CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2010 IX Legislatura Núm. 508

CIENCIA E INNOVACIÓN

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª M.ª TERESA RODRÍGUEZ BARAHONA

Sesión núm. 18

celebrada el martes, 23 de marzo de 2010

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor secretario de Estado de Investigación (Pétriz Calvo), para:


- Explicar los objetivos de la Secretaría de Estado en la segunda parte de la legislatura. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/000937.) ... (Página 2)


- Informar sobre las expectativas respecto a la nueva Ley de la Ciencia y sobre la situación de la actividades y el impulso a la I+D ante el recorte presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado 2010, así como sobre el papel de la
I+D+i en la nueva ley de economía sostenible. A petición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 212/000940.) ... (Página 2)


- Informar de las líneas generales de la política que va a desarrollar en su Secretaría de Estado. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 212/000945.) ... (Página 2)

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Se abre la sesión a las once y diez minutos de la mañana.



La señora PRESIDENTA: Señorías, con unos minutos de retraso y conscientes de que es un día de trabajo muy intenso en la Cámara y por tanto hay en estos momentos muchas comisiones funcionando de manera simultánea, hemos dado ya esos minutos
digamos de deferencia, pero vamos a iniciar el desarrollo de la sesión de esta Comisión que tenemos convocada para esta mañana.



Como todos ustedes conocen, el orden del día se refiere a la celebración de la comparecencia del secretario de Estado de Investigación, para explicar objetivos de su secretaría y otros aspectos reflejados convenientemente en la convocatoria,
comparecencias que han sido solicitadas por el Grupo Parlamentario Popular, por el Grupo Parlamentario Catalán y también por el Gobierno, por el propio secretario de Estado, para informar de las líneas generales de la política que se va a
desarrollar en su secretaría. Dicho esto, doy la palabra al secretario de Estado y después pasaremos ya al turno de portavoces.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE INVESTIGACIÓN (Pétriz Calvo): Señora presidenta, señorías, desde el 4 de diciembre, cuando el Gobierno me confió, a propuesta de la Ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, la tarea de dirigir
la Secretaría de Estado de Investigación, he buscado la ocasión de poder comparecer ante ustedes para exponer los objetivos y las líneas de actuación con las que pretendo afrontar los retos en la política de investigación de nuestro país en la
segunda parte de la legislatura. Hoy para mí es por tanto un placer comparecer ante SS.SS., satisfaciendo dos deseos; por una parte, el de los grupos del Partido Popular y de Convergència i Unió, que solicitaron en su día mi comparecencia y, como
les decía, el mío personal, mi deseo personal.
Hablaré sobre la nueva ley de la ciencia, la tecnología y la innovación, hablaré de nuestras actuaciones durante la Presidencia española de la Unión Europea, hablaré de la gestión de las políticas y el
presupuesto de la Secretaría de Estado, y con esta presentación espero responder de forma satisfactoria a las preguntas que han planteado los citados grupos parlamentarios del Partido Popular y de Convergència i Unió.



Respecto a la ley de economía sostenible, que en alguna petición aparecía explícitamente, en particular en la del Grupo Convergència i Unió, me ceñiré a mencionar los aspectos que afectan a este ministerio, ya que la ley, como saben, es
responsabilidad del Ministerio de Economía y Hacienda. Es verdad que estos aspectos figuran en este proyecto de ley, en particular los beneficios fiscales a la innovación, que pasan del 8 al 12 por ciento; los aspectos relativos a la creación de
empresas de base tecnológica desde el sector público; la regulación flexible y el abaratamiento de los costes de patentes y el compromiso con la compra pública innovadora. El proyecto del que, en conjunto, les quiero hablar es evidente que no se
inicia ahora. El Ministerio de Ciencia e Innovación desde su creación ha puesto en marcha políticas y actuaciones de las que SS.SS. han sido informados a través de comparecencias en esta Cámara, tanto de la ministra, Cristina Garmendia, como de mi
antecesor en el cargo. Por eso, en primer lugar quiero agradecer el esfuerzo realizado por los equipos que han trabajado en el ministerio antes de mi llegada, que me permiten retomar una tarea que ya estaba claramente focalizada a la excelencia
científica, a la calidad y la eficiencia.



Como ya hemos dicho en otras ocasiones, el principal objetivo del Ministerio de Ciencia e Innovación desde su creación ha sido la consolidación de una ciencia española organizada con criterio de gobernanza y planificada y ejecutada en
cooperación plena con las comunidades autónomas, una ciencia que ya es europea a todos los niveles y que busca la máxima internacionalización. En lo que se refiere específicamente a la labor de la Secretaría de Estado de Investigación, pretendo
ofrecerles una visión lo más precisa posible de lo que se ha hecho y de lo que se va a hacer y lo haré centrándome en tres apartados, que corresponden a las líneas estratégicas de mi gestión al frente de esta Secretaría de Estado. En primer lugar,
nuestro gran objetivo es construir un sistema español de I+D+i basado en los principios de excelencia científica, eficiencia de los recursos asignados y coordinación de los agentes implicados con criterio de gobernanza. En este punto me permitirán
que esboce las grandes líneas que conforman la futura ley de la ciencia, la tecnología y la innovación, cuyo anteproyecto fue aprobado, en primera vuelta, por el Consejo de Ministros el pasado 12 de marzo. Esta ley constituye la gran apuesta de
futuro a favor de la I+D+i española que realizan la Secretaría de Estado y el Ministerio de Ciencia e Innovación. Nuestra segunda gran prioridad es la construcción de un modelo convergente con la Unión Europea basado en los mismos criterios de
excelencia científica. Y en tercer lugar me permitirán que les de cuenta de la gestión que de las políticas que competen a esta Secretaría de Estado llevan a cabo las dos direcciones generales que se integran en ella.



La Secretaría de Estado de Investigación fomenta la gobernanza en el sistema español de ciencia y tecnología, mediante las siguientes acciones: la ley de ciencia, la tecnología y la innovación, cuyo anteproyecto ya se ha presentado; como
he dicho, es el paraguas que deberá acoger todas las actuaciones de la política científica española que se están expresando hoy aquí. En este anteproyecto presentamos como aspectos fundamentales para la gobernanza la creación de la agencia estatal
de investigación, la reorganización de los organismos públicos de investigación y la coordinación con las comunidades autónomas. El anteproyecto responde a distintos objetivos y necesidades del sistema actual de ciencia español. Como sabrán, la
anterior ley, que regula hasta la fecha de hoy la ciencia en España, es de 1986, y España ha cambiado mucho desde entonces; el número de investigadores se ha multiplicado por seis, los recursos que se dedican a la investigación se han incrementado
todavía más y solo


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en los últimos cinco años el Gobierno ha triplicado los recursos públicos dedicados a la ciencia poniendo en marcha infraestructuras, mecanismos y programas que nos han acercado a los países que más y mejor investigación producen en el
mundo. Por dar dos datos ilustrativos, el peso de la producción científica española en el mundo es del 3,2 por ciento y el número de investigadores por mil en población activa es del 6,7, por encima de la media de la Europa de los veintisiete.
Además, en los últimos 20 años se han producido dos grandes trasformaciones administrativas en España, el desarrollo de las comunidades autónomas y la vinculación con la Unión Europea. La ley del 1986 nos ha permitido llegar hasta aquí, pero ahora
necesitamos una nueva herramienta adaptada a las nuevas circunstancias con las que dar el siguiente salto. Como se ve, la situación ha cambiado mucho, esta ley debe transformar nuestro sistema de ciencia, tecnología e innovación, y cuando una ley
es transformadora ha de ser meditada y consensuada y eso lleva tiempo; una ley menos transformadora, con menos ambición reformista hubiera sido más rápida, pero seguramente menos útil. Esta norma, tal y como se menciona en su preámbulo, tiene en
cuenta la pluralidad de agentes que conforman hoy el sistema. Junto a las universidades, organismos públicos de investigación, hospitales y empresas, responsables de la mayor parte de la actividad, en la actualidad tienen un papel muy destacado
otros agentes, como los centros de investigación adscritos a las comunidades autónomas, a la Administración General del Estado o a ambas; los centros tecnológicos; los parques científicos y tecnológicos y las instalaciones científico-técnicas
singulares, entre otros. Para este extenso conjunto de agentes la ley establece disposiciones de carácter general y garantiza en todo caso el principio de neutralidad, por el cual ningún agente debe resultar privilegiado debido a su adscripción o
naturaleza jurídica.



Permítanme que hable unos minutos sobre los antecedentes. A lo largo de los últimos meses hemos recibido en la Secretaría de Estado abundantes observaciones y documentos, hemos mantenido entrevistas con personas implicadas en la comunidad
científica, expertos, y hemos apreciado siempre en sus ideas, en sus sugerencias, una voluntad de contribuir a la mejora del texto en el que estamos trabajando. Finalmente, el texto se difundió con carácter general y en el mismo momento lo hicimos
a los portavoces de los grupos parlamentarios, a los organismos públicos de investigación, a las universidades, a los sindicatos, a distintas asociaciones y organizaciones y, además, como muestra de nuestra voluntad de transparencia y también de
recoger sugerencias de mejora, colgamos ese primer documento en la web del ministerio. Y, una vez realizadas diversas reuniones y presentaciones en los foros afectados e interesados en el contenido de la norma, se presentó al Consejo de Ministros
el pasado 12 de marzo el texto al que me voy a referir. Lo haré de forma breve, pero sí me permitiré establecer al menos algunos comentarios sobre los ejes centrales de este anteproyecto de ley. El modelo vigente, el de la ley de 1986, puso la
base del desarrollo de la investigación en nuestro país durante las dos últimas décadas y creo que la opinión generalizada es que aquella norma fue y ha sido muy positiva. En este tiempo hemos dado pasos importantes, pero la complejidad actual ha
hecho necesario buscar respuestas nuevas a problemas nuevos y tratar de anticipar y planificar el futuro.



Me estoy refiriendo principalmente a cinco cuestiones. En primer lugar, el desarrollo de los sistemas autonómicos de ciencia y tecnología con entidad propia. Como saben, en el momento de aprobar la Constitución, las competencias estatales
se referían a ciencia y tecnología y, con posterioridad, los estatutos de las comunidades autónomas han desarrollado competencias en el ámbito de la innovación; por lo tanto, hay dos niveles competenciales distintos en dos ámbitos que la ley quiere
contemplar, incluyendo la innovación en el marco del estricto respeto a las competencias autonómicas. Ese desarrollo de los sistemas autonómicos con las competencias en I+D, que coexisten con el sistema de la Administración General del Estado,
implica que contemplemos un sistema de sistemas, el de la Administración General del Estado y el de las comunidades autónomas. Esto nos obliga a mejorar la coordinación de los agentes del sistema, una mejora contenida en uno de los ejes centrales
de esta ley, la gobernanza. La segunda cuestión es el espacio europeo de Investigación y por lo tanto la necesidad de avanzar en su configuración.
Por la parte que le corresponde a nuestro sistema español nos obliga a que un eje importante de esta
ley sea el de la internacionalización de la ciencia. En tercer lugar, como he mencionado, el incremento en recursos públicos y el cambio en la naturaleza de los instrumentos nos lleva a una necesidad de respuesta en términos de racionalización, en
mecanismos de asignación de recursos y en transformación del modelo de gestión; en nuestra opinión la agencia estatal de investigación es una respuesta adecuada a estos nuevos retos. En cuarto lugar, estamos necesitados de una definición de una
carrera científica que sea predecible, que esté profesionalizada, que sea competitiva y también socialmente reconocida, pero sobre todo que sea capaz de atraer y retener el talento con máxima movilidad. Cuando se nos pregunta por la carrera, yo,
personalmente, afirmo que un valor de la carrera debe ser la movilidad para salir de ella, movilidad entre carreras del sector público, organismos públicos de investigación, sistema universitario y también hacia el exterior de manera temporal o de
manera definitiva. En quinto y último lugar hay que destacar la baja contribución del sector privado a la financiación y a la ejecución de la investigación. Pretendemos con esta ley que mejore esta contribución mediante el incentivo e impulso de
la transferencia de conocimiento. Se reconoce en la ley la diferencia entre intervención pública en el fomento de la investigación a través de un plan estatal y los planes autonómicos y la creación de un entorno más favorable a la innovación a
través de la estrategia estatal de innovación. El tratamiento que recibe en el articulado, que


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en principio podía parecer desequilibrado respecto a la I+D, responde a ese distinto nivel competencial y a que la innovación no se aborda de forma completa y exclusiva en el contexto de esta ley, sino que hemos de referirnos también a
artículos que se contemplan, como ya he recordado, en el anteproyecto de ley de economía sostenible. Por lo tanto, aquí hay una llamada a la coherencia, a la complementariedad, pero atendiendo a los objetivos fundamentales que pretendemos en el
ámbito de la innovación. En este último ámbito, el impulso de la transferencia del resultado de la investigación debe contemplarse con otras medidas que también están previstas en la ley, como es el caso del impulso a la movilidad de los
investigadores entre el sector público de I+D y las empresas y algunas medidas adicionales, como la creación del estatuto de la joven empresa innovadora y la internacionalización de actividades innovadoras. La última observación con carácter
general sería que esta ley incluye en su propuesta medidas para lo que llamamos la ciencia del siglo xxi, con algunos aspectos de carácter transversal, como la introducción del enfoque de género, el compromiso con la difusión universal del
conocimiento, favoreciendo las políticas de acceso abierto o la cooperación al desarrollo desde la ciencia. Además, se contempla con carácter general la dimensión ética, al crear el comité de ética de la investigación y la difusión de la ciencia,
la tecnología y la innovación a la sociedad, con incentivos para los investigadores que realicen labores de divulgación.



Entrando, con un nivel de detalles superior, en el contenido del texto, les anuncio que en el título preliminar se definen los objetivos del sistema español de ciencia y tecnología, entendido como ese sistema de sistemas al que hacia
referencia, así como los principios y los agentes involucrados a los que se aplican sus disposiciones. El objeto de la ley es establecer el marco para el fomento de la investigación científica y técnica y sus instrumentos de coordinación general,
con el fin de contribuir a la generación y difusión del conocimiento y de la innovación como elementos sobre los que ha de sentarse el desarrollo económico sostenible y el bienestar. En el título primero se desarrollan las competencias del Estado
en materia de coordinación general de la investigación científica y técnica, se define el sistema español de ciencia y tecnología bajo los principios que imbrican todo el contenido de esta ley y que son: calidad, coordinación, cooperación, eficacia
y eficiencia, unidad, competencia, transparencia y evaluación de resultados. En el ámbito de la asignación de los recursos públicos deben tenerse en cuenta criterios sobre la base de una evaluación científica y/o técnica realizada por órganos
específicos, siempre bajo los principios de autonomía, neutralidad y especialización. Los agentes del sistema que contempla la ley son de coordinación, de financiación y de ejecución. Define como instrumento para alcanzar los objetivos que se
establecen en esta ley la estrategia española de ciencia y tecnología, como órgano de coordinación general del sistema, el consejo de política científica y tecnológica, un consejo asesor de ciencia, tecnología e innovación como órgano de
participación de la sociedad, el comité español de ética de la investigación, como órgano consultivo para las implicaciones éticas, y un sistema de información sobre ciencia, tecnología e innovación, como instrumento de captación de datos relativos
a actuaciones de los agentes en materia de política científica y tecnológica.



El título dos se refiere a los recursos humanos dedicados a la investigación, con el objetivo de utilizar esta ley para incrementar de forma cualitativa o cuantitativa estos recursos y establecer los derechos y deberes del personal
investigador, tomando como referencia la Carta Europea del Investigador. Menciona y regula expresamente la carrera del personal investigador que presta servicio en los organismos públicos de investigación. Con respecto a las medidas de movilidad,
no se puede entender una carrera científica definida sin políticas de movilidad y sin su reconocimiento expreso. Se dispone la autorización para realizar labores de investigación en otros agentes públicos y excedencias de hasta 5 años para
incorporarse a otros agentes públicos o privados, estancias formativas en centros de reconocido prestigio y la posibilidad de prestar servicios, a tiempo parcial, en sociedades mercantiles, creadas o participadas por organismos públicos de
investigación, y universidades públicas. Dentro de las modalidades contractuales se contempla el contrato predoctoral, el contrato de acceso al sistema español de ciencia y tecnología, el contrato de investigadores distinguidos y el contrato para
la realización de proyectos específicos de investigación científica, técnica, o de transferencia del conocimiento. Respecto al personal funcionario de los organismos públicos de investigación y al personal de las universidades públicas, se hace uso
del régimen especial del Estatuto básico del empleado público, que permite establecer singularidades para el personal investigador, acceso de extranjeros y turnos de promoción en los sistemas selectivos, entre otras cuestiones. Se homogeneizan
también los regímenes retributivos de las escalas científicas, se establecen las evaluaciones al desempeño cada cinco o seis años, con efectos retributivos, y aparece el acceso desde otras escalas científicas y técnicas, desde el contrato de
investigador distinguido y desde la universidad.



El título tres se centra en el impulso de la investigación científica y técnica, el desarrollo y la innovación, la valorización y transferencia del conocimiento, la difusión de los recursos y resultados, la cultura científica y tecnológica y
la colaboración público-privada. Se establecen distintas medidas de fomento, como los convenios de colaboración entre los ámbitos público-público y público-privado, para las colaboraciones que se fijan en este título de la ley. Aparece el fomento
y el reconocimiento de la cultura científica y tecnológica y el impulso de la difusión en acceso abierto. Se establece el sometimiento al derecho privado de diversos tipos de contratos referidos a contrato de sociedad y acuerdos parasociales,
contratos de colaboración para la valorización y transferencia de resultados


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y contratos de prestación de servicios de investigación y asistencia.
Aparecen normas referidas a la creación de centros de investigación en el extranjero, acciones para aumentar la visibilidad internacional y la capacidad de atracción de
España, articulación de un sistema de seguimiento para garantizar que las aportaciones de España a organismos internacionales tengan un adecuado retorno, especialmente al programa marco de la Unión Europea. Y, por último, se da especial relevancia
también a la cooperación al desarrollo.



El capítulo cuatro hace referencia al fomento y coordinación de la investigación científica y técnica a la Administración General del Estado. Dentro del papel primordial que se da en el texto de la ley a la gobernanza del sistema en la
Administración General del Estado, se especifican como mecanismos de la misma la comisión delegada del Gobierno para la política científica, tecnológica y de innovación como órgano interministerial de máximo nivel, el nuevo Plan estatal de
investigación científica y técnica y la estrategia estatal de innovación, como marco de referencia plurianual y mecanismos de colaboración. Este título cuarto contempla los agentes de financiación, la Agencia Estatal de Investigación, que
proporcionará estabilidad a la estructura de gestión y una mayor flexibilidad en la gestión económica, manteniendo el rigor en el control de ejecución, no sólo económico sino científico-técnico, y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial,
como mecanismo de fomento de la innovación y de la implementación de nuevas tecnologías e impulso del desarrollo experimental. En el caso de los organismos públicos de investigación, se plasma un compromiso de reorganización en el plazo de un año y
una llamada a la mejora en la coordinación entre ellos mediante planes plurianuales de acción, representación recíproca en consejos rectores y gestión conjunta de instalaciones y servicios.



Por último, creo que es muy importante también una mención expresa a un conjunto de disposiciones finales, aunque solo sea para ilustrar el conjunto de leyes que están afectadas en mayor o menor medida por el contenido de esta ley: la Ley
de Investigación Biomédica, la Ley Orgánica de Universidades, la Ley de patentes de invención y modelos de utilidad, el Estatuto básico del empleado público, la Ley de incompatibilidades del personal al servicio de la Administración pública, la Ley
de garantías y uso racional de los medicamentos y los productos sanitarios, la Ley del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud y la Ley General de Subvenciones. Y, para concluir esta parte relativa al anteproyecto de ley,
quiero recordar las prescripciones complementarias también en las disposiciones adicionales, que se refieren a aspectos no menos importantes, como son: el Estatuto de la joven empresa innovadora, la reestructuración de las escalas
científico-técnicas de las escalas de los organismos públicos de investigación, cuestiones de protección de datos de carácter personal, implantación de la perspectiva de género, la promoción por la Administración General del Estado de la celebración
de convenios con comunidades autónomas y universidades para la justificación de subvenciones por los agentes públicos de investigación, y la concesión directa de subvenciones para la realización de proyectos en ejecución del programa marco
plurianual de la Unión Europea.



Como habrán podido comprobar, estamos ante un texto aprobado en primera vuelta y que por lo tanto es todavía susceptible de mejoras mediante estudios y discusiones con los distintos interlocutores políticos y sociales. Por esto, permítanme
que no entre a explicarles con mayor profundidad otros aspectos de este anteproyecto que en estos momentos se encuentra en fase de definición legal. En conclusión, señorías, a nuestro juicio se trata de una gran apuesta del Ministerio de Ciencia e
Innovación para adecuar nuestro sistema español de ciencia a la sociedad del conocimiento.



El segundo aspecto, al que mencionaba que dedicaría una parte importante de mi intervención, es el tema de nuestra convergencia con la Unión Europea y el cumplimiento de nuestros grandes objetivos durante la Presidencia europea. La
integración de España en la Unión Europea y la globalización de la economía basada en el conocimiento definen sin duda un contexto en el que, para que España ocupe el lugar que le corresponde, se hace imprescindible el aprovechamiento de las
oportunidades que representa la cooperación internacional en I+D+i. Queremos aprovechar nuestro turno de la Presidencia de la Unión Europea para fomentar a nivel europeo las mismas políticas prioritarias que queremos impulsar en España. El
reconocimiento de la necesidad de construir una sociedad y una economía europeas más basadas en el conocimiento no es nuevo, pero sí que lo es la urgencia y la contundencia de este mensaje. No hablamos, como en la estrategia de Lisboa, de una
opción para Europa entre otras, hablamos de la única salida sostenible para nuestro desarrollo futuro. Esta nueva etapa está marcada por la estrategia Unión Europea 2020, una estrategia que nace en el contexto de un nuevo tratado, una nueva
Comisión y de una crisis económica y financiera que ha provocado a nivel global la reflexión política más profunda de las últimas décadas. El presidente Barroso ya ha dado las primeras señales de la relevancia política de esta apuesta por la
economía del conocimiento, y lo ha hecho nombrando una comisión que incorpora como novedad una cartera que suma, por primera vez, las competencias de ciencia e innovación, un modelo similar al de nuestro propio ministerio, con un mensaje de
integración que compartimos plenamente. En este contexto, la Presidencia europea ha organizado sus prioridades en tres ejes conceptuales que desarrollan el espacio europeo de investigación: la integración, la implicación y la inclusión. Cuando
hablamos de integración, nos referimos a la necesidad de situar las políticas de I+D y de innovación en el centro del proyecto europeo. Es preciso que el espacio europeo de Investigación funcione de forma integrada y, a su vez, que se integre con
las nuevas políticas de innovación y, especialmente, con la nueva estrategia 2020. Por implicación entendemos


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que los programas de investigación y de innovación, comunitarios, nacionales, regionales e intergubernamentales, deben pasar a la acción, respondiendo a los grandes retos sociales y económicos que afrontamos.
Entendemos también que esta
respuesta debe ser eficiente, simplificando el trabajo de los agentes de investigación.



Voy a hacer un pequeño aparte para hablar de la Administración electrónica, un elemento que puede parecer menor pero que es imprescindible para hacer realidad nuestros objetivos de eficiencia y eficacia. Este tipo de administración reduce
las cargas administrativas, mejora el servicio y disminuye los costes de la administración. En estos momentos la Secretaría de Estado cuenta con 20 convocatorias competitivas y todas disponen en este momento también de procedimiento de solicitud
telemática que permite subsanar y alegar por esa misma vía. La Secretaría de Estado ha recibido a través de Internet 22.915 solicitudes, se han registrado 66.927 personas y se han concedido ayudas y subvenciones por importe de 760 millones de
euros.



Volviendo a los tres ejes conceptuales de nuestra Presidencia, por inclusión entendemos que la ciencia y la innovación pueden y deben tener un papel más claro en la promoción de la cohesión social y en la lucha contra la pobreza, es decir,
en combatir la exclusión social. En este ámbito, la política regional de la Unión Europea adquiere una especial relevancia, ya que el Tratado de Lisboa hace especial énfasis en el concepto de cohesión territorial como complemento a la cohesión
social.
Nos encontramos en el ecuador del semestre de nuestra Presidencia, un buen momento para hacer un primer balance de los resultados de nuestro trabajo. Desde la Presidencia hemos dado ya un gran paso en el marco del Consejo de Europa al
abordar en nuestro consejo de competitividad la carrera y movilidad de los investigadores en la Unión Europea. Lo hemos hecho por primera vez de manera coordinada entre los ministros de Investigación y los ministros de Empleo. La cuestión de la
movilidad, la libre circulación del talento no es un tema menor, se trata de una condición fundamental para lograr que Europa sea un espacio integrado del conocimiento. Asimismo, hemos avanzado en la consolidación del modelo del Consejo Europeo de
Investigación, que es el principal instrumento para fomentar la excelencia investigadora a nivel europeo. En paralelo, la Presidencia española está impulsando nuevos modelos de gobernanza para el espacio europeo de Investigación, así como la
consolidación de la dimensión social de este espacio, de manera que se ponga de manifiesto y se refuerce el papel que la ciencia y la innovación debe tener en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. En los próximos meses nos vamos a
centrar, en colaboración con la Comisión Europea, en la simplificación de los procedimientos de participación en el programa marco así como en la búsqueda de una mayor coherencia y eficiencia en los instrumentos del espacio europeo de Investigación.
Impulsaremos particularmente aquellas iniciativas público-privadas de investigación que se han definido como prioritarias para la recuperación económica, entre las que destaca la iniciativa del coche eléctrico. Además, apoyaremos a la Comisión para
que el Plan de Investigación e Innovación sea una realidad cuanto antes y que su diseño se haga coherente con el propio desarrollo del espacio europeo de Investigación. Entre estas propuestas, es nuestra firme intención llevar a la agenda política
directrices para la Unión Europea, los Estados miembros y las regiones sobre las medidas que mejoren la debida coordinación y sinergia entre los diferentes instrumentos comunitarios, nacionales y regionales, que fomentan la investigación y la
innovación, teniendo a las regiones como punto focal de esta coordinación. No podemos olvidar que, según los datos de la Comisión Europea, en las 25 regiones más innovadoras de la Unión se produce el 50 por ciento de la inversión en I+D+i; las
regiones más innovadoras son también las que más inversión privada reciben y, además, presentan un interesante mapa de especialización sectorial. La coordinación de las políticas de la Unión, nacionales y regionales, así como de los diferentes
instrumentos y fondos, es, sin lugar a dudas, uno de los temas clave del Tratado de Lisboa y del espacio europeo de Investigación. Son temas intensamente debatidos, por lo que, en nuestra opinión, ya no se trata tanto de profundizar en el
diagnóstico como de impulsar avances tangibles aprovechando el nuevo contexto político e institucional que nos brinda el Tratado de Lisboa. El papel clave que dicho tratado otorga al espacio europeo de Investigación tiene implicaciones más amplias
de lo que en principio pudiera parecer, al plantear nuevas vías de iniciativa política a la Comisión Europea; no obstante, el desarrollo del espacio europeo de Investigación es una responsabilidad compartida entre los Estados miembros y la Unión
Europea, lo que necesariamente requiere un nuevo enfoque para la toma de decisiones en materia de políticas de I+D+i, de desarrollo de programas y de ejecución de iniciativas.



No podemos olvidar que actualmente la mayor parte de los recursos europeos destinados a promover la ciencia y la innovación están gestionados por los Estados miembros y sus regiones, por lo que la política científica y tecnológica europea no
puede avanzar al margen de las administraciones regionales y nacionales. El 85 por ciento de la financiación de I+D está en los Estados miembros, el 10 por ciento es fruto de la cooperación internacional y tan solo el 5 por ciento procede de fondos
comunitarios.
En definitiva, no podremos avanzar si no logramos una mayor apropiación por parte de los Estados miembros y las regiones del desarrollo del espacio europeo de Investigación. El Parlamento Europeo recientemente elegido y la Comisión,
que acaba de tomar posesión, serán importantes aliados en esta tarea, nos consta el interés de ambas instituciones en trabajar por un espacio europeo de Investigación fuerte y eficaz. Estamos seguros de que este enfoque se trasladará al contenido
de la estrategia 2020 y así se deduce de los actuales documentos presentados por la Comisión. Esperamos


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también que la capacidad reforzada del Parlamento para intervenir en el desarrollo legislativo de la Unión le haga partícipe en mayor grado en el seguimiento de los aspectos relacionados con el desarrollo del espacio europeo de
Investigación.



Por último, en este apartado dedicado a nuestras actuaciones en el marco del la Presidencia europea, les informo de que el pasado 8 de febrero, en San Sebastián, durante la reunión informal de los ministros de Competitividad de la Unión
Europea, todos los asistentes apoyaron un documento en el que, entre otras cosas, se señaló la necesidad de promocionar una cultura del riesgo que impulse a los agentes a tener una visión más ambiciosa en su valoración de la ciencia y la innovación.
La aversión al riesgo tiene un componente cultural, pero se puede comenzar a mitigar desde las administraciones, ofreciendo a los agentes herramientas como la mejora de la regulación, el refuerzo del papel de la compra pública y la creación de
nuevos fondos de capital riesgo. Nuestro interés por poner en valor y fomentar la innovación se encuadra dentro de la estrategia 2020. La Comisión Europea aprobó su propuesta de estrategia económica para la década 2010-2020 y para avanzar en esta
dirección creemos necesario incluir indicadores que se sumen a los que miden los progresos en la inversión en I+D sobre el PIB de cada país. Es necesario un segundo indicador que mida los progresos en términos de innovación y un tercero que evalúe
los niveles de cohesión entre los Estados miembros, su avance hacia los objetivos comunes. Como sucede con la Administración central y autonómica, es necesario que trabajemos para lograr una mejor coordinación, que evite duplicar esfuerzos entre
países y permita obtener la máxima producción científica con los recursos disponibles dentro de la Unión Europea.



En tercer lugar, como les anunciaba, quiero ofrecerles una instantánea de lo que se está haciendo ahora dentro de las competencias de la Secretaría de Estado de Investigación, con sus dos direcciones generales en las que está estructurada,
la de Investigación y Gestión del Plan Nacional del I+D+i y la de Cooperación Internacional y Relaciones Institucionales. En una primera aproximación, como saben SS.SS, el 7 de octubre de 2009 fueron informados por medio de mi antecesor en el cargo
del anteproyecto de presupuestos que defendíamos ante estas Cámaras para la Secretaría de Estado de Investigación. El Ministerio de Ciencia e Innovación afrontaba el 2010 en una de las coyunturas más difíciles de los últimos tiempos para la
financiación de I+D+i; a pesar de esta situación defendimos unos presupuestos generales del ministerio basados en un crecimiento global del 0,2 por ciento, que después de la tramitación parlamentaria terminaron con un crecimiento global del 3 por
ciento. Creo, señorías, que está clara, en una situación de contención del gasto y de austeridad, por una parte, la apuesta por la ciencia y la innovación tanto del Gobierno, en el anteproyecto que se aprobó en Consejo de Ministros, como -y también
es importante- del Parlamento, en la tramitación final de los Presupuestos Generales del Estado para 2010.



Antes de entrar a exponerles las prioridades políticas que estamos desarrollando en estos momentos y aquellas que tenemos pensado poner en marcha, dedicaré unos minutos a informar a SS.SS. del grado de ejecución de esta Secretaría de Estado
con respecto a los presupuestos del año 2009. Los créditos que se asignaron a esta Secretaría de Estado en los Presupuestos Generales del Estado para 2009 hay que enmarcarlos en la situación previa a la reestructuración que se realizó en el
Ministerio de Ciencia e Innovación con la remodelación ministerial que efectuó el Real Decreto 640/2009, de 17 de abril, que se publicó el 21 de abril. La ejecución presupuestaria fue la siguiente: servicio 06, la Secretaría de Estado e
Investigación alcanzó un grado de ejecución del cien por cien; servicio 09, la Dirección General de Cooperación Internacional alcanzó un grado de ejecución del 98,29 por ciento; servicio 08, la Dirección General de Planificación y Coordinación
alcanzó un grado de ejecución del 54,22 por ciento; servicio 05, la Dirección General de Programas de Transferencia de Conocimiento alcanzó un grado de ejecución del 69,08 por ciento. Respecto a los servicios 05 y 08 se ejecutó el 96,7 por ciento
y el 99,1 por ciento del capítulo 7 respectivamente. Estamos hablando de una ejecución cercana al cien por cien de su presupuesto en dos de los cuatro servicios de la Secretaría de Estado y un global del 75 por ciento en el total de los cuatro
servicios, siendo la principal causa de inejecución el capítulo 8, los activos financieros. En los Presupuesto Generales del Estado para 2010 partimos de un presupuesto en la Secretaría de Estado de Investigación de 2.818 millones de euros, el
51,76 por ciento del presupuesto del ministerio, repartido en dos direcciones generales fundamentalmente: la Dirección General de Investigación y Gestión del Plan Nacional de I+D+i, con un presupuesto de 1.074 millones de euros; la Dirección
General de Cooperación Internacional y Relaciones Institucionales, con un presupuesto de 877 millones de euros. En la comparecencia del 7 de octubre se presentaron ante esta Cámara los objetivos y prioridades de la Secretaría de Estado de
Investigación para el año 2010 y se centraron en mantener el esfuerzo presupuestario de dar continuidad en 2010 a las convocatorias del plan nacional en proyectos de investigación, en las convocatorias de recursos humanos, una gran apuesta por
elevar nuestra ciencia al más alto nivel de internacionalización y europeo mediante las convocatorias europeas y las acciones enmarcadas en la Presidencia europea, y también alcanzar el mayor grado de coordinación entre los distintos sistemas de
ciencia, fomentando la cooperación institucional y la cooperación con las comunidades autónomas; por supuesto, mantener el esfuerzo científico de nuestros organismos públicos de investigación.



Con estas premisas me gustaría pasar a informales de cómo estamos implementando estos objetivos y en qué medidas se está plasmando la asignación de nuestros recursos. La creación por primera vez de una Dirección


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General de Cooperación Internacional y Relaciones Institucionales ha puesto de manifiesto que una de las prioridades del Ministerio de Ciencia e Innovación es la internacionalización de la I+D+i. Para ello, la dirección general está actuando
en el ámbito de la cooperación internacional en torno a los siguientes ejes fundamentales. Incentivar la participación española en el VII Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Unión Europea así como en el resto de
iniciativas desarrolladas en el marco del espacio europeo de Investigación -los detalles de cada uno de los ámbitos creo, presidenta, que será mejor que los deje aquí, por si pueden ser de interés para SS.SS.-. En segundo lugar, la cooperación
bilateral y multilateral con países científicamente avanzados o emergentes; programas bilaterales, de los que destacaría las acciones en Japón o en India; programas multilaterales, que podría detallar pero que creo que, por no hacer más extensiva
la intervención, no viene al caso que lo haga. Y, en tercer lugar, el incremento de la participación española en las instalaciones internacionales y por tanto los retornos científicos, tecnológicos y económicos. Me gustaría también destacar, en el
ámbito de la Dirección General de Investigación y Gestión del Plan Nacional, la puesta en marcha en los últimos meses de las convocatorias para mantener los objetivos que nos propusimos en la presentación de los Presupuestos Generales del Estado
para 2010. Hemos demostrado que, pese a la complicada situación económica, el Gobierno ha mantenido su compromiso con la ciencia como motor para el cambio en el camino hacia una economía sostenible. Para ofrecerles algunos de los datos más
representativos, en 2009 se concedieron 430 millones de euros para 3.731 proyectos de investigación, cifra -la de 430 millones de euros- que se ha mantenido para la convocatoria de 2010. En el apartado de recursos humanos, en 2009 se concedieron
350 ayudas Juan de la Cierva con un coste de algo más de 35 millones de euros y 248 ayudas Ramón y Cajal con un coste de casi 48 millones; estas ayudas, dirigidas a investigadores posdoctorales se han mantenido en 2010. Lo mismo sucede con la
inversión, que no gasto, para la formación del personal investigador; en 2010, como en 2009, se concederán las 1.100 ayudas, con un coste de algo más de 80 millones de euros; esta convocatoria se ha cerrado a finales del mes pasado. En
infraestructuras científicas financiadas con fondos Feder se pasa de 97 millones en 2009 a 100 en 2010. Por último, estamos en condiciones de afirmar que vamos a cumplir con los objetivos marcados en el programa Ingenio 2010 en las convocatorias de
nuestra competencia.



Hasta aquí mi presentación de las actuaciones de la Secretaría de Estado de Investigación. Sé que puede haber discrepancias sobre las políticas que desarrollamos para la ciencia desde el ministerio, algo que es normal -no sé si será
deseable-, pero también soy consciente de que todos estamos de acuerdo en los objetivos que deseamos cumplir. Hay muchos espacios para la discrepancia que huye del matiz y tiene valor por el mero hecho de ser discrepancia. Por su propia naturaleza
entendemos que la ciencia no debe ser uno de esos espacios. Espero que podamos discrepar sin empobrecer nuestra discusión, olvidando las circunstancias que las condicionan, y espero, señorías, que en la ciencia podamos tener, como políticos, un
lugar para el encuentro.



Quedo a su disposición para las cuestiones que deseen plantear y muchas gracias a todos por su atención.



La señora PRESIDENTA: Gracias a usted, señor secretario de Estado, por su exposición y por el esfuerzo de síntesis. Naturalmente, ahora se pueden complementar todas las informaciones a partir de la intervención de los portavoces de los
grupos, cuyo turno abrimos en este momento. En primer lugar corresponde la palabra al portavoz del Grupo Popular, señor Elorriaga.



El señor ELORRIAGA PISARIK: Señora presidenta, hace ya tres meses que pedimos esta comparecencia. Entonces el objeto tenía un sentido que probablemente ahora se ha visto razonablemente modificado, era una comparecencia posterior a la toma
de posesión y para conocer su programa de actuación en la segunda parte de la legislatura. Es verdad que la cercanía en este momento a la aprobación del anteproyecto de ley de ciencia, tecnología e innovación hace que este sea un tema de más
actualidad y por lo tanto más importante. Por eso, me voy a referir a este, en la idea de que nos pueda aportar alguna información adicional para ir avanzando las posiciones de todos en torno al texto. Es cierto que los grupos parlamentarios,
hasta este momento, no disponemos del anteproyecto de ley que aprobó el Consejo de Ministros hace 10 días, no sé hasta qué punto ha habido variaciones o no significativas con relación al borrador que sí se dio a conocer unas semanas antes y tampoco
conocemos la memoria económica que razonablemente habrá acompañado ese texto y que condiciona en muchos sentidos su aplicabilidad. Pero, dada esta falta parcial de información -que seguro que el secretario de Estado nos podrá suplir-, me gustaría
plantear algunas cuestiones y sobre todo conocer su opinión, más allá del contenido concreto del texto, que ya llegará cuando sea un proyecto de ley en sentido estricto y ya tendremos ocasión de debatirlo.



De lo primero que conviene dejar constancia es de que el texto ha tenido una regular -como poco- acogida entre sus destinatarios. Y a mí me gustaría conocer la impresión del secretario de Estado. Ni la Cosce, la Confederación Española de
Sociedades Científicas, ni los sindicatos del sector, Comisiones Obreras, UGT y el CSIF, que, reunidos en mesa sectorial, han manifestado discrepancias claras en torno a sus contenidos, ni las asociaciones de centros tecnológicos, ni la subcomisión
especializada dentro de la Conferencia de Rectores, ninguno de ellos ha manifestado una posición favorable en torno al borrador distribuido. Esta mala acogida sin duda condiciona la tramitación posterior del texto y me gustaría una valoración sobre
esas primeras impresiones. Me ha llamado la atención que, en el curso de su exposición,


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si no me equivoco, en ningún momento se ha hecho referencia a las universidades, siendo así que, tanto por su trayectoria profesional inmediata como por el altísimo contenido del proyecto de ley relacionado con las universidades, parece esto
un aspecto sustancial del anteproyecto de ley que se viene debatiendo. Sobre este aspecto también me gustaría conocer su opinión. Esta es una ley que dedica mucho espacio a la modificación de la última reforma de la Ley Orgánica de Universidades,
es por tanto una reforma de la reforma de esta ley y no parece, por las primeras declaraciones, que en la universidad haya gustado demasiado el sentido de los cambios apuntados.



Reiteradamente en estas semanas, por parte de la ministra, se han puesto en valor dos aspectos de la ley que sin duda no lo son tanto; en primer lugar se destaca la importancia -también hoy en su intervención- de la creación de la agencia
de financiación. No hay discrepancia sobre la importancia de este hito, pero sí la hay en cuanto a la aportación real de esta ley. Es de todos conocido que la Ley de Agencias del Estado ya previó la creación de una agencia estatal de financiación
de la investigación, lo previó específicamente y sin restricciones específicas; ahora, el borrador que nosotros tenemos repite la habilitación legal ya existente y por lo tanto en ese sentido no aporta nada, pero sin embargo añade limitaciones
adicionales que no estaban presentes en la habilitación legal vigente; por lo tanto, más bien parece que la ley es un retroceso con relación a la situación legal presente. Me gustaría conocer su opinión; en todo caso, no hacía falta la ley para
crear la agencia, insisto, puesto que su creación está prevista en una norma legal. La otra aportación que parece que se quiere hacer ver en la ley tampoco se deriva de ella, la transformación de becas en contratos. Como es bien conocido, la
transformación de la relación que une a los becarios con las administraciones concedentes de beca o laboral se ha ido transformando, naturalmente, en el sistema científico español sin necesidad de cambio legal alguno. De hecho, hay un numeroso
conjunto de comunidades autónomas que mantienen contratos plenamente laborales del inicio de la relación predoctoral sin que para ello haya sido necesario cambio legal alguno. Por lo tanto, tampoco en este segundo sentido que se quiere destacar la
aportación de la ley parece que la ley aporte nada.



La ley en lo que sí innova, y es uno de los aspecto que sin duda resulta problemático, es con relación a la carrera profesional. Advierto ciertas contradicciones entre las declaraciones realizadas, también las hechas hoy mismo por el
secretario de Estado, y el contenido concreto de la ley y me gustaría que nos hiciese alguna aclaración adicional. Se insiste una y otra vez, y podemos coincidir plenamente, en que el cambio legal debe perseguir la excelencia científica, facilitar
la movilidad de los investigadores e incluso, cuando se habla de la Unión Europea, se va más allá del sistema científico español y se dice que es un objetivo fomentar la movilidad y la libre circulación del talento dentro del ámbito de la Unión.
Insisto en que todas esas declaraciones y todos esos objetivos son plenamente compartidos por mi grupo parlamentario, pero no terminan de verse reflejados en el borrador hasta ahora conocido. ¿En qué sentido? En el sentido de que la ley lo que
regula es una carrera científica, primero de corte básicamente funcionarial, puesto que las etapas transitorias derivan en una relación estatutaria de funcionario público, lo cual parece ir en contra de lo que se pretendía en los primeros borradores
de esta ley y en las primeras declaraciones que ante esta misma Comisión hizo la ministra. En segundo lugar, desaparecen fases intermedias entre la obtención del grado de doctor y el inicio de lo que sería la carrera investigadora, cosa que resulta
bastante sorprendente y lo ha puesto de manifiesto -creo que con razón- la Cosce; ahí parece que falta una etapa intermedia clara. Pero sobre todo, y en el sentido que apuntábamos, es un modelo que no solo no favorece sino que me atrevería a decir
que disuade de la movilidad, en muchos aspectos, primero porque orienta el ingreso en el sistema de funcionario investigador a través de aquellos que hayan seguido todas las etapas dentro del sistema español; va a ir orientado a nuestros organismos
públicos aquel que haya tenido una beca predoctoral, un contrato de integración en el sistema y finalmente, por vía de promoción interna, haya accedido a las escalas. Eso, por lo tanto, deja fuera del sistema o penaliza a todos aquellos que hayan
tenido algún nivel de movilidad importante, es decir, aquellos que se hayan doctorado en universidades extranjeras o aquellos que, doctorados en España, hayan hecho su formación posdoctoral fuera de España. Me preocupa enormemente que esta ley,
lejos de fomentar la movilidad y buscar la excelencia de nuestros investigadores, lo que haga es reforzar una especie de camino unívoco en el cual uno se introduzca mediante un contrato predoctoral y necesariamente termine con un contrato de
funcionario público indefinido, siendo penalizador cualquier movilidad que se pueda realizar. Este esquema, además, penaliza en buena medida, aunque la ley lo trate de salvar, la entrada de investigadores extranjeros, sean de países de la Unión
Europea o de fuera, porque en esto del talento tampoco hay fronteras continentales. Pero es evidente que la invitación a participar en procesos de selección de funcionarios públicos no es un camino demasiado razonable para atraer investigadores
extranjeros. En este mismo sentido de la carrera investigadora, me gustaría también conocer su punto de vista sobre cuál va a ser el tratamiento que van a recibir los miles de contratados que en la actualidad existen en los programas vigentes,
sobre todo en los Ramón y Cajal y Juan de la Cierva; es decir, estos se van a encontrar en una situación intermedia en la cual van a vencer sus contratos, y una vez vencidos sus contratos no está del todo claro cómo van a poder acceder a la nueva
modalidad de contratación. Me parece que ese es un asunto que hoy podríamos aclarar al menos desde el punto de vista de cuál es la intención o cuál es el modelo que el secretario de Estado visualiza en relación con este punto.



Hay sin duda otros muchos aspectos en la ley que se podrían abordar pero probablemente es demasiado


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pronto. Dos últimos aspectos desde el punto de vista de los objetivos declarados y básicamente compartidos: la vocación de generalidad de la norma, es decir que sea una norma aplicable al conjunto del sistema. Esto en dos sentidos, la ley
tiene un impacto bastante limitado sobre los sistemas de ciencia -me olvido de la innovación- de las comunidades autónomas; es decir, no parece que los organismos públicos de investigación que pueda haber en las comunidades autónomas, cualquiera
que sea su configuración jurídica, vayan a estar en la misma condición que los del Estado en toda esta estructura que ahora se crea. Tampoco parece que las universidades privadas tengan un encaje demasiado claro; es cierto que las universidades
privadas, en términos cuantitativos, ocupan una parte menor de nuestro sistema universitario, pero también lo es que la experiencia nos ha enseñado que algunos de los centros de mayor excelencia, sobre todo en centros de postgrado, han surgido del
ámbito privado, por lo tanto, no sé hasta qué punto no sería interesante dar mayor entrada a las universidades privadas en el sentido de integrar su capacidad investigadora dentro del sistema con mayor claridad.



Dos últimas reflexiones o comentarios en relación con los presupuestos a los que se hacía mención en último lugar. Es evidente que la evolución del presupuesto del Ministerio de Ciencia e Innovación, que básicamente refleja en gran medida
el presupuesto de la ciencia e innovación civil del Estado, ha evolucionado en dos sentidos en los últimos años. En primer lugar, desde la creación del ministerio ha ido sustituyendo recursos no financieros por financieros, y ese hecho ha ido
acompañado de otro, una alta ejecución de los recursos no financieros -lo cual es lógico porque apenas crecen- y una decreciente ejecución de los recursos financieros. La resultante de todo esto es que, tomadas las partidas que actualmente ejecuta
el Ministerio de Ciencia e Innovación, desde el año 2008 a hoy se produce una bajada muy significativa de la ejecución del ministerio, exactamente de 11 puntos porcentuales, que equivale básicamente a un descenso superior al 15 por ciento, que se
construye como mantenimiento de la ejecución de los gastos no financieros y una decreciente ejecución de los gastos financieros. Estos son los datos y no admiten demasiadas dudas. A partir de ahí, lo demás lo único que llama es a la preocupación;
es decir, el alto grado de ejecución en las partidas de ayudas, bien sean de capítulo 4 o de capítulo 7, cuando muchas de las convocatorias no se han producido en los plazos previstos, lo único que quiere decir es que en el año pasado faltaron
recursos para mantener las convocatorias al ritmo comprometido. Es decir, si se hubiesen sacado las convocatorias que tenían que haberse sacado en los plazos convenidos es evidente que los recursos no hubiesen llegado, porque si no no estarían los
presupuestos ejecutados al cien por cien a día de hoy. Es decir, la ejecución al cien por cien lo único que está significando es la insuficiencia de recursos y, por lo tanto, la absorción de la totalidad de los disponibles por las partidas, por las
convocatorias que ya estaban en marcha. En ese sentido, no parece que la ley vaya a aportar nada, puesto que es enormemente estricta -como no estaba previsto con anterioridad- a la hora de prever el no incremento de recursos financieros adicionales
como consecuencia de la creación de la Agencia Estatal de Innovación.



No quiero ir más allá, aunque me gustaría que el secretario de Estado en su segunda intervención profundizase más y nos aclarase las dudas que yo creo que razonablemente existen en la comunidad científica sobre el modelo de carrera que se
pretende, sobre todo en el punto en el cual eso no va a devenir simplemente en una funcionarización de la totalidad de la investigación española, que parece que está absolutamente alejado de los objetivos previstos, y, por lo tanto, cómo se va a
encajar ese sistema en el esquema de excelencia y competitividad que queremos y cómo transitoriamente se van a acoplar todos los que actualmente están participando en ese sistema en los esquemas de la nueva ley.



La señora PRESIDENTA: Corresponde el turno al Grupo Catalán. Tiene la palabra la señora Riera.



La señora RIERA I REÑÉ: Señor secretario de Estado, ante todo desde mi grupo parlamentario y como portavoz del mismo quiero agradecer su comparecencia, que esperábamos hace ya algunas semanas, porque la entendemos imprescindible y clave no
solo para conocer cuál va a ser su política en esta nueva etapa de su responsabilidad, sino también para poder compartir, como lo estamos haciendo con su exposición, con su intervención, los ejes principales de una ley que va a ser importante en los
próximos meses y ha de ser igualmente relevante en nuestra economía.



Creemos que estamos ante una segunda parte de legislatura en la que el peso de la I+D+i es muy importante. En los próximos meses vamos a tener sobre la mesa la discusión de proyectos de ley y decretos como el de la ley de la ciencia, la
tecnología y la innovación; la ley de la economía sostenible, de la que la I+D+i es parte fundamental, o la misma estrategia de innovación 2010; así como la que tenemos encima de la mesa, la evolución de la estrategia Universidad 2015, en la que
también su secretaría de Estado está implicada. Estos proyectos y decretos marcarán no solo las políticas más inmediatas en I+D+i sino el modelo de futuro de la investigación y de la innovación; un modelo que desde nuestro punto de vista debe
contribuir en lo más inmediato a salir más reforzados de la crisis y en el medio y largo plazo ser decisiva para la transformación de nuestro tejido productivo, que pasa de manera ineludible por la investigación, el conocimiento y la innovación.
Nos encontramos con distintos proyectos y con un peso muy importante de la I+D+i en un entorno de cambios recientes en su ministerio; esperamos y deseamos una mayor estabilidad en esta segunda parte de legislatura porque los cambios no son buenos,
no dan la estabilidad necesaria. Nos encontramos en un entorno crítico, desde


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el punto de vista económico -la situación económica aún hoy es crítica, la salida de la crisis aún no está clara en tiempo y forma-, y con unas grandes restricciones presupuestarias y de recursos que afectan obviamente a las políticas de
I+D+i. También nos encontramos frente a la imperiosa necesidad de actuar en el corto y en el medio plazo, por lo que decía anteriormente, por el peso que tiene y que debe tener la investigación y la innovación en la salida de la crisis y en la
transformación de nuestro sistema productivo. Porque la productividad y la competitividad dependen de ello. La competitividad es investigación, es transferencia del conocimiento y es innovación, y por tanto es también su secretaría de Estado, y
toda política de investigación requiere de un modelo y de unos recursos.



Quisiera referirme a dos ejes por separado, por una parte a la política de investigación y, por otra, y de manera separada, aunque consciente de la estrecha vinculación y dependencia entre ambas, a la futura ley de la ciencia, la tecnología
y la innovación. En relación con la política de investigación, desde nuestro grupo parlamentario planteamos la política de investigación desde un triple eje, desde el que entendemos hemos de afrontar estos retos a los que antes me refería: el de
la competitividad, el del crecimiento, y el de la transformación y los cambios en nuestra estructura económica. Los tres ejes son: el modelo de funcionamiento, los recursos y el posicionamiento.



Con relación al modelo de funcionamiento haré dos breves reflexiones que desearía compartir con usted y con mis compañeros. Desde nuestro grupo parlamentario observamos que el actual sistema estatal de investigación adolece de falta de
flexibilidad y, a nuestro entender, de un exceso de dependencia del sector público investigador. Los organismos públicos de investigación se han convertido en los principales agentes tractores de la investigación, lo cual ha estado bien hasta esta
fecha como fórmula para desarrollar y para impulsar la investigación, pero hoy todos los indicadores muestran que si queremos avanzar hacia posiciones de más valor añadido -ello pasa por desarrollar la ciencia aplicada- es preciso implementar
cambios en el modelo. Para usted, como secretario de Estado, ¿cuáles son estos cambios? Desde su punto de vista ¿qué debe cambiar en el modelo actual? ¿Qué papel reserva el ministerio para los OPI en el futuro de la investigación estatal? ¿Cómo
se ha de introducir en el modelo otros agentes privados y públicos no dependientes del Estado al margen de los OPI? ¿Qué papel les piensan otorgar? Sobre el segundo eje, los recursos son claves en la política de investigación; son un instrumento
de estímulo, de actuación y de activación de políticas, y se han visto reducidos por causa de las restricciones presupuestarias y de la situación económica. Hablando de recursos, y sobre los presupuestos a los que usted se ha referido en su
intervención, nuestro grupo parlamentario solicitó también su comparecencia el pasado mes de diciembre para explicar los números presentados desde el ministerio respecto a la investigación. Hablamos con un cierto retraso de ello pero es bueno que
hagamos aquí una cierta reflexión. También usted se ha referido a ello. Repito que somos conscientes de las restricciones presupuestarias, pero en un escenario de recortes generalizados nos sorprende una vez más el aumento de un 4,1 por ciento del
capítulo 8 del presupuesto destinado a créditos reembolsables, reservados básicamente al sector empresarial. Es una herramienta utilizada, a nuestro entender, de forma excesiva para no generar déficit y que supondrá en 2010 el 63 por ciento de toda
la función específica. Este capítulo no puede computarse como gasto de I+D de la Administración General del Estado, aun cuando supone ya el 0,54 por ciento del PIB. Es, por tanto, un esfuerzo de financiación del Estado que solo revierte en la
mejora del índice de inversión en I+D de las empresas que contabilizan estos créditos como gastos propios según la metodología del INE, enmascarando el verdadero peso de la inversión empresarial en el gasto estatal de I+D. Por otro lado, los gastos
correspondientes a operaciones no financieras disminuyen un 18,9 por ciento, lo que reduce el gasto de la Administración General del Estado en I+D al 0,33 por ciento del PIB, cuatro décimas por debajo de 2009. De hecho, señor secretario de Estado,
la diversidad de instrumentos empleados y de recursos invertidos sigue sin movilizar de la manera que sería necesaria al sistema empresarial. El aumento del porcentaje de gastos empresariales en los últimos diez años está ligado al aumento de
ayudas públicas, pero el mecanismo de promoción que debía generar al menos un euro de gasto adicional por cada euro de ayuda concedida no ha funcionado, y esta es una reflexión que estamos obligados a hacer. En este sentido, y ante esta situación
que nos preocupa, querríamos también pedirle más detalle -usted ha hecho referencia a la ejecución de los presupuestos- sobre su grado de ejecución. No podemos referirnos a recursos sin hacerlo a la fiscalidad. Desde nuestro grupo parlamentario
entendemos que la fiscalidad es, ahora más que nunca, un instrumento de estímulo de la actividad investigadora, también de estímulo de la transferencia y de la innovación. No se están activando las medidas fiscales que nuestro sistema y nuestra
competitividad, también en investigación, necesitaría. Querríamos también su opinión al respecto. Como usted sabe bien nuestro grupo parlamentario ha presentado distintas propuestas que, en la mayoría de los casos, no han sido activadas. La ley
de economía sostenible prevé alguna de las medidas que entendemos a priori -tendremos también ocasión de hablar de ello- insuficiente; buena pero insuficiente.



El tercer eje es el del posicionamiento, y solo haré una breve reflexión.
El Estado español ocupa una posición relevante entre las diez primeras economías del mundo pero, a pesar de ello, ocupamos el puesto 20 en el ranquin, en el top 25 de
las economías orientadas a la innovación. Hemos de mejorar, hemos de reconocer que los últimos años hemos avanzado mucho en investigación, en innovación mucho menos, pero tenemos unos déficits que hemos de cubrir, como el mismo de la transferencia


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del conocimiento, y que nos permitan posicionarnos mejor en los ranquins internacionales de acuerdo también con el peso de nuestra economía. Ello obliga también a introducir cambios en el sistema y en el modelo de investigación; y deben
mejorarse también los métodos de asignación de recursos de manera que no pueda ni deba desaprovecharse ni un euro. En este sentido, porque recursos son también fondos, señor secretario de Estado, le queremos preguntar cuál está siendo el grado de
aprovechamiento de los fondos europeos destinados a la investigación y a la ciencia aplicada, qué papel se está jugando y se piensa jugar respecto al VII programa marco europeo del programa europeo para pymes y qué acciones se están tomando en este
sentido aprovechando la Presidencia española de la Unión Europea.



Desde CiU entendemos que la estrategia para la investigación no es en absoluto separable de la política y de la estrategia universitaria -quiero también referirme al entorno universitario-, y actualmente la vemos dividida. No nos podemos
permitir de ninguna manera una falta de coordinación entre ambas y que la docencia vaya por un camino y la investigación por otro. El proceso, el cambio de modelo y el impulso a la investigación exige generar complicidades entre ambas y una gran
conexión entre las dos secretarías implicadas. Tenemos la percepción de que el conocimiento, la investigación, no llega al tejido productivo; falla la transferencia, y con más motivo la conexión entre las dos secretarías y los dos ministerios es
imprescindible. Si hablamos de transferencia del conocimiento, que entendemos que es el gran déficit que tenemos, es mínima, es insuficiente y la hemos de reconducir. Por ello se han de realizar una vez más unos cambios con urgencia para alcanzar
un modelo de I+D+i con más recursos y más competitivo. En este sentido, nos preguntamos qué papel cree que debe jugar la universidad en la estrategia de investigación y qué papel juega en ello la convocatoria de campus de excelencia y la estrategia
Universidad 2015. También queremos preguntarle qué papel va a tener el Ministerio de Ciencia e Innovación en esta estrategia y si considera el Gobierno que el formato actual es competitivo.



Voy acabando no sin referirme a ley de la ciencia, la tecnología y la innovación. Desde mi grupo parlamentario entendemos que la elaboración de una ley de la ciencia ha de ser una oportunidad para avanzar en la política científica; avanzar
respecto a lo que se ha hecho en nuestro país, que no es poco y lo hemos de reconocer. Es una oportunidad para reforzar los sectores más competitivos y contribuir a su liderazgo a nivel europeo e internacional. Es una oportunidad y una exigencia
de adaptación a un nuevo entorno cada vez más competitivo y más exigente, pero ha de ser una oportunidad real. Las consideraciones que quiero hacer representan los ejes fundamentales que, para nuestro grupo parlamentario, esta ley ha de incorporar
y sin los que creemos no tendría sentido. El primero es que la ley ha de aceptar y reconocer un modelo público-privado de centros de investigación, por lo tanto un cambio de modelo en este sentido. Ha de incorporar mayor flexibilidad en los
modelos de contratación de investigadores y, por último y para nosotros muy importante, ha de reconocer las competencias, en el caso de Cataluña exclusivas, de la Generalitat de Cataluña. Hablando de la ley de la ciencia, y en relación con la
agencia estatal de investigación que está prevista en la misma, la creación de dicha agencia debe hacerse en el más estricto respeto competencial. Compartimos la necesidad de impulsar un cambio de modelo investigador, y la ley de la ciencia debe
ser el instrumento que nos permita hacer el salto cualitativo en la investigación. Por ello deberemos profundizar y analizar con mucho rigor todas las reformas que propone el anteproyecto de ley también respecto a las eventuales modificaciones en
el marco fiscal y en la Ley de Mecenazgo, que también será necesario reformar, y que serán abordadas de manera concreta en el ámbito de otras leyes íntimamente vinculadas a la investigación y a la innovación.



Me refería antes a los tres ejes que para nosotros son fundamentales -termino, señora presidenta- y que suponen una condición necesaria para avanzar en la ley de la ciencia. Ha de dar respuesta a unos objetivos básicos como son: promover
la investigación, el desarrollo y la innovación en la economía; establecer un modelo dinámico y generador de innovación que favorezca la I+D+i; recoger de manera clara el papel de las universidades en el marco de la investigación y promover y
estimular las políticas de investigación en las universidades y centros dependientes de las mismas; impulsar una real y efectiva transferencia del conocimiento; establecer un marco estable de recursos financieros -y subrayo estable- y un marco
fiscal estimulante de la inversión en I+D+i; establecer nuevos mecanismos de actuación entre el sector público y privado y promover nuevos modelos de financiación público-privado; conseguir mayor integración y reconocimiento de todos los agentes
del sistema -de todos-; establecer criterios de igualdad y competencia para todos los agentes, sean públicos o privados; favorecer la movilidad y la internacionalización de nuestro sistema, al que usted ha hecho referencia; impulsar la
innovación, y hemos de hablar también de la innovación del tejido productivo; estimular la carrera investigadora, estableciendo una carrera que sea flexible y válida para el conjunto de los centros y que permita ampliar las capacidades de decisión,
gestión y contratación de los propios agentes de ejecución; y establecer mecanismos de transferencia de las competencias correspondientes en esa materia por parte de las comunidades autónomas. Estos son los principios a los que ha de responder
esta ley. Tendremos ocasión de hablar de la misma.
Únicamente quiero resaltar desde nuestro grupo parlamentario que la ley ha de ser una oportunidad y que la política y la estrategia de investigación no acaba con esta ley. La ley de la ciencia,
la tecnología y la innovación es un instrumento que si se activa debe ser útil y efectivo para que contribuya a la transformación de nuestro modelo productivo, pero es una parte de la estrategia de investigación.



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La señora PRESIDENTA: Corresponde el turno al Grupo Nacionalista Vasco.
Señor Beloki, tiene la palabra.



El señor BELOKI GUERRA: Señor secretario de Estado, le agradezco también las informaciones que nos ha suministrado. No voy a fijar tampoco ninguna posición clara sobre un texto que desconocemos. El texto que conocemos es el primer
borrador, del 22 de febrero, pero parece que podría haber sufrido modificaciones y creo que no corresponde fijar posiciones, al menos precisas y definitivas, sobre el tema. Ahora bien, de su exposición y del conocimiento y la lectura de ese
borrador extraemos que básicamente estamos en lo mismo. Desde luego, mi grupo no va a juzgar intenciones ni objetivos, no tenemos nada que objetar a los cinco principios que usted ha dicho ni tampoco vamos a entrar a discutir determinadas medidas;
algunas nos parecen altamente discutibles y a alguna de ellas se ha hecho referencia aquí. Quiero resaltar un tema que me ha llamado la atención.
Al menos en el tiempo que yo he estado en la exposición usted no ha citado una moción -en caso que no
fuera así le pido disculpas de antemano- que recientemente, el pasado 17 de febrero, todos los grupos parlamentarios aprobamos por unanimidad y que trataba de esto. No es habitual que todos los grupos parlamentarios digan que esa ley que están
ustedes desarrollando debe basarse en estos principios de una moción relativamente extensa. Me llama la atención que a usted ni se le haya pasado por la cabeza este tema. Le puedo decir, desde mi lectura de lo que usted ha dicho y del borrador al
que he hecho referencia, que no van bien con la moción actual, que no cumplen ustedes los términos de la moción que aprobamos por unanimidad todos los grupos parlamentarios el 17 de febrero del año 2010, y que por lo mismo debieran hacérselo ver.
Esa es la opinión que sinceramente le puedo expresar en nombre de mi grupo.
Se ha hablado, y es cierto, que este texto hasta donde ha sido conocido ha sido contestado, y el portavoz del Grupo Popular ha hecho incluso un listado de contestaciones
que ha recibido. Yo creo que las contestaciones van más allá; creo que en el mundo empresarial, que obviamente no fija posiciones en estos términos como puede hacerlo la Cosce u otros organismos, existe una profunda decepción, al menos a mi grupo
se le ha hecho llegar esta profunda decepción, porque esta ley no viene a afrontar en los términos que a juicio de mi grupo y de ellos debiera afrontar, lo que constituye un gravísimo, seguramente el principal, problema del sistema de ciencia y
tecnología del Estado. Y es que de verdad -y usted lo ha dicho- si nos creemos que caminamos hacia una sociedad y economía basadas en el conocimiento, si nos lo creemos un poco más en serio de lo que nos lo creímos en Lisboa, es decir nos creemos
que esto es urgente y contundente, esta ley debe ser contundente en este tema. Yo creo que este borrador, hasta donde yo puedo observar, no se lo cree.



Hay dos aspectos genéricos, porque no es cuestión de entrar en el detalle, que a mi juicio empiezan a hacer agua en este proyecto. Uno es el tema competencial. Yo le aseguro, señor secretario de Estado, que el borrador que yo conozco no
respeta el tema competencial, y ya hablaremos en su momento de los detalles de este tema. En segundo lugar, la impresión que tiene mi grupo es que el borrador que se está manejando, y seguramente el proyecto que pueda venir al Congreso, finalmente
va a estar lastrado por una visión del sistema de ciencia, tecnología e innovación hecho por el sistema público estatal y para el sistema público estatal, entre comillas, para intentar resolver sus problemas bien o mal; discutible. A juicio de mi
grupo, habiendo problemas que habrá que afrontar en los términos que haya que hacerlo, estamos en un momento histórico en el que los retos son la incorporación decidida del sector privado y de la sociedad a este sistema -ese es el gran reto al que
hay que hacer frente-, y el segundo gran reto es el de la articulación entre los sistemas europeo, estatal y autonómico. Pues bien, creo que falla por los dos pilares básicos que, a juicio de mi grupo, debiera abordar en serio este anteproyecto.
Quiero por eso expresarle que el escepticismo de mi grupo es creciente, porque usted ha llegado recientemente al puesto en el que está pero llevamos dos años largos de retraso y además de eso estamos ya en la segunda parte de la legislatura, que
también tiene su aquel, políticamente hablando. Creo que lo uno y lo otro hacen surgir dudas, y se lo digo como lo pienso, incluso sobre la oportunidad de esta ley a estas alturas. Desde luego tenemos todas las dudas del mundo hasta donde
conocemos el anteproyecto de ley sobre si se aprobara más o menos en los términos en los que usted ha estado hablando vaya a ser eficiente para los problemas a los que tiene que ser eficiente. Toda la duda del mundo por parte de mi grupo. Sé que
cuando un proyecto de ley tiene tanta contestación por todas partes alguien puede situarse en un medio etéreo y decir que cuando nadie está contento es señal de que esto va bien. Yo creo lo contrario, que cuando nadie está contento podríamos pensar
en que, además de tarde, no estamos afrontando los términos reales; por lo mismo una salida en falso, que no resolviera los problemas, sería una pésima salida. Estas son las reflexiones de mi grupo y las dejo ahí, sin avanzar más, porque ya
veremos finalmente qué dice el proyecto de ley cuando llegue a este Congreso y ya iremos fijando las posiciones de detalle. De todas formas mi grupo comparte alguna de las preocupaciones que ha expresado el representante del Grupo Popular sobre la
movilidad y sobre el sistema que estaríamos implantando con graves problemas en la carrera investigadora, etcétera. Creo que lejos de estar resolviendo un problema podríamos estar generando otro mayor para lo que el sistema de ciencia y tecnología
es y debe ser en una sociedad abierta, globalizada, etcétera. Llamo la atención porque ahí comparto las preocupaciones expresadas por el representante del Grupo Popular.



No tengo mucho más que decir sobre el tema de la convergencia con la Unión Europea y de lo que ustedes estén haciendo que lo que le he dicho.
Comparto que es urgente una actuación contundente, que no necesariamente tiene que ser legal, pero
puede serlo a través de la


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ley; tiene que ser legal siempre pero no se necesita siempre hacer una ley o no hacerla. Ahí estamos. Contundente es contundente. Por ejemplo, cuando usted me habla de la Administración electrónica y de 22.000 solicitudes creo recordar
que para los puestos de bedeles de este Congreso, que no sé si son 20 ó 30, se han presentado 7.000 ó 10.000 personas. No son nada 22.000 solicitudes. Lo de la Administración electrónica, dicho de forma contundente, no tiene nada que ver con la
situación real en la que hoy estamos. Si tuviéramos todo el tiempo del mundo iríamos avanzando, pero yo creo que no tenemos todo el tiempo del mundo. Sin negar los pasos que se dan, lo importante no es que se estén dando determinados pasos, el
problema está en los ritmos, en la contundencia. Usted lo ha recordado. Fíjese cuándo dijimos que en Europa se iba a hacer una sociedad basada en el conocimiento. No hemos cumplido nada nadie, y ese es un drama del que alguna vez tendremos que
ser conscientes para realizar actuaciones más contundentes. Yo creo que este no es un momento de principios, sino de acciones fuertes y contundentes en determinadas direcciones. Ahí es donde yo quisiera ponerme de acuerdo con ustedes; aunque no
para resolver todos los problemas del mundo. Vamos a ver en este momento cuáles son las acciones realmente contundentes que podemos convenir desde la política y en nuestro caso concreto desde la Administración. Si va por esa dirección nosotros
estaremos siempre abiertos a la colaboración.



Sobre la tercera parte de su intervención, en la que ha expuesto el grado de ejecución de los presupuestos, no tengo mucho que decir, pero quiero expresarle una preocupación muy seria por parte de mi grupo. Yo podría hablarle del grado de
ejecución del ESS de Bilbao y del Centro de Espalación, que en su momento compitió en Europa, aunque luego no resultó. Mi grupo se encuentra, habiendo adoptado un acuerdo con el Grupo Socialista en este tema, con que el ministerio le niega
información; lo afirmo en tales términos, punto uno, porque no se nos ha dado. Mi grupo ha solicitado los informes en virtud del derecho que tenemos los grupos parlamentarios y los diputados a solicitar los informes que están operando en lo que
suponemos que se está haciendo, pero ha pasado el plazo y tenemos que pedir el amparo de la Presidencia para que ustedes fotocopien y envíen unos informes. Esto no tiene nada que ver con la transparencia y con la lealtad que se reclama, con nadie,
con ningún miembro del grupo pero mucho menos con los miembros del grupo que llegaron a un acuerdo en este tema; no tiene nada que ver. Por eso aprovecho la ocasión de su presencia para transmitirle esta preocupación, porque se trata de fotocopiar
y enviar; no es nada más. Es para saber, no para otra cosa, en virtud del derecho que tenemos, y que nos asiste muy especialmente por haber sido los que en un determinado momento -creo recordar que en el año 2005- concluimos un acuerdo con el
Grupo Socialista para hacerlo. Mientras este tipo de cosas no funciona todo lo demás es poesía, literatura, pero aquí falta el teatro; estamos en las musas. Quiero transmitirle esta preocupación con toda crudeza porque el deseo de mi grupo sería
poder trabajar en serio en un tema del que está muy preocupado, del que creemos que en los principios no nos alejan las cosas. Todos podemos tener problemas para aplicar los principios en un determinado momento conflictivo y difícil como es este,
pero entre otras cosas este grupo va mostrando que en los momentos difíciles también sabe apoyar. Ustedes verán.



La señora PRESIDENTA: Corresponde el turno al Grupo Socialista. Tiene la palabra la señora Serna.



La señora SERNA MASIÁ: Señor Pétriz, bienvenido. Es la primera vez que como secretario de Estado de Investigación comparece en esta Comisión y espero que lo haga en más ocasiones y que las relaciones que mantenga con todos los grupos
parlamentarios, desde luego con el Grupo Parlamentario Socialista, sean totalmente fructíferas.



Me alegran los apartados que ha planteado en su intervención porque, de forma distinta pero en última instancia, es lo que también nosotros, el Grupo Socialista, queríamos proponerle, aunque yo voy a poner una fecha, la del 15 de diciembre,
como elemento diferenciador de la reflexión que queríamos hacer con usted. Cuando usted, el día 15 de diciembre, toma posesión de su cargo de secretario de Estado de Investigación se encuentra con cosas que ya están hechas, pero que no tiene más
remedio que asumir, como un entorno económico muy difícil, unos presupuestos del año 2009 del Ministerio de Ciencia e Innovación ya ejecutados y unos presupuestos correspondientes a 2010 que ya se están debatiendo en el Senado. Sobre esa cuestión
yo querría hacerle algunas preguntas, aprovechando su comparecencia y también por algunas cuestiones que he oído de los portavoces. En relación con la ejecución del año 2009, de la que usted ha dado algunas cifras, la verdad es que de los gastos
internos del ministerio está ejecutado el 92 por ciento, y no se llega al cien por cien para cumplir el objetivo del 8 por ciento del ahorro que había impuesto el Gobierno; sobre el famoso capítulo 7, de subvenciones y transferencias, nada menos
que un 98,62 por ciento; y en el capítulo 8, de préstamos, de activos financieros, nos encontramos con que ha habido un incremento de inversiones del 54 por ciento, de manera que se pasó de algo más de 800 millones de euros a 1.297. Sin embargo,
hemos visto en dos ocasiones, aparte de la preocupación de algunos portavoces, algún titular diciendo que el ministerio había dejado de ejecutar nada menos que el 22 por ciento. Nos gustaría que nos explicase las causas de este tema. En segundo
lugar, en cuanto a todo el debate que tuvimos aquí, que no vamos a repetir, relativo a los Presupuestos Generales de 2010 del Ministerio de Ciencia e Innovación, ha dicho que tras su paso por el Parlamento hubo un incremento del 3 por ciento, casi
154 millones de euros. Nos gustaría saber qué le corresponde a su departamento y a qué va a destinar esas partidas que han crecido gracias al debate parlamentario.



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Quería hacer una reflexión porque no hay cosa peor que las exageraciones, no atenerse a la realidad de los hechos. Precisamente en el debate de estos presupuestos de 2010 hubo una frase que me resultó sorprendente por su contundencia, y era
que la ciencia estaba abandonada a su suerte.
Cuando te pones a investigar encuentras que en estos cinco años España ha invertido 59.000 millones en su sistema de I+D+i y, si se mira, y así pedí los informes al Ministerio de Economía y Hacienda, en
toda la década anterior se habían invertido 52.000 y aquí, en tan solo cinco años, 59.000 millones de euros, de los cuales 37.000 corresponden a la Administración General del Estado, al Gobierno de España; por lo tanto es mucho dinero. De todas
formas, la causa de ese incremento, que calificó de histórico la OCDE y que dijo que porcentualmente el incremento de inversiones que había tenido España en su sistema de I+D+i la ponía a la cabeza de los países de la OCDE, es que los recursos
públicos se habían multiplicado por tres pero los recursos privados también se habían multiplicado por dos, e incluso en el año 2008, un año malo en el que estábamos inmersos en plena crisis económica, esto se había producido. De todas formas,
investigando esto y ateniéndome ya no al sector público y a sus inversiones sino al sector privado, de lo que invierte el sector privado el 30 por ciento correspondía a las multinacionales extranjeras.
Lo que me llamó la atención no solamente era
esa cifra, sino que lo que pedían las multinacionales extranjeras para seguir invirtiendo en nuestro país era que debía haber reformas estructurales normativas que permitiesen -creo que lo voy a decir literalmente- que nuestro sistema nacional de
I+D+i fuese más articulado y más flexible. He dejado esto para el final de la primera parte de mi reflexión para que vea que coincidían con las preocupaciones que usted traía previas a su cargo como secretario de Estado de Innovación. Precisamente
ese día 15 algunos compañeros y compañeras de la Comisión estuvimos en el Ministerio de Ciencia para acompañarle y desearle toda suerte de parabienes en su toma de posesión. En su discurso usted planteó tres grandes objetivos que quería llevar a
cabo: el primero era aprobar la ley de la ciencia, que estamos a la espera que sea analizada por el Consejo de Estado y que entre lo más pronto posible al Parlamento; después una atención especial que dedicaría a todos los recursos humanos -y
subrayo todos- que se dedican a la investigación; y, por último, una dedicación atenta y especial de seguimiento a los OPI, las universidades y las entidades de investigación públicas y privadas. Si nos referimos a su primer objetivo, a la ley de
la ciencia, también entonces decía que debía asumir los importantes retos que desde el año 1986 se han producido a nivel nacional e internacional. No le voy a preguntar nada al respecto porque aunque tenía alguna pregunta nuestro grupo considera
que en su intervención están suficientemente explicados precisamente los cambios nacionales e internacionales que ha habido. En segundo lugar, usted decía que debía proteger esta ley de la ciencia, fundamentalmente los recursos humanos, y por lo
tanto plantear una carrera científica que diese estabilidad. Hubo alguna crítica al respecto, es verdad, pero después, tras algunas reuniones con jóvenes investigadores en mi comunidad, están a la espera del debate parlamentario; están mucho más
de acuerdo, naturalmente, con lo que ha planteado la ley que como estaban antes. Pasar de becas a contratos les parece bien y lo que quieren saber ahora es cómo va a ir encajando esto. Por lo tanto, tampoco le voy a hacer ninguna pregunta al
respecto, solo quiero decirle que es verdad que eso ya se está haciendo en algunas comunidades, no solamente en las gobernadas por el Partido Socialista; por ejemplo en Madrid también se está haciendo. En lo que yo quería incidir es en que usted
también indicaba en su discurso que esta ley debería insertar la investigación en el sector productivo. Ahí sí he encontrado alguna crítica más contundente, por eso me quería centrar en ello. Esto sí que es novedoso en esta ley en relación con la
de 1986. No solamente trata la carrera científica sino que introduce como un elemento a tener en cuenta, muy importante para nuestro país, precisamente que no sea solamente una ley de la ciencia, de la investigación científica y tecnológica, sino
también que se introduzca el sector de la innovación.
Nosotros habíamos leído y habíamos hablado con algún científico de que quizá debería ser solo una ley de la ciencia, y a nuestro grupo le interesaría mucho que hablásemos un poco de ello.



Me voy a basar en un científico. Naturalmente usted sabe perfectamente quién es Juan Antonio Rubio. Fue un excelente científico, ex director de Ciemat, que falleció recientemente, y recuerdo que en el año 2009 recibió el premio de
investigación de la Generalitat Valenciana, el premio Jaume I. Entonces, en una entrevista que hizo en mi comunidad a la prensa, aparte que se veía dotado de un notable, estupendo carácter personal, dijo cosas que tenían mucho interés sobre lo que
quería plantear. Lo he tomado literalmente; en aquella entrevista decía que consideraba -abro comillas- un deber ético compensar a los ciudadanos por su esfuerzo para financiar la ciencia -cierro comillas-. He hablado de 37.000 millones del
Gobierno socialista en estos últimos cinco años del gobierno central, así que no está mal el esfuerzo ciudadano, a través de sus impuestos, en financiar la ciencia y en cómo se tendría que compensar. Continuaba la entrevista: Habría que buscar la
forma de que los descubrimientos del laboratorio se conviertan en avances sociales y económicos. Es decir, que la ley de la ciencia no solamente debe -por eso me alegro que esté planteada tal y como lo ha hecho el ministerio (usted, la ministra
Garmedia y también el señor Hernani)- consolidar el liderazgo científico que hemos adquirido en estos últimos cinco años, en los que hemos pasado de estar en el ranquin como productores de ciencia en el puesto 30 al 9.
El salto es histórico y desde
luego impensable hace unos años en nuestro país; pero claro, en el ámbito de la innovación ese salto no se ha dado.
En la ciencia hemos pasado del trigésimo al noveno, pero en el ámbito de la innovación estamos en


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el puesto 23. Digamos que, por lo tanto, en nuestro sistema de I+D+i quien genera el cuello de botella -si me permite la expresión- no es la ciencia. Yo nunca he visto que haya que convencer a los científicos para que hagan ciencia, desde
luego no me imagino a Galileo, a Newton y a los grandes esperando una ley de la ciencia y convenciéndoles. Sin embargo, es verdad que en el ámbito de la innovación sí hay que convencer. Por lo tanto, en ese sentido, si ese cuello de botella se
produce en el ámbito de la innovación y no de la ciencia, nos parece absolutamente razonable que sea la ley de la ciencia, la tecnología y la innovación.



Es verdad, lo decían los anteriores portavoces, que en breve van a entrar en el Parlamento dos leyes dedicadas al acercamiento de la ciencia y la innovación, la ley de economía sostenible y la ley de la ciencia, de la que estamos hablando.
Aquí quisiera hacerle alguna pregunta. A pesar de estas dos leyes, todos los que estamos aquí sabemos que no siempre se consigue innovar por decreto, pero es verdad que la normativa favorece mucho. Teniendo en cuenta el marco competencial en el
que nos movemos -el señor Beloki y también la señora Riera planteaban este tema-, la pregunta es si considera que la ley resuelve bien la cuestión competencial en la que nos encontramos en este momento, de tal manera que para innovar hay que tener
muy en cuenta las competencias que hoy tienen las comunidades autónomas; por lo tanto, no se trata de entrar en sus competencias, creo que nada más lejos del proyecto, pero sí de intentar coordinarlas, precisamente para conseguir que no haya
duplicidad de inversiones, para conseguir un proyecto más inteligente de ciencia e innovación en nuestro país. Por lo tanto, nos gustaría que nos hablase del marco competencial.
De la misma forma, cuando se habla de la colaboración que tiene que
haber entre el sector público y el privado, ¿cuál es el papel que debería o que quieren los autores de la ley que cumpla la llamada compra pública? Por otro lado, ¿qué herramientas va a establecer la ley para conocer el rendimiento que tienen para
los ciudadanos los fondos públicos que se dedican para I+D? Además, ¿qué beneficios considera que va a aportar a nuestro sistema nacional la nueva agencia estatal de investigación? ¿Es verdad lo que decía el señor Elorriaga? Ya estaba de alguna
manera contemplada, pero es verdad que aquí va a tener el empuje definitivo.



El segundo objetivo que usted señalaba en su discurso era la atención a los recursos humanos. Yo no le voy a preguntar con relación a la ley.
Actualmente, estos presupuestos de 2010 tan criticados ¿han dado lugar a que bajen las becas y
los contratos de los investigadores, por ejemplo, en los programas Ramón y Cajal y Juan de la Cierva, los programas de técnicos de apoyo o las becas de formación profesional del investigador? El Plan Nacional de I+D+i vigente 2008-2011 ¿sigue
funcionando correctamente? ¿Se están paralizando los proyectos de este plan? Por último, cuando usted hablaba en su discurso de la atención especial dedicada a los OPI y las universidades, la verdad es que cuando se mira en la producción
investigadora quién se lleva la palma, entre el 60 y el 70 por ciento lo hacen las universidades. Espero no salirme del tema pero el planteamiento de los campus de excelencia ¿de alguna manera o en su totalidad tienen relación con esta altísima
producción investigadora que realizan las universidades en nuestro país y está relacionado no con nuestra ley de la ciencia sino con los objetivos de esa ley?


Hay una cuestión que me permitirá pasar al último punto, también muy brevemente; se lo he oído decir a la ministra en varias ocasiones. ¿Vamos a incentivar especialmente las investigaciones en salud, envejecimiento, agua, crisis
alimentaria, crisis del cambio climático, nuevas energías? Le digo esto -con ello acabaría, señora presidenta- porque me permite entrar a la cuestión de la Presidencia española en la Unión Europea. Le hablo de un personaje muy querido para mí que
es la Reina Roja, uno de los personajes de Alicia en el país de las maravillas, que precisamente reinaba en un territorio cuyos habitantes, para poder estar siempre en el mismo sitio, tenían que moverse continuamente, y si querían ir a otro lugar,
tenían que caminar dos veces más deprisa. ¿Por qué le digo esto? Porque en el último informe El mundo en 2025; que ha hecho la Comisión Europea, los economistas contemplan el llamado efecto de la Reina Roja, y es que Europa o camina dos veces más
deprisa o, aunque esté en movimiento bajará, no se va a mantener en el mismo sitio. De los muchos datos que ofrece le voy a dar tres: ningún país europeo va a estar entre los diez más poblados del mundo en 2025; Asia va a superar a Europa como
primer exportador mundial; el producto interior bruto de Asia crecerá hasta suponer el 30 por ciento de la riqueza mundial y Europa solamente aportará el 20 por ciento a esa riqueza global. La verdad es que es grave, por eso le pregunto si estamos
usando estos seis meses de Presidencia europea para buscar lo que precisamente se dice en este informe, que o hay unidad global de los países europeos o, a pesar de que caminemos, estaremos en el mismo sitio, es decir hacia atrás, porque no
solamente no podremos competir con Estados Unidos sino tampoco con Brasil, con China o con India. Estas serían las preguntas que querríamos plantearle desde mi grupo.



Solamente una cuestión más, no le digo nada de los temas transversales porque estamos totalmente de acuerdo; es más, le damos la enhorabuena porque son temas muy importantes para que nuestro país avance.



La señora PRESIDENTA: Señor secretario de Estado, tiene la palabra.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE INVESTIGACIÓN (Pétriz Calvo): En primer lugar, muchas gracias a todos los que han intervenido, no solo por lo que han dicho sino por el tono en el que lo han hecho. Procuraré responder a todo lo que se me
ha planteado y, en cualquier caso, si algún asunto requiere de mayor profundidad en la respuesta estoy dispuesto a hacerlo aquí o en el momento que consideren oportuno.



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Responderé en el orden en que han intervenido, por lo que me refiero en primer lugar a las cuestiones que nos ha planteado el señor Elorriaga. Es verdad que ha hecho referencia a que no se dispone del texto a fecha de hoy, por lo que
podemos estar hablando de cuestiones que en este momento en la redacción actual puedan estar contempladas de otra manera. Ha hecho referencia también a la ausencia de la memoria económica. Es verdad que yo el día 22 de febrero me preocupé por que
en el mismo momento en que este texto era comunicado a las universidades, a los organismos públicos, asociaciones, etcétera, llegara también a los portavoces. Pero es verdad también que a fecha de hoy su referencia es ese documento y desde ese día
22 el número de reuniones con organizaciones e instituciones a las que se ha hecho referencia aquí han dado también fruto de mejora en el texto.
Por lo tanto, cuando se hace referencia a las opiniones de los sindicatos, de asociaciones de centros
tecnológicos, a la Cosce y a otras instituciones, y hablando de una mala acogida, yo tendría que decir que, efectivamente, todas las intervenciones y todos los comunicados, si bien han recogido cuestiones que eran a su juicio objeto de mejora,
también han tenido un componente de reconocimiento de avances en la redacción de la ley. Por lo tanto, el objetivo de las reuniones que hemos mantenido con ellos ha sido el de mejorar ese texto, y yo estoy convencido de que a fecha de hoy el texto
recoge algunas cuestiones que hoy harían al menos matizar esa primera impresión del texto que se difundió el día 22. Se ha hecho una referencia, por mi historia y por las ocupaciones que he tenido con anterioridad a ser secretario de Estado, a la
no ausencia, porque efectivamente sé que en algún momento he nombrado a las universidades, pero, precisamente porque este texto ha querido recoger una respuesta que sea más ajustada al papel que tienen las universidades como productoras de ciencia
en un porcentaje que siempre decimos que está entre el 65 y el 70 por ciento, quizá en mi intervención no haya incidido demasiado en ello, pero si podemos hablar de alguna diferencia entre el borrador que en su día todos conocíamos como borrador
cero y este borrador, o a fecha de hoy ya el texto actual, desde luego el papel de las universidades ha sido más reconocido, ha tenido en cuenta el papel que tiene la universidad en la producción científica. Y si se ha hablado también del nivel de
crítica en las universidades, lo que puedo decir es que este texto ha sido informado en el Consejo de Universidades y figura el informe favorable, es verdad que señalando también algunas cuestiones de mejora, pero con una voluntad de enriquecer ese
texto. Por lo tanto, creo que se ha resuelto al menos mejor de lo que en su día estuvo considerado el papel de la universidad en este sistema. La tercera observación que ha hecho el señor Elorriaga se refería a la agencia y se preguntaba cuál es
la aportación real de esta ley. Ya dudo de si el texto que toma como referencia tiene la frase correspondiente, pero a fecha de hoy le puedo decir que está garantizada. Hay un compromiso de un plazo de un año para la puesta en marcha de la
agencia, pero creo que en el texto al que usted se ha referido puede que ni siquiera esté esa disposición -creo que es final- y que por lo tanto la diferencia es que hay un plazo. Hay además un compromiso de que el día que se someta a la
consideración del Consejo de Ministros en la segunda vuelta irá una propuesta de estatuto de esta agencia. Y como ha hecho referencia también a la ausencia o al desconocimiento al menos de una memoria económica, también en ese momento el texto -que
creo que se llama memoria de impacto económico- está elaborado y por lo tanto en el momento de la consideración en el Consejo de Ministros, antes de la llegada al Parlamento, se contará con el texto del proyecto de ley, con la memoria económica y
con un borrador de estatutos de la agencia estatal. Me parece que esto supone al menos alguna diferencia respecto a lo que en otro momento algún marco normativo contemplara para la creación de esta agencia.



La siguiente consideración se refería a la transformación de becas en contratos. Efectivamente, sabemos que ciertas comunidades autónomas lo han implantado, y en algún momento en dos fases, primero hubo un paso del modelo 2+2 a 1+3 y ahora
hay comunidades autónomas que en sus convocatorias ya abordan la modalidad de contrato. Recoger en una ley la transformación con carácter general de la fórmula 2+2 a la fórmula 0+4, con las implicaciones, en mi opinión, fundamentalmente en las
prestaciones sociales derivadas de una cotización a la Seguridad Social que es verdad, y la propia ley recoge, tiene en el concepto de contingencias comunes una deducción del 30 por ciento, y esto ha facilitado que el coste de esta medida se pudiera
asumir, y así figura en el texto que estamos manejando como memoria económica. Nos parece importante por el significado que tiene esta medida en la profesionalización de los investigadores desde el momento inicial; por lo tanto, creo que es uno de
sus valores. Si yo tuviera que destacar dos medidas que al menos justificaran la existencia de esta ley, diría que una es la agencia, entendida esta medida como que tiene que ser creíble porque va a ser así, porque se va a crear, porque hay ese
compromiso y estará ese borrador de estatutos en el momento de la consideración en el Consejo de Ministros, y esta transformación de becas en contratos.



Junto a la propuesta de carrera el señor Elorriaga hacía también una referencia a los aspectos de movilidad. El primer comentario que hacía se refería a la opción por un modelo funcionarial. No sé si será un acierto o no de la redacción de
la ley que finalmente en el texto que llegue al Parlamento habrá cuestiones que habrán mejorado en este aspecto, pero el modelo que hemos establecido tiene la modalidad del contrato predoctoral, el que se deriva de la transformación de las becas en
contratos; después aparece en la redacción el siguiente artículo referido al contrato que llamamos de acceso, y, evidentemente, cuando se leen esos artículos uno se pregunta qué pasa entre el predoctoral y el de acceso. Si la lectura de la ley
implica que al finalizar el contrato predoctoral


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ya se está en situación de acceder a este contrato que estamos llamando de acceso, primero, no es la voluntad de la ley, no es lo que se quiere, y precisamente lo que hay en ese momento es el reflejo de lo que ahora ya es una realidad, y es
que al día siguiente de ser doctor no se está en condiciones de participar en un concurso de acceso a ese nuevo contrato y tiene que haber una política de movilidad para impulsar y mejorar las competencias no tanto de hacer la tesis, que ya las ha
demostrado, sino capacidades de liderazgo, de generar su propio equipo. Por lo tanto, ese periodo se ha de cubrir y con las cuatro modalidades de contrato que hay en la ley tendremos que ir al cuarto modelo de contrato que aparece en la redacción
de la ley. Sobre esto, que ha sido un comentario y además es evidente de la lectura de la ley, en el preámbulo de la ley hemos reforzado la explicación de lo que entendemos. El segundo comentario que hacía era que parece que esto está enfocado a
que todo el mundo termina con la plaza de funcionario. Aquí hay un contrato de acceso que tendrá el proceso selectivo para ser nombrado con este tipo de contrato, pero después, en función de las evaluaciones, se dice que en un momento concreto está
en condiciones de participar en los concursos para las escalas, lo que no quiere decir que todo contratado tenga que terminar como funcionario. Cuando hemos tenido las reuniones en los últimos días, antes de la entrada en el Consejo de Ministros,
hemos tenido que arreglar esa redacción porque no se entendía bien ese salto del posdoctoral y no se entendía bien lo que era contrato laboral y la figura de funcionario.
Espero que cuando este texto llegue aquí estas dos cuestiones estén más
claras de lo que estaban en el texto que se difundió el día 22. Si se entendiera que esta carrera está penalizando la movilidad desde luego no cumpliría con el objetivo que hemos pretendido. He destacado en mi intervención no solo el interés que
debe tener el establecimiento de esa carrera sino también los mecanismos de movilidad entre organismos públicos de investigación, universidades y desde estos organismos públicos y universidades hacia el exterior. Entendemos que es parte esencial de
esta ley. De hecho, lo que hay es la expresión explícita de la valoración de la movilidad y de la participación en programas de movilidad en el baremo de los concursos y de las pruebas selectivas o de acceso a los contratos que se está señalando.



Se me preguntaba qué ha previsto la ley respecto a los contratos actuales.
Le ley define el modelo nuevo. A fecha de hoy tenemos las convocatorias del plan nacional, los contratados en la modalidad de contratos Ramón y Cajal y otras
modalidades. La ley no ha contemplado un transitorio, lo que dice es que este es el modelo del futuro, que las convocatorias se han de mantener hasta que la ley sea aprobada pero esas convocatorias se han de trasladar al nuevo modelo. Por lo
tanto, de una convocatoria de contratados Ramón y Cajal el ministerio tendrá que decidir, con las partidas presupuestarias equivalentes a las que ahora se están destinando, qué convocatorias son las que se lanzan. Es verdad que en los últimos días
también se nos ha hecho ver si no sería conveniente plantear algún transitorio para los que tienen los contratos vigentes de las convocatorias que ahora están en vigor. A fecha de hoy la redacción no contempla ese transitorio, pero estamos
planteando esa reflexión porque es una cuestión planteada con carácter general desde todos los colectivos que ahora mismo están disfrutando de contratos en las modalidades actuales.



Se me hacía una observación sobre lo importante que es que en esta ley se vea el ámbito de aplicación en cada una de las normativas que se explicitan. Comparto que de una lectura de este texto pueden surgir interrogantes, pero ¿esto es
aplicable a una universidad privada, es aplicable a un parque tecnológico? En su momento solicité -y creo que puede ser de interés- un listado, que no tengo completado pero creo que sería bueno completar esta información, que sobre el tipo de
entidad dijéramos los artículos que son de aplicación para esa entidad. Desde luego, de la lectura no se puede deducir que esto va sólo con las universidades públicas, porque al menos en el estado en que tengo este documento para las universidades
privadas y las de la Iglesia católica hay disposiciones que son de aplicación. Podremos entrar en si es suficiente o no, pero yo he entendido que esta ley es compleja, es difícil de leer y de seguir porque afecta a muchas normas y leyes -he hablado
de disposiciones adicionales que modifican otras normativas- y creo que un documento de estas características ayudará. También en el preámbulo hemos querido ayudar al lector de este texto para que se vea bien esa cuestión que plantea, que, si he
entendido bien, se refería a que dejáramos bien delimitado el ámbito de aplicación de cada una de las disposiciones o, lo que es lo mismo, que en cada una de las entidades o tipos de entidades supiéramos realmente qué tipo de artículos son los que
afectan, y entonces pensar en qué cosas son aplicables a la universidad pública, a las privadas de la Iglesia católica, a los organismos públicos de investigación, a otros organismos de investigación de la Administración General del Estado, a otros
de las comunidades autónomas, a fundaciones, a consorcios, a entidades privadas, a los centros del Sistema Nacional de Salud, que es un ámbito en el que inmediatamente surge qué cosas son aplicables. Creo que puede ser de interés, de manera que en
un momento concreto va a poder disponer de ese listado que puede ayudar a entender la propuesta.



Estos eran los aspectos de la ley a los que ha hecho referencia. Luego ha hecho un diagnóstico, y coincido con usted en una cosa, que las cifras son las cifras y, por lo tanto, yo he traído aquí un resumen de las cifras que he obtenido del
informe de ejecución de 2009 de la Oficina Presupuestaria, y como hemos hablado de los mismos números, uno podrá incidir más en unas cosas o en otras, pero creo que su intervención no era tanto preguntarme cosas de la ejecución sino constatar la
información de que dispone. Sí me ha llamado la atención, y no puedo estar de acuerdo, con la información que tengo, que me ha parecido entender que si se habían ajustado las ejecuciones


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en parte podía ser por haber aplazado las convocatorias. Desde que estoy en la secretaría de Estado me he preocupado por preguntar al director general que lleva las convocatorias del plan nacional por el estado de las convocatorias. Creo
que fue el 31 de diciembre cuando salió la convocatoria de proyectos, sobre las de formación de personal investigador no he traído la información, pero en todo caso tendría que reconocer, si es que ha habido aplazamientos respecto a otros años, que
mi obsesión ha sido que no hubiera aplazamiento, por lo que me extraña que la ejecución haya ido asociada a esos aplazamientos. No ha sido esa la intención, al menos por la información que tengo, y tengo que reconocer que la historia que puedo
contar desde la secretaría de Estado es de los escasos cuatro meses que llevo. No ha sido voluntad aplazar las convocatorias, creo que ha sido preocupación del director general que se cumplieran todos los trámites de las previsiones e informes del
Ministerio de Economía para que salieran en condiciones en el boletín y cuanto antes; por lo tanto, no lo asocio al grado de ejecución, pero, en todo caso, como no puedo confirmarlo con datos y tampoco tengo la referencia de las convocatorias del
año pasado, estoy dispuesto a reconocer si es que estoy equivocado en este diagnóstico.



Me ha parecido también entender que en el tema relacionado con presupuestos manifestaba el señor Elorriaga cierta preocupación por la agencia estatal de investigación. Hay una frase en el texto que conoce y que finalmente vendrá al
Parlamento que hace referencia al coste de la implantación de la agencia y se dice que tiene que ser a coste cero.
Hemos entendido que hay unidades que en este momento forman parte de la estructura del Ministerio de Ciencia e Innovación que están
desarrollando un trabajo que va a tener que hacer esta agencia estatal, y por lo tanto cuando hablamos de coste cero de esta agencia no se puede entender más que no solo será un coste para la puesta en marcha de la agencia sino que también habrá una
amortización en términos de un uso de unos presupuestos que ahora se destinan a unas unidades del ministerio y que tendrán que derivarse a la agencia estatal. Quiero comentar en este punto una cuestión que me suelen preguntar cuando hago una
reflexión de este tipo, y desde luego no estoy yo aquí para explicar estructura de Gobierno, que ya lo hará quien lo tenga que hacer en su momento, pero si tengo que decir algo es que las políticas de ciencia y de innovación las tendrá que seguir
marcando un ministerio -ojalá de estas características-. No en vano he señalado que en la Comisión Europea hay una comisaría que tiene las competencias equivalentes a las de Ciencia e Innovación. Entiendo que unas cosas son las competencias de la
agencia y otra cosa son las del ministerio, que es el que tiene que marcar los criterios y las decisiones políticas. Entiendo que es compatible lo que estoy diciendo con la conveniencia de que este sistema disponga de esa agencia. Entre otras
cosas, he traído también algunas referencias sobre cómo está en otros países el tema de las agencias, y estamos haciendo una propuesta que nos iguala a las políticas en otros países. Otra cuestión que podía señalarse es si esta agencia podía tener
también las competencias relacionadas con la innovación. El modelo en Europa, salvo un país, tiene una agencia de las características de las que se crea en esta ley y además disponen de políticas y de otros instrumentos para los temas de
innovación. Insisto en que si en algún momento no respondo, o no del todo, a alguna cuestión que se me plantea, podemos retomar la oportunidad de profundizar.



Respecto a la señora Riera, no puedo estar más de acuerdo en la primera parte de su intervención. Creo que ha hecho un diagnóstico y ha señalado tres procesos, uno relacionado con la ley de ciencia, tecnología e innovación -que es la que
más nos ocupa-, otro de la ley de economía sostenible, y me ha gustado la incorporación de la estrategia Universidad 2015. Lo tengo que decir así porque no puede ser un elemento disociado de estas dos leyes ya que tienen una relación y estamos
hablando del futuro del sistema universitario en el horizonte de 2015. La voluntad de vigencia de esta ley ojalá sea al menos lo que ha supuesto la ley de 1986, pero ahora mismo hay una reflexión, un debate, un diseño, un remover las instituciones
universitarias en torno a las propuestas de campus de excelencia y en torno a la estrategia Universidad 2015, que no podría estar olvidada en este contexto. Ha hecho referencias también al papel que tiene la suma de todos estos instrumentos como
modelo de futuro, ha hecho referencia a la necesaria estabilidad para que estas medidas pudieran ser más eficaces, ha hecho referencia al momento crítico económico -en el que no voy a insistir-, pero ha entrado después en cuestiones que pueden
requerir alguna respuesta. Ha hablado por una parte de política de investigación y por otra de la propia ley. En política de investigación la primera reflexión era sobre el modelo de funcionamiento, sobre la falta de flexibilidad, que los OPI son
los principales agentes, que hay que avanzar en el cambio del modelo y ha hecho una reflexión, que comparto, sobre la implicación del sector privado. Algún otro interviniente -creo que era el señor Beloki- también ha hecho referencia a que se veía
que era una reforma la de la ley desde lo público para lo público y que la sociedad está demandando un refuerzo de esa implicación del sector privado. En el diagnóstico estaremos de acuerdo, sobre hasta dónde se puede explicitar en esta ley
seguramente podríamos debatir, pero, estando de acuerdo en el diagnóstico, hemos querido llegar hasta donde hemos podido. Y es la misma sensación que tengo cuando se nos reclama que seamos más explícitos en el tema de la innovación. No voy a
repetir el argumento de las competencias, pero el nivel competencial no es el mismo en ciencia que en innovación y ha habido alguna intervención en la que se nos ha hecho ver que posiblemente nos hayamos extralimitado.
Primero, no hay voluntad de
entrometernos en el nivel competencial de las comunidades autónomas. Creemos que lo hemos cuidado, pero como no estamos en posesión de la verdad, si se nos hace llegar alguna observación porque no intencionadamente


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no hemos acertado, lo tendremos que corregir. Este texto del día 22 ha pasado por el Consejo de Universidades, pero también ha pasado por el consejo en el que están representadas todas las comunidades autónomas, donde se nos han hecho
algunas reflexiones. Cuando hemos participado de esa reflexión inmediatamente hemos modificado la redacción para que eso no sea así. Porque voluntad no hay. La señora Serna también ha hecho referencia a que, aun entendiendo el nivel competencial
distinto, estaremos de acuerdo en que, aun respetando las competencias, no parece que haya nada que impida colaborar o coordinar. No sé si habremos acertado. Estaremos a su disposición para arreglar las cosas que sean mejorables, pero el principio
es no invadir competencias y tratar de poner la innovación al máximo en el papel que parece que todos reconocemos.



La señora Riera hacía referencia a los recursos y a qué había pasado en 2010. Tengo que reconocer, y perdón por la respuesta, que mi preocupación está más en términos de 2011 que de 2010. Nuestro trabajo se está centrando más en dar la
mejor respuesta en los presupuestos de 2011, porque luego haré referencia a dónde han ido los 122 que han correspondido a la parte del Ministerio de Ciencia e Innovación, pero en 2010 -creo que lo he contestado también en mi intervención- las
convocatorias han salido y lo han hecho con los compromisos y las cantidades del ejercicio 2009, alguna -tendría que ir al documento- con alguna aportación superior, en alguna con alguna aportación inferior, porque en los compromisos de Ingenio 2010
hemos llegado a 2010 con la idea de alcanzar los objetivos que nos marcamos antes de agotar el periodo. Por ejemplo, en la convocatoria de Consolider -si estoy en lo cierto y creo que lo estoy- hubo el compromiso de llegar a 75 proyectos en el
horizonte 2010, y en 2009 estamos ya en 70. Eso quiere decir que lo que hasta ahora era habitual, aprobar del orden de 10, 11 o hasta algún año 13 proyectos, alcanzar el objetivo que nos marcamos en 2010 supone que este año garanticemos los 5 que
faltarían de 70 a 75. El ejercicio que han hecho los organismos públicos de investigación partiendo de la dotación presupuestaria desde el ministerio con un uso de sus remanentes ha ayudado a que en 2010 las cosas estén enfocadas, y es lo que me
hace estar más ocupado -me gusta más decir que estoy ocupado que preocupado- por el presupuesto de 2011, y ya están avanzados algunos trabajos encaminados a dar la mejor respuesta desde el Ministerio de Ciencia e Innovación al horizonte de 2010
porque entendemos que en 2010, aun con las dificultades, los datos que estamos proporcionando son los del mantenimiento de los compromisos.



La señor Riera hacia referencia a la insuficiencia de algunas medidas contempladas en el proyecto de ley de economía sostenible. He dicho al principio que me permitieran no ser más explícito dado que no es un proyecto que sea de nuestra
responsabilidad. Tengo la información de los artículos a los que hace referencia la ley, pero en mi exposición he querido incidir más en el carácter de complementariedad en el ámbito que nos ocupa de la ley de economía sostenible y de la ley de
ciencia, tecnología e innovación. Y no sólo complementariedad, sino que he hecho referencia también a que no debe haber ninguna contradicción, tiene que haber una coherencia entre las dos propuestas. Y desde luego no tengo nada que objetar al
diagnóstico que hacía sobre las bondades de las medidas relacionadas con la fiscalidad como estímulo para que este modelo sea de verdad de innovación y tenga el papel que le corresponde en el cambio de modelo productivo. Ha reconocido el avance en
materia de investigación, pero inmediatamente nos ha señalado el camino que queda por recorrer en la innovación, y en el marco de esta ley en la innovación nos vemos con la limitación de las competencias, con una parte que tiene que estar recogida
en la ley de economía sostenible, y por lo tanto de acuerdo. Pero ha hecho una pregunta en concreto sobre el grado de aprovechamiento de los fondos europeos, que no lo he tocado ni en mi exposición ni hasta ahora en las respuestas. La información
de que dispongo es que en el caso de los fondos Feder la senda que se marcó está cumpliéndose con los parámetros y los indicadores, en particular en el programa de economía del conocimiento, y donde hay cierto retraso es en los correspondientes al
fondo tecnológico. Me señalan que hay dos comunidades que tienen cierto retraso en los indicadores que nos habíamos marcado, pero que no están poniendo en duda la ejecución de las partidas relativas a estos dos fondos.



No puedo estar más de acuerdo en el diagnóstico que ha hecho relacionado con docencia, investigación, estrategia Universidad 2015. Lo que sí le puedo señalar es que he participado en la política cuando las universidades estaban en el
Ministerio de Ciencia e Innovación, y ahora que están en el Ministerio de Educación y la parte de investigación en el de Ciencia e Innovación. Señalé en su día la necesaria coordinación entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y el de Educación
porque el sistema educativo también requiere de una coherencia desde el nivel no universitario y el universitario. Ahora reclamo y participo de una coordinación en el ámbito universitario habida cuenta de cómo están las competencias. No solo
participo, es que cuando se redactaron los decretos de estructura de los dos ministerios, por primera vez se contempla la coordinación con una comisión que está a punto de constituirse -tiene ya fecha para la convocatoria-. Por lo tanto, la señora
Riera nos está señalando los elementos de, -es en ese ámbito de coordinación con participación de los dos ministros, el ministro de Educación y la ministra de Ciencia e Innovación, y tres miembros más de la estructura de cada departamento, donde
tendremos que garantizar las cuestiones de estrategia Universidad 2015, también en las convocatorias de los campus de excelencia-, esa coordinación que nos reclamaba. Por lo tanto, los instrumentos los tenemos y lo vamos a llevar a cabo.



No puedo estar más de acuerdo en que esta ley debe ser una oportunidad real, y nos ha señalado cinco requisitos mínimos y un conjunto de principios. No sé si estará el


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articulado dando respuesta suficiente a esa reflexión, pero el preámbulo está manifestando que la voluntad de los redactores ha sido cumplir con esos mínimos y cumplir con esos principios. Cuando se vea el redactado final quedo a su
disposición para que, si no están suficientemente recogidos los aspectos que nos ha señalado, podamos avanzar. Nos ha hecho referencia a que en el tema de la agencia debe estar garantizado el respeto a las competencias. Tengo que decir aquí que la
propuesta quiere que esté esa garantía y espero que así sea. En los informes de las comunidades autónomas hemos sido muy respetuosos con las observaciones que nos hicieron los consejeros con una sesión preparatoria de directores generales en el
ámbito competencial, pero si aún así hubiera alguna dificultad, como no es la voluntad del legislador ni del Gobierno invadirlas, creo que nunca será un problema.



Me dicen que el señor Beloki no está y no sé si procede entonces contestar.



La señora PRESIDENTA: Si hay alguna cuestión que quiera reflejar puede decirla.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE INVESTIGACIÓN (Pétriz Calvo): Hay una cuestión que sí quiero comentar, porque nos ha manifestado al final una preocupación; hablaba en términos de que hay alguna información que no se le ha proporcionado.
Yo era desconocedor de que se hubiera pedido esa información; solo quiero transmitirle que tomo buena nota y que seguro que no habrá inconveniente en facilitar la información que parece que le preocupa. Querría dejar constancia de que no somos
conocedores ni tenemos la voluntad de ocultar ninguna información sino más bien al contrario. Ha habido dos aspectos, uno el tema competencial, al que ya no voy a hacer ningún comentario porque lo he hecho con carácter general. Precisamente él era
el que decía que echaba en falta, de hecho quería recoger el sentir de algunas empresas o empresarios, la incorporación del sistema privado. En el conjunto de reuniones que hemos mantenido en los últimos días también nos hemos reunido con las
organizaciones empresariales, y creemos estar en condiciones de afirmar que el texto ha recogido sugerencias que nos han hecho estas organizaciones, y seguramente lo va a poder apreciar en el texto que llegue al Parlamento.



Respecto a la señora Serna había varios aspectos; uno hacía referencia fundamentalmente a los recursos humanos, a la carrera; ella conoce bien que ha habido otras comunidades que ya habían optado por el cambio de modelo y ha hecho una
referencia, que le agradezco, al papel de Juan Antonio Rubio. No puedo estar más de acuerdo. Únicamente un matiz, yo sé -al menos así lo interpreto- que en las universidades también reclamaban la responsabilidad social de las instituciones; a la
investigación yo también le quiero reclamar la responsabilidad social, entre otras cosas porque hoy por hoy los fondos públicos de los que se nutre requieren que el sistema responda a la sociedad y, por lo tanto, para mí eso es responsabilidad
social, hasta puede que tenga algún error de concepto, pero estoy convencido. En el ámbito de la innovación todavía veo que está más justificado, pero cuando este debate profundiza en él se corre el riesgo de pensar que aquello que no tiene la
aplicación inmediata a lo mejor no es tan útil, y yo no estoy en esa posición ni por ámbitos de conocimiento, que no todos están igual de preparados para hablar de una rentabilidad. La historia de la ciencia está llena de ejemplos de que lo básico
de hoy mañana se aplica, de que lo aplicado hoy mañana repercute en una mejora de lo básico; los avances están tan enriquecidos en los dos ámbitos que no me gustaría que llegáramos a la conclusión de que aquí solo se va a hacer la investigación
rentable al día siguiente porque sería un error, porque la ciencia no avanza solo con lo que se investiga para aplicar. Por consiguiente, estoy de acuerdo con su diagnóstico y me permito añadir algo. He tenido comunicados escritos que me dicen:
quitar toda la referencia a la innovación porque esta debe ser la ley de la ciencia y la tecnología. No estoy en esa posición; la recuperación del ámbito de la innovación respetando las competencias de las comunidades autónomas es un principio,
pero que no se deduzca que aquí hay un descuido, ni a ningún ámbito de conocimiento ni, por su puesto, a esa investigación básica. Raro es el día que no voy a las definiciones de investigación básica, de investigación aplicada, de innovación, y
aquí no hay nada que sea exclusivo; la cadena de conocimiento empieza donde empieza, termina algunas veces con una aplicación en el tejido productivo y otras veces, hoy no pero mañana igual sí; y esto hemos de cuidarlo porque si no confundiremos
el ámbito de aplicación de la ley.



Preguntas concretas. ¿La ley resuelve la cuestión competencial? No es que resuelva la cuestión competencial, esta ley no la debe resolver, esta ley debe tener en cuenta las competencias de distinto nivel en un ámbito y en el otro. Desde
luego, las medidas asociadas al papel de la compra pública, al rendimiento de los fondos públicos, están aquí también. Le oigo a la ministra una expresión: me gusta oír, y ojalá sea realidad, que esta ley va a permitir pasar de gobernar desde la
desconfianza a la confianza. Pero esa confianza, con una rendición de cuentas que permita más flexibilidad, que permita trabajar con más comodidad, y que eso lo hagamos compatible con que se rinda cuentas de lo que se ha hecho. Por ello en Europa
y en nuestro sistema estamos reclamando indicadores para después, indicadores que digan qué has hecho con lo que en su día se te dio la confianza para que hicieras. Estamos más acostumbrados a medir indicadores para arrancar, cuánto invertimos, qué
porcentaje, y esto tiene que venir completado con indicadores que digan cuánto rinde eso que en su día pusimos en marcha. En cuanto al rendimiento de los fondos públicos, para esto la agencia estatal que es un elemento esencial y, por lo tanto,
creo que hay respuesta.



Ha habido más preguntas. ¿Han bajado las becas? Con los datos que tengo, y son reales, las convocatorias están garantizadas; las del plan nacional están todas en el


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boletín, todas han terminado salvo una que creo falta algún día para completar los plazos, y estoy seguro de que a fecha de hoy no ha habido merma ni en número de becas FPI ni de FPU en el Ministerio de Educación, que también lo conozco
bien, ni en Ramón y Cajal ni en Juan de la Cierva.
Sobre esas convocatorias pongo los datos a su disposición porque no ha habido merma.



Respecto al papel de las universidades, siento que viniendo de donde vengo hoy se haya echado en falta en el discurso más énfasis en universidades, pero les garantizo que una de las críticas que yo hice a un borrador era que la universidad
no estaba en el lugar que le correspondía; no sé si se habrá logrado pero ahora está más visible y más reconocida, y no sé si es suficiente. Eso lo dejo a su juicio.



Preguntaba también la diputada Serna si vamos a incentivar la investigación asociada a los grandes retos. Los debates de Europa son estos, ciencia comprometida, ciencia implicada y ciencia asociada a los grandes retos, y en particular los
cuatro o cinco ejemplos que le hemos oído. La referencia a la Reina Roja me gusta. Como matemático lo suelo decir de otra manera, si yo quiero progresar no tengo que pensar solo en qué hago para ir más rápido, tengo que ver también la velocidad
que llevan otros porque si no no los voy a alcanzar, porque los otros no están parados, los otros también avanzan, si estoy más atrás tengo que acelerar para superarles un día. Ese era el mensaje, y creo que esta ley -ojalá lo consiga- quiere
acelerar el ritmo del avance de la ciencia, no tanto en los indicadores porque ya nos hemos colocado a su nivel sino en esos déficit que tenemos más asociados para la innovación y para la transferencia. Eso ha sido un punto común en todas las
intervenciones.



Disculpen la extensión.



La señora PRESIDENTA: Debo agradecerle sinceramente lo pormenorizado de sus explicaciones. Ahora seré estricta, tres minutos, por favor.



El señor ELORRIAGA PISARIK: Solo por terminar de aclarar las posibles discrepancias. Insiste el secretario de Estado en que las dos grandes aportaciones son la agencia y las becas. Sobre la agencia, la ley aprobada en julio de 2006, en su
disposición adicional tercera, preveía la creación de la Agencia Estatal de la Financiación y, a continuación, la disposición adicional quinta establecía un plazo de dos años para que se crease. Ese plazo, por tanto, venció en el mes de julio de
2008, pocos meses después de crearse este ministerio. No dudo, no tengo por qué hacerlo, de su palabra, pero el compromiso político lo es del Gobierno y, por lo tanto, el compromiso político del Gobierno lleva incumplido durante dos años, y
específicamente el de este ministerio, más allá del Gobierno que aprobó la ley, lleva incumplido desde los seis primeros meses; desde que tuvo la obligación de crear la agencia lo único que ha hecho es demorarla hacia una futura ley. Eso es lo que
quería expresar.



Por otro lado, la ley que está ahora prevista nos dice que se creará una Agencia Estatal de Financiación, Evaluación y Prospectiva de la Investigación Científica para el fomento, desarrollo, ejecución, asesoramiento y prospectiva de las
políticas públicas mediante la evaluación de la investigación con estándares internacionales, y la distribución competitiva y eficiente de los fondos públicos destinados a I+D. Suscribo al cien por cien la previsión legal vigente, pero eso no es lo
que dice la nueva ley, no dice nada de esas características, solo dice que se creará una ley y lo único que añade es: la creación de la agencia se realizará sin aumento de gasto público y no se financiará con créditos del presupuesto financiero del
Estado, salvo en los casos y con los límites que se establezcan en las leyes de presupuesto. Es decir, no contiene la previsión legal ninguna de las orientaciones que sí incluye el texto vigente y, sin embargo, establece limitaciones hasta ahora no
existentes.



En relación a las becas, nosotros llevamos desde el inicio de esta legislatura aprobando la transformación en contratos laborales de los becarios de investigación con carácter general sin ninguna duda, en ese asunto no hay discrepancias.
Ahora bien, en este momento son muchas las comunidades autónomas que ya tienen contratos laborales para sus becarios y lo están haciendo con arreglo a la legislación laboral vigente; es decir, sin rebaja ninguna en los derechos sociales. Comprendo
que la voluntad de ahorro presupuestario lleve a establecer en este proyecto cuotas bonificadas que conllevan a su vez a restricciones en la generación de derechos, pero eso no es lo que están haciendo ahora. En ese sentido, tampoco es un paso
adelante suficiente, ni era necesaria la ley ni el paso que da la ley es el que se está pretendiendo desde hace algún tiempo. Pero más que todo esto, es lo que más me preocupa, es la información que nos manifiesta sobre si la acogida es buena o no
es buena, en general, en la comunidad a la que va destinada. Es evidente que en un texto como este la coordinación con el Ministerio de Educación y Universidades es absolutamente básica. Es ya pintoresco que la coordinación entre dos ministerios
tenga que hacerse mediante una comisión de coordinación, es inaudito, esto no existe en ninguna parte, el Gobierno se coordina en el Consejo de Ministros y con los vicepresidentes del Gobierno. Pero estando prevista esta comisión de coordinación es
notable que en un año no se haya reunido y, no habiéndose reunido, lo que llama la atención es que pase lo que pasa. Y lo que pasa es que aprobado ya el anteproyecto de ley en el Consejo de Ministros la mesa de universidades se reúne con el
Ministerio de Educación donde están representados los sindicatos mayoritarios, y se dicen dos cosas: la primera me preocupa; la segunda, extraordinariamente. La que me preocupa es la oposición sindical a este proyecto; se dice que el articulado
interfiere sustancialmente en la carrera profesional del personal docente y se dicen otras muchas cosas. Lo que más me preocupa, insisto, no es la oposición sindical, lo que me preocupa es lo que los sindicatos transmiten que es la


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opinión del Ministerio de Educación, insisto, aprobado ya el texto por el Consejo de Ministros, y se dice: Existe coincidencia con el Ministerio de Educación en la oposición a la acreditación automática a titular de universidad del personal
investigador con contrato de acceso del sistema español de ciencia y tecnología. Se dice también: Consideramos innecesarias e improcedentes las modificaciones de alto calado que la disposición adicional decimonovena del anteproyecto realiza sobre
la Lomlou; y se dice también: Los sindicatos hemos propuesto la eliminación de la modificación del artículo 73 de la LOU por considerar que esta modificación supondría dejar al personal de Administración y Servicios fuera del estatuto. El
Ministerio de Educación se suma a esta propuesta de eliminación. Es decir, pasado el texto por el Consejo de Ministros lo que se identifica es una grave discrepancia del Ministerio de Educación con contenidos sustanciales de esta ley. Y eso es lo
que convendría que hoy quedase perfectamente claro.



La señora PRESIDENTA: Señor Elorriaga, el tiempo está agotado. Señora Riera, tiene tres minutos.



La señora RIERA I REÑÉ: Seré breve. Agradezco al secretario de Estado sus aclaraciones generales y específicas con relación a mi intervención.
Quisiera hacer tres breves consideraciones al respecto. Los presupuestos de I+D+i de 2010,
todos miramos a 2011 y hemos de mirar ahí, pero hemos de ser muy conscientes de lo que hemos conseguido y el punto de partida.
Y no es bueno, porque no han sido ni son los que el sistema y los que el tejido y el momento económico requerían. Esto
es un punto de partida. La crisis es cierto que conlleva una serie de restricciones y también presupuestarias, pero es este entorno el que obliga a priorizar. En el grupo parlamentario que represento entendíamos que una de las prioridades tenía
que ser la política y unos presupuestos mejor orientados, que dotasen mejor lo que representa la investigación, el desarrollo y la innovación. Este es un punto de partida independientemente de que estemos de acuerdo en que hemos de trabajar de cara
a 2011. Activar también nuevas medidas no solo financieras sino también fiscales, y es en este marco en el que la ley de economía sostenible, aunque no sea su responsabilidad directa sí lo es indirectamente porque en el marco de dicha ley la I+D+i
tiene un papel muy importante y se activan medidas fiscales y financieras que afectan a la I+D+i. Por tanto, todos tenemos una responsabilidad en este ámbito. En relación con la ley, hemos hecho referencia a cómo entendemos que ha de ser; no nos
hemos referido y no hemos concretado cómo la vemos y qué aspectos para nosotros constituyen los pasivos o los activos. Entendemos que hoy era el momento, desde nuestro punto de vista, de decir cómo ha de ser, y en este sentido hemos transmitido los
ejes principales que ha de recoger y alguno de los puntos más concretos. Lo que defendemos y defenderemos es que hemos de apostar por una ley si es una oportunidad, y si esta cubre los objetivos que según nuestro grupo parlamentario ha de cubrir.
Y una oportunidad de cambio, no una ocasión de reforzamiento de un determinado modelo que entendemos ha de cambiar; por consiguiente, esta ley ha de perseguir más eficiencia, más innovación, ha de incorporar más universidad, más flexibilidad en el
modelo, en las estructuras en los sistemas de contratación, más respeto competencial también, más reconocimiento de modelos y estructuras de éxito entre públicas y privadas -en Catalunya tenemos ejemplos muy válidos con fuerte prestigio y
reconocimiento internacional-, y ha de contener menos burocracia, menos homogeneización, más coordinación y menos rigidez. Estos son algunos aspectos que nuestro grupo parlamentario planteará también en las próximas sesiones que tengamos, que a
buen seguro se darán en las próximas semanas, para hablar de la ley de la ciencia.



Quiero acabar disculpándome porque he llegado una vez iniciada la intervención por tener que compatibilizar esta Comisión con la de Economía, donde teníamos la comparecencia del secretario de Estado y he tenido que intervenir. Deseo éxitos
al secretario de Estado porque su éxito será el de todos, y necesitamos éxitos en las políticas de I+D+i.
Si se dan todos estos requisitos el apoyo de nuestro grupo parlamentario lo tendrá bien seguro.



La señora PRESIDENTA: Señora Serna.



La señora SERNA MASIÁ: Señor secretario de Estado, solamente dos cuestiones para que quede claro fundamentalmente en el 'Diario de Sesiones' de la Comisión. Lo que planteamos, desde luego, es el apoyo total a la investigación básica. De
hecho lo que hemos estado diciendo es que, en primer lugar, había que consolidar el papel de la ciencia en esta ley; lo que ocurre es que la ciencia, la I+D, en nuestro sistema es el hermano mayor y en el hermano pequeño, la i pequeña, si se
invierte con inteligencia y bien también nos va a ofrecer muchos recursos para invertir en la ciencia. Es la pescadilla que se muerde la cola. Podríamos haber hablado de mecenazgo y mil cosas pero ya no daba tiempo. Por otro lado, de la misma
forma que Europa solo va a avanzar en una unidad de acción de los Veintisiete países que la conforman, creemos sinceramente que nuestro país, respetando todas las competencias, no va a avanzar si no hay una unidad de acción entre sus regiones
políticas, y utilizo el término, región, y no comunidad autónoma porque es muy usado en Europa, pero hay coordinación o tendremos grandes dificultades.



La señora PRESIDENTA: Señor secretario de Estado, su último turno.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE INVESTIGACIÓN (Pétriz Calvo): Brevemente.
Señor Elorriaga, soy consciente de las normativas a las que ha hecho referencia, los compromisos adquiridos de creación de la agencia. No puedo decirle otra cosa
mas que esta agencia


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va en serio, que de ser aprobada esta ley como esperamos, en el plazo que marca esa disposición, se cree la agencia respondiendo a la previsión a la que ha hecho referencia, que a fecha de hoy tiene un redactado no sé si exactamente pero más
próximo al texto que nos ha leído. Y como estoy hablando de futuro, solo le pido la confianza en que tenemos la voluntad de que esa agencia sea realidad cuanto antes. No sé si cuando se aprobaron esas normas a las que ha hecho referencia había un
borrador de estatutos, pero ahora hemos entendido que si el día que el Consejo de Ministros considere en segunda vuelta este texto de la ley tiene allí el borrador de los estatutos, me parece que es más creíble. No tengo más que decir.



Me ha dejado preocupado porque creo que está garantizado en la ley que no hay merma de derechos para los contratados por mucha deducción que haya en la cotización a la Seguridad Social. Mi obsesión ha sido que la merma de derechos de
prestaciones sociales de un becario porque cotizaba con 402 euros pase a cotizar 5.000 y algo, pero con la deducción del 30 por ciento en contingencias comunes debe estar en 4.500 -estoy hablando de memoria-, y no estoy en un escenario en el que se
piense que esa deducción suponga merma de derechos; es una bonificación o una deducción y soy consciente de que no debo manejar con rigor bonificación y deducción, seguro que usted lo sabe mucho mejor que yo, pero existe la voluntad de garantizar
la plenitud de los derechos de las prestaciones sociales. Por si fuera posible que haya alguna merma, lo voy a revisar, porque no es la voluntad, y con la fórmula con la que lo hemos establecido no la hay, pero lo voy a vigilar.



Le puedo garantizar que esta ley no llegará con un desacuerdo entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia e Innovación porque aunque es verdad, se ha recogido alguna noticia, que se va a constituir esa comisión no quiere
decir que no haya habido la coordinación que ha tenido que existir. Vengo de donde vengo, he venido hace cuatro días y por lo tanto sé muy bien qué cosas se han hecho en Educación y el Ministerio de Ciencia e Innovación para tener el redactado que
a fecha de hoy tenemos. Lo que no voy a hacer es entrar en la valoración de los comunicados, que respeto, pero mi interlocutor es el Ministerio de Educación, y le puedo garantizar que no va a venir un texto con una discrepancia porque va a venir un
texto del Gobierno y eso estará garantizado. Soy conocedor del texto al que ha hecho referencia.



A la señora Riera le agradezco sus últimas palabras de deseo de éxito; si algún éxito tenemos será un éxito para todos y además será de todos. Ha incidido, he tomado buena nota, en cuestiones que son irrenunciables en este momento para que
esa oportunidad de cambio sea real. Compartimos ese diagnóstico, lo único que puede ocurrir es que la respuesta no sea a su juicio suficiente, pero tiempo habrá de mejorar si es que ha sido así, porque a fecha de hoy tengo que decir que esas
prioridades que nos marca y esos principios están compartidos. Por lo tanto, seguro que llegamos a ver los textos respondiendo al máximo a esas cuestiones. Agradezco la intervención de la señora Serna sobre la investigación básica; no podía ser
de otra manera, pero por si acaso había alguna duda me he permitido hacer esa observación; y en los debates de la Unión Europea es esa unidad de acción la que se está reclamando, unidad entre Estados miembros, unidad global y con las regiones. El
último debate que se ha mantenido en Sevilla sobre políticas regionales ha venido a incorporar en el debate también el nivel de las regiones entendidas como comunidades autónomas o no, porque en otros países no tiene por qué ser así. Es el mensaje
que se está trabajando en la Unión Europea y creo que el futuro está bien enfocado, aunque son respetables las opiniones por supuesto.



Había prometido que diría dónde habían ido los 122 millones de las enmiendas; transferencias de OPI, 8.500; nominativas al servicio de la Secretaría de Estado, 70.607; fondo nacional de la Dirección General de Investigación, 27.000;
nominativas de la Dirección General de Cooperación Internacional, 10.592; fondos de la Dirección General de Cooperación Internacional, 6.000. Esto es lo que hace la suma de los 122.699.



La señora PRESIDENTA: Reitero la bienvenida a su primera comparecencia en esta Comisión. Muchas gracias por todas sus explicaciones. Esperamos vernos en una próxima oportunidad.



Se levanta la sesión.



Eran las dos de la tarde.