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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 381, de 30/09/2009
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2009 IX Legislatura Núm. 381
MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y PESCA
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. DOÑA MARÍA ANTONIA TRUJILLO RINCÓN
Sesión núm. 26
celebrada el miércoles, 30 de septiembre de 2009
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Por la que se insta al Gobierno a que no autorice la instalación de aerogeneradores marinos en las áreas eólicas marinas de Trafalgar y arco Mediterráneo entre Tarifa y Cabo de Gata, en el Golfo de Cádiz, hasta que no hayan estudios
suficientes que garanticen que no habrá daños irreversibles para las rutas migratorias trófica y genética del atún rojo y de aves entre el Atlántico y el Mediterráneo, las almadrabas y la pesca en general de la zona. Presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000392.)... (Página 2)
- Sobre conservación y protección de la dehesa. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001073.)... (Página 4)
Página
- Sobre implicación del Gobierno en la defensa de las demandas del sector hortofrutícola español en las negociaciones bilaterales de la Unión Europea con Marruecos. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de
expediente 161/000927.)... (Página 6)
- Relativa a la necesidad de resolver la situación de inestabilidad jurídica en la que se encuentran núcleos urbanos singulares situados en la costa gallega a menos de cien metros desde el límite del litoral.
Presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001004.)... (Página 9)
- Relativa a la aplicación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, en el curso del río Fluvià. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/001071.)... (Página
11)
- Sobre el torneo del Toro de la Vega. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/000401.)... (Página 15)
- Sobre apoyo del Gobierno a la recuperación medioambiental en la provincia de León. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente 161/001101.)... (Página 19)
- Relativa a medidas para garantizar la actividad de la pesca del atún rojo por las almadrabas. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001160.)... (Página 21)
- Sobre la protección del ajo morado. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001195.)... (Página 24)
Se abre la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE NO AUTORICE LA INSTALACIÓN DE AEROGENERADORES MARINOS EN LAS ÁREAS EÓLICAS MARINAS DE TRAFALGAR Y ARCO MEDITERRÁNEO ENTRE TARIFA Y CABO DE GATA, EN EL GOLFO DE CÁDIZ, HASTA QUE NO HAYAN ESTUDIOS
SUFICIENTES QUE NO HABRÁ DAÑOS IRREVERSIBLES PARA LAS RUTAS MIGRATORIAS TRÓFICA Y GENÉTICA DEL ATÚN ROJO Y DE AVES ENTRE EL ATLÁNTICO Y EL MEDITERRÁNEO, LAS ALMADRABAS Y PESCA EN GENERAL DE LA ZONA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL CONGRESO.
(Número de expediente 161/000392.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a dar inicio a la sesión número 26 de la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, con el debate y votación de lo que aparece en el orden del día respectivo.
En primero lugar, empezamos por la defensa de la primera proposición no de ley, por la que se insta al Gobierno a que no autorice la instalación de aerogeneradores marinos en las áreas eólicas marinas de Trafalgar y Arco Mediterráneo entre
Tarifa y Cabo de Gata, en el Golfo de Cádiz, hasta que no se hayan hecho los estudios suficientes que garanticen que no habrá daños irreversibles para las rutas migratorias, trófica y genética del atún rojo y de aves entre el Atlántico y el
Mediterráneo, las almadrabas y la pesca en general de la zona.
Para su defensa, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Sánchez Ramos.
El señor SÁNCHEZ RAMOS: La provincia de Cádiz es una de las provincias españolas que más aerogeneradores eólicos terrestres tiene instalados, y respecto de los marinos existe un gran interés por parte de las distintas empresas porque el
viento marino es más fuerte y constante que el terrestre y lo consideran de mayor rentabilidad. También hay que decir que todavía no hay en España ningún parque eólico marino instalado. La ubicación donde se pretenden instalar estos nuevos parques
coincide con zonas donde se calan las almadrabas y, lógicamente, con la ruta de emigración trófica y genética del atún rojo. Esta coincidencia ha hecho que, almadraberos, y los pescadores en general, muestren su oposición ante el temor de la
incidencia negativa que estos generadores marinos pudieran tener en las almadrabas y la pesca en general. Este es un tema que ha sido de gran interés para el gobierno anterior del Partido Popular
y para el actual del Partido Socialista, que han mostrado su preocupación al respecto, porque no hay estudios suficientes que garanticen o demuestren la inocuidad o no de estas instalaciones. Lo primero que quiero decir es que el Partido
Popular no se opone al desarrollo de las energías renovables, ni tampoco a la instalación de parques eólicos marinos, pero lo que queremos y exigimos es que una vez instalados, sea con todas las garantías de que no se va a perjudicar, por la
importancia que tiene, la ruta migratoria del atún y de la pesca en determinadas zonas. Esta instalación puede representar una oportunidad importante o una amenaza para la fauna pesquera. Lo que queremos es garantía de que no van a sufrirse daños
irreversibles. Quiero decir que en esto estamos de acuerdo el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista y por ello hemos pactado una enmienda transaccional que recoge nuestra autoenmienda y una enmienda presentada por ellos.
Quiero decir también que en el estudio estratégico ambiental del litoral español para la instalación de los parques eólicos marinos se clasifican zonas como aptas, zonas como no aptas y zonas con condicionantes; pues bien, queremos que estos
estudios tengan que hacerse, y así se recoge en la enmienda, para todas las zonas. Todas las zonas deben hacer un estudio de impacto que garantice que las zonas migratorias del atún y las especies más importantes comerciales no van a sufrir
detrimento alguno por estas instalaciones. También quiero decir que el Instituto Español de Oceanografía dice que es muy importante que haya estudios disponibles, porque los que hay actualmente son muy limitados y no condicionan estas
instalaciones, pudiendo ocurrir que una empresa que quiera instalarse, haga sus trámites correspondientes y, ante la ausencia de estudios que indiquen el perjuicio que pueden sufrir las almadrabas y la pesca, se dé por hecho que no lo sufren, y eso
no puede ser porque no es así. Nosotros hemos pactado que haya que hacer estos estudios, pero sí nos gustaría que, por el Instituto Español de Oceanografía, se haga un estudio general de la migración trófica del atún, del conducto que ellos hacen
que, como sabemos todo el mundo, va costeando desde la costa atlántica y pasa al Mediterráneo a través del estrecho de Gibraltar. También queremos decir que estos estudios no deben recaer en una ONG, por muy cualificados que pudieran ser sus
investigadores y loables sus intenciones, ni que la opinión de un particular, de una persona cualquiera o importante, prevalezca sobre la de las instituciones; es decir, nosotros lo que hemos pactado es que todas las zonas aéreas eólicas marinas
que están establecidas en el Golfo de Cádiz se consideren como zonas con condicionante o limitaciones, con la manifiesta necesidad de que para llevar a cabo cualquier desarrollo eólico se deberán realizar los necesarios estudios durante la fase
previa y en la fase de desarrollo del proyecto piloto, que deberán tener en cuenta el impacto que pudieran producir sobre las rutas migratorias del atún rojo y de todas las especies de interés pesquero, comercial y de las aves marinas. En dichos
estudios, y esto es muy importante, su metodología, realización y estandarización deben ser supervisadas y contrastadas por la administración competente, y deberán extenderse a un ámbito geográfico necesariamente mucho más amplio que el propio área
de instalación de los parques eólicos marinos.
Resumiendo, el Partido Popular y el Grupo Socialista, estamos de acuerdo con esta instalación, pero queremos que haya garantías y los almadraberos y los representantes de los pescadores estén tranquilos de que estas instalaciones no van a
significar un problema y un perjuicio para la actividad a la que están dedicados. Felicitarnos por esta conjunción de ideas y de objetivos del Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista y pido al resto de los grupos que apoyen
esta proposición no de ley del Partido Popular.
La señora PRESIDENTA: Además de la autoenmienda de su grupo se ha presentado una enmienda por el Grupo Socialista. Para su defensa tiene la palabra el señor Callejón.
El señor CALLEJÓN BAENA: Efectivamente, ante la proposición no de ley del Grupo Popular y su propia autoenmienda y la enmienda presentada por el Grupo Socialista, hemos llegado a un acuerdo para proponer al resto de los grupos un nuevo
texto. Coincidimos con el Partido Popular, y creo que con el resto de los grupos, con la necesidad de que no se instale en ninguna zona en nuestro litoral ningún parque eólico marino si esta instalación va a producir daños irreversibles para rutas
migratorias del atún rojo u otras especies de interés entre el Atlántico y el Mediterráneo. También los gobiernos, el anterior y el actual, han mostrado su preocupación en estos aspectos considerando ya las almadrabas como zona de exclusión de
dichos parques. El Real Decreto 1028/2007, del 20 de julio, establece el procedimiento administrativo para la tramitación de solicitudes de instalaciones de generación eléctrica en el mar territorial. En cumplimiento de ese decreto, el pasado mes
de abril, los ministerios de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino e Industria y Turismo han aprobado el estudio estratégico ambiental del litoral cuya finalidad es acotar y definir las zonas aptas y no aptas para la instalación de parques eólicos
marinos; el llamado mapa eólico marino está suscrito mediante una resolución conjunta de la Secretaría General del Mar y de la Energía respectivamente. El objeto de este estudio es determinar la zona del dominio público marítimo terrestre que
reúne las condiciones favorables para la ubicación de instalaciones eólicas marinas. Para ello se han delimitado las zonas de exclusión y las zonas aptas. A su vez, para las zonas aptas se ha establecido una gradación para la implantación de
parques eólicos marinos en función de las condicionantes ambientales, por tanto, este mapa del litoral constituye un mecanismo preventivo de protección del medio ambiente frente a un futuro despliegue de parques eólicos en dicho medio marino. Con
carácter
previo a su aprobación, el estudio ha sido sometido a información pública así como al procedimiento previsto sobre evaluación de los efectos de terminados planes y programas sobre medio ambiente. La aprobación de este estudio va a permitir
el despliegue de la tecnología eólica marina en España garantizando la preservación del medio ambiente y suponiendo un paso más ante la apuesta por las energías renovables. El real decreto contempla un procedimiento en concurrencia para las
instalaciones eólicas marinas de potencia superior a 50 megavatios. La convocatoria de los concursos requiere la publicación previa de este estudio estratégico ambiental, que ya está aprobado, que determinará la zona apta.
Adicionalmente, es
preceptivo un documento de caracterización de dicha área, objeto de la solicitud que recoge las previsibles afecciones que la instalación de un potencial parque podría tener sobre el entorno que le rodea. Así, este documento de caracterización va a
suponer la recopilación de todo los informes emitidos por las instituciones afectadas en relación con las previsibles afecciones que la instalación de un potencial parque eólico podría tener sobre el entorno que le rodea.
Así, regula los efectos
sobre la actividad pesquera, sobre la flora y fauna, sobres las aves, sobre la navegación marítima, sobre el aérea, sobre los efectos sobre el turismo, sobre los efectos sobre las comunidades biológicas del fondo marino, sobre las playas; en fin,
una cantidad exhaustiva de todos los posibles efectos que puede causar sobre este entorno. Pero también, en el ámbito de los trabajos que esta comisión interministerial para la realización del estudio y estrategia ambiental, para la caracterización
del área eólica marina en el litoral español, la Secretaría General del Mar ha venido manifestando su preocupación por la necesidad de establecer las debidas precauciones respecto a estas áreas afectadas por las rutas de migración trófica y genética
del atún rojo, de paso entre el Atlántico y el Mediterráneo y viceversa. Sobre este aspecto, el compromiso trasciende la respuesta debida a los sectores profesionales afectando a las responsabilidades internacionales implicadas en la gestión del
stock Atlántico Oriental del atún rojo.
Por lo que respecta a la ubicación de las almadrabas como arte de pesca fija, la delimitación de zonas para el desarrollo de los parque eólicos marinos, la Secretaría General del Mar ha considerado, y así ha sido recogido en el estudio, como
zona de exclusión de instalación de parques eólicos marinos las áreas ocupadas por las almadrabas y su entorno. Pero también, ante la imposibilidad de cuantificar a priori con del nivel de conocimientos precisos las consecuencias de estos posibles
efectos de la instalación de los parques eólicos marinos, la Secretaría General del Mar solicitó al Instituto Español de Oceanografía un informe sobre la ubicación, la amplitud y zonas críticas de las rutas migratorias del atún rojo en nuestro
litoral y sobre los aspectos implicados en los posibles efectos que la instalación de estos parques pueda tener sobre la respuesta y comportamiento migratorio de dichas especies. Por lo tanto, en consecuencia de lo recogido en el informe emitido
por el Instituto Español de Oceanografía, se indicó a la comisión técnica que la zona de exclusión ya definida en el estudio estratégico ambiental, las áreas eólicas marinas establecidas en el ámbito del golfo de Cádiz, entre las que se encuentra el
área eólica marina de Trafalgar y el arco mediterráneo entre Tarifa y el cabo de Gata, deben considerarse como zonas con condicionante o limitaciones, es decir, con una manifiesta necesidad de que para llevar a cabo cualquier desarrollo eólico se
deberán realizar los necesarios estudios durante la fase previa y en la fase de desarrollo del proyecto piloto que deberán tener en cuenta el impacto que pudieran producir sobre las rutas migratorias del atún rojo.
En definitiva, creemos que está garantizada la protección de estos entornos, pero para poner claramente de manifiesto la preocupación de los diversos grupos, hemos aceptado negociar una enmienda que refuerce esta posición y, por lo tanto, la
trasladaremos a la Mesa para que así pueda someterse a votación, esperando que tenga el apoyo de los demás grupos.
- SOBRE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA DEHESA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001073.)
La señora PRESIDENTA: Entiendo que nos harán llegar a la Mesa la enmienda que se propone sobre la acción final. ¿Algún grupo desea fijar posición? (Pausa.) Ha habido una alteración del orden del día, y la proposición no de ley prevista en
el punto segundo pasa a ser debatida en el punto sexto y la prevista en el punto sexto pasa a ser debatida ahora en el punto segundo del orden del día. Por tanto, pasamos al debate de la proposición no de ley sobre conservación y protección de la
dehesa, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra el señor Oria.
El señor ORIA GALLOSO: Pedirle disculpas a la presidenta por la confusión que he originado antes, pero estaba un poco despistado. La culpa es mía.
La señora PRESIDENTA: Que conste en acta.
El señor ORIA GALLOSO: El pasado 5 de abril, la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Senado aprobó una moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y apoyada por todos los grupos políticos, para constituir una
ponencia en la que, participando el sector afectado por el ecosistema de la dehesa, se elaborase un informe que contribuyese a establecer medidas económicas y medioambientales desde la Unión Europea para la protección de este sistema tan singular,
además de impulsar junto a las comunidades autónomas la captación de recursos económicos para la investigación científica y la divulgación de medidas preventivas para frenar y erradicar enfermedades como la seca del quercus, que está originando la
degradación y desaparición de
grandes zonas de la dehesa, un espacio, la dehesa, que propicia importantes valores ambientales y una elevada biodiversidad. Previamente, miembros de la Comisión de Medio Ambiente del Senado visitaron dos fincas en la provincia de Huelva y,
posteriormente, miembros de esta Comisión del Congreso visitaron zonas adehesadas en la provincia de Sevilla. Hoy traemos a esta Comisión una proposición no de ley para seguir insistiendo en la necesidad de utilizar y captar los recursos,
instrumentos legislativos, administrativos y medios necesarios para la protección de la dehesa, un espacio que abarca territorios de la zona sur occidental de la península Ibérica, tanto en España como Portugal, repartidas en aproximadamente dos
millones y medio de hectáreas.
La gran importancia ecológica, económica, social y cultural de las dehesas justifica la necesidad de coordinación entre todos los sectores que utilizan la dehesa y territorios implicados, para su protección y mantenimiento, llámense
comunidades autónomas, Gobierno central o Unión Europea, donde sería necesario conseguir los instrumentos financieros necesarios para apoyar y mantener este ecosistema. Porque es un territorio que fija la población y procura su sustento y, sobre
todo, porque el abandono de las actividades productivas la hace más vulnerable a los incendios, a las plagas como la seca y a su degradación definitiva, y además, porque procura sustento, puede dar soporte a muchas actividades productivas para la
generación de recursos económicos como la ganadería extensiva, que genera un producto cárnico de alta calidad o la industria del corcho, de la madera, de las esencias, de la apicultura, del turismo rural o de la biomasa. Estos dos últimos
constituyen una importante generación de recursos económicos emergentes y son un modelo muy interesante para el desarrollo de una economía sostenible. Además, da lugar a la conservación de una rica biodiversidad, sirviendo de cobijo a nuestras
especias más amenazadas como el lince, el buitre negro o el águila imperial, e incluso da acogida a especies europeas como la grulla, y al desarrollo de un importante ecosistema, tanto como sumidero de CO2 como estabilizador de suelo, regulador
hídrico y, desde luego, como reserva de una gran diversidad y riqueza paisajística con grandes posibilidades para la práctica de actividades recreativas, lúdicas y turismo ecológico rural. En definitiva, constituyen una forma de convivencia
equilibrada entre distintas especies arbóreas y animales y de estas con el hombre. Con todo, penden una serie de amenazas sobre este territorio como puede ser una sobreexplotación, más industrial que sostenible, el exceso de carga ganadera pude ser
tan malo incluso para la dehesa como el abandono. En este sentido, parece necesario buscar una rentabilidad que guarde equilibrio con la sostenibilidad del propio territorio. Así, parece razonable abrir líneas de investigación que tengan siempre
muy presente ese equilibrio ecológico entre los productos de la dehesa y la actividad del hombre. Otra amenaza es una excesiva burocratización del manejo de la dehesa y su producto. No es posible que una misma normativa regule la manipulación
industrial de los productos que la manipulación artesanal de ese mismo producto. No se puede utilizar la misma normativa para fabricación de mermelada, quesos, compotas, que pueden tener una venta en el entorno y hacerla de manera artesanal y con
una comercialización corta en el tiempo que para la exportación de esos mismos productos, que necesitan más tiempo y otros condicionantes para su comercialización. No se puede utilizar la misma normativa para grandes cantidades que para el uso
local como pueden ser los mataderos industriales del cerdo y la matanza familiar. Del mismo modo, quizás la mayor amenaza viene dada por causas ajenas a su propio equilibrio que están alterando, de modo irreversible en algunos casos, como son la
falta de regeneración del arbolado y un fenómeno que está arrasando con encinas y alcornoques como es la seca, cuyo principal síntoma es un decaimiento lento de los árboles o, en otros casos, un decaimiento rápido seguido de la muerte del árbol en
semanas, lo que se conoce como muerte súbita, una enfermedad que afecta a todo el cuadrante suroccidental de la Península Ibérica y que se manifiesta de forma alarmante en los últimos 25 años en la quercinia. Es en estos productos artesanales donde
puede existir una economía sostenible desde el punto de vista económico para el entorno y su utilización como un producto turístico.
En base a todo lo dicho, parece necesario que, estando muy atentos a los resultados de la ponencia en el Senado, promovamos instrumentos legislativos y administrativos que sirvan de marco de coordinación y administración con las comunidades
autónomas para la protección y conservación de las dehesas, la investigación sobre el estado fitosanitario de las masas de quercinias, de forma general, y sobre las causas y soluciones de la seca del quercus en particular y gestionar ante la Unión
Europea la integración de la cobertura de sistemas agrícolas, herbícolas y pastoriles en los instrumentos financieros de desarrollo rural para garantizar la rentabilidad de las explotaciones forestales, cinegéticas y ganaderas. Y por último, y
termino, que se reconozca a nivel nacional y europeo la importancia ecológica y social de la dehesa, patrimonio natural de enorme valor, cuyo abandono y degradación puede producir desarraigo en la población que vive en esos espacios naturales, así
como elevar aún más los riesgos de incendio en las zonas adehesadas.
Dicho esto, el Partido Popular presentó una enmienda y hemos llegado a un acuerdo para hacer una transaccional que se incorpora como número 5.º a esta proposición no de ley y que le paso a la Mesa.
La señora PRESIDENTA: En efecto, se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Popular. El señor Lagares ¿desea hacer uso de la palabra?
El señor LAGARES FLORES: Las dehesas de encinas y alcornoques son conocidas a nivel nacional e internacional por su extraordinaria riqueza biológica, patrimonial y social. La importancia biológica es fundamental y se centra en que la
dehesa se convierte en zona de cría y
alimentación para especies animales en peligro de extinción en Europa y también en el mundo. Conservar la dehesa debe ser un objetivo prioritario si verdaderamente apostamos por la conservación de la naturaleza, y una obligación social al
tener que velar por mantener la actividad productiva en las zonas afectadas. Las principales características de las dehesas ponen de manifiesto una serie de problemas propios, la denominada seca del encinar se ha convertido hoy día en una amenaza
importante, particularmente en el suroeste de España donde afecta ya a un millón y medio de árboles y prácticamente 200.000 hectáreas. En un solo año, por poner un ejemplo, en la provincia de Huelva, se han cortado más de 25.000 árboles por este
motivo. Estas circunstancias han provocado, con el paso del tiempo, el deterioro del patrimonio natural, cuyos efectos se empiezan a notar, pero la dehesa además de su valor patrimonial también posee un alto valor social en zonas determinadas de
población rural, evitando su despoblamiento, generando riqueza y manteniendo un entorno medioambiental que se convierte en fundamental a la hora de la lucha contra el cambio climático. Por poner un ejemplo, en la provincia de Huelva, el sector del
cerdo ibérico crea unos 10.000 puestos de trabajo, en una zona como la sierra de Huelva en donde son importantes estos puestos de trabajo directos e indirectos, en las más de 4.000 explotaciones ganaderas que existen en Huelva. Este ejemplo de
importancia de la dehesa también es comparable en otras zonas y provincias del suroeste de España. Asimismo, abundan en la dehesa numerosas especies de carácter cinegético cuya caza origina significativos ingresos y facilita miles de jornales en la
zona en la que por desgracia éstos no abundan.
En definitiva, la importancia tanto biológica como social que en España tiene la superficie ocupada por el sistema de dehesado, hace que tengamos que abordar este debate con rigor y seriedad. El término de esta proviene del castellano de
defensa, y hoy por hoy la dehesa, por los motivos expuestos, necesita un compromiso real para su defensa. Como se ha dicho anteriormente, en este asunto hay que ser riguroso y serio, y así hemos emprendido el camino. Recientemente como ha dicho el
portavoz del PSOE, el diputado Oria, se ha creado y puesto en funcionamiento una ponencia en el Senado, en donde ya incluso se tienen señalados y propuestos los distintos comparecientes, y asimismo, en esta Cámara, se ha aceptado por los dos grupos
mayoritarios una enmienda transaccional que recoge, sin duda, la voluntad de los grupos políticos, pero también los intereses de los afectados reales por este problema de la dehesa. Estos son los retos de la realidad social, económica y medio
ambiental de la dehesa, a los que estamos obligados a dar respuesta y solución. Ya va siendo hora de que exista una firme voluntad política y administrativa ante la grave problemática de este ecosistema único en la península Ibérica.
La señora PRESIDENTA: En el trámite de fijación de posiciones, la señora Tarruella por Convergència i Unió.
La señora TARRUELLA TOMÀS: He pedido la palabra para felicitar, en primer lugar, al grupo proponente de esta proposición no de ley y agradecer que haya habido una transaccional, que lleguen a un acuerdo que facilite que podamos apoyar todos
esta proposición no de ley.
Los diputados que tuvimos ocasión de visitar una pequeña parte de la dehesa, la verdad es que nos sensibilizamos bastante con los problemas de esta zona y por eso quiero agradecerles la presentación de esta proposición no de ley. Pero al
mismo tiempo quería pedirles si en esa transaccional -aunque sé que no he llegado a tiempo y no lo he hecho en la forma que debería- me podrían aceptar una enmienda in voce en el punto 2. Donde ustedes piden que se investigue sobre el estado
fitosanitario de las masas de quercinias en forma general y de la seca del quercus de forma particular, les pido añadir 'y de la culebrilla', que todos ustedes saben que afecta muchísimo también en otras zonas de España además de en esta de la que
hablamos. Si fuera posible que lo pudieran incluir, nosotros votaríamos todavía de mayor grado y más a gusto esta proposición no de ley.
- SOBRE IMPLICACIÓN DEL GOBIERNO EN LA DEFENSA DE LAS DEMANDAS DEL SECTOR HORTOFRUTÍCOLA ESPAÑOL EN LAS NEGOCIACIONES BILATERALES DE LA UNIÓN EUROPEA CON MARRUECOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de
expediente 161/000927.)
La señora PRESIDENTA La enmienda in voce que se ha planteado por el Grupo Parlamentario Catalán ¿se acepta señor Oria? ¿Señor Lagares?, (Asentimiento.) Perfecto.
Pasamos entonces al debate de la proposición no de ley que aparece ya en el orden del día previsto, sobre implicación del Gobierno en la defensa de las demandas del sector hortofrutícola español en las negociaciones bilaterales de la Unión
Europea con Marruecos. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular y para su defensa tiene la palabra la señora Navarro.
La señora NAVARRO CRUZ: Efectivamente, desde el Partido Popular sabemos, es evidente, la importancia del sector de frutas y hortalizas en España, como también es evidente que es la base de la economía y del empleo en comunidades autónomas,
como por ejemplo la de Andalucía, la de Murcia, la de Canarias o la de Valencia. Sabemos también que en la actualidad se están renovando muchos de los acuerdos como consecuencia de la creación del área euromediterránea de libre comercio de 2010,
pero también sabemos que el actual acuerdo que ahora mismo hay con Marruecos en lo relativo a la exportación de tomate ya establece un estatus muy ventajoso para ese país, por lo que sostiene una evolución al alza en detrimento, lógicamente, del
mercado español. El contingente impuesto por la Unión Europea al tomate
de Marruecos se ha visto más o menos respetado hasta hace exactamente tres campañas pero en esas tres campañas se ha visto ampliamente sobrepasado y, por supuesto, se han detectado deficiencias en la aplicación del derecho de aduana,
deficiencias reconocidas por la comisaria europea y, por supuesto, bastante manifiestas. En los últimos años los agricultores españoles se están esforzando por escalonar su producción, así como también por hacer importantísimas inversiones en sus
negocios para adecuarse a las normativas europeas y, desde luego, para ser competitivos. Pero nada de esto vale si se aumentan las concesiones a Marruecos de forma considerable o si el Gobierno español no apuesta con contundencia por este sector.
En este momento, estamos próximos a la culminación de algunas negociaciones, y digo próximos si es que ya no están cerradas, porque nos encontrábamos en la provincia de Almería con las manifestaciones de un miembro del gabinete de la Secretaría
General del Medio Rural en las que decía que esas negociaciones estaban cerradas.
Esperamos que esto no sea así, esperamos que no estén cerradas y por supuesto estaremos bien pendientes de que así sea.
Por todo esto el Partido Popular trae esta proposición no de ley, porque creemos que este sector de producción español no puede soportar nuevas concesiones a Marruecos, porque creemos que es necesario un control exhaustivo en la importación,
basándose en un nuevo sistema de precios de entrada que debe exigir igualdad en el uso de los productos fitosanitarios para productores tanto de la Unión Europea como de fuera de la Unión Europea, porque creemos también que es fundamental un mayor
control de la importación que verifique el cumplimiento de la normativa comunitaria sobre higiene, sobre seguridad, alimentación, medioambiente etcétera, y porque con todo esto estaríamos defendiendo los productos hortofrutícolas almerienses,
murcianos, valencianos, canarios, español en general.
Nuestra proposición no de ley recoge además, literalmente, el acuerdo que el señor consejero de la Junta de Andalucía almeriense, el señor Martín Soler, firmó con otra serie de consejeros que pertenecían al Partido Popular. El señor Martín
Soler, que era el único miembro de los que firmaron ese acuerdo que pertenecía al Partido Socialista, se comprometía ante los almerienses a hacer una defensa absoluta de estas cuestiones a las que me refiero, y ese acuerdo recogía, punto a punto y
literalmente, todo lo que nosotros hoy traemos en nuestra proposición no de ley. No nos hemos inventado nada ni nos hemos sacado absolutamente nada de la manga, sencillamente hemos recogido un acuerdo que los consejeros de las comunidades
autónomas, a las que antes me refería, han firmado previamente. De hecho el señor Martín Soler, antiguo consejero de Agricultura en la comunidad andaluza, salió liderando y diciendo que había hecho una declaración en defensa del sector, por
supuesto, y en defensa del tomate. El partido Popular, sencillamente, se hace eco de que esto son necesidades, en el caso contrario estaríamos convirtiendo todo esto en puro teatro y nosotros no queremos eso, queremos que esto realmente llegue a
donde tiene que llegar, y que a los representantes del sector se les llame no solamente para hacer fotografías, sino también para defenderlo, y por supuesto, para negociar, no a sus espaldas, sino con conocimiento de las negociaciones que se hacen.
Creemos además que la iniciativa es muy oportuna y, desde luego entendiendo que la Unión Europea tiene su forma y su método para realizar su trabajo, también creemos que el señor consejero de Agricultura de aquél momento de la Junta de Andalucía
conocía cuál era el procedimiento, por tanto, entendemos, que lo hacía con ese conocimiento de causa y a eso nos remitimos. Desde el Partido Popular también creemos que esta es una magnífica oportunidad para que el Gobierno demuestre si realmente
está al lado de los agricultores españoles o bien está dispuesto a favorecer los intereses de Marruecos. Y no me gustaría que pasara esta oportunidad, para decir que se podría aprovechar muy bien la Presidencia de la Unión Europea, por parte del
Gobierno español, para presionar y poder conseguir un buen acuerdo, porque todo lo contrario haría pasar a la historia al Gobierno como aquél que permitió durante su presidencia el hundimiento de la agricultura española.
La señora PRESIDENTA: Se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Socialista, para su defensa tiene la palabra el señor Alonso.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Efectivamente, estamos debatiendo una iniciativa de una gran importancia política, puesto que va dirigida a un sector de gran importancia en nuestro país. Coincido con la proponente de la iniciativa en que es
oportuna su tramitación y su debate en este momento porque estamos en el último trámite de una negociación que se inició hace ya muchos meses, está a punto de culminarse, y por tanto consideramos, desde el Grupo socialista, que sería muy bueno que
aquí, en el Congreso de los Diputados, pudiéramos alcanzar un acuerdo en relación a fijar la posición española en una negociación que no hace España; afecta a España y a un sector muy importante, pero la hace la Unión Europea, que es quien negocia
con Marruecos, y que por tanto sería positivo, vuelvo a repetir, un acuerdo político que reforzara la posición española en defensa de un sector que consideramos clave para la economía de nuestro país.
No por conocidas voy a pasar por alto algunas cifras que creo que demuestran la relevancia de este sector económico. El sector del que estamos hablando, el sector hortofrutícola, representa el 36,4 por ciento de la producción agraria
española y nada más y nada menos que 60,3 por ciento del valor de la producción agrícola de nuestro país, por tanto, y sin duda, es el principal sector económico de la agricultura. Es un sector que ha conseguido producir en el año 2008, 26 millones
de toneladas de producto, 10,2 millones de frutas y 15,8 millones de hortalizas y patatas, y todo este conjunto de producto alcanza una facturación de 15.200 millones de euros. Es, por otra parte, un sector
muy dinámico con una gran vocación exportadora, en este momento España está exportando por valor de 8.500 millones de euros, es decir, que las exportaciones de frutas y hortalizas de España a otros países representan el 5 por ciento del
total de las exportaciones de nuestro país. Tiene un innegable valor social, hay más de 700.000 explotaciones en toda España y hay más de 100.000 personas ocupadas en los sectores de manipulación y envases. Yo creo que es un sector muy potente y
por tanto, con independencia del contenido literal del acuerdo definitivo, que no dudo que será positivo para los intereses españoles, hay que reconocer que el sector tiene potencia suficiente y tiene reconocido en todo el mundo esa capacidad para
modernizarse, para adaptarse a las situaciones cambiantes que ha habido en la Unión Europea en los últimos años, y yo creo que el sector hortofrutícola español ha sabido asumir con éxito los cambios que se han venido derivando de las modificaciones
en la política de Europa.
La última se ha producido con la reforma de la OCM de frutas y hortalizas aprobada en 2007. También se habló entonces de caos, de desastres, de desaparición del sector, pero el sector sigue siendo un sector muy potente,
ha asumido perfectamente el desacoplamiento de las ayudas a la transformación, ha mantenido las ayudas para la cofinanciación en los programas operativos como principal elemento de modernización del sector y en los sectores, podríamos decir, que
demuestran una cierta debilidad, la propia normativa europea ha establecido períodos transitorios de mantenimiento de ayudas acopladas, por ejemplo, al tomate o a los cítricos en los próximos 3 ó 2 años. Por tanto, y no lo digo por el tenor de su
intervención señora diputada del Partido Popular, creo que no conviene lanzar mensajes catastrofistas en sectores de éxito como es este sector, pues estoy absolutamente convencido que es un sector con mucho, con muchísimo futuro.
Bajando a la concreción de la PNL, que vuelvo a repetir que es oportuna, se concentra en analizar y, en definitiva, tratar de evitar los posibles efectos que sobre el sector de frutas y hortalizas pueden derivarse de la negociación de los
acuerdos que está desarrollando la Unión Europea con Marruecos, y por tanto entiendo que la sensibilidad, la preocupación que existe en España, y específicamente en Andalucía, en Murcia, en Valencia y en Canarias, justifican este tipo de
pronunciamientos que se han producido por las autoridades políticas de estas comunidades autónomas y los acuerdos que el sector ha asumido. Tengo la seguridad de que el Gobierno de España va a defender, como lo ha hecho siempre en esta etapa
política y también en las anteriores, a este sector clave de la economía española, pero creo que no es bueno engañar o confundir a los sectores afectados con determinadas mentiras. Por tanto, creo que habría que decir que las negociaciones que se
están haciendo con Marruecos van a resultar asumibles para la economía de nuestro país, y tienen que resultar asumibles para el sector de frutas y hortalizas, porque es un sector clave de nuestra economía, pero no es ni objetivo, ni razonable, ni
políticamente correcto decir: aceptamos la negociación, estamos de acuerdo con que exista una zona de libre cambio con el norte de África, estamos de acuerdo con que se tomen medidas para intentar mejorar los flujos migratorios con estos países, y
decir a continuación: vayan ustedes a negociar, pero negocien para que nada cambie. Esto no es razonable y, por lo tanto, creo que lo más lógico sería decir: negocien ustedes, alcancen un buen acuerdo y aseguren que el sector no sale perjudicado
de estas negociaciones.
Es evidente que la Unión Europea, en su conjunto, y el Consejo Europeo han tomado la decisión -esto es una decisión tomada, hasta ahora no he oído críticas por ningún sitio- de alcanzar una zona de libre cambio con esta zona del norte de
África en 2012; no es un objetivo al año 3000 ni al 4000, el acuerdo del Consejo es alcanzar una zona de libre cambio en el 2012, y esto creo que nadie lo discute, si alguien lo discute debería plantearlo. Desde mi punto de vista eso es algo
positivo, facilitaría los intercambios en doble sentido, en un sentido y en otro, mejoraría la situación de los flujos migratorios, colaboraría a desarrollar económicamente las zonas productoras de determinados productos y, desde mi punto de vista,
ayudaría a la democratización de esta zona. Como decíamos al principio, las negociaciones están en la última fase de negociación para la renovación del actual acuerdo, es decir, se ha avanzado mucho en este tiempo para un nuevo acuerdo. Por tanto
yo creo que, políticamente, hay que aceptar que habrá modificaciones sobre las condiciones actuales y, vuelvo a repetir, habrá que asegurar que las modificaciones que se introduzcan sean asumibles para el sector hortofrutícola de España.
En este sentido, reiterarles que el Grupo Socialista está básicamente de acuerdo con el conjunto de la proposición no de ley que ha planteado el Partido Popular; hemos introducido algunas enmiendas que son de matiz, que no confrontan en
absoluto con el objetivo que plantea la proposición del Partido Popular, y que, en definitiva, creemos que mejoran el texto.
El deseo del Grupo Socialista, con las conversaciones y las modificaciones que tengamos que hacer, es tratar de llegar a un
acuerdo con el Partido Popular, un acuerdo que permita, espero, la votación unánime de la Comisión en relación a un tema tan importante para el sector de frutas y hortalizas de nuestro país.
La señora PRESIDENTA: Señora Navarro, tiene la palabra sólo para decir si acepta o no la enmienda. No se trata de abrir un nuevo debate.
La señora NAVARRO CRUZ: Quiero agradecer la intervención y aceptamos parte de la enmienda. Ahora le trasladaremos cómo queda la enmienda aceptada.
La señora PRESIDENTA: Para la fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Perestelo tiene la palabra.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Brevemente para, en primer lugar, manifestar la satisfacción por la iniciativa presentada por el Grupo Popular y sobre todo
también por el consenso al que se ha llegado con el grupo que apoya al Gobierno, esto nos parece positivo. Desde Canarias siempre hemos defendido un nivel de desarrollo para los países de África, pero, indudablemente, tiene que ir conectado
también con la defensa de los intereses agrícolas de los territorios comunitarios. El acuerdo de cesión con Marruecos creo que ha producido un problema similar al que está en estos momentos ocurriendo en el sector platanero por el contingente de
producción que se puede autorizar a Marruecos. Si nos fijamos bien en el contingente, indudablemente se producen situaciones que pueden perjudicar al productor comunitario. Haría hincapié en el punto 6 de la iniciativa que plantea el Partido
Popular, el control fitosanitario de entrada de esas producciones en España, en la Unión Europea, y sobre todo también en el poder establecer criterios, también sociales y ambientales, que posibiliten la competitividad con nuestras producciones. Es
un tema muy importante porque en estos momentos, y por lo menos en el sector platanero, se está dando mucho desde ya, las multinacionales se están moviendo hacia estos países y si la Unión Europea no tiene contingentes establecidos se sigue
produciendo en esos países y no posibilitando el desarrollo equilibrado de esos territorios, que es lo que deseamos, con medidas de tipo asociativo como las que se están planteando. Por eso, vamos a votar favorablemente la iniciativa; bueno es que
exista consenso entre las dos fuerzas políticas mayoritarias a la hora de establecer una política común en la Unión Europea que permita afrontar y defender a los productores comunitarios.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Catalán tiene la palabra la señora Tarruella.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Simplemente manifestar el sentido de nuestro voto, que va a ser positivo a esta proposición no de ley. Para nosotros significa también muchísimo todo lo que sea control aduanero de todas las especies que entran
en nuestro país y, sobre todo, esta exigencia de reciprocidad en todo lo relativo a las condiciones de producción de terceros países. Lo hemos manifestado así, hemos hecho proposiciones no de ley anteriores en este sentido, y es por este motivo que
queremos una vez más ratificar aquí nuestro voto positivo a esta proposición no de ley del Partido Popular
- RELATIVA A LA NECESIDAD DE RESOLVER LA SITUACIÓN DE INESTABILIDAD JURÍDICA EN LA QUE SE ENCUENTRAN NÚCLEOS URBANOS SINGULARES SITUADOS EN LA COSTA GALLEGA A MENOS DE CIEN METROS DESDE EL LÍMITE DEL LITORAL.
PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001004.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la proposición no de ley que aparece en el punto 4 del orden del día, relativa a la necesidad de resolver la situación de inestabilidad jurídica en la que se encuentran núcleos urbanos singulares situados en
la costa gallega a menos de cien metros desde el límite del litoral.
Para su defensa tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Para defender nuestra proposición no de ley, que está motivada por una situación que aunque existe en más casos, no solamente en Galicia sino seguramente alguno más en la costa del resto del territorio del
Estado, motivada por diferentes errores cuando fue la tramitación de la Ley de Costas de 1988, se da en el caso concreto del Ayuntamiento de Marín y determinados núcleos de población a los que no les fue reconocido en su momento su característica de
núcleo urbano y, por lo tanto, están sometidos a una situación de inseguridad jurídica motivada por esta circunstancia. Estos núcleos son núcleos de población perfectamente urbanos, no solamente por tener todas las características que esto
conlleva, acceso rodado, suministro eléctrico, abastecimiento de aguas, etcétera, sino porque incluso, además de ser núcleos anteriores a esta ley, son núcleos históricos. Algunos se asentaron en este ayuntamiento ya en el siglo XII, porque fueron,
como en el caso de Mogor, asentamientos de la industria del salazón que generaron a su alrededor estos núcleos de población de una singularidad a proteger, y de hecho así están reconocidos como núcleos de protección. Pero al mismo tiempo de ser
núcleos protegidos, denominados Loira, Aguete, Tioira, Casas y Mogor, están afectados por la Ley de Costas que no permite edificaciones a menos de cien metros. Como digo, por errores administrativos en el trámite de la ley, no está considerado, en
los términos en que se recoge en la Ley de Costas, que para estos núcleos de población se reconocerían los 20 metros. Los afectados, los vecinos de estos núcleos de población llevan muchos años defendiendo su derecho de poder vivir en sus viviendas
con las máximas garantías, y en estos momentos esas garantías, como digo, son de una inseguridad tremenda, entre otras cosas porque hay más de 60 expedientes abiertos por modificaciones, por arreglos de estas viviendas.
Quiero recordar que en su
momento, en una respuesta oral en Pleno, la ministra de Medio Ambiente nos decía que en estas viviendas podían hacerse los arreglos correspondientes: arreglos de tejados, etcétera, pero el caso es que hay viviendas en que se hicieron arreglos de
tejados o cambios de ventanas y están expedientadas, y hay que tener en cuenta que son viviendas muy viejas y que además están cerca del mar, por lo que hay una corrosión de muchos de los materiales con que estas casas están hechas. Estamos
hablando de un problema serio, de un problema que se intenta arreglar por la vía del diálogo; en su momento la ministra se comprometió a dialogar con los vecinos y el ayuntamiento, y ese momento fue el mes de junio del año en curso, que planteaba
que en el mes de septiembre seguramente estaría este asunto resuelto, pero nos encontramos con que a estas alturas está el tema sin resolver, de ahí que la proposición no de ley que presentamos tenga no solamente
vigor, sino incluso urgencia por la situación de inseguridad y por los 60 expedientes abiertos.
Nosotros hemos presentado, en la medida en que la proposición no de ley que hicimos en su momento estaba relacionada con el desamparo en que quedaban estos vecinos, después de que el Gobierno recurriera al Tribunal Constitucional la Ley del
Suelo de Galicia, que trataba de dar solución a este problema, esta proposición no de ley precisamente para que el Gobierno retirara ese recurso y al mismo tiempo que negociara, como dije antes, con el ayuntamiento y los vecinos a fin de llegar a
acuerdos. El Gobierno no retiró el recurso, el Gobierno mantuvo un diálogo que no tuvo fruto ninguno porque no se llegó a ningún acuerdo, pero es que además no volvieron a reunirse las diferentes partes, y por lo tanto nosotros queremos instar al
Gobierno a ese diálogo. La autoenmienda que hacemos, señora presidenta, señorías, se debe a que, en la medida en que nuestra proposición no de ley es más generalista y motivada por las circunstancias que se daban en este momento, es voluntad de
nuestro grupo político procurar o conseguir un acuerdo que resuelva el problema de los vecinos de los núcleos de Marín, que es, desde nuestro punto de vista, el problema más acuciante en estos momentos. Si conseguimos alcanzar un acuerdo en la
dirección de resolver este problema, nosotros estaríamos dispuestos incluso a dejar para otro momento los otros puntos o aspectos que recoge nuestra proposición no de ley.
Para terminar mi intervención quiero decir que la enmienda que nos presenta el Grupo Socialista de sustitución de nuestra proposición no de ley, no podemos aceptarla, y sí planteo la posibilidad de llegar a acuerdos antes de que finalice
esta Comisión para que podamos votar alguna transacción. En este momento no está conseguido ningún acuerdo, ninguna posibilidad de transacción, pero no perdemos el ánimo de llegar a ese acuerdo antes de las votaciones; no sé lo que pretende el
Grupo Socialista, pero yo lo que planteo es que se nos permita poder continuar una negociación para tenerla ultimada a la hora de las votaciones, porque desde luego en este momento nosotros nos mantenemos en la propuesta inicial.
La señora PRESIDENTA: Tienen tiempo para negociar, porque el horario de votación está previsto no antes de las siete y media. Como además de la autoenmienda se han presentados dos enmiendas, más una por el Grupo Parlamentario Popular y
otra por el Grupo Socialista, en primer lugar por el Grupo Popular para defender la enmienda tiene la palabra la señora diputada.
La señora RAMALLO VÁZQUEZ: Señora presidenta, le doy las gracias a mi grupo por dejarme defender este tema, que llevo, desde otras responsabilidades, defendiendo desde su inicio. Yo creo que lo que se trata es de buscar alguna solución a
un problema que se arrastra desde hace muchos años, convirtiéndose en una novela ya de demasiados capítulos que se está haciendo interminable, si no fuera porque hablamos de afectados, de familias, de personas que se encuentran sumidos, por un error
de la Administración, en unas consecuencias que no son razonables, como son los núcleos de mi Ayuntamiento de Marín, Mogor, Aguete, Loira, Tioira y Casas. No parece razonable que los vecinos que pertenecen a estos núcleos se encuentren en una
situación de inseguridad jurídica, fruto de los errores que se cometieron desde las administraciones, y no voy a hacer repaso hacia atrás porque creo que es más conveniente mirar hacia delante, aunque llama la atención la alusión que se hace en el
texto de la PNL a que el Ayuntamiento de Marín, por razones que desconocemos, no alegó, cuando uno de los socios de aquel Gobierno fuese el grupo que hoy propone precisamente este texto. No parece razonable que se intentasen varias soluciones desde
la Xunta de Galicia y ninguna saliera adelante, aunque publicitariamente si no eres afectado pienses que este tema está más que solucionado. Ya no me ocuparé de soluciones anteriores, como el decreto también recurrido del anterior conselleiro de
Pesta, Enrique López Veiga, la revisión de oficio de las normas del plenamiento de Marín, que finalizó con un informe desfavorable del Consello Consultivo, o ahora la disposición adicional segunda, que modifica la Ley del Suelo de Galicia, que se
incluía en la Ley de Vivienda que el Parlamento de Galicia aprobó, y de cuyo recurso de inconstitucionalidad nos ocupamos hoy. Las culpas, una vez sucedido este fatal acontecimiento para el desenlace rápido que parecía que veíamos, empezaron a
cruzarse de un lado a otro del Padornelo, y lo que no parece razonable, insisto, es que un error genere esta incertidumbre, este punto muerto y esta forma poco seria de atacar un problema. Compartirán conmigo que el razonamiento siguiente es de
peso, los núcleos existen, estaban ahí en el siglo XIX, ligados a actividades pesqueras, industrias de salazón, barriada como es la de Mogor construida en el anterior régimen, en el año 63. Entenderán que no se pueda despachar este asunto diciendo
que tienen que garantizar y probar que existían con anterioridad al año 88, no parece razonable ni mucho menos operativo.
Entendemos que la Ley de Costas no ha conseguido muchos de los efectos que pretendía, más bien su aplicación no ha conseguido ser demasiado eficaz y este tema no tiene nada que ver con todo esto, se trata de asentamientos tradicionales en la
zona costera gallega, al igual que sucede en otros muchos lugares de España, y que en Galicia esta peculiaridad no está amparada desde un punto de vista de seguridad jurídica, y en consecuencia hay que buscarles una solución. La solución no puede
ser eterna ni apuntar una nueva cada vez que llega la presión vecinal, con ocurrencias que originen una vez más que no se solucione el problema. Desde el ministerio debe darse una solución al reconocimiento de estos núcleos, existentes antes de la
entrada en vigor de la Ley de Costas, teniendo en cuenta que en esta última solución que se apuntaba desde Galicia ha habido un escaso deseo de colaboración entre diferentes administraciones, y no hablo de la actual, sino del anterior Gobierno; en
palabras de la ex conselleira de Política
Territorial que tenía competencias en ordenación del territorio, apuntaba que Costas castiga a Marín, mi ayuntamiento, para evitar problemas en otras zonas, y ello contrasta con las declaraciones efectuadas a través de la interposición del
recurso donde Costas afirmaba, el 23 de abril de 2009, después de una reunión con mi alcalde y representantes afectados, que nunca pactó con la Xunta de Galicia la legalización de los núcleos de Marín, pidiendo el secretario general del Mar un mes
de plazo para plantear alguna solución. Esto sucedió en abril, el mes ha quedado ampliamente superado, es lo que pasa con los plazos, que hay que ponerlos hasta para incumplirlos, pero es necesario acotar -y de ahí el sentido de nuestra enmienda-
la manera posible de llagar a una solución a este problema.
La reacción de interponer este recurso llama poderosamente la atención, ya que al anterior responsable de la Xunta manifestaba su sorpresa y sostenía que fueron el propio ministerio y la Dirección General de Costas los que habían aportado
esta solución como única vía. El día 7 de mayo técnicos de Medio Ambiente acuden al Ayuntamiento de Marín para analizar esta situación, y el mes de junio era cuando Costas se había comprometido a tener una posible opción. Otra vez los plazos se
vuelven a incumplir.
He ahí el motivo de nuestra enmienda y de acotar de alguna manera estos plazos. Pero nosotros apoyamos este texto desde mi grupo, no sé cómo irá durante el transcurso de la Comisión -porque hasta las siete y media hay tiempo-
la posibilidad de llegar a un acuerdo, pero de todos modos existe un acuerdo plenario en el Ayuntamiento de Marín, apoyado por todos los grupos, existe una proposición no de ley en el Parlamento de Galicia apoyada por todos los grupos, y el nuevo
consellero de Medio Ambiente así se lo ha pedido a la ministra de Medio Ambiente. Por lo tanto, nuestro grupo va a apoyar este texto, si se acepta nuestra enmienda mejor, porque pondría un plazo, y si no se acepta la apoyaríamos igual, en aras de
esperar a que lleguen a una vía de acuerdos y entendimientos el grupo proponente y los demás.
La señora PRESIDENTA: Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Díaz Díaz.
El señor DÍAZ DÍAZ: Gracias, señora Ramallo, por su trabajada intervención, y gracias señora Fernández Davila, compañera y amiga, por su apasionada defensa de un problema que también hace tiempo compartimos.
En aras de que a estas alturas
de la tarde estamos buscando la solución al problema, es el diputado que les habla el que defiende la posición de su grupo. Para responder a la proposición no de ley original, a la enmienda y también a la propuesta del Grupo Parlamentario Popular,
yo les digo, porque vi el texto, que don Pablo Martín, diputado por Baleares de mi grupo parlamentario, tenía una muy buena y elaborada respuesta. El problema es que queremos buscar un acuerdo no en lo jurídico, no seguir discutiendo las formas,
sino buscar un acuerdo que sirva para que este problema no vuelva a esta Cámara y se resuelva positivamente para los vecinos afectados de Marín, y recuerdo a la señora diputada del Grupo Parlamentario Popular que en Galicia hay ayuntamientos en los
que no gobierna el Partido Socialista ni el BNG que tienen problemas semejantes.
No es un problema de color político, sino que es un problema que existe entre otras cuestiones porque hubo administraciones que en su momento hicieron dejación de sus
funciones en un sentido u otro, y porque en su momento también hubo vecinos que hicieron igualmente dejación de sus funciones pensando que el tema no iba con ellos, y ahora las cosas están así.
En el tema de Marín es cierto -y por eso estamos discutiéndolo- que existen núcleos ribereños -que ya se han citado aquí- que se sienten agraviados por la aplicación de la Ley de Costas. Según ellos, en la tramitación de esta ley hubo una
serie de errores cometidos en el pasado que hipotecan el futuro; errores que se refieren tanto a la clasificación de los terrenos en el instrumento urbanístico vigente en aquel momento como en el propio deslinde del tramo de costa que afecta a
estos núcleos.
En el proceso hubo también -y se dijo aquí- pasividad manifiesta del Gobierno municipal de entonces, que no impugnó el deslinde. Por ello hoy tenemos un problema, y para resolver la situación, por el procedimiento que consideramos
nosotros más rápido, menos costoso, proponemos una medida especial que pensamos debiera ser la base de una transacción.
Nosotros proponemos que se demande al Gobierno un nuevo deslinde al que puedan incorporar tanto el concello como los vecinos las
alegaciones e informes que estimen convenientes, e incluso permitir que en última instancia, y en caso de discrepancia, los tribunales determinen la anchura que ha de tener la zona de servidumbre de protección. Es la medida que nosotros
consideramos que permitiría resolver el problema con mayor celeridad y sin indefensión de ninguna de las partes, e incluso permitiendo -cosa que hoy no se permite- que cualquiera de las partes pueda recurrir a la vía judicial, a los tribunales si
considera que sus derechos no están plenamente reconocidos. Esperamos que esta propuesta se estudie y dé lugar a una solución positiva por la vía de la transacción.
La señora PRESIDENTA: ¿Desea alguien utilizar el turno de fijación de voto? (Pausa.)
- RELATIVA A LA APLICACIÓN DE LA LEY 22/1988, DE 28 DE JULIO, DE COSTAS EN EL CURSO DEL RÍO FLUVIÀ. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/001071.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la proposición no de ley que aparece en el punto quinto del orden del día, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), relativa a la aplicación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas en el curso del río Fluvià. Para su defensa tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió para defender esta proposición no de ley que hace referencia a un tema recurrente en esta Comisión, como es la fijación del
deslinde marítimo terrestre en aplicación de la llamada Ley de Costas, la Ley 22/1988, y concretamente del caso que afecta al río Fluvià y también a uno de sus afluentes, al Rec Sirvent, en la demarcación de Girona. Voy a fundar mi argumentación en
que el ministerio correspondiente a la Dirección General de Costas está haciendo una interpretación claramente expansiva de los criterios de delimitación de la zona marítimo-terrestre. Concretamente nos encontramos con la desembocadura del río
Fluvià, en una zona absolutamente agrícola, con propietarios que cultivan sus tierras básicamente en el ámbito de la agricultura, y que están viendo cómo la Dirección General de Costas está delimitando la zona marítimo-terrestre incluso 4 kilómetros
del recorrido del río Fluvià antes de su desembocadura. El quid de la cuestión, desde un punto de vista jurídico, es la presencia de agua salada en el lugar de la desembocadura, pero el ministerio habla de presencia de aguas salinas incluso 4
kilómetros antes de la desembocadura del río Fluvià, cuya realidad eventualmente afectaría a las zonas que hay a cada lado del río, quedando constreñidas en sus posibilidades de desarrollo, insisto, en el ámbito agrícola por aplicación de la Ley de
Costas.
Desde el grupo de CiU consideramos que la Dirección General de Costas no interpreta de forma ajustada el texto refundido de la Ley de Aguas, que traslada a nuestro marco legislativo la Directiva Marco de Aguas de la Unión Europea,
concretamente en el artículo 16 bis que les voy a leer muy brevemente. Dicho artículo, en su punto primero, segundo párrafo, dice -y esta es la discusión jurídica- son aguas de transición las masas de agua superficial próximas a la desembocadura de
los ríos que son parcialmente salinas, como consecuencia de su proximidad a las aguas costeras, pero que reciben una notable influencia de flujos de agua dulce. Pues bien, señorías, la expresión 'aquellas zonas que reciban una notable influencia de
flujos de agua dulce' es un concepto jurídico indeterminado, y requiere de una interpretación por parte de la Dirección General de Costas, pero, insisto en mi línea argumental, interpretar que kilómetros adentro de la desembocadura del río Fluvià
aún estamos ante una zona marítimo-terrestre es un verdadero atropello a la interpretación que nosotros consideramos auténtica: lo que consideramos supone el deslinde entre la zona marítimo-terrestre de lo que es competencia de el Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Medio Marítimo.
Consideramos finalmente que nos encontramos ante una evidente vulneración de las competencias que otras administraciones, el ayuntamiento, pero muy especialmente la Generalitat de Cataluña, y el órgano competente, que es la Agència Catalana
de l'Aigua, tiene sobre esta materia. Es por esto por lo que hemos planteado esta proposición no de ley que insta al Gobierno a la paralización del proceso de deslinde, por considerar que no se atiende en este proceso a los criterios objetivos ni a
la directiva europea sobre el particular. Es cierto que la paralización del deslinde tiene como objetivo entablar un diálogo entre los propietarios, las administraciones, el ayuntamiento y la Agència Catalana de l'Aigua. El Grupo Socialista nos
plantea una enmienda de sustitución que en su literalidad nosotros no aceptamos, pero creo, señora presidenta, que de aquí al final de la Comisión seremos capaces de llegar a una enmienda transaccional, que en todo caso haríamos llegar con la máxima
brevedad posible a la Mesa, en la línea de establecer este diálogo entre las partes afectadas, pero sobre todo reconocer la singularidad del río Fluvià, y que este concepto jurídico de los notables influjos de las aguas dulces y las aguas saladas en
ningún caso es aceptable que tenga un alcance hasta llegar a varios kilómetros de la costa.
La señora PRESIDENTA: Se han presentado tres enmiendas. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluya Verds la primera y segunda. Tiene la palabra el señor Herrera para su defensa.
El señor HERRERA TORRES: Estas enmiendas las presentó el señor Canet, y es el señor Canet quien viene realizando un trabajo sobre el tema, en este caso con la alcaldía de Sant Pere Pescador, y se presentaron con un objetivo. Sé que hay un
acuerdo, y me felicito por ello, pero con el objetivo de reclamar lo que se venía reclamando desde el mismo territorio, que el Congreso de los Diputados instase al Gobierno a archivar el procedimiento de deslinde del dominio público
marítimo-terrestre en el curso del río Fluvià y del Rec Sirvent, que está llevando a cabo la Dirección General de Costas, o a estimar las alegaciones presentadas por el ACA, la Agència Catalana de l'Aigua. Y lo digo porque -el señor Xuclà y los
diputados del territorio lo saben- este es un tema que se está trabajando desde hace tiempo sobre el territorio; que de hecho la Agència Catalana de l'Aigua, dependiente del departamento de Medio Ambiente del Govern de la Generalitat, también ha
hecho dichas alegaciones, y que lo que aquí se ha planteado, lo que planteamos nosotros, el señor Xuclà y lo que se plantea en el territorio es lo que se está trabajando, mucho y bien. Lo que hace falta ahora es que la Dirección General de Costas
actúe en consecuencia.
Lo que esperamos es que a partir de esta proposición no de ley y de la discusión este sea un instrumento más que se añada a la presión redoblada que se está haciendo por parte de todas las administraciones concernidas, y lo que esperamos es
que se llegue a una solución, tal y como nosotros deseamos.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista defiende su enmienda el señor Ferre.
El señor FERRE FONS: Señorías, nosotros hemos propuesto, como se ha comentado, una enmienda de sustitución en la línea de que no hacía falta la paralización para instar al acuerdo entre las instituciones implicadas, y subsanar si hace falta
cualquier error o discrepancia que pueda haber en el expediente de deslinde de los bienes de dominio público del río Fluvià y el Rec Sirvent. Me felicito porque hayamos podido llegar a esta transaccional y a este acuerdo, porque en definitiva vamos
a empujar todos para que se llegue a un acuerdo para que todo esto vaya mejor, y que la proposición no de ley que se plantea acabe, como ha dicho el diputado por Iniciativa, con un largo caminar de reivindicaciones tanto de Sant Pere Pescador como
de reclamaciones por parte de la Generalitat de Cataluña a través de la Agència Catalana de l'Aigua. Una propuesta de deslinde a la que se ha llegado fruto de unos resultados obtenidos después de un exhaustivo trabajo de campo, y que establecen
límites de separación entre aguas dulces y aguas de influencia mareal en 1,3 gramos por litro de concentración de sales. Para que nos hagamos una idea, en la desembocadura del Guadalquivir, que sería una zona parecida a esta, los límites alcanzaban
una proporción de 0,75. No obstante, entiendo que a pesar de la idoneidad y competencia de los trabajos realizados cabe la posibilidad de que concurran circunstancias excepcionales que alteren y modifiquen estos resultados. En este sentido me
consta que tanto el ayuntamiento de Sant Pere Pescador como la Agència Catalana de l'Aigua han presentado alegaciones al deslinde propuesto, y me consta también que hay la mejor disposición a llegar a acuerdos y trabajar para que la solución final
tenga el mayor consenso en el territorio y en las instituciones.
Por ello mi grupo se manifiesta abiertamente dispuesto a, en virtud de la singularidad de esta zona, colaborar para que se hagan todos los esfuerzos posibles y hacer compatible el planteamiento inicial establecido por la Dirección General de
Costas y las demandas de las instituciones locales y autonómicas. Porque si la controversia se plantea por instituciones como el ayuntamiento, la Agència Catalana de l'Aigua y en definitiva la Generalitat de Cataluña, es lógico y recomendable que
se llegue a este consenso. Distinto podría ser que la polémica fuera suscitada desde el ámbito privado, en el que se pondrían en cuestión intereses que, aunque legítimos, muchas veces son opuestos y resulta más difícil de encajar. Por tanto, si de
lo que se trata es de cumplir la ley, que además desarrolla un mandato constitucional expreso para determinar la zona de dominio público marítimo-terrestre, siendo imprescindible acometer el deslinde que nos permite conocer y delimitar los bienes
que lo integran, y todo ello con el meritorio propósito de reforzar la seguridad jurídica de los colindantes, defender la integridad y fragilidad de esta zona, proteger y conservar sus valores y virtualidades naturales, y conseguir un
aprovechamiento adecuado y racional de sus recursos, en definitiva con el objetivo de poder garantizar su uso y disfrute público, si se trata pues de todo esto, señoras y señores diputados, tiene que haber forzosamente un punto de encuentro entre
instituciones, como lo ha habido también entre los diputados de los grupos parlamentarios de esta Comisión.
Para mi grupo es prioritario trabajar para conciliar y armonizar los diferentes puntos de vista que puede haber entre las administraciones implicadas, me consta -como he comentado- que hay la mejor disposición para ello y el ministerio tiene
la sensibilidad necesaria para, en virtud de lo que establece la Ley 22/1988, de Costas, buscar la mejor solución instando a la cooperación y al entendimiento entre ayuntamiento, Agència Catalana de l'Aigua, Generalitat y ministerio. Porque en aras
de los principios más básicos del procedimiento administrativo, si se pretende que se atiendan las alegaciones y los planteamientos propuestos, sería incongruente paralizar, y menos archivar, el procedimiento de deslinde.
Además, si paralizamos
antes de resolver habrá que hacerlo más adelante, y para entonces nadie puede asegurar que exista una mejor coyuntura y una mejor disposición que la que hay en estos momentos. Y entenderán también que si cada vez que hay un conflicto, que por otro
lado es lógico en estas circunstancias, hay que paralizar o archivar, entraríamos en una dinámica perversa y negativa para el cumplimiento del interés público, y además la ejecución del deslinde se prolongaría interminablemente.
Me alegra que finalmente hayamos podido llegar a este acuerdo, sobre todo por la mejor disposición del señor Xuclà, porque al final de lo que se trata es de facilitar y de llegar a soluciones y no tanto de ganar o no ganar una proposición no
de ley.
La señora PRESIDENTA: Para la fijación de posiciones, ¿algún grupo desea intervenir? Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Gallego.
El señor GALLEGO BURGOS: Como han dicho el resto de portavoces sobre esta proposición no de ley y como dice el propio texto de la proposición no de ley, el pasado día 27 de febrero de 2009 el Servicio Provincial de Costas de Girona dictó
resolución sobre la notificación del acto de delimitación de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en los río Ter, Muga, Sirvent, Fluvià y en los términos municipales a los que hace referencia la proposición no de ley: Castell
d'Empurias, Torroella de Montgri, Torroella de Fluvià, Sant Pere Pescador, etcétera, en virtud de la aplicación de la Ley 22/1988, la famosa Ley de Costas. Dos meses después, el día 29 de abril, se realizaron los actos de apeo y colocación de
amojonamientos sobre el terreno de los expedientes del deslinde para mostrar las delimitaciones provisionales del dominio público marítimo-terrestre en el área de los ríos Fluvià y Sirvent, que es el ámbito
geográfico del que habla la proposición no de ley que nos ocupa.
No podemos olvidarnos tampoco del debate que se produjo en esta misma Comisión en el mes de marzo de este mismo año, en el que nuestro grupo, el Grupo Popular, se pronunciaba favorablemente en relación a una iniciativa en la que se
solicitaba paralizar el deslinde de la marina de Ampuria Brava. Y este debate es un debate similar pero no idéntico; la ley en sus artículos 3 y 5 contempla como bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal estas zonas de los ríos, si bien
deja un cierto margen a la interpretación. La ley dice literalmente: esta zona se extiende también por los márgenes de los ríos hasta el sitio donde se haga sensible el efecto de las mareas. Y este es el punto donde los ciudadanos de la zona y
las administraciones locales defienden que este entorno debería quedar fuera del ámbito de aplicación, ya que nunca en la historia reciente de la zona llegaron ni mareas ni olas ni nada que se le parezca, y así lo han manifestado en las alegaciones
presentadas los diferentes organismos, tanto los ayuntamientos como los particulares como la Agència Catalana de l'Aigua. Efectivamente desde nuestro grupo político pensamos que la Dirección General de Costas ha hecho en este caso una
interpretación expansiva de la norma. Estamos por tanto ante un caso diferente, donde la interpretación de esta norma está dando lugar a que se cree una situación problemática, conflictiva y que genera mucho malestar en el territorio. Estas
decisiones tienen una consecuencia directa sobre el medio ambiente, también unas consecuencias poco deseables en términos de efectos económicos y sociales en el territorio, y en ese sentido volvemos a repetir lo que dijo nuestro portavoz Carlos
Floriano en la Comisión en la que se debatió sobre la política de deslindes del Gobierno de España: tenemos que hacer las cosas bien. Y en este caso no entendemos que, con una interpretación exhaustiva de la ley, se tenga que convertir a
propietarios en usufructuarios por el hecho de que se interprete la ley de esta manera, tal y como se plantea por parte de la Dirección General de Costas.
A lo largo de los últimos meses nuestro grupo parlamentario ya ha explicado la política de deslindes en referencia a la manera de hacer las cosas que está llevando a cabo el Ministerio de Medio Ambiente, está trabajando con un estilo que
está generando graves problemas en todo el territorio nacional, hoy hablamos de la provincia de Girona, mañana hablaremos de otra provincia. Volvemos a recordar que desde nuestro punto de vista se está aplicando la ley desde la más absoluta
arbitrariedad.
Somos conscientes de que hay que terminar con el deslinde en todo el territorio nacional, pero no a cualquier precio. Por un lado tenemos claro que hay que actuar contundentemente contra todas las situaciones de ilegalidad
flagrante, contra todo lo que se construyó a sabiendas de que estaba en zona demanial, pero por otro, tenemos que romper una lanza y tener la valentía de manifestar que se puede abrir el debate de si se tiene que aplicar la Ley de Costas en estos
términos, tal y como se está planteando, o tenemos que modificar la ley para que tenga presente estas circunstancias tan ambiguas, de manera que se convierta en un instrumento que se aplique con más claridad, y no genere tantas dificultades como las
que está generando. Nuestro grupo ha manifestado en diferentes ocasiones que hay que proteger estas zonas, pero no podemos dar la sensación de que el Gobierno de España es un agente confiscatorio; quitarle la propiedad a una persona ha de estar
muy bien argumentado y muy bien avalado, y en ese sentido, para esta zona del territorio de la que hablamos, pensamos que la interpretación de la norma es algo ambigua y no pensamos que sea muy razonable el hecho de convertir a cientos de
propietarios en usufructuarios con esa interpretación tan especial de la ley.
En la costa catalana queda por deslindar mucho territorio, según los datos del propio ministerio a 30 de junio de 2009 queda por deslindar el 9 por ciento del territorio en Girona, un 12 por ciento del territorio en Barcelona, y un 2 por
ciento en Tarragona. Pocas provincias en España han completado su deslinde y sin duda la parte final de este trámite, que se ha demorado durante más de veinte años, es la más complicada y, señorías, con esta ley no vamos a resolver adecuadamente
los problemas que aun nos quedan pendientes. El Grupo Popular manifiesta que, mientras no haya voluntad de modificar la Ley de Costas o bien paralizar su aplicación en los términos en los que se está llevando a cabo la actividad, nosotros votaremos
a favor de paralizar cualquier procedimiento de deslinde en el que se están generando evidentes problemas sociales y económicos. Y este es el caso. También es verdad que entre los diferentes grupos políticos ha habido un debate, una negociación y
un acuerdo, y en ese sentido, en aras del consenso no le vamos a instar al ministerio a que haga las cosas con sensibilidad y escuchando al territorio y no practiquemos desde los grupos políticos la misma política. Nosotros también instamos a que
las partes se pongan de acuerdo, que se negocie en profundidad, que se tenga en consideración la singularidad del territorio, y por lo tanto, podremos votar a favor de la transaccional a la que se ha llegado con los grupos de Convergència i Unió y
con el Partido Socialista, en aras de más entendimiento, más debate, más acuerdo, más sentido común y más escuchar al territorio, que es en definitiva lo que nos gusta y lo que pensamos que es lo deseable. Espero que este acuerdo por unanimidad
ayude a los propietarios, que son los que lo están pasando mal, son las personas que están en el punto de mira, al poder perder mucho dinero y mucho patrimonio, y que este acuerdo al que llegamos ahora en esta Comisión no sea una excusa para que el
ministerio siga haciendo lo que hace; es decir, que este acuerdo sirva de verdad para arreglar esta situación que no se tenía que haber producido. El Grupo Popular está encantado, insisto, de presentarse para reformar la Ley de Costas; es un
instrumento algo mejorable para abordar el porcentaje de territorio que queda por deslindar en el territorio español.
- SOBRE EL TORNEO DEL TORO DE LA VEGA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/000401.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la defensa de la sexta proposición no de ley, sobre el torneo del Toro de la Vega, presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y para su
defensa tiene la palabra el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: No es la primera vez que en esta Cámara hablamos de un acto salvaje, porque las cosas hay que decirlas como son, un acto salvaje como es esa fiesta tradicional, teóricamente, que la llaman el Toro de la Vega, pero
que es, como decía, como digo y como reitero, un acto salvaje. Lo digo porque mi grupo parlamentario, y yo concretamente, en la legislatura pasada trajimos este tema a la Cámara, presentamos múltiples iniciativas y aún recuerdo que en varias
preguntas el Gobierno nos respondía simplemente que debía mantener en todo momento la legalidad vigente, que el torneo del Toro de la Vega había sido declarado fiesta de interés turístico por España, por una resolución del año 1980 y que simplemente
lo que hacía el Gobierno era cumplir con la ley. Año tras año, pese a ello, se producía el conocido como torneo del Toro de la Vega, y cada año atormentados veíamos una manifestación de un acto más que discutible. Es por eso que al inicio de esta
legislatura, mucho antes de que tuviésemos acontecimientos como el que pudimos ver por unas cámaras que filmaban esa fiesta de interés nacional, nuestro grupo parlamentario entregó la proposición no de ley que hoy vamos a discutir.
Nosotros
decíamos y decimos que esas fiestas de Tordesillas que se celebran en la segunda semana de septiembre, esas fiestas del famoso Toro de la Vega eran y son una de las mayores bestialidades que se producen en España -decirlo por su nombre está bien-, y
que bajo el escudo de lo que algunos llaman pomposamente como tradiciones, se permite que más de cien lanceros acosen a un animal por el campo dándole lanzazos hasta que el animal chorrea sangre, hasta que el animal acribillado se derrumba, y sin
fuerza, le dan la puntilla. Pero eso algunos decían que era una fiesta de interés turístico nacional, una fiesta que respetaba la tradición, una tradición que se remontaba al siglo XVIII. Y nosotros lo que decíamos es que no, que esa era una
tortura lenta, vociferante, tumultuosa, una sádica diversión, y que era un horror al que se llevaba a los niños para que aprendiesen, aún no sabemos exactamente el qué.
Como ustedes saben, el ayuntamiento otorga al ganador una insignia de oro y le obsequia con una lanza de hierro forjado, pero este año resulta que la salvajada no se ha podido celebrar porque simplemente el lanzazo no se lo dieron en medio
del campo, sino en pleno cemento. Digamos que lo que gratifica al lancero es poder matarlo en medio del campo y no en plena ciudad. Nosotros lamentamos que los años pasen y que mucha gente fuera de España vea cómo en España se producen fiestas de
este carácter sádico como el que nosotros describimos. Lamentamos que esta fiesta de interés turístico nacional se trate de un acto de tortura pública y de la muerte de un animal, y lo que pedimos es que se dé fin precisamente a uno de los actos
más crueles y más representativos de la tortura animal permitida.
Cierto es que muchos municipios han erradicado ya este tipo de barbaries, como carreras de gallos o tirar una cabra desde un campanario, pero lo cierto es que aún perviven en nuestra
sociedad este tipo de barbaries. La pregunta es hasta cuándo.
Aquí hemos tenido un gobierno que se amparaba en que esta era la legislación y que esta era la política en la comunidad de Castilla y León, pero lo cierto es que yo creo que este Congreso y esta Comisión lo que puede hacer es mantenerse al
margen de todo ello. Y por eso nosotros en esta proposición no de ley planteábamos tres cosas, en primer lugar una, y después dos autoenmiendas que incorporamos. La necesidad de mecanismos y desarrollos legales necesarios que eviten situaciones de
maltrato animal como el torneo de la Vega, y en segundo lugar, que se modificase el apartado undécimo de la orden del Ministerio de Turismo que declaraba las fiestas de interés turístico nacional, y que decía clarísimamente que no se podían declarar
como fiestas de interés turístico nacional aquellas donde procediese maltrato de animales o personas. Pues bien, esta orden aprobada en el año 2006 pretendemos que se aplique a esta lamentable fiesta y que por tanto no se pueda, como mínimo,
declarar como fiesta de interés turístico nacional o internacional a una fiesta que simplemente es un espectáculo de maltrato animal.
Tengo que decir que aquí ha habido varios intentos; de hecho el otro día en el Senado el grupo de la Entesa Catalana de Progrés presentaba una moción en la que se pedía esto, que no fuese declarada como fiesta de interés turístico nacional
y que se aplicase de la manera que les decía la Orden 1763/2006 del ministerio. Pero tengo que decir que lo que pasó en el Senado fue que la iniciativa no prosperó, que no se entendió que tocase, y lamentablemente no se avanzó en esta línea.
Quiero decir que hay que lamentar que, precisamente por las hipotecas respecto a festejos y festividades atávicas e incluso salvajes, esta Cámara no puede expresar una mínima sensibilidad con lo que es un claro maltrato animal. Y como teníamos este
precedente hemos optado por que finalmente consigamos, a partir de una proposición no de ley que habla del maltrato animal en el caso del Toro de la Vega, que este Congreso apruebe avanzar hacia algún lado.
Tengo que reconocer que nuestro grupo podría haber optado por decir que no, que se votase la proposición no de ley en sus términos, y yo sé que hubiese sido rechazada por los votos del Grupo Socialista y por los del Grupo Popular, pero creo
que es importante decir que en
esta Comisión hoy, si prospera la enmienda que hemos transaccionado, se vaya a aprobar que esta Comisión mandate al Gobierno que empiece a caminar en temas de maltrato animal, y que lo haga a instancia de una proposición no de ley que habla
del maltrato en el caso del Toro de la Vega. Lo digo porque tengo que anunciar que hemos pactado un texto, ya redactado, en el que decimos que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a crear, en el plazo de seis meses, un grupo de trabajo de
alto nivel en el que participen el Gobierno, las comunidades autónomas, los agentes sociales más representativos, las organizaciones ambientales más representativas, y los representantes de los diferentes grupos parlamentarios con un objeto:
proponer soluciones para evitar el maltrato animal y elaborar una ley de protección animal con este doble objeto, para garantizar que casos como estos no puedan volver a pasar. Yo tengo que celebrarlo, pese a que a mí me gustaría -también se lo
digo- que aquí consiguiésemos un mandato claro diciendo que lo del Toro de la Vega es lo que es, una salvajada.
Para acabar, señora presidenta, voy a leer una parte de un artículo que me gustó mucho, teóricamente desde una posición neutra, que aparecía en un periódico de tirada estatal el pasado domingo. En ese artículo Basilio Baltasar; nos
escribía sobre la ordenanza de aquellos que operan y que actúan en el torneo del Toro de la Vega, y nos leía esa orden que declara que el respeto de los lanceros por el toro pertenece al modo caballeresco del ser castellano, que el torneo examina el
estado anímico y físico de los vecinos, que el rito resume el modo de pensar de un pueblo, y que es de grandísima utilidad de todos y cada uno. Y advierte que nadie debe osar acudir al torneo en mal estado de ánimo, que el torneante se mostrará muy
cortés, evitando las malas formas y comportándose con humildad. No lo digo yo, lo decía Basilio Baltasar, he aquí el testimonio de una extraña ceremonia de expiación, pues es una intensa negación de la vivida verdad de los hechos cometidos que
supone forzosamente no tener conciencia de su significado, ya que precisamente para matar al toro se necesita asustarlo, acosarlo, alancearlo, desangrarlo y darle la última puñalada, y eso es imposible hacerlo con humildad.
Para acabar quiero decir que las ordenanzas del Toro de la Vega -digo lo que decía Basilio Baltasar-, no pretenden embellecer un festejo incompatible con las virtudes morales ni encubrir, con una retórica medievalizante, el sudor de las
camisetas manchadas de sangre. Las ordenanzas no son un embuste escrito para enmascarar la verdad, sino justamente el medio elegido para confesarla. Al enumerar los principios que nadie puede cumplir al prohibir la vejación del toro, la orden
admite lo que no puede poner por escrito, lo que falsamente ocurrirá. Acaba el texto diciendo: el texto desvela una rara especie de farsa sacramental, conscientes de la violencia que los posee, las gentes de Tordesillas hacen de su modesta
hecatombe una bufonada sangrienta. Eso es lo que es.
El ampuloso respeto al toro, pregonado antes de iniciar la persecución, les sirve de catarsis cómica.
Quiero acabar haciendo mías estas palabras, porque creo que el que cien lanceros persigan a un toro, que le den muerte como le dan y que se haga de una fiesta tan salvaje una fiesta de interés turístico nacional e internacional, cuando es
una fiesta de sadismo, es más que preocupante.
Espero que con este acuerdo empecemos a caminar. Voy a poner unas dosis de escepticismo en el acuerdo, porque todos somos conscientes de las comisiones que se crean y de los grupos de trabajo; es
decir, no las tengo todas en que el Gobierno empiece a caminar, pero creo que es importante decir que será la primera vez que en un país con escasa y limitada sensibilidad ante los derechos de los animales empecemos a hablar de protección animal en
el país que menos se protege.
Estas semanas todos habremos recibido muchos correos electrónicos en los que se dice que no se va a visitar más España. Pésima tarjeta de presentación aquella del país que alardea de un acto tan salvaje como el torneo del Toro de la Vega.
Espero que a partir de esta proposición no de ley empecemos a caminar, que el Gobierno empiece a hacer los deberes, y que la siguiente pregunta que le hagamos sobre el Toro de la Vega no se ampare en que esto es lo que hacen en Castilla y León para
empezar a caminar y hacer inviables fiestas tan salvajes como la del torneo del Toro de la Vega.
La señora PRESIDENTA: En relación con la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Alonso.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Con carácter previo he de decir que, después de una negociación y de la presentación de una enmienda por parte del Grupo Socialista, hemos llegado a un acuerdo con el grupo proponente en el sentido de trabajar y
comprometernos en el futuro en esta línea de evitar el maltrato a los animales en España.
Estamos ante una iniciativa que efectivamente despierta un gran interés ciudadano. Este diputado que habla en este momento, me figuro que al igual que muchos de ustedes, ha recibido cientos de correos electrónicos de ciudadanos interesados
por este tema que hoy estamos debatiendo. Y digo que despierta interés porque de los cientos de asuntos que se ven en el Congreso de los Diputados, muy pocos son los que despiertan ese interés que hace que ciudadanos de distintos orígenes se
dirijan a los diputados pidiéndoles la fijación de posición en un sentido o en otro.
Coincido con el señor diputado de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds en que este es un tema sobre el que algo hay que hacer, que
hay que responder al sentir de muchos ciudadanos, y el hacer algo va más allá de fijar posición y de votar a favor o en contra en función de lo que cada uno piense. También hay que decir, señor Herrera, que este es un debate al que muchos
ciudadanos se acercan desde posiciones muy beligerantes y de enfrentamiento.
Un debate que despierta pasiones, y este apasionamiento en la fijación de posiciones es lo que en ocasiones ha impedido que podamos avanzar en la dirección correcta, que no es otra que tomar posición política para evitar todo el maltrato que
se pueda a los animales.
Nosotros en este punto, y fijando la posición del Grupo Socialista, yendo al fondo del asunto, tenemos la posición política que ha quedado reflejada en nuestro programa electoral con el que el Partido Socialista concurrió a las elecciones, y
con el que obtuvimos la mayoría parlamentaria para gobernar este país. Por lo tanto, nosotros no estamos por dejar las cosas como están y tenemos por ello posición. Sabemos que en España se producen situaciones de maltrato evitable, y por eso
nuestro programa electoral de 2008 dice que se elaborará en esta legislatura una ley marco de protección animal, y nuestro programa electoral dice que se modificarán los artículos del Código Penal referidos al maltrato de los animales con objeto de
facilitar la ejecución de las sentencias y el cumplimiento de las condenas. Bien es verdad, señor Herrera, que cuando en este asunto uno se acerca a los casos concretos no se ve de la misma manera -sobre todo desde posiciones ideológicas- en la
cercanía del suceso que desde Madrid o Barcelona, y no digamos desde los distintos puntos desde los que tienen origen esos correos electrónicos que estamos recibiendo. Por tanto encontramos posicionamientos políticos muy divergentes en función del
sitio de donde se emita esa opinión. Por eso creo que nosotros en el Congreso de los Diputados, con la reflexión y con el análisis político, debemos ser prudentes en nuestro posicionamiento, con las cosas que decimos, sobre todo tratemos de no
herir susceptibilidades que tienen que ver con la historia, con los acervos culturales, patrimoniales, etcétera, y hagamos algo para avanzar en estos temas. De ahí nuestra enmienda, nuestra posición y finalmente el acuerdo que hemos alcanzado.
Porque creo que hemos de decirle a los ciudadanos de este país que en este momento, con la legislación que tenemos, con el ordenamiento jurídico que hay en nuestro país, la legislación española, que no establece una reserva constitucional en este
sentido para una legislación específica por parte del Estado, ha dejado abierto, y de hecho ha permitido legislar en base a los estatutos de autonomía, que este tema de la protección y bienestar animal es algo de competencia autonómica. Deben ser
las comunidades autónomas, y de hecho han sido las que han regulado, han legislado y han fijado en sus casos las autorizaciones y penalizaciones en relación a todos estos temas de maltrato animal.
Si estudiamos la legislación que tiene que ver con la autorización de espectáculos taurinos, también es algo de competencia autonómica, son las comunidades autónomas las que, en base a un reglamento de tipo nacional, establecen lo que son
los espectáculos taurinos populares y son las comunidades autónomas las que determinan los usos, costumbres, tradiciones, prohibiciones, sanciones, etcétera, cómo, cuándo y en qué condiciones tienen que desarrollarse este tipo de espectáculos. Por
tanto, hay un estrecho margen para la elaboración de una legislación estatal que pueda posicionarse en un conflicto que efectivamente existe, pero en el Grupo Socialista estamos convencidos de que hay que analizar ese margen que tenemos, y que hay
que avanzar para elaborar en España una ley de protección animal que evite situaciones de maltrato y que permita una legislación estatal que avance en esta línea.
Pero en este caso concreto que se ha planteado, y en otros que pudieran plantearse, hay que dejar claro a la ciudadanía que es la corporación municipal la que aprueba las bases reguladoras del ejercicio de las condiciones en que se celebra
ese tipo de espectáculos, en este caso un espectáculo taurino popular, y es la comunidad autónoma, en este caso concreto la Consejería de Presidencia del Gobierno de Castilla y León, la que ha autorizado y declarado este espectáculo como espectáculo
taurino tradicional, y por tanto se celebra en base a las autorizaciones que han realizado el ayuntamiento y la comunidad autónoma. Quien tenga objeciones a este tipo de autorizaciones debe ser en el ámbito municipal y autonómico -en este momento,
en tanto en cuanto no se elabore una legislación nueva- las instancias donde hay que presentar las reclamaciones oportunas.
Vuelvo a repetir que estamos en un tema complicado, que despierta pasiones, que desde nuestro punto de vista tiene una escasa y quizá no suficiente regulación o legislación estatal, y por tanto en esa línea hemos alcanzado un acuerdo con el
grupo proponente para instar al Gobierno a que constituya, en el plazo de seis meses, un grupo de trabajo de alto nivel donde participen el Gobierno, las comunidades autónomas, los agentes sociales más representativos interesados en esta
problemática, que puedan participar los grupos parlamentarios porque en definitiva la iniciativa es parlamentaria, y no queremos que sea un grupo de trabajo ajeno al conocimiento de este Parlamento, y que sea este grupo de trabajo de alto nivel el
que analice la diferente legislación española y que proponga y abra la vía de la elaboración de una ley de protección animal con la que creemos que podemos avanzar positivamente en esta materia. Mientras tanto tenemos una legislación que complica
la actuación gubernamental; los estatutos de nueva generación, señor Herrera, y específicamente el de Cataluña, avanzan aún más, si cabe, en la fijación de esta competencia autonómica, pero vuelvo a repetir que en el margen que tengamos vamos a
avanzar, vamos a hacer que funcione y se constituya inmediatamente este grupo de alto nivel, y esperemos que abra luz en esta problemática de evitar el maltrato animal, que creo que es una sensibilidad creciente en la sociedad española, una
sensibilidad creciente a la que los grupos parlamentarios debemos dar respuesta.
La señora PRESIDENTA: Para fijación de posición por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Perestelo.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: No pensábamos intervenir, pero la brillante intervención del señor
Herrera nos obliga a por lo menos felicitarlo por la iniciativa, por la propuesta de acuerdo y también nos tenemos que felicitar por el acuerdo alcanzado. Está claro que muchas veces creamos una comisión para que todo siga igual y corremos
el riesgo, en una comisión tan grande y tan extensa, de que no evolucione suficientemente en los objetivos que se planteaban en la iniciativa. En todo caso, somos conscientes de la capacidad legislativa de muchas comunidades autónomas y de las
competencias en esta materia. En Canarias hay una ley de protección de animales que prohíbe los espectáculos taurinos, pero mantenemos -al señor Herrera no le gustará- las peleas de gallos, que todavía están autorizadas. En todo caso,
independientemente de la transaccional, íbamos a votar favorablemente. Nos parece una buena transaccional, por supuesto, si se ponen los mecanismos para que funcione y en el plazo que se plantea se puedan conseguir los objetivos.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señor Chacón.
La señora CHACÓN GUITIÉRREZ: Señorías, tomo la palabra para posicionar a mi grupo, al Grupo Parlamentario Popular, en la iniciativa sobre el torneo del Toro de la Vega, presentada por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Ayer, tras pedir toda la documentación para que se me explicara en qué consistía el festejo del Toro de la Vega dicha documentación dista bastante de la exposición de motivos que ha hecho hoy el señor Herrera.
El Toro de la Vega es una fiesta declarada de interés turístico regional, es una tradición que se remonta al menos al siglo XVI. Se trata también del único festejo taurino que conserva la suerte de la lanza, introducida por los jinetes árabes
durante la dominación musulmana. Es un torneo de raíz medieval seguido por decenas de miles de espectadores en el que el toro puede resultar vencedor, como ha ocurrido en varias ocasiones, o por el contrario puede resultar vencido por una lanza.
Como todo torneo, el Toro de la Vega tiene su propio reglamento -y aquí ya se ha hecho mención por parte del Grupo Parlamentario Socialista-, el cual prohíbe utilizar cualquier tipo de vehículo en el campo, así el astado y el participante estarán en
igualdad de condiciones. Eso es lo que dice el reglamento que lo aprueba, que no esta diputada. El toro se defiende con sus armas naturales y el torneante, bien a pie o a caballo, se defenderá con una lanza. El torneo no dura más de treinta
minutos. La Junta de Castilla y León se apoya y defiende este acto como fiesta de interés turístico regional. Ya en el año 1966 la comisión de festejos del Ayuntamiento de Tordesillas, a la que también ha hecho mención el portavoz socialista,
elaboró un documento oficial en el que se manifestaba que las reses no sufrirán agresión de golpes o de heridas. En 1999 se elaboró una ordenanza que introdujo la figura de un puntillero profesional para que se encargara de sacrificar al animal en
caso de que este estuviera agonizado.
Señorías, no es la primera vez que diferentes organizaciones antitaurinas han solicitado la ilegalización del Toro de la Vega, de Tordesillas, siendo un debate recurrente todos los años en esta Cámara. La iniciativa que hoy se debate se
registró en el Congreso de los Diputados hace un año, justo tras la edición del torneo del año 2008. Lo que está muy claro es que esta fiesta está totalmente regulada y está amparada por la norma, algo que no podemos ni debemos olvidar. La norma
que legaliza la celebración del torneo de Tordesillas es de la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León y se trata del reglamento de espectáculos taurinos populares, pero es que también está amparado por la legislación estatal, orden
de 10 de mayo de 1982, por la que se regulan los espectáculos taurinos tradicionales, publicado en el BOE número 118, de 18 de mayo de ese año y rectificado posteriormente el 26 de mayo del mismo año. Además, existe justificación jurídica para la
celebración del torneo del Toro de la Vega, y leo literalmente: Constituye un patrimonio etnográfico a tenor del artículo 46 de la Ley de Patrimonio Histórico Español, de 25 de junio de 1985, según el cual forman parte del patrimonio histórico
español los bienes muebles e inmuebles y los conocimientos y actividades que son o han sido expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo español en sus aspectos materiales, sociales o espirituales. Visto esto, cabe pensar y decir que
esta iniciativa tendría que haberse debatido en otra Comisión y no en la de Medio Ambiente, pero no hay problema en que se debata aquí.
En definitiva, señorías, desde hace muchos años la Administración española viene otorgando la denominación honorífica de fiesta de interés turístico, bien nacional, regional o internacional, a toda una serie de eventos y acontecimientos
festivos como medida de promoción y difusión.
En las últimas décadas se han ido estableciendo toda una serie de normativas específicas para su realización, normativa establecida por las comunidades autónomas y por los ayuntamientos, trasponiendo y
cumpliendo la legislación tanto europea como española. Las fiestas de interés turístico cumplen con la normativa vigente habiendo desarrollado específicamente normas para el cuidado de personas y animales que participan en ellas. Puedo entender
que no comparta la normativa en vigor y que le gustaría que fuese otra, e incluso que la adecuación que se ha hecho a nivel regional de la normativa española o europea tampoco sea compartida por el grupo proponente, como lo pone de manifiesto con la
autoenmienda de adición que hace su grupo, enmienda de modificación de la Orden ITC 1763/2006, de 3 de mayo, en su punto undécimo, norma que mejoró una orden más antigua, la Orden ministerial de 19 de enero de 1979. Desde el año 2006 no se podrán
declarar fiestas de interés todos aquellos festejos que comporten maltrato a animales y personas, pero las fiestas anteriormente declaradas de interés siguen manteniendo su denominación.
Yo creo que en algún sitio hay que poner el tope.
Señoría, ayer, cuando estaba preparando esta iniciativa y comentándola con algunos compañeros de mi grupo, salió a colación otra fiesta arraigada, precisamente en su preciosa comunidad autónoma, en Cataluña, y visto desde mi perspectiva de
diputada malagueña -y, permítame, con otro punto de vista distinto al suyo en lo que a fiestas tradicionales se refiere-, es poco menos llamativo que en fiestas tan tradicionales como puedan ser los castellers en su comunidad autónoma, se trata de
una tradición histórica en Cataluña y consiste en construir castillos humanos donde los protagonistas más pequeños, los niños y las niñas, son los que coronan dichos castillos, con el riesgo que ello puede suponer para su integridad. (La señora
Tarruella Tomàs: ¡Qué vergüenza!) Claro, es que estamos hablando de integridades...
La señora PRESIDENTA: Señores diputados, por favor, no inicien un debate porque no voy a dar la palabra, así que seguimos con la fijación de posiciones.
La señora CHACÓN GUTIÉRREZ: Estamos hablando no solamente del cuidado de animales sino también de personas.
Señorías, mi grupo va a aceptar la enmienda de sustitución, una parte dispositiva nueva que propone el Grupo Socialista, porque entendemos que tenemos que hacer un grupo de trabajo en el que participen todos los agentes implicados y que
avancemos no solamente para proteger a los animales, que también, sino a las personas, que últimamente parece que las tenemos un poco olvidadas. (Varios señores diputados: ¡Muy bien! - La señora Tarruella Tomas: ¡Comparar eso con el maltrato a
animales!)
- SOBRE APOYO DEL GOBIERNO A LA RECUPERACIÓN MEDIOAMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE LEÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
(Número de expediente 161/001101.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la proposición no de ley que consta en el punto 7.º del orden del día, sobre apoyo del Gobierno a la recuperación medioambiental en la provincia de León, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Para su defensa tiene la palabra la señora Castellano.
La señora CASTELLANO RAMÓN: Señorías, la provincia de León, en concreto la comarca del Bierzo, a la que pertenece esta diputada, ha sido una de las mayores cuencas mineras de la Península que ha sufrido una importante reestructuración, ya
que en los últimos años se ha producido el cierre progresivo de las minas. El abandono de esta actividad de extracción mineral ha generado una severa afección ambiental y, como resultado, hay unas quinientas escombreras repartidas por toda la
comarca. Actualmente, podemos decir que tanto las administraciones públicas como las entidades sociales empiezan a comprender la necesidad de recuperar esas amplias zonas deterioradas con una seria degradación ambiental con el resultado de que esa
recuperación y su uso sostenible se ha convertido en un nuevo yacimiento de empleo que levanta una gran expectativa dentro de la población rural, ya que, tan importante como el impacto ambiental, el declive de la actividad minera está trayendo
consigo un fuerte impacto social de destrucción de puestos de trabajo que cobra especial gravedad en el contexto actual originando una falta de expectativas laborales que ocasiona emigración de la población, especialmente dentro del medio rural más
vulnerable. Es por esto por lo que presentamos esta iniciativa, que consta de tres puntos con tres objetivos bien definidos.
En el primer punto se insta al Gobierno a facilitar los medios para la realización de proyectos que, con el objeto de recuperar las escombreras abandonadas, llevan implícitos actuaciones medioambientales con vocación de permanecer en la
comarca. Cuando hablo de escombreras abandonadas no lo hago solamente de escombreras de minería de carbón, también hablo de las escombreras generadas por la pizarra, porque qué duda cabe que el problema es esencialmente el mismo y por lo tanto la
solución ha de valer para ambos tipos de escombrera. El objetivo es proteger la calidad medioambiental como condición indispensable para garantizar la salud y la calidad de vida y no solo el patrimonio natural sino también el económico y el
turístico.
El segundo punto insta al Gobierno a que estas actuaciones vayan acompañadas de medidas dirigidas a la generación de empleo a través de la formación y orientación profesional de personas interesadas en acceder a una potencial demanda de
empleo en el sector ambiental. Este punto tiene el objetivo de reducir el paro ocasionado por el abandono de la actividad minera en una comarca que tradicionalmente ha tenido unas altas cotas de empleo y en estos momentos, tristemente, se ve
afectada por una gran destrucción de puestos de trabajo, así como el desarrollo y fijación de población en el medio rural, un objetivo indispensable para el grupo al que represento.
El tercer punto dice que para ello se contemplen medidas de colaboración con las entidades locales de la comarca que muestren interés en este tipo de acciones mediante el establecimiento de los oportunos convenios. Este punto tiene el
objetivo de tejer una red de colaboración entre las instituciones. (El señor vicepresidente, Madero Jarabo, ocupa la Presidencia.)
En este sentido, y en la misma línea que la proposición no de ley, el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, ha apoyado la elaboración de un proyecto de activación social en colaboración con el Ayuntamiento de Igüeña y la
Fundación Ciudad de la Energía, con una subvención promovida por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, para la creación de una escuela-taller y un taller de empleo, con capacidad cada una de ellas para 40 alumnos y sus correspondientes planteles
educadores.
La inversión prevista para la creación de los dos módulos es del orden de un millón de euros, debiéndose renovar
la escuela-taller cada dos años y el taller de empleo anualmente.
Hemos recibido una enmienda del Grupo Popular proponiendo que esto tenga una partida presupuestaria. Hemos de decir que el ministerio ya está colaborando con diversas entidades que han mostrado interés en la creación de este tipo de
proyectos, está invirtiendo en este proyecto en concreto un millón de euros, pero, además en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2010 presentado ayer ya hay una partida que contempla estas actuaciones de conservación, recuperación
y restauración del medio natural dotada con un millón y medio de euros para la provincia de León, con lo cual, que se incluya en presupuestos carece de sentido, ya que de hecho está incluido. También quiero recordar que la Junta de Castilla y León
tiene competencias en esta materia y puesto que la proposición va a favor de crear una red de colaboración, esperamos también contar con la colaboración de la Junta de Castilla y León; ya que el ministerio ya ha mostrado su disposición, esperamos
poder contar con la misma disposición por parte de las entidades a las que corresponde.
El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Para la defensa de la enmienda a esta iniciativa, en nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor López Riesgo.
El señor LÓPEZ RIESGO: La verdad es que no me cabe la menor duda que la diputada que defiende esta proposición no de ley lo hace con buena voluntad y queriendo construir una iniciativa para las cuencas mineras del Bierzo. Lo que ocurre es
que hay que analizar un poco de dónde viene y, sobre todo, en qué escenario temporal se sitúa. En primer lugar, quisiera decirle que de su intervención no sé muy bien si una parte de la enmienda que presentamos ha sido aceptada o no, porque no hace
una alusión clara a que se refiera a las escombreras fruto de la minería y del carbón, pero, evidentemente, cuando se habla de que ha sido una de las cuencas mineras de la Península que ha sufrido una importante reestructuración en los últimos años
y del abandono de las actividades de extracción de mineral, solo en el caso de la minería del carbón ha ocurrido esto, no en el caso de la pizarra. Sin embargo, la problemática de las escombreras de pizarra es exactamente la misma, desde el punto
de vista medioambiental, que la de las escombreras mineras del carbón. Le rogaría, y no sé si procesalmente es posible o no, a la ponente que incluyera en alguna parte del texto -bien podría ser en el primer punto de la propuesta, que es facilitar
los medios para la realización de proyectos que, con objeto de recuperar las escombreras...- la alusión al carbón y a la pizarra, porque, señora Castellano, si lo deja usted redactado según está, evidentemente, solo hace alusión a la minería del
carbón. Por lo tanto si tal como me ha comentado antes admite usted la parte de la enmienda del Grupo Popular referente a que se incluyan las escombreras de pizarra, le agradecería que esa voluntad la plasmara en algo concreto que se viera en la
proposición no de ley, porque si no quedaríamos en el marco de las voluntades pero no de los hechos.
Una proposición no de ley que plantee una iniciativa respecto a la recuperación medioambiental de las escombreras en el Bierzo comprenderá que no puede sino obtener un apoyo del Grupo Popular, pero no es un apoyo convencido, sinceramente,
porque, como le decía al principio, no dudo que usted tenga esta voluntad. Lo que sí digo es que el Gobierno que ha tenido oportunidad durante mucho tiempo de llevar a cabo una actuación clara y decidida respecto a esta cuestión, no la ha hecho y
dudo que ahora mismo, y más en las circunstancias actuales, pretenda hacerlo. De hecho, la no admisión por parte del Grupo Socialista de nuestra primera parte de la enmienda, en la que proponemos que allí donde ustedes dicen 'facilitar los medios
para la realización de proyectos' diga 'habilitar las partidas presupuestarias para la elaboración de proyectos', deja entrever que de lo que estamos hablando es de una declaración de voluntad y de intenciones, pero no de un compromiso real con la
recuperación de las escombreras.
En cuanto a su comentario respecto a la preocupación de las administraciones y entidades sociales por la recuperación de escombreras, déjeme decirle con todo afecto, señora Castellano, que usted, en la exposición de motivos dice que
actualmente las administraciones y entidades sociales empiezan a comprender la necesidad de recuperar esas amplias zonas deterioradas. Yo saludo que el Grupo Socialista diga esto ahora, pero llega muy tarde. Le recuerdo que, por ejemplo, el
Ayuntamiento de Ponferrada, en el año 2002, fíjese, hace siete años, tomó una iniciativa de recuperación, que fue una retirada de una gran montaña de estériles de carbón situada en la ciudad que tenía cerca de 5 millones de toneladas de material y
que por cierto tuvo bastante resistencia y oposición por parte del Grupo Municipal Socialista. Hace siete años, por lo tanto, que otros gobiernos estamos trabajando en la recuperación y la eliminación de las escombreras de carbón. Evidentemente,
sorprende un poco que a mediados de 2009 el Grupo Socialista diga que actualmente empiezan a comprender la necesidad de recuperar estas amplias zonas.
Llegan tarde, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Ahora bien, respecto a la voluntad de
aportar recursos que no vemos en el texto de esta proposición no de ley, esa voluntad tampoco se comprueba con el cumplimiento de los plazos de los pagos respecto a los convenios Miner que se firman con la Junta de Castilla y León. En ese sentido,
quiero decirle que la Junta de Castilla y León, a la cual usted ha aludido en su intervención, ha desarrollado una serie de actuaciones, sin ir más allá, en los dos últimos años, que han sumado una cantidad entre el año 2007, 2008, más los proyectos
comprometidos y ya ejecutándose de 2009, de 2.446.797 euros de inversión en restauración y recuperación de escombreras de carbón, de los cuales muy buena parte de ellos estaban fijados en convenios con Miner y de los
cuales una mínima parte han sido abonados por parte del Gobierno de la nación, con lo cual aun lo comprometido tardan dos años en abonarlo. Esto dibuja un escenario de falta de compromiso del Gobierno de la nación respecto a esta iniciativa
que usted propone.
Nos lamentamos porque no quieran modificar en el texto 'facilitar los medios para la realización de proyectos' por 'habilitar las partidas presupuestarias'. No se preocupe, yo intentaré ayudarla en la elaboración de los presupuestos
presentando la enmienda correspondiente para que, a la sombra de esta proposición no de ley que ustedes presentan, podamos también habilitar la partida presupuestaria correspondiente en el presupuesto y que se haga por fin realidad un plan ambicioso
para la recuperación de esas escombreras. Insisto, y aquí sí le pediría que tuviera la generosidad de modificar en algún punto de la PNL el texto para que, explícitamente, se incorporen tanto las escombreras fruto del carbón como las de la pizarra.
Por último, y ya termino, en el tercer punto se alude a la colaboración con entidades locales de la comarca que muestren interés en este tipo de acciones. En ese sentido, la entidad que tiene capacidad económica para poder afrontar ese tipo
de colaboraciones es la Ciuden, evidentemente, que es la que tiene dinero para hacerlo, que también depende del Gobierno, como usted sabe, pero por otra parte estoy convencido que hay otras muchas entidades locales que estarían dispuestas a
colaborar en este proceso, muchos ayuntamientos, también el consejo comarcal y ayuntamientos de todo tipo y color político. Por lo tanto, espero que esa apertura, si es que al final se realiza algo concreto, de ayudas sea efectiva y sea teniendo en
cuenta las limitaciones que tienen los ayuntamientos para poder afrontar ese tipo de iniciativas, es decir, que no le pidan dinero a los ayuntamientos, que bastante tienen con lo que tienen encima. Vayan a resolverles los problemas a los
ayuntamientos, vayan a ayudar a los ayuntamientos a resolver estos problemas, pero les ruego que no les pidan esos recursos, y no estoy hablando de la capital de la comarca, que afortunadamente ha podido resolver, por sus propios medios y solos, ese
problema, pero el resto de los ayuntamientos no están en las mejores condiciones como para poder colaborar.
El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Pregunto a la señora Castellano, ¿admite la enmienda propuesta por el Grupo Parlamentario Popular?
La señora CASTELLANO RAMÓN: La enmienda en concreto del Grupo Popular es habilitar las partidas presupuestarias. La justificación es lo que habla de las pizarreras. Como no puedo admitir la justificación, no tengo ningún problema en
autoenmendarme e incluir tanto de carbón como de pizarra. El resto de la enmienda no está aceptada.
El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Aclarado, señora Castellano.
¿Algún grupo parlamentario quiere fijar posición? (Pausa.) Señor Perestelo, tiene la palabra.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Brevemente, deseo felicitar a la señora Castellano por la iniciativa. Creemos que no solo es buena esta experiencia en el Bierzo, en la provincia de León, sino en otros territorios donde hemos aprovechado lo
que nos da la tierra con actividades extractivas generando heridas en esos territorios, para que podamos establecer criterios de restauración medioambiental, que además en este caso pueden generar una actividad económica vinculada al empleo.
Por
eso entendemos que es muy positiva. Felicidades por la iniciativa, y por tanto la vamos a apoyar desde el Grupo Mixto.
- RELATIVA A MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA ACTIVIDAD DE LA PESCA DEL ATÚN ROJO POR LAS ALMADRABAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001160.)
El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Pasamos al punto 8.º, proposición no de ley relativa a medidas para garantizar la actividad de la pesca del atún rojo por las almadrabas, presentada por el Grupo Parlamentario Popular y en su nombre
tiene la palabra el señor Sánchez Ramos.
El señor SÁNCHEZ RAMOS: Cuando fue registrada esta proposición no de ley el pasado 30 de junio el sector pesquero de almadrabas y el sector artesanal que se dedican a la pesca del atún rojo estaban en plena campaña y con un problema muy
importante por la falta de cuota de atún rojo para terminar la campaña, que se desarrolla fundamentalmente en los meses de abril, mayo, junio, julio algunas veces, incluso se prolonga porque algunas almadrabas trabajan en septiembre con los atunes
de revés, que son los que salen del Mediterráneo después de desovar. Esta falta de cuota para la flota artesanal está relacionada directamente con la decisión más antisocial que se ha dado en nuestra etapa democrática en el sector pesquero, que es
la asignación individual de las cuotas de pesca de atún rojo, medida que no comparten ni pescadores ni sus organizaciones representativas como la Federación Nacional de Cofradías. Consecuencia de este sistema impuesto por el ministerio fue que
nuestros pescadores se vieron obligados a tener que dejar de pescar a mitad de campaña. En cuanto a las almadrabas, como arte de pesca pasivo y contradiciendo todas las valoraciones previas, casi pescaron su cuota a finales de mayo -se adelantaron
enormemente- y se dio la circunstancia que en unos días entraron más atunes de los previstos al copo, superando la cuota asignada. Además, la demanda de los almadraberos y la nuestra era que se les permitiera extraerlos con cargo a la cuota del año
siguiente, petición que no fue
atendida por el ministerio y hubo que dejar salir del copo a muchos atunes cuyo comportamiento tampoco sabíamos exactamente cuál iba a ser. La repercusión de estas medidas fue un perjuicio tanto para el almadrabero como para los
trabajadores, más de 400, que vieron mayoritariamente rescindidos sus contratos y tuvieron que dar por finalizada la campaña de pesca antes de lo previsto.
Quiero resaltar que la pesca por almadraba es la más artesanal, selectiva, ancestral y respetuosa con la especie y desde luego no se les puede culpar de esquilmar a la especie como pueden hacer pesqueros con gran capacidad extractiva y menos
controlable. Desde el Grupo Parlamentario Popular consideramos que la mejor manera de garantizar el futuro de la pesquería de atún rojo es respetando las recomendaciones -como no podía ser de otra manera- del Iccat, pero también teniendo en cuenta
el carácter estacional que permite que, sin alterar el total admisible de captura (TAC) para el periodo de recuperación, se puedan modificar las cuotas previstas para la campaña. Esta modificación tienen precedentes en la propia Comisión Europea,
que ha permitido que determinadas cuotas de pesca se puedan autorizar se forma plurianual, lo que permitiría que el excedente de atún que está en el copo pueda considerarse como parte de la cuota del ejercicio siguiente. Esto permitiría que la
duración de la campaña almadrabera pueda culminarse en el tiempo previsto por la importancia social para los muchos trabajadores que necesita y lo mismo para la pequeña flota artesanal que quedaría varada. La pesca artesanal no puede perderse y
esto ocurre si pierde su actividad, por lo que hay que favorecer su mantenimiento. Debe haber un equilibrio entre la preservación de la especie y las medidas socioeconómicas del sector para garantizar también el mantenimiento y la actividad durante
el periodo de campaña de esta pesquería. Esto lo recogemos en la enmienda transaccional que hemos pactado con el Grupo Socialista.
En España, por dar una idea de lo que pueden significar las almadrabas y lo que puede significar el esfuerzo de pesqueros de atún, hay 6 atuneros, las almadrabas, las artesanales y los cañeros, y si en España hay 60 atuneros, en Francia hay
30, en Italia, 40 y todos tienen la misma cuota.
Es decir, si en España con 6 barcos se pesca la cuota que España tiene, ¿cómo puede haber 30 barcos en Francia y 40 en Italia, que están pescando sobrepasando la cuota permitida y esquilmando el
caladero? Lo que sí puedo decir es que en España se controla perfectamente y se cumple taxativamente con la cuota asignada. Lo que le faltaba al atún rojo es que se pretenda prohibir su comercialización para preservar la especie y que pretendan
incluirla en la Cites como si fuera una especie de difícil recuperación. Nos parece exagerada la propuesta ya que el atún está sometido a un plan de gestión controlado por el Iccat, que está reduciendo sus capturas y, desde luego, no se ha
prohibido su pesca. La anchoa, que lleva dos años sin permitirse su captura, sin embargo no se solicita que pase a la Cites. Por eso nos parece exagerado prohibir su comercialización, con lo que eso significaría no solamente para la industria
pesquera sino también para la industria conservera de transformación (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) Por todo ello el Gobierno debe defender al sector y oponerse a esta posibilidad que se ha planteado desde Mónaco.
Quiero agradecer a la señora Chacón, portavoz socialista, el haber podido pactar esta enmienda transaccional en beneficio del sector artesanal y almadrabero, y agradecer su compromiso con este sector que, lógicamente, es el mismo que tiene
mi grupo. Bienvenido sea este acuerdo que beneficia al sector. Hemos pactado una transacción, fruto de nuestra autoenmienda y la enmienda del Grupo Socialista, que ya hemos pasado a la Mesa, y que textualmente dice que el Congreso de los Diputados
insta al Gobierno a que el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino promueva ante la Comisión Europea y la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico -Iccat-, con motivo de la reunión a celebrar en Brasil en
noviembre, que el resto de países con cuota asignada cumplan escrupulosamente con el acuerdo, como hace España, máxime teniendo en cuenta que esta especie ha estado a punto de engrosar el apéndice 1 del Cites, sin por ello perjudicar a la pesca de
atún rojo con almadraba ni prohibir su comercio internacional. Segundo, que se siga negociando el incremento de la cuota inicial otorgada a través del fondo de maniobra, integrando la cuota adicional y obtenida por medio de intercambios con otros
Estados miembros como ya se ha producido en la presente campaña. Y tercero, que en el reparto de la cuota asignada a España, la cuantía para la flota artesanal y almadrabas se atienda a un equilibrio entre las necesidades biológicas de preservación
de la especie y las necesidades socioeconómicas del sector para garantizar la actividad durante el periodo de campaña.
La señora PRESIDENTA: Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista tiene la palabra la señora Chacón Carretero.
La señora CHACÓN CARRETERO: Efectivamente, el Grupo Parlamentario Socialista hizo una enmienda que ha sido integrada en esa transaccional.
Queríamos recordar, con respecto a la nueva reunión del Iccat para el próximo año, que en la reunión
anual del Iccat que se celebró el año pasado la delegación española insistió a la Comunidad Europea, que es la parte contratante en dicha organización regional, en la necesidad de seguir la línea de protección del atún rojo y de adoptar medidas
urgentes para el control del esfuerzo y la capacidad pesquera de la flota comunitaria. De este modo, la recomendación adoptada por consenso de carácter vinculante para todas las partes contratantes de esta organización, recoge gran parte de las
propuestas y de las demandas solicitadas entonces por España, precisamente para la protección del atún rojo. La recomendación incluye la
obligación de presentar un plan de pesca, al que España ya se había adelantado, teniendo ya en vigor aquello que se incluía en la recomendación. Precisamente, esto suponía que los países miembros del Iccat, los Estados participantes de la
pesquería, debían adaptar su flota y las almadrabas a las capturas que les habían sido asignadas, obligando en el citado plan a incluir las cuotas individuales para los buques pesqueros de más de 24 metros de eslora. Respecto al control del
esfuerzo -sobre el que también hacemos hincapié en esta transaccional- se han ampliado los periodos de veda para los buques de cerco, de palangre, de cebo vivo, los curricaneros, los arrastreros, y también por primera vez se incluía la pesca de
recreo. Esto supone una significativa mejora en el control y además va a permitir reducir la mortalidad de esta especie.
También cabe destacar que se ha dejado claro definitivamente que en esta nueva recomendación que se hizo en la última reunión
se derogaba la captura de ejemplares por debajo de la talla mínima, para defender así la flota artesanal de fresco del Mediterráneo hasta un máximo de un 2 por ciento del TAC disponible. Esto supone que nuestros pescadores artesanales, buques de
muy pequeña dimensión, puedan seguir capturando una porción de atunes con métodos artesanales y puedan comercializarlos en los mercados europeos obteniendo de este modo un beneficio necesario para su subsistencia.
Cabe destacar que el Plan de recuperación del atún rojo entró en vigor en el año 2007 y que en estos momentos adquiere una gran relevancia por haber sido aplicado rigurosamente por la Administración española, como bien ha referido el
portavoz del grupo proponente. España es un país cumplidor de las recomendaciones del Iccat y de esa forma se han distribuido cuotas individualizadas a todas las modalidades de pesca y de almadraba, lo que ha supuesto el control e inspección para
su cumplimiento. España ha sido el impulsor de este plan de recuperación en las instancias internacionales y comunitarias, hay que recordarlo, y exigiremos desde el grupo parlamentario que se cumpla en todas las comunidades costeras de otros
países. De ahí que hayamos incluido en esta transaccional la necesidad de que los demás países miembros del Iccat cumplan con esas recomendaciones, ya que además se benefician de la buena salud del stock de atún rojo. El reparto del atún rojo, si
queremos respetar esa sostenibilidad que demandamos, hay que hacerlo con lo que tenemos, con la situación actual. La propuesta del Iccat no es ninguna ley pero es una resolución por la que inicialmente se asigna un porcentaje por unos criterios
como son la mano de obra que ocupa y las cuotas históricas del sector. Precisamente, en estos años podremos comprobar si esa distribución es la más correcta o no. De todas formas, es necesario apoyar el empleo y la mano de obra que supone la pesca
del atún rojo. Las almadrabas andaluzas, en concreto, máximamente representadas en la provincia de Cádiz, suponen un empleo bastante elevado, hay más de 400 personas empleadas ligadas directamente a la almadraba y hay más de 600 personas en empleos
directos con otros métodos, lo que supone más de 1.000 personas trabajando en Andalucía y más de 1.500 personas en todo el país relacionadas con la pesca del atún rojo. Desde el Grupo Parlamentario Socialista mantenemos la defensa del cuidado de la
pesca del atún rojo para que no entre esta especie en la Cites, tal como casi ha ocurrido, y ha sido la postura de España ante la propuesta de Mónaco, ya que esto significaría el fin para la pesca de esta especie. Consideramos además que es
necesario un mayor control sobre todo de los sistemas industriales de captura de los demás países ya que, como decía, España es cumplidora, lo que no ocurre con otros países miembros del Iccat.
Reconocemos que nuestra enmienda forma parte de esa transacción y reconocemos, además, que el stock de pesca del atún rojo es un verdadero problema para el sector y que el Gobierno de España ha tomado y sigue tomando las medidas necesarias
para mejorar la situación. En definitiva, creemos que es necesario prestar atención a los informes científicos y también es necesario diferenciar los métodos industriales y artesanales para poder tener un equilibrio entre las cuestiones necesarias
de la biología de preservación de la especie y las necesidades socioeconómicas del sector para garantizar así la actividad pesquera durante el periodo de la campaña. Como decía, nuestra enmienda forma parte de la transacción alcanzada, de lo que me
congratulo y felicito al portavoz popular una vez más por la buena disposición dialogante que presenta.
La señora PRESIDENTA: Para fijar posición tiene la palabra el señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: En primer lugar no es la primera vez que el tema del atún rojo viene a esta Comisión y es de agradecer, porque no está en los grandes números de la macroeconomía ni representa un gran sector dentro del sector
productivo, pero es muy importante para mucha gente que vive solo de eso. Pero yo querría aprovechar esta intervención para decir que me congratula que se haya llegado a un acuerdo y que mi grupo apoyará esta transacción, y también para recordar
que estamos hablando constantemente de la labor que se tiene que hacer para conseguir la cuota que le corresponde a España en cuanto a la pesca del atún rojo.
Eso está muy bien, debe ser así y, de alguna forma, hay que forzar para que la delegación
del Estado español consiga la cuota que le corresponde, etcétera, pero hay una parte que hay que conseguir en el Iccat y una vez que se consiga la cuota, la que sea, está la parte correspondiente al Gobierno español, que es la que decide cómo se
distribuye esa cuota entre las diferentes flotas que pescan atún rojo en la costa del Estado español con diferentes artes, sea -como ha dicho la diputada del Partido Socialista- almadraba, flota artesanal, flota de cebo vivo del Cantábrico, sea
flota de palangre en superficie, etcétera. Evidentemente, no es la primera vez que
mi grupo muestra su disconformidad y su enfado con el método que el ministerio ha utilizado a la hora de distribuir esta cota, siendo claramente perjudicial para la flota de cebo vivo del Cantábrico. Tenemos que decir que son 48 barcos los
autorizados a pescar, con lo que estamos hablando de unas 875 personas, haciendo una media de 16 personas por embarcación. Es muy importante conseguir el reparto equitativo y justo que le corresponde en base a la capturas, en base a su repercusión
social, en base a las personas embarcadas; es decir, los baremos y los parámetros que sean reales, que sean los que verdaderamente hacen justicia. El ministerio reconoció que no hizo bien el reparto en su día, se comprometió a ajustarse por medio
de una empresa exterior a que hiciera un análisis correspondiente a lo justo y equitativo que fuera ese reparto y seguimos esperando ese reparto justo y equitativo que no se da.
Aprovecho para apoyar esta proposición no de ley en pos de que las diferentes flotas de atún rojo tengan el máximo de cuota correspondiente y el apoyo que necesitan estos métodos artesanales que nada tienen que ver con las masivas pescas de
atún rojo de otras flotas, no precisamente las españolas, que están acabando o han intentado acabar con el atún rojo. La flota que utiliza diferentes métodos de pesca artesanal no va en perjuicio de la fauna ni de la especie del atún rojo. Mi
grupo lo apoya pero pedimos a su vez que este reparto sea justo y equitativo dentro de lo que son las diferentes flotas que pescan atún rojo.
- SOBRE LA PROTECCIÓN DEL AJO MORADO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001195.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al debate de la siguiente proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la protección del ajo morado. Para su defensa tiene la palabra el señor Sahuquillo.
El señor SAHUQUILLO GARCÍA: Hemos presentado esta proposición no de ley para su debate y posterior aprobación en esta Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca instando al Gobierno a que siga tomando medidas en la defensa del sector
del ajo al ser España el primer productor europeo del mismo con más de 15.000 hectáreas cultivadas, y porque además en algunas zonas de este país como por ejemplo mi región, Castilla-La Mancha, donde se cultiva aproximadamente la mitad del total de
esa superficie, es un factor importante de desarrollo socioeconómico. A modo de ejemplo, en mi región este cultivo genera 1.800.000 jornales que se emplean entre las tareas de acondicionado y manipulado para su comercialización, percibiendo sus
cultivadores, casi 7.000 explotaciones familiares existentes en mi región, unos 70 millones de euros. Esta planta, que tiene una serie de ventajas como unos bajos consumos de agua para su cultivo en regadío, más o menos 2.700 metros cúbicos por
hectárea, o unos niveles reducidos de protección vegetal, pone de manifiesto que es un cultivo medioambientalmente sostenible y que genera, como he dicho anteriormente, gran cantidad de empleo, principalmente femenino. Pero la presión ejercida por
la importación masiva de ajo chino ha supuesto, al margen de una competencia desleal, una reducción importante de la superficie cultivada.
Sin embargo, en los últimos años los productores de ajo han experimentado una mayor profesionalización en lo referente a la adaptación a cuantas normas de calidad y seguridad alimentaria se han exigido tanto por las autoridades como por las
cadenas de distribución europeas, incluso en el estricto cumplimiento de la salud y la seguridad laboral, lo que ha supuesto, como es lógico, un incremento en los costes de producción que no tienen los productores de ajos chinos. Es reiterativa la
demanda de los productores de ajo morado, que insisten continuamente que los países terceros exportadores cumplan las mismas normas para que el cultivo del ajo siga siendo competitivo en todos lo niveles, con la premisa básica de una igualdad de
condiciones en un mercado regulado por la normativa europea, entre otras cuestiones, en materia de trazabilidad y seguridad alimentaria que se aplican a los productos comunitarios, valorándose incluso la posibilidad de crear y poner en marcha una
marca de calidad de tipo colectivo que ampare todo el ajo producido y que sirva para promocionarlo ante el consumidor y diferenciarlo del importado. Para esto es importante que el sector no se quede quieto, no es solo cuestión de la Administración,
y por tanto se debe unir aún más, no solo a nivel nacional, donde la Asociación de la Mesa Nacional del Ajo está desarrollando una buena labor, sino también a nivel europeo pues nuestros grandes competidores se encuentran fuera de las fronteras de
la Unión Europea. Y así, sector y Administración, seguiremos trabajando e insistiendo a las autoridades comunitarias para que extremen la vigilancia de nuestras aduanas y persigan el fraude cometido con la importación legal de ajos chinos, tanto a
los empresarios que los traen como a las empresas que los importan. Debemos conseguir reducir la importación de ajos chinos y, por tanto, exigir el cumplimiento de la garantía de calidad y seguridad alimentaria en las fronteras de nuestro país y de
cualquier otro de la Unión Europea, de tal forma que nuestros agricultores puedan competir en igualdad de condiciones con los agricultores de terceros países, pues para hacer frente al dumpin social causado por la enorme diferencia de los precios
del ajo chino -y por extensión asiático- y el precio del ajo del mercado nacional, se estiman unos costes de producción de 0,87 euros por kilo frente a los 0,27 euros por kilo, estamos obligados a favorecer, apoyar y promocionar un producto de
calidad, el nuestro, que les garantizo lo es.
Por todo ello hemos presentado esta proposición no de ley donde se recoge en nueve puntos una serie de iniciativas y peticiones para que el Gobierno de España,
en su inequívoco compromiso y sensibilidad con el sector, consiga los objetivos aquí fijados, y para ello, tanto el ministerio donde se enmarca esta Comisión como el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, tienen mucho que decir y
seguir haciendo.
La señora PRESIDENTA: No se ha presentado ninguna enmienda. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Madero.
El señor MADERO JARABO: En nombre de mi grupo intervengo para decir que votaremos afirmativamente la proposición no de ley que nos presenta el Grupo Parlamentario Socialista y en su nombre el señor Sahuquillo, como yo diputado por Cuenca,
lugar donde se produce la mayor parte del ajo morado que se produce en España. Es un cultivo muy interesante, sostenible, prácticamente no subvencionado, que proporciona más de 2 millones de jornales a las gentes de La Mancha, no solamente
conquense sino también de Albacete, fundamentalmente; son muchos millones de kilos los que se producen, se manipulan, se envasan y que con su logística y distribución generan mucha riqueza en aquella comarca manchega, con epicentro de producción en
el municipio de Pedroñeras. Repito nuestro sí rotundo, sin ninguna reserva, a los nueve puntos de la proposición no de ley con la que instamos al Gobierno a actuar porque, efectivamente, hay problemas. Hace aproximadamente dos horas, cuando aquí
se debatía el punto tercero, se nos ha dicho que todos los productos hortofrutícolas eran cultivos de éxito, que iban las cosas bien y que algunos decían que la OCM iba a ser ruinosa. Yo no recuerdo que alguien dijera que la OCM fuera ruinosa;
algunos sí dijimos -y repetimos ahora- que ha sido mala, la OCM de las frutas y hortalizas ha sido mala para España y la prueba está en que hay problemas. Esta tarde hemos visto aquí, en una proposición no de ley, los productos hortícolas del
sudeste en su competencia a veces hasta desleal con los productos procedentes de Marruecos, y aquí estamos viendo ahora otro producto hortícola que tuvo su momento álgido pero que no ya por una OCM sino incluso por la inanición del Gobierno, se está
viniendo abajo y cada vez tiene más problemas; se ha venido abajo el precio fundamentalmente porque la competencia desleal que hace a la Unión Europea el ajo chino, tal y como ha señalado el señor Sauquillo, es en algunas campañas realmente muy
grave y hace que los precios sean ruinosos. Por tanto, instar al Gobierno a que haga algo significa que el Gobierno o no está haciendo nada o está haciendo muy poco. Nos sumamos a esa instancia, nos sumamos a esa insistencia para que el Gobierno
haga algo para que este cultivo no se caiga, porque en algunos puntos de la proposición no de ley se incide de manera clara, positiva y acertada en que se persiga un auténtico control de cantidad y de calidad; un control de cantidad para que no se
sobrepasen los contingentes que se acuerdan y sobre todo para que los productos que entran en la Unión Europea sean productos agroalimentarios producidos con arreglo a las normas medioambientales y de seguridad alimentaria más exigentes. ¿Lo hacen
esto en China? No lo sabemos, y el Gobierno tampoco ha hecho muchas averiguaciones.
No lo dice la proposición no de ley, pero también hay que instar al Gobierno a que actúe con procedimientos sutiles e inteligentes para que no nos encontremos con que pedimos que se restrinjan las importaciones desde otros países, como por
ejemplo China, y sin embargo pedimos al mismo tiempo que se abran las fronteras de la Unión Europea, concretamente desde España, para este producto del ajo morado. En otro punto de la proposición no de ley se insta al Gobierno, que tampoco está
haciendo nada, a la creación de una marca de calidad y promoción en los mercados de todo el mundo del ajo morado de Pedroñeras. Se ha vendido en los cinco continentes durante mucho tiempo y cada vez tiene más dificultades de comercialización. Aquí
podría haber una ayuda por parte del Gobierno, ayuda que no llega ni por parte del Gobierno central ni del regional. En definitiva, hay problemas con el ajo que esperamos que se puedan solucionar y sobre todo instemos al Gobierno a que mediante
esta proposición no de ley se dé por instado en nueve puntos que, si se cumplen en su mayoría, entendemos que se podrían resolver el problema que tiene el ajo morado en estos momentos.
La señora PRESIDENTA: Una vez finalizado el debate de las proposiciones no de ley y como habíamos anunciado la votación a las 17.30 horas, suspendemos la sesión por cinco minutos. (Pausa.)
Vamos a proceder a las votaciones en el orden que aparecen en el orden del día. En primer lugar, sometemos a votación la proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a que no autorice la instalación de aerogeneradores marinos en
las áreas eólicas marinas de Trafalgar y Arco Mediterráneo entre Tarifa y Cabo de Gata, en el Golfo de Cádiz, hasta que no haya estudios suficientes que garanticen que no habrá daños irreversibles para las rutas migratorias trófica y genética del
atún rojo y de aves entre el Atlántico y el Mediterráneo, las almadrabas y la pesca en general de la zona. Esta proposición no de ley se vota con una enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Socialista con el Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
La proposición no de ley sobre el torneo del Toro de la Vega. Se somete a votación con una enmienda transaccional del Grupo Parlamentario de Iniciativa Verds y el Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Tercera proposición no de ley, sobre implicación del Gobierno en la defensa de las demandas del sector hortofrutícola español en las negociaciones bilaterales de la Unión Europea con Marruecos. Se somete a votación con una transaccional del
Grupo Parlamentario Socialista con el Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Cuarta proposición no de ley, relativa a la necesidad de resolver la situación de inestabilidad jurídica en la que se encuentran núcleos urbanos singulares situados en la costa gallega a menos de 100 metros desde el límite del litoral. Se
somete a votación con una enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Mixto con el Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Quinta proposición no de ley, relativa a la aplicación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, en el curso del río Fluvià. Se somete a votación con una enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Catalán con el Grupo Parlamentario
Socialista y con el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Sexta proposición no de ley, sobre conservación y protección de la dehesa, con una enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Socialista con el Grupo Parlamentario Popular y una adición con una enmienda in voce del Grupo Parlamentario
Catalán.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Séptima proposición no de ley, sobre apoyo del Gobierno a la recuperación medioambiental en la provincial de León. Se somete a votación con una enmienda in voce del Grupo Parlamentario Popular de adición de un párrafo que literalmente dice:
tanto de carbón como de pizarra.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Octava proposición no de ley, relativa a medidas para garantizar la actividad de la pesca del atún rojo por las almadrabas. Se somete a votación con una enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Popular con el Grupo Parlamentario
Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; en contra, uno.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
La última proposición no de ley, sobre la protección del ajo morado, se somete a votación en sus propios términos.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Se levanta la sesión
Eran las siete y treinta y cinco minutos de la tarde.