CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2010 IX Legislatura Núm. 480

CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ALFONSO GUERRA GONZÁLEZ

Sesión núm. 15

celebrada el martes, 2 de marzo de 2010

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia de la señora vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno (Fernández de la Vega Sanz) para:


- Informar de las líneas generales de la política que va a desarrollar en materia de función pública. A petición propia. (Número de expediente 214/000148.) ... (Página 3)


- Informar sobre las actividades desarrolladas por las agencias estatales constituidas desde la entrada en vigor de la Ley 28/2006, de 18 de julio, y previsiones del Gobierno sobre estas y las de nueva creación para la IX Legislatura. A
petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 213/000106.) ... (Página 3)

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- Informar sobre la reducción del 70 por ciento en la oferta de empleo público del año 2009. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000166.) ... (Página 3)


- Informar sobre la oferta de empleo público aprobada por el Consejo de Ministros para el ejercicio de 2009 y los planes del gobierno para optimizar y racionalizar los recursos humanos en la Administración General del Estado. A petición del
grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000344.) ... (Página 3)


- Valorar el incremento del número de altos cargos y de su coste en una situación de crisis económica. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000600.) ... (Página 3)


- Informar sobre las actuaciones que tiene previsto llevar a cabo en materia de organización y transformación de la Administración General del Estado, empleo público y coordinación de la Administración General del Estado en todo el
territorio nacional, así como de los objetivos y programa de actuación de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios. A petición del grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente
213/000624.) ... (Página 3)


Contestación a las siguientes preguntas al Gobierno:


Del Diputado Don Eugenio Nasarre Goicoechea, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre:


- Balance del Gobierno sobre la Comisión de Coordinación del Empleo Público creada en la Ley 7/2007, de 12 de abril (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/053718). (Número de expediente
181/001772.) ... (Página 33)


- Fecha prevista para la presentación del estudio sobre los distintos regímenes de acceso a la jubilación de los funcionarios, al que se refiere la disposición adicional sexta del Estatuto básico del empleado público (procedente de la
pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/053719). (Número de expediente 181/001773.) ...
(Página 34)


- Balance de la oferta de empleo público durante el año 2008 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/53720). (Número de expediente 181/001774.) ... (Página 35)


- Funcionarios de carrera en situación de servicios especiales por estar comprendidos en los supuestos e) y f) del artículo 87 de la Ley 7/2007, de 12 de abril (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente
184/53968). (Número de expediente 181/001775.) ... (Página 36)


- Número de funcionarios de carrera que desempeñan puesto de libre designación en la Administración General del Estado (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/053969). (Número de expediente
181/001776.) ... (Página 37)


- Previsión contenida en el artículo 84.2 de la Ley 7/2007 del Estatuto básico del empleado público (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/053970). (Número de expediente 181/001777.) ... href='#(Página37)'>(Página 37)


- Movilidad voluntaria de los funcionarios entre las distintas Administraciones Públicas (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/053971). (Número de expediente 181/001778.) ... href='#(Página38)'>(Página 38)


- Previsión del Gobierno de la supresión de algún órgano administrativo o alguna entidad pública en el ámbito de la Administración del Estado (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/055189).
(Número de expediente 181/001780.)... (Página 39)


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Se abre la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.



COMPARECENCIA DE LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (+FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ) PARA:


- INFORMAR DE LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA QUE VA A DESARROLLAR EN MATERIA DE FUNCIÓN PÚBLICA. A PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente 214/000148.)


- INFORMAR SOBRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LAS AGENCIAS ESTATALES CONSTITUIDAS DESDE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 28/2006, DE 18 DE JULIO, Y PREVISIONES DEL GOBIERNO SOBRE ESTAS Y LAS DE NUEVA CREACIÓN PARA LA IX LEGISLATURA. A
PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 213/000106.)


- INFORMAR SOBRE LA REDUCCIÓN DEL 70 POR CIENTO EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL AÑO 2009. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000166.)


- INFORMAR SOBRE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO APROBADA POR EL CONSEJO DE MINISTROS PARA EL EJERCICIO DE 2009 Y LOS PLANES DEL GOBIERNO PARA OPTIMIZAR Y RACIONALIZAR LOS RECURSOS HUMANOS EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. A PETICIÓN DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000344.)


- VALORAR EL INCREMENTO DEL NÚMERO DE ALTOS CARGOS Y DE SU COSTE EN UNA SITUACIÓN DE CRISIS ECONÓMICA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000600.)


- INFORMAR SOBRE LAS ACTUACIONES QUE TIENE PREVISTO LLEVAR A CABO EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, EMPLEO PÚBLICO Y COORDINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO EN TODO EL
TERRITORIO NACIONAL, ASÍ COMO DE LOS OBJETIVOS Y PROGRAMA DE ACTUACIÓN DE LA AGENCIA ESTATAL DE EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente
213/000624.)


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión Constitucional para atender las siguientes comparecencias: a petición propia de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la
Presidencia, para informar de las líneas generales de la política que va a desarrollar en materia de Función pública, y a petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, las siguientes peticiones: de la ministra de Administraciones
Públicas para informar sobre las actividades desarrolladas por las agencias estatales constituidas desde la entrada en vigor de la Ley 28/2006; de la ministra de Administraciones Públicas para que informe sobre la reducción del 70 por ciento en la
oferta de empleo público del año 2009; de la ministra de Administraciones Públicas para informar sobre la oferta de empleo público aprobada por el Consejo de Ministros para el ejercicio de 2009; de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra
de la Presidencia para que valore el incremento del número de altos cargos y de su coste en una situación de crisis económica; de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia para informar sobre las actuaciones que tiene
previsto llevar a cabo en materia de organización y transformación de la Administración General del Estado, empleo público y coordinación de la Administración General del Estado en todo el territorio nacional, así como de los objetivos y programa de
actuación de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios.



Como pueden comprobar, la solicitudes son en un caso a petición propia y el resto a petición del Grupo Popular para la comparecencia de la señora vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia y también de la ministra de
Administraciones Públicas. Como es ahora la señora vicepresidenta y ministra de la Presidencia quien tiene la competencia que tenía el Ministerio de Administraciones Públicas, será también incluido en esta comparecencia de la señora vicepresidenta
primera del Gobierno. Serán tramitadas conjuntamente todos ellas. Antes de comenzar y dar la palabra a la señora vicepresidenta, quiero agradecer en nombre de la Comisión su comparecencia. Cuando la señora vicepresidenta estime conveniente tiene
la palabra.



La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Señorías, comparezco nuevamente ante esta Comisión Constitucional y lo hago en esta ocasión para


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exponerles a iniciativa propia las prioridades de mi departamento en materia de Función pública. Confío en que esta comparecencia sirva para enriquecer el debate en torno a un asunto que afecta no solo a los empleados públicos sino a toda
la ciudadanía, porque eso precisamente, el servicio a la ciudadanía, es la razón de ser, el objetivo primero y último de la Administración pública. Esa es desde luego la convicción del Gobierno al que represento, y por eso desde que hace ya casi
seis años asumimos la responsabilidad del Gobierno nos propusimos, en constante diálogo con los sindicatos, modernizar la Administración del Estado y creo sinceramente que estamos en el buen camino. En estos años hemos acometido transformaciones
que desde el Estatuto básico del empleado público o la introducción de la Administración electrónica hasta la inversión en formación y capacitación de nuestros funcionarios nos están permitiendo poner en marcha la Administración pública del siglo
XXI; una administración más flexible, con más capacidad de acción y anticipación, más próxima al ciudadano y más transparente y una administración más eficiente y mejor adaptada al exigente entorno en el que vivimos. Esto no es simplemente una
observación del Gobierno. Es sobre todo la opinión de una ciudadanía que en la última encuesta anual sobre el grado de satisfacción con el servicio de la Administración calificó como muy buena la atención recibida. Sin embargo, señorías, estamos
muy lejos de la complacencia. Somos muy conscientes de que nos queda mucho por andar para adaptar nuestra Administración pública a las necesidades de la sociedad de hoy; una sociedad que precisamente en estos momentos de dificultad nos exige a
todos mucho más; una sociedad con la que la Administración pública tiene una responsabilidad esencial.



Quiero subrayar este carácter esencial porque durante años y desde algunas posiciones ideológicas se transmitió un discurso de la desconfianza hacia el servicio público; un discurso que desprestigiaba no solo la dedicación y el esfuerzo de
quienes han hecho del servicio público su trabajo y su vida, sino sobre todo el valor de lo público, el valor de la acción del Estado como garante del interés general y del bienestar social. En el mejor de los casos la Administración y lo público
era considerado como un mal necesario, y en el peor, un lastre para el progreso económico y social del país. Hoy esa forma de ver el mundo ha sido relegada por la propia realidad y por el tribunal de la opinión pública, porque ha sido precisamente
lo público lo que ha logrado mantener a flote ese mercado que algunos predicaban como autosuficiente. Ha sido la mano bien visible del Estado, de los Estados y de las administraciones públicas la que con mucho esfuerzo y mucho sacrificio de todos
ha tirado hacia arriba de la supuesta mano invisible del mercado. Si algo han dejado claro estos meses, es que lo público, lejos de ser el problema que algunos pretendían, ha sido y es nuestra tabla de salvación, ha sido, es y será una parte muy
importante de la solución y así debe seguir siendo. Para eso estamos trabajando, para eso estamos modernizando de arriba abajo nuestra Administración pública, y esa es la primera prioridad de mi departamento en este ámbito.



Señoras y señores, decía Churchill que las cometas echan a volar cuando tienen el viento en contra. No es la primera vez que nuestro país afronta dificultades y sabe superarlas y salir de ellas reforzado. Desde la transición y los pactos
de La Moncloa hasta la dura reconversión industrial de los años ochenta o los problemas económicos y financieros de los noventa, son numerosas las ocasiones en las que hemos sabido transformar los problemas en oportunidades. Con responsabilidad,
diálogo y compromiso hemos sido capaces de construir una democracia que hoy es modélica. Con responsabilidad, diálogo y compromiso afianzamos las bases políticas, económicas y sociales que nos han llevado a estar entre las diez economías más
importantes del mundo. Vivimos tiempos difíciles, es cierto, pero nuestra historia nos enseña que la dificultad nunca debe ser una coartada para la resignación y el fatalismo sino la oportunidad del diálogo, la responsabilidad y el compromiso. Por
eso el pasado mes de septiembre los sindicatos mayoritarios en la Administración y el Gobierno decidimos dar un paso adelante con la firma del acuerdo para la Función pública en el marco del diálogo social, porque hoy, cuando todos los ciudadanos
están haciendo un esfuerzo para hacer frente a las dificultades, quienes trabajamos al servicio del interés general debemos y queremos ser los primeros en dar ejemplo de responsabilidad y de austeridad. Porque en un momento en el que necesitamos
renovar nuestro modelo productivo, la Administración debe ser un elemento dinamizador, un estímulo para la innovación, un pilar sobre el que apoyar un crecimiento más estable, más seguro, más sostenible y más justo.



Con ese acuerdo de la Función pública, materializado en torno a cincuenta medidas concretas, dimos buen ejemplo de que se puede hacer frente a la crisis trabajando por una administración más eficiente, abierta, transparente e igualitaria,
garantizando los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Demostramos que las dificultades pueden servir de acicate para innovar, para anticipar el futuro, para comprometerse con una sociedad que hoy más que nunca nos muestra que el interés de
cada cual se conjuga con el interés general. Gracias a ese acuerdo tenemos una hoja de ruta para avanzar, gracias a la voluntad de diálogo tenemos la estabilidad necesaria para poder hacerlo y gracias a la firme determinación de llevarlo a cabo
cumpliremos, Gobierno y centrales sindicales, el acuerdo. En los cinco meses transcurridos desde su firma y siguiendo el plan de trabajo que nos fijamos, se han adoptado numerosas iniciativas que dan cumplimiento a los compromisos que entonces
asumimos.
Avanzamos a buen ritmo y puedo anunciarles que de acuerdo con el compromiso, la última semana de junio estarán en marcha todas las iniciativas acordadas, a las que a continuación me referiré con más detalle.



Señorías, la sostenibilidad de las cuentas públicas es siempre un objetivo prioritario de nuestra Administración,


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pero las dificultades económicas que vivimos hoy la han convertido en un principio esencial. Por eso y de acuerdo con los sindicatos, hemos adoptado una política de racionalización de los recursos organizativos y humanos, de la estructura
de la Administración y del empleo, una racionalización que nos permitirá encarar coyunturalmente y de forma inmediata la situación económica, pero que también nos permitirá afrontar y encarar el futuro de nuestra Administración en el medio y largo
plazo.
Se trata sin duda de responder a la crisis, pero de hacerlo construyendo al mismo tiempo la Administración que queremos y que necesitamos. Nos comprometimos con los sindicatos a presentar un plan de reordenación de recursos humanos que
actuara sobre todos los ámbitos que pueden mejorar el servicio de nuestra Administración, desde la planificación y el diseño de plantillas hasta los perfiles profesionales exigidos, desde la racionalización de horarios hasta la reasignación de
efectivos. Nos comprometimos a poner en marcha el observatorio del empleo público, un observatorio para el análisis, la reflexión y la elaboración de propuestas para mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración pública. Pues bien, les
adelanto que el decreto de creación del observatorio del empleo público lo aprobaremos la última semana de marzo, de la misma forma que ya está en marcha el grupo de trabajo para el plan de reordenación de recursos humanos. También para hacer
frente a las dificultades actuales el Gobierno y los sindicatos acordamos un pacto retributivo de los empleados públicos para la legislatura, con un incremento salarial del 0,3 por ciento para este año 2010, lo que supone un importante esfuerzo de
austeridad y de responsabilidad, ya que el reciente acuerdo suscrito entre patronal y sindicatos sitúa en el uno por ciento los incrementos salariales para este mismo año, un esfuerzo que en un momento en el que tanto se necesita creo que todos
debemos agradecer a los sindicatos y a los empleados públicos y desde luego así lo hace el Gobierno.



Señorías, como ven, son avances importantes que nos permiten responder de un modo inmediato, concertado y efectivo a la situación, pero, como les decía, caminar y avanzar hacia una administración más eficiente nos exige también pensar en la
salida de la crisis. Tenemos que trabajar en la Administración de hoy pero también, y sobre todo, en la Administración de mañana. Por eso debemos seguir racionalizando nuestras estructuras administrativas adaptándolas a los nuevos tiempos y a las
nuevas necesidades. Con ese objetivo y en coherencia con el plan de acción inmediata 2010 y el plan de austeridad de la Administración General del Estado 2011-2013, el Gobierno ha decidido limitar la tasa de reposición de efectivos en un 10 por
ciento y reducir los costes de personal en un 4 por ciento hasta 2013, porque racionalizar la Administración es mejorar la eficiencia y la gestión de quienes trabajan en ella, pero es también lograr el mejor ajuste entre su tamaño y los fines que
persigue, es adaptar su estructura y organización a las exigencias y necesidades actuales del servicio público. Precisamente esa es la dirección que marca el proyecto de ley de economía sostenible impulsado por el Gobierno y es ese mismo objetivo
el que persigue el programa de racionalización y reducción de la Administración General del Estado y del sector público empresarial; un programa de racionalización que contemplará la reducción de altos cargos de la Administración General del Estado
y un programa de racionalización del sector público empresarial destinado a reducir, uno, el número de empresas públicas mediante un proceso de fusiones y concentraciones; dos, el número de sus cargos directivos y miembros de consejos de
administración y, tres, la revisión de sus retribuciones. En definitiva, es un programa que prevé la restructuración de órganos de la Administración y del sector público empresarial estatal y que, tal y como indicó el presidente del Gobierno en
esta misma Cámara, será aprobado dentro de unas semanas por el Consejo de Ministros.



Señorías, les hablo de objetivos que sin duda son una exigencia para la Administración General del Estado, pero quiero subrayar que se trata también de objetivos que aspiramos a acordar y extender en el seno de la mesa general de negociación
al resto de administraciones públicas y corporaciones locales. Son como ven iniciativas de largo alcance y de un profundo calado, que nos permitirán una planificación más eficiente de nuestros recursos, hacer frente a las dificultades y a la vez
mantener una prestación adecuada de los servicios públicos; iniciativas que creemos que pueden servir de modelo para otras administraciones públicas y que llevaremos a la mesa de negociación de las administraciones, porque estamos convencidos de
que la Administración pública, todas las administraciones públicas no solo deben ser solidarias con el esfuerzo que está realizando toda la sociedad sino que, acorde con su vocación permanente de servicio público, pueden y deben dar un ejemplo de
compromiso con ese objetivo de responsabilidad y sostenibilidad por el que trabaja toda la sociedad española.



Señorías, creo que todos estamos de acuerdo en que poner los cimientos de una administración más eficiente, más competitiva y mejor adaptada a las necesidades del tiempo que vivimos pasa por que nuestra Administración circule por esas
verdaderas avenidas del futuro que son las nuevas tecnologías. Se estima que en el mundo se fabrica un microprocesador cada segundo, más de mil desde que he comenzado a hablar. El microprocesador que llevamos en nuestros móviles o en los
portátiles es un millón de veces más barato, casi cien mil veces más pequeño y mil veces más potente que el primero que se fabricó hace cincuenta años. Lo que entonces necesitaba un edificio entero hoy cabe en nuestro bolsillo. Las tecnologías
marcan la diferencia entre el futuro y el pasado, entre la competitividad y la inoperancia, entre el ayer y el mañana. Por eso, construir una administración que sea uno de los motores del cambio de modelo productivo implica un compromiso a la
altura de esta oportunidad.
Por esa razón, la implantación y desarrollo de la Administración


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electrónica y la aplicación de las nuevas tecnologías tienen para el Gobierno un carácter estratégico, porque a las indudables ventajas que presentan para el ciudadano se suman las que aportan a las empresas.



Señoras y señores diputados, hace tres años aprobamos la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, una ley que supuso un verdadero cambio de perspectiva ya que por primera vez reconocía el derecho de la ciudadanía
a relacionarse con las administraciones públicas por medios electrónicos. Nos comprometimos entonces a implantar las infraestructuras que permitieran a los ciudadanos ejercer ese derecho en relación con la totalidad de los procedimientos y
actuaciones administrativas y hemos cumplido con ese compromiso. A día de hoy, más de dos mil procedimientos administrativos de la Administración General del Estado se pueden efectuar electrónicamente, lo que representa prácticamente el 97 por
ciento del total de los trámites existentes. Pero en este tema, quizá como en muchos otros o más que en muchos otros, pararse es comenzar a retroceder, por eso hemos seguido invirtiendo en la Administración electrónica con iniciativas como el Real
Decreto 1671/2009, de acceso electrónico de los ciudadanos, contemplado en el acuerdo con los sindicatos; también con medidas en materia de seguridad, identificación, autenticación, registros, copias y archivos electrónicos, y muchas otras
iniciativas que no les detallaré para no alargarme, pero que en el ranquin que realiza Naciones Unidas ya sitúan a nuestro país en el noveno puesto mundial en aplicación del llamado gobierno electrónico.



Soy muy consciente sin embargo de que el éxito de la Administración electrónica no se medirá, y así debe ser, por la modernización de infraestructuras o de estructuras, sino por el uso que de ellas hagan los ciudadanos; ciudadanos, como
debe ser, cada día más exigentes, y para responder a sus demandas, a las demandas de una sociedad y una economía basadas en la información y el conocimiento, necesitamos un cuerpo de funcionarios con la capacitación adecuada. Para lograr ese
objetivo la formación es una pieza clave. El pasado año invertimos 140 millones de euros en formación continua y este año tenemos previsto realizar un esfuerzo equiparable, con casi 139 millones de euros. Ya estamos dando en el marco del acuerdo
los pasos necesarios para aprobar un plan general de formación en Administración electrónica y está muy avanzado en el seno de la Comisión general de formación continua la negociación de un nuevo acuerdo general para la formación que va a servir
para impulsar su profesionalización y perfeccionar los servicios que se prestan a la ciudadanía. Ese es precisamente uno de los objetivos de la futura ley de función pública en la Administración general del Estado, una ley en la que la formación y
la evaluación objetiva, también la aplicación de las nuevas tecnologías constituyen ejes vertebrales de su reforma; una ley que desarrollando lo previsto en el estatuto básico garantizará que la selección en la carrera profesional de los
funcionarios públicos se atenga a los criterios constitucionales de mérito, conocimiento y capacidad; una ley con vocación de permanencia que pondrá las bases de la Administración del nuevo siglo y para la que queremos concitar un amplio apoyo
social y político. Como saben, nos hemos comprometido con los sindicatos a iniciar en septiembre la tramitación del proyecto de ley y ya hemos constituido un grupo de trabajo para redactar el anteproyecto.
Estoy convencida de que el texto que
resulte de estas reuniones de trabajo, enriquecido con las aportaciones de los grupos parlamentarios, contará con el apoyo que requiere una iniciativa de esta envergadura y que sentará las bases de la Administración del nuevo siglo.



Junto a la ley de función pública hay otra serie de iniciativas en las que estamos trabajando en cumplimiento del acuerdo con los sindicatos. Es el caso de la normativa sobre incompatibilidades de los empleados públicos, que hemos comenzado
a estudiar para adecuarla a la realidad del tiempo en que vivimos, y también de la revisión de la normativa sobre clases pasivas, que será tratada en el grupo de trabajo de previsión social para armonizarla y adecuarla al régimen general de la
Seguridad Social, y para reducir la litigiosidad en el ámbito de la Administración pública estamos avanzando en encontrar la solución normativa adecuada para la solución extrajudicial de los conflictos.



Señorías, les he expuesto las nuevas líneas de actuación e iniciativas de la Administración que nos ayudarán a servir mejor a los ciudadanos, pero también servimos a la sociedad identificando y eliminando trabas que obstaculizan el
despliegue de la propia iniciativa de la sociedad, y convendrán conmigo en que la burocracia innecesaria y superflua dificulta el pleno desarrollo de ese potencial. Por eso nos hemos propuesto avanzar en la reducción de cargas administrativas, con
el objetivo de que los emprendedores y las empresas puedan destinar más recursos a mejorar la competitividad, la productividad y la sostenibilidad de nuestra economía.
Tampoco aquí partimos de cero. El Gobierno ha venido realizando un importante
esfuerzo desde la aprobación del programa nacional de reformas de 2005 o del Plan de acción para la reducción de cargas administrativas de junio de 2008. Nos fijamos entonces el objetivo de reducir en un 30 por ciento las cargas existentes para el
año 2010, un objetivo ambicioso, ya que supera en un 5 por ciento el porcentaje fijado por la Comisión Europea, y puedo señalarles que a día de hoy hemos acometido ya 159 actuaciones destinadas a tal fin, del mismo modo que hemos puesto en marcha
más de 400 proyectos que estimamos pueden suponer una reducción de costes cercana a los 10.000 millones de euros para nuestro sector productivo.



También la trasposición de la Directiva de Servicios, cuya norma aprobó este Parlamento, supone un impulso en la simplificación de los procedimientos y en la reducción de cargas administrativas, además de una importantísima liberalización
del sector servicios, y en ella estamos trabajando a buen ritmo como demuestran los


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veintisiete reales decretos ya aprobados para esa adaptación, la mitad de los cincuenta y cuatro necesarios para concluir esa tarea. Creo poder decirles, señorías, que esta liberalización no solo facilitará las iniciativas de los
emprendedores y favorecerá el crecimiento y la creación de empleo, sino que contribuirá a crear una nueva cultura de la Administración pública, una administración impulsora, una administración colaboradora, una administración dinamizadora del
impulso de la sociedad.



Señoras y señores diputados, el servicio público no es solo un conjunto de instituciones, tampoco un ejército de personal al servicio del Estado. Es sobre todo y por encima de todo un compromiso, un compromiso con la ciudadanía y con el
interés general. Es sobre todo y por encima de todo la columna vertebral del buen gobierno y el progreso económico, político y social. Por eso mejorar su capacidad reclama de todos nosotros, del Gobierno en primer lugar pero también del resto de
administraciones, de los sindicatos y de los partidos de la oposición, un ejercicio de responsabilidad. Si volvemos la mirada al acuerdo para la Función pública podemos señalar que en este momento, y de las iniciativas que corresponden en
exclusividad al Gobierno de España, la gran mayoría de las propuestas contempladas están en marcha o se están adoptando los trámites necesarios para su puesta en marcha. Junto a las iniciativas que ya he mencionado puedo citar a título de ejemplo
la delimitación y clarificación de los servicios que se pueden externalizar, la ampliación de la información a la hora de definir el perfil de cada puesto de trabajo, la implantación del plan de igualdad y la elaboración de protocolos de actuación
en supuestos de acoso o la unificación de criterios en materia de responsabilidad y de acción social. Hay también otra serie de compromisos que al implicar a varias administraciones deben ser tratados en la mesa general de negociación de las
administraciones públicas. Hablo de actuaciones en ámbitos tan importantes como la carrera profesional y el sistema de retribuciones; la creación de las mesas sectoriales de sanidad, educación, justicia y universidades previstas en el acuerdo con
los sindicatos; el establecimiento de mecanismos de igualdad y responsabilidad social; la reducción de la tasa de temporalidad o el impulso a las distintas administraciones del desarrollo del Estatuto básico del empleado público, una herramienta
básica y fundamental de la que podemos extraer un enorme fruto en las distintas administraciones. Son temas de especial trascendencia para el futuro de nuestras administraciones públicas y que requieren del concurso del Gobierno central, de las
comunidades autónomas y de los entes locales y puedo anunciarles que para ello vamos a convocar la mesa general de negociación de las administraciones públicas el próximo día 23 de marzo.
El Gobierno acudirá a ella como siempre con la mejor de las
disposiciones.



Señorías, termino ya, pero no quiero hacerlo sin dedicar unas breves palabras a la Administración periférica, un área en la que desde el inicio de la legislatura y en particular desde que el Ministerio de la Presidencia asumió estas
competencias, hemos apostado por la racionalización y modernización de las delegaciones del Gobierno para orientarlas claramente hacia el servicio a los ciudadanos. Con ese objeto estamos realizando un gran esfuerzo para extraer el mayor partido
posible de los recursos tanto humanos como materiales con que contamos. También la incorporación de nuevas tecnologías ha mejorado la atención a los ciudadanos en las delegaciones y subdelegaciones implantando servicios como la cita previa, la
gestión de los expedientes o el pago telemático de las tasas por Internet. Quiero subrayar en este aspecto las oficinas de atención integral del 060 de las delegaciones. Esta red territorial creada en 2009 ya ofrece a los ciudadanos un volumen
importante de información y de servicios no solo del Estado sino de todas las administraciones públicas.



Señoras y señores diputados, estamos convencidos de que hoy como ayer y como siempre el diálogo, el acuerdo y la concertación son las mejores herramientas de las que disponemos para hacer frente a las dificultades, para sacar adelante unas
iniciativas como las que les he expuesto, que en algunos casos tendrán cuerpo de ley, pero que siempre deben tener alma de pacto. No es obligatorio dialogar, es cierto; no es obligatorio el acuerdo, por supuesto; es sencillamente una necesidad y
una responsabilidad. Es lo que nos demanda la ciudadanía y lo que nos exige nuestro tiempo. No es el momento de la política pequeña, tan atenta a las próximas elecciones que es incapaz de pensar en las próximas generaciones. No es el momento de
pretender imponer condiciones, ni de buscar la respuesta de unos u otros, de empresarios o sindicatos, de Gobierno u oposición, de Gobierno central o de comunidades autónomas. Es el momento de buscar la mejor respuesta para todos porque ante
problemas que a todos nos afectan y que tanto nos afectan, la iniciativa más acertada será la que sea más concertada. Es el momento de colaborar en todo lo que podamos, de defender nuestros valores cuando debamos y, sobre todo y por encima de todo,
de trabajar por el interés general siempre.



El señor PRESIDENTE: Corresponde ahora el turno a los grupos parlamentarios, en primer lugar, al grupo peticionario, el Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre tiene la palabra don Miguel Barrachina Ros.



El señor BARRACHINA ROS: Señora vicepresidenta, mi grupo le agradece la comparecencia y le recuerda que teníamos hasta el día de hoy veinte comparecencias insatisfechas. Usted tomó posesión de esta materia en el mes de abril y ha pasado
casi un año hasta que usted ha venido a darnos las líneas básicas de la Función pública bajo su nueva dirección. Por tanto, trataré de sintetizar las cinco solicitudes de comparecencia de mi grupo y además abordar la suya. Mucho me temo además que
no sean nuestras veinte peticiones sino su nueva posición en el Gobierno, y por tanto ese


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desahogo laboral, lo que le permita ahora venir con más asiduidad y respondernos a aquellas solicitudes que tenemos todavía insatisfechas. Me gustaría recordarle que ayer la vicepresidenta Salgado propuso una drástica reducción de altos
cargos también del sector público empresarial, ámbitos ambos de su competencia, señora vicepresidenta del Gobierno. Pensábamos que usted iba a avanzar hoy algo más de eso. Nos ha recordado que hay necesidad de pacto y nos parece muy bien. Hablan
de consenso y de acuerdo, y es un ofrecimiento que el Grupo Popular agradece, pero entenderá usted, señora vicepresidenta, que es bien difícil alcanzar un acuerdo con un gobierno que no se pone de acuerdo consigo mismo. En estos tan solo dos meses
y dos días que llevamos del nuevo ejercicio, ustedes han hecho anuncios y rectificaciones múltiples, hasta cinco, en esta materia, en este presunto plan de austeridad con el que pretenden sacarnos de la crisis: la congelación salarial del señor
Ocaña de la semana pasada; el alargamiento del cómputo, de 15 a 25 años, para el cálculo de nuestras pensiones; el alargamiento también de la edad de jubilación hasta los 67 años; la reducción del gasto con anuncio de aumentos al día siguiente o
la supresión de la deducción de los 400 euros, son ejemplos de anuncios de los viernes, rectificaciones de los lunes y retiradas de los martes.



Por tanto, señora vicepresidenta, mientras ustedes se ponen de acuerdo con ustedes mismos, permítame que mi grupo le pida que cumpla los acuerdos de esta Cámara -hasta cinco acuerdos de este Congreso de los Diputados- para que ustedes
reduzcan el número de altos cargos; hasta cinco acuerdos, hasta hoy insatisfechos. Ayer novedosamente -y usted hoy- se apuntan a la demanda de reducir altos cargos sin concretar el número. Permítame, señora vicepresidenta, que yo se lo concrete.
Hay un acuerdo, el último -de hace exactamente dos semanas, del pasado 17 de febrero-, tomado en esta misma Cámara, en el que la práctica totalidad de los grupos parlamentarios, a excepción del suyo, le dicen lo siguiente, literalmente, señora
vicepresidenta: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar, con carácter inmediato, una profunda reestructuración del Gobierno y de la Administración General del Estado, con el objetivo de reducir en al menos un 25 por ciento los
altos cargos y los asesores.



La cifra del 25 por ciento no es baladí. Ustedes hoy disponen de un 25 por ciento más de altos cargos y de sus correspondientes asesores que en la etapa de Gobierno popular. Ustedes hoy, en lugar de tener 18 secretarías de Estado, tienen
25. Además, tienen 24 direcciones generales nuevas y los subsiguientes 50 nuevos asesores. Por tanto, además de anunciarnos hoy que la Administración debiera ser -en sus palabras- ejemplo de austeridad, debiera anunciar que por fin van a acatar
los acuerdos parlamentarios y que usted va a cumplir con estos mandatos. Usted tiene hoy la oportunidad, señora vicepresidenta primera del Gobierno de España, de enviar a las familias, a los autónomos, a las pequeñas empresas, el mensaje de que van
a suprimir esos 87 altos cargos que les reclamamos y que además van a suprimir también, como han demandado otros grupos y mi partido ha secundado, una vicepresidencia del Gobierno, que va a suprimir el Ministerio de Igualdad, que va a suprimir el
Ministerio de la Vivienda, porque bien sabe usted, señora vicepresidenta del Gobierno, que un ministro no es una persona, son coches oficiales, conductores, seguridad, administrativos, edificios; toda una pirámide funcionarial. Y usted, en este
momento, tiene la oportunidad -porque además de ser vicepresidenta es la ministra del ramo- de decirnos concretamente qué es lo que piensan hacer. Después de seis años de Gobierno ya no sirve que la única medida novedosa que usted haya anunciado en
estas seis comparecencias de hoy sea la creación de un nuevo observatorio. Haber observado antes de llegar al Gobierno, y ahora tendríamos las medidas y no los anuncios. Es que lleva usted gobernando seis años, y si ese discurso de hoy fuese el
primero que realizara la señora vicepresidenta en esta Cámara me parecería correcto; sus palabras -muchas de ellas- son suscribibles por cualquier persona, por cualquier grupo en cualquier país, esté en crisis o no, pero hoy lo que le piden los
españoles son medidas, son soluciones. ¿Cómo es posible, señora vicepresidenta primera que, según datos suyos, según datos de la EPA, en este año y medio de eso que llama usted ejemplo de austeridad, mientras en España, según datos oficiales, se
destruían 1,5 millones de empleos, las administraciones hayan crecido en 123.000 empleados públicos; 123 empleados públicos de acuerdo con la EPA mientras en España se perdían 1,5 millones de empleos? ¿Cómo se puede, señora vicepresidenta del
Gobierno, después de todo esto venir con un discurso tan lejano, que da la espalda, tan lejos de la realidad nacional que viven y padecen tantas familias españolas, 1.200.000 familias con todos los miembros en paro? Y ese ejemplo de austeridad que
usted ha reclamado en su primera intervención es el que están dando en este mismo año 2010. ¿Sabe usted que el presupuesto que han presentado contempla un crecimiento en alta dirección de casi un 7 por ciento, de 52 millones de euros y que supone
un 60 por ciento más de coste que en la etapa de gobierno anterior? ¿Ese es el ejemplo de austeridad que el Gobierno de España lanza a autónomos, a pequeñas, medianas y grandes empresas? Señora vicepresidenta, ¿no le parece excesivo que el
presidente del Gobierno disponga de 644 empleados según sus propios datos oficiales? ¿O que su ministerio, el Ministerio de la Presidencia, disfrute de 1.601 empleados -creciente en número- mientras en España se han cerrado más de 200.000 empresas?
Por tanto, hoy tiene usted la oportunidad, porque va a poder contestar a todos los grupos, incluido el mío, de lanzar ese mensaje de austeridad, ese ejemplo de austeridad que usted pretende dar a los españoles y que evidentemente me permitirá decir
que no ha conseguido con el anuncio de ese nuevo observatorio.



La pasada semana, señora vicepresidenta, sufrimos la enésima contradicción en el Gobierno. Don Carlos


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Ocaña, el secretario de Estado de Hacienda, hacía un anuncio: el de la congelación salarial, o el de la revisión de los pactos que usted misma firmó con los sindicatos. Usted ha dicho que no y yo supongo que de momento hoy -mañana ya
veremos- mantiene que no y que, por tanto, se respetará el acuerdo con los sindicatos. Me gustaría hacerle una pregunta, ya que usted es coautora de ese acuerdo de esos 50 puntos, de esas 50 medidas que usted exhibía como conquista de acuerdo con
los sindicatos de la Función pública, y es que entre esos puntos hay uno, el número 47, que literalmente dice lo siguiente, que dentro del primer trimestre de 2012 -precampaña y campaña de las elecciones generales próximas- se percibirá -los 3
millones de empleados públicos- el importe correspondiente a la desviación de 2010 y 2011. Esto quiere decir que durante la próxima campaña electoral de Rodríguez Zapatero habrá un cheque electoral que me gustaría que usted desmintiese, pero es el
punto 47 que usted ha exhibido y, por tanto, usted tendría que decir hoy aquí cómo piensa hacer efectiva esa desviación que de hecho ya existe; la inflación de esta mañana es del 0,9, del uno por ciento, mientras que la subida salarial fue del 0,3
y, por tanto, va a haber que compensar a la Función pública, a los empleados públicos españoles. Como ustedes han puesto por escrito que eso lo piensan hacer durante la próxima campaña y precampaña de las elecciones generales, me gustaría que nos
dijese cómo y de qué manera van a llevarlo a cabo. Y también me gustaría que usted obviamente no pretendiese con ese cheque de la precampaña y de la campaña engatusar a nadie de la Función pública, que obviamente no son tan fácilmente manipulables
como alguien pudiera pensar, sobre todo porque ya han padecido, ya han sufrido, señora vicepresidenta del Gobierno, en sus nóminas de enero y de febrero la mayor reducción en salarios netos que yo conozco. Y si la vicepresidenta conoce en estos
años de democracia algún ejercicio como el de 2010, algún ejercicio en el que el conjunto de la Función pública española, pero también el resto de asalariados, haya visto menguar su salario neto, su renta disponible en una media de 20 euros, si la
señora vicepresidenta del Gobierno, y que ejerce de ministra del ramo, lo conoce, me gustaría que me dijese algún año en el cual hayan salido tan damnificados, algún año que haya sido más lesivo que el 2010 en términos de pérdida de poder
adquisitivo por el efecto de la elevación en los impuestos de la supresión de la deducción del IRPF y el resto de medidas tributarias, al margen de aquellas que acaecerán, que tendrán lugar a mediados de año con la supuesta subida del IVA. Me
gustaría que ese ejemplo de austeridad que usted, señora vicepresidenta del Gobierno, reclamaba, lo tenga presente también en la vigilancia del crecimiento del sector público y de los salarios de la gente que trabaja con ustedes.
Probablemente le
parecerá a usted razonable que el responsable de la situación, uno de los responsables de la situación económica de España, el secretario de Estado de Economía, para este año haya aumentado el pago en productividad a su departamento en un 26 por
ciento. Han sido muy productivos, enormemente productivos generando 1.500.000 parados nuevos y cerrando 200.000 empresas. Por tanto, le parecerá muy razonable que esa productividad merezca un premio del 26,2 por ciento, de acuerdo con el texto
presupuestario que ustedes aprobaron aquí. Por tanto, señora vicepresidenta, me gustaría que nos dijera, además de buenas palabras, que mi grupo le agradece, cómo piensa controlar, cómo piensa velar para que esos excesos de sus propios
departamentos y del departamento de la Secretaría de Estado que dirige don José Manuel Campa no tengan lugar.



Voy a ir concluyendo porque no me quiero extender, pero tengo una duda.
Ayer, la vicepresidenta Salgado, además de hablar de la reducción de altos cargos que, como digo, se ha aprobado por cinco veces en este Parlamento mientras ustedes
permanecen de espaldas, hablaba también de una reducción, de fusiones, de una mengua del sector público empresarial.
Mi grupo tiene tasados, en función de la documentación que ustedes nos envían, 289 organismos autónomos, empresas y fundaciones.
Sin embargo, he leído recientemente, ayer mismo, en medios de comunicación que gozan de buena información que no son 289, sino 474 los organismos autónomos, empresas y entes de todo tipo que dependen del erario. Es una información que se podía leer
ayer en El País. Desconozco si la verdad es la presupuestaria que ustedes nos envían, los 289, o la verdad publicada, los 474, pero, sin duda, usted, señora vicepresidenta del Gobierno, tendrá información que darnos y, una vez nos la dé, nos dice
también cuáles de esas entidades usted pretende suprimir, refundir, fusionar para aliviar la carga fiscal que pesa sobre el sector productivo español. En la Administración española, señora vicepresidenta, como usted bien sabe, en muchos casos
faltan funcionarios de carrera y sobran amigos, eventuales, interinos, empresas y entidades de todo tipo a las que espero que ustedes, por fin, con algunos años de retraso, pongan coto.



La propia Intervención General del Estado, no el Grupo Popular, en su último informe revela indeseables prácticas salariales en ese otro sector público que no es la Administración General del Estado, sino el conjunto de entes que gravitan y
viven del erario y que a este grupo le resultan tan difíciles de controlar no ya en su actividad, sino su propia existencia, señora vicepresidenta del Gobierno. Me gustaría también que en materia salarial me confirmase usted si estas entidades
públicas van a vivir o no una futura congelación salarial, ya que usted dice que no, pero las informaciones que llegan de entidades públicas, incluida la propia Agencia EFE, hablan no solo de congelaciones, sino de reducciones.
Una de las medidas
que usted propone para reducir el gasto en personal es la tasa de reposición. Le diré que reducir la tasa de reposición, que fue un elemento efectivo con otros gobiernos, con ustedes se torna en inservible. Una tasa de reposición del 10 por ciento
quiere decir que por cada diez que se jubilen tan solo haya una plaza nueva, esa tasa de reposición no del 10 por ciento,


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sino del 30 por ciento estuvo en vigor durante todo el año 2009 y el resultado del año 2009 con esa tasa de reposición del 30 por ciento es que al final había 41.000 empleados más en la Administración General del Estado y sus empresas
dependientes. Por tanto, no hable solo de imponer una tasa de reposición determinada, sino de ver cómo lleva a cabo usted su cumplimiento, señora vicepresidenta del Gobierno.



Concluyo preguntándole lo siguiente. Sabe que aquí se aprobó ya en abril de 2007 el Estatuto básico del empleado público, vamos a cumplir ahora 3 años, pero esa ley carece de vigencia en su práctica totalidad si usted no la desarrolla
adecuadamente y falta una ley de Función pública de la Administración General del Estado, que usted ha dicho que va a tratar de consensuar, pero debería ponérsele fecha, porque mientras usted no norme, hay comunidades autónomas que sí lo hacen y,
para cuando el Gobierno de España se decida a hacerlo, ya no hará falta que usted lo haga, ya no será posible mantener una Función pública profesionalizada, de carrera y adecuada, que por cierto es la que está salvando el desgobierno que en este
momento padecemos. Me gustaría saber si además de cumplir ese artículo 6 que le reclama el desarrollo de la Ley de Función pública, cumplirá también con el artículo 13 del Estatuto del empleado público, que le pide una nueva regulación específica
del personal directivo de la Administración y si va a contar en esa regulación con el personal directivo de la Administración o va a hacerlo de espaldas a ellos.
También me gustaría que nos dijera si piensa usted, señora vicepresidenta del
Gobierno, externalizar funciones directivas de las propias administraciones públicas, que sería tanto como desconsiderar la alta capacitación de los funcionarios de carrera de España, que tienen ganado a pulso uno de los mayores prestigios de la
Unión Europea.



Me despido, señora vicepresidenta del Gobierno, agradeciéndole cálidamente su comparecencia, que llevábamos esperando desde el pasado mes de abril.
Le recuerdo también que tiene usted pendiente la comparecencia, y era una de las que mi
grupo había solicitado, sobre la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas. Le recuerdo que en su programa figuraba la creación de 25, posteriormente fueron 12, al final se contemplan 7 y el resultado último de este desarrollo para
nuestro grupo es absolutamente desconocido. Me gustaría que nos diga, especialmente sobre la reducción de los altos cargos, si por fin van cumplir con los acuerdos de esta Cámara y en qué va a consistir la reestructuración del sector público
empresarial.



El señor PRESIDENTE: Antes de dar la palabra a los otros grupos quería advertir que, como habrán visto, el presidente ha sido especialmente benevolente en el uso del tiempo, pero es que eran cinco peticiones las que tenía el Grupo
Parlamentario Popular.



En nombre de Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra don Jordi Jané.



El señor JANÉ I GUASCH: Señorías, en primer lugar quiero dar la bienvenida a la Comisión Constitucional a la vicepresidenta primera del Gobierno en su primera comparecencia para atender una de las nuevas responsabilidades que tiene, que es
todo aquello que afecta a la Función pública. Por tanto, este debate también se produce por primera vez en la Comisión Constitucional, toda vez que es esta la Comisión a la que acude normalmente, de forma ordinaria, la vicepresidenta primera del
Gobierno.
Decía que le damos la bienvenida a la vicepresidenta primera, como se la damos también a la nueva secretaria de Estado, que hoy mismo ha tomado posesión del cargo, doña Consuelo Rumí. Le deseamos éxito. Es una vieja colaboradora del
Gobierno en otros ámbitos y también de esta casa, a la que ha pertenecido durante muchos años, y le deseamos la mejor de las suertes.



Señora vicepresidenta primera, vamos a tener un resto de legislatura difícil en todo lo relativo a Función pública y racionalización de las estructuras de la Administración General del Estado y del resto de administraciones. No lo tenemos
fácil y no lo tenemos fácil, señora vicepresidenta, porque la situación económica, el déficit público, la evolución de esas finanzas públicas aconsejan restricciones. Por tanto, de alguna manera las rebajas no han terminado, sino que empiezan.

Empiezan las rebajas en el sentido de acometer una reestructuración global con criterios y auditorías de eficiencia y calidad que hagan claramente sostenible el funcionamiento de nuestras administraciones públicas en un contexto de déficit y de
crisis económica global. Vienen tiempos difíciles y necesitaremos compartir medidas y fijar una hoja de ruta. Ustedes de alguna manera la han fijado ya en el documento que el Gobierno publicó ayer, en el sentido de buscar mecanismos que permitan
que los gastos de personal de la Administración General del Estado en el horizonte 2013 se reduzcan un 4 por ciento. Este objetivo lo comparte Convergència i Unió, pero nos gustaría ponerle el cascabel al gato y que nos digan exactamente cómo lo
vamos a conseguir. ¿Cómo conseguimos esa reducción del 4 por ciento? Porque el precedente no es positivo, señora vicepresidenta. Si miramos los precedentes, veremos que ha habido un incremento presupuestario en los gastos de personal.
Concretamente, si miramos el presupuesto del año 2010, ahora vigente, hay un incremento de 744 millones de euros, un 2,3 por ciento más que en el año 2008. Y si miráramos la evolución desde el año 2007 hasta la actualidad, veríamos que se han
incrementado los gastos de personal en 4.501 millones de euros, un incremento del 15,55 por ciento. Ahora se trata de reducir, de apretarse el cinturón, pero la evolución no ha sido esta. Hoy mismo el periódico El País publicaba un gráfico en el
que, por ejemplo, se puede observar en relación con los altos cargos de la Administración General del Estado que, si en el año 2006 había 504, en el año 2007 había 517, en el año 2008 había 528, en el año 2009 había 547 y en el año 2010 hay 548.

Han subido. Por tanto, si la tendencia es rebajar, aligerar, dicha tendencia debe acompañarse de un calendario,


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señora vicepresidenta, y de un plan. Le han recordado ya -y es cierto- que se han votado resoluciones, bien es verdad que con el voto en contra del grupo mayoritario, del Grupo Socialista, a favor de propuestas parlamentarias para reducir
la estructura de la Administración, para reducir los altos cargos -se decía en la última de ellas- en un 25 por ciento. Creo que no debemos entrar en porcentajes, pues pueden ser propagandísticos o irreales, pero el mensaje está claro: vamos en la
línea de la reducción y, para aplicar esa línea, para conseguir esos objetivos que el Gobierno se propone y que nosotros compartimos debemos actuar a través de una serie de medidas. Nos gustaría una mayor concreción, señora vicepresidenta, saber
exactamente cómo podemos conseguir aligerar ese peso de la estructura administrativa, cómo podemos reducir ese 4 por ciento en el horizonte de 2013 cuando hasta ahora no ha hecho más que subir. Por tanto, mayor concreción.



Es cierto que se ha hablado de la tasa de reposición. ¿Esto va a ser así en todos los sectores? Porque hay sectores en los que debe reponerse al personal que se jubila por necesidad del servicio público. Por tanto, no siempre se puede
cumplir el objetivo de limitar la tasa de reposición de forma genérica. Debemos concretar y le pedimos ese esfuerzo de concreción.



Hay una proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco relativa a una nueva estructura del Gobierno con menos ministerios y menos vicepresidencias. Nosotros no nos atrevemos a decirle al Gobierno cuál debe ser su estructura final; no nos
atrevemos a hacerlo porque forma parte de las prerrogativas del presidente cuando organiza su Gobierno.
Pero sí nos atrevemos a compartir el mensaje: deberíamos ser capaces de suprimir algún ministerio. Vaya por delante que para nuestro grupo
podría suprimirse, por ejemplo, el Ministerio de Igualdad y entendemos que sus funciones se podrían asumir desde su propia Vicepresidencia Primera. ¿Por qué razón? Porque debemos aligerar esas estructuras por lo que tiene de modélico y de
cumplimiento de aquello que le pide nuestro grupo parlamentario y el conjunto de grupos parlamentarios -a excepción del Grupo Parlamentario Socialista, que votó en contra- que coincidimos en la misma dirección.



Otra propuesta para reducir. Podríamos crear, señora vicepresidenta, estructuras compartidas en el ámbito de las nuevas tecnologías de la información. Hay margen para hacerlo. Hay posibilidades programáticas de que diversos ministerios
compartan unas mismas plataformas informáticas, lo que ahorraría mucho en el gasto corriente de la Administración General del Estado. Por tanto, aquí también hay camino por recorrer y podríamos estudiar propuestas concretas de reducción de esos
gastos de funcionamiento a través de mejores plataformas informáticas. Entendemos que en ese horizonte que se ha marcado el Gobierno podría encajar también la intención de que determinados ministerios -quizá no pueda ser en Interior ni en Defensa,
pero en otros sí es posible- lleguen a compartir estructuras informáticas y esto también iría en la buena dirección de aligerar.



Otra propuesta, señor vicepresidenta. La Administración ordinaria en un territorio puede y debe ser la Administración autonómica; ese principio que algunos llamaban de Administración única y que no hace falta bautizar con un nombre
determinado. El propio Estatuto de Cataluña en su disposición adicional sexta habla de la Administración ordinaria y de qué manera la Administración autonómica en un territorio puede asumir funciones que ahora presta la Administración periférica.
Esto también contribuiría al mejor funcionamiento global de las administraciones, porque las administraciones autonómicas también son Estado. Compartiendo esas responsabilidades, podríamos también acometer una reforma que podría ser positiva para
ese aligeramiento global que ustedes proponen y que nosotros compartimos. Por tanto, en esa concepción de la Administración periférica del Estado, nos gustaría conocer cuál es ese esquema de Administración ordinaria a la que el propio Estatuto se
refiere cuando prevé que la Generalitat será Administración ordinaria del Estado en Cataluña en la medida en que le sean transferidas, mediante los instrumentos que correspondan, las funciones ejecutivas que ejerce la Administración del Estado a
través de sus órganos territoriales en Cataluña. Esa es una propuesta que está en una ley orgánica, en el Estatuto de Cataluña. Por tanto, hay camino por recorrer en este ámbito y entendemos que también puede ser positivo.



Señora vicepresidenta, realmente la Administración electrónica que usted ha citado en su comparecencia nos abre también nuevas posibilidades en un nuevo concepto de la Función pública del siglo XXI. Nos abre también la posibilidad del
teletrabajo. Nos gustaría ahondar en este aspecto y de qué manera se puede ahorrar fomentando el trabajo del empleado público fuera de una estructura gubernativa, administrativa o ministerial. Porque el teletrabajo y las nuevas tecnologías
permiten maneras de trabajar distintas, marcando objetivos, evaluando la gestión y evaluando la forma de trabajar. Realmente la Administración puede suprimir muchos gastos si de alguna manera puede no hacer depender un mismo puesto de trabajo de
todos los que de allí dependen. Se ahorrarían edificios y estructuras y también hay aquí camino por recorrer.



Señora vicepresidenta, termino ya haciendo una referencia al Estatuto básico del empleado público que aprobamos en la pasada legislatura. Usted ha hecho una afirmación hoy aquí, que estas Cortes Generales, a través de un proyecto de ley que
presente su Gobierno, van a desarrollar lo que es la Ley de la Función Pública para la Administración General del Estado.
Esta realmente es la competencia de estas Cortes Generales, en nada afecta lo que puedan hacer otras comunidades autónomas.
Discrepo absolutamente en este caso con el portavoz del Grupo Popular en que una cosa es la ley que haremos estas Cortes Generales para la Administración General del Estado y su personal y funcionarios y otra distinta es


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el desarrollo del estatuto que hará cada Parlamento autonómico, porque no deja de ser una norma básica que después pueden desarrollar legislativamente los parlamentos autonómicos.



Queda pendiente, señora vicepresidenta, en ese estatuto todo lo relativo a la jubilación parcial. ¿Hay alguna previsión al respecto? Porque la permitía el estatuto y no se ha desarrollado después. Quizás se podría aprovechar este momento
de crisis económica para incentivar en algunos supuestos, en algunos casos, esas jubilaciones parciales que están en la ley. También están pendientes, señora vicepresidenta, todos los aspectos relativos al directivo, a la función directiva. Aquí,
en esa nueva Función pública del siglo XXI, la función directiva está llamada a alcanzar nuevos retos, nuevas exigencias de profesionalidad y, por tanto, sería también positivo desarrollar esos aspectos que estaban en la Ley del estatuto básico,
aprobada en la pasada legislatura, pero aún no los hemos desarrollado.



Le mostramos la colaboración de nuestro grupo en todo lo que sea ese esfuerzo para contener el gasto público y aligerar las estructuras de las administraciones, especialmente en su caso en la Administración General del Estado.



El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra don Emilio Olabarría.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora vicepresidenta, muchas gracias por su información. Honestamente, no me termino de acostumbrar a verla comparecer en esta Comisión para glosar estas materias con la solemnidad y prosopopeya que corresponde a
la Comisión Constitucional y sobre cuestiones tan sectoriales y específicas como las que estamos debatiendo en este momento. Honestamente se lo tengo que decir, señora vicepresidenta. Echo mucho de menos la vieja Comisión de Administraciones
Públicas, la antigua Comisión, y -por qué no decírselo- al ministro o ministra de Administraciones Públicas. Por cierto, el ministro de Administraciones Públicas, el señor Sevilla, fue el autor o el padre espiritual de toda la normativa que en este
momento configura la Administración pública, con la que estamos conviviendo en la actualidad fundamentalmente, o la más moderna cuando menos, la relativa a la Ley de Agencias, la relativa al Estatuto Básico del Empleado Público, la relativa a la
Administración electrónica y a tantas otras leyes que se pudieron aprobar bajo el mandato de este ministro, sobre las cuales no ha habido ni grandes desarrollos ni grandes novedades normativas posteriormente, salvo las que usted ha anunciado con una
austeridad que no se corresponde con su estilo, lo cual nos lleva a pensar que no hay grandes novedades desde la perspectiva de su ministerio o de su vicepresidencia en relación con esta importante cuestión.



Señora vicepresidenta, usted ha empezado parafraseando a Churchill, y contra estas citas de Churchill -parece que habló de todo, habrá qué ver; no sería malo algún día validar la veracidad de todas sus importantes reflexiones- yo le voy a
citar algo que es perfectamente comprobable, a Hobbes, quien escribió su obra Leviatán y habló de la propensión de la Administración pública a crecer indefinidamente, generando lo que él denominó gran Leviatán. Le voy a decir lo que está ocurriendo
con el que denominamos en este momento o se denomina formal y constitucionalmente Estado autonómico. El Estado autonómico está compuesto por órganos de la Administración Central del Estado, por órganos de ámbito estatal y por órganos autonómicos o
forales en algunos casos. El gran Leviatán está configurado fundamentalmente con una propensión a crecer de forma indefinida, por órganos administrativos, la Administración Central del Estado; órganos constitucionales de ámbito estatal; órganos
estatutarios; organismos autónomos también de ámbito estatal; entidades gestoras como las de la Seguridad Social de ámbito estatal; reales academias de ámbito estatal; empresas públicas de ámbito estatal, etcétera. Le podría hacer una glosa
abundante. En un estudio realizado por la Universidad Complutense se establece que la equivalencia en relación con órganos de naturaleza jurídico-pública, comparando los existentes de ámbito estatal o vinculados a la Administración Central del
Estado o a órganos constitucionales del Estado con los homónimos de las administraciones autonómicas, sería de 49 órganos o instituciones de ámbito estatal o vinculadas a los órganos centrales del Estado frente a uno de las administraciones
autonómicas o de los ámbitos autonómicos. No sé si en opinión de la vicepresidenta esto se corresponde con la consolidación y el asentamiento de un verdadero Estado autonómico, que es al que provee la Constitución española fundamentalmente en su
título VIII, y en la distribución de competencias prevista en los artículos 148 y 149, que no voy a pormenorizar ahora porque usted los conoce mejor que yo. El dato es relevante.



De esa perspectiva han nacido propuestas de resistencia o vindicativas de una realidad diferente. Yo sé que ustedes manejan datos estadísticos y que utilizan datos quizás sesgados o erróneos como el número de funcionarios dependientes de la
Administración central, el número de funcionarios dependientes de la Administración autonómica y de la Administración local. Esto no vulnera la realidad que yo le estoy comentando. Por eso se han hecho propuestas en sede parlamentaria, aprobadas
en algunos casos por unanimidad y en otros solo con el voto en contra del grupo parlamentario que le sustenta, que preconizan cuestiones tan razonables como la reducción del 25 por ciento de los altos cargos de designación de la Administración
Central del Estado, como podrían ser los asesores. Hay una proposición de ley presentada por mi grupo parlamentario, por la que se modifica la Ley 50/1997, que pretende que el Gobierno se componga del presidente, de vicepresidente o vicepresidentes
y que dentro de los criterios de racionalidad, austeridad y eficiencia en ningún caso pueda contar con


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más de dos vicepresidencias ni superar el número de catorce ministerios.
Esta es una proposición de ley cuya tramitación está pendiente por razones evanescentes que se nos han ocultado hasta este momento. Esta proposición es un mandato
parlamentario dirigido a las cuestiones que en este momento usted gestiona. No sé si este incremento de las funciones que se le están asignando a usted van a provocar una verdadera superación de su reconocida adicción al trabajo, al trabajo bien
hecho en la generalidad de las ocasiones. La vis expansiva de las competencias que usted ostenta puede en algunos momentos privar de eficiencia o de profundidad a algunas de las funciones. Esta es una proposición que usted seguramente conocerá y
pretende ser un mandato parlamentario dirigido -en forma de proposición de ley- al Gobierno que usted en este momento está representando.



Hay otra interpelación y subsiguiente moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana que establece que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a suprimir los ministerios -aquí ya se establecen supresiones de naturaleza
nominal; se identifican los ministerios que deben ser objeto de supresión- de Cultura, de Vivienda y de Igualdad, de forma que sus actuales atribuciones pasen a ser asumidas por los ministerios de Educación, de Fomento, de Sanidad y de Asuntos
Sociales respectivamente. Es un requerimiento al Gobierno aprobado en sede parlamentaria por los votos de todos los grupos parlamentarios salvo por el que apoya al Gobierno.



Señora vicepresidenta, son ya recurrentes y abundantes las recomendaciones e instancias al Gobierno para reducir y adelgazar la estructura de la Administración Central del Estado. No sé hasta qué punto -porque usted no ha hecho ninguna
referencia a esta cuestión- está usted en la tesitura y en qué tiempo de cumplir con estos requerimientos. Sabemos cuál es la naturaleza jurídica de las proposiciones no de ley y de las mociones. Son mandatos al Gobierno que deben ser cumplidos,
aunque no tienen un requerimiento de cumplimiento cronológico. El Gobierno los cumple cuando lo considera conveniente pero, en todo caso, los debe cumplir. Me gustaría que nos aportase algún tipo de identidad cronológica sobre cuándo el Gobierno
piensa cumplir con estos mandatos cronológicos vinculados al adelgazamiento de la estructura gubernamental que usted, como vicepresidenta primera, aquí tan dignamente representa. Son importantes las reclamaciones desde esta institución
parlamentaria en relación con esta materia.



Hablando de otras cuestiones, señora vicepresidenta, me gustaría comentarle que sus propuestas son tan austeras como su propia exposición.
Ha comentado la creación de un observatorio. No es malo crear un observatorio, dadas las funciones
de un observatorio de naturaleza institucional, que recaba o sintetiza información, la analiza y presenta propuestas pero, por lo que está ocurriendo con la Función pública española y con las funciones públicas en general, solo la creación de un
observatorio se nos antoja una medida pacata, insuficiente, como una especie de presentación de actuaciones de naturaleza gubernamental pero que son manifiestamente insuficientes. También ha comentado que usted realizará las actuaciones en materia
de Función pública con consenso con las administraciones públicas autonómicas. Esto debería ser, es un optimista desiderátum, pero me permito recordarle, señora vicepresidenta, que todas las leyes que regulan la Función pública con carácter general
-sobre todo la primera ley, no la del Estatuto del Empleado Público, más respetuosa con las competencias de las comunidades autónomas, sino también leyes anteriores relativas a la Función pública- han sido declaradas por la propia ley básicas en la
totalidad de todos sus preceptos. La primera Ley de la Función Pública aprobada tras la Loapa fue declarada básica en todos sus preceptos salvo en dos. Por lo tanto, se acredita perfectamente que se incorporó no la literalidad de la Loapa pero sí
el espíritu de la Loapa a la configuración de la Función pública española mediante la configuración de cuerpos nacionales y de competencias de la Administración central sobre la articulación de los sistemas de movilidad funcional, geográfica,
etcétera que falsamente correspondían a las competencias del Estado, cuando es una competencia de naturaleza autonómica de carácter exclusivo.



Ha hecho una mención, señora vicepresidenta, que me ha llamado poderosamente la atención, que es la relativa -me imagino que este es otro optimista desiderátum- a la equiparación entre el sistema de clases pasivas a efectos de la protección
social y el régimen general del sistema de la Seguridad Social. Estando en este momento la sostenibilidad del sistema general de la Seguridad Social como está -no tengo que glosárselo porque lo conoce perfectamente- ya me dirá cómo se puede hacer
este proceso de pretendida convergencia -si le he entendido bien- entre el sistema de clases pasivas de los funcionarios con el régimen general, dado sobre todo el incremento de protección que el régimen general incorpora sobre el sistema de clases
pasivas en relación con los funcionarios. Habría que generar carreras de seguros mediante aportaciones sobrevenidas e incrementadas de los funcionarios que pretendan acogerse a este régimen o habría que buscar alguna solución evanescente que en
este momento no se me ocurre; me temo que a usted tampoco se le haya ocurrido, dado lo que ustedes están especulando sobre la reforma del sistema general de pensiones.



En cuanto al sector público, ha hecho algunas reflexiones que son interesantes, que vamos a evaluar y en las que, en la medida de lo posible y por la lealtad institucional que en esas materias caracteriza nuestra posición, vamos a intentar
buscar puntos de acuerdo con ustedes.
Pero tenemos dos dudas -con esto acabo definitivamente, señor presidente- que nos preocupan profundamente y tienen que ver con las OPE pro futuro, las ofertas públicas de empleo que ustedes van a presentar.

Evidentemente, hay un efecto de reposición, que


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ha sido ya comentado por otros portavoces en esta Comisión, en el que a través de la reducción de las OPE, de los requerimientos de existencia de funcionarios de servicios públicos atendidos por un numero suficiente de funcionarios, se va a
producir un efecto de reposición de efecto vegetativo, de efecto espontáneo, endógeno. Señora vicepresidenta, me gustaría comentarle una frase de Max Weber en la que indicaba que son los funcionarios los que mantienen la gobernabilidad, porque se
puede prescindir de los altos cargos de la Administración, e incluso de los gobiernos, pero de lo que no se puede prescindir es de la estructura funcionarial. Es decir, no vamos a crear el mito de que reducir el número de funcionarios per se como
fórmula de funcionamiento es casi una formula de actuación, de optimización o mejora de los problemas que afectan a las estructuras económicas del Estado- acabo ya, señor presidente, de verdad-; y desde esa perspectiva me gustaría que las OPE se
correspondan con las necesidades reales de la prestación de los servicios públicos que los ciudadanos requieren y que dimanan de las leyes, cada vez con mayores exigencias de derechos reconocidos a los ciudadanos, que estamos aprobando en estas
Cortes Generales del Estado, léase Ley de Dependencia, Ley de Extranjería, etcétera. Cada vez que se aprueba una ley de estas características, el incremento de la Función pública es un efecto inevitable. La reducción de funcionarios es una especie
de propuesta fácil, demagógica y sencilla que se utiliza recurrentemente para, teóricamente, reducir el gasto público en una situación de déficit público abultadísimo -más del 11 por ciento en el Estado español-, pero que no debe gravitar sobre la
degeneración o la peor prestación de los servicios públicos que deben atender los funcionarios.



En materia de retribuciones, señora vicepresidenta, el secretario de Estado de Economía, en unas reflexiones esotéricas realizadas la semana pasada, no sabemos si dijo que se van a mantener las retribuciones de los empleados públicos, que se
van a incrementar o se van a reducir en un 4 por ciento. Es decir, escuchando y realizando una labor de hermeneusis o de hermeneútica sobre estas reflexiones es imposible saber qué es lo que quiso decir. Lo que es fácil comprender es que creó una
profunda alarma pública entre el cuerpo de funcionarios públicos del Estado, donde muchos de ellos entendieron que lo que estaba preconizando era la reducción global de las retribuciones en un 4 por ciento. Si la fórmula de reducir el déficit
público del Estado español, que alcanza los 50.000 millones de euros en estos momentos, y sobre el cual, en este ejercicio presupuestario, el Gobierno que usted representa solo puede ahorrar 5.000 millones de euros, es reducir las retribuciones de
los funcionarios, congeladas en los tres últimos años, se va a encontrar con nuestra más enfática oposición. Son cuestiones obiter dicta, señora vicepresidenta, que yo le planteo sin saber muy bien si es usted de verdad la responsable de la Función
pública o de las cuestiones inherentes a la misma, si es en esta Comisión donde se deben dilucidar estas cuestiones, si es pertinente o no recuperar un Ministerio de Administraciones Públicas y si la Función pública española requiere de profundas
reformas que todavía nadie ha sabido identificar o pormenorizar. Como usted comparece en funciones o en virtud de la vis expansiva de las capacidades y competencias políticas que a su vicepresidencia se van atribuyendo en forma de forma de tracto
sucesivo, en este momento me veo en la tesitura de planteárselas a usted.
No son cuestiones irrelevantes, son cuestiones particularmente relevantes que le quería plantear.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra don Gaspar Llamazares.



El señor LLAMAZARES TRIGO: Bienvenida, señora vicepresidenta, a esta Comisión. Su declaración inicial sobre el Estado salvador -que comparto- en relación con la crisis económica me ha recordado los idus de marzo, me ha recordado la
advertencia a César de que sería asesinado y la sordera de César. En ese sentido, señora vicepresidenta, queda claro en esta Comisión que una buena parte de los grupos parlamentarios de esta Cámara no comparten esa valoración. Consideran que el
Estado no ha sido salvador o si consideran que ha sido el socorrista de la banca y de la especulación urbanística odian al socorrista. En pocas palabras, le echan la culpa del práctico ahogamiento de la iniciativa privada dejada a su propio
movimiento. Creo que es lo que hemos visto en esta Comisión. Pero ustedes no son inocentes, señora vicepresidenta. Por su intervención no sabía si intervenía como responsable de la Función pública o como portavoz triunfalista del Gobierno, pero
ustedes no pueden conjugar el triunfalismo sobre el Estado, sobre la Función pública, y al mismo tiempo el discurso del ajuste, porque son ustedes los que han dramatizado el ajuste y los que de alguna manera han abierto la veda. Abierta la veda
siempre hay cazadores mucho más voraces que ustedes. El símil que utilicé en el debate parlamentario con anterioridad es adecuado: hay mucho cirujano de hierro en este país; yo diría algo más: hay mucho político suicida al que le gustaría no
tener Estado. Pero cuando no tengamos Estado no hay políticas, señorías; yo no sé qué van a gestionar ustedes.
(Rumores.) Pero yo sí quiero que exista Estado, Estado central y Estado autonómico. Sí quiero que exista Estado, lo considero
imprescindible. Lo considero imprescindible en condiciones de crisis y fuera de la crisis.
Ustedes están tratando de cobrarse la pieza en la situación más débil, no solamente del Estado -hace mucho tiempo que es débil, ¿no?; y la política
también-, sino en la situación más débil del país, con posibles efectos sobre los ciudadanos y sobre la economía. Porque probablemente esta pieza que ustedes cazan a corto plazo nos cueste mantenernos en una situación depresiva desde el


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punto de vista económico con las consecuencias evidentes en materia de empleo.



Señora vicepresidenta, nosotros no hemos formado parte del coro de los que plantean: ante la crisis, menos Estado. No lo vamos a hacer. Pensamos que ante la crisis se ha demostrado que es necesario más Estado, un Estado más transparente,
un Estado más ágil pero un Estado también más fuerte, es decir una iniciativa pública más fuerte que ponga coto a los desórdenes del mercado. Esa es nuestra opinión y es lo que vamos a defender respecto a la política económica general y también en
relación con la política de la Función pública. Aquí paso a algunas de sus valoraciones que no comparto.



En opinión de mi grupo el desarrollo del Estatuto de la Función Pública es tardío, escaso y contradictorio; hay una pulsión dentro del Gobierno que parece querer recomponer o recuperar el Estado central, cuando estamos en un Estado
diferente, en un Estado descentralizado. Un Estado descentralizado puede ser y debe ser en nuestra opinión un Estado fuerte, ágil y transparente, y las melancolías, la nostalgia del Estado central no es buena consejera. En ese sentido nosotros
tenemos aquí la referencia de los compromisos del Estatuto del Empleado Público. Señora vicepresidenta, pensamos que los desarrollos son tardíos, perezosos, y no hay más que ver cuál es la situación de la Secretaría de Estado, señoría, no puede
evitarlo; algo ha ocurrido ahí. Yo creo que algo está ocurriendo en su Gobierno entre dos almas, lo he dicho antes: el alma de lo público y el alma del ajuste y de la dramatización del déficit público; ustedes verán cómo lo solucionan. Nosotros
tenemos una propuesta que les pondremos encima de la mesa con relación a la política fiscal que permitiría en nuestra opinión no recurrir a este drástico ajuste que ustedes nos plantean.



Señora vicepresidenta, con relación al ajuste si finalmente sale adelante el documento que nos enviaron en el día de ayer los tres ministerios económicos su compromiso con los sindicatos es papel mojado, porque plantea por una parte la no
reposición. Eso lo decía usted con una excepción muy importante: los ministerios sociales. Pues bien, en el documento que envían a las fuerzas políticas eso se acabó. La no reposición es generalizada, ese es el planteamiento de su Gobierno, y
eso no forma parte del acuerdo con los sindicatos en el que garantizaban determinados niveles de reposición en los ministerios sociales. Porque aquí se habla de los funcionarios de manera muy alegre, pero son enseñantes, médicos, gente con
responsabilidades muy importantes para garantizar los derechos ciudadanos. En ese sentido, señora vicepresidenta, queremos preguntarle: ¿Con qué se queda, con el plan de ajuste o con el acuerdo a que ha llegado con los sindicatos? No basta
únicamente con descalificar lo que ha dicho el secretario de Estado, es que lo han puesto por escrito, nos lo han enviado por escrito. Por otra parte, el descenso del 4 por ciento del capítulo 1 es también generalizado, no establece excepciones, y
ese descenso del 4 por ciento tiene consecuencias sobre el gasto social. Señora vicepresidenta, no van a poder ustedes continuar con el discurso de que el ajuste es selectivo.
El ajuste no es selectivo; un ajuste tan duro como el que ustedes
proponen no es selectivo; 50.000 millones, reducir el déficit del 12 por ciento al 3 por ciento en tres años no es selectivo, afecta a la inversión, al gasto social y a sus compromisos con los sindicatos. Con relación al sector público dice que
van a plantear la fusión de las empresas, la reducción de altos cargos y de sus retribuciones.



Ha planteado tres objetivos concretos. Cuando dicen fusión en el sector público o salario de los altos cargos siempre nos echamos la mano a la cartera porque conocemos cuál ha sido la consecuencia de estos ajustes del sector público,
responsabilizando al socorrista del ahogamiento. Si vamos a un caso concreto, señora vicepresidenta, hablemos de la Agencia EFE. Esta no quiere tocar los altos cargos, que están muy bien como están; no proponen ningún descenso de la retribución
de los altos cargos, muy al contrario, se niegan a tocar esa materia; sin embargo lo tienen muy claro: plantean la reducción del número de trabajadores así como de sus retribuciones en un 4 por ciento -primeramente era en un 8 por ciento-. Señora
vicepresidenta, no solamente es que el discurso triunfalista vaya por un lado y el del ajuste vaya por otro, es que da la impresión de que no solamente hay un discurso doble es que hay un discurso y una realidad muy diferente y muy contradictoria.
En ese sentido, nosotros queremos que se aclaren, que se aclaren en el discurso y que se aclaren con respecto a las medidas. Estas medidas -voy terminando- tienen efectos en nuestra opinión muy negativos -lo he dicho antes- en determinadas
políticas sociales que se desarrollan desde el ámbito autonómico, que serían afectadas por esta política de ajuste, pero también en el ámbito local. Los ayuntamientos con estas políticas de ajuste que ustedes proponen están al borde del abismo.
¿Saben ustedes cuál va a ser la alternativa? Ya la conocemos: más precariedad, más privatizaciones y más temporalidad en el ámbito de las administraciones públicas. Señora vicepresidenta, nosotros no podemos compartir este resultado y le exigimos
que cumpla el Estatuto del Empleado Público, que desarrolle los compromisos, que cumpla los acuerdos sociales y sobre todo que no contribuyan ustedes a la cacería -repito- del socorrista. La única culpa del socorrista es haber demostrado que
todavía el Estado es imprescindible y que en determinados momentos puede servir para salvar la situación. Eso es lo que algunos no le perdonan.



El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Mixto tiene la palabra doña Ana María Oramas González-Moro.



La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: No sé si alguna vez he contado en este Congreso una anécdota de cuando era alcaldesa. En uno de los primeros actos en el salón de plenos intervenía el señor Saramago y


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muchísimas autoridades y el protocolo hacía que la última que hablara fuera yo, la alcaldesa. A partir de ese día cambié el protocolo, porque claramente, después de hablar ocho personas sobre el personaje y de intervenir don José Saramago,
primero no podías estar a la altura del personaje y, segundo, ya estaba todo dicho.



Por eso tenía preparada una intervención -no había caído en la cuenta de que el Grupo Popular había pedido la comparecencia, pensé que solamente era la de petición propia de la vicepresidenta- porque creía que iba a ser la primera por ser el
grupo más pequeño, y por eso, aunque debe quedar hecha la crítica -se está aplazando todo hasta los años 2011, 2012 y 2013-, ahora voy a darla por reproducida, señora vicepresidenta, para ahorrársela a todos. Es la crítica por la contradicción, por
la declaración inoportuna y desautorización a don Carlos Ocaña y todas las demás cosas. Voy a centrarme, a ser práctica y positiva, que creo que es lo que necesita este país, porque no se pueden hacer determinados discursos buenistas -no me siento
nada identificada esta vez con el discurso del portavoz del Grupo Popular-, no se puede criticar, por una parte, que uno no hace determinados ajustes y, por otra, con los ajustes que se hacen, estar también en el otro lado. Cuando uno quiere hacer
una buena tortilla tiene que cascar los huevos, las tortillas no se hacen si no se cascan los huevos y aquí lo que está pasando es que nadie quiere ser ni decir lo que se piensa por fuera, lo que se piensa en este país.
En ese sentido, en diciembre
del año 2008, esta portavoz, en una comparecencia en aquel momento de don Pedro Solbes -y estoy hablando de diciembre de 2008, cuando se nos venía encima un millón de parados-, dijo en la Comisión de Economía que a lo mejor había llegado el momento
de que en este país, en un momento difícil, se llevaran a cabo algunas medidas de ajuste con los funcionarios, que eran los únicos que tenían garantizado el puesto de trabajo. Le puedo decir que en aquel momento, aparte de arremeter todos contra
mí, hubo diputados del PSOE y del PP que se dedicaron a repartir por Canarias aquellas declaraciones mías, diciéndoles a todos los funcionarios públicos que Ana Oramas proponía la congelación del sueldo de los funcionarios. Hoy el debate está por
fuera y es de las cosas que se dice que el Gobierno no tiene el valor de hacer lo que piensan a lo mejor muchos ciudadanos. Se han tomado decisiones dentro del diálogo social que a mí me parecen adecuadas, que quizá se tomaron tarde -era el año
2008-, porque a lo mejor, dependiendo de la evolución de la economía de este país, no eran suficientes.



Dicho eso, entro en un asunto que me parece importante. En situaciones como esta es tan importante la política de gestos cara a los ciudadanos como las políticas efectivas. Lo que no puede ser es que al final se queden las decisiones que
son políticas efectivas en política de gestos o no hacer política de gestos, que también reclaman los ciudadanos.
Entonces, voy a eso porque esa reducción, esa decisión que tomaron las fuerzas políticas hace tres semanas de una reducción de cargos
públicos quizá no sea numéricamente importante, pero sí lo es cara a los ciudadanos; ese gesto que se hace desde aquí y que deben hacer también las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Después, hay que saber cómo se va a hacer ese compromiso
de reducir el 4 por ciento de los gastos de personal y espero que esas propuestas que ustedes van a traer en marzo sean reales. ¿Por qué lo digo? Primero, tasa de reposición.
Usted sabe como yo que habrá que aclarar si las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad van a estar o no, así como los servicios esenciales de emergencia, los bomberos, etcétera. El 80 por ciento del presupuesto de las comunidades autónomas son las nóminas de sanidad y educación y, con el tipo de acuerdos a los que se está
llegando en el diálogo social, es prácticamente imposible ir a lo que se plantea en la reposición. Respecto a lo que ha dicho de las empresas públicas, lo encuadro en la política de gestos; en grandes números podrá ser, pero no es ese 4 por ciento
de gastos generales en política de personal.



Después hay un tema importante que tendrán que pactar ustedes, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Yo lo he vivido también en épocas de restricción de reposición. No podías reponer funcionarios, contratabas servicios técnicos o
externalizabas determinados servicios y resulta además que al final esos servicios que externalizabas, cuando suprimías el servicio por cualquier razón, entre ellas restricciones económicas, se iban al juzgado, al final entraban en la Administración
y se consideraban fijos a cientos de miles de personas de este país que no han pasado por el proceso selectivo. Caímos en ese error todas las administraciones. Yo le puedo decir que tuve hasta el caso de la banda de música, que se les pagaba por
actuaciones, ganaron los 60 músicos, que era cada uno de una banda de la isla y el juzgado me obligó a readmitir a 60 músicos que tocaban en las procesiones de Semana Santa y cada domingo.
O sea, que este país está loco en este asunto. Si se llega
al acuerdo, y sabiendo al final lo de reposición, es importante saber dónde va a caer esa tasa de reposición, porque, como le digo, primero, en la mayoría de los servicios no va a ser y, segundo, si a su vez va a haber un compromiso de no
externalización o se quiere, por una mayor eficiencia, privatizar, esa puede ser una decisión, pero es una decisión política que hay que adoptar y no hacer fraude.



Termino con pocas cosas más. Hay un tema que no ha tocado usted, que no sé si está en el diálogo social y que creo que es importante por productividad, efectividad y también por imagen ante los ciudadanos, que es el del absentismo laboral
de los funcionarios; el absentismo general en este país, pero disparatado en el ámbito funcionarial. Esta es una de las cosas que los ciudadanos que lo están pasando mal, que están buscando un puesto de trabajo, ven en su día a día: mucha gente
que no va a trabajar porque tiene garantizado un sueldo. La gente que tiene una depresión, tiene una depresión, pero es imposible que tengamos tantos depresivos en este país, y no solo ahora que las cosas van mal, sino que las


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depresiones existen desde hace diez años, ¿no? O como decimos en Canarias, un jeito en la espalda, que es lumbalgia, y entonces tienes un dolorcito aquí y estás y no estás. Otra cuestión es la eficiencia en las listas de espera para
determinadas intervenciones, donde hay una flexibilidad para las bajas médicas. Esa es una asignatura pendiente de este país, habrá que tomar decisiones que a lo mejor no son decisiones populares; desde luego todas las fuerzas políticas deberíamos
estar para esa cascada de huevos, como dije de las tortillas, y no solamente para temas de buenismo.



Con respecto a la Administración electrónica, señora vicepresidenta, a mí me parece muy positivo que haya habido una experiencia excepcional, que yo fui muy suspicaz acerca de que pudiera funcionar, como fue la implantación del Plan de
empleo municipal; fue la primera vez que la Administración obligó a los 8.000 ayuntamientos de este país a hacer toda la tramitación en el plazo de un mes y todo vía telemática. Yo le puedo decir que estuve en reuniones para echar una mano porque
había ayuntamientos en los que nadie sabía mandar un correo electrónico, que a lo mejor no tenían ni un funcionario que efectivamente supiera mandar correos electrónicos, y se hicieron los proyectos, se hicieron las justificaciones, las memorias y
además en un mes. Lo que yo me pregunto es por qué si eso se hizo para un tema que solo tenía un mes de plazo, donde se jugaban tanto, que eran miles de papeles, por qué ahora para una maldita subvención de un ministerio -vamos a poner el de
Cultura o cualquiera- te siguen pidiendo la tonga, el original del proyecto, el informe de no sé quién, el informe del interventor, no hemos sido capaces y en ministerios que tienen cuatro cosas, no como aquel que tuvo 8.000 ayuntamientos cada uno
con cien proyectos, seguimos pidiendo todas esas cosas. Se lo digo porque me parece importante.



Después quiero preguntar una cosa: ¿por qué las empresas públicas no se pueden plantear expedientes de regulación de empleo? ¿Por qué tenemos la consideración en este país de que los empleados de las empresas públicas son funcionarios
públicos? No son funcionarios públicos ni tienen los derechos de los funcionarios públicos. Lo que quiero decir es que las empresas que van bien, van bien, y habrá que exigir que no se hagan jubilaciones anticipadas en empresas públicas como se
han estado haciendo, pero también cuando una empresa en un momento de crisis económica, de actividad, a lo mejor necesita hacer una regulación de empleo temporal, ¿por qué no puede? Ayuntamientos canarios han tenido que hacer algunos ERE -no sé si
lo saben-, administraciones públicas. Lo digo porque en este momento no puede haber en este país intocables de la crisis, que tienen las mismas leyes, los mismos derechos, las mismas obligaciones, las mismas cargas y la misma crisis que muchísimas
empresas de este país y que muchísimos ciudadanos. Se lo dice al final una diputada que hace año y medio, en 2008, maldita la hora, en un ejercicio de responsabilidad dijo que a lo mejor había que hacer estas cosas y tanto los diputados del PSOE
como del PP se hincharon a repartir fotocopias y además en las tertulias que estaba en aquel momento de radio y tele dijeron: Usted es la que ha dicho... Claro, en este país hay no sé cuántos millones de funcionarios y no vea usted cómo se puso mi
correo electrónico, la cantidad de cartas, de llamadas telefónicas y de críticas que recibí, y ahora resulta que me quedé corta. Lo único que dije es que a lo mejor había que replantearse en aquellos momentos determinados ajustes.



No se queden cortos, en este momento, con 4,5 millones de parados, los ciudadanos de este país piden una Administración que sea pública, que sea efectiva, que sea ágil y, sobre todo, los funcionarios, los magníficos funcionarios que tenemos
en este país, que cumplan su papel, pero que también den ejemplo. Tienen tanta obligación de ejemplariedad los funcionarios públicos como nosotros, la clase política, y que hay determinados aspectos que tendremos que tocar en los próximos meses.



Estoy a la espera de ese acuerdo que usted plantea que estará a finales de marzo y dese por criticada en lo demás, no es que no se le haya querido hacer la crítica sino que era la última en intervenir.



El señor PRESIDENTE: No va a ser la última, la última va a ser la señora Batet en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.



La señora BATET LAMAÑA: Señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, bienvenida a la Comisión Constitucional y bienvenida a esta comparecencia para hablar sobre función pública que sin duda era necesaria.



Me ha gustado la anécdota con la que la señora Oramas ha empezado al hablar del señor Saramago. Lo que no me ha quedado muy claro es quién sería el señor Saramago en esta Comisión. (Risas.) Realmente la intervención del señor Barrachina sí
que me ha parecido ciertamente literaria. En algún momento, oyéndole, no estaba segura de si quería más funcionarios o menos funcionarios, más tasa de reposición o menos tasa de reposición, más sueldo para los funcionarios o menos sueldo.
Transmito a la Cámara, al señor Barrachina y al Grupo Popular que nuestro análisis sobre la situación de la Administración pública del Estado, los funcionarios públicos y los empleados públicos va a ser un análisis objetivo y racional para tomar las
decisiones oportunas y necesarias. Así lo ha hecho, inmersos precisamente en una profunda crisis económica, el Gobierno aprobando el 29 de enero el programa de crecimiento y estabilidad que incluye precisamente un programa de consolidación fiscal
con dos ejes que afectan a la Administración General del Estado: el plan de acción inmediata para 2010 y también un plan de austeridad 2011-2013.



Como todo sabemos, estos programas que pretenden corregir el déficit público y buscar el equilibrio de las cuentas públicas van a suponer un importante recorte del


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gasto presupuestado para este año. Además, el ajuste estructural que la Administración General del Estado ha de hacer se sitúa en el 5,2 por ciento del PIB hasta 2013. Para llegar a este objetivo el Gobierno trabajará principalmente, así
lo ha anunciado ya, con instrumentos como la oferta de empleo público de manera que se reduzca, se propone un 10 por ciento en este momento, una moderación salarial, la reducción del sector público empresarial o la racionalización de los altos
cargos entre otras medidas. Sinceramente yo creo que el ajuste y la racionalización no va a ser contradictorio y no tiene por qué ser contradictorio con el alma de lo público, como decía el señor Llamazares, ni siquiera con los acuerdos alcanzados
con los sindicatos. Es evidente que, frente a una situación difícil, habrá más dificultad para el despliegue de los proyectos previstos en este ámbito, pero, como se desprende de la intervención de la vicepresidenta, no se va a paralizar en ningún
caso el despliegue de estos proyectos.



Quiero aprovechar este momento para reconocer el trabajo bien hecho y el compromiso precisamente con todo lo público que ha demostrado doña Carmen Gomis, al frente hasta ahora de la Secretaría de Estado para la Función pública, y dar también
la bienvenida a doña Consuelo Rumí, deseándole todos los aciertos en el nuevo cargo, toda la energía para culminar los proyectos que están en marcha e impulsar nuevos y transmitirle que desde el Grupo Parlamentario Socialista estamos seguros de que
así será. Hemos seguido su trabajo en otras responsabilidades y ha demostrado con creces que es capaz de ello.



Las crisis económicas, muchos lo han dicho en esta Cámara y fuera de ella, pueden ser también una oportunidad, máxime en el ámbito en el que estamos. Cuando la necesidad acucia, como ahora, es el momento de primar uno de los principios que
rigen el funcionamiento y la organización de la Administración General del Estado: la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. Si el objetivo que persiguen las medidas adoptadas es la reducción del déficit, el principio
que debe regir su aplicación, es decir, qué programas presupuestarios se recortan, qué puestos vacantes se oferta, qué organismos se suprimen o refunden con otros, es el de eficiencia. Sin duda una Administración más eficiente es también una mejor
Administración. Además hay razones que invitan al optimismo, a pensar que la puesta en práctica de esta política de austeridad no va a suponer detrimento alguno del funcionamiento de la Administración y de los servicios públicos que los ciudadanos
reciben. No debe, ni puede suponer un detrimento, porque precisamente es en los momentos de dificultad cuando más se le exige al sector público, y solo con un entramado institucional fuerte se podrá estar a la altura de las demandas. El valor de
lo público, como decía la vicepresidenta, vuelve a estar en boga, pero no porque en épocas sin crisis lo público no sea importante. Evidentemente la defensa de lo público ha sido una de las banderas de este grupo parlamentario y lo único que
hacemos es recalcar que en situaciones de dificultad más se debe hacer.



Desde nuestro punto de vista, nos encontramos en una buena situación de partida. El Gobierno socialista ha puesto las bases para ello. Durante estos años pasados, y a través del despliegue y desarrollo de la Ley de acceso electrónico a los
servicios públicos, se ha conseguido una auténtica y profunda modernización del funcionamiento de la Administración. No es el momento de exponer lo que ha supuesto esta ley, porque ya la debatimos durante la legislatura pasada, ha habido ocasión
reiterada de tener debates sucesivos y los diputados de esta Comisión la conocen bien. Baste decir, como apuntaba la vicepresidenta, que actualmente se puede acceder al 96,4 por ciento de los trámites de la Administración a través de medios
electrónicos. También en enero pasado el Consejo de Ministros aprobó dos reales decretos que, aunque de carácter muy técnico, tienen un gran impacto: la regulación del esquema nacional de seguridad y la regulación del esquema nacional de
interoperabilidad. Estos decretos van a permitir en un marco seguro ofrecer al ciudadano un servicio unificado de realización de trámites administrativos, sin importar cuál sea la Administración competente.
También ha favorecido y va a favorecer
aún más la mejora del funcionamiento de la Administración la aprobación y aplicación de la llamada Ley ómnibus, una de las leyes que trasponía la Directiva de Servicios. Esta ley exige que se simplifiquen los procedimientos, se eviten dilaciones
innecesarias, se reduzcan las cargas administrativas que pesan sobre todos los prestadores de servicios y establece también la figura de la ventanilla única; en fin, establece el principio de intervención mínima necesaria, asumiendo, por tanto, un
criterio de proporcionalidad de la Administración en el sector servicios. Con ello quiero poner de manifiesto que estamos ante una Administración ágil -algo que solicitaba el señor Llamazares-, que está funcionando con rapidez, que responde con
presteza a los ciudadanos, sin triunfalismo, pero reconociendo la realidad y los avances que ha habido en este sector. Por ello creo que estamos en una buena situación de salida, situación que va a permitir que nuestra Administración pueda asumir
sin dificultades las medidas de austeridad aprobadas ya por este Gobierno.



Antes de entrar en las medidas concretas de austeridad aprobadas, querría responder a la pregunta del señor Barrachina. Se preguntaba si había habido una mayor pérdida adquisitiva por parte de los empleados públicos.
Le recuerdo que su
Gobierno congeló los salarios de los empleados públicos además en una época de bonanza económica. Pero bien, vamos a las medidas de austeridad concretas. La primera a la que quería hacer referencia es a la reducción de la oferta de empleo público
hasta el límite del 10 por ciento de la tasa de reposición. Cualquier limitación de la oferta del empleo público siempre supone sacrificios, evidentemente, pero si su elaboración está determinada por el principio de eficiencia, si la selección de
puestos a ofertar se realiza con criterios


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como los expuestos por la vicepresidenta y si se hace además después de haber impulsado reformas estructurales, de calado, como se ha hecho por parte de este Gobierno, no se va a impedir el funcionamiento ágil de la Administración o la
prestación de servicios públicos. De esta manera, pensamos -ese es el diagnóstico- que hay áreas de la Administración donde sobran funcionarios -es cierto-, pero hay otras donde se necesitan. Por eso nos parece que en este contexto adquiere pleno
sentido el trabajo ya iniciado por el Gobierno para la elaboración del Plan de ordenación de los recursos humanos. En este marco, una oferta de empleo público tan limitada como la de este año es perfectamente asumible.



En segundo lugar, quería hacer referencia al Plan de racionalización de las estructuras de la Administración General del Estado y del sector público empresarial, plan que conllevará la supresión, la refundición o reestructuración de los
órganos que resulten necesarios. En nombre del Grupo Parlamentario Socialista quiero apuntar que apoyamos plenamente estas medidas. Creemos sinceramente que constituyen el camino para conseguir una administración más austera, más eficiente, pero a
la vez más fuerte. Mientras los diputados del Grupo Popular aprovechan esta coyuntura de crisis económica para privatizar o para debilitar el sector público o para cargar contra el sector público, nosotros queremos aprovechar la coyuntura para
tener más sector público, más racionalizado, con medios y recursos adecuados para conseguir una mayor eficiencia, una mayor modernidad y sobre todo un mejor servicio al ciudadano. Este es el camino desde nuestro punto de vista y no las propuestas
que hemos debatido en el Congreso y a las que se ha hecho referencia por parte de todos los grupos parlamentarios. La reducción del número de altos cargos de la Administración General del Estado o la reducción de ministerios han sido, a nuestro
juicio, debates muy perjudiciales. No quiero juzgar intenciones -no me gustaría-, hasta podría admitir que en ellos latía una preocupación real por conseguir en estos momentos de crisis una mayor austeridad de la Administración, pero, sinceramente,
pensamos que estas medidas son propuestas efectistas. Quizá sí hace falta una política de gestos, como decía la señora Oramas, pero cuidado que con las políticas de gestos no caigamos en políticas populistas o en propuestas populistas.
No sería un
buen camino ni para la democracia ni para el funcionamiento de nuestras instituciones ni para la Administración General del Estado.
Plantear la reducción del 25 por ciento de altos cargos, por ejemplo, o de algunos ministerios aleatoriamente,
haciendo algunas propuestas en algún caso o no haciendo ninguna en otro, nos parece demagógico. Habría que hacer un análisis para determinar qué cargos habría que suprimir y por qué habría que suprimirlos y además habría que hacer propuestas que no
falsearan en ningún caso los datos que se proporcionan. La gesticulación en exceso acaba en mueca y yo creo que aquí es donde están instalados, señorías populares, la mayoría de las veces cuando se habla de estos asuntos.



El señor Olabarría decía que la supresión de funcionarios públicos per se seguramente no aporta mucho. Pues bien, le hago la siguiente reflexión: la supresión de altos cargos o la supresión de ministerios per se tampoco aporta
absolutamente nada, más teniendo en cuenta precisamente -les recuerdo un dato que di en el Pleno de esta Cámara- que el 79 por ciento de los altos cargos en estos momentos, por ejemplo, son funcionarios públicos. Continuarían siendo trabajadores al
servicio de los ciudadanos y trabajadores del sector público. Me preocupan estos debates y las soluciones tan simplistas que ofrecen porque pueden provocar en la ciudadanía un deterioro de su confianza en las clases políticas, en las instituciones,
pueden fomentar un clima que nos conduzca a una crisis institucional. Además, en momentos de crisis económica, momentos donde es tan fácil que surja este populismo, nuestra tarea como diputados no es precisamente alentar la desconfianza en las
instituciones, en la Administración General del Estado, sino todo lo contrario. Entiendo la tentación cuando se está en la oposición de pensar que estas críticas perjudican al partido que gobierna, pero les aseguro que no es así y ustedes en el
fondo lo saben. No traspasar determinados límites me parece importante y a la larga les aseguro que no ser demagógico será beneficioso para la sociedad y para nuestro sistema democrático. Una auténtica política de austeridad no significa tratar de
imponer por parte del Congreso de los Diputados al Gobierno la eliminación de esta o aquella vicepresidencia o de este o aquel ministerio o que tenga que suprimirse la cuarta parte de los altos cargos, no. Esos son gestos de cara a la galería;
gestos peligrosos, como decía, que además todos sabemos que no solucionan los problemas de fondo. Son las medidas anunciadas por parte de la vicepresidenta y a las que antes me he referido las que constituyen un auténtico programa de austeridad
para la Administración General del Estado sin renunciar, por supuesto, a construir la Administración que queremos para el futuro. Como también creemos que en este gran esfuerzo de saneamiento de las finanzas públicas han de estar involucradas todas
las administraciones, apoyamos la propuesta que nos hace el Gobierno de someter al Consejo de Política Fiscal y Financiera un acuerdo marco con las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía sobre sostenibilidad de las finanzas
públicas, que incluye un plan de racionalización de estructuras administrativas y el compromiso de racionalización de recursos humanos.
Espero que tanto las comunidades autónomas como los entes locales lo estudien, lo mejoren y podamos asumirlo
entre todos; no hace falta que diga que siempre haciéndolo desde el respeto de las facultades de autoorganización de cada Administración pública.



En definitiva, con dichos planes no se trata de eliminar funciones ni servicios públicos, sino todo lo contrario; se trata de buscar la eficiencia a toda costa. Si somos capaces de trabajar en la misma dirección todos los


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grupos parlamentarios estamos seguros en el grupo parlamentario mayoritario, en el Grupo Parlamentario Socialista, de que los resultados que alcanzará el Gobierno también serán mejores. Le agradezco, por tanto, su intervención, señora
vicepresidenta, y estaremos atentos a sus réplicas. (Aplausos.-El señor Olabarría Muñoz pide la palabra.)


El señor PRESIDENTE: ¿Con qué objeto, señor Olabarría?


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, no se trata de reivindicar un turno de alusiones, pero hay un precepto en el Reglamento cuyo ordinal no recuerdo ahora que hace referencia a manifestaciones falsas hechas por algún otro portavoz y
me gustaría acogerme a esta previsión reglamentaria.



El señor PRESIDENTE: Tiene un minuto.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Yo acepto en términos de refutación y de debate dialéctico cualquier reflexión, pero me resulta inadmisible intelectualmente esa aseveración que se hace con bastante recurrencia en esta Cámara de que ustedes en el
fondo lo saben; la expresión ustedes en el fondo lo saben. En el fondo no lo sé; lo que he dicho es lo que en el fondo sé, señor presidente, y quiero que conste a esos efectos en el 'Diario de Sesiones'. Sobre todo, sé en el fondo que lo que he
dicho y la señora Batet seguramente lo sabe. Permítame la señora Batet este argumento -que raya en el retruécano ya- de que ella sabe también que la Administración Central del Estado está manifiestamente sobredimensionada.



El señor PRESIDENTE: En esto hay de todo. Yo no sé bien lo que sé.
(Risas.)


Ahora tiene la oportunidad de contestar la señora vicepresidenta primera del Gobierno.



La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Muchas gracias a todos los portavoces por sus intervenciones, por sus aportaciones y también por sus críticas que
siempre entiendo que son constructivas.



El portavoz del Grupo Parlamentario Popular señalaba la tardanza en mis comparecencias, las contradicciones del Gobierno, mis ocupaciones o no ocupaciones y mi tiempo disponible o no disponible. Señoría, le recuerdo que hasta el mes de
octubre no se formalizaron las nuevas comisiones adaptándolas a la nueva estructura del Gobierno.



En cuanto a la atribución de competencias de Función pública a esta Comisión, que también ha sido señalada por algún otro portavoz, quiero recordar a SS.SS. que el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno solo pidieron que se cumpliera
el acuerdo de todos los grupos al inicio de la legislatura -que no se había cumplido nunca desde el año 1987- para que hubiese una comisión legislativa por cada uno de los departamentos.
Fue una decisión autónoma del Parlamento que el Gobierno ha
respetado y que dio como resultado un mayor número de comisiones parlamentarias que nunca. No se puede querer una cosa y la contraria. Eso fue lo que pedimos y eso fue lo que se acordó. Por tanto, no tengo nada más que decir.
Además, le recuerdo
que una vez constituida en el mes de noviembre me comprometí a comparecer ante esta Comisión. Cumpliendo ese compromiso comparezco hoy ante ustedes a petición propia en la apertura del periodo de sesiones para atender, hoy y todos los días que sean
necesarios, todos sus requerimientos. Este Gobierno y yo misma estamos comprometidos con el Parlamento y cumplimos nuestros compromisos. No voy a recordarle, señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el número de veces que comparecieron sus
vicepresidentes políticos en ocho años. Yo llevo seis años y he comparecido más que todos ellos juntos -siete veces-; algunos no comparecieron ni una sola vez. Pero no estoy aquí para hablar de enredos ni de líos. Mientras que ustedes discutían
estos últimos meses, hablando de austeridad y reprochando actuaciones al Gobierno, nosotros trabajábamos por el país y alcanzábamos con los sindicatos un acuerdo histórico. Eso es trabajar por el país y eso es lo que vamos a seguir haciendo, pese a
sus líos y a sus enredos.



Han hablado aquí de austeridad, han hablado aquí de rectificaciones, han hablado aquí de contradicciones. Austeridad. Yo creo que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Ya le he dicho -y creo que usted conoce o debe conocer- que
Gobierno y sindicatos estamos trabajando desde hace meses en el desarrollo de un proyecto muy importante, por ambicioso, que va a suponer dar el salto definitivo en la modernización de nuestra Administración pública y en la formación y capacitación
de los empleados públicos españoles, reordenando los recursos, reduciendo sus costes y aumentando la eficacia en los servicios a los ciudadanos. Y lo vamos a hacer básicamente con tres líneas de trabajo que he señalado y que voy a reiterar, que se
concretan en tres grandes planes: un plan de austeridad para reducir los costes de personal en un 4 por ciento, que ha salido aquí, con el que se ha comprometido el Gobierno; un plan para reordenar los recursos humanos y los perfiles profesionales
de los servidores públicos, que estamos trabajando con los agentes sociales; y un plan para racionalizar y reducir la Administración y el sector público empresarial, que vamos a presentar, junto con el que antes he dicho, a finales de marzo
también, así nos hemos comprometido ante los sindicatos y ante los grupos políticos.



Aquí se habla constantemente de la dimensión, del tamaño de la Administración, de si lo público tiene que ser más grande o más pequeño, de si tiene que haber más Estado o menos Estado. Yo sinceramente creo que es un discurso que hoy se
queda atrás, porque el problema no es un problema de tamaño. Hoy el tema del Estado no


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es un tema de tamaño. Creemos en el Estado, señor Llamazares, queremos Estado y apostamos por el Estado, y lo que queremos es un Estado eficiente y eficaz. Se trata de aumentar la eficacia en los servicios que prestamos, usando los
recursos con más eficiencia, con una mejor dimensión y distribución del personal, y atendiendo al mismo tiempo a las necesidades de promoción y formación de los servidores públicos. Estas medidas se las acabo de explicar, señorías, pero es que
además están recogidas desde el mes de septiembre, está publicado en el Boletín Oficial del Estado el acuerdo del Gobierno con los sindicatos, y la mayoría de ellas están recogidas en ese acuerdo; un acuerdo que, a tenor de lo que les he oído,
parece que no se han molestado en leer; un acuerdo que contiene cincuenta medidas de gran calado, muy importantes, en las que estamos trabajando desde hace meses y sobre las que estamos dialogando en búsqueda del consenso. En todo caso -como les
decía- estamos aplicando las reglas del diálogo social sin tijeretazos y sin decretazos. No, no se preocupe, claro que lo vamos a cuantificar y le garantizo que van a salir bien las cuentas, al menos seguro que más equitativas, porque ganarán la
mayoría de los funcionarios y la mayoría de los ciudadanos, no como con ustedes, y siento tener que decírselo, donde quien ganaba era su minoría y quienes se convertían en los grandes perdedores eran la mayoría de los funcionarios y, por tanto, de
los ciudadanos, porque lo hicieron sin diálogo. Yo a veces pienso que a ustedes no les gusta o les molesta que nos llevemos bien con los sindicatos y viven en un estado permanente -se lo tengo que decir y lo lamento de verdad- de regresión, van
para atrás, como los cangrejos. Yo creo que los que necesitan un plan de reestructuración y saneamiento de las ideas son ustedes, sinceramente, lo digo con toda humildad. Sueñan, señorías, ustedes sueñan que siguen en el Gobierno; sueño para
ustedes, pesadilla para los demás. Pero no, los ciudadanos los han colocado a ustedes en la oposición y ahí es donde están, pero siguen que adoptan decisiones y las imponen. No. Cuántos ministerios y cuántos departamentos tiene un Gobierno es una
función, señorías, exclusivamente, desde el punto de vista constitucional, del presidente del Gobierno. Para determinar si se suprime el Ministerio de Igualdad o se crea el Ministerio de la Vivienda hay que ganar las elecciones, hay que ganar antes
las elecciones, y no lo han hecho. Cuando las ganen, ustedes decidirán los ministerios que quieren colocar. Yo lo respeto, respeto que a ustedes no les guste el Ministerio de Igualdad. No lo comparto, por supuesto, porque no es la tendencia que
hay en otros países de Europa si queremos hacer de la igualdad el centro de las políticas fundamentales de la acción del Gobierno, como ha hecho este Gobierno, que es la base y el salto para la prosperidad y para el bienestar de la mayoría de los
ciudadanos, cuando se está recomendando desde todas las organizaciones internacionales la transversalidad en las políticas de género. Sé que a ustedes eso no les importa, no les gusta y que por eso lo piden, pero ganen las elecciones y háganlo.
Mientras no las ganen, será el Gobierno el que decida el número de departamentos ministeriales que tiene que tener.



Recortes. ¿Dónde quieren recortar? Se lo voy a decir, donde recortan siempre que tienen oportunidad, en la protección social; eso y su discurso antipúblico porque lo público es ineficaz. Señoría, eso es antiguo, es de otras épocas. ¿Qué
hacen? Ustedes lo que hacen es disminuir la inversión y empeorar su calidad. Eso es lo que han propuesto ustedes. En su día ustedes promovieron la cobertura privada en la sanidad. No nos podemos olvidar de cuáles han sido... (El señor
Barrachina Ros: ¿Qué está diciendo?) Sí, ¿se acuerdan de las fundaciones sanitarias? ¿O es que ya nos hemos olvidado? Yo no me he olvidado porque sé cuáles son sus posiciones. (El señor Barrachina Ros: Está delirando.) El señor Núñez Feijoo se
lo podrá recordar. Lo tuvieron que retirar porque los sindicatos, partidos y ciudadanos se lo exigimos en la calle.
Y lo mismo le puedo decir de la educación, donde aumentaron muchísimo los conciertos privados. Conocemos su ideario, claro que lo
conocemos, lo conocemos muy bien. Y si fueran responsables en estos momentos en los que verdaderamente tenemos una situación de dificultad, tendrían mucho que hacer, pero también en sus comunidades. Porque aquí o jugamos todos o no jugamos
ninguno. Mientras el Gobierno pone en marcha un plan para reducir el número de empresas y organismos públicos, ustedes por ejemplo en Murcia casi han doblado el número de organismos. Repito, doblado. Y cuando el Gobierno, por ejemplo, aplicando
la Ley de publicidad y comunicación institucional -que a ustedes ni se les ocurrió ni se les pasó por la cabeza poner en marcha-, reduce solo en este año el 14 por ciento, Madrid es la comunidad que más destina a publicidad, más de seis euros por
habitante, el doble de la media nacional. Es muy edificante todo eso para hablar de austeridad, por no hablar de la deuda. Si quiere también hablamos de la deuda. La Comunidad Valenciana es la más endeudada de España, señor Barrachina, y usted lo
sabe. Con 14,1 puntos casi dobla la media de endeudamiento del resto de comunidades autónomas, que está entre el 7 y el 9. Hay que dar ejemplo. No vale solo montar la gresca.
Hay que actuar con lealtad porque todos, ustedes también en sus
comunidades autónomas, señoría, son Estado.



Hablemos de la evolución de los efectivos en la Administración. En la actualidad existen 2.636.900 efectivos al servicio de las administraciones públicas en España. En 2004 eran 2.353.000, pero, señorías, este aumento no es homogéneo en
las tres administraciones.
Precisamente la Administración General del Estado es la que menos ha crecido. De hecho, el incremento ha sido solo del 2 por ciento, y frente a ese dato le diré -y no lo digo con satisfacción porque me parece que es
preocupante- que en las comunidades autónomas ha sido del 16 por ciento y en las entidades locales del 12 por ciento. Pero sobre todo me gustaría aclarar y volver a decir que yo no creo que la Administración pública española esté sobredimensionada.
No lo creo. Llevo seis años dirigiendo la Administración


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pública y no hay más que mirar a nuestro alrededor para comprobarlo, para saber de verdad de qué estamos hablando. Nuestra tasa de empleados públicos es del 12,5 por ciento de la población activa y por ejemplo países como Francia, Reino
Unido o Italia, cuya población activa es similar a la nuestra, tienen una tasa de empleados públicos de entre el 15 y el 20 por ciento: Francia, el 20,65 por ciento; Reino Unido, el 19 por ciento; e Italia, el 14,17 por ciento. Por tanto, como
les decía antes, no se trata de una cuestión de dimensión, estamos entre las administraciones más pequeñas, medianas. El problema no es de dimensión, de lo que se trata es de conseguir una mayor rentabilidad y, como decía la portavoz del Grupo
Socialista, es verdad que hay áreas en la Administración donde hay funcionarios excedentarios porque se han transferido competencias y en otras en las que faltan porque las nuevas necesidades requieren funcionarios preparados en distintas áreas de
los que hoy carecemos. Hay que redimensionar y recualificar. De lo que se trata es de conseguir el máximo rendimiento del trabajo de esos funcionarios en beneficio de los ciudadanos, de lo que se trata es de adaptar la Administración a las
necesidades de los ciudadanos, de lo que se trata es de adaptar los recursos y los trabajadores a la nueva realidad y a las nuevas necesidades que plantea hoy la sociedad. De eso es de lo que estamos hablando hoy, de hacer una Administración más
eficaz, más moderna, más eficiente. Y lo vamos a conseguir, claro que sí, con el trabajo de todos. El acuerdo que firmamos el Gobierno y los sindicatos fija una clara hoja de ruta para ello, un plan de trabajo con el que mejoraremos la
distribución de las plantillas existentes y racionalizaremos los recursos. Eso es lo que vamos a hacer, en eso es en lo que estamos trabajando. Y aquí entramos en el tema de los altos cargos. Ustedes disparan las cifras como si fuesen
proyectiles, cogidas de aquí y de allá, pero sin ningún rigor, porque ninguno de los que han intervenido aquí ha dado las cifras del Registro central de personal, que es público. Son cifras que se manejan con poco rigor, de verdad. Fallan el tiro.
Las cifras no responden a la realidad. Por eso es necesario que pongamos en común las cifras y que tengamos transparencia y un diagnóstico compartido. Para eso es necesario tener un observatorio, para ver la evolución del empleo. Es verdad,
señora Oramas, que con las restricciones de la oferta en determinados sectores de los ayuntamientos se han hecho contrataciones por otro lado. Eso ha llevado, a veces, a más precariedad y a una situación indeseada. Por tanto, hay que hacer bien el
diagnóstico de lo que necesitamos hoy, en el siglo XXI, con los nuevos retos y de cara a las nuevas necesidades.



Llevan repitiendo, señores del Partido Popular, que en Moncloa hay 600 asesores al servicio del presidente del Gobierno. Es mentira, radicalmente falso. (El señor Barrachina Ros: 600 empleados.) No hay 600 asesores, sino 142 en todo el
Ministerio de la Presidencia, del gabinete del presidente, de la vicepresidenta, de la Secretaría de Estado, del portavoz del Gobierno. (El señor Nasarre Goicoechea: Empleados.) No, no, ha dicho asesores, siempre ha hablado de 600 asesores; luego
hablan de 2.000 empleados. Claro, entre la seguridad y todo lo demás son los mismos que había, no han crecido. (El señor Villarrubia Mediavilla: Ha dicho asesores.) Repiten y repiten, pero por mucho repetir una mentira le aseguro, señoría, que no
se convierte en verdad. Vamos a hablar de verdades. Dicen que inflamos el presupuesto, que engordamos la Administración con altos cargos pero, señorías, si casi el 75 por ciento de los altos cargos -tres cuartas partes- son funcionarios con este
Gobierno, funcionarios de carrera. Por tanto, nada de inflar presupuestos, más bien al contrario, son personas con la máxima cualificación y preparación que ya pertenecen a la estructura de la Administración y que desempeñan puestos de
asesoramiento. Incorporamos a la gente mejor preparada y más capacitada, sin que eso suponga ni un euro más del erario público.



Señoría, se equivoca usted buscando en este Gobierno esa inflación de altos cargos, pero no se inquiete, porque le voy a decir dónde la va a encontrar. ¿Sabe dónde la va a encontrar? En la Comunidad de Madrid.
Desde que gobierna su
presidenta se ha pasado de 728 a 1.521 puestos de libre designación. Han duplicado esos cargos y estos son los datos de los presupuestos de la comunidad. La oposición les ha pedido austeridad -esa austeridad que tanto pregonan ustedes- y que
disminuyan el número de altos cargos. ¿Y que han hecho ustedes? Decir que no. ¿Eso es ser consecuentes? Y Valencia, ¿quiere que hablemos de Valencia? También va a encontrar allí mucho de lo que usted critica al Gobierno y que el Gobierno no
tiene. En Valencia, el gasto de personal de la Generalitat supera el 39 por ciento frente a la media del 24 por ciento que tienen las comunidades autónomas, quince puntos por encima, señoría. Para usted, como siempre, la austeridad para los demás,
para ustedes la manga ancha.
(El señor Villarrubia Mediavilla: Ahí, Ahí.)


Retribuciones. Sí, señoría, hemos aumentado las retribuciones de los empleados públicos. Exactamente, en el periodo 2004-2009 el sueldo de los funcionarios ha subido un 2,34 por ciento y no las cifras que ustedes dicen. No parece mucho, y
aún parece menos si tenemos en cuenta de dónde partíamos, porque de donde veníamos era de la congelación salarial y del decretazo. De ahí veníamos. Los funcionarios perdieron en ocho años, con sus gobiernos, algo más del 8 por ciento de su poder
adquisitivo. La primera medida que adoptó el señor Rajoy como ministro fue congelar el salario de los funcionarios, incumpliendo el acuerdo con los sindicatos, y lo hizo en un momento de bonanza económica, por cierto, no de crisis.
Eso es todo lo
que les preocupan a ustedes los funcionarios. Eso es lo que les preocupa de verdad a los funcionarios, que ustedes vengan, no lo que usted ha dicho de si vamos a, por supuesto, respetar el pacto que hemos suscrito. Claro que lo vamos a respetar en
materia retributiva porque este Gobierno cumple lo que firma y, si no, le reto a que me diga qué he firmado


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yo que no he cumplido porque no lo va a encontrar (El señor Villarrubia Mediavilla: ¡Muy bien!). Claro que vamos a cumplir. Hemos subido moderadamente un 0,3 en un ejercicio de responsabilidad y de esfuerzo por parte de los sindicatos y
de los funcionarios públicos muy de agradecer.
Vamos a mantener el poder adquisitivo en los próximos tres años y al final de ese periodo veremos qué es lo que procede hacer. Eso es lo que dice el acuerdo y es lo que vamos a cumplir, porque hay una
cláusula de garantía salarial. ¿Es que usted piensa que dentro de tres años vamos a estar mal? No, aunque lo desee, vamos a estar bien porque ya habremos salido de la crisis. Por tanto, vamos a estar en una situación bien diferente.



Mientras ustedes congelaban el sueldo a los funcionarios, se lo subían a los altos cargos; eso tampoco se nos ha olvidado, señoría, entre otros, a los secretarios de Estado. Por supuesto que hay diferencias entre ustedes y nosotros.
Nosotros subimos el poder adquisitivo de los funcionarios y congelamos el sueldo de los altos cargos. Ustedes dejaban a cero patatero -el señor Aznar- a los trabajadores y les subían los complementos a sus altos cargos. Nosotros dialogamos y
acordamos con los sindicatos, ustedes negaban el dialogo y firmaban decretazos. Nosotros hemos conseguido que cada funcionario mejore su poder adquisitivo, gane un poco más, muy poquito, porque si de lo que estamos aquí hablando es de cómo están
los sueldos en la Administración española, podemos hacer un análisis de ese tema. Y lo vamos a hacer para ilustrar a S.S. sobre qué pasa con las retribuciones de los salarios de los funcionarios en los países nórdicos, por ejemplo; qué pasa en la
Europa central y qué pasa en la Europa del sur. Podemos hacer ese análisis, si usted quiere, y verá lo que ocurre en la Administración española. Lo que ocurre en la Administración española es que los salarios de los altos funcionarios están por
debajo de sus equivalentes en el sector privado, pero los salarios de los funcionarios de cargos intermedios y más bajos, en ocasiones, están por encima del sector privado. Pero es que el sector privado tiene unos salarios más bajos de lo normal en
Europa. De cada diez trabajadores, seis son mileuristas. Por tanto, tenemos que hablar de los problemas estructurales sabiendo de qué hablamos si queremos una administración competitiva y productiva.



Hemos conseguido que los funcionarios mejoren su poder adquisitivo, les hemos puesto completas las pagas extra, que no las tenían; que ganen un poquito más y sobre todo que no pierdan poder adquisitivo. Y además hemos conseguido, ¿sabe
qué? Algo que ya sé que a usted le parece imposible: que le cueste menos dinero al erario público. Hoy, de cada diez euros invertidos, 1,17 se dedican a gastos de personal. Con ustedes eran 1,20 a pesar de la congelación salarial. Por tanto,
señoría, le recomiendo que haga sus cuentas a ver si le cuadran porque desde luego a mí lo que usted dice no me cuadra.



Hemos presentado a los grupos políticos, dentro del plan de austeridad, las dos propuestas para la contención del déficit: la de racionalización de la Administración y reducción de los altos cargos -es verdad que tendremos que estudiar cómo
lo vamos a hacer- más la reducción del 4 por ciento de aquí a 2013 de los gastos del capítulo 1. Hay muchas maneras de poder hacerlo, simplemente, si no se cubren las vacantes de jubilación de aquí a 2013, los gastos de personal se van a reducir
cerca de un 5 por ciento. Y vamos a contener la oferta de empleo. Pero lo tenemos que analizar, lo tenemos que estudiar. Porque es verdad que además de lo que estamos haciendo hay que hacer un esfuerzo, y los agentes sociales están de acuerdo en
que hay que hacerlo, y lo vamos a hacer al mismo tiempo que racionalizamos, que redimensionamos en aquellos sectores que en estos momentos son excedentarios, no en aquellos sectores en donde hay que atender a los servicios públicos. Y con esto
quiero contestar también al señor Llamazares. ¡Claro que vamos a cumplir el acuerdo social! Y creo que el acuerdo social no es incompatible con el ajuste del que estamos hablando en los próximos cuatro años en reducción de gastos de personal, entre
otras cosas porque hay posibilidades de hacerlo, hay posibilidades de ser más eficaz, de focalizar, de preparar, de formar, de utilizar los instrumentos de las nuevas tecnologías. Algunos temas de los que se ha hablado aquí están todos ellos en el
acuerdo social. Todo eso está en el acuerdo social; en el plan de reordenación y en el plan de racionalización que va a presentar el Gobierno. Por tanto, es posible reducir el 4 por ciento los gastos del capítulo 1 en cuatro años y es posible
cumplir el pacto retributivo acordado con los sindicatos, claro que es posible, ¿cómo no va a ser posible? Es posible y necesario. Ahora, hay que hacerlo sabiendo qué es lo que queremos hacer, porque lo más importante de todo es que en ningún caso
perdamos de vista que aquellos servicios públicos que prestan las administraciones, que son servicios esenciales a los ciudadanos, van a permanecer y van a tener la dimensión que el servicio requiere. ¿Qué en algún momento habrá que hacer ajustes?
Por supuesto.



Oferta de empleo. Si quieren hablamos de la oferta de empleo. Me da la impresión, señor Barrachina, que no conoce usted muy bien cómo funciona el mecanismo de las ofertas de empleo. Si quiere le hablo de la oferta de empleo en el año
2009. ¿Vemos la oferta de empleo en el año 2009? Hablemos y veamos qué es lo que hemos reducido y qué es lo que no hemos reducido. La tasa de reposición que nosotros hemos mantenido en estos años ha sido del cien por cien hasta el año 2009.
Ustedes redujeron la tasa de reposición excepto en un año, en el año 2003. Del año 2001 al año 2003 redujeron la tasa de reposición al 25 por ciento. En 2003 la pusieron al cien por cien, y desde 2003 hasta 2009 la hemos mantenido en el cien por
cien, y en 2009 hemos reducido la tasa de reposición en un 30 por ciento porque habíamos hecho un incremento importante, sobre todo de aquellos sectores que le voy a decir dónde están, los sectores fundamentales donde ustedes habían reducido
ostensiblemente el número de funcionarios. En el año 2009 hacemos el


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ajuste del 30 por ciento, haciendo una reducción efectiva del número de plazas convocadas a lo largo del año 2008 pero cuya incorporación no se produce en la mayoría de los casos hasta 2010. Porque en las oposiciones desde que se convocan
hasta que se realizan y se cubren los puestos pasa un tiempo. No sé si ha caído usted en ese pequeño detalle, es un pequeñísimo detalle. Esos efectivos que se convocan en un año se cubren dos años después. Y creo que en estos momentos estamos en
condiciones de poder hacer un análisis para hacer ese ajuste de la tasa de reposición al 10 por ciento sin abandonar ningún servicio público. En el año 2008 el total de plazas convocadas fue de 35.000 y con cargo a la oferta de empleo de 2009 se
han convocado 19.000 plazas, pero como la reposición se concentró en los sectores prioritarios -justicia, sanidad, instituciones penitenciarias, lucha contra el fraude, control y vigilancia del orden social, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado- esa tasa es perfectamente compatible con la prestación adecuada de los servicios. Lo ha sido y lo va a seguir siendo.



Quiero señalar que además de los aspectos relacionados con la reposición de plazas se debe destacar que la oferta de empleo del año 2009 ha dado también continuidad a los procesos de consolidación del empleo temporal de puestos o plazas de
carácter estructural regulados en el Estatuto básico del empleado público, a fin de reducir la temporalidad en el empleo, fíjese. Hemos reducido la temporalidad en tres puntos, hemos aumentado y hemos reducido la temporalidad, cuesta menos y ganan
más.
Creo que eso deberían tomarlo en cuenta para allá donde ustedes gobiernan todavía, porque a lo mejor pueden mejorar también la gestión allí.



La oferta de empleo del año 2009 también avanza en cumplimiento del objetivo de integrar todos nuestros compromisos, incluido el de la discapacidad. Y, efectivamente, en el año 2010 está todavía en fase de aprobación. Quiero señalar que en
el año 2010 se atendrá a los objetivos que nos hemos marcado de contención del gasto público mediante la moderación del crecimiento del volumen de efectivos, la reducción de la temporalidad en el empleo y en la integración de la discapacidad. Y lo
vamos a hacer porque además vamos a tener incorporaciones este año, producto de las ofertas públicas de los años anteriores, las vamos a tener. Por tanto, la oferta de empleo se enmarca en un esfuerzo general acometido por el Gobierno para reducir
el gasto público, que tiene su expresión en ese plan de austeridad que irá acompañado de la reducción de altos cargos, de racionalización de las estructuras que, como nos hemos comprometido, a finales del mes de marzo serán conocidos por SS.SS y
podrán ver exactamente dónde se plantean esas reestructuraciones y esos recortes.



Las empresas públicas también van a ser abordadas. Esta es un área adscrita a la vicepresidencia segunda -como ustedes bien saben- pero estamos trabajando desde el Gobierno conjuntamente y lo estamos haciendo en equipo, como siempre hace
este Gobierno el trabajo. Vamos a analizar cuáles son las decisiones medidas que se toman, que abordarán los temas que les he señalado: el número de altos cargos, el número de miembros de los consejos de administración y la revisión de sus
retribuciones.
Veremos si hay alguna fusión, alguna reestructuración o alguna reducción de alguna empresa pública sin que afecte, por supuesto, a los derechos de los trabajadores.



Señor Barrachina, con esto le quiero decir, uno, austeridad sí, para todos; dos, cumplimiento de los compromisos, absolutamente todos, este Gobierno cumple siempre todos sus compromisos. Ajústese al rigor de las cifras, no se deje llevar
solo por lo que lea aquí o allá, porque unas veces aquí se dice una cosa y allá se dice otra. Acuda usted a las fuentes oficiales para tratar con rigor un tema tan sensible como son los datos que afectan a la función pública y que afectan a
personas.



En relación con el tema de las retribuciones, desde luego lo que no vamos a hacer es lo que ustedes hicieron, en ningún caso, ni en eso ni en el planteamiento de las reformas de lo público, porque creemos en lo público, creemos en el Estado
y vamos a seguir trabajando por que los ciudadanos tengan un servicio público moderno, eficaz y de calidad y unos funcionarios que cuenten con los mejores instrumentos de formación y la mejor capacitación para dar respuesta a las necesidades de los
ciudadanos.



Señor Jané, algunas cosas que ha planteado ya las he contestado al hilo de la intervención que hemos hecho. Quiero agradecer su tono. Es verdad que no lo tenemos fácil, es verdad que va a ser una situación difícil en la que tendremos que
tomar decisiones, y queremos hacerlo desde el diálogo, desde el acuerdo y desde el consenso, porque creemos que es la mejor manera y es lo que nos reclaman los ciudadanos. Por eso estamos trabajando en el ámbito del diálogo social y con los grupos
políticos, y trabajando en lo mismo, que es establecer -en este caso concreto, lo que aquí traemos hoy- una administración que ayude a superar la crisis y nos coloque también liderando la salida hacia un nuevo modelo productivo en el que se recupere
el crecimiento y la creación de empleo. Esa es la Administración que queremos y creo que es la Administración que usted comparte y que también quiere. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Ya le he dicho, claro que lo vamos a conseguir. Hemos conseguido
cosas más difíciles y tenemos instrumentos y el marco para poder hacerlo. En unas semanas se lo señalaremos en concreto -ya le he dado algún dato-, pero no hace falta tocar las retribuciones para reducir el 4 por ciento de los gastos de personal,
no hace falta para nada y además se pueden hacer reestructuraciones administrativas, desde luego en la Administración General del Estado muy claras y supongo que en las comunidades autónomas y en las corporaciones locales también.



Manejan ustedes unas cifras que les ruego por favor que revisen. Es muy difícil hablar si partimos de diagnósticos y de cifras que no se corresponden con un rigor, por tanto vamos a ver si manejamos bien los datos,


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porque no es lo que diga un medio de comunicación -con todos los respetos al medio-, no es verdad, no son esos los datos del registro de personal, no lo son y, por tanto, de verdad, les pido por favor que sean un poquito más rigurosos.



Respecto a cómo se podía hacer esa reducción, usted me ha hecho alguna sugerencia, me ha hecho varias propuestas como la de las nuevas estructuras compartidas y nuevas tecnologías. Ya se está haciendo en algunos casos y ya sé que además hay
alguna consultora privada que tiene un trabajo muy desarrollado sobre ese tema, sobre los servicios comunes.
Es un tema del que se viene hablando desde hace mucho tiempo, pero hay que mirarlo con muchísima prudencia. Vamos a estudiar todas las
alternativas porque desde luego estamos dispuestos a tener una administración más ágil, unos funcionarios más polivalentes que respondan a una administración que, además, con las disposiciones que estamos poniendo en marcha, va a abrir sus puertas
en orden a la transparencia.
Habrá que tener gente que trate la cantidad de información que se produce para que esta llegue a los ciudadanos pero que llegue con rigor, con datos que sean claros y que todos tengamos la seguridad de las cifras que
estamos manejando. Se ha hablado también del personal directivo -creo que ha sido alguno de los portavoces quien lo ha señalado-. Sobre dicho personal directivo estamos trabajando en un borrador de estatuto internamente para empezar a negociar y
ver luego cuál va a ser su tramitación.



En relación con el Grupo Popular había dos temas a los que no me he referido, uno de los cuales es el relativo a las agencias. Quiero señalar -porque no quiero dejar de contestarle en principio a nada de lo que me ha planteado- que se está
haciendo un análisis detallado de la marcha de las agencias existentes, así como del funcionamiento de Aeval y abordando la puesta en marcha de las nuevas. Actualmente están en marcha la Agencia del Medicamento, el Museo Reina Sofía, el INAP
-Instituto Nacional de la Administración Pública-, el Inaem y la Agencia de Investigación. Ahí tendremos ocasión de ver cuál es esa función que están cumpliendo y en qué está mejorando en agilidad, en autonomía y en eficacia en la gestión el
desarrollo de las agencias.



Le decía al señor Jané que estamos dispuestos a estudiar todas las sugerencias. Esas que usted me ha hecho ya las tenemos encima de la mesa.
La que lamento no poder compartir es aquella que se refiere al modelo de Administración, porque es
evidente, señor Jané, que ahí tenemos una clara discrepancia. Nosotros creemos que la Administración periférica está en la Constitución; que las delegaciones del Gobierno son unos órganos que se ajustan en su funcionamiento y en su desarrollo al
artículo de la Constitución española que establece que no solo hay que respetar el ámbito de actuación de las comunidades autónomas, sino que las delegaciones del Gobierno son fundamentales para servir a una mejor coordinación de las
administraciones, ya que la propia Constitución atribuye la dirección de la Administración del Estado y el territorio y la coordinación de la misma con las comunidades autónomas. No se trata de dar nuevas competencias a la Administración
periférica, no se trata de dar nuevas competencias a los delegados del Gobierno, no se trata de duplicar actividades, sino de reforzar la posición institucional que la Constitución en su artículo 154 -creo que es- y la Lofage establecen en relación
con las delegaciones del Gobierno. Por lo tanto, tienen sus competencias, señorías, unas competencias que ni compiten ni se solapan en ningún momento con las competencias de las comunidades autónomas. Ese es el funcionamiento de un Estado
descentralizado como el nuestro.
Nosotros creemos en el Estado de las autonomías, pero el Estado de las autonomías no significa que desparezca la Administración periférica; muy al contrario, tienen también, como les decía, un mandato legal de
coordinarse con las comunidades y es un mandato que cumplen en beneficio de todos. Además no podemos olvidar que en estos servicios territoriales se prestan servicios a los ciudadanos, servicios que son en muchos casos muy demandados y que, como
antes le he dicho, consisten, como es el caso de las oficinas del 060, en informar o hacer trámites no solo de la Administración General del Estado sino de todas las administraciones.



¿Se puede mejorar la Administración periférica? Seguro, seguro que sí, y en eso estamos. Creo que en mi intervención le he dado una idea bastante clara de lo que venimos haciendo, pero puedo adelantarle también que estamos preparando un
decreto para racionalizar la estructura de las delegaciones y que se adapte mejor al modelo de Administración cercana y accesible que pretendemos. Puedo avanzarle que por ejemplo en ese real decreto estableceremos un plazo de tres meses para crear
oficinas de extranjería en las dieciséis provincias en donde hoy no existen y que tienen una gran demanda porque no cuentan con ellas. En definitiva, no se trata ni de aumentar el servicio periférico ni de reducirlo por reducirlo, sino de que ese
servicio periférico integrado y no integrado en las delegaciones, todo lo que está tenga la dimensión y los recursos que necesitan para ser más eficientes, más productivos y para hacer bien su trabajo, que es el servicio público, porque esa es su
obligación y es la responsabilidad de todos.



En cuanto al desarrollo del Estatuto básico del empleado público, creo que está muy claro en el mismo quién tiene que hacer cada desarrollo. No hemos dicho que vayamos a sustituir a las comunidades autónomas en lo que es de las comunidades
autónomas. No me lo habrá oído decir en mi intervención, para nada. Hemos dicho que nosotros estamos trabajando y hablando con los sindicatos, haremos una ley de la función pública y veremos si hay algún aspecto básico, pero eso no sustituye las
competencias de las comunidades autónomas en absoluto. Lo que sí he dicho es que es bueno, porque hay algunas comunidades autónomas que están promoviendo ya el desarrollo de algún estatuto básico, que establezcamos una coordinación, porque nos lo
piden


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los propios funcionarios, para que no haya grandes discrepancias ni grandes diferencias. Creo que la coordinación es necesaria y es buena y por tanto el impulso al desarrollo de los estatutos básicos hemos dicho que lo compartiremos en la
mesa de negociación de la Función pública, en donde está la Administración General del Estado y donde están las administraciones autonómicas.



Finalmente, le agradezco que no se haya atrevido a decirle al Gobierno cómo lo tiene que hacer, le agradezco ese detalle y se lo vuelvo a repetir a todas SS.SS., esa es una competencia constitucional del Gobierno que quien quiera ejercerla
tendrá antes que ganar las elecciones. No vamos a externalizar, al contrario, me lo habrá oído usted decir, y si se ha leído los acuerdos con la Función pública -que recomiendo a SS.SS. que se los lean porque ahí está casi todo-, se habla de que
precisamente para tratar de evitar lo que en algunas administraciones en este momento está ocurriendo sobre una externalización, que puede ser buena o no buena, pero que en algunos casos parece excesiva o no conveniente, sobre todo si hay gente
cualificada en la Administración para llevar a cabo este trabajo, lo que vamos a hacer es determinar, y así está en el acuerdo con los sindicatos, qué servicios serían susceptibles o no de externalizar, pero con transparencia y con un acuerdo en
donde lleguemos a un consenso, porque es razonable que haya muchas más cosas que hoy se externalizan que se hagan por la propia Administración. Es verdad que aquí hay intereses de muchas empresas privadas en que eso no sea así, pero nosotros
creemos que lo que se puede hacer por la Administración ha de hacerse por la Administración y hay que determinar qué corresponde a la Administración y qué no corresponde a la Administración o qué puede no corresponder a la Administración. En eso
estamos trabajando y también sobre eso podremos informar a S.S. de las decisiones y del sentido en el que van avanzando.



Señor Olabarría, hemos reconocido siempre -como no puede ser de otra manera, porque ha sido un miembro magnífico de este Gobierno- la labor que hizo el primer ministro del Gobierno del presidente Zapatero en las Administraciones Públicas, el
señor Sevilla. A partir de ahí efectivamente cumplió el programa del Partido Socialista Obrero Español con el que concurrimos a las elecciones y a partir de ahí es en lo que estamos trabajando. No creo que la dinámica de las administraciones por
sí mismas y por sí solas sea crecer. Cuando crecen es porque alguien las hace crecer y cuando decrecen es porque alguien las hace decrecer, pero eso son decisiones políticas y hay que asumir la responsabilidad de quien las hace crecer y de quien
las hacer decrecer.



Vuelvo a repetirle que en estos momentos, a mi juicio, la dimensión de la Administración no es un problema de tamaño. El problema de la Administración no es un problema de tamaño, es un problema de eficacia, es un problema de Administración
preparada, adecuada y racionalizada.
Desde el punto de vista autonómico, en ningún caso, vuelvo a repetir, he dicho que nosotros vayamos a desarrollar dentro del Estatuto básico del empleado público nada que no corresponda a la Administración con
arreglo al Estatuto básico del empleado público. Las comunidades autónomas están desarrollando la parte que les corresponde, lo que no significa que no hagamos una ley de la función pública que pueda tener algún precepto en ese sentido. En estos
momentos no lo sé porque estamos trabajando en ello. Lo veremos. Sabe que soy exquisitamente respetuosa de las competencias de las comunidades autónomas. No quiero ni una sola competencia más para el Estado que no le corresponda; ahora, la que
le corresponda sí.



Vuelvo a decirle que por supuesto que el Gobierno cumple todas las decisiones del Parlamento, que son mandatos del Parlamento vinculantes para el Gobierno. Las recomendaciones las escucha con cariño, pero a la hora de decidir qué
ministerios hay o no hay, por mucho que se haya tomado en consideración una proposición de ley, veremos qué es lo que dice luego el contenido de la proposición de ley, porque se me escapa que una ley dictada en el Parlamento pueda modificar la
capacidad constitucional del presidente del Gobierno. A partir de ahí estoy segura de que SS.SS. en esa proposición de ley adaptarán la ley a los mandatos constitucionales, porque es evidente que quien decide la composición del Gobierno es el
presidente del Gobierno. Ya sé que toda la Cámara ha decidido gobernar, está muy bien. Gobernar es decidir qué Gobierno hay, pero quien de la Cámara ha ganado las elecciones se llama presidente Zapatero, que ha tenido la investidura de esta
Cámara, y Partido Socialista. (El señor Llamazares Trigo pronuncia palabras que no se perciben.) Sí, ha tenido la investidura de esta Cámara y por tanto es el Gobierno constitucional que toma la decisión de los ministerios que tiene que haber.



Sobre la reducción de altos cargos, ya les he dicho cuál es la filosofía del Gobierno. No son verdad las cifras que ustedes manejan, no son verdad. (El señor Barrachina Ros: Todas.) No, váyase al registro. Ustedes dicen que redujeron
altos cargos y no los redujeron. Redujeron altos cargos porque pasaron a los gobernadores civiles, de gobernadores civiles a subdirectores. Esa fue toda la reducción. De verdad no es relevante, aunque ya sé que les gusta mucho. Pues bien, de
todas formas vamos a hacer reducciones, las que consideremos oportunas y se las contaremos, claro que se las vamos a contar, en unas semanas, pero no es un problema de porcentaje. ¡Hala, el 20 por ciento! ¿Por qué? ¿Por qué no el 25, por qué no el
18 y por qué no el 33 por ciento? ¿En qué se basan? ¿Porque les gusta la cifra? No se corresponde con ningún criterio objetivo ni con ningún parámetro que se esté utilizando hoy en ninguna administración europea, en ninguna, y no se corresponde
tampoco con lo que están haciendo ustedes en sus comunidades autónomas. Por tanto, creo que eso no es razonable. Que hay una proposición del PNV, que hay otra de Esquerra.
Pues sí, lo entiendo, escuchamos y atendemos las sugerencias, pero


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las prioridades políticas se señalan por parte del presidente del Gobierno y así está constitucionalmente establecido.



Estamos llevando a cabo desarrollos normativos, señor Olabarría. La Ley de la Administración Electrónica ya le he dicho que está plenamente implantada. En el estatuto básico hay medidas, no todas, pero sí hay medidas que están en marcha.
En cuanto a la implantación de la Ley de Agencias, lo mismo y próximamente se va a aprobar por parte del Gobierno la ley de la ciencia, que también incorpora las líneas básicas del personal investigador. Se puede decir más alto pero no más claro.
Tenemos ahora una hoja de ruta, tenemos unos plazos. La ley de la Función pública tiene un plazo, lo he dicho, septiembre; ese es el plazo acordado con los sindicatos, septiembre. Todos los compromisos que he señalado tienen fecha, procedimiento
y método. En el mes de junio los cincuenta compromisos contenidos en el acuerdo Gobierno-sindicatos, donde está todo lo que ustedes han señalado aquí, estará puesto en marcha, también lo que son disposiciones normativas, que tendrán su trámite. A
lo que nos hemos comprometido es a tener en septiembre un borrador de la ley de Función pública que pueda empezar a tramitarse a partir de ahí, a verla con los grupos políticos, y con el resto de las disposiciones, exactamente igual.
En cuanto a la
normativa básica de la Seguridad Social, buscar la armonización es una reivindicación muy antigua. ¿Cómo lo vamos a hacer? Se ha creado un grupo de trabajo, acabamos de empezar y vamos a ver qué cosas son y qué cosas no son. Ahora mismo hemos
acabado de dictar una disposición con relación con Muface para mejorar también el tema de los funcionarios y de su asistencia a través de la mutualidad. Estamos avanzando y mejorando en esa materia. También hemos llegado a un acuerdo con los
colegios de farmacéuticos con relación a temas que tienen que ver con los funcionarios. Estamos trabajando sin parar para ir reconduciendo y mejorando todas esas cuestiones. Está todo lo que les he señalado y lo demás lo van a ir conociendo
ustedes. Si al final se llega a un acuerdo que marque unas líneas, por supuesto que antes que nada intentaremos compartirlas con ustedes.



Ya está funcionando la ventanilla única de la Directiva de Servicios. La trasposición de la directiva supone una agilización muy importante de los trámites para la instalación de las empresas de servicios. Señora Oramas, ya se hace todo de
manera electrónica, hay muchos ámbitos en donde se está haciendo. Todavía puede haber algún caso en que todavía se solicite, pero le digo que hay ámbitos en donde eso ya está funcionando, aunque es verdad que todavía nos queda implantar esa
cultura, preparar y formar a los funcionarios, pero las disposiciones están adoptadas y en estos momentos los ciudadanos se pueden dirigir a la Administración electrónica para realizar más del 90 por ciento de sus gestiones, reduciendo la mitad de
la documentación que obra en poder de la Administración y que no es claramente exigible. No obstante, como le decía, en este tema, aunque hayamos hecho todo, queda mucho por hacer, porque es un problema de una cultura determinada que hay que tratar
de implantar y de extender en el campo de la Función pública y de los ciudadanos. Por lo demás, agradezco también su intervención.



Señor Llamazares, comprendo que discrepe en algunos temas, pero aunque a usted no le guste, comparto muchas de las cosas que usted dice. Estoy absolutamente de acuerdo en que necesitamos más Estado, creemos en el Estado, pero más que más
Estado, lo que necesitamos es un Estado mejor.
No queremos que las consecuencias de la crisis las paguen quienes no las tienen que pagar -en ningún caso hemos adoptado ninguna decisión que vaya en ese sentido- y el hecho de que haya ahora un
ajuste, porque las necesidades lo exigen a la vista de la situación económica que está habiendo en todos los países del mundo, no significa que vayamos a incumplir nuestros acuerdos ni que vayamos a cambiar nuestras prioridades. Le aseguro a usted
que este Gobierno, el Gobierno al que represento, no tiene dos almas, tiene una sola alma y en esa alma lo primero que está son los intereses de los ciudadanos y el respeto a los derechos de los trabajadores. Siempre lo hemos dicho así y siempre lo
vamos a seguir haciendo. (El señor De la Rocha Rubí: ¡Muy bien!) Conocerá usted, como todos los demás, cómo vamos a llevar a cabo esa reducción del 4 por ciento del capítulo 1 y le garantizo desde ahora que en ningún caso se van a ver perjudicados
aquellos sectores de la Administración que prestan servicios públicos esenciales.



Señorías, ya termino. Les doy las gracias y quiero señalar que el Gobierno va a seguir trabajando, que va a hacerlo de la mano de los agentes sociales y que desde luego le gustaría hacerlo de la mano, en toda esta hoja de ruta que tenemos
por delante, de los grupos políticos, compartiendo su diagnóstico y agradeciendo sus sugerencias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Señor Barrachina.



El señor BARRACHINA ROS: Simplemente quiero hacer unas breves precisiones.
Primero, que absolutamente todos los datos que he utilizado en esta sesión son de su Boletín Oficial del Estado. Aquí figuran todos sus altos cargos publicados y
los de la etapa de Gobierno popular, un 25 por ciento menor en la etapa del presidente Aznar, y por eso pedimos la reducción del 25 por ciento. La segunda fuente es la EPA, la encuesta de población activa, que dice que en el último año y medio de
hundimiento nacional económico hay 123.000 empleados públicos adicionales. Si no le gusta lo que dice la EPA, hable con su compañero de ministerio. Y la tercera fuente son los Presupuestos Generales del Estado, que advierten ese crecimiento en el
gasto público que le indico.



Celebro, además, señora vicepresidenta del Gobierno, que haya venido usted con ese fervor opositor y haya hecho oposición al Gobierno de Madrid, al de Valencia


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y al de Murcia. Buena falta les hace. Además, es bueno también que usted se vaya entrenando, se vaya preparando en esas lides por lo que pudiera pasar, pero no tenga prisa en hacer de opositora, no corra. Usted dedíquese a responder,
porque la última vez que vino fue en julio, vuelve ocho meses después y encima nos abronca a la oposición porque le decimos que las cosas van mal o muy mal. Si usted quiere que la felicitemos por crear un observatorio, que es la única conclusión de
esta Comisión, la felicito. Felicidades, señora vicepresidenta del Gobierno, seis años después ya tiene usted un observatorio.



No ha dicho dónde va a reducir los altos cargos y si va a cumplir los cinco acuerdos de esta Cámara y tampoco ha dicho cómo va a reducir el sector público. Yo, como valenciano, le tengo que afear que haya dicho aquí que le diga -porque me
lo ha pedido y tiene usted una comparecencia pendiente de eso- si usted algo que firma no lo cumple. Obviamente usted no vive donde dice que vive. Usted firmó un papelito que decía que usted residía en Beneixida cuando electoralmente le convenía,
y a usted por allí no se la ha visto jamás. Por tanto, no me tire de la lengua, señora vicepresidenta del Gobierno.



El señor PRESIDENTE: Yo le voy a tirar, pero al revés. Aténgase al tema.



El señor BARRACHINA ROS: Concluyo diciéndole que además de escucharse a usted misma -lo cual está muy bien-, preste atención a la oposición. He hablado de 644 empleados, no asesores, aunque después aquellos que ejercen de corifeos dicen:
sí, sí, asesores. No. He dicho 644 empleados en la Presidencia del Gobierno. Por tanto, preste usted atención también a la oposición.



Concluyo diciéndole que ha estado muy bien. Ha sido preciosa la clase de telemática y de ciencia ficción. ¿Cómo se compadece eso con que haya -según la EPA- 123.000 empleados públicos adicionales en esta legislatura? Si todo funciona
telemáticamente, si todo va tan bien, si somos tan modernos, ¿para qué necesita usted arruinar al sector privado y ensanchar indefinidamente el público?


Le digo una cosa más, porque seguramente ese dato no se lo hayan pasado sus asesores. En la época de Gobierno de Aznar, a la que usted también ha intentado opositar con retraso, en la cual Rajoy era vicepresidente del Gobierno, se tomaron
en la primera legislatura todas las medidas necesarias para crear 5 millones de empleos. Ya nos gustaría a nosotros que ustedes tomasen alguna medida necesaria para generar alguno de esos empleos que están ahora ustedes destruyendo. Y le digo más.
La valoración que hizo la gente de aquel grupo con 154 escaños no debió ser mala, porque pasamos a 202 parlamentarios.



El señor PRESIDENTE: ¿Cómo?


El señor BARRACHINA ROS: Perdón, a 183.



El señor PRESIDENTE: Por favor.



El señor BARRACHINA ROS: Gracias por la precisión. Yo entonces no estaba aquí, ¿eh? Pasamos de tener minoría a tener mayoría absoluta. Por tanto, ese juicio que hace usted, esa oposición con retraso no le digo que no la vuelva a hacer en
un futuro inminente, pero obviamente este no es el lugar. Muchas gracias, señor presidente, por su paciencia. Le digo además que en aquellos ocho años el gasto social creció un 70 por ciento. Sus asesores, de los que dispone usted -y buena prueba
es su presencia hoy en esta Cámara-, y muchos, le podían pasar en ese papelito lo que creció el gasto social en la época de Gobierno popular (El señor De la Rocha Rubí: Muy poco.), aquella época en la que, por cierto, no se hacían colas en los
contenedores de los supermercados para coger comida caducada como hay en la actualidad (El señor Villarrubia Mediavilla: ¡Qué nivel!) y no había colas tampoco en el INEM como en este momento. Por tanto, el gasto social se hace generando empleo y
dirigiendo esos recursos como nosotros lo hicimos en los ocho años de Gobierno. Le agradezco sinceramente que usted se dedique a hacernos oposición a nosotros, en lugar de a gerenciar y a gobernar.



El señor PRESIDENTE: Termine.



El señor BARRACHINA ROS: Y felicidades. Enhorabuena, para que usted no se enfade, por este observatorio nuevo que han creado. A ver si por fin saben cuántos empleados públicos tenemos.



El señor PRESIDENTE: El señor Jané tiene la palabra.



El señor JANÉ I GUASCH: Quiero agradecer a la vicepresidenta primera sus respuestas y hacerle algunos comentarios sobre algunos aspectos. Tenemos discrepancias, señora vicepresidenta, sobre cifras, sobre si son rigurosas o no las que hemos
manejado los grupos parlamentarios hoy aquí.
Creo que es un debate perdido con quien tiene más cifras, que es el Gobierno. Por tanto, agradecería que más allá de decir: vayan al registro, vayan aquí o vayan allí, en ese observatorio del empleo
público que se va a crear, igual que se ha hecho en el Observatorio sobre seguridad vial, se tengan certezas finales sobre cifras, ya que cuando se habla de cuántos altos cargos hay o no hay, seguro que si se incluyen organismos autónomos es una
cifra y si se dejan de incluir es otra. Hay que intentar buscar el mayor rigor posible entre todos para tener el mejor de los diagnósticos. No le voy a discutir si las cifras que por ejemplo hoy publicaba un medio de comunicación son ciertas o no.
Yo se las he trasladado y será bueno cotejarlas con las que de manera oficial el propio Gobierno nos aporte.



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Hay una discrepancia, señora vicepresidenta. Se hablaba del modelo de la Administración cuando yo he aludido al modelo de Administración ordinaria. No es un invento lo que yo le traslado cuando defiendo ese modelo, es un modelo que tanto
usted como yo, en tanto que diputados en esta Cámara la pasada legislatura, hemos votado, y que está en el BOE del jueves 20 de julio de 2006, en el que se publica el Estatuto de Cataluña y en cuya página 27309 se habla de Administración ordinaria:
la Generalitat será Administración ordinaria del Estado en Cataluña. Yo no quiero negar el papel que tiene la Administración General del Estado y sus servicios periféricos en cada una de las partes del Estado y en cada una de las comunidades
autónomas, pero lo cierto es que se apunta un proceso y un modelo en el cual se puedan asumir por parte de la comunidad autónoma una serie de transferencias. Ese es el modelo que se apuntaba y creo que hay camino por recorrer en el sentido de
avanzar hacia ese modelo de Administración ordinaria.



Y termino ya, señor presidente. Nos dice la vicepresidenta primera, y se lo agradezco, que va a concretar a finales de este mes de marzo el número de altos cargos, el número de miembros de consejos de administración que pueden reducirse,
las medidas concretas. Queremos mostrarle la colaboración de nuestro grupo en lo que pueda ser un plan de mejora y racionalización de la estructura y mostrarle la coincidencia de nuestro grupo con ese plan de mejorar las estructuras, de reducir el
gasto. Esa reducción del 4 por ciento en ese horizonte 2013 coincidimos en que no debe venir presidida por una disminución de retribuciones de nuestros empleados públicos; hay otras formas, hay otras medidas y por tanto, hay un punto de
coincidencia en que no debe ser la reducción de retribuciones a los empleados públicos, que queremos todos que sean de calidad; debemos desarrollar esa función directiva, que está en el Estatuto básico del empleado público. Hay muchos ingredientes
en ese estatuto básico que permiten un modelo de Administración pública mejor, más eficiente, de mayor calidad y también bien retribuido, porque es también una condición necesaria para que existan unos efectivos de calidad, y en eso la labor que se
hizo en la época del ministro Jordi Sevilla yo también la quiero poner en valor. En ese horizonte nos encontrarán y esperemos que entre todos, con los sacrificios que sean precisos, seamos capaces de conseguir esa Administración más eficiente y
también más racionalizada y, por tanto, que contribuya a esa disminución necesaria del déficit público.



El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora vicepresidenta, no interprete mis reflexiones melancólicas sobre la personalidad del ministro Sevilla como una refutación de sus calidades, que conozco hace mucho tiempo y las reconozco; usted es una
avezada y brillante representante política del Gobierno español. Por eso, señora vicepresidenta, no sin indicar las calidades del ministro Sevilla, si usted ha comentado que las ejecutó en aplicación estricta del programa socialista, sí que alguno
tiene una dificultad intelectual para reconocer esa sumisión o ese estricto ajuste al programa del Partido Socialista leyendo algunas de las cosas que escribe en la actualidad. Pero estas son obiter dicta que no proceden, señor presidente de la
Comisión.



Señora vicepresidenta, quiero indicarle que, siendo usted una parlamentaria y una vicepresidenta brillante -usted y yo hemos coincidido durante muchos trienios aquí, en la vida parlamentaria, y en otros ámbitos de la actividad pública-, me
sorprenden terriblemente algunas de las reflexiones políticas o jurídico-políticas que usted ha realizado. No tengo que indicarle que convivimos en un sistema constitucionalmente parlamentario. Usted sabe que hay dos sistemas en el derecho
comparado: el sistema presidencialista y el sistema parlamentario. El legislador constituyente español optó por el sistema parlamentario. Esto quiere decir que las normas que dimanan del Parlamento son de obligado cumplimiento para la
Administración. En eso consiste y esa es la esencia del parlamentarismo y de los sistemas parlamentarios, no solo en el acto específico y concreto en el tiempo de la elección e investidura del presidente sino en el seguimiento de la actividad
política del Gobierno y en la exigencia del cumplimiento de las resoluciones parlamentarias de naturaleza imperativa. Y cuando una proposición de ley se aprueba, es objeto de desarrollo y termina convirtiéndose en una ley, es de carácter imperativo
y usted no puede refutar, no puede indicar a contrario que las competencias constitucionales del presidente -se llame este Zapatero o se apellide como se apellide- puedan contradecir el contenido de la ley, salvo que esté incitando a la
prevaricación al presidente del Gobierno.
Yo le he leído el contenido material de una proposición de ley que está pendiente de debatirse y que, si concluye, en el iter legislativo obliga al Gobierno a lo siguiente: a crear una estructura de
Gobierno donde no podrán existir más de dos vicepresidencias y no se podrá superar el número de catorce ministerios. El tema de las mociones y proposiciones no de ley es, como el señor presidente de esta Comisión sabe perfectamente, mejor que
nadie, mucho más deletéreo y forma parte de ese ectoplasma parlamentario que nadie sabe muy bien -ni los letrados de la Cámara- qué quiere decir. ¿Son de obligado cumplimiento las proposiciones no de ley? Esto quizá sea una cuestión de naturaleza
teológica más que jurídica y la Santísima Trinidad nos podría ilustrar más que los letrados de esta Cámara. ¿Las mociones tienen este carácter o no? No lo sé. Una proposición de ley que acaba en ley no es derecho disponible, es derecho
imperativo. Y esto es lo que puede ocurrir con la que se aprobó de un grupo parlamentario. Yo tampoco me atrevería a refutar el carácter imperativo de las proposiciones no de ley. Tienen carácter imperativo aunque no tengan carácter imperativo de
dimensión


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cronológica: el Gobierno las aprobará pero cuando lo considere oportuno.
Normalmente nunca lo considera oportuno, porque desde 1980 se han cumplido el 15 por ciento de las aprobadas, lo cual es una aberración parlamentaria. Dicho esto,
señora vicepresidenta, mi grupo parlamentario tiene una proactividad hacia el acuerdo y el consenso, pero no debemos relativizar ciertos conceptos que pertenecen al núcleo duro de la Constitución y que no deberían ser objeto de debate en este
trámite tan peculiar en el que estamos.



En cuanto a las retribuciones de los funcionarios, cuando el secretario de Estado de Economía de su Gobierno se manifiesta en términos tan esotéricos -es algo muy propio de los portavoces de la Vicepresidencia de Economía- como lo hizo la
semana pasada, uno tiene que comprender cierta alarma entre los cuerpos de funcionarios del Estado. Si hay otras fórmulas indíquenos cuáles son. Si no hay otras fórmulas dígalo con claridad y manifieste el coraje que ha caracterizado su función
política y sus manifestaciones políticas sistemáticamente. Explíquenos también, contextualizando la cuestión, hasta qué punto reservas o reducciones y modificaciones de dudosa juridicidad, como la sustitución de normas convencionales, que son las
que configuran las retribuciones de los funcionarios, por normas de origen legal es jurídicamente posible. Porque en el fondo esta es la cuestión que estamos dilucidando.



El señor PRESIDENTE: Señor Llamazares.



El señor LLAMAZARES TRIGO: Intervendré muy brevemente.



No me ha gustado el tono. Creo que a los diputados por principio no se les puede decir que no se han leído el acuerdo. Eso no va en favor del prestigio de la política. Puede ser que no tengamos una misma interpretación, pero eso no puede
llevar a la descalificación. En mi opinión, la actitud de un Gobierno en minoría debería ser otra -porque ustedes están en minoría en esta Cámara- y no debe ser: les escuchamos pero no les hacemos caso. Yo le he dicho que no estoy de acuerdo con
esa aprobación por parte de la Cámara pero ustedes tienen que decir qué van a hacer para que la Cámara no les diga varias veces lo mismo. Lo que pone en evidencia la Cámara es que ustedes tienen dificultades para tejer una mayoría, que es lo que
-creo- usted tiene que concluir de esta comparecencia parlamentaria si es que quiere que sirva para algo; si no quiere que sirva para nada seguiremos igual, con el mismo tono y la misma actitud.



Por otra parte, no comparto la bipolarización, que me parece una deformación de la vida política y una degradación de la realidad. Creo que ustedes no representan toda la realidad y en ese sentido le vuelvo a plantear algo de lo que le
hablaba al final de mi primera intervención.
Usted dice que tiene garantías de que no ha habido dos discursos, de que no hay dos almas, de que van a cumplir sus compromisos. Pues, se lo repito, en la Agencia EFE, primero, se niegan las cifras de
altos cargos y sus retribuciones a los trabajadores. ¿Esa es la transparencia? Segundo, no se negocia, se impone. Tercero, se recortan los salarios de los trabajadores. Se propone una rebaja del 8 por ciento y ahora del 4 por ciento. Y, luego,
se proponen despidos. ¿Este es el ejemplo? ¿La Agencia EFE? Si este es el ejemplo, mal vamos. Señora vicepresidenta, me gustaría que me respondiera.



El señor PRESIDENTE: Señora Oramas.



La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Agradezco la comparecencia de la vicepresidenta.



Había tantos asuntos por parte de todos los portavoces que hay dos temas que no me ha contestado, señora vicepresidenta. Uno de ellos es sobre el absentismo laboral, quería saber si el Gobierno está trabajando en este asunto, que me parece
muy importante. El otro hace referencia a la cobertura -en parte esta pregunta ya la hizo el señor Llamazares-, más concretamente a la tasa de reposición. ¿Esa tasa de reposición que usted planteaba es sobre la totalidad de efectivos públicos o
sobre aquellos que se van a ver afectados por esa decisión? Me refiero a si quedan excluidas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y si usted ratifica que se va a mantener el acuerdo en lo que afecta a sanidad, educación y determinadas
prestaciones sociales, porque entonces la totalidad de la tasa de reposición irá sobre el resto. ¿Se siguen manteniendo los compromisos o se tiene ya definido, o está en negociación quiénes van a quedar excluidos? Eso es importante para ser
realista y también a efectos de que lo sepan los ciudadanos.



Por último, porque la verdad es que ya en la primera intervención lo quise hacer, quiero felicitarla por el nombramiento de la secretaria de Estado, doña Consuelo Rumí. Aparte del afecto personal y en las tareas parlamentarias, en la Ley de
Extranjería, es una persona muy eficiente y con la que es fácil llegar a consensos políticos. En ese sentido, todo mi respeto al nombramiento, que puede manifestarse como una apuesta importante del Gobierno por cumplir los plazos que usted ha
dicho.



El señor PRESIDENTE: Señora Batet, tiene la palabra.



La señora BATET LAMAÑA: En mi primera intervención se me pasó dar la bienvenida al señor Barrachina como nuevo portavoz de Función pública en esta Comisión, por lo que aprovecho ahora el momento. La verdad es que ha empezado con un gran
nivel discursivo y nada demagógico ridiculizando las políticas sobre modernización de la Administración pública, como la Ley de Acceso Electrónico -cosa constante de su grupo parlamentario y que lamenta el Grupo Parlamentario Socialista-. Puestos a
ser puntillosos, haciendo referencia al tema de los asesores de la Presidencia, es verdad que esta vez ha dicho 644 empleados y no altos cargos o asesores, como siempre han dicho en otras comparecencias.



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Pero, para ser concretos, ha dicho empleados del presidente. Por tanto, la imprecisión sigue siendo toda, porque empleados del presidente -jardineros, conductores, etcétera- no son categorías que puedan entrar en este número global que
usted citaba.



El Grupo Parlamentario Socialista cree sinceramente que otra oposición es posible. Sabemos que la crítica forma parte de las reglas del juego, sabemos que la crítica mejora el sistema democrático, mejora muchas de las propuestas que el
Gobierno puede traer aquí, pero siempre que sea una crítica constructiva, un esfuerzo compartido, que es lo que nos están pidiendo los ciudadanos a todos los grupos parlamentarios. En esta Comisión podríamos haber tenido hoy un debate de ideas, un
debate de propuestas para mejorar la Administración General del Estado y ya tenemos una oportunidad menos para trabajar juntos por el reconocimiento social de lo público, de la Función pública. Un hombre sabio me decía este mediodía que había
llegado a la conclusión de que a este mundo hemos venido simplemente para dos cosas como objetivos principales. Una es intentar dejar las cosas un poquito mejor de lo que estaban. El Gobierno socialista, tanto en esta como en la anterior
legislatura, ha trabajado en esa dirección. Podemos decir sin duda alguna que en estos momentos las administraciones públicas están mejor de lo que estaban hace seis años. Y la segunda gran contribución que todos podríamos tener en la cabeza es no
hacer daño innecesariamente. Es inevitable hacer daño en todos los ámbitos de nuestra vida, pero al menos no lo hagamos innecesariamente. Si todos tuviéramos esta premisa en la cabeza, nos ahorraríamos escuchar y hacer algunas de las
intervenciones que hacemos en esta Cámara.



El señor PRESIDENTE: La señora vicepresidenta primera tiene la palabra.



La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Lamento tener que decir al señor Barrachina que los datos de los altos cargos que usted maneja no se corresponden
con la realidad. Señoría, los datos de altos cargos son datos de estructura de los ministerios y los datos de los empleados públicos son los del Registro Central de Personal. Ahí puede encontrar usted todos los datos porque es transparente, y los
datos de los altos cargos están en los decretos de estructura, no correspondiéndose con lo que usted dice. Por tanto, no es cierto que entre los años 2004 y 2010 haya aumentado el número de altos cargos en un 25 por ciento. No es así; de verdad,
no es cierto. Otra cosa es que las cifras que ustedes manejan se refieran a otra cosa que no sea el alto cargo definido en la Lofage, porque a eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de altos cargos del Gobierno. No se incluyen otros cargos
a los que se aplica la normativa sobre incompatibilidades; por ejemplo, altos directivos de empresas públicas o de fundaciones que, por cierto, ya existían en la época del Partido Popular. Por tanto, eso no es así, y lamento tener que decirle que
no se corresponde con la realidad. Y es verdad que ustedes están permanentemente utilizando las cifras. Lo decía la portavoz del Partido Socialista con los famosos 600 asesores y empleados de Moncloa. Tampoco es verdad. Si quiere, le doy los
datos de la gente que trabaja en el Palacio de la Moncloa; son transparentes, están ahí. Pero es que a ustedes no les interesa eso. Han fijado una cifra en el imaginario, la repiten y creen que por repetir una cosa que no es verdad se va a
convertir en algo cierto. No es así, y como no es verdad, no hace falta que lo siga repitiendo porque nadie le va a creer.



Y, desde luego, lo que no le voy a tolerar, señor Barrachina, es que pronuncie ninguna insidia sobre dónde tengo mi residencia legal ni mi declaración, que se ajusta estrictamente a la ley, en un domicilio de mi propiedad y de mi familia.
Yo sé que usted tiene siempre la manga muy ancha -y he visto lo que usted acaba de referir sobre mi persona-, la manga muy ancha con otras personas y, desde luego, no voy a hablar de trajes. Tiene la manga muy ancha y lo que yo nunca voy a hacer es
lo que hizo el presidente Aznar, de establecer su domicilio en la sede de un partido político. Finalmente, le diré que su filosofía es muy clara; la nuestra también. La suya es restringir gastos sociales; la suya es que la crisis la paguen los
de siempre; la suya es congelar los sueldos de los funcionarios; la suya es que, mientras se congela el sueldo de los funcionarios, se suba el sueldo de los altos cargos, y privatizar los servicios. Esa ha sido su posición, su filosofía. Ya la
conocemos, la practicaron cuando gobernaban y la practican donde gobiernan. La filosofía del Gobierno al que represento es proteger a las personas más vulnerables en las situaciones de crisis, no permitir que la crisis la pague quien no la ha
originado y tratar promover medidas para la recuperación económica que no afecten y respeten los derechos de los trabajadores y, desde luego, no congelar el sueldo de los funcionarios.
Vamos a cumplir nuestros acuerdos como lo hemos hecho siempre.
Y, le repito, no hay un solo acuerdo que yo haya firmado que no sea verdad y que no haya cumplido.



Señor Jané, gracias por su intervención. Veo que la única discrepancia que mantenemos se centra en el modelo de Estado. Podemos seguir hablando.
Sabe que nuestra posición en ningún caso es hacer incompatible la Administración periférica
con una Administración autonómica potente, que en ningún caso tiene que significar duplicar servicios, ni esfuerzos, ni costes. Y, por supuesto, hemos dado el mayor contenido y desarrollo a los estatutos de autonomía, como el Estatuto de Cataluña,
que hemos aprobado y que compartimos, pero una cosa es eso y otra cosa es que determinados servicios y determinadas funciones que son estrictamente competencia exclusiva del Estado en el territorio se deban prestar por la Administración General del
Estado y no por la Administración autonómica, a la que respetamos


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y con la que tenemos que colaborar estrechamente, sobre todo en beneficio de los ciudadanos. Sé que podremos colaborar y seguir hablando para buscar acuerdos en todos estos temas referidos a la Administración, referidos al lugar en el que
queremos colocar lo público, la Administración pública y los funcionarios; no solo la Administración General del Estado, sino el conjunto de las administraciones públicas, por el bien de la ciudadanía y para colocar a nuestro país en la senda de la
recuperación económica y la creación de empleo.



Al señor Olabarría deseo agradecerle su reflexión político-constitucional pero creo que no es el momento de extenderme en ese debate, que es desde luego muy interesante y que, como usted sabe, me gusta. Soy una persona que cree en la vida
parlamentaria, que cree en el Parlamento, así lo he demostrado siempre y así lo voy a seguir demostrando. Además creo que nuestro modelo constitucional es el de democracia parlamentaria, pero el hecho de que tengamos una democracia parlamentaria no
significa que dentro de esa democracia parlamentaria todas las funciones sean del Parlamento. El Parlamento tiene muchas funciones y desde luego un gobierno democrático se debe ante todo al Parlamento, por supuesto, y el Parlamento es el centro del
debate político, y evidentemente si hay una ley que dicta el Parlamento y estamos de acuerdo con esa ley porque se ajusta a los Parlamentos constitucionales, por supuesto que cumpliremos la ley. Pero también cabe barajar que la ley pueda no ser
constitucional, señor Olabarría. Podría caber, me lo admitirá usted al menos en el plano teórico del debate. Bueno, pues de eso es de lo que estamos hablando, de que tenemos una discrepancia en ese tema. Yo creo que hay una función constitucional
que, dentro de lo que es la función de gobierno, que también en la Constitución tiene su competencia, es del presidente del Gobierno elegido democráticamente. Con todos los respetos. Lo que no impide, además, que siempre se esté a la escucha del
Parlamento y, por supuesto, que todos sus mandatos legales y todas sus mociones se cumplan.
Hay algunas, a veces, que no son posibles, pero siempre, en el 99 por ciento de los casos, se atienden y se cumplen, y este Gobierno se ha caracterizado
además por ser el primer Gobierno que hace un balance cada año del cumplimiento de las decisiones del Parlamento ante el propio Parlamento, y creo que es razonablemente positivo. Y, más allá de las palabras, está muy claro -creo que lo dijo la
vicepresidenta segunda y lo he dicho yo- que se va a cumplir el acuerdo con los funcionarios. Lo he dicho clarísimo: no se va a tocar el acuerdo. Se va a cumplir en sus términos, en todos sus términos. Lo puedo decir más alto pero no más claro.
Y eso no es incompatible con las medidas que estamos estudiando y que les trasladaremos, respetando ese salario de los funcionarios, que hemos acordado que es un salario de austeridad y de responsabilidad, porque cuando se acordó con los
funcionarios ya se hizo sabiendo que había que hacer un esfuerzo, y lo hicieron y es muy de agradecer y creo que todos deberíamos estar muy agradecidos al esfuerzo y al sentido de la responsabilidad demostrado por los sindicatos de la Función
pública; por supuesto que lo vamos a cumplir y, repito, no es incompatible con adoptar otras medidas que puedan permitirnos redimensionar, reducir nuestros gastos de personal en estos momentos al tiempo que tenemos que hacer una racionalización que
es necesaria. En la Administración General del Estado, seguro. En las administraciones autonómicas y locales tendrán que ser ellas quienes lo decidan. Me gustaría que también lo hicieran porque sabemos que hay disfunciones. Ese es el ritmo y la
hoja de ruta en la que vamos a trabajar.



Señor Llamazares, lamento que el tono no le haya parecido adecuado, pero sí quiero dejar bien claro cuál es la filosofía y la posición del Gobierno. En relación con el Parlamento creo que está muy clara. Podemos discrepar de alguna
decisión que tome el Parlamento aunque estemos en minoría. Y si esa decisión nos la ampara la Constitución podremos decirlo también. Ya sé que usted no ha compartido esa posición, pero es lo único que he dicho. Lo único que he dicho es que en esa
posición es en lo que discrepamos porque creemos que no es algo que incumba al Parlamento. Y de verdad no creo que haya una bipolarización de la vida política, se lo digo con sinceridad. Este Gobierno está trabajando en la misma dirección, con una
hoja de ruta muy clara y sabiendo lo que queremos hacer. Y quiero que me digan si hay una sola de las medidas que hemos puesto en marcha por parte del Consejo de Ministros que no hayamos acordado y que no hayamos cumplido. Lo que hemos dicho lo
hemos hecho, más allá de todas las posiciones que se hayan podido mantener y que son todas muy respetadas. Pero, quiero que sepa que todas las decisiones que ha tomado el Gobierno, que toma el Consejo de Ministros, se toman con el acuerdo de todos
y cada uno de sus miembros sin que hasta ahora haya habido contradicción alguna. Y todas, absolutamente todas, responden a un solo y claro objetivo: recuperar el crecimiento económico y empezar a crear empleo cuanto antes. Esto es así. Y SS.SS
pueden repasar el 'Diario de Sesiones' y verán cómo todas las medidas y las decisiones que el Gobierno ha adoptado han sido anunciadas por el presidente del Gobierno o por el Gobierno en esta Cámara, todas. Un ejemplo, datos concretos, el plan de
austeridad exige una reducción del 4 por ciento en gastos de personal y claro que lo vamos a cumplir, lo vamos a cumplir de principio a fin y -como le decía antes- con nuestro compromiso con los sindicatos. Y en relación con la tasa de reposición
hay una parte, que son los servicios públicos esenciales, que están excluidos del acuerdo, que los vamos a negociar para que eso no quede al descubierto y se pueda cumplir en el global el 10 por ciento, pero pactando. No le puedo decir ahora
exactamente cómo va a ser porque es un tema de negociación, pero existe la prioridad y el objetivo claro de que los servicios públicos esenciales, que están en el acuerdo con los agentes sociales, no queden incumplidos. Porque ese es un tema de
interés general.



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Señor Llamazares, no quiero dejar de contestarle sobre la Agencia EFE. Es una de las empresas públicas y veremos cómo se ve afectada. Y, desde luego, se hará en diálogo con los sindicatos de los funcionarios de allí.
Y si alguien ha
negado a los sindicatos alguna información, habrá que decirle que se la den porque no es esa la posición del Gobierno. Tanto más cuando estamos trabajando en un proyecto de ley que establece claramente la transparencia, porque ese es nuestro
compromiso y nuestro claro deseo. Ese es nuestro deseo, como también es nuestro deseo dialogar, hablar, compartir y acordar.



El señor PRESIDENTE: Señora vicepresidenta, en nombre de la Mesa y de la Comisión le agradecemos su comparecencia aquí y esperamos que tenga éxito en los trabajos que nos ha anunciado.



Vamos a interrumpir la sesión dos minutos para que tenga lugar el cambio de compareciente del Gobierno. (Pausa.)


CONTESTACIÓN A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS AL GOBIERNO:


DEL DIPUTADO DON EUGENIO NASARRE GOICOECHEA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE:


- BALANCE DEL GOBIERNO SOBRE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO CREADA EN LA LEY 7/2007, DE 12 DE ABRIL (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/53718). (Número de expediente
181/001772.)


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores, reanudamos la sesión de la Comisión Constitucional y lo hacemos para responder a las preguntas presentadas al Gobierno -que ahora relataré- por el diputado don Eugenio Nasarre Goicoechea, del Grupo
Parlamentario Popular, y que serán contestadas por el secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, don José Luis de Francisco, a quien le doy la bienvenida en primer lugar por su presencia.



La primera pregunta la puede formular el propio señor Nasarre mejor que yo.



El señor NASARRE GOICOECHEA: Procuraré ser breve en esta tarde-noche de final de sesión. Lo primero que quiero hacer es dar la bienvenida al secretario de Estado en nombre de mi grupo y en el mío propio. Quiero aprovechar también el
momento, aunque no está ahora en la sala, para felicitar a la nueva secretaria de Estado de Función Pública, que según mis noticias esta mañana ha tomado posesión de su nuevo cargo. Le deseo lo mejor.



La verdad es que estas preguntas, que son ocho, han tenido eso que podemos llamar mala suerte, porque fueron formuladas el 13 de febrero de 2009, ha pasado ya más de un año, no fueron respondidas por el Gobierno de acuerdo con los plazos
reglamentarios, pedí el amparo a la Presidencia de la Cámara, solicitando su conversión en preguntas orales, así se hizo y cuando llegó ya el pronunciamiento de la Mesa de la Cámara se quedaron sin Comisión; estuvieron unos meses -empleando
términos teológicos- en el limbo, en el sueño de los justos, hasta que finalmente han tenido la acogida de la Comisión Constitucional bajo la Presidencia del señor Guerra, y el final ha sido feliz aunque accidentado.



La primera se refiere a la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 7/2007, que creó la comisión de coordinación del empleo público y le atribuye a esta comisión, a mi juicio, tres importantes funciones: la garantía de la
efectividad de los principios constitucionales en el acceso al empleo público, analizar proyectos normativos y realizar estudios e informes, obviamente en relación con esta materia. Yo le pregunto al secretario de Estado cuál es el balance que hace
el Gobierno sobre esta comisión, cuántas reuniones ha celebrado y qué estudios e informes ha elaborado en el marco de lo dispuesto en el artículo 100 de la mencionada ley que acabo de enunciar.



El señor PRESIDENTE: Señor De Francisco.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y PARLAMENTARIOS (De Francisco Herrero): Antes de comenzar a responder las preguntas del señor diputado, aunque él también es consciente de ello, quería decirle que es cierto que las
preguntas no han tenido muy buena suerte porque han terminado siendo contestadas por el secretario de Estado que efectivamente tiene la competencia en las relaciones con las Cortes, pero no las tiene en las materias objeto de las preguntas. De
todas maneras, intentaré darle la respuesta adecuada en nombre del Gobierno y toda la información posible, sin perjuicio de que me pongo a su disposición desde este mismo momento para facilitarle cualquier información detallada que el señor diputado
considere que no estuviera en la información que traigo preparada.



En relación con la primera pregunta sobre el balance de la comisión de coordinación del empleo público, esta comisión, que se constituye como un órgano técnico y de trabajo dependiente de la Conferencia Sectorial de Administración Pública
tiene como principal función la coordinación de la política de personal entre la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades locales. Desde su creación ha
desarrollado una importante labor de homogenización y convergencia de las políticas de recursos humanos de las distintas administraciones públicas. Así, hasta la fecha ha adoptado acuerdos en materia de movilidad, acceso a la función pública
española de los ciudadanos de Estados miembros de la Unión Europea o de reconocimiento


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de servicios prestados. El balance que el Gobierno hace del funcionamiento de esta Comisión es muy positivo. Pero no es solo el balance que el Gobierno hace, sino que es la misma valoración que han expresado las administraciones públicas
que también forman parte de la misma y que han resaltado su condición de foro imprescindible de encuentro y colaboración para una adecuada coordinación de las políticas de recursos humanos de las administraciones públicas territoriales. En cuanto a
la precisión que figura en su pregunta sobre el número de reuniones celebradas, tengo aquí un listado de reuniones. Quiero sugerir que en vez de dar lectura, ya que figura desde el 28 de mayo de 2007 hasta la fecha de la pregunta y contiene el
lugar, las fechas de celebración y los temas tratados en cada una de las reuniones, me permita dejárselas como anexo. Acerca de los trabajos y estudios que aparecen también en su pregunta, se destaca trabajo sobre el empleo público en España,
características y cifras; sobre políticas públicas comparadas sobre violencia de género; sobre la oferta de empleo público en las comunidades autónomas para 2008 -características y cifras, se llama el informe-; sobre el examen comparativo de las
leyes de presupuestos de las comunidades autónomas para 2008 y 2009 y también trabajos sobre una nueva página web de la propia comisión de coordinación del empleo público.



El señor PRESIDENTE: Señor Nasarre.



El señor NASARRE GOICOECHEA: Una pregunta nada más. En relación con los estudios e informes, simplemente quiero saber si se hacen públicos, si son públicos y si se pueden conocer. En ese caso me gustaría tener acceso a ellos.



El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y PARLAMENTARIOS (De Francisco Herrero): No conozco ahora mismo la normativa. Por supuesto para un diputado del Congreso de los Diputados, de las Cortes Generales, cualquier tipo de
documentación que obra en poder de las administraciones es pública o al menos es accesible. En todo caso, cualquier información al respecto se la trasladaré en los próximos días, en las próximas horas si es posible. Por supuesto, ejerciendo el
derecho que tiene el señor diputado al acceso a la documentación que obra en poder de las administraciones públicas, también podría tener acceso en cualquier momento a ese tipo de informe.



El señor NASARRE GOICOECHEA: Señor presidente, anuncio ya desde aquí que usando los trámites reglamentarios pediré el acceso a estos estudios e informes.



- FECHA PREVISTA PARA LA PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO SOBRE LOS DISTINTOS REGÍMENES DE ACCESO A LA JUBILACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS, AL QUE SE REFIERE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO (PROCEDENTE DE LA
PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/53719). (Número de expediente 181/001773.)


El señor PRESIDENTE: Siguiente pregunta, señor Nasarre.



El señor NASARRE GOICOECHEA: También se refiere a la misma ley, el Estatuto Básico del Empleado Público, y como sabe el secretario de Estado en la disposición adicional sexta de dicho estatuto se dice que el Gobierno presentará en el
Congreso de los Diputados un estudio sobre los distintos regímenes de acceso a la jubilación de los funcionarios que contenga, entre otros aspectos, recomendaciones para asegurar la no discriminación, etcétera. ¿Se ha realizado este informe? No
tengo conocimiento de ello. ¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación con el mismo?


El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y PARLAMENTARIOS (De Francisco Herrero): La vicepresidenta en los puntos del orden del día inmediatamente anteriores a este ha mencionado que se han creado unos grupos de trabajo en
el marco del acuerdo con las organizaciones sindicales en cuanto a Función pública para avanzar en determinados aspectos y materias. Entre estos grupos hay uno dedicado a realizar las adaptaciones normativas necesarias para permitir el acceso a la
jubilación parcial del personal al servicio de las administraciones públicas, previa negociación con las organizaciones sindicales, o al menos uno de los grupos de trabajo creados en función de ese acuerdo abordará esta materia que está dentro
también del acuerdo con las organizaciones sindicales. Una vez que se terminen los trabajos en esos grupos de expertos o se lleguen a acuerdos con las organizaciones sindicales se podrá finalizar y presentar en el Congreso el estudio previsto en la
disposición adicional sexta del Estatuto Básico del Empleado Público.



El señor PRESIDENTE: Señor Nasarre.



El señor NASARRE GOICOECHEA: No me satisface su respuesta por lo siguiente. Es verdad que la disposición adicional sexta no da ninguna fecha al Gobierno para la realización, dice, de este estudio sobre los distintos regímenes de acceso.
No es un grupo de trabajo. El Gobierno legítimamente tiene la facultad de


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hacerlo con las organizaciones sindicales. Desde mi punto de vista, en la aplicación estricta de la ley lo que tiene que hacer es remitir un estudio, que además me parece muy pertinente -por eso ya hace un año hacía esta pregunta-, porque
tenemos ante nosotros la necesidad de tomar decisiones importantes en relación con la jubilación de los funcionarios públicos. Por ejemplo, hay una que es esencial en este año en relación con los funcionarios docentes porque, como sabe el
secretario de Estado, vence el plazo de jubilación anticipada de la popularmente llamada por los docentes Logse, que finaliza en el año 2010. Por tanto, el Gobierno tiene que tomar una decisión que es importante, que afecta a centenares de miles de
funcionarios y parecería muy oportuno la evacuación de este estudio al Congreso de los Diputados. Aprovecho este momento para formular la petición o la reclamación al Gobierno para que realice esta previsión contenida en el Estatuto del Empleado
Público.



El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.



El señor SECRETARIO DE ESTADOS DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y PARLAMENTARIOS (De Francisco Herrero): Contesto con un poco más de detalle, porque veo que entre los grupos de trabajo constituidos por el acuerdo citado de septiembre de 2009 hay
uno específico sobre previsión social, que incluye efectivamente el análisis de este compromiso de desarrollo de la jubilación parcial, más otros relativos a la normativa de las clases pasivas del Estado. Obviamente, reitero, no ha finalizado su
trabajo, pero le puedo detallar que hasta la fecha han tenido al menos dos reuniones. Se está realizando un trabajo de análisis conjunto y se está a la espera de que se produzca a la mayor brevedad posible una tercera reunión para avanzar en las
materias que tiene asignado este grupo de trabajo.



- BALANCE DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DURANTE EL AÑO 2008 (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/53720). (Número de expediente 181/001774.)


El señor PRESIDENTE: Señor Nasarre.



El señor NASARRE GOICOECHEA: Con el permiso del señor presidente, antes de pasar a la siguiente pregunta quiero hacer un comentario final en relación con lo anterior. Pido que traslade al Gobierno el interés de este estudio. Si no se
produce una respuesta suficiente en un tiempo razonable, me permitiré de nuevo reiterar la pregunta y la reclamación del mismo.



La pregunta número 9 se refiere al balance de la oferta de empleo público durante el año 2008. Lo hemos tratado abundantemente en la sesión con la vicepresidenta primera del Gobierno. Mi pregunta está planteada en los siguientes términos:
¿Cuántos fueron los nuevos ingresos producidos a lo largo del año 2008? ¿Puede el Gobierno suministrar una relación de los mismos por ministerios y por cuerpos de funcionarios de la Administración General del Estado? ¿Se ha producido una
disminución real del personal en el conjunto de la Administración General del Estado o por el contrario ha tenido lugar un incremento de los efectivos? Sobre esto último, los datos públicos que figuran en el registro central de personal -es el que
yo utilizo para conocer los efectivos de personal- dicen que a lo largo del año 2008 el sector público se ha incrementado en 54.054 funcionarios.
Evidentemente, en la Ley de Presupuestos para el año 2008 la tasa de reposición era del cien por cien
y había abundantes excepciones. Esto nos demuestra que el análisis que hago de estas limitaciones de las reposiciones no sirven para nada, sino que sigue aumentando mucho el número de efectivos de la Función pública, como ocurrió ya en el año 2008,
cuando la crisis estaba absolutamente presente en la realidad nacional. Sabíamos lo que se nos avecinaba así como, en relación con el gasto público al que esto conducía, que en muy breve plazo sería necesario su replanteamiento. En estos términos
va la pregunta que le acabo de formular.



El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y PARLAMENTARIOS (De Francisco Herrero): Al menos tengo que reconocerle que ha ido a buscar la fuente oficial, la fuente fidedigna, que es el registro central de personal, que
efectivamente es el lugar en el que constan los números oficiales de funcionarios de la Administración del Estado.



La información que le puedo facilitar es que durante el año 2008, año al que se refiere la pregunta, comparando los efectivos entre el 1 de enero de 2008 y el 1 de enero de 2009, habría habido un crecimiento muy moderado del número de
funcionarios de la Administración General del Estado, que estaría en torno a un incremento global del 2,4 por ciento, y sería fruto más bien de un crecimiento más intenso en sectores como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o las Fuerzas
Armadas. En todo caso, este crecimiento es también menor que el experimentado en ese mismo periodo por las comunidades autónomas, que representan un crecimiento mucho mayor que el del Estado si lo analizamos en términos absolutos: 3.600 nuevos
efectivos correspondientes al Estado por 32.600 nuevos efectivos correspondientes al conjunto de comunidades autónomas. De manera que en términos absolutos las comunidades autónomas habrían crecido diez veces más que la Administración del Estado.
Tengo datos sobre periodos más amplios -entre enero de 2004 y julio de 2009 el empleo en el conjunto de las administraciones públicas habría crecido un 13 por


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ciento-, pero coinciden básicamente con los que la vicepresidenta del Gobierno acaba de exponer en la comparecencia anterior, por lo que me permito no volver a trasladárselos a sus señorías.



El señor PRESIDENTE: Señor Nasarre.



El señor NASARRE GOICOECHEA: Efectivamente, señor secretario de Estado, los 54.054 a los que yo me he referido es el 2 y pico por ciento del conjunto de funcionarios o de personal del sector público. Permítame un solo comentario, una
observación. Es verdad que los incrementos en el decenio 2000-2010 -viene también en el registro central de personal- se refieren básicamente a las comunidades autónomas -son las que han crecido muchísimo más-, pero decir que cómo ellas han crecido
tenemos que encogernos de hombros y no podemos hacer nada choca con los planteamientos de la Ley de Presupuestos, cuyo artículo 22 dice: Sector público es Administración General del Estado, organismos autónomos, Seguridad Social, comunidades
autónomas, ayuntamientos, etcétera. Engloba todo. Y dice: Y aplica a todo el sector público una serie de previsiones que hay que cumplir de carácter legal. Por tanto, o el Estado cumple con las normas que aprobamos en las Cámaras, en las Cortes
Generales, o estamos en un mal camino. Cuando oía a la vicepresidenta primera del Gobierno achacando los males al incremento de personal de las comunidades autónomas pensaba que algo tiene que decir el Gobierno de la nación en cumplimiento de una
disposición que la Ley de Presupuestos de cada año le plantea y las mismas obligaciones que aquí marcamos el conjunto de los parlamenp.



Este es simplemente el comentario que quiero hacer, señor secretario de Estado, para su reflexión y la del conjunto del Gobierno.



El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, ¿quiere decir algo?


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y PARLAMENTARIOS (De Francisco Herrero): Asistiendo a la comparecencia de la vicepresidenta, tampoco he visto que haya achacado ningún mal a las comunidades autónomas. Solamente
constataba una realidad, que es que la mayor parte del incremento al que S.S. hace referencia en el año 2008 es responsabilidad -no culpabilidad, porque no hay tal- del incremento producido en funcionarios de las administraciones autonómicas. Eso
es lo único que se debe constatar.



Su señoría tiene razón en que en las leyes de Presupuestos Generales del Estado hay algunos artículos que tienen carácter básico y que son aplicables a todas las administraciones públicas, pero son las Cortes Generales las que declaran el
carácter básico de esos artículos. No puede el Gobierno exigir el cumplimiento de la legislación a otras administraciones públicas.



¿Qué es lo que puede hacer el Gobierno en materia de empleo público? Como también ha dicho antes la vicepresidenta, llevar a las comisiones, a los órganos de colaboración interadministrativos con las comunidades autónomas y con las
entidades locales sus propuestas sobre política de empleo y sobre oferta de empleo público para intentar lograr acuerdos, pero, como sabe S.S., no exigir el cumplimiento de una ley. Además, no nos consta que se haya producido por parte de las
comunidades autónomas un incumplimiento de los aspectos básicos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.



- FUNCIONARIOS DE CARRERA EN SITUACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES POR ESTAR COMPRENDIDOS EN LOS SUPUESTOS E) Y F) DEL ARTÍCULO 87 DE LA LEY 7/2007, DE 12 DE ABRIL (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE
184/53968). (Número de expediente 181/001775.)


El señor PRESIDENTE: Señor Nasarre, pasamos al punto 10.º


El señor NASARRE GOICOECHEA: Formulé la pregunta décima porque me interesaba saber cuántos funcionarios de carrera están declarados en situación de servicios especiales por estar comprendidos en los supuestos e) y f) del artículo 87 de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Se refiere, como sabe el señor secretario de Estado, a los órganos constitucionales de carácter parlamentario y a los órganos locales, y le pido la respuesta.



El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y PARLAMENTARIOS (De Francisco Herrero): El número total de estos funcionarios que están en situación de servicios especiales por distintas circunstancias es de 482 a 1 de febrero de
2010. Desglosando por cada uno de los conceptos, los que están acogidos al supuesto previsto en el epígrafe e) del artículo 87, que es el que se aplica a los que acceden a la condición de diputado, de senador o de miembro de asamblea legislativa de
las comunidades autónomas, son 178; y los que están acogidos al epígrafe f), que son aquellos que desempeñan cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusiva en las asambleas de Ceuta y Melilla y en entidades locales, son 304.



El señor PRESIDENTE: Señor Nasarre.



El señor NASARRE GOICOECHEA: Se refiere a 304 en el ámbito local.
(Asentimiento.)


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- NÚMERO DE FUNCIONARIOS DE CARRERA QUE DESEMPEÑAN PUESTO DE LIBRE DESIGNACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/53969). (Número de expediente
181/001776.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 11.º


Señor Nasarre.



El señor NASARRE GOICOECHEA: La siguiente pregunta la formularé más correctamente, porque no todas las veces se formulan con plena corrección. Dice la pregunta cuántos funcionarios de carrera desempeñan puesto de libre designación en la
Administración General del Estado pero lo que quiere decir es cuántos puestos de libre designación hay en estos momentos en la Administración General del Estado, que evidentemente tienen que ser desempeñados por funcionarios.



El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y PARLAMENTARIOS (De Francisco Herrero): Pues a la misma fecha que en la pregunta anterior los datos que aparecen en el registro central de personal son de 7.689 en los distintos
puestos de la Administración General del Estado.



El señor PRESIDENTE: Señor Nasarre.



El señor NASARRE GOICOECHEA: Una simple observación a la pregunta que he planteado y a la respuesta. Nos podrán parecer muchos o pocos los de libre designación, no entro en ello, pero sí quiero decir que en el artículo 180 del Estatuto
básico del empleado público aparece un precepto interesante, que comparto y que dice: Las leyes de Función pública que se dicten en desarrollo del estatuto establecerán los criterios para determinar los puestos de libre designación. Como todavía
no se ha elaborado la ley de desarrollo en relación con la Administración General del Estado, estamos ante una laguna que me parece que no es buena, no es una situación buena. Yo creo que lo importante es que se establezcan criterios objetivos,
claros, nítidos, que incluso puedan ser sometidos a la jurisdicción de los tribunales, si ha habido abuso de poder, para determinar los puestos de libre designación de la Administración.
Evidentemente, el modelo mejor es cuantos menos puestos de
libre designación haya, la Administración estará más profesionalizada. Ese es mi modelo y por tanto iría hacia un criterio restrictivo en cuanto a los puestos de libre designación, sin perjuicio de que en muchos casos de estricta necesidad es la
confianza la que determina la libre designación.
Esa es la observación que transmito al señor secretario de Estado a efectos de la necesidad y de la urgencia de la ley de desarrollo de la Función pública para la Administración General del Estado.



El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y PARLAMENTARIOS (De Francisco Herrero): Solo para que quede también en el 'Diario de Sesiones', aunque estoy seguro de que el señor diputado lo conoce, diré que estamos hablando de
puestos de funcionarios de carrera, que es una forma de provisión ordinaria de determinados puestos, que en vez de hacerse por el sistema de concursos se hace por el sistema de libre designación, y que se aplica a puestos no solo de muy diferente
tipología sino incluso responsabilidad, como puestos de secretaría, etcétera. Puede tener razón en que un exceso en el número de puestos de libre designación podría ser preocupante, pero tampoco creo que estemos en ese supuesto.



- PREVISIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 84.2 DE LA LEY 7/2007 DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/53970). (Número de expediente 181/001777.)


El señor PRESIDENTE: Señor Nasarre.



El señor NASARRE GOICOECHEA: La siguiente pregunta también se refiere al desarrollo, a la aplicación del Estatuto básico del empleado público y es si se ha llevado a cabo la previsión contenida en el artículo 84.2, que se refiere a la
movilidad interadministrativa de funcionarios, que es un aspecto que en el Estado de las autonomías y con tantos funcionarios de las distintas administraciones públicas parece que es una necesidad razonable. El artículo 84.2 tiene un precepto
interesante que dice que hay que formular criterios generales para llevar a cabo las homologaciones necesarias que hagan posible la movilidad, porque sin homologaciones la movilidad se convierte en algo muy arbitrario que puede dar lugar a
consecuencias no deseables. ¿Se ha producido esta elaboración de los criterios generales, ha habido dificultades para ello? En el caso de se hayan establecido me gustaría conocerlos.



El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y PARLAMENTARIOS (De Francisco Herrero): Como el señor diputado


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también conoce, tanto el artículo 84 como todo el capítulo tercero del título V de la ley que menciona, y de acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo de la disposición final cuarta del mismo texto, producirán efectos a partir de la
entrada en vigor de las leyes de Función pública que se dicten en desarrollo de este estatuto. Y hasta que dicho desarrollo se produzca, como señala el apartado tercero de la mencionada disposición final, se mantendrán en vigor en cada
Administración pública las normas vigentes sobre ordenación, planificación y gestión de recursos humanos, en tanto no se opongan a lo establecido en el mismo.



La movilidad voluntaria entre administraciones públicas no ha de obedecer a una voluntad unilateral de las administraciones públicas sino que debe responder a un amplio consenso entre las mismas. Por ello la concreción de medidas de
movilidad voluntaria entre diferentes administraciones necesita que previamente se lleve a cabo tanto el correspondiente desarrollo por ley de la Función pública de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas como del
Estatuto básico del empleado público, y a partir de ahí será factible arbitrar mecanismos de movilidad entre las diferentes administraciones y establecer los criterios generales de homologación por los que me preguntaba S.S., con intervención en
todo caso de la Conferencia Sectorial de la Administración Pública. En este sentido, en el acuerdo alcanzado el pasado mes de septiembre y mencionado varias veces a lo largo de esta tarde se establece que para desarrollar el Estatuto básico del
empleado público se elaborará la Ley de la Función pública de la Administración General del Estado, cuyo proyecto ha anunciado la vicepresidenta que estará en condiciones de ser presentado a los diferentes grupos para observaciones creo que
inmediatamente después del verano. Es a lo que se ha referido en su comparecencia.



El señor PRESIDENTE: Señor Nasarre.



El señor NASARRE GOICOECHEA: Simplemente quiero añadir que por tanto entiendo que no hay criterios generales establecidos. Perdone que tenga la duda de considerar que la exigencia de que existan las leyes de desarrollo tanto de la
Administración General del Estado como las leyes autonómicas sería posponer esto ad kalendas graecas e imposibilitaría o dificultaría sobremanera la movilidad hasta que se produjera ese desarrollo. Su respuesta consiste en decir que hasta que no
haya las leyes de desarrollo tanto de la Administración General del Estado como las de las comunidades autónomas no será posible la aplicación de este precepto. Puede que esté equivocado pero de la lectura de la ley no deduzco esta exigencia de
forma directa. En todo caso, la respuesta que me da es que por ahora no habrá movilidad interadministrativa o que no hay cauces suficientes, que no hay criterios de homologación. Para la eficacia y la eficiencia de las administraciones públicas
creo que este sería uno de los asuntos en los que se necesitaría llegar a acuerdos y a la elaboración de los criterios pertinentes.



El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y PARLAMENTARIOS (De Francisco Herrero): Yo me refería exclusivamente a la entrada en vigor o a la vigencia del precepto por el que se preocupaba S.S., el artículo 84. Yo creo que
la no entrada en vigor o la no aprobación aún de la ley -que en todo caso no será ad kalendas graecas, como dice S.S., sino que la vicepresidenta del Gobierno ha manifestado su compromiso de que esté en un plazo que yo considero que es bastante
breve- no impide que haya movilidad. De hecho, la siguiente pregunta es sobre casos de movilidad interadministrativa entre administraciones públicas. Tengo aquí los datos de los que se han producido a lo largo de ese año.



- MOVILIDAD VOLUNTARIA DE LOS FUNCIONARIOS ENTRE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/53971). (Número de expediente 181/001778.)


El señor PRESIDENTE: Señor Nasarre.



El señor NASARRE GOICOECHEA: Si me lo permite el señor presidente, haré un comentario adicional en relación con la movilidad a la que también se refiere la pregunta última. Yo soy partidario de la movilidad, señor secretario de Estado. Me
parece positiva y me parece que con unas homologaciones objetivas en cuanto a criterios de calidad, de acceso y de cumplimiento de objetivos y de funciones entre las administraciones públicas no debería haber excesivas barreras, y me preocupa que
puedan existir barreras de carácter lingüístico. Lo digo como una observación pensando en el futuro. Si en este tipo de consideraciones, de criterios generales para llevar a cabo las homologaciones se ponen barreras de tipo lingüístico creo que
vamos por muy mal camino. Me gustaría que en los criterios hubiera la máxima movilidad y que no hubiera ninguno de carácter lingüístico que dificultara o imposibilitara esa movilidad entre funcionarios.



La pregunta es, ¿cuáles son los datos de que dispone el Gobierno sobre la movilidad voluntaria de los funcionarios entre las distintas administraciones públicas? Cuántas se han producido en el año 2008 y si se están dando casos de movilidad
de funcionarios entre las administraciones de las comunidades autónomas.



El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.



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El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y PARLAMENTARIOS (De Francisco Herrero): En relación con la movilidad voluntaria de los funcionarios entre las distintas administraciones públicas, en el Registro central de personal
también se anotan los movimientos de los funcionarios de carrera de la Administración General del Estado que dejan de prestar servicio en la misma por acceder a puestos de otras administraciones públicas por los procedimientos de provisión de
puestos de trabajo, así como los funcionarios de otras administraciones públicas que desempeñan puestos de trabajo en el ámbito de la Administración General del Estado.



Los datos de que se disponen a la fecha de su pregunta -que si tuvieran que ser actualizados se podrían actualizar en fechas próximas- nos indican que los funcionarios de carrera de la Administración General del Estado que están en servicio
en otras administraciones públicas por procedimientos de provisión de puestos de trabajo son 272 personas. Los funcionarios de otras administraciones públicas que están destinados en la Administración General del Estado y que tomaron posesión
durante el año 2008 fueron 160 personas. No se tienen datos precisos de la movilidad de funcionarios entre las distintas administraciones públicas de las comunidades autónomas al depender de las correspondientes administraciones públicas en
ejercicio de sus potestades de autoorganización.



El señor PRESIDENTE: Señor Nasarre.



- PREVISIÓN DEL GOBIERNO DE LA SUPRESIÓN DE ALGÚN ÓRGANO ADMINISTRATIVO O ALGUNA ENTIDAD PÚBLICA EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/55189).
(Número de expediente 181/001780.)


El señor NASARRE GOICOECHEA: Antes de la última pregunta le haré un simple comentario. Los datos que me proporciona, señor secretario de Estado, indican que, teniendo en cuenta que hay 2.600.000 funcionarios, la movilidad no existe. Eso
debería ser objeto de preocupación. Creo que es bueno para el país y para la sociedad española que exista una mayor movilidad, como ha existido en otros momentos de nuestra historia, en fin, no estar apegado al terruño. En ese sentido, invitaría a
la Secretaría de Estado de Función Pública a que haga estudios y vea recomendaciones que faciliten la movilidad entre funcionarios.



La última pregunta dice así: Ante la situación de emergencia nacional -esto está escrito en febrero de 2009 y yo ya me atrevía a calificar el momento de emergencia nacional- y necesidad de austeridad y máxima contención del gasto público,
¿ha previsto el Gobierno la supresión de algún órgano administrativo o alguna entidad pública en el ámbito de la Administración General del Estado? El único interés que tiene esta pregunta es el arqueológico, es decir, el que hace más de un año
este modesto diputado ya consideraba que una restructuración del gasto público de los entes administrativos era una necesidad imperiosa. Ha pasado más de un año y no se ha hecho nada en este sentido. Esa es la respuesta. La señora vicepresidenta
ha anunciado en esta misma sesión que nos dará dentro de unas semanas algunas decisiones al respecto. Ya le adelanto que un año y pico después no ha habido ningún tipo de decisión en esta materia. En todo caso, puede decir lo que considere
oportuno el señor secretario de Estado.



El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y PARLAMENTARIOS (De Francisco Herrero): Sí ha habido decisiones en relación con la preocupación del Gobierno por el mantenimiento de los criterios de austeridad y contención del
gasto público. Por ponerle un ejemplo, todos los decretos de restructuración de departamentos ministeriales y de modificación de las estructuras orgánicas básicas de los diferentes departamentos contenían unas previsiones de que la adaptación de
estas estructuras se realizaría siempre compensando la creación de nuevos órganos con la supresión o los créditos presupuestarios existentes con los anteriores, de manera que no se produjera un incremento en el número de puestos de carácter
directivo. No voy a reiterar ahora el contenido de los acuerdos del Consejo de Ministros del último 29 de enero, donde aparece también, como ha anunciado la vicepresidenta, la adopción de medidas para revisar la racionalidad de la Administración
General del Estado y los programas y planes que ha anunciado hoy mismo y que serán presentados de manera inminente con el fin de revisar los programas y políticas de gasto de la Administración sobre reducción de altos cargos y sobre la organización
del sector público empresarial. De todo eso se ha hablado demasiado aquí esta tarde como para hacer ahora un debate sobre este extremo siendo el último punto del orden del día, por lo que me reitero en todo lo que ha anunciado el Gobierno a lo
largo de esta sesión.



El señor PRESIDENTE: ¿El señor Nasarre quiere cerrar el debate?


El señor NASARRE GOICOECHEA: En relación con esta pregunta, usted me ha dicho que sí se ha producido disminución o eliminación de órganos y entidades administrativas. Si eso es así, solicito que me dé una relación de entidades y órganos
suprimidos, si no, me basta con que me diga que no se ha suprimido ningún órgano ni ninguna entidad, y me quedaría satisfecho. Pero si usted dice que se han producido reestructuraciones con supresión o disminución de órganos administrativos


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-como formulo en mi pregunta- o entidades públicas, le ruego que -si no lo puede hacer ahora, no hace falta- me diga exactamente cuáles son las entidades públicas o los órganos administrativos que se han suprimido con la finalidad de
contener el gasto público.



El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y PARLAMENTARIOS (De Francisco Herrero): Lo que le he dicho es que se han tomado medidas que demuestran la preocupación por parte del Gobierno en materia de control del gasto y de
austeridad en el gasto público. Respecto de si se han producido supresiones de órganos administrativos, es evidente que sí, pero no es lo que usted pregunta. Es decir, le podría decir que se ha suprimido el Ministerio de Administraciones Públicas
en el año 2009, pero evidentemente no es esa la pregunta que me hace y por eso no le quiero dar esa respuesta. Lo que le digo es que a lo largo de esta legislatura y próximamente, como ha anunciado la vicepresidenta en esta misma sesión, se van a
estudiar las posibilidades en el llamado programa de racionalización de la Administración General del Estado y del sector público empresarial, donde se adoptarán las medidas que sean necesarias en relación con las reestructuraciones y modificaciones
que tengan que producirse. Así lo ha anunciado recientemente el Gobierno y esta misma tarde también.



El señor PRESIDENTE: Quiero agradecer a todos los presentes su atención y dedicación a la Comisión Constitucional, pero de una manera muy particular permítanme que se lo agradezca a dos personas, a los dos protagonistas de esta especie de
trinca en que ha terminado al final la colección de preguntas del señor Nasarre. Al señor secretario de Estado porque aunque lo es de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, no es la persona que lleva Función pública, pero el cambio en la
secretaría ha hecho que le corresponda, por lo que le agradezco doblemente su comparecencia. Al señor Nasarre, por su cooperación para finalizar esta Comisión de una manera correcta y en el mínimo tiempo posible.



Muchas gracias a todos.



Se levanta la sesión.



Eran las ocho y cincuenta minutos de la noche.