CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2010 IX Legislatura Núm. 457

CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ALFONSO GUERRA GONZÁLEZ

Sesión núm. 14 (extraordinaria)

celebrada el jueves, 7 de enero de 2010

ORDEN DEL DÍA:


Ratificación de la ponencia designada para informar el proyecto de ley general de la comunicación audiovisual. (Número de expediente 121/000045.) ... (Página 2)


Aprobación con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre el proyecto de ley general de la comunicación audiovisual. (Número de expediente 121/000045.) ... (Página 2)

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Se abre la sesión a las doce del mediodía.



RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR EL PROYECTO DE LEY GENERAL DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. (Número de expediente 121/000045.)


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, vamos a comenzar la sesión extraordinaria de la Comisión Constitucional con el orden del día que ustedes conocen de dos puntos. El primero, como es habitual, la ratificación de la ponencia
designada para informar la iniciativa legislativa del proyecto de ley general de comunicación audiovisual. ¿Se ratifica la ponencia? (Asentimiento.) Queda ratificada.



APROBACIÓN CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA SOBRE EL PROYECTO DE LEY GENERAL DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. (Número de expediente 121/000045.)


El señor PRESIDENTE: Segundo punto del orden del día: aprobación con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia, del proyecto de ley general de la comunicación audiovisual.



Hay una serie de enmiendas de los distintos grupos que pasaremos a estudiar según el siguiente procedimiento, a menos que los grupos no hagan uso de todas las posibilidades que se pueden dar. Se permitirá hacer cuatro intervenciones a cada
uno de los grupos si lo estiman conveniente -si lo quieren acortar, así sería-, de manera que la primera intervención, que es la conceptual, englobaría los títulos I y II; la segunda, el título III; la tercera, los títulos IV y V; y la cuarta y
última, el título VI, las disposiciones adicionales y la exposición de motivos. Algunos grupos ya han anunciado que no harán uso de cuatro intervenciones, sino solo de una general. El que quiera hacerlo, así lo hará.



Vamos a pasar entonces a exponer las razones de las enmiendas de los distintos grupos a los títulos I y II englobados. (El señor Cortés Martín pide la palabra.)


Sí, señor Cortés.



El señor CORTÉS MARTÍN: Señor presidente, no sé cuándo es el momento procedimental adecuado para manifestar que en el informe de la ponencia que se nos ha enviado hay algunos errores, que puedo pasar a la Mesa.
Hemos detectado al menos
diez y algunos otros menores y puramente gramaticales. Quiero que quede constancia de que también hay errores en la publicación de las enmiendas, por los menos en las de nuestro grupo.
En las enmiendas que nosotros presentamos en el registro
habíamos subrayado lo que añadíamos o sustituíamos y tachado lo que suprimíamos.
En la publicación de las enmiendas no aparece nada de esto y, por tanto, puede haber error en la información que han tenido los demás grupos. Como comprenderá el
señor presidente, a estas alturas nada se puede remediar, pero quiero simplemente que quede constancia aquí.



Por otro lado, en la ponencia el Grupo Parlamentario Socialista nos informó a los ponentes de que incorporaban una serie de enmiendas y hay cinco que no hemos detectado incorporadas al informe de la ponencia.
Quiero simplemente dejar
constancia en el 'Diario de Sesiones' de que esto es así. Es importante saber las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista que han sido incorporadas, porque en su momento plantearé que algunas de las transaccionales que ha ofrecido el Grupo
Parlamentario Socialista son sobre enmiendas que ya se habían incorporado en el informe de la ponencia y que, por tanto, son enmiendas que no están vivas y sobre las que no es posible la transacción.



El señor PRESIDENTE: Señor Cortés, si es tan amable de pasar lo que considera errores, los repasaríamos ahora con el señor letrado.



En cuanto a las enmiendas transaccionales sobre otras enmiendas, he podido comprobar que, efectivamente, algunas de ellas se apoyan en enmiendas ya incorporadas y, por tanto, esos elementos no quedan como base de la enmienda transaccional.
De todas maneras, ustedes saben que en Comisión el artículo 14 permite presentar enmiendas incluso en el momento en que estamos ahora reunidos y que, por tanto, cualquiera podría presentar ahora un enmienda que no cumpliera estas condiciones. En
todo caso, estudiaremos lo que el señor Cortés nos acaba de presentar.



En primer lugar, hay enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto. El señor Jorquera puede proceder a la defensa de sus enmiendas.



El señor JORQUERA CASELAS: En primer lugar, quiero aclarar que nada más voy a hacer una intervención en nombre del Bloque Nacionalista Galego para explicar nuestras enmiendas y fijar posición global con respecto a este proyecto de ley.
Dado que no somos miembros natos de esta Comisión, participamos en la misma para defender nuestras enmiendas y repartiremos el tiempo con nuestros compañeros de Coalición Canaria. No obstante, quiero manifestar en primer lugar que el BNG sigue
discrepando del método y de los plazos establecidos para el debate de un proyecto de ley que entendemos fundamental. El hecho de que en su momento se aplazara la sesión de la Comisión prevista para diciembre y se haya establecido esta nueva fecha
no modifica la valoración que nos merece una tramitación que entendemos que es exprés y que ha impedido analizar con el debido tiempo las distintas enmiendas presentadas y mantener la interlocución necesaria entre los distintos grupos para explorar
la disposición a llegar a acuerdos.



Hecho este comentario, quiero manifestar que el BNG ha presentado cincuenta y siete enmiendas a este proyecto de ley, de las cuales tres han sido incorporadas a


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ponencia, las números 25, 76 y 77, y otras diez han sido objeto de propuestas de transacción. En este sentido, quiero manifestar nuestra disposición a aceptar las propuestas de transacción a las enmiendas del BNG números 22, 27, 38, 43, 54,
72 y 74, porque, aunque las propuestas de transacción no atienden a la integridad de nuestras enmiendas, desde nuestro punto de vista introducen mejoras en el texto original. No ocurre así con las propuestas de transacción a nuestras enmiendas
números 32, 41 y 53, que desnaturalizan el contenido de nuestras enmiendas y, por tanto, no las aceptamos.



En consecuencia, mantenemos vivas cuarenta y siete enmiendas, que paso a defender lo más brevemente posible en un único turno de intervención, dado que no somos miembros natos de esta Comisión. Estas cuarenta y siete enmiendas pretenden
mejorar el proyecto de ley en varios aspectos que para nosotros son fundamentales y que nos merecen una especial preocupación. En primer lugar, asegurar la protección a la producción cinematográfica europea, con especial atención a la producción
independiente y a la producción en las lenguas cooficiales distintas del castellano. Este es el objetivo de nuestra enmienda número 49 al artículo 5.3, para la que solicitamos -y lo comento expresamente- votación separada. Nuestra enmienda propone
en esencia lo siguiente. En primer lugar, excluir a las series de las obligaciones de contribución de los prestadores del servicio a la financiación de las producciones. La razón de esta exclusión es evitar que los prestadores del servicio
concentren el destino de esta obligación en las series para cubrir de esta manera sus necesidades de parrilla y financiar a través de esta vía a sus propias productoras, lo que actuaría en detrimento de la producción cinematográfica y, en
particular, de la producción independiente. En segundo lugar, determinar con detalle los ingresos computables a efectos de establecer las obligaciones de inversión por parte de los prestadores del servicio. En tercer lugar, asegurar la debida
financiación de las producciones independientes y, en particular, de la producción en gallego, euskera y catalán. Y, en cuarto lugar, establecer el carácter anticipado de esta financiación. La propuesta de transacción número 8, formulada por el
Grupo Socialista, que propone la modificación de la redacción de este artículo, contempla la financiación anticipada pero no recoge el resto de las propuestas e incluso supone un paso atrás con respecto a la redacción inicial del proyecto de ley,
dado que pretende modificar la previsión inicial de que los prestadores de titularidad pública dediquen íntegramente el porcentaje establecido a la producción cinematográfica. Reitero la petición de votación separada de la enmienda número 29, dado
que para nosotros es una cuestión de enorme relevancia proteger los intereses del cine y, en particular, la producción independiente en las distintas lenguas cooficiales, máxime si tenemos en cuenta los desafortunados contenidos de la orden del cine
y la contestación que ha motivado, que nosotros suscribimos.



Por otro lado, diversas enmiendas presentadas por el BNG pretenden definir mejor el respeto a las competencias autonómicas y el reconocimiento efectivo de la diversidad lingüística y cultural a la hora de acometer la planificación en materia
de comunicación audiovisual. Para nosotros es fundamental que las comunidades autónomas puedan diseñar sus propios espacios de comunicación y también que en la planificación y ordenación del sector audiovisual se tenga en cuenta la diversidad
lingüística y cultural existente en el Estado español, dado el papel tan importante que tienen los medios para la cohesión social, para el respeto al pluralismo y para la normalización de las distintas culturas. Algunas de las enmiendas aceptadas o
transaccionadas afectan a estos aspectos, pero hay otros que no están debidamente recogidos y, por tanto, mantenemos vivas el resto de las enmiendas. Es el caso de las enmiendas números 45 y 47, que proponen establecer mecanismos para la
participación de las comunidades autónomas en la planificación audiovisual y en el otorgamiento de licencias; es el caso de la enmienda número 59 que propone no limitar la posibilidad de que en el ámbito autonómico los prestadores públicos puedan
disponer de más del 50 por ciento de las frecuencias radiofónicas. Creemos que esto debe decidirse en el ámbito de las comunidades autónomas y, por tanto, la ley no debe establecer límites en este sentido. Otras enmiendas pretenden una definición
más clara del ámbito competencial de la ley y del consejo estatal de medios audiovisuales. Con respecto al CEMA, las enmiendas 70 Y 71 pretenden asegurar que en su composición se refleje la pluralidad lingüística y cultural existente en el Estado.



Hay un tercer bloque de enmiendas que sobre todo se preocupan de asegurar la prevalencia de los intereses generales en la ordenación del sector dotándolo de una regulación y supervisión pública mucho más exigente frente a una visión
excesivamente mercantilista presente en este proyecto de ley. En este sentido, consideramos que se debe establecer un régimen de autorización para prestar servicios de comunicación audiovisual que vaya más allá de la simple comunicación previa en
el caso de los operadores que no presten servicios mediante ondas hertzianas terrestres.
Este es el objeto de nuestras enmiendas 44, 46 y 49. No vemos razones para establecer un periodo de duración de las licencias de quince años en vez de diez
años -este es el objeto de nuestra enmienda número 40-, y consideramos además que se debe evitar una excesiva concentración empresarial en un sector tan sensible como el de la comunicación audiovisual, que es el objeto de nuestras enmiendas 56 y 57.
Creemos que se deben establecer unos criterios de concesión de licencias mucho más exigentes atendiendo al carácter que tiene la prestación de servicios de comunicación audiovisual de servicio de interés general, y este es el objeto de nuestra
enmienda 48. Se debe mejorar la definición de los criterios de programación de las radiotelevisiones públicas -este es el objeto de nuestra enmienda número 62-, y se debe reforzar la pluralidad


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e independencia del CEMA, así como su capacidad de fiscalización y mediación, y a ello obedecen nuestras enmiendas 69, 72 y 73.



Ya concluyo refiriéndome sucintamente a otros dos aspectos que motivan la presentación de enmiendas por parte del BNG. Por un lado, pretendemos mejorar la calidad en la prestación de este servicio y una mejor protección de los derechos de
los usuarios. En ese sentido, varias enmiendas del BNG pretenden la limitación de la publicidad incluyendo en la misma la telepromoción y autopromoción y asegurar las buenas prácticas publicitarias. Consideramos -y a esto obedece nuestra enmienda
41- que se debe establecer el límite de doce minutos por hora que contemple absolutamente todos los formatos publicitarios, incluyendo la televenta, la autopromoción y la telepromoción, y que se deben reducir de quince a doce los minutos de
teletienda. Simplemente quiero manifestar las críticas formuladas por la Federación Internacional de Anunciantes, que considera que de no modificarse el proyecto de ley en estos aspectos la televisión comercial española será la que tenga más
publicidad de la Unión Europea. Por último, nuestras enmiendas 51, 52, 53, 75 y 78 pretenden el impulso y la protección de los servicios de comunicación comunitarios. Para nosotros es un tercer sector fundamental, junto con la televisión pública y
la televisión comercial, para asegurar el pluralismo y el servicio a la ciudadanía. Consideramos que se debe eliminar la limitación al volumen de gastos de explotación. Si estamos hablando de prestadores de servicios de comunicación audiovisual
que no tienen ánimo de lucro, lo fundamental es que no exista lucro, no limitar el volumen de gastos de explotación. Es necesario asegurar una reserva de las frecuencias en todas las demarcaciones para prestadores de servicios comunitarios, y esto
debe acompañarse de medidas de apoyo y líneas de financiación para el desarrollo de estos servicios, a lo que obedecen también nuestras enmiendas 51, 52, 53, 75 y 78.



Finalmente quiero comentar que las enmiendas incluidas en ponencia no introducen modificaciones sustanciales en el proyecto de ley.
Consideramos que sigue teniendo lagunas evidentes y que sigue pecando de una visión excesivamente
mercantilista. Si en Comisión no se introducen modificaciones sustanciales, el BNG mantendrá una posición crítica contraria al conjunto de este proyecto de ley.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Oramas.



La señora ORAMAS GONGÁLEZ-MORO: Quiero decir que las numerosas enmiendas que había presentado Coalición Canaria tenían una serie de objetivos. En primer lugar, garantizar las competencias de las comunidades autónomas; después, unos temas
específicos sobre Canarias, que son los que voy a desarrollar, y en tercer y cuarto lugar dos asuntos preocupantes. La ley estaba muy enfocada al mundo de la televisión y se hablaba de unos temas generales que en relación con el mundo radiofónico
no tenían ningún sentido. Tanto en las enmiendas que presentamos nosotros como en las de otros grupos -a raíz de las admitidas en ponencia en negociaciones posteriores y transaccionales-, creemos que queda bastante resuelto el aspecto de esa
carencia que había en materia de radio fundamentalmente.



En cuanto al tema específico de Canarias -y en esa línea iba la enmienda número 20 de Coalición Canaria-, teníamos una enorme preocupación al hacer las disposiciones derogatorias de las leyes de 2005 y julio de 2009, porque para Canarias era
un tema fundamental que el coste y la garantía de cobertura de la televisión digital terrestre para cada una de las islas fuera equivalente al de las restantes comunidades autónomas.
Este parece un tema sencillo, pero en su momento tuve una
discusión con el famoso decreto de la ley de medidas urgentes en donde se dijo que no hacía falta. Y gracias a Dios que lo pusimos porque en la negociación que se ha tenido en los últimos meses para la extensión de la cobertura de la TDT en
Canarias hemos tenido que alegar ese artículo de la ley para que el ministerio del señor Sebastián, el Ministerio de Industria, reconsiderara la financiación de la extensión de la cobertura de la TDT en Canarias. Es decir, ese artículo ha sido
fundamental, y se ha demostrado en los últimos meses. Por eso, planteamos una enmienda para añadir una nueva disposición transitoria, que sería la undécima, con la siguiente redacción: En el proceso de extensión de cobertura de la televisión
digital terrestre se tendrán en consideración las especiales circunstancias que concurren en Canarias como región ultraperiférica, de modo que las coberturas alcanzadas por el servicio de televisión digital terrestre de cobertura estatal sean
equivalentes a las de las restantes comunidades autónomas españolas, asegurando asimismo un nivel equivalente de cobertura para cada una de las islas. Lo simplifico, si no hubiéramos tenido este artículo, a partir del 1 de enero, que seguimos en
negociaciones con el Ministerio de Industria, en La Palma hoy tendría menos cobertura la TDT que la analógica que existía hasta ahora; y en el Hierro también pasaría lo mismo. No se puede hacer una media de Canarias porque no podemos dejar a una
isla con un 60 por ciento ni con un 50 por ciento de cobertura de la TDT. ¿Por qué pedimos ahora que se instale? Porque nos hemos dado cuenta de que o está en la ley o los técnicos políticos, funcionarios del Ministerio de Industria, no tienen ese
sentido de aplicación de un tema vital para nuestra tierra. Esta enmienda ha sido asumida en ponencia por el Grupo Socialista y los demás grupos, pero parecía importante explicárselo al resto de los grupos parlamentarios.



En la otra enmienda ha habido una transaccional presentada por el Grupo Socialista, pero no resuelve un derecho fundamental de los menores de Canarias como es la problemática de las horas de protección de los menores. Nosotros hemos
planteado una enmienda para que se pueda buscar una solución. Igual que pasa con las elecciones y con todas las cosas de la televisión, si en


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España se considera que los niños tienen que estar protegidos hasta las diez de la noche, no puede ser que los niños canarios no estén protegidos hasta las diez de la noche, porque en dos millones de habitantes hay muchos miles de jóvenes y
niños canarios que tienen el mismo derecho de protección en este país. Yo he visto la redacción y dicen: hora peninsular, las diez de la noche. No señor, si todos los grupos parlamentarios consideran que hasta las diez de la noche en las
televisiones no se puede emitir ni violencia ni sexo explícito ni determinados temas, en nombre de los niños canarios exijo que también se les proteja a ellos. Pido que de aquí a la votación se busque una solución a este asunto, bien por
desconexión o bien porque si hemos decidido las diez, tendremos que aplicarlo a las once, pero tenemos que garantizar el derecho de los niños minoritarios de Canarias. Insisto, si hemos decidido las diez, entonces hay que ampliarlo a las once para
poder cubrir el tema de Canarias, y si no habrá que buscar una solución técnica a este asunto.



El último tema que quiero plantear antes de entrar en la Agencia Estatal de Radiocomunicación, que es el más importante para nosotros, es la enmienda número 18, que es una disposición adicional única, y es el régimen especial aplicable a
Canarias. Como esta va a ser mi única intervención -porque no voy a intervenir en más bloques- sí me voy a permitir leérselas completas a los señores diputados porque es vital, como es vital la subvención al transporte de Canarias o como la
subvención de las tarifas eléctricas, porque si no nunca existirá competencia ni los canarios tendremos posibilidad de tener banda ancha ni en el Hierro ni en La Palma ni en la Gomera, porque nunca sería rentable económicamente para las operadoras.
Este es un tema vital que va a servir, no solo ahora en esta ley, sino para todos los servicios y para el mundo de la información que viene, y que o se resuelve en esta ley o no habrá forma de resolverlo. Me voy a permitir leerles la justificación
porque hay diputados que me han preguntado que qué tiene que ver esto con la ley audiovisual y que quizás, cuando lo oigan, puedan entenderlo.



Disposición adicional única. Régimen Especial aplicable a Canarias. En atención a las especiales circunstancias, lejanía, insularidad y dispersión poblacional que concurren en Canarias como región ultraperiférica, así como a la necesidad
que suponen las telecomunicaciones de banda ancha para la comunicación de contenidos audiovisuales, el Gobierno establecerá en el plazo máximo de seis meses las medidas compensatorias que por razones de cohesión territorial sean necesarias para
compensar el sobrecoste que afrontan los operadores para desplegar servicios de banda ancha en Canarias, debido a los tramos troncales de las redes de telecomunicaciones que interconectan las islas Canarias entre sí y a estas con el resto del
territorio español, y con ello equiparar la disponibilidad y condiciones de acceso a todo tipo de servicios audiovisuales de banda ancha en todas las islas Canarias con las del resto del Estado. Y ahora viene lo importante: Estas medidas
compensatorias serán financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.



Justificación -y creo que debo de aprovechar mi tiempo para esto-: Existe una relación muy estrecha entre banda ancha y servicios audiovisuales. La banda ancha representa el principal cuello de botella para el desarrollo de los servicios
audiovisuales y no debemos olvidar que los expertos vaticinan que, a medio plazo, la televisión hoy hertziana será en gran parte distribuida por cable, es decir, mediante banda ancha. Cada día son más los servicios audiovisuales que se distribuyen
mediante banda ancha y el tráfico generado por estos servicios representa la mayor parte del tráfico que soportan las redes de telecomunicaciones, las autopistas de la información reconocidas por todos como elementos imprescindibles en una sociedad
moderna. Son necesarias porque son las únicas capaces de ofrecer las necesidades crecientes de banda ancha que la sociedad de la información requiere. Los servicios de telecomunicaciones siempre han tenido un mayor coste en Canarias que en el
resto del Estado. No obstante, mientras estos servicios se concretaban en la telefonía y la transmisión de datos de baja velocidad, estos mayores costes no constituían barreras para su desarrollo, debido a que las necesidades de banda ancha que
requerían eran mínimas. El escenario ha cambiado en los últimos tiempos con la eclosión de los servicios audiovisuales y sus necesidades crecientes y cada día resulta más acuciante porque cada día se requieren mayores capacidades. Es una realidad
que la oferta de los servicios audiovisuales en Canarias es inferior a la del resto del Estado español, especialmente de aquellos programas y contenidos que se transportan por redes de telecomunicación en general y que para su distribución la banda
ancha es un elemento clave. La oferta de servicios audiovisuales en Canarias o bien se encuentra limitada o simplemente no existe. Solo aquellos operadores para los cuales no cuenta el sobrecoste de su transporte a Canarias, como es el caso de
Telefónica, ofrecen los mismos servicios. Para el resto de operadores como Ono, Orange o Jazztel el sobrecoste de transporte les obliga a reducir su oferta o simplemente, que es la mayoría de los casos, no ofrecer estos servicios en Canarias.

Existe, por tanto, un déficit de competencia en Canarias motivado por este mayor coste de producir la banda ancha en un territorio alejado y además fragmentado, con una mayor dispersión poblacional. Esta circunstancia se considera probada por la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, como lo demuestran sus recientes resoluciones y estudios, que le han llevado a la conclusión de que son los cables submarinos entre las islas, y entre estas y la península, la causa principal de este
déficit. Con una demanda de banda ancha, en general, y de servicios audiovisuales, en particular, igual o superior a la media estatal, las cuotas de reparto del mercado entre los diferentes operadores de servicios es muy diferente. Asimismo el
Parlamento de Canarias, al igual que la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones,


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ha puesto de manifiesto esta situación por unanimidad.



Efectivamente, los costes de oportunidad que inevitablemente afrontan los operadores para prestar sus servicios en Canarias con relación a prestarlos en otras comunidades autónomas alejan a Canarias de la sociedad de la información en
general y del mercado audiovisual en particular, limitando entre otros factores su oferta como ya se ha indicado anteriormente. Esta circunstancia de carácter estructural -y es lo importante- debe ser compensada con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado, dado que el marco legal existente no permite otras opciones con objeto de evitar que Canarias sea discriminada con respecto al resto del Estado español y así evitar una posible brecha audiovisual.
Indudablemente la conexión
entre Canarias y la Península, y de las islas entre sí, supone un sobrecoste que tienen que afrontar los operadores para prestar servicios de telecomunicaciones en general, y muy especialmente si estos servicios son audiovisuales. Se trata de un
coste hundido, dado que los cables submarinos no tienen entrada y salida de tráfico como los que existen en la Península. Aunque los tramos submarinos a los que nos referimos funcionaran en un mercado competitivo -que, como ha indicado la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones, no es el caso-, los operadores tienen un coste por utilizar esos tramos tanto si son titulares de esas infraestructuras como si son alquiladas.
En cualquier caso, representa un coste diferencial con respecto a
la misma inversión en la Península, y en el caso de las islas no capitalinas resulta crítico, dada la menor demanda y la dispersión de la misma. Es un sobrecoste, en definitiva, debido a razones estructurales, que difícilmente justifica, en
términos de mercado, la inversión de los operadores de servicio para llevar su oferta a Canarias; un sobrecoste que no es nuevo para Canarias, que está reconocido y admitido por el Estado y la Unión Europea, pues también se produce en otros
sectores como la energía y el transporte. Dado que los servicios de telecomunicaciones sobre los que se basan los servicios audiovisuales son servicios de interés general, no servicios públicos, salvo el acceso a la telefonía y el acceso funcional
a Internet, y por tanto no les es aplicable el concepto de servicio universal, parece lógico dar una solución similar a la que se ha dado a los sectores mencionados de energía y eléctrico y, especialmente, por su similitud, al sector del transporte.
En el transporte en Canarias hay impuestas obligaciones de servicio público sobre ciertas líneas interinsulares y bonificaciones tanto en las conexiones entre islas como con la Península. Una posible solución podría ser la imposición de
obligaciones de servicio público para ciertas rutas, imprescindible para la conexión entre islas menores y conveniente en la ruta Canarias-Península, o en su caso una combinación de ciertas obligaciones en servicio público -rutas con islas no
capitalinas- con bonificaciones, de forma que puedan asumir el coste de oportunidad que les supone. Por otro lado, dado que se trata de motivos de cohesión territorial y de que no se trata de servicio universal, parece oportuno que la financiación
se haga con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Para el Grupo de Coalición Canaria esta enmienda es fundamental por un tema de cohesión territorial y de garantía de derechos de todos los canarios.



Por último -y termino-, hemos presentado numerosa enmiendas para mejorar el acceso de los discapacitados a los nuevos sistemas audiovisuales.
Muchas de ellas se han admitido y otras han sido transaccionadas con enmiendas presentadas por
Convergència i Unió -al igual que las de la radio- y por otros grupos parlamentarios. Estamos bastante satisfechos, por lo que ya anuncio que vamos a retirar todas las enmiendas asumidas en las transaccionales aceptadas.



Parecía que íbamos a hacer una ley para regular todo el sistema, pero hay un tema que no ha funcionado en este país, que es la ocupación ilegal del espacio radioeléctrico. Solamente en Canarias -el otro día escuché el número a un
responsable del Gobierno- hay 500 radios ilegales. Me decía un responsable nacional de radio que en España podría haber 5.000 ó 6.000. No parece lógico que, cuando estamos haciendo una ley que habla de todo, no termináramos con esta situación. En
esto pasa como en todo, que cuando son medidas desagradables y las competencias son compartidas al final ninguno las ejerce; no sucede como en las competencias que queremos ejercer las comunidades autónomas. Aquí hay una competencia compartida
comunidad-Estado, pero como hay que cerrar el medio de comunicación y las elecciones son dentro de seis meses, se hace la vista gorda, se echan las culpas unos a otros y, al final, el delegado del Gobierno dice una cosa y el consejero
correspondiente, si es de otro partido, dice otra. Es serio que las fuerzas políticas de este país digan: Vamos a acabar con la ocupación ilegal del espacio radioeléctrico. En ese sentido, Coalición Canaria ha presentado una enmienda
transaccional, después de las conversaciones mantenidas y a la vista de los planteamientos de los demás grupos. Se ha mejorado el texto con varias transaccionales que ayer hizo llegar el portavoz socialista y con las que habían presentado otros
grupos. La presentamos por la competencia específica de la Agencia Estatal de Radiocomunicación en el control del espacio radioeléctrico, emplazando a que en unos meses se desarrolle un reglamento que no permita de verdad que en este país la gente
monte un chiringuito con determinados intereses económicos, políticos o los que sean y que ese chiringuito funcione sin acogerse a ninguna ley, ocupando el espacio, mientras que a las personas y a las empresas serias, que pagan sus impuestos y
cumplen la ley, no se les puede oír, como ocurre en el caso de mi casa, que oigo a las ilegales, pero no puedo oír a las legales, porque su espacio está ocupado por las ilegales.



Por último, señor presidente, quiero llamar a la conciencia sobre los menores canarios porque estamos -¡gracias a Dios!- en la Comisión Constitucional no en la de Industria. Es la Comisión Constitucional la que tiene que velar por los
derechos y libertades de los ciu


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dadanos y, entre ellos, los de los menores. En esta Comisión no puede quedar que los menores de Canarias no tengan el mismo nivel de protección que el resto de los niños de este país.



El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Ridao.



El señor RIDAO I MARTÍN: Si me lo permiten, en este turno relativo al debate de los títulos I y II haré referencia de forma genérica a la posición de nuestro grupo en relación con este proyecto de ley, sin perjuicio de que finalmente
también me referiré a las propuestas de enmiendas transaccionales y otras enmiendas que nuestro grupo mantiene vivas para este debate y su eventual aceptación por parte del grupo mayoritario.



Quisiera evidenciar nuevamente, si me lo permiten -lo hice ya en el trámite correspondiente en ponencia-, lo que para nosotros constituye un auténtico atropello. Lo digo porque, aun cuando nuestro grupo aprecia -lo he dicho más de una vez-
la urgencia de esta ley, atendiendo al apagón analógico previsto para el próximo 3 de abril, es evidente que el Gobierno -y no es la primera vez, tratándose de una cuestión que tiene que ver con el marco audiovisual- quiere una tramitación exprés
para esquivar el debate. El apagón analógico nos parece un falso pretexto, un auténtico cuento chino porque lo cierto es que para el Gobierno y para el Grupo Socialista este es un debate incómodo porque aquí el interés general pasa a un segundo
plano. Lo más relevante es que básicamente se dirimen intereses particulares de grandes grupos de comunicación que además se mezclan con un cálculo y un interés político del Gobierno. Se puede alargar este debate del día de hoy como un chicle,
como se quiera, pero nos parece frívolo que una ley tan trascendente, una ley estructural, una ley -como reza el preámbulo del proyecto- que es la espina dorsal del modelo audiovisual, adolezca finalmente de problemas de forma y de ausencia de
diálogo, pero no con los grupos de esta Cámara, también con algunos actores corporativos y sociales implicados que estos días vienen quejándose públicamente de ello. Es más, se da la paradoja de que hemos leído en los medios de comunicación que el
grupo mayoritario había ofrecido distintos acuerdos a los grupos con los que estaba negociando. Que yo sepa ni este portavoz ni Gaspar Llamazares hemos recibido ninguna llamada estos días para hablar con el Gobierno.



En segundo lugar, esto pone de relieve la constante de estos últimos años de debate audiovisual y de marco normativo que a partir de ahora será más estable, más homogéneo, no disperso como el que había hasta ahora, lo cual evidentemente es
de agradecer, pero evidencia el producto final: un altísimo grado de servilismo del Gobierno hacia algunos grupos de comunicación y también esa opacidad con la que hasta ahora ha venido el Gobierno entretejiendo el modelo audiovisual. Si en una
primera etapa lo que hizo básicamente fue alumbrar a algunos grupos de comunicación afines al Gobierno, ahora lo que intenta es tender la mano a los que le son más desafectos o más hostiles. ¿Cómo lo hace? Facilitando fusiones, propiciando la TDT
de pago y haciendo más grande el pastel de la publicidad. Tras el apagón publicitario de Televisión Española y la absorción de dos televisiones privadas por parte de dos grupos de comunicación, solo habrá dos grupos en el Estado español que van a
concentrar el 90 por ciento de todo el mercado publicitario. En principio el proyecto -luego veremos cómo acaban el debate y las transacciones- no preveía prácticamente limitación de tiempo publicitario. Con esta ley veremos lo que resulta
finalmente del debate y de las enmiendas, pero la mitad del tiempo de emisión podría ir perfectamente dedicado a publicidad, incluidos la telepromoción y el patrocinio, lo cual es un abuso a todas luces, y además, eso no gusta ni tampoco beneficia a
los mismos anunciantes.



Lo que prefigura todo esto, señor presidente, señorías, en nuestra modesta opinión -y podemos equivocarnos-, es un auténtico desguace a medio y largo plazo del sector público audiovisual. Primero fue Televisión Española. Tiempo al tiempo,
lo mismo que pasó en Francia va a pasar con Televisión Española. Ya lo dijimos cuando se aprobó la Ley de Publicidad.



La limitación de la emisión de acontecimientos deportivos de élite; la limitación a cincuenta y dos películas anuales americanas de gran formato; la no emisión de series americanas plenamente competitivas con el sector privado, van a
llevar al hundimiento de Televisión Española en el fondo de las parrillas de las audiencias. Luego van a venir las autonómicas. Ya veremos cómo acaba el debate. El Grupo Parlamentario Socialista oferta una transacción para garantizar, a partir de
algunas enmiendas, la adición de una transitoria que garantice que se mantenga la actividad de las prestadoras de titularidad pública en cualquier caso. Lo cierto es que no hace muchas semanas -y me remito a un hecho fehaciente-, en el marco de la
jornada anual de las distintas asociaciones de televisiones privadas estatales, el presidente de esta asociación agradeció públicamente a la vicepresidenta del Gobierno, no solo su generosidad, sino su profundo sentido de lealtad con el Gobierno.
Además, pidió abiertamente que se pusieran más obstáculos a la viabilidad del servicio público. ¿Cómo lo hizo? Extendiendo a las televisiones autonómicas la eliminación de ingresos publicitarios, por tanto, poniendo abiertamente en cuestión el
actual sistema mixto de publicidad público-privado. En resumen, en tres años, prácticamente, se habrá consumado un auténtico cambio radical de modelo. Lo digo desde la autoridad que nos confiere ser un grupo parlamentario que en su día dio apoyo a
una ley de radiotelevisión de titularidad pública y también, hace casi dos años, del mandato marco que Esquerra apoyó. Lo que se está ventilando aquí es una auténtica amenaza a medio y largo plazo para el servicio público, y lo público a partir de
ahora no va a resultar competitivo con esta ley.



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Debo reconocer que se han incorporado algunas enmiendas de nuestro grupo, particularmente de Esquerra, dirigidas a salvaguardar el ámbito competencial autonómico, porque es una ley pensada y hecha para regular y disciplinar el sector
audiovisual de titularidad estatal. Pero nos parece que no hay garantías suficientes para ello, y luego lo vamos a ver. Por ejemplo, el artículo 1, va a mantener una confusión clarísima sobre el carácter básico de esta ley. Además, no se ha
aceptado una enmienda de nuestro grupo, la número 189, que pretende adaptar este carácter básico que invoca el artículo 1 de la ley a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el alcance del artículo 149.1.13ª, de la Constitución, es
decir, sobre la competencia exclusiva de la regulación de la actividad económica general.



En tercer lugar, esta ley, después de ver las enmiendas y transacciones que han sido ofertadas, todavía hoy ignora la pluralidad lingüística y cultural del Estado, y eso para nuestro grupo es un hecho grave. A pesar de que las televisiones
estatales, públicas y privadas, gozan de un bien de dominio público limitado a través de la concesión de una parte del espacio radioeléctrico, esta ley solo incorpora algunas obligaciones de carácter genérico. Va a persistir el monopolio
lingüístico, en este caso del castellano, porque no se introduce exigencia ni porcentaje alguno en cuanto a las emisiones en otras lenguas distintas del castellano, y con ello, indirectamente y por la puerta de atrás, se refuerza el sector
audiovisual, las producciones, la industria y la cultura que gravita en el entorno de la capital del Estado. En este mismo capítulo quiero poner de relieve una cuestión que nos preocupa de forma importante. Nuestro grupo había propuesto una
solución técnica, bastante razonable, para que aquellas comunidades autónomas que comparten un idéntico dominio lingüístico pudieran gozar de un plus adicional para garantizar la reciprocidad de emisiones con otras comunidades autónomas limítrofes.
De hecho, esa potestad está en la ley pero depende de una autorización que debe recaer en el Gobierno del Estado. En cualquier caso, se impone una tutela inaceptable en una cuestión que hoy ya en pleno siglo XXI no debería ser ningún problema: el
que se pueda ver en cada casa Al Jazeera, en Cataluña Canal Nou o en Valencia TV3, lo cual, hoy por hoy, todavía no es posible.



Esta ley no lo garantiza, no hay una televisión sin fronteras con esta ley. Todo ello -tanto la cuestión cultural y lingüística como la primacía de intereses económicos- se explica porque la concepción del debate del modelo audiovisual en
esta ley parte básicamente de un hecho que es ajeno a la directiva que teóricamente estamos trasponiendo, la número 2007/65.
Esta directiva básicamente establece que los servicios de comunicación audiovisual garanticen la libertad informativa, el
pluralismo y la diversidad de opinión además de la educación y la cultura. Finalmente, lo que estamos trasponiendo es una actividad puramente económica, lo cual me parece una lectura torticera que no se corresponde con la realidad.



Por último, quiero poner de relieve que en el título I ha habido algunas enmiendas aceptadas, como la número 195 al artículo 3, que introducen una mejora de carácter técnico sobre la definición de películas para televisión y de miniseries
televisivas. También hay dos transaccionales, una al artículo 2.6, donde se reconocen las obras de teatro originales como programas televisivos y otra -la número 1, al artículo 1- que reconoce que la presente ley establece las normas básicas en
materia audiovisual, sin perjuicio de las competencias reservadas a las comunidades autónomas. Nos parece una mejora no ostensible del texto del proyecto, pero vamos a apoyarla.



En el título II, se han incorporado algunas enmiendas, como la número 210, al artículo 6, sobre el derecho a una comunicación audiovisual transparente, para garantizar la accesibilidad a las personas con discapacidad; la número 212, al
artículo 7.2, sobre los derechos del menor; la número 4, al artículo 3.2, donde se excluyen del ámbito de aplicación de la ley los sitios web de titularidad privada; la número 6, al artículo 4, que mejora la redacción la ley en lo relativo al
derecho a una información veraz y plural. En el apartado del reconocimiento lingüístico, hay algunas transacciones que han sido propuestas en las que no nos reconocemos y así se lo trasladamos al grupo mayoritario, concretamente una que pende de
nuestra enmienda 205 -la transaccional 8 al artículo 5.3- cuya incorporación no tenemos muy clara. Quiero poner de relieve que no hay aspectos esenciales en nuestra enmienda en ese sentido. Tampoco la transaccional 8 a nuestra enmienda 206 al
artículo 5.3, porque no se ve reflejado el reconocimiento de la obligatoriedad lingüística que venimos reclamando. Quiero resaltar que en el apartado del reconocimiento lingüístico ha habido -eso sí- algunas mejoras en el texto original del
proyecto, concretamente la transaccional número 7 al artículo 5.1, a través de enmiendas de Convergència i Unió y del Grupo Vasco. Nos parece una buena transacción. No obstante, esta enmienda transaccional que también vamos a votar favorablemente
queda muy lejos de lo que pretendía Esquerra ya que de nuevo solo se reconoce la responsabilidad de la promoción de las lenguas propias a cada comunidad autónoma en su ámbito respectivo. No compromete ni corresponsabiliza al Estado, lo cual nos
parece insuficiente.



El señor PRESIDENTE: Señor Llamazares.



El señor LLAMAZARES TRIGO: Izquierda Unida considera que este debate es apresurado, exprés y que intenta eludir un debate más de fondo tanto en la sociedad española como en el Congreso de los Diputados. Hemos sido invitados después de la
festividad de Reyes a una comida rápida y de baja calidad mientras el sector, fundamentalmente las televisiones privadas, han sido invitadas por el Gobierno a una comida a la carta durante un largo periodo que ha determinado finalmente las líneas
fundamentales de esta ley. Se puede decir que, si el medio es el mensaje, en esta ley el procedimiento es el mensaje, el mercado es el mensaje y el pacto con Uteca es el mensaje.



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Mediante esta ley, nosotros somos solo un sucedáneo, un sucedáneo de un procedimiento parlamentario de baja calidad democrática y también en cuanto a la mejora de los derechos de los ciudadanos en materia audiovisual. Señorías, no tiene
precedente que la regulación por ley de una materia fundamental en nuestra opinión -en estos momentos del consumo de masas de materia y de sueños, más fundamental todavía- termine su discusión únicamente en la Comisión parlamentaria. Esto demuestra
muy a la claras cuál es la calidad democrática de la misma y cuál es la voluntad del Gobierno. Lamentamos haber pasado de una festividad alegre a una celebración amarga, como es una iniciativa legislativa que es un sucedáneo que utiliza a la Cámara
como mero muro de contención, pero realmente no da participación a los diputados y a la sociedad.



Señorías, en nuestra opinión, el contenido también es de baja calidad.
Ante la importancia del sector de lo audiovisual, esta ley debería garantizar, por una parte, un marco de competencia entre la iniciativa pública, la iniciativa privada
y la iniciativa comunitaria, algo que no se garantiza en nuestra opinión; por otra, debería ser una ley de regulación, desde la iniciativa pública, desde lo público, de derechos muy importantes, de derechos básicos de los ciudadanos -creemos que
están más protegidos los derechos de los productores, los derechos de las televisiones privadas, que los de los ciudadanos- y, por otra parte, debería ser una ley que en una fase muy determinada del desarrollo audiovisual diese más carta de
naturaleza a la participación, a la interacción de los ciudadanos. En nuestra opinión, no es así. En primer lugar, esta ley consagra un mercado oligopólico en el sector de la televisión y en el sector audiovisual; en segundo lugar, vuelve a
preferir la autorregulación, que ha fracasado, a la regulación democrática del sector y, en tercer lugar, mantiene una intervención que no se puede denominar pública, sino gubernamental, arbitraria, en el sector, que no puede traer nada bueno.
Queremos recordar al partido del Gobierno lo que trajo en su momento una intervención de estas características: nada bueno en el sector audiovisual.



A pesar de que se han incorporado algunas enmiendas transaccionales, no se ha modificado sustancialmente el tenor y la propuesta de esta ley, una ley que, como he dicho antes, es un sucedáneo, una ley pactada fundamentalmente con las
televisiones privadas, que margina a la radiotelevisión pública y los derechos de los ciudadanos. No es de extrañar que esta ley no haya sido dialogada, negociada y acordada en base a la geometría variable. No es verdad. No es cierta esa
información de que con unos se negocia una cosa y con otros se negocia otra. No ha sido así. Se ha negociado así la parte del león, la parte más importante de la ley, en un determinado sentido -legítimo-, en el sentido de la negociación con el
centro derecha, pero en absoluto con la izquierda de la Cámara, a la cual se le han propuesto algunas transaccionales menores que no cambian la propuesta inicial del Gobierno, que nos llevó a presentar una enmienda de devolución. ¿Por qué,
señorías? Porque elude un capítulo fundamental, el reconocimiento del servicio público del conjunto del sector. Reconoce únicamente el servicio público para la radiotelevisión pública, como si en el resto de los casos no existieran garantías y
compromisos de servicio público. En relación con la regulación, establece un consejo que podríamos denominar divergente o no convergente, que no tiene competencias ni autoridad. Un consejo sin competencias y sin autoridad es una apuesta por la
autorregulación fracasada del sector. Ahora se habla de regulación de los anuncios, de regulación del horario de programación. Señorías, se ha estado vulnerando de forma clara durante los últimos años y no hay ninguna razón para ver en esta
regulación del Gobierno que no se siga vulnerando este criterio de protección de los consumidores en los próximos años. Lo mismo queremos manifestar respecto a una licencia de 15 años, que nos parece totalmente desmedida; a la desprotección de la
cinematografía española y con la publicidad, también desmedida. Si bien se han incorporado algunas enmiendas relativas a los servicios audiovisuales comunitarios, coincidimos con los representantes de estos servicios audiovisuales en que se
establecen limitaciones muy importantes que prácticamente pueden negar un futuro para esta iniciativa que forma parte, en nuestra opinión, de la pluralidad necesaria en el sector audiovisual.



Señorías, lamentamos reconocer en esta ley no solamente un mensaje, sino un procedimiento de baja calidad democrática; mensaje y procedimiento de un gobierno que en esta materia demuestra una escasísima sensibilidad social y democrática,
hecho que es de lamentar.



Vamos a mantener buena parte de nuestras enmiendas. A algunas de ellas se han ofrecido transaccionales, diremos a qué enmiendas aceptamos la transaccional, no a todas. Algunas enmiendas transaccionales son de buena fe, otras modifican
mínimamente la propuesta y, por tanto, pretenden anular el mantenimiento de nuestra enmienda, por lo que actuaremos en consecuencia. Tenemos una expectativa y es que como hay un acuerdo entre la mayor parte de los grupos parlamentarios respecto al
consejo, la autoridad competente, finalmente todos votemos de manera coherente, aunque viendo lo sucedido en los últimos días también puede ocurrir que las cosas queden tal y como están, en nuestra opinión, mal. Una ley fallida, una ley sucedánea,
una ley que no se corresponde con el presente y el futuro de nuestro sector audiovisual.



El señor PRESIDENTE: Como legítimamente se están exponiendo consideraciones sobre el procedimiento de la ley, como presidente de la Comisión y en nombre de la Mesa, les diré que estamos intentando -y seguiremos intentándolo- que la
tramitación sea lo más exhaustiva posible.



Tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, el señor Azpiazu.



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El señor AZPIAZU URIARTE: En primer lugar, quiero compartir las críticas de algunos diputados que me han precedido en el uso de la palabra.
Entendemos que esta tramitación realizada de forma precipitada y huyendo del debate, el acuerdo y
el consenso no es la mejor manera de abordar un proyecto de ley de esta importancia. No se ha contado con los afectados -a excepción, como ya se ha dicho, de la patronal de las televisiones privadas, Uteca- ni con las telecomunicaciones ni con los
anunciantes ni con el mundo del cine ni con muchos otros. No se ha contado con las comunidades autónomas, con lo que ello puede suponer de falta de respeto e invasión competencial en algunos aspectos. Tampoco se ha contado con los grupos
parlamentarios, para buscar un amplio consenso en un tema tan importante como es el modelo de comunicación audiovisual. El Gobierno ha buscado el mínimo acuerdo parlamentario necesario que le permita sacar adelante la ley y ha decidido tramitarla
en Comisión con competencia legislativa plena lo antes posible. Ha primado, legítimamente, la supuesta urgencia al acuerdo. El Grupo Socialista y el Gobierno intentaron aprobarlo en una comisión convocada inicialmente para el 23 de diciembre,
cuando aún los grupos parlamentarios carecíamos de las transaccionales propuestas por el Grupo Socialista y del mínimo tiempo para analizarlas. El Grupo Vasco, junto con otros grupos parlamentarios, denunciamos este hecho y hemos ganado unos pocos
días para poder analizar con un poco de detenimiento las enmiendas y las transaccionales propuestas. Podíamos haber celebrado sin embargo esta Comisión al inicio del nuevo periodo de sesiones, puesto que el proyecto enviado al Senado tras la
previsible aprobación hoy por esta Comisión tendrá que reposar en la Cámara Alta hasta que se inicie el periodo de sesiones allá por el mes de febrero. Denunciamos, pues, la urgencia y el modo de tramitar este proyecto de ley. A pesar de ello
nuestro grupo, y siendo muy crítico con el proyecto y con el Gobierno -ahí están nuestras enmiendas-, quiso dar en su día un margen de maniobra al Ejecutivo y en lugar de presentar una enmienda a la totalidad, nos planteamos la posibilidad de pactar
y acordar sobre la base de nuestras enmiendas. Hemos presentado treinta y tres enmiendas a diferentes artículos y aspectos del proyecto, pero ya les adelanto que la finalidad fundamental del Grupo Vasco es que se respeten las reglas del juego y el
marco competencial existente sin obviar otros aspectos importantes, tal como trataré de explicar brevemente a continuación.



De las enmiendas presentadas, doce fueron inicialmente aceptadas, aprobadas por la vicepresidenta primera en conversación mantenida con este portavoz, lo que para nuestro grupo parlamentario constituía un paso relativamente importante. Sin
embargo, con posterioridad y para nuestra sorpresa, el Grupo Socialista tan solo incorporó en ponencia cinco de ellas, ni qué decir tiene que eran las menos importantes, y planteó transacciones para las otras cinco, para las números 163, 170, 173,
180 y 185, que podrían ser aceptadas o debatidas, pero nuestro grupo prefiere que se respeten las enmiendas en los propios términos, tal y como la propia vicepresidenta aceptó. No entendemos este cambio de postura, y si hay alguna reflexión en este
sentido, me gustaría que el Grupo Parlamentario Socialista lo dijera, porque no queda claro quién dirige o manda en esta cuestión: la vicepresidenta dice sí y el grupo parlamentario dice que no o hace transacciones y enmienda a la propia
vicepresidenta; enmienda en algunas de las enmiendas presentadas por nuestro grupo, porque otras ni siquiera las toma en consideración. El Grupo Socialista no planteó ninguna transacción para la enmienda 162 ni para la 176, aceptadas por la
vicepresidenta, con la corrección realizada por la misma a la enmienda 176 en el sentido de que el Estado garantice el espectro, que ella entendía como innecesario y así lo acordamos.
Entendemos por lo tanto, señor presidente, que esta
desautorización a la vicepresidenta no debe producirse y esperamos alguna aclaración en este sentido. A estas dos enmiendas, la 162 y la 176, que no han sido tomadas en consideración de momento por el Grupo Socialista, me referiré más adelante
puesto que son de gran importancia para nuestro grupo parlamentario. Por otra parte, el Grupo Socialista plantea tres transaccionales a las enmiendas 156, 164 y 175 del Grupo Vasco que podemos aceptar.



Al margen de lo comentado y de la aceptación de las transaccionales planteadas, quisiera detenerme en la defensa tan solo de siete enmiendas que son fundamentales para nuestro grupo parlamentario y cuyo resultado final puede condicionar de
alguna manera nuestra posición con relación al proyecto. En primer lugar, me referiré a las enmiendas 157 y 159, que pretenden la modificación del apartado 2 y del párrafo cuarto del apartado 3 respectivamente del artículo 5, del derecho a la
diversidad cultural y lingüística. Con ellas queremos garantizar el respeto a todas las lenguas oficiales del Estado y que ni el gallego ni el catalán ni el euskera queden en la marginalidad y en el olvido. Con las enmiendas se pretende garantizar
una cuota para la segunda lengua, acorde con el peso poblacional de las comunidades autónomas donde son oficiales. Sin dichos incisos, que son los que nuestro grupo presenta, se corre el riesgo real de que en la práctica solo haya una lengua y esta
sea el castellano. Para nuestro grupo este tema es importante, puesto que la lengua es también un tema de accesibilidad. Entendemos que estos apartados deben contemplar un trato igual de favorable que cuando se trata de accesibilidad en el
artículo 8, desarrollado posteriormente en la disposición transitoria quinta. Apoya asimismo lo reflejado en el artículo 40.1 en lo concerniente al servicio público audiovisual, donde se afirma que los prestadores del servicio público de
comunicación audiovisual atenderán a aquellos ciudadanos y grupos sociales que no son destinatarios de la programación mayoritaria. He de señalar además que al menos en la enmienda 159 la vicepresidenta ofreció la posibilidad de una transacción que
el Grupo Socialista aún no ha presentado.



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Con la enmienda 158 pretendemos que los recursos económicos que vayan a la producción cinematográfica sean más importantes y para ello se propone eliminar las series televisivas como productos financiables con cargo al famoso 5 por ciento.
La enmienda 161 plantea la supresión del primer inciso del párrafo sexto del artículo 5.3, en el que se señala que también estarán sometidos a la obligación de financiación establecida en este artículo los prestadores del servicio de comunicación
electrónica que difundan canales de televisión. Solo así, suprimiendo este párrafo, es posible aplicar debidamente a nuestro juicio el principio de proporcionalidad que debe imperar en la exigencia de cualquier tipo de obligación y evitar una
inadecuada aplicación que puede distorsionar la competencia en el mercado de la televisión. La mera difusión o transporte de la señal de programas audiovisuales cuya responsabilidad editorial corresponde a terceros no es un servicio de comunicación
audiovisual y está, por lo tanto, excluida del ámbito de aplicación de la ley, tal y como lo establece el artículo 2.b del proyecto de ley y el considerando 19 de la Directiva 89/552 de la Comisión Europea. De esta manera se obliga a los
prestadores del servicio de comunicación electrónica a participar en una actividad que les es ajena a su negocio, cual es la producción audiovisual de películas de cine. Esta obligación de financiación genera además una suerte de doble imposición.
Así, un mismo hecho, es decir la emisión de un canal en el que se incluyen productos audiovisuales europeos con una antigüedad inferior a siete años desde su producción, genera la obligación de financiación en dos sujetos distintos: el titular del
canal y el prestador del servicio consistente en la retransmisión. La situación así generada nos parece profundamente injusta y es por lo que pedimos el apoyo del resto de los grupos parlamentarios a esta enmienda de supresión. Sin embargo,
nuestro grupo parlamentario estaría dispuesto a una transacción en la que podemos alcanzar un acuerdo respecto a esta enmienda. Una de las posibles transacciones podría ser la de suprimir una parte del párrafo dejando que estén sometidos a la
obligación de la financiación establecida en este artículo tan solo los prestadores de servicios de catálogos de programas.
Otra alternativa posible sería que en lugar del 5 por ciento, la obligación de financiación fuera por un porcentaje
inferior, por ejemplo, del 2 por ciento, tal y como las directivas europeas recomiendan. Creemos que en ese tema es necesario llegar a un acuerdo en el seno de esta Comisión.



La enmienda 162, como antes decía, había sido aceptada por la vicepresidenta y entendemos que, en coherencia, debería ser aceptada por el Grupo Parlamentario Socialista y votada a favor. Con dicha enmienda se pide la adición de un párrafo a
continuación del párrafo octavo del apartado 3 del artículo 5 con el siguiente texto: Ello no obstante, para las emisiones de cobertura limitada al ámbito de una comunidad autónoma con lengua propia, dicho control y seguimiento corresponderá al
órgano audiovisual autonómico competente. Creemos imprescindible incluir en este artículo al órgano de control autonómico, introduciendo el criterio del ámbito de aplicación de las emisiones realizadas por medios con ámbito de cobertura superior al
de la comunidad autónoma con lengua propia cuando únicamente emitan dentro de ese territorio.



Con la enmienda 174 queremos que se garantice que los programas y contenidos de la televisión en movilidad respeten la diversidad lingüística del Estado español. Para ello proponemos modificar el apartado único del artículo 34 relativo a la
televisión en movilidad incluyendo en el mismo un inciso en el que se hace referencia a que se deberán garantizar programas y contenidos de ámbito autonómico en todas las lenguas oficiales. El Grupo Parlamentario Socialista nos ofrece una
transacción para nosotros inaceptable y que votaremos en contra si no se modifica en los términos a los que me he referido. Esta es una cuestión básica para nuestro grupo parlamentario y supongo que lo es también para otros grupos de esta Cámara de
los que espero su apoyo.



La última enmienda a la que me voy a referir en detalle y que también es de gran importancia para el Grupo Parlamentario Vasco es la número 176.
Insisto, esta enmienda, que fue aceptada por la vicepresidenta en los términos que he comentado
anteriormente, no ha sido objeto de ninguna transacción ni comentario por parte del Grupo Socialista. Solicitamos la modificación del apartado 3 del artículo 40 con el fin de suprimir el requisito de la autorización estatal previa cuando existan
acuerdos o convenios recíprocos entre comunidades autónomas para la emisión del servicio público de comunicación audiovisual por ondas hertzianas terrestres de una comunidad o ciudad autónoma en otra distinta. Este requisito supone, a nuestro
juicio, agravar el ya estricto ámbito de las relaciones interautonómicas o relaciones de cooperación horizontales, situación que no tiene parangón en ningún otro Estado federal del entorno. El resto de las enmiendas son de una entidad inferior y
las doy por defendidas. En el caso de que haya alguna propuesta por parte del Grupo Socialista, nuestro grupo se volverá a posicionar de nuevo en relación con ellas.



El señor PRESIDENTE: Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra por parte de Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) el señor Duran.



El señor DURAN I LLEIDA: Intervendré en un solo turno y además lo más breve que sea capaz. En primer lugar, aunque no fue el nuestro uno de los grupos parlamentarios que en su día objetó respecto al procedimiento, lo que como ustedes saben
provocó un aplazamiento de la celebración de esta Comisión, quisiera especificar -no porque tenga intención alguna de sustituir el papel de la Mesa y menos del Gobierno- que en nuestro caso ha habido diálogo y que este proyecto de ley ha tenido
cuatro ampliaciones de plazo de presentación de enmiendas. Ha habido leyes importantes, como la de Extranjería, que han tenido menos plazo de presentación


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de enmiendas, o leyes muy importantes para nuestro grupo parlamentario, especialmente para los diputados de la formación que yo represento, como la conocida públicamente como del aborto, que también han tenido menos plazo de presentación de
enmiendas. Lo que sucede es que cada uno explica las cosas según le va la fiesta. En ese sentido, para mí es mucho más importante el derecho a la vida que el apagón analógico o la regulación del sector audiovisual y, desde ese punto de vista, a
nuestro grupo no se le aceptó ninguna enmienda en la ley del aborto y no por eso expresamos ningún tipo de queja al procedimiento, a pesar -reitero- de que los plazos de presentación de enmiendas fueron mucho menores y de que el trámite fue mucho
más rápido. En cuanto a la avocación a Comisión o a Pleno, hay muchísimas leyes importantes que esta Cámara -y a veces con buen criterio- ha avocado a Comisión, porque normalmente la avocación a Pleno no aporta nada nuevo en el trámite
parlamentario. En ese sentido, quisiera expresar con toda naturalidad, no como réplica a ningún grupo parlamentario sino como derecho a explicar el porqué de nuestra posición, tanto la actitud de acudir a la Comisión el día que estaba convocada
como que entendemos que esta ley no es tan diferente de otras, incluso, reitero, de alguna en particular muy reciente como la ley del aborto, que por otra parte si bien no fue competencia finalmente de esta Comisión, qué duda cabe que el derecho a
la vida es uno de los derechos principales recogidos en la Constitución.



En segundo lugar, nosotros como grupo parlamentario hemos escuchado a todos los sectores, en algunos casos personalmente. Sinceramente, no he podido llegar a todos ellos a título personal, pero en cualquiera de los casos he sido sustituido
en ese diálogo por miembros de nuestro grupo parlamentario y, una vez escuchados, presentamos ciento quince enmiendas a este proyecto de ley. De estas ciento quince enmiendas, treinta y ocho fueron asumidas en ponencia, consecuentemente no tengo
más que añadir.
Tampoco tengo nada que añadir en cuanto a aspectos conceptuales sobre la ley -ya fijé posición en el debate a la totalidad-, y en lo que se refiere a las enmiendas, basta leer el contenido y la justificación de las mismas para
entender cuáles son los objetivos que persiguen las presentadas por Convergència i Unió.



Debo decir que con el grupo parlamentario del Gobierno se han transaccionado un total de treinta y seis enmiendas, que se añaden a las treinta y ocho admitidas en el trámite de ponencia. Entregaré a la Mesa la lista correspondiente. Creo
que es innecesario que las enumere en estos momentos, a no ser que el presidente me lo pida. Ha habido otras enmiendas que serán objeto de retirada por alguna reflexión que haré a continuación y porque en otros casos han sido transaccionadas con
Coalición Canaria o -como se ha hecho referencia antes- con el Grupo Parlamentario Vasco y consecuentemente nosotros retiraremos las enmiendas correspondientes.



En cuanto a las que mantenemos para la defensa en este trámite de Comisión, todas ellas pertenecen al ámbito competencial. Concretamente, sometemos a defensa y votación las enmiendas 340, 341, 355, 360, 364, 368 y 383. Esas son las
enmiendas que este grupo parlamentario mantiene vivas y, por tanto, somete a votación en el transcurso de esta Comisión. Todas ellas son enmiendas -como acabo de mencionar- referidas a aspectos competenciales, ya sea a una ampliación de los
términos de la defensa de la pluralidad lingüística, al respeto a las competencias de las comunidades autónomas o, en el caso concreto de Cataluña, al respeto a las competencias que tiene asumidas nuestro organismo regulador, el Consejo Audiovisual
de Cataluña. Así pues, esas serían las enmiendas, señor presidente, que dejaríamos para la votación.



¿Qué objetivos ha pretendido Convergència i Unió a través de las ciento quince enmiendas presentadas en este proyecto de ley? En primer lugar, garantizar como decía, y lamentablemente con necesidad de hacerlo, en las enmiendas que se
mantienen vivas en este trámite las competencias de las comunidades autónomas y del CAC y por supuesto salvaguardar de esta ley a las televisiones autonómicas. Ni esta ley ni la que en su día suprimió la publicidad de Televisión Española suprimen
la publicidad de las televisiones autonómicas. Es más, quienes conocen bien este tema saben de la salvedad que la Comisión de la Unión Europea ha hecho respecto a televisiones autonómicas, aquellas que tengan una lengua o cultura diferente a las
del conjunto del Estado, en este caso particular la de TV3.



En este conjunto de enmiendas hemos señalado con especial atención, en lo que hace referencia al respeto a las competencias de la televisión autonómica -en nuestro caso particular, como se entenderá lógico, de TV3-, dos. Una es la relativa
al artículo 5, que regula todo lo referente al cine y, por tanto, las aportaciones que las televisiones de titularidad pública deben hacer para la financiación del cine. En el proyecto de ley se indicaba en el apartado 3 del artículo 5, en su
párrafo último, que para los prestadores de servicios de comunicación audiovisual de titularidad pública de cobertura estatal o autonómica esta obligación referida al cine sería del 6 por ciento, dedicada íntegramente a la financiación de la
producción europea de películas cinematográficas.
Con eso se impedía, por ejemplo, a TV3 poder invertir y producir series o miniseries de televisión. En ese sentido, la enmienda transaccionada con el Grupo Parlamentario Socialista va a permitir,
en la medida en que así lo refleja su texto, que una televisión como TV3 pueda continuar emitiendo y produciendo miniseries propias. Los ciudadanos de Cataluña conocen una emisión reciente de miniserie por televisión producida por TV3, Les veus del
Pamano, Las voces del Pamano, que tuvo por otra parte una gran éxito porque era de gran calidad. De acuerdo con lo que establecía inicialmente este proyecto de ley, no cabía poder hacer algo parecido en el futuro y, en cambio, a partir de la
enmienda transaccionada al artículo 5 con el Grupo Socialista, esto se prevé y, por tanto, concluye diciendo que dentro de estos porcentajes, los prestadores de servicios de comunicación


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audiovisual de titularidad pública deberán dedicar un mínimo del 50 por ciento a películas, pero se añade o miniseries para televisión, añadido que no figuraba en el proyecto de ley inicial.



Hay otra enmienda que por su importancia también quiero mencionar -y que ha sido transaccionada con el Grupo Parlamentario Socialista-, que hace referencia al artículo 40.3 del proyecto de ley, cuando dice que la emisión del servicio público
de comunicación audiovisual por ondas hertzianas terrestres de una comunidad o ciudad autónoma en otra distinta podrá ser efectuada siempre que así lo acuerden mediante convenio, exista reciprocidad y reciba autorización estatal previa. Esto
mereció una enmienda por parte de Convergència i Unió, concretamente la 362, que finalmente ha sido transaccionada con el Grupo Parlamentario Socialista, donde se suprime el hecho de que deba recibirse autorización estatal previa. Por lo tanto, lo
que se requiere simplemente es que haya un convenio y, consecuentemente, exista reciprocidad. Además, nosotros acotamos el ámbito de aplicación de este posible convenio a las comunidades autónomas limítrofes y -expresión que debo corregir de la
propia enmienda, aunque, señor presidente, está corregida ya con la transaccional- con afinidades lingüísticas y culturales. Esta es la famosa enmienda de televisión sin fronteras, que no es que solucione definitivamente la cuestión. Esta misma
mañana hablaba con los promotores de una iniciativa legislativa popular que pretende la televisión sin fronteras y encontraban que era un primer paso satisfactorio en los términos en que finalmente queda establecida. También se establecía esta
misma mañana un contacto con la Televisión catalana para expresar si la enmienda a la que antes hice referencia al artículo 5, en cuanto a la capacidad de producción de miniseries por la Televisión catalana, era o no satisfactoria.



El segundo objetivo inicial -inicial, lo remarco- que pretendía nuestro grupo parlamentario con las enmiendas era una reflexión especificada con un conjunto de enmiendas, que optaba por un modelo distinto del que opta el Gobierno en el
proyecto de ley en cuanto a la creación de un CEMA convergente y en consecuencia ligado a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Incluso, nuestro grupo parlamentario proponía -como lo hacen otros grupos parlamentarios- que la sede de
este nuevo CEMA convergente radicara en Barcelona. Debo confesarles que en países europeos se ha optado por modelos distintos, por el convergente que señalaban las enmiendas presentadas por Convergència i Unió o por el que finalmente opta el
Gobierno en su proyecto de ley. Pero nos animaba especialmente la posibilidad de optar por el convergente a los efectos de que dada la sede de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en Barcelona, también el nuevo CEMA, consejo regulador
del mercado audiovisual, pudiera ubicarse en Barcelona. Las conversaciones con el Gobierno han sido clarísimas; se ha mantenido firme con respecto al modelo que prevé el proyecto de ley e incluso se le ha dicho claramente a este grupo
parlamentario que en el supuesto de que la Cámara impusiera un modelo alternativo, el Gobierno no mantendría la sede de este nuevo organismo en Barcelona. Consecuentemente, entendemos que el objetivo que pretendíamos no es posible y, por lo tanto,
retiraremos estas enmiendas referidas al modelo alternativo que en su día sugeríamos en las mismas.



También contemplábamos -y en ese sentido nuestro grupo parlamentario no puede expresar una satisfacción plena- que el nuevo CEMA tuviera mayor intervención y capacidad en el otorgamiento de licencias, como tiene el CAC en Cataluña, el
Consejo Audiovisual de Cataluña, y tampoco hemos encontrado un reflejo positivo por parte del grupo parlamentario o del propio Gobierno, pero conocido es por cualquier otro grupo parlamentario que en muchas ocasiones, en otros proyectos de ley que
se han transaccionado con el Gobierno, no siempre pueden ser aceptadas todas las enmiendas por el Gobierno. Precisamente el sentido de la transacción es tratar de buscar equilibrios y no de imponer unos y otros un determinado criterio. En este
caso el criterio del Gobierno es el que se impone y el nuestro no tiene éxito.



Finalmente, había un tercer grupo amplio de enmiendas -que en algunos casos han sido admitidas y en otros transaccionadas- referentes a la seguridad jurídica en el momento de otorgar y renovar las licencias. Nos parecía -y eso nos motivó a
la presentación de las correspondientes enmiendas- que existía una inseguridad jurídica que no podía permitir el legislador. En ese sentido, las enmiendas transaccionadas por el Grupo Parlamentario Socialista corrigen esa inseguridad jurídica. Por
otra parte, en todo el proceso sancionador, ha habido por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió una pretensión de mayor clarificación y, en ese sentido, en las enmiendas transaccionadas por el Grupo Parlamentario Socialista han quedado
salvadas esas posiciones. Como decía antes, respecto a otras enmiendas presentadas claramente en defensa de las radios comerciales y con relación a la supresión de las conocidas emisiones piratas, me sumo a los argumentos utilizados por la portavoz
de Coalición Canaria, cuya enmienda, que espero que sea transaccionada por el Grupo Parlamentario Socialista, por supuesto votaré para dar contenido real a la creación del nuevo organismo, porque si no, ciertamente, como el propio sector indicaba en
el contexto del diálogo que hemos mantenido con el mismo, era un brindis al sol. En la medida en que se acota la necesidad de desarrollar en un plazo determinado un reglamento, deja de ser un brindis al sol y tenemos por fin un instrumento adecuado
para acabar con las emisiones piratas. Para ser sincero debo decir que en este caso ni los gobiernos autonómicos ni el Gobierno central se atreven a entrar en esa cuestión, por lo que también hay responsabilidad de los gobiernos autonómicos.
Tampoco pueden pretender los gobiernos autonómicos que resolvamos aquello que ellos son incapaces de resolver cuando tienen competencias para hacerlo. Por


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tanto, como ni unos ni otros se atreven, me parece que el modelo que se escoge en este proyecto de ley a través principalmente de la transacción hecha finalmente -espero que se haga- con Coalición Canaria resolvería ese problema, daríamos a
ese nuevo organismo una efectividad y dejaría de ser como antes dije simplemente un brindis al sol.



El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Cortés.



El señor CORTÉS MARTÍN: Señor presidente, estamos reunidos en la Comisión Constitucional y no en la Comisión de Industria porque esta ley no es solo un asunto de telecomunicaciones, sino que tiene que ver con la libertad de expresión y con
el derecho fundamental de comunicación. Así lo ha entendido, y con buen juicio, la Mesa de la Cámara al asignar su tramitación a esta Comisión. En mi grupo parlamentario pensamos, como ya dijimos en el debate de totalidad cuando junto con otros
grupos parlamentarios presentamos varias enmiendas de totalidad a este proyecto, que esta afirmación de que esta ley tiene que ver con la libertad de información y el derecho fundamental a la comunicación tiene consecuencias. Debería haber tenido
consecuencias en cuanto a la forma y al procedimiento de la tramitación, porque parece razonable, y ha sido una tradición en España -es verdad que interrumpida con la llegada al Gobierno de Rodríguez Zapatero- que se ha respetado durante muchos
años, que estas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de los derechos y las libertades fundamentales se traten con el mayor acuerdo posible e incluso casi se decía que si no había un consenso, no se desarrollaban.
Pues bien, no ha sido el
caso en este proyecto. Todos los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, salvo el señor Duran, han puesto de relieve que no ha habido diálogo. El portavoz del PNV ha dicho que ha habido un poco de diálogo, que luego no se ha
respetado, porque lo que había acordado con la vicepresidenta no ha sido respetado.



Quiero dejar bien claro ante la Comisión, como ya lo hice en el Pleno, que desde el Pleno hasta hoy, con el Grupo Popular no solo no ha habido ningún acuerdo, sino que no ha habido diálogo, más allá de la comunicación de unas enmiendas
transaccionales, que quiero también dejar bien claro que carecen de toda relevancia. Agradeciendo formalmente al Grupo Socialista que lo haya hecho, anuncio que no queremos confundir a la opinión pública ante el hecho de que se acepten unas
enmiendas transaccionales en cuestiones absolutamente menores, algunas cuestiones que están tratadas en enmiendas transaccionales con otros grupos parlamentarios. Desde aquí, agradeciendo al Grupo Socialista su disposición, queremos decir que
preferimos rechazar esas enmiendas, porque ninguna -repito- tiene sustancia sobre cuestiones que nos parecen fundamentales de esta ley, que es muy importante.



Evidentemente, como los otros grupos parlamentarios, hemos tenido también contacto con casi todos los sectores implicados que se han dirigido a nosotros, y salvo un sector, al que se ha hecho referencia, todos los demás nos han dicho que con
ellos tampoco ha habido diálogo y desde luego no ha habido acuerdo por parte del Gobierno. Pero si la falta de diálogo y la falta de voluntad de acuerdo son muy negativas y censurables, además se ha impuesto una tramitación atropellada. En nombre
de mi grupo parlamentario quiero agradecer expresamente al presidente de la Comisión Constitucional que con su intervención en varias ocasiones -y en esta sesión una vez más- haya aliviado, en la medida en que ha podido hacerlo, los intentos del
Gobierno y del grupo mayoritario de que este debate vaya con una posición casi, casi de clandestinidad. Ocho portavoces parlamentarios, repito, ocho portavoces parlamentarios, que tenemos posiciones muy diferentes no solo sobre cuestiones generales
sino incluso sobre este proyecto de ley -se ha visto en las enmiendas que hemos presentado y en lo que hemos manifestado tanto en el Pleno, como hoy en la Comisión, en la medida en que ha habido intervenciones sobre cuestiones de las que todos nos
hemos ocupado-, impedimos que esta sesión se celebrase el día 22 de diciembre, como pretendían de una manera insistente el Gobierno y el grupo mayoritario, con convocatorias sucesivas y contradictorias de la ponencia etcétera, y pedimos
conjuntamente, con las firmas de ocho portavoces parlamentarios, que esta sesión se celebrase en el periodo ordinario de sesiones, es decir, en el mes de febrero, atendiendo a lo único que había dicho el Gobierno que era su interés o lo único
confesable o lo único que había confesado, esto es, que esta ley tenía que estar en vigor cuando se produjese el apagón analógico.



En la sesión de la ponencia todos los grupos, salvo el Grupo Socialista, vimos -y así lo corroboraron los servicios técnicos de la casa- que era perfectamente posible que la ley entrase en vigor, con su tramitación en el Congreso y en el
Senado, debatiéndose en Comisión en el mes de febrero en periodo ordinario de sesiones. Pero al final, aquí estamos, un 7 de enero, y mucho nos tememos que no por la agenda del Gobierno sino por la particular de la señora vicepresidenta primera,
que ha querido imponer que esta tramitación pasase lo más desapercibida posible, probablemente por las muchas contradicciones entre lo que se ha hecho en la tramitación de esta ley y de normas anteriores -lo ha apuntado alguno de los portavoces que
me ha precedido en el uso de la palabra- y lo que en otros momentos de su larga historia ha defendido el Partido Socialista. Esta ley, señor presidente -quiero que quede claro en esta primera intervención que, como hemos acordado antes con la
Presidencia, va a ser más larga, y ya anuncio que por parte de mi grupo basta con dos bloques más, no hacen falta cuatro-, no es nuestra ley, y bien lo lamentamos. El sector necesita un marco de libertad y un marco estable. Ojalá la tramitación
del Senado permita que haya un acuerdo que hoy no existe. Por nuestra parte, insisto -y lo digo ahora


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porque no habrá una votación de totalidad-, esta no es nuestra ley, no es una ley con la que nos sintamos políticamente vinculados. Evidentemente, como todas las normas que se aprueban, cuando entre en vigor cumpliremos de la cruz al punto.
Sin embargo, como quiera que en la exposición de motivos se habla en tantas ocasiones de necesidad de consenso, de acuerdo e incluso de favorecer el pluralismo, quiero que quede constancia -adelanto que no hemos enmendado la exposición de motivos-
en el 'Diario de Sesiones' de que acuerdo, al menos con nuestro grupo, no lo hay ni siquiera en las transaccionales que se han presentado, como he dicho antes, y que la referencia al pluralismo es una referencia orwelliana, porque esa misma
expresión se ha utilizado también con otras normas que también vinieron a la Cámara con tramitaciones aceleradas, urgentes, con lecturas únicas, decretos leyes, en las que se decía que para favorecer el pluralismo, donde había tres televisiones
tenía que haber siete, y ahora resulta que también para favorecer el pluralismo, donde hay siete tiene que haber tres. En un momento o en otro, la palabra, el concepto pluralismo está mal utilizado. Yo creo que es en este sin ningún género de
dudas, puesto que ya hemos visto que anunciado solo el proyecto de ley -pero es verdad que se había aprobado un real decreto-ley que lo permitía-, se ha ido a una concentración de actores en este terreno y, por lo tanto, ellos decidirán cómo quieren
hacerlo, pero que no se diga que esto es para favorecer el pluralismo; no, esto es para favorecer la concentración de medios, cosa que es perfectamente legítima, pero desde luego no es para favorecer el pluralismo.



Al artículo 1, señor presidente, hemos presentado una enmienda, la 569, donde pedimos que se reconozca que esta ley afecta a un derecho fundamental y que se debe respetar el contenido esencial del mismo, porque si no esta ley tendría que ser
orgánica. Si en esta ley tratásemos de aspectos que tienen que ver con el contenido esencial del derecho a la libertad de información y a la comunicación recogido en el artículo 20 de la Constitución, esta ley tendría que ser orgánica. Los
aspectos esenciales de este derecho quedan regulados en otras normas y no deberían estar regulados en esta. Pensamos que esos aspectos esenciales ya están regulados en la Constitución, en el Código Penal y en algunas leyes orgánicas como la Ley
orgánica de protección civil del derecho al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen, y la Ley orgánica de protección de datos de carácter personal. Proponemos, en consecuencia, con esta afirmación un apartado 3, al artículo 1,
que pretende dejar muy claro que solo la autoridad judicial podrá adoptar medidas que supongan la interrupción del servicio de comunicación audiovisual o la retirada de contenidos audiovisuales. Esta enmienda, señor presidente, es coherente con las
que hemos presentado al régimen sancionador en otros artículos y que por coherencia del debate me extiendo en ellas ahora unos segundos.
En concreto, la número 601, que impide que un órgano administrativo pueda cerrar un medio audiovisual -esto
solo lo debe poder hacer un juez-, y la 599, en la que pedimos la supresión de las infracciones muy graves, cuya apreciación por un órgano administrativo sin las debidas garantías constitucionales deja un margen amplísimo a la arbitrariedad de un
órgano administrativo. Los comportamientos que se pretenden sancionar con estas sanciones muy graves son muy similares a los ya tipificados en el artículo 510 del Código Penal, porque evidentemente su aplicación, la sanción de esos comportamientos
solo se puede hacer por un juez de lo Penal.



Respecto del artículo 2, en este primer bloque, señor presidente, en nuestro proyecto alternativo hemos presentado doce enmiendas, las que van numeradas de la 570 a la 581. Con ellas pretendemos volver a los conceptos de la directiva que
debemos incorporar y de la que se aparta el proyecto de ley con el consiguiente riesgo, y no menor, de que la Comisión Europea abra un expediente sancionador por mala incorporación de la directiva a la legislación nacional. Proponemos, en primer
lugar, reservar el artículo 2 para los sujetos de la ley, para que quede claro quiénes son los incluidos y quiénes los excluidos, y llevar el resto de definiciones a un anexo. En cuanto a los incluidos, precisamos la definición del prestador de
servicios de comunicación audiovisual para que no quede ninguna duda de que los internautas, los prestadores de servicios de la sociedad de la información y los operadores de telecomunicaciones están excluidos del alcance de esta ley y, por lo
tanto, de su régimen sancionador.



Señor presidente, esta es una cuestión central y la Comisión Constitucional tiene que velar más que ninguna otra para que los diarios digitales, los blogs, las redes sociales, las páginas web o los simples internautas que pueden
intercambiarse contenidos audiovisuales -no digamos los diarios digitales o las redes sociales donde hay contenidos audiovisuales que se difunden y muchos de ellos de manera masiva, como se dice en una de las transaccionales que ha planteado el
Grupo Socialista- tengan garantizado el ejercicio de su libertad sin necesidad siquiera de una comunicación previa y sin temor a una sanción de hasta un millón de euros o el cierre, que son razones suficientes no solo para temer la censura sino para
la autocensura de los medios que ven que pesa sobre ellos esta espada de Damocles en algo que decidirá no un juez sino un órgano administrativo. No se trata de que la red o el mundo de la comunicación audiovisual se rija por la ley de la selva,
porque hay normas que están en vigor. En primer lugar, la Constitución, el Código Penal, la Ley orgánica de protección civil de la intimidad personal y familiar y la propia imagen, la Ley de servicios de la sociedad de la información, para todo lo
que se hace en Internet, o la Ley General de Telecomunicaciones para los operadores de las telecomunicaciones. Es decir, todos estos sectores a los que de manera expansiva pretende incluir como sujetos el proyecto de ley que estamos debatiendo,
están regulados por sus leyes, con garantías, y no de la manera que se hace ahora sujetos a la arbitrariedad. Se podría decir que lo que abunda no daña y que lo que se hace es repetir lo que está dicho en otras normas,


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algunas de las cuales he enumerado ante SS.SS. Pero en este caso las novedades que introduce el proyecto de ley, que queremos corregir, suponen una grave amenaza para la libertad de expresión y el derecho de la información por la ambigüedad
en que están tipificados estos comportamientos, hablando en términos penales, y los márgenes de arbitrariedad que dejan en manos de un órgano administrativo, sin las debidas garantías jurisdiccionales, cuestiones que corresponden a derechos
fundamentales y que según el artículo 53 de la Constitución su tratamiento está reservado a los órganos jurisdiccionales. En cuanto a las definiciones, me remito a los textos de las enmiendas, pero quiero insistir a los miembros de la Comisión de
que se trata de la incorporación del tenor literal de la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual, y que el Gobierno tendrá que explicar por qué se separa sibilinamente de la redacción literal de esta directiva.



Para finalizar este bloque, señor presidente, nuestra aportación a la redacción del artículo 5 se reduce a que la obligación de inversión en cine de las televisiones se haga en proporción a los contenidos que emite cada canal. No tiene
sentido que un canal infantil o un canal solo de animación o un canal temático de documentales de naturaleza o deportivo tenga que invertir en producciones cinematográficas que no puede emitir el canal por su propia naturaleza. Por lo tanto, si
existe la obligación, que sea la de invertir en producciones cinematográficas que tengan que ver con el contenido del canal. La enmienda 586, al artículo 10, tiene que ver con el artículo 1 y con el concepto que tenemos de la libertad de expresión
y de comunicación. Aquí ha habido dos transaccionales sucesivas por parte del Grupo Socialista. La primera en el tiempo era aceptable para nosotros. La segunda ya no porque evita la mención expresa: 'sin que pueda haber injerencia de
administraciones públicas', que es una reproducción literal del artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que pensamos que debía quedar recogido como garantía de que las televisiones, en este caso, tienen que colaborar con la
Administración para que la Administración pueda ejercer su cometido de policía del espectro y su cometido de protección de los derechos de los consumidores y de los menores como consumidores o usuarios más desprotegidos, pero no para las otras
cuestiones que deben estar en el ámbito judicial. Por eso pedimos que se reproduzca literalmente el artículo 10 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos. En la primera enmienda transaccional que nos planteó el Grupo Socialista venía pero en la
segunda ya no, y esta es otra de las razones por las que preferimos no aceptar ninguna de las transaccionales que a este bloque nos ha planteado el Grupo Socialista.



El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Óscar López.



El señor LÓPEZ ÁGUEDA: Señorías, debatimos hoy una ley largamente demandada por el sector audiovisual que, por supuesto, garantiza derechos a los usuarios de la comunicación y a los ciudadanos en general. Me van a permitir que en este
primer turno más extenso haga una primera valoración sobre algunas expresiones que se han vertido verdaderamente duras e injustas sobre la tramitación de la ley, sobre la forma, y a continuación me extenderé sobre el fondo. Se han vertido en la
Comisión adjetivos huecos, vacíos, e injustos además, pero frente a eso está la contundencia de los datos. Permítame que les recuerde cómo se ha tramitado esta ley.
En primer lugar, sin carácter de urgencia, cuestión que sí se hace en muchas otras
leyes. Esta ley no se ha tramitado con carácter de urgencia; se ha hecho con carácter ordinario. En segundo lugar, con cuatro ampliaciones del plazo de enmiendas. En tercer lugar, con más de seiscientas enmiendas recibidas. En cuarto lugar, con
cincuenta y cinco transacciones que engloban el 60 por ciento de las enmiendas que se han presentado. En quinto lugar, cambiando incluso la fecha de una sesión que estaba debidamente convocada por esta Comisión, después de un plante desconocido y
sin precedentes en esta Cámara. Y con más reuniones con colectivos por el Gobierno y por este grupo -estoy seguro y lo puedo afirmar- que en el 80 por ciento de las leyes. Se han tenido que escuchar para una ley tan compleja como esta a
televisiones, a radios, a telespectadores, a radioyentes, a anunciantes, a fabricantes, a consumidores, a representantes de los ciudadanos, a sindicatos. Han sido decenas de reuniones del Gobierno de España y del Grupo Socialista con colectivos
para poder llevar adelante una ley que, como digo, es compleja -claro que sí- como da buena muestra que ningún Gobierno, a pesar de que todos ellos se comprometieron en sus programas electorales, -todos, tampoco los del Partido Popular- fuera capaz
de poner en marcha una ley como esta, ni siquiera con mayoría absoluta en la Cámara. Es más, ni siquiera teniendo un acuerdo con el principal partido de la oposición entonces, el Partido Socialista, siendo ministro el señor Piqué -Por eso es
doblemente desleal lo que está ocurriendo en esta Comisión en esta tramitación-. Es una ley que insisto, sí, es compleja, por supuesto que sí, porque afecta a televisiones, a radios, a telespectadores, a radioyentes, a anunciantes, a fabricantes, a
sindicatos, a consumidores, a trabajadores, a ciudadanos en general; es una ley largamente demandada por el sector, que entiendo que ha conseguido un equilibrio entre distintos intereses, legítimos todos ellos, gracias al diálogo mantenido por el
Gobierno de España y también por este grupo, el Grupo Socialista, que como digo ha incorporado cincuenta y cinco transaccionales que recogen más del 60 por ciento de lo que han planteado todos los grupos.



Señorías, con esta ley vamos a garantizar tener en España un sector audiovisual público y privado fuerte. Por cierto, y para los agoreros del servicio público de televisión, quiero expresar hoy aquí, para que conste en el 'Diario de
Sesiones', la satisfacción del Grupo Socialista por el comienzo de año que ha tenido Televisión Española, una vez más siendo líder indiscutible de la televisión en España con una aceptación altísima del nuevo modelo


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aprobado por este Parlamento, de televisión sin publicidad, que ha supuesto incluso más audiencia para Televisión Española, además de tener un sistema que garantiza su financiación. Por tanto, para aquellos agoreros que presagiaban el fin
de la televisión pública en España, me alegro de que Televisión Española haya arrancado el año siendo otra vez líder indiscutible e incontestable de la televisión en España. Como digo un sector audiovisual público y privado fuerte. Por cierto,
también un sector comercial y sin ánimo de lucro. Quiero recordar que hay una larga reivindicación en este país de aquellas televisiones y radios sin ánimo de lucro que estaban en una situación cuando menos de alegalidad, y gracias a esta ley y a
las enmiendas que hemos transaccionado con distintos grupos se les va a permitir que puedan legalizar su anterior situación, haciéndolo compatible también con algo que mencionaba la señora Oramas y que también es una demanda antigua y justa del
sector en España, que el sector de radio no puede convivir con una piratería como la que existe en estos momentos en nuestro país. Por lo tanto, la transaccional que plantea Coalición Canaria es muy importante -y el Grupo Socialista la va a
aceptar- para que el organismo dependiente del ministerio haga un mapa de esas frecuencias para acometer de una vez por todas la solución a este problema que ya es viejo en este país. Decía que es un sector audiovisual público, privado, comercial y
sin ánimo de lucro fuerte, que va a tener por fin seguridad jurídica. Va a tener una ley única que dé seguridad al sector, pero una ley que también nos homologa al resto de Europa, no solamente en la legislación sino en la creación de ese consejo
de medios audiovisuales, en donde otros países de Europa, la inmensa mayoría, nos llevaban delantera. Incluso algunas comunidades autónomas llevaban delantera al Gobierno de España o al Estado. Cataluña, Aragón y Andalucía tienen ya un consejo
audiovisual que no existía a nivel estatal, y por lo tanto España se homologa no solo al resto de Europa sino a las comunidades autónomas que han ido por delante del nivel estatal en la creación del Consejo Audiovisual independiente.



Por eso me han extrañado algunas afirmaciones que se han hecho hoy cuando se hablaba de la hoja de ruta audiovisual de cómo se ha tramitado la reforma audiovisual en este país. Una vez más vuelvo a los datos que son mucho más contundentes
que algunas afirmaciones genéricas. Fíjense que donde en este país había una televisión pública endeudada y manipulada, hay una televisión pública saneada económicamente y líder, que por cierto acaba de recibir el premio al mejor informativo
mundial de televisión; que donde en este país había dos cadenas privadas nacionales en abierto, hoy hay cuatro; que donde en este país no había límites para impedir el monopolio de la televisión, hoy la hay, por cierto con una ley aprobada en este
Parlamento; que en un país donde no había más que un solo operador en televisión digital terrestre, llamado Quiero TV, que por cierto quebró después de que el Partido Popular le adjudicara toda la licencia de televisión digital terrestre, hoy haya
casi diez operadores nacionales y más de cuarenta cadenas de televisión. No sé si eso es pluralismo o no; desde luego, cuarenta cadenas de televisión y diez operadores son más que uno y creo que sí es pluralismo. Y donde no había Ley General
Audiovisual, va a haber una, que por fin un gobierno ha traído a esta Cámara. Y donde no había un consejo independiente que regulara y que ordenara el sector, lo va a haber por fin en este país.
Aquí sí entiendo discrepancias legítimas de fondo
con el Partido Popular, porque eso sí es ser coherente. Es verdad que en el asunto del Consejo Audiovisual el Partido Popular mantiene una posición un poco complicada y les explico por qué. El Partido Popular ha votado en el Pleno de esta Cámara
una proposición de ley de Convergència i Unió para la creación del Consejo Audivosisual. Lo ha hecho recientemente, ha votado una propuesta de Convergència i Unió en esta Cámara, en el Pleno por cierto. Con posterioridad se montó el Consejo
Audiovisual en la Comunidad de Madrid por doña Esperanza Aguirre -sí-, que desmontó después de ver una polémica con el CAC en Cataluña, pero es que acaba de llegar un proyecto de ley a las puertas de Castilla y León para la creación del consejo
audiovisual en Castilla y León, comunidad gobernada por el Partido Popular. Por tanto, es un jaleo la posición del Partido Popular en relación con el Consejo Audiovisual que, como digo, ha votado en esta Cámara, ha propuesto en comunidades que
gobierna y rechaza en otras comunidades y hoy aquí. Es verdaderamente incoherente. En todo caso, entiendo que el Partido Popular no quiera que haya un órgano independiente que vele por la seguridad jurídica no solo de los operadores, sino sobre
todo de los ciudadanos, porque con esta ley estamos dando garantías y derechos a personas con discapacidad, a menores que van a tener una protección frente a ciertas programaciones de televisión, a ciudadanos en general, por supuesto que sí,
derechos y garantías. Por cierto, lamento también cierta hipocresía y cierto doble discurso que hay en estos temas en lo público y en lo privado, cómo alguno en lo privado suele reclamar y exigir que haya más garantías sobre ciertas programaciones
lesivas con los derechos de los menores o con las personas con discapacidad, y cómo a continuación se hace un discurso liberalizador y de que no haya ningún control sobre este tipo de emisiones. En fin, como digo, una ley compleja, que por supuesto
garantiza derechos, por cierto dentro de un marco general, de una hoja de ruta clara que, como he dicho, ha supuesto modernizar la televisión pública, apostar por el pluralismo, evitar el monopolio de las televisiones privadas en este país, con una
ley aprobada, como digo, en esta Cámara y que supone -ahora sí- seguridad jurídica -insisto- no solo para los operadores, sino también y sobre todo para los ciudadanos.



Me gustaría hacer alguna aclaración -habrá alguna intervención posterior, pero me gustaría dejarlo dicho- en relación con las enmiendas y las intervenciones de los grupos. El Grupo Socialista pedirá votación separada de las enmiendas 118 de
UPyD; la 421, 432, 462 y 481


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de Izquierda Unida; la 18 de Coalición Canaria, no sé si ha dicho la portavoz que retiraban el resto (La señora Oramas González-Moro hace signos afirmativos.), en todo caso -sí- la 18 separada y la 360 de Convergència i Unió. Se han
entregado dos correcciones a dos transaccionales que ya tienen todos los grupos. Una nueva 33, que añade una expresión sobre el servicio público de televisión en todos y cada uno de los canales y una nueva 32, que ha mencionado ya el portavoz de
Convergència i Unió, muy relevante sobre la posibilidad de emisión de televisiones autonómicas en comunidades limítrofes con afinidad cultural y lingüística. Es un asunto muy destacado en Cataluña y en Valencia que definitivamente se podrá resolver
con esta ley por acuerdo entre las comunidades autónomas. Con este texto lo que aclaramos es que se puedan producir esos convenios entre comunidades autónomas pero que, una vez que la televisión autonómica supere su ámbito de actuación, el CEMA, el
Consejo Estatal de Medios, tiene que entrar en juego, o lo que es lo mismo, mientras TV3 emita en Cataluña sería competencia del CAC, pero si supera Cataluña para esas emisiones fuera de Cataluña debe actuar el CEMA. Insisto, se da una solución
definitiva a un problema largamente demandado en esta ley como es que, por acuerdo de las comunidades autónomas, se pueda superar la emisión de la comunidad autónoma por parte de una televisión autonómica.



Por último y en relación con un comentario del Grupo Popular sobre la presentación de las enmiendas, quiero hacer un recordatorio y es que la enmienda transaccional número 42 -y lo digo porque se ha distribuido un juego que no estaba
actualizado- supuestamente transaccionaba la enmienda 627 del PSOE, y en realidad transacciona la 146 de UPyD. Es un error que ya se ha subsanado; por lo tanto, no hay ni una sola transaccional que dependa solo de una enmienda aprobada en
ponencia. Con esto está absolutamente corregido que no quede ni una sola transaccional que, insisto, no dependa de alguna enmienda que no haya sido aprobada en ponencia.



Señorías, hoy vamos a dar un paso muy importante para garantizar seguridad jurídica al sector y garantías de derechos para los ciudadanos con la aprobación de esta ley. No es verdad que el sector audiovisual se limite solo a las
televisiones y a las radios convencionales. Están las televisiones públicas. Con la colaboración de algunos grupos vamos a dar un paso importantísimo en relación con la televisión pública, y es que vamos a garantizar la unión de las tres actuales
empresas que tiene Televisión Española en una sola; algo que ha sido largamente demandado por Televisión Española y que, por cierto cuenta con la unanimidad de los miembros del consejo de administración de Radiotelevisión Española.
Cuando digo
unanimidad me refiero a todos los miembros propuestos por distintos grupos políticos. Todos ellos han demandado que las tres sociedades de televisión se pudieran unificar en una, algo que vienen demandando de antaño todas las direcciones que han
pasado por Televisión Española y que, por fin, se va arreglar en esta ley. Otro asunto muy relevante -pactado, por cierto, con la autodenominada izquierda de esta Cámara, según decía la intervención- es garantizar que aquellas televisiones de
ámbito autonómico que fueron concedidas bajo un régimen concreto lo mantengan, o lo que es lo mismo, impedir la privatización de las televisiones públicas autonómicas. Estos asuntos tan relevantes han sido largamente demandados no solamente por el
sector audiovisual sino por la ciudadanía en general, y por fin se resuelven con esta ley.



El señor PRESIDENTE: Hay algunos grupos que han manifestado que no van a hacer más intervenciones pero hay otros que sí van a hacerlas. Además, luego tenemos una complicada votación. Así que la propuesta del presidente es que nos
detengamos ahora y volvamos a las cuatro y media.
(Varios señores diputados: No, no.) Oigo decir que vamos muy atropelladamente en la tramitación, que todo se hace un poco de tapadillo y luego todo se quiere hacer muy rápido, es un poco
contradictorio. ¿No les gusta a las cuatro y media? (El señor Duran i Lleida pide la palabra.)


Señor Duran.



El señor DURAN I LLEIDA: Señor presidente, no he estado en la reunión formal de portavoces con la Mesa y, por lo tanto, no he podido expresar mi opinión y, si me permite, la expreso ahora. No tiene nada que ver el argumento de que se
tramite rápido o lento con la continuidad o no de la sesión ahora, porque podemos ahorrarnos el almuerzo y continuar trabajando. Hoy es un día, señor presidente, en el que la climatología hace que esté complicado el tema de aviones y horarios para
el regreso.
Esta es una fecha, el 7 de enero que, como usted sabe, surgió de un compromiso en función de que no se pudo celebrar la Comisión el día 23.
Por tanto, propongo la continuidad de los trabajos hasta que se acaben.



El señor PRESIDENTE: No, señor Duran. Cuando hicimos el cambio, reunidos todos los portavoces y el señor Durán estaba también...



El señor DURAN I LLEIDA: No.



El señor PRESIDENTE: Sí, sí, en el hemiciclo, cómo no.



El señor DURAN I LLEIDA: No, no estaba.



El señor PRESIDENTE: Bueno, discutan ustedes lo que quieran, yo mismo pronuncié que teníamos hasta las 9 de la noche y que no quería hacer esto deprisa y corriendo, o sea que no lo vamos a hacer deprisa y corriendo.
Si quieren, en vez de a
las cuatro y media, para terminar antes, nos citamos a las cuatro, pero no lo vamos a hacer deprisa y corriendo. Por la tarde tendrán ustedes la oportunidad, quien quiera intervenir, de hacerlo con una limitación razonable de tiempo, para que en
ningún caso


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se pueda argumentar que en esta Comisión se ha desarrollado un procedimiento acelerado de una ley que efectivamente es importante y que tiene muchas enmiendas; solo la votación nos llevará bastante tiempo, porque es una votación bastante
complicada. (La señora Oramas González-Moro pide la palabra.) Señora Oramas.



La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Y una transaccional que es la parte de debate. Son solo las dos de la tarde y cuando usted nos reunió antes de empezar la Comisión habíamos pensado que a lo mejor esto se alargaba hasta las dos y media o las
tres. Yo les propongo a los portavoces y a usted que la parte de debate la hagamos ahora y empecemos las votaciones a las cuatro, porque además el tiempo se está complicando mucho. Lo propongo incluso por seguir el hilo del propio debate, porque
don Óscar López ha hecho unas manifestaciones y hay alguna persona que las quería matizar, entonces el debate político no hay prisa, podemos...



El señor PRESIDENTE: No, no hay prisa, pero lo que no se puede es decir después que lo hicimos a la hora del almuerzo, que no fuimos a almorzar para terminarlo rápidamente; es lo contrario de lo que vengo oyendo toda la mañana. Me parece
razonable que hagamos las cosas como se hacen habitualmente en la Cámara, nos detenemos y a las cuatro de la tarde continuamos el debate y la votación posterior, que en todo caso no empezará antes de las cinco y media.



Se suspende la sesión.



Eran las dos y cinco minutos de la tarde.



Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.



El señor PRESIDENTE: Vamos a continuar con el debate de la ley general de la comunicación audiovisual. Tuvimos un primer turno referente a los títulos I y II y ahora vamos a entrar en la discusión de las enmiendas presentadas al título
III, del artículo 22 al artículo 39.



El Grupo Mixto no está presente. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Ridao.



El señor RIDAO I MARTÍN: Si me lo permite, voy a defender acumulativamente todos los títulos que restan, de forma que en aras de la brevedad -no sé si otros grupos van a hacer exactamente lo mismo-, podríamos incluso pasar a la votación
antes de la hora prevista.



El señor PRESIDENTE: Perdóneme un momento, señor Ridao.



En principio había anunciado que se empezaría a las cuatro y media y dije que no se votaría antes de las cinco y media. Después, cuando se propuso empezar a las cuatro no pudimos cambiar lo de las cinco y media, y ya estamos prisioneros de
esa hora.



El señor RIDAO I MARTÍN: En cualquier caso, manteniendo la previsión de esa hora para la votación, debo decirle que, informalmente -y no fue comunicado en ningún caso a la Presidencia-, antes del mediodía comentamos con otros portavoces la
posibilidad de ventilar en un solo turno de intervención los títulos restantes, por lo que en todo caso voy a hacer honor a mi compromiso adquirido con otros portavoces y lo voy a ventilar todo de forma conjunta, independientemente de cuándo se
pueda producir la votación.



En relación con el título III, este es un título relativo a la regulación del mercado audiovisual donde debo reconocer que se han producido algunas mejoras que salvaguardan el ámbito competencial autonómico. Aunque hay una enmienda
importante, a la que me voy a referir posteriormente, que tiene que ver con el espacio de movilidad de la televisión para las comunidades autónomas y hay una propuesta de transacción en la que ahora mismo, no nos reconocemos, por lo que no la
aceptaríamos. En cualquier caso, quiero subrayar de entrada la aceptación de la enmienda número 231, al artículo 26, sobre limitaciones por razón de orden público audiovisual a las personas físicas y jurídicas que en ningún caso deban ser titulares
de licencia. También aceptamos la enmienda número 237, al artículo 32, apartado 2, sobre servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro, que se ajusta más al marco competencial en la medida en que es la Administración General
del Estado la que debe garantizar la disponibilidad del dominio público radioeléctrico necesario para la prestación de este tipo de servicios. Hay una enmienda transaccional, la número 22, que se relaciona con el artículo 232, que delimita el
ámbito competencial relativo a los concursos de otorgamiento de licencias, que es una transacción que en este acto aceptamos de forma expresa. En cambio, me permito insistir en las dudas que nos suscita una transacción que se nos propone, la número
29, relativa al artículo 34, porque consideramos que no incorpora los términos de nuestra enmienda. Nuestra enmienda reclamaba que se reservara el 50 por ciento a las comunidades autónomas y a los municipios y esto no se contempla en la
transaccional, con lo cual preferiríamos que, si por parte del grupo mayoritario no hay ningún cambio, se votara nuestra enmienda en los términos primitivos, en los que se presentó en su momento.



En relación con el título IV, señor presidente, este es el título relativo a la regulación de los prestadores públicos de comunicación audiovisual.
Aquí lo más destacado para nuestro grupo es una cuestión que ya ha sido tratada de forma
extensa esta mañana en relación con la reciprocidad de las emisiones entre las televisiones autonómicas. Debo reconocer que, a deferencia de lo que he manifestado esta mañana cuando decía que no íbamos a aceptar en ningún caso los términos del
proyecto de ley, en el sentido de que se condicionaba la reciprocidad de las emisiones a la autorización pertinente por el Gobierno del Estado, hay una propuesta de transacción que hemos conocido luego, que se sustenta sobre


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la base de las enmiendas números 362 de Convergència i Unió, 176 del PNV, 247 de Esquerra Republicana y 470 de Izquierda Unida, que retira toda mención a la necesidad de esa autorización previa por el Gobierno, lo cual nos satisface; pero
también debo poner de manifiesto que no soluciona el problema definitivamente. Estamos allí mismo donde estábamos. Una cosa es que se pueda prever la reciprocidad cuando haya previo convenio entre dos comunidades autónomas que comparten el mismo
dominio lingüístico o mantienen afinidades de carácter cultural, pero si la Administración del Estado no habilita el espectro radioeléctrico necesario no se pueden hacer efectivas esas emisiones. De hecho, la propuesta que nuestro grupo hacía, en
una enmienda que debo reconocer que admite otras posibles soluciones alternativas técnicamente, planteaba la creación de un múltiplex adicional de ámbito autonómico, pero admito que puede haber otras soluciones como la que hoy mencionaba el portavoz
de Convergència i Unió aludiendo a una iniciativa legislativa popular en curso en esta Cámara, que es instar al Gobierno para que sea él quien planifique el espacio radioeléctrico y que, por tanto, modifique el correspondiente Plan técnico de la
televisión digital terrestre, es decir, a través de un múltiplex de titularidad estatal que haga posible que los canales digitales, tanto de radio como de televisión, que emiten total o mayoritariamente en lenguas distintas del castellano, sean
recibidos en un ámbito geográfico distinto a esa comunidad, y que eso en todo caso vaya a cargo del espacio radioeléctrico del que es titular el Estado. Además, en este momento, con el avance tecnológico eso es posible porque se está liberando
mucho espacio radioeléctrico que actualmente ocupan, por ejemplo, las emergencias o la protección civil. En cambio, lo que se nos plantea hoy -y, en todo caso, la situación que se mantiene- es que sean las comunidades autónomas las que cumplan con
ese objetivo en su propio espacio radioeléctrico, lo cual puede suponer -pongamos por caso el supuesto de la Comunidad Valenciana- que haya alguna comunidad autónoma que, tal y como esté la ley, tenga incluso un estímulo para no tener interés alguno
a la hora de promocionar su propia lengua en el momento de acordar con otras comunidades autónomas las emisiones de televisiones en la misma lengua. Por tanto, esa es la propuesta que nosotros mantenemos hoy, aun admitiendo la bondad en este caso
de esa transacción que hoy se oferta y que votaremos favorablemente.



En cuanto al título V, este es un título que nos plantea también una cuestión clave en esta discusión como es la existencia de dos autoridades reguladoras independientes en materia audiovisual. Me refiero a la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones y a la creación en este caso de un consejo audiovisual de ámbito estatal. Nuestro grupo presentó -y hoy mantiene para su discusión y para su eventual aprobación- distintas enmiendas que parten de la consideración de que la
coexistencia de estas dos autoridades reguladoras plantea diversos problemas regulatorios frente a un mercado global en el que los terminales que usan los demandantes de ese tipo de servicios son cada vez más multifuncionales o multiservicios. En
este ámbito nos parece que la oferta de servicios convergentes tiene grandes ventajas respecto a las ofertas tradicionales, tal como viene señalando la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en el informe preceptivo que hizo a esta ley.

Esta mañana el Grupo Popular ha ofertado -la tengo aquí delante- una propuesta de transacción al artículo 44 de modificación sobre el Cemat que nos parece una buena enmienda y que no sé, aunque intuyo que no, si el grupo mayoritario la va a acabar
aceptando; en todo caso nuestro grupo sí. Es una enmienda que propone la creación de un comité audiovisual como órgano en el seno de la misma Comisión Nacional de las Telecomunicaciones que pasaría a denominarse Comisión del Mercado Audiovisual y
de las Telecomunicaciones que además tendría sede, como ahora la CMT, en Barcelona y que dispondría también evidentemente de su propia funcionalidad y de su respectivo ámbito de funcionamiento orgánico y patrimonio propio. Nos parece una buena
enmienda y recomendamos su aceptación por parte del grupo mayoritario y del resto de los grupos de la Cámara.



Acabo haciendo referencia, en el capítulo de las distintas disposiciones, a una cuestión singular y concreta como es el tema de las emisiones pirata. Me ha parecido que esta mañana -y creo que en ponencia también- la portavoz del Grupo
Mixto señalaba que había un acuerdo, una transacción sobre esta cuestión. En todo caso, nuestro grupo planteaba y plantea una enmienda, que es la 270, relativa a la protección del espacio radioeléctrico ante este tipo de emisiones pirata, que
pretende evitar la ocupación de frecuencias de forma ilícita tal como viene produciéndose, por ejemplo, en Cataluña, donde en este momento hay hasta doscientas emisoras sin ningún título habilitante; es decir, casi la mitad de las emisoras que se
pueden captar en Cataluña emiten de forma ilícita. Por tanto, la solución que plantea nuestra enmienda y que, por cierto, viene avalada por el sector radiofónico es la ocupación de ese espacio radioeléctrico de oficio por parte de la Administración
General del Estado para no permitir en este caso la emisión de espacios ilegales. Esa es una solución técnica buena que me gustaría poner de relieve y que se incluye en la enmienda 270 para la que nos gustaría contar con el concurso del conjunto de
grupos de esta Cámara.



El señor PRESIDENTE: Señor Azpiazu, ¿quiere hacer alguna intervención?


El señor AZPIAZU URIARTE: No, señor presidente.



Nuestro grupo de momento ya ha dicho lo que tenía que decir. Salvo que el Grupo Parlamentario Socialista nos haga alguna propuesta en relación con nuestras enmiendas y nos definamos al respecto, no vamos a decir nada más.



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El señor PRESIDENTE: El señor Duran ya anunció que haría solo una intervención genérica.



Señor Cortés.



El señor CORTÉS MARTÍN: El portavoz de Esquerra Republicana ya ha dicho que antes habíamos hablado de la posibilidad de acumular en una única intervención lo que iban a ser las intervenciones de los tres bloques restantes. Por tanto, lo
comunico así a la Presidencia y quizá la intervención que tenga sea una miscelánea desordenada.



Voy a hablar de cuatro puntos: uno, el etiquetado, que tiene que ver con el artículo 12; otro, sobre las radios; otro, sobre las televisiones públicas; y, finalmente, respecto al título V, el consejo estatal de medios audiovisuales.
Aunque sean cuatro, la intervención será breve. Con la enmienda 587 al artículo 12 pretendemos impulsar la autorregulación, el autocontrol y la utilización de las nuevas posibilidades tecnológicas para dar mayor libertad a los ciudadanos a la hora
de elegir lo que quieren ver o lo que no quieren ver, o lo que quieren que vean o no vean sus hijos menores. No podemos estar más de acuerdo con la intervención de la portavoz de Coalición Canaria cuando decía que todos los menores en España
requieren igual protección. Lo que ocurre, señora diputada, es que hemos tenido informaciones muy recientes de estudios que se han ido haciendo y que indican que en estos momentos precisamente los más jóvenes pasan más tiempo delante del ordenador
con Internet que delante de la televisión. La solución moderna, la que permite la actual tecnología no es acudir al horario, porque los niños canarios o los de Soria pueden ver cosas que a lo mejor no deberían ver en Internet si sus padres no
establecen los filtros digitales en Internet; es lo que se llama el control parental, que se puede establecer con toda facilidad y que ofrecen todos los operadores. Es verdad que esto no se puede hacer con la tecnología analógica. Con la
tecnología analógica lo único que cabe es acudir a una regulación de horarios y decir: en tal franja horaria no se pueden emitir contenidos que puedan dañar a los menores. Pero con la tecnología digital sí se puede, y ahí va dirigida nuestra
enmienda, a que sean las propias cadenas las que tengan que etiquetar sus contenidos, no solo para la protección de los menores sino también para la información de los consumidores y usuarios, como la industria alimentaria está obligada a informar
sobre el contenido de los productos alimentarios -por si acaso alguien es celíaco o no quiere tomar determinados componentes- o igual que tiene que dar información la industria juguetera, por decir algo que tenemos muy reciente los padres.



Esto mismo es lo que permite la tecnología digital en la que debería estar pensando el Gobierno a la hora de sacar esta ley, y esa protección no sirve con horarios, sino que hay que hacerla con etiquetado del que es responsable el propio
emisor. Evidentemente, si no informa de manera veraz y dice que no hay violencia donde sí la hay o dice que tiene un contenido para menores cuando resulta que es para mayores, entonces intervendrá el órgano regulador para ver si la información ha
sido correcta, pero a posteriori, porque en estos momentos es tal la multiplicidad de información que puede llegar a través de un aparato digital que es imposible pensar que previamente se pueda ir calificando los contenidos a los que van a poder
acceder. Por eso nos resulta sorprendente que esta ley, que pretende ser el marco de lo audiovisual del siglo xxi, no utilice las tecnologías que ya funcionan en Internet y que pueden y deben funcionar también en la televisión digital. Pensamos
que esto daría, además, satisfacción a la preocupación que con mucha razón ha planteado la portavoz de Coalición Canaria. Insisto, nos importa y mucho la protección de los menores; consideramos que esa es una de las responsabilidades estrictas que
tiene la Administración y nos parece que el mecanismo debe ser este, que es el acorde con las nuevas tecnologías, pero, insisto, en que no es nada distinto de lo que ya está pasando en Internet y con la misma argumentación.



Respecto de las televisiones públicas, referidas en los artículos 40 y 42, planteamos algunas enmiendas como la 593 y la 595. En la enmienda número 593 pedimos que se conceda una mayor libertad en la gestión de las televisiones públicas
para que decidan la modalidad de explotación que prefieren según la política audiovisual de cada comunidad autónoma y sus disponibilidades presupuestarias. En la enmienda número 595, al artículo 42, se impone un límite de un múltiple para las
televisiones públicas y la obligación de emitir al menos un canal en alta definición. Señor presidente, la alta definición es un servicio público de calidad y hay que poner límites razonables a la proliferación de canales públicos y también de
gasto público.



Respecto al título V, que tiene que ver con el consejo estatal de medios audiovisuales, en el debate de totalidad expresé las razones de mi grupo contrarias a la creación de este consejo estatal de medios audiovisuales -el portavoz
socialista adelantó en su anterior intervención argumentos de un debate que todavía no se había producido, porque habíamos acordado que se iba por bloques-, presentando no solo los argumentos, sino también respondiendo al señor López en alguna
medida. La oposición al consejo estatal de medios audiovisuales viene motivada por varias razones, pero interesa dejar muy claro, señor presidente, que esto no significa que no queremos que haya una autoridad reguladora. No vale, por tanto, la
comparación con lo que hacen las comunidades autónomas, porque estas no tienen comisión regional o autonómica de telecomunicaciones. Está en su capacidad de autogobierno decidir cómo quieren organizarse, si quieren o no tener un consejo y cuáles
son las atribuciones que quieren que tenga.
Sin embargo, ya existe la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, que además ya tiene en su seno, aunque no la ha desarrollado, una comisión audiovisual. Lo que pretenden las enmiendas que presentamos
es precisamente que no se cree un órgano nuevo, sino que se utilice el órgano, porque tiene que haber una autoridad administrativa para


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lo que en este caso son competencias de la Administración General del Estado. Ya existe la comisión nacional, y acogiéndonos a varias enmiendas que han presentado otros grupos -entre otros Convergència i Unió, Esquerra Republicana,
Izquierda Unida- hemos planteado una transaccional -a la que se ha referido antes el señor Ridao- donde planteamos la modificación del nombre de la comisión nacional para que pase a llamarse de lo audiovisual y de las telecomunicaciones, en línea
con lo que planteaba Convergència i Unió y algún otro grupo, además de que sea un órgano convergente, no para intentar seducir a Convergència i Unió, sino porque es así como se llama y es la opción política que hemos tenido.
Pero para intentar
argumentar y tranquilizar al señor Duran, quiero decirle que precisamente porque podíamos sospechar que el Grupo Socialista -tal como él ha contado en su intervención- le había dicho que si no había un consejo estatal de medios, el órgano que
hubiese en el seno del órgano convergente no estaría en Barcelona, y como algunos de los argumentos que nos llevan a plantear esta enmienda son la racionalidad, la austeridad administrativa y la eficacia, hemos sugerido en nuestra enmienda -como
bien ha recordado el señor Ridao- que ese consejo estaría en Barcelona, que es donde está la Comisión Nacional de las Telecomunicaciones. Por lo tanto, en ese punto podría estar tranquilo el señor Duran, porque por mucho que en las conversaciones
que hayan mantenido el Grupo Socialista les amenace con que si no se lo llevarían de Barcelona, no es así, porque de prosperar la enmienda transaccional que ofrecemos a los demás grupos que han enmendado este punto -entre ellos Convergència i Unió-
por ley se fija que estaría en Barcelona, donde ya está acordado que se encuentre la sede de la Comisión Nacional de las Telecomunicaciones, que pasaría a llamarse de lo audiovisual y de las telecomunicaciones.



Por fin, señor presidente, en esta miscelánea que anunciaba para acumular todos los argumentos a las distintas enmiendas que quedaban pendientes sobre el bloque principal, que es el que hemos tratado esta mañana, quiero decir respecto a la
radio que consideramos que al igual que hay televisiones nacionales, televisiones autonómicas y televisiones locales se debe dar idéntico tratamiento a la radio. Ese es el sentido de nuestra enmienda número 604, por la que se pretende una nueva
disposición adicional. El Grupo Socialista -por boca del mismo portavoz que hoy actúa en esta Comisión- se comprometió en Comisión a que las cadenas nacionales de radio se reconocieran en la ley general de comunicación audiovisual.
Pues bien, la
enmienda transaccional número 19 del Grupo Parlamentario Socialista sobre la número 527 de Iniciativa per Catalunya Verds, que nos han comunicado, reconoce el derecho a emitir en cadena, pero sin la lógica consecuencia que sería la competencia del
Estado sobre esas cadenas sobre las que son nacionales, como ocurre con las televisiones de ámbito nacional frente a las que son de ámbito regional o local. También en lo referido a la radio había una enmienda del Grupo Socialista, que se enmendaba
a sí mismo, pero la portavoz de Coalición Canaria nos ha anunciado que planteaban una transacción nueva. Por lo tanto, con respecto a las objeciones que teníamos y que había anunciado al principio de mi intervención -lo reitero- sobre las
transaccionales 42 y 43, estamos a ver lo que dispone esa nueva transaccional que se ha planteado, y si es posible porque supone un acercamiento de posiciones entre alguna enmienda que esté vigente, y no porque se amplíe el plazo de enmiendas
simplemente porque el Grupo Parlamentario Socialista quiera evitar que en el Senado se pueda introducir alguna corrección a una ley llena de defectos, y que de esta manera tuviese que volver al Congreso y tener un nuevo debate, que parece que es lo
que produce auténtica erisipela al Grupo Socialista, que haya debates en esta Cámara sobre un tema que claramente les incomoda.



El señor PRESIDENTE: Por el grupo socialista tiene la palabra su portavoz el señor López.



El señor LÓPEZ ÁGUEDA: Voy a tratar de fijar posición en relación con algunos de los asuntos que se han puesto en cuestión. En primer lugar, en cuanto a los comentarios que hacía el portavoz de Esquerra Republicana quiero destacar que, por
fin, con esta ley se va a dar salida a la vieja aspiración que existe en Cataluña, en Valencia y seguramente en otras comunidades autónomas, para que mediante la firma de convenios entre las comunidades se pueda visionar una televisión autonómica en
una comunidad vecina y con afinidad lingüística y cultural. Le pediría al señor Ridao que en este caso se informe un poco mejor y que sea conocedor de que existe una plataforma -seguramente la conoce- en Valencia que ha recogido más de 50.000
firmas -Me apuntan que ya son 300.000 firmas-. (El señor Ridao i Martín muestra un documento.) Yo le pediría que tuviera una nueva conversación después de la ley y verá cómo le dicen que esa plataforma en ningún caso está apoyando que el Estado
esté obligado a dar ningún espacio adicional ni a Valencia ni a ninguna otra comunidad autónoma. Por cierto, no es un problema en el caso de Cataluña que en anteriores leyes que ya aprobamos en este Parlamento, donde no estuvo el concurso de
Esquerra Republicana, se garantizara que Cataluña tenga hasta tres múltiplex y, por lo tanto, tiene espacio más que suficiente para poder sacar adelante nuevas televisiones. Pero, insisto, se pretende imponer una obligación al Estado que ni
siquiera los promotores de la iniciativa quieren. Esos promotores de la iniciativa están planteando que las comunidades puedan conveniar, puedan acordar y puedan abrir, pero no que se obligue al Estado a que detrás de lo que hagan las comunidades
autónomas vaya poniendo encima de la mesa espacio sin tener ninguna capacidad de decisión sobre lo que hacen dichas comunidades autónomas.
Infórmese bien, porque yo sí que he hablado con ellos en más de una ocasión y sé bien lo que plantean. (El
señor Ridao i Martín: Está aquí el texto.) Le pediría también que extremara el cuidado en cuanto a un ejercicio


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que se está produciendo de verdadero filibusterismo parlamentario con relación a una propuesta del Grupo Popular. Hay que hablar sin ambages para que la gente nos entienda. Aquí hay distintas posiciones. Hay un partido que en la
tramitación de esta ley está siendo coherente, como Convergència i Unió, que plantea que haya un consejo audiovisual y que, por cierto, ha defendido siempre que esté en Barcelona, lo cual es legítimo; hay también un partido, como el Partido
Popular, que no quiere que haya consejo audiovisual y que está haciendo una oferta que es un verdadero ejercicio de filibusterismo político poniendo como cebo que ese órgano, que sería el que mataría al Consejo Audiovisual, estuviera en Barcelona;
y hay un partido como Esquerra Republicana que seguramente también defienda que ese órgano esté en Barcelona, pero no debería renunciar a sus principios, a su trayectoria, a su ideología y a sus programas electorales que durante años y años han
defendido y han hecho bandera del CAC, o lo que es lo mismo el Consejo Audiovisual de Cataluña.
Por lo tanto, hay una posición, que es la que ha planteado el Grupo Socialista pactada básicamente con Convergència i Unió, que plantea que se lleve
adelante el Consejo Audiovisual. Aquí hay dos bandos, señor Ridao, los que hemos defendido siempre un consejo audiovisual y los que están en contra de él. Los que queremos que haya un consejo audiovisual vamos a apostar por él en esta ley y, desde
luego, lo que no va a fijar la ley será la sede del mismo. Sobre si será en Barcelona o no, ya veremos. No se deje llevar por aquellos que quieren acabar con el Consejo Audiovisual con la excusa de que ese otro órgano que lo supla tenga su sede en
Barcelona. Me consta que CiU defiende que esté en Barcelona, pero defiende el Consejo Audiovisual, lo cual es coherente con lo que viene haciendo a lo largo de muchos años.



En relación con las radios, se hablaba de algo que apuntó muy bien la señora Oramas haciendo un ejercicio de transparencia. No se puede pedir todo en la vida. No se puede pedir que el Estado sea quien ponga todo el espacio, que el Estado
no tenga capacidad de adjudicación de licencias, que la adjudicación de licencias esté en manos de las comunidades autónomas, pero que el Estado sea quien tenga que cerrar siempre que haya una radio pirata. O lo que es lo mismo, algunos plantean
que las comunidades repartan y que el Estado cierre. Vamos a ser serios y vamos a solventar un problema que vienen demandando todas las radios de este país durante mucho tiempo. Es verdad que hay un intrusismo en el espacio radioeléctrico; es
verdad que hay un fenómeno extendido de piratería; y es verdad que se está produciendo un hecho que ha denunciado eficazmente la señora Oramas, que es que muchas veces Estado y comunidades autónomas -por cierto, señor Duran, comunidades autónomas
de distintos colores políticos, también de Convergència en el pasado- se han estado pasando de un tejado a otro. Por lo tanto, con esta ley vamos a resolver un problema -que es una demanda del sector radiofónico- que es poner en manos de un órgano,
que ya existe por ley, del Ministerio del Industria hacer un estudio o un mapa de las frecuencias de radio en España para poder a continuación ejecutar y dejar que solamente las radios que tienen licencia puedan emitir. Por tanto, arreglaríamos un
problema que viene de lejos y que es verdaderamente sensible para las radios, sobre todo para las radios nacionales en cadena, de las que hablaba el señor Cortés, que quedan muy bien reflejadas en esta ley. Desde luego tienen un futuro despejado a
la vista de esta ley y además se da el paso para poder resolver su verdadero problema. El verdadero problema de la radio es el intrusismo de radios piratas que existe en la actualidad.



El portavoz del PNV mostraba su disposición a escuchar alguna oferta nueva en relación con lo que ya se ha planteado, y le digo que sea consciente de que una de sus principales reivindicaciones -puedo hacer gala de ello- era que se pudiera
conveniar entre distintas comunidades autónomas para que las televisiones autonómicas pudieran superar el ámbito de su comunidad autónoma, cuestión que queda solventada en las transaccionales que se han planteado, en las que desde luego está
contemplado también el PNV. A pesar de que haya sido una negociación con el Grupo de Convergència i Unió, creo que se recoge de manera ambiciosa aquello que planteaba el PNV.



En relación con lo que ha comentado el portavoz del Partido Popular, no hay nada que añadir respecto a la radio, porque ya me referí a ello, pero sí quisiera referirme a dos cuestiones. La primera es que creo que es necesario hacer una
aclaración en relación con los horarios de protección especial, muy especialmente -valga la redundancia- de protección infantil. El portavoz del Partido Popular planteaba que el paso de la televisión analógica a la televisión digital hacía
innecesario o anacrónico el establecimiento de horarios de protección especial. El portavoz del Partido Popular confunde la diferencia entre la televisión analógica y la televisión digital con la televisión convencional con una parrilla establecida
y la televisión bajo demanda. El portavoz del Partido Popular planteaba que la solución era que el consumidor o el usuario pudiera ver cuál es la calificación del contenido para poder decidir si quería verlo libremente o no. O lo que es lo mismo,
en una televisión, sea digital o sea analógica, da igual, la parrilla viene hecha, no la hace el consumidor, la hace el programador; emitimos una película pornográfica a las cuatro de la tarde y, eso sí, advertimos con un cartel que dure cinco
minutos antes que es pornográfica, que es para 18 años, pero luego la emitimos. Es absurdo, créame. Entiendo que en la televisión bajo demanda, como ocurre muchas veces en la Red, como usted dice, o en televisión de pago, donde de verdad para
acceder a un contenido hay que pagar por ese contenido o hay que establecer algún código, se pueda eliminar esa supresión que usted mantenía de los horarios, pero no puede hacerse en la televisión, sea analógica o digital, me da igual, que viene con
una parrilla hecha. Por ello es más que necesario que siga existiendo, por supuesto que sí, un horario de protección especial y muy especialmente, como he dicho antes, para


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el horario infantil. Por tanto, se justifica que la diferencia no está entre la televisión analógica o digital sino entre la televisión convencional con una parrilla hecha y la televisión bajo demanda. Ha hecho una mención el portavoz del
Partido Popular que le agradezco por sincera pero que me preocupa verdaderamente. Ha hablado de la enmienda 593 y otra a continuación en las que el Grupo Popular está planteando abrir la puerta a la privatización de las televisiones públicas,
simple y llanamente. Hablemos claro para que la gente nos entienda. Está diciendo que las comunidades autónomas que tengan televisión pública puedan elegir la forma de gestión y de emisión. Estamos hablando -vamos a hablar claro- de la
posibilidad de privatizar televisiones públicas. Una vez más hay una diferencia de modelo radical entre la izquierda y la derecha, entre aquellos que defendemos la televisión pública y que por eso estamos tan contentos de que Televisión Española
sea líder y aquellos que sencillamente están buscando privatizar televisiones, quizá como Telemadrid. Por tanto, el Grupo Socialista no va a aceptar esa enmienda ni va a ofrecer ninguna transaccional.



Por último, en cuanto a la ley, la tramitación y la forma, quiero recordarles que estamos aprobando esta ley general audiovisual cincuenta años después, o lo que es lo mismo medio siglo, de que se pusiera en marcha la televisión en España.
Es una fecha puntual, medio siglo de televisión en marcha. Es verdad que ese medio siglo empezó por la televisión pública y que en cincuenta años los dos cambios más importantes que ha habido en la televisión han sido el paso del blanco y negro al
color y la aparición de las televisiones privadas. Esto es lo que ha pasado en cincuenta años, pero ahora mismo estamos en una era nueva con la televisión digital terrestre y también con la alta definición, de la que se ha hablado hoy aquí. Por
cierto que será la pública también -me aventuro a decirlo- la que ponga en marcha la alta definición. Verán ustedes como lo público va siempre por delante de lo privado. Verán ustedes como Radiotelevisión Española es líder en la aplicación de la
alta definición -estoy convencido de ello- y luego la seguirán las privadas, como ha ocurrido siempre. Como decía, es el mejor momento de hacer esta ley, porque después de cincuenta años de la puesta en marcha de la televisión en este país abrimos
la puerta a una era nueva, es verdad, en la que la multiplicación de operadores, las posibilidades de las nuevas tecnologías y el pluralismo de los medios de comunicación hacen necesario que haya una buena regulación y en la que todos nosotros
deberemos cambiar la mentalidad y darnos cuenta de que la televisión ya no es ese electrodoméstico que se pone encima de la mesita, sino que puede ser un móvil o puede ser un ordenador o puede ser cualquier soporte. Por tanto, debemos tener en
cuenta estos cambios tecnológicos, debemos estar a la altura de las circunstancias y debemos dar seguridad jurídica al sector y a los ciudadanos al menos para otro medio siglo. (El señor Cortés Martín pide la palabra.)


El señor PRESIDENTE: Señor Cortés.



El señor CORTÉS MARTÍN: Señor presidente, ¿podría tener un breve turno de réplica al señor López?


El señor PRESIDENTE: Sin duda.



El señor CORTÉS MARTÍN: Gracias, señor presidente.



Voy a tomar la palabra a modo de intervención final respecto al proyecto de ley. El señor López ha hablado del filibusterismo del Grupo Popular por plantear una transaccional. No es que me sienta ofendido porque en sede parlamentaria se
aluda a una práctica consolidada dentro del Parlamento, pero no creo que lo que se entiende por filibusterismo, que consiste en retrasar la tramitación de una ley a base de muchas enmiendas, tenga que ver con esto. Tampoco se puede pedir al señor
López que sea un experto en derecho parlamentario comparado, en prácticas parlamentarias comparadas (Un señor diputado: Tú sí que lo eres.), sobre todo teniendo en cuenta que sobre la materia de la que es portavoz y sí se le puede pedir que sea
experto, que son los horarios de protección especial, ha dicho que hay que distinguir entre la televisión convencional y la que tiene parrillas y no entre la analógica y la digital. Habrá que distinguir entre todas ellas, pero en la televisión
digital, señor López, se permite técnicamente algo que no es posible en la televisión analógica, que es el filtrado digital. Si usted no quiere que sus hijos pequeños vean determinados contenidos, porque tengan violencia, sexo explícito o cualquier
otro contenido que usted prefiera que no vean los niños, y el programa que se emite está etiquetado, puede poner un filtro digital en su aparato receptor exactamente igual que el que puede poner en el ordenador para los programas de Internet,
exactamente igual. Eso no tiene que ver con la televisión con programación por parrilla, con la televisión convencional o con la televisión bajo demanda, tiene que ver simplemente con el conocimiento del manejo de una tecnología, pero si a estas
alturas no sabe qué es el filibusterismo, a lo mejor tenemos que esperar a una nueva tramitación para que se entere de cómo puede funcionar técnicamente el filtrado digital. Por esa razón me refería a que hay que obligar a los emisores a que
etiqueten sus productos para que sea posible que los padres ejerzan su responsabilidad como la ejercen hoy, porque en estos momentos cualquier niño o cualquier mayor puede ver en Internet en cualquier horario cualquier contenido y sin embargo se
pueden establecer filtros, insisto, no solo para la protección infantil sino también para la protección del consumidor, porque puede haber alguien que diga: A mí me interesa ver solo programas de naturaleza o quiero ver solo programas de deportes
o, al revés, no quiero ver programas de deportes porque me pone muy nervioso todo lo que es competitivo. Se puede poner. Se etiqueta el programa y entonces uno puede ver, igual que cuando va al supermercado y mira la composición de los alimentos


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que quiere comprar, si le conviene o no le conviene. Estas son las dos aclaraciones que quería hacer, señor presidente, agradeciendo de verdad que la actitud de la Presidencia de esta Comisión, que mi grupo parlamentario desde el principio
y también en la pasada legislatura ha reconocido en su presidente, haya podido paliar el intento de atropello en la tramitación parlamentaria que el Gobierno y el Grupo Socialista han conseguido en buena medida, porque hoy es 7 de enero y eso no
figura dentro de las atribuciones de la Presidencia pero sí el haber llevado con gran talante esta Comisión, lo que le agradecemos muy sinceramente.



Termino diciendo que esta no es nuestra ley, que bien lo lamentamos y que ojalá en el Senado el Grupo Socialista pueda recapacitar y pueda dialogar y llegar a acuerdos con todos los grupos, pero sobre todo con el grupo que es alternativa de
Gobierno, para que haya una normativa audiovisual que no solo garantice la libertad de los operadores, de los usuarios y de los espectadores, sino que tenga además la estabilidad en un sector que es una víctima más de la política de Rodríguez
Zapatero y que atraviesa enormes dificultades en estos momentos. (El señor Ridao i Martín pide la palabra.)


El señor PRESIDENTE: El señor Ridao ha pedido la palabra.



El señor RIDAO I MARTÍN: Voy a comentar tres cuestiones brevemente. En cuanto a la primera, el señor López aludía a la propuesta que nuestro grupo hacía de habilitación de espacio radioeléctrico de titularidad estatal para dar salida a la
situación de reciprocidad en las emisiones de televisiones autonómicas que comparten un idéntico dominio lingüístico, y mencionaba en este caso una iniciativa legislativa popular que tengo aquí delante. Lo digo porque el señor López me recomendaba
que me informara mejor. Si me permite, voy a leer literalmente lo que dice el artículo 4 de esta iniciativa legislativa popular, que dice exactamente lo mismo que yo he dicho, no lo que pretende decir el señor López, porque concretamente el
artículo 4 dice: El Gobierno asegurará, mediante la planificación oportuna, los múltiplex de titularidad estatal que resulten necesarios con el objeto de que los canales digitales de radio y televisión de titularidad autonómica que emitan total o
mayoritariamente en las lenguas protegidas por la Carta europea de lenguas regionales o minoritarias sean recibidos en la totalidad del ámbito geográfico en las otras comunidades autónomas, etcétera. Esta propuesta alude a una de las posibilidades
técnicas, es decir, que sea el Estado el que habilite una parte del espacio radioeléctrico. Otra alternativa que también plantea alguna de nuestras enmiendas es que ese múltiplex de nueva creación adicional sea de ámbito autonómico, pero en todo
caso a lo que remite es a una solución técnica que debe ser provista por el Estado. Por cierto, tampoco es ningún invento del TBO, entre otras cosas porque, como usted debe conocer, el señor Clos, a la sazón ministro de Industria, y el secretario
de Estado, señor Ros, prepararon un decreto, que está en un cajón del ministerio, precisamente con una solución análoga a la que yo le estoy planteando. Por tanto, me parece bien la enmienda transaccional que ustedes están planteando, entre otras,
a partir de una enmienda de nuestro grupo, por la que se retira esa potestad que tenía el Estado de autorizar, en todo caso, las emisiones recíprocas, pero debe ser el Estado el que provea los medios técnicos necesarios y, por tanto, el espacio
radioeléctrico para la garantía de dichas emisiones. Por cierto, insisto, esa es la posibilidad técnica que promueven esas más de 300.000 firmas y que además tiene mucho que ver con la propuesta, que es la que a mí me vincula, que ha hecho el
Gobierno catalán. Nuestro grupo viene aquí a actuar coherentemente en la medida de lo posible con lo que plantean los usuarios y los miles de promotores de esta iniciativa popular, pero evidentemente de acuerdo con lo que plantea el Gobierno de la
Generalitat, y lo que plantea el Gobierno de la Generalitat es lo que está en las enmiendas del informe que hoy estamos intentando discutir y aprobar en tanto que dictamen de la ley.



Segunda cuestión. Insiste usted -lo ha hecho en privado más de una vez- en que nuestro grupo no ha dado apoyo a otras iniciativas de carácter audiovisual del Gobierno. Eso es radicalmente falso, y si tengo autoridad hoy en nombre de
Esquerra para criticar esta ley y finalmente votarla en contra es porque nosotros dimos apoyo en su día a las emisiones en abierto de Canal Plus, a la creación de La Sexta, a la Ley de titularidad de la televisión pública, al contrato-programa, a la
TDT de pago este verano, etcétera. No me venga usted con que nuestro grupo nunca ha sido solidario ni coherente con la política audiovisual de este Gobierno. Esta coherencia es la que hoy nos lleva a votar en contra de este proyecto. No invoque
en este caso la actitud que adopten hoy algunos grupos dando apoyo al Gobierno como una actitud coherente en contra de la nuestra, porque nosotros en otras ocasiones lo hemos sido. Es más, con tres o cuatro cuestiones bien resueltas en esta ley, si
ustedes hubieran querido hablar y dialogar, seguramente contarían con el voto favorable de Esquerra Republicana y también de Izquierda Unida.



Finalmente, en relación con la autoridad audiovisual, claro que nos sobra y nos basta con una única autoridad, en este caso la del Consejo Audiovisual de Cataluña, que nosotros promovimos en su día. Entre otras cosas, fue el resultado de la
gestión de Esquerra en el Gobierno catalán.
Como mal menor, si hoy se va crear una autoridad de ámbito estatal, no nos parece mal la propuesta que hace hoy el Grupo Popular. La coexistencia de dos autoridades regulatorias, como se ha demostrado en
otros Estados, no es una buena solución, plantea problemas de carácter regulatorio. Es decir, la oferta de servicios convergentes hoy en día modernamente tiene grandes ventajas, porque hay servicios que cada día son más multifuncionales, son
multiservicio y, por tanto, no nos parece mal esa simbiosis entre la CMT y esa autoridad


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audiovisual. Aunque, insisto, si fuera por nuestro grupo, no debería crearse, y eso está en la base de nuestras enmiendas. Pero no tiene nada que ver la aceptación de esa eventual transacción que hoy nos propone el Grupo Popular con que la
sede deba estar o no en la ciudad de Barcelona.
Ese no es el debate y yo no lo he planteado. Por tanto, le pido al señor López que no haga demagogia en ese sentido.



El señor PRESIDENTE: Señor López.



El señor LÓPEZ ÁGUEDA Muy brevemente, señor presidente. No sé si el portavoz del Partido Popular es un experto en derecho parlamentario o no, desde luego sé el mal estilo que tiene debatiendo políticamente y haciendo descalificaciones
personales que yo nunca haré. Lo que me ha quedado claro es su conocimiento en relación con el sector audiovisual de este país y con la propia ley al escuchar los argumentos que ha utilizado. El filibusterismo parlamentario, si tenía alguna duda,
créame que me lo enseñan ustedes todos los días y, por tanto, aprendo rápido sobre lo que es la práctica de filibusterismo parlamentario. Porque el Partido Popular ha legislado en el pasado como ha legislado, frente a una ley que ha contado, como
digo, sin un trámite de urgencia, con cuatro ampliaciones de plazo de enmiendas, con más de 600 enmiendas, con 54 transaccionales que asumen entre directa e indirectamente más de doscientas y pico enmiendas de las que se han planteado, con un cambio
de fecha de una Comisión que se había planteado de forma anormal y se ha tenido que cambiar por ese plante, desconocido en este Parlamento, y habiendo escuchado al sector, como le he dicho antes, con decenas de reuniones del Gobierno de España y del
Grupo Socialista con todos los sectores implicados. Señor Cortés, repase los precedentes y luego me cuenta lo que es tramitar una ley como se tramita en este Parlamento.



En relación con los comentarios que ha hecho Esquerra Republicana, no hice alusión a la trayectoria de Esquerra Republicana en toda la reforma audiovisual. Sí hablé de coherencia en cuanto a que un partido que siempre ha defendido y ha
hecho gala del Consejo Audiovisual Catalán debería querer que todos los españoles pudieran tener un consejo audiovisual. Yo creo en el principio de igualdad entre todos los españoles, un principio constitucional, por cierto, y no sé por qué
Esquerra le va a negar al resto de los españoles lo que tienen los ciudadanos de Cataluña o de Andalucía, como es un consejo audiovisual independiente. No entiendo que lo que quiere usted para Cataluña no quiera que lo tengan el resto de españoles.
Creo que fue una buena medida tener un consejo audiovisual en Cataluña, como lo ha sido en Andalucía o en Aragón, y creo que el resto de españoles tienen el mismo derecho a tener un órgano independiente que también vele por los contenidos
audiovisuales y garantice sus derechos constitucionales. A eso me refería en relación con la coherencia. Y también a que quede claro que es verdad que había una reivindicación, la había en Valencia, para que se diera la posibilidad de que
existieran convenios entre comunidades que garantizaran, por ejemplo, que TV3 se vea en Valencia. Lo que está claro es que gracias al trabajo conjunto con Convergencia i Unió eso va a ser posible. La transacción que ha presentado el Grupo
Socialista con Convergencia i Unió va a hacer posible que haya convenios entre comunidades autónomas para que se vea. Lo demás no son más que comentarios. Esta es la realidad y esto es lo que va a aprobarse, si finalmente se aprueba la transacción
presentada. Insisto, cincuenta años después de la puesta en marcha de televisión, más allá de lo que se haya dicho durante este mes y pico, pueden ustedes consultar al sector audiovisual, a los productores de cine, a los usuarios de la comunicación
y a los sindicatos y verán que esta ha sido una ley importante, una ley que va a dar seguridad jurídica y que, por cierto, ha sido mejorada en este Parlamento con el trabajo de todos, incluso de aquellos que menos estaban por sacar la ley.



El señor PRESIDENTE: ¿Algún señor portavoz quiere hacer uso de un turno en algún sentido? (Pausa.) Damos por terminado el debate. Como saben ustedes, habíamos anunciado no proceder a las votaciones antes de las cinco y media. De todas
formas, tenemos tiempo, sin necesidad de suspender todavía, para aclarar el sistema de votación que vamos a seguir, que es un poco complicado, y así a las cinco y media podemos inmediatamente votar conociendo lo que estamos votando. En primer
lugar, querría contestar al escrito presentado esta mañana por el Grupo Popular al comienzo de la sesión sobre las erratas detectadas en el informe de la ponencia y su anexo. Después de estudiarlo, les contesto con mucho gusto a esa declaración de
erratas. Hay dos grupos, enmiendas aprobadas y no incorporadas al informe, que para hacerme entender por todos son cinco.
Leo el primero. Respecto al artículo 1 se dice en el informe de la ponencia: La ponencia propone la aceptación de la
enmienda 3 de Coalición Canaria y el rechazo de las restantes, cuando en ponencia -dice el Grupo Popular- se aprobó también la enmienda 290 de Convergència i Unió. Eso se dice respecto a cinco casos. En todos lleva razón. Es decir, en el informe,
al decir se aceptan tal o tales enmiendas se suprime alguna, lleva razón, pero luego no lleva razón en el texto porque todas están recogidas en el texto del informe. Donde no está recogido es en el pronunciamiento de qué enmiendas se han rechazado
y cuáles se han aceptado. Es decir, llevaba razón en que no estaba especificada la aceptación de cinco enmiendas, pero las cinco estaban incorporadas al texto. En cuanto a las erratas en los textos de las enmiendas incorporadas, hay cinco también.
En tres estaban ya incorporadas al texto y en dos no estaban incorporadas: una en la que se habla de miniseries y debe decir miniseries de televisión- lleva razón y debe ser corregido-, y en la quinta en la que se decía en curso y ahora dice
incurso. En realidad el texto dice incursa porque habían cambiado también el género de la palabra


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a la que hacía referencia el adjetivo. Nos ha sido útil para repasar algunas de las cosas que deberían corregirse.



En cuanto al sistema de votación, procederemos de la siguiente manera. Es un poco complejo, y como además me ha parecido oír, aunque nadie lo haya dicho explícitamente, que algún portavoz pensaba que el sistema de votación de las
transaccionales es como en el Pleno, les digo que no es como en el Pleno. Aquí la propiedad de las transaccionales para ser o no votadas es solo del proponente. No se necesita el acuerdo como en el Pleno. Esto está regulado por el artículo 114 y
no por el 118, que es el del Pleno. Así es que vamos a proceder de la siguiente manera. Votaremos las enmiendas en bloque o por separado si se ha solicitado así. Ya tenemos escritos de algunos grupos que han explicado qué separación quieren para
la votación de enmiendas. Votaremos las enmiendas, por ejemplo, la primera del Grupo Mixto, de la señora Barkos. Entiendo que las que no han sido defendidas se dan por defendidas. ¿Es así, señora Oramas? (Asentimiento.) Como tiene una serie de
enmiendas, las votaremos en bloque a menos que alguien pida separación -ahora mismo nadie lo ha pedido para estas enmiendas concretas de la señora Barkos-, pero no votaremos aquellas que están afectadas por las enmiendas transaccionales.
En el caso
de la señora Barkos hay cuatro. Si votadas las transaccionales fueran aprobadas ya no se votan esas. Si alguna de ellas no fuera aprobada hay que volver a votar la enmienda que había presentado originalmente el grupo parlamentario. ¿Me explico
con claridad? (Asentimiento.)


Hay también algunos errores que no es preciso subsanar para la votación pero que quiero explicar para que no haya confusión. A veces las enmiendas transaccionales se apoyan en enmiendas que ya han sido admitidas. El señor Cortés ha hecho
referencia a dos, la 42 y la 43, que después han sido corregidas apoyándolas en otras enmiendas. Pero aunque no fuera así, el artículo 114 permite la presentación in voce durante la tramitación. Para que no haya confusión debo decir que hay un
grupo de enmiendas transaccionales que se apoyan en varias enmiendas, algunas de las cuales no pueden servir de soporte porque ya han sido admitidas en el informe de la ponencia. Por curiosidad que no afecta a la votación, digamos que la enmienda 1
habla de transacción con la 3 de Coalición Canaria, que ya está admitida; la 4, con la 155, del PNV, que ya está incorporada; la 6, con la 613 del PSOE y con la 300 de Convergència i Unió, que ya están admitidas. Así una serie de ellas, pero eso
a la hora de votar no cambia el sentido del voto. Es decir, votaremos primero las de la señora Barkos, que no ha hecho petición de votación separada; las de la señora Díez, que ha presentado una petición para votar por separado la 118; la de la
señora Oramas, que ha explicitado que solamente es la 18 la que somete a votación y. No, se votará la transaccional, y si no se admite se votará la suya, que me parece que era la 12.



La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: No, no, señor presidente.



El señor PRESIDENTE: Dígame, señora Oramas.



La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: La 18 se tiene que votar sí o sí, no hay transaccional sobre la 18.



El señor PRESIDENTE: Efectivamente.



La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Y después lo que presenté fue una transaccional, que es una adicional.



El señor PRESIDENTE: Sí, sí, hay una transaccional.



La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Efectivamente. Esas son las dos cosas que mantengo. Y el señor del Bloque Nacionalista retira una y mantiene otra.
Tiene la relación, ¿no?


El señor PRESIDENTE: Sí, tengo la relación.



El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene sus enmiendas vivas y ha manifestado cómo quiere que se voten las enmiendas. El Grupo del PNV ha hecho petición por separado...



El señor AZPIAZU URIARTE: Sí, señor presidente. Lo que pasa es que una transaccional que yo había apuntado como la número 23 es la número 27, pero, salvo este error, que supongo que no tiene ninguna...



El señor PRESIDENTE: Es la 27.



El señor AZPIAZU URIARTE: Sí. Pero he entendido que usted ha dicho que se votan las transaccionales y que solo en el caso de que...



El señor PRESIDENTE: Solo para aclarar la transaccional se va a votar.



El señor AZPIAZU URIARTE. Exacto.



El señor PRESIDENTE: Ahora, ¿quiere votar esta transaccional por separado?


El señor AZPIAZU URIARTE: No, no.



El señor PRESIDENTE: La suya si no se aprobara la transaccional.



El señor AZPIAZU URIARTE: Eso es.



El señor PRESIDENTE: Muy bien.



El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha explicitado ya cuáles son las enmiendas que quiere que


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se voten de las suyas, la 340, la 55, la 68, etcétera. Y el Grupo Parlamentario Popular no ha solicitado votación por separado. (El señor Cortés Martín pide la palabra.)


Señor Cortés.



El señor CORTÉS MARTÍN: Señor presidente, nosotros tenemos el bloque de enmiendas que hemos presentado, la transaccional que hemos comunicado a la Mesa esta mañana, y respecto a la votación de otras enmiendas transaccionales en estos
momentos pediría a la Presidencia que de aquí a las cinco y media podamos ver la relación de las que están vivas, porque tengo cinco que querríamos votar separadamente de otras doce, pero me asalta la duda en estos momentos sobre las que están vivas
de las enmiendas transaccionales y de las enmiendas al articulado. Como tenemos tiempo hasta las cinco y media, si le parece a la Presidencia, ahora con la ayuda de los servicios de la Cámara las miramos. Son dos bloques simplemente de enmiendas
transaccionales.



El señor PRESIDENTE: Le aclaro que hay presentadas exactamente 54 enmiendas transaccionales y que están vivas las 54, pero la 32 y la 33 han sufrido modificación de texto y se han distribuido otros textos nuevos, y la 42 y la 43 han sufrido
modificación en cuanto a la enmienda en que se apoyan, pero no en el texto. Ahora lo podemos ver. Tenemos hasta las cinco y media, cuando lo reiteraremos para votar las enmiendas, que no será fácil. Habrá que contar con la paciencia de todos.



Se suspende la sesión a las cinco de la tarde.



Se reanuda la sesión a las cinco y treinta minutos de la tarde.



El señor PRESIDENTE: Señoras diputadas, señores diputados, continuamos con la sesión de la Comisión. Vamos a proceder a las votaciones.



Como ha habido peticiones de votación por separado de algunas enmiendas, de bastantes enmiendas, y algunas por separado de enmiendas pero en bloque, de varias enmiendas, a veces no es compatible atender a un bloque y otro, por lo que hemos
tenido que separar algunas enmiendas, aunque haya sido solicitada su votación dentro de un bloque. Me explico ¿verdad?


Vamos a proceder a la votación. Votamos las enmiendas de cada uno de los enmendantes, salvo aquellas que están afectadas por transaccionales; una vez que se voten las transaccionales, si no fuesen aprobadas, volveríamos a la enmienda
original del grupo.



Del Grupo Mixto votamos en primer lugar las enmiendas que van del 79 al 93, de doña Uxue Barkos.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 18; abstenciones, 17.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Votamos las enmiendas de la señora Díez González. Se ha pedido votación separada de algunas enmiendas, que paso a anunciar. Votación separada, sola, de la enmienda 118.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; abstenciones, 17.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



Se ha pedido votación separada de cuatro enmiendas de las presentadas por la señora Díez González, que son la 94, la 136, la 139 y la 148.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 19; abstenciones, 18.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Votamos ahora el resto de las enmiendas de la señora Díez González.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 18; abstenciones, 18.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Ahora votamos la enmienda número 18, presentada por la señora Oramas González.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; abstenciones, 16.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



Después llegará la transaccional, señora Oramas, cuando votemos las transaccionales.



De las enmiendas presentadas por el señor Jorquera se ha pedido votación separada de las números 39, 56 y 57, en bloque.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 19; abstenciones, 16.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Votamos el resto de las enmiendas del señor Jorquera.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 18; abstenciones, 16.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. (La señora Oramas González-Moro pide la palabra.)


Señora Oramas.



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La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: A mí me manifestó el portavoz del Bloque que la número 29 la quería por separado.



El señor PRESIDENTE: Pero es que la 29 tiene una enmienda transaccional, por tanto no se procede ahora a su votación.



Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Se ha solicitado votación separada de la enmienda 208.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 18; abstenciones, 18.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Se ha solicitado votación separada también de la número 221.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 18; abstenciones, 19.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Se ha pedido votación separada, pero en bloque, de las enmiendas 233 y la 255.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 18; abstenciones, 17.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Se ha solicitado votación separada de la 270.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 18; abstenciones, 16.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Se ha solicitado también votación separada, pero todas en un solo bloque, de la 205, 206, 283, 284... (Pausa.) Perdón. Tienen transacciones las dos primeras, lleva razón el señor letrado. Se votan por separado pero en bloque la 283, 284 y
287.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 18; abstenciones, 16.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Se vota ahora sola, separada, la 285.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 18; abstenciones, 16.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. No entiendo muy bien por qué se pide tanta votación por separado. Se vota siempre lo mismo. (Risas.)


Votamos ahora tres enmiendas en un solo bloque, la 421, la 461 y la 481.
(El señor López Águeda pide la palabra.)


El señor PRESIDENTE: Señor López Águeda.



El señor LÓPEZ ÁGUEDA: Según le habían notificado,...



El señor PRESIDENTE: La 421 también ha sido solicitada por otro grupo, lleva razón. Estamos votando solo la 421.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; abstenciones, 16.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



Ahora sí votamos la 461 con la 481. (El señor López Águeda pide la palabra.) ¿De la 461 la ha pedido también sola el Grupo Socialista?


El señor LÓPEZ ÁGUEDA: No, no. El Grupo Socialista había pedido la 481 precisamente.



El señor PRESIDENTE: Tenemos que votar una a una. Votos a favor de la 461.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 18; abstenciones, 16.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Votamos ahora la 481.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; abstenciones, 16.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



Está solicitada también votación separada de la 432.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; abstenciones, 16.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



También está solicitada la votación separada de la 462.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; abstenciones, 16.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



Se ha pedido votación separada de la 480.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; abstenciones, 16.



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El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



Grupo Parlamentario Vasco. Se ha pedido votación separada de la enmienda... Perdón, debemos votar antes el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Votamos el
resto de las enmiendas de este grupo.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 18; abstenciones, 16.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Ahora sí, perdónenme, pasamos al Grupo Parlamentario Vasco. Se ha pedido votación separada de la enmienda 157.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 18; abstenciones, 16.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Votación separada de la enmienda número 162. (El señor Ridao i Martín pide la palabra.) Terminamos de votar y le explico a usted lo que sea, porque no va a haber necesidad.



El señor RIDAO I MARTÍN: Simplemente es para aclarar a qué grupo parlamentario corresponde.



El señor PRESIDENTE: Al Grupo Vasco, pero ha sido explicitado.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 18; abstenciones, 16.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco, PNV.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 18; abstenciones, 17.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Pasamos al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Se ha solicitado votación separada de la enmienda número 360.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; abstenciones, 16.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



Se ha solicitado votación separada, en un solo bloque, de las enmiendas números 367, 399, 401 y 354. (El señor Duran i Lleida pronuncia palabras que no se perciben.) Se ha solicitado por otros grupos.



El señor DURAN I LLEIDA: Simplemente, señor presidente, si me lo permite, yo solo mantengo a votación las enmiendas números 340, 355 y 360.



El señor PRESIDENTE: Lleva razón. El señor Duran lleva toda la razón, pero con tantos papeles me falta el papel en el que él explicitó las que dejaba para votación. Lleva toda la razón, pero no encuentro el papel.



El señor DURAN I LLEIDA: Si quiere se las recuerdo, señor presidente.



El señor PRESIDENTE: Sí, señor Duran.



El señor DURAN I LLEIDA: Son las números 340 -la enmienda número 341 estaba admitida en ponencia, a pesar de que inicialmente yo la había puesto, por error-, 355, 364, 368 y 383.



El señor PRESIDENTE: Estas son las enmiendas que se someten a votación.



El señor LÓPEZ ÁGUEDA: Permítame que corrija al señor Duran. Incluso la enmienda número 360 también está viva, para la que nosotros pediremos votación separada.



El señor PRESIDENTE: No, la enmienda número 360 se ha votado ya. De las enmiendas que el señor Duran ha tenido la amabilidad de recordarme, números 340, 355, 364, 368 y 383, la número 355 no la votaremos, porque tiene transacción y
votaremos la enmienda transaccional; si no se aprobara, volveríamos a la enmienda número 355. (El señor Duran i Lleida pronuncia palabras que no se perciben.) Sí la tiene, señor Duran. Le voy a decir cuál es la transaccional que le afecta, la
número 29. La transaccional número 29 está hecha sobre la enmienda número 355.



Sometemos a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) números 340, 364, 368 y 383.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 18; abstenciones, 16.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Pasamos al Grupo Parlamentario Popular. Se ha solicitado votación separada, pero en un solo bloque, de las enmiendas números 571, 572, 575, 576, 577, 600 y 603.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 21.



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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 21; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Con esto hemos votado las enmiendas de los grupos. Ahora pasamos a las enmiendas transaccionales. Como saben ustedes, hay 54 enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, una por el Grupo Parlamentario Popular, la número 44,
y otra por Coalición Canaria, que no tiene numeración.



Vamos a proceder a la votación. También se han solicitado votaciones separadas. (El señor Azpiazu Uriarte pide la palabra.)


Señor Azpiazu.



El señor AZPIAZU URIARTE: Quiero preguntar una cuestión que a lo mejor está clara pero yo no me he enterado bien. Si hay una transacción a diferentes grupos parlamentarios y uno, que es nuestro caso, no acepta la transacción, ¿se vota la
enmienda del Grupo Vasco?


El señor PRESIDENTE: No, no. El dueño de la transacción es solo el ponente y eso quiere decir que los otros grupos no mandan en que se vote o no se vote la transacción que presente un grupo.



El señor AZPIAZU URIARTE: Pero si el Grupo Socialista plantea una transacción a todos los grupos y mi grupo vota en contra de la transacción, ¿no se puede votar luego la enmienda del Grupo Vasco?


El señor PRESIDENTE: Si la enmienda transaccional es rechazada, se vota la enmienda de los grupos, pero si se aprueba, queda rechazada la original.



El señor AZPIAZU URIARTE: O sea que no puedo no aceptar una transacción que me plantee el Grupo Socialista.



El señor PRESIDENTE: Es que no es como en el Pleno; no puede no aceptarla, el único dueño es el proponente.



El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, presidente.



El señor PRESIDENTE: Como digo, hay algunos choques de peticiones, lo que hace votar por separado algunas enmiendas más de las que han solicitado.
Vamos a votar separadamente, en una sola votación, la enmienda transaccional número 24.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 16; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



Votamos ahora la enmienda transaccional número 29.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, uno; abstenciones, 16.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



Votamos la enmienda 46.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; abstenciones, 17.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



Votamos ahora la enmienda número 44. (Rumores.) Es la del Grupo Popular.
Estamos votando la enmienda transaccional número 44.



El señor LÓPEZ ÁGUEDA: Sí, pero del Grupo Popular.



El señor CORTÉS MARTÍN: Es al artículo 44, no tiene numeración.



El señor PRESIDENTE: Sí, sí. No tiene numeración, me he equivocado yo, no es el número. La del Grupo Popular y la de Coalición Canaria no tiene numeración. Por tanto votamos ahora la enmienda del Grupo Parlamentario Popular al artículo
44. (Pausa.) Lamentablemente tenemos que repetir la votación porque salen más votos que miembros hay en la Comisión.
(Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 20; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Votamos ahora la enmienda no numerada de Coalición Canaria.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; abstenciones, 16.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



Ahora vamos a votar en un solo bloque las transaccionales número 4, 14 bis, 16 y 27. Repito: 4, 14 bis, 16 y 27. (El señor López Águeda pide la palabra.) Señor López Águeda.



El señor LÓPEZ ÁGUEDA: Señor presidente, perdone. ¿Cuál es la transaccional 14 bis? Aquí no hay una transaccional 14 bis. Hay la 14 y la 15.



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El señor PRESIDENTE: Es lo que está solicitado.



El señor LÓPEZ ÁGUEDA: Pero si no existe la 14 bis.



El señor PRESIDENTE: Está solicitado por el Grupo Parlamentario Popular que se vote separadamente la 14 bis. Será la 14, como la novela de Pedro Mata, La catorce, y ya saben ustedes a qué se refería. Se llama 14, es la 14.



Votamos en un solo bloque la 4, la 14 -sin bis-, la 16 y la 27.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Por fin una fiesta navideña. Quedan aprobadas por unanimidad.



Enmiendas transaccionales que se votan en un solo bloque, la 11, 12, 15 y 19.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 16; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.



Votamos en un solo bloque las enmiendas transaccionales que les voy a dictar: 21, 26, 38, 42 y 43.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 16; abstenciones, dos.



El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.



En otro bloque votamos las enmiendas 8, 13, 23, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 44, 49 y 51.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; abstenciones, 18.



El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.



Votamos en un bloque las enmiendas transaccionales 25 y 47.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, uno; abstenciones, 17.



El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.



Votamos el resto de las enmiendas transaccionales.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; abstenciones, 16.



El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.



Con esto hemos votado todas las enmiendas. Ahora nos corresponde votar el dictamen, el articulado. No se ha solicitado ninguna votación separada del articulado. Si algún grupo quiere votar algún artículo por separado, es el momento de
solicitarlo. (Pausa.) No hay petición de votación separada.



Votamos el texto del articulado, con las disposiciones adicionales, finales y transitorias, pero no, como saben ustedes, la exposición de motivos, que se votará después.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, dos; abstenciones, 16.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.



Votamos ahora la exposición de motivos.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, dos; abstenciones, 16.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



Con esto y con mi agradecimiento por la paciencia y la colaboración y deseándoles que tengan un año muy feliz, hemos terminado.



Muchas gracias.



Se levanta la sesión.



Eran las seis de la tarde.