CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2009 IX Legislatura Núm. 446

NO PERMANENTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE TOLEDO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN MORANO MASA

Sesión núm. 24

celebrada el martes, 15 de diciembre de 2009

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia de la señora catedrática de Economía Financiera de la Universidad Complutense de Madrid (Vicente Merino), para informar sobre temas relacionados con el objeto de la Comisión. Por acuerdo de la Comisión no permanente de
seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo. (Número de expediente 219/000412.) ... (Página 2) )

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Se abre la sesión a las once y diez minutos de la mañana.



El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo. Antes de entrar en el orden del día quiero dar la bienvenida, en nombre de toda
la Comisión, a los funcionarios de la Cámara de Diputados del Perú que están con nosotros, que son expertos en materias de Seguridad Social. Bienvenidos al Congreso de los Diputados, están ustedes en su casa. Son gente encantadora -acabo de tomar
un café con ellos- que viene a enseñarnos cómo funciona su país y a aprender cómo funciona el nuestro. Bienvenidos.



Pasamos al primer punto del orden del día que es la comparecencia de doña Ana Vicente Merino, catedrática de Economía Financiera de la Universidad Complutense de Madrid, para informar sobre temas relacionados con el objeto de la Comisión.
Bienvenida, señora Vicente, vieja amiga y conocida de todos y grandísima experta. Tiene la palabra y puede hacer uso de ella en el tiempo y en la forma que le parezca oportuno.



La señora CATEDRÁTICA DE ECONOMÍA FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (Vicente Merino): En primer lugar, quiero manifestar mi satisfacción por estar otra vez aquí, invitada en el Pacto de Toledo. Ya soy reincidente. Decía
en conversación privada -aunque va a quedar constancia- que cuando hablo de la Seguridad Social puedo hablar de lo que pasó hace muchos años, no quiero decir cuántos, y creo que la Seguridad Social nos capta.



Cuando era directora general e iba a dar charlas a la universidad o a otros ámbitos recuerdo cómo me decían que la Seguridad Social parecía mía, de cómo la defendía. Efectivamente imprime carácter, y creo que sigo en esa línea.



Con mi exposición solo pretendo plantear las ideas o reflexiones que respecto a la viabilidad del sistema de pensiones han sido mi constante, tanto en la época profesional como ahora en la universidad. He entregado unas transparencias para
que se pueda seguir mejor la exposición. No pretendo hacer un desarrollo exhaustivo de todos los cuadros; simplemente nos vendrán muy bien para que todos los comentarios o apreciaciones que se vayan haciendo se puedan justificar. La situación del
sistema en estos momentos no es la de otras épocas. El Pacto de Toledo ha sido fundamental por el consenso que ha supuesto entre todos los españoles; ha dado confianza y tranquilidad. Ya no se habla de la quiebra de la Seguridad Social, de cuándo
se producirá. Hubo unos años en que cada vez que ibas a una charla se hablaba de la quiebra de la Seguridad Social, y se decía: ante la quiebra de la Seguridad Social hay que Ahora no; ahora se habla de cuál será la trayectoria de la Seguridad
Social, en qué momento hay que empezar a tomar medidas, y voy a decir por qué.



Antes de comenzar el desarrollo de la exposición voy a dar una serie de hitos de forma que solamente con su análisis se podría decir hacia dónde va el sistema y las medidas que hay que tomar. Las he estado pensando mucho, pero creo que son
claras. Hasta el año 1966 el sistema español de Seguridad Social se financiaba por capitalización. En ese año se pasa a aplicar el reparto. ¿Por qué? Porque las reservas, que en teoría eran el fundamento de las obligaciones que tenía contraídas
el sistema, iban decreciendo de tal forma que llegaba un momento en que no tenía ningún sentido. Prácticamente iban equivaliendo a una nómina, a dos o a tres.
Por eso se pasó al sistema de reparto. El tipo de cotización, llegó al 34,30; en 1982
era del 32,1, y desde el año 1985 es del 28,80. Ha habido una rebaja en el tipo de cotización, pero bien es verdad que ha habido una ampliación en la masa salarial, es decir, en España -aunque sea un poco más redundante y pesado, en consideración a
los invitados voy a hacer algunas apreciaciones que quizá no sería necesario hacer si no estuvieran presentes- se cotiza por salarios reales entre un valor mínimo y uno máximo. Hasta el año 2003 ese máximo era diferente para cada categoría
profesional, y en ese momento se unifica, con lo cual al llegar a un tope único la masa salarial se ha ido ampliando.



En el año 1977 el presupuesto de la Seguridad Social cubría pensiones, incapacidad temporal, asistencia sanitaria, servicios sociales y otros gastos, y se financiaba el 92 por ciento con cotizaciones, y solo se necesitaba el 3,64 de
transferencias corrientes, procedentes básicamente de los impuestos. En el momento actual sabemos que la cotización va destinada a financiar prácticamente pensiones e incapacidad temporal.
Actualmente este tipo es del 28,8 por ciento sobre los
salarios, del que 16,74 puntos se destinan a cubrir las pensiones. En el caso de un individuo que comienza a trabajar con 30 años, se jubila con 65 y que por tanto ha cotizado durante treinta y cinco años -he adaptado el ejemplo a nuestra
legislación-, partiendo de un salario unitario cuando entró a trabajar a los 30 años y jubilándose con la unidad monetaria equivalente de aquel momento y revalorizable, el coste de su pensión es de un 35,7 por ciento sobre el salario. La esperanza
de vida a comienzos del siglo pasado, cuando se puso como edad de jubilación 65 años, era de 7 años y en el momento actual es de 22 años tras los 65 años en que uno se jubila.
El incremento de un punto de revalorización adicional, uno más uno
menos, puede variar desde el 7 por ciento al 11, porque ese punto no supone lo mismo al pasar de un 2 a un 3 o de un 6 a un 7. ¡Qué les diría yo! Con estos mimbres casi podríamos sacar unas conclusiones, pero como he venido a exponer mis
reflexiones sobre el sistema de pensiones, paso a desarrollar la ponencia.



Llevamos ya muchos años hablando de las reformas de los sistemas de pensiones, y uno de los debates del siglo XXI, que comenzó a finales del siglo XX, es la


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problemática de la Seguridad Social. Tanto en Estados Unidos como en los países de la Unión Europea o de América Latina se están realizando reformas basadas en tres argumentos como se reflejan en la transparencia: excesivo nivel de gastos,
tasas demográficas desfavorables e impacto negativo en el crecimiento económico. Ha habido posturas diferentes para hacer frente a las reformas, que después de esta primera parte comentaré.
Los organismos internacionales han tomado posiciones
distintas. Por ejemplo, la OIT y la OISS han hecho reformas no estructurales, lo que en algunos textos empezamos a ver que llaman paramétricas, mientras que el Fondo Monetario Internacional hace reformas estructurales, no paramétricas. Creo que lo
voy a explicar aquí, en vez de al final, porque así queda más claro. A qué se llaman paramétricas y no paramétricas. Se llaman reformas paramétricas no estructurales las que se hacen modificando las variables que definen el sistema, mientras que
las estructurales son cambiando completamente los modelos de Seguridad Social. Cuando lleguemos al cuadro donde expongo cómo pueden ser las reformas lo comprenderemos mucho mejor. En España, en la que también ha habido discusiones, con el Pacto de
Toledo se ha conseguido definir el modelo de Seguridad Social, modelo que ha sido aceptado por todas las fuerzas sociales y que como decía al inicio ha supuesto que todos los españoles sepan a qué atenerse, tengan confianza y tranquilidad sobre el
sistema de pensiones, que es muy importante.



En este contexto podemos decir que los factores que han ejercido influencia en las reformas de pensiones han sido: el envejecimiento de la población, el creciente interés por las privatizaciones, la globalización de los mercados y el
crecimiento del llamado sector no estructurado. Esto está hecho en un planteamiento general y según los continentes unos factores afectan más que otros. Por ejemplo, el sector no estructurado afecta mucho más a América Latina que a los países de
la Unión Europea.
Efectivamente se han hecho reformas, pero siempre basándose en una serie de principios, partiendo de los objetivos asignados a la Seguridad Social como pueden ser el acceso garantizado y universal a los servicios sociales, la
sustitución garantizada y adecuada del ingreso perdido, recursos básicos garantizados e inserción y reinserción social. Hay una serie de principios que sí han intentado guardar todas las reformas como el principio de igualdad de trato, la
solidaridad incluida la financiación colectiva, la afiliación obligatoria, y la responsabilidad general del sistema. Lógicamente la mayoría de las fórmulas en las que se han basado las reformas han intentado eliminar el riesgo y la aleatoriedad.
Ese ha sido un principio básico. En ese sentido se han tenido en cuenta una serie de criterios como la accesibilidad económica y financiera, traducible en que las cotizaciones sean razonables, es decir, que no porque haya que equilibrar el coste de
una pensión que suponga detraer el 50 por ciento del salario se vaya a hacer; es impensable que eso se pudiese admitir. Después tenemos eficiencia social, es decir, que se consigan unos niveles de vida dignos y fiables, y que se tengan en cuenta
unos determinados efectos redistributivos. Otro de los principio es la equidad individual. Este concepto de equidad viene representado por la vinculación que existe entre las prestaciones y las cotizaciones. Esa vinculación puede ser parcial o
total, en función de que exista una correlación exacta entre el valor de las prestaciones o valor de los derechos que se van consiguiendo y valor de las cotizaciones, o que sea solo parcial. Es decir, que las reformas han de ser rentables, viables
políticamente, coherentes con las realidades sociales y laborales, y gestionadas con eficacia.



En este contexto -que no vamos a explicar, porque ya lo tienen ustedes- lo que se muestran son las dicotomías que se presentan en las reformas, que pueden ser el principio económico-social, que el sistema financiero sea por reparto o
capitalización, que las cotizaciones o contribuciones sean definidas o no definidas, que las prestaciones a su vez sean definidas o no, y así sucesivamente. En realidad podríamos decir que quizá, a partir de esas dicotomías, habría que preguntarse
cuál es el límite entre tres conceptos básicos: si el sistema va a tener una dosis o un determinado nivel de público o de privado, si va a ser reparto o capitalización y cuál va ser el porcentaje de cobertura de los salarios.



A partir de aquí las reformas durante mucho tiempo se basaron en si se iba a financiar el sistema de previsión social por reparto o por capitalización. Me acuerdo que en reuniones de la Unión Europea hubo un momento en que se estaba
discutiendo continuamente esto. Hoy ya no se discute. Se tiene asumido que determinados sistemas, entre ellos los de la Unión Europea, con un determinado grado de consolidación y que abarcan a toda la población, el sistema de reparto es
inamovible. Como actuario, si me dicen que tengo que hacer el diseño de un sistema de protección social y me preguntan si se financiaría por reparto o capitalización, lo tengo muy claro: si es un sistema privado, con un colectivo de una dimensión
determinada, y que no tiene asegurada la retroalimentación, es decir, la alimentación, el sistema tiene que ser de capitalización, porque ahí no hay ninguna institución que responda de los posibles déficits. Pero cuando estamos en un sistema
público con una determinada antigüedad, está claro que cada uno -yo diría que incluso de los continentes- está situado en los límites. En la Unión Europea los sistemas públicos de Seguridad Social están financiados por reparto y en los sistemas
latinoamericanos tienen una dosis de capitalización, en unos casos total y en otros parcial, promovida precisamente por ese ánimo.
Cuando indicaba al principio cómo habían actuado los organismos internacionales decíamos que el Fondo Monetario
Internacional recomendaba reformas estructurales; es decir, de todas estas dicotomías, hacer el cambio consustancial que era necesario en cada momento. Sin embargo los sistemas de la Unión Europea siguen con un sistema de reparto con las
características que veremos ahora.



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¿Qué ponemos en la transparencia? Normalmente la protección social no se dispensa en un solo nivel, sino en varios. Es usual acuñar estos niveles: un primer nivel que cubriría prestaciones de cuantía fija de la Seguridad Social
condicionadas al límite de recursos, a la demostración del límite de recursos. Un segundo nivel que correspondería a las pensiones en función de las cotizaciones realizadas procedentes de las rentas de trabajo, dependientes o no. Un tercer nivel
que es el relativo a sistemas complementarios de pensiones. Normalmente cuando se habla de complementarias son colectivos básicamente a partir de las empresas. Un cuarto nivel que son planes de pensiones de ahorro-pensión individuales, pudiendo
haber otras formas de cobertura de la protección social. Pues bien, en los dos primeros niveles el sistema financiero utilizado es el reparto. Este es un estudio que se hizo hace unos años de un proyecto de la Unión Europea, o sea, que es
contrastable desde hace unos años. En estos dos primeros niveles las pensiones suponen el 89 por ciento. Es decir, del total de la previsión que tienen los ciudadanos de la Unión Europea, las pensiones procedentes de estos dos niveles suponen el
89 por ciento, el 7 por ciento procede de los sistemas complementarios de pensiones financiados por capitalización, el 1 por ciento de los diversos planes privados de ahorro que hay por ahí, y el 3 por ciento de otras formas de ahorro que podríamos
decir voluntarias.



Que tenemos en España. Como está ahí la transparencia no voy a ser muy exhaustiva, pero simplificando podríamos decir que en España tenemos tres niveles. El nivel básico donde se implican todas las prestaciones que denominamos no
contributivas, que afectan a toda la población, en algunos casos previa prueba de rentas, y que están financiadas por impuestos y gestión pública. El segundo nivel podríamos decir que es un nivel contributivo y profesional, cuya cobertura o
prestaciones otorgadas son pensiones sustitutivas de rentas de trabajo; es obligatorio para todos los trabajadores y es financiado básicamente con cotizaciones sociales.
El tercer nivel, que se denomina complementario, ya sería un nivel privado
que se puede diseñar con rentas o capitales para los casos de jubilación o invalidez; es voluntario para toda la población y financiado privadamente. Lo primero que nos cuestionamos en España respecto de los países de la Unión Europea es a qué
niveles estamos, y una de las formas de medir el nivel de protección social en el que estamos es lo que supone el gasto respecto del producto interior bruto. Ahí se observa, y solo voy a comentar España y la Unión Europea, que en el año 2006,
últimas cifras de las que se dispone, en España estamos en el 20,9 por ciento del PIB mientras que en la Unión Europea es el 27,5. Es decir estamos a 7 puntos de la Unión Europea. Es verdad que cuando se mira el efecto histórico, subir o bajar ese
porcentaje, como ahí está incluido el desempleo, resulta que en épocas de bonanza como se paga menos desempleo resulta que el gasto baja. Entonces en el análisis hay que tener cierta precaución cuando se dan las cifras. Cuando nos vamos al gasto
de pensiones tenemos 8 puntos en el caso de España frente a 10 de la Unión Europea. Es decir, que estamos a 3 puntos de diferencial de gasto de pensiones respecto del PIB en España y en la Unión Europea.



Si nos referimos a unidades de paridad de compra también se ve la diferencia entre España y la Unión Europea, porque España está al 71 por ciento en unidad de paridad de compra, y sin embargo el crecimiento ha sido mayor en esos años, un 4,5
por ciento de media en ese periodo histórico interanual, que es lo suficientemente amplio, frente al 3,5 de la Unión Europea. Si nos vamos a los ingresos podemos destacar que las cotizaciones proceden de los empleadores, de las personas protegidas
y del sector público; mientras la aportación de los empleadores es similar, alrededor de un 10 por ciento del producto interior bruto, luego hay una compensación entre lo que aportan las personas protegidas y lo que procede de los impuestos;
mientras que en España solo procede de los trabajadores el 3,5 por ciento, en la Unión Europea supone casi el 6 por ciento. Este diferencial se compensa lógicamente en el caso de las aportaciones provenientes de los impuestos, que en España es el
7,6 frente al 10,8 de los impuestos. ¿Para qué nos van a valer todas estas cifras? Para situar nuestro nivel de protección social respecto de la Unión Europea.



Podríamos entrar ahora a ver las disfuncionalidades de las variables del sistema. Como nosotros estamos en la Comisión del Pacto de Toledo para tratar la solvencia del sistema de pensiones, lógicamente de aquí en adelante yo me voy a
centrar en lo que es el sistema de pensiones. Pero como la Seguridad Social es mucho más amplia, ya que trata de cubrir necesidades de todos los ciudadanos, voy a hacer una pequeña referencia, aunque insisto en que me voy a centrar en pensiones,
pero como yo estoy exponiendo aquí unas reflexiones, en esas reflexiones quiero decir lo siguiente. Respecto de la sanidad creo que habría que clarificar el concepto de universalización. Todavía hay cuotas por convenios de asistencia sanitaria que
se están pagando. Y si es universal y gratuita, efectivamente hay que definir ese concepto e incluso yo creo que habría que normalizar ya dónde están definidas las competencias del reconocimiento sanitario. En este momento siguen en el INSS, -como
son reflexiones mías lo puedo decir-, y se podría ya homogeneizar todo -no digo en qué ministerio porque esa no es mi competencia- en un ministerio, competente en aspectos sanitarios. El otro día leyendo intervenciones he visto que se ha tratado el
tema de la prestación de farmacia, y como lo he comentado hace un rato, voy a dar mi opinión. Se debería de tender a la homogeneización de esta prestación que no es igual en todos los colectivos; sí es igual en cuanto a la prestación que resulta,
pero no a la financiación. Tenemos aquí dos regímenes: uno es el de los empleados públicos, que diría que está incardinado en un sistema especial que se denomina de clases pasivas, y luego tenemos el resto del sistema de Seguridad Social. En ese
primer sistema es


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verdad que durante toda la vida de los individuos se paga el 30 por ciento, sin embargo en el sistema de Seguridad Social se paga el 40 por ciento en la época de actividad y nada en la época de pasivo. El secretario de Estado decía que se
paga más o menos, pero aquí vamos a equilibrar costes con lo cual el incremento de coste ya no es tan grande.
Entonces, según mi teoría, donde se paga el 30 por ciento se debería pasar al 40, y donde se paga el 30 por ciento pasar a cero como
todos, con lo cual se homogenizan todos los colectivos. Es una reflexión en voz alta porque como la expongo por ahí y nadie me hace caso es la ocasión de decirlo.



Vamos ahora a centrarnos en el sistema de pensiones. No se asusten con la ecuación que aparece en la transparencia porque no pretendo dar aquí una clase de matemáticas, pero como tengo memoria visual me viene bien. Hemos dicho que el
sistema de Seguridad Social -eso de los sumatorios queda muy bien, pero no es para tanto; no se asusten- funciona por reparto. Es decir, con las cotizaciones se financian los gastos y me voy a referir solo a pensiones. Las cotizaciones son un
tipo que se aplica al salario y al número de individuos que cotizan. Y el gasto simplemente se va a reflejar en el producto de una pensión media por un número de pensiones que se pagan. Aquí es donde voy yo. Lógicamente para que esa igualdad se
mantenga tengo que ver cómo se mueven todas esas variables; lo usual es que se diga que el tipo de cotización ha de ser estable, ¿por qué? Porque nosotros no podemos cambiar el tipo de cotización todos los años, entre otras cosas porque como una
parte muy importante de la cotización corre a cargo de las empresas estas necesitan saber cuál es esa cotización, a efectos de su estructura de costes. No es una cosa que se deba improvisar todos los años; no podemos depender de lo que vaya a
salir en la Ley de Presupuestos para el año que viene, no. Se necesita saber para la estimación de costes. Por eso para que el tipo de cotización sea estable se tienen que verificar estas dos relaciones: que haya estabilidad en lo que he
denominado un factor económico, que es el cociente de la pensión media y el salario medio, y un factor demográfico, que es el número de pensiones que se pagan y el número de cotizantes.



Se está haciendo mucha bandera de que el sistema es viable cuando la relación activos-pasivos, que es la inversa del factor demográfico, es 2.
Yo no hago más que darle vueltas a quién ha dicho que sea 2. Y continuamente se está diciendo
que no hay cotizantes. Vamos a ver, según mis reflexiones también hay que cuidar el factor económico que viene dado por la relación entre la pensión media y el salario medio. Es decir, que la estabilidad del tipo de cotización que va a implicar
una viabilidad del sistema viene por la coordinación de esas cuatro variables: variables demográficas activas y pasivas, y variables económicas representadas por la pensión media y el salario medio. Por romper un poco la monotonía he puesto un
gráfico donde se ve que efectivamente un tipo de cotización con unos ingresos estables sería la línea horizontal, con lo cual aparecerían reservas. Lo que digo es que según cómo se comporten esas variables a las que anteriormente he hecho mención,
aparecerán unas reservas mayores o menores, que durante una época se forman y que se consumen en otra. En este caso, esas reservas vienen de haber considerado tipos promedio de cotización. En un caso más general tendríamos esto. Aquí se ve muy
bien cuál es el sentido de las reservas. Como los gastos son exponenciales, gastos crecientes, durante las primeras épocas -la primera parte viene por la diferencia entre la recta y la curva- se acumulan reservas que se consumen en la parte
posterior. Efectivamente, en España ha habido reservas, que han sido cíclicas y que continuamente han estado reguladas.
La Ley del año 1966 hablaba de reservas y tenía que hablar de reservas porque en un momento determinado esas reservas pueden
ser simplemente para cubrir problemas de tesorería. Siempre han estado definidas, pero últimamente, por no retrotraernos excesivamente, en la historia en la Ley de Presupuestos Generales del año 1989 estaban reguladas; también estaban en 1994,
cuando se hace el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y, así sucesivamente, aparecen en todas las regulaciones de los fondos de reserva.



Ahora lo que quiero que vean es, de todos los factores que influyen en el gasto de pensiones, que es, digamos, el tema central de mi exposición, cuáles son los que repercuten, cómo lo hacen y cuál es mi pensamiento sobre ellos. En ese
cuadro que ven ahí, donde aparece la evolución del gasto de pensiones, observarán cómo ha evolucionado la población pensionista, cuáles han sido las revalorizaciones a lo largo del tiempo y un factor residual que mide las variaciones que ha habido
en el gasto de cada año por medidas que se han tomado y por lo que se denomina el efecto de sustitución, que implica que cuando se hace una renovación del colectivo entran las nuevas pensiones con una retribución más alta que la de las que salen,
que normalmente son por fallecimiento. Pues bien, todo ese maremágnum de cifras lo he traducido a estos tres conceptos. Se han representado dos periodos para que se vea que las conclusiones son las mismas. He reflejado desde el año 1985 hasta
2010 y como puede parecer que me he remontado históricamente demasiados años atrás, el segundo periodo sería del año 2000 a 2010. ¿Qué se quiere decir ahí? Que el incremento medio interanual que ha habido en el gasto de pensiones ha sido, en el
primer caso, de un 8 por ciento.¿A qué se debe ese incremento? El crecimiento del número de pensiones se ha debido en un 1,96 por ciento -redondeando, un 2 por ciento- al efecto demográfico; a la revalorización en un 4,41 y a otros efectos en un
1,80 por ciento. Si me voy al segundo periodo -he recortado un poquito-, 2000-2010, el efecto es el mismo, con otra magnitud, es decir, de un 6 por ciento que ha sido el crecimiento interanual medio del gasto de pensiones, un 1,4 por ciento se debe
al efecto demográfico, un 3,36 a las revalorizaciones y un 1,57 a otros efectos que he explicado anteriormente. ¿Qué conclusión


sacaríamos de aquí? Pues que sí, que el efecto demográ


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fico tiene su trascendencia, pero no cabe duda de que el mayor impacto en términos monetarios corrientes es el de las revalorizaciones. ¿Qué quiero decir con esto? No es que yo vaya a negar las revalorizaciones, pero hay que ser cuidadoso
en el tema. Lógicamente, ahí está metido el efecto de los complementos a mínimos, y cuando después lleguemos a la decisión del Pacto de Toledo de separar lo que es contributivo y no contributivo efectivamente ese efecto se suavizaría, pero en estos
momentos, en términos generales, vemos el impacto que tienen las revalorizaciones en el coste de las pensiones, con lo cual me retrotraigo a la transparencia en relación con la estabilidad del tipo de cotización y viabilidad del sistema -aparecía
ahí una relación entre pensión media y salario medio-, y como esa pensión media viene influenciada por estas revalorizaciones, si los salarios, que son la base la financiación, no son capaces de crecer a ese mismo ritmo, podríamos considerar este
hecho como una disfuncionalidad; no lo califico, simplemente digo como una disfuncionalidad.



Se ha hablado de hacia dónde va el sistema. Yo no voy a entrar en una guerra de cifras. He utilizado los cuadros y las proyecciones del sistema de la Seguridad Social, que para mí son los fetén, porque aquí no se trata de decir que esto da
3,33, sino de hacer una interpretación en términos relativos y entonces lo que sí que se ve es que aquí están las dos proyecciones, en la última de las cuales se ve que en el año 2005 había un diferencial entre cuotas y pensiones medido en las
relaciones respecto del PIB y ese diferencial va disminuyendo: de 2,12 pasa a 1,31 en el año 2015 y a partir de 2015 efectivamente las cotizaciones son inferiores a las pensiones en participación del PIB. Aquí quiero resaltar una cosa. Creo que
han tomado la hipótesis de que las cuotas serán constantes respecto al PIB; alguna hipótesis había que tomar, pero es un poco simple. En ese sentido, ¿qué queremos decir? Vemos hacia dónde camina, el diseño que hay del sistema de Seguridad
Social, luego entonces habrá que tomar medidas, puesto que hay disfuncionalidades; entonces, cuanto antes se tomen esas medidas, mejor, porque los efectos son acumulativos, los derechos consolidados se mantienen. ¿Qué quiere decir esto? Que las
pensiones ya causadas no se van a ver afectadas, luego entonces, si se toma cualquier medida, el primer año afectará a las nuevas altas de ese año, el segundo año a las de dos años y así sucesivamente; es decir, que puede ser que hasta dentro de
diez años el efecto no se vea, por lo que cuanto antes, mejor. ¿Qué voy a hacer ahora? Evidenciar las disfuncionalidades que yo veo en cada clase de pensión, que en unos casos serán mayores y en otros serán menores. Empezaremos por la
incapacidad.



Respecto de la incapacidad, teniendo en cuenta la modificación que se ha hecho en la Ley 40/2007, donde ya se ponía de manifiesto incluso una mayor relación entre lo que se cotiza y lo que se recibe, puesto que la base reguladora está hecha
en función de lo que se ha cotizado y lo que queda por cotizar, los porcentajes, lo que sí que hay que hacer es cuidar las medidas de gestión. Fíjense ustedes que tenemos que la edad media de incapacidad son 50,68 años, 51 años. ¿Qué quiere esto
decir? Que cualquier medida de gestión que fuera a ser permisiva y a que esa edad se rebaje implica que habría que pagar quince años adicionales sobre la consideración de la misma persona como pensión de jubilación. ¿Por qué digo esto? Se ve mal
esa transparencia, pero por las personas que están atrás voy a decir dos cifras. En el año 1981 la tasa de incapacidad medida en tanto por mil era del 14. Lógicamente, esta tasa no era coherente con el estado sanitario del país y siempre se
contrastaba con otras tasas a nivel internacional, puesto que esta incapacidad es exclusivamente por asistencia sanitaria, quiero decir por enfermedad. Se tomaron medidas y se ha conseguido -se ve ahí el decrecimiento- reconducir hasta tasas del
4,36. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente, vía revisiones y vía control, se debe mantener en unas tasas que se denominan tasas aceptables de siniestralidad. Quitando ese aspecto, creo que no hay demasiadas disfuncionalidades en el caso de
la incapacidad. Me refiero a la gestión porque como la incapacidad tiene un atractivo fiscalmente porque no tributa, siempre hay una pretensión a, en igualdad de condiciones, conseguir una pensión de incapacidad sobre una de jubilación.



Entramos en la jubilación y voy a ir un poquito más rápido. La pensión de jubilación viene definida por la cuantía de la pensión y el número de pensiones que entran. Su control vendrá determinado por cómo se han movido esas variables. Me
ha parecido importante ese cuadro sobre las tasas de sustitución de la Seguridad Social para ver cómo estamos nosotros dentro del entorno de la Unión Europea. Se puede ver en ese cuadro que en todos los países del entorno mediterráneo, la tasa de
sustitución medida por la relación que existe entre la pensión que recibe el individuo cuando se jubila y el salario al que sustituye está entre el 80 y el 90 por ciento. Decimos que hay carrera completa cuando el individuo ha cotizado todos los
años y tiene derecho a un cien por cien según las normas aplicables en cada país -solo voy a comentar lo relativo a una carrera completa-, es decir, que la mayoría del salario está sometido a cotización. Por tanto, ante una carrera completa, la
pensión es prácticamente el salario, salvo las peculiaridades fiscales que puedan afectar. Sin embargo, en países como Francia, Alemania e Irlanda, a los que se refería el estudio que se hizo en aquellos momentos y en el que participé, está entre
un 40 y un 50 por ciento. Es muy importante definir cuál es el nivel de cobertura público que se quiere, por supuesto, con sistemas complementarios que podrán ser públicos o privados, pero en esta situación nos encontramos.



Ahí tienen ustedes documentación sobre la edad de jubilación, pero yo me voy a fijar en este cuadro porque es uno a los que yo le llevo dando vueltas. Continuamente se alude a que para una edad de jubilación en España de 65 años, en que la
edad real es 62,5, 62,8, 62,3, lo que hay que intentar es que esa edad real se acerque a la edad legal. Doy muchas vueltas a este


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cuadro porque para eso está la Seguridad Social, para perfilar, pero a mí se me ocurren las siguientes reflexiones. De las pensiones que se causan en un año, ahí están los dos últimos años, el 57 o el 59 por ciento tienen más de 65 años,
con lo cual quiere decir que el 42 por ciento -el 40 por ciento, vamos a redondear- tienen menos de 65 años. Estas pensiones son las que deberíamos analizar. Entonces, yo me pregunto ¿implican coste estas pensiones o no implican coste estas
pensiones? Es mi reflexión. Hago un pequeño análisis y digo que con coeficiente reductor, es decir, las personas que se han jubilado a los 60, 61, 63 y 64 -y cuando hablo de coeficiente reductor es que se les ha aplicado una reducción en su
pensión, de la que hablaré posteriormente, por haber adelantado la pensión, aunque lo voy anticipando-, si ese coeficiente es neutral actuarialmente, no le suponen un gasto a la Seguridad Social. Ahí ya tengo el 24 por ciento. Luego tengo la
especial a los 64 años. Cuando una persona se jubila a los 64 años es el contrato de relevo. Ahí el coste es por un año. Si encima se hiciera un análisis de todas esas pensiones, muchas de las cuales probablemente están condicionadas por el tope
máximo de la pensión, que se habrían materializado de cualquier forma exactamente a los 64 años porque ya no les supone un aumento de los derechos, no creo que sea mucho el coste. La parcial también es temporal.
Entonces me queda a mí como coste
el que se deriva del 2 por ciento, que son las pensiones sin coeficiente reductor que probablemente tengan su propia legislación y que después podríamos ampliar cuando hable de la separación de fuentes y de mi impresión sobre cómo deben ser estos
aspectos del sistema.



Cuando se habla de que se tienen que tomar medidas, una de ellas es ampliar o no los años de cotización. Les puedo contar una anécdota. El otro día di una clase de Seguridad Social en la Facultad de Económicas y a los alumnos que ya están
en quinto curso de la licenciatura actuarial les pregunté qué les dirían a SS.SS. del Pacto de Toledo para mantener la viabilidad del sistema. Me sorprendió que dijeran que ampliar el número de años -no es cosecha mía- para causar la pensión. Es
verdad que como era un grupo de tarde, había gente que estaba trabajando y esto le ha hecho mella, porque dicen, yo ya estoy trabajando y cuando tenga 65 años voy a tener cuarenta años de cotización, así que se suba a cuarenta años.
No se entró en
un mayor análisis, pero esa fue la reacción de la gente.
Aquí vemos que como el sistema ya está consolidado, cada vez los españoles tienen más años de cotización. Es curioso porque el 40 por ciento de las pensiones que se causan han cotizado
cuarenta años; con quince años, que es el mínimo para tener derecho, solo son el 2 por ciento. Esas son cifras que hay que tener en cuenta para ver cómo se puede actuar.



Me voy a centrar en lo siguiente. No les quiero impresionar con estas ecuaciones que están aquí, porque las tenía para ponérselas a los alumnos. Yo he hecho mucha defensa de los coeficientes de jubilación anticipada o retardada. Si se
modifica la edad o si se permite adelantar o retrasar la edad, debe ser con aplicación exhaustiva de los coeficientes. ¿De qué tratan estos coeficientes? Tratan de calcular una pensión equivalente, de tal forma que se compense por el menor número
de años que no se cotiza y por el mayor tiempo que se va a percibir la pensión, luego es un coeficiente que supone la neutralidad de la nueva pensión que se va a percibir respecto de la pensión que dicen las normas, que en este caso es a los 65
años. En este caso, como ven, hay un cuadrito donde dice que estos serían coeficientes individuales. No discuto si ha de ser un 6 o un 7, porque habría que hacer valores promedios, pero se deben aplicar. ¿Por qué decimos esto? Porque cualquier
medida que se tome respecto a la jubilación, si estamos en el diseño de un sistema que ha de ser contributivo, que es una de las ideas que se está continuamente manejando, estos coeficientes son importantes.



Como resumen de todos estos aspectos de la pensión de jubilación, diría que para que sea más contributivo el sistema, habría que ampliar el número de años considerados en la base reguladora, lo que hoy día ya no plantea ninguna problemática,
porque está la informática. Antiguamente es verdad que cada vez que se intentaba adoptar esta medida era complicado.
También hay que estudiar la edad de jubilación, y con exquisito cuidado, los coeficientes aplicables ante una variación. Asimismo
es necesario prudencia en las revalorizaciones, que a su vez implica prudencia en las pensiones mínimas. ¿Por qué? Porque no se debe desincentivar la cotización, de tal forma que los individuos vean que su esfuerzo no tiene una recompensa por
hacer una cotización mínima o no mínima o por una cuantía superior.



Respecto a la supervivencia, por ser un poco más ágil en la exposición, diría que habría que reordenar la rama de supervivencia, redefinir las situaciones de necesidad. Si recordamos un poco la historia, la pensión de viudedad primero
afecta a las viudas, después a los viudos y por último a las parejas de hecho, es decir, que habría que proceder a una reordenación, ya que la evolución del concepto de familia, pareja y situación de necesidad ha cambiado. Ahora la mujer se ha
incorporado al mundo laboral y este es un tema a tener en cuenta de cara al futuro. Por eso, aunque no soy quién para decirlo, creo que se tendría que ir a una reordenación.



Respecto a la financiación, es básica la separación de las fuentes financieras. Como en las conclusiones lo tengo desarrollado, para ser más ágil me voy a centrar en ello. Me he permitido hacer unas reflexiones sobre el sistema
complementario, sobre los gastos de gestión, sobre las medidas fiscales, sobre el control de las inversiones respecto de la liquidez y, por utilizar un término actuarial, sobre las primas de riesgo, que no se computen de las aportaciones. Respecto
a los gastos de gestión, este es un cuadro de comisión promedia. Muy bien, no llega ni al uno por ciento; sin embargo, si hacemos un análisis, sabemos que en los planes individuales se está cobrando entre 2 y 2,5 puntos de comisión de gestión,


que va sobre el patrimonio, mientras que los que son de


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tipo colectivo, básicamente los de empleo, están entre el 0,20 y el 0,50.
Yo podría decir ¿quién de SS.SS. en estos últimos tiempos no ha tenido un susto en su plan de pensiones, que muchos de nosotros tenemos? Yo sí. Soy previsora y
creo que puedo ir por ahí. En algunos casos hasta el 30 por ciento. Se puede decir, claro, estabas en renta variable, pero ¿por el hecho de estar en renta variable se puede permitir? El concepto de renta variable, del que después hablaré, es muy
amplio. Esas comisiones me las cuestiono -una disfuncionalidad-, porque esos valores promedios son muy aparentes, pero cuando desglosamos los distintos planes de pensiones no es lo mismo.



Con respecto a la fiscalidad -casi termino ya-, el tratamiento fiscal de estas medidas debería ser estable. Antes las empresas se deducían un 10 por ciento en el impuesto sobre sociedades y después desapareció. Ahora se ha cambiado la
fiscalidad, según sea renta o sea capital. Hombre, cuando entramos en una protección de este tipo, nos gustaría saber, cuando metemos ahí el dinero, cuál va a ser nuestro tratamiento fiscal.
Yo no digo cuál tiene que ser, pero que no nos llevemos
sorpresas.



En cuanto a la liquidez, no tengo reflexión, pues creo que este aspecto está bastante bien tratado si hay desempleo o hay enfermedad, luego en ese sentido, nada. En cuanto a las primas de riesgo, que no se computen en el límite, mi
pensamiento es que la parte que se aporta a las prestaciones de riesgo, la viudedad, tiene que tener un tratamiento diferenciado. En un plan de pensiones yo me lo llevo más o menos, pero tratándose de una prestación derivada de la muerte, si no
ocurre la muerte no me lo llevo y pierdo la prima. Quizá tendría que tener otro tratamiento.



En lo que sí tengo una preocupación -no voy a ser muy exhaustiva- es en el tema de las inversiones. Estimo conveniente establecer mayores restricciones en cuanto a los activos aptos y operaciones que puedan realizar los fondos, con el fin
de que exista un mayor nivel de seguridad en las inversiones que soporten los derechos consolidados y económicos.
Me estoy imaginando, en la etapa anterior de los planes de pensiones, en la que cuando una persona se jubilaba tenía que ejercitar el
derecho consolidado, con esta crisis que ha habido, el cataclismo que hubiera significado. Es verdad que ahora eso se ha suavizado, pero habría que considerarlo. En ese caso, cuando se utilizan derivados en el tema de la valoración de los activos,
en los fondos en cascada, y digo fondos en cascada porque está admitido y eso va a comisión, comisión, comisión, habría que cuidar muchísimo y controlar el tema de las inversiones, con informaciones periódicas para que todos los partícipes tuvieran
información. ¿Qué pasa? Que podrán decir ustedes que cómo se le da una información financiera a un plan individual. En ese sentido, habría que fomentar probablemente los planes sectoriales o asociativos. Ahí ya sí que habría un nexo de unión
entre todos los partícipes y se puede tener esa información.



Entro simplemente en las conclusiones, muy rápidas. Una de las principales variables que influyen es la demográfica, como he dicho, esa ecuación que he planteado, es decir, que el mercado de trabajo es el que abastece del número de
cotizantes a la Seguridad Social, luego el empleo es fundamental. Además, quiero hacer hincapié en lo que es objeto de discusión en el Pacto de Toledo, la separación de las fuentes financieras. En los pactos anteriores se han definido las
prestaciones, pero yo digo que en cada nueva necesidad objeto de cobertura incluida en el sistema de la Seguridad Social ha de definirse si es una cobertura de Seguridad Social o una política diferente, en cuyo caso tendría que ser financiada por
impuestos, esto es, cada vez que se haga una nueva protección, que se defina claramente si es prestación de Seguridad Social o una política en general social, en cuyo caso debería ser financiada por el Estado. En el caso de complementos a mínimos,
se ha dicho que es no contributivo, pero yo también diría que se ha de ser prudente para que no se desincentiven las cotizaciones mínimas. Vistos estos aspectos de los hitos a los que anteriormente me he referido, diría que la viabilidad del
sistema pasa por establecer reformas puntuales, como he dicho anteriormente, puesto que los efectos no son instantáneos, sino que se van a ver a lo largo del tiempo.



Entre las reflexiones puntuales, he hablado de tratamiento prudente de las revalorizaciones. Como el coste de una pensión -no quiero hacer bandera de esto- es superior a los 16 puntos que en este momento se están destinando a la
financiación de las pensiones de jubilación, para que sea contributivo habría que incrementar el número de años en la base tenida en cuenta, aunque ya sabemos que a algunos les va a perjudicar. Este es un tema muy curioso a estudiar. Estoy
haciendo investigaciones -lo que pasa es que no me ha dado tiempo a presentarlas desde que me avisaron ustedes- sobre la evolución de los salarios en los veinte últimos años y hay un maremágnum: son crecientes, decrecientes y con muchos impasses.

(La señora López i Chamosa: Con altibajos.) Una muestra de cómo son los salarios de cotización de los españoles, es que creemos que son crecientes con la edad o crecientes y luego decrecientes. La movilidad de esos salarios es muy amplia. En
cuanto a la edad de jubilación, a lo mejor habría que cuestionarse aumentarla, basada, como soy técnica, en un punto de vista técnico. La esperanza de vida eran siete años cuando se diseñaron 65. Hacerse una pensión del cien por cien del salario
es caro y cuando ahora hay que hacerse una pensión para veintidós años, hay que cuestionárselo.



Con respecto a la incapacidad permanente, como he dicho anteriormente, hay que hacer uso del concepto de revisión y mantener firmes los procedimientos de gestión, de tal forma que no haya fraude y que ello permita situar las tasas de
invalidez en los términos lógicos sanitarios del país. En el tema de la supervivencia, planteo la reordenación de las prestaciones, adaptándolas a las


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actuales realidades sociales, y por lo que se refiere a las formas complementarias de pensiones, admitir las diversas formas de ahorro que existen, control de los gastos de gestión y control de las inversiones.
Para finalizar, diría que
cuando leo por ahí notas de prensa o declaraciones a veces veo contradicciones. La función de la Seguridad Social es cumplir el papel equilibrador de desigualdades sociales que existen y por tanto actuar con criterios y principios de equidad. Pero
luego se habla de desequilibrios entre cotizaciones y pensiones; es decir, se están enfrentando criterios de solvencia con los de equidad. No cabe duda de que nosotros tenemos un sistema generoso y, probablemente, tendríamos que preguntarnos qué
grado de solidaridad y de redistribución queremos, como les decía, he estado últimamente en México con motivo de un proyecto de la Unión Europea, y les explicamos el Pacto de Toledo y estaban maravillados de que se hubiera llegado a un consenso.
Por tanto, hay que seguir manteniendo esa confianza, porque yo he vivido épocas en que no había dicha confianza. Creo que la gente tiene confianza en el sistema, pero ya va admitiendo que hay que hacer modificaciones, que esto no es estático, que
es dinámico. Por mi parte nada más y me pongo a su disposición para las preguntas que quieran realizar.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Tomás Burgos.



El señor BURGOS GALLEGO: Muchas gracias, doña Ana Vicente, por su exposición prolija y por la documentación, yo creo muy relevante, que nos ha facilitado y que le agradecemos. Precisamente por lo prolijo de su intervención voy a intentar,
siguiendo el orden de su exposición, plantear las reflexiones que le sugieren a mi grupo parlamentario y seguro que no va a ser fácil. Compartimos el comienzo de su exposición en el sentido de que la problemática de la Seguridad Social -yo diría
que del Estado del bienestar en su conjunto- va a ser uno de los grandes debates del siglo XXI y desde luego ya lo está siendo. En España tenemos una ventaja, o al menos deberíamos concebirla como tal, y es que tenemos bien definido el modelo
mediante el gran acuerdo que significó el Pacto de Toledo y existe un consenso básico sobre los elementos que lo configuran. Hay un consenso básico que conviene que intentemos reafirmar en este momento en las instituciones españolas, en los
partidos políticos y en las organizaciones sociales, pero también hay un consenso en las instituciones supranacionales a las que pertenecemos sobre la conveniencia o la necesidad de reforma. No voy al Fondo Monetario ni a la Organización
Internacional del Trabajo, me quedo en la Unión Europea, en la OCDE, que estos últimos días ha vuelto a pedir una vez más al Gobierno español que implante reformas en la sanidad y reformas en las pensiones, reformas paramétricas. Desde el punto de
vista de su planteamiento, nuestras reformas -y conviene decirlo con toda claridad- son para modernizar el sistema, para adaptarlo, para mejorarlo, para asegurar su correcta evolución, su solvencia, su credibilidad, pero no son reformas de carácter
estructural. Nadie pone en cuestión el elemento estructural del sistema. Yo creo que estamos aquí para decirles a los actuales pensionistas que sus pensiones no van a verse afectadas negativamente por reforma alguna; es más, donde sea posible y
preciso, intentaremos mejorarlas. Hay que decir también a los pensionistas futuros que dado que el sistema de que disponemos y los desafíos que tenemos por delante así lo exigen, necesitamos nuevos instrumentos, nuevas medidas precisamente para
asegurarles a ellos una cobertura digna y una cobertura segura.



Hay otros muchos factores, aparte de los que citaba usted en su exposición, sobre todo en España, que ejercen influencia en la reforma de las pensiones y son esas nuevas formas de trabajo, esas nuevas carreras profesionales que ya no son
iguales que las que definieron nuestro mercado laboral en las últimas décadas, esas nuevas formas de convivencia, el papel de la mujer, de la familia, de la propia comunidad, las nuevas exigencias que los ciudadanos también nos plantean en cuanto a
la eficacia en la asignación del gasto. No siempre todo el gasto público, todo el gasto social es correcto, es adecuado, es eficiente y muchas veces nos quedamos en las grandes cifras y no hacemos esa auditoría de eficiencia que deberíamos realizar
en materia de gasto social.



Entre los principios rectores de una reforma cita usted la igualdad de trato, la solidaridad, incluida la financiación colectiva, la afiliación obligatoria, la responsabilidad general del Estado, pero echamos en falta una apelación mucho más
explícita a la contributividad. Lo ha hecho después en su exposición, pero nuestro sistema es esencialmente contributivo, es un sistema también solidario, pero fundamentalmente es un sistema contributivo. Dentro de ese llamado vínculo medio que
usted establecía en una de las transparencias entre prestaciones y cotizaciones -nuestro sistema tiene pensiones mínimas, también las tiene máximas, tiene topes de cotización, tiene pensiones establecidas- caben muchas posiciones y me gustaría saber
cuál es la suya. Dentro del vínculo medio entre las cotizaciones y las prestaciones, hacia dónde tenemos que evolucionar: ¿hacia una estricta correlación, como decía el presidente del Gobierno hace una semana y pocos días más, y una estricta
correlación es eso, una estricta correlación entre cotizaciones y prestaciones, o dónde ponemos el límite real de esa contributividad? Coincidimos en que las reformas han de ser rentables. Supongo que quiere decir rentables socialmente, es decir,
basadas en criterios de eficiencia social y de equilibrio económico, viables políticamente, coherentes con las realidades sociales y laborales y gestionadas con eficacia. Cabría preguntarse si lo que tenemos en estos momentos cumple exactamente
estos criterios.



Nos da una serie de datos sobre la participación del gasto social en el PIB, del gasto de protección social por habitante. Usted ponía el acento en la eficiencia social


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de nuestro sistema y nosotros lo compartimos. El Instituto Nacional de Estadística ha publicado hace muy pocas fechas una nueva encuesta de condiciones de vida y en ella se observa que la desigualdad en la distribución personal de la renta
ha subido 5 puntos entre el año 2004 y 2008 y que la ratio -ese 80 y ese 20 que establece precisamente el cociente entre las rentas del 20 por ciento de ciudadanos más ricos y del 20 por ciento de ciudadanos más pobres- ha aumentado 3 décimas, es
decir, que no parece que en estos últimos años el Sistema de Seguridad Social y el sistema de protección en su conjunto haya avanzado en la corrección de las desigualdades o de los desequilibrios; más bien, de las estadísticas oficiales, se deduce
exactamente todo lo contrario. Por tanto, esta reflexión de carácter general que usted hacía sobre la eficiencia social convendría que la analizáramos con indicadores fiables que nos dijeran si lo que estamos haciendo en Seguridad Social, lo que
estamos haciendo en general en este país con las políticas económicas y sociales está avanzando en la vía de la corrección de las desigualdades o está yendo precisamente en dirección contraria. El Instituto Nacional de Estadística nos dice que
estamos yendo en dirección contraria, pero me gustaría conocer cuál es su percepción, ya que usted que es una gran experta y bebe de muchas fuentes de información en esta materia.



¿Aboga usted por más gasto público en materia de pensiones, por más gasto social, por más cotizaciones, por más impuestos, por más transferencias del Estado a la Seguridad Social? Creo que nos tenemos que enfrentar en esta renovación del
Pacto de Toledo a una realidad y es que por primera vez las cotizaciones sociales están en el límite de que puedan financiar las pensiones contributivas. Durante mucho tiempo, prácticamente durante toda la historia de nuestra Seguridad Social, las
cotizaciones sociales han generado superávit. Otra cosa es que la Seguridad Social tuviera que asumir costes que no le correspondían, pero los ingresos por cotizaciones sociales permitían cubrir el coste de las pensiones contributivas. Eso se está
deteriorando de manera extraordinaria, y probablemente estemos ya en el punto de no retorno en el que las cotizaciones no van a ser suficientes para pagar las pensiones contributivas. Eso significa que tenemos que aumentar las cotizaciones -cosa
que no parece que esté en la mente de nadie- o que tenemos que hacer un esfuerzo para que esa separación de fuentes, que es uno de los principios rectores del Pacto de Toledo, se consolide y se cumpla de una vez por todas. Estamos en un momento en
que, lejos de culminar la separación de fuentes, estamos avanzando en dirección contraria.



Tenemos un Gobierno que carga a la Seguridad Social más recursos que nunca. Los complementos a mínimos le van a costar a la Seguridad Social en el año 2010 más que nunca en la historia reciente, es decir, a un ritmo de 300 millones de euros
que va aportando el Estado cada año, vamos a tardar veintitrés años, suponiendo que los complementos a mínimos no evolucionaran -cosa, por cierto, imposible-, en cumplir una ley que dice que lo tenemos que hacer en los siguientes dos años. A nadie
se le ocurre que de la noche a la mañana vayamos a cubrir los complementos a mínimos con aportaciones del Estado, pero eso es lo que dice la ley que hay que hacer, no lo que dice el Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo dice que había que haberlo
hecho ya en el año 2008 y lo que dice la ley es que hay que hacerlo en el año 2013.



Tenemos un Gobierno que se ha quedado con el excedente de la Seguridad Social del año 2008 y no lo ha incorporado al Fondo de Reserva. No sabemos dónde están los 8.000 millones que se generaron en la Seguridad Social en el año 2008 y que
deberían haber sido incorporados al Fondo de Reserva. El Gobierno nos dice en los presupuestos que el gasto en pensiones en este país va a bajar en el año 2010, el gasto en pensiones, el gasto de la Seguridad Social, va a bajar más de un 3 por
ciento en el año 2010. Me gustaría conocer su opinión, porque conociendo la evolución de nuestro sistema en los últimos años y los costes que se van generando, y que usted desagregaba tan claramente, cómo es posible decir que podemos disminuir el
gasto en nuestro sistema de Seguridad Social en el año 2010, porque eso es lo que dice el presupuesto. Tenemos un Gobierno que asume compromisos de gasto en pensiones mínimas con cargo al sistema y no a la imposición general. De manera que sin
incorporar recursos adicionales por la vía de los impuestos, por ejemplo, de los Presupuestos Generales del Estado, le estamos cargando a la Seguridad Social con cifras notoriamente significativas. Si se cumpliera el compromiso del Partido
Socialista de llegar en esta legislatura a los 850 euros mensuales de pensión para los jubilados con cargas familiares, tendríamos que subir una media del 18 por ciento las pensiones mínimas de este país en los años 2011 y 2012; desde luego, no con
cargo a los presupuestos, sino con cargo a la Seguridad Social, y eso supondría 2.000 millones de euros adicionales.
¿Puede el sistema sostener estos crecimientos de costes, estos crecimientos de gastos, sin que dispongamos recursos adicionales de
otras fuentes de financiación para cubrirlos? Porque estamos claramente colocando una losa sobre nuestro propio sistema de Seguridad Social.



Convendría resaltar que nuestro sistema se está complicando financieramente. Entre el año 2000 y el año 2009, hace un mes o mes y medio, con los datos de que disponemos, el número de beneficiarios de las pensiones contributivas ha pasado de
7.017.000 a 7.786.000, pero el gasto en pensiones ha evolucionado de 51.000 millones en el año 2000, a más de 94.000 en el año 2009, según el presupuesto. Frente a un 10,9 de incremento de pensionistas entre el año 2000 y el momento actual, el
gasto para cubrirlos ha aumentado el 80,54 por ciento. Incluso descontando la inflación o la evolución del PIB, que en ningún caso ha superado los 30 puntos, estaríamos hablando de que los pensionistas han crecido el 10 por ciento y el gasto para
cubrirlos, para dotar sus pensiones, ha aumentado el 50 por ciento. Estamos ante


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una evolución realmente muy significativa y eso es lo que nos advierten los organismos internacionales y la Unión Europea, cuando nos dicen que estamos evolucionando en número de beneficiarios, limitado por la demografía benigna que hemos
tenido, con unos costes enormes. En el momento en que la demografía muestre su cara negativa, que será a partir de los próximos años, la evolución del gasto va a ser incluso mucho mayor.



Usted ha hablado de la necesidad de un tipo de cotización estable. Sabe usted que la recomendación número 1 del Pacto de Toledo habla de la posibilidad de establecer un tipo de cotización de equilibrio, pero ningún Gobierno, desde que entró
en vigor esta recomendación, ha planteado, ni siquiera desde el punto de vista actuarial o desde el punto de vista teórico, cuál sería la cotización pertinente para cubrir nuestro gasto en pensiones. Tengo mis dudas de que estos ratios de
equilibrio entre cotizantes y pensionistas respondan a la realidad. Lo he preguntado y no tengo ni la más remota idea de dónde se saca, en las estadísticas oficiales, la relación entre pensionistas y cotizantes. En la página web del ministerio,
accesible para todos los ciudadanos, vemos que los cotizantes, a mes de octubre, son 17.908.000 y los pensionistas, no las pensiones, son 7.786.000; eso no da 2,6 ni con las ecuaciones más elaboradas que nos podamos imaginar. Es imposible de
sostener que la ratio de cotizantes y de pensionistas en este país está en el 2,6 o haya estado en el 2,7 en algún momento. No salen las cuentas hablando de cotizantes y pensionistas. Si habláramos de cotizantes y pensiones, esto sería mucho peor,
porque hay un millón y pico de pensiones más que de pensionistas en nuestro país, porque hay pensionistas que reciben dos pensiones. Es absurdo hacernos trampas en el solitario como país y estar vendiendo una salud financiera y una situación, que
no digo que sea negativa, pero desde luego sí que mueve a la necesidad de incorporar reformas lo antes posible.



En materia de empleo, no hace falta decir que no hay sistema de Seguridad Social que se mantenga en un país con una tasa del 20 por ciento de paro, como no seamos capaces de remontar esta situación y de promover iniciativas para incorporar a
nuestro sistema un número de cotizantes realmente significativo. Sin esa condición previa, ya podemos hacer todos los malabarismos en las cifras que queramos, que no habrá manera de evolucionar. Mientras el número de afiliados caiga cerca de un 5
por ciento en términos anuales y la nómina de las pensiones contributivas suba el 1,8, en el mejor de los momentos demográficos posible, el deterioro de la solvencia de nuestro sistema de Seguridad Social será imparable.



Nos facilita usted también datos en relación con la edad de entrada en la jubilación y la verdad es que, sea cual sea el análisis a efectuar, la crisis económica ha influido drásticamente en esta cuestión. No sabemos en qué sostiene el
Gobierno su afirmación de que la edad media de jubilación ha crecido hasta los 63,5 ó 63,6 años, más o menos, porque los que se jubilan son los que están en el puesto de trabajo y los que lo perdieron, para no recuperarlo, no computan aquí. Si
tenemos más de medio millón de ciudadanos mayores de 50 años que han perdido su empleo, no computan como jubilados, pero probablemente la mayoría de ellos no van a recuperar su empleo, desgraciadamente, si la situación no se remedia. Por tanto,
estamos en una situación complicada en términos también de evolución hacia una edad de jubilación lo más cercana posible a la edad legal. Usted dice que hay un 40 por ciento de pensiones que se generan con menos de 65 años. Si no conseguimos,
primero, revertir la situación que está expulsando hoy a miles y miles de trabajadores en edades maduras del mercado de trabajo, tendremos enormes problemas en el futuro.
Arrastramos la demoledora situación de miles de prejubilados que,
probablemente asesorados de forma manifiestamente mejorable, aceptaron un sistema de prejubilaciones que les ha perjudicado enormemente y que ha deparado pérdidas de su pensión del 30 o del 40 por ciento en muchos casos.



El asunto coeficientes en relación con la edad de jubilación en el caso de España ha sido objeto por su parte de una consideración específica. Nos ha dicho que probablemente habría que hacer una aplicación exhaustiva -creo que han sido sus
palabras- de los coeficientes reductores. ¿Qué incentivos a su juicio funcionarían mejor para prolongar la vida laboral? Los coeficientes reductores están bien, son un elemento fundamental para disuadir de la expulsión anticipada pero necesitamos
avanzar más para conseguir que los ciudadanos prolonguen su vida laboral. Y no parece que los elementos que tiene nuestro sistema estén siendo suficientes. De hecho, en esta Comisión se ha puesto de manifiesto que probablemente en este país los
únicos que prolongan activamente su vida laboral son los autónomos. La inmensa mayoría de los que trabajan más allá de los 65 años son autónomos y no conseguimos que los ciudadanos del régimen general o de otros regímenes puedan, mediante un
adecuado sistema de incentivos fiscales en materia de pensiones, etcétera, prolongar esa vida laboral.
Por lo tanto, le pido que me diga dónde cree usted que podríamos incidir en materia de incentivación de la prolongación de la vida laboral porque
se manejan muchos datos, no todos relacionados con posibles mejoras de pensión sino también relacionados con la fiscalidad de los salarios obtenidos más allá de los 65 años, etcétera. ¿Cuál es su posición en este asunto?


También nos ha hablado de uno de los temas más queridos para esta Comisión, que son las pensiones de muerte y supervivencia. En nuestro país, un tercio de las pensiones de viudedad -más de 700.000- son pensiones mínimas. Pero los dos
tercios restantes en su gran mayoría tampoco alcanzan unas percepciones que podamos entender como dignas o como imprescindibles en nuestra situación económica y social. La tasa de pobreza -vivir con menos de 634 euros según Eurostat- alcanza a uno
de cada tres mayores en España. Y aún es peor en el caso de aquellas mujeres que viven solas, ya


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que afecta a dos de cada tres, según la Confederación Española de Mayores.
Por tanto, cuando habla usted de reordenación de las prestaciones de muerte y supervivencia, ¿podría avanzar un poco en la concreción de hacia dónde podríamos
ordenar esta situación? Porque si estamos hablando de pensiones que son contributivas el concepto de subsistencia tiene que estar necesariamente modulado porque si no estaríamos hablando de otro tipo de pensiones; estaríamos avalando la evolución
de las pensiones de muerte y supervivencia hacia pensiones puramente asistenciales. Si son pensiones contributivas hay que respetar el esfuerzo contributivo y las prestaciones han de ser reflejo de alguna manera del esfuerzo contributivo realizado.
¿Hacia dónde concretaría este concepto de situación de necesidad y su influencia sobre las pensiones?


Aumentar los años cotizados para acceder a una pensión. Evidentemente, una buena situación económica y una buena evolución de nuestros indicadores deberían conseguir que nuestros ciudadanos dispusieran de carreras de cotizaciones amplias.
Subir el número de años cotizados para acceder a una pensión del cien por cien de la base reguladora podría ser un objetivo, si no alcanzable por el cien por cien, al menos planteable como posible, pero tenemos un millón y medio de ciudadanos en
estos momentos en España que no reciben ningún tipo de prestación con derecho a cotización. Es el número más alto de la historia de España. Pueden recibir subsidio de desempleo pero ya no reciben prestación de desempleo con derecho a cotización.
¿Qué tipo de pensión están generando estas personas? Las personas en paro que no han cotizado porque no han tenido nunca un empleo, ¿qué tipo de derecho de pensión está generando toda esta generación desanimada con la que nos estamos encontrando y
que tienen sus derechos sociales a cero con 28, 29 ó 30 años? Nos decía la EPA que más de 120.000 jóvenes podían buscar un trabajo pero no lo hacen, que han tirado la toalla porque piensan que nunca lo van a encontrar. Los autónomos que han
causado baja en sus actividades ¿qué tipo de derecho de pensión están generando? Los 219.600 trabajadores con 52 o más años que cobran un subsidio están condenados en gran medida a seguirlo percibiendo hasta la edad de jubilación. La cuantía de su
base reguladora a efectos de pensión es mínima. ¿Qué tipo de derecho de pensión están generando ciudadanos con más de 50 años en paro expulsados del mercado de trabajo y con muy pocas posibilidades de recuperarlo? El secretario de Estado de
Economía nos decía hace muy pocos días que el 40 por ciento de la población española está en paro o tiene un contrato temporal. La eventualidad en nuestro país en estos momentos está en récord histórico; el 91,1 por ciento de los contratos que se
hicieron en el mes de noviembre son temporales. ¿Qué tipo de pensión están generando estos ciudadanos, estos colectivos, estos millones y millones de personas? Creo que tenemos que pensar en ellos a la hora de argumentar sobre lo que en
condiciones normales sería una reflexión lógica y natural, que es, si los ciudadanos viven más, hay que incorporar al sistema nuevos elementos que permitan que para acceder a pensiones que van a durar más haya que cotizar más años. Pero es que la
realidad social y económica de nuestro país hoy por hoy difícilmente permite eso. Lo que sí podría permitir sería evaluar el periodo cotizado de otra manera. Que la edad legal de 65 años, que tiene hoy un peso en la fórmula de cálculo, tuviera
otro; que el número de años cotizados tuviera mayor presencia en la configuración de la pensión y que por eso diera lo mismo o un poco menos que ahora, que personas con 35 o con 40 años cotizados se jubilaran a los 64 o a los 65 años; las personas
con 40 años a las que castiguemos con 5, 10, 15 por ciento menos de su pensión por jubilarse dos años antes de la edad legal.
A lo mejor habría que evolucionar en esta dirección.



Señora Vicente, de su exposición podríamos estar hablando, como el presidente y los demás sabemos, durante muchas horas. Quiero agradecerle sus reflexiones. Compartimos la idea de que los sistemas complementarios tienen mucho que mejorar
en nuestro país. También nos enfrentamos a este tema con una reflexión de carácter más prudente. En periodos largos las inversiones en renta variable siempre han obtenido beneficios por encima de la inflación y de la renta fija. El problema está
en que uno se enfrenta cada día al periódico o al medio de comunicación que le traslada las variables de nuestra Bolsa y de nuestro sistema de renta variable, y claro le amenazan esas reflexiones de cómo puede ser que haya perdido el 20 o el 30 por
ciento. Esas reflexiones no las tiene cuando ha ganado el 30, el 40 o el 50, pero eso es muy humano y muy lógico. Sin embargo, sí es verdad que en este país los ciudadanos todavía tienen un enorme trecho que avanzar en materia de transparencia, en
materia de información, en materia de cultura financiera, en materia de reflexión personal individual sobre la necesidad de una previsión sujeta a elementos no especulativos sino de cierta seguridad, para no dejarse arrastrar por los cantos de
sirena de un mercado que en algunas ocasiones no tiene su mirada puesta en el ahorro previsión de los ciudadanos. Cualquiera que vea hoy los medios de comunicación sabe que muchas de las fórmulas de ahorro previsión están vinculadas a los
depósitos. Es decir, los ciudadanos ven cómo las entidades financieras utilizan ganchos para conseguir que estos incorporen recursos al sistema de previsión. Y yo creo que los ciudadanos tienen que huir de los ganchos, tienen que desarrollar sus
propios sistemas individuales basados en su propia responsabilidad y en su propia concepción de la necesidad de un ahorro y una previsión para la jubilación, pero no sobre la base de que le regalen un televisor o un tipo de interés más o menos
atractivo en otro elemento financiero asociado a su plan de pensiones, sino sobre la base de unas decisiones claras, diáfanas, transparentes, seguras y fiscalizables. Por tanto, mientras los ciudadanos en España y en otros países dediquen más
tiempo a comprarse un coche o a comprarse un televisor


que a pensar cuál es el plan de pensiones que les interesa


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realmente a medio o a largo plazo, no estaremos contribuyendo a mejorar esos instrumentos.



El señor PRESIDENTE: Doña Ana, ¿quiere contestar ahora o al final?.
(Pausa.) Tiene la palabra.



La señora CATEDRÁTICA DE ECONOMÍA FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (Vicente Merino): Señoría, es usted una máquina. A mi me dijeron un piropo, y es que era de las personas -en mi época, usted sabe a cuándo me refiero- que
tenía mejor las cifras de la Seguridad Social en la cabeza. Ahora ya he perdido, entre el paso al euro y la edad, pero me ha impresionado usted. Hay muchas cifras que como soy de la rama cuantitativa me encantaría poder darle, pero ya no estoy con
esa agilidad.



Una de las cosas que me ha dicho es que definiera el nivel de contributividad. Se está haciendo ahora bandera del sistema sueco, que en teoría parece el más contributivo, porque se tiene en cuenta toda la vida laboral y luego el capital
teórico que se ha acumulado se reparte entre el número de años que es la esperanza de vida. Para mí tiene un fallo, y es que se reparte entre el número de años de vida sin tener en cuenta que no es lo mismo la unidad monetaria cuando el señor tiene
65 años que cuando tiene 90. Eso no sería tan aritméticamente, es una fórmula de cálculo. ¿Hasta dónde llega la contributividad? Estamos cubriendo con el sistema público el cien por cien del salario, excepto a un pequeño porcentaje de personas
que les afectan los topes máximos, que es pequeño, y excepto a los autónomos, que más del 90 por ciento están en la mínima.
Ya he dicho que el sistema es generoso; cubrir el cien por cien es caro.
Comprendo que hay problemas en el mercado
laboral, distintos problemas de incorporación al trabajo, pero las definiciones son las definiciones, otra cosa es que luego no se crea conveniente aplicarlas. En ese sentido, si ya partimos de que hay que dar una cobertura del cien por cien y si
yo digo que el coste del cien por cien es un 35 por ciento y se está pagando un 17 por ciento, lo primero que tenemos que plantear es quién paga ese diferencial; ¿las generaciones anteriores, las posteriores o las mediopensionistas? Dicho esto en
un tono un poco desenfadado.



La vinculación. Se está con medidas desde hace ya mucho tiempo para ampliar el número de años. Es una forma de incidir en la contributividad, porque hay una mayor relación entre lo que se entrega y lo que se recibe, entendiendo como lo que
se entrega la cotización de todos los años. Es una forma. En la línea que estamos yo no veo otra forma; podrán ser 20, podrán ser 25, pero la metodología es esa. No vamos a cambiar ahora la metodología, porque incluso la del sistema sueco, como
allí se calcula cuál es, una especie de, como ocurre en los planes de pensiones, un derecho consolidado, las discusiones que aparecen ahí o que pueden aparecer son cuál es la rentabilidad ficticia; si es el IPC, el crecimiento de los salarios o el
crecimiento del PBI. Entramos también ahí en una dinámica en la que todo ello es objeto de discusión. Respecto a los indicadores sociales, efectivamente, las pensiones mínimas están haciendo un papel y yo creo que se está haciendo un esfuerzo,
pero con todos los gobiernos. Desde que apareció el concepto de pensión mínima, todos, en función de las posibilidades del sistema en cada momento, han hecho ahí un esfuerzo. ¿Qué ha subido la desigualdad? No lo sé, no le puedo contestar a esa
pregunta.



Me hablaba de la alternativa de más gasto público, más cotizaciones, más transferencias. Creo que las cotizaciones están en su nivel. Es verdad que tenemos una distinta distribución respecto a los países de la Unión Europea. A lo mejor
aquí los trabajadores no tiene la sensibilidad de cuánto cuesta la pensión, porque es verdad que es como un 15 por ciento lo que aportan. Entraríamos aquí en la discusión del concepto de cotización. ¿Es un salario diferido, es una tasa, es una
exacción parafiscal? Tampoco es el momento. Tenemos lo que tenemos. Lógicamente, si la trayectoria histórica nos ha venido diciendo que ha sido necesaria una rebaja de cotizaciones, lo que hay que hacer es, partiendo de una estabilidad en el tipo
de cotización, ajustar las disfuncionalidades que aparecen en el sistema. ¿Más gasto público? Tenemos el sistema más generoso en el sentido de que estamos cubriendo el cien por cien del salario prácticamente y, sin embargo, en gasto PIB de
pensiones estamos por debajo, hay tres puntos de diferencia. Habría que hacer un análisis muy exhaustivo de cómo está formado un gasto y está formado otro para poder tomar decisiones. Es una de las cuestiones que me he planteado hace mucho tiempo.
Lo que sí que está claro es que cuando en el Pacto de Toledo se habla de la separación de fuentes, es importante si esa separación de fuentes se va a completar en dos o tres años, tiene su trascendencia, pero para mí tiene más trascendencia que cada
vez que se haga una modificación se delimite si es Seguridad Social, o no es Seguridad Social, que no se haga Seguridad Social a la carta. Hemos visto que se han hecho jubilaciones -yo no sé si están ya publicadas- anticipadas con un tipo de
cotización adicional, y si ese es un primer paso, al final aquí va a venir cada grupo, bien porque tiene posibilidades financieras o bien porque es un grupo de presión, a conseguir ventajas. No digo que no se den, pero que eso se delimite si va a
ser con cargo a esta hucha de las pensiones o a otras huchas, porque todo el mecanismo que me ha dicho usted, cuando se hablaba de las edades, que si hay muchos desempleados, gente que no cotiza, va en esa misma línea de delimitar políticas. Si hay
gente que no se puede generar la pensión y hay que darles para que supervivan son políticas derivadas del empleo, pero yo creo que la caja de las pensiones hay que delimitarla muy claramente en cuanto a prestaciones y a financiación y tener muy
claro cuál es su componente. ¿Qué cuando se tiene que hacer cuando un colectivo necesita una jubilación anticipada? Mirar el porqué. Por ejemplo, el otro día salió lo de los incapacitados -es una reflexión,- y primero se les incor


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pora al mundo laboral, y ahora se les jubila anticipadamente. Ahí veo un poco de contradicción, no sé. Habría que hacer un análisis de qué tipo de discapacitados son. Cuando me habla de la relación de activos y pasivos ha dicho unas
cuantas cifras que me encantaría tener aquí un libro y empezar a mirar. Con todas las cifras hay que saber su componente y su concepto. Sí que sale, porque eso sí lo hecho, que se consideran como cotizantes también los desempleados. Yo por ahí no
sé dónde he dicho que va a bajar y que en cualquier momento va a bajar más porque, cuando los desempleados que ahora están percibiendo la prestación dejen de percibirla, esa cifra va a bajar. De ahí salen las cifras. Hay una disfuncionalidad, que
es un poco arbitraria, que es cuál es la distribución de los años de cotización. Usted me preguntaba: ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué los primeros valen cuatro puntos, los segundos dos y los terceros tres? Hay que ver qué se pretende y, después, ¿que
se pretende -ahora estoy improvisando- ampliar la edad o que la gente permanezca años en el sistema? Pues a lo mejor tienen que tener más peso los últimos. Se habla de gente que se queda fuera, pero cuando yo he hecho el análisis de las pensiones
anticipadas he visto que son los que van con coeficiente reductor, pero la mayoría de los expedientes de regulación de empleo van a convenio especial. Esos no entran en toda esa casuística, si no me he quedado muy desfasada en estos años. Los de
convenio especial siguen cotizando. No quiero hacer bandera. Repito, la mayoría de los expedientes de regulación de empleo, porque hay varios sistemas, no están aquí.



Respecto a las pensiones de muerte y supervivencia, ¿qué se quiere decir con reordenación? Que alto me lo pone. Efectivamente, delimitar bien las figuras. ¿La norma viene después de ver la situación que viene reflejada por una cifra o a
la inversa? La mujer se está incorporando al mundo laboral, luego en el futuro tendrá su propia pensión. A lo mejor habrá que establecer la pensión de viudedad como derivada con unas determinadas características. ¿Que luego vienen los expertos y
dicen que, a efectos de costes, es el chocolate del loro? Pues habrá que tomar otra decisión.
Pero creo que esa concurrencia de pensiones de supervivencia y de jubilación tendría que estar supeditada a si verdaderamente hay esa necesidad.



Respecto a los sistemas complementarios estoy de acuerdo con lo que ha dicho. Ha comentado una frase que me encanta, que es que a largo plazo la inversión en renta variable... Eso es lo que se dice, estamos esperando, pero es un plazo muy
largo. Yo no es que crea que no se deba, lo que pasa es que hay que ahondar en la cartera y ver qué hay en la renta variable.
Ahora que están tan de moda los productos tóxicos, todo eso hay que regularlo muy bien porque ahí es donde está el
peligro, como los fondos de fondos, por las cascadas de comisiones. Una de las cuestiones que se plantean es si cuando hay rendimientos negativos también hay comisiones.
Habría que empezar a considerarlo. Cuando he estado en México he visto que
como ha habido pérdidas -y allí van por el sistema de capitalización- están verdaderamente preocupados y para una próxima reunión que tendremos se empezó a hablar de la socialización de las pérdidas. Es una palabra que queda, pero, ¡qué terror!


Yo no podría decirle nada más de lo que usted me ha dicho. Sería para, con más tranquilidad, intercambiar opiniones largo y tendido. Muchas gracias por la consideración que me ha hecho.



El señor PRESIDENTE: Doña Isabel, su turno.



La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Doña Ana Vicente, bienvenida de nuevo a esta Comisión. Además de haber seguido con atención su intervención, no le quepa duda que con la documentación que aquí tenemos también trabajaremos.



Cuando entramos en el mundo de las cifras la verdad es que todos tendemos a utilizarlas en función de lo que nos conviene. No estoy hablando ahora de su intervención, estoy hablando de las cifras que ha dado el portavoz del PP con respecto
a algunos temas. Hemos entrado en una situación en la que el PP lleva desde septiembre u octubre del año pasado diciendo que el paro está en el 20 por ciento. Pues bien, nos guste o no nos guste, el paro está este mes en el 18 por ciento escaso
porque falta una décima. Y entonces dices: ¿Y eso cómo se cuenta? Estamos entrando en una dinámica en la que, cuando las cifras no te gustan, cuestionas cómo se llega a ellas. Eso es muy peligroso para todo y para la Seguridad Social más. Por
tanto, cuando hablamos de criterios en la Seguridad Social, por ejemplo de tasas entre afiliados y pensionistas, es evidente que hemos ido evolucionado de una manera y ahora evolucionamos de otra. Hemos llegado a estar en el 2,74 y ahora estamos en
el 2,59. Es evidente que si hemos perdido los cotizantes que hemos perdido eso necesariamente se tiene que retocar. Pero lo que no se puede decir es de dónde salen esas cotizaciones, porque es tanto como si estuviéramos cuestionando el sistema. Y
no estamos cuestionando al secretario de Estado, porque no es el que hace los números, estamos cuestionando a los estadísticos, a los actuarios de la Seguridad Social, y eso sí que es peligroso. Por tanto, hagamos una reflexión. Repito, esto no es
con respecto a sus datos, sino con respecto a las cifras que daba el señor Burgos. Los datos de la Seguridad Social, hoy en día, no los cuestiona absolutamente nadie. Creo que la Seguridad Social tiene los mejores profesionales del país. Eso vaya
de entrada.



Usted ha planteado muchas cuestiones con las que, de poderlas hablar y matizar, podríamos estar de acuerdo, porque todos, en el fondo, vamos en la misma dirección de hacer viable el sistema. El Pacto de Toledo también hemos de valorarlo.
Usted lo ha valorado muchísimo, y yo lo valoro al mismo nivel que usted. Es más, digo que es el gran pacto de la democracia que ha podido sobre


vivir. No hay otro pacto de esta magnitud en el país que


no nos lo hayamos cargado. Este es el único. ¿Y eso qué


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requiere? Requiere lo siguiente. Yo he vivido desde aquí todas las reformas hechas desde el año 1995 -las del ochenta las viví en otro lado-, que es cuando se hace el Pacto de Toledo, ya que entré aquí justo para hacer la primera
aplicación del Pacto de Toledo, y hay que tener una cosa clara: si es pacto, es pacto en todo. Si queremos mantener el pacto, tenemos que correr aquello que nos permita correr el conjunto de fuerzas.
Porque no sirve de nada que el PP corra mucho
o que el PSOE corra mucho, si el PP se queda atrás o el PSOE se queda atrás o se quedan atrás los agentes sociales. Por tanto el primer valor es el primer problema del Pacto de Toledo: el primer valor, que es el consenso, también es el primer
problema. Yo y mi grupo estaríamos dispuestos a hacer una serie de reformas que en este momento o bien los agentes sociales o bien los otros partidos no aceptarían; entonces podemos hacer aquellas reformas que realmente podamos consensuar entre
todos.



Jubilación y jubilación anticipada. Seguramente hemos de reflexionar sobre la edad de jubilación, y es verdad lo que usted decía, que quizá haya que buscar alguna fórmula que signifique definitivamente que si hoy en día uno se jubila con 65
años y tiene unas expectativas de vida de 84 años, en el momento en que las expectativas de vida pasen a 86 años a lo mejor será 65 años y dos meses la edad de jubilación. Quizá habría que ir por esa línea. Pero nosotros tenemos un problema ahora,
y es que el mercado laboral incide mucho en la Seguridad Social; todas las incidencias quedan reflejadas en la Seguridad Social. ¿Qué sucede entonces? Que el mercado de trabajo está expulsando a los mayores de 52 años, y eso significa que la
inmensa mayoría no encuentra trabajo, y una mayoría muy importante tiene que acceder a la jubilación anticipada porque no tiene otro medio de subsistir. Ahí viene la aplicación de los coeficientes reductores. Si realmente actuáramos como estaba
pensado los coeficientes reductores deberían ser para aquellos que voluntariamente se quisieran jubilar, pero se lo estamos aplicando a aquellos que forzosamente obligamos a jubilarse. Además con una diferenciación importante, porque no es lo mismo
que se vaya a la calle un trabajador de 52 años de SEAT a que se vaya uno de la empresa Adolfo Domínguez, que se va con los veinte días más lo que le quede a partir de ahí. Todas estas cosas las tenemos que tener en cuenta.



Como nosotros tenemos -fue una ley del PP que compartimos- la jubilación gradual y flexible, ahí en ese contexto se enmarcan las jubilaciones de colectivos que se han hecho ahora con otras cotizaciones. No tiene sentido tener a un bombero
apagando el fuego o a un policía corriendo detrás de un ladrón con 65 años. Es evidente que no, y lo que tenemos que hacer es buscar fórmulas; no cambiando la edad de jubilación, sino buscando coeficientes de cotización que a lo largo de su
carrera les den la posibilidad de jubilarse con menos años. Tal es el caso de los trabajadores del carbón o de los trabajadores del mar, pero eso sí, poniendo límites, porque no creo que haya que llegar a la situación del carbón en ningún
colectivo; aunque es evidente que algunos hay. Eso también nos permite ir incentivando la prolongación de los próximos años de trabajo en algunas profesiones en las que sea razonable y en las que se puede, seguir trabajando con 65 años, incluso
con más garantía de eficacia que cuando se tenían 50 años, porque se tiene más experiencia.
Pero repito que eso habrá que buscarlo.



Además cuando hablamos de tomar los últimos quince o veinte años, si partimos de la idea de que hoy en día una persona cambia de trabajo siete u ocho veces a lo largo de su vida, y que no siempre la curva es ascendente, porque puede ser
ascendente hasta los 50 años o hasta los 40 años, pero luego puede ser descendente y vuelta a subir, es comprensible que hablemos de tomar más años al final porque al hacer la media mejoramos su pensión. Pero este es todavía un porcentaje, y hemos
de tener en cuenta dónde se sitúan los trabajadores: qué porcentaje está en servicios, qué porcentaje en industria que es donde van a sufrir los vaivenes. Por tanto hemos de ser conscientes de que si pasamos a veinte años -seguramente tendremos
que pasar- a una parte muy importante de trabajadores les vamos a rebajar entre un 3 un 3,5 por ciento su pensión, y además a aquellos trabajadores con un salario entre 1.300 y 1.500 euros. Si lo hemos de hacer, hagámoslo, pero debemos llamar a las
cosas por su nombre y eso hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo las viudas.
Seguramente dentro de veinte años podremos hablar de las viudas de una manera que hoy no podemos hacer. ¿Por qué? Porque hoy en día solo el 20 ó 21 por ciento de las
viudas tiene pensión propia, y resulta que en los próximos veinte años muchas mujeres de hoy en torno a los 50 ó 60 años van a llegar sin pensión. A lo mejor tienen cinco o seis años de cotización, pero no tendrán derecho a pensión. ¡Ojo con
pensar en que se les va a redistribuir la pensión, porque estamos pensando en lo que será la población y la situación de la sociedad dentro de veinte años, pero no será la que es hoy! Cuando adoptamos medidas tendremos que contextualizarlas en el
tiempo, no en el momento actual. Le pongo un ejemplo. En la Ley 40 decidimos que las viudas que estuvieran separadas y no tuvieran pensión compensatoria no cobraran pensión. Y nos parecía razonable -se hable con quien se hable- que si una mujer
lleva diez años separada de su marido, no tiene ningún lazo con él ni afectivo ni económico, ¿por qué al morir le ha de pagar el Estado una pensión? Yo siempre digo: ¡para celebrarlo! (Risas.) Hicimos eso, pero hemos tenido que rectificar porque
se ha generado un montón de problemas: la mujer que se separó y tenía malos tratos y no pudo pedir pensión compensatoria; la mujer que se separó y en aquel tiempo no había las leyes que hay ahora de protección... Total, acabamos haciendo una
rectificación y dijimos: la que lleve separada como máximo 10 años y tenga más de 50 años, porque la obsesión siempre es proteger aquellas situaciones que no se dan, pero las viudas hacen una reflexión, incluso las más jóvenes, y quizá haya que
hacer varios tipos de


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pensión de viudedad. No es lo mismo quedarse viuda con dos hijos y pagando la hipoteca que quedarse viuda sin hijos y teniendo un buen salario; o quedarse viuda, aunque sea sin hijos, pero sin salario. Eso es complicado porque a la hora
de legislar nunca eres capaz de hacerlo para todos y cada uno de los casos. Nos acaban de poner el ejemplo de la validez del matrimonio gitano. Eso va a llevar aparejado un cambio importante, porque si lo es el matrimonio gitano también lo es el
católico y el musulmán.
Por tanto hay que definir el contexto. Hasta ahora estaba claro que solo el civil daba derecho a la pensión, pero en eso también deberíamos rectificar.



En cuanto a discapacidad permanente la reforma que hemos hecho hay que ir vigilándola, porque tiene una entrada en vigor y hay que ir viendo cómo va; pero creo que vamos en la línea.



Separación de fuentes. Creo que estamos todos de acuerdo en la separación de fuentes. Hace unos meses fui a un debate sobre las pensiones con un diputado del PP, que me sacó evidentemente el tema de los complementos a mínimos. Yo le dije:
me hace usted el mismo discurso que yo hacía cuando estaba en la oposición y usted gobernando; el mismo, porque el que está en la oposición quiere ir más deprisa, y al que está en el Gobierno realmente le cuesta más y sobre todo en una situación
como esta. Pero también hemos de decir que en el año 2002 las aportaciones al Fondo de Reserva por parte del Estado eran de 306 millones, con unos complementos de 4.100 millones, y en estos momentos, en el 2009, la aportación es de 2.406 millones
de euros para unos gastos de 6.000. Estamos hablando de porcentajes totalmente diferentes. Se puede decir que se va haciendo, sí, pero si a mí me dejaran seguro que iría más deprisa, pero los de economía son los que deciden en estas cosas.



Después, hablando de los planes complementarios, creo que a lo mejor sí que hay que hacer una reflexión sobre el tema de los planes privados, y a lo mejor hay que hacer más diferenciación entre los que son colectivos y los que son
individuales, porque los colectivos normalmente vienen de procesos de negociación colectiva que a veces son a costa de reducir algún complemento o algún beneficio que existía. Por ejemplo hay colectivos de la Administración pública que tenían un
complemento para las gafas, que podían utilizar cada seis meses, y hace dos años decidieron renunciar a él y poner el equivalente en el plan de pensiones; hay otros colectivos que tenían otros complementos, como por ejemplo la antigüedad, y han
decidido dejar de cobrarla y pasarlo a planes de pensiones colectivos. Mientras que los planes individuales fundamentalmente son para aquella gente que puede ahorrar algo, por su nivel y su poder adquisitivo. Por ejemplo si en este país, según las
estadísticas -y yo no cuestiono quién las hace-, el 50 por ciento de los trabajadores está por debajo o en los 1.000 euros, me pregunto cómo le podemos hablar a esta gente de un plan individual complementario de pensiones; estamos hablando del 50
por ciento. Cuando hablo de poder ahorrar me estoy refiriendo a partir de los que ganan 1.500 euros, que ya es un salario respetable; pero hablamos de que el 50 por ciento está por debajo o en torno a 1.000 euros. Piensen que el 67 por ciento del
empleo está en servicios y hay que ver cuanto pagan en servicios: los supermercados, la seguridad, busquemos el que queramos. ¿Por qué digo esto? Porque no es bueno dar mucho incentivo a los planes privados. Por ejemplo yo tengo un plan privado,
y no estoy muy de acuerdo con que a mí me dé cada año el Estado muchos incentivos con los impuestos que paga un señor que gana 800 euros, aunque sea un perjuicio para mí. Otra cosa es que se diga que están así, que tienen los beneficios que tienen
y que no los vas a cambiar, pero hay que hacer esa reflexión. Además hay que tener en cuenta que en los planes de pensiones, desde el 2000 para acá, se hicieron tantas modificaciones parciales que al final eran más planes de inversión que planes de
pensiones, porque daba mucha más rentabilidad en el concepto que los tenías, y luego los podías rescatar al final en su totalidad. ¿Qué hay que darles base? Seguro, pero tendremos que hacerlo también teniendo en cuenta que aquí todos no pensamos
igual y que hay conceptos distintos, incluso dentro de los mismos grupos.



Para no cansar más al presidente, que ya me está mirando -yo siempre le digo que tendría que tener el doble de tiempo, primero para contestar, y después para la compareciente-, diré una cosa: señor Burgos, el dinero que no está en el Fondo
de Reserva usted sabe y yo sé -ambos lo sabemos mejor que la mayoría- que está en las moratorias que se han dado a las empresas a lo largo de este año y del año pasado, y eso lo sabe el PP y lo sabe cualquier grupo o cualquier persona que mire las
cuentas de la Seguridad Social, y vea que en lo que va de año las moratorias están por encima de los 9.000 millones de euros. ¿Quiere eso decir que es dinero no cobrable? No, lo cobraremos e irá al Fondo de Reserva, pero no va en este momento,
porque lo que ha decidido la Seguridad Social es que es más rentable en este momento ayudar a las empresas para que sigan adelante y para que sigan manteniendo empleo. Usted lo dice siempre como si los de la secretaría de Estado se gastaran en
juergas el dinero que no va al fondo, y a mí me gusta dejar las cosas claras. Podía seguir hablando. Es verdad que no es lo mismo pensiones que pensionistas, pero he de decir que no hay tanta diferencia como usted dice. Ya casi son 8 millones de
pensionistas y algo más de 8,5 millones son las pensiones que se pagan.
Por tanto cada vez hay menos gente que cobra dos pensiones, y habrá incremento en los temas de viudedad, pero ya no es tan normal en el régimen general.



Le agradezco su comparecencia y a lo mejor a lo largo de estas negociaciones tenemos que contactar con usted, si no para una comparecencia sobre este tema, sí para otro tipo de trabajo.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora compareciente.



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La señora CATEDRÁTICA DE ECONOMÍA FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (Vicente Merino): La verdad es que me lo ha puesto muy difícil, porque me pide usted -no en el sentido literal- que me defina ya sobre lo que yo he hecho
como reflexiones, y la verdad es que es muy difícil porque quizá mi papel aquí es poner en evidencia las disfuncionalidades -fíjese cómo lo llamo-. ¿Cómo lo resolvería yo? Probablemente de forma diferente cuando cumplo un papel que si estuviera en
su puesto, de eso estoy completamente convencida, porque yo también he estado en un puesto con otra responsabilidad y cuando en el año 1996 el IPC real era menor que el previsto, a un ministro que preguntaba qué hacer le contesté: no se puede
quitar lo que se ha dado. ¿No decías que eras técnica? Sí, pero yo le contestaba: pero no te voy a mandar que te tires a la piscina sin agua; es lógico.



Entonces, hay cosas que dependen de la posición que ocupes. (La señora López i Chamosa: Y eso lo convertimos en ley.) Efectivamente, a raíz de eso se convirtió en ley.



Estoy de acuerdo con muchas de las cosas que ha dicho, pero ponerme a contestar en este momento sería complicado. De todas formas ha tenido usted una amplia parte de la exposición que ha sido crítica con determinadas apreciaciones mías,
pero yo las tengo que exponer, porque si no, no se podía hacer nada. Respecto a lo de la pensión compensatoria, la verdad es que hoy estoy aprendiendo también aquí, porque cuando el otro día -no quiero ser reincidente- a los alumnos les hablaba de
las modificaciones, todos empezaron a hablar como locos de la compensatoria, y yo todavía no me había leído la Ley 40. Ahora me explico por qué, pero estaban muy en contra de la situación que se había creado.



Por completar, aunque creo que lo tenemos bastante dicho o se sabe por lo menos mi posición, respecto de los planes privados, como no tengo una empresa que me haga un plan, en la universidad no lo tenemos, todo lo que pueda suponer
discriminar a los individuales me duele, porque hay mucha gente que está en los individuales, que es previsora y colabora en esta forma de previsión. Respecto a la persona que gana 1.000 euros, probablemente no necesita el plan de pensiones, porque
si tiene una carrera laboral estable, homogénea -igual todos no-, está cubierta por el sistema público de pensiones, es que hay que empezar a saber qué se trata con los planes de pensiones; es previsión social complementaria, porque si la idea
genérica es formar una renta para la jubilación equivalente -digo equivalente, porque es muy relativo todo- a la que se tenía en activo, según el estamento de población puede ser o no necesario. Por ejemplo los autónomos, que están todos en el
mínimo, todos irán a planes de pensiones u otras formas de previsión. Pero eso sí que voluntariamente es una opción que han ejercido, hacerse cobertura en un sitio o en otro; los individuales no. Por ejemplo un tratamiento fiscal que sea estable.

-Otro pensamiento, lo dejo muy claro-: ya que se han modificado situaciones, cuando me deduzco en la cuota, cuando aporto, la reducción que yo tengo es del marginal, y a lo mejor cuando yo recupero tendría que ir lo que es recuperación del capital
al marginal, y los rendimientos como cualquier renta de ahorro al 18 por ciento. ¿Por qué no?


Finalmente usted me acaba de dar una lección con el dinero del Fondo de Reserva. Como yo lo pasé tan mal con el concepto de caja y devengo, entonces debe de venir por ese concepto porque el señor Burgos y yo estuvimos en unas jornadas sobre
el Fondo de Reserva en la misma mesa, entonces yo me lo estudié -la verdad es que me había despistado últimamente; no sé dónde estará ese dinero-, (El señor Burgos Gallego: Yo tampoco.) y ahora comprendo efectivamente que los criterios entre caja
y devengo son los que pueden llevar a estas soluciones, pero no tiene mayor importancia. (El señor Burgos Gallego: Sí que la tiene, porque los intereses se pierden por ahí.-La señora López i Chamosa: No se pierden.)


El señor PRESIDENTE: Doña Ana Vicente, muchísimas gracias por la disertación. Ya sabe donde está su casa; puede venir cuantas veces quiera.



Se levanta la sesión.



Era la una y veinticinco minutos de la tarde.