CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2009 IX Legislatura Núm. 397

NO PERMANENTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE TOLEDO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. DON JUAN MORANO MASA

Sesión núm. 21

celebrada el martes, 27 de octubre de 2009

ORDEN DEL DÍA:


Celebración de las siguientes comparecencias, para informar sobre temas relacionados con el objeto de la Comisión:


- Del señor presidente de la Federación Española de Autónomos, CEAT (Rodríguez Alfageme). Por acuerdo de la Comisión. (Número de expediente 219/000349.)... (Página 2)

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- Del señor secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, UPTA (Reyna Fernández). Por acuerdo de la Comisión. (Número de expediente 219/000350.)... (Página 12)


Se abre la sesión a las once y diez minutos de la mañana.



CELEBRACIÓN DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS, PARA INFORMAR SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON EL OBJETO DE LA COMISIÓN:


- DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AUTÓNOMOS, CEAT (RODRÍGUEZ ALFAGEME). POR ACUERDO DE LA COMISIÓN. (Número de expediente 219/000349.)


El señor PRESIDENTE: Iniciamos la sesión de la Comisión. El primer punto del orden del día es la comparecencia de don Aureliano Rodríguez Alfageme, presidente de la Federación Española de Autónomos, para informar sobre temas relacionados
con el objeto de la Comisión.
Bienvenido, don Aureliano. Estamos a su entera disposición. Puede usted empezar la intervención y ya sabe que no tiene límite de tiempo. Puede decir lo que quiera y en cuanto tiempo quiera.



El señor PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AUTÓNOMOS, CEAT (Rodríguez Alfageme): Señor presidente, señorías, quiero, en primer lugar, manifestar mi gratitud hacia esta Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos
del Pacto de Toledo por darme la oportunidad de transmitir y explicar los análisis, reflexiones y propuestas de nuestra organización sobre un área que afecta a nuestra convivencia y a nuestra economía de un modo absolutamente prioritario y
estratégico.



Antes de nada, hablo como presidente de la Federación Española de Autónomos, CEAT, afiliada a Cepyme, que fue constituida formalmente el 17 de marzo de 2004, siendo una organización profesional de carácter federativo e intersectorial que
incorpora las a organizaciones de autónomos que afilian a los autónomos de distintas provincias, comunidades autónomas y sectores para la defensa de sus intereses, teniendo CEAT implantación en todo el ámbito estatal. Actualmente CEAT se enmarca
dentro del ámbito jurídico de actuación que se creó con la entrada en vigor de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo en julio de 2007, habiendo sido convalidada como organización profesional de autónomos, quedando sujeta a lo dispuesto en la Ley
orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación y fuera del ámbito de aplicación que regula las organizaciones empresariales.



Además de dirigirme a SS.SS. como presidente de CEAT, no siendo experto ni técnico en las materias propias de esta Comisión parlamentaria, quisiera transmitir mi visión y percepción como autónomo y empresario. Al menos el 50 por ciento de
los autónomos tenemos la consideración de empresarios por cuanto empleamos a alguien, pero también somos autónomos al ser los primeros autoempleados de nuestra empresa donde ejercemos nuestra actividad y al estar en el régimen especial de
trabajadores autónomos. En cuanto a los empresarios, como empleadores por cuenta ajena y para no repetir, me remito a lo manifestado ante esta Comisión el pasado 26 de mayo de 2009, y que consta en el 'Diario de Sesiones', por don Elías Aparicio
Bravo, secretario general de Cepyme, por cuanto ostenta la representatividad propia como organización empresarial a la que CEAT está afiliada.



En mi condición de presidente y representando institucionalmente a CEAT, quiero manifestarles que la actividad empresarial o profesional realizada de modo autónomo constituye una importante realidad en la estructura económica y social de
España. Así lo reflejan los datos de afiliación a la Seguridad Social, que en 2008 alcanzó la media de trabajadores por cuenta ajena de 3.377.900 afiliados al régimen especial de autónomos, RETA, representando el 18,45 por ciento del total de
afiliados ocupados al sistema de la Seguridad Social, 18.305.600, siendo las cifras, a septiembre de 2009, de 3.194.873 afiliados al RETA y representando el 17,81 por ciento del total de afiliados al sistema en esa fecha, 17.935.095, cifras que
vienen disminuyendo significativamente a causa de la crisis económica que viene afectando de forma especialmente virulenta a nuestro colectivo, con el consiguiente cierre de empresas y destrucción de empleo y autoempleo. Por otro lado, según las
cifras que proporciona el directorio central de empresas, Dirce, a 1 de enero de 2008, cuatro de cada cinco unidades empresariales registradas en dicho año estaban compuestas por empresarios autónomos y por empresas con plantillas de menos de tres
trabajadores.



El régimen especial de trabajadores autónomos, RETA, es, con diferencia, el régimen donde se encuentran encuadrados la mayoría de los empresarios y profesionales por cuenta propia que, a su vez, constituyen el colectivo más heterogéneo de
los regímenes


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especiales. Desde que el régimen de autónomos se regulara en 1970 se ha ido avanzando en la equiparación entre regímenes bajo el principio de a igualdad contributiva, igualdad de prestaciones, pero aún persisten diferencias en la protección
social no justificadas respecto del régimen general, sin perjuicio del constatable avance histórico conseguido tanto por lo que se refiere al esfuerzo de contribución como en los niveles de protección. Dentro de las diferencias de cobertura entre
el régimen general y el RETA, hay que distinguir entre aquellas que derivan de la singular naturaleza y características específicas de las diferentes actividades económicas ejercidas por cuenta ajena o por cuenta propia respectivamente de aquellas
otras diferencias que no tienen ese origen.



De forma resumida expondré las principales diferencias. Las derivadas de la distinta naturaleza de la actividad ejercida por cuenta propia del ejercido por cuenta ajena y que en el futuro debería seguir estando diferenciado son las dos
siguientes. Primera, en la jubilación en régimen de tiempo parcial, los afiliados al RETA no pueden acogerse a dicha modalidad. Ello supondría compatibilizar su jornada reducida de trabajo con el cobro de una parte de la prestación económica. En
el RETA es muy difícil determinar la efectiva reducción del tiempo de actividad profesional y, en consecuencia, calcular la parte proporcional de prestación económica que debería percibir. Segunda, en cuanto a los descansos por maternidad y
paternidad a tiempo parcial, desde el 1 de abril de 2009 los autónomos pueden disfrutar los descansos por maternidad y paternidad a tiempo parcial siempre que la reducción de su jornada sea del 50 por ciento. En este sentido, genera un derecho en
cuanto a la percepción del subsidio equivalente al 50 por ciento de la prestación, limitación que no existe para los trabajadores por cuenta ajena, que pueden establecer otras reducciones de jornada por pacto con el empresario.



Nos preocupan más desde CEAT las diferencias no derivadas de la naturaleza propia de la actividad que determina la inclusión en el régimen general o en el RETA. Me referiré en concreto al punto número 1, la fecha del hecho causante y el
devengo de la pensión. En el RETA, el hecho causante que origina las prestaciones económicas por jubilación e incapacidad permanente se considera siempre que se produce el último día del mes que se reconoce la contingencia, por lo que la pensión se
devenga el primer día del mes siguiente al del hecho causante. En el régimen general, el devengo de la correspondiente pensión comienza al día siguiente del hecho causante. Tal diferencia tendría su justificación en el distinto esquema de pago de
las cotizaciones que tiene el RETA y el régimen general. En el primer caso, las cotizaciones se corresponden con meses completos, independientemente del día en que se produce el alta y/o la baja en el régimen, mientras que en el segundo caso dicho
periodo de cotización se limita exclusivamente al tiempo de vigencia de la relación laboral.



Punto número 2, lagunas de cotización. Para el cálculo de la base reguladora de una pensión vitalicia -incapacidad permanente, jubilación, viudedad, orfandad, orfandad y subsidio a favor de familiares-, en el régimen general cabe la
posibilidad de cubrir las lagunas de cotización en las cuales no existía obligación de cotizar integrándolas con la base mínima correspondiente en cada momento. Esta regla no es aplicable a los afiliados al RETA, para quienes a la hora de calcular
la base reguladora de la prestación esos periodos computan con la base cero euros, con la consiguiente disminución de la cuantía de la base final en comparación con el cálculo en el régimen general.



Punto número 3, pensión por incapacidad permanente total. La pensión por incapacidad permanente total puede ser excepcionalmente sustituida por una indemnización en ambos regímenes. La diferencia consiste en que en el régimen general esta
indemnización, fijada en función de la edad del individuo, puede alcanzar hasta 84 mensualidades de la pensión si tiene menos de 54 años, mientras que en el RETA consiste en 40 mensualidades de la base reguladora sin tener en cuenta la edad del
beneficiario. Además, el plazo de opción para sustituir la pensión por la indemnización en el régimen general es de tres años tras la concesión de la pensión, mientras que en el RETA tal plazo se reduce a un mes desde la declaración de la
incapacidad.



Punto número 4, incapacidad permanente parcial. La incapacidad permanente parcial en el régimen general es aquella que sin alcanzar el grado total ocasiona al individuo una disminución en el rendimiento normal de su profesión no inferior al
33 por ciento. Si el origen es laboral o no, resulta indiferente, salvo para el caso de enfermedad común, que requiere de un periodo de carencia. Sin embargo, en el RETA solo está reconocida a los autónomos la incapacidad permanente parcial,
siempre y cuando derive de una contingencia profesional y para el caso de que esté cotizando por contingencias profesionales. Esta incapacidad ha de suponer una merma de su rendimiento de al menos un 50 por ciento. La prestación económica en ambos
regímenes equivale a 24 mensualidades de la base reguladora que sirvió para el cálculo de la incapacidad temporal de la que se derive.



Punto número 5, pensión por jubilación. La pensión por jubilación es una prestación de carácter económico concedida por el sistema de la Seguridad Social al trabajador que cesa en su actividad a causa de la edad. En el régimen general, a
la hora de computar los años de cotización para calcular la pensión, y cuando se hayan acreditado cotizaciones a los extinguidos regímenes de seguro de vejez e invalidez y mutualismo laboral con anterioridad al 1 de enero de 1967, existe una escala
por la que se le presume un determinado número de años y días cotizados en función de la edad que tuviera el trabajador el 1 de enero de 1967. La cuestión es que las personas que se encontraban en esta situación y que posteriormente se encuadraron
en el RETA pierden la posibilidad de aplicar esta escala, con lo que se ven


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perjudicadas en el momento de determinar su periodo cotizado, sin que exista una justificación coherente para este tratamiento.



Punto número 6, jubilación anticipada. Dejando clara nuestra posición nada favorable a anticipar la edad de jubilación y siendo partidarios de políticas dirigidas a incentivar la prolongación de la vida laboral más allá de los 65 años,
quiero constatar el diferente tratamiento que tienen en esta cuestión ambos regímenes. Los afiliados al régimen general tienen la posibilidad de acceder a la jubilación antes de cumplir los 65 años, que es la edad mínima fijada de forma general.
Debemos señalar además el agravio que se produjo con aquellos profesionales que estando en su día encuadrados en el régimen general fueron obligados a darse de alta en el RETA, perdiendo la posibilidad de jubilarse anticipadamente en las mismas
condiciones que tenían mientras estuvieron en el régimen general.



Punto número 7, incapacidad temporal por contingencias comunes. En cuanto a la protección por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, hay que señalar que el sistema de Seguridad Social a los afiliados al régimen general les
abona esta prestación desde el decimosexto día de la baja, mientras que el autónomo que tenga cubierta esta contingencia percibe desde el cuarto día esta prestación a cargo del sistema de Seguridad Social. En ambos casos, hasta el vigésimo día de
la baja perciben el 60 por ciento de la base reguladora, aumentando al 75 por ciento de la misma a partir del vigesimoprimer día. Hasta el 31 de diciembre de 2003 ambos regímenes tenían el mismo tipo de cotización por contingencias comunes, el
28,30 por ciento, pero desde el día 1 de enero de 2004 el autónomo debe cotizar por el 29,80 por ciento.



CEAT considera positivo el avance que se está produciendo en los últimos años en el proceso de convergencia entre el régimen general y el RETA, siempre que, como acabo de explicar, vaya dirigido a eliminar diferencias en la protección social
no justificadas. Este proceso de equiparación debe continuar preservando en todo caso modelos normativos coherentes, tanto en el ámbito de Seguridad Social como en el laboral y en el mercantil, frente a peligros de desnaturalización,
intervencionismos o laboralización contradictorios e incoherentes con la actividad empresarial realizada de manera individual o personal. En el RETA hay que preservar la capacidad de elegir las bases debido a la naturaleza de la contingencia y
variabilidad de los ingresos del autónomo por su actividad empresarial, pero también hay que hacer un esfuerzo para mejorar el principio de contributividad del sistema, propiciando mediante la información correspondiente un mejor conocimiento de las
ventajas que suponen un mayor esfuerzo de cotización voluntaria para percibir mejores prestaciones.



Por último, quiero manifestar que desde Cepyme y CEAT hemos valorado positivamente la consideración del principio de voluntariedad recogido en la propuesta del Ministerio de Trabajo e Inmigración sobre un sistema específico de protección por
cese de actividad de los trabajadores autónomos. En esta materia, Cepyme y CEAT expresaron desde el principio su oposición al establecimiento de un sistema público obligatorio con cotizaciones también obligatorias, por lo que -insisto- valoramos
positivamente el reconocimiento de la voluntariedad como criterio general, limitando la obligatoriedad a determinados supuestos, como el caso de los autónomos dependientes o aquellos expuesto a riesgos especiales por el ejercicio de su actividad.
Asimismo consideramos coherente que al estar asociada la prestación por cese de actividad a la cobertura de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, sean las mutuas las que lleven a cabo la gestión de esta prestación. No obstante lo
anterior, dado el carácter voluntario con el que de manera general se configura esta propuesta, consideramos que por las necesidades, características y circunstancias del autónomo sería igualmente coherente y eficaz instrumentar la herramienta para
gestionar esta prestación mediante el modelo de previsión social complementaria y sus instrumentos de gestión específicos.



Finalizo mi intervención reiterando a SS.SS. mi gratitud y reconocimiento y quedando a su disposición.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Tomás Burgos.



El señor BURGOS GALLEGO: Muchas gracias, señor Rodríguez Alfageme, por su comparecencia y por sus palabras, que son importantes en esta Comisión no solo por la entidad de la organización que representa, no solo por el peso específico que
tienen los autónomos en nuestro tejido empresarial y en nuestro tejido social, sino también y sobre todo por el momento en el que se produce la comparecencia, un contexto de crisis económica, un contexto de recesión económica en nuestro país que
está afectando de forma especialmente negativa a los autónomos y donde los aspectos relacionados con el Pacto de Toledo y con la protección social cobran, si cabe, mayor relevancia que en momentos anteriores. El contexto de la crisis es importante
para los autónomos. El régimen especial de trabajadores autónomos encadena diecisiete meses consecutivos de caída en los datos de afiliación, diecisiete meses perdiendo cotizantes mensualmente, algo que no ocurre con otros regímenes y que no ha
ocurrido con el régimen general, que sí ha tenido picos de ascenso, bien es verdad que muy limitados, por ejemplo, hace escasamente dos meses hemos tenido un periodo de tres meses de incremento de la afiliación en el régimen general, cosa que no
ocurre precisamente en el régimen de autónomos. La ocupación entre los emprendedores en nuestro país se ha hundido un 10,47 por ciento en términos interanuales. Hoy hay 375.300 trabajadores por cuenta propia menos en el régimen de autónomos que en
el tercer trimestre del año 2008, y algunas organizaciones han puesto el acento en que cada día 500 autónomos cierran su negocio por la crisis. La verdad es que simple y llanamente no hay país que


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aguante una sangría de capacidades, de ilusión y de trabajo de estas características.



El trabajo autónomo no solo no está resultando una alternativa para la incorporación al mercado de trabajo de aquellos que han perdido su empleo o que nunca lo tuvieron, sino que, como he dicho, está especialmente castigado por la crisis por
la que atravesamos. Curiosamente, hoy leía una información que aparecía en la prensa en relación con la existencia en nuestro país de más de 560.000 jóvenes, con edades comprendidas entre los 20 y los 29 años, que son considerados inactivos a todos
los efectos por las estadísticas oficiales; es decir, no cumplen ninguno de los requisitos para ser considerados población activa, ni estudian, ni trabajan, ni buscan de forma activa un empleo. Nuestro gran recurso para nutrir de autónomos, de
emprendedores, que son las generaciones más jóvenes, que son probablemente las que disponen de mayor ilusión para emprender, está siendo castigado claramente por esta situación y eso se refleja en el propio régimen de autónomos. Por eso su
presencia aquí es importante y por eso el Partido Popular y el grupo parlamentario que le representa en esta Cámara quiere plantearle desde el primer momento nuestra voluntad y nuestra posición favorable a que en la renovación del Pacto de Toledo en
la que estamos inmersos exista un sitio destacado para los autónomos. Sabe usted que se hacía referencia en el Pacto de Toledo vigente al régimen especial de autónomos y a algunas características especiales de su trabajo, de su actividad, pero no
existía una recomendación específica en relación con el régimen de autónomos. A mí me gustaría expresarle nuestra opinión favorable a que exista una recomendación específica sobre los autónomos y pedirle su opinión al respecto. Entiendo que será
positiva. Creo que su relevancia social y económica, la situación y las perspectivas económicas de España, la evolución de nuestro mercado laboral, dentro y fuera de nuestras fronteras, exigen que seamos capaces de adecuar este sistema de
protección social a las nuevas demandas y eso podría pasar también por que en el Pacto de Toledo exista una recomendación específica y desarrollada en relación con los puntos que usted ha citado aquí.



La equiparación de los autónomos al régimen general de la Seguridad Social ha dado pasos importantes en estos últimos años. Está muy avanzada, básicamente concluida, salvo por estas referencias que usted ha tenido a bien citar. Las
recomendaciones 4 y 5 del Pacto de Toledo vigente, la que hace referencia a la simplificación y a la equiparación de los regímenes y la que hace referencia a la mejora de las bases de cotización han sido bastante desarrolladas a lo largo de estos
últimos años. Creo que usted ha puesto de manifiesto cuáles son los temas pendientes en los que probablemente convendrá trabajar en la medida en que todavía queda -como de su intervención se deduce- un cierto recorrido para el desarrollo de esa
equiparación. Desde luego, nosotros somos partidarios de que eso sea así. La equiparación, obviamente, pasa por mejoras continuadas y nuevas mejoras también de las aportaciones de los autónomos. En ese sentido, me gustaría conocer su opinión, si
es favorable a pensar en mayores aportaciones a cambio de mayores derechos. Es evidente que el recorte de derechos que está provocando la crisis en los autónomos está claramente puesto de manifiesto en las cifras que manejamos y en las cifras que
contienen los propios presupuestos del Estado que han sido presentados hace muy pocos días y que contienen importante información sobre cuál es a día de hoy la realidad de las prestaciones que reciben los autónomos en nuestro país. El 41,15 por
ciento de las pensiones de autónomos necesitan complementos a mínimos en nuestro país, frente a poco más del 19 por ciento del régimen general y poco más del 27 por ciento del total de las pensiones.



Este es un dato que me gustaría que valorara, pero muy expresivo de la situación de insuficiencia de cotización con la que nos encontramos al hablar de las pensiones de autónomos. Es cierto que la cotización debe reflejar en la medida de lo
posible el salario percibido y, cuando hablamos de autónomos, siempre se produce una cierta distancia, un cierto salto, lo que supone que no se adecúen convenientemente unas y otras.
Algunas asociaciones y algunos datos en relación con el régimen
de autónomos nos hablan de que una parte muy sustancial, más de 1.500.000 autónomos declaran rentas inferiores a los 1.100 euros. Por tanto, cabría pensar que esta situación de tantas pensiones abocadas a necesitar complementos a mínimos son
también expresión de rentas escasas, que implican cotizaciones escasas. Me gustaría conocer su impresión sobre esto, porque entiendo que no siempre sucede así y que en gran medida estamos ante un elemento estructural del régimen de autónomos. Lo
digo porque la evolución del número de pensiones con complementos a mínimos de autónomos a lo largo de la década se ha doblado porque han aumentado los afiliados al régimen de autónomos. Eran 366.000 alrededor del año 2000 y son 756.000 en estos
momentos las pensiones que reciben complementos a mínimos, pero el porcentaje de esas pensiones con complementos a mínimos respecto al total de pensiones apenas ha variado. En el año 2000 eran el 42,16 por ciento y en agosto de este año son el
41,34 por ciento; es decir, después de diez años el porcentaje de autónomos que necesitan complementos a mínimos en sus pensiones es sustancialmente idéntico, con independencia de la evolución de las rentas, con independencia del crecimiento
económico de nuestro país, etcétera. Esto lo ponía de manifiesto claramente un informe que conocíamos hace pocas fechas del trabajo autónomo, donde establecía que los autónomos cotizan por las bases más bajas en un porcentaje que supera el 83 por
ciento de los más de 2 millones contabilizados por la Seguridad Social a 30 de junio de este año 2009. Es decir, más del 83 por ciento de los trabajadores autónomos se acogen a la base mínima de cotización y eso implica una dificultad objetiva para
mejorar luego las prestaciones que reciben por


la vía de nuestro sistema de Seguridad Social. (El señor


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vicepresidente, Montalbán Goicoechea, ocupa la Presidencia.)


Cabe hablar de mejora de derechos, de mejora de prestaciones, pero eso tiene que ir ineludiblemente unido también a una mejora de las aportaciones y a un intento de mejorar de forma muy activa y muy comprometida esas cotizaciones de los
trabajadores autónomos que son escasas. Me gustaría conocer su opinión sobre qué fórmulas se podrían arbitrar, al margen de las que puedan existir en estos momentos o estén en marcha, para ir incrementando de forma paulatina esas aportaciones y
cubriendo esas lagunas que usted ponía de manifiesto y hasta dónde se puede llegar y de qué manera en qué modalidades se podría articular eso.
Entiendo que su posición favorable a la voluntariedad en materias como el cese de actividad no está claro
que sea extensiva al resto de contingencias o al resto de cuestiones que quedan por cubrir. Me gustaría que me precisara si estamos hablando estrictamente de aspectos voluntarios o si cabría mejorar el sistema por la vía de obligaciones nuevas.



Otro aspecto que a mi grupo le parece especialmente importante -en estos momentos es objeto de un debate público bastante notable- es el tema de las bonificaciones como mecanismo de respaldo a la creación y al mantenimiento del empleo. Las
pequeñas y medianas empresas tienen dificultades objetivas para acceder a estas bonificaciones, no tienen el asesoramiento que tienen las grandes empresas y tienen dificultades evidentes para acceder a este tipo de ayudas. Me gustaría conocer su
opinión sobre cómo podría modularse mejor el sistema de bonificaciones a las cotizaciones sociales en nuestro país para facilitar el acceso a las mismas de los trabajadores autónomos. Este es un tema recurrente en esta Comisión, pero hay una
recomendación del Pacto de Toledo muy clara en este sentido, la recomendación número 6, cotizaciones orientadas al empleo en nuestro país, que constata precisamente que las bonificaciones y las exoneraciones de cotizaciones sociales deben estar
dirigidas fundamentalmente, por no decir de manera total, a impulsar la incorporación de la mujer al mercado de trabajo también por la vía del régimen de autónomos. Hay una parte de recorrido muy importante que queda todavía por hacer en el tema de
la mujer en relación con los países de nuestro entorno, en relación con los jóvenes -ya he citado que ahí tenemos una gran bolsa de inactivos que nuestro país no se puede permitir-, y el apoyo a los trabajadores de mayor edad para evitar su
expulsión anticipada del mercado laboral, donde los autónomos deberían encontrar un hueco evidente. Pero todo esto debe estar dirigido al apoyo expreso, como dice el Pacto de Toledo, de esas bonificaciones a la creación de empleo estable y empleo
indefinido. Por eso, cuando asistimos a los anuncios del Gobierno de que es factible revisar todo el sistema de bonificaciones -curiosamente lo dicen los mismos que han creado bonificaciones prácticamente para todo en estos momentos-, en especial
las dedicadas a bonificar el empleo estable, a mi grupo le entra una gran preocupación. Hace unos meses hablaba el Gobierno de orientar las bonificaciones hacia el empleo a tiempo parcial y ayer mismo, en una entrevista publicada en un periódico
económico de nuestro país, la secretaria de Empleo abría la puerta a las bonificaciones al empleo temporal. Esto es el súmmum de la desorientación más absoluta y un incumplimiento más -ya son demasiados- de las recomendaciones vigentes del Pacto de
Toledo. Me gustaría conocer específicamente su opinión sobre el mapa de bonificaciones que tenemos en nuestro país, en qué medida está respondiendo al mandato expreso del Pacto de Toledo de dirigir esas bonificaciones en una dirección determinada,
en qué medida su organización piensa que pueden ser objeto de modificaciones y en qué medida las bonificaciones pueden ayudar más a los autónomos a cumplir con sus expectativas de desarrollo de proyectos, de crecimiento económico y de bienestar.
Nos parece que es un momento importante para replantearnos el tema de las bonificaciones sociales, pero no por la vía de perder el referente para el que estas fueron concebidas, el referente que ha orientado precisamente el Pacto de Toledo, e
introducir elementos ciertos de distorsión y de dispersión en un elemento que en estos momentos puede seguir jugando un papel importante en la crisis económica.



Muchas gracias por su participación, por sus aportaciones. Mi grupo queda a su entera disposición en relación con el importante objetivo de dar a los autónomos una mayor presencia en el futuro Pacto de Toledo.



El señor VICEPRESIDENTE (Montalbán Goicoechea): Va a intervenir don Aureliano Rodríguez para contestar uno por uno. Tiene la palabra.



El señor PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AUTÓNOMOS, CEAT (Rodríguez Alfageme): Respecto a la primera cuestión, aunque no sea del Pacto de Toledo, tengo que decir que estoy de acuerdo en que hay una caída de autónomos en este país y,
lógicamente, los primeros en lamentarlo somos los autónomos. Somos el eslabón más débil de la cadena y, como no puede ser de otra forma, cada empresa mediana o grande que cae arrastra consigo una cantidad de autónomos importante, ya que muchos
dependen directamente de ella. Eso es claro y evidente. En época de crisis el autónomo paga con mayor virulencia lo que ocurre. No estamos descubriendo nada, ahí están los números.



Centrándome ya en la exposición de esta mañana, me decía que pedían un puesto para nosotros en el Pacto de Toledo y me preguntaba qué me parecía. Si dijera que no me parece bien me dirían: ¿Qué defensa hace un presidente de una
organización de autónomos diciendo que no a una pregunta de estas? Sí le puedo decir que organizaciones como la nuestra y como UPTA, a la que no he venido yo a defender aquí, tienen ya otras organizaciones empresariales, que están allí sentadas por
nosotros, como es Cepyme o UGT en ese caso, y que


están haciendo nuestra defensa. Por tanto, no tendría que


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ser indispensable, pero bienvenido será si nos piden y nos dedican un lugar para estar en la defensa de los autónomos. Sería bienvenido y de agradecer.



Entro ya en el tema, que es muy importante, de las mejoras de las aportaciones. Ha hecho una exposición bastante amplia sobre las aportaciones que deberían de hacer los autónomos para recibir mejores prestaciones y creo que lo ha hecho
porque hay que mojarse en ello. Ha hecho una explicación muy amplia porque, como bien ha dicho S.S., hay una gran mayoría de jubilaciones con complemento a mínimos, y eso es muy preocupante. Yo me voy a mojar, porque me gusta decir las cosas muy
claras. Los autónomos en este país tenemos varios motivos por los que tener pensiones con complementos a mínimos. Uno de los motivos es, como usted mismo ha dicho, unas rentas muy bajas. Hay una gran mayoría de autónomos, como describe la LETA,
la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo, que realmente tienen unas rentas muy bajas y a los que les es muy difícil llegar a final de mes. Pueden pagar el autónomo, pagar alquileres, pagar los gastos generales, pagar sus impuestos de Hacienda y
sacar a la familia adelante porque trabajan muchas horas al cabo de la semana. Yo soy autónomo, mi hija es autónoma, mi mujer es autónoma, mi yerno es autónomo y mi hijo pequeño se va a hacer ahora autónomo también.
O sea, tenemos empresas
familiares y somos autónomos todos en mi casa, y le puedo decir que después de la cuarta generación, que es la de mis hijos, probablemente en mi familia vivimos ahora un poco más desahogados, pero son cuatro generaciones de autónomos, la de mis
abuelos, mis padres, la mía y ahora la de mis hijos. Eso son miles y miles de horas de arduo trabajo. Muchos de los autónomos se ven mal para pagar la mínima. También es cierto -y lo reconozco aquí públicamente- que hay autónomos que cuando se
hacen autónomos, tanto si les va bien como si no les va tan bien, llegan a la gestoría donde les llevan los papeles y se dan de alta en autónomos con la cotización mínima, y no se preocupan más porque pagan las cotizaciones de autónomos como un
impuesto más, sin mirar hacia el futuro, sin pensar que puede ser su porvenir. Eso también es una realidad. Y a este autónomo, cuando va teniendo cierta edad, alguien le dice -esa ha sido nuestra organización, que ha hecho multitud de jornadas
para explicarles su situación- que hay que subir las bases, que hay que subir las cuotas, que les va a llegar la edad, que pueden tener una enfermedad o un accidente y que si no están en accidentes no van a cobrar o van a cobrar una cantidad muy
pequeña; les decimos que no van a tener para dar de comer a su familia, que les va a bajar el nivel de vida, y así les hemos ido convenciendo y en la actualidad están subiendo un poquito, pero muy poquito. Si se fijan en los últimos números, han
subido un poquito las escalas de las cotizaciones, pero en unas cantidades muy pequeñitas. Lo hemos hecho a base de esfuerzo. Esta es la realidad, y ahora que estábamos logrando que subieran un poquito, hemos entrado en esta crisis. Para otra
vez, quizás los que la hayan subido o los que empiecen de nuevo, coticen otra vez a las mínimas. Esta es la realidad de por qué se encuentra el autónomo en las bases mínimas de cotización.
Tenemos que lograrlo entre todos; nos hemos sentado con
el director de Seguridad Social y también, en las distintas autonomías, con los responsables de las consejerías de Trabajo para que nos ayuden con dinero a poder celebrar jornadas y convencer a los autónomos de que mejoren sus prestaciones. Hay
otros que nos dicen que en lugar de cotizar en las del Estado prefieren cotizar en entidades privadas, tampoco se puede obligar a nadie, pero sí estamos haciendo un gran esfuerzo por que el autónomo suba sus cotizaciones. Eso puede creerlo porque
estamos seguros de que el futuro pasa porque suban las cotizaciones para que las arcas del Estado y la Seguridad Social puedan cobrar más y dar unas prestaciones mucho mejores y más adecuadas a los tiempos actuales. Estamos trabajando en ello y
creo que es tarea de todos -organizaciones de autónomos y los distintos gobiernos, y siempre hablaré de los distintos gobiernos porque estamos en un mapa de distintos gobiernos en este país- ayudarnos unos a otros a que se suban las cotizaciones de
los autónomos. Estoy totalmente de acuerdo, que se las suban los que puedan, a los que no se lo permita su renta es más importante que sigan abiertos y que sigan creando empleo a que se suban la cuota de autónomos de la Seguridad Social.



Contestando a la cuestión de las bonificaciones a los trabajadores autónomos, efectivamente las bonificaciones se están llevando a cabo. No conozco las de todas las regiones de España -aunque lógicamente me he pateado muchas- porque no solo
son las del Gobierno central sino que hay que ver las de todas las regiones. Le podría hablar con más exactitud de Castilla-La Mancha, que es de donde yo vengo. Concretamente soy de un pueblo de Castilla-La Mancha, de Almadén, y en mi región se
han hecho bonificaciones directas a los autónomos jóvenes menores de 30 años que comienzan; se han hecho a los que se han quedado sin trabajo -directamente de la autonomía-; se han hecho especialmente para los autónomos jóvenes -mujeres hasta 35,
varones hasta 30-; se han hecho para los mayores de 45 y se han hecho desde el Estado las que firmamos el 5 de mayo -creo recordar- las tres organizaciones de la mesa del autónomo; firmamos también conceder el paro total, el complemento del paro y
se daba una parte importante de dinero -que no recuerdo ahora mismo, pero tomaré nota para que se le pase las bonificaciones desde nuestra organización-. Lo que le puedo decir es que sí hay bonificaciones para implantar nuevos autónomos y para que
los autónomos contraten trabajadores, sobre todo en casos especiales -como ha mentado- de mujeres hasta una edad, jóvenes y mayores de 45 años. Que se haga un buen uso de ellos, que se tenga una buena información..., probablemente en muchos casos
no se tenga buena información. La información la tenemos las organizaciones y en muchos casos el autónomo no recurre a nosotros ni tampoco a la persona


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que tenga llevándole los papeles. ¿Por qué? Porque el autónomo, en contra de una empresa mediana o de una empresa un poquito más grande -no voy a hablar de la gran empresa que no lo necesita-, casi no tiene tiempo para acudir a preguntar o
para hacer una llamada de teléfono o una gestión que le podía proporcionar un cierto dinero para hacer una contratación porque no encuentra el tiempo. Sale por la mañana y llega por la noche a su casa y muchas veces ese tiempo le cuesta más dinero
del que puede ganar en esa jornada. Es así, es la idiosincrasia del autónomo y la manera de vivir el autónomo su jornada diaria, es su forma de ser. De la misma manera que no encuentra tiempo, y es muy importante -aunque no me lo ha preguntado se
lo digo yo-, para formación. Falta formación en el autónomo, se pierden cursos que el Gobierno de este país y el de las autonomías ponen en manos de los autónomos para que se formen, y no se forman por no tener tiempo y porque no lo creen tan
importante como seguir trabajando para cubrir las necesidades de sus casas.



El señor VICEPRESIDENTE (Montalbán Goicoechea): Tiene la palabra la señora Fernández Davila.



La señora FERNÁNDEZ DAVILA: En primer lugar, quiero agradecer la comparecencia en esta, su Comisión, del señor Rodríguez Alfageme, porque efectivamente en un tema como el que trata esta Comisión y que tiene que ver con la modificación del
Pacto de Toledo, cuestiones como las que él acaba de plantear son muy importantes para los grupos que tenemos que participar en ese trabajo. Bien es cierto que las diferentes cuestiones de Seguridad Social relacionadas con el régimen especial del
trabajador autónomo han sido motivo de debate durante muchos años y desde hace muy poco -después de ser aprobado el Estatuto del Trabajo Autónomo- se pudo avanzar en algunas de las reivindicaciones que hacía el sector. Pero como usted bien ha
dicho, este es un colectivo muy heterogéneo, no solamente podemos hablar de autónomos que se pueden definir como empresarios, sino que también está el autónomo dependiente, el autónomo profesional, que no se puede decir que sea empresario
simplemente porque ejerza una profesión y tenga que estar en este régimen, y esto genera una serie de diferencias de ingresos entre los autónomos. Unas diferencias de ingresos que en muchas ocasiones, y como usted bien ha dicho, no son suficientes
para afrontar todos los gastos a los que su actividad le obliga y que otra veces, siendo suficientes, tampoco es posible asegurar cuáles son los ingresos por las propias características de la actividad. Lo que sí es verdad es que usted acaba de
exponer una serie de cuestiones que a nosotros nos parecen muy importantes para seguir profundizando en ellas en la modificación o en los nuevos acuerdos del Pacto de Toledo porque evidentemente son temas que incidirían en el gasto de la Seguridad
Social en algunas cuestiones de relevancia, sobre todo en aquellas que usted acaba de exponer de equiparar con el régimen general y usted nombró algunas de manera especial, tanto las de jubilación parcial como otras.
En ese sentido, estuve atenta a
la respuesta que le dio al portavoz del Grupo Parlamentario Popular y no sé si a lo mejor me perdí algo, pero había una cuestión que a nosotros también nos importaba, que era conocer su opinión en relación con la posibilidad de esa voluntariedad
contributiva para, efectivamente, poder mejorar la protección del sistema a los trabajadores y trabajadoras autónomos. Usted mismo lo planteó, pero es que es la realidad, se habló en todo momento y siempre que se estuvo debatiendo, de la necesidad
de equiparar al trabajador autónomo al régimen general de la Seguridad Social, de la necesidad de la igualdad contributiva y las prestaciones y del esfuerzo de la contribución como en el régimen general. Sigue habiendo una serie de cuestiones que,
como digo, las expresó muy bien, que efectivamente requerirían un mayor esfuerzo de la Seguridad Social, pero también eso, desde nuestro punto de vista, significaría a lo mejor un mayor esfuerzo contributivo por parte de la trabajadora o del
trabajador autónomo.



Usted nos ha hablado bastante de la importancia de cotizar más que la cotización mínima, y usted mismo acaba de exponer que muchas veces no se cotiza más porque se desconoce, no hay interés en conocerlo. Eso suele pasar cuando se es joven y
se empieza un negocio, pero si hablamos de los trabajadores asalariados la cotización para la jubilación tampoco es algo que les preocupe, cuando realmente a unos y a otros debería preocuparnos desde el inicio de nuestra actividad laboral.
Independientemente de eso, le quería hacer una pregunta, si ustedes estarían de acuerdo en que de manera voluntaria se pudiera incrementar el esfuerzo contributivo para llegar a esa equiparación de la que usted hablaba en relación con el régimen
general y si también ustedes ven, precisamente por esas diferencias que tiene el colectivo de autónomos, la posibilidad de cotizar incluso menos de la cotización mínima. A veces no es tanto pensar en el futuro que, como dije antes, es fundamental,
pero cuando se establece el trabajador o la trabajadora autónoma a veces lo que le preocupa, sobre todo en los primeros años todo, es sacar el negocio adelante, con las limitaciones de ingresos que tiene. Digo esto porque hay sectores de los
trabajadores autónomos que plantean la posibilidad de la cotización a tiempo parcial, por ejemplo, los trabajadores autónomos que están en los mercadillos o en otro tipo de negocio. En ese sentido, señor Rodríguez Alfageme, usted sabe que en estos
momentos se encuentra a trámite en el Congreso una proposición de ley que fue iniciativa de nuestro grupo, el Bloque Nacionalista Galego, pero compartimos todos la toma en consideración, que trata algunos aspectos que mejorarían cuestiones del
estatuto actual relacionadas con la Seguridad Social, pero que evidentemente no llega en absoluto a los aspectos que usted acaba de comentar, que sí tendrían que estar ya dentro de ese contexto de los acuerdos del Pacto de Toledo. Con esa pregunta
que le acabo de hacer, finalizo diciendo que nos parecen muy


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importantes las aportaciones que nos ha hecho, sobre todo porque contrastan una realidad que el sector de los autónomos está planteando y que en este momento de crisis, precisamente por la variedad del colectivo, se tiene que ver afectado,
sobre todo porque hay mucha dependencia del autónomo, no solamente con el mercado y el consumo en general, sino con empresas que también están en crisis.



El señor VICEPRESIDENTE (Montalbán Goicoechea): Tiene la palabra don Aureliano Rodríguez. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)


El señor PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AUTÓNOMOS, CEAT (Rodríguez Alfageme): Paso a contestar a la señora Fernández, y creo que voy a incidir en la contestación que hice al anterior interviniente, explicándome con algo más de
claridad. En cuanto a la posibilidad contributiva sobre la que me pide que aclare más, creo que he dado un sí rotundo. Decía que hemos hecho jornadas por todo el territorio donde está CEAT implantada, prácticamente en toda España, precisamente
haciendo saber a los autónomos que militan en nuestra organización que deben hacer el esfuerzo posible, dentro de la voluntariedad que usted misma acaba de mencionar, de subir la cotización. Por lo tanto, sí estamos de acuerdo en que se deben subir
las cotizaciones, siempre que se pueda. Terminaba mi intervención diciendo que si no se puede más vale no subir la cotización que tener que parar a un trabajador que se tenga contratado, porque lo principal es mantener los puestos de trabajo si se
llega a tales límites.
Por supuesto, lo que no queremos nunca es que cierre un autónomo o se tenga que parar a un trabajador. Si se está en una mala situación, lo primero es mantener lo que se tenga que mantener, pero si se puede, insisto, es
necesario, es fundamental que se suban las cotizaciones.
Estamos de acuerdo, siempre dentro de la voluntariedad, de transmitirle a todos los autónomos que se suban las cotizaciones. Cuando los jóvenes se hacen autónomos existe la posibilidad de
pagar un tanto por ciento, que en estos momentos no recuerdo cuál es, pero si quiere se lo puedo hacer llegar, de cotizar bastante menos por autónomo, creo que durante los dos primeros años de cotización, recibiendo las mismas prestaciones que si
pagara el cien por cien de autónomos, precisamente para darles esa capacidad de pagar menos y poder poner en marcha su negocio a los jóvenes que se dan de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos. Esto existe en la actualidad y se
acogen a ello todos los jóvenes que ponen en marcha su negocio. En relación con estas cotizaciones un poco menores, lógicamente son bienvenidas; que los autónomos nuevos se pasen un tiempo cotizando por las bases mínimas hasta que se estabilice
ese negocio y salga para delante, los primeros en entenderlo somos nosotros, cómo no vamos a serlo. Lo primero que dije en mi intervención es que yo soy la tercera y mis hijos la cuarta generación de autónomos, yo ya no estoy en la base mínima, con
esto se puede ver el ejemplo, pero mi hijo, que empieza el mes que viene en el negocio y empieza a cotizar por autónomo, va a cotizar en la base mínima. Ojalá que cuando se esté defendiendo de aquí a un año ya esté en una base tercera, cuarta o
quinta, de las muchas que hay. Lógicamente, se puede empezar en la base mínima y luego ir ascendiendo, que es lo que se le pide al que ya esté estabilizado. Ese es el sistema y eso es lo que estamos pidiendo y creemos que por ahí deben ir las
cosas. Eso es lo que piensa nuestra organización y lo que transmite, otra cosa es que lo hagan; no se pueden pedir prestaciones si no se pide un esfuerzo por parte del autónomo. Queremos también, y lo decía antes, que se busquen unos términos,
porque lógicamente esas prestaciones del autónomo no se pueden equiparar tampoco a lo que cotice un trabajador por cuenta ajena puesto que hay otra serie de medidas, que no son las de jubilación y que no son las de enfermedad, que nunca van a entrar
en este régimen, puesto que son dos regímenes diferentes, el trabajo por cuenta ajena y el trabajo por cuenta propia. Por ejemplo, el paro del régimen general y el cese de actividad que ahora se propone van a ser siempre muy diferentes y van a ser
muy distintas las cotizaciones, nunca se pueden mezclar porque nunca van a ser iguales las cotizaciones, tienen que ser muy diferentes. Por lo tanto, las percepciones van a ser muy diferentes, pero debe haber un ascenso en cotizaciones para que
haya un ascenso en percepciones. Estoy totalmente de acuerdo, esto lo he dicho y lo seguiré manteniendo.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Elías Cordón.



La señora ELÍAS CORDÓN: Señor Rodríguez Alfageme, quiero darle la bienvenida a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo porque su exposición y sus planteamientos nos van a servir para que, a la hora de
elaborar las conclusiones y redactar las recomendaciones del nuevo documento, se tengan en cuenta las posiciones del colectivo de los autónomos y autónomas de este país.



El Pacto de Toledo, como bien sabe, fue suscrito en abril de 1995 como consecuencia de un compromiso de todas las fuerzas políticas parlamentarias representadas en aquel momento en el Congreso de los Diputados junto con las fuerzas sociales,
sindicales y empresariales.
Este acuerdo supuso una apuesta por un modelo de Seguridad Social y sistema de pensiones fundamentalmente público, equilibrado, proporcional, solidario y de reparto basado en las contribuciones de sus beneficiarios y en
la separación de las prestaciones de naturaleza contributiva y no contributiva. El Pacto de Toledo puso de manifiesto que la eficiencia económica y la eficiencia social del sistema de Seguridad Social han de ser necesariamente compatibles y que un
elemento central de esta compatibilidad está constituido por el acuerdo entre las fuerzas políticas y los interlocutores sociales, lo que descarta


replanteamientos aventurados y la adopción de medidas


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que quiebren estos consensos básicos, porque todo lo debemos debatir en la Comisión del Pacto de Toledo para que sea acuerdo de todas las fuerzas políticas. Este pacto es la garantía del funcionamiento del sistema porque nos va permitiendo
analizar y detectar los problemas estructurales del sistema de Seguridad Social, a la vez que nos da el tiempo suficiente para ir introduciendo reformas que no sean traumáticas. Cada cinco años, más o menos, vamos ajustando para garantizar la
viabilidad del sistema, por lo que me parece absolutamente necesario que los partidos políticos y los agentes sociales hagamos un esfuerzo conjunto para mandar un mensaje alto y claro de confianza a todos los pensionistas y a los trabajadores que
están cotizando a la Seguridad Social -y que por lo tanto van a ser pensionistas en el futuro- de que tenemos un sistema viable y con futuro y que las pensiones, según todos los expertos económicos que han pasado por esta Comisión, no peligran ni
para los jubilados que cobran su pensión ni para las personas que actualmente están cotizando en el mercado laboral. Y ahora, en estos momentos y porque nos toca, ya que fue en el año 2003 cuando se aprobaron las últimas recomendaciones del Pacto
de Toledo, es por lo que estamos reuniéndonos y escuchando las aportaciones de expertos del mundo de la universidad, de la economía, del trabajo, de las organizaciones sindicales y empresariales. Hoy, creo yo que por primera vez en esta Comisión -y
si no es así me corrige-, comparecen los representantes de los autónomos; comparece usted, señor Rodríguez, como presidente de la CEAT, Federación representativa de empresarios autónomos y después comparecerá don Sebastián Reyna, secretario general
de UPTA, representante de profesionales y trabajadores autónomos. Hoy por primera vez los autónomos van a poder exponer sus propuestas en esta Comisión, porque ha sido un Gobierno socialista el que ha puesto a los autónomos en la agenda política.
Hasta la legislatura pasada los autónomos habían sido los grandes olvidados de los poderes públicos en cuanto a su consideración de conjunto, pero a partir de la aprobación de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo, que suponía el reconocimiento
de derechos individuales y colectivos de los trabajadores autónomos, es cuando realmente están presentes. Están presentes con sus aportaciones en cualquiera de las leyes que se tramitan en el Parlamento y que pueden afectar a los diferentes
colectivos representados en sus organizaciones; están presentes en medidas específicas anticrisis puestas en marcha por el Gobierno, fruto del diálogo bilateral entre autónomos y Gobierno. Por eso precisamente, porque nos parece importante y
necesario saber y conocer cuáles son los aspectos que usted, señor Rodríguez, como representante de CEAT, cree que debieran ser reformados para que el futuro del sistema sea sostenible, es por lo que hemos querido conocer las valoraciones de su
colectivo de autónomos. Porque todos tenemos claro que es necesario hacer reformas dentro del sistema para ir adaptando sus previsiones a la nueva realidad social y garantizar la sostenibilidad y el afianzamiento de la acción protectora en una
línea de continuidad y mejora de los avances producidos. Pero lo más importante es que estas reformas se hagan por consenso. Por lo tanto, ¿hay que hacer reformas? Sí, pero como hemos dicho anteriormente siempre consensuadas, por lo que no
podemos basar nuestros argumentos y las críticas en situaciones coyunturales que crean alarmismos y desconfianza en los ciudadanos.



Le quiero plantear algunas cuestiones. La primera -ya la ha contado y muy bien además el compañero Tomás Burgos- es sobre los datos de la evolución de las pensiones. Según la evolución de las pensiones de 2008, la pensión media en el
régimen de autónomos era de 523,72 euros, que resulta un 41 por ciento más reducida que la del régimen general, que es de 892 euros, y un 30 por ciento más baja que la media del sistema, que está en 747 euros. Estos datos nos indican que la mayoría
de los colectivos de los autónomos, al poder elegir la base de cotización, opta por la base mínima. Le pregunto -lo ha explicado ya muy bien y creo que no tiene más explicación, porque todos hemos reconocido que los autónomos cotizamos por el
mínimo porque creemos que es un impuesto más que hay que pagar a final de mes y no pensamos en el futuro-: ¿Qué podemos hacer entre todos? Usted ha dicho que su organización ya ha ido explicando y concienciando a los autónomos -y creo que es lo
que debemos hacer entre todos- para que piensen en el futuro. Cuando piensas en el futuro estás pensando que tienes que vivir a partir de los 65 años y esperemos que durante muchos años.



Otro tema importante y sangrante para su colectivo es el de las pensiones de viudedad puesto que, como hemos expuesto en el tema anterior, si la pensión del trabajador autónomo es tan baja la pensión de viudedad de sus mujeres -y digo de sus
mujeres porque normalmente los autónomos son ellos solos, su mujer no trabaja y si se muere la mujer el marido sigue cobrando su pensión- es bastante peor, por lo que quiero pedirle la opinión de su organización sobre qué fórmula propone para
afrontar una reforma en profundidad de la pensión de viudedad. Pero no solo de las que no tienen otra pensión que la que les ha quedado de su marido, sino porque no podemos dar el mismo trato a las viudas que no tienen pensión propia y que su único
ingreso es la viudedad que a las viudas o viudos -y ahora sí digo viudos- que tienen pensión propia, salario u otros ingresos, que también hay.



Otro aspecto sobre el que quisiera saber la opinión de su organización es si tenemos que revisar los años de cotización. La cotización es sobre 35 años siendo los últimos años los que marca tu pensión. Hemos visto que en los autónomos
hasta los 50 se cotiza el mínimo y a partir de ahí -si eres un poco avispado o alguien te ha asesorado- subes para que te quede la pensión. No sé si al colectivo de autónomos -seguramente no- este factor como está ahora mismo le viene bien, porque
difícilmente -y lo acaba de decir en la respuesta a la


señora Fernández Davila- un autónomo desde el primer


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momento cotiza por la pensión media o más alta sino que empieza cotizando por la mínima.



Otro tema pendiente son las pensiones mínimas. El Gobierno socialista ha hecho un gran esfuerzo por mejorar y dignificar la vida de los más de 3,5 millones de pensionistas que cobran la pensión mínima incrementándola por encima del IPC,
siendo muchos de ellos autónomos. Es verdad -y don Tomás Burgos lo ha explicado perfectamente- que parece que somos -y digo somos porque yo era autónoma; en este momento no me toca lo de la pensión pero espero que aguante para poder cobrarla un
día- la mayoría de los autónomos los que tenemos que cobrar esos complementos a mínimos. ¿Cree usted que hay otras posibilidades para seguir mejorando y dignificando la vida de estas personas, que no tengan que ir a complementos a mínimos sino que
tengan ya una pensión digna? ¿Qué formulas cree convenientes para conseguir una mayor contributividad entre las prestaciones y las aportaciones teniendo en cuenta los cambios que sufre nuestro mercado laboral? ¿Cree que hay que profundizar en la
edad de jubilación? Ya ha dicho que está de acuerdo en que la jubilación tiene que cumplirse, por lo menos, a los 65 años y también en que se pueda subir, aunque creo que el objetivo es que la edad real de jubilación se acerque a la legal. Yo creo
que debemos ir a ello, pero quiero que me explique lo que está planteando su colectivo. Tenemos prevista en la LETA la jubilación anticipada para ciertos colectivos, siempre que haya contributividad y solidaridad, pero no sé qué es lo que opina su
colectivo sobre ese desarrollo de la LETA que está pendiente. En definitiva, le quiero agradecer sus aportaciones, porque estoy segura de que van a ser de mucha utilidad para analizar en profundidad el sistema de pensiones. Con ellas vamos a poder
actualizar las recomendaciones aprobadas con consenso social que van a permitir que todas y todos tengamos garantizada la protección social con garantía de futuro. Son aportaciones y valoraciones que sin duda nos van a aclarar algunos conceptos de
cara al trabajo que tenemos que desarrollar para elaborar el informe que la revisión del Pacto mandata.



El señor PRESIDENTE: Señor presidente.



El señor PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AUTÓNOMOS, CEAT (Rodríguez Alfageme): Algunas de las cuestiones que me ha planteado van a ser de difícil contestación, porque no las teníamos previstas y no las habíamos estudiado,
sinceramente. Voy a contestar a lo que pueda y lo que no pueda, si me permite S.S., se lo haré llegar por escrito a todos ustedes desde mi organización.



Creo que la primera pregunta ha quedado clara y debatida. No hay otra manera de subir la contribución que convencer, convencer y convencer.
Para nosotros no existe otra fórmula. No es el momento de elevar la contribución a todos por igual
y de manera impositiva. Además sentaría un precedente que, según nuestro criterio, no sería óptimo, y en la situación en la que nos encontramos, muchísimo menos. Lo único que se nos ocurre es hacerlo por convencimiento. Esa es la fórmula que
estamos aplicando. Creemos que con la ayuda de los distintos gobiernos, tanto del central como de los autonómicos, podemos hacer jornadas y convencer a los autónomos, podemos hacerles ver que no es un impuesto más y conseguir que se vayan subiendo
las cotizaciones.



Me pregunta sobre las pensiones bajas y la viudedad. Lógicamente va incardinada una en la otra. No hay más remedio. Si una va a complemento a mínimos, la de viudedad también tiene que ir. ¿Puede haber otras fórmulas? Nuestro gabinete
jurídico las estudiará y se las haremos llegar. Yo no soy docto en la materia y me es muy difícil contestar a bote pronto, porque no lo traía preparado, pero se lo haré llegar.



En cuanto a la revisión de los años de cotización, creemos que no se puede extender a más de los últimos quince años, porque no sabemos cómo, de qué manera, dónde y con qué fórmula puede estar cotizando una persona en un futuro de quince
años. Se dice que el autónomo puede querer comprar una pensión. Efectivamente puede existir la compra de una pensión, pero en un mundo tan cambiante y tan vulnerable como este en el que nos movemos y en las circunstancias en las que estamos,
habría que pensar cuántos autónomos anteriores a 2007 estaban bien ubicados y hoy tienen cerradas sus puertas. Quizás habían pensado que estaban comprando la pensión con 48 años y que para los 50 la iban a comprar y hoy tienen cerradas sus puertas
o tenían una tienda con diez dependientes y se han quedado ellos solos con su señora o con su hijo tratando de no cerrar las puertas y de subsistir. Me parece, señoría, que echar la bendición a una persona de que está comprando una pensión con
quince años es un atrevimiento de tal calibre que yo, como autónomo, soy incapaz de valorarlo. En el mundo que tenemos, cualquier persona que piense que está pagando durante quince años una cantidad para que le quede una pensión es que no necesita
la pensión, fíjese lo que le digo. Le garantizo que esa persona no necesita la pensión para vivir. Si yo soy capaz de adivinar que voy a estar quince años pagando una cantidad tan importante como la cantidad tope por arriba, la más alta, para
tener asegurado que cuando llegue a los 65 años el Gobierno me va a pagar el máximo de pensión, le garantizo que no necesito esa pensión para vivir; tengo muchos medios para vivir sin la pensión del Estado. Eso no hay quien lo pueda saber. Creo
que quince años son bastantes para dividir por ellos la pensión de un trabajador autónomo. Buscar otras medidas sería demasiado. Incluso los quince años me parecen demasiados. Cuando se pensó esto de los quince años, la vida no estaba como está
en estos momentos, ni mucho menos. Desde mi punto de vista, habría que hacer todo lo contrario, habría que revisar a la baja los quince años.



Por otro lado, me hablaba de pensiones a mínimos. No recuerdo bien a qué se refería la pregunta.



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La señora ELÍAS CORDÓN: Va ligada una con la otra. Le preguntaba si tenían que ir a complementos a mínimos o puede proponernos otra fórmula mejor para no tener que hacer cada año una subida.



El señor PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AUTÓNOMOS, CEAT (Rodríguez Alfageme): Para complementos a mínimos, si encontramos una fórmula mejor, se la haremos llegar por escrito.



En cuanto a la edad de jubilación, en mi exposición ya le he dado un apunte, pero vuelvo sobre ello. Nuestra organización no está de acuerdo con la jubilación anticipada, no lo ha estado nunca. Lógicamente, excluimos enfermedades u otras
situaciones, hablamos de una persona que esté en perfectas condiciones. Seguimos manteniendo la edad de 65 años e incluso estamos a favor de superarla. Por tanto, con total firmeza, no estamos de acuerdo con anticipar la edad de jubilación.
Tenemos claro, siempre lo hemos tenido, que la edad de jubilación debe mantenerse en los 65 años y, si se premia como se debe de premiar, incluso rebasarla.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Aureliano Rodríguez Alfageme, presidente de la Federación Española de Autónomos. Ya sabe dónde estamos.
Esta es su casa. Puede venir cuántas veces quiera. Su intervención ha sido muy ilustrativa
y muy buena.



Suspendemos la sesión por cinco minutos. (Pausa.)


- DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE LA UNIÓN DE PROFESIONALES Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS, UPTA (REYNA FERNÁNDEZ). POR ACUERDO DE LA COMISIÓN. (Número de expediente 219/000350.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día, comparecencia del señor Reyna Fernández, secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), para informar sobre temas objeto de esta Comisión.
Tiene la palabra.



El señor SECRETARIO GENERAL DE LA UNIÓN DE PROFESIONALES Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS, UPTA (Reyna Fernández): Quiero, en primer lugar, expresar mi agradecimiento a los grupos parlamentarios por su invitación para participar en este debate
previo para la renovación de los acuerdos del Pacto de Toledo, que desde 1995 viene siendo una salvaguardia fundamental de nuestro sistema de pensiones y de protección social, y sobre todo un buen referente de consenso político y social, a nivel
nacional e internacional, en una materia de tal trascendencia para toda la sociedad.
Les he hecho llegar un informe de nuestra organización sobre todos aquellos aspectos que entendemos que en el ámbito de Seguridad Social son motivo en este momento
de debate, de reflexión o de propuesta por parte de nuestra organización y donde se recoge, por una parte, todo el escenario de la homologación de los sistemas del régimen por cuenta propia y del régimen general de la Seguridad Social; referencias
a dos aspectos importantes con propuestas concretas para nuestro colectivo, como son el de la jubilación anticipada y la jubilación a tiempo parcial; también un informe sobre los accidentes de trabajo in itínere al que haré referencia por ser un
ámbito de especial preocupación en el colectivo, y asimismo un conjunto de reflexiones sobre los aspectos de previsiones en el estatuto del trabajo Autónomo que se encuentran en este momento pendientes de aplicación o de desarrollo. De tal manera
que presentarles este informe me permite, por una parte, hacer una intervención de carácter general de política social del colectivo y, por otra, ser más breve en la propuesta, algo que imagino será agradecido por todos debido al tiempo.



Para nosotros tiene una especial importancia este acto ya que es la primera vez que en tan dilatada historia de los acuerdos comparecen directamente las organizaciones de autónomos, y de forma particular la nuestra, lo que nos permite
exponer sin representación delegada nuestra posición en esta materia. Sin embargo, tengo que reconocer en este momento que en trámites anteriores en general todos los agentes sociales reflejaron las posiciones de los autónomos. Particularmente en
el año 2006, los autónomos pudimos hacer llegar nuestra posición a través de la Unión General de Trabajadores, consiguiéndose un compromiso en la declaración con respecto al régimen especial que posteriormente tuvo directa influencia en los
contenidos de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo, que ya han cubierto buena parte de los compromisos que se habían reflejado en los acuerdos del año 2006. Quizá por ello, puesto que es la primera vez que organizaciones de autónomos
intervenimos directamente en estas comparecencias previas a los acuerdos, es el momento oportuno para que desde UPTA, en representación de una buena parte de este colectivo, tengamos que trasladar a la opinión pública el mensaje de nuestra apuesta
por el fortalecimiento de un sistema público de pensiones solidario y contributivo.



Son muchos los que, aprovechando la inexistencia de una voz común -hasta ahora- y suficiente de los autónomos, hicieron uso del nombre de nuestros representados para intentar trasladar a la opinión pública la idea de que eran los
trabajadores por cuenta propia los abanderados de proceder a una modificación sustancial del sistema hacia modelos alternativos de carácter privado o de capitalización. Es cierto que el autónomo en España se ha sentido en muchos momentos poco
solidario y escéptico con respecto a la Seguridad Social, y que viene o ha venido siendo habitualmente consumidor de productos aseguradores alternativos al sistema público.
Quizá no podía ser de otra forma por cuanto durante años sufrió
históricamente de un sistema raquítico en las prestaciones. Sin embargo, esta escasez de cobertura se ha ido cubriendo progresivamente, en especial a partir del año 2001, y con ello se ha recuperado una confianza perdida en periodos anteriores.



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Es importante reconocer que en el periodo de 2001 a finales de 2009, prácticamente en ocho años, el sistema de Seguridad Social de los autónomos ha sufrido más modificaciones en positivo que en toda su historia desde sus orígenes o desde la
vieja mutualidad de autónomos de los años sesenta. Pero, a pesar de ese avance, todavía se evidencia un déficit importante de información. A diferencia de los trabajadores asalariados, que se ven defendidos por el sistema público de Seguridad
Social y entienden mejor su participación, el colectivo de autónomos debe asumir todavía que en el RETA, en el régimen especial de trabajadores autónomos, están presentes sus intereses y sus aspiraciones. Son muchos los autónomos que por
deformación pasada siguen viendo en su cotización a la Seguridad Social más un impuesto o una tasa que realmente una inversión de futuro; y esto ha sido así por razones históricas. Hasta hace escasamente ocho años se mantenía un fuerte
desequilibrio en el nivel de contraprestación del sistema con respecto a la contribución, por lo que no existían incentivos en la participación. Hoy han cambiado en gran parte estas condiciones. Concretamente, en el año 2003 la mejora en el
sistema de cobertura por incapacidad transitoria y el reconocimiento voluntario del acceso a las contingencias profesionales así lo demuestran, pero todavía tenemos que reconocer que esta no es una sensación suficientemente extendida en el
colectivo.



También -quiero resaltar este aspecto-, durante mucho tiempo existió una falsa imagen en la sociedad de que el régimen de autónomos era un sistema especial estructuralmente deficitario y que, al igual que otros regímenes especiales, era
mantenido por el régimen general. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Son ya muchos los años en los que el sistema especial de la Seguridad Social para los trabajadores por cuenta propia mantienen superávit en sus cuentas. Concretamente,
en 2007 de 1.200 millones de euros y en 2008 de casi 1.600 millones de euros como aportación y cuyo porcentaje de aportación va al Fondo de Reserva. Esta tendencia de superávit va a variar en las previsiones para 2010, en parte por la desaparición
-y esta es una realidad contrastable- de más de 180.000 cotizantes activos debido a la crisis económica en un periodo un poquito superior a doce meses, pero de forma principal -y quizá este es el motivo más importante- por la incorporación en las
cuentas ya consolidadas de lo que hemos denominado los trabajadores por cuenta propia del Reass, del régimen especial agrario, y en concreto de los gastos de jubilación del Reass por cuenta propia. Consideramos que esta integración de los agrarios
del Reass como autónomos en el régimen de autónomos resultará positiva en el futuro y además es el resultado de los acuerdos del Pacto de Toledo, pero también aquí es necesario recordar que desde nuestra organiza- ción, UPTA, hemos insistido a la
Administración de la Seguridad Social -y debemos recordarlo- en la necesidad de diferenciar provisionalmente la información pública de las cuentas financieras para hallar una mayor transparencia y, por tanto, poder diferenciar la evolución
financiera del RETA, de nuestro régimen de trabajadores por cuenta propia, de lo que proviene del Reass por cuenta propia.



Sin duda, desde el año 2001, al que he hecho referencia como año en el que empieza a modificarse el sistema, el paso más importante dado hasta la fecha se contempla en la Ley 20/2007 del Estatuto del Trabajo Autónomo, texto aprobado por
unanimidad en esta Cámara y, por tanto, patrimonio de todos. El título IV de la mencionada ley se dedica a la protección social del trabajador autónomo. En él se desarrolla el derecho constitucional de los trabajadores por cuenta propia para
contar con un régimen público de Seguridad Social. Se establece que la acción protectora del régimen público tenderá a converger en aportaciones, en derechos y en prestaciones con la existente para los trabajadores por cuenta ajena, principio
general que debe conducir la acción pública en esta materia y sobre cuyo compromiso ya se ha avanzado antes y después de esta norma legal, aunque también existen ámbitos pendientes de desarrollo, de aplicación y de concreción normativa.



Quizá el debate pendiente más importante a la hora de afrontar el futuro de nuestro régimen especial está en el campo de las aportaciones, puesto que hemos visto que en el nivel de prestación se ha avanzado considerablemente en este tiempo.
La realidad es que el 83 por ciento de los autónomos cotizan por la base mínima de cotización prevista en el sistema. La consecuencia de esta cotización por base mínima es que la media de las pensiones vivas es de una cuantía en torno a un 40 por
ciento menor que la media del sistema y que muchos pensionistas provenientes del RETA tienen que acceder al complemento de mínimos, con el consiguiente coste para el Estado. La solución dada tradicionalmente para mejorar la recaudación ha sido la
de aumentar progresivamente la base mínima de cotización por encima de las del régimen general, de tal manera que hoy esta base mínima para el régimen de autónomos es un 41 por ciento más alta que la del régimen general establecida para el resto de
los trabajadores asalariados. Esta solución de aumentar la base mínima de cotización produce, sin duda, un efecto injusto. Los autónomos que menos ingresos declaran tienen que cotizar a veces por encima de sus propios ingresos reales, mientras que
la media con mayores ingresos cotiza por debajo de los ingresos reales.



Sin duda sería prematuro asumir un cambio sustancial en el sistema de aportaciones o de contribución, muy particularmente en este momento económico. Ello implicaría a la media de los autónomos una subida de cotización que sería
contraproducente, teniendo en cuenta la dificultad de acceso a la liquidez de muchas empresas de autónomos. Sin embargo, el hecho de que circunstancialmente las soluciones deberían ser a medio plazo, consideramos que el debate está planteado y que
la renovación de los acuerdos debería al menos contemplar un objetivo en esta línea, bien creando una comisión específica o de ámbito parlamentario para su estudio o


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bien a través de algún grupo de trabajo interministerial que se considere más oportuno. El objetivo, en todo caso, sería, dentro de la línea general del sistema, avanzar en una fórmula para que las bases de cotización se acerquen a los
ingresos reales, tanto en la parte más baja de la escala como en la parte más alta.



Con este debate que proponemos se daría a su vez respuesta al mandato de la disposición adicional decimoquinta de la Ley 20/2007, en la que se establece que el Gobierno procederá a un estudio sobre la actualización de la normativa que regula
el régimen especial de trabajadores autónomos en un plazo de un año. Este año está ya muy superado, puesto que estamos hablando de una ley que entró en vigor hace dos años. Por tanto, está superado ya en un año el plazo que se dio para este
estudio. En él se indica además que este estudio preverá las medidas necesarias para fijar la convergencia en las aportaciones y derechos de los trabajadores autónomos en relación con los incluidos en el régimen general, es decir, es un mandato
para estudiar el sistema en su conjunto.



En este sentido, desde la perspectiva de las aportaciones o cotizaciones, entendemos también -y en el informe hacemos algunas propuestas concretas- que debe abordarse la cotización a tiempo parcial en el régimen de autónomos. Hoy son muchos
los trabajadores autónomos que no ejercen su actividad a tiempo completo o el equivalente en términos económicos que con su trabajo habitual, puesto que el horario de un autónomo es difícil de medir, no cubren los ingresos equivalentes al salario
mínimo interprofesional, que sería el equivalente al que la Seguridad Social considera como no actividad a tiempo completo.



El estatuto ya avanzó en esta materia de forma parcial incorporando bien reducciones en las bases de cotización para algunos colectivos especiales, como particularmente los del comercio ambulante o la venta no sedentaria, o también la venta
directa o venta a domicilio, en la que ya se recogen, por la naturaleza parcial de la actividad, reducciones en la base de cotización, algunas de ellas todavía en debate, por cierto, en alguna norma que está todavía en el Congreso, o bien también
indirectamente, con otro modelo diferente, a través de bonificaciones de cuotas, en especial para mujeres y jóvenes. Es evidente que la bonificación de cuota está dentro de una política activa de empleo y no, por tanto, en un reconocimiento de la
parcialidad, pero su origen precisamente proviene de evitar las cotizaciones por encima de los ingresos reales. Son soluciones que el estatuto adopta, pero que no abordan definitivamente el problema.



Por otra parte, para que realmente exista un incentivo en el aumento de la cotización, bien desde la perspectiva de cotizar por encima de las bases mínimas las medias de cotización, o bien incluso también para aumentar la cotización en el
sentido de incremento de nuevos activos que se incorporen al sistema, es necesario acabar con determinadas discriminaciones actualmente existentes en el terreno de las prestaciones. Hago referencia a dos en particular: la cobertura del accidente
in itínere como contingencia profesional y el acceso en determinadas circunstancias tanto a la jubilación parcial como a la jubilación anticipada. Según el artículo 26, apartado tercero de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo, solo para los
trabajadores autónomos económicamente dependientes, los llamados Trades, se considera también accidente de trabajo el que sufra el trabajador al ir o volver del lugar de la prestación de actividad. Por tanto, en el estatuto a aquellos que están
obligados a darse de alta en accidentes de trabajo y enfermedad profesional por su carácter de trabajador autónomo económicamente dependiente, es a los únicos que se les reconoce el acceso a esta prestación. Esta diferencia de trato entre autónomos
de régimen común y Trades no resulta en absoluto justificable dada la realidad jurídica y económico-profesional de unos y otros trabajadores, más aún teniendo en cuenta que las cotizaciones por estos conceptos son idénticas. Por esta razón, desde
UPTA proponemos la modificación de la disposición adiciona trigésimo cuarta de la Ley General de la Seguridad Social para cubrir esta contingencia a todos los trabajadores autónomos cotizantes por esta cobertura, lo sea de forma obligatoria o
voluntaria. Hoy son ya 365.000 los autónomos que cotizan por accidente de trabajo y enfermedad profesional de manera voluntaria, además de los que provienen del Reass, que son aproximadamente otros 200.000.



Con respecto a la jubilación anticipada, la Ley 20/2007 reconoce en su artículo 26, apartado 4, que en atención a la naturaleza tóxica, peligrosa o penosa de la actividad ejercida, los trabajadores autónomos afectados que reúnan las
condiciones establecidas para causar derecho a la pensión de jubilación, con excepción de la relativa a la edad, podrán acceder a la jubilación anticipada en los mismos supuestos y colectivos para los que esté establecido dicho derecho respecto de
los trabajadores por cuenta ajena. La indicación, pues, del estatuto es una indicación muy clara de regulación de la jubilación anticipada para estos casos; sin embargo, dos años más tarde no se ha dado ningún paso en esta dirección, a pesar de
que sectores tan importantes como el de la construcción o el del transporte, particularmente el del transporte de viajeros, reclaman insistentemente un desarrollo reglamentario de este compromiso. Hay un compromiso por parte del Gobierno de hacer
un estudio sobre cuáles son estas profesiones de carácter tóxico, de carácter peligroso, para proceder posteriormente a la actuación, pero ni siquiera se han hecho los estudios previos. Por tanto, sería necesario avanzar en esta materia.



Cuestión distinta, pero también de importancia, es el posible acceso a la jubilación parcial, si bien en este momento no tiene todavía una percha legal suficiente. Al no estar reconocido, como hemos visto antes, en el Estatuto del trabajo
autónomo la figura del trabajo parcial en el trabajo autónomo, no se establece una fórmula de jubilación parcial paralela, puesto que ya digo que el


reconocimiento de la jubilación parcial debe ser paralelo


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a la modificación que proponemos en el reconocimiento de la cotización a tiempo parcial. Sin embargo, no parece que en un momento en el que todos los debates sobre nuestro mercado de trabajo coinciden al menos en la necesidad de fomentar el
sistema de trabajo a tiempo parcial tengamos una laguna de esta condición y características.



Repasados estos aspectos, que son probablemente los que están más pendientes en este momento de regulación para cubrir este objetivo de homogeneización o de homologación, no quiero hacer mención particularmente en esta ocasión a otro de los
compromisos esperados por nuestro colectivo. Me refiero al establecimiento de un sistema específico de prestación por cese de actividad para los trabajadores autónomos.
Repasados todos los demás aspectos, parece que el que queda sería básicamente
el acceso a lo que llamamos el desempleo, pero entendido como una prestación especial de cese de actividad. Digo que no quiero hacer especial mención en este momento porque, como saben SS.SS., el tema se encuentra en la última fase de decisión
gubernamental y por lo tanto pronto estará el proyecto de ley a debate en esta Cámara. Según nuestra información, el próximo jueves por la tarde tenemos la última reunión con el Gobierno para analizar la propuesta y esperamos que en el mes de
noviembre el Consejo de Ministros, una vez informe el Consejo Económico y Social, pueda aprobar el proyecto de ley y se proceda por tanto a su tramitación. Solo quiero adelantar que nuestra organización coincide con el modelo general de prestación
previsto por el Gobierno. Creemos que es una solución adecuada la que en principio se ofrece, una solución que, por una parte, acepta la voluntariedad para el acceso a la prestación, pero al mismo tiempo lo hace de manera inmediata o automática
para aquellos que ya cotizan por accidente de trabajo y enfermedad profesional con una cotización moderada, aunque tengan a su vez una prestación moderada, lógicamente en proporción a ello, pero de alguna forma renovable o modificable en el proceso
de futuro. En ese sentido, estamos de acuerdo con el modelo general, aunque esperamos que tanto en esta última fase de decisión en el ámbito gubernamental como, posteriormente, en el trámite parlamentario puedan introducirse determinadas mejoras
que en su momento vamos a hacer llegar a los grupos parlamentarios, que ahora estamos haciendo llegar al Gobierno y que en la medida en que no puedan tramitarse en esta fase haremos llegar a todos los grupos.



Por último, no quiero dejar de mencionar una materia especialmente sensible, vinculada al accidente de trabajo: la prevención de los riesgos laborales y las condiciones de seguridad y salud laboral entre los trabajadores autónomos. Esta es
una asignatura pendiente, en la que ni la Administración central ni las comunidades autónomas competentes en esta materia están haciendo lo suficiente, más bien poco o nada. La siniestralidad de nuestro colectivo aumenta, la formación hacia el
colectivo en prevención de riesgos laborales es inexistente o prácticamente inexistente. El autónomo no es objeto de atención en el sistema de mutuas de accidente de trabajo y, aunque parezca un poco ridículo lo que voy a decirles, a los autónomos
nos han retirado hasta los botiquines en base, al parecer, a las recomendaciones de la auditoría a las mutuas, por no ser obligatorios. Cualquier paso en esta materia sería simplemente novedoso, pero, al mismo tiempo, estrictamente necesario,
puesto que estamos hablando de un colectivo importantísimo al que no solamente le afecta la prevención desde el punto de vista de su salud y seguridad, sino, sobre todo, en términos de coordinación con el resto de los trabajadores, puesto que el
autónomo ejerce actividades en coordinación con otros muchos trabajadores por cuenta ajena a los que puede poner en peligro o puede ponerse él mismo en peligro. Por tanto, es una asignatura pendiente, donde tenemos que avanzar claramente.



En resumen, estamos satisfechos por los pasos dados en al menos los últimos ocho años, periodo en el que creemos que se ha avanzado considerablemente en la homogeneización de nuestro régimen, que además ha sido a propuesta de los diversos
acuerdos del Pacto de Toledo que han ido insistiendo en esta materia. En este periodo de tiempo, el avance en la protección social del colectivo ha sido superior al de toda su historia, como he dicho anteriormente, pero no podemos obviar algunas de
las necesidades mencionadas y el objetivo último de homologación de dos sistemas que, evidentemente, por su naturaleza tienen que ser diferentes, pero sin discriminación hacia ninguno de ellos.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular don José Eugenio Azpiroz.



El señor AZPIROZ VILLAR: Bienvenido, don Sebastián Reyna. Hace unos meses tuvimos también la oportunidad en la Comisión de Trabajo, creo que fue el 23 de junio, de oír sus explicaciones en relación con una actuación legislativa concreta y
hoy quiero agradecerle la exposición que nos ha hecho, que creo que ha sido objetiva y, además, enriquecedora. Tendremos la oportunidad de analizar a fondo -no hemos tenido hoy tiempo material para hacerlo- el anexo del documento en el que plantean
más concretamente las cuestiones que acaba de exponer ahora con carácter general y, desde luego, lo vamos a hacer con todo detenimiento y con todo interés. Le anticipo que el Grupo Parlamentario Popular, como en la precedente comparecencia decía mi
compañero, portavoz de esta Comisión, Tomás Burgos, tiene todo el interés en volcarse en un apoyo decidido, como también lo hemos demostrado cuando hemos gobernado. Por eso le agradezco expresamente la afirmación que ha hecho, incluso una cita
concreta, en cuanto a que los gobiernos populares se preocuparon y tuvieron actuaciones con datos concretos, que creo que ante su expreso reconocimiento huelga que yo mencione aquí.



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Nosotros queremos, en el contexto del Pacto de Toledo, profundizar aún más en la actividad de los autónomos y que exista una recomendación específica que pueda desarrollar este conjunto de propuestas que nos formulan, máxime en una situación
como la que ha descrito, en la que, lamentablemente, casi 200.000 autónomos han tenido de dejar de serlo o incluso a la vista de las intervenciones que hoy se han hecho, la suya y la precedente, que han puesto de relieve también que muchos los
autónomos, lamentablemente, deben realizar muchas horas para obtener una retribución escasa, que a veces les impide una cotización medianamente elevada, cuestión que ahora abordaré, porque me parece que usted ha puesto el dedo en la llaga de una
cuestión vital en el régimen especial de trabajadores autónomos del sistema de la Seguridad Social. Por descontado, mostramos nuestra plena coincidencia en la necesidad de que exista un sistema público. Es verdad, y usted lo ha reconocido con
acierto, que ha habido una deriva psicológica y real de muchos autónomos que no han creído en el sistema y han buscado, con mayor o menor eficacia, sistemas complementarios, sobre todo para tener una protección adecuada en la vejez.



Le voy a hacer un ruego, que probablemente sea retórico, porque estoy convencido de que su asociación lo estará haciendo, y es la pedagogía que se debe hacer en el colectivo de autónomos respecto a la importancia que tiene para ellos el
sistema de protección, el sistema del RETA. No se trata de un costo sin más, no se trata de un impuesto, sabemos que cuando un joven inicia una actividad ahora, afortunadamente, no tiene que pagar el IAE. Yo recuerdo que cuando empecé todo eran
pagos: tenía que pagar mi colegio, tenía que pagar mi IAE, tenía que pagar autónomos, bueno, autónomos no, porque la ley no me dejaba, pero tenía que pagar una mutualidad que, desgraciadamente, tiene malas coberturas. Tenía que pagar absolutamente
todo, y hasta que se generen recursos financieros de la consecución del trabajo que se ha realizado pasa un tiempo. Este es un tema que nos preocupa, que nos ocupa y que vamos a seguir con plena atención. Ustedes tienen un papel fundamental de
concienciación y nosotros también tendremos que adoptar, como políticos, medidas en esta dirección. No me voy a detener en la cuestión del cese de actividad, porque tuvimos ocasión en su anterior comparecencia de abordar este tema y hoy hay una
coincidencia entre su posición y la nuestra, y creo que el Gobierno acierta al establecer un sistema voluntario y no un sistema obligatorio en este asunto. Me parece que la forma en que lo ha planteado, voluntario-mixto, autónomos-dependientes que
tienen que cotizar para accidentes de trabajo y sí tienen, por tanto, que cotizar al cese de actividad, es una solución razonable para echar a andar con este nuevo sistema de compensación entre los supuestos de cese de actividad y pérdida de
ingresos de los autónomos.



Le quiero hacer una reflexión. En la situación actual, con la pérdida de afiliados que se está produciendo en el RETA y la pérdida de trabajo real de autónomos, sean empresarios, profesionales o no, se está planteando un debate no menor, un
debate que en el presupuesto de 2010 se traduce en 2.850 millones de euros, y que es el tema de las bonificaciones. Me preocupa -creo que no soy el único-, aunque a lo mejor desborda el ámbito stricto sensu del Pacto de Toledo -yo creo que no
porque al final las bonificaciones se están financiando con cotizaciones y no con impuestos y, por tanto, también revierte o no esa financiación en los flujos en el sistema- que esta situación de recesión pueda plantear lo que se llama la generación
perdida, es decir, esa horquilla de jóvenes que no encuentran ahora trabajo. Algunos están haciendo estudios complementarios y otros estiran su vida universitaria o de máster para estar ocupados, y si la situación se prolonga en el tiempo muchos de
ellos están abocados -esto está acreditado en la historia no de nuestro país sino en el derecho comparado- a desistir de intentar incorporarse en el futuro en un mercado de trabajo porque no creen que vayan a tener opciones, no creen que vayan a
tener oportunidades y creen que además hay gente que va superándoles en preparación. Incluso se produce el problema psicológico de una parte de estas personas a las que les ha pillado, justo en el momento en que tienen que incorporarse al mercado
laboral, el trágico mazazo de una destrucción de empleo que les impide incorporarse al mercado de trabajo.
A lo mejor habría que plantearse aquí alguna bonificación más específica, coyuntural, más fuerte que las que ya se contemplan para los
autónomos jóvenes. Tal vez habría que hacer un esfuerzo durante un par de años con el fin de intentar incentivar el autoempleo como fórmula para que los jóvenes que en este momento tienen unas duras expectativas de presente y de futuro pudieran
incorporarse a actividades de trabajo. Le he planteado esto porque ayer mismo leíamos unas declaraciones de la secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, en el sentido de que el Gobierno se estaba planteando, no para el presupuesto del año que
viene pero probablemente para el futuro, que incluso las políticas activas, las bonificaciones, puedan desaparecer. Me parece muy bien que ahora analicemos y debatamos todo, pero no estamos de acuerdo en esto, incluso, como le estoy exponiendo,
pero probablemente deberíamos poner el acento en el impulso de autoempleo, sobre todo a personas jóvenes, pero también a personas que han perdido el empleo y que tienen una difícil inserción por su edad y que a lo mejor como autónomos completan sus
vidas cotizantes, sus vidas laborales y pueden vadear situaciones en las que se les estén perjudicando sus prestaciones de vejez. Este es también un tema realmente importante.



Decía antes que usted ha puesto el dedo en la llaga al hablar de las aportaciones. El 83,5 por ciento cotiza por bases mínimas -ya hemos expuesto por qué-, pero hay un 41 por ciento de personas que perciben complementos a mínimos, que, por
cierto, el Estado sufraga en la parte menor y que se están pagando con las cotizaciones del resto, de todos nosotros, incluidos los autónomos que cotizan por encima de la mínima, incluidos


Nosotros queremos, en el contexto del Pacto de Toledo, profundizar aún más en la actividad de los autónomos y que exista una recomendación específica que pueda desarrollar este conjunto de propuestas que nos formulan, máxime en una situación
como la que ha descrito, en la que, lamentablemente, casi 200.000 autónomos han tenido de dejar de serlo o incluso a la vista de las intervenciones que hoy se han hecho, la suya y la precedente, que han puesto de relieve también que muchos los
autónomos, lamentablemente, deben realizar muchas horas para obtener una retribución escasa, que a veces les impide una cotización medianamente elevada, cuestión que ahora abordaré, porque me parece que usted ha puesto el dedo en la llaga de una
cuestión vital en el régimen especial de trabajadores autónomos del sistema de la Seguridad Social. Por descontado, mostramos nuestra plena coincidencia en la necesidad de que exista un sistema público. Es verdad, y usted lo ha reconocido con
acierto, que ha habido una deriva psicológica y real de muchos autónomos que no han creído en el sistema y han buscado, con mayor o menor eficacia, sistemas complementarios, sobre todo para tener una protección adecuada en la vejez.



Le voy a hacer un ruego, que probablemente sea retórico, porque estoy convencido de que su asociación lo estará haciendo, y es la pedagogía que se debe hacer en el colectivo de autónomos respecto a la importancia que tiene para ellos el
sistema de protección, el sistema del RETA. No se trata de un costo sin más, no se trata de un impuesto, sabemos que cuando un joven inicia una actividad ahora, afortunadamente, no tiene que pagar el IAE. Yo recuerdo que cuando empecé todo eran
pagos: tenía que pagar mi colegio, tenía que pagar mi IAE, tenía que pagar autónomos, bueno, autónomos no, porque la ley no me dejaba, pero tenía que pagar una mutualidad que, desgraciadamente, tiene malas coberturas. Tenía que pagar absolutamente
todo, y hasta que se generen recursos financieros de la consecución del trabajo que se ha realizado pasa un tiempo. Este es un tema que nos preocupa, que nos ocupa y que vamos a seguir con plena atención. Ustedes tienen un papel fundamental de
concienciación y nosotros también tendremos que adoptar, como políticos, medidas en esta dirección. No me voy a detener en la cuestión del cese de actividad, porque tuvimos ocasión en su anterior comparecencia de abordar este tema y hoy hay una
coincidencia entre su posición y la nuestra, y creo que el Gobierno acierta al establecer un sistema voluntario y no un sistema obligatorio en este asunto. Me parece que la forma en que lo ha planteado, voluntario-mixto, autónomos-dependientes que
tienen que cotizar para accidentes de trabajo y sí tienen, por tanto, que cotizar al cese de actividad, es una solución razonable para echar a andar con este nuevo sistema de compensación entre los supuestos de cese de actividad y pérdida de
ingresos de los autónomos.



Le quiero hacer una reflexión. En la situación actual, con la pérdida de afiliados que se está produciendo en el RETA y la pérdida de trabajo real de autónomos, sean empresarios, profesionales o no, se está planteando un debate no menor, un
debate que en el presupuesto de 2010 se traduce en 2.850 millones de euros, y que es el tema de las bonificaciones. Me preocupa -creo que no soy el único-, aunque a lo mejor desborda el ámbito stricto sensu del Pacto de Toledo -yo creo que no
porque al final las bonificaciones se están financiando con cotizaciones y no con impuestos y, por tanto, también revierte o no esa financiación en los flujos en el sistema- que esta situación de recesión pueda plantear lo que se llama la generación
perdida, es decir, esa horquilla de jóvenes que no encuentran ahora trabajo. Algunos están haciendo estudios complementarios y otros estiran su vida universitaria o de máster para estar ocupados, y si la situación se prolonga en el tiempo muchos de
ellos están abocados -esto está acreditado en la historia no de nuestro país sino en el derecho comparado- a desistir de intentar incorporarse en el futuro en un mercado de trabajo porque no creen que vayan a tener opciones, no creen que vayan a
tener oportunidades y creen que además hay gente que va superándoles en preparación. Incluso se produce el problema psicológico de una parte de estas personas a las que les ha pillado, justo en el momento en que tienen que incorporarse al mercado
laboral, el trágico mazazo de una destrucción de empleo que les impide incorporarse al mercado de trabajo.
A lo mejor habría que plantearse aquí alguna bonificación más específica, coyuntural, más fuerte que las que ya se contemplan para los
autónomos jóvenes. Tal vez habría que hacer un esfuerzo durante un par de años con el fin de intentar incentivar el autoempleo como fórmula para que los jóvenes que en este momento tienen unas duras expectativas de presente y de futuro pudieran
incorporarse a actividades de trabajo. Le he planteado esto porque ayer mismo leíamos unas declaraciones de la secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, en el sentido de que el Gobierno se estaba planteando, no para el presupuesto del año que
viene pero probablemente para el futuro, que incluso las políticas activas, las bonificaciones, puedan desaparecer. Me parece muy bien que ahora analicemos y debatamos todo, pero no estamos de acuerdo en esto, incluso, como le estoy exponiendo,
pero probablemente deberíamos poner el acento en el impulso de autoempleo, sobre todo a personas jóvenes, pero también a personas que han perdido el empleo y que tienen una difícil inserción por su edad y que a lo mejor como autónomos completan sus
vidas cotizantes, sus vidas laborales y pueden vadear situaciones en las que se les estén perjudicando sus prestaciones de vejez. Este es también un tema realmente importante.



Decía antes que usted ha puesto el dedo en la llaga al hablar de las aportaciones. El 83,5 por ciento cotiza por bases mínimas -ya hemos expuesto por qué-, pero hay un 41 por ciento de personas que perciben complementos a mínimos, que, por
cierto, el Estado sufraga en la parte menor y que se están pagando con las cotizaciones del resto, de todos nosotros, incluidos los autónomos que cotizan por encima de la mínima, incluidos


Nosotros queremos, en el contexto del Pacto de Toledo, profundizar aún más en la actividad de los autónomos y que exista una recomendación específica que pueda desarrollar este conjunto de propuestas que nos formulan, máxime en una situación
como la que ha descrito, en la que, lamentablemente, casi 200.000 autónomos han tenido de dejar de serlo o incluso a la vista de las intervenciones que hoy se han hecho, la suya y la precedente, que han puesto de relieve también que muchos los
autónomos, lamentablemente, deben realizar muchas horas para obtener una retribución escasa, que a veces les impide una cotización medianamente elevada, cuestión que ahora abordaré, porque me parece que usted ha puesto el dedo en la llaga de una
cuestión vital en el régimen especial de trabajadores autónomos del sistema de la Seguridad Social. Por descontado, mostramos nuestra plena coincidencia en la necesidad de que exista un sistema público. Es verdad, y usted lo ha reconocido con
acierto, que ha habido una deriva psicológica y real de muchos autónomos que no han creído en el sistema y han buscado, con mayor o menor eficacia, sistemas complementarios, sobre todo para tener una protección adecuada en la vejez.



Le voy a hacer un ruego, que probablemente sea retórico, porque estoy convencido de que su asociación lo estará haciendo, y es la pedagogía que se debe hacer en el colectivo de autónomos respecto a la importancia que tiene para ellos el
sistema de protección, el sistema del RETA. No se trata de un costo sin más, no se trata de un impuesto, sabemos que cuando un joven inicia una actividad ahora, afortunadamente, no tiene que pagar el IAE. Yo recuerdo que cuando empecé todo eran
pagos: tenía que pagar mi colegio, tenía que pagar mi IAE, tenía que pagar autónomos, bueno, autónomos no, porque la ley no me dejaba, pero tenía que pagar una mutualidad que, desgraciadamente, tiene malas coberturas. Tenía que pagar absolutamente
todo, y hasta que se generen recursos financieros de la consecución del trabajo que se ha realizado pasa un tiempo. Este es un tema que nos preocupa, que nos ocupa y que vamos a seguir con plena atención. Ustedes tienen un papel fundamental de
concienciación y nosotros también tendremos que adoptar, como políticos, medidas en esta dirección. No me voy a detener en la cuestión del cese de actividad, porque tuvimos ocasión en su anterior comparecencia de abordar este tema y hoy hay una
coincidencia entre su posición y la nuestra, y creo que el Gobierno acierta al establecer un sistema voluntario y no un sistema obligatorio en este asunto. Me parece que la forma en que lo ha planteado, voluntario-mixto, autónomos-dependientes que
tienen que cotizar para accidentes de trabajo y sí tienen, por tanto, que cotizar al cese de actividad, es una solución razonable para echar a andar con este nuevo sistema de compensación entre los supuestos de cese de actividad y pérdida de
ingresos de los autónomos.



Le quiero hacer una reflexión. En la situación actual, con la pérdida de afiliados que se está produciendo en el RETA y la pérdida de trabajo real de autónomos, sean empresarios, profesionales o no, se está planteando un debate no menor, un
debate que en el presupuesto de 2010 se traduce en 2.850 millones de euros, y que es el tema de las bonificaciones. Me preocupa -creo que no soy el único-, aunque a lo mejor desborda el ámbito stricto sensu del Pacto de Toledo -yo creo que no
porque al final las bonificaciones se están financiando con cotizaciones y no con impuestos y, por tanto, también revierte o no esa financiación en los flujos en el sistema- que esta situación de recesión pueda plantear lo que se llama la generación
perdida, es decir, esa horquilla de jóvenes que no encuentran ahora trabajo. Algunos están haciendo estudios complementarios y otros estiran su vida universitaria o de máster para estar ocupados, y si la situación se prolonga en el tiempo muchos de
ellos están abocados -esto está acreditado en la historia no de nuestro país sino en el derecho comparado- a desistir de intentar incorporarse en el futuro en un mercado de trabajo porque no creen que vayan a tener opciones, no creen que vayan a
tener oportunidades y creen que además hay gente que va superándoles en preparación. Incluso se produce el problema psicológico de una parte de estas personas a las que les ha pillado, justo en el momento en que tienen que incorporarse al mercado
laboral, el trágico mazazo de una destrucción de empleo que les impide incorporarse al mercado de trabajo.
A lo mejor habría que plantearse aquí alguna bonificación más específica, coyuntural, más fuerte que las que ya se contemplan para los
autónomos jóvenes. Tal vez habría que hacer un esfuerzo durante un par de años con el fin de intentar incentivar el autoempleo como fórmula para que los jóvenes que en este momento tienen unas duras expectativas de presente y de futuro pudieran
incorporarse a actividades de trabajo. Le he planteado esto porque ayer mismo leíamos unas declaraciones de la secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, en el sentido de que el Gobierno se estaba planteando, no para el presupuesto del año que
viene pero probablemente para el futuro, que incluso las políticas activas, las bonificaciones, puedan desaparecer. Me parece muy bien que ahora analicemos y debatamos todo, pero no estamos de acuerdo en esto, incluso, como le estoy exponiendo,
pero probablemente deberíamos poner el acento en el impulso de autoempleo, sobre todo a personas jóvenes, pero también a personas que han perdido el empleo y que tienen una difícil inserción por su edad y que a lo mejor como autónomos completan sus
vidas cotizantes, sus vidas laborales y pueden vadear situaciones en las que se les estén perjudicando sus prestaciones de vejez. Este es también un tema realmente importante.



Decía antes que usted ha puesto el dedo en la llaga al hablar de las aportaciones. El 83,5 por ciento cotiza por bases mínimas -ya hemos expuesto por qué-, pero hay un 41 por ciento de personas que perciben complementos a mínimos, que, por
cierto, el Estado sufraga en la parte menor y que se están pagando con las cotizaciones del resto, de todos nosotros, incluidos los autónomos que cotizan por encima de la mínima, incluidos


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los parados, los mileuristas, los jóvenes autónomos que empiezan una actividad; todos esos están financiando la mayor parte de los complementos a mínimos. Me parece muy bien que si el Estado quiere que haya justicia social y entiende que
las pensiones mínimas son bajas, las eleve, pero que lo pague con impuestos y no con el esfuerzo cotizante de un sistema que -¡ojo!- en el medio plazo, si este Pacto de Toledo no lo remedia, que estoy convencido de que lo remediará, va a tener
dificultades de sostenibilidad por la estructura poblacional y el envejecimiento de nuestro país, más allá de la coyuntura económica que podemos estar viviendo hoy. Esto me preocupa y también que la gente cuando cotiza a un sistema solo piense en
términos de vejez. Habrá que recordar a los autónomos que también existen las pensiones de incapacidad, que también están la muerte y la supervivencia, la orfandad, la viudedad, que hay situaciones que cubren aparte de lo que es estrictamente la
jubilación, y que muchas personas dejan a sus familias en desamparo por no haber tenido la previsión mínima que se debe tener.
Como antes exponía, ahí hay un amplio campo en el que todos debemos hacer una mayor pedagogía política.



Dicho esto, el tema que voy a plantearle ahora no se ha tratado y yo tengo sobre él mi punto de vista personal. ¿Está usted de acuerdo en que haya un límite de cotización a partir de los 50 años? ¿Está de acuerdo con que, elegida una base,
a partir de los 50 años, por razón de que el negocio, la actividad profesional o de autónomo entra en crisis, se le reducen sus ingresos y tiene que caer a la base de cotización mínima con más de 50 años, luego no pueda retornar a bases máximas?
Usted decía antes que hay que intentar que las aportaciones se aproximen a los ingresos. Puedo estar de acuerdo con esto, pero aquí tenemos que conciliar una difícil situación. Hay que equilibrar ese punto de vista, que puede ser razonable, la
capacidad económica real del sujeto cotizante con la cotización que efectúe, con el hecho de que no podamos tener unas cotizaciones tan bajas, unas pensiones mínimas complementadas y una situación como la que tenemos en el actual sistema. Ahí
debemos buscar un equilibro -no sé muy bien cómo-, porque este es un tema nuclear en el RETA, pero también habrá que resolver cuestiones nocivas. Pondré un ejemplo que puede ser tonto pero que me ha ocurrido en mi vida profesional de abogado. He
tenido que decirle a una persona: Tienes 61 años, te puedes jubilar anticipadamente porque has cotizado más años al régimen general que a autónomos; en el cómputo recíproco de cotizaciones te vence el régimen general, has cotizado antes de 1967,
así que te puedes jubilar ahora. Si cotizas dos años más a autónomos, te vence autónomos y tienes que esperar indefectiblemente a cumplir 65 años.
También en un momento determinado, por haber tenido un periodo de carencia no muy grande, por
ejemplo, mujeres que cotizaron, después han sido madres y luego se reincorporan a una edad tardía al mercado de trabajo, tienen un lapso de cotización de años no muy grande y no les interesa cotizar por bases superiores a la mínima porque, por mucho
esfuerzo que hagan, no van a llegar a la misma y la van a tener complementada. Por tanto, estamos disuadiendo que tengan un efecto positivo el esfuerzo y el sacrifico financiero que pudieran hacer estas personas. En lo de los 50 años hay un
problema, y es que mucha gente no se atreve a cotizar el máximo porque no sabe si durante esos quince años va a tener, por un lado, esa capacidad y, por otro, porque si cae, no va a poder revertir en su totalidad esa situación. Si el sistema
calcula bien los costes de cotización no debería afectar a la contributividad; esto es lo que le planteo.



Ya le he planteado bastantes cuestiones y usted también nos ha planteado unas cuantas que deberemos estudiar, sobre todo el accidente in itínere y la jubilación anticipada, así que, por último, solo quiero decirle que hemos formulado una
enmienda -no se cómo la verá, aunque imagino que bien- en relación con la venta ambulante. Ese colectivo se integró en autónomos, y hemos planteado en los Presupuestos Generales del Estado que se reduzca la base mínima al 36 por ciento cuando se
trabaja tres días a la semana o al 55 por ciento cuando se trabaja cuatro días a la semana y haya una reducción del 50 por ciento en la cotización. Me parece que esta es una demanda razonable de una parte del colectivo que probablemente usted
también representa, por el costo y el impacto que le ha implicado el cambio del sistema. Además, en una situación como en la que se encuentra el mercado, lógicamente, las ventas que estas personas puedan hacer en este momento en las ferias y
mercadillos ambulantes necesitan la protección y la ayuda que desde aquí estamos demandando.



Finalizo diciéndole que, según la prensa, me parece que debemos felicitarle porque hemos leído que OPA y UPTA han decidido cooperar en el futuro, y yo imagino que eso servirá para algo que es importante, que los interlocutores autónomos
vayan consolidando posiciones de fortaleza y sean cada vez más representativos. Bien presente está mi modesta opinión de que la mayor representación es la electiva, pero mientras esta no se produzca me parece que puede ser sano ir sumando las
asociaciones que concurren en el sector. Quiero volver a agradecerle su intervención y la aportación que nos ha proporcionado, que estudiaremos con rigor y detenimiento.



El señor PRESIDENTE: ¿Quiere contestar, señor Reyna? (Pausa.)


Señor secretario, tiene la palabra.



El señor SECRETARIO GENERAL DE LA UNIÓN DE PROFESIONALES Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS (UPTA) (Reyna Fernández): En primer lugar, muchas gracias, señor Azpiroz, por sus palabras, que como siempre en esta comparecencia tiene la oportunidad de
formular. Quiero comenzar por el final confirmándole que es así, que nuestra organización ha comenzado conversaciones ya definitivas con la organización


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OPA para alcanzar una integración definitiva que esperamos que se produzca dentro de unos meses y que sirva como referente a todas las organizaciones para conseguir la máxima unidad dentro de la diferencia.
Es decir, a veces la unicidad y
la unidad son evidentemente distintas, y probablemente un movimiento como el nuestro no pueda tener una única organización nunca, pero sí parece al menos necesario reforzar las que existen y, por lo tanto, hacer que haya los referentes más potentes
posible. En general, les puedo decir que coincido prácticamente con casi todas sus reflexiones. Hemos hablado bastantes veces sobre estos temas, y más allá de matices propios a la hora de articular medidas, creo que en el planteamiento general
coincidimos.



Nos parece imprescindible la recomendación específica en el acuerdo del Pacto de Toledo en el sentido de que entendemos que siempre se ha recogido el objetivo de la homologación de los sistemas y, por lo tanto, parece que ahora que estamos
más cerca es cuando habría que articularlo definitivamente indicando, como usted muy bien señalaba, que al menos el debate de las aportaciones, como un elemento de equilibrio, tiene que estar en el objetivo con independencia de que después se
articule de una u otra forma y a poder ser de la manera más equilibrada posible y teniendo en cuenta la situación específica del colectivo. Respecto a la necesidad de la pedagogía a la que hacía referencia, he de decir que es uno de nuestros
objetivos. ¿Qué nos ocurre con la pedagogía? Que hemos tenido hasta hace poco tiempo pocos elementos que trasladar. Es decir, era muy difícil explicar al colectivo de autónomos en las asambleas y reuniones lo positivo que tenía la cotización a la
Seguridad Social, porque había muchos elementos que hacían que se volviera en contra de las propias organizaciones la defensa del colectivo. Llegamos incluso a hacer una campaña -no sé si lo recordarán- con la Seguridad Social hasta en televisión y
en radio para intentar explicar sobre todo el accidente de trabajo y las nuevas medidas que se habían adoptado, y aquello empezó a servir, pero, sin duda, el trabajo tiene que continuar por parte de todos, como usted bien dice. La mejor pedagogía
la vinculo también al objetivo del aumento de la cotización voluntaria, la fase voluntaria -diríamos- de que se cotice por más tiempo. El elemento fundamental es el cambio que ha habido en el colectivo y que se ha producido cuando el colectivo ha
sido consciente de que puede acceder a prestaciones en situación de actividad laboral. La imagen de nuestro régimen de Seguridad Social de autónomos para el colectivo ha sido siempre, como mucho, la jubilación, es decir, no ha habido cultura ni de
accidentes de trabajo ni de incapacidad transitoria -siempre se ha dicho- y, de hecho, hasta que se hizo el cambio en el año 2003, hasta el decimoquinto día no se podía cobrar la incapacidad transitoria. Con lo cual a los quince días ya ningún
trabajador lo solicitaba. De hecho, hoy hay una realidad; no tengo datos, pero sí tengo contrastado -y así me lo indican muchos de los responsables de las mutuas de accidentes de trabajo- que el concepto de accidente de trabajo y autónomo es
inexistente en la mayoría de las mutuas. Es decir, aunque un autónomo se accidente, en la gran mayoría de las ocasiones ni se acuerda siquiera de si paga cuota de accidente de trabajo ni sabe en qué mutua está pagando. De hecho, las propias mutuas
nos lo están reconociendo. Es decir, a veces hay accidentes en los que se las llama y se las avisa de que se trata de un motorista suyo y el propio motorista ni siquiera sabía que estaba pagando la cuota. Por tanto, ¿dónde va a cambiar? Al final
la pedagogía tiene que basarse en los hechos. ¿Dónde van a cambiar esa información y esa cultura? Van a cambiar cuando realmente el boca a boca insista en que las prestaciones en situación de actividad son prestaciones que se reciben, que no
tienen trabas burocráticas, que realmente funcionan con normalidad, y es ahí donde creo que va a funcionar tanto la nueva cultura de Seguridad Social en los autónomos como sobre todo la valoración de que una cotización superior es una cotización
eficaz porque estas prestaciones se producen en vida. De hecho, hay una realidad, hoy podemos hablar del 83 por ciento en bases mínimas, pero hace muy poco tiempo teníamos que hablar del 97 ó 98 por ciento. Por tanto, ya ha habido un cambio
sustancial, precisamente como consecuencia de este proceso.



En cuanto a las bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social, coincido al cien por cien en que las bonificaciones de cuotas en el caso de autónomos jóvenes son fundamentales. Estoy de acuerdo con el mensaje dado por el Gobierno y por los
agentes sociales de que quizás hace falta un debate sobre qué hacer con la bolsa de 2.850 millones de euros de bonificaciones, si estamos haciéndolo bien, si no habría que articular sistemas más racionales o más integrales en la política de
bonificaciones. No voy a entrar en el debate en la medida en que tampoco conozco propuestas concretas al respecto, pero sí entiendo que se tenga que hacer un debate. Nosotros siempre defenderemos que las bonificaciones de cuotas a nuevos autónomos
jóvenes, particularmente mujeres, se mantengan, y lo digo fundamentalmente por una razón, y es porque de las medidas de promoción que se han articulado en los últimos años esta ha sido la más eficaz. Es decir, más de 200.000 jóvenes autónomos se
están beneficiando de la bonificación del 30 por ciento de la cuota en Seguridad Social. Al entender que ha sido eficaz y ha tenido resultados, sin embargo, desgraciadamente, por las circunstancias económicas, otras medidas no han tenido los mismos
efectos. Por ejemplo, el aumento hasta el 60 y luego hasta el 80 por ciento de los jóvenes para la capitalización del desempleo, que es una medida que hemos apoyado y que creemos que va a dar resultados, todavía no está produciendo resultados.

¿Por qué? Porque hay mucha desconfianza y mucha incertidumbre sobre comenzar una actividad económica. Sin embargo, la bonificación de cuota sí que está teniendo un resultado, por lo que las medidas que han demostrado una eficacia hay que
mantenerlas y aquellas que no han


sido eficaces serán las que se deberán cambiar. Estoy de


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acuerdo con ello y con todas las medidas que sean de promoción del autoempleo entre los jóvenes, porque esta crisis ha producido un problema o una especial característica en nuestro colectivo, que ha sido un colectivo acíclico, es decir, ha
crecido siempre, en momentos de crecimiento y en momentos de crisis siempre crece, con un crecimiento neto de unos 100.000 autónomos por año. ¿Qué ha ocurrido en este tiempo? Ya no solo que haya habido más bajas, sino que en términos netos no ha
habido incorporaciones; y me preocupa mucho más lo segundo. Lo primero es inevitable en una crisis económica, sobre todo en la construcción es prácticamente inevitable, más de 100.000 de los que se han dado de baja son de la construcción. Sin
embargo, donde está el efecto es en la falta de incorporaciones, y por tanto es ahí donde tenemos que centrarnos, por lo que medidas como estas son transcendentes e importantes.



Tenemos un número importante de pensionistas en complemento a mínimos, es evidente, y es algo que lógicamente tiene que vincularse con la cotización. Esto es algo inevitable, es decir, el debate tiene que ser integral, porque tenemos que
hacer un planteamiento integral. También debemos plantearnos la posibilidad de flexibilizar la cotización a partir de los 50 años. Tiene que haber un debate y es difícil separar un aspecto del otro, hay que verlo en su conjunto. Nosotros venimos
indicando a la Seguridad Social la necesidad de reestudiar la inflexibilidad actual de no poder cotizar por más de la base elegida primera a partir de los 50 años. Hemos conseguido algo que parece poco importante pero en términos económicos está
representando una cantidad importante, y es que se está aumentando el IPC correspondiente en la base de cotización, algo que antes ni siquiera se hacía, es decir, se elegía una base y ya había que quedarse en esa base y ni siquiera el IPC podía
afectar. Esto ya lo conseguimos en su momento y ya ha mejorado algo el sistema. Nosotros creemos que hay que flexibilizar esta posibilidad, bien sea por características concretas, en condiciones determinadas, como los ejemplos que se han puesto, o
bien sea dando una mayor capacidad de evolución. Es cierto y normal que haya que hacer números, porque lógicamente todos sabemos que lo que siempre ha querido la Seguridad Social -y nos parece razonable- es evitar que se compre pensión en el
concepto clásico, es decir, cotizo por la mínima y cuando llego a los 49 años paso a la máxima y con eso tengo derecho al mínimo de cotización. Esto es normal y razonable y hay que evitarlo. ¿Qué tenemos que hacer? Hacerlo en conjunto, de tal
manera que vayamos flexibilizando las bases de cotización previas y las posteriores. Con adelantar algunas bases de cotización superiores anteriormente, para poder acceder a unas bases de cotización superiores después y flexibilizar el sistema,
posiblemente mejoraríamos la cotización y, sobre todo, aseguraríamos que a todas aquellas personas que están en esas edades les vale la pena la cotización, no solo porque estén obligados sino porque les valga la pena.
Eso me parece importante sobre
todo porque no podemos olvidar una cuestión fundamental sobre la que no tenemos unos datos claros pero de la que creo que SS.SS. son conscientes. Se habla de que se ha subido del 20 al 25, 27 ó 28 por ciento la posible economía informal -no voy a
utilizar el término sumergida, no me gusta utilizarlo porque entiendo que la economía sumergida es una economía de fraude y la economía informal es una economía de supervivencia-, pero ese porcentaje está muy vinculado, por desgracia, a personas que
ejercen actividades independientes, y por lo tanto es un objetivo básico de todos que tengamos que regular sistemas de cotización eficaz, de cotización ágil para que ese ámbito de economía sumergida no se produzca. En ese contexto estamos de
acuerdo con su propuesta. En principio, con una posición prudente, nos conformábamos con la propuesta inicial del Gobierno de reducir al 55 por ciento la cotización al comercio ambulante para aquellos que tuvieran solamente tres mercadillos
semanales. Evidentemente, si se va al 36 por ciento y luego al 55 para cuatro, para nosotros mejor porque entendemos que el colectivo estaría más potenciado, pero en principio con el 55 por ciento el colectivo ya es consciente de que puede
articularlo mejor. Y no debemos olvidar que la cotización parcial o la reducción de las bonificaciones de cuota en el comercio ambulante y en la venta a domicilio están pensadas no solamente para mejorar la situación del colectivo sino también para
evitar la economía informal (El señor Azpiroz Villar: Por supuesto.), que es el objetivo básico. O sea que nuestra propuesta no venía dada por querer mejorar la condición de un colectivo corporativamente sino porque creemos que eso resuelve un
gran problema de economía informal. Hay que buscar fórmulas de cotización flexibles y posibles. Por lo tanto, en general, estoy de acuerdo con sus reflexiones y entiendo que debemos ir a una recomendación en esa línea en el conjunto del acuerdo
del Pacto de Toledo.



El señor PRESIDENTE: Don Manuel de la Rocha.



El señor DE LA ROCHA RUBÍ: Quiero empezar mi intervención saludando a don Sebastián Reyna y agradeciéndole muy sinceramente que una vez más esté aquí en el Congreso de los Diputados representando a su organización para exponernos el punto
de vista que tienen en este caso sobre el futuro de las pensiones en una reflexión y en una propuesta colectiva que tendremos que hacer en esta Comisión del Pacto de Toledo. Realmente ha mostrado usted no solo un conocimiento profundo del tema sino
también criterios flexibles y adecuables a la singularidad del colectivo de autónomos, a los problemas de la coyuntura e incluso a aspectos que sobrepasan la coyuntura, como esta última reflexión que nos acaba de hacer sobre la economía sumergida o
la economía informal que decía mi compañera.



Permítame dos buenas reflexiones previas antes de hacerle algunos comentarios más directos y algunas preguntas. Estas dos reflexiones son, la primera, que el


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sistema de Seguridad Social español goza de buena salud, de muy buena salud, podríamos decir. En un momento de crisis económica tan dura como el que estamos viviendo, en un momento de caída del empleo tan fuerte como el que estamos
sufriendo -también en el sector de autónomos-, las cuentas de la Seguridad Social siguen teniendo superávit. En el año 2008 fueron 14.000 millones de euros, en el año 2009 la previsión actual es que sean 7.000 millones de euros, el 0,7 por ciento
del PIB, y los Presupuestos Generales del Estado prevén que para el año 2010 haya todavía un superávit del 0,2 por ciento del PIB, de cerca de 3.000 millones de euros, junto al Fondo de Reserva, que tiene en este momento 59.000 millones de euros.
Digo esto porque hay voces que todavía siguen en el mercado político, juegan, actúan o se mueven en el mercado político levantando signos o guiños con dudas, negativos, discutibles, que a veces para algunos pueden ser deseos. Hay que decir aquí, en
esta Comisión donde está representada la soberanía popular, que el sistema público de pensiones español goza de buena salud. La segunda reflexión tiene también que ver con el Pacto de Toledo, con lo que significó y debe seguir significando el Pacto
de Toledo, el compromiso de todas las fuerzas políticas y sociales, también sindicatos y empresarios, por un modelo de Seguridad Social público, un modelo de Seguridad Social equilibrado y solidario, de reparto, y sostenible financieramente, que
vaya acompañado por un sistema complementario con una modalidad de planes de pensiones privados. Usted acaba de manifestarse a favor de él, el compañero señor Azpiroz también se ha manifestado a favor de él, pero no lo digo gratuitamente. Hace un
domingo, en un periódico de máxima difusión de nuestro país, en las páginas económicas venía un artículo del presidente del comité sobre el sistema de pensiones de un círculo empresarial en el que volvía una vez más a la cantinela de que hay que
cambiar el sistema para que sea viable, que hay que volver a un sistema de subsidios básicos, de mínimos, casi la antigua beneficencia -ni siquiera lord Beveridge cayó en una fórmula de ese tipo- para que luego haya un sistema obligatorio de planes
de pensiones públicos o privados, de capitalización. Mantengamos el sistema que tenemos, reformémoslo en lo que haya que reformar; adaptémoslo a lo que haya que adaptarlo, pero no nos dejemos llevar por cantos de sirena que en otros países no han
dado resultados. Los sistemas públicos mantienen las pensiones y sus garantías; los sistemas privados han tenido en el último año una caída de un 30 por ciento en las prestaciones que están dando porque están sujetos a eso que se llama mercados, y
los mercados no son controlados, en principio, por ningún poder político democrático.



Paso ya a su intervención, que me ha parecido, como he dicho al principio, enormemente interesante, sugestiva e ilustrada. Quiero decirle, en primer lugar, que tomamos nota, como también se ha dicho, de algunas de las reflexiones y
aportaciones que ha hecho sobre que hay que poner en práctica el régimen de jubilación anticipada para los trabajos autónomos penosos, peligrosos o tóxicos que está contemplado en el artículo 26.4, creo recordar, de la Ley del Estatuto del Trabajo
Autónomo, así como de sus reflexiones sobre la jubilación parcial, que no tienen hoy, como ha dicho usted literalmente, percha legal, que pueden suscitar algunos problemas, aunque no quiero entrar en ellos aquí ahora, sobre adónde podría llevarnos,
qué sistema de control podría haber para que fuera verdaderamente una jubilación parcial. En todo caso, son aspectos que antes o después habrá que abordar. También están el problema del accidente in itínere, que usted también ha apuntado, y el
problema de los riesgos laborales, sobre el que también nos ha indicado algunas líneas de avance y de reflexiones futuras que son interesantes.



Usted ya ha hecho una intervención complementaria a lo que se ha dicho sobre el problema de la proporcionalidad, que a mi grupo también le preocupa, que tiene que ver con la contributividad; contributividad y proporcionalidad. En el Pacto
de Toledo y en su renovación se hizo especial hincapié en que había que avanzar en el principio de contributividad, entre otras cosas, como un principio de sostenibilidad financiera del sistema, con una segunda cara, porque el principio de
contributividad tiene dos caras, una de ellas es que las cotizaciones se adecuen a los salarios reales de los trabajadores por cuenta ajena, digamos a los ingresos reales, en un modelo, como diría el maestro Romagnoli, relacionado con el derecho del
trabajo en su conjunto y no con el derecho del trabajo por cuenta ajena. La Seguridad Social debe estar vinculada con el derecho del trabajo en su conjunto. Las bases de cotización se adecuan a los ingresos reales y las prestaciones se adecuan a
esas bases de cotización. Contributividad y proporcionalidad. Como ha dicho usted, es verdad que el sistema del RETA se autofinancia, pero es una verdad a medias. El señor Azpiroz ha recordado cómo el 41 por ciento de las pensiones derivadas del
RETA siguen teniendo complementos a mínimos. En la intervención anterior, don Tomás Burgos lo ha recordado con más proyección; en el año 2000 era el 42 por ciento y ahora es el cuarenta y uno y pico por ciento, es decir, en nueve años, a pesar de
todas las mejoras que ha habido y a pesar de todo el esfuerzo colectivo del Estado, de distintos Gobiernos y de las organizaciones, no se mueve muy significativamente. Luego el sistema del RETA no es tan financieramente sostenible, sino que
necesita del complemento para mínimos en un porcentaje mucho más alto que el sistema general de pensiones. Esta es una reflexión que hacen ustedes y las otras organizaciones de autónomos y que todos tenemos que hacernos, complementado además -y lo
ha recordado usted- por la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo, que también recogía un principio que jurídicamente no es completamente prescriptivo -los juristas sabemos que el derecho debe ser prescriptivo, debe imponer modelos de
comportamiento-, pero que dice que la acción protectora del régimen público de Seguridad Social a los trabajadores


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autónomos tenderá a converger en aportaciones, derechos y prestaciones con el sistema para los trabajadores por cuenta ajena. El problema no es baladí -usted lo ha dicho-; el problema requiere pedagogía, y me alegro de lo que ha explicado
usted y de la línea en la que hay que ir. Porque esa es una clave central del futuro del sistema de pensiones de autónomos para que no siga siendo una carga, en este momento, para las pensiones del régimen general -o para los cotizantes, para ser
más rigurosos- del régimen general y, en un futuro, para el conjunto de los ciudadanos a través de los complementos a mínimos cuando haya separación de fuentes.
Sobre ese punto quería hacerle una pregunta acerca de cómo ve su organización una
posible cotización a la formación profesional de los autónomos. El sistema de formación profesional continua en España ha ido teniendo sucesivos acuerdos desde el año 1992, incorporando en determinado momento -creo que fue en el tercer acuerdo- a
los trabajadores autónomos a pesar de que no cotizaban. Eso siempre ha creado una duda de por qué los trabajadores autónomos, si ya se empiezan a beneficiar de manera importante, no cotizan a ese tema. Quería preguntarle cómo ve su organización
esa cuestión.



Hay dos cuestiones más que no han salido pero que se recogen en el documento que ustedes nos han aportado. Se lo agradezco a la UPTA porque he tenido así la posibilidad de hojearlo rápidamente y tiene un contenido sustantivo bastante
interesante. Una de ellas es el problema de la edad de jubilación. Como usted sabe, en esta Comisión están compareciendo no solo organizaciones sociales, empresariales, sindicales, ahora de autónomos, sino también expertos, profesores de
universidad y personas que han dicho y que tienen algo que decir y que aportar. Una de las líneas de reflexión -a veces de propuesta explícita- es que hay que alargar la edad de jubilación con dos opciones. Una de ellas es seguir el modelo alemán.
Usted sabe que Alemania hace unos años elevó la edad legal de jubilación hasta los 67 años. Hace poco ha salido en los medios de comunicación que Inglaterra está planteándose subir la edad legal a los 70 años. En otros casos se trata de buscar
fórmulas para ampliar no la edad legal sino la edad real de jubilación, que en nuestro país, siendo la edad legal ordinaria 65, es ya de 63,8 años, por tanto una edad muy aproximada. Quería saber qué opinión tiene su organización sobre este tema de
la edad de jubilación.



La última cuestión es el vidrioso o espinoso tema de la posible ampliación del cómputo del número de años de cotización para la fijación de la base de la pensión y luego aplicar otros elementos, cuestión que también algunos de los expertos
-no todos- se han planteado como una opción para hacer viable el sistema y que en todo caso puede tener consecuencias para dos niveles, uno para el sistema en su conjunto y otro para los futuros pensionistas. Algunos serían perjudicados, habría un
recorte en sus pensiones futuras, y otros podrían ser beneficiarios, sobre todo aquellos que en su última etapa de cotizantes, en su última etapa laboral, han pasado por situaciones de desempleo más o menos largas. También querría saber la opinión
de su organización sobre esto.



Muchas gracias, señor Reyna, por su presencia y por sus contestaciones.



El señor PRESIDENTE: Señor Reyna.



El señor SECRETARIO GENERAL DE LA UNIÓN DE PROFESIONALES Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS, UPTA (Reyna Fernández): En primer lugar hablaré de las coincidencias y después contestaré sobre algunas materias complejas para nuestro colectivo. Las
últimas preguntas son todas complejas para un colectivo de autónomos, que es un colectivo especial, y por lo tanto habría que analizar siempre las consecuencias de todas las medidas por separado, para algún colectivo concreto.



Respecto a la buena salud del sistema, no somos nosotros quienes podemos definir si es buena o no, son los datos de la Seguridad Social los que lo reflejan. Lo que sí le puedo garantizar es que nuestra organización traslada de forma
generalizada y habitual la información positiva de que el mejor sistema de pensiones y de protección para nuestro colectivo es el sistema público de pensiones. En ese sentido, apostamos claramente por la pedagogía de que el sistema público es el
mejor para los autónomos, en un colectivo en el que a veces han existido dudas en esa materia. Hay todavía situaciones relativamente curiosas -con esto no quiero decir que se cambien-, como que el colectivo de autónomos sea el único que sigue
manteniendo la exención en el IRPF por el pago de gastos médicos privados. Con esto no quiero decir que se cambie, quiero dejar clara constancia porque, evidentemente, el colectivo se beneficia de esa exención y eso es positivo, pero sé que se
mantiene porque todavía existe una vieja tradición, y es que parece que los autónomos no tienen derecho ni siquiera a la sanidad y por eso hay que mantener la exención en los seguros médicos privados. Esa es la cultura que ha quedado de lo que fue
nuestro sistema. Por tanto, trabajamos en la línea de informar a nuestro colectivo de esa situación de buena salud y de deseo de buena salud para el sistema en el futuro. Es verdad que nos preocupan mucho los cambios en el sistema, porque, como
antes he dicho, nuestro colectivo empieza ahora -entre comillas- a beneficiarse y por tanto es cuando tiene que comprometerse en el mantenimiento de los sistemas de protección, y lógicamente, nos preocupa que estemos en una situación económica en la
que pudiera haber marchas atrás inevitables por algún motivo en determinados ámbitos de protección. Hace tiempo, cuando empezaba la crisis y todavía no veíamos en toda su claridad el futuro, le decía al presidente del Gobierno: Ahora que hemos
conseguido el estatuto y que hemos dado una serie de pasos adelante, ahora que los autónomos entramos poco a poco en el Estado de bienestar, no vaya a ser que nos den con la puerta en las narices. En ese sentido, queremos apostar


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muy fuerte para que los sistemas de protección continúen y avancen para nuestro colectivo sobre la base del déficit histórico que ha tenido.
Evidentemente, entendemos que para el mantenimiento del sistema de Seguridad Social, tanto en el
régimen de autónomos como en el general, la mejor filosofía es el análisis permanente de su situación y una reforma de las medidas que se consideren oportunas, con consenso y con acuerdo, informando a los interesados sobre dichas modificaciones si
hubiera que adoptarlas. Una modificación importante, como hemos dicho antes, sería la de la contributividad. Creemos inevitable que en un momento dado, a partir de los acuerdos del Pacto de Toledo y de las mesas que se celebren, vayamos a una
fórmula de mayor contribución por parte del colectivo activo de trabajadores autónomos. Lo vemos inevitable. Deber ser así, porque además esa es nuestra contribución al sistema. Para que el sistema se mantenga, nosotros también tenemos que
aceptar reformas y una de esas reformas puede ir a bases diferenciadas. De hecho, el estatuto recoge la posibilidad de bases diferenciadas. Probablemente ir a ingresos reales sea complicado, ya no desde la perspectiva de la justicia del sistema,
sino desde la perspectiva de gestión. A veces ha habido comentarios de expertos en hacienda que dicen que si las bases de cotización tienen que ser las reales pueden bajar las declaraciones para que la base de cotización sea más baja. Son aspectos
que pueden derivar de una reforma, y hay que tener cuidado con todas esas medidas, pero sí se puede ir a bases de cotización diferenciadas vinculadas a los ingresos reales, por los motivos antes expuestos por usted, pero fundamentalmente por otro
que antes he expuesto, porque es más justo, porque hablamos de la escala por abajo y por arriba. Hoy nuestro colectivo no es el de antes; estamos hablando de autónomos jóvenes, estamos hablando de tiempo parcial, estamos hablando de nuevas
condiciones de trabajo. Hoy hay profesionales de los medios de comunicación que tienen que darse de alta como autónomos solamente para poder hacer una factura porque han hecho una entrevista a un político, por esa factura tienen que darse de alta
en la Seguridad Social y tienen que cotizar un mes por encima del precio de la misma. Eso está ocurriendo. ¿Por qué? Porque tenemos unas bases de cotización mínimas por encima del régimen general solamente por motivos recaudatorios. Entonces la
justicia no es solo que cotice más el que más ingresa, sino que no tengan que cotizar por encima de sus ingresos reales aquellos que están por debajo de esos ingresos reales, a lo que hoy por desgracia la realidad está obligando. Por tanto no es
solo por un motivo de contributividad sino también por un motivo de justicia en el colectivo y sobre todo por los más jóvenes en esta materia.



Una pregunta concreta se refiere a la cotización por formación profesional. En el informe hacemos una reflexión al respecto. No he hecho referencia en el planteamiento puesto que lo que hacemos es una reflexión sobre esa posibilidad. Yo
diferencio dos aspectos. Evidentemente el colectivo de autónomos debe progresivamente cotizar por los mismos conceptos -en la medida en que tenga una prestación equivalente- que cotiza cualquier otro trabajador y entiendo que la posibilidad de una
cotización por formación profesional es una opción que se puede estudiar perfectamente y se podría poner sobre la mesa sin ningún problema. Lo diferencio del debate sobre el derecho a la formación profesional, Ya sé que no estaba en su intervención
pero quiero dejarlo claro. Eso no quiere decir que mientras no haya cotización no haya derecho al acceso, por una razón muy sencilla, primero porque el derecho a la formación es universal, para todos los colectivos; segundo porque hay otros
colectivos muy importantes, por ejemplo en la Administración pública, que no cotizan por formación profesional y tienen derecho a ella -por tanto no hay diferencia con el nuestro- y tercero, porque hay una parte importante en nuestro colectivo en
formación profesional que está dentro de las prioridades del Fondo Social Europeo y con cofinanciación de dicho fondo.
Hay tres motivos suficientes para que el derecho esté claro y no haya duda al respecto, lo que no quiere decir que no se pueda
plantear.



¿Por qué no hemos querido definir -incluso aprovechando esta comparecencia- la posibilidad de valorar este tema? Primero por las circunstancias. Creo que todo lo que sea aumento de cotización debe estar entre paréntesis en este momento
coyuntural, al menos mientras veamos el proceso futuro de la situación, porque todo lo que sea forzar cotización en este momento es menor liquidez y por tanto dificultad. En ese sentido lo dejamos siempre entre paréntesis circunstancialmente. En
segundo lugar, porque tenemos otra ley, la del cese de actividad, que viene, y el Gobierno no lo ha recogido ahí a pesar de que había una propuesta y el informe de la comisión de expertos también lo propuso. Sin embargo el Gobierno no ha recogido
hasta ahora -nosotros lo hemos propuesto y yo estoy convencido de que SS.SS. serán sensibles y lo van a recoger- la posibilidad de que en el ámbito del sistema de cese por actividad se recoja algún tipo de cotización -o al menos de fondo dentro de
las reservas- para la reorientación al empleo de las personas autónomas que queden sin actividad, es decir que realmente haya unos recursos y que no baste con decir entro en actividad y cobro de la prestación, sino también me reoriento hacia el
trabajo, sea por cuenta ajena o bien por cuenta propia. Posiblemente es ahí donde también quepa discutir si debemos crear alguna cotización para este fin, y vincular a una sola idea cotización en formación profesional/reorientación. Como hay otro
proyecto de ley, en su momento veremos si podemos encajar ambas cosas.



La edad de la jubilación. En nuestro colectivo hay una dificultad especial y como siempre tenemos que intentar equilibrar y hacer justicia.
Evidentemente en nuestro colectivo hay mucho sector que podría perfectamente prolongar su edad de
jubilación, porque estamos hablando


de autónomos, estamos hablando de personas que ejercen


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su actividad, que tienen su negocio, comerciantes que están ejerciendo una actividad ordinaria con buenos resultados que podrían perfectamente alargar su vida laboral activa y de hecho lo hacen en muchas ocasiones, pero siempre que
equilibremos con algo muy importante como es el relevo generacional. Nosotros estamos en el objetivo básico -no ha sido motivo de esta comparecencia porque entiendo que es más de políticas activas, pero lógicamente está vinculado muchísimo a los
temas de Seguridad Social-, siempre y cuando seamos capaces de dar respuesta al problema del relevo generacional en determinados sectores tradicionales, y estoy pensando en la hostelería, en el comercio... Nosotros tenemos sectores de autónomos que
son completamente nuevos en su actividad profesional, pero también tenemos muchísimos sectores de autónomos absolutamente tradicionales -y no voy a hablar del sector agrario pues este tiene una problemática muy especial-. Sobre todo en el comercio
minorista el relevo generacional tiene que ser un elemento clave, particularmente en el ámbito rural. Entonces tendríamos que jugar a prolongar la edad de jubilación, que podría ser una opción perfectamente factible desde la perspectiva de nuestro
colectivo, siempre y cuando fuéramos capaces de articular fórmulas de jubilación parcial o de jubilación anticipada vinculadas al relevo generacional para que así los jóvenes tuvieran salidas. ¿Cuántos jóvenes se van de su pueblo sin quedarse en el
comercio de sus padres y tienen que venir a la ciudad porque el padre se va a quedar hasta los 68 años y el negocio solamente da para un sueldo? Ese sueldo puede ser del hijo si el padre puede tener una jubilación anticipada decente. Por tanto,
tenemos que meterlo en el paquete global del conjunto: anticipada, parcial y prolongación de la jubilación. Con ese juego se podría articular algún tipo de medida interesante, además vinculada a políticas activas y políticas económicas.



En cuanto al cambio de la base, primero tengo que decir que nosotros no tenemos números con respecto al régimen de autónomos. Es muy difícil hablar sin conocer las condiciones financieras. Tampoco están claros los datos reales o, por lo
menos nosotros en los análisis que lo hemos hecho no hemos visto. Hay quien calcula que pasar a toda la vida laboral podría suponer en torno a un 17 por ciento de pérdida, otros calculan que podría ser un 30 por ciento. No tenemos bases para que
nosotros, como organización, podamos tener una identificación del tema y mucho menos trasladado al régimen de autónomos. En este momento no hay ninguna base y creo que la única forma de tomar decisiones es con información, por tanto, lo mejor es
tener buena información. ¿Qué ocurre en el régimen de autónomos con respecto al periodo de cómputo? Tendríamos una situación doble, por un lado injusta en cuanto al sistema y por otro podría ser justa para una parte del colectivo. Injusta por un
problema que el señor Azpiroz planteaba de manera muy clara anteriormente. Durante mucho tiempo, por el modelo de sistema, ha habido mucho autónomo en base mínima que pasa no a base máxima pero sube su base justo cuando va a llegar a los 47, 48 ó
49 años. De hecho, hay una realidad y es simplemente reconocer algo que pasa. En la Seguridad Social todavía cuando vamos a darnos de alta nos preguntan la edad para aconsejarnos la base. Eso está ocurriendo. Nos preguntan ¿qué edad tiene usted?
32. Pues entonces póngase la mínima y ya veremos. 48. ¡Cuidado! Si usted tiene 48, póngase tal base porque entonces usted no va a poder subir hasta más. Todavía es una cultura que ocurre. A nosotros nos preocupa mucho la posibilidad de un
cambio en esta materia. ¿Por qué? Porque coge a todo un colectivo que en esa cultura ha estado cotizando por bases muy bajas y evidentemente podría afectarles un cambio de cálculo, porque cogería periodos de cotización muy baja, a pesar de que
luego han aumentado. Además, eso podría traer como consecuencia más gasto de complemento de mínimos. En ese sentido nos preocuparía por todo ese colectivo.



Hay sin embargo una parte del colectivo que nos indica permanentemente que quiere el cambio de periodo para la base reguladora, por una razón, porque nosotros hemos heredado mucho colectivo que tenía mejores condiciones de cotización que las
de ahora, porque eran trabajadores por cuenta ajena en grandes empresas y hoy son trabajadores autónomos. Están cotizando por bases muy bajas no por voluntad, sino porque sus ingresos no les permiten cotizar por más, pero han tenido bases de
cotización muy altas hasta hace muy poco tiempo en grandes empresas de este país. Ese colectivo cada vez se dirige más a nosotros y nos lo encontramos más. Por tanto, hay una parte de ese colectivo que nos pide que defendamos de alguna forma un
cambio en el periodo para que le coja precisamente aquel en el que cotizaba más o cotizaba más su empresa por él, porque hay mucho trabajador que viene del trabajo asalariado y que ahora es autónomo.
Estamos en esa situación y nos gustaría entrar
en el debate, analizarlo y ver números y datos. En el ámbito de Seguridad Social, por el bien del propio sistema, no debemos nunca negarnos a nada, sino simplemente dedicarnos a estudiar bien y profundamente cada una de las medidas que se plantean.
Por tanto, nuestro colectivo en ese sentido tendría una doble posición, pero está a la espera, porque entendemos que eso no es algo que pueda hacerse para el RETA sino para el conjunto y, en consecuencia, tendremos que verlo globalmente. Creo que
con esto más o menos contesto a sus preguntas.



El señor PRESIDENTE: Señor Reyna, su intervención ha sido muy interesante y se lo agradecemos infinitamente. Puede usted volver cuantas veces quiera, que aprenderemos mucho.



Se levanta la sesión.



Era la una y cincuenta minutos de la tarde.