CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2010 IX Legislatura Núm. 490

NO PERMANENTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE TOLEDO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN MORANO MASA

Sesión núm. 27

celebrada el martes, 9 de marzo de 2010

ORDEN DEL DÍA:


Celebración de las siguientes comparecencias para informar sobre temas relacionados con el objeto de la Comisión. Por acuerdo de la Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo.



- Del señor presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, Cermi (Pérez Bueno). (Número de expediente 219/000513.) ... (Página 2)

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- Del señor presidente de la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya, Fatec (Cugat i Leseurs). (Número de expediente 219/000514.) ... (Página 11)


Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.



CELEBRACIÓN DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS PARA INFORMAR SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON EL OBJETO DE LA COMISIÓN. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN NO PERMANENTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE TOLEDO:


- DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CERMI (PÉREZ BUENO). (Número de expediente 219/000513.)


El señor PRESIDENTE: Con el permiso de todos ustedes, vamos a comenzar la Comisión. El primer punto del orden del día es la comparecencia de don Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad, Cermi, para informar sobre temas relacionados con el objeto de la Comisión. Don Luis Cayo, bienvenido. Tiene la palabra.



El señor PRESIDENTE DEL COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CERMI (Pérez Bueno): Señor presidente, miembros de la Mesa, portavoces de los grupos, señorías, en primer término -nobleza obliga- deseo expresar mi
agradecimiento y el del Cermi a la Mesa y a los grupos por la invitación dirigida a nuestra entidad a comparecer ante esta Comisión del Pacto de Toledo. Aunque sé que hay aquí muchas señorías que conocen lo que es el Cermi, portavoces de la
Comisión de Discapacidad con los que tenemos un trato muy directo y fluido, me permito hacer una presentación muy breve. Podemos definir al Cermi como la expresión de la sociedad civil organizada en torno a la discapacidad. Para que puedan retener
en su memoria algunos parámetros, representamos a más de 5.000 asociaciones y entidades, el 90 por ciento aproximadamente del tejido asociativo activo, que en España es rico y variado, que agrupa todo el espectro de la discapacidad, todo tipo de
discapacidades, tanto organizaciones de personas con discapacidad como de familias o de voluntarios. Nuestra misión esencial es actuar para incidir allí donde se toman decisiones, sobre todo en los ámbitos públicos, de los poderes públicos, a fin
de que la discapacidad esté en la agenda política y social. Esa es la misión. Somos, si se nos permite el término, el lobby de la discapacidad para que esta realidad deje de ser una cuestión como lo había sido históricamente marginal o residual y
comience a estar con posiciones de centralidad en la agenda política.



Cuando preparaba esta comparecencia he recordado que no es la primera vez que Cermi comparece en esta Comisión. En momentos anteriores y por diversas causas hemos tenido ya el privilegio de estar presentes aquí y dirigir a SS.SS., a las
distintas fuerzas políticas y a los grupos parlamentarios, la visión, las demandas de las personas con discapacidad y sus familias en relación con los transcendentales asuntos y temas que tiene encomendada esta Comisión de seguimiento y evaluación
de los acuerdos del Pacto de Toledo. He de señalar que siempre que hemos comparecido las propuestas dirigidas por el sector social de la discapacidad han recibido un gran eco, han sido tenidas en cuenta, han sido incorporadas a los acuerdos que
finalmente esta Comisión ha adoptado y han servido, esto es lo más importante para tomar decisiones legislativas, normativas, para avanzar en la inclusión de las personas con discapacidad y en la mejora de su protección social. Les quiero agradecer
esa receptividad y pedirles de nuevo que tengan la misma para las cuestiones que vamos a plantear esta mañana. El apoyo parlamentario y político ha estado en la base de avances tangibles para la protección social de las personas con discapacidad y
queremos reiterarlo en lo que salga de esta renovación del Pacto de Toledo. Solo para que tengan en cuenta la importancia de los avances que se han producido en relación con las personas con discapacidad en nuestro sistema de protección social a
partir del último acuerdo del Pacto de Toledo que, como recordarán, incluía una recomendación específica en materia de protección social de personas con discapacidad y sus familias.



Si echamos la vista atrás (voy a hacer una referencia muy breve a avances concretos), hay que señalar, por ejemplo, en el año 2003, la jubilación anticipada para trabajadores con discapacidad con grado igual o superior a 65 por ciento. En
el año 2005 la compatibilidad, trabajo y pensión no contributiva. Antes de esta modificación de la Ley de pensiones no contributivas eran rígidamente separadas, no se podía compatibilizar el trabajo remunerado con la pensión no contributiva, lo
cual entendemos que mejora la activación de las personas con


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discapacidad; la mejora de las prestaciones familiares en casos de discapacidad, cuando se detecta una situación de discapacidad se refuerza la prestación general reconocida al resto de ciudadanos; la mejora sustancial de las condiciones
de acceso y disfrute de la prestación de orfandad en los casos de huérfanos con discapacidad; o, muy recientemente, limitándonos a unos meses atrás, la jubilación anticipada para trabajadores con discapacidad con menor esperanza de vida, que se
reguló a través de un decreto de diciembre de 2009 y que entró en vigor el 1 de enero de 2010. Como comprenderán SS.SS. estos son simplemente algunos hitos de mejoras tangibles, visibles, para la discapacidad gracias a que en las recomendaciones
del Pacto de Toledo se recogió una mención específica a esta realidad. Entenderán que tengamos, pues, el mayor interés en los trabajos de esta Comisión, en los acuerdos que alcance y en las recomendaciones que formule.



Las personas con discapacidad somos un grupo ciudadano, una minoría, en riesgo de vulnerabilidad social, con menores grados de inclusión y de desarrollo humano y social, y con inclinación, con tendencia, a estar más expuestos que la media de
los ciudadanos a los efectos de la discriminación, de la exclusión, de la marginación. El debate del futuro de la consolidación, de la ampliación, del reforzamiento del sistema de Seguridad Social nos interesa sobremanera y queremos ser un agente
del mismo. También quería instalar en su mente algunos grandes parámetros de la discapacidad, para que sepamos a qué nos referimos y con datos, relativamente recientes, producto de una gran encuesta que se presentó el año pasado y que se realizó en
2008, una encuesta oficial del Instituto Nacional de Estadística. La discapacidad en España asciende a más de 4 millones de personas, tanto si se cuentan las que viven en su propio domicilio como las que viven en instalaciones colectivas, lo cual
supone el 9 por ciento de la población. Si se le suma las familias, porque rara vez la discapacidad se vive como un hecho aislado e individual, sino que transciende el entorno inmediato y ahí está el entorno familiar, más de 12 millones de personas
viven de cerca una situación de discapacidad. Más gráficamente dicho, en uno de cada cuatro hogares españoles hay una situación de discapacidad y, por tanto, esta es una realidad muy extendida. Es un hecho -y lo constatan todo tipo de
estadísticas, de informes, de estudios sobre el grado de inclusión social- que la discapacidad es un grupo social vulnerable.



Como sector de la discapacidad, deseamos contribuir junto con los poderes públicos, con las instituciones, con los partidos políticos, con los interlocutores sociales y con el resto de la sociedad civil organizada, por una parte, a
consolidar, a reforzar, a ampliar y a dotar de sostenibilidad a medio y a largo plazo a nuestro sistema de Seguridad Social, ya que entendemos que se trata de una pieza clave en la arquitectura de la protección social en España, incluido un grupo
con especial vulnerabilidad como son las personas con discapacidad. Como discapacidad nos va mucho en ello, en sus debates. Creemos que la discapacidad puede contribuir a esos objetivos mediante algo tan sencillo como la activación: que más
personas con discapacidad accedan a un empleo digno y de calidad; que formen parte del sistema como cotizantes, con carreras de seguro, amplias, intensas y prolongadas; que como sector ayudemos a extender la base social de ciudadanos que sostienen
el sistema. Para ello -fíjense que lo he citado antes que el tema de la protección social, de la activación-, necesitamos remover los obstáculos estructurales y coyunturales que dificultan o expulsan a las personas con discapacidad del empleo. A
la vez hemos de ampliar e intensificar la protección social de las situaciones de discapacidad en el marco de intervención de la Seguridad Social. Esos serían los dos grandes objetivos: por una parte, ayudar a la sostenibilidad del sistema
activando a personas con discapacidad, que más que en desempleo el gran problema de la discapacidad son las todavía muy bajas tasas de actividad de personas con discapacidad. Población que no puede acceder por distintas dificultades, por factores
que concurren unos con otros y que hacen que tengamos un difícil ingreso en el empleo y por tanto no podemos ser agentes, sujetos, del sistema de Seguridad Social a través de la actividad remunerada. Se ha de aprovechar esta revisión y posterior
renovación de los acuerdos del Pacto de Toledo para incorporar -se han venido incorporando en los últimos años pero creo que se puede dar un paso más vigoroso en ese sentido- y seguir avanzando en la inclusión de las personas con discapacidad a
través de la acción protectora, de la acción incentivadora de las políticas de Seguridad Social.



Estas nuevas orientaciones podrían formularse, muy brevemente, en unos cuantos enunciados: ¿Qué se necesita que nuestro sistema de Seguridad Social, que tiene un recorrido histórico amplio, que ha estado sometido a cambios, para que la
discapacidad encuentre una mejor cabida en él y tenga elementos de incentivación, tanto para el empleo como de mejora de la protección? Alguna de estas nuevas orientaciones sería, por ejemplo, considerar la discapacidad -tanto en el plano
individual como en el plano familiar- como un elemento especialmente relevante a efectos de la acción protectora del sistema, merecedor de especial atención, discriminar en el buen sentido cuando haya una situación de discapacidad para dispensarle
una mayor protección. Otro (ya lo había mencionado antes) es la activación de las personas con discapacidad como principio informador de todas las políticas de Seguridad Social, tanto en los aspectos de protección, impidiendo que medidas de
protección -lo que denominamos normalmente medidas pasivas- disuadan o desincentiven a personas con discapacidad al tener que elegir entre una medida pasiva o una medida activa del acceso al mercado de trabajo en condiciones de estabilidad y de
dignidad. Creo que debemos también flexibilizar y dar entrada a nuevas vías de ingreso y permanencia en el sistema de Seguridad Social no vinculadas en exclusiva al desempeño de una


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actividad laboral. Nuestro sistema de Seguridad Social conoce ya este tipo de instituciones. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los convenios especiales. Cuando se trata de una población como la de con discapacidad con bajas tasas de
actividad y con vulnerabilidad social, si accedemos poco al mercado de trabajo tendremos más dificultades que otros grupos para entrar directamente en el sistema de Seguridad Social. Por tanto, debemos buscar fórmulas innovadoras que nos permitan
(no tenemos carreras de seguro amplísimas, prolongadas, más bien son fragmentarias) complementar; por ejemplo a los grupos de especial dificultad de inserción laboral, que hemos definido en las políticas activas de empleo y que están claramente
identificados podríamos darles más posibilidades de entrar en el sistema de Seguridad Social si trabajan bien y, si no, a través de otras fórmulas como la relativa al convenio especial. Otra orientación sería reforzar la acción protectora en las
situaciones cubiertas en las que concurra o esté presente una discapacidad y ampliar el campo y la intensidad de cobertura tanto en las denominadas prestaciones estrictas del sistema de Seguridad Social como en las llamadas de solidaridad para
proteger de modo más efectivo a las personas con discapacidad y a su entorno familiar.



Todas estas orientaciones y un plan detallado de propuestas y medidas de mejora, más de 20 -no se preocupen, no las voy a detallar-, tanto en la esfera de la mejora de la protección como de la activación las pueden encontrar en un estudio:
La protección de la discapacidad en el sistema de Seguridad Social, propuestas de mejora, publicado a finales de 2009, cuya copia he proporcionado a la Secretaría de esta Comisión y tienen a su disposición todas SS.SS. Es un trabajo que tuve el
honor de dirigir yo mismo en el que se hace un repaso de la evolución de la discapacidad en la Seguridad Social en los últimos 10-15 años, con todos los hitos de mejoras y de aperturas hacia la discapacidad que se han producido y, sobre todo, con
una parte propositiva con formulación y articulación de medidas concretas que entendemos que si se incorporan a nuestro sistema mejorarán considerablemente la posición y la situación de las personas con discapacidad.



Voy concluyendo. En la línea que deseamos que caracterice al Cermi, de actuar propositiva y cooperativamente con los poderes públicos, nos hemos permitido redactar una propuesta de recomendación específica en materia de discapacidad para
someterla a su consideración a fin de que una vez estudiada, analizada y, en su caso perfeccionada y mejorada por los grupos, pudiera verse recogida en el documento final que se apruebe como renovación de los acuerdos del Pacto de Toledo. El texto
de esta propuesta, que también está disponible en la Secretaría de la Comisión, es breve y paso a leérselo. La recomendación se llamaría Sobre personas con discapacidad y sus familias, y tendría tres apartados, breves, a cuya lectura procedo ahora.
Uno, el sistema de Seguridad Social constituye un instrumento de política social que debe contribuir en mayor medida a la plena inclusión de las personas con discapacidad y sus familias. Dos, a tal fin se han de intensificar los niveles de
protección de las necesidades insuficientemente cubiertas de las personas con discapacidad y sus familias en materias tales como prestaciones familiares, en especial las asignaciones por hijo o hija a cargo, orfandad, pensiones no contributivas,
convenios especiales, etcétera. Y tres, de igual modo se ha de promover que el sistema de Seguridad Social no suponga trabas para la activación y por tanto para el acceso al empleo de calidad de las personas con discapacidad y que al mismo tiempo
estimule, compatibilizándolas en su caso, el tránsito de medidas pasivas a medidas activas.



Antes de concluir, desearía señalar, en qué medidas las propuestas remitidas por el Gobierno de España a esta Comisión inciden en la discapacidad y cómo muy a vuelapluma las valoramos. Muy resumidamente, estas propuestas de la lectura, que
hemos hecho nosotros de esos documentos, serían la constatación del discreto éxito por su corto alcance de los sistemas privados de previsión social, incluido una institución específica de discapacidad, que son los patrimonios protegidos a favor de
personas con discapacidad. Estos patrimonios protegidos, regulados mediante una ley en 2003, han tenido, en este periodo de casi siete años de vigencia de esta legislación, escasa proliferación -entendemos nosotros-, aparte de por ser una
institución nueva con poco arraigo, sobre todo por no tener un régimen fiscal apropiado y estimulador, lo cual hace que las personas no opten en la medida deseable por esa nueva institución que globalmente considerada sí que es positiva. También
hemos visto posibles efectos de una modificación de las condiciones generales de la jubilación para la población general en aquellas modalidades que conciernen directamente a las personas con discapacidad. Si se retrasa la edad de jubilación, a la
hora de aplicar los coeficientes reductores de la modalidad de jubilación anticipada regulada en 2003, que saben que era para personas trabajadoras con discapacidad con un grado igual o superior a 65 por ciento, que se aplicaba en función de si
tenían o no reconocida ayuda de tercera persona un coeficiente reductor del 0,5 o del 0,25 por ciento al periodo de cotización que tuvieran. Si se prolonga la edad de jubilación afectará al cálculo de ese coeficiente. O la elevación del límite
general de edad de jubilación anticipada que actualmente, en virtud de la Ley de 2007, la última modificación importante de la Ley General de Seguridad Social, está fijado en los 52 años. Si como parece, o el Gobierno da a entender, podría ser
conveniente aumentar ese límite, podría afectar a estas modalidades de jubilación reguladas en 2003 y la muy reciente del 2009.
Nuestra petición es que, a salvo del debate general sobre la edad de jubilación, las cuestiones específicas de
discapacidad no se vieran afectadas por esta decisión puesto que tienen una base objetiva muy evidente, muy singular, que en un caso es la extrema penosidad del trabajo que acompaña a una gran discapacidad del 65 por ciento más, o un hecho, que es
duro y crudo, que es la reducción de


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esperanza de vida por tener una discapacidad, personas que no van ha llegar por causa de su discapacidad a la edad normal de esperanza de vida que tiene el resto de ciudadanos y que si no se contempla una jubilación anticipada estaríamos
burlando sus mínimos derechos.



Otra cuestión que nos ha suscitado cierta inquietud es la afirmación de que se debe ir hacia una incompatibilización más estricta aún de las situaciones de incapacidad permanente, sobre todo en los grados de absoluta y gran invalidez, con el
trabajo remunerado, con la actividad lucrativa. Saben que ahí está la Ley General de Seguridad Social, que parece que da mandatos contradictorios: por una parte lo incompatibiliza; por otra parte lo permite; después está la actividad
jurisprudencial, el Tribunal Supremo con recientes sentencias, que no hacen más que pronunciarse en un mismo sentido, que entienden que se pueden compatibilizar. Lo deseable, como he dicho a lo largo de mi intervención, no es separar la actividad
laboral de las medidas de prestaciones como las pensiones, sino buscar fórmulas de coexistencia, de flexibilización, que lleven a las personas con discapacidad a trabajar sin el miedo a perder su pensión. Yo creo que esto nos beneficia a todos,
beneficia al sistema y a veces las lógicas muy estrictas, las lógicas burocráticas o muy académicas, se topan con la realidad social.



Termino ya, señorías. Gracias de nuevo por convocar al Cermi a esta Comisión y confiamos en que nuestras reflexiones y lo que es más relevante, nuestras propuestas, puedan ser objeto de consideración y hallen eco y receptividad en las
fuerzas políticas, en los grupos parlamentarios, de forma que la discapacidad sea un eje más, un eje con identidad propia, con vigor, con energía, en el renovado Pacto de Toledo, lo que nos dará pie a seguir avanzando en los próximos años.



Quedo presidente, señorías, a las cuestiones, preguntas e indicaciones que tengan a bien hacerme.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tiene la palabra don Carles Campuzano.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Deseo agradecer al resto de portavoces que dejen avanzar mi intervención, para cubrir el resto de mis responsabilidades parlamentarias de esta mañana. Deseo agradecer también al señor Cayo su comparecencia, el
rigor con el que el Cermi aborda las cuestiones vinculadas a la Seguridad Social de manera específica y en global en el conjunto de las políticas que afectan a las personas con discapacidad. Remarco el valor que tuvo en la renovación del anterior
Pacto de Toledo, en la edición de 2003, la incorporación de una recomendación específica que mandatase que el conjunto de las reformas que se introdujesen en el campo de la Seguridad Social incorporasen la dimensión de la Seguridad Social. La
convicción de Convergència i Unió de que en la presente reforma esa línea iniciada en el año 2003 debe continuar desarrollándose en la renovación de los Pactos de Toledo.



Estoy seguro de que el señor Cayo coincidirá conmigo en que a veces lo que nos cuesta más es trasladar esa visión general, ese principio de adaptación de las políticas de la Seguridad Social a las necesidades de las personas con
discapacidad, a la legislación concreta de la Seguridad Social. Algunas de esas reformas que se han impulsado han venido precedidas de un proceso laborioso, lento, complejo, para que finalmente esa petición de adaptación de la edad de jubilación,
de compatibilización de las pensiones con el empleo por las personas con discapacidad, se incorpore a la legislación española. A veces, incluso, con precauciones y límites que hacen que esos planteamientos, tanto en términos de inclusión en el
mercado de trabajo como para adaptarse a las necesidades específicas de las personas con discapacidad, queden lejos de nuestras aspiraciones. El esfuerzo político que deberíamos hacer es que ese principio, que la legislación en Seguridad Social
debe adaptarse a las necesidades de las personas con discapacidad, realmente sea asumido por la Administración de la propia Seguridad Social.



Lamento no poder escuchar su respuesta, pero le aseguro que la voy a leer en el Diario de Sesiones. No obstante, voy a formular dos cuestiones. La primera, si el Cermi tiene un balance cuantitativo y cualitativo de la medida que permitió
compatibilizar pensiones no contributivas con empleo remunerado, y sobre esa medida, qué recorrido tenemos para avanzar en esa mayor combinación entre políticas pasivas y políticas activas en clave de inclusión en el mercado de trabajo de las
personas con discapacidad. La segunda, si el Cermi tiene balance de las medidas que se han adaptado, la última muy reciente, para adaptar la edad de jubilación a las necesidades de las personas con discapacidad, y qué recorrido tenemos en esa
medida.
Estoy seguro, señor presidente, de que nuestra política de prolongación de la edad efectiva de los trabajadores, nuestras políticas para que las personas trabajen más de los 65 años, para hacer real la edad legal de jubilación, no pueden
olvidar que para un colectivo de personas, como son algunas de las personas con discapacidad, ese planteamiento es irreal e injusto, y por tanto nuestra legislación debe, claramente, reconocer esa especificidad propia de esas personas.



Pido disculpas por tener que ausentarme y de nuevo les doy las gracias a los portavoces por permitirme hablar cuando no me tocaba.



El señor PRESIDENTE: Señor Pérez Bueno.



El señor PRESIDENTE DEL COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CERMI (Pérez Bueno): Señor Campuzano, muchas gracias por el apoyo personal y de su grupo siempre a las demandas de la discapacidad, como el resto de
grupos. Es de agradecer que las cuestiones de discapacidad siempre sean consideradas por los grupos con afán y voluntad de consenso y no solo


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palabra retóricas, sino que es el hacer de la Comisión permanente de Políticas Integrales de Discapacidad. Cuando se han adoptado algunos de estos avances en la protección social de personas con discapacidad en los últimos años, a los que
me refería al principio, la mayoría de modificaciones normativas han contado con el respaldo unánime o amplísimo de la Cámara, lo cual, como sector de la discapacidad, hemos de agradecer, de reconocer y nos alienta a seguir en nuestra lucha.



Respecto de las dos cuestiones concretas que planteaba, sobre el balance de la compatibilidad de 2005, que era solo pensiones no contributivas, no tenemos un balance numérico. Si recuerda cómo estaba redactada la modificación de la Ley
General de Seguridad Social, hablaba de que se podía compatibilizar durante un periodo de cuatro años. Quizás en esa línea de limitación, de cierta reticencia a algo nuevo, a ver cómo va a ir después de tener el balance y de que se le somete de
entrada a ciertos requisitos que nosotros entendíamos que no procedían. No hemos podido tener datos. Los hemos pedido a la Seguridad Social, pero lo que nos ha dicho la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y el INSS es que esa
compatibilidad de cuatro años no era con efectos anulatorios, es decir, que no todas las pensiones que se hayan reconocido compatibles con una actividad laboral a los cuatro años se extinguía esa compatibilidad y habría que renovarla, sino que,
simplemente, ese periodo opera para revisar en su caso si la persona a la que se permitió la compatibilidad, en función de los ingresos que ha tenido, tiene que reintegrar algo a la Seguridad Social o no. Simplemente a efectos de revisión del caso
concreto, pero no de nuevo reconocimiento que podía parecer, como estaba redactado, que en cada caso, una vez transcurridos cuatro años, tenía que solicitar de nuevo el reconocimiento de la compatibilidad concreta. Creo que hemos mejorado, pero en
todos los datos que tienen que ver con discapacidad siempre tenemos una dificultad enorme para seguirlos, bien el ámbito del empleo, de la protección social o de otras muchas esferas de crucial importancia para nosotros. Quizá alguna pregunta
parlamentaria permitiría saber en concreto los efectos. Voy más allá de esa pregunta.
Creo que la gran cuestión ahora no son tanto las pensiones no contributivas en el tema de compatibilidad, que se pueden mejorar y se pueden quitar rigideces,
cuestiones de inflexibilidad, sino que serían las pensiones contributivas de incapacidad las que habría que abordar para evitar dejarlas en esa cierta tierra de nadie entre lo que interpretan la Administración y los tribunales. Las personas con una
incapacidad y que trabajan están en una situación dudosa pues muchas veces no saben si trabajan en lo que la Seguridad Social considera un ámbito protegido, un centro especial de empleo, una fundación, una ONG, trabajo compatible, pero si lo hacen
en un mercado abierto puro y duro, entonces no es compatible. Eso no está en la ley, es una interpretación, son criterios que se aplican. Creo que se debe ir -lo decía antes, lo repito, estamos poniendo el énfasis ahí- a situaciones de
flexibilidad, no dar a elegir entre pensión o trabajo porque normalmente eso lleva a la gente a quedarse solo con la pensión. Es bueno que las personas con discapacidad trabajen, incluso aquellas que puedan tener algún reconocimiento de grado de
incapacidad. La cuestión es cómo modulamos, cómo flexibilizamos, cómo hacemos estructuras que favorezcan la activación, aunque sea a tiempo parcial, me da igual. Es importante que la persona trabaje, la discapacidad por sí misma no impide
trabajar, no debe servir para ser expulsados del mercado de trabajo. Ese sería el gran reto de los próximos años, hacer una buena regulación de compatibilidad que se inspire en el principio de activación entre las pensiones de incapacidad
permanente y el trabajo remunerado.



Respecto de la medida de jubilación de 2009, la hemos celebrado como un avance importante porque en 2003 solo fue para una parte de la discapacidad y se quedaban fuera de esa modalidad discapacidades que por su valoración, su grado de
discapacidad, no llegaban al 65 por ciento, pero que tenían esa reducción comprobada científicamente de su esperanza de vida. Me estoy refiriendo a discapacidades intelectuales de todo tipo: síndrome de Down, autismo, etcétera, un listado bastante
amplio. La medida ha entrado en vigor el 1 de enero, es poco recorrido todavía el que tiene, nunca son grandes números porque personas con estas discapacidades que tengan 15 años cotizados -porque tienen que tener el tiempo de cotización mínimo de
cualquier persona para generar pensión- no son muchos. El propio decreto, con buen criterio, establecía que a los seis meses se revisará en función del número que haya habido de reconocimientos de esta pensión, e incluso se abre a la revisión del
listado de discapacidades sobre las que hay evidencias científicas de que suponen una reducción de la esperanza de vida; ese listado se podría revisar y acompasar en función de más literatura médica sobre la reducción de vida de discapacidades.
Hay tantas que es posible que ese listado no esté completo, seguro que no lo está. Nos estamos encontrando un problema en algunas discapacidades que están en ese listado como es el caso del síndrome postpolio, aquel que continúa a una situación de
poliomielitis, que parece que a los 20, 30 ó 40 años -ya hay evidencias científicas de ello- hay una especie de activación de ese virus y provoca mayor situación discapacitante. Pues bien, como nuestro baremo de reconocimiento de discapacidad de
1999 no contempla el síndrome postpolio, porque no existía en ese momento, ahora, aunque está en el listado del decreto, es difícil acreditar con una certificación oficial de la Administración social que uno tiene síndrome postpolio y desde cuándo
lo tiene. Estas son dificultades que nos estamos encontrando en el día a día, que quizá no son tantas de la regulación estricta de Seguridad Social como de la inadecuación de los baremos de discapacidad, tema que no voy a traer aquí pero que hemos
planteado en otros ámbitos como la Comisión de Discapacidad. Necesitamos un nuevo baremo de discapacidad basado en el


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modelo social de la discapacidad, en la CIF de la OMS, en la Convención de la ONU ya que el que tenemos actualmente tiene muchas deficiencias y no responde a la realidad. Pero, de momento, seguimos sin tener datos de cómo se está aplicando.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Francisco Vañó.



El señor VAÑÓ FERRE: Don Luis Cayo Pérez Bueno, bienvenido. Me alegro de haber oído la exposición, muy clara y contundente, como siempre. Coincido plenamente con S.S. y mi grupo va a suscribir todas sus tesis porque estamos de acuerdo en
que el sistema de Seguridad Social debe constituir un instrumento de política social que pueda contribuir a la inclusión social de las personas con discapacidad, un grupo de personas en grave riesgo de exclusión social. Ya en las anteriores
recomendaciones del Pacto de Toledo en 2003, el cuarto punto era específico sobre discapacidad, era una toma de conciencia, llegar a la conclusión de que el sistema de Seguridad Social tenía mucho que hacer a favor de esta inclusión social. Se
mejoraron situaciones como las que ha citado usted de protección social, pensiones de viudedad, de orfandad, protección familiar, vivienda, ayudas económicas y de empleo; efectivamente, mejoró la situación. Por lo tanto, se debe seguir en ese
camino. La discapacidad no puede permanecer al margen de las recomendaciones que se lleven a cabo en esta Comisión del Pacto de Toledo. Hay que tener en cuenta que ese 9 por ciento de la población, esos cuatro millones de personas, con sus
familias, alcanzarían a un montón de hogares que se ven afectados directa o indirectamente -como muy bien dice- por la situación de discapacidad.
No hemos llegado a la situación deseada, las personas discapacitadas tienen los derechos pero el
problema es acceder a ellos, muchas veces la dificultad está en cómo acceder a esos derechos. Es el momento de elevar esas recomendaciones de esta Comisión, teniendo en cuenta la transversalidad de todo lo que afecta a la discapacidad.



Coincido con usted en algo que ha dicho: Ante situaciones desiguales hay que dar respuestas desiguales. Hay que establecer una discriminación positiva a favor de un sector de la población en riesgo de exclusión social en muchos ámbitos de
la vida. Se debe establecer esa discriminación positiva y llevarla adelante. Coincidimos con sus propuestas. La disposición de nuestro grupo político es llegar a acuerdos, como siempre, en estos asuntos para mejorar esas condiciones de vida.
Espero que así sea, que se establezcan compromisos con otras fuerzas políticas para acordar unos textos consensuados que mejoren esa situación, y por nuestra parte va a encontrar todo el apoyo que nuestro grupo ha demostrado siempre en este ámbito y
seguimos con la misma disponibilidad.



Una de las recomendaciones más interesantes de los acuerdos de 2003 fue establecer esas evaluaciones de impacto en el caso de las personas con discapacidad porque cualquier medida que se establezca hay que considerar esas situaciones
desiguales para dar un tratamiento desigual. Hay un asunto fundamental que debemos abordar -y nuestro grupo está abierto-, como es el empleo de las personas con discapacidad. Todos estamos de acuerdo en que el empleo es un cauce idóneo para la
inclusión social de las personas con discapacidad y, por lo tanto, hay que fomentar ese empleo que triplica en el caso del paro al resto de la población. Estamos de acuerdo en que trabajar dignifica a la persona, pero en el caso de la discapacidad
llega más allá de ese hecho y establece un cauce de interrelación, de ajustarse a una normativa social que facilita la inclusión que buscamos. Por otro lado, crea riqueza. Cuanto más gente trabaja el país funciona mejor, hay más riqueza, y en
España, un país social y derecho como es el nuestro, no podemos permitirnos el lujo de prescindir de una fuerza laboral de un colectivo tan amplio como es el de las personas con discapacidad en edad laboral y en disposición de trabajar. Hay que
establecer cualquier mecanismo que pueda facilitar el empleo.



Ha dicho usted y estamos de acuerdo, es una experiencia contrastada, que muchas veces los sistemas de protección social, sobre todo económicos, es decir, las pensiones, pueden ser disuasorias a la hora de activar a la persona con
discapacidad en un trabajo. Puede llegar el momento en que la persona que cobra una pensión, incompatible con el trabajo prefiera no hacer nada, con lo cual estamos perdiendo una fuerza de trabajo y una riqueza para el país. Se deben buscar
fórmulas flexibles -ha dicho usted-, y yo añadiría imaginativas, para establecer esa compatibilidad, sobre todo atendiendo a lo que decía antes, a situaciones desiguales; personas desiguales, respuestas desiguales. Debemos crear esos criterios de
compensación para que no sea disuasorio fomentar el empleo de las personas con discapacidad. Ha habido una evolución -usted lo ha citado-, ya en 2003, gobernando el Partido Popular, se establecieron las primeras medidas para la jubilación
anticipada, esos criterios del 0,25 y el 0,50 según personas con discapacidad con más del 65 por ciento con o sin necesidad de ayuda de tercera persona. Fue un primer paso, el año pasado se fijó también el límite de edad para personas con
discapacidad debido -también lo ha aludido- a la esperanza de vida en algunas patologías que pueden ser menores y por tanto hay que establecer unos mecanismos que compensen, unas situaciones de discriminación positiva. Vamos a estar de acuerdo en
buscar esas fórmulas imaginativas, no queremos cerrarnos a alcanzar un criterio unificado que en colectivos como este pueden salir perjudicados. La discapacidad, como he dicho antes, no puede permanecer al margen de esta Comisión y no puede
permitirse el lujo de no alcanzar unos compromisos entre los grupos políticos.



Por último, hay un mandato al Gobierno para que en el plazo de un año presente ante el Congreso de los Diputados un estudio que permita garantizar una renta


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suficiente para personas discapacitadas que, por su naturaleza, gravedad o patología, no puedan realizar una actividad profesional y se encuentren desprovistas de apoyo familiar. Queremos recordar esto porque queremos exigirlo ya que es un
compromiso aprobado y asumido y espero que se lleve a cabo.



Le doy las gracias por su exposición, sabe que cuenta con nosotros y espero que todos estemos de acuerdo en un compromiso para seguir adelantando en este campo.



El señor PRESIDENTE: Señor Pérez Bueno.



El señor PRESIDENTE DEL COMITE ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CERMI (Pérez Bueno): Señor Vañó, gracias a usted y a su grupo por el pronunciamiento de apoyo a nuestras demandas. Para nosotros es muy importante
contar con el respaldo del Grupo Parlamentario Popular.
Coincido en los análisis que ha hecho. Compartimos que hay recorrido todavía para que el sistema de Seguridad Social avance en esas dos direcciones fundamentales que convergen con la
discapacidad, como son el fomento de la activación, del empleo, y la mejora de la protección social. Quizá haya que recordar que la primera rama de acción de la Administración, con la terminología actual, el primer germen de políticas públicas de
discapacidad en España, se residenció en la Seguridad Social.
Aunque hacer ciertos recordatorios no es muy grato por la terminología que se usaba -me refiero al término subnormal-, que fue la primera aproximación de la Administración a la realidad
de la discapacidad, al menos en la parte administrativa, fue algo de Seguridad Social. Después hemos visto que las políticas sociales, las políticas de inclusión, las políticas de igualdad de la discapacidad han tenido su propia sustantividad y se
han alejado de la Seguridad Social para tener un ámbito propio, pero no hay que olvidar que ahí surgió la primera acción pública en materia de discapacidad y todavía la Seguridad Social está llamada a tener un papel mayor, más intenso y más
relevante en el fomento transversal de las políticas de inclusión de las personas con discapacidad.



El tema del empleo es crucial, la Seguridad Social interviene en el empleo, como ya me he referido y no quiero insistir más. Si tenemos un marco imaginativo o flexible que no dificulte el acceso al empleo por restringir las prestaciones
económicas, fenomenal; pero hay otra vertiente, las bonificaciones a la contratación de determinados grupos excluidos. Hay una política intensa de bonificaciones de Seguridad Social como un elemento de políticas activas de empleo, que no son
estrictamente de Seguridad Social pero que están muy conectadas con Seguridad Social y en toda la legislación de empleo de las personas con discapacidad hay una larga tradición. Hace muy poco las Cortes Generales han aprobado reformas y ampliación
de la política de bonificaciones a favor de personas con discapacidad. Por ejemplo, la reforma de 2009 que entró en vigor el 1 de enero extiende las bonificaciones de Seguridad Social y el resto de incentivos a la contratación en el propio seno
familiar por parte de un autónomo de sus familiares, hijos o hijas, con discapacidad. Era increíble que hasta el año pasado cualquier gran empresa multinacional española pudiera contratar a una persona con discapacidad y podía tener, en función de
la edad o el género de la persona, hasta el 90 de exención en la bonificación, mientras que un padre o una madre contratase a su hija con discapacidad en la peluquería o en la carnicería y no tuviera ninguna posibilidad de ayudas al empleo ni de
bonificaciones a la Seguridad Social. Ahí también hay un camino por recorrer, camino de fomento al empleo o de los autónomos con discapacidad. Los autónomos en general están lejos de los empresarios normales u ordinarios y en materia de
discapacidad tienen mucha menor ayuda que la que pueden tener los empresarios más tradicionales. Ahí podemos avanzar mucho.



Hay otro aspecto que me parece interesante, una vez reconocida la prestación económica de incapacidad contributiva o de invalidez no contributiva -a estos efectos me da igual-, el sistema abandona a la persona con discapacidad, tiene su
pensión y está en su casa, pero no se ocupa de un acompañamiento intenso, individualizado, de ofrecerle itinerarios de inserción, de formación, acompañarle. Igual que para las prestaciones de desempleo, el sistema de empleo dice que tienen que ir,
les busca, les orienta y les da formación porque lo importante es ayudar a que se recoloque o a que encuentre otra actividad, en el caso de las prestaciones económicas de Seguridad Social parece que una vez que han sido reconocidas el sistema se
desentiende, pero tanto el sistema de Seguridad Social como el sistema social como el sistema de políticas de empleo. Creo que debemos evitar eso, y en esa reformulación que de alguna de nuestras instituciones que tienen gran tradición deberíamos
replantearnos eso. Hace pocas semanas, por invitación de la Secretaría de Estado de Seguridad Social, asistí a una conferencia europea con motivo de la Presidencia española sobre reactivar a las personas en situación de incapacidad. Estaban todos
los países europeos, grandes ONG, los agentes sociales europeos y por España, la representante del INSS expuso el sistema español de incapacidad permanente y dio los números. La primera intervención que hubo fue del representante del Reino Unido,
quien agradeció esa explicación tan detallada y tan puntillosa y dijo: Y a esas 200.000 personas que hay en pensión no contributiva de invalidez de menores de 65 años, ¿se les hace algo para su empleo, se les acompaña, se les ofrece algo? La
representante del Gobierno español tuvo que reconocer que no, que no hay nada, que se ha centrado en la mejor gestión, en la lucha contra el fraude, en la coordinación de los sistemas de incapacidad: por ejemplo, en la incapacidad profesional son
los servicios de salud de las 17 comunidades autónomas las que dan la situación,... Han mejorado la gestión, han disminuido el fraude, pero no hay nada que ofrecerles a esas personas,


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para animarles a que estén en el empleo, que es lo que nos interesa a todos. Quizá todas no podrán trabajar, pero estamos dando por hecho que una buena parte no va a poder trabajar y no hemos hecho nada.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Díez.



La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Muy brevemente, para darle también las gracias al señor Cayo por su comparecencia, por su intervención, por las propuestas que nos ha hecho, por el documento que hemos podido recoger y por toda la tarea que el Cermi
está haciendo para ayudarnos a quienes tenemos responsabilidad de legislar a hacerlo mejor para el conjunto de nuestros conciudadanos, también para aquellos que sufren discapacidades y para los que debemos pensar de una manera particular, como
explicaba en su intervención. No tengo mucho que añadir sobre las cuestiones que mis predecesores han planteado cuando han intervenido en respuesta a su intervención, pero sí quería reafirmarme en algo que el señor Cayo, ha destacado. No se
entendería el trabajo de esta Comisión, nuestra tarea legislativa, sin escucharles ni tener en cuenta su visión. Quiero decirlo de otra manera, un criterio compartido a la vista de cómo han evolucionado todos los trabajos es que resultan
imprescindibles a la hora de ayudarnos a hacer bien nuestra tarea, no solo para que a través de las leyes, de las reformas y de las iniciativas que tengamos que tomar, procedamos reconociendo un derecho efectivo, el que ustedes tienen como
ciudadanos que son como nosotros, como conciudadanos que somos todos, sino porque como usted muy bien destacaba, tenemos la obligación de hacer efectivo su derecho y deberíamos hacerlo desde una perspectiva -si me permite la expresión colonial-
egoísta, porque su inserción, todas estas propuestas que ha definido van a redundar en algo favorable y positivo para el conjunto de los ciudadanos. Ustedes, y su tarea de integrarles, favorecen el reforzamiento del sistema de Seguridad Social y
por tanto se ayuda a extender la base social, y eso es algo de lo que nos beneficiamos el conjunto de los ciudadanos. Si tuviéramos la capacidad no solamente de legislar bien, que la tendremos, sino de hacer partícipe al conjunto de la sociedad a
través de una pedagogía democrática de que nuestra obligación de integrar a las personas con discapacidad no solamente es por reconocerles un derecho que tienen, sino porque además redunda en beneficio del conjunto de los ciudadanos, seguramente
tendríamos una percepción mucho más positiva y sería más fácil que hiciéramos alguna de las cosas que tenemos que hacer y que como aquí se ha puesto de manifiesto tienen sus dificultades.



En todo caso, muchas gracias por su intervención, por su trabajo y por ayudarnos a hacer las cosas mejor.



El señor PRESIDENTE: Señor Pérez Bueno.



El señor PRESIDENTE DEL COMITE ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CERMI (Pérez Bueno): Le reitero el agradecimiento por el apoyo de usted y de su formación política a la tarea del Cermi. El movimiento social de la
discapacidad articulado en torno al Cermi si tiene una seña de identidad es no solo exigir, no solo reclamar, que también, somos ciudadanos heridos porque la plenitud de nuestros derechos no está reconocida, sobre todo en el ejercicio. Hay un plano
nominal legislativo, pero el ejercicio diario a veces es una tarea de supervivencia. Pero no solo queremos la noble y entusiasta labor de reclamar y de exigir, sino también de colaborar y de corresponsabilizarnos. Entendemos que la suerte del
país, de nuestra comunidad a la que queremos pertenecer con pleno derecho, no es solo que atiendan a la discapacidad, sino que nos permitan ser protagonistas junto con los demás de un mejor desarrollo humano y un mejor desarrollo social de nuestra
comunidad. Esto significa también acceder al empleo, que se destruyan y se atenúen las barreras que nos impiden estar o que nos invitan a salir. Creo que esto es importante. En los últimos años la tasa de actividad de las personas con
discapacidad ha mejorado. Si comparamos la encuesta general de discapacidad de 1999 con la reciente EDAD de 2008, vemos que hemos mejorado cuatro o cinco puntos de actividad, no de desempleo, que para mí, a estos efectos es menos importante. No
voy a decir que el desempleo no sea importante, sino que lo que mide realmente si participamos o no en el mercado de trabajo es la tasa de actividad.
Son mejoras, en un periodo de bonanza económica como han sido estos últimos ocho o diez años hemos
mejorado un poco, pero es insuficiente, y en buena parte es porque nuestra legislación todavía está en sistemas muy duales: trabajas, no trabajas, recibes prestaciones, eres plenamente activo, y creo que eso hay que reformularlo. Seguro que en
esta revisión del pacto actualmente en curso se recoge esta recomendación, se sigue trabajando -y he de decir que con las distintas administraciones de Seguridad Social, en su momento con el Partido Popular y actualmente con la del Partido
Socialista, hay muy buena y fluida relación con la Secretaría de Estado de Seguridad Social y con los órganos gestores de la Seguridad Social- y hay un reconocimiento de la discapacidad como un actor más, no digo como un agente social, pero como un
actor más con el que se debate; hay opiniones y pareceres distintos, es lo lógico en una democracia, pero entendemos que somos tenidos en cuenta y eso es en gran parte por este apoyo parlamentario, por este apoyo político que, después, en la
gestión diaria del sistema se está viendo.



Mi anhelo como presidente de esta entidad es que cuando volvamos a revisar el Pacto de Toledo todos los datos que hemos dado de inclusión, de tasas de desempleo y tasas de actividad mejoren sustancialmente y que nosotros sintamos -y eso es
muy bueno para la autoestima y para la dignidad personal y la dignidad de pertenecer a un país- que estamos contribuyendo a sostener esta sociedad,


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a que sea más justa, a que sea más inclusiva, y que no sólo pedimos sino que estamos dispuestos por lo menos a dar tanto como estamos dispuestos a recibir.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra doña María José Sánchez.



La señora SÁNCHEZ RUBIO: En primer lugar, mostrar el agradecimiento del Grupo Socialista por su comparecencia, por el contenido de la misma y también por el trabajo que el Cermi y su presidente, don Luis Cayo Pérez Bueno, viene haciendo en
materia de discapacidad y también en materia de Seguridad Social vinculada a las personas con discapacidad. Creo que es muy importante y el análisis que usted ha hecho en su comparecencia pone en evidencia ese trabajo. Incluso el reconocimiento
expreso en las recomendaciones de 2003 del sector de la discapacidad recogía el trabajo del sector en colaboración con los distintos grupos parlamentarios.



Quería comentarle que el tema de Seguridad Social, que es, a nivel de protección social, el inicio del trabajo como estado para las personas con discapacidad, tanto en la Ley de Bases de Seguridad Social de 1963 como posteriormente cuando se
crea el Servicio de Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos en el año 1974, que ese fue mi acceso a la Función pública, en el año 1978, que es cuando yo accedí a la Función pública precisamente en este sistema complementario de apoyo a la
Seguridad Social en materia tanto de discapacidad como de personas mayores, es muy significativo de cómo la protección social en el ámbito de la Seguridad Social ha tenido el sector de la discapacidad como un sector muy importante. Bien es cierto
que fue mucho más importante para el sector el reconocimiento posterior en la Constitución de atender universalmente al colectivo de las personas con discapacidad, fueran mutualistas o no, asegurados o no, o fueran beneficiarios o no de un cotizante
a la Seguridad Social. Creo que eso fue determinante y fue un reconocimiento de derecho universal que cambió absolutamente el abordaje en materia de discapacidad en su vinculación con la protección social y con las políticas sociales. No obstante,
ahí hay una dualidad que aún se mantiene y es el equilibrio entre el modelo médico y el modelo social, que yo creo que todavía no está totalmente cerrado hacia el modelo social que nosotros defendemos y creo que ustedes manifiestamente lo hacen y
estamos de acuerdo.



Me ha parecido entender de su comparecencia que, efectivamente, tocaba revisar el pacto y además es necesario revisarlo para hacer sostenible el sistema, y es necesario revisarlo para introducir la consolidación de derechos que se han venido
produciendo, lo que queremos que siga siendo y cómo queremos que siga evolucionando, también en el sector de la discapacidad. Usted comentaba cómo en 2003 se planteó el tema de la jubilación anticipada, posteriormente, en 2005, la compatibilidad
entre la pensión no contributiva de invalidez y el trabajo remunerado, igualmente cómo se ha mejorado en materia de prestación familiar, en materia de orfandad y compatibilidad de la orfandad en el sector público, que tampoco existía y también en la
posibilidad de contratar a los hijos de los autónomos que tienen una discapacidad. A mí me parece importante el que se haya avanzado en el hecho de entender que no toda la discapacidad es igual en este tema y que hay unas personas con discapacidad
con especial dificultad de inclusión social y laboral que deben tener un trato distinto, preferente, porque no es lo mismo una persona con un 33 por ciento que una persona con un 75 por ciento o con un 33 por ciento con una parálisis cerebral.
También es muy importante -y que no hemos mencionado- la recomendación de 2003 de regular la atención a las personas en situación de dependencia, y después también la autonomía personal. Eso es una recomendación del Pacto de Toledo de 2003, y ha
sido muy importante que eso estuviera ahí y que se entienda ahora como una realidad.



Comentaba algo que el señor Azpiroz dice frecuentemente, y también lo hace el señor Burgos, sobre el tema de la separación de fuentes. En estos momentos, como bien comentaba esta mañana el señor Granado, si la dependencia fuera con cargo a
cotizaciones o si fueran con cargo a cotizaciones alguna de las prestaciones que hay ahora mismo o incluso la asistencia sanitaria, por remontarnos a anteriormente, estaríamos gastando en Seguridad Social ocho punto más del PIB. Realmente hay una
separación de fuentes al incluir dentro del ámbito de los Presupuestos Generales del Estado políticas tan importantes como la atención a las personas en situación de dependencia.



En cuanto a las mejoras que se han producido, me ha parecido muy importante el reconocimiento de la discapacidad como una acción preferente dentro del ámbito de la Seguridad Social. Además, creo que la sensibilidad que tiene la Secretaría
de Estado, y en este caso el secretario de Estado en esta materia, es muy importante. El tema de las bonificaciones, porque cotizaciones también se ven en el Pacto de Toledo, creo que no puede tener, bajo ningún concepto, el mismo tratamiento que
el resto de las bonificaciones a contrato. Si en algún caso esas bonificaciones deben quedar debe ser aquí y, de hecho, el documento que se ha presentado a los interlocutores sociales contempla que en materia de discapacidad se debe tener en cuenta
el tema de bonificaciones como algo especial, como algo necesario. Hay algo que es fundamental y que usted ha comentado, de los tres puntos que ha dicho, la discriminación en la detección de la discapacidad, la flexibilidad en cuanto a la vía de
acceso a la Seguridad Social de las personas con discapacidad y la activación, yo me quedaría con la activación, porque la tasa de actividad aún es muy baja, y uno de los argumentos para la reforma de la Seguridad Social en estos momentos es que es
necesario tener más población activa, más cotizantes. Todos miramos a la inmigración y me parece maravilloso porque nos viene muy bien, es necesaria y además colaboramos con personas que tienen grandes dificultades, pero nos queda un sector todavía


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de activación en las mujeres, que tienen una tasa de actividad más baja que los hombres, y nos queda una activación enorme en las personas con discapacidad, que están a 30 puntos de diferencia con el resto de los trabajadores y trabajadoras,
personas perfectamente preparadas, cada vez más cualificadas y que van a engrosar las arcas de la Seguridad Social con sus cotizaciones y a bajar el número de pensiones que ahora mismo hay en materia de pensiones no contributivas por invalidez o
prestaciones familiares por hijo a cargo.



Para terminar, porque sé que estamos apurados de tiempo, quiero decir que en cuanto a sus propuestas, el grupo socialista las acoge muy interesado, y además nos parecen perfectamente discutibles y aceptables en el ámbito del Pacto de Toledo,
y no solamente por parte de los grupos políticos. Es decir, que nosotros, en este caso, queremos hacer uso de un lema que ustedes utilizan y que compartimos: nada para las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad. Lo
consensuaremos los grupos políticos con seguridad en el ámbito del pacto y también lo haremos con ustedes, que creo que es muy importante. Sus propuestas son muy interesantes y en ellas nos vemos nosotros reflejados.



El señor PRESIDENTE: Señor Pérez Bueno.



El señor PRESIDENTE DEL COMITE ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CERMI (Pérez Bueno): Señora Sánchez Rubio, renovadas gracias por el apoyo entusiasta y por ese anuncio de que nuestras propuestas van a ser no solo
consideradas sino tenidas en cuenta, y que nos ven como un sector social legitimado para intervenir en este debate.
Nos llena de orgullo y satisfacción el saber que podemos colaborar en los enormes retos que tiene planteados el país en materia de
protección social y sus instituciones con el Parlamento a la cabeza. Todo lo que ha dicho es compartido. En el informe al que yo me remitía, que tienen ustedes a su disposición, hay diez páginas chequeando los avances producidos en el último
decenio en materia de Seguridad Social, concretos y articulados. No siempre tenemos los datos del efecto práctico y tangible en la vida de los ciudadanos y las familias de esas medidas pero sabemos que han sido positivas. Y creo que debemos
continuar esa senda reforzándola en esta renovación del Pacto de Toledo.



Como sé que usted personalmente tuvo mucho que ver en alguna de estas medidas como, por ejemplo, en las cuestiones de orfandad, en clases pasivas o en el régimen de Seguridad Social de funcionarios públicos, hay un tema que quería comentar.
Cuando se consigue en el régimen general, que es el elemento referenciador de todo el sistema de Seguridad Social, un avance, a lo mejor en las clases pasivas no se produce eso, tiene su propia lógica y su propio sistema, aunque yo creo que deberían
converger, y la lógica sería esa. Y cuando has conseguido, por ejemplo, la jubilación anticipada para personas de régimen general e incluso de régimen de autónomos, enseguida vienen funcionarios padres y madres porque ese beneficio concreto no es
aplicable en el régimen de clases pasivas. Eso tiene otra interlocución, Hacienda, es otro ministerio, no es Secretaría de Estado, y a veces te queda una sensación desalentadora de a situaciones iguales darles tratos no exactamente iguales. Y hay
beneficios que todo el mundo celebramos como un avance para toda la sociedad y que no se pueden aplicar, aunque sea en menores casos, porque el régimen de clases pasivas tiene su lógica propia; tiene otras ventajas que no tiene el régimen general,
que es la respuesta que siempre nos dan.
Yo creo que se debería hacer un esfuerzo para converger y que no haya diferencias que los ciudadanos puedan ver como un agravio; que haya particularidades, que haya especificidades, pero no hasta este punto
de intensidad que sean sentidas como un trato desigual e injustificado.



El tema de la activación, conectado con políticas activas de empleo, ahora se está debatiendo en la mesa de diálogo social y con el Parlamento en el nuevo escenario de bonificaciones. Parece, por los estudios que conocemos y por la
realidad, que las bonificaciones concentradas en grupos especialmente vulnerables como el de la discapacidad sí son efectivas y eficaces y seguro que han contribuido a avanzar esos todavía tímidos 5 ó 6 puntos en la tasa de actividad, pero, como muy
bien decía, nos quedan 30 puntos para llegar a la tasa media de actividad de la ciudadanía sin discapacidad. Eso quiere decir que hay una masa muy discreta u oculta, un cuarto oscuro donde nadie ve, de posibles, de potenciales personas con talento
que, con ajustes razonables y con entornos no discapacitantes, pueden estar perfectamente sosteniendo, contribuyendo al sistema -tanto de Hacienda como de la Seguridad Social- con su trabajo. Se realizan, se socializan y contribuyen a un país más
digno y más decente. Yo creo que eso es muy importante y esta Comisión, con sus acuerdos, puede sentar orientaciones y puede acelerar ese proceso.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Luis Cayo Pérez. Bueno, presidente del Comité español de representantes de personas con discapacidad -Cermi-. Le despedimos con el mismo afecto y cariño con que le recibimos. Esta es su casa,
puede venir cuando quiera.



Se suspende la sesión durante diez minutos. (Pausa.)


- DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE GENT GRAN DE CATALUNYA, FATEC (CUGAT I LESEURS). (Numero de expediente 219/000514.)


El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.



Damos comienzo al segundo y último punto del orden del día, que es la comparecencia de don Mario Cugat i Leseurs, presidente de la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya, Fatec, para informar sobre temas relacionados con la
Comisión. Tampoco leo tan mal el catalán ¿no?


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La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Para ser la primera vez, señor presidente, muy bien. (Risas.)


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Cugat.



El señor PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE GENT GRAN DE CATALUNYA, FATEC (Cugat i Leseurs): Señor presidente, señoras y señores diputados, este compareciente, que lo hace en nombre de Fatec -Federació d'Associacions de Gent Gran
de Catalunya-, les quiere expresar el agradecimiento de dicha entidad por el honor que nos hacen al demandar nuestra presencia hoy aquí en nombre y representación de las 343.700 personas mayores catalanas usuarias y asociadas a los 599 clubes y
entidades de mayores que tenemos federados. Rememoramos también la ocasión que tuvimos de hacerlo en junio de 2005 ante la Comisión no permanente para las Políticas Integrales de la Discapacidad de este Congreso, así como las tres veces que lo
hemos hecho ante comisiones diversas del Parlamento de Cataluña. Y lo hacemos desde la confianza de que los trabajos de esta Comisión parlamentaria, y de las recomendaciones que por gracia de ellos adopte el Gobierno español, mejorarán en mucho la
vida en dignidad de las personas jubiladas del Estado, muchas de las cuales podrán así salir de su precaria situación económica actual.



No sobra un breve repaso y un efectivo reconocimiento a lo conseguido y mejorado en pensiones y otras prestaciones a las personas mayores desde el año 2004, reflejo de la actuación de esta Comisión y del Gobierno español. Las diversas
pensiones mínimas han aumentado por encima del 30 por ciento en relación al IPC; el resto de las pensiones ha aumentado un 20,6 por ciento; el porcentaje de cálculo de la base reguladora de las pensiones de viudedad en diciembre de 2003 pasó del
45 al 52 por ciento; las pensiones no contributivas han aumentado un 20,65 por ciento y se pueden complementar hasta el 25 por ciento por las respectivas comunidades autónomas, estos pensionistas reciben este año 525 euros complementarios para el
pago de alquileres; las viudas con hijos menores han pasado de 383 a 679 euros al mes; se adjudica la pensión de viudedad a las parejas de hecho y se ha compatibilizado el cobro de la pensión de viudedad y del SOVI. Pero, pese a ello, la pobreza
en la que permanecen muchos jubilados se mantiene e incluso aumenta. Una simple palabra que encierra sufrimiento, desarraigo, vergüenza, rechazo, mucho dolor, en suma, y que un decenio de prosperidad no ha eliminado. La pensión mínima sin cónyuge
es de 557,50 euros, la pensión mínima de viudedad 587,80, los pensionistas no contributivos reciben 339,7, la pensión SOVI es 375,7, pero el salario mínimo interprofesional está oficialmente establecido en 639,29 euros, lo que significa que el 19,8
por ciento de nuestros ciudadanos, entre ellos el 47 por ciento de los jubilados, viven por debajo del salario mínimo interprofesional. Según declaración de la ministra de Sanidad y Política Social, en el año 2009 los ciudadanos en esta situación
de pobreza pasaron solamente de ser el 20 al 19,45 por ciento en un año. No se ha provisionado el fondo de reserva de las pensiones con el excedente de 2008 de 14.480 millones de euros. No hemos sabido repartir la prosperidad; no hemos sabido o
no hemos querido.
¿Dominan tanto determinadas fuerzas económicas que condicionan el poder del Estado? ¿Podemos inyectar dinero a mansalva en los circuitos financieros y no para las personas desvalidas? Esta inyección ¿les acabará ayudando a
ellos? Porque los pobres no crean lobbies de presión, pero otros sí y les resulta. ¿No nos duele a todos el estómago cuando lo pensamos? Nos sorprende oír decir a los gobiernos que están haciendo un gran esfuerzo para intentar resolver la
situación y establecen un largo calendario para llegar a la solución definitiva. El esfuerzo no lo hacen los gobiernos, lo hacemos los ciudadanos pagando impuestos, que es lo que hemos de hacer, pero no siempre entendemos y compartimos su uso y sus
prioridades porque no queremos ver a conciudadanos nuestros en situación de miseria. Ni tampoco podemos aceptar que se supedite la resolución de la pobreza a su sostenibilidad en el futuro, otras cosas habrá que reconducir para hacerlas viables en
el futuro, pero la eliminación de la pobreza no, es un derecho inalienable y ha de tener prioridad hoy y mañana. La dignidad de la persona no se modula en función de las posibilidades, se respeta, por lo que la Administración pública, mejor, sus
responsables, deberían sentirse interpelados, ¿cómo ha sido posible que determinados colectivos prosperaran grandemente y siga la pobreza sin resolverse?


En Fatec somos atrevidos, creemos sinceramente que es posible, que es necesario, más aún, que es imprescindible mirar con nuevos ojos, repensar desde la imaginación y el conocimiento de la realidad, los presupuestos de las diferentes
administraciones públicas, a buen seguro que se encontrarían partidas innecesarias, organismos doblados para una misma tarea, urgencias que no lo son, gastos superfluos, mismas funciones repetidas por diversas administraciones, burocratización
excesiva, organismos e instituciones de escasa o ninguna utilidad, frivolidad en el gasto, etcétera. El ahorro sería considerable y la redistribución para solventar auténticas necesidades, posible. El Gobierno se ha propuesto, en el marco de un
plan de austeridad, disminuir sensiblemente el gasto público. Podría haberlo hecho antes, en tiempos de bonanza, y entonces temas como la pobreza habrían encontrado ya solución o gran mejora. En el momento en que deban ustedes formular
recomendaciones, nosotros, que ya hemos vivido varias crisis, algunas potentes, y hemos sobrevivido y resurgido, queremos recordar a SS.SS. que quien es joven o de media edad, aun encontrándose en situación precaria laboral o económica, dispone de
espacio temporal para resolverse; en cambio, nosotros, los jubilados o mayores, ya no disponemos de ninguna capacidad de rehacer nuestra economía. Nuestra hucha es como un cántaro con un solo pitorro, el de


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salida. Hoy hay muchos mayores que han debido romper esta hucha y emplear sus ahorros para ayudar a sus familiares; agotada esta, nunca más podrán ahorrar, de manera que quien hasta ahora podía complementar pensiones menguadas o
insuficientes con esta reserva construida a lo largo de los años y a menudo con esfuerzo, saldrán de esta crisis empobrecidos sin remedio. Y los que ya estamos jubilados o los que están próximos a ello ya no disponemos de tiempo suficiente para
introducirnos en seguros de pensiones o de dependencia. La supresión de la excepción en el pago de medicamentos, al ser ya crónicos, nos resultaría altamente gravosa, las alzas en impuestos, exacciones o tasas nos empobrecen, un alto copago en
dependencia nos obligaría a permanecer sufriendo en casa, etcétera.



Estas generaciones de jubilados somos los que reconstruimos el país después de la Guerra Civil. Destrozado, lo pusimos en marcha otra vez.
Desde un tiempo de sufrimiento, miseria, sin prestaciones sociales, con carencias múltiples, hemos
logrado alcanzar prosperidad y bonanza y hoy lo hemos dejado a estas generaciones activas bien preparado para su continuidad. Por eso creemos estar en el derecho de que la riqueza actualmente generada sobre la base de lo por nosotros construido nos
repercuta, de manera que lo justo sería que nuestras pensiones se revalorizaran en base al producto interior bruto y no sólo a la inflación, porque perdemos poder adquisitivo año tras año con la actual composición del IPC. En el párrafo segundo de
la recomendación 13 del año 2003, Solidaridad y garantía de suficiencia, se lee: El sistema de Seguridad Social debe asegurar a las personas de edad avanzada un nivel de vida digno, que se beneficien del bienestar económico de España. AGE, la
Plataforma Europea para Mayores, adscrita a la Comisión Europea, en su declaración de octubre de 2009 sobre las pensiones pone por título: Garantizar las pensiones adecuadas para todos en la Unión Europea es una responsabilidad común. Y en su
recomendación tercera dice: El modo de indexación de las pensiones, relacionada con la inflación, la creación de riqueza o una combinación de los dos, debe permitir a los jubilados, a medida que ellos envejezcan, seguir la evolución económica de la
sociedad y garantizar que el valor de sus pensiones no se verá erosionado en las generaciones de los más mayores. Finalmente, en sus conclusiones, aparece: Es indispensable, para establecer la confianza en los sistemas de protección social
nacionales y en el modelo social europeo, el mejorar de forma sustancial la adecuación de las pensiones, el ingreso mínimo decente para todos los jubilados, la protección del ahorro de los trabajadores y de los ingresos de los jubilados, y las
posibilidades de prolongar su vida activa.



Señoras y señores diputados, Fatec, por diferentes procedimientos y a diversas instancias gubernamentales y políticas, ha demandado reiteradamente lo que ahora les solicitamos que se incluya en sus recomendaciones. Primero, para los
pensionistas en activo y para los que en inmediatos años lo vayan a ser, ninguna modificación de las prestaciones actualmente en vigor; revalorización anual de las pensiones en la línea de lo expresado y mantenimiento de la exención en el pago de
medicamentos. Segundo, incremento sensible de las deducciones por edad en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Tercero, aumento hasta llegar al 70 por ciento de la base reguladora para el cálculo de la pensión de viudedad, asunto
que en su momento aprobó este Congreso como proposición y que no se ha cumplimentado. La recomendación 12, párrafo primero, señala que habrá que mejorar sustancialmente las actuales prestaciones de viudedad de las personas que no disponen de otros
ingresos, especialmente en el caso de los mayores de 65 años. Cuarto, que cualquier pensión, sea la que sea, no quede por debajo del Iprem. Quinto, aumento importante del porcentaje del complemento posible a los pensionistas no contributivos, sin
que alcance lógicamente al de los contributivos. Sexto, que se cumpla lo señalado en la recomendación 6º, párrafo tercero, de limitar el recurso a las prejubilaciones y desincentivar el abandono prematuro de la vida laboral. Y, séptimo, considerar
el coste complementario generado por la situación de incapacidad, estimado por el Ayuntamiento de Barcelona en unos 27.000 euros al año, a añadir a la pensión propia. Este es el coste que significa el simple hecho de estar en una silla de ruedas
con carácter permanente, además de la pensión.



Estas mejoras que reclamamos repercuten considerablemente en la vida de estas personas que, en cantidad considerable, están sometidas a la denominada violencia estructural, definida como la situación que niega los elementos más fundamentales
y necesarios para poder tener una vida autónoma digna. Destacamos de forma especial a las mujeres viudas, muchas de las cuales, tras haber tenido una vida en pareja aceptablemente digna, al enviudar, pasan a una situación de penuria si no disponen
de ingresos propios. Tampoco podemos olvidar que no solo la inflación reduce el poder adquisitivo del pensionista, sino que los aumentos impositivos y de tasas, los costes del transporte, las insuficientes dotaciones en las prestaciones para la
dependencia, a compensar por el interesado o su familia, lo que origina un copago real superior al ofertado, etcétera, le afectan grandemente.



Aun cuando por nuestra edad y por ya estar introducidos en el sistema con un modelo inamovible pueda no afectarnos, pensando en nuestros hijos y nietos estamos francamente interesados en la sostenibilidad de las pensiones. Sabemos que para
conseguirlo será imprescindible tomar diversas medidas y que hay que hacerlo ahora, sin reparos y con decisión.
También AGE, en la Declaración de octubre de 2009 mencionada, manifiesta: Garantizar las pensiones adecuadas para todos en la Unión
Europea es una responsabilidad común. Y es que no solo se trata de ajustar el actual sistema, sino que será preciso educar en un modelo de ahorro y previsión personal a las generaciones jóvenes y de media edad. La Fundación Edad & Vida ha
patrocinado un informe


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elaborado por Esade sobre la previsión y el ahorro ante el envejecimiento de la población, cuyo resumen viene a decir que la cultura del ahorro a lo largo de la vida no forma parte del esquema económico de los ciudadanos con carácter
general. Tanto en lo que se refiere a las pensiones como a la atención a la dependencia. De jóvenes se nos inculcó la cultura del ahorro, pero luego se pasó a incentivar el consumo desaforado y a crédito que tanto ha lucrado a las entidades
financieras.
Por ahí habrá que trabajar para cambiar esta situación y establecer o mejorar mecanismos privados de previsión y ahorro fiscalmente atractivos, rentables y convencer de su imprescindibilidad a los ciudadanos. No olvidar que la
recomendación 14ª, en su párrafo quinto, ya lo demanda, pero, eso sí: salvaguardando siempre el principio y las bases del sistema público de pensiones y reafirmado que dichos sistemas complementarios tienen como objetivo el complementar y no el
sustituir las pensiones públicas.



De prolongar la vida laboral activa se está hablando mucho estos días.
Nosotros pensamos, dicho de forma muy resumida, que si entendemos las diferencias de esfuerzo y cansancio entre los trabajadores de mono azul y los de cuello blanco, no
vemos inconveniente en atrasar dos años la jubilación, que muchos de los segundos podrían aceptar ya que supondría mantener dos años más un mayor nivel de vida, pero siempre de forma voluntaria. De hecho, esta posibilidad ya existe y se premia con
un moderado aumento de la pensión que se vaya a recibir. Pero entendemos que, salvo el acuerdo empresarial, no sería una medida efectiva. Un reciente estudio del profesor Juan Díez Nicolás, propiciado por Ceoma, nos dice que la consideración del
trabajador de edad es alta por su experiencia y calificación, aunque poco receptivo a la evolución tecnológica, pero que tanto los empleadores públicos como los privados desean que se vayan cuanto antes y sustituirlos por otros con menores salarios.
En cambio, en la línea de lo dicho anteriormente por AGE, el férreo control de las prejubilaciones, el no admitir, no permitir en los casos de empresas con beneficios que se realicen a costa de la Seguridad Social, mejoraría enormemente sus cuentas.
Con esto, la edad de jubilación media de 63,8 años actual ya se retrasaría sensiblemente.



A estas nuevas generaciones hay que advertirles que si bien ahora ya hay alrededor de 7,8 millones de jubilados, en 2050 habrá unos 16 millones sobre una población total entre 49 y 51 millones, lo que significa un potente colectivo social,
intelectual, cultural, económico, consumidor, turístico, político y más cosas que me dejo. Entendemos que estamos ya, casi sin percatarnos, en el periodo en que hay y habrá que concertar un nuevo contrato social y generacional. Jóvenes, maduros y
mayores estamos ya convocados a reflexionar sobre este futuro inédito y sobre las consecuencias diversas y transcendentes que tanta persona mayor significará y pactar un nuevo acuerdo entre generaciones, al que jóvenes y maduros deberán aprestarse
francamente por cuanto también ellos serán mayores en su día, no fuera que les cogiera sin haberlo preparado.
Partiendo de una premisa simple y clara, los mayores significamos un coste previamente ganado con el trabajo y la cotización, sí, pero
también, y mucha, aportación. Habrá que concertar quién, cuánto y cómo paga y quién, cuánto y cómo recibe, aceptando con normalidad que hoy tendré que dar para recibir mañana, el reparto de riesgos entre las tres generaciones y el tipo y nivel de
servicios a prestar y recibir cada una, qué debe aportar cada generación -los mayores incluidos- a las otras, dónde se ubica cada generación y a qué se dedica, y cómo se estructura esta nueva etapa de la vida, especialmente pensando en los mayores,
a los que habrá que dar utilidad, vida activa y responsabilidades; cómo se reparte el poder sin exclusiones. Qué se hace -en fin- con un colectivo que tiene un capital inmenso en conocimiento, experiencia, historia, salud, dinamismo, capacidad de
consumo, mucho a dar si se le acepta y verdaderas ganas de vivir.



Sus señorías saben bien que a quien pasa a ser pensionista la legislación vigente le impide cualquier actividad laboral y el salario correspondiente, salvo en el caso de la jubilación parcial o flexible.
Únicamente podrá recibir algún
ingreso si da conferencias, asiste a reuniones que tengan previstas dietas y poca cosa más. Pero muchas de las acciones del voluntariado suplen o complementan la prestación de servicios o la atención a necesidades no atendidas por las
Administraciones públicas, con lo que cubren a muchas personas con déficits diversos. Si en un momento determinado todas las entidades del tercer sector, las de tipo religioso, etcétera, cesaran en su actividad, las diversas administraciones se
encontrarían con una crisis social de colosal envergadura. La demografía nos dice que para la próxima década de los cincuenta, a los 16 millones de jubilados o mayores con una esperanza cierta de vida restante de veinticinco años aproximadamente,
con buena salud y de alguna forma como rejuvenecidos, mejor culturizados, dinámicos y deseosos de actividad, no se les podrá tener aparcados sin nada que hacer y que habrá que darles salidas sociológicas para mantener su buena salud física y mental
como personas y como colectivo. Esta alta cantidad de mayores, unido a las dificultades presupuestarias y fiscales, hará que las pensiones de futuro sean, en general, menores a las actuales en porcentaje respecto al último salario, insuficientes
para mantener el mismo nivel de vida ya que no todos dispondrán de los ingresos laborales necesarios para construirse un ahorro suficiente. Y una sociedad hedonista demandará cada día más y más servicios y prestaciones de todo tipo imposibles de
cubrir, lo que generará tensión social, presión a los gobiernos e insatisfacción general por un lado de unos jubilados económicamente insatisfechos y por otro de una ciudadanía insaciable en la demanda de atenciones y prestaciones. Entendemos que
un puesto de trabajo se compone de una necesidad, actividad, servicio u obra a realizar y de un sueldo que la compense, pero si no hay posibilidad de asalariar ese trabajo, no se ha


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podido crear el puesto de trabajo, por lo que este no existe, pero la necesidad pendiente sí. Esto es lo que podría cubrir temporalmente el que llamaremos voluntario incentivado, lo que permitiría responder a la demanda social y dar vida
activa y mejora económica al jubilado, por lo que proponemos que se vaya pensando en permitir el aprovechamiento de los mayores jubilados proponiéndoles -desde su libertad- cubrir dichos servicios y necesidades por vía individual o a través de sus
organizaciones, en horarios reducidos, con un convenio especial previsto, con una compensación económica menor, complementaria a su pensión completa, limitada a una cifra máxima anual, fiscalmente poco gravada y con rescisión sin ninguna clase de
compensación. La recomendación adicional primera, en el párrafo primero, habla de nuevas posibilidades de compatibilidad entre salario y pensión.



Señoras y señores diputados, veinticinco años sin nada que hacer es mucho tiempo y significa sufrimiento, depresión, hipocondría, enfermedades, vicio, adicciones, desestructuración personal, tensión social y política, cuando al revés
significaría dignificación de la persona, amplias posibilidades de proveer prestaciones de servicios y cobertura de necesidades, por lo que nosotros, los mayores, a los que se nos señala habitualmente como demandantes, queremos ser también
aportantes, no queremos ni debemos ni podemos dejar el diseño del nuevo contrato social únicamente a las demás generaciones, sino coparticipar con ellas entendiendo sus problemas y particularidades, aportando y ayudando a prever su propio futuro, en
el que ya no estaremos, y acompañando en su trabajo a los políticos responsables sociales recordando experiencias fracasadas, templando gaitas cuando se precise, cediendo si cabe, devolviendo parte de lo recibido a lo largo de la vida para construir
entre todos un espacio económico y social armónico que satisfaga a las generaciones actuales y a las futuras. Permítanme una referencia importante, no olvidamos que en el tercer Congreso Estatal de Mayores, celebrado en Madrid en mayo de 2009, el
presidente del Gobierno aseguró que las personas mayores, a través del consejo estatal, podrían intervenir en los debates en el Pacto de Toledo. Lo esperamos porque lo necesitamos. La actual situación es como la de un médico que oye pero que
decide y actúa sin tener en cuenta y vincular la opinión del afectado.
Nuevamente nos referimos a la plataforma europea AGE, en el capítulo de recomendaciones del documento mencionado se puede leer: Implicar más eficazmente a las organizaciones de
personas mayores nacionales dentro de los procesos de redacción, de puesta en marcha y de control de las estrategias o planes nacionales en el ámbito de la protección social y de la inclusión social.



Haré una breve referencia a la aplicación de la Ley de Dependencia, sobre el desarrollo de esta ley, que ha dejado y aún deja mucho que desear. La financiación es insuficiente; se estira reduciendo las prestaciones correctas a otras de
menor coste; los plazos reales sobre la demanda a la recepción no se ajustan a lo previsto en la ley; falta personal preparado, sobre todo en pequeños municipios, para realizar los diferentes trámites; y hay mucha indefinición todavía en la forma
de resolver determinadas situaciones o casos.



Señor presidente, señores y señoras diputados, nos hacemos la ilusión de que con esta comparecencia hemos contribuido de alguna forma a su importante y responsable trabajo, del que no es que confiemos, sino que sabemos que lo harán bien, con
el pensamiento puesto siempre en quienes más necesitan ayuda y comprensión, de quienes no tienen más cobijo que la ayuda de la sociedad, de lo que nos ocupamos nosotros, los ciudadanos y las entidades sociales, y del Estado, de lo que se ocupan
SS.SS. Sabemos que tanto esta Comisión como quienes han de decidir finalmente todo lo concerniente al tema de pensiones, darán cumplida y efectiva respuesta para evitar que este clamor popular de desafección con el mundo político, sus
instituciones, administradores y responsables, encuentre justificación y base real y se corrija y elimine.



Y como me enseñaron a terminar cuando estudiaba latín en el colegio, dixit.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió tiene la palabra don Carles Campuzano.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: No podré escuchar su respuesta a mi breve intervención porque he de continuar en otra comparecencia. Quiero agradecerle el contenido de su intervención. Mi grupo, como no puede ser de otra manera, conoce
desde hace años la trayectoria de Fatec en defensa de los derechos de las personas mayores, y valora muy especialmente que en los últimos años Fatec ha evolucionado de tal manera que hoy, en Cataluña, constituye un verdadero lobby en defensa de los
derechos de esas personas mayores, cosa que mi grupo valora, una voz más sólida, más madura, más profesional, en el mejor sentido de la palabra, pues representa a las personas mayores en Cataluña fruto de su trabajo.



En segundo lugar, en su reflexión nos ha recordado una cuestión que no es menor, la necesidad de que el enfoque del Pacto de Toledo incorpore también los aspectos de justicia social y equidad inherentes al sistema de pensiones. El Pacto de
Toledo fue un acuerdo político de reformas orientadas a garantizar la sostenibilidad del sistema, pensado en las necesidades en el medio y largo plazo del sistema de pensiones. Su intervención de hoy nos ha recordado que en relación a esa realidad,
y a pesar del potente carácter redistributivo del programa de pensiones, continuamos con problemas de pobreza entre las personas mayores: pensionistas no contributivos, mujeres que viven solas tan solo con débiles pensiones de viudedad,
trabajadores expulsados del mercado de trabajo, autónomos de microempresas con pensiones realmente bajas. Le queremos agradecer que haya focalizado su intervención en esas cuestiones.



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Nos plantean una reflexión amplia, sugerente, que responde a una necesidad evidente como es el repensar de alguna manera nuestro modelo social, nuestro modelo de Estado del bienestar frente a ese reto del envejecimiento, no tanto en términos
de un cierto dramatismo sobre las consecuencias económicas que para las sociedades europeas tiene el envejecimiento, sino desde la perspectiva de saber aprovechar las enormes potencialidades que ese cambio implica para esta sociedad. Esa reflexión
que hacía sobre las cuestiones del voluntariado es una concepción muy flexible de la transición entre la vida activa a la vida pasiva, rompiendo esa propia concepción de vida pasiva y enfatizando las oportunidades, en términos sociales, que tiene el
potencial de las personas mayores. Mi grupo tiene interés en que comparezca en esta Comisión la Fundació Pacte Generacional, que ustedes conocen, por saber identificar nuevos puestos de trabajo, nuevos puestos de actividad que sean socialmente
útiles y económicamente rentables para los trabajadores seniors y para las personas mayores. Esa reflexión me parece especialmente relevante, repensar nuestra visión del envejecimiento, del papel de los trabajadores más maduros, de las personas
mayores.



Finalmente, ha hecho referencia a la plataforma AGE y a unos acuerdos de octubre de 2009. Me permito sugerirle al señor Cugat que los traslade al conjunto de los portavoces de la Comisión porque esa visión europea sobre esos retos es un
material útil de cara a las recomendaciones que los grupos debemos discutir en las próximas semanas. Esa reflexión que planteaba en el marco de la plataforma AGE sobre fórmulas de revisión del importe de las pensiones nos parece sugerente y
seguramente deben ser objeto de reflexión en el marco del Pacto de Toledo.



De nuevo deseo agradecerle no tan solo su comparecencia de esta mañana y el contenido de la misma, sino la trayectoria de Fatec desde hace tantos años en defensa de las personas mayores.



El señor PRESIDENTE: Señor Cugat.



El señor PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE GENT GRAN DE CATALUNYA, FATEC (Cugat y Leseurs): Agradezco la explicación que ha hecho de nuestra entidad. Nos conocemos desde hace muchos años. Colaboramos con todo el interés para
ayudar al mundo político a través de los grupos parlamentarios estamos en consonancia en muchas cosas y en otras no porque los planteamientos políticos son distintos a veces. Le quiero agradecer sobre todo que haya destacado esto que hemos hecho,
una propuesta de futuro, un pensar en el mañana de los mayores. Nosotros -valga la frase- ya estamos amortizados tanto en pensiones como en forma de vida o costumbres, pero el futuro es muy distinto, lo será en Europa y en España, y eso hay que
preverlo con mucho tiempo y hay que explicarlo.
Como anécdota diré que estamos invitando a las universidades de Cataluña a que, al menos una vez en la carrera, a una persona mayor les explique lo que les va a llegar -Dios lo quiera- cuando sean
mayores, para que entiendan bien que eso hay que prepararlo con mucho tiempo. No se puede pensar que esperaremos a que tengamos 14 millones de ciudadanos mayores para decidir qué vamos a hacer cuando ya sean 16 millones, hay que organizarlo con
tiempo. Finalmente, es cierto lo que hemos dicho, tenemos la satisfacción y el orgullo de haber reconstruido España después de la guerra civil; eso no nos lo podrá quitar nadie. Como lo hemos hecho y como hemos dejado la sociedad que hay ahora
para que la gestionen los que nos suceden -y lo están haciendo bien a pesar de la crisis-, pensamos que sería mejor, tal como dice la recomendación de AGE, que revalorizaran las pensiones con el producto interior bruto y no con el IPC, porque eso
sería hasta un reconocimiento de dignidad, es decir, estamos devolviendo en la medida en que podemos la mejora de riqueza que vosotros habéis plantado, aunque la cosecha la estén haciendo los de ahora.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña Dolors Montserrat.



La señora MONTSERRAT MONTSERRAT: Antes de empezar, mi más sincero respeto y agradecimiento a la gente mayor porque si yo como ciudadana joven tengo este presente y este futuro es gracias a la gente mayor. La gente mayor sois la universidad
del conocimiento, de la experiencia, de la vida, de la palabra, no sois un simple coste, ni mucho menos, al contrario, soy aportación, voluntariado, futuro, riqueza cultural, social, económica e histórica; sois la base para continuar construyendo
nuestro país. Como sociedad tenemos que aprovechar esta riqueza de la gente mayor. La sociedad y los políticos no nos podemos olvidar de ustedes cuando pasan a cobrar la jubilación, porque ustedes son nuestro país.



He escuchado muy atentamente su comparecencia, he aprendido mucho y sus datos y sus aportaciones han sido una aportación muy rica en esta Comisión. Ha aportado medidas que, si bien es cierto que no competen al Pacto de Toledo, han sido
muchas veces defendidas por el propio Grupo Parlamentario Popular. Podríamos recordar que en unas reuniones que se hacen mensualmente en Cataluña (el señor Enric, por parte de Fatec, está en ellas junto con otras asociaciones) surgió la idea de
crear un fondo estructural para la pobreza, para todas estas personas que cobran pensiones no contributivas y que están por debajo del umbral de la pobreza. Desde el Grupo Parlamentario Popular lo presentamos en los Presupuestos Generales del
Estado y al final no se votó por el grupo que gobierna, pero fue una apuesta que salió de reuniones sectoriales con asociaciones y también con Fatec. Nosotros siempre hemos defendido el incremento de la base reguladora hasta el 70 por ciento para
los viudos activos que son jóvenes, que tienen 40 ó 45 años cuyos hijos aún son menores de edad, que tienen que continuar pagando sus hipotecas o sus estudios y aun así lo que reciben de la


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pensión de viudedad de su mujer o su cónyuge fallecido tienen que continuar pagando; es decir, se les acumula su IRPF y por tanto tienen que pagar mucho más de IRPF. Nosotros hemos defendido la posibilidad de que tengan una rebaja en este
impuesto.



Dicho esto querría hacer tres o cuatro reflexiones sobre su exposición, que compartimos. La crisis económica ha tenido un efecto innegable sobre los pilares en que se sustenta el sistema. Aunque parezca una obviedad, las pensiones se
pagarán con empleo estable, con carreras continuadas, con incorporación rápida al mercado de trabajo de nuestros jóvenes y con limitaciones estrictas a las prejubilaciones. Pero trabajar hasta mayor edad no implica trabajar más ni mejor, significa
hacer mucho más difícil el acceso a un derecho y eso es inaceptable, y menos en un entorno de empobrecimiento económico de los mayores de edad, de los viudos y de los pensionistas. ¿Qué podemos obtener de una economía que desaprovecha sus recursos
humanos con incentivos perversos al abandono laboral, que alcanza tasas inasumibles de temporalidad, que naufraga en la economía sumergida y que se lastra de forma inaudita mediante el descontrol del gasto público y sus secuelas de déficit y deuda?
Nuestro problema actual es el desempleo y el déficit del año 2010, no las pensiones del año 2040 si realmente nos basamos en este empleo estable, en carreras continuadas, en incorporación rápida de los jóvenes y en limitaciones estrictas a las
prejubilaciones. Hay más de 600.000 mayores de 52 años en paro que son prejubilados funcionales que tienen enormes dificultades para encontrar empleo. Tanto es así que las agencias de colocación -como usted debe saber- no incluyen en sus servicios
carteras de personas mayores de esa edad. No podemos resignarnos a dar por perdidos estos objetivos cuando tenemos el 40 por ciento de nuestra población activa en paro o en situación de temporalidad. Como grupo parlamentario y como políticos
tenemos que conseguir que estos mayores de 52 años no tengan discriminación por edad y que estén en el servicio de carteras de las agencias de colocación y de los servicios públicos de colocación.



Otra reflexión que quería hacer es que hay que apoyar con mayor intensidad la prolongación voluntaria de la actividad de los ciudadanos, restringiendo al máximo el abandono prematuro de la vida laboral. Hemos de desarrollar al máximo un
modelo de jubilación más orientado a la libertad personal, gradual y flexible, y ello siempre basado en un mayor reconocimiento de la carrera y esfuerzos de cotización de los trabajadores.



Para terminar, una cuarta reflexión abunda en la idea de que hay que aumentar el grado de compromiso del ciudadano con la cotización y la contributividad del sistema. La clave no es trabajar hasta una edad más tardía sino aumentar la
productividad de los años trabajados. El PP cree que hay que dotarnos de nuevos instrumentos e incentivos que hagan efectiva la edad legal de jubilación, se trata de hacer real la edad legal de 65 años. Hay que apoyar con más intensidad la
prolongación voluntaria de la actividad de los ciudadanos, restringiendo al máximo el abandono prematuro; hay que condenar la discriminación por edad en nuestro mercado laboral y hay que remover los obstáculos a la libre elección del momento y la
modalidad de la jubilación, desarrollando al máximo un modelo de jubilación libre, gradual y flexible. S.S. nos comentaba el voluntariado incentivado. Es cierto, no podemos expulsar a una parte tan esencial e importante como son los mayores de
edad de nuestra sociedad. Yo misma, como portavoz y concejal de Sant Sadurní d'Anoia por el Partido Popular, en la pasada legislatura propusimos en el ayuntamiento que hubiera agentes cívicos mayores de 65 años para no expulsarlos y porque la
utilidad de la gente mayor que se encuentra en nuestras plazas y calles es mucha, puede actuar frente a actos incívicos de jóvenes que están en las plazas, en las calles, pueden encontrar este equilibrio de la sociedad. Hemos escuchado con atención
el tema del voluntariado incentivado. En Sant Sadurní lo estamos experimentado en un pequeño grupo y está funcionando muy bien. Le hemos dado la potestad de fe pública para que este mayor, cuando acude al Ayuntamiento y dice que en una plaza en
concreto hay un banco roto, la brigada se compromete a que en un plazo menor de una semana el banco está arreglado. Se ve la utilidad de la gente mayor y el equilibrio entre la sociedad activa, la sociedad juvenil, la infantil y la gente mayor.
Sois necesarios y sois parte de nuestro país.



Muchas gracias por su intervención y por sus aportaciones. El Grupo Parlamentario Popular las ha apuntado y las vamos a defender.



El señor PRESIDENTE: La señora López i Chamosa.



La señora LÓPEZ I CHAMOSA: En primer lugar, quiero darle la bienvenida al presidente de Fatec y a los compañeros que han venido con él. Reconocer, como ha hecho Carles Campuzano, su labor, las reuniones que tenemos, las sugerencias que nos
hacen, las aportaciones, y sobre todo los debates, de donde se sacan de verdad las conclusiones. Todos los temas que nos han explicado hoy van en la línea de lo que siempre hemos hablado en las reuniones que hemos tenido.



Voy a hacer algunas reflexiones. Proponen que las pensiones no tengan revisión vía IPC sino crecimiento producto interior bruto. Es una cuestión a discutir. Ahora bien, si tenemos años de crecimiento como los que hemos tenido en la década
pasada y si no recuerdo mal, desde 1996 hasta 2010, solo ha habido dos años en los que el crecimiento del IPC ha sido negativo y, por consiguiente, se han mantenido los incrementos, podríamos decir que es un arma de doble filo, porque ha habido
menos años con menos crecimiento del producto interior bruto que con crecimiento de IPC. Si le hiciéramos esta propuesta a Octavio Granado estaría encantado.
Repito que es un arma de doble filo, porque si cogemos los últimos años vemos que ha sido
mucho más rentable el


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IPC que el crecimiento del producto interior bruto. Ahora bien, en el tema del IPC hay que hacer una reflexión, y seguramente es a lo que ustedes se refieren: el IPC en las distintas comunidades autónomas. Al ser un IPC a nivel estatal
hay comunidades autónomas a las que le sale más rentable que a otras en función de si tienen un IPC mayor o menor que la media estatal. Piensen que estamos hablando de un sistema estatal donde eso sucede en los incrementos de los convenios
colectivos y eso es un problema de difícil solución, mientras que esa solución no se dé en la negociación colectiva. No es posible decir que las pensiones se puedan ver en función del IPC de comunidades autónomas mientras que en la negociación
colectiva no sea así. Ese es un debate que está encima de la mesa, pero hacer ese cambio del incremento al producto interior bruto es una propuesta que recogemos y durante los debates del Pacto de Toledo tendremos en cuenta.



Comparto que las pensiones mínimas del sistema no dan para vivir; son muy bajas, es cierto. Ahora bien, estamos en los últimos seis años y aun siendo totalmente insuficientes, las hemos mejorado, como usted mismo reconoce. Por hablar de
cifras, el salario mínimo está en 639 euros, la pensión con cónyuge a cargo ya está por encima del salario mínimo interprofesional, y la separación que hemos hecho de cónyuge unipersonal va en una dirección a la que, siguiendo en estos incrementos
los próximos dos o tres años, le pasará lo mismo. Debemos acostumbrarnos a que son indicadores totalmente distintos, el salario mínimo es para los activos y las pensiones son las pensiones mínimas que se reflejan cada año. Podemos discutir si la
pensión mínima ha de ser más alta y podríamos estar de acuerdo, pero repito, los indicadores han de ser distintos. Voy a hacer una reflexión con el salario mínimo, por ejemplo, cobra menos un trabajador que cobre el salario mínimo que una persona
que cobre la pensión mínima unipersonal, porque esta pensión de 587 euros no paga IRPF, no paga el 5,5 por ciento de la Seguridad Social por todos los conceptos, bien sea Seguridad Social, formación y demás, y no paga ni un céntimo por sus
medicamentos. Y una persona que cobra el salario mínimo interprofesional paga por todos esos conceptos, de un medicamento paga el 40 por ciento y paga el 5,5 por ciento de la Seguridad Social. Por lo tanto, dejemos cada indicador en su lugar
porque son distintos. Desde mi punto de vista, tan mísero es el salario mínimo interprofesional como la pensión mínima, sea la unipersonal o la otra. En los próximos años debemos hacer el mismo esfuerzo que con las pensiones mínimas, lo que no
impide que haya que consolidar la total separación de fuentes y que el esfuerzo de ese incremento de pensiones mínimas recaiga en la fiscalidad general. Hagámoslo, no hay inconveniente, pero convengamos que es necesario hacer esos incrementos en
las pensiones mínimas, porque si la paramos dentro de cuatro años y no hacemos los incrementos que se están haciendo ahora, volveremos a desfasar las pensiones mínimas. Estoy totalmente de acuerdo en que no dan para vivir.



Sobre la pensión de viudedad estamos dispuestos a hacer una reforma en profundidad. El problema no es del 52 ni el 70 por ciento, porque a una viuda que cobra la pensión mínima de viudedad le da igual el 52 o el 70, va a cobrar la pensión
mínima. Lo que pasa es que, a lo mejor, su pensión, que era de 350 euros pasa a ser de 400, y el complemento a mínimos, que eran 200, pasa a ser 150. El problema es darle una reformulación total a la pensión de forma que haya una diferencia entre
la viuda mayor de 65 años que no tiene pensión propia y la viuda mayor de 65 años que sí tiene pensión propia. Y luego, hacer una diferencia en la viuda joven con hijos, que se queda con la hipoteca; es decir, que la pensión de viudedad esté de
acuerdo con la situación que tiene hoy el país. Coincidimos bastante.



Totalmente de acuerdo en que se ha de seguir un sistema público de pensiones, un sistema de reparto como el que hay. Ójala la gente tuviera los otros aspectos de su vida tan garantizados como el cobrar la pensión.
En cuanto al Pacto de
Toledo, voy a dar una explicación porque a veces nos confundimos. Los agentes sociales dicen que quieren estar en el Pacto de Toledo, las asociaciones de mayores también, pero el Pacto de Toledo tiene un funcionamiento, se conforma con los que
estamos aquí hoy; para formar parte de él hay que ser diputado. ¿Cómo pueden participar las asociaciones? En la forma en que lo están haciendo. Usted ha estado aquí, sus palabras quedan recogidas en el Diario de Sesiones y sus propuestas nos van
a servir en el debate posterior para consensuar las recomendaciones. Esa es la forma de participar de las asociaciones. La participación de los agentes sociales es esta, ya han pasado por esta Comisión; nosotros haremos las recomendaciones y
cuando el Gobierno las quiera convertir en ley las negociará con los agentes sociales; tienen esas dos posibilidades. No hemos de confundir el funcionamiento del Pacto de Toledo, que es de lo mejor que tenemos. El Parlamento oye a los ciudadanos
a través de sus asociaciones, hace unas recomendaciones al Gobierno, y luego éste negocia con los agentes sociales para convertir esas recomendaciones en ley. Y luego eso se vuelve a mandar otra vez aquí. Es un funcionamiento perfecto. Cuando el
presidente del Gobierno dice que han de estar en el Pacto de Toledo se refiere a que han de estar en los mismos términos que están ustedes hoy aquí, porque otra opción no es posible; si no tendremos que cargarnos el Pacto de Toledo. En esta
Comisión solo se puede participar si eres diputado. O nos cargamos como funciona o la única forma de participar de los agentes y de las asociaciones es en estos términos. Eso no quiere decir que ustedes hayan comparecido hoy aquí y se acabe su
participación. Estamos abiertos a que si ustedes quieren, en la medida en que vamos avanzando, nos hagan llegar documentos y vuelvan a participar, pero debemos tener presentes las estructuras. A mí también me gustaría participar en las decisiones
del Consejo de Ministros pero hay que ser


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ministro y en mi vida no está ese puesto de trabajo. Si puedo, debo hacerle llegar a alguien que vaya a estar en el Consejo de Ministros lo que pienso. Lo digo no tanto por lo que usted ha dicho sino porque a veces existe esa confusión
sobre cómo participar en el Pacto de Toledo.



De las propuestas que nos hace una cosa está clara y sería para decir aquello de me encanta que me haga esa propuesta, y es que cualquier reforma jamás afectará a los pensionistas ya existentes, a no ser que les mejoremos la pensión, jamás
afectará a los que ya están en activo. Es de sentido común, y además tiene que ser así, que a los que están en puertas tampoco se lo cambiemos. A una gente que está a punto de empezar un partido de fútbol no le podemos cambiar las normas cinco
minutos antes.
Con la jubilación pasa lo mismo, a los que tengan 55 ó 62 años no les podemos cambiar de forma que pueda trastocarles su jubilación cuando ya están ahí. Nosotros estamos pensando en temas para la gente que hoy tiene 25, 30 ó 35
años, en cómo les afectará. La virtud que tiene el Pacto de Toledo es que piensa en el futuro y no en el presente, y esa es la ventaja que nos da; pensando en el futuro garantizamos que cuando se haga presente, lo haga para todos. Esto es un poco
cómo vamos a hacer la norma. Todo lo que nos propone, sin ninguna duda, va a estar en los debates que hagamos y ya verán ustedes cómo en las recomendaciones se van a ver reconocidos porque más de uno dirá: eso lo dije yo cuando estuve en Madrid.



Termino agradeciéndole su participación y toda la documentación que nos envían, todas las reuniones y tiempo que nos dedican no solo en estos temas sino también en otros, esperando que sigamos así en el futuro.



El señor PRESIDENTE: Don Mario Cugat.



El señor PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE GENT GRAN DE CATALUNYA, FATEC (Cugat y Leseurs): La señora Montserrat ha comentado que se ha puesto en marcha un fondo estructural para la pobreza. Yo querría destacar la importancia
que eso tuvo (La señora Montserrat Montserrat: No se aprobó.) No se aprobó. Pues es muy importante. El tema de la pobreza es muy grave, es un país hay que priorizar de forma sostenible e inteligente pero justa. Me permito un ejemplo muy
sencillo. Cuando en Portugal hubo aquellos grandes incendios yo estaba allí en un viaje colectivo y la guía, en un momento determinado, dijo que habían comprado un submarino pero que no tenían camiones anti-incendio, que los tenían que pedir a
España y Francia. Una demostración de un error de priorizaciones. Segundo, usted ha dicho que el sistema de pensiones -si lo he entendido bien- es bastante sostenible de cara al futuro. Yo continúo diciendo que 16 millones de ciudadanos cobrando
durante 25 años una pensión no lo veo sostenible, tal como está montado el sistema de pensiones hoy por hoy, no lo veo sostenible. Y pienso que aunque la vida cambia mucho nadie esperaba esta crisis tan tremenda y universal, y es que los
cataclismos aparecen sin que uno los espere y cambian los esquemas. Aun así, pensando en esquemas normales de razonamiento lógico, sin prever estos cataclismos, sí creo que conviene que se piense mucho en lo que va a pasar en el futuro.



Usted hablaba también del aprovechamiento laboral de las personas mayores.
Me puedo equivocar, pero yo diría que en general la oferta de puestos de trabajo que puede dar un país siempre será inferior a la cantidad de ciudadanos que están en
condiciones de trabajar. Y si eso es así, lo lógico es que quienes salgamos del mercado laboral seamos nosotros, que tendremos una pensión, para dar entrada a los jóvenes, que no tienen nada. Yo tengo la sensación de que difícilmente, aun cuando
haya buena voluntad política, etcétera, sea una mejora lo que puedan tener en su día los mayores. Me alegro mucho que haya mencionado lo del voluntario incentivado y su ejemplo municipal porque en el año 2003 Fatec hizo un documento que se llamaba
Voluntarios Cívicos, donde ya se explicaba -está documentado y certificado- la figura de este voluntario que informa al municipio del estado de la ciudad, del mobiliario público y de las incidencias que pueda haber. Creo que es una buena acción,
pero insistimos en que lo que nosotros hemos expresado aquí -si ahora me oye un sindicalista me va a decir que de eso nada, y seguramente es así- es que hoy por hoy no se puede pensar en este concepto que hemos dicho de que el puesto de trabajo es
una necesidad con un salario y si no hay salario hay necesidad pero no puesto de trabajo; y que esa necesidad va a ser exigencia constante de la sociedad y, por tanto, habrá que cumplirla.
Seguramente lo que decimos hoy es una utopía, yo no lo
veré, pero estoy seguro que algún día el voluntario incentivado será un hecho social y normalmente utilizado.



No he dicho en mi intervención una cosa importante, y es que para evitar susceptibilidades en el futuro entre trabajador y voluntario que hace un servicio habrá que pensar fórmulas jurídicas para que no pueda invadir jamás un voluntario un
trabajo remunerado. Eso ha de ser claro y evidente desde el primer momento. Por ejemplo, en un pueblo donde no pueda haber un bibliotecario porque no hay dinero, el voluntario lo puede hacer por 10.000 pesetas al mes, y perdonen que hable de
dineros antiguos, o en un pueblo donde hay una ermita románica que se está cayendo y el Ayuntamiento no la va a reconstruir porque no tiene dinero, a lo mejor hay albañiles jubilados a los que les dé los tochos y el cemento que la pueden reconstruir
tranquilamente y sin prisas. Este es el sentido que le damos al voluntario incentivado.



A la señora López i Chamosa le quería agradecer que reconozca lo que hemos hecho durante muchos años. Fatec, con todos los grupos parlamentarios, hemos intentado, y conseguido, gracias a que los diputados han aceptado hacerlo, interlocución
regular y sistemática con todos los grupos parlamentarios del Parlamento de Cataluña


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y del Congreso de los Diputados, en nuestra casa en muchas ocasiones, para poder trabajar, negociar y decir cosas al respecto de los temas que hemos hecho.



Usted comentaba que si pasamos del IPC al PIB, como ha habido dos años donde el PIB ha sido inferior, nos veríamos perjudicados. Pues con el sistema actual también, porque, de acuerdo con la ley nos tenían que haber rebajado la pensión y no
lo han hecho, por lo tanto, ese sistema también se podría mantener si fuera el caso. Las diferencias de IPC de las comunidades autónomas es un tema recurrente pero lo vemos muy difícil de resolver, por lo que no insistimos en ello. Ahora bien, el
salario mínimo interprofesional expresa de alguna forma lo que un ciudadano necesita para poder vivir y, con ciertas diferencias, es más o menos lo que un mayor necesita para vivir, con alguna diferencia de tipo de consumo distinto y demás. Usarlo
como una referencia tampoco nos parecería mal. Usted se ha referido al salario complementario e invisible que tenemos los ciudadanos, y tiene usted razón. En una conferencia que di a un grupo de mayores en Manresa, en la que también estaba una
animadora social de unos treinta años, hice la siguiente reflexión: cada vez que me decís que tenemos unas pensiones insuficientes vamos a hacer una comparativa; imaginemos que los que estamos aquí tenemos una pensión de 110.000 pesetas al mes y
esta señora está cobrando 180.000 pesetas al mes, ¿quién cobra más? Pues seguramente nosotros, porque tenemos las medicinas, los autobuses y algunas cosas más, pero ella tiene que pagar unas hipotecas, el colegio de unos hijos, etcétera, así que la
disponibilidad económica de mis 110 con sus 180 es superior. Somos conscientes de eso y a veces nos perdemos en reivindicaciones estúpidas sin valorar el conjunto de la disponibilidad económica de un ciudadano jubilado.



Sobre las viudas con ingresos propios o no, lo he mencionado. Es muy importante que el 70 por ciento sobre todo llegue a las viudas que no tienen mayores ingresos. Somos conscientes que hoy por hoy, donde la mujer joven en muchos casos
está trabajando y gestando su propia pensión, si enviuda con 25 años me parece excesivo que tenga una pensión vitalicia. En este sentido, creemos que tiene sentido común que esto se resuelva.



En cuanto al Pacto de Toledo, yo diría que el que tiene que explicarlo es el presidente del Gobierno, porque los que estábamos en el tercer congreso estatal -y éramos varios centenares- entendimos que esto iba a ser de la manera que yo he
interpretado, no la que usted me ha dicho, que entiendo que es lo que jurídicamente es, pero quien tiene que aclararlo es él, que prometió una cosa que a lo mejor no podría haber prometido.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. (La señora Montserrat Montserrat pide la palabra.) Doña Dolors, muy rápido.



La señora MONTSERRAT MONTSERRAT: Solo para aclarar al señor compareciente que yo no he dicho que estén aseguradas las pensiones en el futuro sino que estarán aseguradas siempre y cuando el país tenga capacidad para crear riqueza y
crecimiento, con empleo estable, con carreras continuadas, con incorporación rápida al mercado de trabajo de nuestro jóvenes, con limitaciones estrictas a las prejubilaciones, y con muchas más cosas, aunque solo he detallado estas. Lo tendremos
asegurado siempre y cuando el país tenga la capacidad de crear riqueza y crecimiento y estas otras condiciones.



El señor PRESIDENTE: Doña Isabel.



La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Solamente una aclaración. En el año 2009 el aumento de pensiones ha estado por encima del IPC y, aunque quisiera, no se podría recuperar porque la ley establece que sea así, es decir, que el año que se gana, se
gana, no se puede perder. Esa es una ley de 1997 ó 1998, con un gobierno del Partido Popular, en desarrollo de las primeras recomendaciones del Pacto de Toledo, que considero que fue un gran avance.



El señor PRESIDENTE: Don Mario, ¿algo más? (Pausa.) Quiero agradecerle infinitamente su disertación, que nos ha encantado, y con el mismo cariño que le recibimos le despedimos. Estamos a su disposición y cuando quiera puede venir porque
le oiremos encantados.



Se levanta la sesión.



Era la una y cuarenta y cinco minutos de la tarde.