaso al general Asarta -un general español a quien aprovechamos para felicitar porque creo que es la
primera misión internacional de este nivel que un militar español manda, al menos en esta misión en Líbano-, como decía, advertía al general español de un riesgo de escaladas de incidentes en la frontera entre Líbano e Israel y la propia ministra de
Defensa española llamaba la atención sobre que la paz pende de un hilo en este país. Usted habla de 12 componentes. La información que yo tengo es que actualmente hay 30 efectivos de la Guardia Civil desplegados en este país. Me gustaría que me
confirmara si realmente se ha producido este aumento y también que hiciera una valoración del riesgo y del cumplimiento de la misión.



Me ahorro hablarle de Kosovo porque estoy muy fuera de tiempo, pero sí quiero decirle que hay algunas misiones que no aparecen en el informe y que en nuestra opinión deberían aparecer o en todo caso nos gustaría


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que usted nos diera información adicional al respecto en su réplica. Por ejemplo, la misión que desarrolla la Guardia Civil en Senegal para el control de las fronteras marítimas de este país creo que es una misión que se realiza en el
contexto de Frontex. En mi opinión, ese tipo de misiones deberían estar también incluidas y en todo caso le agradecería que nos aportara información sobre la misma y sobre aquellas otras misiones que se están desarrollando en África con esta
función de control de inmigración ilegal y control de fronteras marítimas. Sería bueno también que en el informe incluyera -o que usted nos informe de ello en su réplica- las donaciones de material que se han realizado a los países con los que
España coopera en este ámbito. Hago una llamada de atención y le expreso nuevamente el apoyo del Grupo Parlamentario Popular a este tipo de misiones, aunque sí quiero decirle que en nuestra opinión sería muy conveniente que fueran acompañadas de
alguna forma de promoción de derechos humanos para evitar que este tipo de material o de cooperación pueda en un momento determinado ser utilizado de manera inadecuada.



Por último -y ya termino, señora presidenta, agradeciéndole su benevolencia-, en relación con la financiación de estas misiones, nosotros no estamos de acuerdo con que parte al menos de los recursos que se dedican a las mismas salgan de los
créditos ordinarios del Ministerio del Interior, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que como bien conoce el secretario de Estado son cada vez más escasos como consecuencia de la situación de crisis económica en la que nos encontramos.
Por tanto, le instaríamos a buscar algún mecanismo financiero que permitiera que estas misiones no se financiaran de esta manera.



Termino, señora presidenta, insistiendo en la idea con la que empezaba.
Hoy todos nos podemos sentir legítimamente orgullosos de la labor que están desempeñando los policías nacionales y los guardias civiles por todo el mundo en defensa de
nuestra seguridad y de la paz y la seguridad internacional.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra por el Grupo Mixto la señora Díez, a ser posible durante diez minutos escasos.



La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Señora presidenta, procuraré que incluso me sobre tiempo de lo estipulado.



Le agradezco al secretario de Estado su comparecencia, las explicaciones e informaciones que nos ha dado sobre la presencia de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en misiones en el exterior, los detalles sobre dónde están,
cuántos están y cuánto invertimos en términos económicos en su presencia. También comparto su reflexión relativa a que nuestra presencia, la inversión que hace España como país a través de nuestros hombres y mujeres de la Guardia Civil y la Policía
Nacional, es una inversión en libertad y en defensa de derechos humanos y asimismo comparto con usted la reflexión de que es imposible construir democracia y defender libertades sin garantizar seguridad. Por eso, porque comparto esas reflexiones,
es el motivo por el que siempre, en mi corta vida parlamentaria en este Congreso de los Diputados, he apoyado, en el tiempo que he tenido posibilidad de hacerlo, nuestra presencia en ese sentido para cumplir con esa obligación que como ciudadanos
españoles nos tiene que honrar.



Dicho esto, una vez que sabemos cuántos están, cuánto cuesta, dónde están y para qué están, quisiera hacerle al secretario de Estado tres apreciaciones y solicitudes sobre algo que me parece importante para que los objetivos por y para los
que están nuestras fuerzas de seguridad en esos países extranjeros peligrosos se cumplan de la mejor manera posible, garantizando al máximo no solo la seguridad de los ciudadanos de aquellos países sino la de nuestros propios hombres y mujeres. La
primera de ellas tiene que ver con una reiteración que se produce a través de diversos informes que emiten los jefes de contingente. Le pido una opinión al respecto y que me confirme algo que yo tengo confirmado, pero, por si acaso. Diversos jefes
de contingente se han remitido a la Secretaría de Estado solicitando que se utilice lo que podríamos llamar una unidad doctrinal para las misiones en las que participan guardias civiles y policías nacionales como miembros del mismo contingente,
porque a pesar de que son muchas las ocasiones en las que Guardia Civil y Policía Nacional comparten misión, la selección de cada cuerpo se hace de forma separada y sin contar con el otro, con el que van a compartir misión y contingente. Por tanto,
los relevos no suelen estar coordinados, o mejor dicho, no están en modo alguno coordinados, aunque puede que coincidan, cada cuerpo va por libre, si me permite la expresión coloquial, e incluso durante la misión puede parecer -de vez en cuando lo
parece- que no forman parte del mismo contingente y a veces ni siquiera se sabe si de la misma misión. Le pediría al secretario de Estado que me diera una respuesta en este sentido; si es cierto que se ha solicitado en diversas ocasiones esta
unidad doctrinal y si hay una respuesta al respecto o realmente este es un asunto que está solucionado y que no plantea ningún problema de operatividad.



La segunda cuestión que le quería plantear tiene que ver con algo que ya el portavoz del Grupo Popular de otra manera citó pero que tiene que ver con lo mismo que acabo de expresar, con la necesidad de que haya reglas claras, que nuestros
guardias civiles y policías sepan siempre a qué atenerse y lo sepamos también nosotros. Que estén claras cuáles son las reglas y dónde está el mando, pero, sobre todo, hasta dónde puede mandar el mando, si me permite que se lo diga de esta manera.
Creo que hay algunas ausencias reglamentarias o legislativas, algún incumplimiento por parte del Gobierno, que resolvería muchos de estos problemas, y el Ejecutivo tiene la obligación de legislar al respecto. Uno tiene que ver con la necesidad de
que el Gobierno elabore el real decreto a que viene obligado según el


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artículo 24 de la Ley 5/2005, de Defensa Nacional, en el que se dice expresamente, que el Gobierno mediante real decreto regulará las misiones de carácter militar a que se refiere el artículo anterior, que es el que habla de que la Guardia
Civil es un instituto armado, aplicando las condiciones y el régimen de consulta previsto en esta ley a las misiones que se realicen en el exterior. Se ha citado anteriormente alguna resolución parlamentaria al respecto, pero más allá de las
resoluciones parlamentarias, que son mandatos y que naturalmente el Gobierno debe cumplir, hay una ley que tiene ya cinco años de vida que lo dice expresamente, y en la medida en que tenemos muchos hombres y mujeres fuera, tenemos la obligación
-insisto- de que las reglas sean claras también para ellos. Otro incumplimiento normativo o legislativo por parte del Ejecutivo en esta misma dirección es un incumplimiento derivado de la Ley de régimen disciplinario de la Guardia Civil,
concretamente la disposición final tercera. Estamos hablando de una ley de 23 de octubre de 2007, si no recuerdo mal, que dice que el Gobierno mediante real decreto regulará en el plazo de seis meses -decía hace tres años-, a contar desde la
entrada en vigor de la ley, las misiones de carácter militar que se encomienden a la Guardia Civil. Sabe el secretario de Estado -lo sabe mejor que yo- que estas disposiciones legislativas que mandatan al Gobierno a hacer estos desarrollos no son
formalidades, son cosas importantes y realmente tienen que ver con el objetivo del trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con el mejor cumplimiento de su tarea; mejor seguridad para ellos, mejor seguridad para todos. Creo que
debe haber reglas claras. Que se sepan cuáles son las herramientas del mando, que estas no sean discrecionales y que esté todo reglado hace que nuestra Guardia Civil y nuestra Policía Nacional sepa, en el cumplimiento de su trabajo, que son siempre
no herramientas del mando, sino herramientas del Estado. Eso es mucho más fácil si está absolutamente determinado, clarificado y reglamentado a través de las disposiciones que el Gobierno tiene obligación de plantear a la Cámara, que si depende
solo de la voluntad o del mejor o peor entendimiento del mando que les ha tocado en suerte o en desgracia. Es muy importante que se clarifiquen estas cosas con arreglo a la ley, con arreglo a derecho, con arreglo al mandato parlamentario y al
mandato legislativo para que nuestros hombres, los que están allí y nos representan y hacen esta tarea que todos elogiamos, sientan que siempre son un instrumento del Estado y no una herramienta de la correa de mando.



La señora PRESIDENTA: Como no está el señor Ridao, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco el señor Olabarría.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Quiero dar las gracias al señor Camacho por sus explicaciones. Mi intervención va a ser de una brevedad sumaria, en primer lugar, porque nos parecen pertinentes y suficientes sus explicaciones, complementadas
correctamente por el informe que nos ha remitido, y, en segundo lugar, por una experiencia de naturaleza personal que le voy a glosar muy rápidamente.



En el año 1991, en la primera operación donde participó la Guardia Civil, una operación particularmente compleja y sofisticada porque se trataba de formar a la nueva policía de la República de El Salvador, yo estuve allí -una expresión muy
al uso-. Yo era observador internacional de las elecciones que coincidían con este mandato de la Guardia Civil, después de que la guerrilla en la República de El Salvador desistiera de sus pretensiones o desistiera de intentar tomar la república,
cosa que no se ha podido conseguir con cierta facilidad si no se hubieran tomado ciertas decisiones de política internacional que no es menester glosar en este momento, y donde en las mismas aulas se formaba a una nueva policía, constituida la mitad
de sus componentes por antiguos guerrilleros y la otra mitad por antiguos miembros de la policía represora de los gobernantes de El Salvador. Aquella misión era particularmente delicada y bien realizada por los miembros de la Guardia Civil allí
presentes. De lo que no estoy tan seguro es de los resultados finales y de que la policía que dimanó de allí ejerciera ex post, posteriormente, sus funciones adecuadamente. En todo caso, solo le voy a hacer una recomendación o petición, señor
secretario de Estado, señor Camacho. No nos encontraríamos con iniciativas, peticiones o pedimentos de esta naturaleza si lográramos resolver un problema que raya en lo paranormal.¿Por qué la Guardia Civil sigue teniendo las características de un
cuerpo de naturaleza militar? Eso nos obliga a todos a realizar especulaciones que rayan en la metafísica existencial. ¿Por qué cuando se realizan misiones policiales de carácter estrictamente civil, como las que han sido glosadas por usted y por
otros portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, tienen la normalidad y los mandatos internacionales que legitiman perfectamente operaciones de esta naturaleza? Dicho esto, señora presidenta, termino mi intervención.



La señora PRESIDENTA: Gracias por su intervención, siempre interesante pero breve, con lo cual creo que todos se lo agradecemos.



Tiene la palabra por el Grupo Socialista el señor González Serna.



El señor GONZÁLEZ SERNA: Señor secretario de Estado, en primer lugar, también quiero darle la bienvenida a la Comisión de Interior en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Si no fallan mis cuentas, esta es la vigésima ocasión en la
que usted acude a esta Comisión de Interior, catorce a asuntos ordinarios y seis a asuntos relacionados con los Presupuestos Generales del Estado, lo que quiere decir, para que usted y el resto de SS.SS. lo sepan, que ha comparecido cuatro veces
más que su inmediato antecesor, lo cual dice mucho de su afición e interés por cumplir con las exigencias del


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Parlamento. También quiero agradecerle sus pormenorizadas explicaciones en torno a las operaciones en el exterior en las que intervienen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que mi grupo considera muy relevantes y sobre las que nos
gustaría hacer brevemente tres reflexiones, si bien con carácter previo quiero referirme concretamente a dos cuestiones que hemos escuchado esta tarde y sobre las que quisiéramos expresar nuestra opinión.



En primer lugar, saludo y agradezco el consenso general expresado por todos los grupos que han intervenido, especialmente saludo el consenso expresado por el señor Cosidó, a quien me gustaría hacerle dos consideraciones en torno a su
intervención. La primera, sobre el retraso en la tramitación del real decreto que regula las misiones de carácter militar que pueden encomendarse a la Guardia Civil. Creo que el Partido Popular debería tener un poquito de paciencia. Está en su
perfecto derecho de exigir al Gobierno que cumpla con este compromiso, pero su coherencia se debilitaría menos si recordara que el propio Gobierno del Partido Popular inició la tramitación de la regulación que hoy exige en junio de 1997 y que, tras
contar incluso con dictamen del Consejo de Estado de mayo de 2002, fue paralizada en 2003. El Grupo Popular debería dar un voto de confianza en esta cuestión al Gobierno, pues me consta que está trabajando con seriedad y que tiene interés en que
ese reglamento vea la luz cuanto antes. En segundo lugar, también quería referirme al repentino e intenso interés del Grupo Popular y del señor Cosidó por los mecanismos de autorización parlamentaria para permitir la salida de efectivos de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Llama mucho la atención, a mi grupo le llama poderosamente la atención y es una auténtica pena, señor Cosidó, que ese interés no llegara antes, hace muchos años, cuando ustedes gobernaban y tomaron
decisiones muy importantes en contra de la ciudadanía y también del Parlamento.



Dicho esto, paso a poner de manifiesto tres reflexiones relacionadas con la comparecencia del señor secretario de Estado. Señor secretario de Estado, su presencia hoy en esta Comisión es valorada por mi grupo parlamentario como una
innovación importante en la dinámica parlamentaria porque supone un paso adelante en la transparencia y en la mejora de la capacidad del Parlamento para ejercer su función de control al Gobierno.
No es casual ni fortuito el hecho de que se haya
producido la participación de mi grupo en este acuerdo y tampoco es casual la predisposición positiva del Gobierno, y no lo es porque estamos asistiendo a un periodo de mejora desde 2004, a un periodo de perfeccionamiento de los mecanismos
democráticos de control al Gobierno.
Me pregunto -y formulo esta cuestión en público al hilo de esta reflexión- si un Gobierno de otro signo político, si un Gobierno del Partido Popular, o dicho de otra forma, si en el pasado el Partido Popular en
el Gobierno hubiera asumido el compromiso político de comparecer anualmente para dar cuenta de la acción en el exterior de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a petición del Partido Socialista y del resto de grupos de la oposición. Mi
respuesta -cada una de SS.SS. tendrá la suya propia- es que, a tenor de lo que podríamos llamar el acervo político del Partido Popular entre 1996 y 2004, posiblemente fuera un no sin muchas contemplaciones. Y aprovecho esta reflexión para poner en
valor y reiterar la importancia de esta comparecencia que mi grupo considera un pequeño paso más en la dirección de mejorar los mecanismos democráticos de control.



La segunda reflexión que quería plantear es sobre el fondo de la cuestión.
Compartimos, señor secretario de Estado, el diagnóstico que usted ha realizado y quiero empezar diciendo que nos sentimos profundamente orgullos del valioso cometido
que cumplen los agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil en las misiones en el exterior. No nos cabe la menor duda de que la acción exterior de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es la expresión del compromiso de
España, es la expresión del compromiso de los españoles con la paz en el mundo, y nos sentimos orgullosos de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado españolas contribuyan de forma activa con su esfuerzo y su tarea a la preservación de la
paz, de la seguridad y de la estabilidad internacional, arriesgando incluso para ello sus propias vidas. Además -quiero subrayarlo-, nos enorgullece que lo hagan integrados en esas misiones como componentes de fuerzas multinacionales bajo los
auspicios siempre de Naciones Unidas y de la Unión Europea, con respeto absoluto a la legalidad internacional con lo que los españoles y españolas sabemos que ello supone.



Señor secretario de Estado, señorías, los agentes que estuvieron durante 2009 en operaciones en el exterior -354, según las cifras que usted ha ofrecido-, los que estuvieron en los años anteriores desde 1999 -aproximadamente 800, como usted
decía- y desde luego los 233 que lo están en este momento han de saber que tienen el reconocimiento y la gratitud no solo de este grupo y de esta Comisión, sino también de la sociedad española en su conjunto por el enorme esfuerzo, por la tarea
impagable que realizan. Mi grupo considera que esta es una de las facetas más comprometidas de cuantas desempeña la Guardia Civil y la Policía y quizá por ello tenga más sentido todavía reconocer y valorar de forma pública el sacrificio que
realizan cada día fuera de su país, fuera de su casa, lejos de sus familias para contribuir a la paz, a la seguridad y a la estabilidad en el mundo y, por ende, también en nuestro país.



La tercera reflexión que quería realizar esta tarde supone manifestar expresamente el apoyo total del Grupo Socialista al Gobierno.
Consideramos que en esta materia está haciendo lo correcto; está haciendo un planteamiento serio y
riguroso. Un enfoque que parte de la certeza de que en el contexto internacional actual cualquier planteamiento serio sobre la seguridad nacional exige no limitar la actuación del Estado al territorio nacional. Y como usted mismo ha dicho en su
intervención,


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la seguridad interna cada vez depende más de lo que ocurre en el exterior.
Por eso nos parecen correctos y muy adecuados los criterios que usted ha expuesto hoy aquí de valoración para seleccionar las misiones en las que participa nuestro
país. Nuestro grupo valora la posición de un Gobierno que está comprometido con la paz y con la seguridad internacional y que es consciente de que ese compromiso exige como país que realicemos un esfuerzo colectivo que se traduce en la
participación y en la implicación tanto de nuestras Fuerzas Armadas como de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.



En conclusión, señorías, señor secretario de Estado, el Grupo Socialista considera que la acción en el exterior de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía no solo es un motivo de orgullo sino que además representa una valiosa
contribución al objetivo de conseguir un orden internacional estable de paz, seguridad y respecto a los derechos humanos.



La señora PRESIDENTA: Tiene de nuevo la palabra el señor secretario de Estado para su turno de réplica.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Camacho Vizcaino): Como es habitual, voy a contestar a los distintos portavoces de los grupos parlamentarios siguiendo el orden en el que han desarrollado sus intervenciones, por lo tanto, he de
comenzar haciendo referencia a la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Obviamente, he de comenzar agradeciendo su bienvenida a esta Comisión. No recordaba cuánto tiempo hacía que no venía, pero por mucho que S.S. me haya
echado de menos, sin duda yo he echado de menos la presencia en esta Comisión, porque creo que es una de las funciones importantes que realizo; realizo alguna otra, pero entre las importantes está comparecer ante ustedes que, en definitiva, son los
representantes de la soberanía, de los ciudadanos.
Para mí es una satisfacción venir a esta Comisión y por tanto a las Cámaras, sea al Congreso o al Senado, a dar cuenta de una gestión realizada, en este caso, en el último año. En todo caso, como
ha señalado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, creo que he cumplido hasta este momento con esa obligación con una nota que no me debe dejar de reconocer S.S. que al menos ha sido alta en relación con mis antecesores. Por lo que se
refiere al informe, ciertamente nosotros lo remitimos ayer. Este tipo de cosas -S.S. lo sabe bien por su experiencia profesional- muchas veces se terminan de elaborar en el último momento, y créame que siento que no lo haya recibido con tiempo
suficiente o con el que S.S. considera suficiente para llevar a cabo su intervención en esta Comisión.



Le agradezco especialmente el homenaje que ha hecho a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por su trabajo en el exterior. Es más, le diré que esta es la versión que más me gusta del Partido Popular y que desgraciadamente, por lo
que se refiere al trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el interior, echo de menos desde hace ya más de cinco meses. Porque de la misma manera que S.S. considera necesario ese homenaje a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
el exterior -es cierto que trabajan en condiciones de peligrosidad y en sitios extraordinariamente complejos para garantizar su seguridad- merecen también ese homenaje -así se lo reconocen los ciudadanos al ser una de las instituciones más valoradas
de este país- los policías y guardias civiles que desarrollan también en condiciones de seguridad muy limitadas en ocasiones su trabajo en el interior. Desgraciadamente estamos asistiendo en los últimos tiempos -últimamente se está intensificando y
por eso se lo digo, porque sé de su sentido común- a una campaña de acoso, presión e intento de instrumentalización de la labor legítima que desarrolla la policía bajo las órdenes y mandato de los jueces. Señor Cosidó, como sé que usted es una
persona de orden le pido de manera expresa que impida que su partido se deje llevar y secuestrar por el pasado, por las ovejas negras que puedan tener en su partido, y que sigan reconociendo el extraordinario trabajo de policías y de guardias
civiles porque además sé que es la posición mayoritaria en su partido. No olvido que son alternativa de Gobierno, que en su momento dirigirán la Policía y la Guardia Civil, y usted sabe perfectamente, por su actividad profesional, que ni la Policía
ni la Guardia Civil merecen determinados epítetos y declaraciones públicas a las que desafortunadamente estamos asistiendo en los últimos tiempos. Le agradezco su homenaje y espero que lo haga extensivo también a los policías y a los guardias
civiles que trabajan en el interior. Le agradezco su apoyo al conjunto de las misiones. Estoy de acuerdo con S.S. en que en cuestiones esenciales -y esta lo es-, en cuestiones de Estado, es necesario el consenso, sobre todo cuando ese consenso es
con la principal alternativa de Gobierno en este momento. Creo que con este tipo de apoyos y de reconocimientos están, en definitiva, cumpliendo con su obligación como principal fuerza de la oposición, sobre todo si tenemos en cuenta que estamos
hablando de funcionarios del Estado que se juegan muchas veces la vida en el exterior para garantizar la seguridad y la paz de nuestros ciudadanos y del resto de los ciudadanos del mundo. Por eso también le pediría que apoyara a aquellos que en su
trabajo del día a día se juegan la credibilidad que está siendo puesta en duda en los últimos tiempos.



Por lo que hace referencia al criterio de autorización parlamentaria, S.S.
sabe perfectamente que esta es una cuestión que ha sido regulada por una ley aprobada por esta Cámara en donde se establecen los criterios que deben justificar la
petición de una autorización parlamentaria en este ámbito. Y no hay que olvidar -lo he mencionado en varias ocasiones a lo largo de la comparecencia- que estamos hablando en casi todos los supuestos de misiones policiales y de misiones que tienen
por objeto labores esencialmente civiles. Estoy de acuerdo, en el ámbito legislativo, en que es necesario


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dictar el real decreto -y contesto a la portavoz del Grupo Mixto al mismo tiempo- que regule las misiones de la Guardia Civil en el exterior.
Estamos trabajando en ello. Sus señorías saben que la iniciativa legislativa corresponde en este
supuesto al Ministerio de Defensa y estamos trabajando con el Ministerio de Defensa. Yo he trabajado directamente en el contenido de este real decreto por esa importancia que le daban tanto los portavoces del Grupo Parlamentario Popular como la
portavoz del Grupo Mixto. Creo que se está elaborando una buena norma.
Hace pocas semanas que hemos mandado las últimas alegaciones por parte del Ministerio del Interior y no tengo duda de que cuando el Ministerio de Defensa tenga preparada esa
norma será aprobada y se cumplirá con el mandato al que hacía referencia la señora Díez. Sin embargo, disiento del portavoz del Grupo Popular en este ámbito. No es cierto que, porque esa norma no haya sido dictada, esté en peligro o exista de
alguna manera una indefinición o una inseguridad jurídica en las personas que van a esas misiones. Yo creo que la normativa que existe en este momento, la que está vigente, las normas que han sido dictadas en los últimos años, aclaran
perfectamente, con independencia del real decreto -que sin duda es necesario, se lo reconozco- cuándo la Guardia Civil está realizando funciones de carácter militar y cuándo esas funciones no lo son y por tanto tienen un régimen jurídico en algunos
aspectos sustancialmente distinto.



En cuanto a las afirmaciones hechas por el señor Cosidó en torno a la vinculación de la seguridad interior y la seguridad exterior, no puedo dejar de estar de acuerdo también. El mundo en el que vivimos ha cambiado de una forma
extraordinariamente intensa en los últimos tiempos.
Probablemente hace treinta años no era necesario en el Ministerio del Interior tener un ojo fuera, pero en este momento es importante tener ojos en muchos sitios del mundo si lo que pretendemos, y
sin duda es lo que pretenden todos los grupos que están en esta Cámara, es garantizar la mejor seguridad de los ciudadanos.



Por lo que se refiere a la idea de la agrupación de la Guardia Civil en el exterior, que le agradezco que haya manifestado expresamente que era una idea buena, no es una idea que se haya abandonado, sino una idea que no se ha ejecutado. Hay
una diferencia sustancial entre el abandono y la no ejecución. En el momento en que podamos, y su señoría ha hecho un buen análisis de la realidad del momento, sin duda analizaremos y determinaremos la posibilidad de retomar esa idea, pero no
vendrá ese análisis condicionado por la oferta de empleo público de este año. Ahí yo creo que hasta el Grupo Parlamentario Popular ha reivindicado en materia de presupuestos en este año, fruto de la crisis económica mundial, una contención del
gasto. No hay que olvidar que el compromiso electoral del partido en el Gobierno era mantener un número estable de policías y guardias civiles en torno a 140.000. En este momento hay casi 151.000 policías y guardias civiles sobre la base del
esfuerzo realizado en esta y en la anterior legislatura. En este momento de crisis, coincidiendo con lo que han sido reivindicaciones constantes del Partido Popular, esta oferta de empleo público no va a afectar ni a la calidad ni a la cantidad,
eficacia y eficiencia de los servicios policiales, pero porque hemos invertido de una manera intensa en los últimos años.



Paso a hacer referencia a algunas cuestiones que no eran objeto de esta comparecencia pero que, en la medida en que han sido planteadas por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular y dado el respeto y la estima que le tengo, intentaré dar
respuesta. Sabe su señoría que 53 policías en Venezuela no era una misión en el exterior, sino que iban en labores de seguridad para hacer un traslado de presos desde Venezuela a España. Su señoría manifiesta que no cree la versión que fue dada
por el Gobierno español. Pues créame, que sin duda a mí me cree, que no hay una versión distinta de la versión que fue en su momento explicada por el Gobierno.
Hubo un problema técnico en el plan de vuelo que había sido diseñado y fue necesario
reestructurar ese plan de vuelo. Usted sabe perfectamente que cuando un avión pierde el hueco de salida que tiene es necesario que vuelva a la cola y eso es lo que justificó un retraso de horas en la salida del vuelo. No hubo ninguna otra
motivación. El secretario de Estado estuvo ese día especialmente preocupado por el problema que pudiera suponer un retraso para los policías y también para las personas que tenían que ser trasladadas. A mí se me transmitió que se habló
telefónicamente con esas personas. Es normal que todas aquellas personas que vienen de viaje, si se retrasa su vuelo, cómodas del todo no estén, pero estaban en un centro con condiciones adecuadas y con todos los servicios a su disposición. Por
tanto, no tenemos la misma tesis en cuanto a la existencia o posible existencia de problemas en ese vuelo.
Pero al pairo de esta referencia que ha hecho a Venezuela, ha dicho algo que me parece especialmente grave y es que este Gobierno y los
responsables del Ministerio del Interior cuando la policía tiene problemas se ponen de perfil o de parte de los que les agreden. No creo que en ningún momento la actitud de ninguno de los responsables del Ministerio del Interior sea la de ponerse
de parte de aquellos que agraden a la policía y por eso empezaba mi intervención diciéndole que no estamos de acuerdo con el Partido Popular y con las últimas manifestaciones y declaraciones públicas de altos responsables del Partido Popular en
torno a miembros del Cuerpo Nacional de Policía. De la misma manera en que no estamos de acuerdo con ese sector del Partido Popular que está en campaña en contra de la policía, no estamos de acuerdo con nadie que agreda o que perjudique el buen
nombre y la credibilidad de nuestra Policía y Guardia Civil.



Por lo que se refiere a la misión de Irak, veo que sigue estando bien informado. Prácticamente ha dado contestación en su pregunta a los propios interrogantes que usted se planteaba y ha hecho mención a una visita de guardias civiles con
objeto de preparar una presunta posible futura misión. Esa es en definitiva la labor que


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llevó a los guardias civiles a Irak, y en su momento, cuando el Gobierno lo acuerde previos los trámites correspondientes, se pondrá en conocimiento y, si es necesario y lo considera necesario S.S., yo compareceré en esta Cámara para
relatar, en el supuesto de que se produzca, esa misión en Irak.



En relación con Afganistán, S.S. también ha dado respuesta en parte a los interrogantes que planteaba. Ahí hay una autorización de febrero de este mismo año donde se establecía el número máximo de componentes de la misión. Comparto -se
dará cuenta de que hoy casi comparto todo con S.S.- la preocupación en torno a las condiciones de seguridad y en cuanto a la situación que en este momento tiene Afganistán. Lo comparto hasta el punto de que ayer estuvimos despidiendo en la
Secretaría de Estado a un miembro de la Guardia Civil que se va a Afganistán y hablábamos de las cuestiones referentes a las condiciones de seguridad y la situación en la que se encuentra Afganistán. Usted conoce bien a la Guardia Civil y no le
tengo que trasladar que esta persona estaba especialmente contenta -era un destino voluntario- por irse a trabajar a Afganistán. No le tengo que relatar cómo son los guardias civiles, pero sí le voy a asegurar que el Gobierno va a hacer, está
haciendo y ha hecho, todo lo necesario y todo lo posible para que las condiciones de seguridad en las que funcionarios estatales, Policía y Guardia Civil, desarrollan su misión en el exterior sean siempre las más adecuadas y sean siempre las
óptimas. No le voy a relatar las gestiones que he podido hacer en el último año para ello, pero han sido muchas y he contado con información directa acerca de las condiciones en las que se encontraban los guardias civiles que ya estaban en
Afganistán. Por tanto, comparto nuevamente con usted la preocupación y comparta usted conmigo la tranquilidad que da saber que el Gobierno tiene esta preocupación y está dispuesto a hacer todo lo posible para intentar evitar que se produzca algún
problema.



En este momento querría hacer un reconocimiento a todos aquellos que formando parte de misiones policiales en el exterior hayan podido fallecer. Creo que es un buen ejemplo del compromiso de nuestros policías y de nuestros guardias civiles
con lo que supone la idea de España, del Estado y la garantía de la seguridad en ocasiones no solo de nuestros ciudadanos, sino de ciudadanos que viven en zonas de conflicto especialmente complejas.



En relación con Haití, es cierto que tras el terremoto se mandó una misión. Como conoce usted perfectamente, la Guardia Civil quería salir rápidamente para la zona y aprovechó un transporte militar, y también conoce usted la situación en la
que se encontraba Haití porque desgraciadamente todos pudimos verla en la televisión en el momento en que llegó ese barco. Sí hubo un retraso entre el momento en que llegó el barco y el momento en que pudieron comenzar a ejercer sus funciones. Hay
que entender que también Naciones Unidas se encontraba superada por la realidad del país y por la realidad a la que tenía que hacer frente, pero creo que fue importante que nuestros guardias civiles estuvieran allí desde el primer momento porque era
lo que ellos deseaban y además nos garantizaba que pudieran desarrollar su reconocida eficacia cuanto antes.
Es cierto -y coincido con S.S. nuevamente en esta comparecencia- que no se contenía una referencia a la importantísima labor que
desarrollan nuestros guardias civiles y nuestros policías en países como Senegal o Mauritania en el control de la inmigración ilegal. Es cierto que no se contenía una referencia a la importante labor que han venido desarrollando. En todo caso,
S.S. conoce perfectamente las características de esta misión, cuál es el objeto de la presencia de buques y de miembros de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía y sobre todo creo que S.S. reconoce el extraordinario trabajo que han
desarrollado en los últimos tres años, lo cual nos permite en este momento asistir a un escenario en el que el control de la inmigración ilegal ha llevado a que se haya reducido de una manera espectacular e intensa la llegada de inmigrantes
ilegales, y sobre todo han conseguido que la situación de peligro en la que estas personas tenían que efectuar ese viaje hacia el futuro no se produzca. Creo que es de justicia recordar que los servicios policiales y del Estado están buscando a
inmigrantes que han podido desaparecer en una de esas llegadas de inmigrantes ilegales que se han reducido pero que desgraciadamente continúan existiendo. No tenga ninguna duda, señor Cosidó, de que cada vez que el Gobierno decide intervenir en
alguna de estas misiones, es más, cada vez que la Unión Europea, la Organización de Naciones Unidas o la OSCE decide iniciar una de estas misiones, tiene como finalidad la promoción de los derechos humanos. En definitiva, ni a Naciones Unidas ni a
la Unión Europea ni a la OSCE ni al Gobierno español se les ocurre en ningún momento iniciar una de estas misiones o garantizar la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado si no tienen por objetivo directo o indirecto, inicial o
final el respeto a los derechos humanos.



Por lo que se refiere a la intervención de la portavoz del Grupo Parlamentario Mixto deseo agradecer su bienvenida a esta Comisión, así como sus observaciones y reflexiones, que siempre son inteligentes. En cuanto a las ausencias
legislativas, comparto con S.S. que en este momento no se han dictado las normas a las que hacía referencia, pero comparta S.S. conmigo la reflexión a la que he hecho mención anteriormente. Yo he trabajado directamente sobre ese real decreto y me
he preocupado de que contenga todo lo necesario para garantizar que las condiciones en que nuestros policías y nuestros guardias civiles desarrollan sus funciones en el exterior, funciones extraordinariamente complejas, sean las mejores. Después
hay una cierta extrañeza en torno a una supuesta unidad doctrinal. No me ha llegado, aunque es posible -no le niego, si usted los tiene, que se hayan producido-, ningún tipo de informes de jefes de ninguna clase de misión que pongan de manifiesto
la falta de unidad doctrinal que, por otro lado, es difícil que se produzca porque es cierto que en este ámbito interviene


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nuestra Dirección General de Extranjería, pero la selección de las personas que forman parte de los contingentes tanto del Cuerpo Nacional de Policía como de la Guardia Civil está a cargo del director general de la Policía y de la Guardia
Civil, que es director general de ambos cuerpos. Por tanto, creo que no existe en el planteamiento de la forma en que se generan los componentes de esta misión ninguna falta de unidad doctrinal que provoque ningún tipo de perjuicio entre los
mismos, pero en todo caso voy a hacer una sumaria investigación a los efectos de averiguar la posible existencia de algún informe y sin duda reflexionaré acerca de la posibilidad de mejorar el sistema porque considero que cualquier responsable
público siempre debe reflexionar sobre la posibilidad de mejorar aquello que se ha hecho, tanto si ha salido bien como si no ha salido bien. También es necesaria la reflexión cuando el resultado de nuestro trabajo es bueno.



Al portavoz del Grupo Parlamentario Vasco le doy las gracias por los calificativos que ha dado a las explicaciones que se contenían en mi comparecencia. Creo recordar que ha dicho que mis explicaciones han sido pertinentes y suficientes y
por eso le agradezco su intervención. Por lo que refiere a su petición, ahí empezamos a estar en desacuerdo. En este momento uno de los elementos que más influyen en el buen nombre de la Guardia Civil en sus misiones en el exterior es su carácter
mixto, de fuerza policial y de contingente de naturaleza militar. Creo que debe respetarse cualquier tipo de opinión y por tanto respeto la opinión de S.S., pero en este momento el Gobierno tiene muy claro que la Guardia Civil debe seguir teniendo
naturaleza militar.



En cuanto a la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, deseo agradecerle nuevamente la bienvenida y que lleve tan buena cuenta del número de intervenciones del compareciente en esta Comisión porque ciertamente era un
dato que yo no tenía encima de la mesa. Deseo reiterarle que para mí -creo que se nota- es un placer comparecer ante esta Cámara a efectos de dar cuenta de la gestión desarrollada. Coincido con todas y cada una de sus reflexiones, como es la
necesidad de consenso en esta materia. Afortunadamente en esta materia contamos con el consenso de todos los grupos parlamentarios y también del Grupo Parlamentario Popular, por supuesto. También estoy de acuerdo con lo que usted consideraba el
fondo de la cuestión, que es el compromiso que tenemos desde el Estado, desde los ciudadanos y desde el Gobierno español con el resto del mundo. No se trata solamente de una visión utilitarista de nuestra presencia en el exterior sino de un
compromiso -creo que lo ha calificado de la forma más correcta posible- de los españoles con lo que ocurre en el mundo exterior. El mundo en el que vivimos tiene que construirse sobre la base de ese tipo de compromisos.



Agradezco las intervenciones de SS.SS., y estoy dispuesto a reflexionar o a debatir sobre aquellas otras cuestiones que consideren necesarias o que no hayan quedado suficientemente claras con mi intervención.



La señora PRESIDENTA: Creo que ha sido una intervención que casi termina con el debate. En cualquier caso, si alguna de SS.SS. quiere intervenir muy brevemente le daré la palabra. Y voy a aprovechar que estoy en el uso de la palabra para
decir que es verdad que muchas veces no tenemos presentes el número de reuniones celebradas. Creo recordar que comenté con los portavoces que el primer semestre de este año iba a ser un periodo muy complicado para nuestro Gobierno y que casi era
incompatible una asistencia normal con la cantidad enorme de reuniones de carácter europeo que se están desarrollando -nosotros no somos tan protagonistas como el Gobierno- con motivo de la Presidencia europea. (El señor Cosidó Gutiérrez pide la
palabra.)


Señor Cosidó, si quiere intervenir, le doy la palabra brevemente.



El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Sí, señora presidenta, se lo agradezco porque hay alguna alusión casi directa del secretario de Estado en su respuesta y quiero decirle dos cosas. Primero, que en el reconocimiento a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado creo que cabe hacerme, como portavoz, poca crítica; incluso a veces alguno de los grupos parlamentarios ha llegado a recriminarme cierto exceso en la floritura con que acostumbro a hacer ese reconocimiento. Hoy tocaba el
exterior, pero lo hago habitualmente, yo diría que casi siempre que tengo ocasión, en el interior. En segundo lugar, le agradezco los consejos, pero mire, ataque a las instituciones, el perpetrado ayer en la Universidad Complutense contra el
Tribunal Supremo, no solo en presencia de destacados miembros del Partido Socialista Obrero Español sino también de algún miembro del Gobierno, algún secretario de Estado y por tanto compañero suyo. Por eso yo le diría que el discurso que ha hecho
se lo aplique usted directamente y no sólo en su calidad de miembro del Gobierno, sino que como persona conocedora del mundo de la justicia en su calidad de fiscal aconseje a los miembros de su partido y a los miembros de su Gobierno que es muy
importante para el funcionamiento del Estado de derecho garantizar ese respeto a las instituciones que creo que mi partido siempre ha tenido, no solamente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sino también con la justicia; por lo menos
nunca hemos participado en un acto del tipo que se produjo ayer.



Creo que es importante que definamos mejor cuál es el concepto de operaciones en el exterior. Operaciones como la de Senegal o la de Mauritania deben estar incluidas en posteriores informes que elabore el Ministerio del Interior cumpliendo
este mandato de la Comisión. Me gustaría que fuese un poco más preciso en el real-decreto de misiones de naturaleza militar y que adquiriese un cierto compromiso en esta Comisión. Nosotros le instábamos -y no era una cuestión del Grupo
Parlamentario Popular, que era el proponente, sino algo unánimemente aprobado por la Comisión- a que fuese


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urgentemente. No quiero apremiarle con la urgencia, pero sí me gustaría que asumiera un compromiso temporal acerca de qué estamos hablando, de cuándo vamos a tener ese real decreto que usted mismo ha reconocido que es importante. Es bueno
para posteriores ocasiones que fijemos los criterios en los que el Gobierno pide autorización a la Cámara y en los que no la pide para el despliegue de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En unos casos se incluyen y en otros casos no. Creo
que es bueno hacerlo y le ofrezco nuestro acuerdo para llegar a un criterio de en qué casos es bueno que se incluya en la petición que se realiza al Parlamento y en qué casos consideramos que no es necesario hacerlo, pero sí definir el criterio para
que no haya ese tipo de disparidades que he puesto de manifiesto entre unas misiones y otras: en unas se incluye y en otras no se incluye.



Oferta de empleo público. Aunque no es el debate que hoy nos ocupa, como ha hecho usted alguna reflexión, le diré que mi partido es claramente partidario de una restricción en la oferta de empleo público, y yo creía que usted también -sí,
creía que el Gobierno actual, también- de excluir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de esa excepcionalidad de reposición del 10 por ciento. Por tanto, me gustaría que aprovechara su presencia en la Comisión para decir que habrá un
aumento de la oferta de empleo público de este año porque en los términos en los que ha sido inicialmente aprobado me parece, y se lo digo con toda sinceridad, una irresponsabilidad debido a la merma que va a suponer de efectivos este año y por la
política de acordeón, es decir, pasar de una oferta de empleo público de 11.000 efectivos a una oferta de empleo público de 400 efectivos. Muchas veces la virtud está en mantener una política coherente a lo largo del tiempo.



Para zanjar la polémica sobre Venezuela, me gustaría que remitiera a esta Cámara el informe elaborado por el comisario jefe de las unidades de Intervención Policial ya que, por lo que ha trascendido a los medios de comunicación, se producen
unas circunstancias que nada tienen que ver con el normal retraso de un vuelo que además estaba anunciado con enorme antelación. Sería bueno que conociéramos ese informe y en ese sentido le pido formalmente, a través del 'Diario de Sesiones', que
nos lo remita.



Me gustaría que me dijera cuántos efectivos van finalmente a desplegarse en Afganistán en esta misión autorizada por el Parlamento en el mes de febrero, es decir, si realmente se va a llegar al techo de cuarenta o en que número de efectivos
nos vamos a mover en Afganistán. También querría que nos adelantara -aunque reconozco que es mucho pedirle- alguna información adicional sobre cuál es la operación que se está planteando en Irak. Y respecto a Haití, es verdad que las
circunstancias fueron ciertamente dramáticas, pero en nuestra opinión hubo errores que se cometieron en España, y en España, por fortuna, había una situación de normalidad. Entendemos que lo que ocurrió es que falló la comunicación entre el
Ministerio del Interior, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Naciones Unidas y el Gobierno haitiano para que los guardias civiles no pudieran desembarcar. Y no se trata en este caso de satisfacer el ansia de servicio de los guardias civiles,
siendo eso muy importante, se trata de que los guardias civiles hubieran podido prestar un servicio muy valioso en unos momentos críticos que hubieran evitado parte de los problemas de saqueos y de inseguridad que agrandaron aún más las terribles
consecuencias que ya tuvo de por sí el terremoto.



Una última cuestión si me lo permite, señor secretario de Estado, es que entiendo que las misiones militares, todas, habrán sido desempeñadas por la Guardia Civil, salvo que se esté pensando que el Cuerpo Nacional de Policía también pueda
desarrollar ese tipo de misiones. Pero de las misiones puramente policiales, que creo que la cifra era de 151 ó 156, querría que no dijese cuántos efectivos fueron de la Guardia Civil y cuántos del Cuerpo Nacional de Policía. (El señor González
Serna pide la palabra.)


La señora PRESIDENTA: Señor González Serna, muy brevemente, por favor.



El señor GONZÁLEZ SERNA: Con extraordinaria brevedad, señora presidenta.
Muchas gracias por concederme el uso de la palabra pues sólo quiero hacer una reflexión al hilo de lo escuchado.



A juicio del Grupo Parlamentario Socialista, atacar a las instituciones no es acudir a actos como el de ayer. Eso, a nuestro juicio, es ejercer simple y llanamente derechos constitucionales, pero sí atacar a las instituciones es lo que ha
hecho días atrás el ex vicepresidente del Gobierno, señor Álvarez-Cascos, y la secretaria general del Partido Popular, acusando al Cuerpo Nacional de Policía de manipular pruebas en el curso de una investigación judicial. Ese es el ataque más grave
que se ha hecho en democracia al Cuerpo Nacional de Policía y eso sí es realmente atacar a las instituciones, algo que este grupo condena rotundamente.



La señora PRESIDENTA: Para finalizar esta parte del orden del día tiene la palabra el señor secretario de Estado.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Camacho Vizcaino): También brevemente, señora presidenta.



Al portavoz del Grupo Parlamentario Popular le diré que no ha sido una alusión casi directa, ha sido una alusión directa. Por las mismas razones que él mismo señalaba, porque es persona de orden que conoce bien a los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado y conoce también bien la labor que desempeñan y las condiciones en las que desempeñan esa labor los policías y los guardias civiles tanto en el exterior como cuando funcionan como policía judicial.



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Señoría, creo que no pueden tener un criterio tan laxo a la hora de juzgar unos actos y no juzgar otros; de juzgar negativamente unos y de no juzgar -ni siquiera juzgar positivamente- otros. Yo recuerdo una comparecencia pública no hace
más de un año -no voy a mencionar el partido- del principal responsable de un partido político acompañado de presidentes de comunidad autónoma, de la cúpula del partido, alcaldes y concejales en la sede del partido, con un cartel detrás con el
símbolo del partido, es decir un acto orgánico del partido, en el que se habló de una conspiración mundial de policías, jueces y fiscales, y no oí a ningún responsable del Partido Popular en relación con una causa judicial abierta a algunos miembros
de ese partido. Se habló de una conspiración de policías, jueces y fiscales; en definitiva, de que había un sector del Estado que estaba conspirando en contra de las personas encausadas en ese procedimiento. Y no hubo ningún responsable del
Partido Popular que hiciera un juicio similar al que usted ha hecho en este momento. Por tanto, analicemos la realidad con el mismo criterio y, cuando tengamos un criterio, apliquémoslo a todos los actos que se producen y determinemos si eso no es
un ataque a las instituciones, porque los epítetos que se lanzaron en esa comparecencia pública, al máximo nivel, que no se ha visto nunca en la historia de la democracia, fueron seguidos a lo largo de los meses por dimisiones continuadas de cargos
públicos, ceses dentro del partido y, finalmente, hace pocos días hemos conocido la realidad de una causa de 50.000 folios, y creo que está en los medios de comunicación. Por tanto, utilicemos el mismo criterio siempre y no hablemos de
conspiraciones en aquellos supuestos en los que dicha conspiración no existe. Y, si alguien habla, critiquémosle.



Por lo que se refiere a la oferta de empleo público, no es que yo haya hecho referencia a la oferta de empleo público, es que he contestado a la referencia que usted ha hecho cuando ha dicho que sería difícil que nosotros pudiéramos
reflexionar sobre la agrupación de la Guardia Civil en el exterior con la oferta de empleo público que habíamos hecho. Y pide algo que el Gobierno ya ha hecho. El Gobierno ha excepcionado la oferta de empleo público para policías y guardias
civiles y para miembros de Instituciones Penitenciarias de los límites que se han establecido para los demás funcionarios del Estado. Por tanto, volvemos a estar de acuerdo. Era necesario excepcionarlo, y el Gobierno lo ha excepcionado.



La versión que yo tengo de Venezuela es la que le he relatado. No he escondido en ningún momento ninguna maquinación ni ningún tipo de conducta irregular que se desarrollara en Venezuela y que hubiera afectado a la seguridad de nuestros
policías.



Por lo que se refiere a Afganistán, son 40 el máximo que consta en la autorización y a lo largo del desarrollo de la misión veremos en cada momento cuántos son los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que deben y que
pueden estar allí.



En Haití, yo creo que, si S.S. vio las imágenes del estado en que se encuentra la isla, entendería que era difícil organizar la ayuda, pero, si S.S. tiene datos para estimar que lo que hubo es una descoordinación y que esta descoordinación
es imputable al Gobierno, no es la información que yo tengo.



Creo que con esto he dado contestación a todas las cuestiones planteadas por su señoría.



La señora PRESIDENTA: Vamos a suspender durante tres o cuatro minutos la Comisión, y enseguida continuaremos. (Pausa.)


- DEL MINISTRO DEL INTERIOR (PÉREZ RUBALCABA), PARA INFORMAR SOBRE LA IMPUNIDAD DE LOS ACTOS FASCISTAS SUFRIDOS EN LA COMUNITAT VALENCIANA. A PETICIÓN DE GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 213/000551.)


- DEL SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (CAMACHO VIZCAINO), PARA EXPLICAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y ACTUACIONES ADOPTADAS EN RELACIÓN AL PELIGROSO CRECIMIENTO DE GRUPOS DE IDEOLOGÍA NEOFASCISTA, EN OCASIONES INCRUSTADOS EN LAS AFICIONES DE
ALGUNOS EQUIPOS DE FÚTBOL. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV). (Número de expediente 212/000936.)


La señora PRESIDENTA: Señorías, reiniciamos la sesión.



Vamos a pasar a los siguientes dos puntos del orden del día: puntos 3.º y 4.º, que son también dos peticiones de comparecencia, una solicitada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), la número 551, y otra por el Grupo
Parlamentario Vasco, la número 936, y que, de acuerdo con los portavoces, se van a tramitar conjuntamente, de forma parecida a la anterior, aunque con otro orden en la intervención de los grupos.



Para ello tiene la palabra de nuevo el secretario de Estado. Ahorro leer los enunciados de las comparecencias puesto que los tenemos todos en los órdenes del día.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Camacho Vizcaino): Señora presidenta, señorías, antes de nada y como reflexión previa, me gustaría hacer una referencia al título de una de las comparecencias, aquella en la que se pide la
comparecencia del secretario de Estado para informar sobre la impunidad de los actos fascistas en el País Valenciano porque, como SS.SS. bien saben, ni los actos fascistas, ni ninguna otra actividad contraria a la ley gozan de impunidad en la
Comunidad Valenciana ni en ningún otro territorio del Estado. Esta reflexión es necesaria porque es necesaria cierta mesura a la hora de plantear cualquier debate sobre los problemas que afectan a la seguridad de nuestros ciudadanos. Si no somos
rigurosos incluso en los planteamientos


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de esos debates, podemos tener el problema de no encontrar las soluciones adecuadas y no dudo de que todos los grupos parlamentarios comparten conmigo esta inicial reflexión.



Dicho esto, comienzo con la comparecencia sobre un par de asuntos que preocupan al Gobierno y que a lo largo de los últimos años nos han hecho poner en marcha medidas y planes de actuación que han tenido como resultado un debilitamiento
progresivo de los grupos neonazis o fascistas y, por lo tanto, una intensa reducción de su actividad en nuestro país.
Es cierto que durante estos últimos años se han dejado notar en ocasiones la presencia y los actos violentos de grupos neonazis y
de otros grupos violentos de extrema derecha en algunas comunidades autónomas. Lo cierto es que los observatorios de violencia y los informes de los expertos ponen de manifiesto que en la mayor parte de los supuestos se trata de grupúsculos muy
diseminados, con escasa organización y escasa jerarquía, en los que a veces priman más los aspectos estéticos que los aspectos ideológicos. La actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los últimos años, junto con otras
circunstancias de organización interna, han dado como resultado que las dos grandes organizaciones neonazis existentes en España y en el ámbito internacional, Blood &Honour y Hammerskin, estén en clara decadencia y con un nivel reducido de actividad
en esta materia. A esta situación ha colaborado de una forma decisiva el Plan de actuación y coordinación policial contra los grupos organizados y violentos de carácter juvenil, que el Ministerio del Interior puso en marcha en el año 2005 a través
de una instrucción de la Secretaría de Estado y que recibió un nuevo impulso por entender que era necesario seguir trabajando en la materia el pasado verano. Por tanto, prácticamente desde el momento en que comienza la gestión de este Gobierno
contamos con instrumentos específicos dedicados a combatir a los grupos violentos antisistema de extrema derecha y también de extrema izquierda, junto a otros grupos de diferente origen y que están detrás de actos de violencia fascista,
comportamientos xenófobos o actitudes vandálicas que, pese a presentar una baja incidencia en las tasas delincuenciales, genera, y es lógico, una especial preocupación en nuestra sociedad. Este plan de actuación es, por lo tanto, el que nos ha
permitido contar con un tratamiento integral del problema de las bandas de diferente ideología a través de la prevención y de la intervención policial y nos ha permitido disponer de más y mejor información sobre estos grupos violentos, sus
integrantes, sus zonas de implantación y sus mecanismos de actuación, incluida la difusión de contenidos xenófobos o ideologías violentas a través de Internet. A estos efectos las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han elaborado planes operativos
específicos de seguimiento de estos grupos y de su actividad, así como planes de coordinación entre las distintas unidades policiales encargadas. A la vez, la Policía y la Guardia Civil han elaborado mapas que incluyen tanto los lugares en los que
se ha detectado la ubicación o la actividad de estas bandas, como los patrones de comportamiento de sus integrantes.



La tercera línea de actuación se ha centrado en el fomento de la prevención a través de un contacto permanente con el entorno familiar, educativo y social de los jóvenes. Finalmente, el plan ha contemplado también, y así se ha ejecutado, un
intercambio de información con terceros países. La puesta en marcha del plan arroja beneficiosos resultados. Si en 2006 estaban activos más de 280 grupos juveniles violentos, en 2008 la cifra se ha reducido a 192, y eso fue posible gracias a la
identificación de más de 15.000 personas relacionadas con estas bandas, de las que fueron detenidas 2.593. A su vez, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad están haciendo un esfuerzo importante en el ámbito de Internet, lo que les ha permitido
identificar más de 450 páginas web vinculadas a estos grupos. A la espera de los datos consolidados de 2009, les puedo adelantar que los resultados continúan en la misma línea y siguen poniendo de manifiesto el excelente trabajo desarrollado
también en este ámbito.



Junto a estas actuaciones que forman parte de lo que podría llamarse la estrategia genérica del Ministerio del Interior en este ámbito, y centrándome en lo que se refiere a la Comunidad Valenciana, la Jefatura Superior de Policía de Valencia
lleva a cabo habitualmente medidas preventivas y actuaciones policiales contra la proliferación de grupos de ideología neofascista, entre las cuales se debe destacar, en primer lugar, la creación de grupos de información especializados en estas
investigaciones. Las medidas concretas llevadas a cabo son: la investigación y represión de todos los actos ilícitos cometidos por cualquier tipo de individuos y, por lo tanto, por aquellos que están integrados en grupos de ideología fascista; el
control de las redes de Internet sobre la aparición de nuevas páginas web o blogs donde se haga apología de esa ideología o, en general, de la violencia; el control de los miembros más destacados de esos grupos radicales; el establecimiento de
especificidades delictivas de estos grupos que permitan un estudio discriminatorio ante las diferentes denuncias para poder obtener un sustrato de inteligencia de las mismas; el establecimiento de esos mapas que indiquen lugares frecuentados por
los grupos; el ofrecimiento de asistencia cualificada que permita el acceso a todas las garantías legalmente establecidas a los perjudicados para poder obtener la mayor información posible sobre los hechos ocurridos, y las solicitudes de medidas
judiciales sobre personas de interés para la investigación. A estas medidas preventivas que se han venido desarrollando por la Jefatura Superior de Policía hay que añadir las investigaciones que las brigadas de información realizan diariamente
sobre los grupos radicales o violentos, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, y cuyo ámbito de actuación no se circunscribe únicamente al fútbol. Fruto de estas actuaciones contra grupos radicales de extrema derecha en concreto, dado
el tenor de la primera de las comparecencias, en la Comunidad Valenciana


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desde mayo de 2009 se ha instruido un número importante de diligencias.
Dada la existencia de múltiples comparecencias y preguntas, no voy a hacer una referencia expresa a todas las diligencias policiales, sin perjuicio de que si alguno de
los miembros de la Comisión quisiera tener conocimiento de todas y cada una de estas actuaciones procedería a relatarlas.



Por lo que se refiere al ámbito de la Guardia Civil, desde mediados de 2008 se viene trabajando en la Comisión de seguridad en el ámbito rural de la Comuniad Valenciana, junto con los representantes de la Administración local de la comunidad
y de la Generalitat Valenciana. En el marco de dicha comisión se están llevando a cabo medidas para mejorar la seguridad rural en esta comunidad autónoma. Cabe destacar que desde el mes de enero de 2009, en la demarcación de la Guardia Civil de la
comunidad no se llevaron a cabo hasta el mes de marzo ataques por grupos fascistas con bombas, artefactos explosivos o cócteles molotov, ni acciones violentas contra personas, si bien han ocurrido, eso es cierto, actos vandálicos relacionados con
pinturas de contenido xenófobo o agresiones leves. Por estos hechos las unidades territoriales correspondientes instruyeron diligencias y realizaron las investigaciones pertinentes para tratar de averiguar la identidad de los autores. Del mismo
modo, por parte de las unidades especializadas se mantiene un seguimiento permanente sobre páginas web neonazis, foros racistas, blogs o espacios de Internet donde se promueva el odio, la discriminación, la violencia, para detectar cualquier
actividad que pudiera ser ilegal.
También se mantiene un seguimiento sobre organizaciones o asociaciones que pudieran llegar a considerarse ilícitas por promover esa discriminación, ese odio o esa violencia.



En consecuencia y por lo que se refiere a esta primera parte de la comparecencia, señorías, puedo afirmar que en la Comunidad Valenciana, como en las demás comunidades autónomas, se mantiene una actitud policial constante dirigida a la
prevención y persecución de cualquier actividad delictiva, y dirigida también a garantizar las libertades y los derechos reconocidos en la Constitución y en las leyes, sin que en ningún momento se pueda afirmar que existe impunidad en alguna
actividad delictiva y por lo tanto tampoco en las actividades de estos grupos violentos.



Esta comparecencia tiene por objeto también dar respuesta a una petición del Partido Nacionalista Vasco para que se expliquen las medidas preventivas y las actuaciones llevadas a cabo para prevenir el crecimiento de los grupos de ideología
neofascista relacionados con el fútbol. El conocimiento, seguimiento y control de este tipo de grupos está encomendado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de manera específica, cuando las aficiones de algunos equipos de fútbol se
integran formando los llamados grupos de riesgo, a los coordinadores de seguridad, figura que en la organización policial -tal y como se recoge en el artículo 14 de la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la
intolerancia en el deporte- asume las funciones de dirección, coordinación y organización de los servicios de seguridad en la celebración de los espectáculos deportivos. Para el control de este tipo de aficionados que pueden ser considerados
violentos la mencionada Ley 19/2007, en su artículo 9, obliga a los clubs y personas organizadoras de las competiciones y espectáculos a llevar un libro registro de actividades que contenga información genérica e identificativa sobre las actividades
de estos grupos, libro que está a disposición del coordinador de seguridad y de la Comisión estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia.



Asimismo en el artículo 18 del Real Decreto 769/1993, de 21 de mayo, que aprueba el reglamento de prevención de la violencia en los espectáculos deportivos, se impone de forma específica a las juntas directivas o consejos de administración
la obligación de facilitar a los coordinadores de seguridad toda la información que tengan disponible sobre los grupos de seguidores del equipo en cuanto a su composición, organización, comportamiento, etcétera. Esa información la remite el
coordinador de seguridad del equipo visitante al coordinador de seguridad del equipo local y a la Oficina Nacional de Deportes del Cuerpo Nacional de Policía cuando el desplazamiento se realiza dentro del territorio nacional, y solamente a este
último órgano -como punto nacional de información sobre fútbol de España- cuando el partido se celebra en el extranjero.



Por otra parte, el Real Decreto 203/2010, que deroga el citado reglamento del año 1993 y que entrará en vigor el 1 de julio de este mismo año, introduce importantes novedades para contribuir a la erradicación de la violencia en el deporte y
ha permitido cumplir con las obligaciones asumidas por España al firmar el Convenio europeo sobre la violencia e irrupción de espectadores con motivo de manifestaciones deportivas y especialmente partidos de fútbol, de agosto de 1985. Esta norma
incluye en su articulado tres materias de gran importancia: las medidas de carácter preventivo y formativo, la regulación del Observatorio de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, y el conjunto de acciones
positivas no represivas especialmente importantes para estimular la paz, la tolerancia y la convivencia en el deporte, que demuestren y preserven la actitud que tiene el deporte como instrumento de formación en valores, tal y como proclama la ley en
su artículo 1. En este sentido es importante la creación del distintivo Juego Limpio, que se concederá sin perjuicio de los premios nacionales del deporte y servirá como mención honorífica que reconocerá al equipo y a la afición de las ligas
profesionales y competiciones que se hayan destacado por el cumplimiento de las disposiciones contra la violencia, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Esta norma contiene además novedades importantes, como la regulación de los productos
que se introduzcan o expendan en los recintos deportivos, la obligación del organizador de proceder a la grabación del aforo com


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pleto del recinto deportivo durante todo el espectáculo, que es una medida adecuada para la identificación de las posibles personas que puedan ser autores de infracciones legales, y además pone un especial énfasis en garantizar el
cumplimiento de las sanciones de prohibición de acceso a los recintos deportivos, estableciendo su régimen de comunicación por el registro y sus medidas de publicación. Asimismo regula el Registro central de sanciones en materia de violencia,
racismo, xenofobia e intolerancia. Por lo tanto, cree el compareciente que el marco en el que nos movemos es suficientemente regulador de este tipo de conductas y que la actuación policial desarrollada hasta este momento ha sido en general
correcta.



Respecto al incidente de Viena, que se menciona específicamente por S.S., le transmito que el coordinador de seguridad del Atletic Club de Bilbao facilitó la información correspondiente al desplazamiento del equipo y aficionados a la Oficina
Nacional de Deportes, que la transmitió a las autoridades policiales austriacas para que tuvieran pleno conocimiento de la misma y pudieran dimensionar el dispositivo de seguridad a establecer con ocasión del encuentro de fútbol entre el Austria de
Viena y el equipo español, que tuvo lugar el día 3 de diciembre a las 19 horas en la citada ciudad. Recabada a las autoridades austriacas -una vez que se produjeron los incidentes- la correspondiente información, puedo decirles que ni a los
servicios de información austriacos ni a las autoridades policiales de dicho país les consta la celebración de una reunión de ultraderechistas o neonazis el día 3 de diciembre en Viena. Las autoridades austriacas tienen constancia de que un
conocido ultraderechista vienés había conseguido 25 entradas para repartirlas entre miembros del grupo Ultra Sur, con los que al parecer mantiene amistad. Dicho aficionado austriaco estuvo dentro del estadio, siempre con aficionados vieneses, y fue
él quien colocó en la grada una bandera española preconstitucional. Igualmente se informa de los siguientes hechos: se pudieron observar en la grada pancartas con diversos lemas, los cuales según las autoridades locales, aunque pudieran tener un
tono provocador, no contravenían ninguna ley austriaca; que antes del partido varios aficionados del Atletic Club de Bilbao fueron agredidos, resultando heridos dos de ellos, uno con una brecha en la cabeza por la que fue atendido en urgencias y el
otro con contusiones en la cara, que renunció a ser examinado en un hospital; que la policía austriaca tiene constancia de que dichas agresiones fueron cometidas por aficionados vieneses, informando igualmente de que, una vez finalizado el
encuentro, 28 personas fueron identificadas por atacar a aficionados españoles, todos los atacantes de nacionalidad austriaca salvo tres de ellos que eran de nacionalidad italiana; por último, que entre los aficionados que irrumpieron en el terreno
de juego -hecho que provocó la suspensión del encuentro durante veinte minutos- no había, de acuerdo siempre con las autoridades austriacas, ninguna persona de nacionalidad española, tratándose de aficionados del club vienés.



En cuanto a las medidas preventivas contra los seguidores de riesgo, la Oficina Nacional de Deportes de forma periódica, y especialmente en su reunión anual que realiza al inicio de cada temporada, recuerda a los coordinadores de seguridad
de los diferentes equipos una serie de directrices de actuación que tengo aquí y que, en el supuesto de que S.S.
necesitara más información, le relataría. Estas medidas se consideran suficientes en cuanto que han permitido la rápida actuación de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando así ha sido necesario ante incidentes puntuales, así como la posterior identificación de los integrantes cuando los hechos se han producido en el interior del recinto deportivo y han sido
recogidos a través de los CCTV de los que están dotados los estadios de fútbol profesional en España.



Esta es toda la información que tenía por objetivo proporcionar en la suma de las dos comparecencias a las que he dado contestación en este acto.



La señora PRESIDENTA: Ahora empiezan las intervenciones de los grupos.
Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de CiU la señora Pigem.



La señora PIGEM I PALMÉS: Quiero dar las gracias al señor secretario de Estado por su comparecencia y por las explicaciones que nos ha dado. Como a la petición de comparecencia de mi grupo parlamentario se ha unido la petición de
comparecencia del Grupo Vasco, voy a retomar la atención y a focalizar lo que era materia de solicitud de nuestra comparecencia, sobre la que usted ha dado unas explicaciones más cortas o más escuetas; le trasladaré algunos planteamientos, algunas
cuestiones, y también algunas preguntas.



A Convergència i Unió, por solidaridad con los partidos nacionalistas del País Valencià, le asiste una gran preocupación acerca de la existencia y de la percepción de impunidad, señor secretario de Estado, de numerosos actos fascistas que se
han ido produciendo en los últimos años en el País Valencià. Usted lo ha señalado y es cierto que se manifiesta en numerosos informes, entre ellos uno al que voy hacer referencia, el informe Raxen, que elabora anualmente Movimiento contra la
Intolerancia, que nos dice que desde el año 2007 se ha ido registrando un aumento de la actividad violenta de personas, grupos o incluso agrupaciones políticas con una ideología violenta y también antinacionalista. Bajo la imagen de pretendida
honorabilidad de las formaciones políticas de extrema derecha, hay una pléyade de grupos neonazis, neofranquistas, neofacistas y violentos. El informe Raxen, al que he hecho alusión, señala además que la red, que Internet -y usted ha hecho alusión
también a ello-, se ha convertido en España en un espacio privilegiado para el neofascismo. Y así se dice que de una web que existía de referencia en estos aspectos en los años noventa se ha pasado a cerca de 200 webs, blogs, foros y otros
escaparates


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desde donde se difunden ideas para el odio, el racismo y mensajes para dañar a la sociedad democrática: somos fascistas, neonazis y racistas; hay que romper, apalear y matar. Esta sería la consigna que late implícita o incluso
explícitamente en muchas de estas webs. Ahí le traslado la primera de las cuestiones, que es que me gustaría que nos dijera qué acciones concretas se están realizando por parte del Gobierno para controlar, y en su caso cerrar, estas webs con un
mensaje claramente delictivo.



Por lo que respecta a la situación del País Valencià, usted ha comenzado con una rotunda afirmación, que naturalmente he de compartir, que es que los actos fascistas no gozan o por lo menos no han de gozar de impunidad ni en el País Valencià
ni en ninguna otra parte del Estado. Siendo esto así, que no me cabe la menor duda en cuanto a intención, incluso en cuanto a programación de actividades políticas, el informe Raxen del año 2009 nos pone de relieve que en el País Valencià, que en
Valencia, que en la Comunidad Valenciana, como le quieran llamar, realmente es donde hay un número mayor de ataques de este tipo en números absolutos y no digamos ya en números relativos. Hasta 88 actos de este tipo están señalados en este informe
Raxen del año 2009. La actividad violenta de estos grupos se ha plasmado y se plasma en amenazas, en negación del Holocausto, en manifestaciones y ataques xenófobos y racistas, en manifestaciones y ataques homófobos, en violencia escolar, en
violencia en el fútbol -que es la petición de comparecencia del señor Olabarría- y también, que es donde yo quiero centrar la atención, en el ataque a fuerzas políticas democráticas de ideología nacionalista. Estos grupos de ultraderecha, mediante
la coacción y la violencia, pretenden obstaculizar cualquier iniciativa que propugne la normalización lingüística y la extensión de la concienciación nacional entre el pueblo valenciano. Y así, partidos políticos como el Bloc Nacionalista Valencià,
entre otros, pero también otros movimientos próximos al nacionalismo valenciano y sindicatos, entidades culturales valencianas, grupos de defensa de los derechos de gays y lesbianas y asociaciones de vecinos, la propia universidad de Valencia, han
sufrido y sufren ataques constantes o incluso violencia física hacia sus personas o sus sedes sociales o bien obstrucción a acciones pacíficas, autorizadas y avaladas por la libertad de expresión, como manifestaciones, conciertos, actos
reivindicativos que -repito- han sido administrativamente autorizados.



He señalado que se habían producido, según el informe Raxen, 88 actos de racismo, xenofobia e intolerancia en el País Valencià en el año 1998. No voy a pormenorizarlos todos, pero sí le voy a señalar algunos y me gustaría que, si no puede
ser en este mismo acto, me hiciera llegar, después de consultar la información, qué medidas policiales y qué actuaciones se han hecho para dar respuesta a estos actos, de manera que me pueda demostrar que no ha habido impunidad. El 5 de enero de
2008 lanzan una bomba de salfumán contra el Casal Jaume I de Catarroja profiriendo proclamas ultraderechistas y anticatalanistas; días después destrozan la caseta que el colectivo Salvem Catarroja tenía en la localidad. El 21 de enero del año 2008
asaltan e incendian la sede del Bloc Nacionalista Valencià de Benicasim; tres meses antes, la sede central de esta formación en Valencia sufría un atentado con bomba. El 21 de enero de 2008 se produce el sexto ataque contra el Casal Jaume I de
Monóver, en forma de pintadas y amenazas anticatalanistas. El 21 de enero de 2008 el Grup d'Acció Valencianista boicotea la presentación de un libro en la sede de la Intersindical valenciana, donde participaban diputados de Esquerra Republicana de
Catalunya; intimidaciones a los asistentes y gritos de burla contra el joven asesinado Guillem Agulló. El 1 de marzo de 2008 un grupo de militantes presuntamente de España 2000 reventó un acto electoral de Esquerra Republicana del País Valencià.
El 3 de marzo del año 2008 son atacadas las sedes del Bloc Nacionalista Valencià y Esquerra Unida en Gandía con pintadas neonazis y amenazas anticatalanistas. El 11 de abril de 2008 un millar de personas recuerdan a Guillem Agulló en Burjassot, su
pueblo natal, 15 años después de su asesinato a manos de un grupo neonazi; su homicida se presentaba a las elecciones locales un mes antes por el grupo ultra Alianza Nacional. El 26 de abril de 2008 un ultraderechista apunta con una pistola desde
su balcón a los asistentes a una manifestación nacionalista el 25 de abril.
El 24 de junio del año 2008 se produce un ataque contra la biblioteca de Sueca, a la que confundieron con la casa-museo del ensayista valenciano Joan Fuster, con rotura de
cristales y pintadas anticatalanistas y neonazis. El 27 de septiembre de 2008 el Correllengua de Gandía, que debería haber sido una fiesta reivindicativa por la unidad de la llengua, se convirtió en una batalla campal ante las provocaciones y
agresiones protagonizadas por un grupo de ultras del Grup d'Acció Valencianista; se concentraron en la calle mayor, en donde tuvo lugar la agresión, los ultras rompieron zócalos de fachadas de la calle para obtener piedras y lanzarlas contra la
comitiva, así como bolsas de basura, cajas vacías y piedras; una de estas piedras lanzada por los ultras alcanzó de lleno a Maite Peiró Català, concejala del Bloc de l'Alquería de la Comtessa, causándole una brecha en la cabeza. Otras agresiones
ocurridas el 9 de octubre de 2008 y el 12 de octubre de 2008, en donde se atacan las sedes del Bloc Nacionalista Valencià en Valencia y Gandía, con pintadas, pedradas y diversos desperfectos. Etcétera, etcétera, hasta 88 actos.



Me gustaría que usted me pudiera facilitar, como le digo, cuáles han sido las actuaciones policiales con expresa mención de cuántos detenidos ha habido, porque la información que yo tengo es que no ha habido ningún detenido, aunque sí se
saldó con diversas sanciones administrativas.



La señora PRESIDENTA: Le ruego, señora Pigem, que vaya concluyendo porque ya ha terminado su tiempo.



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La señora PIGEM I PALMÉS: Intento ser lo más rápida posible. Gracias, señora presidenta.



A Convergència i Unió le preocupan todas estas actuaciones porque demuestra que hoy en España y en el País Valenciá no es posible hacer política o defender de forma pacífica un modelo de país sin tener que preocuparse por la propia
integridad física. Y nos preocupa también porque a este problema se une la sensación de impunidad de todos estos hechos. Le he dicho ya que, hasta donde yo sé, no ha habido detenciones policiales al respecto, pero es que, además, el mensaje del
Gobierno, y aludo al mensaje del delegado del Gobierno que hizo el 18 de junio del año 2008, no es de reproche, es un mensaje en el que se entienden estos hechos, porque dice textualmente que estos lamentables episodios de violencia son hechos que
están dentro de la normalidad democrática. Estas son las palabras del delegado del Gobierno el 18 de junio del año 2008.
Impunidad, porque así como conocemos todos perfectamente las situaciones violentas que se producen, por ejemplo, en el País
Vasco, entendemos que no se da suficiente importancia ni salen a la luz pública todos estos hechos para concienciar a la ciudadanía y para erradicarlos. Quizá esta sensación de que no salen a la luz pública sea también en parte la causa de los
numerosísimos hechos de este tipo que se dan precisamente en el País Valenciá. Me gustaría que usted nos pudiera trasladar qué medidas han puesto en marcha y qué medidas van a poner para garantizar la seguridad y el libre ejercicio de los derechos
fundamentales de los ciudadanos para acabar con este problema de orden público, con este problema de una inseguridad crónica vinculado a la violencia fascista y también cuántos detenidos ha habido y qué otro tipo de medidas concretas se han adoptado
para estos hechos concretos.



Gracias por permitirme extenderme.



La señora PRESIDENTA: Voy a ser un poco más estricta con los tiempos, porque, si no, vamos a estar toda la tarde con estas comparecencias.



Tiene la palabra el señor Olabarría por el Grupo Vasco.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Le agradezco, señora presidenta, su invocación a la austeridad en el uso de la palabra.



Señor Camacho, no es la primera vez que usted y yo discutimos sobre esta fenomenología, que es una fenomenología de naturaleza criminal. Me ha decepcionado su reflexión, honestamente y con el respeto que sabe que le profeso se lo tengo que
comentar en estos términos. Creo que minusvalora la dimensión cualitativa y cuantitativa del fenómeno criminológico del que estamos hablando. Minusvalora o hay una reflexión autocomplaciente de las actuaciones normativas y fácticas del ministerio
y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y no se termina de interiorizar que estamos ante un fenómeno de política criminal, que está vinculado a los clubes de futbol y a la represión en el ámbito privado de distintas manifestaciones de lo
que podría calificarse, desde una perspectiva del imaginario español, de actitudes sedicentes. Nos da la impresión muchas veces de que estos grupos utilizan los clubes de futbol como una plataforma publicitaria y que sus acciones violentas, en
donde se cometen hechos de naturaleza criminal que están tipificados por el Código Penal, se dirigen, no contra los aficionados o los seguidores de otros equipos de futbol o de otros equipos que compitan en cualquier actividad deportiva, sino contra
lo que simbolizan, contra el imaginario que representan estos colectivos que siguen a determinados clubes de futbol.



Con relación a lo que usted me ha dicho, que el 3 de diciembre de 2009 la Policía austriaca le comentó que no existía ningún tipo de concentración de organizaciones fascistas, tengo que comentarle que poseo en este momento, está a su
disposición y se lo puedo proporcionar, un informe de la UEFA, organización no sospechosa, que acredita que había un congreso en el que estaban presentes organizaciones neofascistas vinculadas a clubes de futbol de países como Polonia, Italia,
Rusia, Croacia, Rumanía, Alemania, España, Grecia y Reino Unido, Inglaterra. En ese momento se estaba celebrando lo que, entrecomillando la expresión, podría calificarse como un congreso de organizaciones neonazis o neofascistas incrustadas en
clubes de fútbol. Tengo que comentarle que el 3 de diciembre del año 2009, cuando se celebró el partido del Athletic de Bilbao contra el Austria de Viena -lo cual no deja de ser una circunstancia anecdótica, salvo porque el Athletic de Bilbao
estaba ya compitiendo en el ámbito internacional-, los agresores de los seguidores del Athletic de Bilbao no fueron heridos o no fueron lesionados por hinchas austríacos -si usted posee esa información es falsa y equivocada-, sino por seguidores de
la organización denominada Ultra Sur; es una organización vinculada a un club de fútbol muy concreto, el Real Madrid Club de Fútbol, una organización perfectamente identificada que participaba en este congreso de organizaciones neofascistas
incrustadas en clubes de fútbol en donde se portaban las siguientes insignias o estandartes. Una -se lo puedo proporcionar posteriormente, porque es documentación facilitada por la UEFA- es una bandera de España con una esvástica en el centro y la
expresión, bajo el número 250, Spanische Freiwilligen Dibision. Si usted sabe alemán lo podrá traducir, yo no, pero uno puede intuir fácilmente cuáles son las vinculaciones anímicas o las empatías ideológicas de una expresión de estas
características, sobre todo cuando, en el centro del escudo, una esvástica y el signo de la falange se manifiestan con particular esplendor. Otros de los agresores portaban la expresión -esta ya seguramente más conocida por S.S- de una especie de
laurel que rodea el acrónimo AN, que son las iniciales de Acción Nacional, que es otro grupo neofascista perfectamente identificado por los servicios de la policía. Y este seguro que lo conoce perfectamente, el yugo y las flechas; es un signo bajo
cuya invocación muchos o algunos de los que estamos aquí hemos sufrido


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particulares actos de represión de carácter colectivo y en algunos casos de carácter individual: Falange Española y de las JONS. Estos son los signos, junto a los específicamente deportivos, del grupo Ultra Sur que agredieron a los
seguidores del Athletic de Bilbao. Desde una perspectiva de la fisonomía de los agresores, yo no me atrevo a hacer particulares reflexiones pero ninguno parecía ser rubio ni austríaco, ninguno de los que agredieron hablaban en lengua alemana
correctamente sino en un correctísimo español, con un particular acento madrileño, y todos portaban enseñas, insignias y signos de carácter preconstitucional. Estos fueron los agresores, no de dos heridos sino de seis, cuatro necesitaron asistencia
hospitalaria ambulatoria y dos quedaron ingresados en los hospitales del Austria de Viena.



Esto es algo que podría constituir un accidente de carácter episódico, pero usted sabe que no lo es. Usted sabe que hay un crecimiento exponencial de organizaciones neofascistas vinculadas a clubes de fútbol o a otras actividades de
distinta naturaleza, pero cuyas características son las mismas, la profesión de una ideología neonazi o neofascista y la actuación violenta para la represión de aquellos que consideran sus enemigos naturales, ya sean estos -como la señora Pigem ha
manifestado- extranjeros, sean estos aquellas personas que tengan una orientación sexual que ellos no comparten, ya sean estos que tengan una visión del Estado diferente a la que ellos profesan -del Estado nacional único e imperial español-, ya sea
cualquier elemento sedicente contra el imaginario o la ideología de los grupos neonazis en el Estado español. En este momento, en el informe Raxen -también citado por la señora Pigem- pero también en el informe de la UEFA, se comenta que existen
trece países de la Unión Europea donde existen más de seis organizaciones vinculadas a clubes de fútbol y a otras actividades deportivas de naturaleza neonazi que están siendo objeto de persecución, seguimiento o vigilancia, por las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad de estos Estados.



Las preguntas que le hago son las siguientes: hasta qué punto han realizado en el Ministerio del Interior, y usted como la persona concernida por esta competencia particularmente, una valoración de la peligrosidad del crecimiento
exponencial, manifiestamente exponencial, de organizaciones neonazis, muchas veces vinculadas a clubes de fútbol y otras no, que actúan de forma autónoma o espontánea o vinculadas a otro tipo de actividades. ¿Existe una brigada especializada en el
seguimiento de las organizaciones neonazis? Me gustaría saber si dentro de esta brigada especializada hay algún tipo de protocolo de actuación o hay funcionarios especializados en el seguimiento de aquellos grupos organizados que están vinculados a
clubes de fútbol; si se está identificando lo que se podría calificar, y es calificado por la UEFA -luego le voy a proporcionar el informe de la UEFA que le estoy citando- de cierta complacencia, cuando no de colaboración, de determinados clubes de
fútbol -y no me voy a referir a ninguno en concreto- con estas organizaciones, proporcionando instalaciones y entradas para ingresar en los partidos de fútbol de alta peligrosidad y posibilitando incluso la posesión de instrumentos de agresión en
las instalaciones que el propio club en ocasiones permite que estas organizaciones y estos grupos posean.
Me gustaría saber si las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado español y usted conocen el gradiente o la nomenclatura que utiliza la UEFA
para identificar el grado de peligrosidad de estas organizaciones.
Le voy a dar un dato y me gustaría que me responda sobre la veracidad y conocimiento del mismo por parte de su ministerio. El grupo Ultra Sur, vinculado al Real Madrid, está
calificado por la UEFA como grupo de peligrosidad de nivel C; el nivel C es máxima peligrosidad o grupo de alto riesgo; me gustaría saber, como digo, si la policía española, y usted como responsable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, conocen este nomenclátor y tienen algún tipo de conexión con la UEFA a efectos de la identificación del nivel de peligrosidad de estos grupos y si tienen identificados a los líderes, porque al fin y al cabo la identificación de la
responsabilidad penal, a través de los requerimientos del Código Penal, hace falta dirigirla a personas en concreto, a los dirigentes, a los miembros del comité ejecutivo, en definitiva, a los que tienen capacidad de organizar las actividades de
grupos que se dedican a acciones de carácter violento y delictivo.



Quiero saber si ustedes han pensado que los delitos que se están cometiendo son de alta gravedad, y me voy a referir a uno en concreto: un seguidor de la Real Sociedad, el señor Zabaleta, fue asesinado en las proximidades del campo de
fútbol del Atlético de Madrid. En este momento ninguno de los que participaron en ese cruento asesinato está en prisión, todos han sido absueltos por distintas circunstancias o mediante la progresión de grado en el cumplimiento de sus penas
penitenciarias están fuera de prisión, no están cumpliendo penas de privación de libertad.
Esta persona, solo por la circunstancia de ser seguidor de un club de fútbol vasco, de la Real Sociedad en este caso, fue asesinado. La pregunta es obvia,
si le parece normal esta circunstancia; porque estamos hablando de un delito de asesinato. Pero estamos hablando de otros delitos que se cometen sistemáticamente todas las semanas, todos los fines de semana en la liga española y en otras ligas de
los países en los que estos grupos están implantados: delitos de lesiones, delitos de amenazas, delitos de coacciones y delitos, como los previstos en el artículo 513 del Código Penal, de enaltecimiento de la agresividad contra colectivos -en este
caso pueden ser los aficionados del equipo contrario-, por razones ideológicas, por razones religiosas, por razones que están previstas, en el artículo 513 del Código Penal. En relación con la izquierda abertzale -lo decía la señora Pigem- este
precepto se aplica con particular eficiencia; nosotros no tenemos la sensación de que con los grupos de ideología neonazi, desde las competencias atinentes a la Administración de Justicia y desde las competencias atinentes al Ministerio del


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Interior, esta diligencia se practique con la misma efectividad, cuando los delitos que se cometen por unas y otras organizaciones son de naturaleza similar, por no decir idéntica. Podríamos estar incluso ante organizaciones que podrían ser
objeto de ilegalización, si ustedes quisieran, señor Camacho; artículo 510 del Código Penal.



No le tengo que reproducir su contenido, aunque si quiere se lo reproduzco: organizaciones que se dediquen a la comisión de actos violentos, aunque sus objetivos sean lícitos, o bandas paramilitares.
Estamos hablando de organizaciones de
esta naturaleza y la pasividad, relativización y minusvaloración de los daños que están provocando estas organizaciones nos perturban particularmente, sobre todo dichas por usted, que es un hombre que nos consta que está preocupado por esta
fenomenología, una fenomenología criminal.



Por último, nos gustaría saber, ya que en otros ámbitos hay una coordinación internacional a través de los cuerpos transnacionales de estructura policial en los que ustedes están presentes, a través de los ministerios del Interior, dado que
corresponde a España presidir la Unión Europea en estos momentos, o a través de organizaciones como Europol, Eurojust y otras policías de carácter transnacional, afrontando una fenomenología criminal ya de carácter transnacional, pero que tiene
carácter transnacional no solo por estar ubicada en distintos países o en distintos Estados de la Unión, sino porque están coordinadas entre ellas.
No me venga usted con la milonga de que un austríaco era amigo de seis personas del grupo Ultra Sur;
no, es que son amigos todos ellos y actúan coordinadamente y con criterios homogéneos. En cada país saben qué decir para determinadas aficiones mediante la articulación de eslóganes que a esas concretas aficiones les provocan una particular
sensibilidad de hostilidad o de agravio. Usted sabe a qué me estoy refiriendo, usted sabe qué tiene que decir Ultra Sur a los austríacos para provocar una sensación de agravio, de hostilidad o de agresividad en determinadas aficiones del Estado
español. Los Ultra Sur hacen lo mismo con los alemanes, los alemanes hacen lo mismo con los polacos, etcétera. Yo no sé si ustedes tienen la conciencia de que estamos ante un fenómeno criminal de carácter transnacional que debe ser objeto de
observación por los cuerpos o por las organizaciones transnacionales de carácter policial europeas. Desde esta perspectiva, como me da la impresión de que todavía no se ha interiorizado...



La señora PRESIDENTA: Señoría, como me ha pedido, le recuerdo que concluye su tiempo.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: En virtud de las invocaciones y de la promesa que le he hecho, señora presidenta, voy a acabar con estas precisiones.
Uno tiene la sensación subjetiva, y objetiva, a tenor de los datos que le estoy proporcionando,
y que le puedo trasladar documentalmente en este momento, de que hay una cierta interiorización de normalidad de estas acciones, cuando son acciones delictivas, manifiestamente delictivas, que están creciendo exponencialmente y que si siguen
creciendo pueden poner en riesgo incluso los principios democráticos en los que se basan los Estados de la Unión Europea.



Señor secretario de Estado, yo le pido que usted se tome en serio esta problemática y que no realice reflexiones autocomplacientes minusvalorando la entidad del problema, invocando la suficiencia de la normativa de lege ferenda, la que va a
entrar en vigor dentro de algún tiempo y la que en estos momentos se está aplicando, porque el tema está creciendo. Si sigue creciendo sin un mínimo control policial por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que usted preside y dirige, que
usted controla, se le va a escapar de las manos, se lo aseguro.



La señora PRESIDENTA: Una vez concluidas las intervenciones de los grupos autores de estas peticiones de comparecencia, pasamos al Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida y tiene la palabra el señor Ridao.



El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor secretario de Estado, por la información que nos ha dado, que trae aquí específicamente la problemática a la que ya antes he aludido y a la que usted ha respondido, concretamente la violencia ultra en
el País Valencià. Como usted recordará, ya tuvimos ocasión en otra comparecencia precedente de hablar de esta cuestión, lo hicimos también privadamente y lo hago ahora por una organización política como Esquerra Republicana, que ha sido víctima, de
hecho lo es; tengo aquí una información de la semana pasada relativa a un último atentado de que fue objeto en la madrugada del jueves una sede nuestra en el municipio de Oliva, en la comarca de La Safor, con un ataque con cóctel molotov. Me
refiero a una problemática suficientemente conocida, y es la presencia sistemática de grupos violentos de extrema derecha que se dedican no solo a amedrentar, sino a agredir con total impunidad -y utilizo con toda la extensión el término impunidad-
a otras personas por motivos de raza, de lengua o en este caso por razones de adscripción política. Insisto, lo hago en tanto que damnificado como objetivo o como destinatario de los ataques e invectivas de los distintos grupos de signo racista,
etcétera.



Sin ánimo de ser exhaustivo, la señora Pigem ha hecho un relato de algunos hechos que han acaecido y que figuran en el informe Raxen. Yo tengo la relación de algunos hechos -los más recientes- provocados por distintos grupos de signo
fascista. Por ejemplo, en octubre del año pasado hubo ataques violentos, a través de insultos y también con agresiones, contra las personas que participaban pacíficamente en los actos cívicos del Correllengua, en Gandía. También hubo ataques en la
misma época contra sedes no sólo de Esquerra, sino también del Bloc Nacionalista Valencià y el sindicato


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Intersindical Valenciana simultáneamente en Valencia, Cullera y Gandía, mediante pintadas amenazantes, etcétera. En enero de 2009 también fueron atacadas sedes de Esquerra Republicana, pero también del centro social La Quimera con cócteles
molotov. La Quimera ya lleva hasta veinticinco denuncias acumuladas contra estos grupos violentos, que no se han resulto todavía por parte de la justicia ordinaria. En marzo de 2009 hubo ataques -y ese hecho sí ha sido aludido- perpetrados por el
Grup d´Acció Valencianista al repartir octavillas con datos personales de un profesor de instituto de Massanassa, donde se le acusaba del grave delito de ser catalanista. En abril de 2009 fue atacada una sede del BNV en Gandía y un local gay de la
misma localidad. En octubre de 2009 hubo un nuevo ataque a la sede del BNV en Moncada; en ese mismo mes el administrador de la página web valencianisme.com fue atacado por una decena de jóvenes de extrema derecha en la puerta de su casa; en enero
de 2010 un militante de Esquerra también fue atacado por diez miembros del Grup d´Acció Valencianista, y podríamos seguir así hasta la extenuación, señor secretario de Estado.



Quiero decir con ello que no solo es que haya una persistencia de ataques o de hechos perpetrados por fascistas, sino que después de no meses, sino años de infinita paciencia, como el santo Job, y después de haberlo denunciado repetidamente
hemos llegado a la conclusión muy modesta -y seguramente usted no la compartirá- de que estos actos gozan de una cierta complicidad y de una connivencia por omisión por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Son tantos, señor
secretario de Estado, estos actos y ataques fascistas y tan continuados contra partidos siempre de izquierdas o bien nacionalistas valencianos, que los mismos se han llegado a agrupar en una plataforma que se denomina de acción popular contra la
impunidad, básicamente para denunciar estos hechos y trasladarlos ante la justicia. Por tanto, no se puede negar que existe un problema no solo de fascismo, sino un problema con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado porque quizá no actúan
con el debido celo ni con la intención debida de cumplir con su deber. Ya sé que usted me dirá que no es categoría y que es puramente anecdótico, pero francamente, viendo una fotografía que fue publicada ayer en el diario El país, donde aparece un
miembro de la Policía Nacional que exhibe un retrato de Franco, con una frase atribuida al propio dictador, que dice: no se os puede dejar solos, por tanto exhibiendo una imagen del caudillo con esta leyenda, imagínese si eso pasara en Alemania
donde un policía exhibiera de forma desacomplejada una esvástica o una imagen de Adolfo Hitler.



Ya se le ha preguntado sobre estos hechos y yo le reitero algunas de las cuestiones que han sido formuladas. ¿El secretario de Estado y el Ministerio del Interior han iniciado alguna actuación o investigación sobre estos hechos? ¿Ha
iniciado el Gobierno alguna investigación o actuación policial o judicial tendente a la averiguación de la autoría de estos hechos y a su resolución? ¿Han adoptado ustedes alguna medida, han extremado alguna precaución, alguna medida de protección
y de vigilancia policial respecto a las sedes de los partidos y asociaciones que han sido reiteradamente atacadas por estos grupos fascistas?


Finalmente, ya sé que es un hecho sobrevenido, pero llueve sobre mojado, no me corresponde aquí juzgar toda la polémica a raíz del caso del Cabanyal -acabo, señora presidenta-. Hoy precisamente el juez ha parado los derribos, y por tanto ha
adoptado una interlocutoria, un auto judicial. Me refiero concretamente a los hechos que tuvieron lugar hace unos días con motivo del desalojo del barrio del Cabanyal. Las imágenes que hemos podido ver estos días en la televisión -yo tengo aquí un
dosier exhaustivo de imágenes y de fotografías que evidencian una auténtica desproporción y un exceso de celo por parte de efectivos de la Policía Nacional- nos preocupan mucho. Nos parece que han sido unas cargas policiales totalmente
inaceptables, una actuación totalmente desmesurada.
En ese sentido es de agradecer que el ministro del Interior, hace pocos días, recordara a la Policía que el deber de los efectivos del Cuerpo de Policía Nacional es hacer un uso mínimo de la
fuerza, y siempre de forma proporcionada, y va a investigar estos hechos y va a llegar al fondo de esta cuestión. Pero estas declaraciones son totalmente opuestas a las que ha manifestado el delgado del Gobierno al afirmar que la Policía actuó de
forma correcta y proporcionada, y que además hizo un uso mínimo de la fuerza. En ese sentido, señor secretario de Estado, me gustaría saber cuál es su opinión al respecto, y en definitiva si tienen ya alguna conclusión acerca de esa investigación
que fue anunciada recientemente por el propio ministro del Interior.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular creo que van a intervenir dos diputados, por lo que se dividirán el tiempo entre los dos, cinco minutos cada uno.



Señora Camarero, tiene la palabra.



La señora CAMARERO BENÍTEZ: Seré breve. Voy a hacer referencia a la primera parte de la comparecencia, que tiene que ver con los actos fascistas sufridos en la Comunidad Valenciana.



Señor secretario de Estado, como no podía ser de otra forma, quiero agradecerle su comparecencia y sus explicaciones al respecto, y evidentemente condenar este tipo de actos violentos, vengan de donde vengan y afecten a quien afecten, actos
que por desgracia padecemos todos los partidos políticos, porque también en el Partido Popular de la Comunidad Valenciana hemos sufrido reiterados ataques y pintadas a nuestras sedes, algo condenable y despreciable en un Estado de derecho.
Por
supuesto, estamos con usted en apreciar el buen hacer de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el celo profesional que muestran en su trabajo cada día. Como se ha dicho el Movimiento contra la Intolerancia presentó el informe Raxen, donde
se exponía el incremento


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de manifestaciones racistas y agresiones a organizaciones sociales y políticas, destacando en el informe el incremento de las agresiones producidas en la Comunidad Valenciana, la necesidad de un mayor compromiso institucional en la
persecución de estos delitos, reclamando un registro oficial en el que quede constancia de los delitos y una mayor protección a las víctimas. El tema es tan preocupante que originó distintas iniciativas en el seno de las Cortes Valencianas -que yo
quiero hoy poner de relevancia-, donde se produjo tanto la comparecencia del conseller de Gobernación, el señor Castellano, como varias resoluciones, una de ellas de fecha 17 de junio de 2008, donde se solicita por unanimidad de la Cámara la condena
de las acciones, la solidaridad con las víctimas, así como instar al Gobierno central, a usted, a su ministerio a continuar aplicando las medidas necesarias para evitar que este tipo de acciones se sigan produciendo, reforzar las investigaciones
dirigidas a conocer el origen y las actividades de estas bandas, decretar medidas para evitar la difusión de las actividades de estas bandas por Internet, y crear una fiscalía especializada en este tipo de acciones. Y junto a ella, la resolución
del 27 de abril del año 2009, que condena el ataque sufrido por la librería de la Universidad de Valencia, donde también se solicita la investigación y depuración de responsabilidades, la ilegalización por el Gobierno de los grupos implicados una
vez identificados, así como la condena de los hechos y la solidaridad con las víctimas. Por lo tanto, es un hecho que desde la Comunidad Valenciana se está tomando cartas en el asunto, y que se ha trasladado al ministerio -con reiteradas cartas que
usted tiene que conocer- la necesidad de mejorar la actuación contra estos grupos. Además, señor secretario de Estado, nos gustaría que aparte de lo ya citado, nos concretase si se han cumplido todos estos mandatos y peticiones de las Cortes
Valencianas o si tienen intención de hacerlo próximamente.



Si hablamos de orden público y de actos violentos, señor secretario de Estado, como ciudadana y diputada por Valencia, no puedo más que citar un tema que ha suscitado una gran polémica en Valencia en los últimos días, un tema ya citado por
el señor Ridao, que es el de los graves disturbios y la carga policial del barrio del Cabanyal del pasado jueves, porque sin duda este aumento de crispación y de actos violentos que se están produciendo estos días en Valencia a cuenta del Cabanyal
nos debe hacer reflexionar. Nos preocupa tanto el origen de dicha carga policial como lo sucedido tras la misma, ya que el mismo viernes, al día siguiente de producirse estos altercados, la vicepresidenta De la Vega solicitó una investigación sobre
lo ocurrido; a continuación la señora Pajín exigió una investigación y la adopción de medidas contra los responsables; el lunes, el propio ministro Rubalcaba, como se ha dicho, lamentaba la imagen dada, pedía el uso de la fuerza mínima suficiente,
y reconocía desproporcionada la carga policial que fue ordenada, como también se ha dicho, por el delegado del Gobierno de la Comunidad Valenciana. Hoy mismo este delegado del Gobierno, el señor Peralta, ha remitido un informe sobre los hechos al
ministerio donde justifica, en contra de las opiniones anteriores, que la intervención policial fue la mínima imprescindible para permitir unos derribos no declarados ilegales. Las imágenes que han aparecido en los medios de comunicación en los
últimos días sobre la carga policial lo dicen todo, pero me gustaría que usted nos explicase qué ha pasado, porque algo ha fallado. Se están produciendo evidentemente contradicciones en el seno del Gobierno entre las declaraciones realizadas por el
propio delegado del Gobierno, que se ha reconocido como responsable de los hechos, y el propio ministro y otros responsables del Gobierno, y me gustaría conocer su opinión al respecto, si cree que el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana
se equivocó, y las medidas que el Gobierno piensa tomar sobre el asunto, como reclamaba la propia secretaria general del partido, la señora Pajín.



Señor secretario de Estado, todos estos hechos que hoy nos ocupan, este clima de crispación reinante tiene mucho que ver con el aumento de las tasas de criminalidad en la Comunidad Valenciana. Desde el Grupo Popular estamos realmente
preocupados con lo que está ocurriendo en mi comunidad, no sólo por el incremento de actos violentos, sino también por los fallos del SIVE, que se van a tratar a continuación, por la inseguridad en nuestros campos, por la saturación de los centros
penitenciarios, por ser la tercera comunidad en tasas de criminalidad, y en general por la inseguridad que se está produciendo en la Comunidad Valenciana. Creemos imprescindible mejorar la seguridad ciudadana, una mayor inversión, implicación y
responsabilidad en esta materia por parte del Gobierno, y estamos convencidos de que es imposible poner en marcha medidas eficaces sin contar con los responsables de la Generalitat Valenciana. Por eso debo recordar que llevan dos años bloqueando la
comisión mixta, y creemos que es necesario que esto se desbloquee.



Señor secretario de Estado, para finalizar le insto a cumplir el mandato de las Cortes de poner todos los medios necesarios para acabar con estas bandas criminales y evitar la reiteración de estos actos y agresiones, pero también, insisto,
le pido que retome la comisión mixta con el Gobierno valenciano para que, de forma coordinada, pongan los medios necesarios para mejorar la seguridad ciudadana en la Comunidad Valenciana.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra, durante otros cinco minutos, el señor Domínguez.



El señor DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ: Señor Camacho, quiero agradecerle su comparecencia en el día de hoy, e igualmente al solicitante de la misma, señor Olabarría. Tanto para mi grupo, el Grupo Popular, como para quien les habla este es un tema
capital, de vital importancia. Medidas preventivas y actuaciones adoptadas en relación con el peligroso crecimiento de grupos de ideología neofascista, en ocasiones incrustados -y


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aquí me hago eco de esa expresión de incrustados- en las aficiones de algunos equipos de fútbol. No es esta una problemática nueva, no es algo que nos venga desde hace poco, y desde el Grupo Popular hemos trabajado en ello desde hace
bastante tiempo. Decía antes que hacía un paréntesis en lo de incrustación, en esa parte de que aprovechan en determinadas ocasiones esa situación y se convive con las aficiones del fútbol.
Consideramos que la violencia y el deporte son dos
términos antagónicos que no pueden convivir, y menos aún en un Estado de derecho. El deporte fomenta los valores de esfuerzo, trabajo en equipo, solidaridad y sana competitividad, incompatibles por su propia naturaleza con términos como la
violencia, que representa el paradigma de la intolerancia y la ausencia de interés en la convivencia pacífica. A esta situación de la violencia tenemos que añadirle brotes xenófobos que trágicamente comienzan a ser frecuentes. El explosivo y
lamentable espectáculo está servido. Esa expresión ciertamente, aunque se diga con dureza o con crudeza, es una de las que vivimos a diario o semanalmente en los campos de fútbol. Mal vamos si la xenofobia se hace fuerte en el deporte, y aún peor
iremos si no somos capaces de hacer una seria pedagogía social para evitarlo, porque si empezamos a ver normales determinados calificativos, la puerta a la intolerancia y a la falta de convivencia se habrá abierto de par en par.



Es cierto que existe una ley del año 2007 con la clara intención de erradicar la violencia en el deporte, pero la pedagogía social se ve necesaria. Hablaba usted hoy de un marco regulador, de la ley mencionada, de algunas situaciones
específicas; desde mi punto de vista, el papel lo aguanta todo, es cierto que se necesita esa serie de leyes y normas, pero no es menos cierto que en el deporte necesitamos una respuesta clara, diáfana y fuerte. La ley y el Estado deben ser aún
más firmes en su repulsa. No podemos permitirnos más espectáculos dantescos, que no solo van en contra de nuestros espectáculos deportivos, sino que van en contra de nuestro propio país, van en contra de nuestra imagen como nación.



Los llamados grupos ultra -y esto no debemos ocultarlo, sino difundirlo- han sido durante mucho tiempo y por motivos bastante incomprensibles grupos protegidos y hasta amparados por las directivas de determinados clubes, que veían en ellos
un instrumento de control y reafirmación de su poder. Hacía alusión también a ello el señor Olabarría en ese informe de la UEFA, y no seré yo tampoco quien haga referencia a los nombres de esos determinados clubes, pero todos somos conscientes, y
usted también, de que esta situación la vivimos en nuestro país.



Señorías, les podría dar infinidad de datos, ya se han destacado muchos casos concretos en el día de hoy, pero seguro que usted los conoce mejor que yo. Los violentos incidentes del pasado 8 de marzo tras el partido de fútbol entre el Betis
y el Rayo Vallecano inquietan mucho a mi grupo y a quien les habla, porque vemos que en los seis años que llevan en el Gobierno podemos hacer alusión a Lampedusa, quien decía: todo cambia para seguir igual. Por eso, señorías, señor secretario de
Estado, si este país es moderno, si este país es próspero, si este país es un Estado de derecho, la violencia directa e indirecta, física o verbal, ejercida por quienes sostienen una opción deportiva frente a los otros debe ser fulminantemente
eliminada, más aún si va unida a un comportamiento tan deleznable y moralmente repugnante como es la xenofobia que mi grupo reprueba firmemente y condena.



Actuemos en conciencia, con dureza, con firmeza; con la intolerancia y la xenofobia tolerancia cero. Mi grupo espera que así sea. Tenemos que conseguir que el juego sea limpio, tenemos que erradicar no solo de la práctica deportiva, sino
de todo su entorno la violencia; violencia que se refleja en el interior de los estadios, en el exterior y en casi todo aquello que lo rodea, ya que, como usted ha mencionado, no solo se vincula al fútbol. No es menos cierto que el deporte es la
excusa perfecta para desarrollar o elevar a su máximo exponente unas ideas radicales, es el escudo que muchos utilizan, y desde mi punto de vista es el deporte una de las víctimas de la violencia. Incidiendo en la situación anterior, mi grupo y yo
personalmente manifestamos nuestra máxima repulsa y rechazo a todas estas actuaciones violentas que se esconden en el deporte y lo utilizan en beneficios concretos.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Bar Cendón.



El señor BAR CENDÓN: Señorías, quiero agradecer en primer lugar la vigésima -decía mi compañero- presencia del secretario de Estado de Seguridad. No sé si apuntarle una más, porque ya casi nos han derivado hacia otro orden del día,
entonces vamos a contarle casi veintiuna.
Quería agradecerle también en lo que al tema se refiere la claridad de sus explicaciones y algo muy necesario: el equilibrio. Aun entendiendo la dificultad de dar una respuesta puntual a toda una
casuística, a todo un dosier de prensa que se puede sacar en un momento dado, entendiendo la dificultad de contestar puntualmente a cada cosa, yo creo que la explicación ha sido bastante satisfactoria y completa.



Señorías, decía André Malraux en una conocida sentencia que había visto intervenir a las democracias contra casi todo, salvo contra los fascismos. Desde luego, aunque esta frase deba servirnos de advertencia para interpretar la historia y
tal vez para el futuro, tengo la convicción de que a día de hoy no es precisamente nuestro caso, de que algo bastante importante ha ido cambiando desde entonces.



Efectivamente, después de escuchar al señor Camacho y a los portavoces de los otros grupos, sé -lo sabía desde antes- que compartimos todos con más o menos énfasis verbal la repulsa, la náusea y en cierto modo la preocupación por la
existencia innegable de grupúsculos violentos con connotaciones neonazis, racistas, xenófobos, que actúan contra todo lo que les parece diferente,


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especialmente personas o colectivos vulnerables. Pero no son los fascismos a los que se refería Malraux, que falleció en 1976, ni son las respuestas que la democracia, los ciudadanos, sus instituciones y especialmente las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad le están dando a este fenómeno ahora mismo. Aquellas jaurías fascistas tenían una gran implantación social, estaban perfectamente organizadas y lideradas, incluso fuertemente financiadas para acabar con las movilizaciones de las clases
trabajadoras, y no eran grupos antisistema como los de ahora, sencillamente querían instaurar otro sistema como solo supo advertir la izquierda europea de entonces. Pero la mayoría miró a otro lado, como dijo Bertolt Brecht, hasta que fue demasiado
tarde. Lo que vivimos hoy nada tiene que ver con aquello, ni en su volumen ni en su naturaleza, ni siquiera incipientemente, y desde luego está a una distancia sideral de desestabilizar nuestro sistema, y muchísimo más lejos incluso que otras
manifestaciones terroristas infinitamente más importantes.



Por eso me he permitido esta introducción, porque me parece necesario entender y distinguir que no estamos hablando ahora mismo de grupúsculos nostálgicos de otros tiempos, como lo fueron en su día los partidos tradicionales de extrema
derecha o como los que acuden por cierto ahora a los tribunales para acusar a un juez que investiga los crímenes del franquismo. De lo que hablamos ahora aquí representa algo muchísimo más primitivo. Son un fenómeno que se caracteriza por la
exaltación de pasiones xenófobas descerebradas, gusto por la violencia y estética cutre, incluidas cruces gamadas y similares, que se desenvuelven mucho mejor en ámbitos en los que no se requieren muchas neuronas para hacerse ver y notar; ni son
capaces de unirse ni de liderarse conjuntamente; se enfrentan ocasionalmente entre sí, y son comparativamente muy inferiores en número a los de otros países europeos como Francia, Alemania, Gran Bretaña o Italia. ¿Quiere esto decir que no revisten
peligro y que como fenómeno marginal solo deba preocuparnos marginalmente? Hombre, desde luego que no; bien al contrario pensamos que han dado muestras de su peligrosidad -que aquí se ha relatado-, que si tuviesen sensación de impunidad podrían ir
creciendo efectivamente, y que por ambas cosas deben preocuparnos. Sabemos que suelen actuar, así lo indican los informes policiales y los no gubernamentales como, por ejemplo, los informes trimestrales Raxen, del Movimiento contra la Intolerancia,
que aquí se han citado, en ámbitos muy focalizados: uno, contra las personas o colectivos vulnerables por razón de origen, etnia, condición social, opción sexual o idearios políticos diferentes; otro, en medio de y amparándose, como decía el señor
Olabarría, en el pacífico desarrollo y concurrencia a eventos culturales o de ocio, deportivos, musicales, o centros educativos, ya sea para interferir con actos violentos, ya sea para captar nuevos miembros. Habría un tercero, que es el de
Internet, en el que diversas páginas registran propaganda o instigación a la xenofobia y a la violencia. Pueden estar o no relacionados entre sí, pero la cuestión es: ¿se están combatiendo adecuadamente? ¿Disponemos de los dispositivos legales y
policiales necesarios? ¿Está teniendo resultado su implementación? Señorías, siempre se puede avanzar más, pero estamos lejos, muy lejos de la impunidad o de la inacción. Creo, señor Ridao, que la palabra connivencia ha sido extremadamente dura e
injusta, y quiero decir que habría que plegar un poco velas en ese sentido. Creo que contamos con un buen bagaje para hacerlo. En el plano legislativo tenemos herramientas, y sólo voy a citar algunos ejemplos para no alargarme, como los artículos
510 -citado- y 577 del Código Penal, en los que encajan perfectamente este tipo de grupos y sus actuaciones. El artículo 9 de la Ley de Partidos de 2002; las específicas contra la violencia, el racismo y la intolerancia en el marco de los eventos
deportivos ya citadas por el señor secretario de Estado; la Ley 10/2007 y el Real Decreto 203/2010 que entrará muy pronto en vigor; es decir, inacción legislativa, desde luego tampoco.



En el ámbito policial, del que ha hecho un amplio relato el secretario de Estado, se han señalado cuatro aspectos básicos. La prevención, que significa la investigación continua; la creación de unidades especializadas; el registro de
personajes violentos, y la vigilancia exhaustiva de los eventos y de los entornos escolares -por cierto, este programa de vigilancia de los entornos escolares estaba pensado en principio para las drogas, pero es de un extraordinario éxito-; la
represión de las actuaciones delictivas, con detenciones en numerosas ocasiones; las operaciones centralizadas, como fueron la operación Puñal, la Espada y la Panzer, que desarticularon grupos como Hummerskin, Blood and Honour, Folks From y Fas.
Además lo extraigo del informe Raxen, porque el informe Raxen no sólo trae la casuística de lo malo que ha pasado, también trae los éxitos policiales y también deberían citarse a continuación; la inserción en los planes de formación policiales
-esto me parece muy importante- de esta modalidad delictiva, junto a las instrucciones específicas que el secretario de Estado ha mencionado.
Fruto constatable de todo ello es la disminución sustancial -hay que considerarlo así, pese a lo alarmante
que puedan ser algunos hechos concretos- en la actividad de grupos ultra en campos de fútbol, como los Ultrasur, Boixos Nois o el valenciano Yomus. También puedo sacarlo no de los informes policiales, sino de los informes Raxen aquí citados.



En el plano judicial la aplicación de la nueva legislación vigente y los golpes policiales permitieron el envío a prisión de los más significados, y la preocupación sobre el tema en la fiscalía de la Audiencia Nacional condujo a la
designación de un fiscal coordinador para la investigación y persecución de las bandas organizadas. Finalmente, en el ámbito de la implicación social, ya que no hay nada mejor que la conciencia ciudadana, se recaba cada día con mayor exigencia la
corresponsabilización de las entidades deportivas, se apoya económicamente a las ONG como la citada Movimiento contra la Intolerancia o se introducen en el ámbito educativo contenidos


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y actividades específicas como, por ejemplo, a través de la imprescindible educación para la ciudadanía. Hablaba el portavoz del PP de pedagogía social, no sé si se estaba refiriendo a educación para la ciudadanía. (El señor Cosidó
Gutiérrez: No exactamente.) Si era eso bienvenido, y si no de todas maneras me parece que ha enfatizado su necesidad. Tal vez haya más ámbitos posibles para hacerles frente o con mayor contundencia, pero abordar bien un problema significa tener la
cautela de ni minimizarlo ni magnificarlo. Por eso, en general, agradezco bastante el tono de todos los intervinientes, quizá con esas dos excepciones. La palabra connivencia me parece durísima, brutal e injusta en este caso; tampoco me ha
parecido bien sacarnos del orden del día con el asunto del Cabanyal, pero en todo lo demás el tono que han utilizado es de agradecer.



Señorías, para acabar y como se ha dicho en muchas ocasiones, nuestra democracia admite la defensa de muchas ideas y concepciones de la sociedad, algunas francamente extremas. Lo que no admite en ningún caso es la violencia; contra estos
fenómenos la tolerancia debe ser nula, por ocasional que sea su manifestación, y especialmente si se refiere a los dos ámbitos que hemos comentado antes: el de las personas o colectivos vulnerables y el del pacífico ejercicio de las libertades y la
concurrencia a eventos culturales, de ocio, deportivos, musicales, y muy especialmente a los centros educativos. En esto ninguna institución pública o privada debe ceder ni mirar para otro lado, al igual que tampoco debe hacerlo la conciencia
colectiva. Creo, al igual que mi grupo, que en ello está el Ministerio del Interior, y sólo me cabe animarle a proseguir en esta tarea con todo ahínco.



El señor PRESIDENTE: Finalizado el turno de los grupos, tiene de nuevo la palabra el señor secretario de Estado para la réplica.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Camacho Vizcaino): Gracias, señorías, por sus intervenciones.



Creía que íbamos a tener un debate sosegado acerca de la violencia en los jóvenes, de la violencia en determinadas partes de nuestro territorio y de la violencia en el fútbol. Nunca pensé que debiera contestar a todos y cada uno de los
hechos delictivos que en ese ámbito se hayan podido producir a lo largo de los dos últimos años. De haberlo sabido habría traído una relación de las investigaciones policiales que han sido realizadas -sin ninguna duda- en cada uno de los hechos y
del resultado de las mismas. Eso sí, supongo que esta comparecencia se habría alargado tres, cuatro o cinco horas.



Cuando hablo de un debate sosegado en torno a violencia en la juventud, la violencia fascista, de extrema derecha, de extrema izquierda o en el fútbol, me refiero a un debate en el que no se empiece hablando de la absoluta impunidad de estos
hechos en una determinada parte del territorio nacional. Es obvio que en ningún momento en mi intervención he negado la existencia de hechos de este tipo en todo el territorio nacional y evidentemente en la Comunidad Valenciana; incluso tengo en
la documentación que me acompaña una relación de esos hechos producidos, pero difícilmente uno puede empezar un debate sosegado sobre esta cuestión si el inicio de la pregunta es una reflexión acerca de la impunidad en la que los autores de estos
hechos parece ser que se encuentran en la Comunidad Valenciana. Y es mucho más difícil hacer un debate sosegado sobre esta cuestión cuando a lo largo de las intervenciones nos encontramos con que alguno de los diputados que han intervenido llega a
hablar de complacencia en actuaciones violentas que están recogidas -el compareciente lo sabe perfectamente- en muchas ocasiones en el Código Penal. Por lo tanto voy a hacer una intervención no de respuesta a la mayor parte de las intervenciones
que se han producido sino de respuesta a lo que yo considero que puede ser un debate sosegado sobre esta materia.



El compareciente conoce perfectamente el Informe Raxen, lo conoce desde hace muchos años, ha leído todos los números del Informe Raxen y tiene contactos con el Movimiento contra la Intolerancia, y está preocupado -y así lo ha puesto de
manifiesto en su intervención- desde el mismo momento en que inició su gestión de la secretaría de Estado por esta cuestión.
Por eso ha dictado varias instrucciones sobre la violencia en los grupos juveniles y por eso ha llevado a cabo un
seguimiento anual en el Comité Ejecutivo del Mando Unificado de este tipo de hechos. El compareciente no ha negado en ningún momento que estos hechos se hayan producido; lo que sí va a negar de una forma especialmente taxativa es que pueda
hablarse de una complacencia o de una aceptación por las fuerzas policiales de este tipo de hechos, porque estamos en un Estado de derecho y porque no caben críticas tan indiscriminadas a una institución. Se ha sacado por uno de los diputados
intervinientes el ejemplo de un periódico. El secretario de Estado lo conoce perfectamente -es la página 68 del diario El País- y le preocupa pero de ahí a decir que toda la Policía Nacional tiene complacencia con los actos fascistas creo que es
confiar muy poco en las instituciones. En todos los ámbitos -ahí lo estamos investigando- se producen determinados comportamientos, en todos los grupos humanos, en todas las organizaciones, incluso en los partidos políticos, que no dejan de ser una
organización, se producen comportamientos heterodoxos por parte de determinados miembros de esos grupos humanos, de esas corporaciones y de esos partidos políticos, y nadie consideraría de recibo que yo dijera que todos los miembros de ese grupo
humano, corporación o partido político tienen la misma forma de entender la realidad. Como no es así, supongo que es un error por parte de S.S. decir que hay complacencia por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante actos
violentos, que en una parte importante de los supuestos son constitutivos de graves infracciones penales. A lo largo de mi intervención he contado cuál


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es el marco legal, cuál es la preocupación de la secretaría de Estado, cuál es la actuación, los mecanismos, los procedimientos. Entre otros procedimientos, se hablaba de contactos con fuerzas policiales de los distintos países que nos
rodean. No voy a dar contestación, aunque tengo contestación a alguno de los hechos delictivos que se han mencionado.
Prefiero mandársela, porque el tiempo de SS.SS. es limitado y tengo muchos datos para contestar a alguno de los hechos
delictivos, que nunca he negado, que no era necesario que se relataran, bastaba una mera estadística del número de los que se habían producido. En el Ministerio del Interior no negamos la realidad, no negamos que ese tipo de hechos se producen,
porque he partido del reconocimiento de que fue una inicial preocupación mía dictar una instrucción para hacer frente a este tipo de hechos. Por tanto, les mandaré a SS.SS. la actuación policial que se ha realizado. En todo caso, no asumiré nunca
afirmaciones como que toda una institución que comporta casi más de 150.000 personas tiene complacencia con actos de tipo fascista, extremista o actos de carácter delictivo.



Por lo que se refiere al deporte y a la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, me ha imputado que he minusvalorado este fenómeno. En ningún momento he hecho ninguna valoración. Minusvalorar supone, de alguna manera,
valorar por debajo de la realidad, que nos obligaría a una valoración de una mayor preocupación o de un mayor trabajo. El compareciente ha contado el marco legal, ha contado las instrucciones y ha contado las actuaciones de la policía. No ha
valorado en ningún momento el fenómeno y, por tanto, no ha podido minusvalorarlo, salvo que S.S. entienda que el marco legal es insuficiente. Pero lo cierto es que a lo largo de su intervención no ha propuesto ninguna reforma del marco legal
administrativo y penal en esta materia. El compareciente conoce perfectamente que una parte importante de los comportamientos de violencia que se producen en el fútbol son constitutivos de infracciones penales, a veces de graves infracciones
penales. El compareciente, en la fecha en la que se produce el fallecimiento de la persona cerca del campo del Atlético de Madrid, formaba parte de una institución destinada a la persecución de este tipo de hechos y conoció perfectamente esa
tramitación de la causa y el juicio que en su momento se celebró. Por tanto, difícilmente se puede minusvalorar aquello que no se ha valorado. Ahora lo voy a valorar. Me preocupa el fenómeno de la violencia en el fútbol, me preocupa el fenómeno
de la violencia en la juventud. Por eso hemos dictado instrucciones para hacerlas frente. No niego la existencia de ese fenómeno, y lo valoro de forma similar a la del portavoz del Grupo Parlamentario Vasco.



Los hechos que se producen en Viena. El compareciente tiene un problema, y es que no es responsable de la policía austríaca y, por tanto, se fía de la información que le proporciona la policía austríaca. El compareciente cree, de la misma
manera que el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco considera una organización no sospechosa a la UEFA, que no tenemos razones para considerar que la policía austríaca es una organización sospechosa. Lo único que puedo proporcionar son los datos
que me proporcionó la policía austríaca. Además, el compareciente tiene un defecto, y es que no ve nunca partidos de fútbol y, por tanto, no puede observar esa violencia en directo. ¿Quién fue el que cometió el hecho? La policía austríaca ha
manifestado y nos ha informado de todo lo que yo he informado a esta Comisión y no puedo entrar en un debate mucho más intenso, porque, entre otras cosas, no estaba allí cuando se produjeron los hechos, no soy responsable de la policía austríaca y
ni siquiera vi el partido por televisión.



Preguntaba el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco hasta qué punto valoramos el crecimiento de estos hechos y hasta qué punto hemos hecho una reflexión sobre esta cuestión. A lo largo de mi intervención he puesto de manifiesto que desde
el año 2005 se ha producido una disminución de este tipo de grupos y de este tipo de conductas. Por tanto, difícilmente puedo valorar si la realidad que yo contemplo, que es la realidad que me proporcionan Policía y Guardia Civil, es una realidad
no de crecimiento sino de disminución. El portavoz del Grupo Parlamentario Vasco sabe perfectamente que existen unidades especializadas, sobre todo en el ámbito de la policía, en la medida en que el fútbol se desarrolla en los centros urbanos, y
que además cuentan con procedimientos, estructuras y estrategias adecuadas para hacer frente a este tipo de fenómenos.



El portavoz del Grupo Parlamentario Vasco hablaba de una cierta complacencia por parte de alguien en relación con los clubes de fútbol o con una presunta conducta inadecuada por parte de algunos clubes. Yo le puedo relatar lo que
corresponde a nuestro ámbito. Nosotros actuamos en el ámbito de las sanciones administrativas; somos policía judicial y las sanciones penales las imponen en otro ámbito. Pues bien, en la temporada 2008-2009, en cuanto a propuestas sancionadoras
de tipo administrativo, se han impuesto a 704 particulares y a 71 organizadores, por tanto, tanto respecto a los que las cometen como a los que organizan los acontecimientos deportivos. En la temporada 2008-2009 -no les voy a dar más datos-,
estamos hablando de una cantidad que asciende a casi 270.000 euros a los organizadores y a casi 3 millones de euros a los particulares. Hace poco, en la secretaría de Estado firmamos, en relación con un partido del Sevilla -creo que es el que
preocupaba al portavoz del Grupo Popular-, unas propuestas de sanción de 60.001 euros respecto a particulares y prohibición de acceso durante cinco años a acontecimientos deportivos. ¿Ve cómo al compareciente le preocupan este tipo de conductas y
sabe perfectamente que unas pueden ser constitutivas de delitos, de muy graves delitos -asesinatos, homicidios-, y otras de sanción simplemente administrativa? Por tanto, complacencia en el ámbito del Ministerio del Interior con la violencia,
cualquiera que sea esta, dónde se produzca o quién la cometa, no existe por ningún lado.



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He mencionado a Ultra Sur a lo largo de mi comparecencia. La policía austriaca ha puesto de manifiesto la presencia de Ultra Sur. Que Ultra Sur es una organización que en ocasiones puede comportar el máximo peligro, créame que lo sabe
perfectamente la policía, en la medida en que tiene que hacer frente a esta organización en múltiples ocasiones en los acontecimientos deportivos en los que está presente. De que cometen delitos de gravedad, no hay ninguna duda. Por tanto, siento
que S.S. haya entendido que yo he minusvalorado una realidad que me ha preocupado siempre. He empezado mi intervención diciendo que, como me había preocupado, había firmado una instrucción al poco tiempo de entrar en la gestión de la secretaría de
Estado para que Policía y Guardia Civil se aplicaran de una manera particular, con su eficacia y eficiencia acreditadas, en el control de este tipo de conductas.



El portavoz del Grupo Parlamentario Vasco ha hablado -se me han descolocado las tarjetas y he imputado alguna de las afirmaciones del Grupo Parlamentario Vasco al señor Ridao- de la aplicación del delito de enaltecimiento. Es obvio. Es
obvio que la Policía y la Guardia Civil han investigado este tipo de hechos, pero, como bien sabe S.S., nosotros no aplicamos delitos, simplemente los investigamos. En todo caso, será el secretario de Estado de Justicia o el ministro quienes tengan
que responder en torno a las sentencias que se hayan dictado en este ámbito.
Evidentemente, tenemos conexión y comunicación con organizaciones policiales, como Interpol y Europol, y con organizaciones judiciales, como Eurojust, y es obvio que a
través de ellas también trabajamos en el control de la violencia en todos los ámbitos. En todo caso, ni el compareciente ni la Policía ni la Guardia Civil consideran normales este tipo de acciones. Si hubiera considerado normales este tipo de
acciones, no hubiera dictado al menos tres instrucciones ya para controlar la violencia en esos ámbitos.



Por lo que se refiere al señor Ridao, ya he hecho una referencia, probablemente por error, a la calificación que ha utilizado de la conducta policial y no voy a entrar en el tema del Cabañal, porque no constituye objeto de ninguna de estas
dos comparecencias y porque los diputados que han establecido algún tipo de relación no sé exactamente por qué lo habrán hecho ni a quien imputarán el carácter de actos de violencia fascista o propia del deporte, porque ni las personas que se
manifestaban ni la policía creo que sean dignos de esa imputación. En todo caso, dando respuesta a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, difícilmente puede hablarse de contradicciones en el Gobierno cuando hablamos de contradicciones entre
un miembro del Gobierno, como es el ministro del Interior, y lo que haya podido afirmar, que no sé si es cierto, el delegado del Gobierno, porque las contradicciones no se pueden producir entre alguien que forma parte del Gobierno, que representa
por tanto al Gobierno, y el delegado del Gobierno. En todo caso, comparto con la portavoz del Grupo Parlamentario Popular la condena de todo tipo de violencia, cualquiera que sea el lugar en el que se produzca, y creo que a lo largo de mi
intervención lo he puesto de manifiesto.



No es cierto que en este momento exista una preocupación en la Comunidad Valenciana con relación a la tasa de criminalidad, porque se ha reducido casi 20 puntos en los últimos seis años y porque según los datos del primer trimestre de este
año sigue reduciéndose. Y sigue reduciéndose porque el Gobierno ha hecho sus deberes en materia de seguridad, ha incrementado de una manera importantísima la presencia de Policía y de Guardia Civil en la Comunidad Valenciana y estos son los buenos
resultados que podemos presentar. Señoría, creo que en este momento la sociedad valenciana y la sociedad española están fuertemente preocupadas pero con relación a otro tipo de comportamientos delictivos, que en parte se han desarrollado en la
Comunidad Valenciana y en relación con los cuales el Gobierno no tiene nada que ver.



Por lo que se refiere a la intervención del segundo de los portavoces del Grupo Popular, estoy de acuerdo con las líneas generales del discurso que ha manifestado y su gusto por El Gatopardo y por Lampedusa, pero no con el hecho de que
exista una tolerancia cero por parte de este Gobierno con nada, ni con la violencia en el ámbito del deporte, ni con la violencia extremista sea fascista o de extrema izquierda, ni con la violencia de género, ni tampoco por supuesto con la
corrupción. Los resultados producidos en los últimos años por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ponen de manifiesto que el Gobierno no es tolerante con ninguna actuación delictiva y que actúa para evitar que estas se produzcan o para
reprimir aquellas que se hayan producido.



La señora PRESIDENTA: Estamos terminando esta comparecencia; si algún grupo quiere intervenir brevemente, le daré la palabra, pero ruego a SS.SS. máxima brevedad porque tenemos todavía buena parte del orden del día que sustanciar. (La
señora Pigem i Palmes pide la palabra.)


Tiene la palabra la señora Pigem por unos minutos.



La señora PIGEM I PALMÉS: Señor secretario de Estado, aquí nos ponemos de acuerdo todos acerca de la existencia, porque es indudable y no se puede negar, de reiterados actos violentos. Ya le he dicho en mi intervención que era evidente que
usted no podía disponer, sin saber que se le iba a preguntar, pormenorizadamente de cada uno de estos actos, pero sí nos gustaría que nos diera una respuesta pormenorizada. Están en el informe Raxen, usted ha dicho que lo conoce, igual que
nosotros.



No estamos de acuerdo en la maldad, entre comillas, si se me permite, que se atribuye a la utilización en la dialéctica parlamentaria por nuestra parte de la palabra impunidad. El señor Ridao, que me ha pedido que le excuse porque se ha
tenido que ir a tomar el avión hacia Barcelona, dice que él ha utilizado, cree recordar, la expresión de complicidad por omisión, que piense que son muchos años con este tema, que afecta a su propia


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organización política y que además la pasada semana tuvieron lugar. El tema de la impunidad no es un tema que se utilice con maldad. El propio informe Raxen en la página 14 dice: 'Ante el crecimiento de las agresiones xenófobas y
neofascistas de la Comunidad Valenciana, un grupo de entidades constituían la Plataforma de Acción Popular contra la Impunidad. La intención de esta plataforma es actuar contra la terrible impunidad de la que disfrutan las actividades delictivas
motivadas por el odio y la discriminación'. No es una invención, lo firman entre otros, el Partit Socialista del País Valencià, PSOE de Silla y el Ajuntament de Burjassot, con un acuerdo plenario en el que entre otras fuerzas está también el
Partido Socialista. Y hablan de impunidad, no es una maldad que utilicemos los grupos parlamentarios. Estoy de acuerdo en que usted se preocupa y le preocupan estos temas y precisamente, como coincido en esta preocupación, sí le pido que tengamos
más información acerca de estos hechos.



La señora PRESIDENTA: ¿Alguna intervención más? (El señor Olavaria Muñoz pide la palabra.) Le ruego sea breve, señor Olabarría.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Le agradezco mucho la insistencia en las invocaciones que hace a mi persona con relación a esta materia. Voy a ser breve porque le voy a hacer una sola pregunta al secretario de Estado.
¿Conoce el ministerio,
conocen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el gradiente de peligrosidad de las más de sesenta organizaciones neofascistas existentes en la Unión Europea en este momento? Es una pregunta que no me parece impertinente sino que además
debería ser un requerimiento de la diligencia exigible para un fenómeno criminal al que usted mismo, no en su primera intervención -si me permite la indicación- sino en la segunda, ha dado trascendencia. Sigo con la desagradable impresión de que ha
habido una cierta minusvaloración -permítame la expresión- en su primera intervención y que, viendo las intervenciones de los portavoces, ha habido un incremento de la intensidad y del tensionamiento de las pretendidas preocupaciones del ministerio.



Yo sé que el ministerio está preocupado, pero los hechos son tercos y pertinaces. Yo conozco personas del grupo Ultra Sur y de otros que le podría glosar, no todos de la misma ideología, que, conociendo la policía perfectamente su
incriminación, su grado de participación en hechos de criminalidad grave, siguen perfectamente libres, siguen acudiendo a los estadios y siguen teledirigiendo estas organizaciones criminales. Me gustaría que me explicase a qué puede deberse esto.



La señora PRESIDENTA: No sé si le podrá explicar todos los comportamientos que usted le exige en este momento, en cualquier caso le doy la palabra al señor Camacho para que cierre este debate.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Camacho Vizcaino): Muy brevemente. El problema de la utilización del término impunidad es que tiene un significado que se establece en el diccionario de la Real Academia. Es decir, es la
aceptación por parte de todas las instituciones del Estado de esos hechos como hechos normales y su no persecución. Yo podría haber admitido un debate en torno al número de estos hechos que no son objeto de una sentencia o donde no se puede llegar
a determinar quién es el culpable de los mismos y el planteamiento del debate habría sido radicalmente distinto. Le voy a poner un ejemplo. Por lo que yo sé, hasta el momento nadie sabe quién mató al presidente Kennedy, por tanto, no se ha llegado
a determinar el autor de esa muerte, pero a nadie se le ocurre decir que en Estados Unidos haya una complacencia con los magnicidios.
Hay una diferencia intensa entre la impunidad y el hecho de que no se hayan podido determinar los autores de
determinados hechos delictivos.



Por lo que se refiere a la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, sigo manteniendo que en mi primera intervención no he hecho ninguna valoración y por tanto no he podido minusvalorar un fenómeno que no he minusvalorado
nunca y que, por el contrario, siempre me ha preocupado y siempre ha dado lugar a instrucciones concretas de la secretaría de Estado para la persecución de este tipo de hechos.



La señora PRESIDENTA: Suspendemos la sesión cinco minutos. (Pausa.)


PREGUNTAS:


- DEL DIPUTADO DON CARLOS GONZÁLEZ SERNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE VALORACIÓN DEL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA SIVE (SISTEMA INTEGRADO DE VIGILANCIA EXTERIOR) EN LA COSTA LEVANTINA, ASÍ COMO PREVISIONES PARA
NUEVAS ZONAS DE IMPLANTACIÓN. (Número de expediente 181/002074.)


La señora PRESIDENTA: Señorías, reiniciamos de nuevo la sesión con los puntos del orden del día que se refieren a contestación a preguntas. En primer lugar, la pregunta sobre valoración del desarrollo e implementación del programa SIVE en
la costa levantina, así como previsiones para nuevas zonas de implantación. Aunque la propia pregunta, como el resto, por su contenido podría ser objeto prácticamente de una comparecencia si se quisiera -pero no estamos en eso-, vamos a intentar
cumplimentar lo que ya acordamos en una reunión de Mesa y portavoces, que las preguntas las sustanciaríamos en un máximo de cinco minutos. Seré un poquito flexible con los cinco minutos porque me lo han pedido así algunos diputados, pero no vamos a
hacer una comparecencia ni otra iniciativa sino una pregunta, que consiste en pregunta con respuesta, si se quiere


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réplica y, si no, no hay dúplica. Es decir, constará de una intervención o dos. En cualquier caso, si son dos intervenciones, en total son cinco minutos, con la flexibilidad que por sentido común sea necesaria. Tiene la palabra para
formular esta pregunta el señor González Serna.



El señor GONZÁLEZ SERNA: Haré uso de un solo turno y la argumentación de mi pregunta, señora presidenta, señor secretario de Estado, es sencilla y breve. Durante mucho tiempo en la Comunidad Valenciana se ha venido cuestionando por parte
de diversos miembros de la Generalitat, incluido el propio conseller de Gobernación, don Serafín Castellano, que se fuera a implantar el SIVE en las provincias de Castellón, Valencia y Alicante.
Se ponía por tanto en duda abiertamente ante los
ciudadanos el compromiso de implantación del SIVE en la Comunidad Valenciana por parte del Gobierno de España. Posteriormente, cuando el Gobierno de España, el Ministerio del Interior, ha ido cumpliendo minuciosamente sus anuncios y compromisos y
el SIVE se ha ido haciendo una realidad en la Comunidad Valenciana, el Gobierno del Partido Popular allí ha pasado a la fase b) de su estrategia, que consiste simple y llanamente en criticar la eficacia y la utilidad del SIVE y en decir a los
ciudadanos y ciudadanas, a los valencianos y valencianas, que prácticamente no sirve para nada. No se sorprenda usted, señor secretario de Estado, esta es la forma habitual de actuar de los miembros de la Generalitat Valenciana. El Partido Popular
en mi comunidad no gobierna, no resuelve problemas ni necesidades de los ciudadanos, sino que está absolutamente entregado a hacer oposición al Gobierno de España. De ahí estos comportamientos que son absolutamente incomprensibles y que entiendo
que despierten sorpresa fuera de la comunidad. Ante este planteamiento reiterado al que estaba haciendo referencia, es decir, criticar abiertamente la utilidad del SIVE por parte del propio conseller de Gobernación de la Generalitat Valenciana, mi
pregunta para usted, señor secretario de Estado, es forzosa, es si el SIVE sirve o no sirve.



Me gustaría que diera usted una visión integral, si es posible, del sistema y que nos indicara si ha servido o no para algo, hablando en términos concretos de interceptaciones y de localización de embarcaciones.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Camacho.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Camacho Vizcaino): La respuesta a S.S. es obvia, sirve y sirve mucho. Si vamos a los datos, durante 2009 se han interceptado un total de 105 embarcaciones, utilizadas, por ejemplo, para el
tráfico de drogas, gracias al SIVE, interviniéndose en total 112.579 kilogramos de droga. En lo que se refiere a la localización de embarcaciones con inmigrantes, localizadas gracias al sistema, hablamos de 183, rescatando y, por tanto, evitando un
peligro para 2.763 personas. Como S.S. sabe, en la actualidad el sistema está en todo el litoral andaluz, en las islas Canarias, en Ceuta y en toda la Comunidad Valenciana, en Alicante, Valencia y Castellón, con un total, en este caso, de 11
estaciones sensoras de vigilancia, pero, además, en Murcia y en las Islas Baleares, Mallorca, Menorca e Ibiza, con un total de seis estaciones. El despliegue de la Comunidad Valenciana se compone de instalaciones fijas en cada una de las
comandancias y dos unidades móviles, en concreto, en Alicante y en Castellón. En Alicante el despliegue fijo entro en septiembre de 2009; en Valencia, en noviembre de 2009; y en Castellón en el mismo mes. Por lo que se refiere a los resultados
obtenidos en la comunidad desde su implantación, se han interceptado tres pateras con 27 inmigrantes ilegales, y siete embarcaciones de drogas, dos de ellas en Valencia, 3.750 kilos, y cinco en Alicante, 1.752 kilos. Por lo que se refiere a las
previsiones de nuevas zonas, hay una previsión de su extensión en Galicia para hacer frente sobre todo al posible narcotráfico que pudiera haber en esta zona.
Al mismo tiempo, también pretendemos ampliar el despliegue en el Mediterráneo. En la
actualidad está en desarrollo la implantación del sistema en la provincia de Tarragona, teniendo prevista su entrega y recepción para finales de 2011, con la previsión de seguir con el despliegue hasta el límite con Francia. En resumen, señoría, el
sistema funciona. Funciona de una manera adecuada, salva vidas humanas, controla el tráfico de sustancias estupefacientes y, como el sistema funciona, el Gobierno lo va a seguir implantando en el resto de la costa mediterránea y en la costa
atlántica.



- DEL DIPUTADO DON JOSÉ IGNACIO LANDALUCE CALLEJA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA OPINIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE SI LAS TORRES DE CONTROL DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL ESTRECHO (SIVE) INSTALADAS EN ZONAS MILITARES
QUE ESTÁN SIENDO ABANDONADAS POR EL EJÉRCITO, ESTÁN SUFICIENTEMENTE VIGILADAS PARA EVITAR ACTOS DE SABOTAJE.
(Número de expediente 181/001752.)


La señora PRESIDENTA: Punto 6.º, pregunta del señor Landaluce Calleja.



El señor LANDALUCE CALLEJA: El señor secretario de Estado acaba de comentar que el sistema de vigilancia exterior, más conocido como SIVE, es un sistema y una herramienta fundamental en el mantenimiento de la seguridad de nuestras fronteras
y, por tanto, del territorio español.
Este sistema en el ámbito del estrecho de Gibraltar consta de una serie de torres de control distribuidas a lo largo de todo el litoral, y muchas de estas torres fueron ubicadas en instalaciones militares
distribuidas por la costa, lo que le garantizaba la seguridad a cargo del Ministerio de Defensa, habida cuenta


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de la presencia permanente de dotaciones militares en las mismas. De un tiempo a esta parte, el Gobierno ha optado por reducir drásticamente la presencia militar en la práctica totalidad de estas baterías de costa distribuida en la orilla
europea del estrecho de Gibraltar, lo que ha provocado que estas instalaciones hayan quedado en desuso y, por tanto, sin vigilancia. Así, las torres del SIVE podrían quedar también sin esta vigilancia que impida que se produzca contra ellas actos
de sabotaje por parte de grupos organizados que se dedican a actividades ilícitas, principalmente a los tráficos ilícitos, bien de personas o bien de drogas desde la costa marroquí hacia la española. El interés de estos grupos organizados es
patente, usted lo conoce, puesto que el SIVE se ha convertido en una de las principales herramientas con las que cuenta nuestro país para blindar nuestras fronteras frente a las actividades ilícitas que antes he mencionado. Para conocimiento del
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, le diré que se crearon en época del Gobierno del Partido Popular, en la legislatura 2000-2004, y tiene que ver usted las hemerotecas y el 'Diario de Sesiones' donde ustedes nos criticaban que
instaurásemos el SIVE y nos decían todo tipo de adjetivos descalificativos, y ahora se han dado cuenta de que el SIVE es beneficioso, es bueno y el Partido Popular lo sigue defendiendo, independientemente de la comunidad a la que nos refiramos.



Centrándonos en el tema, señor secretario de Estado, usted lo ha dicho, se ha reducido drásticamente la entrada de inmigrantes, la entrada de droga y está obligando a los traficantes a dirigir sus entradas hacia otros puntos no tan
controlados. La posibilidad que le he comentado de sabotaje no es una hipótesis. Usted sabe bien que en Sierra Carbonera, en la provincia de Cádiz, en el Campo de Gibraltar, donde está el grupo de misiles SAM, ha sufrido graves daños una torre de
control del SIVE que ya ha sido puesta en funcionamiento de nuevo. Pero sí allí, que hay vigilancia de los militares, ha ocurrido ese sabotaje, ahora que están saliendo de las baterías de costa es donde se produce esa preocupación a la que hace
referencia mi pregunta. En el mes de octubre, el Gobierno ya reconoció que el Ministerio del Interior había informado de la instalación de sistemas de seguridad perimetral en las instalaciones que forman parte del SIVE para evitar que estas fuesen
atacadas, y era una respuesta textual. Esta seguridad, dice su departamento de Interior, sería reforzada por la vigilancia esporádica de patrullas terrestres, si bien reconoce su ministerio que no disponen de medidas especiales de seguridad, pero
se preveía que a corto plazo se crease un sistema de control para prevenir esos sabotajes. Por tanto, la pregunta que trae el Grupo Parlamentario Popular pretende conocer qué medidas tiene previstas el Gobierno para garantizar la seguridad de las
torres de vigilancia del SIVE ubicadas en aquellos acuartelamientos que están cayendo en desuso. Y aprovechando, como todo el mundo, que está usted aquí para hacerle preguntas colaterales, espero de su generosidad para que me conteste.
Sabe que
tenemos que invertir en mejoras porque los sistemas se están quedando obsoletos dando algunas sombras, sobre todo en temporal. Usted conoce igual que yo que la climatología adversa no está impidiendo que los delincuentes aprovechen para entrar en
nuestras costas porque saben que esos temporales producen esas sombras. Por ello necesitamos no solo reforzar sino mejorar para que los sistemas sean cada vez de mayor calidad.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Camacho para la respuesta.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Camacho Vizcaino): Gracias, señoría, por su pregunta. Sin duda, la seguridad de las instalaciones del SIVE es una de las acciones prioritarias de la oficina del programa SIVE que se encuentra en
el ministerio. Esto conlleva una búsqueda continua de nuevos y mejores medios para garantizar la seguridad, tanto activa como pasiva, de las instalaciones del SIVE. Dicha oficina ejecutó durante el período 2008-2009 un expediente de contratación
que tenía por objeto reforzar la seguridad de las instalaciones de las estaciones sensoras. En este mismo sentido, se ha instado a las comandancias de la Guardia Civil para que se refuerce la protección de las estaciones sensoras mediante patrullas
móviles de vigilancia. Las estaciones ubicadas en zonas militares a las que hace referencia S.S. en la provincia de Cádiz, son las de Punta Candor, Camposoto, Sierra del Retín, Paloma Baja, Punta Cascabel, Punta Acebuche y Sierra Carbonera. Estas
instalaciones ya disponían de doble vallado, detector de humos, video grabador, focos infrarrojos, sirena, alerta temprano y hormigonado. Y se han reforzado a través de estos expedientes mediante la renovación del vallado, contactos magnéticos,
sensor perimetral de seguridad, sistema de circuito de televisión, cámara domo, sistema de megafonía, amplificador, iluminación sorpresiva y comunicaciones remotas. En consecuencia, se considera que con las nuevas medidas adoptadas las estaciones
del SIVE situadas en acuartelamientos militares en la provincia de Cádiz se encuentran en este momento adecuadamente vigiladas.



La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto 7.º, pregunta también del diputado señor Landaluce.



- DEL DIPUTADO DON JOSÉ IGNACIO LANDALUCE CALLEJA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE INSTRUCCIONES QUE TIENE LA GUARDIA CIVIL CUANDO RECIBEN ÓRDENES DE LA ROYAL NAVY O DE LA GIBRALTAR POLICE PARA ABANDONAR LAS AGUAS QUE
RODEAN GIBRALTAR. (Número de expediente 181/002200.)


El señor LANDALUCE CALLEJA: El asunto que hoy traemos a esta Comisión de Interior no es una cuestión


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menor y de la respuesta que hoy se nos dé podremos deducir cuál es la apuesta del Gobierno por defender los intereses de nuestro país o si, por el contrario, se va a seguir replegando a las pretensiones soberanistas de Gibraltar. La
pregunta está basada en los constantes incidentes en los que se han visto envueltas embarcaciones de la Guardia Civil cuando, en el ejercicio de sus responsabilidades y encontrándose en el mar territorial español que rodea al peñón de Gibraltar, son
obligadas a abandonar esas aguas aun cuando -insisto- se encuentren actuando, por ejemplo, en la persecución de embarcaciones sospechosas de estar realizando tráficos ilícitos -el viernes pasado, por ejemplo-. Desde que el día 2 de diciembre del
pasado año se produjese el ametrallamiento por parte de una patrullera de la Royal Navy con base en Gibraltar a una enseña con los colores de la bandera de España como se muestra en esta fotografía claramente, se han producido nueve nuevos
incidentes entre autoridades gibraltareñas y embarcaciones de la benemérita, un número que se eleva a diecisiete en el último año. En el momento en que se acercan embarcaciones a cierta distancia -la que consideran las autoridades de Gibraltar-
habitualmente la Royal Navy y otras veces la propia policía de Gibraltar, o las dos, interceptan a la Guardia Civil instándola a abandonar las aguas territoriales de Gibraltar. Como bien sabe usted no solo las filman, no solo amenazan a las
dotaciones de las patrulleras de la Guardia Civil con ser detenidos, sino que los acosan y los obligan a cambiar de rumbo para evitar que se produzca un abordaje. Hoy no se trata, señor secretario de Estado, de discutir algo que para España debe
ser indiscutible como es la titularidad de las aguas que rodean Gibraltar, sino de cuestionar cuál es la actuación del Gobierno cuando se están produciendo estas situaciones. La Guardia Civil -y se ha dicho al principio de esta Comisión; lo ha
dicho el señor Cosidó- es uno de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado -y todos lo sabemos- más elogiados a nivel mundial. Y todos sabemos también que la Guardia Civil recibe órdenes en situaciones tan concretas y particulares como de la
que hoy hablamos. Suponemos que estas órdenes deben ser muy concisas y claras. Por tanto también yo voy a ser claro y concreto y el Grupo Popular desearía que la respuesta fuese en estos mismos términos. ¿Tiene orden la Guardia Civil de obedecer
las indicaciones de la Royal Navy o de la policía de Gibraltar? En caso afirmativo, ¿cuáles son las razones por las que deben hacerlo? ¿Están siendo respaldadas o no las patrulleras de la Guardia Civil por el Ministerio del Interior? Porque se
nos plantean muchas preguntas y como siempre el tiempo juega en nuestra contra, pero para el Grupo Parlamentario Popular la sumisión por evitar enfrentamientos a la que se ve sometida la Guardia Civil del Mar es preocupante y cabría cuestionar cuál
es el punto a partir del cual la Guardia Civil tiene que aceptar esas órdenes de la Royal Navy. Es una cuestión que sin lugar a dudas interesa mucho a Gibraltar que, por supuesto, con un comportamiento de no respaldo a la Guardia Civil del Mar, le
viene magníficamente bien porque ve favorecida su pretensión expansionista y en este caso siempre a costa de los intereses de España, a costa del mar territorial español.



Voy terminando, señora presidenta. La profesionalidad de la Guardia Civil queda fuera de toda discusión. Nuestro grupo parlamentario quiere saber por qué se ven obligados a obedecer a las autoridades del Reino Unido o a las gibraltareñas
en estas situaciones que se están produciendo. Hace pocos días interpelábamos al ministro de Exteriores en Pleno, a don Miguel Ángel Moratinos, acerca de si consideraba que el Gobierno estaba actuando de forma correcta a la hora de defender los
intereses de nuestro país frente a estos incidentes y en la defensa de la titularidad de estas aguas. La respuesta del responsable de Exteriores fue tajante en el sentido de que el Gobierno estaba actuando de manera correcta. El que se esté
permitiendo que Gibraltar actúe como autoridad en las aguas territoriales que rodean la colonia es un claro ejemplo de que los intereses de nuestro país no están siendo defendidos como debieran y, por lo tanto, el ministro de Exteriores no dijo la
realidad de lo que está aconteciendo. En consecuencia, reitero, señor secretario de Estado, el motivo de esta pregunta para que usted nos diga sin lugar a dudas, sin equívocos, si el Ministerio de Interior está respaldando a la Guardia Civil del
Mar en evitación de los enfrentamientos que se deberían de producir cada día con esas actuaciones de Gibraltar, tanto con las patrulleras de la Royal Navy como con las de la policía naval de Gibraltar.



La señora PRESIDENTA: Entiendo que no va a hacer uso de réplica, puesto que ya ha usado el doble del tiempo que le corresponde. Tiene la palabra el señor Camacho para su respuesta.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Camacho Vizcaino): La respuesta va a ser muy breve: no tiene ninguna instrucción por parte del Ministerio del Interior. La Guardia Civil, en el ejercicio de sus funciones, sabe perfectamente lo
que tiene que hacer, no ha recibido ninguna instrucción. Por tanto, no ha recibido la instrucción a la que ha hecho referencia S.S. a lo largo de su pregunta. Eso por lo que se refiere a las instrucciones. Por lo que se refiere al respaldo, creo
que en este momento nadie en la sociedad española duda de que el Gobierno respalda a la Policía y a la Guardia Civil en el ejercicio de sus funciones, cualquiera que sea esta función. Les recomiendo que hagan ustedes lo mismo con relación a una de
las instituciones más valoradas por nuestros ciudadanos.



- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA DEL CARMEN GUERRA GUERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE NÚMERO DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS QUE HA SOLICITADO EL CENTRO PENITENCIARIO DEL SALTO


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DEL NEGRO EN GRAN CANARIA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL SERVICIO.
(Número de expediente 181/002550.)


La señora PRESIDENTA: Pregunta de la diputada señora Guerra.



La señora GUERRA GUERRA: La pregunta que viene en el orden del día de esta tarde es cuántos funcionarios en prácticas han sido solicitados por el centro del Salto del Negro en Gran Canaria. He visitado este centro hace un par de semanas y
la fotografía es una prisión hecha para 600 ó 700 internos en la que ahora mismo hay más de 1.400, que en muchas ocasiones se ven sorprendidos por los traslados a la Península por la situación que allí se está viviendo. En los últimos dos meses ha
habido más de cinco agresiones, en este caso a los funcionarios de la prisión, que han pedido estos funcionarios en prácticas por la situación que allí se está viviendo. Creo que lo más importante de todo es saber que la precariedad del trabajo que
están haciendo esos funcionarios hace que soliciten al Gobierno los efectivos que necesitan. Por eso quiero saber cuántos funcionarios en prácticas han pedido y cuántos les ha mandado el Gobierno.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Camacho.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Camacho Vizcaino): El procedimiento de asignación de funcionarios en prácticas a los centros no funciona sobre petición de los centros, sino sobre el número de aprobados y sobre la distribución
que hace la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. No es cierto que la prisión del Salto del Negro tenga una capacidad para 600 ó 700 internos. Todo lo contrario, para 1.206 plazas, además de 62 auxiliares y complementarias y 58 de
régimen abierto.
Actualmente está ocupada por 1.368 internos, 1.215 en régimen cerrado. Si observa las plazas, son 1.206. Por tanto, tiene una sobreocupación de nueve plazas. Pero S.S. sabe que actualmente, dentro de una política que fue
iniciada por este Gobierno en 2004 de creación de nuevos centros penitenciarios, se está construyendo el centro penitenciario Canarias II en San Andrés, que se prevé esté finalizado en el primer trimestre de 2011, con 1.008 celdas funcionales, 186
celdas complementarias y una capacidad de 2.016 plazas residenciales, muy por encima, por tanto, de la actual ocupación de la prisión del Salto del Negro. Además, se prevé también la inauguración de un CIS en Las Palmas en el cuarto trimestre de
2010 con 150 celdas funcionales, dos celdas complementarias y una capacidad de 302 plazas. Por lo que se refiere a la RPT de funcionarios de Las Palmas, es de 383 puestos de trabajo, contando al día de hoy con 393 efectivos. Por tanto, estamos
diez plazas por encima de la RPT de ese centro, y aparte de personal laboral cuenta con una plantilla de 37 puestos de trabajo, estando cubiertos en la actualidad prácticamente la totalidad, 31. Por tanto, señoría, no hubo una distribución por
petición de centros. La prisión tiene una ligera saturación que podrá ser solucionada en un breve espacio de tiempo con la construcción de un centro penitenciario y de un CIS en las islas. En cuanto a los funcionarios en prácticas -si es a lo que
hacía referencia- que fueron remitidos, en la última oferta de empleo público los adjudicados fueron veinticinco, a los que luego se sumaron tres por tratarse de funcionarios destinados en el centro en el que solicitaron realizar prácticas.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Guerra.



La señora GUERRA GUERRA: Señor Camacho, me sorprende. Le quiero decir que creo que le han dado muy mal los datos. En primer lugar, Canarias II no está en San Andrés, está en San Bartolomé, son dos cosas completamente diferentes. Si
conociera Gran Canaria seguro que sabría que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Me dice que el CIS puede estar para el año 2010. El conocimiento que tenemos, y el que tienen también los ciudadanos de Gran Canaria, sobre todo los
funcionarios de la prisión del Salto del Negro, que lo piden, porque esto permitiría un mejor desarrollo, es que esto no se ha iniciado, por tanto, es difícil que esté terminado en 2010, aunque yo estaría encantada de que fuera así. Creo que
tampoco tiene bien esa información. Otra información que tiene muy mal, muy mal es la de los internos que caben en esa prisión, que están entre 600 y 700, así lo dice la información de la prisión del Salto del Negro en Gran Canaria. Sobre las 400
personas de la RPT de la que usted me habla, le puedo decir que están para asistir a 600 ó 700 internos, pero no a los casi 1.400 que hay. Señor Camacho, a modo de ejemplo le puedo decir que el otro día visité el módulo de mujeres, en el que caben
40 y sin embargo hay 140. Le puedo decir algo para que tenga todavía más información: en ese módulo de mujeres hasta lo que es la parte, diríamos, eclesiástica está con literas. Eso lo vi yo personalmente. No me venga a dar información de la
prisión del Salto del Negro en Gran Canaria porque la conozco por activa y por pasiva. Es más, muchos familiares de los internos le pueden decir que cuando hacen esas tundas -como ustedes las llaman- y les sacan de allí ni siquiera avisan a los
familiares de que les trasladan a cualquier lugar de este país, lo que les impone una doble pena: la de la cárcel, la que están sufriendo, y la de alejarlos de sus familias, ya que muchas de ellas ni les vuelven a ver.



Esta tarde ha hablado también -a mí me ha gustado que lo haya dicho- de la excepción que van a hacer en este caso desde el Gobierno para los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y también para los funcionarios de
prisiones, porque eso permitirá que la nueva prisión en Gran Canaria, en San Bartolomé, señor secretario de Estado, pueda estar preparada para


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que se trasladen allí, porque realmente debería conocer la situación que se vive en el Salto del Negro y no tiene conocimiento de ella por la información que ha traído usted estar tarde. Nos conocemos hace mucho tiempo y desde el año 2005
le estoy pidiendo una prisión nueva para Gran Canaria, tuvimos tiempo de debatirlo en el Senado y en el Congreso nuevamente; al final, solo espero que cumplan los compromisos del Gobierno. Ya no le pido una celda por preso, que es lo que tenían
ustedes en el programa, pero sí que las condiciones de las prisiones sean otras.
Además, la señora Gallizo les dijo a los funcionarios de prisiones que lo primero que iba a hacer era dignificar el cuerpo de funcionarios de prisiones. Debería
preguntar a los del Salto del Negro y a muchos otros que hablan del Gobierno como están hablando por las condiciones en las que les tienen, que son lamentables. Si se pidieron funcionarios en prácticas para la prisión del Salto del Negro en Gran
Canarias fue por una necesidad, porque realmente la situación es muy difícil para los internos y para los funcionarios.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Camacho Vizcaíno): Puedo haberme equivocado en torno a la localidad y haberme equivocado dentro del santoral, pero eso no quiere decir que no conozca Canarias. Viajo habitualmente a Canarias y
probablemente soy uno de los defensores del buen clima, de la buena comida y de la buena geografía canaria. Por lo demás, me he equivocado en el santo, pero no en el resto. La ocupación del centro del Salto del Negro es la que yo le he dicho y la
posible ocupación es superior a la que usted dice, si partimos de la base de que tiene 603 plazas residenciales, 62 auxiliares y 58 de régimen abierto. Es cierto que estoy contando, como usted ya ha manifestado, dos plazas por celda, pero si tiene
602, con dos plazas por celda estamos por encima de las 1.200 plazas.



Tampoco me he equivocado ni la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se ha equivocado en cuanto a la inauguración en el cuarto trimestre de 2010 de un centro de inserción social en Las Palmas. Y en lo que en todo caso no se ha
equivocado el actual Gobierno es en la generación de un plan de creación de nuevos centros penitenciarios de los cuales ya hemos inaugurado una buena parte de centros de inserción social y unidades de madres, y aquí, a diferencia de la pregunta
anterior, hemos trabajado sobre el vacío. Es cierto que en el anterior desarrollamos un programa SIVE que había sido iniciado por el Gobierno del Partido Popular, pero en el ámbito de centros penitenciarios ni había previsión ni se conocía cuál era
la situación en la que nos íbamos a ver si no se pone en marcha el plan que en su momento hizo el Gobierno de creación de nuevos centros penitenciarios, de nuevos centros de inserción y de unidades de madres.



- DEL DIPUTADO DON ALBERTO GARRE LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO SOBRE LAS PREVISIONES ACERCA DE ABORDAR EL PROBLEMA DE LA FALTA DE SEGURIDAD EN LOS ACUARTELAMIENTOS DE LA GUARDIA CIVIL EN LA REGIÓN DE MURCIA. (Número
de expediente 181/002430.)


La señora PRESIDENTA: Siguiente punto del orden del día, punto 9.º Pregunta del diputado del Grupo Parlamentario Popular, señor Garre.



El señor GARRE LÓPEZ: En el 'Diario de Sesiones' número 305, de 29 de noviembre de 2007, que tengo aquí, cuando llevábamos a cabo la modificación del Reglamento de la Guardia Civil terminaba yo entonces mi intervención, puesto que había
habido consenso unánime de todos y cada uno de los grupos parlamentarios, fíjese, señor secretario de Estado, diciendo: Ojalá sepamos encontrar otra vez el acuerdo si por desgracia, Dios no lo quiera, la Guardia Civil se viese atacada por el terror
de los asesinos. No pasaron ni cuarenta y ocho horas y ocurrió el atentado de Capbreton. Ahora vamos a hablar de otro asunto de la Guardia Civil relacionado con la seguridad exterior de los cuarteles. Los acontecimientos ya son pasados. Hemos
tenido acontecimientos en Burgos y hemos tenido acontecimientos muy luctuosos en Palma con el fallecimiento de Carlos Sáenz y Diego Salva. Recientemente hace menos de un mes, en la estación del SIVE de Cabo Tiñoso en Cartagena se produjo también el
incendio de un cuartelillo de la Guardia Civil.



Señor secretario de Estado, yo no dudo de que conoce como yo el preámbulo y el artículo 2 de la Constitución, incluso el artículo 17 que concreta más el derecho de seguridad. Conoce como yo que esa seguridad está encargada por la
Constitución en el artículo 104 a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sin embargo, resulta paradójico que siendo estos pocos españoles la Guardia Civil, a los que la Constitución encarga la seguridad de los demás españoles sean
precisamente los españoles más inseguros de toda España. ¿Y por qué ocurre esto? Porque, como en el resto de España, también en mi región, de los cuarteles que hay, veinte no disponen de un guardia de puerta de veinticuatro horas. Porque el 37
por ciento de esos cuarteles carecen de cámaras de vigilancia exterior, porque el 80 por ciento de esos cuarteles carecen de inhibidores de frecuencia y porque el 90 por ciento de esos cuarteles no disponen de un perímetro de seguridad y porque
además no tienen siquiera iluminación exterior en muchos casos.



No voy a hacer uso de un segundo turno, salvo que usted me obligue o la benevolencia de la Presidencia o el tiempo me lo permitan. Quiero ser escrupulosamente respetuoso con este problema, y espero que también lo sea el secretario de
Estado. Por consiguiente, mi labor como oposición ha terminado por el momento, la doy


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por acabada. He trasladado el sentir de los miembros de la Guardia Civil de mi región. Ahora es su turno de compromiso parlamentario seguido de la actuación del Gobierno. Le he trasladado lo que conocemos y que seguro que usted, como
secretario de Estado de Seguridad, conoce también. Puedo haberme equivocado, puedo haber cometido algún error; si es así díganoslo; ni yo ni mi grupo aspiramos a tener el monopolio de la verdad absoluta, como esta tarde estoy comprobando aquí que
ocurre por parte del Gobierno. Aspiramos a enmendar errores. Si los problemas que le he trasladado son un error del Gobierno, no los reconozca el secretario de Estado de Seguridad si no quiere, pero no los convierta en un dogma y actúe como tiene
que actuar. Le digo esto porque lo importante no es lo que yo diga aquí ni lo que el secretario de Estado diga aquí ni el debate que vamos a mantener; lo importante es lo que precede y lo que sigue a los debates, y lo que precede a los debates ya
sabe el secretario de Estado lo que es: la inseguridad en los acuertelamientos de la Guardia Civil. Lo que sigue a los debates es mucho más importante: lo que haga o deje usted de hacer.



La señora PRESIDENTA: Señor Garre, ha consumido exactamente el tiempo que habíamos pactado previamente. Tiene la palabra el señor secretario de Estado.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Camacho Vizcaino): Desconoce el compareciente ese debate en el que intervino porque, entre otras cosas, no es miembro de la Cámara y no interviene en la iniciativa legislativa. Además, creo que
la Cámara no ha aprobado ningún reglamento de la Guardia Civil. En todo caso, al Gobierno le preocupa la seguridad de la Guardia Civil y a la Guardia Civil le preocupa la seguridad de sus cuarteles. En ese sentido, la Guardia Civil ha elaborado un
ambicioso plan en el que se establece una serie de prioridades de mejora de las medidas de seguridad de los acuartelamientos en función de la amenaza existente en cada territorio.



Los cuarenta y cuatro acuartelamientos de la Guardia Civil en la Región de Murcia reúnen las características de seguridad establecidas en la normativa vigente, tanto estatal como autonómica. Se establece un sistema complejo que combina el
uso de medios electrónicos, físicos y humanos tales como circuitos cerrados de televisión, bolardos, señales de prohibido estacionar, barreras, perturbadoras de frecuencia, etcétera, así como la presencia física de guardias en los accesos o
elementos significativos de los acuartelamientos, combinándose con la vigilancia exterior de manera esporádica y en horario no fijo por los guardias de puertas y patrullas de seguridad ciudadana, incluso con el sobrevuelo de helicópteros en las
zonas perimetrales. Por lo tanto, señoría, los cuarteles de la Guardia Civil también en Murcia están adecuadamente protegidos. Señoría, usted no transmite la opinión de la Guardia Civil que, en definitiva, es la que ha elaborado este informe;
traslada la opinión de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, que en La Opinión de Murcia, de fecha 14 de febrero de 2010, aconsejaba cerrar una decena de cuarteles por falta de seguridad. Es distinto trasladar la opinión de los guardias
civiles de Murcia que la opinión de la Asociación Unificada de la Guardia Civil. En todo, caso, y para finalizar, el Gobierno está atento y pendiente en todo momento de la seguridad de los guardias civiles, como también de la seguridad de los
policías en el ejercicio de sus funciones. Además, de todo tipo de seguridad, no solamente la seguridad física sino también la seguridad jurídica y la seguridad de que todos reconocen la credibilidad y la legitimidad de todas las acciones
realizadas por Policía y Guardia Civil en el ejercicio de sus funciones.
(El señor Garre López pide la palabra.)


La señora PRESIDENTA: Señor Garre, ha utilizado el tiempo que habíamos acordado. Ha formulado su pregunta y ha sido respondido. Si le damos otro turno no terminamos y nos saltamos nuestros propios acuerdos. Por favor, le pido que se
atenga a lo que hemos acordado.



El señor GARRE LÓPEZ: Señora presidenta, el señor secretario ha aludido a que no sabía a qué 'Diario de Sesiones' me refería y quiero decírselo en treinta segundos.



La señora PRESIDENTA: Señor Garre, es una cuestión de método. Cada uno en su tiempo utiliza su tiempo como puede.



El señor GARRE LÓPEZ: Señora presidenta, no tengo nada que agradecerle en este momento.



La señora PRESIDENTA: Muy bien.



- DEL DIPUTADO DON AURELIO ROMERO GIRÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA OPINIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE LA SUFICIENCIA DEL CATÁLOGO DE PUESTOS DE TRABAJO APROBADO PARA LA COMISARÍA DE JEREZ DE LA FRONTERA, CÁDIZ.
(Número de expediente 181/002346.)


La señora PRESIDENTA: Siguiente punto del orden del día, punto 10.º, pregunta del diputado señor Romero.



El señor ROMERO GIRÓN: Señor secretario de Estado, le voy a formular la pregunta en los mismos términos en los que viene redactada y con eso no consumo tiempo, señora presidenta. ¿Considera el Gobierno suficiente el catálogo de puestos de
trabajo aprobado para la Comisaría de Policía de Jerez de la Frontera?


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La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra, señor Camacho.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Camacho Vizcaino): Sí, sin perjuicio de las ampliaciones que puedan ser necesarias en el futuro, señoría.



La señora PRESIDENTA: ¿Quiere volver a preguntar, señor Romero, o queda completamente satisfecho con la respuesta del secretario de Estado?


El señor ROMERO GIRÓN: Señora presidenta, no he consumido ni quince minutos. Por supuesto que no, no me doy por satisfecho con la respuesta.



Señor secretario de Estado, no le hago esta pregunta para incomodarlo, como comprenderá. Le hago esta pregunta porque la opinión de Jerez, la opinión de sus instituciones, la opinión de los partidos políticos, la opinión de los sindicatos,
la opinión de todo el mundo es contraria a la que usted hoy aquí ha manifestado. Es decir, el único que está de acuerdo en que es suficiente es el Ministerio del Interior. Cuando se aprobó el anterior catálogo de puestos de trabajo, se le
asignaron a la Comisaría de Policía de Jerez 300 funcionarios, y ya todo el mundo decía que hacían falta más de 60 funcionarios, es decir, que el catálogo de puestos de funcionarios de la Comisaría de Jerez tenía que ser entre 360 y 370
funcionarios. Jerez ha seguido creciendo y después de tres años el catálogo de puestos de trabajo que se ha aprobado recientemente prevé un incremento del número de funcionarios de 2 para Jerez. Yo no sé, señor secretario de Estado, si es para
llorar o para reírse.



Señor secretario de Estado, Jerez es uno de los términos municipales de mayor extensión de España. No sé si lo sabe, usted que a tantos sitios va, ya que una vez me dijo que iba mucho a Jerez. Es de los términos municipales de mayor
extensión de España. Tenemos 205.000 habitantes, tenemos un aeropuerto que hay que atender y con todo eso, como comprenderá, 302 funcionarios no es el número adecuado. Y además, estos 300 funcionarios del catálogo anterior nunca se han completado,
es decir, que nunca se ha completado el catálogo de puestos de trabajo, siempre han faltado más de 30 funcionarios para completarlo. El Ministerio del Interior sabe perfectamente que el volumen de trabajo del último año se ha duplicado en la
Comisaría de Jerez y, pese a eso, lo único que se hace es aprobar un nuevo catálogo de puestos de trabajo con 2 funcionarios.
Mire bien, señor secretario de Estado, que le he dicho volumen de trabajo, no le he dicho índice de delincuencia, que por
cierto se lo llevo pidiendo no solo para la Comisaría de Policía de Jerez, sino para las comisarías de Policía de toda la provincia de Cádiz. Y ustedes se niegan a dármelo, basándose en una proposición no de ley que no puede en ningún caso limitar
mi derecho como diputado a preguntar y su obligación como Gobierno a contestar. Basándose en esa proposición no de ley ustedes se niegan a darme los datos, y me encuentro con la sorpresa, hace unos días, de que en el periódico de Jerez les han
filtrado los datos, todos los datos de la delincuencia en Jerez. (Muestra a la Comisión dos páginas del periódico.) No sé si le dará vergüenza eso, señor secretario de Estado. Se los da usted al periódico y no me los da a mí que tengo derecho
constitucional a saber. Y probablemente, basándose en esos datos, dicen que la delincuencia ha bajado un 1,39 por ciento, que parece ser que es el argumento para no aumentar el catálogo de puestos de trabajo.
Pero esa no es la ecuación, es decir,
la ecuación no es como hay menos delincuencia hacen falta menos policías. La ecuación no es a menos delitos menos policías. La ecuación exacta es menos delitos es igual a más esfuerzo y más responsabilidad de los funcionarios que prestan sus
servicios en la Comisaría de Policía de Jerez, que están haciendo una gran labor, pese a la falta de medios técnicos y a la situación en que se encuentra esta comisaría. Aprovecho para preguntarle si, efectivamente, van ustedes a iniciar o no las
obras -termino, señora presidenta, en menos de medio minuto- de construcción de la nueva comisaría.



Señor secretario de Estado, no se escuden en el esfuerzo y la profesionalidad de los funcionarios para no incrementar el catálogo de puestos de trabajo de esta comisaría. Por favor, ya sabemos que las relaciones de la señora alcaldesa de
Jerez con el señor Pérez Rubalcaba no son buenas, pero no le hagan pagar a Jerez estas malas relaciones.
Aparquen las malas relaciones que existen entre la alcaldesa y el señor ministro y, por favor, cumplan con Jerez e incrementen el catálogo de
puestos de trabajo porque se lo está pidiendo toda la ciudadanía.



La señora PRESIDENTA: Como es lógico, señor Camacho, usted responda lo que quiera, pero creo que las relaciones personales entre alcaldes o alcaldesas y ministros no están en el orden del día. (Los señores Garre López y Romero Girón:
¡Pero influye!)


Tiene la palabra.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Camacho Vizcaino): En ningún momento a lo largo de mi intervención he dicho que me conformaba con el catálogo de la plantilla de la Comisaría de Jerez. He dicho que por ahora era suficiente sin
perjuicio de las modificaciones que pudieran producirse en el futuro. En este sentido actualmente se está trabajando en una nueva modificación del catálogo de puestos de trabajo del Cuerpo Nacional de Policía que será remitida para su aprobación,
si procede, a la comisión interministerial de retribuciones. Lo cierto es que el catálogo de puestos de trabajo del Cuerpo Nacional de Policía de la provincia de Cádiz ha pasado de los 1.775 puestos de trabajo con los que contaba, el 1 de enero de
2004, a los 2.300 en el catálogo actualmente en vigor. El número de efectivos destinado en la Comisaría de Jerez de la Frontera el 1 de enero de 2004 era de 269, mientras que a fecha 31 de marzo de 2010 es de 328. Por lo tanto, en esta comisaría


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se ha incrementado en estos años sus efectivos en casi 60 policías. El último incremento de personal en la Comisaría de Jerez ha tenido lugar con motivo de la modificación del catálogo en diciembre de 2009, consistente en una ampliación de
dos puestos, pero se han convocado cuatro puestos de trabajo para la escala de subinspección en la citada comisaría, y el concurso se ha publicado el 7 de abril de 2010. Los datos de criminalidad han sido expuestos por el ministro en esta Comisión,
por mí en el Senado y posteriormente con probabilidad por el delegado del Gobierno, que son los datos que aparecen en el diario que ha mencionado.



Siguiendo su juego de ecuaciones, si acudimos a los índices, las tasas y los resultados de criminalidad de los últimos años sí podemos hacer una ecuación: Gobierno del Partido Popular, a más delitos menos policías; Gobierno del Partido
Socialista, a menos delitos muchos más policías.



- DEL DIPUTADO DON IGNACIO COSIDÓ GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE CONCLUSIONES DEL ESTUDIO SOBRE EL POSIBLE AUMENTO DE LA EDAD DE INGRESO EN LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO. (Número de
expediente 181/002478.)


La señora PRESIDENTA: Pasamos al último punto del orden del día, pregunta del señor Cosidó del Grupo Popular. Tiene la palabra.



El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Con la oferta de empleo público más baja de toda la historia del Cuerpo Nacional de Policía y de toda la historia de la Guardia Civil, yo no sacaría demasiado pecho en este momento en relación con las ofertas de
empleo público.



El 30 de septiembre esta Comisión aprobó una proposición no de ley en la que instaba al Gobierno a la elaboración de un estudio sobre la posibilidad de elevar la edad de ingreso en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Usted conoce
-si no se lo transmito- que hay una gran inquietud en un colectivo muy importante de personas que, teniendo una vocación muy intensa y definida para formar parte de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, han superado ya edad límite de 30
años que actualmente está vigente. La pregunta es si ha concluido ya ese estudio al que le instábamos desde esta Comisión; si no es así, cuándo va a concluir y, en todo caso, si no hubiera concluido, cuál sería la idea o el criterio que por el
momento mantiene el Ministerio del Interior sobre esta cuestión.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Camacho.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Camacho Vizcaino): Su señoría sabe perfectamente que el compareciente nunca saca pecho, pero si tuviera que sacarlo quizá encontraría tres motivos para hacerlo: nos encontramos con la tasa de
criminalidad más baja de la década, con el mayor número de policías y guardias civiles que ha tenido este país en su historia y con el crecimiento más intenso y más rápido que se haya podido producir a lo largo de toda la etapa democrática. Por lo
tanto, nunca el compareciente saca pecho, pero creo que tiene motivos más que suficientes para hacerlo; no lo sacará a pesar de que los tiene. En todo caso, y sobre lo que era objeto de la pregunta, la conveniencia o no de establecer un nuevo
máximo de edad, en esa reflexión que aún no ha terminado deberíamos tener en cuenta una serie de elementos: En los últimos años, bien lo sabe S.S., se ha incrementado notablemente la oferta de plazas para ingresar en la escala básica del Cuerpo
Nacional de Policía y de la Guardia Civil, sin que ello haya supuesto en modo alguno una disminución de solicitudes en términos relativos, sino que cada año se incrementan, registrándose en las últimas convocatorias más de 45.000 peticiones. En
segundo lugar, si la titulación mínima exigida para ingresar en la escala básica del CNP y de la Guardia Civil se corresponde con los escalones más bajos del sistema educativo español es precisamente para permitir la concurrencia de opositores que
se encuentren en la franja de edad más próxima a los 18 años, dado que a los funcionarios de las escalas básicas les está encomendada o les están encomendadas las funciones más elementales de ejecución, lo que requiere de unas actitudes psicofísicas
determinadas que poseen en su plenitud las personas jóvenes, teniendo en cuenta que la función policial es eminentemente operativa y, en ocasiones, arriesgada.
De ninguna forma el establecimiento de estos límites de edad se puede considerar
arbitrario o injustificado; extremos conformados además en distintas ocasiones por nuestra jurisprudencia. Y, en tercer lugar, como elemento de reflexión, el incremento de edad en el ámbito de la Policía y de la Guardia Civil podría dificultar
cumplir una efectiva carrera profesional que precisa de unos plazos determinados. En todo caso, actualmente el Ministerio del Interior está trabajando en los anteproyectos de las nuevas leyes del régimen de personal del Cuerpo Nacional de Policía y
de la Guardia Civil, al que se están incorporando las aportaciones de organizaciones sindicales de la Policía y de las asociaciones de la Guardia Civil. Teniendo en cuenta que las cuestiones que afectan al estatuto personal de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, incluidas las condiciones de ingreso, podrían verse alteradas por las citadas modificaciones legislativas, una vez aprobadas las mismas, cuando se proceda a su desarrollo reglamentario será en todo caso el momento idóneo para
abordar esta cuestión.



La señora PRESIDENTA: Si quiere añadir algo más el señor Cosidó, brevemente, por favor.



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El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Sí, de manera muy rápida porque ya es la última pregunta de esta larga sesión parlamentaria. En primer lugar y con respecto de la tasa, no vamos a reabrir el debate, pero sabe que es discutible. De hecho, no
sabemos cuál es la tasa de criminalidad que en este momento hay en España; supuestamente sabemos la tasa en el territorio responsabilidad del Ministerio del Interior, insisto en que no voy a reabrir el debate, pero no lo sabemos. En segundo lugar,
vamos a perder 4.000 efectivos con esta oferta de empleo público, es decir, se van a ir 4.000 policías y guardias civiles más de los que van a ingresar.
Eso no es ninguna buena noticia.



Sobre la cuestión que nos ocupa, creemos que hay margen y le voy a dar básicamente dos razones: primero, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es el colectivo de seguridad que tiene, en lo que yo conozco, el límite de edad más bajo
para el ingreso en España: Según los datos de los que dispongo, la Policía Foral de Navarra está en 36 años, Mossos d'Esquadra en 35 y la Ertzaintza en 32. En consecuencia, habría un cierto margen para poderlo incrementar. En segundo lugar, sabe
bien que este Gobierno ha planteado el retraso de la edad de jubilación a los 67 años con carácter general, y que en el caso concreto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se ha aprobado ya un real decreto que aumenta esa edad para el paso a
la situación de reserva en la Guardia Civil, y parece que la nueva ley de personal del Cuerpo Nacional de Policía también va a suponer un aumento. Yo creo que habría una cierta lógica, en primer lugar, de homologación en las edades de ingreso. Y
en segundo lugar, si estamos retrasando la edad de jubilación hay un cierto margen para poder retrasar también las edades de ingreso. Sé que es difícil, pero me gustaría pedirle un poco más de concreción en lo que me ha dicho, es decir, que defina
cuál es la posición del Gobierno. Creo que eso es bueno. Podemos estar de acuerdo o no estarlo, pero es bueno que el Gobierno tenga una posición al menos sobre esta cuestión en concreto.
Insisto en que mi grupo apoyaría al Gobierno si aumentara
la edad de ingreso con prudencia y entendiendo bien los argumentos preliminiares que usted hacía cuando abordaba la cuestión. Sinceramente, hay un margen para un posible aumento de la edad y, en ese sentido, le transmito la posición de mi grupo.



La señora PRESIDENTA: Para finalizar definitivamente la sesión de esta tarde tiene la palabra el señor Camacho.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Camacho Vizcaino): Los españoles saben perfectamente cuál es la tasa de criminalidad, y además lo reflejan en las consultas del CIS en torno a su preocupación en materia de seguridad, pero créame
que entiendo que usted no reconozca esa tasa de seguridad. Una de las más importantes labores de la principal fuerza de la oposición es discutir este tipo de cuestiones y entiendo que su grupo sea el único que no asuma una tasa de criminalidad que
sí lo está por toda la sociedad española. En cuanto a la pérdida de 4.000 efectivos, he de decirle que estas no son las cuentas del ministerio. No ha considerado el incremento en las edades de jubilación y, evidentemente, hay que tenerlo en cuenta
a efectos de ver cuál es la pérdida de efectivos que puede producirse como consecuencia de la jubilación o del pase a la reserva de los funcionarios.



Finalmente, y en lo que se refiere a la concreción de la posición, esta depende de la aprobación de dos normas que tienen que ser aprobadas por estas Cámaras. Es difícil que más allá de las reflexiones que le he hecho en este momento el
Gobierno pueda fijar una posición con relación a dos normas que tienen que ser aprobadas por las Cámaras, en concreto por la Cámara en que nos encontramos, y por ello habrá que esperar al debate, a la aprobación de la norma, para determinar qué es
lo que en este momento la sociedad española cree que es conveniente en relación con la edad de ingreso en la Policía y en la Guardia Civil.



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Camacho. Se levanta la sesión.



Eran las nueve de la noche.