CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2009 IX Legislatura Núm. 435

JUSTICIA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ÁLVARO CUESTA MARTÍNEZ

Sesión núm. 23

celebrada el jueves 3 de diciembre de 2009

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor ministro de Justicia (Caamaño Domínguez), para:


- Presentar el Plan estratégico de modernización de la justicia 2009-2012, aprobado por el Consejo de Ministros de 18 de septiembre de 2009. A petición propia. (Número de expediente 214/000109.) ... (Página 2)


- Informar sobre la construcción del nuevo edificio de juzgados de Ibiza y la situación de deterioro del actual. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000152.) ... href='#(Página2)'>(Página 2) )


- Informar sobre el proceso seguido para las ilegalizaciones y disolución de Acción Nacionalista Vasca (ANV) y Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV). A petición del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000177.) ...
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- Exponer el criterio del citado ministerio en relación con el informe sobre el sector de servicios profesionales y los colegios profesionales que ha emitido la Comisión Nacional de la Competencia en el mes de septiembre de 2008. A petición
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 213/000181.) ... (Página 2)


- Informar del estado de la justicia, medidas concretas que propone el Gobierno ante la actual situación crítica y calendario de desarrollo de las reformas, especificando los recursos y medios personales y materiales que van a destinarse a
cada una de las medidas propuestas. A petición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 213/000295.) ... (Página 2)


- Informar sobre las razones por las que el diputado don Mariano Fernández Bermejo ha seguido utilizando la vivienda oficial destinada al ministro de Justicia tras su cese como titular de dicho departamento. A petición del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000366.) ... (Página 2)


- Informar de las eventuales responsabilidades públicas que hayan podido concurrir en la liberación de Astrit Bushi, acusado en Albania del asesinato de dos policías y con una veintena de causas abiertas en España, tras cumplimentar unas
diligencias judiciales en los juzgados de Alcobendas (Madrid) el pasado día 2 de abril de 2009. A petición del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 213/000368.) ... href='#(Página2)'>(Página 2)


- Explicar las razones por las que el abogado general del Estado le haya prestado asistencia jurídica, por vía de informe de fecha 24 de marzo de 2009, a la vicepresidenta primera del Gobierno en un asunto particular, ajeno a su condición de
autoridad pública y relacionado, exclusivamente, con su condición de electora. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000425.) ... (Página 2)


- Explicar los motivos por los que la fiscalía informa a los medios de comunicación de la práctica de diligencias contra particulares sin haber sido estos previamente notificados y las razones que justifican la intervención de la Abogacía
del Estado en asuntos particulares de miembros del Gobierno. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000473.) ... (Página 2)


- Informar sobre las actuaciones previstas para la modernización del servicio público de la justicia y, en concreto, del 'Plan estratégico de modernización de la justicia'. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de
expediente 213/000521.) ... (Página 2)


- Valorar la decisión de la fiscalía de pedir el archivo del caso Faisán, abierto por un chivatazo policial a la banda terrorista ETA. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000535.) ... href='#(Página2)'>(Página 2)


Se abre la sesión a las doce y cuarenta y cinco minutos del mediodía.



El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.



En primer lugar, quiero agradecer la presencia del ministro de Justicia y de todo su equipo que nos acompaña en la mañana de hoy, del secretario general, del director de gabinete; de los medios de comunicación y por supuesto de los
servicios de la Cámara y de todas y de todos ustedes.



La sesión consiste en once asuntos, como figura en el orden del día, que ustedes conocen. Así fue acordado por la Mesa y portavoces de la Comisión en su momento. Tengo que decirles que hay alguna cuestión que se refiere a cuando todavía no
era ministro ni siquiera quien comparece hoy. También quiero dejar constancia de que siempre hubo plena disponibilidad y disposición del ministro a comparecer ante esta Comisión, que ya se acreditó en su primera comparecencia cuando explicó el
programa de trabajo del Ministerio de Justicia con motivo de su toma de posesión.
Quiero también decirles que por acuerdo de la Mesa y portavoces los asuntos del orden del día se van a tratar de manera acumulada en una única intervención, aunque se
trate en primer lugar de una comparecencia a petición del propio ministro de Justicia para explicar el Plan estratégico de modernización de la


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justicia. Sobre esta materia hay también otras solicitudes de grupos parlamentarios y además hay otros puntos a abordar que no les voy a leer porque son once, figuran todos en el orden del día. Son a iniciativa del Grupo Parlamentario
Popular, del Grupo Parlamentario Mixto, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y, por supuesto, del Grupo Parlamentario Socialista. Es
decir, que prácticamente todos los grupos tienen alguna solicitud de comparecencia.
Pero el acuerdo de la Mesa y portavoces ratificado por dos veces es que la sesión se celebre acumulando todos los asuntos y tratándolos en una única intervención.
Por lo tanto, la Mesa les pide que hagan un esfuerzo de economía, síntesis y que sepan priorizar. Lógicamente, tampoco vamos a ser inflexibles, pero sí rogaríamos que hubiera un buen sentido de la administración del tiempo, y aunque el Reglamento
para las comparecencias establece diez minutos de intervención, 15 minutos sería el tiempo máximo que concederíamos; en ese momento ya les advertiríamos para que fueran concluyendo sus intervenciones.



Dicho esto y agradeciendo una vez más la presencia del ministro de Justicia, le cedemos la palabra.



El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Caamaño Domínguez): Han transcurrido ocho meses desde mi primera comparecencia ante esta Comisión, en la que expuse las líneas generales de la acción política que me proponía impulsar desde mi departamento.
Desde entonces hemos trabajado intensamente para concretar y materializar los objetivos y proyectos que les anuncié y hoy puedo decirles que todo el Ministerio de Justicia está a pie de obra y que hemos pasado del impulso a la gestión política, del
querer al hacer y, por tanto, del señalamiento consensuado de objetivos a la efectiva realización de los mismos.



En mi primera intervención en esta Comisión propuse como gran eje vertebrador de una política eficaz y transformadora en materia de justicia la consecución de un gran acuerdo social, no solo un pacto político parlamentario, sino algo mucho
más amplio, un consenso, un suelo compartido también con otras instituciones y con sectores vinculados al sistema de justicia, un acuerdo, quiero recordar ahora, cuyo principal objetivo era y es la transformación y la modernización de este servicio
público esencial del que depende la garantía última de las libertades y de los derechos de los ciudadanos y que además es prestado por un poder independiente del Estado. Era entonces plenamente consciente de la complejidad y de las enormes
dificultades que conformaban ese compromiso y lo sigo siendo obviamente también hoy. Por eso, formulé una propuesta que descansaba en el convencimiento de que solo aunando voluntades y eslabonando esfuerzos era posible acometer esta tarea con
realismo y dotar al tiempo de la necesaria estabilidad a las reformas que debían llevarse a cabo. Son muchos los interlocutores institucionales de la justicia: el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, las comunidades
autónomas con competencias en la materia, y muchos son también los colectivos profesionales vinculados a la misma. En este tiempo y con la confianza de esta Comisión, hemos logrado tres importantes hitos en este camino de modernización de la
justicia: la aprobación de una reforma procesal para crear la nueva oficina judicial, una reforma que cuenta con un amplísimo respaldo parlamentario -quiero agradecer nuevamente a todos los grupos el apoyo a la misma, pero que también cuenta con el
apoyo del Consejo General del Poder Judicial y de las comunidades autónomas con competencias en la materia; por tanto, una buena reforma que parte de un amplio consenso político e institucional-; la aprobación, en segundo lugar, por el Consejo de
Ministros, del Plan estratégico de modernización de la justicia y, en tercer lugar, una dotación presupuestaria para las políticas de justicia que recoge el compromiso de aportar 600 millones de euros adicionales para los próximos tres años y que
supone el mayor aumento en la historia de nuestra democracia, un 13 por ciento más, esto es, 218 millones de euros adicionales para la inversión modernizadora en el ámbito de la justicia.
Son tres pilares sólidos que acreditan la firmeza de
nuestras convicciones y el impulso decidido por alcanzar la meta modernizadora que nos hemos propuesto y en la que ya nos encontramos trabajando. De esas tres piezas medulares comparezco a petición propia pero también del Grupo Parlamentario
Socialista para informarles acerca de la segunda, esto es, acerca del Plan de modernización, aunque en este acto se acumulan, como se acaba de decir por el presidente, otras solicitudes de comparecencia a las que también daré debido cumplimiento.



Señorías, el Plan estratégico de modernización de la justicia 2009-2012 es una guía ordenada y sistemática de actuaciones detalladas y temporalmente programadas para la transformación de la Administración de Justicia en su dimensión como
servicio público, un reto que se asume desde una doble y profunda convicción: por un lado, la de que modernizar la justicia es una tarea inaplazable, por otro, la convicción de que es una tarea que ha de llevarse a cabo mediante reformas necesarias
y prudentes por afectar a una de las piezas más delicadas de nuestro Estado de derecho. En el proceso de elaboración de este plan estratégico han participado diversos colectivos profesionales y actores del sistema de justicia y se ha dado audiencia
a más de cien entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil. Estamos, pues, ante un documento, si me permiten la expresión, hablado y participado, que integra diversos puntos de vista y áreas de trabajo y que configura un conjunto
ambicioso y realista de medidas orientadas al logro de objetivos comunes de alcance, sin duda, más amplio. El plan se articula sobre seis grandes ejes que contemplan actuaciones normativas de infraestructuras, de organización, de recursos humanos y
de gestión del cambio. Estamos hablando, para ser más precisos, de 147 actuaciones


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concretas para los próximos tres años que se agrupan a su vez en 24 programas de actuación. Como no podía ser de otro modo, señorías, el plan tiene por referente legal prioritario el nuevo marco normativo aprobado por estas Cortes Generales
y atiende también a la realidad de los compromisos presupuestarios anunciados, y su vocación ejecutiva de documento para la acción no se detiene ahí, pues establece mecanismos de seguimiento y control para todas y cada una de las actuaciones
previstas en él. En efecto, el Plan de modernización ordena la elaboración de un plan operativo anual en el que se han de especificar pormenorizadamente las actuaciones previstas, y además deben determinarse las fórmulas de seguimiento, evaluación
y cumplimiento de cada uno de los objetivos establecidos. Así, el plan operativo aprobado para este año 2009 contiene 45 medidas y puedo adelantarles ya que a día de hoy hemos podido verificar un alto grado de cumplimiento de todas ellas.
Prácticamente 28 de ellas se han terminado ya y esperemos que en lo que queda de año puedan concluirse todas las previstas en este plan operativo del Plan de modernización, que abarca un espacio temporal mayor.



Por tanto, el Plan de modernización es un documento serio y meditado, un documento de programación y de trabajo que nos servirá para materializar desde los poderes públicos competentes la voluntad reformadora expresada por el legislador. Y
señorías, he utilizado el plural con toda intencionalidad porque el proceso de modernización de la justicia no concierne solo al Gobierno de España, sino también al Consejo General del Poder Judicial, a la Fiscalía General del Estado y a las
comunidades autónomas que han asumido importantes competencias en la materia. Por tanto, para liderar este proceso de transformación era necesario establecer un marco de referencia útil y temporalmente ordenado que nos permitiese a todos trabajar,
cada uno en el ejercicio de sus competencias, en una misma dirección y con conocimiento de la ruta a seguir y los objetivos que deberíamos alcanzar. A ello responde este Plan de modernización que, como pueden comprobar SS.SS., establece en la
colegiación de esfuerzos uno de sus ejes fundamentales y prevé mecanismos y políticas específicas para hacer de ello una realidad. Por tanto, si es importante que el plan haya sido hablado con muchos antes de ser definitivamente aprobado por el
Consejo de Ministros el día 18 de septiembre, tan importante como eso es que cuente con el respaldo también del Consejo General del Poder Judicial y que haya sido expresamente apoyado por las comunidades autónomas en la conferencia sectorial
celebrada el pasado día 17 de junio. Tenemos un nuevo marco legal, tenemos un presupuesto adecuado a pesar de la situación de crisis económica en la que vivimos y un Plan de modernización que cuenta- quiero subrayarlo- con el apoyo de todos los
interlocutores institucionales. En ocho meses nos hemos dotado paso a paso de los instrumentos necesarios para liderar y gestionar, contando con todos, ese proceso de transformación y cambio. Examinemos, pues, los objetivos esenciales del plan,
que enumeraré muy brevemente, y verifiquemos también la realidad de mis palabras y el valor de este instrumento de actuación y trabajo.



El señor PRESIDENTE: Señor ministro, perdone que le interrumpa. Quiero informarles de que estamos haciendo gestiones para cambiar la sala de la Comisión porque los ruidos de las obras que se están realizando en el exterior pueden
dificultar el desarrollo normal de la sesión. Vamos a proseguir con la intervención del ministro, pero estamos buscando una nueva ubicación para continuar los trabajos de esta sesión. Perdone, señor ministro, puede continuar.



El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Caamaño Domínguez): Muchas gracias, presidente.



Decía que voy a enumerar muy brevemente los elementos esenciales, los objetivos prioritarios y preferentes de este Plan de modernización. En términos cuantitativos, el plan persigue los siguientes resultados programados: un aumento de la
planta judicial en un 19 por ciento. Entre los años 2010 y 2012 se crearán 600 unidades judiciales más. Si a ellas sumamos las 160 creadas en el 2008 y las 150 previstas en este año 2009, estamos hablando de 910 unidades judiciales previstas y que
se crearán en este periodo. Se convocarán, asimismo, 2.000 plazas de jueces, fiscales y secretarios judiciales. Para ser más preciso en las cifras, serán 750 plazas de jueces, por tanto, 250 por año, que es el tope máximo de la Escuela Judicial
que, como saben, depende del Consejo General del Poder Judicial; 450 plazas de fiscales y 800 de secretarios judiciales. Dicho con otras palabras, un aumento del 17 por ciento en la convocatoria de plazas para jueces, del 20 por ciento para
fiscales y del 20 por ciento también para secretarios de justicia. Se llevará a cabo entre el Estado y las comunidades autónomas el despliegue de la nueva oficina judicial prevista en las leyes que se acaban de aprobar por estas Cortes Generales, y
también el pleno desarrollo del Estatuto orgánico del ministerio fiscal. Las salas de vistas contarán con sistemas de grabación audiovisual y videoconferencia porque así lo determina la propia ley en sus provisiones normativas, y las oficinas
judiciales tendrán sistemas informáticos avanzados que permitirán normalizar el uso del expediente digital. Las comunicaciones y notificaciones se llevarán a cabo electrónicamente a través de correos securizados, tal como es el caso del ya conocido
Lexnet, que es el que ha impulsado el Ministerio de Justicia.
Se pondrá en marcha, finalmente, la nueva oficina fiscal.



Otro de los objetivos del plan es alcanzar una justicia titular, profesional y de calidad. Para ello, en la ley orgánica que acompaña a ese paquete de reformas procesales recién aprobado por las Cortes, se ha creado la figura del juez de
adscripción territorial, que permite atender las situaciones de vacante y suplencia continuada en el territorio o sobrecarga de algunos de los tribunales existentes en el mismo mediante un juez de oposición, un


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juez titular, que queda al servicio del presidente y de las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia. Más justicia titular y, por tanto, menos justicia de suplente. Para ello, hemos empezado este año con la creación de 50
plazas de jueces de adscripción territorial y seguiremos incrementándola de acuerdo con las previsiones del plan hasta el año 2012. Igualmente, se contienen cursos de formación específica y de alta cualificación para secretarios y demás personal al
servicio de la Administración de Justicia con el propósito específico de adaptar sus habilidades y sus capacidades de trabajo al nuevo modelo de oficina judicial que ha establecido el legislador. Los juzgados y tribunales de España trabajarán en
red, por vía telemática y en tiempo real, siendo posible la interoperabilidad entre los diversos sistemas de gestión procesal que hoy existe en todo el territorio español. Lo mismo podrá hacer el ministerio fiscal. Se crearán también con el
Consejo General del Poder Judicial bases de datos compartidas y puntos de intercambio de información entre el sistema de justicia y otras administraciones del Estado. Se suprimirán recursos y trámites superfluos, el legislador ya lo ha hecho
recientemente en estas medidas legislativas que se acaban de aprobar, pero también aprobaremos nuevas leyes orientadas a aliviar la carga de trabajo de nuestros tribunales, lo que sumado a otras medidas tecnológicas, calculamos que permitirán una
reducción media de los tiempos de respuesta judicial superior -varía según los órdenes jurisdiccionales, es evidente- al 30 por ciento. Se acometerá también una modernización del Instituto Nacional de Toxicología y de los institutos de medicina
legal y se creará un Registro Civil informatizado y digitalizado de personas que va a permitir la consulta por vía telemática. Se interconectará nuestro sistema de justicia con Europa a través del Plan de acción E-Justice de la Unión Europea, cuyo
portal se inaugurará precisamente bajo Presidencia española. Se contará con oficinas especializadas de atención a las víctimas y, por último, resumo, entre los grandes objetivos de ese horizonte que enmarca el plan someteremos también a la
consideración de las Cortes Generales un proyecto de ley de planta y demarcación acorde con la realidad socioeconómica y geográfica de la España de hoy.



Señorías, acabo de describir un punto de destino en el que los españoles contaremos con una justicia más ágil, más accesible y de más calidad.
Para llegar a él, el Plan de modernización trata y especifica cada paso de la ruta y las
comunidades autónomas, el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia debemos transitarla acompasadamente aunque respetando el ejercicio de las respectivas competencias. El Ministerio de Justicia ya está abriendo camino y lo hace
con conocimiento pleno de su complejo papel. En efecto, por un lado, debe adoptar, acordar y, en su caso, incentivar la adopción de medidas que conciernen a todos, pero, por otro lado, y en relación con los territorios no transferidos, el
Ministerio de Justicia ha de actuar con plenas competencias. En suma, ha de liderar el cambio en algunos aspectos y ha de saber en otros coliderarlo, lo que implica dosis añadidas de gestión política y de trabajo compartido. Hay, pues, medidas de
este plan que el ministerio puede llevar a cabo por iniciativa propia. Este es el caso, por ejemplo, de la reforma del Registro Civil. En este momento, ya están en soporte digital la práctica totalidad de los asientos registrales hasta el año
1950; un logro que ha supuesto escanear más de 55 millones de páginas de los tradicionales libros del registro y una inversión superior a los 80 millones de euros. Puedo anunciarles que este mismo mes el proyecto de reforma de ley del Registro
Civil se presentará al Consejo de Ministros.
Un nuevo texto legal que configura un registro que responde a tres grandes principios. En primer lugar, el registro dejará de tener una articulación territorial para convertirse en un registro de los
asientos a las personas, por tanto, se abandonará el viejo sistema de asientos y de hechos -dónde se nace, dónde se contrae matrimonio, dónde nacen los hijos, dónde uno fallece- para pasar a un registro de historial individual de cada persona en
cada página del registro. En segundo lugar, la introducción de las nuevas tecnologías permitirá configurar un Registro Civil único, sustentado en una base de datos informatizada que permitirá la interconexión entre las diferentes administraciones
públicas para el mejor cumplimiento de sus funciones y, sobre todo, para facilitar al ciudadano el acceso y la consulta desde cualquier lugar, eliminando trámites burocráticos innecesarios. Por último, la tercera actuación esencial de la reforma
irá dirigida a crear un registro esencialmente administrativo siguiendo el modelo que rige en la gran mayoría de los países de nuestro entorno y, por tanto, deslindando con precisión las funciones propiamente jurisdiccionales de las que son de
llevanza y gestión de este registro público.



En relación también con la función registral, como muy bien saben SS.SS. y así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, en el marco de la ley de economía sostenible se ha previsto que los trámites de constitución e inscripción de una
sociedad de responsabilidad limitada puedan resolverse en el máximo plazo de cinco días, cuando el capital social se sitúe entre 30.000 y 3.100 euros, con un máximo de 250 euros de coste, e igualmente en un día, cuando el capital se sitúe entre
3.100 y 3.000 euros, con un coste máximo de 100 euros. Quiero recordar que esta última hipótesis, la constitución en un día, afectará prácticamente al 90 por ciento de las sociedades mercantiles que se constituyen hoy en nuestro país. Esta
regulación pone de manifiesto que la modernización tecnológica de registros y de notarios es también una importante contribución a favor del dinamismo de nuestra economía. Este acortamiento de plazos se debe sin duda a la utilización de los nuevos
instrumentos telemáticos de los que ya disponemos.



También tenemos prácticamente concluido el proyecto de ley de monitorio europeo, y en fase muy avanzada de elaboración el proyecto de ley de mediación y arbitraje, dos piezas previstas en el Plan de modernización.
Con


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el primer proyecto pretendemos agilizar el cobro de deudas ante nuestros tribunales y ofrecer cobertura legal a las reclamaciones transfronterizas de créditos pecuniarios no impugnados, así como a las reclamaciones de cantidad que no rebasen
los 2.000 euros. Con el segundo, arbitraje y mediación, vamos a dar respuesta a la necesidad de crear mecanismos eficaces de resolución de controversias que permitan reducir la litigiosidad que año a año supone indudablemente una sobrecarga de
trabajo para nuestro sistema de Administración de Justicia. Ese es uno de los objetivos del plan y en ello, señorías, ya estamos.



También en esta misma línea de reforzar las alternativas al proceso y potenciar soluciones prontas y basadas en el acuerdo, les anuncio nuestro propósito de iniciar un diálogo con todos los grupos parlamentarios para retomar el proyecto de
ley de jurisdicción voluntaria, buscando puntos de encuentro que nos permitan superar anteriores diferencias en esta materia. Con este segundo paquete -jurisdicción voluntaria, arbitraje y mediación- ayudaremos a aliviar sin duda la sobrecarga de
nuestros tribunales y estableceremos cauces alternativos en la resolución de conflictos aprovechando figuras que ya existen en nuestro ordenamiento jurídico, como es la de los notarios o la de los registradores, pero también potenciando figuras de
nueva creación, como es la del mediador, y estableciendo la conexión entre estos, el sistema de justicia y el procedimiento judicial.



Al lado de estas actuaciones hay otras muchas también previstas en el plan en las que el Ministerio de Justicia ha de incentivar la actuación de otros actores necesarios, y por mandato constitucional fomentar acuerdos entre todos. Así
ocurre en cuestiones tan relevantes como es la programación anual de plazas judiciales, la interconexión de los diversos sistemas de gestión procesal o el despliegue de la propia oficina judicial. Aquí el Ministerio de Justicia debe desempeñar ese
doble cometido de coliderar el proceso de modernización y, al tiempo, de ejecutarlo en el ámbito de los territorios no transferidos.



En relación con lo primero y en plena sintonía con esa colegiación de esfuerzos prevista en el Plan de modernización que hoy les presento estamos tomando iniciativas y manteniendo grupos estables de trabajo con el Consejo General del Poder
Judicial, la Fiscalía General del Estado, y con las comunidades autónomas, proponiendo incentivos que ayuden a alcanzar y consolidar los objetivos programados en el plan. Permítanme que les exponga algún ejemplo que creo que clarifica con la fuerza
de los hechos la utilidad y la eficacia de este Plan de modernización. En efecto, como antes señalaba, uno de los objetivos principales del plan es el de ordenar y programar razonablemente el despliegue de la nueva oficina judicial. Ahora bien,
esta tarea de reordenación de la oficina se encuadra con naturalidad en el ámbito de la llamada administración de la Administración de Justicia, y por tanto en el ámbito de competencias de aquellas comunidades autónomas que efectivamente así las han
adquirido.
Ello podría provocar un despliegue diverso con experiencias muy distintas, y por tanto el claro riesgo de un resultado final disfuncional, costoso e incluso poco operativo.



Para evitar estas consecuencias no deseadas por nadie y respetar al tiempo las competencias que corresponden a cada uno, hemos creado en la conferencia sectorial un grupo de trabajo específico y especializado, formado por representantes del
ministerio y de las diversas comunidades autónomas con competencia en la materia, en el que ya se están sometiendo a debate y a trabajo diario diversas medidas normativas como los reglamentos tipo, las órdenes ministeriales, las relaciones de
puestos de trabajo, imprescindibles para llevar a cabo el despliegue de la oficina judicial, de suerte que existan una serie de principios comunes que informen la actuación de cada una de las administraciones públicas implicadas, en función, eso sí,
de los ritmos y de las estrategias que, en el ejercicio legítimo de sus competencias, se hayan marcado previamente en este ámbito. Además esta tarea conjunta, señorías, nos permite diseñar un despliegue mutuamente informado de la oficina, compartir
experiencias, y sobre todo poder ir definiendo un mapa final coherente y ejecutado en tiempos sustancialmente similares. Desde el ministerio, y con arreglo a este Plan de modernización, estamos potenciando esos escenarios de encuentro e
incentivando así la ejecución del mismo. De hecho, algunas comunidades autónomas -como estoy seguro de que a SS.SS. ya les consta- han hecho públicas sus actuaciones al respecto.



Pero además de esta tarea, como Ministerio de Justicia estamos ejecutando directamente el plan en aquellos otros territorios todavía no transferidos, y animando a los gobiernos autonómicos a asumir, con ocasión de este proceso de cambio, las
competencias en materia de justicia, sobre todo a aquellos en los que el proceso de negociación se encuentra ya en una fase muy avanzada, como es la Comunidad Autónoma de La Rioja, la Región de Murcia o las Illes Balears. Puedo anunciarles que en
el territorio del ministerio el despliegue de la nueva oficina judicial comenzará en una primera fase en la Audiencia Nacional y en los órganos judiciales de las ciudades de Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Logroño, Murcia, Palma de Mallorca, Ceuta y
Melilla. En cada una de estas sedes ya se están acometiendo obras de infraestructura para adaptar los espacios judiciales a las nuevas exigencias de la ley aprobada por estas Cortes Generales, y al diseño organizativo que impone la nueva oficina
judicial. Asimismo se están constituyendo en cada una de estas ciudades dos tipos de grupos de trabajo: uno de carácter técnico, con abogados, procuradores, jueces, personal del Ministerio de Justicia, secretarios de Justicia, para que se haga un
seguimiento directo de la implementación y del despliegue de la nueva oficina; otro de naturaleza institucional, en el que están presentes la comunidad autónoma, los representantes del Consejo General del Poder Judicial y también las autoridades
locales, porque su papel, sin duda, a la


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hora de establecer sedes, de mejorar la calidad del servicio, es también importante para definir este proceso de transformación.



El pasado 30 de septiembre abordamos también algunas otras prioridades fundamentales de este plan como por ejemplo procurar que todos los juzgados y tribunales de nuestro país puedan trabajar en red mediante sistemas telemáticos. El pasado
30 de septiembre, como les decía, se firmó el convenio para la implantación del esquema judicial de interoperabilidad y seguridad, EJIS, entre el ministerio, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado; a él se van a
adherir el próximo día 10 de diciembre las comunidades autónomas con competencias en materia de justicia. Por tanto, el elemento, la pieza clave para conseguir ese objetivo previsto en el plan ya está consolidado y asentado. Todas las
instituciones comparten el carácter imprescindible de esta plataforma de intercambio de información, todas ellas apuestan por conseguir esa convergencia de todos los sistemas operativos que hasta ahora eran incompatibles, y además todos queremos que
así sea posible, con arreglo a las previsiones del plan que, insisto, les estoy comentando.



En la última conferencia sectorial, celebrada el pasado 10 de noviembre, el ministerio se comprometió a cofinanciar con las comunidades autónomas que se adhieran a este convenio los programas informáticos destinados a hacer posible esa
interoperabilidad. Asimismo hemos comprometido nuestra voluntad de destinar los ingresos que corresponden al Ministerio de Justicia, y procedentes de este nuevo depósito previo para recurrir, que SS.SS. perfectamente conocen, a apoyar y
cofinanciar proyectos de las comunidades autónomas, siempre que se orienten y se dirijan a ese objetivo que es conseguir la interoperabilidad entre todos los sistemas o establecer redes de información telemáticas y de comunicación para nuestros
tribunales de justicia.



Estamos avanzando también en la ejecución de otras actuaciones previstas en el plan, desde el punto de vista tecnológico. En estos momentos, el correo securizado Lex Net para notificaciones y comunicaciones judiciales está desplegado en más
del 90 por ciento de las sedes judiciales del territorio responsabilidad del ministerio, aunque también lo hacen otros muchos, pero ahora doy los datos solo respecto de este ámbito, y se completará su despliegue definitivo y completo el día 31 de
diciembre. Al finalizar este año Lex Net habrá garantizado la notificación por vía telemática de cerca de un millón de actos procesales, mes y se alcanzará, cuando se cumplan las previsiones del plan, en el horizonte del año 2012 la cuantía de 40
millones de actos de comunicación procesal, que son aproximadamente los que cada año se producen en nuestro sistema de justicia.



El nuevo marco legal que configura la oficina judicial determina también la necesidad de adecuar el actual sistema de gestión procesal Minerva, implantado ya en el cien por cien del territorio del ministerio y en las nuevas sedes judiciales,
a los requerimientos y a las exigencias tecnológicas del impulso modernizador en el que nos encontramos. Con este fin se ha desarrollado un nuevo programa, el conocido como Minerva NOJ, orientado al despliegue de la nueva oficina y que se colocará
y estará en práctica, poco a poco, a partir del 1 de enero del próximo año. Un programa que será compatible con el de aquellas comunidades autónomas que tienen sistemas propios de gestión procesal.



También estamos poniendo en marcha los distintos portales de información para hacer accesible a los ciudadanos y a los profesionales los servicios que prestan los diversos actores de la justicia. Esta misma semana hemos inaugurado el nuevo
portal Fiscal.es, y próximamente se inaugurará el portal del Instituto Nacional de Toxicología, fundamental sobre todo en la información ciudadana sobre productos tóxicos, accidentes domésticos, etcétera, cuya línea telefónica y su página web se
incrementan en consultas cada día más, prestando otro servicio fundamental vinculado a la justicia e imprescindible para los ciudadanos. Lo mismo estamos haciendo con un portal para los profesionales de la justicia donde puedan intercambiar
información y tener conocimiento de lo que ocurre.



Hemos iniciado, en cumplimiento de otro de los objetivos previstos en el plan, la búsqueda de una oficina judicial con ese horizonte del papel cero, o dicho con otras palabras, potenciar al máximo el expediente digital judicial. Lo hemos
hecho con la presentación el pasado 19 de octubre en la Audiencia Nacional de un proyecto verdaderamente pionero en nuestro país de implantación de expediente digital, que tiene una duración aproximada de un año y un coste superior a los 4 millones
de euros. Esta experiencia de digitalización plena de un órgano judicial, complejo como es todo el orden jurisdiccional penal de la Audiencia Nacional, servirá de motor para proyectarla después sobre otros órganos judiciales de nuestro país.



Otra de las piezas de las que se ocupa este plan y en la que ya hemos avanzado notoriamente es la modernización de otros servicios de apoyo a la justicia, como es en este caso el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Como
sabrán muy bien SS.SS., este instituto cuenta ya con una nueva sede dotada de laboratorios e instalaciones punteras, con una inversión que ha supuesto prácticamente 24 millones de euros. Estamos por tanto ante una realidad de la que podemos
sentirnos orgullosos, no solo por las infraestructuras y las instalaciones, sino por la calidad y la valía del personal que día a día presta servicio en este centro de investigación y de aplicación tecnológica, sobre todo en la persecución de
delitos, fundamental ya para nuestro sistema de justicia. Pruebas de ADN, identificación de pinturas de vehículos cuando hay omisión del deber de socorro, etcétera, se realizan ya de manera puntera en este centro con los medios más modernos y
avanzados que existen hoy en el mundo.



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Finalmente quiero insistir también en que ya se ha cerrado el convenio para la creación de otra pieza que nos faltaba, fundamental también, en este entorno de apoyo a nuestro sistema de justicia, como es un nuevo instituto de medicina legal
de apoyo a los órganos judiciales centrales, es decir, a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo. Se ha previsto y se está trabajando ya en este nuevo instituto de medicina legal.



Quiero referirme para terminar a la materialización también prevista en este plan de una iniciativa europea de extraordinaria importancia para todos como es el Plan e-Justice. Se trata de un plan para crear un espacio de interoperabilidad
entre los distintos sistemas jurídicos europeos que facilite a los ciudadanos ese deseo del ejercicio de sus derechos, y el conocimiento también de los mismos, con independencia de las fronteras de los países que integran el espacio de la Unión. Su
inauguración se producirá previsiblemente bajo la Presidencia española de la Unión, y precisamente esta posibilidad directiva de estar encima del mismo nos va a permitir también diseñarlo en conexión con las reformas que estamos introduciendo en
nuestro propio sistema de justicia.



Señorías, estos son los objetivos del Plan de modernización que he resumido de manera muy concisa y que ya tienen a su disposición, y estas son las principales actuaciones que se prevén en él y con las que ya estamos, como he creído poder
acreditar aquí con hechos ciertos, comenzando a transformar la realidad de nuestra Administración de Justicia. El plan está siendo una valiosísima herramienta para encauzar este proceso de cambio, una herramienta para el diálogo institucional, para
el encuentro con las comunidades autónomas, con la Fiscalía General del Estado y con el Consejo General del Poder Judicial, una herramienta también que nos ayuda a avanzar y a generar sinergias entre todos, y es un estímulo permanente para alcanzar
ordenadamente esos objetivos que todos, empezando por el legislador y con su última reforma procesal, nos hemos propuesto.



Señorías, paso ahora a tratar el resto de los asuntos que fueron objeto de diversas solicitudes de comparecencia y que se han incorporado al orden del día de esta sesión. (El señor Olabarría Muñoz pide la palabra.)


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Es para una cuestión de orden.



El señor PRESIDENTE: ¿Cuál es el desorden?


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Eventualmente ninguno o quizá sí, señor presidente. Quiero someter a su consideración si las peticiones de comparecencia que no van a ser defendidas por el grupo que las ha formulado reglamentariamente pueden ser
objeto de respuesta por el ministro, porque como diputado me gustaría conocer la glosa...



El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, si hubiera estado al comienzo de la sesión sabría que todo el orden del día se tramita de manera acumulada y en intervención única. Ese es el acuerdo de Mesa y portavoces, y por tanto esa es la
dinámica de esta sesión.



El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Caamaño Domínguez): Como decía, paso ahora a analizar el resto de solicitudes de comparecencia que se han incorporado al orden del día de esta sesión. Dado que la mayoría de los asuntos han sido objeto de
tratamiento exhaustivo en esta Cámara, con motivo de otras iniciativas parlamentarias ya sustanciadas, considero que no será necesario extenderme en demasía en su exposición para no resultar reiterativo.



Por lo que respecta a la cuestión que es objeto de la petición de comparecencia que figura con el número 2 del orden del día, me complace señalarles que en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 se prevé una inversión del
Ministerio de Justicia en las Islas Baleares de más de 4 millones de euros. Entre las principales actuaciones programadas, junto con la construcción de los edificios de Mahón y Ciudadela, se encuentra prevista precisamente la del nuevo edificio de
los juzgados de Ibiza, que ya cuenta con una dotación inicial presupuestaria. La construcción del nuevo edificio precisa de la cesión de una parcela del ayuntamiento y ese trámite, junto con los demás requeridos por la legislación vigente, está a
punto de concluirse, tal como tuve ocasión de tratar la semana pasada con la consejera de Justicia de esa comunidad autónoma.



Quiero subrayar que la superficie total prevista para albergar los diferentes órganos judiciales es de 10.000 metros cuadrados, y que el presupuesto orientativo que contemplamos es en torno a los 13 millones de euros. Entretanto se
construye ese edificio el Ministerio de Justicia ha arrendado varios locales en el centro intermodal y de servicios para ubicar los diversos órganos judiciales que se están adaptando también a las configuraciones, y con las reformas necesarias, para
el despliegue de la nueva oficina. En definitiva, señorías, el ministerio está trabajando para poner término de modo definitivo a la situación de precariedad de los juzgados de Ibiza, con el objeto de que los ciudadanos dispongan de unas
instalaciones de calidad, tal y como debe prestarse este servicio.



En lo que concierne a los asuntos que motivan la solicitud de comparecencia que figura con el número 3 en el orden del día solo cabe señalar que se trata de supuestos de aplicación judicial de la legalidad ordinaria, cuya constitucionalidad
ha sido avalada por el Tribunal Constitucional, como ustedes perfectamente saben.



En cuanto al informe de la Comisión Nacional de la Competencia sobre el sector de servicios profesionales y sobre los colegios profesionales, en relación con el cual se registró la petición de comparecencia recogida en el número 4, como es
obvio y ustedes conocen muy bien las cosas han evolucionado mucho desde el mes de septiembre


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del año 2008, cuando dicho informe fue emitido. En primer lugar, el presidente de la Comisión Nacional de la Competencia compareció en esta Cámara dos meses más tarde, y aclaró que no pretendía prohibir la colegiación obligatoria, sino que
estaba planteando estudiar los límites de dicha colegiación. Posteriormente además, en julio de 2009, el Gobierno envió al Congreso de los Diputados el proyecto de ley de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio -la conocida como ley ómnibus-; un proyecto de ley que junto a la denominada ley paraguas tiene por finalidad trasponer a nuestro ordenamiento la Directiva de Servicios y que además ayer mismo
fue votado en el Senado. En su tramitación parlamentaria se han debatido y consensuado algunas fórmulas complementarias de las contenidas en el proyecto para regular la cuestión que entonces motivó esta solicitud de comparecencia, como es el caso
de la disposición transitoria cuarta, relativa a la vigencia de las obligaciones de colegiación, que ha sido modificada a través de acuerdos establecidos entre los diversos grupos parlamentarios, y dándose un mandato al Gobierno para que, previa
consulta a las comunidades autónomas, remita a las Cortes Generales un proyecto de ley que determine las profesiones para cuyo ejercicio es obligatoria la colegiación. Por tanto, ha sido el trabajo de los propios grupos parlamentarios, a través del
trámite de enmienda y de los trámites habidos en el procedimiento de elaboración de la ley, el que ha ido buscando y acomodando sus diversas posturas.



En relación con la cuestión recogida en el orden del día como número 6, no tengo nada que añadir a lo ya contestado por el Gobierno a la pregunta escrita formulada por el diputado García-Legaz, puesto que allí se recogen de manera clara y
concisa tanto los hechos como las razones que lo motivaron. Se decía entonces que don Mariano Fernández Bermejo inmediatamente después de dejar su cargo inició los trámites para el traslado de su vivienda a una que reuniera las exigencias de
seguridad propias de un ex ministro de Justicia, y por tanto permaneció en la residencia oficial del ministerio únicamente el estricto tiempo necesario para ello. Así lo debo reafirmar hoy, porque así fue como ocurrió.



En lo relativo al punto 7 del orden del día, concerniente a la liberación indebida del recluso Astrit Bushi, el Gobierno ya ha expuesto en diversas ocasiones cuál es su valoración. Consideramos en efecto que se trata de un hecho grave, pero
absolutamente excepcional que se debió a una cadena de actuaciones erróneas que han sido investigadas. Su carácter excepcional, señorías, no permite poner en cuestión el funcionamiento del sistema policial, penitenciario y judicial. Todos los días
son trasladados cientos de presos a los juzgados para llevar a cabo multitud de diligencias, y esas actuaciones se realizan día a día y con absoluta normalidad. Tan solo puedo añadir que el señor Bushi actualmente se encuentra detenido en Albania,
y dado que tiene asuntos pendientes ante la justicia española, si los órganos judiciales de nuestro país así lo acuerdan, el Ministerio de Justicia llevará a cabo los trámites correspondientes en orden a su extradición.



Sobre el asunto incorporado en el punto 8 del orden del día ya me he pronunciado expresamente en el Pleno de esta Cámara. Se trata de una actuación de la Abogacía del Estado que se ajusta escrupulosamente a lo previsto en la Ley 52/1997, de
Asistencia Jurídica del Estado. El informe emitido en esta ocasión por la Abogacía del Estado es uno más de las decenas de miles de informes que anualmente se emiten por este servicio, en los que se estudian las consecuencias jurídicas del actuar
administrativo o gubernamental, así como las derivadas de imputaciones de irregularidades realizadas a los miembros del Gobierno o de las administraciones públicas. Del mismo modo, y con ello respondo a uno de los aspectos incluidos en el punto 9,
se ajusta plenamente a la legalidad el hecho de que la Abogacía del Estado asuma la representación y defensa de autoridades y empleados públicos cuando se sigan contra ellos procedimientos judiciales por actos u omisiones relacionados con el
ejercicio de su cargo. Esta es una de las funciones expresamente previstas en el artículo 2 de su ley reguladora. No hay por tanto nada reprochable, sino un respeto y un cumplimiento escrupuloso de lo previsto en la ley.



Por lo que respecta a la cuestión suscitada en el punto 9 creo que en mis intervenciones anteriores en esta Cámara he tenido ocasión de ponderar adecuadamente la profesionalidad y la eficacia de los miembros del ministerio fiscal en la lucha
contra la criminalidad, la protección de los derechos de los más vulnerables y la defensa de la legalidad. Su actuación siempre se ha ajustado a lo establecido en su estatuto orgánico, y en concreto en lo que se refiere a su actuación con los
medios de comunicación a lo previsto en el apartado 5 de su artículo 4, que como suele ser olvidado permítanme, señorías, recordarlo en su literalidad: Corresponde al fiscal informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan,
siempre en el ámbito de su competencia y con respeto al secreto de sumario, y en general a los deberes de reserva y sigilo inherentes al cargo y a los derechos de los afectados.



Finalmente, en relación con la cuestión que configura el punto 11 del orden del día, considero que el fiscal general del Estado, en su comparecencia del pasado día 18 ante esta misma Comisión, ha ofrecido a la Cámara una exposición rigurosa
y completa del tema, exposición a la que como ministro de Justicia nada tengo que añadir.



Muchísimas gracias, y por supuesto quedo plenamente a su disposición.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.



Les informo de que hemos realizado gestiones para no vernos obligados a variar de sala, y en la medida en que continúen paradas las obras y no nos moleste el ruido


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no cambiaremos la ubicación de la sesión. Si a lo largo de la misma observáramos que se perturba de nuevo el orden, lógicamente nos veríamos obligados a suspenderla.



Abrimos el turno de intervenciones de los grupos parlamentarios. En primer lugar el Grupo Parlamentario Vasco, si quiere intervenir. Señor Olabarría, tiene la palabra.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor ministro, muy agradecido por sus prolijas intervenciones, ilustrativas para el diputado que le habla en este momento, incluso -si me permite la expresión, señor ministro- en relación con algunas de las
propuestas de petición de comparecencia no defendidas en la Comisión uno tiene la sensación de que su respuesta ha resultado no solo ya excesiva o exhaustiva, sino incluso exuberante. Me doy por ilustrado respecto a esa y a la miscelánea de
cuestiones que completan el orden del día no atinentes a la nueva configuración de la oficina judicial. Da la impresión de que es lo relevante en este momento y a lo que usted propiamente ha venido; no hay más que analizar lo heterogéneo de las
propuestas o peticiones de comparecencia y lo lacónico de sus respuestas, que para mi grupo parlamentario son más que suficientes.



En relación con la oficina judicial, señor ministro, no sé si ha visto una película norteamericana muy conocida que se llama El día de la marmota, donde una persona se ve recurrentemente en el día anterior; cuando empieza el día, se ve que
está viviendo lo que ya ocurrió en el día anterior. Yo no sé si en materia de oficina judicial está ocurriendo algo de estas características, estamos también ante la aparición de la marmota, porque siempre estamos -al menos yo tengo la impresión
subjetiva, obviamente no quiero generalizarla a los demás compañeros- modernizando la oficina judicial mediante una especie de procedimiento de eterno retorno a los principios que deben inspirar esta modernización.
Esperemos, al fin y al cabo, no
seguir siendo castigados con reformas de naturaleza parcial o solo anunciadas y que esta sea la de verdad, la que nos permita que el calendario cronológicamente siga avanzando como debe avanzar. Veremos a ver.



Le deseo toda suerte de éxitos en esta materia y la colaboración leal de mi partido que, con relación a la modernización de la Administración de Justicia, sabe que la va a tener en todo caso, evidentemente no exenta de crítica, porque somos
un grupo de la oposición, pero la crítica es buena para todos, porque como el materialismo dialéctico ya glosaba de la síntesis y de la antítesis surgía la tesis.



Este es un plan aprobado el 18 de septiembre, por lo que nos da la impresión de que se ha demorado un tanto su comparecencia para explicar algo tan importante para la configuración de la oficina judicial, que al fin y al cabo es tanto como
hablar de la tutela judicial efectiva y sus deficiencias o insuficiencias, que en este momento constituyen un derecho proclamado por el artículo 24 de la Constitución. No seré yo quien le reproche la demora, porque ha habido situaciones políticas
que no es necesario glosar en este momento y que pueden haber provocado o estar en el fondo de la demora, pero en todo caso bienvenidas sean sus explicaciones y bienvenido además su carácter aparentemente enfático y muy convencido, dispuesto a que
adquieran cuerpo normativo estas propuestas que usted ha preconizado en el día de hoy.



La primera que me llama la atención, señor ministro, es la relativa al aumento de la planta, que la ha cifrado en un 19 por ciento desde el año 2000 al año 2012, si he tomado bien del dato. Le pediría un punto más de ambición. Sé cuál es
la situación presupuestaria; he leído los cuadros macroeconómicos del Gobierno y además ayer realicé el esfuerzo intelectual de escuchar la glosa que hizo el presidente del Gobierno sobre la denominada ley de economía sostenible hasta el punto en
que la resistencia humana te permite seguir con atención un debate de esta naturaleza para los que no pertenecemos al mundo de la economía y algo percibí. Le pediría un mayor esfuerzo. Las ratio de jueces por habitante en el Estado español son muy
malas, y usted lo sabe, señor ministro.
Tenemos un porcentaje de jueces por cada cien mil habitantes que no llega al 11 por ciento, cuando la media comunitaria está próxima al 28 por ciento. No sé si presupuestariamente es posible y tampoco las
posibilidades de generación -es una locución que utiliza el Consejo General del Poder Judicial- de nuevos jueces o de creación de nuevos jueces -no sé si esta es una materia que es objeto de creación, porque parece una invocación un tanto divina o
teológica-, en tanto en cuanto el sistema sigue siendo un sistema decimonónico en su concepción troncal: una licenciatura de Derecho, unas oposiciones con unos preparadores que acaban cuando acaban, un paso por la Escuela Judicial que dura cuando
menos dos años y en donde es posible que uno no supere las pruebas finales de la oficina judicial. Es improbable, pero es posible, porque he conocido a personas que todavía se están preguntando por qué razones absolutamente deletéreas y extrañas no
han superado las pruebas de la oficina judicial ubicada en la zona de Vallvidrera, en Barcelona; de hecho ocurre.



Al final nos encontramos con que la posibilidad de crear jueces está muy vinculada a las disponibilidades materiales de estas beneméritas instituciones, incluida la de los preparadores, por las que los que van a ser jueces tienen que pasar y
por las disponibilidades materiales del propio Consejo General del Poder Judicial y de la propia Escuela Judicial. Tendríamos que buscar una manera de generar jueces de forma más ágil. Observo una carencia en sus posicionamientos -que
intelectualmente no refuto, porque me parecen muy inteligentes en cuanto a la modernización- que posibiliten la creación de jueces, porque son necesarios muchos más en la planta judicial; usted mismo ha reconocido que es manifiestamente
insuficiente. Necesitamos un procedimiento más ágil que posibilite la creación de jueces. Sabe usted


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que he sido vocal del Consejo General del Poder Judicial y hay mucha mitología sobre esto -sobre la educación, la puesta en valor, la puesta en activo de la formación de los jueces-, pero cuando se exacerban estos valores en demasía, al
final lo que se hace es no crear jueces. La consecuencia natural de una puesta en valor tan intensa de la formación de los jueces tendría que producir como efecto inmediato e inevitable -en una relación de causalidad inevitable- la formación de
grandes jueces, pero luego no vemos que sean tampoco grandes jueces los que superan ese tortuoso y larguísimo en el tiempo procedimiento de recluta de los órganos judiciales, y no hay más que analizar algunas sentencias que dictan no ya los jueces
jóvenes que inician su carrera profesional en el denominado juzgado de entrada, porque podríamos glosar algunas sentencias de las distintas salas del Tribunal Supremo. O sea, que tanta formación, tanta puesta en valor de la educación, tanta
duración y ubicación en régimen cuasi residencial en la Escuela Judicial para tener jueces -voy a usar una expresión cautelosa- de calidad media. Son grandes juristas, pero, si analizamos su trabajo científico en ámbitos diferentes a la judicatura
y el propio contenido de sus sentencias, tampoco en este ámbito estamos para echar las campanas al vuelo.



Habría que buscar un elemento híbrido con el sistema anglosajón de recluta de jueces o algunos sistemas europeos que posibilitan la recluta más fácil y además tener jueces mucho más apegados a la realidad, porque le aseguro que este sistema,
en el que se pasa de finalizar la carrera a un juzgado de entrada sin haber conocido prácticamente el mundo, provoca problemas, incluso funcionales. Yo he conocido jueces y juezas que han iniciado su carrera profesional en un juzgado de entrada sin
conocer nada de las etiologías o de los fenómenos delictivos o criminales que tenían que atender cuando eran jueces de Instrucción en juzgados mixtos o jueces de Primera Instancia. Y no solo eso, algunos de ellos -no voy a utilizar la expresión- no
sabían qué era determinado tipo de profesión que dicen que es de las más antiguas en este mundo. Desde esa perspectiva, falta un conocimiento de la realidad que compense el conocimiento del ordenamiento o del derecho, que tampoco es tan exhaustivo
como a veces se pretende, y aquí nos encontramos con jueces cuyo sistema de recluta es mejorable. En primer lugar, le invito a incrementar la planta y a un compromiso presupuestariamente más fuerte en un modelo de recluta de jueces que posibilite
la generación de los jueces que necesitan la realidad y el cumplimiento del contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva y luego un sistema de formación de jueces que tengan capacitaciones de todo tipo que les hagan ser buenos
jueces.



En segundo lugar, en relación con la implementación o con la generación y potenciación de los sistemas informáticos, ha comentado -me ha tranquilizado con ello- que el sistema Minerva no va a ser solo un sistema para la parte que ustedes
controlan, la parte no transferida de la Administración de Justicia, sino que existen ya instrumentos de compatibilización con los demás sistemas informáticos, en relación con los cuales algunos son bastante más sofisticados, si me permite la
expresión, que el propio sistema Minerva, entre otras en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que fue pionera en materia de configuración de sistemas telemáticos que mejoran la prestación del servicio público de la justicia. Pero sigo sin saber
-es una pregunta que hago recurrentemente- qué ha ocurrido con el Centro de Documentación Judicial, con el Cendoj, ubicado en la ciudad de San Sebastián, en pleno Donostia, el cual estaba llamado desde su creación, hace muchos años ya, a crear
sistemas informáticos que sirvieran para todos los órganos judiciales sin ninguna excepción, los que forman parte de los ámbitos de competencias del Estado y los que forman parte de los ámbitos competenciales de las comunidades autónomas a las que
se transfirió la competencia. El Cendoj, que era un órgano con profesionales muy cualificados, algunos de los cuales están aquí presentes y pertenecen al organigrama de su ministerio, no ha podido de forma anticipada en el tiempo crear un sistema
informático compatible susceptible de servir a las necesidades de transmisión de información informática de todos los órganos judiciales del Estado español. Era una de las funciones por las cuales el Cendoj se creó y me sorprende, me llama mucho la
atención, que no hayamos podido avanzar en un sistema informático compatible prácticamente hasta el día de hoy, si he entendido bien sus reflexiones.



En cuanto a la carga de trabajo, la pendencia en este momento es uno de los males patológicos que acompañan a nuestra Administración de Justicia, sobre todo en algunos órdenes de la jurisdicción. Me estoy refiriendo a la jurisdicción Civil
y a la Contencioso-administrativa. Ahí ha hecho una invocación que es complementaria de esta, la potenciación de los sistemas extrajudiciales de solución de conflictos, de solución de litigios. Sé que en el Consejo General del Poder Judicial se
está trabajando intensivamente en la mediación, en el arbitraje y en normas de esta naturaleza. Me ha parecido entender que usted ha anunciado la presentación de un proyecto de ley que va a regular estas materias. No sé si ustedes están trabajando
en coordinación con los trabajos que se están desarrollando ya en el Consejo General del Poder Judicial, porque esta sí es una asignatura pendiente recurrente. Entre otras cosas, habría que hacer una cierta labor pedagógica para que los
justiciables sepan que un órgano judicial no provee de mayores garantías ni de mejores soluciones que una resolución de naturaleza arbitral o extrajudicial. Yo creo que falta pedagogía, que hay una especie de carácter cuasi querulante entre la
ciudadanía española, que ha permitido llegar a la conclusión de que solo es la Administración de Justicia, y si no se recurre a la Administración de Justicia no se encuentra una tutela o una protección adecuada de los derechos e intereses que se
protegen. A esa labor pedagógica yo le invitaría también, señor ministro.



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Ha hecho una invocación en relación con la cual tengo que mantener ciertas reservas intelectuales, sobre todo sabiendo que a esta legislatura le quedan en este momento dos años, si es que se agota -a esas alturas del poder tendrá más
información que yo sobre este pormenor-. Plantear en dos años una nueva Ley de Demarcación y Planta Judicial, ya no le voy a preguntar por la Ley de Enjuiciamiento Criminal... (El señor ministro de Justicia, Caamaño Domínguez, hace signos
afirmativos.) ¿También la va a presentar? Usted parece de Bilbao, es más valiente de lo que yo le atribuía originariamente. (Risas.) Si usted piensa que la Ley de Enjuiciamiento Criminal se puede abordar y terminar de aprobar en lo que queda de
legislatura, en materia de optimismo antropológico supera a su propio presidente. (Risas.) Ya tengo dudas incluso en relación a la Ley de Demarcación y Plan Judicial, ¡qué quiere que le diga! En todo caso, si están los trabajos avanzados y los
grupos de expertos que sabemos que están trabajando en esta materia tienen información que nos sirva a los grupos de la oposición para ir avanzando y adelantando posiciones y un conocimiento cabal de lo que se va a regular, hágalo cuanto antes
porque dos años en una legislatura tempus fugit, pasan muy rápidamente. Hay muchas cosas y muchas leyes y el calendario legislativo está apretadísimo; no sé si peca aquí de un exceso de optimismo, sobre todo cuando le oigo decir que está dispuesto
a aprobar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal me provoca cierta perplejidad, señor ministro. En todo caso, ojalá tenga suerte también en esto.



La reforma del Registro Civil me parece muy importante, es un elemento importante de modernización y agilización de la justicia. Hay una valoración que le voy a hacer a título absolutamente personal; no sé hasta qué punto tiene sentido el
mantenimiento del Registro Civil central, cuyas competencias se han ido reduciendo y están casi limitadas en este momento a materias vinculadas a la adopción internacional, en virtud de los requerimientos del Convenio de La Haya en esta materia. No
sé si un órgano judicial de estas características debe subsistir y esto no se puede redistribuir en los registros civiles ordinarios, a los que usted les proporciona una impronta manifiestamente diferente. Este registro ya no es de datos concretos,
sino del historial de las personas; cuando hablemos del historial me gustaría que me concrete de qué historial estamos hablando, porque no todo el historial es publicable en el Registro Civil. Me imagino que se referirá al historial jurídicamente
relevante a efectos de identificación. Me entiende perfectamente cuáles son las inquietudes que le quiero transmitir en este ámbito.



Ayer, escuchando al presidente Zapatero explicar y glosar, desde una perspectiva apologética, las bondades de la economía sostenible, escuché esta posibilidad de crear una sociedad mercantil en el plazo de un día.
Con esto hay que tener un
poco de cuidado; los registradores que han de atender a la adecuación a la legalidad de los estatutos de las sociedades mercantiles... Por cierto, usted habla de que el registro ya va a estar informatizado perfectamente, hace muchos años que los
registradores civiles y mercantiles llevan en un iPod o en un pen drive el registro entero en el bolsillo. Tampoco es una novedad lo que usted preconiza, no mejora las prestaciones de los registros de la propiedad y mercantiles existentes en la
actualidad. Cuidado con esto de agilizar los trámites hasta incurrir en un problema de inseguridad jurídica porque aquí hay trámites que son manifiestamente indiscutibles a la hora de crear sociedades que muchas veces pueden ser sociedades con
dificultades de adecuación al ordenamiento jurídico...



El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, le comunico que ya ha consumido quince minutos.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Ya le he dicho todo lo que le quería decir, señor ministro. Sobre todo después de haber glosado y complementado sus propuestas a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ahora sí que le tengo que desear toda la suerte
del mundo y nuestra colaboración leal, en la medida de lo posible.



El señor PRESIDENTE: Quiero hacer una precisión, para que no haya malos entendidos, aunque ya la hice al comienzo de la sesión, pero la vuelvo a hacer, a efectos de que no se insista en esta línea. El ministro de Justicia comparece cuando
se le cita y se le convoca; la Comisión acordó en Mesa y portavoces esta comparecencia a mediados del mes de noviembre.
Además, en relación a la oficina judicial, que se acuerda por Consejo de Ministros el 18 de septiembre de 2009, con fecha 21 de
septiembre, tres días después, entra en la Cámara un escrito del Gobierno, en este caso firmado por el secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, pidiendo la comparecencia del ministro de Justicia a esos efectos. Por tanto,
si no se ha celebrado es responsabilidad de esta Presidencia.



Tiene la palabra en nombre del Grupo Convergència i Unió el señor Jané.



El señor JANÉ I GUASCH: En primer lugar, quiero agradecer la comparecencia hoy aquí del ministro de Justicia.



Esta Comisión es muy densa en cuanto a entrada de solicitudes. Por tanto, es lógico que, ante una Comisión tan densa, que además es la que más legisla en esta Cámara y hemos acometido en las últimas semanas reformas legislativas
importantísimas, suceda lo que sucede hoy, que hay peticiones de comparecencia que han quedado un poco extemporáneas. Una de ellas es la que presentó mi grupo parlamentario en relación con el informe que desde la autoridad de la competencia se
había realizado en materia de colegios profesionales. Por tanto, no quiero centrar mi intervención en esa comparecencia. Quiero agradecerle al ministro la explicación somera que ha dado de la misma y reiterarle una doble preocupación en ese ámbito
de los colegios profesionales.



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Los colegios profesionales tienen un encaje en la Constitución y realizan un servicio público en su ámbito respectivo. Y nos da la impresión -y usted, señor ministro ha citado la Ley Ómnibus que ayer abordó el Pleno del Senado- de que esa
ley ha ido más allá de lo que debía realizar esa normativa para adaptar la directiva, de que podíamos haber hecho una reforma de los colegios profesionales más serena, más pausada, más en contacto con todos los sectores implicados y de que ahora
estamos abordando una reforma más allá de lo que la directiva exigía, llamando a futuros proyectos de ley que vengan a complementar también para hacer el listado final de colegios profesionales. Esta no es la mejor forma de abordar esa reforma
legislativa pendiente y nuestro grupo tiene muy serias dudas, no únicamente de que esa reforma se ha extralimitado en lo que la directiva implicaba, sino incluso del encaje estatutario de la misma. Solo le pondría dos ejemplos: El artículo 125 del
Estatuto de Autonomía de Cataluña con plena vigencia da una competencia exclusiva a la Generalitat en materia de colegios profesionales que entendemos que no casa bien con la normativa que ahora se va a aprobar, e incluso tampoco casa con la propia
Ley 7/2006 del Parlamento de Cataluña, del ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios profesionales. No quiero ahondar en ese debate, que va más allá incluso de ese informe que las autoridades de la competencia realizaron, pero sí quería
que quedara clara cuál es nuestra posición al respecto que creo, además, que es una posición que comparten muchísimos colegios profesionales que se ven afectados prematuramente por una reforma que debíamos haber realizado de manera distinta.



Señor ministro, usted ha presentado hoy el plan estratégico y le queremos felicitar por ello y trasladar el apoyo de nuestro grupo parlamentario en lo que debe ser la legislatura de la justicia. Se dice que esta va a ser la legislatura de
la justicia. A ver si somos capaces de que lo sea realmente, con recursos, con un plan con actuaciones concretas. Por tanto, cuenta, señor ministro, de entrada, con el apoyo de Convergència i Unió como tercer grupo de la Cámara. Entendemos que
podemos contribuir a ese consenso necesario para modernizar la justicia. (El señor vicepresidente, Albendea Pabón, ocupa la Presidencia.)


¿Qué entendemos que falta en su exposición? Hay una serie de proyectos de ley anunciados, entre ellos, el del Registro Civil, la ley de planta, la ley de jurisdicción voluntaria, que sabe que estuvo a punto de ser aprobada en la pasada
legislatura y, al final, el ministro Bermejo anunció la del proceso sin contienda; veremos como queda, pero son reformas importantes. Repito, ley de planta, ley del Registro Civil y ley de la jurisdicción voluntaria. ¿Dónde está, señor ministro,
el compromiso adoptado entre Convergència i Unió y el Gobierno en el desarrollo de los estatutos de autonomía de nueva generación? No quiero referirme únicamente al de Cataluña, que me afecta directamente en tanto que nosotros somos el Grupo de
Convergència i Unió, sino también por ejemplo al de Andalucía. Nos da la impresión de que el Gobierno está traicionando el compromiso adquirido. Le diré por qué. De alguna manera nuestra inactividad está dando argumentos a quienes recurrieron los
estatutos, en este caso, el Estatuto de Cataluña. Le voy a poner un ejemplo. Hay un título III en el Estatuto relativo todo él al Poder Judicial en Cataluña -no de Cataluña sino en Cataluña-, por lo tanto no se niega nunca la unidad del Poder
Judicial; lo sabe usted que conoce bien el texto. Conoce que no fue fácil su elaboración y, por lo tanto, aquí hay un compromiso.
Quiero poner en valor el artículo 96 del Estatuto, que habla del fiscal superior de Cataluña. Lo hemos desarrollado
ya al aprobar el Estatuto orgánico del ministerio fiscal y no se ha tambaleado nada porque el estatuto está vigente. Lo hemos legislado en esta Cámara desarrollando un artículo, el artículo 96. Creo que, incluso, esto ha facilitado la labor
posterior de quien debe interpretar el estatuto aprobado, porque hay ya un desarrollo pacífico.



Mi pregunta es ¿por qué no traemos a la Cámara de una vez por todas, tal y como se comprometió el Grupo Socialista y el propio Gobierno con este portavoz, un proyecto de ley que desarrolle el artículo 97 y desarrolle los consejos de justicia
de las comunidades autónomas? ¿A qué esperamos, a que exista una sentencia? ¿Estamos pendientes, porque se ha recurrido, hasta tener una sentencia para ver si así el texto que vamos a realizar como proyecto de ley se adecua o no a esa sentencia?
¿Estamos dando la razón a quienes recurren el Estatuto? Esto sería muy grave y sería una deslealtad desde un punto de vista de colaboración en el sentido de decir: vamos a hacer un calendario y vamos a cumplirlo. Por lo tanto, el calendario y el
compromiso era que en este periodo de sesiones se presentara el proyecto de ley de desarrollo, en este caso el título III del Estatuto de Cataluña pero, en general, de los consejos de justicia.
Este fue un compromiso anunciado también por el propio
presidente del Gobierno. Queremos que nos lo concrete. Esa modernización de la Administración de Justicia pasa también por ese desarrollo de los estatutos de nueva generación. Por lo tanto, le pedimos lealtad, le pedimos cumplimiento y que nos dé
el calendario, porque si no, a lo mejor hay vicisitudes en la composición del tribunal, se demora aún más esa sentencia del Estatuto de Cataluña y estarán sin legislar aspectos del estatuto -no del de Cataluña únicamente, también del de Andalucía y
otras comunidades- que estaban en la propia agenda; por tanto, le pedimos, señor ministro, lealtad.



También le pedimos esa lealtad en un aspecto que va anexo al Plan estratégico de modernización, que es el tema de las retribuciones. No está de moda hablar de retribuciones de los jueces y magistrados, porque su propio estatus les da la
garantía de no estar directamente afectados por una crisis económica, en el sentido de que tienen unos ingresos previstos en el presupuesto, pero ello no debe obviar que la modernización pasa también por una adecuada retribución. Aquí tenemos
también un compromiso pendiente de modificar o más bien desarrollar


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lo que permite la Ley 15/2003, que regula el régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal. Hay unos anexos que se pueden adecuar y hay unas disfunciones que afectan a determinadas ciudades que han aumentado muchísimo su población,
su carga y que siguen englobadas en el grupo cuatro, cuando deberían estar en el grupo tres. Yo le pongo siempre el ejemplo de la ciudad de Tarragona porque es muy claro en cuanto al número de habitantes y en cuanto a la comparación con otras
ciudades que sí que están ya en ese grupo tres. Le pedimos una vez más que asuma algún compromiso para que en este plan de modernización tengamos en cuenta a esas ciudades que tienen una carga elevada de trabajo, y que sus jueces, magistrados y
fiscales están en el grupo cuatro y no en el grupo tres, donde deberían estar.



Antes, el señor Olabarría hablaba del proyecto de ley de enjuiciamiento criminal. Yo soy de los que creen que podemos y que deberíamos hacerlo.
Está en el orden del día de la agenda del Gobierno y en el de esta Comisión de Justicia. No
nos faltan ganas a los portavoces de emprender una tarea que no es fácil, que es compleja, que va a necesitar de consenso, pero desde Convergència i Unió creemos que vale la pena intentar esa reforma. Le quiero poner un ejemplo, si me lo permite,
incluso de actualidad. Este pasado martes se aprobó por la Comisión de Justicia el proyecto de ley para la ejecución en la Unión Europea de las resoluciones judiciales de decomiso. En ese proyecto de ley nuestro grupo parlamentario aprovechó para
plantear una enmienda de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Más que para modificarla en aquel momento era para abrir un debate que suscitó la unanimidad de todos los grupos y por eso se lo quiero exponer, para que lo tenga en cuenta
cuando presente su Gobierno el proyecto de ley de enjuiciamiento criminal.



La actual ley, la vigente, en su artículo 520 expresa lo siguiente de manera clara y taxativa: La detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y
patrimonio. Esto lo dice la ley vigente. Cuando se hace una detención a alguien que aún no ha sido juzgado, cuando se le detiene por orden judicial, esa detención debe hacerse de la forma que menos perjudique al detenido o preso en su reputación y
patrimonio.
Estamos todos de acuerdo en que normalmente puede que se cumpla esa previsión de la Ley de Enjuiciamiento Criminal pero no en determinados casos, además muy mediáticos, y que por tanto son los que más afectan después a la reputación del
detenido. Hemos tenido ahora un ejemplo claro en Tenerife, un padre que fue detenido por malos tratos y después se ha demostrado que no era cierto. Pero esa detención, de la manera en que se practica, con los medios de comunicación, con los
instrumentos que se utilizan no respeta el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Por eso nosotros pretendíamos de alguna manera especificar que en cualquier detención debe preservarse la imagen a la exposición pública del detenido.
Creemos que esto no siempre se realiza y después todos nos lamentamos si no se ha actuado de acuerdo con lo que la ley marca. Por tanto, no está de más que la nueva ley de enjuiciamiento criminal intente reforzar ese espíritu que ya está en la
vigente. Así lo manifestaron todos los grupos parlamentarios el pasado martes y por tanto se lo traslado al ministro. No se trata de polemizar ni de hacer votar una cosa que no sea unánime sino de que el Gobierno retenga que el mensaje que el
legislador debe dar en este aspecto debe ser contundente para que no puedan establecerse interpretaciones que después todos podemos lamentar.
Este es un aspecto que también le queríamos comentar el Grupo de Convergència i Unió.



Para finalizar ya, señor ministro, mi grupo apoya este plan de modernización que exige presupuesto -se ha incrementado el presupuesto-, aunque también nos gustaría conocer las previsiones exactas de evolución del presupuesto en materia de
justicia para realizar este plan. Porque este plan tiene el horizonte de esta legislatura, ya que es en 2012 cuando finaliza. Aquí debemos hacer un plan presupuestario ambicioso para llevar a cabo esta modernización; un plan presupuestario que
también debe venir acompañado por las propias comunidades autónomas que tienen competencia en la administración de la Administración de Justicia y que deben implementar también medidas presupuestarias para llevar a cabo este plan. Si no, nos
podemos quedar en grandes planes, en bonitos cuadernos que se reparten por el profesor al alumno que empieza el curso. Huele a nuevo este ejemplar que se nos ha dado, parece salido de la imprenta, pero esto no debe ser un buen tomo que tengamos los
portavoces de Justicia en nuestros despachos para explicar un día que fue el plan que nos trajo el ministro Caamaño, uno más a presentar un plan para reformar la justicia, sino que sea el plan que al final se ejecute, que se lleve a cabo. Por
tanto, también nos gustaría saber respecto de esa conferencia que ha tenido con los diversos responsables de las comunidades autónomas, cuáles son los objetivos para cumplir el plan, sobre todo después de haberlo aprobado ya -esta Cámara ha hecho
parte de sus deberes y ya aprobado esa reforma procesal- es decir, conocer un poco cuál es la colaboración con las comunidades autónomas para que el plan que su Gobierno presenta pueda llevarse a cabo con la colaboración de todos y con las ayudas
presupuestarias de todos. Aquí la Lofca tiene mucho que decir porque el principio de lealtad institucional obliga a que cuando realizamos modificaciones legislativas en las Cortes Generales, si tienen un coste para las comunidades autónomas que
deben ejecutarlas, se les compensa. Nos gustaría conocer cuál es exactamente la previsión que tiene.



Señor ministro, es un hombre dialogante, está llevando desde el Ministerio de Justicia una labor de aproximación y consenso. Nosotros no nos queremos sentir defraudados por esa labor dialogante y, le pedimos desde esa máxima lealtad que
sabe usted que desde


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Convergència i Unió, desde este grupo parlamentario, también le profesamos.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora doña Dolors Monserrat.



La señora MONTSERRAT MONTSERRAT: Agradecemos la presencia del ministro en esa Comisión y desarrollaré mi intervención por orden cronológico a la solicitud de las comparecencias. Lo intentaré, presidente; intentaré en quince minutos
desgranar las cinco comparecencias que ha solicitado el Grupo Parlamentario Popular más la comparecencia que ha solicitado el ministro sobre modernización de la justicia.



Empecemos por Ibiza. Señor ministro, la realidad es que el edificio central de los juzgados de Ibiza es tercermundista, con frecuentes inundaciones de la planta baja y el sótano, donde se ubican las instalaciones de la clínica forense y una
parte de los archivos, con aguas fecales procedentes del alcantarillado que en algunas ocasiones han llegado a una altura de veinte centímetros. Un edificio insalubre, con ratas, con goteras, sin aire acondicionado en algunos meses de verano, con
denuncias permanentes de los trabajadores y profesionales que en algunas ocasiones se han negado a entrar en el archivo, y le llevo todas las denuncias y actas de inspección laboral por las condiciones pésimas de este edificio. Y otra realidad que
se va agravando es la falta de personal, de espacio, y el incumplimiento de promesas salariales. Incluso falta un simple laboratorio móvil que haga que los análisis de la droga incautada pueda ser analizada en Ibiza y no en Palma como sucede ahora;
o los análisis capilares y de orina, que se realizan en Barcelona, ni tan siquiera en Palma. Para nosotros esto es una gran vergüenza que debería hacer reflexionar al ministro. Tampoco podemos estar a expensas del Ayuntamiento de Ibiza para que le
solucione el problema de un solar para ubicar el edificio. Porque el supuesto solar no está disponible, dado que el edificio es parte de una operación urbanística que se encuentra en los juzgados. Me ha sorprendido cuando me ha dicho que la cesión
está a punto de concluirse, debe saber la resolución que va a dictar el juez porque está en el juzgado esta operación urbanística dentro de la cual está el solar. ¿Y sabe por qué? Porque el ex alcalde de Ibiza y actual presidente del Consell de
Ibiza, secretario general del Partido Socialista insular, está imputado por presunta corrupción en esta operación a raíz de unas presuntas grabaciones de un ex secretario general socialista. Por tanto, señor ministro, busque un solar y construya el
edificio, y no me diga que este próximo 2010 construirá. Porque usted nos ha hablado de 4 millones de euros en los presupuestos para las islas Baleares y me ha hablado de los juzgados de Mahón y Ciudadela, pero para el Juzgado Central de Ibiza este
año solo aporta en el presupuesto 60.000 euros. Con esto va a hacer justo el anteproyecto de construcción del edificio.



El segundo tema es sobre la comparecencia que le solicitábamos sobre el caso Mariano Fernández Bermejo, y me dice que tardó en salir el ex ministro de la vivienda oficial porque estaba buscando un piso que cumpliera las condiciones
suficientes de habitabilidad para un ex ministro. Mire, el señor Fernández Bermejo abandonó su piso de ministro el mismo día que saltó la noticia en los medios de comunicación. Ni un día antes ni un día después, y exactamente son 38 días. Si se
acuerda, hagamos memoria histórica, ya fue este mismo ministro el que se gastó un cuarto de millón de euros en rehabilitar este edificio cuando la señora doña María Antonia Trujillo, ex ministra de Vivienda, dijo en su momento que dejó el piso en
perfecto estado, igual que cuando lo recibió. Por tanto, supongo que las condiciones de habitabilidad del ex ministro Bermejo son muy altas porque, que tarde 38 días en buscarse un piso de alquiler en Madrid, me cuesta entenderlo. (Rumores.) Es
más, al dimitir el ministro Bermejo dijo aquello de que nadie debe estar amarrado; que nadie debe estar amarrado a un puesto si no es para servir. El señor Bermejo debía referirse solo a las obligaciones, pero no a las ventajas del piso oficial.
(El señor Villarrubia Mediavilla: ¡Qué barbaridad!) En consecuencia, lo que usted me ha contestado no responde a lo que nosotros le solicitábamos en la comparecencia.



En cuanto a la Abogacía del Estado, me preocupa seriamente que usted no distinga entre un funcionario o autoridad pública y un candidato a las elecciones generales. El 19 de marzo de este año la revista Época publicó un artículo contando
que la candidata a las elecciones generales, doña María Teresa Fernández de la Vega, pudo cometer una infracción electoral al empadronarse fuera de plazo y votar ilegalmente en Beneixida, Valencia. Ante esta situación el gabinete de la
vicepresidenta solicitó, con fecha 20 de marzo, a la Abogacía General del Estado un informe sobre tal artículo a fin de que determinara si el reportaje editorial podría ser constitutivo de delito de calumnias e injurias contra funcionarios públicos
y autoridades. Informe que se realizó por el abogado general del Estado, don Joaquín Fuentes Bardají. El informe se le remitió a la vicepresidenta primera con fecha 24 de marzo y esta lo remitió al ministerio fiscal para el ejercicio de las
acciones pertinentes. La revista Época no se refería a ella como vicepresidenta primera del Gobierno, sino como candidata a unas elecciones generales. Si esto es así, la petición y el informe mismo de la Abogacía General del Estado son contrarios
a Derecho, porque la Abogacía del Estado no está para servir a los intereses particulares de ningún candidato a las elecciones. Usted, señor ministro, y la señora vicepresidenta han usado y abusado de una institución del Estado para satisfacción
personal de una candidata electoral. Usted -y se lo digo sinceramente- puede estar muy contento y agradecido con la vicepresidenta porque según ha salido en la prensa ha sido su mentora y valedora para que usted ostente la condición de ministro.
Pero esto no le autoriza a utilizar la Abogacía del Estado


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como un patrimonio particular, porque el patrimonio de la Abogacía del Estado lo pagamos entre todos los ciudadanos de España. Para más desgracias, resulta que lo que publicó Época ha resultado ser cierto; ya dos tribunales de este país -y
usted confía plenamente en los tribunales- han dictado sentencia reconociendo la veracidad de los hechos publicados en la revista Época, con lo cual ustedes dos han ridiculizado a la Abogacía General del Estado, con independencia del ridículo que ha
hecho el mismo abogado general del Estado.



En cuanto a la comparecencia de la Fiscalía General del Estado, le solicitábamos los motivos del porqué la fiscalía informa previamente a los medios de comunicación de la práctica de diligencias contra particulares cuando hay secreto de
sumario. El fiscal, la semana pasada en la comparecencia en esta Comisión, nos decía que ha evitado cualquier filtración de cualquier investigación llevada a cabo por la fiscalía. Y nos decía que las filtraciones pueden ser de personas ajenas a
los procedimientos. Desde aquí le decimos lo mismo que le dijimos la semana pasada al fiscal. El deber fundamental del ministerio público es promover la acción de la justicia con arreglo a la ley salvaguardando los derechos de los ciudadanos. Los
jueces han abierto investigaciones por las filtraciones y los fiscales no lo han hecho y ni siquiera las están impulsando. ¿Por qué esta inactividad del ministerio fiscal? La respuesta es bien sencilla, quid prodest. ¿A quién beneficia? ¿Por qué
no se garantiza el secreto de sumario de cualquier ciudadano? ¿Dónde se queda el principio de responsabilidad? El secreto de sumario es un derecho básico y se está violando un derecho constitucional. ¿Quién responde a esta inacción de la
fiscalía? ¿Sabe quién tiene que responder políticamente? Usted, señor ministro. Nos tiene que responder hoy políticamente por la inacción del fiscal general del Estado, porque la fiscalía depende orgánicamente del Ministerio de Justicia. Y en
este país, gracias a dios, nadie es inmune ni nadie es irresponsable.



En cuanto a la quinta comparecencia solicitada por el Grupo Parlamentario Popular, caso Faisán, le pedíamos que valorase hoy la decisión de la fiscalía de pedir el archivo del caso Faisán abierto por un chivatazo policial a la banda
terrorista ETA. Y por favor, no se esconda otra vez detrás de las togas. No le he oído en su comparecencia ni un solo reproche. Hagamos memoria histórica, alguien cometió un delito de colaboración con banda armada al dar un chivatazo a un miembro
de la red de extorsión de ETA. Conforme a las líneas de investigación desarrolladas ese chivatazo fue dado por un responsable político o por un funcionario policial cumpliendo órdenes. En el momento en que ese hecho tuvo lugar en Gobierno andaba
en negociaciones con la banda terrorista ETA y, el fiscal general del Estado, decía que la justicia tenía que estar al hilo de la jugada para no interferir en el proceso. Ahora, la Fiscalía General del Estado intenta dar carpetazo a este asunto,
una pretensión que es una burla al Estado de Derecho porque no conozco -y creo que usted tampoco- un solo policía en España que sea capaz de hacer eso sin una orden política. Eso es lo que ha fallado en este procedimiento. El fiscal en su
comparecencia del pasado 18 de noviembre en esta Cámara, sobre este caso, nos dijo con claridad, y leo literalmente: No acusamos a alguien cuando consideramos que la investigación que se ha realizado no prueba suficientemente que estas personas
fueron responsables de ese hecho.
-Hasta aquí estamos completamente de acuerdo-. Y continúa: Al decir que no sean responsables no queremos decir que no se haya cometido un delito.
Por tanto, según el fiscal, hay delito. Eso es lo lamentable
para nuestra democracia, señor ministro, que cuando ustedes gobiernan estamos siempre hablando de casos, el caso GAL o el caso Faisán. El caso Faisán es un delito de colaboración con banda armada, que si no se puede condenar es porque en aquel
momento estaba congelada la aplicación del Estado de derecho porque ustedes estaban en un proceso político. Ese es el problema que tenemos en estos momentos y que ha fallado al Estado de derecho. No vale marear más la perdiz con falsos argumentos.
Usted es el nuevo flamante ministro de Justicia, el que tiene los títulos de negociador, de pactista, de buscar consensos, pues gánese hoy el título, séanos sincero, demuéstrenos sus habilidades hoy y contéstenos al caso Faisán. (Rumores.
Una
señora diputada: ¡Qué barbaridad!)


Entramos en el último punto, en la comparecencia que usted ha solicitado sobre la modernización de la justicia. Hoy no es un día -se lo sabe de memoria y todos los grupos de la Cámara- para hablar del incremento de litigiosidad ni de los
porcentajes de incremento de quejas ni del incremento de tiempos de espera ni de cómo ha provocado la crisis económica el colapso en nuestros juzgados. Sí quiero recordar que la modernización de la justicia de verdad empezó en el año 2000 con la
aprobación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y luego en el año 2003 con la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que creaba la Oficina judicial. En esta legislatura -porque la legislatura pasada se dejó en blanco para la justicia- se
ha llegado, entre el Partido Popular y el Partido Socialista, al pacto para la modernización de la justicia.
Esto significa que hay un pacto para poder legislar y presentar todas las leyes que usted nos comentaba en su comparecencia en la Cámara, y
poder llegar a acuerdos amplios en estas leyes. Habíamos empezado bien en el tema de la modernización, en el programa, en el plan estratégico de la modernización porque quien presentó el primer programa de modernización fue el Consejo General del
Poder Judicial, que lo hizo en noviembre de 2008 -y le felicito, sinceramente-.



Usted, cuando entró como ministro, se apresuró a detallar y empezar a redactar un plan estratégico de modernización de la justicia que presentó el pasado 18 de septiembre, y que hoy viene a exponer. Pero, como bien ha dicho -lo tengo
también aquí-, ustedes han desarrollado el plan de modernización y han redactado para los años 2009, 2010, 2011 y 2012 un plan operativo


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anual, que es el POA, y para este año han redactado el Plan Operativo Anual de 2009, que lo tengo aquí y que está conformado de diferentes fichas en las que constan, hasta el 31 de diciembre de 2009, 45 actuaciones y usted ha dicho que ha
cumplido 28. Las he ido repasando una por una y me ha costado mucho ver este cumplimiento real de las 28 fichas. ¿Por qué? Porque el segundo programa del POA de 2009 es la aprobación del Real Decreto de puestos tipo del cuerpo de secretarios
judiciales en el que se marcó como fecha tope el 30 de septiembre; hoy, aún no está aprobado. Sabe usted que se está haciendo uso de un borrador, sacado de un cajón, del año 2006 y con cuantías del año 2006 al que se dirigieron agudas críticas por
pretender crear y retribuir los nuevos puestos de trabajo en la nueva oficina judicial a costa de bajar los sueldos literalmente a los puestos existentes actualmente. ¿Cuáles son los puestos existentes actualmente? Los secretarios judiciales de
las unidades procesales de apoyo. Esto significa que un secretario de unidad procesal de apoyo de los juzgados de la plaza de Castilla y de la Audiencia Nacional cobrarán exactamente lo mismo, ¿por qué?, porque los secretarios de la unidad de
servicios comunes, como era una categoría que no existía y que con la nueva Ley de la Oficina Judicial existe, donde bajan suben y, por ello, nos quedamos igual o peor en el tema de retribuciones. Y le voy a ser sincera, no podemos traicionar al
cuerpo superior jurídico de secretarios judiciales en este nuevo diseño procesal y organizativo, pues nos traicionamos a nosotros mismos, a los ciudadanos y a la reforma. Invertir en el cuerpo de secretarios judiciales es invertir en la justicia y
lo que el ciudadano espera de usted es que solucione esa afrenta constante con el colectivo en tema de retribuciones. También se comprometió usted la primera vez que compareció como ministro en esta Comisión, a modificar el régimen disciplinario de
los secretarios, debido al caso Mari Luz, y que no se ha incluido en el POA 2009, como tampoco -sí que están incluidos pero no se han finalizado- el reglamento orgánico del cuerpo de secretarios judiciales ni se han protocolizado los trámites y
procedimientos sobre cuestiones que afecten al régimen de funcionamiento interno.



Déjeme hablar de retribuciones, ya que el compañero Jordi Jané dice que no está de moda. Le voy a explicar en qué no han cumplido ustedes. La Consejería de Justicia de Andalucía, para descolapsar los juzgados, está desarrollando un plan de
refuerzo y a los funcionarios que se acojan a dicho plan les pagan 500 euros al mes. Claro, la consejería les ha pedido ese mismo refuerzo a todos los secretarios que están trabajando en Andalucía, y ellos no se han negado, pero el ministerio no ha
creado una norma de homogeneización de los planes de refuerzo del ministerio, cuerpo de secretarios, con todas las comunidades transferidas y no transferidas.
Ello supone que un funcionario está cobrando 500 euros más al mes y el secretario, que
también está haciendo labores de refuerzo, no los está cobrando. Tampoco se han ejecutado las tres actuaciones que también finalizaban el 30 de noviembre, donde se tenían que dictar instrucciones circulares y protocolos de funcionamiento para poner
en marcha las nuevas oficinas judiciales. Se terminaban el 30 de noviembre, no se ha recibido ninguna instrucción, solo dos, y le voy a comentar cuáles son. La instrucción del 3 de noviembre; se publica en el BOE la nueva Ley de la Oficina
Judicial el 4 de noviembre y, el día 3 de noviembre, el secretario general envía una instrucción donde explica que en breve se publicará y entrará en vigor la disposición décima de la ley donde figuran los depósitos que se tienen que consignar, y
les dice: se pueden hacer alegaciones en 48 horas. A la mañana siguiente, como si el secretario general no lo supiera, sale publicada en el BOE la Ley de la Oficina Judicial donde rectifican la instrucción y dicen: no, perdonen, ya no hay 48
horas para hacer alegaciones sobre la instrucción, ahora se les termina el plazo a las dos del mediodía del día 4 para hacer alegaciones sobre esta instrucción. ¿De verdad considera que está haciendo una gestión eficaz del POA 2009? ¿Me tengo que
creer que el POA de 2010, de 2011, de 2012 continuará igual que lo que está haciendo ahora? No me diga que de los 45 programas del POA ha cumplido 28 eficazmente, al cien por cien, porque esto no es cierto.



Le voy a decir más: ha habido otra instrucción de la oficina judicial. Ha habido una segunda instrucción de transformación de la Dirección de Servicios Comunes y Decanatos existentes antes de entrar en vigor la Ley de la Oficina Judicial,
o sea, a fecha de hoy, antes de entrar en vigor, hay servicios comunes y decanatos que van a desaparecer para pasar a llamarse servicios comunes generales, y encomienda al secretario coordinador de la provincia el desarrollo de esto sin negociación
alguna con ningún secretario de coordinación de la provincia y sin retribución alguna. ¿Me puede usted decir qué es lo que ha pasado? ¿Le cuento yo? Que no se ha puesto en marcha, no se está aplicando en ningún juzgado esta transformación para
pasar a ser un servicio común general.



En cuanto al Registro Civil, el secretario de Estado cuando vino a las comparecencias para los presupuestos dijo que estaban todos escaneados y yo dije: voy a probarlo yo misma, voy a coger mi certificado de matrimonio, mi certificado de
nacimiento, me voy a conectar en la web del ministerio y a ver si me sale mi certificación. Y efectivamente no me salió. No podemos crear programas que sean tan complejos y tan complicados, rellenar todas las pantallas, que la mitad se cuelgan y
que al final te sale el certificado. En el POA 2009 me está hablando del DNI electrónico; diez millones de personas en España ya poseen el DNI electrónico y en tres años ¿sabe cuántas actuaciones, cuántas veces se ha utilizado el DNI electrónico?
Dos millones de veces, y usted en este POA 2009 no conecta el DNI electrónico con el registro; y a mí para el certificado de nacimiento me pidió el tomo y el libro. Yo no tengo conmigo mi libro de familia.



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El señor PRESIDENTE: Señora Montserrat, lleva ya diecisiete minutos.



La señora MONTSERRAT MONTSERRAT: Termino ya.



En consecuencia, falta conectar el Registro Civil con el DNI electrónico para que poniendo este o solo el número de DNI salga el certificado de nacimiento.



De los portales para los secretarios fiscales, Instituto de Medicina Forense, Instituto Toxicológico, solo ha cumplido en uno: el fiscal. Y estamos en diciembre de 2009 y de verdad que Lexnet aún no está al cien por cien y sabe que hay
Windows; por ejemplo hay Windows 1, Windows 2, Windows 3 y estamos aún instalando Lexnet del año 2003 sin ninguna nueva adaptación. En los procedimientos concursales, cuando en un mismo procedimiento tienen que notificar a doscientos acreedores se
cuelga, no funciona, tienen que ir uno por uno. (Rumores.) Si no hacemos un Lexnet 7... Esto es cierto. ¿Cuántas veces ha pisado usted los juzgados? ¿Cuántas veces se ha puesto delante de un ordenador a ver cómo funciona? Para terminar, el
despliegue del POA 2009. Estábamos hablando de instalar los sistemas de grabación audiovisual y a fecha de hoy no están instalados, solo un 20 por ciento. En cuanto a las videoconferencias, llevo un auto de 4 de noviembre de 2009 de un juzgado, de
España, donde dice que se deniega la resolución recurrida -porque se tuvo que recurrir-, se deniega la pretensión de practicar el interrogatorio del señor tal a través de videoconferencia porque no disponemos de medios. Si quiere luego le doy la
copia: 4 de noviembre. El Siraj -y termino-, es el de medidas cautelares; funciona mal y ralentiza el procedimiento porque se tienen que introducir los mismos datos tres veces y cada vez la introducción supone 20 minutos, por tanto un mismo
expediente se tarda 60 minutos en introducirlo. Luego la base de datos creada para luchar contra la violencia de género solo da problemas, que si el sistema VDG, que quiere decir violencia de género, está creado desde el año 2007 y no funciona,
dicho por el mismo Ministerio del Interior.



Para terminar, el EJIS; es el programa más importante que va a desarrollar y al que tiene que dar usted más importancia, que es la plataforma de interoperabilidad entre todos los sistemas que existen en toda España, como el Minerva, el
Adriano, etcétera, todos los que existen. Le digo sinceramente que tiene que liderar este cambio y solo tendría que haber un único portal. Solo tendría que existir el EJIS porque si no va a ser un gran fracaso. Ustedes no tienen capacidad de
liderar y de convencer a las comunidades autónomas de que solo haya un único portal. Lo que estamos creando son diecisiete -exactamente diecisiete no porque no todas están transferidas- justicias diferentes en España. Se lo digo de verdad, va a
ser un gran fracaso, aunque no se lo crea.



Nos tienen acostumbrados cada día a verles -he consultado la hemeroteca a ver cuantas veces el ministerio en los últimos cinco años había ido a Burgos, Palma o Zaragoza a presentar el Plan de Modernización y han ido muchísimas veces, y no
siempre los ministros, sino el ministro, el secretario de Estado y secretarios generales- constantemente vendiendo diferente producto. Ahora se llama plan nacional, ahora se llama plan estratégico, etcétera. Es más lo que antes se llamaba pacto de
Estado para la modernización ahora ustedes lo llaman acuerdo social para la justicia porque quieren que la sociedad civil tome parte a esta modernización. Los ciudadanos no quieren tomar parte, no quieren asumir sus responsabilidades, lo que
quieren es que funcione bien la justicia, que cuando lleguen al juzgado se les atienda las ocho horas que se trabaja eficazmente y que se les den las sentencias cumpliendo los plazos procesales. Y solo la última cosa. Sé que usted es un gran
catedrático de derecho constitucional, pero echo de menos que baje más a la arena, que cuando pongan un programa en funcionamiento usted también lo pruebe y que se baje también sus certificados de nacimiento. (Risas.) Sí, se lo digo de verdad,
aunque supongo que como sabían que usted era el ministro, su certificado lo pusieron ya el primero. Vaya a cualquier juzgado de España y utilice el Siraj, utilice todos los programas que están y verá cómo se cuelgan. Utilice el de las medidas
cautelares y utilice el de la violencia de género. He ido a un juzgado, lo he probado y me he preguntado: ¿Cómo puede ser esto? Es desesperante, baje a la realidad, toque con los pies el suelo y baje a la arena. (Risas.) Sufra, sufra como sufren
los jueces, los secretarios, los funcionarios, los abogados y los procuradores, sufra (Risas.) porque entonces entenderá de verdad lo que es la modernización de la justicia. No está cumpliendo el POA 2009, le quedan veinte días y esto significa que
el día de Navidad también tendrá que trabajar, y el día 31 por la noche también tendrá que trabajar. Por tanto, le pido sinceramente que cumpla el POA 2009 a 31 de diciembre, y entonces estoy convencida de que el Partido Popular le va a felicitar.



El señor PRESIDENTE: Señora Montserrat, escucharla nunca es un sufrimiento y lo digo abiertamente.



Tiene la palabra ahora en nombre del Grupo Socialista el señor Villarrubia.



El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Señorías, señor ministro, no sufra, sea todo lo feliz que pueda como les deseo a todos los demás que están en la sala y al conjunto de la humanidad. (Risas.-La señora Montserrat Montserrat: ¡Así vamos!) No
sufra, en la medida de lo posible, no sufra, señor ministro, sea feliz y siga trabajando en pro del servicio público de la justicia como está haciendo hasta ahora y además con indudable éxito.



El Grupo Parlamentario Socialista lo primero que quiere hacer es agradecerle, señor ministro, la información que ha facilitado en esta Comisión con bastantes comparecencias, pero yo creo que el eje fundamental, respetando absolutamente todo,
por supuesto el interés


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legítimo de la oposición de cualquier tema, es la modernización del servicio público de la justicia porque eso es lo que importa al conjunto de los ciudadanos, la mejora y la adecuada prestación de este servicio público.



Y eso es lo que han solicitado el Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista para comparecer inmediatamente después del 18 de septiembre, porque nos encontramos de verdad -parece que cuando manoseamos las palabras y se reitera, pierden
valor- en el plan de reforma de la justicia más ambicioso de la historia de España. Es verdad que era obligado y necesario porque hay que dar respuesta a la negativa percepción social que existe de la prestación de este servicio público que, en más
o menos reciente -el tiempo pasa volando- encuesta del CIS, sitúa en alrededor del 77 por ciento las personas que consideran que el servicio público de la justicia funciona mal, muy mal o regular. Por lo tanto, este tema central al que el ministro
ha dedicado la máxima atención es al que inicialmente voy a dedicar unos minutos para pasar luego a hacer algún comentario de las afirmaciones de las distintas comparecencias efectuadas.



El valor fundamental -lo decía también el señor ministro- es el consenso, y así se acuerda en el Pleno de 2 de abril de 2009. Se pretende un auténtico acuerdo social -que es una de las características fundamentales-, con la participación
del ministerio, del consejo, de la fiscalía, de las comunidades autónomas; con la participación del conjunto de las asociaciones, sindicatos, colegios de abogados, de procuradores, graduados, etcétera. No hay que olvidar que el Consejo General del
Poder Judicial arranca hace ya más de un año, el 12 de noviembre, con una propuesta de plan de modernización que va en línea bastante paralela o en bastante sintonía con lo propuesto por el Gobierno. Resumen que ha realizado el ministro con
acierto, porque este plan no es un mero brindis al sol porque ya hay bastantes realizaciones llevadas a cabo, algunas importantes como las reformas procesales, la Ley Orgánica del Poder Judicial, complementaria a las mismas, el Código Penal que
acaba de entrar, las reformas que ha manifestado el ministro en esta comparecencia, algunas que el presidente del Gobierno efectuó ayer en la Cámara, no habiéndose puesto todas sobre la mesa porque no son motivo del objeto de la comparecencia. En
definitiva, este plan, que recoge un conjunto de reformas normativas, organizativas y tecnológicas, tiene un único objetivo, que es alcanzar un sistema de justicia profesional, ágil, clara, accesible para el ciudadano y prestada en tiempo razonable.



Señorías, este plan que se ha explicado con tres políticas globales, seis ejes estratégicos y las 147 actuaciones concretas y pormenorizadas con un programa operativo anual, con unos plazos concretos y una financiación paralela, no tiene
parangón en lo que ha sido en nuestra democracia la priorización del servicio público de la justicia. Porque no solo se dice, como se dijo, señor ministro: va a haber 600 millones de euros adicionales; sino que se cumple ya en el primer ejercicio
con 218,5 millones de euros adicionales para programas muy concretos que están explicados perfectamente, doña Dolors, en el Pleno del pasado día 11 de noviembre, en la comparecencia de presupuestos y que constan perfectamente por escrito. Quisiera,
aunque lo ha dicho el señor ministro, dejar una pequeña foto fija de eso a lo que vamos, que no son teorías, que va con plazo concreto, a 2012. Es una foto de un incremento del 19 por ciento de la planta judicial. Bien dice don Emilio Olabarría
cuando manifiesta que probablemente con eso no sea suficiente para acercarnos a la ratio del conjunto de los países europeos. No vamos a abrir ese debate porque depende también de las ratios que cojamos y de los parámetros homogéneos que cojamos
para jugar o no con las cifras. Lo cierto es que siendo verdad que probablemente, don Emilio, aun sean insuficientes, en los últimos cuatro o cinco años hemos más que duplicado el esfuerzo de todos los años anteriores en la creación de plazas de
jueces y fiscales, llevando en cuatro años bastante más que en los ocho años anteriores del Partido Popular. Ahora vienen cuantificadas 2.000 plazas en este plan trienal: 750 de jueces, con los de adscripción territorial; de fiscales, 450 y 800
de secretarios judiciales.
Probablemente no cubramos en su totalidad las necesidades, pero es un impulso que, unido a la credibilidad del esfuerzo ya realizado y junto con otra serie de medidas modernizadoras, nos lleva a esa reducción del 30 por
ciento de los tiempos de espera que se prevé; no es que sea excesiva, pero sí es bastante en un periodo ni más ni menos que de tres años.



El despliegue de la oficina judicial conforme se hablaba; la justicia titular y cualificada; los juzgados y tribunales de España trabajando en red y comunicándose en tiempo real; el registro civil único con las tres características que
explicaba el propio ministro en su comparecencia, reorientado a las personas, único y esencialmente administrativo, quitando lo jurisdiccional de los registros; la reducción que decía de los tiempos de tramitación; la modernización del sistema
científico de apoyo a la justicia; el despliegue completo de las oficinas de asistencia a las víctimas; la nueva ley de demarcación y planta judicial. Decía don Emilio que el optimismo antropológico deja atrás al presidente del Gobierno, pero
ocurre que los hechos están demostrando que no es solo un optimismo antropológico, sino que son medidas concretas, rigurosas, analizadas y estudiadas, que se están ya llevando a cabo, sin solución de continuidad, y acometiéndose, no solo con un plan
riguroso, sino paralelamente -si no, sí sería un brindis al sol, como ha ocurrido en numerosas ocasiones- con el presupuesto adecuado para todas ellas.



Señor presidente, no se ha tocado y tampoco vamos a entrar nosotros a valorarlo porque el propio ministro ha obviado la contestación por alguna ausencia a alguna comparecencia concreta, por otro lado, superada, afortunadamente bien superada,
incluso por la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos


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en apelación el pasado 10 de noviembre, que confirma el buen proceder y la buena actuación de la Abogacía del Estado, de la fiscalía y, en definitiva, del Gobierno de España en ese proceso del que no merece más la pena hablar y que está
superado. Alguna pequeña cuestión merece una contestación -sin perjuicio, por supuesto, del superior criterio del ministro- dándola por cerrada en lo que se refiere a mi grupo parlamentario. Además, señor ministro, tenemos pedida desde mi grupo
otra comparecencia monográfica del secretario general de Modernización, para profundizar en esto que usted ha esbozado un tanto e ilustrar a la Cámara de todo el proceso de desarrollo del Plan de modernización 2009-2012.



Señorías, por la cortesía obligada y por el afecto y el respeto que tengo al portavoz de Convergència i Unió, me referiré a una reivindicación entrecomillada que hoy efectúa, porque tiene razón. Tiene razón en que el Gobierno y el Grupo
Parlamentario Socialista contrajimos un compromiso en la Cámara para traer un proyecto de ley en desarrollo de los estatutos de autonomía y en que los compromisos deben ser cumplidos. El señor ministro contestará. Hasta donde este grupo
parlamentario conoce, esa prioridad no se ha abandonado. Quizá haya alguna dificultad con los tiempos por toda la actividad que se nos viene encima dentro de esta área y porque hay aspectos que a veces son complejos y, aunque se quieran priorizar,
a lo mejor no se puede llegar en los tiempos exactos en los que se quiere llegar. Estoy convencido -no sé si el señor ministro nos dirá otra cosa- de que esa prioridad existe y que ese compromiso adquirido se mantiene; lo que no sé es si estaremos
en condiciones por las dificultades de los tiempos, pero no cambiaría sustancialmente el compromiso político de fondo por acometerlo, ya que nosotros valoramos la constitucionalidad del Estatuto de Autonomía de Cataluña y del resto de los estatutos;
por eso los hemos votado afirmativamente en la Cámara. Yo quiero creer y estoy convencido de que se va a cumplir -si no literalmente en el plazo, sí en el fondo- y el compromiso político tendrá que salir adelante.



Daré unas pinceladas muy rápidamente sobre otros temas. Juzgados de Ibiza.
Por supuesto -lo digo afectuosamente-, con locuacidad se dicen tantas cosas atropelladas en pocos segundos que a veces no medimos bien las palabras; más vale ser
prudentes al hablar de corrupción en Baleares, vamos a dejarlo ahí, no es de lo que toca hablar hoy; pero un poco de prudencia sí convendría, igual que si habláramos de Madrid o de Valencia.
Sí de los juzgados de Ibiza. Reconociendo el lamentable
estado, que no viene de ahora sino de bastantes años atrás, fíjese, incluso de cuando gobernaban ustedes y resulta que no acometieron el problema. Cuando el Gobierno socialista, en su primer año de gobierno, en 2005, se compromete a solucionar el
problema, se encuentran con que no se ceden los terrenos por el Ayuntamiento de Ibiza, gobernado por el Partido Popular; y no solo eso, sino que, cuando se desbloquea la situación y hay que derribar un edificio que no tenía nada de singular, el
propio ayuntamiento lo declara bien de interés cultural para que no se puedan construir allí los edificios del juzgado. Y luego critican diciendo que no se ha dado respuesta, cuando han imposibilitado la solución. Resulta que este Gobierno da
solución al problema y ahora no hay solo 60.000 euros, sino casi 13 millones de euros consignados en el Plan plurianual, pero como no se podía ejecutar en el terreno que se quería, lo imposible es imposible, pero además es que es imposible, ¿verdad
doña Dolors? Lo imposible es imposible. Además, alguien lo impide y hace filibusterismo jurídico para evitar que un problema tan importante se resuelva para luego venir a hablar de ratas y de no sé qué. Me parece que más valdría que dieran
explicaciones, en lugar de pedirlas, porque el Gobierno socialista ha dado solución al problema en el sentido del Plan plurianual y ya ahora arrendando otros edificios, porque claro que eso está inhabitable e indecente, porque alguien no hizo lo que
debía en su momento y además impidió que quien quería solucionarlo pudiera hacerlo. Creo que es conveniente que eso quede claro.



Sobre don Mariano Fernández Bermejo, por mantener un poco la altura del debate parlamentario, prefiero dar por reproducido lo que ha dicho el ministro, porque hablar de si un mes es mucho o poco para abandonar, o de las razones de seguridad
o del cambio de casa en Madrid, me parece que no merece más comentario. Lo doy por escuchado, lo del ministro, no lo del Partido Popular, y voy a lo serio, que es lo que importa. Lo que no conviene es manipular la información y, cuando se habla
del caso -lo llaman caso- del empadronamiento de la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega, lo primero que tienen que reconocer es que esto se debatió y se votó en una moción el 21 de abril de este año en el Pleno del Congreso y fueron
absolutamente derrotados; una amplia mayoría de la Cámara desestimó sus acusaciones por improcedentes, no solo sus acusaciones políticas, que no tenían ningún fundamento, sino que, desde el punto de vista jurídico, me remito a la amplia
intervención que este modesto parlamentario tuvo el honor de realizar en la propia Cámara y lo conozco bien; por tanto, doy por reproducidos los argumentos de legalidad expuestos, que son los que siguen existiendo hoy. Lo que no se puede decir es
que hay dos sentencias que les dan la razón. No manipulen. Lo que hay es una demanda de la vicepresidenta por una supuesta vulneración del derecho al honor en unas declaraciones públicas hechas por el señor González Pons que es desestimada. Que
se haya desestimado la demanda por una vulneración del derecho al honor en las declaraciones hechas, que no se condene al señor González Pons, no significa que se den por buenas y veraces esas falsas imputaciones que el señor González Pons llevó a
cabo con reiteración desde el mes de diciembre de 2008; y que, en apelación, la Audiencia Provincial diga que sigue desestimando esa demanda nada tiene que ver con la cuestión de fondo que fue debatida y rechazada políticamente por el Pleno del


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Congreso, concretamente el día 21 del mes de abril de 2009.



Los argumentos se los voy a ahorrar. Se actuó conforme a derecho. Están ahí. Insisto, doy por reproducido el acta del Pleno de ese día para abreviar. Continúa diciendo, y eso me parece que no es locuacidad sino un desconocimiento
profundo, lo digo respetuosamente, que la fiscalía depende del ministro de Justicia y, por lo tanto, que de las acciones u omisiones del fiscal general del Estado responde usted. No me extraña que le diga que sufra. Cómo no va a sufrir si tiene
que responder también de cada actuación de cualquier fiscal de España, porque, en definitiva, como dependen del fiscal general del Estado y él tiene que hacer lo que usted le manda... Es desconocer un poco el funcionamiento de las instituciones en
su aspecto más profundo de lo que es un Estado democrático y de derecho y lo que es, sobre todo, el funcionamiento, ya con el Gobierno socialista, por supuesto, pero además amparado y ayudado por el Estatuto orgánico del ministerio fiscal, aprobado
en octubre de 2007, que le dota de mayor grado de autonomía para el ejercicio de sus funciones, que seguimos desarrollando hasta desde el punto de vista presupuestario en desarrollo creo recordar que de la disposición adicional segunda del propio
estatuto en la autonomía presupuestaria que, si no ha llegado al nivel deseable, sí se ha dado un paso fundamental que simultánea y paralelamente debieran dar también para las fiscalías de los tribunales superiores de Justicia las diferentes
comunidades autónomas. Esto sería compartido por bastantes de los compañeros portavoces de otros grupos.
Por lo tanto, pedirle a usted explicaciones de lo que ha hecho el fiscal en no sé qué asunto está tan fuera de lugar que hasta
reglamentariamente, sin meterme en lo que no me corresponde, no procede en absoluto. Y mucho menos procede cuando llegan a otro aspecto que es el caso Faisán, que ha pasado por esta Cámara no sé cuantas veces, que además esta sub iúdice, que además
estos señores del Partido Popular -digo señores en tono respetuoso, no con ironía- están personados, son parte en ese procedimiento. Si ayer han hecho otra pregunta al ministro del Interior...



El señor PRESIDENTE: Señor Villarrubia, le comunico que lleva quince minutos.



El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Voy a intentar no llegar al dieciséis, señor presidente. Y les dice que hay un sumario abierto -esto en fecha de ayer-, que hay un fiscal trabajando, un juez juzgando, que ustedes mismos están personados y
que hay una investigación judicial en marcha. Al decir esto, ya es más que suficiente para no seguir hablando de ello, porque del asunto concreto no hay que hablar. Cuando un asunto está sub iúdice, cuando menos es imprudente, siendo suave, salvo
que se pretenda defender otro tipo de intereses, entrar en cualquier tipo de petición de información, que sería irresponsable darla, si es que tuviera alguna, que no tiene por qué. Por lo tanto, lo que ha dicho es incluso excesivo, respetuosamente,
señor ministro, para lo que corresponde en estos casos.
Es tan evidente, desde el punto de vista jurídico y político, que no merece mucho mayor comentario. Esto es tan amplio que daría para hacer -y ya sabe que voy a terminar, señor presidente, no
me corte- cualquier tipo de discurso porque está absolutamente abierto. Como su disposición siempre ha sido acudir al Parlamento usted y otros responsables del ministerio cada vez que son requeridos para ello, tiempo y lugar tendremos, quiero
reiterarle el agradecimiento. También quiero agradecer la presencia a otros miembros del gabinete que le acompañan y del ministerio, porque no lo había hecho antes, y cortesía obliga, y desearle suerte en esta difícil tarea que está llevando creo
que con buen tino, buen pulso; no está exenta de dificultades, claro que sí, pero estamos en un momento histórico de verdad, sin manosear el término, para la mejora del servicio público de la justicia en España. Señor presidente, dieciséis minutos
y medio.



El señor PRESIDENTE: Señor Villarrubia, quiero agradecerle en nombre todos los comisionados sus buenos deseos para que no suframos. Es un deseo que le agradecemos. Por otro lado, como le decía también a doña Monserrat, no es ningún
sufrimiento escucharle, sino un placer. Tiene la palabra el señor ministro de Justicia.



El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Caamaño Domínguez): En primer lugar, quisiera agradecer a todos los portavoces el tono de su intervención y, sobre todo, su voluntad de colaborar en este proceso de modernización de la justicia, más allá de
otras muchas cuestiones sobre iniciativas legislativas o sobre formas de operar en las que, efectivamente, con razón mantenemos, y se deben defender incluso, posiciones y visiones distintas de las cosas.



Comenzaré mi intervención haciendo referencia a las observaciones realizadas por el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, al que agradezco especialmente ese apoyo, como buen conocedor que es de nuestro sistema de justicia, a este proceso
de reforma. Sé que lo dice desde la lealtad de su grupo en estas cuestiones de justicia. Ha dado pruebas sobradas de ello, y así lo quiero decir. Quiero también decirle, señoría, en línea con sus palabras, que en el Ministerio de Justicia somos
conscientes de que nadie es perfecto, de que intentamos hacer muchas cosas y nos esforzamos, pero también que nos equivocamos, que a veces nuestros puntos de vista no son los más completos. Y por eso sepa que tiene también en todos nosotros, en
este ministro y en su equipo, las puertas permanentemente abiertas para hacernos llegar todas las sugerencias, y también las críticas, que a menudo hacen falta para trabajar todos juntos en este proceso.



En relación con esta película, que también he tenido la oportunidad de ver, de retornos permanentes -la marmota y la oficina judicial-, yo creo que sí se están


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cambiando algunas cosas y son significativas cuando se ven los elementos de planificación más por lo menudo. Todos los reglamentos de puestos tipo nuevos que se están aprobando, toda la reestructuración de plazas y de la carrera
administrativa que se está produciendo dentro del personal al servicio de la Administración de Justicia no es mérito solo del Ministerio de Justicia, lo es también de muchas consejerías y de muchos gobiernos autonómicos que llevaban tiempo
trabajando -justo es reconocerlo-, pero que están intensificando esa tarea, que están diseñando cómo adaptar mejor la oficina judicial a su territorio. Por eso no puede ser enteramente homogénea, por eso tienen competencias las comunidades y por
eso tenemos un sistema y un Estado políticamente descentralizado. Por tanto, sistemas de servicios procesales comunes que en el País Vasco pueden responder a una lógica no responden ni tienen por qué obedecer a esa misma lógica en Cataluña o en
Andalucía, pero sí es posible construir, respetándonos entre todos, un modelo que sea en global operativo, que dé una respuesta adecuada a los ciudadanos, con independencia del lugar en el que se encuentren dentro del territorio del Estado. Esto es
lo que estamos haciendo, porque eso es también respetar la Constitución y no pretender uniformidades inconstitucionales allí donde no son posibles. Por eso era importante que subrayase -y lo he querido hacer en mi comparecencia- el esfuerzo de
todos, la tarea de todos, porque es un respeto por lo que ha aprobado esta Cámara con este paquete de reformas legislativas tan importantes, pero un respeto también a la Constitución y a los estatutos de autonomía. Solo así podemos alcanzar un
sistema de justicia de verdad para todos.



En segundo lugar, se refería, con acierto, y como buen conocedor que es, el portavoz, señor Olabarría, de nuestro sistema de justicia al incremento de la planta. Es verdad que nuestra estadística en esta ratio que siempre se utiliza de
número de jueces por 100.000 habitantes no es la mejor comparativamente a nivel de la Unión Europea. Pero es cierto también, para poner todas las cosas en su lugar, que esa estadística curiosamente no coincide tanto con otras que también maneja la
Unión Europea, que tienen que ver con el número de litigios resueltos. Ahí estamos mucho mejor, incluso, si nos paramos en el número de litigios resueltos en primera instancia, resulta que estamos por encima. Con ello quiero decir que, en los
porcentajes que se facilitan normalmente respecto del número de jueces por 100.000 habitantes, hay países que computan dentro de este número de jueces a los jueces legos y que, si nosotros computásemos los siete mil y pico jueces de Paz de nuestro
sistema, entonces estábamos muy por encima de la media europea. Hecha esta reflexión, es cierto que necesitamos más jueces, más unidades judiciales y más tribunales. Por eso el plan prevé un incremento razonable. Probablemente, habrá que seguir
en el tiempo, pero un 19 por ciento de incremento de la planta judicial es un incremento considerable en relación con las últimas evoluciones que hemos tenido; probablemente sea el mayor impulso en los últimos años de democracia en nuestro país.



En cuanto a una reflexión fundamental que ha hecho el señor Olabarría que tiene que ver con qué juez, qué modelo de juez, cómo obtenemos jueces y qué pensamos hacer para mejorar la calidad en el acceso de nuestros jueces, se trata de una
pregunta clave, por no decir fundamental, y que con razón ha planteado en sus consideraciones. Como saben, en este momento tenemos constituido y en marcha un grupo de personas expertas que ya está trabajando en relación con el tema de la planta
judicial. Estamos esperando su informe, porque creemos que para responder a la pregunta de qué tipo de juez y cómo seleccionarlo deberíamos saber antes qué juez necesita la España del siglo XXI. Si optamos por un juez de salida, un juez de
proximidad, un juez de cercanía, ese modelo de selección de juez probablemente necesite un currículum y una forma de acceso distinto al modelo tradicional de juez. Por tanto, veamos qué tipo de juez necesita España para atender a sus necesidades y
a sus niveles de litigiosidad, veamos cómo lo podemos articular y vertebrar en el territorio, y entonces establezcamos de verdad una carrera judicial de principio a fin. Ese es un poco el compromiso en el que estamos y es la razón por la que no
está previsto ninguno de estos elementos en el plan de modernización, porque sí está -y la traemos, señor Olabarría- una modificación de la Ley de planta. El informe está ahí, lo tendremos que debatir todos, será muy discutido por todos, pero el
único mensaje que yo he hecho a esta Comisión es que, por favor, sean creativos; que el partido judicial es una solución del primer tercio del siglo XIX, que los juzgados y las audiencias provinciales en capitales de provincia son una solución que
nada tiene que ver con la distribución territorial de la España de hoy y que busquemos soluciones, como existen en otros lugares. ¿Por qué no puede haber en nuestro país tribunales de Primera Instancia servidos por varios jueces, y no el juzgado
número 1, el 2, el 3 o el 4, dentro de un mismo edificio y que tramitan a su vez expedientes judiciales entre sí? Todo esto es una reflexión que pronto haremos y sobre la que espero poder seguir trabajando.



Quiero insistir en algo que recibía el señor Olabarría con alegría, que es la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Yo - y es lo que le pido siempre a todo mi equipo cuando trabajo- les puedo pedir que se esfuercen, no puedo
conseguir el éxito. En nuestro esfuerzo estará traer un proyecto de ley de enjuiciamiento criminal a esta Cámara, un proyecto en el que se aborden los grandes retos que tiene este procedimiento en nuestro país, desde la fase de investigación hasta
qué hacer con la segunda instancia en materia penal y cómo reubicar el papel del jurado en relación con el procedimiento, que no tiene que ir necesariamente por jurado y que reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo ha trastocado estableciendo
algunos elementos de desequilibrio, o hasta cómo podemos ejecutar las penas meramente pecuniarias, por ejemplo, a través de la Agencia


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Tributaria, puesto que son ingresos en el ámbito penal que van inmediatamente para el Tesoro. Estamos trabajando en todas estas cosas y queremos traerlas. Nos estamos esforzando por hacer el mejor de los trabajos, al menos técnicamente
posible, sin dejar al margen ninguno de estos problemas. La otra fase del esfuerzo -y sé que será mucha- se la tengo que pedir o se la adelanto ya a mis compañeros del Grupo Parlamentario Socialista y a todos ustedes, que es la de fraguar un
consenso lo suficientemente importante para dotar a este país de una ley que es sencillamente imprescindible. El 70 por ciento de los asuntos que llegan a nuestros tribunales son causas criminales y, por tanto, reformar el procedimiento penal es
reformar y modernizar la Administración de Justicia. Además, de ese 70 por ciento apenas llegan a sentencia un 29 por ciento. Por consiguiente, algo tenemos que hacer con nuestro procedimiento y con nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal.



Ha planteado algunas cuestiones en relación con el Cendoj y sus preocupaciones. Efectivamente, como sabe el señor Olabarría, es un ente que depende del Consejo General del Poder Judicial, no del Ministerio de Justicia, pero es cierto que en
estas aportaciones tecnológicas, puesto que el consejo tiene la competencia sobre el test de compatibilidad y sobre el denominado punto neutro, estamos trabajando con ellos precisamente para potenciar al máximo todos estos instrumentos a los que
hacía referencia, entre ellos el Legis y la construcción de este gran enchufe -concédanme la expresión- que nos permitirá trabajar a todos los tribunales en red.



En cuanto al papel de notarios y registradores, efectivamente hace mucho tiempo -y justo es reconocerlo- que estos profesionales del derecho, y sobre todo de la seguridad jurídica preventiva, han modernizado sus sistemas de trabajo. Pero
nos faltaba una pieza. En primer lugar, la conexión entre sí de notarios y registros, donde a veces ha habido problemas que tienen también que ver con el deslinde de competencias de cada uno de estos cuerpos. En segundo lugar, la conexión del
registro con el catastro y cómo articular esos modelos de interconectividad para que se pueda operar realmente sobre datos reales y ciertos. Y nos quedaba también otro elemento muy importante, que es la conexión entre registros y notarías y la
Agencia Tributaria. Pues bien, estas piezas son las que se han puesto en juego y permiten por eso hacer en plazos mucho más breves, gracias a estos elementos telemáticos, la constitución de sociedades mercantiles. Y asumo y suscribo plenamente las
palabras del señor Olabarría al advertir que las prisas no deben llevarnos a errores en la constitución de sociedades. Por eso las que se pueden constituir en un día son sociedades, como en otros países, que se realizan con arreglo a estatutos
tipo, esto es, que no necesitan calificaciones jurídicas, son sociedades muy sencillas en su estructura, de administrador único, con capital sociedad limitado y de aportaciones exclusivamente monetarias, es decir, no hay aportaciones patrimoniales
al estatus de la sociedad. Desde esta lógica, como se ha hecho en Alemania y más recientemente en Portugal y en algunos otros países de nuestro entorno, hemos configurado este nuevo tipo de sociedades.



Espero haber podido dar respuesta al núcleo de sus observaciones y en todo caso quiero agradecer nuevamente el tono de sus palabras, ese tono de colaboración y de apoyo al Plan de modernización. Si algunas de estas leyes, como la Ley de
Enjuiciamiento Criminal -y concluyo ya-, no están en el plan, es porque mi comparecencia era sobre el Plan de modernización, sobre el aspecto de la justicia como servicio público, y he tratado solo aquellos proyectos de ley que van a suponer una
reducción del input de la llegada de asuntos al sistema, pero no de aquellos otros, aunque sean fundamentales, que requieren yo creo una pieza y una consideración aparte, como lo es sin duda la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Muchas gracias.



En relación con el portavoz de Convergència i Unió, al que agradezco también muy sinceramente su intervención, diré en primer lugar que en efecto, en materia de colegios profesionales, por ser uno de los elementos de la comparecencia, una de
las grandes preocupaciones -yo creo que de su grupo parlamentario, pero también de otros muchos, incluido el Grupo Parlamentario Socialista- era el efecto que la adaptación del nuevo derecho comunitario podía provocar sobre los colegios
profesionales, una realidad que inequívocamente tiene reflejo en nuestra Constitución y, por tanto, es algo distinto del derecho de asociación del artículo 22, tiene un estatus particular y propio. El problema es que los colegios profesionales son
corporaciones de derecho público que responden a una lógica en su generalidad, a una lógica institucional muy superada en muchos casos por la realidad económica, social y por los elementos de las modernas administraciones públicas. Esto es algo que
se ha impuesto en Europa de manera clara e inequívoca y el derecho europeo reconoce cada vez más esta situación y, por tanto, considera que este tipo de corporaciones de derecho público que existen en nuestro país y también en otros de la Unión, y
por tanto la reforma, no nos afecta solo a nosotros; son elementos estructurales que lastran, por así decirlo, la lógica de la competitividad del mercado, que frenan la productividad y la capacidad creativa y, sobre todo, la dinamización de los
aspectos económicos, sociales o jurídicos, allí donde puedan existir. Pero es cierto también, y creo que ahí compartimos plenamente su preocupación, que no todos los colegios profesionales son iguales, que hay profesiones, entre ellas la de los
colegios profesionales de abogacía o de los procuradores, que es la que me afecta como ministro de justicia, donde los colegios tienen una impronta deontológica de respeto a una profesión, de vigilancia y observancia sobre el buen hacer de unos
profesionales, que es bueno que sea completada desde los propios colegios y no solo desde instancias públicas, porque además pueden intervenir innecesariamente desde el poder político en contextos profesionales donde es buena la autorregulación y la
defensa de sus propios


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intereses. Ese equilibrio es el que quería tener ciertamente el proyecto de ley que se envió a estas Cámaras, que ayer se aprobaba -como decía- en el Senado y que pronto volverá al Congreso de los Diputados. Y es cierto que los grupos
parlamentarios han llegado a acuerdos, han presentado enmiendas y han realizado su trabajo.



Ahora bien, no debemos olvidar que podemos apurar mucho estos resortes, pero que tarde o temprano la Unión Europea nos va a decir cuál era realmente la interpretación que estaba diciendo de las directivas y de las normas de las que estamos
haciendo su trasposición. Y es cierto que, mientras algunas cuestiones, como para ciertos colegios profesionales, se establecen claramente en el derecho europeo algunas advertencias, algunas limitaciones, algunas exclusiones, no es menos cierto que
siendo esto así, para otros, claramente, la apuesta del derecho comunitario es completamente distinta. Por tanto, a pesar del esfuerzo que podamos hacer desde la responsabilidad y desde la legislación nacional, no existirá problema, porque allí
donde nos hayamos pasado será el propio derecho comunitario y sus órganos, el Tribunal de Luxemburgo o la propia Comisión, estableciendo mecanismos de sanción, quien nos diga precisamente dónde o por dónde debemos corregir nuestra dirección.



El portavoz de Convergència i Unión ha planteado una segunda cuestión sumamente importante también y que es un compromiso asumido, como se recordaba hace un momento, por el Gobierno y por el Grupo Parlamentario Socialista, el compromiso de
llevar a cabo el desarrollo de las previsiones contenidas en materia sobre todo de consejos de justicia por los nuevos estatutos de autonomía. No tenemos duda -al menos este ministro de Justicia no tiene ninguna duda- sobre la constitucionalidad de
las disposiciones que se contienen en ese estatuto y en otros esta estatutos, que algunas son exactamente iguales; no parecidas, sino exactamente iguales. Otra cosa es que se recurran unos y se haya decidido no recurrir otros; obviamente, yo no
he impugnado ninguno de ellos. La cuestión está en que tocar una pieza que necesita claros consensos parlamentarios, como es la Ley Orgánica del Poder Judicial, en nuestra opinión debe hacerse no solo para esta cuestión, sino para otras muchas que
tienen que ver con algunos de los elementos que estamos trabajando en otros textos legislativos; por ejemplo, las piezas concernientes al recurso de casación y algunas competencias para hacer verdad esta exigencia de que los tribunales superiores
de justicia culminen el ordenamiento jurídico interno en cada comunidad autónoma, respetando por tanto un juego distinto del recurso de casación para la unificación de doctrina y buscando ese equilibrio, y asimismo algunas otras complejidades
derivadas también de las diferencias entre los propios estatutos de autonomía a la hora de regular estos consejos autonómicos.
Es evidente que la ley orgánica, como desarrolla las previsiones estatutarias, tiene que buscar fórmulas que
compatibilicen al menos los desarrollos que en cada estatuto se puedan hacer. En ello estamos trabajando; lo tenemos en nuestra agenda y dentro de nuestras prioridades, aunque es cierto que hay algunas otras y que también el cumplimiento de otros
elementos y urgencias, como era la presentación de la Ley del Registro Civil, tan importante para todos, nos ha llevado a tener en este punto un poco de retraso. En cualquier caso, reafirmo ese compromiso y seguiremos trabajando en ello.



Además de las consideraciones en relación con esta cuestión, se ha planteado el asunto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. He tenido ocasión de reafirmar nuestra voluntad de traer ese proyecto de ley.
Insisto, nos esforzaremos para ello
y espero que también en la Cámara se tenga tiempo suficiente para poder discutirlo como se merece un proyecto de esta envergadura y de esta complejidad técnica. Tomo nota de lo que me dice con relación al artículo 520. No solamente este artículo,
sino otros muchos que tienen que ver con las garantías de los ciudadanos en las distintas fases del procedimiento tienen que ser atendidos. No podemos seguir con una Ley de Enjuiciamiento Criminal que no dice claramente al juez qué ocurre con la
declaración de un coimputado, si es prueba o no es prueba, por poner un caso. No podemos seguir practicando diligencias indeterminadas en nuestros juzgados para practicar determinadas diligencias de prueba porque no están previstas en la ley; y
entonces, a falta de mejor nombre, las llamamos así, indeterminadas. No podemos tener mecanismos que todavía no clarifiquen cuál es el estatus de una persona -ya tiene fama la palabra y probablemente deberíamos cambiarla entre todos- que es
imputada. Esa palabra lleva a equívocos tremendos, porque una cosa es ser objeto de una investigación y otra es el tono que ya hemos dado a la palabra imputado y a los efectos que tiene. Deberíamos corregir este no deseado efecto -creo que por
nadie- de la denominada pena de banquillo, y por tanto procesos de instrucción enormes en el tiempo. Deberíamos ser capaces de regular mucho mejor toda esta fase para evitar instrucciones generales, como se pueden producir todavía en nuestro
sistema. En fin, deberíamos adaptar toda nuestra ley, y en este punto también, a la doctrina del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y de otros tribunales en materia de presunción de inocencia y de derecho a un proceso con todas las
garantías. En ello estamos trabajando y tomamos nota específicamente de lo dispuesto en el artículo 520.



En cuanto a los presupuestos, nos hemos movido dentro de las posibilidades, y más en este año de impacto más directo de la crisis, pero ha quedado claro que es una cuestión de Gobierno - ya no solo del ministro de Justicia-, un objetivo de
Gobierno llevar a cabo este proceso de modernización. Si es un objetivo de Gobierno, ello descansa en la idea fundamental de que modernizar la justicia es una buena inversión también para salir de la situación de crisis, de que modernizar la
justicia es ayudar a nuestras empresas y a nuestros trabajadores, de que modernizar la justicia es otorgar seguridad jurídica


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a nuestro sistema y, por tanto, con fiabilidad en la inversión extranjera y en nuestra capacidad competitiva. Por eso la apuesta no se limita solo a estos presupuestos y la mantendremos con el mismo compromiso que ha adquirido en su
discurso de investidura el presidente del Gobierno a lo largo de esta legislatura. Probablemente, señoría, tiene usted razón cuando dice que ese horizonte se pueda quedar corto. Sin duda puede ser así, pero lo responsable en la acción de Gobierno
es programar los tiempos y sus líneas de trabajo en la lógica de una legislatura, sobre todo cuando son programas ya muy detallados y concretos de actuación que necesitan ser implementados en determinados tiempos y en cierta escala de realización y
trabajo.



Finalmente, quisiera responder a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, agradeciendo también su intervención, con algunas matizaciones muy puntuales de mis palabras. Nunca he dicho, por comenzar por uno de los puntos, que el retraso
en dejar la vivienda fuese por razones de habitabilidad, sino por razones de seguridad, las razones de seguridad que rodean a un ex ministro de Justicia y que por todos son conocidas y creo que no hay que insistir en ello. Por tanto, seguridad y no
habitabilidad.



En cuanto a la intervención y a la tarea de la Abogacía del Estado, señoría, usted me recordaba un reportaje de una revista, cuyo valor informativo respeto, no lo pongo en duda, pero permítame dudar de sus calificaciones jurídicas. Las
calificaciones jurídicas las hacen los órganos técnicos cuando se les pide un informe y en este caso, con arreglo a la ley, el órgano técnico es la Abogacía General del Estado. Ha emitido su informe y además en el mismo se subraya, entre otras
cosas, que los funcionarios públicos afectados no eran tanto la vicepresidenta primera del Gobierno, sino las personas que día a día trabajan en el censo y en las oficinas del censo y ello ha dado lugar a la apertura de diligencias por parte de la
fiscalía. Por tanto, no mezclemos los planos, el plano de la política y el plano de la realidad. El informe era en defensa de quienes intervinieron, toda la escala de la Administración pública realizando cabalmente su trabajo, también en la
oficina del censo, y quienes revisaron con arreglo a la ley un acto que era contrario a la legalidad. Eso es lo que se ha defendido en ese primer supuesto.
Igualmente, sobre el juego de que el reportaje se refería a una candidata y no a la
vicepresidenta, yo creo que no podemos estar siempre con el doble lenguaje. Efectivamente, uno es candidato y es vicepresidente primero, de la misma manera que yo he ido a una manifestación siendo Francisco Caamaño y ministro de Justicia y a
ustedes solo les interesaba que fuese ministro de Justicia y no Francisco Caamaño. Ahora la vicepresidenta no puede ser vicepresidenta primera porque es candidata.
Pues no. Somos, cuando somos responsables públicos, lo que somos (La señora Juanes
Barciela: ¡Muy bien!) y con nosotros van ambas cosas.



En segundo lugar, me preguntaba de manera particular -incluso me decía que tomase parte- sobre el Faisán. Señoría, usted sí que es parte en el proceso y por tanto puede mantener su relato. Yo soy el ministro de Justicia y respeto la verdad
de los hechos que dicen los jueces. Por tanto, no es que me refugie bajo las togas, es que es mi obligación no pronunciarme sobre cuestiones que están sub iúdice. Yo no soy parte en el proceso como lo son ustedes. (La señora Juanes Barciela: ¡Es
evidente!)


Finalmente, en relación con el juzgado de Ibiza, el juzgado de las Islas Baleares, me sumo a las palabras que ha pronunciado el portavoz socialista. Hay un dato que es inequívoco: si estaban tan mal las instalaciones -supongo que no será
cosa de un día-, ¿por qué el primer Gobierno que se ocupa de ello es, en el año 2005, el Gobierno actual del Partido Socialista? Esta es la primera pregunta. El primero que lo presupuesta, el primero que se mueve y al primero al que,
efectivamente, el Consell que no era del Partido Socialista, ofrece problemas cuando ya están los presupuestos disponibles. Esta es la realidad de las cosas y, si no podemos poner todo el presupuesto programado plurianual en este año, es
precisamente porque todavía no disponemos de ese solar, pero, como el servicio lo vamos a dar -puede comprobarlo-, ya están arrendados los edificios y en las nuevas instalaciones se están realizando obras para que no se mantenga ni un día más a los
ciudadanos de esa isla en la penosa situación en la que se encontraban. Por tanto, hemos intentado acometer las obras, nos hemos preocupado donde antes otros no se habían preocupado y, como hay inconvenientes en realizarlo, hemos adoptado las
medidas necesarias para poder arrendar nuevas instalaciones y, mientras no se realice la obra, dar el servicio que los ciudadanos se merecen.



Hablaba de que había entrado en el Registro Civil y no le gustaba cómo estaba funcionando y es que, efectivamente, para que funcione del todo hace falta una ley; para conectar el DNI con el Registro Civil hace falta una ley. Por eso vamos
a traer una ley. Para que el registro funcione por el documento nacional de identidad hay que suprimir toda la Ley del Registro Civil actual, que, como muy bien sabe S.S., funciona por asientos. Si usted ha nacido en un pueblo está en el registro
de ese pueblo su fecha de nacimiento y su partida de nacimiento, pero si se ha casado en otra cuidad de España figura en otro registro. Esa es la ley que tenemos, esa es la ley con la que hemos convivido y que solo ahora vamos a cambiar. Cuando se
cambian las cosas hay que tener voluntad política de hacerlo, eso es lo que estamos haciendo, cambiar las cosas.
Por eso vamos a traer, señoría, esta ley a la Cámara porque no lo podemos arreglar todo solo mediante la utilización de las nuevas
tecnologías.



Igualmente, ha planteado con muchos elementos en su exposición, que agradezco, los problemas que estamos teniendo en la gestión de muchas de las medidas que se están adoptando. Algunas de ellas, en efecto, tienen que ver con el Cuerpo de
Secretarios Judiciales. Se han


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planteado algunas cuestiones, sobre las que quisiera también salir al paso, en relación con las retribuciones, no solo de los secretarios y del personal al servicio de la Administración de Justicia, sino también con las propias retribuciones
de los jueces, cosa que creo que planteó el diputado Jordi Jané. Comenzando por estas primeras, en este momento hay una comisión de negociación y de encuentro entre las asociaciones judiciales y el Ministerio de Justicia en la que se está abordando
la modificación de todo el esquema retributivo de los jueces, de modificar legalmente todo el esquema para ajustarlo a nuestra realidad. Por tanto, estamos ya trabajando en ello, conscientes todos, las asociaciones judiciales y el ministerio, de
que no se trata de incrementar ahora salarios, sino de buscar una proyección idónea y un régimen retributito, plasmado en la ley, más coherente que el que hoy existe.



En cuanto a los secretarios judiciales le diré, por aportar un dato, que las modificaciones legislativas y normativas que se están produciendo suponen aproximadamente un incremento de 6 millones de euros en las retribuciones de este cuerpo,
en escala general, que también se está reestructurando y reordenando en función de las necesidades y de la planificación que se deriva de la nueva oficina. Claro que es difícil gestionar el cambio, señoría, evidentemente es difícil. Si ocurren
todas estas cosas, si LexNet a veces se cae y no funciona del todo, si la base de datos o el intercambio de acceso a registros públicos no funciona todo lo bien que quisiéramos, es porque ahora existe y están empezando a funcionar, y esto es un
problema. Cuando uno mueve las cosas encuentra problemas, pero no se preocupe, lo estamos gestionando en el día a día.
Eso es lo que estamos haciendo. Si en el paquete específico de los secretarios de justicia llevamos algún retraso, que quiero
aquí reconocerlo, para hacer honor la verdad, es, entre otras cosas, porque primero hubo que nombrar algo que para los miembros de ese cuerpo era fundamental: el Consejo Nacional del Secretariado. La primera vez que los secretarios judiciales de
nuestro país tienen representantes democráticamente elegidos. Por supuesto, esos representantes democráticamente elegidos son pieza clave, con los que día a día tenemos que trabajar para mejorar todas estas cuestiones que les afectan en puntos
concernientes a sus expectativas, al ejercicio de su trabajo, a las instrucciones que tengan que realizar.



Un segundo tema es el relacionado con el EJIS, creo que lo he dicho al inicio de mis palabras. En primer lugar, el EJIS no es un portal, el EJIS es un instrumento técnico que permite la conversión simultánea de distintos sistemas de gestión
procesal en tiempo real. ¿Por qué no hemos ido a la imposición de un único modelo? Sencillamente, señorías, porque es inconstitucional, eso es competencia de las comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas como Navarra, País Vasco, Cataluña,
Canarias, con el sistema Atlante, que tienen unas tecnologías muy avanzadas, que han gastado muchos recursos públicos en formación de su personal y en el conocimiento de sus instrumentos y que además nos están facilitando todo ese valor añadido y
están dispuestos a cederlo a los demás. Por eso tenemos todos estos equipos de trabajo, para buscar fórmulas que, respetando a cada uno sus competencias, nos permitan entendernos, de la misma manera que nos vamos a entender todos los países de
Europa en el portal europeo y cada uno va a tener sus propios sistemas de gestión procesal. Por tanto, si es posible, respetemos los espacios que la Constitución delimita, porque ello, al final, redunda en una mayor satisfacción de todos los
operadores jurídicos y de los que intervienen en este proceso.



Finalmente, señoría, yo no le voy a discutir aquí quien ha empezado la modernización. Usted ha afirmado que ya fue en el año 2000 la modernización. Lamento que todas estas cosas que están ocurriendo ahora y que usted describe no ocurriesen
en 2001. Debió empezar, pero algunos lo llevaron con más lentitud en algunos de sus aspectos. Solo quiero decir que yo no trabajo por determinar quién se tiene que poner las medallas de la modernización. No es mi preocupación. No sé si tiene que
ser el Consejo General del Poder Judicial, que también ha hecho muchas cosas en esta materia. No sé si el consejero de cada comunidad autónoma, y legitimidad tiene para poder hacerlo en muchos casos, también ha modernizado la justicia. No sé si
los anteriores gobiernos en algún caso.
Lo que sí me preocupa como ministro de Justicia actual del Gobierno de España es que al final de esta legislatura, con el esfuerzo de todos, los ciudadanos tengan esa justicia que queremos todos y que está
prevista en ese plan de modernización que hoy les he presentado. Por eso, es por lo que nos esforzamos cada día.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.



No habiendo más asuntos que tratar, agradeciendo la presencia de los miembros del gabinete del ministerio, secretario general, director de gabinete, asesores, medios de comunicación, servicios de la Cámara, y a todas y a todos ustedes, por
supuesto, se levanta la sesión.



Eran las tres y treinta minutos de la tarde.