CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2010 IX Legislatura Núm. 496

TRABAJO E INMIGRACIÓN

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN ANTONIO BARRANCO GALLARDO

Sesión núm. 31

celebrada el miércoles, 17 de marzo de 2010

ORDEN DEL DÍA:


Debate sobre:


'Informe de evaluación de los resultados del actual sistema de bonificaciones a la contratación' y, en su caso, aprobación de propuestas, a los efectos previstos en la disposición adicional tercera de la Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de
medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 043/000044.) ... (Página 2)

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Se abre la sesión a las cuatro y cuarenta y cinco minutos de la tarde.



El señor PRESIDENTE: Iniciamos la sesión de la Comisión de Trabajo e Inmigración que, como ya conocen ustedes, está convocada para debatir el informe de evaluación de los resultados del actual sistema de bonificaciones a la contratación y,
en su caso, la aprobación de propuestas a los efectos previstos en la disposición adicional tercera de la Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas
desempleadas.



Una vez escuchados los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, les voy a comentar brevemente cuál es el procedimiento de trabajo que vamos a seguir esta tarde. En primer lugar, quiero informarles de que, inmediatamente después de
levantar la sesión de la Comisión, tendremos una reunión de Mesa y portavoces, tal como habíamos quedado con anterioridad, y, por tanto, ahí fijaremos algunas de las cuestiones que tenemos pendientes. En el transcurso del debate de esta tarde
intervendrán los portavoces de todos los grupos parlamentarios, la mayoría de los cuales ha elaborado ya un documento sobre propuestas para elevar al Gobierno y, por tanto, darán las razones, la explicación y la justificación de ese documento, que
será entregado a la Mesa. Aquellos grupos que todavía no hayan podido o no hayan tenido tiempo de elaborar ese informe tendrán de plazo hasta el martes de la semana que viene a las catorce horas para entregar los suyos. Con los documentos que se
aporten hoy en la Comisión se empezará a trabajar, y les ofrezco dos posibilidades: una, que los propios portavoces antes de la próxima reunión de la Comisión para aprobar ya el documento que se envíe al Gobierno intenten llegar a un acuerdo entre
todos los grupos parlamentarios; o bien, les sugiero, que con los documentos aportados el propio letrado de la Comisión haga un documento que someta el próximo día a la consideración de los grupos parlamentarios, con la intención, con la idea por
parte de todos, según me han expresado los portavoces, de hacer todos los esfuerzos posibles para llegar a un documento común, consensuado entre todos los grupos parlamentarios. Este sería el modus operandi. En la reunión de Mesa y portavoces
fijaremos ya de forma oficial el día y la hora de la próxima sesión, así como algunas otras cuestiones que tenemos pendientes, como la comparecencia de la secretaria de Estado de Inmigración y las sesiones de la Comisión para debatir las PNL y las
preguntas que tenemos pendientes. Si estamos todos de acuerdo en este procedimiento, sin más preámbulos y mientras nos facilitan las fotocopias de los documentos que nos han hecho llegar a la Mesa los distintos grupos parlamentarios para repartir
entre todos ustedes, empezamos la sesión, y lo haremos dando la palabra a los grupos de menor a mayor. (El señor Membrado Giner pide la palabra.)


Señor Membrado.



El señor MEMBRADO GINER: Señor presidente, entiendo que hasta el martes a las doce de la mañana hay tiempo para la presentación a la Mesa de aquellas propuestas que en estos momentos no existen y que a partir de las doce de la mañana del
martes hasta la convocatoria de la reunión podemos ponernos de acuerdo los distintos portavoces en un texto único.
¿Eso así el procedimiento?


El señor PRESIDENTE: Así es. Esto es lo que me ha solicitado la portavoz del Grupo Parlamentario Popular y por mi parte no hay ningún inconveniente en acceder a ello. ¿Era a las catorce horas, doña Carmen?


La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: No sé lo que opinarán los representantes de los demás grupos, pero quizá fuera mejor hasta las catorce horas, y tenemos toda la tarde y mañana para negociar.



El señor PRESIDENTE: Para que esta vez no haya confusiones, hasta el martes a las dos de la tarde.



Señor Llamazares, tiene usted la palabra.



El señor LLAMAZARES TRIGO: Voy a ser muy breve porque al mismo tiempo han convocado una reunión de la subcomisión de reforma electoral y no quiero que se reforme el sistema electoral sin que yo esté presente. (Risas.- Un señor diputado:
No, no; está claro.) Paso por tanto directamente a las propuestas de mi grupo respecto a las bonificaciones, propuestas que les hemos hecho llegar por escrito.



En primer lugar, en relación con las bonificaciones somos uno de los países de la OCDE que más dinero dedica a estas políticas desde finales de los años noventa, en torno al 0,27 por ciento del PIB. En 2010, 2.850 millones de euros; una
cantidad, por tanto, relevante. Durante la serie de años en que se han puesto en práctica han representado entre el 60 y el 70 por ciento del total de los recursos destinados a las políticas de fomento de empleo; como media en torno a un 64 por
ciento. Estos datos ponen de relieve la importancia que han adquirido las bonificaciones dentro de los programas de fomento de empleo. Por ello, tiene también importancia la reflexión que se ha abierto para evaluar los resultados del sistema de
bonificaciones a la contratación, desarrollando la disposición adicional tercera de la Ley 27/2009.



Nuestras conclusiones son las siguientes. En primer lugar, que los contratos incentivados no han logrado contribuir a la creación de empleo o a la reducción del paro, generando aparentemente considerables efectos de peso muerto; los
resultados se habrían obtenido igualmente sin los incentivos conocidos. La temporalidad tampoco ha resultado mejorada sustancialmente, los resultados no son alentadores, al menos desde nuestro punto de vista; la tasa de temporalidad en nuestro
país ha pasado del 33,4 por ciento en 1999 al 31,7 por ciento en el año 2007. En todo caso el reto ahora es crear


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empleo y las bonificaciones no son el procedimiento más adecuado si tenemos en cuenta esta primera reflexión.



En segundo lugar, considerando que estas bonificaciones se financian con recursos de los servicios públicos de empleo a través de la cotización por desempleo; que el gasto en protección por desempleo ha aumentado considerablemente por la
crisis -unos 34.000 millones de euros para este año-, y que el déficit público también alcanza un nivel relativamente elevado, nuestra reflexión es valorar si ha llegado el momento de abandonar las subvenciones a la contratación en forma de rebaja
de cotizaciones y destinar los recursos que así se liberen a otras medidas que puedan tener un mayor impacto directo en el nivel de empleo o en la propia protección social de los trabajadores que se encuentren en situación de necesidad como
consecuencia del desempleo.



En tercer lugar, pensamos que lo más razonable con carácter general es reorientar el grueso de las bonificaciones a otros usos que se han demostrado más efectivos, directamente a prestaciones por desempleo para sostener el consumo y la
demanda, y aliviar las situaciones más complicadas por el aumento del desempleo, o bien a verdaderas políticas de fomento de empleo transferidas a las comunidades autónomas, en particular a las dirigidas a la orientación de trabajadores desempleados
y a la inserción laboral.



En cuarto lugar, como complemento de estas políticas activas y para solucionar los problemas laborales de las personas con mayores dificultades para acceder al mercado de trabajo, podría aceptarse que de forma selectiva estos incentivos
pudiesen mantenerse con las siguientes consideraciones. En primer lugar, limitando las bonificaciones a la contratación de colectivos con dificultades estructurales para acceder al empleo y en riesgo de exclusión social; es decir, personas con
discapacidad, víctimas de la violencia de género, personas desempleadas de muy larga duración o jóvenes sin formación, vinculadas eso sí a políticas activas. En segundo lugar, exigir estrictos requisitos a la empresa que contrata y se beneficia de
la bonificación en términos de creación de empleo efectivo y de empleo indefinido neto.



Estas son las posiciones de mi grupo, que hemos pasado por escrito a la Mesa de la Comisión y que tenemos la mayor voluntad de consensuar con el resto de los grupos parlamentarios.



El señor PRESIDENTE: A continuación, en representación del Grupo Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra don Emilio Olabarría.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.



Yo voy a ser breve también aunque la legislación electoral en este momento no nos perturba particularmente, comprendiendo las reflexiones o las refutaciones que otros grupos puedan hacer en sentido contrario. (El señor Llamazares Trigo: Lo
comprendo.)


Señorías, voy a ser breve por varias razones. En primer lugar, el señor Llamazares tenía mucha razón cuando comentaba que el Estado español es de los Estados que más consignaciones presupuestarias -o que más quebranto económico tiene con
relación a sus arcas; se puede utilizar cualquiera de las locuciones- dedica a bonificaciones para la creación de empleo. Ha hablado también, con mucha pertinencia, del efecto un tanto enigmático de las posibilidades o de la eficiencia de este
sistema peculiar de creación de empleo que consiste en las bonificaciones y del concepto de peso muerto que ha sido glosado por algunos de los comparecientes que nos han ilustrado sobre esta importante cuestión.



Evidentemente los datos del desempleo no engañan a nadie; son datos lacerantes y acreditan que ni este ni otros sistemas que se están utilizando para intentar reactivar la demanda de empleo o activar la voluntad de los empleadores para
contratar a más trabajadores están resultando fructíferos. Lo que pasa es que el concepto de peso muerto habría que cotejarlo con otro, señor presidente -creo que es lo que falta en la reflexión del señor Llamazares-, y que es el poder focalizar la
contratación en los colectivos beneficiados de estas bonificaciones, donde este efecto todavía está sin evaluar a pesar de que tenemos importantes informes, pero esta dirección hacia determinados colectivos con particulares dificultades de
empleabilidad todavía no está mesurada suficientemente. La verdad es que en este ámbito no está mesurado nada, señor presidente. ¿Alguien sabe -incluido el profesor Toharia- cuántos empleadores hubiesen dejado de emplear existiendo o no existiendo
bonificaciones de empleo? Es imposible saberlo; no hay ningún elemento metodológico de aproximación empírica a este problema, y experimentalmente los datos cantan. Tenemos los desempleados que tenemos y desafortunadamente vamos a acabar este año
con muchos más. ¿Es bueno el sistema de bonificaciones? Es dudoso. Puede tener este efecto positivo de dirigir o focalizar el empleo a determinados colectivos con particulares dificultades de empleabilidad, pero cuando menos es dudoso.



Por otra parte, hablamos poco del sistema de bonificaciones, y honestamente le voy a reconocer por qué lo hacemos; es una razón de naturaleza política. La Comunidad Autónoma del País Vasco ostenta el dudoso honor, con las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla, de ser la única comunidad autónoma que todavía no ha podido beneficiarse de la transferencia en relación con la competencia que genéricamente se denomina de políticas activas de empleo. (El señor Membrado Giner
pronuncia palabras que no se perciben.) Todavía no, señor Membrado; usted lo sabe perfectamente igual que yo, a pesar de los desvelos y afanes del lehendakari López por conseguirlo. ¿Por qué existe este problema en relación con la transferencia de
la cual se han beneficiado las demás comunidades autónomas? Porque ninguna ha refutado que las bonificaciones de cuotas están insertas conceptualmente en las políticas activas de empleo,


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aunque formalmente formen parte del sistema público de Seguridad Social desde las previsiones del Real Decreto Legislativo 1/1994, que es el que regula la actual Ley General de la Seguridad Social, y nosotros hacemos cuestión de esto. O se
transfiere la competencia en materia de políticas activas de empleo con las bonificaciones, a pesar de las dudas que tenemos sobre la eficiencia de estas para mejorar la calidad y el volumen del empleo, o el Gobierno vasco, dirigido por el compañero
del señor Membrado, Patxi López, debería refutar y negarse a la aceptación de esta transferencia. Esta es una cuestión litigiosa que en este momento está impidiendo aproximaciones con relación a esta materia, a pesar de que personas importantes que
han comparecido en esta Comisión, del Ministerio de Trabajo por una parte y de la Agencia de Calidad de Funcionamiento de las Administraciones por otra, han comentado su predisposición o su posición proactiva a ubicar las bonificaciones de cuotas en
el ámbito de las políticas activas de empleo y no en el de la Seguridad Social, aunque formalmente la Ley General de la Seguridad Social las siga considerando prestaciones de Seguridad Social. Esta es una cuestión importante que habrá que dilucidar
y ya veremos qué ocurre al final de esta historia sobre la cual hay que ser particularmente prudentes.



Por otro lado -y ya con esto acabo, señor presidente-, en materia de bonificaciones de cuotas, nos preocupa el desorden y la falta de cohesión sistemática del sistema tal como está articulado en la actualidad.
Existen las bonificaciones de
la ley del 2006, pero existen otras que aquí no se están comentando, aunque se han comentado, que son las bonificaciones de la recientemente aprobada -la última, de la anterior legislatura- Ley de medidas de fomento del empleo y de la contratación,
en la que se establecen bonificaciones de cuotas en materia de contingencias comunes, accidentes de trabajo y enfermedad profesional.
Existen muchas deletéreas, heterogéneas, por lo que pediría -y eso se consignará en el documento que vamos a
entregar el próximo martes antes de las catorce horas, me parece haber entendido- un punto de orden, un elemento de cohesión sistemática en cuanto a la regulación normativa de las bonificaciones, porque resulta imprescindible para que estas, a pesar
de las dudas y de las reservas intelectuales que podamos tener sobre su eficiencia en materia de empleo, tengan la capacidad de generar empleo, que es de lo que se trata en definitiva.



Señor presidente, en relación con las bonificaciones nos encontramos con que el compromiso de gasto contraído por el sistema de bonificaciones para el año 2010 incurre en el mismo defecto que estamos denunciando: su heterogeneidad, su
manifiesta heterogeneidad. Aquí hablamos de bonificaciones de cuotas por cargas familiares, por suspensiones por regulación de empleo, por cambio de puesto de trabajo, sector del calzado, sector juvenil, de aquí pasamos al de las mujeres, luego
saltamos al de mayores de 45 años, luego pasamos al de las personas con discapacidad. Esto no es un sistema ordenado a la hora de articular normativamente un sistema de bonificaciones que pueda resultar mínimamente eficaz. Ese es el compromiso que
entre todos deberíamos asumir. Desde una invocación al consenso, a la negociación y al parlamentarismo, vamos a ver si en este ámbito particular y de dudosa eficacia podemos consensuar algo razonablemente presentable.



El señor PRESIDENTE: En representación del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra don Carles Campuzano.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señorías, la buena noticia es que tenemos unos informes que permiten conocer, desde el punto de vista de unos expertos de la Universidad de Alcalá de Henares y de vista de la Agencia de Evaluación y Calidad, la
eficacia de una política pública. La mala noticia es que esos informes nos dicen que desde hace años una importante cantidad de los recursos técnicos han tenido una eficiencia escasa, por no decir nula. He de recordar, señorías, que el informe de
la Agencia de Evaluación y Calidad es de diciembre del 2008. Por tanto, en un contexto en el que el principal problema de la sociedad y de las familias es el desempleo, que una cantidad tan importante de nuestras políticas orientadas al terreno del
empleo hayan tenido o tengan tan mal uso, nos debería obligar a todos a reflexionar, y muy especialmente al Gobierno.
Porque, insisto, esta Cámara tiene este debate hoy, propiciado por una enmienda que se introdujo en la legislación, pero es un
informe que el Gobierno conoce formalmente desde diciembre del 2008, y previsiblemente desde mucho antes.



En segundo lugar, todos los informes ponen de manifiesto que esa dispersión de especificidades que afectan al conjunto de personas desempleadas beneficiarias de esta política de bonificaciones conlleva ese efecto de peso muerto y tan solo
entre un 10 o un 15 por ciento de las personas desempleadas no son susceptibles de beneficiarse de algún tipo de estas políticas. Nos dicen: replanteen ustedes esta política o incluso plantéense si la política de la bonificación a la contratación
tiene algún tipo de utilidad. Por tanto, no es menor la cuestión que nos muestran estos informes. Mi grupo ha tenido en estas horas una cierta inquietud sobre el debate que podíamos ser capaces de resolver en esta Comisión. Creo que el presidente
de manera razonable ha ordenado un debate que nos puede permitir intentar, ante una cantidad tan importante de recursos públicos -estamos hablando de que para el año 2010 el presupuesto contempla 2.850 millones de euros para esta política, no hay
demasiadas políticas con tanto nivel de discrecionalidad, de esa cantidad, por parte del Gobierno-, hacer un esfuerzo entre todos para ser capaces de usar adecuadamente estos recursos -insisto- en el principal problema que tienen la sociedad, la
economía, las familias, las personas o los ciudadanos. Vamos a ver si de aquí a cuando toque somos capaces de formular este acuerdo. En todo caso, Convergència


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i Unió en la medida de sus posibilidades va a intentar trabajar en esta dirección.



En el documento, que SS.SS. conocen, nosotros hacemos algunas sugerencias que responden a algunos de los planteamientos de los expertos. En primer lugar, parecería razonable una concentración de determinados colectivos en los que las
bonificaciones tienen sentido, por ejemplo para las personas con discapacidad. Creo que existe -no he comprobado esta mañana si estaba colgado en la red- un informe de la propia agencia sobre las bonificaciones de las personas con discapacidad, y
por lo poco que sé y se me dice en ese informe se pone en valor la utilidad de la bonificación para las personas con discapacidad. Nos parece que apostar para facilitar la primera contratación de los trabajadores autónomos tiene sentido, si nos
creemos que buena parte de la recuperación dependerá de la capacidad de las personas de emprender sus propios negocios o actividades. Nos parece que en colectivos en evidente riesgo de exclusión social tiene sentido mantener esta política de
bonificaciones y que, en el marco de la reforma de los contratos de formación y de los contratos en prácticas, reforzar la contratación de jóvenes mediante estas figuras y su posterior conversión en contratación indefinida pueden ser vías también
para hacer frente a ese drama del desempleo juvenil. También planteamos rebajar la edad necesaria para acceder a las reducciones de la Seguridad Social para el mantenimiento del empleo de los trabajadores mayores. Tenemos un sistema en el que, a
partir de los 60 años, se facilita el mantenimiento en ese puesto de trabajo con una reducción de la Seguridad Social. Quizá sea razonable rebajar esa edad de los 60 años a los 57 o a los 58 años.
Nos parece que para muchos de estos trabajadores
maduros el problema no va a ser tanto que les facilitemos empleo, sino dar incentivos a las empresas para que los continúen manteniendo en sus plantillas. Ofrecemos estas propuestas o reflexiones.



Recuperamos una idea que hemos defendido en diversas ocasiones en el Pleno, en los debates con el presidente del Gobierno, como la necesidad de introducir reducciones en las cotizaciones sociales para las micro-empresas, para las empresas de
menos de 10 trabajadores, de forma provisional, y proponemos que se analice si no tiene sentido que para las pequeñas, para las micro, para las organizaciones de la economía social, exista algún tipo de planteamiento específico; y esto lo hacemos
con un punto más de prudencia. Estas son algunas de las cuestiones que incluimos en nuestro documento, pero a la vista de que algunos grupos pueden presentar su documento hasta el martes, supongo que el señor presidente tendrá la flexibilidad de
entender que CiU pueda introducir mejoras sobre ese texto, que añadiríamos en un nuevo documento que entregaríamos el martes de la semana que viene. En todo caso, la cuestión esencial de la reflexión de CiU se contiene en este documento.



El señor PRESIDENTE: A continuación, en representación del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña Carmen Álvarez-Arenas.



La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Hemos pasado varias sesiones oyendo análisis en relación con el tema de las bonificaciones, pero a juicio del Grupo Popular lo primero que tenemos que decir es que han sido análisis -por supuesto, a tener
en consideración, de un valor técnico y científico importante- que están desfasados, porque se han venido a hacer, en primer lugar, sobre las medidas que se contenían en la ley del 2006, por tanto, en un contexto que nada tiene que ver con el
actual, de crisis económica y de destrucción tan fuerte de empleo. Por tanto no se puede pedir más a los estudios que nos han traído pero tienen el valor que tienen -a nuestro juicio, desfasados- ante la problemática que esta Comisión se tiene que
plantear en la coyuntura actual de una enorme crisis económica y de una fortísima destrucción de empleo. Insisto, tienen el valor que tienen e incluso en su propio valor vienen a demostrar que las bonificaciones en sí mismas en la mayoría de los
casos no han conseguido la finalidad para la que estaban planteadas. De ahí que digamos que cuando menos han sido claramente insuficientes, porque en ese contexto de la reforma de 2006 sobre el que se nos ha traído el estudio básicamente, tanto los
tres estudios técnicos como la propia comparecencia de los agentes sociales que han profundizado más en la situación actual de la crisis, se demuestra que con la ley de 2006 -donde se abordaban las bonificaciones para mejorar la tasa de empleo
indefinido- no se ha conseguido en absoluto ese fin. Si la tasa de temporalidad ha descendido, a nuestro juicio, no ha sido por una política de bonificaciones sino porque ha habido una intensa destrucción de empleo, especialmente de empleo temporal
lo cual hace descender la tasa de temporalidad. Señorías, si analizamos entre julio de 2006 y diciembre de 2009 -por coger unos parámetros donde se han aplicado las bonificaciones-, en España se celebraron un total de casi 60 millones de contratos,
de los que el 3,3 se acogieron a las bonificaciones de la citada ley. Sin embargo el número de asalariados descendió gravemente, de 16,2 millones a 15,7, lo cual quiere decir que, pese a estas bonificaciones de 2006, un mayor número de contratos no
supuso mayor número de asalariados y sobre todo que el 88,7 de los contratos de ese periodo fueron contratos temporales. Si nos fijamos más detenidamente, entre enero y febrero de 2010 -en los que todavía se siguen aplicando muchísimas de las
bonificaciones, a las que después me referiré- han caído en 34.000 los contratos indefinidos respecto a ese mismo periodo del año anterior. Por tanto yo creo que demuestra claramente que no están dando el resultado que esperábamos.
También hay que
tener en consideración que en este momento 600.000 españoles con contrato indefinido están sujetos a lo que suceda con sus propios expedientes de regulación de empleo o de suspensión y que por tanto


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están en una situación de clara precariedad y falta de estabilidad en su empleo.



Señorías, algo que también sorprende es que el diálogo social con veintidós mesas -que se nos anunció hace ya más de un año por parte del ministro de Trabajo con gran solemnidad, y sobre el que ya he dicho en alguna ocasión que dan para
poner un restaurante pero para poco más, porque poca luz nos han arrojado- tampoco ha sido capaz de aportar nada en relación con qué pasa con las bonificaciones, ni de hacer un análisis serio. Por lo tanto nos encontramos en este momento, señorías,
curiosamente con una situación de crisis económica -es verdad que el Gobierno no la ha querido reconocer, cuando la ha reconocido ya nos estaba diciendo que salimos de la misma-; con que el Gobierno no ha hecho nada en esta materia (Rumores.); con
que las mesas del diálogo social han reconocido -está en el acuerdo que se firmó en el año 2006- que el sistema de bonificaciones por sí mismo es ineficaz, pero nadie ha hecho nada, y es esta Comisión la que, como consecuencia de la aprobación del
real decreto que tramitamos como proyecto de ley a finales de 2009, introdujo este tema para hacer aquí un análisis sobre las bonificaciones.
Es curioso, es esta Comisión la que toma esa directriz y parece que ahora el Gobierno lo que quiere es
saber qué opina esta Comisión pero no nos dice nada sobre lo que opina él o sobre qué posibilidades hay de verdad.
El que tiene instrumentos para gestionar todas estas políticas es el Gobierno, que es quien maneja los presupuestos y tiene los datos
-que no nos han llegado- de la carencia de tiempo en la que están comprometidas las actuales bonificaciones, pero no nos dice nada sobre qué sectores están siendo más o menos favorecidos, sobre cómo ha incidido en las pequeñísimas empresas, en las
medianas o en las grandes. Todos esos datos no los tenemos. Tampoco trae el diálogo social, y resulta que vamos a ser nosotros los que, sin esos datos, tengamos que dar impulso. Haremos nuestro trabajo, como es lógico y natural, pero que quede
bien claro que nuestras posibilidades y nuestros recursos son bastante más limitados que los del Gobierno, al que vemos poco preocupado por estas circunstancias (El señor Membrado Giner pronuncia palabras que no se perciben.). Sin embargo,
curiosamente, a petición del Grupo Popular hemos podido saber por fin -aunque no sea de una forma excesivamente transparente- cuál es la situación presupuestaria en la que nos encontramos. Hemos llegado a la conclusión, señorías, de que con lo que
aquí se anunció por parte de los representantes de la mesa del diálogo social -como cuando vino un representante de la CEOE, que ya nos dejó un poco en ascuas al decir que prácticamente no había más que 350 millones disponibles para este tipo de
nuevas políticas si queríamos modificar en algo las bonificaciones- y con los datos que nos da el Gobierno -no nos vamos a pelear por más arriba o más abajo- están en torno a los 292 millones, con una fluctuación al cierre de alrededor del 10 o el
15 por ciento, porque estos datos son del año 2009. Nos vamos a mover en el entorno de que dispongamos, presumiblemente de unos 300 millones, para hacer un nuevo replanteamiento de qué podemos hacer con las bonificaciones. Además también en la ley
que aprobamos en este Parlamento ya vimos que había una serie de recomendaciones o de colectivos a los que podía afectar, que es donde nos movemos por puro sentido común más allá de definir si podemos cambiar este sistema, si podemos hacer otro tipo
de políticas, si nos podemos decidir por apoyarlo.



Eso también lo dijo aquí la directora de evaluación que, si recuerdan SS.SS., habló de que sería bueno conocer no qué ha pasado o cómo han funcionado sino qué es lo que va a necesitar la nueva economía para salir de la crisis y hacia dónde
podemos incentivar la empleabilidad. Esa empleabilidad es importante y no solamente en colectivos sino también en sectores de economía verde y de unos empleos que en el presente y el futuro son los que habrán de tener mayor peso en la economía
española y hacia donde tendremos que tender dentro de ese marco de políticas activas en el que siempre se siente tan reivindicativo el señor Olabarría. Soy diputada por Madrid, he gestionado las políticas activas en la Comunidad de Madrid y nos
sentimos muy satisfechos de poder gestionarlas; por ello reconocemos que la política de bonificaciones es una política que debe gestionar como caja única la Administración General del Estado, señor Olabarría, y tenemos unos instrumentos muy
importantes con el resto de políticas activas para poder incidir de una manera o de otra en el empleo. Por lo tanto, lo reivindico porque soy muy autonomista y porque me siento muy orgullosa de haber podido servir a los madrileños desde las
responsabilidades de la Consejería de Trabajo.



Señorías, creo que tenemos muchas incógnitas sobre lo que estamos avanzando, pocos datos para valorar, algunas incertidumbres que nos preocupan especialmente como es la falta de control que ha habido hasta ahora y que creo que también
deberíamos analizar -desde luego mi grupo lo pondrá sobre la mesa- en torno a las bonificaciones, como lo demuestra el informe del Tribunal de Cuentas de fiscalización especial sobre la recaudación de la Tesorería de la Seguridad Social donde se
dice claramente que en el año 2005 un 12 por ciento de las bonificaciones a la contratación concedidas se estima que lo fueron sin razón, sin soporte, sin derecho y que en el año 2006 ascendieron a un 10 por ciento, lo cual nos indica que más de 600
millones de euros han estado absolutamente sin control y de una forma bastante fuera de la norma al ser concedidos.
(Rumores.)


Nuestra conclusión es de una clara nebulosa en este entorno, de dudosa utilidad las bonificaciones tal y como han estado concedidas hasta ahora, que hay que mirar mucho más que al pasado al futuro y por lo tanto cambiar en su concepto global
lo relativo a las bonificaciones, que se deberá seguir atendiendo a unos colectivos muy especiales que además tienen una normativa propia como es la de la discapacidad -reglada a través de otro tipo


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de leyes-, las mujeres víctimas de violencia y algún otro colectivo. Sin embargo tendremos que dirigirnos a otro tipo de políticas sobre la empleabilidad para que nuestra economía pueda salir fortalecida. Algo muy importante, señorías, es
que esta política de bonificaciones, como cualquier otra del eslabón de las políticas que pueden afectar al crecimiento económico y al empleo, nunca va a ser efectiva si es aislada.
(El señor Membrado Giner: Exactamente.) Es un eslabón de una
cadena y por lo tanto si estamos aquí solamente analizando esto nos quedaremos en una forma raquítica frente a un enorme problema, que es el de los 4,5 millones de parados que tenemos en nuestro país. Por tanto, señorías, creo que es obligación del
Gobierno, y desde luego este grupo parlamentario lo pondrá negro sobre blanco, considerar como un todo el conjunto de políticas económicas, políticas laborales y políticas de otro tipo que afectan sin duda al crecimiento económico y a la
empleabilidad, porque si no estaremos tratando parcialmente el problema y no debe ser así, sino que hay que hacerlo como un todo, porque el problema de nuestros 4 millones y medio de parados no se puede ver desde una sola óptica. En cualquier caso,
nuestro grupo presentará en tiempo y forma las resoluciones para que podamos intentar llegar aunque sea a un acuerdo de mínimos o, en su caso, votar los votos particulares que se consideren pertinentes.



El señor PRESIDENTE: A continuación, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Jesús Membrado.



El señor MEMBRADO GINER: Señor presidente, señorías, en principio esta Comisión tiene como objetivo presentar los distintos informes por parte de los diferentes grupos sobre los resultados del sistema de bonificaciones planteado a la luz de
la comparecencia de expertos y de la del ministerio. Pero no lo hacemos porque sí; no tenemos en estos momentos la voluntad de hacerlo porque se nos ha ocurrido. Nosotros estamos aquí cumpliendo una ley, cumpliendo la disposición adicional
tercera de la Ley 27/2009, que nos obliga a tener un procedimiento del que nos dotamos no por unanimidad, sino casi por aclamación. Esa fue una de las enmiendas que todos aplaudimos. Es decir, lo que hace esta Comisión es llamar a expertos para
hablar sobre bonificaciones, elaborar un informe que se pasa al ministerio para que este a su vez lo remita a la mesa del diálogo social. En el debate que este portavoz hizo aproximadamente el 22 de diciembre estuvimos hablando de este asunto y le
dimos un gran valor. Se alababa la Comisión porque esta tomaba las riendas e introducía criterios del conjunto del Parlamento sobre un problema del conjunto de la sociedad y ante una situación de la que no sabíamos cómo salir, no porque el Gobierno
no tuviese una política determinada, sino porque considerábamos que había que cambiarla y mejorarla. Se trata de un procedimiento que desde mi punto de vista es sincero por parte de los grupos. Está trabajado y es asumido con la honradez política
que creo que a todos nos compete. Por lo tanto, cumplimiento de la disposición adicional tercera de la Ley 27/2009, y además no traída aquí por obligación, sino militantemente, porque estamos convencidos de que lo que hacemos es importante en el
procedimiento y en el contenido. Me da la sensación de que hay algunos que vienen aquí -por cierto con las manos vacías, y no lo digo por usted, señor Olabarría- a hablar de algo sobre lo que ya hemos discutido anteriormente, que habría que darle
la vuelta al calcetín en el tema de las bonificaciones. Para eso hemos traído gente. Desde mi punto de vista el ministerio ha venido con un informe y a requerimiento de un grupo parlamentario ha traído otro informe sobre las cuantías de las
bonificaciones en los apartados correspondientes no utilizando la ley que le permite tardar un mes, sino prácticamente menos de una semana. ¿Por qué? Porque hay buena fe, y espero que nosotros también la tengamos y cumplamos todos en este
procedimiento. El ministerio ha actuado con buena fe, ha traído su documento y lo ha planteado aquí, pero ahora resulta que este es un documento... Es un documento que se ha aprobado en los Presupuestos Generales del Estado, por lo tanto en estos
momentos es ley; ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2010, tanto en las cuantías como en las partidas presupuestarias. Es un documento que también supone que esas partidas presupuestarias se vayan actualizando mes a mes y vayan
cambiando, porque hay empresas que se van sumando. Así, cuando tengamos una normativa que sea distinta a la bonificación para los contratos indefinidos iremos mermando de la ley anterior y utilizándolo en bonificaciones posteriores.



Primera cuestión a clarificar, tenemos pocos recursos pero eso no nos impide tener voluntad de plantear soluciones. Los menores recursos no nos lo impiden, porque no son los que hay ahora, sino que habría que hacer el escenario de los que
habrá a finales de año. Esa es una técnica presupuestaria que funciona en todas las administraciones y estoy convencido de que doña Carmen las conoce porque ha sido gestora en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, que nadie plantee
que el problema es que hay 293 millones y no podemos hacer nada. No, hay 293 millones de partida; veremos los que hay al final, y si se necesita más dinero que el ministerio piense de dónde los saca. Desde mi punto de vista ese es un tema
importante, porque hay voluntad de decir: como no hay recursos suficientes para qué vamos a hacer propuestas. Pues mire, primero porque la disposición adicional tercera nos lo manda y segundo porque la explicación, desde el punto de vista
presupuestario, no nos lo impide.



Segunda cuestión. Yo creo que el equipo Toharia hizo un buen informe; lo terminó prácticamente a finales de 2009. Pero tanto los informes del equipo Toharia como los de Comisiones, UGT y la patronal CEOE-Cepyme no los hicieron en 2009,
los hicieron el día antes de venir y tenían claro que lógicamente no estábamos


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hablando de un periodo que ha quedado fuera de uso. No, estamos hablando de un periodo que corre fundamentalmente en la etapa en la cual la crisis económica afecta al empleo. Por lo tanto, los informes que hacen el equipo Toharia, las
organizaciones sindicales, la patronal, el Ministerio de Trabajo -que hace informes con fecha a mes de febrero- y la Agencia de Evaluación de Calidad -que hace informes y encuestas del año 2009 pero posteriormente, si ustedes han leído el informe,
las actualiza- nos dan datos bastante ajustados a la realidad. ¿Qué nos dicen? Que el acuerdo que firmamos en el año 2006 tenía como objetivo fundamental el fomento de la contratación indefinida. En el año 2006 el fomento de la contratación
indefinida era un objetivo. ¿Por qué? Porque estaba muy alta la contratación temporal y teníamos un 8 por ciento de desempleo, y esa dualización había que modificarla. ¿Cómo lo hicimos? Modificando las vías de fomento de bonificaciones solamente
para la contratación indefinida.
¿Conseguimos algo? Bajamos tres puntos y medio en dieciocho meses, hasta que empezó a afectar realmente la crisis en el empleo. Por lo tanto, algo tuvo que ver. Nosotros consideramos que es el efecto más positivo
del mercado de trabajo desde el año 1994. Asimismo consideramos que lo más cercano a esa posición se produjo en el año 2001, cuando tuvo lugar el acuerdo entre las organizaciones sindicales y el Gobierno del Partido Popular de la transformación del
contrato temporal en contrato fijo. Esa fue la mejor situación, mejor que en aquella época y mejor que en la anterior, pero aquí ha ocurrido lo que ha ocurrido. ¿Qué es lo que eso supone en estos momentos? Que el aumento de la contratación
indefinida sin la reducción de la contratación temporal no resuelve el asunto de la dualidad. Contratar indefinidamente, hacer una bonificación a los contratos indefinidos sin resolver al mismo tiempo con dos mecanismos a la par el tema de la
temporalidad no nos resuelve la dualidad, porque hemos metido todo el paquete de bonificaciones en la bonificación de contratos fijos y nos ha bajado tres puntos y medio. Algunos dirán que es una miseria, sin embargo otros nos dicen que es un
cambio de tendencia.
En cualquier caso ese es un tema que desgraciadamente no hemos podido experimentar. Ese es un dato que nos dan Toharia y la Agencia de Evaluación de Calidad.



Siguiente cuestión que nos plantean. La universalización del sistema produce un efecto ganga que genera un peso muerto que no favorece ni a las empresas ni a los colectivos, porque todos tienen bonificación y eso merma inmediatamente su
eficacia. Ese es un asunto que, por tanto, nos exige que las bonificaciones deban ser discriminatorias, es decir, que pueden producir elementos de discriminación positiva para unos colectivos u otros. El propio sistema es un sistema farragoso, es
un sistema realmente complejo. Hay casi treinta y cuatro tipos de bonificaciones, de los cuales en el tema de la discapacidad creo que hay ocho tipos distintos. Esto hay que normalizarlo. ¿Por qué? Porque si no es una especie de selva desde el
punto de vista administrativo y burocrático.
Pero es que hemos creado tantas bonificaciones que las últimas que hemos aprobado en la Ley 27 están en cuantía por encima de las que aprobamos en el año 2006. Estamos bonificando a los parados con
cargas familiares con 1.500 euros por año durante tres años como mínimo por encima de las anteriores. Y es más, acabamos de bonificar con un descuento al cien por cien de la percepción de la Seguridad Social para aquellos trabajadores que provienen
del desempleo y que se van con la mochila del desempleo a la empresa, con lo cual es un verdadero caos. Es un hecho real, nos lo dijeron los expertos, pero no había que ser muy listo para poder hacer esa misma apreciación.



Las bonificaciones a colectivos con mayores problemas de empleo no pueden confundirse con reducir de manera general los costos de la contratación indefinida, que es un poco la conclusión anterior. En estos momentos todo el mundo tiene
bonificaciones: mayores de 31, menores de 31, mujeres, parados de larga duración... Todo el mundo. ¿De dónde proviene este sistema? Proviene del año 2006. Se hizo en aquel momento con unos objetivos determinados. Ahora ha cambiado la
situación. Tenemos que adaptarnos. No se nos está ocurriendo por necesidad ni se nos ocurrió cuando plasmamos en una transaccional la disposición adicional tercera.
No, fue fruto de lo que sabíamos esos momentos.



Hay elementos que desde el punto de vista de los expertos sí son novedosos. Primero, que los contratos ordinarios son más usados para trabajos más cualificados, lo cual es un elemento a tener en cuenta cuando hablamos de las titulaciones,
de la formación y de la contratación. Cuidadico, porque a lo mejor estamos metiendo ahí bonificaciones que son innecesarias Segundo, los contratos iniciales bonificados son menos estables. ¿Qué significa eso? Pues que te contratan por tres años
para llevarse la bonificación y luego, al desempleo, lo cual es un uso perverso de las bonificaciones. Y las conversiones producen más estabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues que un contrato temporal convertido en contrato fijo por la vía de la
bonificación da más garantía al trabajador que tiene contratado. ¿Por qué? Porque el periodo de prueba lo realizan cuando están en el contrato temporal, y si te hacen el contrato temporal periodo de prueba -casi gratuito-, te dan una bonificación
y lo contratas en fijo, es que te da la salida de que esa persona puede tener mayor grado de estabilidad. Ese es un tema importante porque con la reforma del año 2006 nos cargamos la bonificación de pasar de temporal a fijo hasta diciembre de 2006,
no sé si ustedes se acordarán, pero nos la cargamos porque considerábamos que ya no era necesario bonificar la transformación. Ese es un tema que resulta interesante, porque indudablemente no tenemos periodo de prueba en las empresas, y los
contratos temporales están sirviendo de periodo de prueba, por tanto desde mi punto de vista ese es un elemento a considerar.



Por una razón u otra el sistema está agotado, en eso es en lo único que coincido con la portavoz del Grupo


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Parlamentario Popular y exige un replanteamiento y exige también una profunda reforma. Ahora bien, ¿qué hacemos? El próximo miércoles vendremos aquí, plantearemos enmiendas y unos grupos parlamentarios querrán ir a la concreción y otros
querremos ir no a la concreción sino a la generalización dando argumentos de carácter filosófico más que elementos prácticos. ¿Por qué? -y ya adelanto un debate que se va a producir el miércoles-. Porque para nosotros lo más importante es
trasladar al Gobierno y a los interlocutores sociales que las bonificaciones actuales se tienen que cambiar -eso es lo que planteamos- y que sería conveniente hablar de tramos de empresas bonificadas, determinadas empresas deben de tener
bonificaciones. Sería conveniente hablar de cupos de trabajadores afectados por la crisis y sería conveniente centrar las bonificaciones en la contratación por el gran desempleo que tenemos. Y cuando hablo de la contratación me resulta
indudablemente muy difícil hablar de contratación sin un adjetivo a su lado, que sería contratación estable. Pero todo eso, que es un elemento a debatir en los próximos días y sobre todo el miércoles de la próxima semana, hay que trasladarlo a la
mesa del diálogo social, donde no les podemos dar un mandato condicionado, les tendremos que dar un mandato indicativo, porque si no la función de la disposición adicional tercera y del trabajo que hicimos en la Ley 27 se convertiría hasta cierto
punto en una situación de una cierta irregularidad: intentar imponer desde aquí algo que tienen que acordar fuera de aquí y donde tienen hasta cierto punto más experiencia de saber qué es lo que pasa en las empresas y qué efectos tienen
determinadas bonificaciones en los trabajadores. Por eso, como no tenemos hoy todos los documentos aquí porque ha habido algún grupo parlamentario que no los ha traído, lo que sí pediría es que intentáramos tener el mayor grado de consenso para el
próximo miércoles y que ese grado de consenso fuera teniendo en cuenta lo que los expertos nos han dicho y aquello a lo que el mandato nuestro nos obliga. No nos vayamos más allá porque seguramente si nos extralimitamos en nuestras funciones,
descalificaremos precisamente una adicional que desde el punto de vista jurídico es muy positiva para esta Comisión y esperamos que tenga también esa traslación desde el punto de vista práctico.



El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Membrado.



Les recuerdo que a continuación celebraremos una reunión de Mesa y portavoces. Sin nada más que tratar esta tarde, se levanta la sesión.



Eran las cinco y cuarenta minutos de la tarde.



Corrección de error.-En el 'Diario de Sesiones' número 479, correspondiente a la sesión celebrada por esta Comisión el día 2 de marzo de 2010, en la página 23, segunda columna, línea 21, donde dice: 'Segundo, existe flexibilidad en el
mercado de trabajo.', quiso decir: '¿Si existe flexibilidad en el mercado de trabajo?' y en la misma página y columna, línea 24, donde dice: '...que eviten un poco la flexibilidad existente ...', quiso decir: 'que eviten un poco la falta de
flexibilidad existente ...'