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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 349, de 29/09/2009
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2009 IX Legislatura Núm. 349
ECONOMÍA Y HACIENDA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO GUTIÉRREZ VEGARA
Sesión núm. 27 celebrada el martes 29 de septiembre de 2009
ORDEN DEL DÍA:
Ratificación de la ponencia designada para informar las siguientes iniciativas legislativas:
- Proyecto de ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. (Número de expediente 121/000023.) ... (Página 2)
- Proyecto de ley de servicios de pago. (Número de expediente 121/000025.) ... (Página 2)
Aprobación, con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre:
- Proyecto de ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. (Número de expediente 121/000023.) ... (Página 3)
- Proyecto de ley de servicios de pago. (Número de expediente 121/000025.) ... (Página 9)
Debate y votación de las siguientes solicitudes de creación de subcomisiones y ponencias:
- Solicitud de creación de una subcomisión en el seno de la Comisión de Economía y Hacienda, para dar cumplimiento a las previsiones del Real Decreto-Ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos
propios de las entidades de crédito.
Formulada por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 158/000029.) ... (Página 12)
Comparecencia del señor secretario de Estado de Economía (Campa Fernández) para informar sobre:
- En su condición de presidente de la comisión ejecutiva del Fondo de Adquisición de Activos Financieros, sobre la evolución reciente del Fondo y sus efectos a la luz de los informes elaborados por el comité técnico y por el Banco de España.
A petición del Gobierno. (Número de expediente 212/000515.) ... (Página 14)
- La evolución del Fondo de Adquisición de Activos y del Fondo de Capitalización de Entidades Financieras. A petición del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente
212/000545.) ... (Página 15)
- Dar cumplimiento al artículo 10 de la Orden EHA/3118/2008 por la que se desarrolla el Real Decreto-ley 6/2008, en la que se establece su obligación de comparecer cada dos meses en la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los
Diputados para informar sobre la evolución reciente del Fondo de Adquisición de Activos y sus efectos en el sistema financiero. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 212/000631.) ...
- En su condición de presidente de la comisión ejecutiva del Fondo de Adquisición de Activos Financieros, sobre la evolución del Fondo y sus efectos. A petición del Gobierno. (Número de expediente 212/000639.) ...
- La evolución agregada del crédito, la situación del sector bancario y la evolución de las actividades del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de
junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito. Por acuerdo de la Comisión de Economía y Hacienda. (Número de expediente 212/000658.) ... (Página 15)
- La situación económica y financiera y en especial del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. A petición del Gobierno. (Número de expediente 212/000657.) ... (Página 15)
Se abre la sesión a las diez y veinte minutos de la mañana.
RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR LAS SIGUIENTES INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY SOBRE EL LIBRE ACCESO A LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS Y SU EJERCICIO. (Número de expediente 121/000023.)
- PROYECTO DE LEY DE SERVICIOS DE PAGO. (Número de expediente 121/000025.)
El señor PRESIDENTE: Comenzamos la sesión sometiendo a consideración de la Comisión la ratificación de las ponencias correspondientes a los dos proyectos de ley que figuran en el orden del día. (Asentimiento.) Quedan ratificadas por
asentimiento de la Comisión.
APROBACIÓN, CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA SOBRE:
- PROYECTO DE LEY SOBRE EL LIBRE ACCESO A LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS Y SU EJERCICIO. (Número de expediente 121/000023.)
El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Tendremos tiempo, en los correspondientes turnos de intervención, para fijar posición y al mismo tiempo defender las enmiendas de
cada uno de los grupos. Tras haber hablado con los distintos portavoces, hemos estimado que la hora de votación podrían ser las doce y cuarto de la mañana.
Empezaremos con las enmiendas y posición del Grupo Parlamentario Popular y para ello tiene la palabra don Celso Delgado.
El señor DELGADO ARCE: Señor presidente, señorías, debatimos en esta Comisión el proyecto de ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. El proyecto de ley, en su exposición de motivos, define al sector
servicios como el más importante tanto de la economía europea como de la española en términos económicos y de empleo y el que ha experimentado un mayor desarrollo en los últimos años.
Creo que no sería razonable que no hiciese en este momento concreto una reflexión sobre el estado actual del sector servicios en nuestro país, que presenta unos indicadores que son los siguientes: un paro registrado en el conjunto de España
de 3.620.000 ciudadanos, y en el sector servicios un paro de 2.075.678 personas. Nada más y nada menos que 600.000 parados más que hace un año. Y otro dato que nos debe llamar a la reflexión es que la cifra de negocios del sector servicios
disminuyó un 13,9 por ciento en julio respecto al mismo mes del año 2008, según los datos del Instituto Nacional de Estadística; y que la cifra en general de todos los sectores del sector servicios se reduce en términos interanuales: el
transporte, el comercio, el turismo, los servicios a empresas y las tecnologías de la información. En definitiva, una situación económica que afecta al sector servicios de una gran preocupación; por tanto, todas aquellas legislaciones que se
debatan en esta Cámara y que incidan en el mismo son para el Grupo Parlamentario Popular de extraordinaria importancia.
En el objetivo claro de mejorar el texto legal que ha traído el Gobierno socialista a esta Cámara -y lo ha traído realmente con demora y limitando de esta manera la capacidad de que de aquí salga el mejor texto posible- nosotros, insisto,
hemos presentado unas enmiendas, todas ellas al articulado. Muchas de ellas han sido aceptadas por el Grupo Parlamentario Socialista y quiero reconocer a sus portavoces, especialmente a la señora Batet, su buena disposición al diálogo y al acuerdo;
respecto de esas no voy a hacer ningún tipo de comentario. Sí lo haré en cuanto a algunas enmiendas transaccionales que se nos han propuesto, en las que nuestro grupo parlamentario mantiene diferencias por creer que la mejora puede ser todavía
mayor si se acepta nuestro texto. Me referiré en primer lugar a la enmienda número 128. Desde el grupo que soporta al Gobierno se nos ofrece un cambio en la expresión limitadas por la expresión como son. Se trata en este artículo 3.11 de definir
qué es una razón imperiosa de interés general. Para ello se va a las razones que definen e interpreta la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas. Nosotros creemos que la expresión limitadas debe mantenerse para
evitar inseguridad jurídica y porque la lista de lo que aquí se plantea es suficientemente amplia. De no incluir esta expresión, se comprometería la seguridad jurídica y el objetivo liberalizador e integrador del mercado único de la directiva.
Además, nosotros pensamos que se introduce una mayor precisión en lo referente a la protección de los consumidores para así adecuarla al criterio fijado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y también, insisto, por razones de claridad y de
seguridad jurídica.
En relación con la enmienda número 133, en la que se nos ofrece una transaccional, planteamos que se acoja el texto de nuestra enmienda y no parcialmente como se hace en la oferta que nos proponen. Nosotros planteamos que el nuevo apartado
del artículo 5 diga que las normas reguladoras de los procedimientos de autorización previa para la prestación de servicios, y en su caso para limitar las actividades de los operadores, deberán atender exclusivamente a criterios objetivos y
medibles. Estamos dispuestos a renunciar a esa segunda precisión de medibles porque realmente no supondría nada especial. Pero sí queremos que se mantenga el segundo párrafo, que dice en concreto: Las limitaciones relativas al impacto de las
actividades de servicios sobre el medio ambiente, la protección del territorio, la planificación urbana y rural, deberán estar previamente recogidas en los correspondientes instrumentos del planeamiento urbanístico de ámbito local o territorial.
Pensamos que con este segundo párrafo se cumplen mucho mejor los objetivos perseguidos por la propia directiva. Respecto de las otras transaccionales que se nos ofrecen, en principio no tendríamos mayor problema.
Sí quiero referirme ahora a las enmiendas que han sido rechazadas, empezando por aquella que nos gustaría que el Grupo Parlamentario Socialista reconsiderase después de este debate. La enmienda 131 trata de introducir un nuevo punto al
artículo 4 de la ley. El artículo 4 habla de la libertad de establecimiento, y nosotros lo que queremos reafirmar en el punto 4 es que en ningún caso la normativa podrá establecer discriminaciones directas ni indirectas en función de la pertenencia
o procedencia del prestador de una comunidad autónoma diferente a aquella en la que quiera desarrollar su actividad. Somos conscientes de que el texto del proyecto de ley recoge claramente la aplicación de los principios de la directiva
de las empresas independientemente del Estado miembro del que traigan origen, especialmente en lo que se refiere al principio de no discriminación y de libre circulación de servicios. Sin embargo, no deja claro algo que parece obvio, y es
que estos regímenes de autorización tampoco pueden discriminar entre el origen de las empresas dentro del propio territorio nacional. Nosotros constatamos un hecho, y no solo directamente sino por la amplísima interlocución que tenemos con los
sectores económicos y sociales de este país, porque en la práctica están existiendo políticas públicas de todo tipo de carácter autonómico que tienden a propiciar el establecimiento de empresas de las propias comunidades. Por tanto, creemos que
incluir esta precisión, si bien no tendría por qué ser necesario, resulta adecuado y conveniente para incidir en esta cuestión. La unidad de mercado es algo más que un mero desiderátum, no es ni tan siquiera un planteamiento político, es lo que se
persigue justamente con las normas comunitarias, con esta directiva comunitaria, es decir, hacer un auténtico mercado interior y hacerlo no solo en el ámbito del territorio de la Unión sino dentro de los propios Estados. Nosotros creemos que
reafirmar este principio por encima de las otras referencias legales debería ser estimado por el Grupo Parlamentario Socialista, que en este apartado creo que no debe tener ningún tipo de complejo al respecto.
Finalmente, mantenemos las enmiendas que han sido rechazadas, en concreto, si no me equivoco, las números 132, 146 y 147.
El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora a las enmiendas y posición del Grupo de Convergència i Unió.
Tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señoras y señores diputados, nuestro grupo ya se posicionó favorablemente en el debate de totalidad que se produjo en el Congreso de los Diputados el pasado mes de junio en el sentido de que considerábamos
importantes y valorábamos como relevantes los cuatro objetivos principales que persigue esta directiva para conseguir un mercado interior de servicios, como es facilitar la libertad de establecimiento, la libertad de prestación de servicios en la
Unión Europea, incluida la simplificación de los procedimientos; reforzar los derechos de los destinatarios de los servicios en su calidad de usuarios; fomentar la calidad de los servicios; y establecer una cooperación administrativa efectiva
entre los diferentes Estados miembros. Al mismo tiempo, en función de estas primeras consideraciones importantes que ya fijamos en su momento desde el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, nuestro grupo ha presentado una serie de enmiendas al
articulado, y a una parte importante de las mismas han sido presentadas enmiendas transaccionales por el Grupo Parlamentario Socialista, concretamente, dieciséis, de las cuales ya hemos manifestado en la ponencia que no aceptamos tres de ellas
porque no estamos de acuerdo con su contenido, a pesar de que en la enmienda transaccional de dicho grupo a la número 160 probablemente exista un acuerdo con su portavoz para sustituir la palabra nacional por estatal.
Algunas de estas enmiendas transaccionales presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, de las cuales vamos a dar nuestro consentimiento a trece, son relevantes, como es la posibilidad de la exclusión de la ley de los servicios
económicos no de interés general; la inclusión de los consejos generales y autonómicos y de colegios como autoridades competentes en el ámbito de la ley; la contemplación de que el acceso a los servicios se regirá por el principio de igualdad de
trato y no discriminación; la inclusión de todos aquellos aspectos que hacen referencia a la legítima consulta de organismos como las cámaras de comercio o los interlocutores sociales sobre asuntos distintos a las solicitudes de autorización
individuales de acuerdo con el redactado de la directiva; todos aquellos aspectos que hacen referencia a que los consejos generales y autonómicos y los colegios, como autoridades competentes en el ámbito de la ley, puedan recabar de otras del resto
de los Estados miembros la comprobación de la autenticidad del documento aportado por un extranjero para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos para el libre ejercicio de una actividad de servicios; la posibilidad de contemplar
algunos aspectos que hacen referencia al acceso a las ventanillas en las lenguas cooficiales del Estado en cada comunidad autónoma; prever la participación de las asociaciones profesionales en la cooperación comunitaria para la mejora de la calidad
de servicios; y, finalmente, posibilitar que el prestador de un servicio objetive la información a todos los destinatarios mediante una página web en la que se incluyan los datos exigidos.
Estas son las enmiendas transaccionales que nos ha planteado el Grupo Parlamentario Socialista y a las que vamos a dar nuestra conformidad, pero al mismo tiempo quisiéramos manifestar nuestro deseo de poder llegar a un acuerdo en algunas
enmiendas que nosotros consideramos relevantes, como la que hace referencia a la inclusión de supuestos de la definición de razón imperiosa y de interés general, de acuerdo con la directiva y la jurisprudencia europea, en la que se incluye un
concepto específico relativo a la planificación urbana y rural -esta es nuestra enmienda número 164 que parece ser que no va a ser aceptada por el Grupo Parlamentario Socialista-, así como la adecuación a la redacción de la directiva en relación con
el requisito prohibido de tarifas obligatorias mínimas o máximas en el sentido de poder modificar la redacción del proyecto que podría conllevar efectos perversos como se especifica en la justificación de nuestra enmienda número 179. Hay otro
aspecto que nosotros consideramos relevante, como es la posibilidad de prever la creación de ventanillas únicas permitiendo que cada Administración pública en el ámbito de sus respectivas competencias instrumente su ventanilla. El proyecto de ley
se refiere única y exclusivamente
a la ventanilla única, pero no especifica las consideraciones que nosotros hemos planteado en nuestras enmiendas números 159, 187, 190 y 204. Al mismo tiempo, consideramos también relevante nuestra enmienda 197, en la que se incluye que la
elección de la lengua de formalización del contrato de prestación de servicios corresponde al consumidor. También me referiré a la enmienda 171, que asimismo consideramos importante, que plantea la modificación de la redacción del proyecto de ley
en relación con el requisito prohibido de la naturaleza económica de acuerdo con la directiva. La redacción del proyecto de ley podría contemplar genéricamente muchos supuestos distintos a los previstos en la directiva y no es aceptable la enmienda
transaccional que nos han planteado.
En función de estas pequeñas consideraciones, agradeceríamos al Grupo Parlamentario Socialista que hiciera un esfuerzo complementario al que ha hecho hasta estos momentos para poder conseguir un consenso más amplio en esta ley que, repito,
es muy importante desde la perspectiva de la liberalización de los servicios en España.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco, para fijar posición, tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Mi intervención va a ser breve, porque no solo mi grupo no tiene ninguna enmienda sino que además estoy aquí en régimen de sustitución de un compañero, lo cual no propicia grandes esfuerzos de erudición sobre la
materia. No obstante, quiero comentar que hemos conocido -acabo de conocer para ser más honesto- las enmiendas ofertadas por el Grupo Socialista y nos parecen muy pertinentes, señor presidente, porque lo mejoran, ante un esfuerzo de consenso que no
es frecuente, desafortunadamente, en esta legislatura para mejorar la trasposición de las directivas. He escuchado atentamente la intervención del señor Sánchez i Llibre y quiero decir que nosotros también nos adherimos a ese esfuerzo suplementario
respecto a las cuestiones planteadas por el mismo, que consideramos pertinentes y que vamos a votar.
Creo que con esto, señor presidente, está dicho todo o casi todo.
El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora a las enmiendas y la fijación de posición del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. En su nombre, tiene la palabra el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Quiero decir, en primer lugar, que no voy a reiterar lo que ya planteamos en la enmienda a la totalidad. Nuestro grupo parlamentario entendía que esta no era la mejor de las directivas e incluso que esta no era la
mejor de las trasposiciones posibles. Así lo dijimos en la enmienda a la totalidad y lo que no voy a hacer, por tanto, es reproducir ahora el debate que se produjo en el Pleno.
Dicho esto, lo que sí hemos hecho ha sido presentar enmiendas que introdujesen elementos garantistas. Tengo que valorar que hay enmiendas que se han incorporado, algunas de carácter técnico como las números 22, 27 y 29, y otras que desde mi
punto de vista mejoran el texto e introducen algunas garantías. Pondré algunos ejemplos. La enmienda número 9 de nuestro grupo parlamentario plantea la necesidad de incluir expresamente en la relación de servicios excluidos del ámbito de la
aplicación de la norma a los servicios no económicos de interés general.
Por tanto, la incorporación de dicha enmienda, conjuntamente con otra, en este caso de Convergència i Unió, es una buena noticia. En la enmienda número 11, también de mi
grupo parlamentario, que coincide con una enmienda del Grupo Popular -lo digo porque hay transacciones y enmiendas incorporadas que se han solapado con las de otros grupos-, planteamos que en los servicios de transporte haya una expresa mención al
transporte urbano. En la enmienda número 35, por poner un tercer ejemplo, mi grupo propone recoger la literalidad de la directiva, en aras de una mayor seguridad jurídica, sobre la necesidad de contar con infraestructuras en el territorio español.
Así lo planteamos. Y podría continuar con las enmiendas 51, 56 y 61 o con muchas de las que se han incorporado, la 3, la 23, la 25, la 55, la 58 y la 59. Creemos que lo que se incorpora redunda en instrumentos y en elementos más garantistas en una
trasposición que -ya lo dijimos en su día- no nos gustó.
¿Qué echamos en falta? Enmiendas que no se han incorporado y que nos gustaría que diesen pie a una reflexión, si no hoy, en el trámite en el Senado. Por ejemplo, nuestra enmienda número 5, que especifica que la planificación urbana,
territorial, rural, etcétera, forma parte del interés general. Creemos que debería haberse incorporado, cosa que no se ha hecho. O la enmienda número 6, que especifica los requisitos del establecimiento de las grandes superficies comerciales
introduciendo mayores garantías. La número 13 intenta la exclusión explícita de la aplicación de la ley de los servicios postales, de la energía, del gas, del agua y de los residuos, elementos en definitiva que se tienen que incorporar. Nuestra
enmienda número 17 -por poner un cuarto ejemplo de que hubiese sido positivo incorporarlo al texto- plantea la necesidad de excluir las normas derivadas de los convenios colectivos de la ley. La enmienda número 37, por poner otro ejemplo, introduce
la posibilidad de que excepcionalmente se supedite el acceso de los prestadores de servicios al cumplimiento de unos requisitos; en cambio, el proyecto de ley omite, como recoge la directiva, la aplicación de las disposiciones en materia de
condiciones de empleo. Pues bien, hubiese sido oportuno que esta enmienda se hubiese incorporado. Tampoco se incorpora la número 52, relativa a que todas las administraciones apliquen las normas sobre accesibilidad para personas con discapacidad
en
todas las oficinas públicas. O nuestra enmienda número 62, que plantea la necesidad de una mayor transparencia y mayores garantías de protección de los destinatarios de los servicios, en línea con lo estipulado en el artículo 5.3 de la
directiva, y la necesidad del derecho de los Estados miembros a exigir traducciones no juradas de documentos en sus propias lenguas oficiales. Por tanto, ciertas garantías para el uso y el acceso a dichos servicios en las lenguas cooficiales del
Estado.
Nosotros hacemos un balance y un análisis crítico de la ley, de la trasposición de la directiva. Es cierto que se han incorporado mejoras técnicas con las enmiendas que se han aceptado de mi grupo y también con las de otros grupos
parlamentarios, pero los elementos más sustanciales de las enmiendas planteadas por mi grupo se mantienen vivos, haciendo que no pueda haber un balance positivo global. Hemos presentado muchas enmiendas al conjunto de la ley -Izquierda
Unida-Iniciativa más de sesenta enmiendas y Esquerra Republicana otro tanto- y globalmente nos hemos encontrado con un balance de incorporación de enmiendas en el sentido de que si bien hay mejoras técnicas, los elementos más sustanciales que hemos
criticado de la ley no se corrigen, por lo que esta ley continúa sin tener una orientación más garantista, todo lo garantista que debería ser con respecto a una directiva de la que decíamos que no nos gustaba, una directiva que se debería haber
traspuesto con el máximo número de garantías.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señorías, mi grupo igualmente, como acaba de exponer el portavoz de Esquerra Republicana - Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, ha presentado una enmienda de devolución a este proyecto de ley, pues se
trata de un proyecto de ley muy importante que afecta a todos los sectores de servicios junto con la otra ley que en estos momentos está en trámite de presentación de enmiendas. Nuestra enmienda está relacionada con la afectación que iban a tener
estos sectores y en concreto con aspectos relacionados con cuestiones de índole de derechos laborales, lingüística y competencial. En ese sentido, una vez la ley en trámite de enmiendas, presentamos una serie de ellas que intentaban corregir
algunas de estas cuestiones. He de decir que nuestras diecinueve enmiendas al final tuvieron un éxito relativo, pues solamente siete de ellas pueden ser incorporadas al proyecto de ley gracias a transacciones con otros grupos, que incidieron en las
mismas cuestiones que nosotros considerábamos necesario mejorar en el texto. Y ya comunico que en relación con nuestras enmiendas 105, 113, 114, 117, 118, 119 y 120 vamos a aceptar las transacciones que se nos han ofrecido, pues, aunque en algunos
casos no incorporan al texto la cuestión tal como nosotros la planteamos en las enmiendas, la orientan en la misma dirección, clarifican y desde todos los puntos de vista mejoran la legislación que vamos a aprobar.
Voy a comentar algunas cuestiones, por ejemplo la relacionada con la enmienda 113. Según nuestro punto de vista, es importante que se aproveche esta ley para clarificar la trasposición de la Directiva 2000/78/CE, sobre igualdad de trato en
el empleo en el ámbito del ejercicio profesional. Dicha directiva dispone que su ámbito se extienda a las condiciones de acceso al empleo, a la actividad por cuenta propia y al ejercicio profesional. Creemos conveniente que esta trasposición se
incorpore a la ley actual, cuestión que no era así en el proyecto enviado por el Gobierno. Asimismo, nuestra enmienda 114 mejora el texto. Lo que nosotros proponemos añadir -otros grupos coinciden y por tanto se propicia la transacción- se
contempla literalmente en la directiva objeto de trasposición. Con su omisión en este proyecto de ley se impediría que consideraciones de, por ejemplo, planificación territorial pudieran condicionar el libre establecimiento de una serie de
actividades económicas. Con la incorporación de la transacción -hemos presentado una enmienda de adición que resuelve este tema-, la ley, evidentemente, queda mejorada. Otra cuestión que nos preocupa, en relación con la cual creemos que se puede
mejorar el texto, está relacionada con el impulso de inspecciones administrativas y de controles periódicos. El proyecto olvida introducir elementos de tutela efectivos por parte de la ciudadanía, en tanto que usuaria de los servicios sometidos a
sus preceptos. Según nuestro punto de vista, resulta escasa, aunque propio de una lógica desreguladora, la limitación de las garantías de la calidad de los servicios públicos contempladas en el artículo 20 del proyecto de ley y esto, como decía
anteriormente, mejora el texto. Tenemos que hacer también una mención específica a lo que pretendíamos con nuestras enmiendas números 117, 119 y 120, que estaban relacionadas con los derechos lingüísticos. La transacción que se ha hecho mejora el
texto inicial y hace un reconocimiento de los derechos lingüísticos que no existían con anterioridad, aunque tenemos que decir que no estamos suficientemente satisfechos con lo que aquí se recoge, porque quedan lagunas que desde nuestro punto de
vista podrían haber sido más aclaradas. De todas maneras, es preferible que se recoja el espíritu de las transacciones que nosotros estamos dispuestos a apoyar a que no haya nada, como ocurría con anterioridad.
Dicho esto, señorías, paso a defender las enmiendas que presentamos, que son las restantes, las números 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 115, 116, 122 y 123. Las leo todas porque no van correlativas, de tal forma que no haya ningún tipo
de problema. Nosotros mantenemos estas enmiendas porque entendemos que algunas omisiones a aspectos que se recogen en la directiva y que en cambio no se recogen en el proyecto de ley tendrían repercusión en la resolución de problemas
interpretativos que se puedan presentar en su momento. No se pueden desconocer estos derechos de los ciudadanos
en relación con la libre prestación de servicios en los Estados miembros, por lo que la referencia que consta en la directiva debería figurar también en el texto del articulado de la trasposición. Hay varias enmiendas, como las números 106,
107, 108 y 109, relacionadas con alguna cuestión que está contemplada en la directiva, pero, en cambio, no entendemos por qué no hay interés en que se recoja en el texto, sobre todo cuando esa incorporación significaría una clarificación y un
reconocimiento de los derechos de los ciudadanos en relación con los servicios que esta ley regula que, como dijimos al principio, son todos.
Nos interesa también explicar la razón por la que mantenemos nuestra enmienda número 122, porque desde
nuestro punto de vista, tal y como está redactada la disposición adicional quinta, contempla escasas previsiones en cuanto al incumplimiento de las obligaciones de la ley. Tan solo se realiza una remisión a la normativa de defensa de consumidores y
usuarios cuando las infracciones encajen en esa consideración. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista esta enmienda mejoraría la redacción original, extendiendo su alcance a infracciones que afecten a derechos laborales, sociales, de régimen de
funcionamiento y de actividades, cuestión que, como ya dije al principio, fue motivo de algunas de las razones que propiciaron nuestra enmienda de devolución. Asimismo, hemos presentado la enmienda número 123, que es una modificación de la
disposición final cuarta, porque entendemos que la compensación de deudas en caso de responsabilidad por incumplimiento no puede obedecer a una decisión unilateral de la Administración General del Estado, sino que debe ser adoptada conjuntamente en
un órgano de participación. Desde nuestro punto de vista, se debe garantizar la participación también de la Administración afectada en la defensa de sus opciones legislativas en el proceso judicial que se sustancie ante las instituciones
comunitarias. No entendemos, señorías, por qué no hemos podido llegar a acuerdos en relación con las enmiendas que acabo de defender con el Grupo Socialista o con el resto de los grupos, porque desde luego mejorarían el texto.
Para terminar mi
intervención en defensa de las enmiendas que mantenemos vivas, diré que lo mismo ocurre con las enmiendas números 111 y 112. La número 111 es una enmienda al artículo 4, de modificación del apartado tercero. La directiva objeto de trasposición no
limita las razones de interés general que pueden justificar la necesidad de una autorización individual, por lo que para evitar problemas interpretativos que se puedan presentar en su momento, la referencia que consta en la directiva -y nos
referimos a la frase de 'razones imperiosas de interés general'- debería figurar en el texto que va a ser aprobado en esta Cámara. La enmienda número 112, que es al artículo 7, propone la supresión del último párrafo del apartado 3), porque el
texto que proponemos suprimir supone un elemento para desincentivar las autorizaciones individuales.
Además, dicho elemento no está contemplado en la directiva objeto de trasposición. Desde el Bloque Nacionalista Galego consideramos que la
intencionalidad de esta frase es pretender excluir que los gobiernos autonómicos introduzcan condicionantes por razones de política social, laboral, ambiental o lingüística que, sin embargo, sí pueden encajar en los estrechos márgenes de la
directiva. Entendíamos que la directiva ya se inmiscuía en competencias que en este momento tenemos las comunidades autónomas, pero para nosotros es incomprensible que el Gobierno y en todo caso las Cortes, que somos quienes vamos a decidir sobre
este proyecto de ley, aún incorporen mayor injerencia en esas competencias autonómicas. De ahí que mantengamos nuestras enmiendas, que son las que he mencionado anteriormente, junto con aquellas a las que ya he hecho referencia y cuya transacción
aceptamos. Por último, quiero dejar constancia de que vamos a retirar la enmienda número 116.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Batet Lamaña.
La señora BATET LAMAÑA: Desde el Grupo Socialista quería empezar manifestando la satisfacción que tenemos por encontrarnos en este trámite parlamentario para una primera fase de aprobación de la nombrada ley paraguas de trasposición de la
directiva de servicios, porque nos va a permitir cumplir los plazos de trasposición que nos vienen dados por la Unión Europea a 28 de diciembre de este año, pero sobre todo porque nos parece que es una ley realmente importante y, por tanto, su
trasposición a España también lo es. Es importante para dar pasos significativos hacia la construcción y la integración europea desde el mismo punto de vista que se han dado en otros ámbitos, como por ejemplo en el ámbito educativo con el proceso
de Bolonia o el establecimiento de un marco europeo de cualificaciones profesionales, ya traspuesto en España. En este sentido, es una satisfacción para este grupo construir, y construir bien, la Unión Europea.
Los objetivos principales de la directiva y por tanto del proyecto de ley son sobradamente conocidos, pero me parecía oportuno volver a ponerlos encima de la mesa en este trámite parlamentario. En primer lugar, esta ley pretende introducir
un cambio de concepción en la relación entre las administraciones públicas y la ciudadanía exigiendo que la Administración pública se modernice, simplifique sus trámites, reduzca las cargas para los ciudadanos y para las empresas y, por tanto,
facilite de alguna manera la actividad y permita el dinamismo y una mayor libertad a los particulares para reactivar la economía, dejando de ser la Administración pública paternalista, partiendo de una desconfianza que desde nuestro punto de vista
ha existido hasta ahora, y permitiendo, por tanto, una mayor libertad para los ciudadanos, así como la asunción, porque va siempre asociada a la libertad, de una mayor responsabilidad por parte de los ciudadanos. En segundo lugar, esta directiva
-y, por tanto, el proyecto de ley que trasponemos en esos
momentos- busca la homologación entre los Estados miembros, busca terminar con las discriminaciones entre los Estados miembros; y evidentemente, no solo eliminar la discriminación entre Estados miembros, sino también las potenciales
discriminaciones que se pueden dar dentro del territorio nacional, dentro de España. En este sentido, quería dejar constancia -para tranquilizar al señor Delgado- de que desde el Grupo Parlamentario Socialista, sin ningún tipo de complejo, podemos
decir que esta ley busca la unidad de mercado en la Unión Europea y también dentro de España, por supuesto. Un tercer objetivo de la ley es la liberalización y la potenciación de la competitividad de la Unión Europea. Me parece importante que
tengamos en cuenta en esta Comisión que España siempre tiene una diferencia de inflación enorme con respecto a otros Estados miembros, cosa que denota que algún problema tenemos, si no, no habría este diferencial. La trasposición de esta directiva
puede ser un primer paso para ir corrigiendo estas diferencias con otros Estados miembros.
Por último, otro objetivo importante de la directiva es dar garantías y mejorar la calidad de los servicios para la ciudadanía de la Unión Europea. Que la
calidad llegue a todos por igual es fundamental; no solo que llegue a todos los rincones de España, sino que también es importante -y así queremos dejar constancia- que llegue a todos los Estados y a todos los rincones de los distintos Estados de
la Unión Europea. Sin calidad, la Unión Europea no será fuerte ni ocupará el lugar de liderazgo que le corresponde en la economía mundial. Creo que no es muy osado por nuestra parte afirmar que muchos de los que estamos hoy aquí -por no decir
prácticamente todos- y también una inmensa mayoría de los ciudadanos compartimos estos objetivos.
Establecidos los objetivos, se trata de reflexionar hasta qué punto nuestra realidad está a la altura de esta meta, y creo que el diagnóstico también podría ser compartido. La respuesta es no; la realidad no está a la altura de estos
objetivos. ¿Qué es necesario para esto? En primer lugar, es lo que estamos haciendo hoy aquí, adecuar nuestro ordenamiento jurídico a la normativa europea que persigue estos objetivos; y en segundo lugar, y mucho más importante, trabajar todos
juntos -me refiero aquí también y especialmente al sector servicios- para que estos objetivos sean una realidad. Pasar de lo jurídico a lo real es un salto imprescindible y que demasiado a menudo en este país no damos. Con la aprobación de este
proyecto de ley daremos un primer paso fundamental, pero no suficiente para conseguir estos objetivos y empezar a cambiar el diagnóstico. A todos nos cuesta -al Gobierno, a este grupo parlamentario que represento también y creo que al resto de
grupos parlamentarios de la Cámara- proponer cómo rompemos esta espiral en la que estamos para dar un gran salto cualitativo; esta espiral me atrevería a decir incluso de mediocridad como me recuerda muchas veces otra de las ponentes de la ley.
Nos tenemos que enfrentar a nuevas realidades y a nuevos retos que necesitan respuestas. Contamos con el apoyo de toda la Cámara. Las tres ponentes de este proyecto de ley, la diputada Gastón, la diputada Colldeforns y yo misma, estamos
convencidas de que los cambios profundos, los cambios estructurales de un país se deben hacer aunando puntos de vista, sumando visiones diferentes e incorporando reflexiones diversas.
Así ha quedado claro en la tramitación de este proyecto de ley.
Hemos incorporado muchísimas enmiendas de las presentadas por los grupos y creo, sinceramente, que todos los grupos parlamentarios han contribuido a mejorar el texto, y desde este grupo político así lo queremos reconocer.
De veintisiete enmiendas
del Grupo Popular, solo hemos rechazado cinco, y cabe destacar que dos de ellas porque iban en contra de recomendaciones del informe del Consejo de Estado, como es mantener la exigencia de regulación con rango de ley para establecer autorizaciones o
exigencias a prestadores de servicios. De CIU también hemos aceptado un gran número de enmiendas pensando que con este grupo parlamentario, así como con el Partido Nacionalista Vasco, compartimos también los objetivos establecidos por esta nueva
normativa comunitaria que obliga a todos los Estados miembros. De Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds hemos aceptado treinta enmiendas y del Bloque Nacionalista Galego siete de diecinueve. En general, de los
distintos grupos parlamentarios hemos dejado fuera todas aquellas que, en primer lugar, iban en la dirección opuesta a los objetivos de la directiva y del proyecto de ley de trasposición, en el sentido de poner trabas a la competencia, como por
ejemplo las enmiendas 13, 19, 20 y 34 de Iniciativa per Catalunya Verds, o la 161, 164 y 168 de Convergència i Unió. También hemos dejado fuera aquellas enmiendas que incorporaban excepciones de aplicación de la ley a materias que no eran
propiamente una actividad de servicios, ya que hemos valorado que generaban confusión respecto del ámbito de aplicación de la ley, como por ejemplo, la 106, 107, 108 y 109 del Bloque Nacionalista Galego; o la 7 y 10 de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya Verds. En tercer lugar, las enmiendas que hacen referencias innecesarias a otras leyes del ordenamiento jurídico, como la 80 y 82 de Esquerra Republicana de Catalunya, también hemos considerado que no podían ser aceptadas por este
grupo parlamentario. Por último, también hemos excluido aquellas enmiendas que respondían, desde nuestro punto de vista, a temores infundados, como por ejemplo las que pretendían cambiar el término de ventanilla única por el de ventanillas únicas,
desvirtuando precisamente una de las medidas más relevantes de este proyecto, por ejemplo la 159, 182, 190 y 204 de CIU, por un lado, o la 21 de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, por otro, o también por ejemplo la enmienda 131 del
Grupo Popular, que viene a reiterar lo que ya establece con toda claridad el artículo 4.2. Todas las enmiendas aceptadas, en cambio, nos han parecido clarificadoras y garantistas de la voluntad última que tenemos con esta regulación, así como que
incorporaban elementos en la directiva que
quizá no habían quedado suficientemente explicitados. Por tanto, pensamos que los grupos parlamentarios, sin duda, han contribuido a mejorar el texto que nos había llegado del Gobierno.
En este trámite parlamentario, voy a aprovechar para decir que la enmienda 128 del Grupo Popular, a la que habíamos presentado una transaccional y en el trámite de ponencia habían manifestado su voluntad de mantener las palabras 'limitadas
a', en relación con los criterios establecidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cambiaríamos la expresión que consta en el librito que hemos facilitado a la Mesa 'como son las siguientes' por 'limitadas a'. Por
tanto, aceptaríamos la propuesta del Grupo Popular para mantener esa enmienda tal y como ellos la habían presentado. En cambio, no aceptaríamos la propuesta de cambio de la enmienda 133 ni tampoco las 166 y 171 de Convergència i Unió. Sí que
aceptaríamos la propuesta del señor Sánchez i Llibre de cambiar el término nacional por estatal en su enmienda 160. Con relación a las enmiendas, espero -y no voy a hacer ahora una defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista, que
creo que son enmiendas técnicas que mejoran significativamente el texto- que el resto de grupos parlamentarios apoyen sin ningún problema las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista. Lamentamos profundamente -y no quiero terminar mi
intervención sin decirlo- que en esta trasposición de la directiva de servicios no podamos contar con el voto afirmativo del Grupo Popular. Nos parece que por el hecho de ser una normativa europea, por el hecho de buscar una liberalización del
sector servicios y por el hecho de clarificar muchas de las demandas que había en este sector, es una pena que el grupo mayoritario de la oposición no acabe dando su voto afirmativo. Esperamos que a lo largo de la tramitación puedan modificar este
posicionamiento y se sumen al voto positivo.
Para finalizar, quisiera trasladarles un mensaje de fondo. En un momento difícil como el que vivimos son importantes las medidas de choque. De hecho, son muchas las que este Gobierno ha tomado para combatir la crisis, para cambiar la
situación, para proteger a los más débiles. Pero al Gobierno también se le pide constantemente que tenga una visión de futuro; que sea capaz de tomar medidas a medio y largo plazo y que transforme la realidad para enfrentarnos, en un futuro
próximo, a los problemas de otra manera, es decir, mejor preparados. Precisamente eso es lo que estamos haciendo hoy aquí, estamos haciendo una reforma de calado, un cambio de paradigma, una reforma estructural, término que utilizamos tantas veces.
Sin duda, desde nuestro punto de vista la nueva regulación facilitará la creación de empresas, el crecimiento y el empleo, elevará la calidad de los servicios y garantizará los derechos de los consumidores y de los destinatarios de los servicios.
Por todo eso, nos parece que es una ley importante y pedimos a todos los grupos parlamentarios que la apoyen.
- PROYECTO DE LEY DE SERVICIOS DE PAGO. (Número de expediente 121/000025.)
El señor PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día: Proyecto de ley de servicios de pago. En este caso intervendrá en primer lugar el Grupo Parlamentario Catalán. El señor Sánchez i Llibre tiene la palabra.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Antes que nada quiero agradecer al portavoz del Grupo Parlamentario Popular la posibilidad de poder intervenir en primer lugar. Convergència i Unió ha presentado cinco enmiendas al proyecto de ley de servicios de
pago -de entrada ya adelantamos que vamos a votar a favor del dictamen de la ponencia- y excepto en una de ellas hemos llegado a un acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista. Estas enmiendas van en la dirección nuclear de lo que persigue la
tramitación de este proyecto de ley de servicios de pago, que no deja de ser la trasposición de una directiva europea que persigue estimular la competencia entre los mercados nacionales y asegurar la igualdad de oportunidades para competir. También
pretende aumentar la transparencia en el mercado tanto de los prestadores de los servicios como de los usuarios y establece un sistema común de derechos y obligaciones para proveedores y usuarios en relación con la prestación y la utilización de los
servicios de pago. Desde Convergència i Unió pensamos que sin lugar a dudas ello también contribuirá a una mayor eficiencia, un nivel más elevado de automatización y un procedimiento común sujeto a la legislación comunitaria. Como digo, desde esta
perspectiva, hemos presentado cinco enmiendas. Respecto a la enmienda número 8 aceptamos la transaccional que nos ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a aquellas operaciones en las que alguno de los proveedores de servicios de
pago no esté situado en la Unión Europea, o en aquellas operaciones realizadas en moneda distinta del euro o en la moneda de algún otro Estado miembro, en cuyo caso no serán de aplicación los artículos 25.2 y 39. Al mismo tiempo, la presente
sección se aplicará en las operaciones de pago realizadas en euros en las que ambos proveedores de servicios de pago estén situados en la Unión Europea. Con relación a la enmienda número 9, estamos intentando llegar a un acuerdo con el Grupo
Parlamentario Socialista, en el sentido de poder dar el mismo nivel de protección a todos aquellos consumidores que, siendo españoles, depositen sus ahorros o tengan relaciones comerciales con entidades financieras no españolas con sucursales
establecidas en nuestro país. Si no se aceptara la enmienda número 9 de Convergència i Unió, probablemente los consumidores españoles que tengan relaciones comerciales con entidades financieras no españolas gozarían de más protección que aquellos
consumidores españoles que depositen sus ahorros o sus intereses comerciales en sucursales de instituciones financieras españolas.
Respecto a la enmienda número 10, creo que el Grupo Parlamentario Socialista la va a aceptar
directamente, puesto que vamos a establecer todas aquellas operaciones de pago relacionadas con las gestión de carteras, entendiendo que deben estar incluidas no solo las realizadas por instituciones de inversión colectiva sino también
aquellas que se refieren a planes y fondos de pensiones. Por otra parte, vamos a retirar la enmienda número 11 de nuestro grupo parlamentario porque se va a subsumir con una enmienda que han pactado el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo
Parlamentario Popular. En cuanto a la enmienda número 12, tengo que decir que es importante dado que se refiere a los consumidores que hagan sus pagos a través de tarjetas de crédito, con lo cual desde nuestra perspectiva sería nula toda cláusula
que impida al beneficiario de una orden de pago exigir al ordenante el pago de una cuota adicional u ofrecer una reducción por la utilización de un instrumento de pago específico. Al mismo tiempo, planteamos la posibilidad de que reglamentariamente
podrían establecerse límites al derecho de cobro de gastos, teniendo en cuenta la necesidad de fomentar la competencia y promover el uso de instrumentos de pago eficientes. Por último, la enmienda número 13 hace referencia a la entrada en vigor de
la misma y también en este caso aceptaríamos la enmienda transaccional planteada por el Grupo Parlamentario Socialista para poder lograr en este sentido el máximo consenso con relación a una ley que entendemos muy importante.
El señor PRESIDENTE: Turno ahora para el señor Herrera de Iniciativa per Catalunya Verds.
El señor HERRERA TORRES: Señor presidente, intervengo de forma muy breve para dar por defendidas las tres enmiendas que presentó nuestro grupo, concretamente el representante de Esquerra Republicana.
El señor PRESIDENTE: Tiene ahora la palabra el señor Albendea Pabón del Grupo Parlamentario Popular.
El señor ALBENDEA PABÓN: El Grupo Parlamentario Popular ha presentado a este proyecto de ley cuatro enmiendas. A nuestra enmienda número 4 el Grupo Socialista ha presentado dos transaccionales de adición. En la primera se añade un nuevo
apartado 4 al artículo 24, en el que se dice: En aquellas operaciones en la que alguno de los proveedores de servicios de pago no esté situado en la Unión Europea, o en aquellas operaciones realizadas en moneda distinta del euro o de la moneda de
algún Estado miembro no serán de aplicación los artículos 25.2 y 39. La segunda enmienda transaccional es de modificación, dándole nueva redacción al artículo 40, apartado 1, en el siguiente sentido: La presente sección se aplicará a las
operaciones de pago realizadas en euros en las que ambos proveedores de servicios de pago estén situados en la Unión Europea.
Estamos de acuerdo con estas transaccionales que he leído. Por otra parte, nuestra enmienda 5 trata de suprimir la
excepción que recoge el apartado 3 del artículo 1 respecto de los contratos marco celebrados por entidades con domicilio en otros Estados miembros de la Unión Europea, por lo que entendemos que los títulos III y IV de la ley deben aplicarse a
cualquier prestador de servicios de pago que opere en España. Para ello, la enmienda propone suprimir el párrafo número 3 del artículo 1, que comienza así: No obstante, cuando el servicio de pago se preste al amparo, etcétera. Nuestra enmienda
número 6 modifica el punto 2 de la disposición transitoria tercera para ampliar de seis a doce meses desde su entrada en vigor el plazo de adaptación a los contratos, así como ampliar también de doce a dieciocho meses para los contratos de tarjeta
de crédito o débito. Nuestra enmienda número 7 es una mera mejora técnica al último párrafo del apartado 2 de la disposición transitoria tercera.
Nos parece más adecuado el concepto jurídico de resolver un contrato, que de rescindir un contrato en
estos supuestos. Las enmiendas números 8 y 9 de Convergència i Unió son similares a las números 4 y 5 del Grupo Popular, por lo que nos remitimos a lo ya comentado sobre las mismas. La enmienda número 10 de Convergència i Unió quiere dejar claro
que en la expresión operaciones de pago relacionadas con la gestión de carteras están incluidos los planes y fondos de pensiones y sus gestoras, por tanto, la vamos a apoyar. La número 11 de CiU es igual que la 6 del Grupo Popular; la única
diferencia es que no hablan en absoluto de las tarjetas de crédito y dan el mismo plazo para todo, por lo que supongo que van a aceptar la nuestra. Asimismo, vamos a aceptar la enmienda número 12 de CiU. La número 13 propone que la ley entre en
vigor a los tres meses de su publicación, pero más que nada estamos también de acuerdo con la transacción del Grupo Socialista, donde se propone que se suprima la disposición final novena, de suerte que la ley entre en vigor, conforme dice el Código
Civil, a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Vamos a abstenernos en las tres enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
El señor PRESIDENTE: Corresponde ahora la intervención al Grupo Mixto, en cuyo nombre tendría la palabra la señora Oramas de Coalición Canaria.
Señora Oramas, ¿desea intervenir?
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: No.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la intervención del Grupo Socialista. Tiene la palabra la señora Vázquez Morillo.
La señora VÁZQUEZ MORILLO: Debatimos hoy en esta Comisión un proyecto de ley que tiene como finalidad la trasposición de la Directiva 2007/64, del Parlamento Europeo y del Consejo, que modifica tres directivas anteriores y deroga otra
relativa a las transferencias
transfronterizas. El objeto de la ley, como se ha venido diciendo, es la incorporación de tal directiva al ordenamiento jurídico español para garantizar que los pagos realizados en el ámbito de la Unión Europea se realicen con la misma
facilidad, eficiencia y seguridad que los realizados en el ámbito interno de cada uno de los Estados miembros, a la vez que tiende a reforzar y proteger los derechos de los usuarios de los servicios de pago. A este proyecto, que tiene un carácter
bastante técnico, se han presentado trece enmiendas, una de las cuales ha quedado subsumida en otra, por lo que quedan doce enmiendas que se han presentado, no nos cabe ninguna duda, con el ánimo de mejorar el proyecto de ley, y así se ha conseguido
en muchas de ellas, que suponen una mejora sustancial del proyecto. Mi grupo apoyará esas enmiendas, de las que ahora hablaré, y en otras hemos planteado transaccionales que han sido aceptadas. En cuanto a las que vamos a aceptar, me referiré a la
enmienda 6, del Partido Popular, a la disposición transitoria tercera, relativa a la ampliación del plazo de adaptación de los contratos suscritos por las entidades de crédito con su clientela, que pasaría de los seis meses que propone el proyecto
de ley a doce meses, y de doce meses que plantea el proyecto de ley a dieciocho en el caso de los contratos de tarjetas de crédito y débito. Similar a esta era la enmienda 11, presentada por CiU, que queda subsumida en la 6. También aceptaremos la
enmienda 7, del Partido Popular, que supone una mejora técnica, como se ha dicho, al cambiar una palabra, rescindir, por resolver. La enmienda 10, del Grupo Parlamentario Catalán, también supone una mejora técnica, porque plantea incluir
expresamente, que no lo hacía, a los planes y fondos de pensiones y sus gestoras de las instituciones de inversión colectiva. Mi grupo está totalmente de acuerdo en esa inclusión porque supone una mejora en la interpretación que pueda hacerse de la
ley.
En cuanto al resto de las enmiendas, tengo que agradecer la disposición de los grupos para que esta ley salga con el máximo consenso, como creo que va a suceder. En este sentido, se han aceptado transaccionales propuestas por mi grupo, y en
concreto me referiré a las enmiendas 4, del Partido Popular, y 8, de CiU, tendentes a limitar la aplicación de los títulos III y IV a las operaciones realizadas en alguna moneda de la Unión Europea y en su ámbito territorial. Si bien entendíamos
que la extensión del ámbito de aplicación no perjudicaría a la uniforme regulación del mercado interior europeo, sí es cierto que algunas normas del título IV resultarían de difícil aplicación en operaciones no armonizadas. Por ello el Grupo
Socialista ha propuesto dos transaccionales, que parece que aceptarán los dos grupos, que limitan ese ámbito de aplicación, pero a través de las enmiendas transaccionales de adición al artículo 24 y de modificación al artículo 40.1. Aceptamos la
enmienda 12, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que nos parece muy oportuna, puesto que la directiva establece en su artículo 52 que los Estados miembros podrán prohibir o limitar el derecho de cobro de gastos teniendo en cuenta
la necesidad de fomentar la competencia y promover el uso de instrumentos de pago eficientes. La vamos a aceptar porque entendemos que, una vez el Gobierno haya escuchado a todos los sectores implicados, no solamente a las entidades bancarias, sino
también al sector del comercio, se podrá regular esta limitación o prohibición de cobro de gastos por parte de estos beneficiarios de la orden de pago. En cuanto a la enmienda 13, de CiU, mi grupo ha propuesto una transaccional, que parece que se
acepta, a fin de eliminar la disposición final novena para que la ley entre en vigor de forma subsidiaria de acuerdo con el Código Civil, es decir, a los veinte días de su publicación en el BOE. No nos parecería oportuno expresar claramente en la
ley el incumplimiento del plazo, que es el 1 de noviembre de 2009, al que será difícil llegar.
Finalmente, mi grupo votará en contra, no porque no estemos de acuerdo con ellas, sino por las razones que voy a exponer, de las enmiendas 1, 2 y 3, del Grupo de Esquerra Republicana. ¿Por qué? En el caso de la enmienda 1, porque hace un
cambio en la definición del consumidor, pero la directiva hace una definición de consumidor a efectos de esta directiva. Por tanto, a pesar de que nos parece bien la definición que hace, porque así lo hemos hecho en nuestra Ley de consumidores y
usuarios, no podremos aceptarla porque la directiva, a efectos de la directiva, lo define de otra forma. En cuando a la 2 y la 3, la Ley general de defensa de los consumidores y usuarios ya establece que esta ley se aplicará a las relaciones entre
consumidores o usuarios y empresarios, por lo que no consideramos necesario reiterarlo en esta ley. Nos queda comentar dos enmiendas, la 5, del Partido Popular, y la 9, de CiU, que son idénticas y que persiguen eliminar una parte del artículo 1.3.
Se pretende eliminar la disposición que establece que será de aplicación la normativa del Estado de origen cuando el servicio de pago se acoja a contratos marco celebrados con entidades de otros Estados miembros. Hemos estado discutiendo mucho
estas enmiendas y creemos que no debería eliminarse esa parte porque el artículo 82 de la directiva establece que la autoridad competente en los procedimientos de sanción y reclamación que están en el título IV, como ellos dicen, es siempre el
Estado de origen. En consonancia con esta disposición entendemos que la legislación aplicable debe ser la del Estado miembro de origen. En caso contrario, entendemos que la instrumentación de esos procedimientos sería prácticamente inviable.
Tenemos que destacar que el caso de los consumidores está aparte, porque a ellos siempre se les aplicará la legislación española si es más favorable. En cualquier caso, como nos quedará un poco de tiempo antes de la votación, vamos a seguir
trabajando en estas enmiendas por si pudiéramos llegar a alguna transaccional.
Termino reiterando nuestro agradecimiento a todos los grupos por la colaboración que han prestado para que esta ley salga con el máximo consenso. Vamos a ver si
lo conseguimos, porque entendemos que esta ley va a estimular la competencia entre los mercados nacionales y sobre todo va a asegurar la igualdad de oportunidades para competir, va a aumentar la transparencia en el mercado y va a garantizar
un sistema común de derechos y obligaciones en la utilización de servicios de pago a todos los ciudadanos de la Unión Europea.
DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS SIGUIENTES SOLICITUDES DE CREACIÓN DE SUBCOMISIONES Y PONENCIAS:
- SOLICITUD DE CREACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN EN EL SENO DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS PREVISIONES DEL REAL DECRETO-LEY 9/2009, DE 26 DE JUNIO, SOBRE REESTRUCTURACIÓN BANCARIA Y REFORZAMIENTO DE LOS RECURSOS
PROPIOS DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO.
FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA Y POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 158/000029.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora al punto 5.º del orden del día, relativo a la propuesta para crear una subcomisión sobre la reestructuración bancaria. ¿Algún grupo quiere intervenir al respecto? (Pausa.) Suspendemos la reunión hasta
las 12:15 y a esa hora procederemos a votar. (Pausa.)
El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión.
Parece que estamos en condiciones de pasar a las votaciones. Empezaremos por votar la solicitud de creación de una subcomisión en el seno de esta Comisión de Economía y Hacienda para dar cumplimiento a las previsiones del Real Decreto-ley
de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito. Esto lo votaremos en los términos que aparecen en el orden del día, puesto que se consideró que no era necesario someter de nuevo a
votación esta sugerencia.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos ahora a votar los proyectos de ley. En primer lugar, votaremos el proyecto de ley sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. A su vez, empezaremos por las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, las que
presentó la señora Fernández Davila, que ha retirado la enmienda 116.
En un primer bloque de votaciones vamos a someter a su consideración la transaccional del Grupo Parlamentario Socialista a la 119, y asimismo la transaccional del Grupo Socialista a la 120.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Segunda votación, referida a las enmiendas 106 a 112 del Grupo Mixto, la 115 y 121 a 123.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 34.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. El primer bloque de votaciones comprenderá las enmiendas transaccionales del Grupo Parlamentario Socialista a la 3, 23, 25, 55, 58 y
118 del Bloque Nacionalista Galego, a la 59 y 99.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Segundo bloque de votación en este apartado. Es a las enmiendas 26 y 28.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 34.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Tercera votación. Enmiendas 4 a 8, enmienda número 10, las enmiendas 13 a 21 ambas inclusive, 30 a 34, de la 36 a la 50, de la 52 a la 54, la 57, enmiendas 60, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 72 a 78 y la 80, también las números 82, 83, 85, 88, 89,
91, 92, de la 94 a la 98 y las enmiendas 100 a 104.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 35; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Cuarto grupo de votaciones. Es a las enmiendas 22, 24, 27, 29, 35, 56 y 61.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmiendas del Grupo Catalán. El primer bloque de enmiendas que van a ser sometidas a votación son las transaccionales a la 163, 169 y 113 del Bloque Nacionalista
Galego, la 172 y la 71 del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a la 185 y 79 del mismo grupo antes señalado, a la 189 y 81 asimismo de Esquerra Republicana, a la 192 y 86, a las 193 y
87 de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a las enmiendas 196 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la 90 del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds, a la 200 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y a la 93 del Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Segundo grupo de enmiendas que vamos a votar. Son las enmiendas 159, 161, 164, 166, 167, 168, 170, 171, 174, 175, las enmiendas 176 a 184 ambas inclusive, la 186, 187, 188, 190, 194, 195, enmiendas 197 a 199 ambas inclusive y 201 a 207
ambas inclusive.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 18; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar, votaremos las transaccionales siguientes. Enmienda transaccional del Grupo Socialista a la 124, con la 9 de Esquerra Republicana y la 162 de Convergència i Unió.
La transaccional
a la 125, con la 11 de Esquerra Republicana. A la 126, con las 12 y 64 de Esquerra Republicana, la 105 del Grupo Parlamentario Mixto y la 160 de Convergència i Unió. A la 129, con la 165 de Convergència i Unió y la 67 de Esquerra Republicana.
Transaccional a la 136 del Grupo Popular. A la 138 del Grupo Popular, con la 70 de Esquerra Republicana y la 114 del Grupo Mixto. Transaccional a la 139, con la 173 de Convergència i Unió. Transaccional a la 140 del Grupo Popular, a la 144, con
la 51 de Esquerra Republicana, a la 145, con la 84 de Esquerra Republicana, que es 117 del Grupo Parlamentario Mixto y la 191 de Convergència i Unió, a la 148 y, por último, también transaccional a la 149 de estas del Grupo Parlamentario Popular.
La señora BATET LAMAÑA: Me parece que la enmienda 148 la votaríamos dos veces.
El señor PRESIDENTE: Entonces la quitaremos en la siguiente votación donde, efectivamente, aparece duplicada en el índice de votaciones. Vamos a votar las que he mencionado antes en este primer grupo de transaccionales.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Segunda votación, referida a la enmienda 128 del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; en contra, uno; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Tercera votación de este paquete de enmiendas, enmienda 131 del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 133.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 19; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Vamos a votar las enmiendas números 132, 134, 146 y 147 del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 19; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 127, 130, 137, 141, 142, 143 y 150.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Las votaremos todas en conjunto.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Pasamos, finalmente, a votar el informe de conformidad de la ponencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Siguiente proyecto de ley, de servicios de pago.
Empezaremos votando las enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; enmiendas 1 a 3, ambas inclusive.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 19; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán. En primer lugar, votaremos una enmienda transaccional a la número 8 de este grupo.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Enmienda transaccional a la número 13.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda transaccional a la número 9.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos las enmiendas 10 y 12 del Grupo Catalán. (El señor Albendea Pabón pide la palabra.) Señor Albendea.
El señor ALBENDEA PABÓN: Perdón, ¿no había una transaccional en la 12?
El señor PRESIDENTE: Las transaccionales han sido a la 8, a la 13 y a la 9. ¿Están aclarados los términos en los que vamos a votar? (Asentimiento.) Votamos las enmiendas 10 y 12 del Grupo Catalán.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular; enmienda transaccional a la número 4 del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos ahora las enmiendas 5, 6 y 7 del Grupo Popular. (El señor Albendea Pabón pide la palabra.) Un momento. Señor Albendea, aclárenos.
El señor ALBENDEA PABÓN: Que lo explique mejor la portavoz. Hay una enmienda transaccional a la número 5, y la 6 y la 7 en sus propios términos.
El señor PRESIDENTE: ¿Es así?
La señora VÁZQUEZ MORILLO: Hay una enmienda transaccional a la 5 y a la 9 de CiU.
El señor PRESIDENTE: Entendemos que la enmienda número 5 del Grupo Popular ha sido subsumida en la transaccional que hemos votado antes a la enmienda 9 de Convergència i Unió. Por tanto, ahora votaremos exclusivamente las enmiendas 6 y 7
del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; en contra, uno; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Vamos a votar ahora el informe de conformidad de la ponencia, con la inclusión de una corrección técnica que ha sido sugerida por la letrada de la Comisión, consistente en trasladar el artículo 6 de la ponencia, relativo al régimen
sancionador, que pasaría a incluirse en un nuevo título V, justo antes de las disposiciones del proyecto.
En estos términos votamos el informe de conformidad con la ponencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Suspendemos no más de un minuto o dos para dar paso al compareciente que viene a continuación. (Pausa.)
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMÍA (CAMPA FERNÁNDEZ) PARA INFORMAR SOBRE:
EN SU CONDICIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS, SOBRE LA EVOLUCIÓN RECIENTE DEL FONDO Y SUS EFECTOS A LA LUZ DE LOS INFORMES ELABORADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO Y POR EL BANCO DE ESPAÑA.
A PETICIÓN DEL GOBIERNO. (Número de expediente 212/000515.)
LA EVOLUCIÓN DEL FONDO DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS Y DEL FONDO DE CAPITALIZACIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente
212/000545.)
- DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 10 DE LA ORDEN EHA/3118/2008 POR LA QUE SE DESARROLLA EL REAL DECRETO-LEY 6/2008, EN LA QUE SE ESTABLECE SU OBLIGACIÓN DE COMPARECER CADA DOS MESES EN LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DEL CONGRESO DE LOS
DIPUTADOS PARA INFORMAR SOBRE LA EVOLUCIÓN RECIENTE DEL FONDO DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS Y SUS EFECTOS EN EL SISTEMA FINANCIERO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 212/000631.)
- EN SU CONDICIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS, SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL FONDO Y SUS EFECTOS. A PETICIÓN DEL GOBIERNO. (Número de expediente 212/000639.)
- LA EVOLUCIÓN AGREGADA DEL CRÉDITO, LA SITUACIÓN DEL SECTOR BANCARIO Y LA EVOLUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 4 DEL REAL DECRETO-LEY 9/2009, DE 26 DE
JUNIO, SOBRE REESTRUCTURACIÓN BANCARIA Y REFORZAMIENTO DE LOS RECURSOSPROPIOS DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA. (Número de expediente 212/000658.)
- LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA Y EN ESPECIAL DEL FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA. A PETICIÓN DEL GOBIERNO. (Número de expediente 212/000657.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos la sesión con la comparecencia del señor Campa, secretario de Estado de Economía, de acuerdo con las distintas motivaciones que aparecen en el orden del día. Le damos la bienvenida. Es su primera
comparecencia. Esperemos que le sea leve y muy provechosa.
Cuando quiera, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMÍA (Campa Fernández): Señor presidente, señorías, es para mi un honor comparecer por primera vez ante esta Comisión de Economía y Hacienda, con la que espero mantener un contacto continuado y
constructivo. El objeto de esta comparecencia será realizar un repaso de la situación general de la economía española, tal y como periódicamente se realiza desde la Secretaría de Estado de Economía.
Asimismo, y en cumplimiento de las obligaciones
legales existentes, me referiré al sector financiero y a las principales medidas adoptadas respecto al mismo, especialmente la creación del Fondo de adquisición de activos financieros y el Fondo de reestructuración ordenada bancaria y la situación
del crédito en la economía española. Finalmente, describiré las principales medidas de política económica, en las que desde el Gobierno se está trabajando para hacer frente a los retos a los que se enfrenta la economía española, tanto a corto como
a medio plazo.
Comienzo, por tanto, con la situación general de la economía española.
Nuestro país, al igual que el resto del mundo, atraviesa una seria crisis económica, que seguimos con preocupación y a la que debemos hacer frente con responsabilidad.
Aunque existe ya algún signo claro de moderación en el deterioro de la economía, debemos ser conscientes de que aún falta un largo camino para alcanzar una recuperación sostenida que beneficie al empleo. Haciendo, en primer lugar, un repaso somero
de la situación internacional, la economía mundial continúa inmersa en la mayor crisis financiera y real desde la Segunda Guerra Mundial. No obstante, después de haber bordeado el colapso financiero el año pasado, los mercados financieros parecen
estar camino de la normalización. Tanto el comportamiento de los tipos de interés, que en nuestro caso se muestra en un euribor a un año en el 1,25 por ciento, como el despunte en la actividad de los mercados de deuda privada y soberana, muestran
que los mercados financieros han reaccionado en buena medida gracias a los planes de ayuda que se han ido adoptando. Asimismo, la actividad económica real a nivel mundial, que registró un retroceso sin precedentes por su profundidad y globalidad en
los primeros meses de 2009, también comienza a repuntar en algunas partes del mundo. De hecho, la mayoría de los organismos internacionales e institutos de previsión han comenzado a revisar sus proyecciones al alza por primera vez tras casi tres
años de sucesivas correcciones a la baja.
A modo de ejemplo, la OCDE, cuya previsión de crecimiento para la zona euro en 2009 era de menos 4,8 por ciento, en su interim assessment de 3 de septiembre la ha mejorado en 9 décimas, hasta el menos 3,9 por ciento.
Sin embargo, debemos
ser especialmente cautelosos al interpretar esta mejora de la situación. No podemos desconocer que esta moderación del deterioro en la actividad global, que esperamos que tenga continuidad en los próximos trimestres, se ha fundamentado en buena
medida en las excepcionales políticas de apoyo aplicadas por las autoridades económicas. A este respecto,
existe consenso acerca de que la autosostenibilidad de la recuperación todavía no está lo suficientemente asentada como para retirar los apoyos.
No obstante, es necesario empezar a elaborar la estrategia de salida que incorpore las medidas
necesarias que garanticen una consolidación del crecimiento en el medio y largo plazo.
Por lo que se refiere específicamente a la situación económica en España, la crisis económica en nuestro país es fruto de la combinación de una serie de vulnerabilidades internas, cuyo ajuste brusco se acelera por la coincidencia con la
grave crisis internacional. A diferencia de la mayoría de los países de nuestro entorno, en los que la caída se encuentra en gran medida vinculada a un descenso del sector exterior, la crisis en España se ha manifestado como una contracción
significativa de la demanda interna, a la vez que, en un entorno mundial de desaceleración del sector exterior, en nuestro caso el sector exterior ha contribuido positivamente al crecimiento, particularmente por el excelente comportamiento de
nuestras exportaciones en términos relativos. Desde el punto de vista coyuntural, también en España se observa una suavización en la caída de la actividad económica. Así, en el segundo trimestre de 2009, el PIB se contrajo en un 1,1 por ciento en
tasa intertrimestral, 5 décimas menos que en el trimestre precedente. Esta moderación en la caída se observa también en alguno de los componentes principales de la demanda interna. Tanto el consumo privado como la inversión en equipo han moderado
su ritmo de caída. El consumo de los hogares retrocedió un menos 1,6 por ciento en tasa intertrimestral en el segundo trimestre, comparado con un menos 2,2 por ciento en el trimestre anterior. Este mejor comportamiento es debido a la caída de los
tipos de interés, a una mejora de la confianza, a las transferencias de renta que está realizando el sector público, a los incentivos fiscales a la compra de determinados productos especialmente afectados por la crisis y a la menor destrucción de
empleo que está induciendo el PlanE. La inversión en bienes de equipo, que había crecido notablemente en la anterior etapa expansiva, comenzó a reducirse a principios del año 2008, desplomándose en los tres primeros meses de 2009 un menos 14,4 por
ciento en tasa intertrimestral y frenando en alguna medida su contracción en el segundo trimestre, hasta el menos 6,5 por ciento.
Debe tenerse en cuenta que la demanda de estos productos es tremendamente sensible a la confianza de los agentes, a las perspectivas del crecimiento económico a medio plazo y a la disponibilidad de crédito, que están en la base de la actual
crisis económica. La inversión en construcción merece una atención especial, ya que en este sector radica el núcleo principal de los aspectos que diferencian nuestra crisis económica de la de otros países de nuestro entorno. Debe distinguirse aquí
entre la inversión en vivienda, con caídas intertrimestrales del 11 por ciento y del 6,2 por ciento del primer y segundo trimestre de este año, y el resto de construcciones íntimamente ligadas a la obra civil, que experimentaron el primer semestre
un ligero crecimiento anual del 1,5 por ciento, asociado en parte a las medidas de estímulo adoptadas por el Gobierno. El ajuste del sector de la vivienda aún se prolongará un año más y es consecuencia del necesario redimensionamiento de un sector
que ha generado viviendas por encima de la demanda considerada estable a medio plazo. Por ejemplo, 646.800 viviendas fueron terminadas en el año 2007, frente a unas necesidades socioeconómicas estimadas que varían, pero que rondan en el entorno de
las 450.000 viviendas al año. Es de esperar que la recuperación de este sector no se produzca hasta que se haya producido un reajuste entre la oferta existente y la demanda, con lo que la absorción de buena parte del actual stock es un requisito
imprescindible para que el sector se normalice. En este sentido, las cifras más recientes de transacciones inmobiliarias son esperanzadoras, con un crecimiento del 7,8 por ciento en el segundo trimestre de 2009 respecto al trimestre anterior.
El sector exterior, por su parte, ha jugado un papel importante en la moderación de la caída del crecimiento. Así, las exportaciones de bienes experimentaron un notable repunte al pasar de contraerse un menos 10,9 por ciento intertrimestral
en los primeros tres meses del año a aumentar un 2,8 por ciento en los tres siguientes. Las importaciones, por su lado, están corrigiéndose fuertemente en reflejo, en parte, de la atonía de la demanda interna. Las importaciones de bienes y
servicios disminuyeron un 11,5 por ciento en tasa intertrimestral en el primer trimestre de 2009, para moderar su descenso hasta el menos 2,5 por ciento en el segundo trimestre. Como consecuencia del comportamiento de nuestras exportaciones e
importaciones, el desequilibrio en intercambio de bienes y servicios que presentaba la economía española se está corrigiendo muy rápidamente.
Así, nuestro déficit en la balanza comercial ha disminuido un 58,9 por ciento y un 54 por ciento en tasa
interanual en los dos primeros trimestres del año en curso. Fruto de esta evolución, la necesidad de España de financiación exterior ha ido disminuyendo paulatinamente hasta situarse en el 3,9 por ciento del PIB en el segundo trimestre, más de 4
puntos en porcentaje sobre el PIB por debajo de la cifra del año anterior.
La evolución reciente de la inflación ha contribuido también a una mejora de la competitividad precio de nuestra economía. Así, la apreciable reducción del IPC, que llegó al menos 1,4 por ciento en julio, ha permitido mantener diferenciales
de inflación respecto de la zona euro favorables a España con un diferencial de 6 décimas en agosto. Este mes, el dato adelantado del IPC armonizado que hemos conocido esta mañana se sitúa en el menos uno por ciento. En todo caso, cabe esperar que
el crecimiento anual del IPC vuelva al terreno positivo en los próximos meses. El crecimiento nominal de los salarios también se ha reducido ligeramente, pero en mucha menor medida que la inflación, con lo que la remuneración por asalariado en
términos reales ha repuntado,
pasando de aumentar un 2,3 por ciento en 2008 a un 5,1 por ciento en la primera mitad de 2009. La fuerte reducción de la actividad, la pérdida de peso de un sector intensivo de empleo como es la vivienda y la insuficiente respuesta
coyuntural de otros parámetros de ajuste del mercado de trabajo, como la duración de la jornada laboral o los salarios reales, se están traduciendo en una drástica destrucción de puestos de trabajo. Este es uno de los factores diferenciales más
notorios del impacto de la crisis en España, la especial incidencia en la destrucción de empleo, con dolorosas implicaciones sociales que hacen que nuestra principal preocupación sea revertir esa tendencia. De esta forma, la tasa de paro ha
aumentado en casi 10 puntos porcentuales desde el segundo trimestre de 2007 hasta situarse en el 17,92 por ciento, de acuerdo con los datos de la encuesta de población activa. Sí cabe decir, en todo caso, que también en este frente se observa
cierta moderación. Así, la caída de ocupados se ralentizó en el segundo trimestre al reducirse a la mitad su descenso intertrimestral hasta el menos 1,6 por ciento. Esta moderación, que se deduce de los datos de la encuesta de población activa del
segundo trimestre de 2009, fue ratificada por los datos del registro de afiliaciones a la Seguridad Social y paro registrado de julio y agosto. En agosto las afiliaciones a la Seguridad Social disminuyeron en 142.000 personas, variación que se
tradujo en un aumento de 75.000 cuando se corrigen variaciones estacionales. El paro registrado en agosto aumentó en 85.000 personas y afectó a 3.629.100 personas, variación que al corregirla por estacionalidad se reduce a 34.200 personas, un 0,93
por ciento en tasa intermensual.
Principalmente han sido los trabajadores temporales los que han asumido todo el peso del ajuste. Según la EPA, desde el segundo trimestre de 2008 la ocupación temporal ha disminuido en 981.000 trabajadores, mientras que la ocupación fija lo
ha hecho en 135.200, aunque en el último trimestre el descenso también empieza a afectar a los fijos. Esto no quiere decir que el mercado de trabajo esté totalmente paralizado. De hecho, 858.208 personas que estaban desempleadas en el primer
trimestre de este año encontraron un empleo en el segundo, lo cual limita en parte el posible aislamiento de este colectivo del mercado de trabajo. Sin embargo, la mayor parte de contratos fueron de naturaleza temporal, condicionando la solidez de
la recuperación. Como les he dicho, estas altas cifras de paro son nuestra principal preocupación.
Desde el punto de vista fiscal las medidas adoptadas por el Gobierno para suavizar el ajuste, sumadas a la actuación de los estabilizadores automáticos, resultan un gran esfuerzo para las cuentas públicas. De cara a los próximos meses
esperamos que se confirme la moderación en el deterioro de la actividad. De esta forma, en los próximos trimestres volvería a reducirse paulatinamente el ritmo de contracción de la economía para empezar a crecer tímidamente en el primer semestre de
2010.
La inflación se mantendrá en valores muy reducidos e inferiores a los de nuestros principales socios comerciales. El mercado de trabajo, por su parte, puede jugar un papel destacado para, a través de una moderación de costes, aprovechar en
mayor medida el aumento de la demanda externa que ya se está produciendo y conseguir que la tasa de paro comience a reducirse con mayor prontitud.
En cuanto a los componentes de demanda, prevemos que el componente nacional seguirá débil hasta bien entrado 2010, principalmente por la evolución de la formación bruta de capital que retrocedería un 14,1 por ciento en 2009, para moderar su
retroceso en 2010 hasta el menos 4,6 por ciento y en menor medida también por el gasto en consumo final, que caería un menos 4,1 por ciento en 2009 y experimentaría un crecimiento positivo, empezando en el segundo trimestre del año próximo.
En nuestro escenario principal el sector exterior constituirá uno de los motores de la recuperación. Así, esperamos que la contribución del sector exterior al crecimiento del PIB sea de un 2,3 por ciento en 2009 y de un 0,7 por ciento en
2010. Se produciría así una recomposición del peso que tienen el crecimiento de la economía española, la demanda nacional y la demanda externa, respecto a lo observado en la economía en el periodo reciente. Esta mejora será principalmente debida a
que las exportaciones de bienes y servicios se verán beneficiadas durante el horizonte de previsión por dos tipos de factores: una recuperación sostenida del crecimiento de nuestros mercados de exportación y un incremento de nuestra competitividad
externa. Si bien es cierto que los indicadores de competitividad precio basados en índices agregados muestran una erosión desde finales de los años noventa, este es solo un indicador parcial.
Nuestro sector exportador ha mostrado un comportamiento
muy positivo durante ese periodo y, por ello, en mi opinión contamos con una base exportadora capaz de asumir el reto que se le propone en el futuro cercano.
Señorías, una vez repasada de forma somera la situación coyuntural, paso ahora a la situación del sector financiero y a las medidas adoptadas respecto al mismo, que también forman parte de esta comparecencia.
España, dentro del marco
coordinado con nuestros colegas europeos, ha adoptado fundamentalmente tres medidas de naturaleza financiera: la creación del Fondo para la adquisición de activos financieros, el programa de avales del Estado a emisiones de las entidades de crédito
y, más recientemente, el Fondo de reestructuración ordenada bancaria. A continuación me referiré a la situación de cada uno de estos tres programas.
En cuanto al FAAF, el Fondo para la adquisición de activos financieros, y en cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa que regula el fondo, han sido puestos a disposición de esta Comisión los informes sobre la
instrumentación de las operaciones, sobre la evolución del crédito de España elaboradas por el propio Banco de España y el último informe de gestión aprobado hace una semana por el consejo rector de este
fondo. Este fondo fue creado en octubre de 2008 y ha desempeñado un papel relevante en sus primeros meses al facilitar el acceso a la financiación a las entidades de crédito, en un momento en el que la incertidumbre financiera y la práctica
desaparición de determinados mercados mayoristas imposibilitaban la financiación de muchas entidades.
El FAAF realizó cuatro subastas durante los meses de noviembre de 2008 a febrero de 2009 por un total de 19.500 millones de euros. Durante los últimos meses no se han celebrado subastas del FAAF. Esto se debe, en parte, a la puesta en
funcionamiento del programa de avales que más adelante comentaré y a similares mecanismos de financiación por el Banco Central Europeo en el verano de 2009. Les informo de que por el mismo motivo no se prevén nuevas subastas del FAAF durante los
meses restantes de 2009.
Dada la ausencia de nuevas subastas, me centraré en exponer el estado de situación del fondo a 31 de julio de 2009. Los ingresos del fondo desde su creación ascienden a 19.500 millones de euros procedentes de dotaciones presupuestarias de
2008 y de 2009. En lo que va de año, además, los ingresos devengados por el fondo que corresponden a intereses de las operaciones simultáneas y a cupones de los valores adquiridos en firme ascienden a 351 millones de euros. Los pagos ascienden a
19.337 millones de euros y corresponden a la liquidación de las cuatro subastas llevadas a cabo hasta el momento y a los gastos operativos del fondo. El importe total de comisiones pagadas a Iberclear, Target2 y a la sociedad de compensación y
liquidación de la Bolsa de Barcelona en lo que va de año por el fondo asciende a 391.819 euros, mientras que los gastos del fondo derivados de la actividad del Banco de España como banco agente y depositario del mismo superan ligeramente el millón
de euros. La diferencia entre los ingresos y gastos devengados y cobrados o pagados se mantiene como saldo de tesorería, que a 31 de julio alcanzaba un importe de 163 millones de euros. En relación con la composición de las carteras del fondo, la
cartera a vencimiento por un importe nominal de 13.203 millones de euros está compuesta íntegramente -es decir, el cien por cien- por activos de calidad crediticia triple A. El 78 por ciento de los mismos son cédulas hipotecarias y el resto, un 22
por ciento, son cédulas multicedentes. La cartera de compraventas simultáneas por valor de 9.326 millones de euros en términos nominales está compuesta en un 98 por ciento por activos de calidad crediticia triple A y en un 2 por ciento por activos
de calidad doble A. En relación con su composición, la mayoría de los activos, el 77 por ciento, son fondos de titulización de activos y el 23 por ciento restante son cédulas multicedentes. En relación con la rentabilidad del fondo, la de la
cartera de operaciones a vencimiento supera a la de operaciones simultáneas como consecuencia de la diferente naturaleza de las propias operaciones y el mayor plazo de las primeras. Así, la rentabilidad del fondo, medida por los intereses medios
ponderados de cada una de las subastas, es para la cartera de adquisición al vencimiento del 3,72 por ciento y para la cartera de operaciones simultáneas del 2,88 por ciento, situándose el rendimiento medio ponderado total del fondo en el 3,45 por
ciento. Por otro lado, el importe máximo que puede alcanzar el FAAF se ha visto recortado en 6.750 millones de euros con objeto de dotar presupuestariamente la aportación patrimonial al recientemente creado FROB, al que me referiré más adelante.
Así, dicho importe máximo ha quedado fijado ahora en 43.250 millones de euros. Durante estos meses los órganos rectores del fondo han cumplido sus funciones con normalidad y se ha venido dando cumplimiento a los compromisos de transparencia y
control parlamentario del fondo asumidos por el Gobierno que justifica en esta comparecencia de hoy, así como las pasadas del secretario de Estado de Economía y de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda y las
remisiones periódicas de la documentación relativa al fondo establecida normativamente, que incluye las cuentas anuales del fondo, los informes del Banco de España relativos a la instrumentación de las operaciones del fondo y el análisis de la
evolución del crédito y los informes cuatrimestrales de gestión del fondo que elabora la comisión ejecutiva. Para el Gobierno, el funcionamiento del fondo puede calificarse de muy positivo ya que ha contribuido a facilitar la financiación de las
entidades de crédito, funcionando de forma flexible y ágil, muy especialmente por su rápida puesta en marcha, ya que el tiempo transcurrido entre la creación del fondo y la primera subasta fue verdaderamente reducido y ejemplar a nivel
internacional, y también por su adaptación a la situación financiera particular española, en la que el problema fundamental no eran activos tóxicos, como era el caso de otros países.
Paso, a continuación, a detallar los aspectos fundamentales del programa de avales. El artículo 1 del Real Decreto-ley 7/2008, de 13 de octubre, de medidas urgentes en materia económico-financiera en relación con el plan de acción
concertada de los países de la zona euro, autorizó el otorgamiento de avales del Estado a las operaciones de financiación nuevas que realizaran las entidades de crédito. El programa de avales con cargo al límite de 100.000 millones de euros
establecido en los Presupuestos Generales del Estado para 2008 garantiza las obligaciones económicas resultantes de las emisiones a plazos comprendidos entre tres meses y tres años que realicen las entidades avaladas antes del 15 de diciembre de
2009. Los avales, que garantizan tanto el principal como los intereses ordinarios de las operaciones, se otorgan con carácter irrevocable e incondicional una vez cumplidos los requisitos establecidos en la orden de otorgamiento. Con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado de 2008 se otorgaron autorizaciones de hasta 90.000 millones de euros a 53 entidades de crédito. Hasta este momento el Tesoro ya ha avalado más de 120 emisiones por un importe total superior a los 39.000 millones
de euros y ha ingresado más de 1.000 millones de euros en conceptos de comisiones. Actualmente, se
encuentra en proceso el otorgamiento de avales con cargo al límite máximo de 64.000 millones de euros para los Presupuestos Generales del Estado para 2009. La novedad más relevante es la ampliación hasta cinco años del plazo máximo de
vencimiento de los instrumentos avalados con el fin de proporcionar a las entidades de crédito beneficiarias del aval la máxima flexibilidad para utilizar vencimientos a corto y medio plazo en función de sus necesidades, de la que disponen las
entidades de otros países de nuestro entorno.
Finalmente, me referiré a las medidas adoptadas respecto al sector financiero en lo que concierne al Fondo de reestructuración ordinaria bancaria que presentó la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda en el
Pleno de esta Cámara el pasado 8 de julio.
Si bien la fortaleza del sistema bancario español ha sido ejemplar entre los países de nuestro entorno, la posibilidad de que algunas entidades pudieran experimentar dificultades como consecuencia de la
persistencia de los problemas de liquidez y del aumento de la morosidad aconsejó prever procedimientos de reordenación del sector que, de no implementarse, podrían derivar en riesgo sistémico. Esta es la razón de ser fundamental del FROB. La
dotación inicial del Fondo de reestructuración es de 9.000 millones de euros, de los que 6.750 millones se han dotado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, como les he comentado anteriormente, y los 2.250 millones restantes son
aportados por los tres fondos de garantía de depósitos. Actualmente, se han desembolsado 3.000 millones de euros de la dotación inicial que están invertidos en parte en deuda pública, tal como establece el Real Decreto-ley 9/2009. En lo que queda
de año se completará el desembolso de la dotación patrimonial inicial. Además, la citada norma contempla que el FROB podrá captar financiación en los mercados de valores emitiendo valores de renta fija, recibir préstamos, solicitar la apertura de
créditos y realizar otras operaciones de endeudamiento. Dichas operaciones podrán contar con el aval del Estado, siempre respetando los límites establecidos en las leyes de presupuestos anuales. Por el momento, en sus escasos meses de vida el FROB
no ha recurrido a ninguno de estos mecanismos adicionales para obtener financiación, si bien está prevista una emisión de obligaciones a cinco años por importe no superior a 3.000 millones de euros antes de que finalice el año. El gobierno del FROB
corresponde a una comisión rectora integrada por ocho miembros, cinco de los cuales son propuestos por el Banco de España, mientras que los tres restantes corresponden a cada uno de los fondos de garantía de depósitos. Todos ellos son nombrados por
la ministra de Economía y Hacienda con un mandato de cuatro años renovable. La comisión rectora, presidida por el subgobernador del Banco de España, se constituyó el pasado mes de julio; a partir de entonces la institución ha abordado diferentes
cuestiones organizativas y de funcionamiento que le han permitido empezar su andadura. Por el momento, el Fondo de reestructuración no ha tenido que intervenir en ningún proceso de reestructuración bancaria. No obstante, y con independencia de que
no se haya utilizado, una de las grandes aportaciones del FROB es la fijación del marco jurídico en el que se abordarán las posibles operaciones de reestructuración del sector. En un contexto de proliferación de medidas regulatorias de distinta
índole en nuestros países vecinos, el FROB viene a evitar la incertidumbre regulatoria para el caso español. El real decreto-ley propone un modelo en tres fases, como saben, para los procesos de reestructuración: en primer lugar, la búsqueda de
una solución privada por parte de la propia entidad de crédito; en segundo lugar, la adopción de medidas para afrontar debilidades que puedan afectar a la viabilidad de entidades de crédito con participación de los fondos de garantía de depósitos
en entidades de crédito y, en tercer lugar, los procesos de reestructuración con intervención del FROB directamente. Todas estas medidas están orientadas a proteger a nuestro sector financiero del impacto de los canales financieros de contagio de
las crisis y a garantizar la estabilidad del sistema financiero. En este sentido, consideramos que han funcionado bien y continúan funcionando adecuadamente. Asimismo, se trata de facilitar en última instancia un funcionamiento sano y ordenado del
crédito. Por lo tanto, paso, a continuación, a describir la evolución reciente del crédito en el contexto de nuestro país.
Debo señalar, en primer lugar, que el criterio a la hora de valorar el comportamiento del crédito es garantizar que el crédito nuevo fluya allí donde sea necesario y viable, lo cual es compatible con una cierta corrección del crédito
agregado, habida cuenta de que en los últimos años el crédito en España ha crecido a tasas muy superiores a las del valor añadido generado nominal. Dicho esto, la tasa de crecimiento interanual del crédito a otros sectores residentes continuó
descendiendo progresivamente entre abril y julio, hasta situarse en el 0,9 por ciento en julio, frente al 4,2 por ciento de marzo. Esta desaceleración del crédito se debió principalmente a la intensificación, durante junio y julio, del retroceso en
la financiación a las sociedades no financieras y, en menor medida, a las operaciones con los hogares que también moderaron su desaceleración.
Dentro del crédito a sociedades se intensificó el ritmo de caída de la financiación a actividades de construcción, con una tasa de variación interanual del menos 13 por ciento en junio, mientras que el concedido a las empresas de promoción
inmobiliaria continuó creciendo a una tasa moderada, ligeramente por debajo del 4 por ciento. En industria y servicios se ha moderado el incremento del volumen de financiación concedido, pasando en industria del 10 por ciento interanual en marzo al
7 por ciento en junio, y del 13 por ciento al 5 por ciento en el sector de los servicios. Según el tamaño de las empresas prestatarias medido por el volumen de deuda bancaria, son las pequeñas empresas las que encuentran mayores dificultades, con
una variación interanual negativa en junio del menos 0,9 por ciento; mientras que las empresas de
tamaño elevado, aquellas con deuda bancaria superior a 50 millones de euros, presentaban aumentos cercanos al 5 por ciento en términos interanuales. Este patrón no se cumple, no obstante, en el caso de los sectores de construcción y
promoción inmobiliaria, en los que se registran descensos en el volumen de deuda de las empresas de mayor tamaño y ligeros incrementos en el resto de empresas.
Por lo que respecta al crédito a las familias, el destinado al consumo y otros fines registraba en julio tasas de variación interanual negativas de menos 1,3 por ciento, si bien se detecta una cierta moderación en el ritmo de caída;
mientras que el concedido para la adquisición de vivienda mostraba un ligero incremento, 0.7 por ciento en tasa interanual, desde el uno por ciento de julio. Según la última encuesta sobre préstamos bancarios del Banco de España, la desaceleración
del crédito sigue respondiendo a factores, tanto de oferta como de demanda, ligados a la evolución cíclica de la economía, aunque con algunos cambios respecto a los trimestres anteriores. Es destacable que entre abril y junio la demanda de fondos
para la adquisición de vivienda ha dejado de contraerse por primera vez desde finales de 2006, aunque habrían continuado descendiendo las peticiones para otros fines. Este descenso en la demanda se explica fundamentalmente por la reducción en el
gasto y en la confianza de los consumidores y empresas, compensado, en parte, por la notable reducción en los tipos de interés, sobre todo en el caso de la demanda de préstamos de los hogares para la adquisición de vivienda. La oferta de crédito,
por su parte, se habría seguido endureciendo, aunque en menor medida que en trimestres anteriores, manteniéndose así la tendencia iniciada en el primer trimestre de 2009. El endurecimiento de la oferta está relacionado con las expectativas
económicas en general y con los riesgos asociados a empresas o sectores concretos, al mercado de la vivienda y a la solvencia de los consumidores, aunque, en términos generales, con un efecto algo menor que en el trimestre precedente.
Con respecto a las condiciones de los nuevos préstamos concedidos, se observa una cierta estabilización en los tipos de interés de las nuevas operaciones realizadas, aunque en el caso de la financiación a hogares para la adquisición de
vivienda y en los créditos a empresas, por valor superior al millón de euros, se siguieron observando descensos en los tipos de interés. Asimismo, los márgenes aplicados a las operaciones, especialmente a las de mayor riesgo, continuaron
incrementándose, si bien menos intensamente que en el periodo anterior. Otras condiciones de los préstamos distintas de los tipos de interés también estarían endureciéndose, aunque en menor medida en el caso de los préstamos para la adquisición de
viviendas. En conclusión, si bien se mantienen variaciones negativas de la evolución del crédito para algunos sectores y colectivos, estos descensos se moderan apoyados en los recortes recientes del Euribor, en la estabilización del endurecimiento
de las condiciones del crédito y en la mejora generalizada de los mercados financieros internacionales.
Quiero destacar que ante las tensiones crediticias constatadas, el Gobierno, a través del Instituto de Crédito Oficial, ha adoptado medidas para facilitar la financiación a las empresas y familias que se han visto restringidas en los canales
ordinarios. Las actuaciones principales, como saben, se han materializado a través de las líneas de mediación del ICO, que se han reforzado por dos vías. Por una parte, se han aumentado las dotaciones de las líneas tradicionales del Plan de
fomento empresarial, entre otras las líneas Pyme, crecimiento empresarial, internacionalización y emprendedores. Por otra parte, se han creado nuevas líneas de mediación. Las primeras han tenido una dotación total en 2009 de 12.717 millones de
euros, de los que 10.000 millones se han destinado a la línea Pyme, y las segundas se han dotado también en 2009 con 30.492 millones de euros, de los que 16.000 millones se han destinado a pequeñas y medianas empresas. Por tanto, en términos de
recursos, la dotación de líneas de medición en 2009 asciende a más de 43.000 millones de euros, lo que supone un incremento de más del 400 por ciento respecto a la dotación de 10.695 millones de euros de 2008. Con datos de 15 de septiembre de 2009,
ya se habían dispuesto un total de 10.633 millones de euros, frente a los 6.853 millones de euros de la misma fecha en 2008.
Esto supone un incremento de un 55 por ciento en fondos dispuestos entre 2008 y 2009, y ha significado un total de 281.475
operaciones de intermediación, un 37 por ciento más que en la misma fecha de 2008. En conjunto el resultado ha sido que el balance del ICO está creciendo a un ritmo del 30 por ciento interanual ahora mismo.
Con la adopción de las nuevas líneas el ICO, por primera vez, ha puesto en marcha líneas de liquidez en correspondencia a la naturaleza de la crisis, que presenta importantes restricciones de liquidez en algunos segmentos de la actividad
empresarial. Además de estas actuaciones horizontales que representan la base de la actuación del ICO, se ha intentado enfocar esfuerzos con carácter excepcional a sectores particularmente afectados por la crisis, como son el sector de la
automoción, la vivienda, el turismo o las actividades culturales. Somos conscientes de que el esfuerzo por ampliar tan significativamente las líneas de financiación, combinado con las necesidades sin precedente de liquidez, ha creado tensiones en
los mecanismos de actuación del ICO hasta que se ha consolidado su funcionamiento. En este sentido se ha trabajado para que estas líneas estén disponibles desde principios de enero de 2009, mientras que la disponibilidad tradicionalmente comenzaba
a finales del primer trimestre del año. Además, hemos mantenido una revisión continua en el diseño de las líneas para potenciar su adaptación a las necesidades de sus usuarios y de las entidades de crédito. Por otra parte, continuamos trabajando
también hacia una estandarización de las líneas de mediación del ICO para simplificarlas y darles una aplicación más general. Las medidas a las que me he referido,
relacionadas con el sector financiero, tienen por objeto proteger al sistema financiero español del impacto de la grave crisis financiera internacional.
Me referiré ahora en la parte final de mi comparecencia al resto de medidas de política económica adoptadas para hacer frente a la crisis y a la estrategia de la política económica a medio plazo.
Desde el punto de vista coyuntural, además de dejar actuar plenamente a los estabilizadores automáticos, se han adoptado medidas de promoción de la actividad financiera y real básicamente mediante apoyos fiscales, las ya mencionadas
inyecciones de liquidez a través del ICO, y de sostenimiento de la actividad a través del Fondo estatal de inversión local y del Fondo especial del Estado para la dinamización de la economía y el empleo. No me detendré a describir estas medidas que
SS.SS. conocen bien. Pero sí quiero recalcar que han tenido un papel mitigador de la crisis y que han permitido contener, al menos parcialmente, el impacto social de la misma. Así, el Fondo estatal de inversión local, que está dando empleo a más
de 400.000 personas, será seguido de un nuevo Fondo estatal de inversión local para el empleo y la sostenibilidad, con una dotación de 5.000 millones para el año que viene. En cuanto al Fondo especial del Estado, está previsto que los proyectos
contribuyan a mantener o generar en torno a 100.000 empleos directos a tiempo completo.
Junto a estas medidas, es imprescindible establecer una estrategia a medio plazo de salida de la crisis bien definida, tal y como viene reclamándose a nivel internacional, por ejemplo, en el contexto del G-20, que permita además un
desarrollo económico sostenible a largo plazo. En España, esa estrategia se basa, por un lado, en medidas para establecer una evolución a medio plazo de las cuentas públicas sostenible y en actuaciones que permitan una mayor dinamización de la
actividad económica, para lo cual son imprescindibles las medidas estructurales.
En cuanto a la estabilidad presupuestaria, no me referiré en detalle al presupuesto que hoy mismo se ha presentado puesto que habrá tiempo suficiente de debatirlo y la semana próxima me corresponderá comparecer de nuevo, esta vez ante la
Comisión de Presupuestos, para hablar precisamente de este punto. Simplemente destaco tres elementos claves de la estrategia estabilizadora. La estabilidad presupuestaria es un objetivo ineludible en el medio plazo, como recogen nuestras leyes, y
exige nuestros compromisos con el resto de socios europeos, y esto lo debemos de tener siempre presente. El esfuerzo en este sentido debe ser solidario entre todas las administraciones públicas, lo que implica hacer un ejercicio de rigor
presupuestario. Y el tercero, el conjunto de las cuentas públicas debe ser coincidente con una estructura productiva que razonablemente esperamos sea sustancialmente distinta al desarrollo económico experimentado en los últimos años.
En cuanto a la potenciación de nuestro futuro crecimiento es necesario acometer un conjunto de reformas que ayuden a dinamizar nuestro aparato productivo. Es importante ser ambicioso en el diseño de estas medidas pues contribuyen a aumentar
la competitividad y el crecimiento potencial de la economía, si bien no se nos escapa que suelen ser políticas de difícil adopción y concreción en el corto plazo, y por ello debemos realizar un esfuerzo explicativo de su justificación y beneficios.
Entre las medidas de reforma estructural que nuestro Gobierno está impulsando destaco dos de especial relevancia: las actuaciones en el sector servicios y el anteproyecto de ley de economía sostenible. La trasposición de la directiva de servicios
es bien conocida por SS.SS., pues tanto la ley paraguas debatida esta mañana en esta Comisión y la ley ómnibus en la que esta trasposición se concreta están en trámite parlamentario. No entraré, por tanto, en la descripción de los detalles, pero
tampoco quiero dejar de insistir en la trascendencia de una trasposición rápida y ambiciosa de esta directiva. A través de ella aspiramos a un programa de reforma en profundidad de la regulación del sector servicios que, como saben, constituyen el
principal motor de crecimiento y de creación de empleo en nuestro país, representando a las dos terceras partes del PIB y del empleo total. De él depende en gran medida el crecimiento y la competitividad del resto de los sectores económicos. Con
la trasposición prevemos en un horizonte de largo plazo un aumento del PIB de alrededor del 1,2 por ciento y la creación de entre 150.000 y 200.000 empleos. En definitiva, la combinación de la ley paraguas y de la ley ómnibus supone una enorme
tarea regulatoria que sin duda contribuirá a dinamizar y agilizar la economía sin que se pierdan garantías en el control de la actividad. Ante las reclamaciones de medidas estructurales realizadas desde numerosos frentes, estas dos leyes son una
respuesta que consideramos esencial. Además, el Gobierno pretende avanzar en el proceso de liberalización de nuestro sector de los servicios. Así, se encuentra en preparación el anteproyecto de la ley de servicios profesionales que actualizará los
principios y normativa aplicable a esas actividades para adaptarlos a las necesidades de una economía moderna y dinámica. El principio general en el que se basaría el anteproyecto de ley sería el de libre ejercicio de las profesiones, limitando las
restricciones a este derecho a aquellas que estén justificadas por fines de interés general, no sean discriminatorias y resulten proporcionadas para la consecución de estos fines.
En cuanto al anteproyecto de ley de economía sostenible, que está próximo a ser remitido al Consejo de Ministros, nuestro objetivo es doble. Por un lado, reducir las cargas administrativas y normativas que se hayan podido convertir en
cuellos de botella para el funcionamiento fluido de nuestra economía y, por otro, introducir incentivos adecuados para que empresas y familias dirijan sus esfuerzos hacia actividades más consistentes con un modelo de economía sostenible en el
tiempo. La materialización de estos objetivos se apoyará en varios pilares. En primer lugar, la ley extenderá al conjunto de
la economía el principio de la sostenibilidad económica, que incluye la estabilidad presupuestaria, la adopción de buenas prácticas regulatorias, la armonización normativa entre administraciones para alcanzar un marco regulatorio único y la
simplificación de requisitos administrativos, entre los que destacan los que conciernen a la creación de empresas y la colaboración público-privada. Además, la ley hará especial hincapié en facilitar e incentivar el triángulo
innovación-formación-empleo, con una atención especial a la formación profesional y en particular en armonizar lo más posible la formación profesional reglada con la formación profesional para el empleo. También impulsaremos, entre otros, el marco
regulatorio en el que se desarrollen las actividades de I+D+i y modernizaremos nuestra política comercial internacional, ampliando los instrumentos financieros de apoyo a la exportación y enfocando nuestra actividad a la inclusión de nuestras
empresas en cadenas de valor globales. La modernización de estos aspectos de nuestra economía no deberá entrar en conflicto con la sostenibilidad medioambiental y social.
Por ello, la ley también impulsará las energías renovables, el ahorro
energético y la movilidad sostenible, con un énfasis especial en el cambio modal y una política urbanística y de vivienda más racional y equilibrada. El anteproyecto de ley supone, como saben, la articulación de 20.000 millones de euros, financiada
a partes iguales por el Instituto de Crédito Oficial y las entidades financieras. Este fondo apoyará la financiación del sector privado en proyectos de inversión que contribuyan a la innovación y al desarrollo tecnológico, la internacionalización
empresarial, el ahorro y la eficiencia energética y el desarrollo de servicios sociosanitarios. En paralelo, se articulará el fondo de inversión local para que los ayuntamientos programen este tipo de inversiones productivas en sus municipios.
Concluyo, señorías. Atravesamos, tanto en España como en el resto del mundo, un momento de serias dificultades que exige de nosotros una acción prudente y responsable. Las autoridades de todo el mundo se han visto forzadas a poner en
marcha medidas de política económica, que solo pueden calificarse como excepcionales y que han tenido un efecto estabilizador.
Existen indicios que apuntan a una normalización de los mercados financieros y una moderación en la caída de la
actividad, pero debemos ser cautelosos ante ellos. Aún no es momento de retirar las medidas adoptadas y en algunos aspectos como el empleo la crisis aún no ha mostrado su fase más aguda. Además, nuestro reto no debe ser solo volver al crecimiento
positivo sino volver a crear empleo y recuperar una senda de crecimiento equilibrado y sostenido que con certeza no tendrá las mismas características que el pasado. Hacia ese objetivo seguiremos orientando nuestros esfuerzos.
El señor PRESIDENTE: Las intervenciones de los grupos empezarán con la del Grupo Parlamentario Popular y lo harán dos de sus portavoces, los señores Nadal y Aguirre, que se van a distribuir el tiempo. En primer lugar, intervedrá el señor
Nadal, quien tiene la palabra.
El señor NADAL BELDA: Señor secretario de Estado, es su primera comparecencia y como tal le doy la bienvenida a esta Comisión de Economía, comparecencia esperada porque usted fue nombrado en el mes de abril y hemos tenido que esperar hasta
finales de septiembre para poder debatir con usted la política económica, una política económica en la que usted es una pieza clave. Supongo que es consciente de ello. Usted es una persona con una trayectoria profesional reconocida previa, pero
está en el centro del diseño de la política económica, una política económica en unas circunstancias bien difíciles para la economía española, usted lo sabe bien, así como la enorme responsabilidad que asumió usted hace unos meses. Entiendo que en
esa responsabilidad usted comparte desde ese diseño de la política económica las medidas que se nos van presentando.
Usted debe estar, entiendo que es así, a favor de la subida de impuestos anunciada hoy en su detalle, a favor de unas emisiones de
deuda del orden del 10 al 12 por ciento del producto interior bruto al año, emisiones que, por cierto, realiza la Dirección General del Tesoro bajo su directo mando. Usted estará de acuerdo con las tesis de que el nivel de endeudamiento público en
España es bajo y puede seguir aumentando de manera sustancial o que la presión fiscal en España es baja y debe seguir aumentando de forma sustancial. O que, al mismo tiempo, las reformas estructurales fundamentales, usted se ha referido a algunas
de ellas, se limitan básicamente a la directiva de servicios, servicios profesionales y alguna cosa más, y desde luego no hay que hacer nada en reforma laboral. Lo digo porque esta es básicamente la política económica que estamos escuchando a
diario por parte del Gobierno. No se la hemos podido escuchar a usted, o la defensa de la misma, en esta Cámara, pero sí me gustaría que hablase sobre ello, ya que ha hecho una comparecencia de forma general, cosa que también es de agradecer,
aunque la semana que viene tendremos ocasión de volver a debatir sobre la situación económica en su conjunto.
Usted ha dicho dos cosas en su análisis económico general que son interesantes. La primera, que España antes de la crisis financiera internacional tenía vulnerabilidades previas. En eso podemos estar muy de acuerdo, señor secretario de
Estado. Me habría gustado que hubiese incidido un poco más en cuáles eran esas vulnerabilidades previas, sobre las que algo diré yo para ver si las comparte o no. La segunda es que ha dicho que la crisis no ha mostrado su fase más aguda, y en eso
probablemente podamos estar de acuerdo. Todavía nos queda mucho por ver y mucho por sufrir. Lo digo porque esto no es un lenguaje habitual en un miembro del equipo económico del Gobierno. Luego nos ha hecho un análisis de coyuntura que cuando yo
estudiaba economía se llamaba de sube y baja.
Nos ha contado las cifras, lo que
va creciendo, lo que va decreciendo, sin entrar mucho más en el análisis.
Como esta comparecencia va esencialmente sobre las cuestiones financieras -ya tendremos tiempo de entrar más en detalle en las cuestiones más macroeconómicas, pero
una cosa tiene que ver con la otra, y mucho, como ha dicho también usted-, vamos a hacer una cierta recapitulación. En octubre de 2008, cuando pactamos con su antecesor las medidas financieras, la obsesión por nuestra parte -y hasta cierto punto
también veíamos en el Gobierno una sensibilidad- era el problema del crédito y la liquidez; porque es evidente que si ha habido un shock que hayan sufrido los agentes económicos españoles en mucha mayor medida que cualquier otro sector, ha sido esa
falta drástica de liquidez, ese pasar de una inundación a una sequía en los mercados financieros, que ha arrasado, literalmente, nuestro tejido empresarial. Aquí la cifra más estándar -usted ha dado varias- sobre la evolución del crédito, y que en
aquel momento se consideró como la más adecuada para evaluar la evolución del crédito, era la financiación de los sectores no financieros del conjunto de la economía. Si nos vamos a lo que está pasando en este año, señor secretario de Estado, se me
ponen los pelos de punta. De 37.250 millones de euros de aumento de financiación que han tenido los sectores no financieros en la economía española de enero a julio de este año, 37.100 -prácticamente el 99 por ciento- los han llevado las
administraciones públicas, 2.000 se los han llevado las empresas y 1.900 en negativo han perdido los hogares. Esto es stock sobre stock. Me ha sorprendido que haya hecho una comparación entre la variación del crédito, que es un stock, con el valor
añadido bruto, que es un flujo. Me parece que es complejo hacer una comparación de ese estilo.
Yo voy directamente a la financiación de los sectores de la economía española. Tenemos absolutamente expulsados a nuestros sectores privados de los circuitos de financiación y es la Administración pública la que, con su voracidad creciente
de necesidad de financiación, los sigue expulsando. Si uno ve la evolución del crédito al sector privado, no es que hayamos corregido los excesos de liquidez que probablemente se dieron, especialmente a partir de 2004, y que seguramente la política
del Banco Central Europeo ha tenido que ver con ello y las condiciones de los mercados financieros internacionales también; lo que está claro es que esta corrección del crédito en España, que comienza antes que la crisis económica, ahora mismo no
es que sea una corrección, sino que lisa y llanamente prácticamente no se recibe nada por parte del sector privado y el único que absorbe financiación es el sector público. Tenemos un circuito maldito -y usted lo conoce bien- tanto de la
financiación de la economía española, como del resto de las economías europeas; lo que pasa es que en el caso español -y ahí va la vulnerabilidad importante-, viniendo de donde veníamos, con un déficit externo que llegó a estar en el 11 por ciento
del producto interior bruto, éramos absolutamente dependientes, éramos los grandes importadores de ahorro en Europa, hacíamos en Europa un papel similar al que Estados Unidos ha hecho en el mundo. Por cierto, en el G-20 -que usted conoce bien- se
está hablando de la necesidad del reequilibrio de los desequilibrios. Usted conoce bien el circuito. El Banco Central Europeo tiene una ventanilla de liquidez ilimitada -la llamada quantitative easing-, emite liquidez ilimitada prácticamente al
uno por ciento, el sector financiero obtiene esos fondos al uno por ciento, los reinvierte en deuda pública -normalmente a plazos mayores, lo cual asume ciertos riesgos- y con eso están reconstituyendo sus cuentas de resultados. En esta máquina de
hacer dinero no hay ningún interés en prestar al sector privado. Esto tiene un riesgo enorme, y es que se da una falsa sensación de que la deuda pública es muy financiable.
Los spreads están relativamente altos -mucho más altos que cuando
estábamos en una situación mucho más boyante de todas las economías-, pero son los spreads artificialmente influidos por una política de prestación de liquidez prácticamente ilimitada por parte del Banco Central Europeo. Esta es la situación en la
que estamos ahora. Se da la sensación de que podemos financiar toda la deuda pública. Ahora mismo -y usted es el que conoce de primera mano las subastas de la deuda pública española- el Estado financia la mitad de su gasto, y para el año que
viene, que se supone que es un presupuesto algo más ordenado, uno de cada tres euros que gasta el Estado tendrá que financiarse con deuda pública.
Estamos hablando de emisiones masivas, de 100.000 millones de euros para arriba para el conjunto, no
solo para la Administración Central del Estado, sino que las demás administraciones públicas -comunidades autónomas y ayuntamientos- van por detrás. No solo teníamos un problema en las cañerías del sector financiero, es que no cae agua, porque la
poco agua que tenía que caerle al sector privado, las administraciones públicas la cogen arriba y se la quedan para ellas. No es que no haya crédito al sector privado, sino que, ¿hasta cuándo puede el sector público mantener esta situación? Según
su opinión, ¿hasta cuándo podemos mantener un déficit público del calibre que vamos a registrar el año 2009 o el que podamos tener en los años venideros? ¿Podemos seguir financiándonos de esta manera? El señor Trichet dijo ayer que la política de
facilitación ilimitada, el quantitative easing, iba a tener que empezar a variar. Ya nos ha dado una advertencia, no se van a poder financiar los sectores públicos con emisión de moneda de la manera tan habitual que venía siendo. Esto tiene una
serie de riesgos que usted debería conocer o por lo menos anunciar a medio plazo muy inmediato. Va a haber problemas en la definición del Euribor, porque la poca liquidez del sistema bancario va a tener que repartirse entre el sistema financiero de
una manera más competitiva. Ya veremos qué pasa con los tipos de interés y, sobre todo, qué es lo que va a pasar con la deuda pública, en una competencia masiva de todos los Estados, en la cual España no tiene una imagen con excesiva reputación, ya
que hemos tenido problemas con el rating
como usted sabe- y nos vamos a encontrar con que ya no va a ser tan fácil colocar esa deuda.
¿Qué pasará en ese momento? ¿Cómo vamos a obtener sencillamente la liquidez ya no solo para el conjunto de nuestras empresas y nuestras familias sino lisa y llanamente para poder pagar las nóminas de los funcionarios si esa deuda no se
compra en los mercados o no tenemos compradores en ese lado? Ese es el riesgo principal que tiene la economía española; no sé si estará usted de acuerdo o no con ello, pero lo que está claro es que pensar que uno puede financiar ilimitadamente su
déficit y seguir aumentando la deuda porque, según el porcentaje de mi nivel y no lo que es el incremento anual -en el incremento anual solo estamos por detrás de Reino Unido y Estados Unidos en porcentaje del PIB-, lo podemos seguir financiando
hasta el final, es una auténtica irresponsabilidad. Ustedes se han dado cuenta de algo, saben que tienen un déficit de 100.000 millones de euros y han comenzado a decir que hay que empezar a tapar este agujero, que a ver cómo se puede tapar de una
manera relativamente menos costosa y, de entre las diferentes opciones, han optado por una subida de impuestos. No sé si usted convendrá conmigo en que justo es la que más efecto tiene sobre la capacidad de crecimiento futuro o incluso inmediato de
la economía española: si subimos los impuestos estamos actuando, sin duda, no solo por el lado de la demanda sino sobre la capacidad de incentivo a la inversión que al final es lo que nos tiene que sacar de este atolladero y es donde más lo estamos
limitando. Aquí es donde entramos nosotros en la paradoja: si no cerramos ese déficit público y esas necesidades de financiación, difícilmente el sector privado podrá invertir y, si el sector privado no puede invertir, difícilmente crearemos
empleo y la actividad económica se recuperará.
Luego, tendremos que empezar por reducir sustancialmente ese déficit público. Y lo que nos plantea el Gobierno en estos presupuestos que ha presentado en el día de hoy es que, para empezar este
proceso, lo primero que hay que hacer es subir los impuestos, porque lo que es de reducción de gasto de verdad, de verdad, no cinco o seis mil milloncillos por ahí, nada, porque si comparamos el gasto de este año con el del año pasado, Estado sube
el 17,3 por ciento y conjunto de sector estatal, incluida la Seguridad Social, el 7,3 por ciento.
El señor PRESIDENTE: Vaya terminando.
El señor NADAL BELDA: Termino, señor presidente.
Algo tendremos que hacer. Retomo el tema de qué pasará si se endurecen las condiciones monetarias el año que viene en la Unión Europea, que hay gente que lo está pidiendo. A lo mejor tenemos que resucitar el FAAF, señor secretario de
Estado, a lo mejor el FAAF no se queda en febrero del año pasado porque la situación se puede poner complicada para el sector bancario y a lo mejor tenemos que tirar de avales. Ya sabe usted que nuestra posición, en su momento pactada con ustedes,
es que el aval vivo no supere los 100.000 millones por lo de siempre, porque tenemos un enorme endeudamiento como para que encima, avalando, generemos un endeudamiento implícito. Ya sabe cuál es la posición de nuestro grupo: no podemos seguir
aumentando el déficit, el déficit tiene que reducirse enormemente, la deuda es el gran lastre del crecimiento de la economía española y si ustedes realmente se pusiesen a atacar este problema, junto con reformas estructurales tan necesarias como
son, ya saben que nosotros estaríamos dispuestos a hablar de lo que hiciera falta con ustedes.
El señor PRESIDENTE: Aunque ha consumido más de los diez minutos reglamentarios, no obstante el señor Aguirre tiene la palabra.
El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: Bienvenido, señor secretario de Estado. Verá usted que hay muchos puntos en el orden del día y, por tanto, son muchas las cuestiones que ha planteado en su intervención. Desde luego, la que más me ha preocupado
-ya la ha subrayado mi compañero- es su anuncio de que la crisis todavía no ha mostrado su cara más amarga o más grave.
También le preocupan a este diputado, fundamentalmente dentro del capítulo relativo a la reestructuración del sector financiero,
varias cuestiones que usted ha subrayado. La primera, que todavía no se ha puesto en marcha ninguno de los instrumentos ni ninguna de las operaciones previstas para descansar sobre este instrumento, lo cual claramente trabaja en contra de la
urgencia que hay por entrar en el proceso de reestructuración. Por tanto, estamos ante un instrumento no nato y consideramos que eso no es prudente dado que otras economías competidoras nuestras ya están en procesos muy avanzados. Consideramos que
no lo es porque seguramente en el resto del marco europeo es muy probable que el año venidero haya otras condiciones, como ya ha anunciado el G-20, condiciones que situarán a países competidores nuestros, que ya han hecho los deberes en el capítulo
de reestructuración bancaria, en situación de recuperación económica y, por tanto, con necesidad de una política monetaria distinta de la que le aconseje la situación económica española, porque parece ser, por el anuncio que hemos visto en el G-20,
que España se va a quedar instalada en un estancamiento de la recesión acompañando a Italia y a Reino Unido, y nosotros sin hacer los deberes en el capítulo de la reestructuración bancaria.
Algunos anuncios sí hemos visto, y aquí querría preguntarle claramente cuál es su opinión. Hemos visto un anuncio de una reordenación o proceso de concentración de cajas en Andalucía o en Cataluña. En definitiva, es un proceso de
concentración que se aleja del proceso de reestructuración que usted mismo ha enunciado en la mañana de hoy y es un proceso de concentración intrarregional sobre el que yo le pediría su opinión, cuáles son los lados buenos y malos de este tipo de
procesos de concentración anunciados, porque todavía no están consolidados.
Le pediría también que me contestara en términos laborales cuáles son las consecuencias que usted estima que se van a producir cuando se lleven a cabo estos procesos de concentración, como el que se nos ha planteado en Andalucía, porque a mí
se me hace la imagen de que en la calle Larios de Málaga, que está llena de bancos y cajas, probablemente dentro de unos meses solo tengamos una caja detrás de otra de idéntica marca y con el mismo tipo de productos y de líneas de negocios y
tengamos sedes centrales que se tengan que fusionar en una sola. Por esas dos características, veo que esto de los procesos de concentración intrarregionales tiene una penalización en el mercado de trabajo bastante gruesa. Me gustaría saber si
usted coincide con esta opinión y cuál estima usted que puede ser la derivada en esta materia.
Me ha preocupado muchísimo que en su exposición sobre la situación del sector financiero no nos haya dicho absolutamente sobre el momento por el que atraviesa la única caja de España que está intervenida y que no haya mención de en qué
proceso nos encontramos. Me gustaría conocer si es verdad que se ha producido por parte del Banco de España un mandato a UBS para que UBS busque compradores óptimos en el sector de cajas y que UBS ha hecho una oferta de invitación a BBK, a Ibercaja
y a Caja Murcia. Si esto es así, estamos prácticamente en el punto final de la solución de la Caja de Castilla-La Mancha. Si todo esto es cierto en el caso de la Caja de Castilla-La Mancha, que está dentro del proceso de reordenación y de
reestructuración del sector bancario, me gustaría saber en cuánto estima usted en este caso que va a afectar a las plantillas y empleados de Caja de Castilla-La Mancha.
Cuando ha pasado usted por el tema del crédito, tengo que señalar que ha hecho un detenido repaso del funcionamiento de las líneas ICO. Le rogaría que repasase nuevamente lo que nos ha leído porque ha utilizado usted una artimaña en la
comparación de datos con relación a lo de llamarse a la alegría del incremento de las líneas de crédito en cuantías del Instituto de Crédito Oficial, y ha llegado a decir que se ha producido un crecimiento de las líneas del 400 por ciento -me parece
recordar- y posteriormente nos ha dicho que estaba usted muy satisfecho con las líneas, porque a mes de julio se había producido una utilización de las mismas bastante voluminosa, si lo comparábamos con cómo había evolucionado esa ejecución de las
líneas en el año 2008. Vayamos por partes. La pyme en este año, hasta julio, hasta la fecha que usted ha determinado -me parece que ha sido el 15 de septiembre-, se ha ejecutado en un 37 por ciento, según los datos que obran en mi poder a través
de la página web del ICO. Además, la línea de liquidez de empresas, en un 53 por ciento; y la línea de liquidez de pequeñas y medianas empresas, en un 14 por ciento. Estos son los tres grandes instrumentos para llevar y fondear dinero a la
pequeña y mediana empresa. A mí personalmente me parece una ejecutoria de las líneas absolutamente raquítica e inválida para algo en lo que todos los grupos coincidimos, que el crédito sigue sin llegar a la pequeña y mediana empresa, el crédito
sigue sin llegar a los autónomos y el crédito, además, llega en condiciones -como usted bien ha dicho- de mayor endurecimiento. Por tanto, en este momento en que el esfuerzo que se está haciendo desde el fondeo del Instituto de Crédito Oficial es
un esfuerzo, subrayo, muy poco potente en relación con el esfuerzo que se ha hecho para dotarle de posibilidades de endeudamiento, habría que preguntarse, señor secretario de Estado -y se lo pregunto a usted que es el responsable político de la
estrategia y de la operatividad del Instituto de Crédito Oficial-, qué está fallando para que no se logre un fondeo como el que se ha producido habitualmente.
¿Acaso no recordamos que las líneas pyme se consumían prácticamente en el primer semestre
cuando no en el primer trimestre de cada año? Y créame que se lo digo con algún conocimiento de causa. Algo está fallando y me gustaría saber qué es. ¿Está fallando la negociación que ha tenido el Instituto de Crédito Oficial con la banca
comercial? ¿Está fallando la reunión que usted tiene que tener habitualmente con los representantes de la banca comercial a los efectos de establecer las condiciones tanto en tipos como en garantías fundamentalmente? Algo está fallando; ahora,
eso sí, yo tengo que reconocerle que las operaciones Renove -y no tengo ningún empacho en decirlo aquí- son y han sido un auténtico éxito. Así esas operaciones que se han consumido en un cien por cien contrastan con operaciones que son las que
animan el tejido productivo, el tejido empresarial y en definitiva la actividad económica, es decir la dirigida a pymes y autónomos, que se encuentran en una utilización absolutamente raquítica. Por tanto, señor secretario de Estado, ¿cuándo prevé
usted que se van a conocer las primeras operaciones de reordenación del sector financiero? Porque si seguimos con este avance casi, casi propio de la parálisis es muy probable que cuando comencemos a hacer algunas operaciones de reestructuración
del sector financiero las ventanillas europeas estén cerradas.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ i LLIBRE: En primer lugar, señor presidente, deseo agradecer la comparecencia del señor secretario de Estado ante esta Comisión de Economía, darle la bienvenida y lógicamente al mismo tiempo desearle muchos éxitos en su
gestión a lo largo de los próximos meses pues seguramente falta le van a hacer.
Nosotros vamos a hacer una intervención muy generalista, ya tendremos oportunidad a lo largo de sus comparecencias posteriores de entrar en detalle sobre los temas más relevantes de la economía española. Quería manifestarle en primer lugar
que a lo largo de toda esta legislatura Convergència i Unió ha sido muy crítica con la política económica del Gobierno; yo diría
incluso que la crítica se ha ido acrecentando a medida que han ido pasando los meses viendo cuáles eran los planteamientos del presidente del Gobierno en todas aquellas actuaciones que hacían referencia a la política económica española.
Desde nuestro punto de vista ha sido una gestión en la que ha faltado rigor, seriedad. Incluso hemos llegado a decir que la política económica se le había ido de las manos al señor presidente del Gobierno ya que ha sido totalmente incapaz de hacer
un diagnóstico real de cuál es la situación económica española ya desde el inicio de la legislatura. Incluso a finales del anterior periodo de sesiones y principios de este el diagnóstico real que ha planteado el Gobierno ha sido un diagnóstico que
se ajusta a los Presupuestos Generales del Estado que han presentado para el año 2010 y que nosotros acabamos de calificar -los acaba de calificar mi portavoz en la rueda de prensa que acabamos de dar- como unos presupuestos de la resignación. El
Gobierno, en vez de plantear unos presupuestos activos que fueran directamente a resolver o a plantear una estrategia económica para luchar contra la crisis y para la generación de empleo, se ha resignado ante unos presupuestos que nosotros hemos
calificado de totalmente incapaces, totalmente insatisfactorios para poder salir airosos de esta situación de crisis de la política española; y encima han venido acompañados de un incremento de impuestos que consideramos totalmente incompatible con
la generación de puestos de trabajo. Nosotros vemos un panorama delicado para el año 2010, ya que entendemos que no hay políticas activas suficientes, en primer lugar, para generar confianza y, en segundo lugar, para intentar detraer de las listas
del paro de España más de 2,5 millones de parados que en teoría tendrían que pasar de la situación de paro a la situación de empleo temporal o de contrato fijo. Por lo tanto, se trata de los presupuestos de la resignación, incapaces de resolver
esta situación económica. A lo largo de esta legislatura tendremos tiempo de hablarlo, ya que cuando los hayamos analizado en las próximas semanas o en los próximos días tendremos la posibilidad de determinar si presentamos o no una enmienda a la
totalidad.
En segundo lugar, quisiera hacer referencia a dos cuestiones que usted ha planteado en su intervención. Yo no he tenido oportunidad de escucharla, pero tengo aquí las anotaciones de mi compañera la diputada Riera. Creo que son cuestiones
muy importantes, y aunque no puedo criticar su gestión, señor secretario de Estado, porque acaba de llegar, me parece que el Gobierno tiene la facilidad de despachar con una cierta ligereza todos aquellos problemas que afectan a una parte muy
importante del tejido empresarial español, que son las pymes y los empresarios autónomos. Créame, señor secretario de Estado de Economía, hoy los trabajadores o empresarios autónomos, las pequeñas y medianas empresas, tienen grandes dificultades
para poder acceder a la liquidez, muchísimas dificultades. La banca tiene unos criterios de riesgo cada vez más duros, y en este caso el Gobierno, a instancias de los diferentes grupos parlamentarios, aprobó en el pasado presupuesto para el año
2009 unos recursos importantísimos a través del ICO para que se pudieran resolver estas situaciones de liquidez de las pymes y de los empresarios autónomos. La realidad, señor secretario de Estado, créame, es que es ofensivo que ustedes digan desde
el Gobierno que el ICO va a resolver estas situaciones. Lamentablemente, el ICO no las va a resolver ni probablemente pueda hacerlo en el futuro, porque el ICO no tiene una división comercial que le permita ir a todo el tejido industrial y
empresarial español y ha de hacerlo a través de los canales de la banca privada, que no funcionan. Pueden funcionar en uno o dos casos en los que el ICO pueda establecer un crédito conjuntamente con la banca si el empresario lo avala, a través de
un banco y con unas garantías importantísimas no solamente de la empresa sino también con garantías reales y personales de las casas, de los familiares, etcétera. Pero la realidad, señor secretario de Estado, es que si habla con las agrupaciones de
los autónomos y con las agrupaciones de los pequeños y medianos empresarios y les da las estadísticas que usted acaba de comentar, le dirán que son ofensivas, porque realmente no funcionan.
Usted tiene aquí un problema. Desde Convergència i Unió
hemos planteado diferentes iniciativas parlamentarias que se han aprobado por el grupo parlamentario que da soporte al Gobierno, que es el Grupo Parlamentario Socialista, pero al final la reestructuración del ICO no se ha producido.
Hay tiempo para
que esta reestructuración se pueda producir con el fin de que el crédito llegue a las pequeñas y medianas empresas, pero ustedes han de hacer algo al respecto, porque, señor secretario de Estado, hoy la liquidez no funciona a través del ICO para las
pequeñas y medianas empresas y para los empresarios y autónomos. Aquí tenemos un problema que hay que resolver. Yo no tengo la solución, y tampoco el Gobierno puede forzar a los bancos o a la banca privada para que tengan flexibilidad en sus
riesgos bancarios, pero si este dinero que está aprobado por todos los grupos parlamentarios -varios miles de millones de euros- no va a resolver finalmente la liquidez de las pequeñas y medianas empresas estamos perdiendo el tiempo, estamos
engañando al mercado, a las pequeñas y medianas empresas. Nosotros les decimos que hay dinero suficiente y que no se va a gastar y hay que buscar una solución. No sé cuál es. La solución, desde nuestro punto de vista, es reestructurar el ICO, que
tenga una división comercial más potente para que pueda llegar a las pequeñas y medianas empresas. Probablemente esto no se pueda hacer ni en un mes ni en dos ni en seis, y por tanto tiene usted un problema. Iremos insistiendo a lo largo de esta
legislatura, a lo largo de este periodo de sesiones para ver si es posible resolver una situación que es delicada y que sería interesante resolver con la máxima rapidez posible.
Hay otra situación que también está afectando a la economía española, que es la morosidad. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha conseguido que se tomara en consideración, por unanimidad de todos
los grupos parlamentarios, una proposición de ley que va en la dirección de resolver uno de los problemas causantes de la mortalidad de nuestras empresas en el tejido empresarial español, que es la morosidad. Aquí hay un primer problema que
hemos de resolver, y es cómo vamos a solucionar en un futuro inmediato, o a corto o medio plazo, que las administraciones paguen en los plazos estipulados por la ley o en los plazos estipulados por esta proposición de ley que ha presentado nuestro
grupo parlamentario. Usted sabe perfectamente que las administraciones deben al tejido productivo español más de 30.000 millones de euros y entendemos que hay que buscar una solución a través de esta ley o a través de los mecanismos que ustedes
crean necesarios y oportunos, pero este segundo aspecto tendríamos que intentar resolverlo en este periodo de sesiones.
Hay muchas más cuestiones, como alguna que usted ha indicado en su intervención -por ejemplo, la compra de activos financieros desde la banca o el FROB-, pero vamos a esperar al resultado de las futuras concentraciones que se puedan plantear
en el tejido financiero español, y a partir de estas consideraciones, de todas estas entidades que vayan a acudir al FROB y de sus comparecencias vamos a dar nuestra opinión al respecto. Por tanto, que decidan las diferentes entidades financieras
los procesos de fusión que voluntariamente quieran hacer y, a partir de ahí, fijaremos la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra por el Grupo Socialista la señora Gastón.
La señora GASTÓN MENAL: En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista quisiera dar la bienvenida a esta Cámara en su primera comparecencia al señor secretario de Estado. Es una comparecencia que nuestro grupo agradece por
el rigor, el detalle explicativo y la claridad con que ha venido acompañada. Me gustaría apuntar, al hilo de la bienvenida que algún otro grupo parlamentario le ha dado esta mañana, que quede claro que si esta comparecencia se produce a fecha de
hoy desde su nombramiento en abril sabrá alguno de los portavoces que es por un tema de agenda, desde dos puntos de vista: la agenda parlamentaria de esta propia Comisión, hasta el mes de julio incluido; y, por otro lado, para nosotros no menos
importante, la propia agenda del señor secretario de Estado debido a los foros internacionales. Nuestro grupo parlamentario entiende que merece la pena haber esperado unos cuantos días a lo largo de este mes de septiembre por haber tenido que
asistir el señor secretario de Estado a algún foro internacional. Si bien es cierto, y al hilo de las intervenciones de algún portavoz que me ha precedido, que la actualidad del día de hoy, el máximo interés de esta jornada se ha dirigido hacia los
Presupuestos Generales del Estado, no es menos cierto, y así lo consideramos, que lo que ahora y aquí estamos tratando, lo que nos ocupa indudablemente, forma parte, y además parte importante, de la foto general del panorama y del marco de las
cifras presupuestarias que hoy mismo se han dado a conocer. También consideramos que esta fotografía que usted nos ha detallado y explicado, nos permite analizar con la perspectiva necesaria el resto de los puntos que configuraban el orden del día
de esta Comisión respecto al tema financiero.
Señor secretario de Estado, en las numerosas ocasiones en las que en esta Cámara y en particular en esta Comisión hemos estado debatiendo sobre economía -y créame que no son pocas- se ha insistido ya mucho en el diagnóstico del inicio de la
crisis, en saber y conocer a fondo de dónde partíamos y además en qué condiciones, dadas las circunstancias inherentes a nuestra propia economía, tales como nuestro propio patrón de crecimiento en el que nos estábamos sustentando o la comparativa en
cuanto a indicadores de otras economías. También habría que señalar que hay algún grupo que sigue instalado permanentemente en ese primer diagnóstico. Mientras tanto -y usted ha hecho gala de ello a lo largo de su intervención-, una vez más
dejamos claro que nuestro planteamiento, el de nuestro grupo parlamentario, es firme. Consideramos que, por supuesto, hay que tener en cuenta de dónde partimos y en qué condiciones, pero también hay que ir analizando la evolución. Hay que ir
viendo la respuesta a los estímulos fiscales implantados, como usted ha hecho, poniendo en valor estímulos como el Fondo estatal de inversión local y su efecto sobre el empleo y en conjunto el papel mitigador de los distintos estímulos.
Consideramos que también es muy importante en este momento trabajar de forma proactiva con vistas a que el momento de salida de la crisis nos coja con los deberes hechos, con las condiciones necesarias creadas y, además, puestas ya en marcha con el
objetivo de conseguir un nuevo patrón de crecimiento que permita a nuestra economía disponer de cimientos más firmes, más estables y que en todo caso -esperemos que no- si volvemos a encontrar turbulencias internacionales como las que hemos venido
padeciendo no nos dejen tan vulnerables como en esta ocasión. Hoy mismo en esta Comisión de Economía hemos dado un paso en este sentido hacia la salida en condiciones de la crisis, y hablo del debate y la votación de la Directiva de Servicios.
Desde nuestro grupo también queremos seguir trabajando, por supuesto, en salir de la crisis con intensidad y, como siempre insistimos, con un doble objetivo: por un lado, aumentar nuestra competitividad y, por otro, contribuir a disminuir
nuestro déficit exterior. Siempre lo hemos puesto encima de la mesa. El señor Nadal ya nos ha oído en anteriores ocasiones coincidir en este punto. Lo que ocurre es que, por más que coincidamos, señor Nadal, ustedes no apuntan de qué forma
podríamos corregir este déficit exterior. Esta ha sido y sigue siendo nuestra hoja de ruta y nuestro trabajo -al menos parlamentario- en consonancia con el trabajo del Gobierno; pero dejando claro que hemos tomado desde el inicio una premisa; y
es que nuestras prioridades son el gasto
social y la inversión productiva -en una sala cercana a esta se ha hablado hoy mucho de este tema-, gasto social -no es ninguna novedad- como soporte a quienes más sufren la situación económica, tratando de que les afecte menos de lo que
tradicionalmente la historia nos ha mostrado que les viene afectando este tipo de crisis y de situaciones económicas, y además teniendo en cuenta que en esta ocasión este colectivo al que me refiero es cada vez más amplio. La segunda prioridad es
la inversión productiva, como motor para los estímulos implantados -ha hecho referencia sobre todo a través del Fondo estatal de inversión local-, tratando además de frenar y amortiguar en la medida de lo posible la caída libre de empleo. Esta
premisa gustará o no gustará, ya que cualquier acción política que se lleva a cabo siempre está abierta a distintas opiniones, pero siempre ha configurado nuestra línea de acción, la línea socialista. La seguiremos defendiendo puesto que
consideramos que cuando hay dificultades -no solamente en el ámbito de la política económica, como las que estamos teniendo ahora, sino en cualquier ámbito y de cualquier tipo- habrá un listado más o menos amplio de temas importantes que abordar,
pero lo difícil sin duda cuando se gobierna en estos momentos de dificultades es priorizar. Estos son tiempos de prioridades. La nuestra siempre ha quedado manifiestamente clara y además es conocida, y a estas alturas sería interesante conocer
cuáles son las prioridades de otros grupos -en particular del principal partido de la oposición- más allá de las críticas sin alternativa. Consideramos que no evolucionan -y lo hemos oído hace un momentito- conforme pasan los meses; que
exclusivamente se dedican a decir que no están de acuerdo y a criticar. Hace pocos días hemos visto que si en algo han evolucionado ha sido en elevar su nivel de crítica hasta llegar al nivel del insulto.
Insisto en que seguimos sin conocer sus
prioridades, más allá de la de desgastar al Gobierno, y frente a una actitud que consideramos sería la razonable, ellos siguen regodeándose en la crisis. Entre tanto, nosotros, el Grupo Parlamentario Socialista, seguiremos trabajando en la línea
anteriormente mencionada y esperamos que los frutos de las acciones implantadas nos vayan dando poco a poco mejoras continuas y estables en la evolución de nuestros indicadores.
En el análisis coyuntural de nuestra actual situación económica, tal y como usted ha remarcado, vemos señales objetivas que indican una progresiva normalización de los mercados financieros así como una suave mejoría de los indicadores de
actividad; evolución de los indicadores que también desde el Grupo Socialista -como es lógico- recogemos con la debida prudencia, puesto que no nos muestran ya la puerta de salida pero sí que poco a poco nos van mostrando que la tenemos cerca.
Hace pocos días, al margen de los datos que usted ha aportado en su intervención y que desde el ministerio se nos facilitan, se hizo público el panel de previsiones de la economía española de la Fundación de las Cajas de Ahorro, Funcas. Este panel
y estas previsiones refrendan lo que estamos comentando en esta Comisión y realizan una lectura analítica sobre los datos ya confirmados hasta la fecha que confirman también que el ritmo de ajuste de la economía se ha suavizado. En este sentido,
escuchando al señor Nadal tendré que decir que tendría que enterarse de que Funcas también hace un análisis de sube y baja, como él aprendió en la facultad, puesto que también se dedica, indicador a indicador, a ver la evolución y a hacer una
lectura lo más objetiva posible de la realidad en este momento, teniendo en cuenta los movimientos a lo largo de los meses anteriores. A través de este análisis que también realiza Funcas coincidimos en que resulta llamativo comprobar que mientras
nuestra demanda interna -ya se ha dicho- sigue sin repuntar, ha habido una demanda externa superior a la prevista; es decir, que nuestras exportaciones, vista la caída que sufrieron en los meses finales de 2008 y los primeros de 2009 -momento peor
de esta crisis-, van mejorando.
Usted mismo ha dicho, y me gustaría que incidiera un poco más en el asunto, que las exportaciones podrían ser nuestro motor de recuperación, puesto que consideramos que lógicamente esta evolución, el hecho de que las
exportaciones hayan aumentado, es el resultado de que la economía internacional comienza a dar síntomas de recuperación, pero también consideramos que nuestras propias empresas han realizado un enorme esfuerzo en aumentar sus ventas en el exterior
ante la anemia del mercado interior.
Muchas veces esta contracción de la demanda interna que hemos comentado es el resultado derivado de la situación de muchas familias, de la contracción complementaria del crédito así como de la renta disponible.
No obstante, quisiera
preguntarle en esta primera comparecencia -no con datos porque supongo que no habrá posibilidad de tener más allá de una encuesta- cómo valora usted, señor secretario de Estado, el componente psicológico en esta contracción de la demanda interna,
cuál podría ser su importancia. Pensamos que no será por mucho el componente más importante pero sí que acaba influyendo decididamente sobre los datos finales, y me explicaré. Somos plenamente conscientes de que por las causas que anteriormente he
citado hay menor renta disponible y menor posibilidad de consumir, pero también somos conscientes de que hoy en día hay muchas familias en nuestro país cuya situación apenas se ha visto modificada.
Asimismo, consideramos que la demanda interna,
particularmente su contracción, también tiene un freno psicológico, que consideramos, insisto, que viene alentado además por el alarmismo que algunos procuran sembrar día a día en toda esta situación así como por la poca ayuda para generar la
deseada y necesaria confianza, lo cual puede afectar en cierto modo, con la relevancia justa pero importante, al hecho de que la demanda interna no repunte. Quisiéramos que valorara ese aspecto. Sin embargo, a la vista de los datos y de la
evolución -usted lo ha dicho-, no hay mal que por bien no venga, en cuanto a que esta contracción de la demanda interna también haya hecho caer el nivel de
importaciones, y como además en términos reales las importaciones sufren mayor contracción que las exportaciones y además también mayor caída de sus precios, sobre todo por el precio del petróleo, se ha producido una corrección en nuestro
déficit comercial. Funcas publica asimismo en este panel sus previsiones actualizadas, y también me gustaría ponerlas de relieve. Apunta a una leve mejoría de las expectativas para la industria; mantiene las previsiones para la inflación y
además, tras analizar este estudio y las previsiones -que no dejan de ser previsiones para bien o para mal-, parece que la vía para atajar los niveles de desempleo, como decíamos, sin aumentar el déficit exterior, debería apuntar hacia el aumento en
las exportaciones y hacia la producción interna destinada a ello. Insistimos en que nos gustaría que hiciera una valoración más detallada de esta reflexión. Las previsiones de Funcas, además de las del Gobierno, reflejan en su evolución que la
economía empieza a estabilizarse. Tomaremos nota de lo que usted ha dicho, seremos por supuesto cautelosos, pero son varios los indicadores que nos están mostrando esta estabilización. Por último, y nos parece importante en el estudio de este
panel de previsiones, como conclusión refleja que en opinión de la mayoría de los participantes en dicho panel la orientación expansiva de las políticas adoptadas sigue siendo la adecuada.
Por otro lado, entrando ya en la otra parte de la comparecencia, en el tema financiero, y visto el detalle de su explicación, señor secretario de Estado, lo primero que quiero manifestar en nombre del Grupo Socialista es la alegría que nos
produce a fecha de hoy que alguna de las profecías que desde el Grupo Parlamentario Popular se nos iban haciendo no se hayan cumplido; y me remito a anteriores intervenciones en esta misma Comisión de Economía. Esperamos que al menos en este
punto, en el tema financiero, ya se hayan percatado definitivamente de que el alarmismo poco contribuye a generar la confianza requerida y necesaria para el sector y, por ende, para el conjunto de nuestra economía, sino que más bien no contribuye
nada. Ni ha habido hecatombe bancaria ni tampoco el anunciado oscurantismo, como pueden ustedes comprobar en anteriores diarios de sesiones de esta misma Comisión. A la vista está todo lo contrario: medidas oportunas, que buscan aportar confianza
y seguridad al sistema, y una total transparencia. En los últimos meses, como se ha recordado, se ha actuado en el sector financiero con gran intensidad, de una forma coordinada. Dentro de la Unión Europea se han adoptado medidas que proporcionan
liquidez al sistema y -nos gusta insistir, una vez más- sin representar coste alguno para los contribuyentes. El objetivo -se ha vuelto a nombrar- siempre ha sido tratar de facilitar el crédito a las familias, empresas y autónomos.
Coincidimos
también en que nos gustaría que esta facilidad hubiera sido mayor, pero, al igual que ha habido algún grupo que ha reconocido que no sabe cuál es la solución -al menos en un ámbito- para que pudiera facilitarse de mayor manera este acceso al
crédito, al escuchar la intervención del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió hemos valorado al menos ese reconocimiento y esa voluntad de colaborar. Nos gustaría que el resto de los grupos manifestaran al menos esa voluntad de
colaborar para tratar entre todos de que llegara en las condiciones y en la medida que todos deseamos. Se ha reforzado el sistema de garantías de depósito; se ha constituido el Fondo para la adquisición de activos financieros y las entidades de
crédito han emitido deuda con el aval del Estado; se han adaptado y ampliado las líneas de financiación del Instituto de Crédito Oficial y también se ha creado el Fondo de reestructuración ordenada bancaria.
Nos ha detallado la evolución en estos últimos meses, señor secretario de Estado, del ICO y sus líneas. También le preguntaría cómo valora usted el papel financiero que ha representado, sobre todo a la vista de lo comentado por los
portavoces que me han precedido, el Instituto de Crédito Oficial este año, en el que, sinceramente -y dentro de esta misma Comisión-, le puedo garantizar que recibiendo en su primera comparecencia al en su día presidente del Instituto de Crédito
Oficial ha pasado de ser el gran desconocido a ser el gran deseado para solucionar todos los problemas de financiación. Queremos incidir de nuevo en que el Fondo de adquisición de activos financieros y el resto de medidas se ponen a disposición del
sector sin que supongan, insistimos, coste alguno para el ciudadano puesto que los activos se compran a un interés superior al coste en el que incurre el Estado para financiar estas operaciones. En cuanto a las operaciones y a la deuda pública, que
de nuevo nos ha comentado en esta ocasión el señor Nadal desde el Grupo Parlamentario Popular, nosotros quisiéramos que una vez más se valorara por parte del Gobierno -parece que no tienen suficiente hasta la fecha-, y por usted, señor secretario de
Estado, la teoría del crowding-out que se repite una y otra vez, cómo ve usted las emisiones de deuda pública y cómo está el diferencial con el bono alemán y su evolución, tema que tanto le gusta al señor Nadal y que hoy no ha citado. Creemos que
es importante que no se haya producido hasta la fecha rescate alguno. El señor Aguirre ha hablado del FROB. Sé que conoce el real decreto, puesto que coincidimos en su aprobación y convalidación el 8 de julio en el Pleno, así que le diría, señor
Aguirre, que de las tres posibilidades que recoge, la primera, y a la que siempre le queremos dar importancia, es que sea una acción de forma voluntaria por las propias entidades; en última instancia está la intervención. ¿Cómo cree usted que le
puede -con cariño se lo digo- echar en cara al Gobierno que no haya habido reestructuración si no ha habido hasta la fecha voluntad de las propias entidades para acudir al FROB?
Tal y como nos ha explicado el señor secretario de Estado, desde la última comparecencia explícita del señor Vegara -entonces secretario de Estado de Economía- sobre el Fondo de adquisición de activos financieros en la Comisión no ha habido
más subastas. Se han
celebrado cuatro subastas desde noviembre de 2008 hasta febrero de 2009 y están aprobadas para que puedan ser celebradas hasta finales de este año 2009. Sus perspectivas de uso nos las ha comentado a lo largo de su intervención, pero ¿cómo
valora usted el hecho de que ni siquiera haya perspectivas de que vuelva a utilizarse este fondo? También queremos destacar desde nuestro grupo que a estas alturas ha habido una gestión impecable del fondo y una total transparencia no solo por su
información a través de la página web del ministerio sino también por las numerosas comparecencias que en torno a él se han venido celebrando en esta Cámara.
Para finalizar, me gustaría matizar algo que se ha dicho en cuanto al FROB, y es que el hecho de que no haya habido intervenciones o que no haya sido utilizado hasta la fecha no implica en absoluto, creemos -nos gustaría que lo explicara-,
que este fondo esté parado, y según el pensamiento de que el fondo no esté parado nos gustaría que nos detallara más a fondo por qué se va a hacer, según sus palabras, una emisión del fondo a lo largo de este año 2009.
Por nuestra parte, le reiteramos nuestro agradecimiento por su comparecencia y su pedagógica explicación y le deseamos sinceramente que la próxima vez que venga a esta Comisión los indicadores sean ya muchísimo mejores, vayan muchísimo mejor
y estemos ya rozando la salida de la crisis. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Tiene de nuevo la palabra el compareciente.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMÍA (Campa Fernández): Muchas gracias, señorías, por su intervención y por sus comentarios. La verdad es que muchos de ellos se han centrado, como es objeto de la comparecencia, en gran medida en
aspectos del sector financiero, así que, aunque intentaré responder individualmente, algunos de ellos, por ahorrar tiempo y por no ser repetitivo, los agruparé.
Para empezar, como dijimos al principio y como bien ha dicho el señor Tardà, esta no es la comparecencia sobre presupuestos. La comparecencia sobre presupuestos está programada para la semana que viene y en ella tendremos más oportunidad de
discutir en detalle y ustedes habrán tenido más tiempo para leer con calma todo el presupuesto y así tener más información. Simplemente daré una pincelada sobre los conceptos básicos de este presupuesto, que están bastante relacionados con la
presentación inicial que hice de la situación económica. Son unos presupuestos que -yo creo que es obvio- se hacen en una situación económica muy difícil y que apuntan en dos direcciones. La primera es que son unos presupuestos que tienen que ser,
como toda la política fiscal de países desarrollados, anticíclicos; es decir, en una situación de crecimiento negativo de la economía y de recesión se debe plantear un déficit y una política expansiva fiscal. Esto es lo que plantean los
presupuestos, pero al mismo tiempo tienen que planificar una estabilidad presupuestaria a medio y largo plazo, con vistas a salir de la recesión y garantizar la estabilidad presupuestaria a medio plazo. No voy a hablar más de ello ahora porque
tendremos ocasión de profundizar con más detalle.
En cuanto al contexto de coyuntura, el señor Nadal dijo que hice una presentación de subida y bajada. Me alegro de que piense así, porque en el fondo es lo que está ocurriendo en la economía. Hay cosas que, gracias a Dios, ya suben y
alguna que todavía baja, no es como hace seis u ocho meses, en los que prácticamente todo bajaba. Tenemos la suerte de que hay algún parámetro que sube y algún otro que baja. Ese era el mensaje fundamental que esperaba que se sacase de la
comparecencia, con lo cual me alegro mucho de que se haya captado.
Respecto a las vulnerabilidades y a la agudez de la crisis, el punto fundamental que refleja la política del Gobierno es que se debe medir en el aspecto que nos duele más, que es el empleo. Creo que existe consenso en que en el empleo a
corto plazo todavía veremos probablemente algunas situaciones que empeoran. Por eso no podemos decir que la fase más aguda de la crisis haya pasado. En otros aspectos probablemente sí; en caída del producto interior bruto quizá haya pasado; en
las restricciones de liquidez en el sector financiero internacional y local esperemos que haya pasado; pero en el aspecto del empleo, no.
Otro elemento importante -y creo que el señor Nadal se está confundiendo un poco, porque es un discurso que venía bien hasta ahora, pero gracias a Dios la economía española se está ajustando y es un discurso que ya no se aplica- es la
vulnerabilidad externa y nuestro endeudamiento. Por dos razones. Primero, como mencioné en mi intervención, nuestras necesidades de financiación externa con el proceso del ajuste han disminuido radicalmente y estamos en un 3,9 por ciento de
necesidades de financiación, cuatro puntos menos, es decir, un 50 por ciento menos que hace un año, y muy lejos de los máximos del 11 por ciento. Esto es importante. Segundo -también muy importante, el señor Nadal lo ha mencionado bien-, hay
37.100 millones de financiación que van a las administraciones públicas, y tenemos una necesidad de financiación externa, como he dicho, de 3,9 puntos del PIB, que son aproximadamente 39.000 millones. Ello quiere decir que hemos pasado de un sector
privado, que era el discurso que hasta ahora veíamos, particularmente apalancado y con necesidades de financiación, a un sector privado fundamentalmente equilibrado en nuestra economía y un déficit externo que se explica, temporalmente por lo menos,
solo por las necesidades de financiación de las administraciones públicas, unas administraciones públicas que, como bien sabemos y es conocido, habían tenido una situación presupuestaria hasta el año 2007 no modélica, pero sí excepcional dentro del
contexto de la zona euro, y se parte de unos ratios de deuda respecto al producto interior bruto también modélicos porque están dentro de la
zona más baja de todos los países de nuestro entorno, con unas proyecciones de crecimiento de la deuda respecto al producto interior bruto que son exactamente igual de modélicas en términos relativos, en el sentido de que las proyecciones
para 2010 de nuestro ratio de deuda sobre PIB continuarán siendo 20 puntos porcentuales por debajo de la media de la zona euro. En ese sentido sí somos modélicos y estamos haciendo la política adecuada, que es una política contracíclica para una
recesión, al mismo tiempo que se toman unas medidas estructurales, tanto presupuestarias como económicas, para garantizar un crecimiento a medio y largo plazo dentro de un patrón económico que esperamos sea sustancialmente distinto al que
experimentamos en los últimos cuatro años. Pero de esa parte del presupuesto ya podremos hablar con más tranquilidad la semana que viene. Un último punto. Este aspecto modélico de nuestras cuentas públicas está refrendado por los organismos y
mercados internacionales. Se refleja en nuestras primas de riesgo respecto a los bonos, en las afirmaciones de rating que se han realizado en los últimos cuatro meses tanto por Moody's como por Fitch, con lo cual no podemos decir que de momento por
lo menos exista ninguna evidencia de falta de credibilidad en la sostenibilidad de nuestras cuentas públicas y nuestra deuda.
Pasando al segundo aspecto, la financiación del crédito, he intentado ser bastante transparente. Usted dijo, señor Nadal, que comparaba la tasa de crecimiento del crédito, que es un stock, con el PIB. El stock es el crédito, la tasa de
crecimiento del crédito es el flujo. Comparamos flujo con flujo, estamos comparando las cosas correctas. Si vamos un poco más allá y miramos cuál es el crecimiento del PIB nominal de nuestra economía este año, rápidamente se puede observar que es
negativo. Tenemos un PIB real que baja y una inflación que es negativa. El producto de las dos cosas en matemáticas sale positivo, pero como son tasas de crecimiento y hay que sumarlas, no hay que multiplicarlas, el resultado es un crecimiento del
PIB nominal negativo. Lo razonable -por eso en mi presentación he querido ser bastante cauteloso en este aspecto- no es esperar que el flujo del crédito, que es una figura nominal, crezca a tasas muy altas, porque lo razonable en una economía más o
menos sostenida en el tiempo es que las tasas de crédito nominal crezcan a las mismas tasas que el PIB nominal. Lo excepcional en nuestra economía era que teníamos tasas de crecimiento del crédito del 20 por ciento con tasas de crecimiento del PIB
nominal del 7 y el 8 por ciento. Desde el punto de vista de la política económica, debemos olvidarnos de la cifra del crecimiento del crédito agregado. Lo importante es que el crédito vaya ahí donde se necesita, que es lo que he intentado explicar
en mi presentación. Dado que tenemos una situación equilibrada en nuestras cuentas de ahorro e inversión de los agentes privados -empresas y familias-, no tenemos ninguna razón para pensar que a nivel agregado haya una restricción del crédito. No
tenemos ninguna razón para pensar eso, señor Nadal, lo que sí tenemos razones para pensar es que, dadas las medidas de flexibilidad y de liquidez, de reestructuración del sector bancario; dado el ajuste en el sector inmobiliario y la concentración
del crédito en ese sector, puede haber segmentos concretos del sector financiero que no estén funcionando correctamente. En esa orientación han ido las medidas específicas de las líneas del ICO. ¿Cuáles son los segmentos -y en esto había acuerdo
tanto desde el punto de vista del Gobierno, como desde el punto de vista de las intervenciones que he oído por parte de todos los grupos- que nos preocupan particularmente? Las líneas de liquidez -la situación de liquidez, por características de la
economía española, que tiene periodos medios de cobro muy largos, y por características de la financiación de liquidez, que generalmente no es colateralizable, no tiene garantías reales, no tiene líneas hipotecarias o algún bien duradero- y aquellos
otros subgrupos en los que la capacidad de interacción con el sector financiero puede hacerse más difícil.
¿Cuáles son esas? Las pequeñas y medianas empresas y los consumidores individuales, las familias. Ahí es donde se orientan las líneas del
ICO.
Podemos discutir ahora -voy a ir a eso ahora, señor Aguirre, porque sé que me va a preguntar esto, lo tengo aquí anotado- si llegan o no llegan; cuánto llegan. He intentado ser extremadamente transparente y claro y he dado las dos cifras.
He dicho que el crecimiento de las líneas, la cantidad disponible, era del 400 por ciento y he dicho que el crecimiento del crédito del ICO, del balance, era del 30 por ciento. Usted ha dicho que le encanta la línea Renove Turismo, pero está
cayendo en una falacia.
¿Cuánta dotación tenía la línea Renove Turismo? ¿No lo recuerda? Se lo digo yo: 400 millones. Si yo creo una línea para unas necesidades con 400 millones y después la concedo en una semana, su percepción es que esa línea
ha sido un éxito. Sin embargo, si creo una línea de 10.000 millones para la esencia fundamental que se tiene que dar en el sector financiero, que es la garantía de que existe fiabilidad y disponibilidad del crédito, de la misma manera que para la
línea ICO se crean líneas de 10.000 millones; de la misma manera que para el FROB se plantea un apalancamiento de hasta diez veces si es necesario; de la misma manera que en las líneas de avales se plantean avales de hasta 100.000 millones si es
necesario y ninguna de ellas se ha utilizado en esas cantidades, no podemos juzgar el éxito de esa línea del ICO en función de la tasa de utilización respecto a la disponibilidad, porque la disponibilidad es una garantía. Es decir, quiero mandar un
mensaje y el mensaje que quiero mandar es que va a haber todo el crédito que sea necesario y eso es lo que dice el tamaño de la línea. El tamaño de la línea no es lo que yo creo que es la cantidad de crédito necesaria, lo que quiero garantizar como
Gobierno es que en esta economía va a haber la disponibilidad de crédito necesaria. Por tanto, olvidémonos de comparar las tasas de utilización de las líneas con las cantidades disponibles y pensemos en las cantidades dispuestas, que es el crédito
real que va a las
familias, a los hogares y a las empresas. En eso es en lo que debemos centrarnos. Usted lo sabe y aquí tengo los datos a 17 de septiembre. No es cierto que la línea PYME del año pasado para esta época estuviera completamente dispuesta.
Está dispuesta en un 75 por ciento, 5.294 millones. El crédito que se ha dado a las pymes ahora a través del ICO a esta fecha es de unos 7.100 millones, un 30 por ciento más. Es aproximadamente lo que dije que estaba creciendo el fondo. Tampoco
quiero decir con esto que el ICO esté funcionando perfectamente, y después contestaré a los comentarios del señor Sánchez i Llibre. El ICO no está funcionando completamente porque tiene una labor muy difícil, que es sustituir un sistema financiero
privado de canalización del crédito que es la esencia de nuestro sistema financiero, y tiene que sustituirlo en una situación muy difícil, en la que hay fallos, y lo está intentando hacer en la medida, en la intensidad y con la capacidad de ajuste
más flexible posible.
Como saben, en julio se reformaron algunas de las líneas para generar más viabilidad; en septiembre se han reformado las líneas de liquidez que he mencionado antes para permitir que se concedan hasta el cien por cien de la financiación a
las empresas, para conseguir que haya más financiación a las empresas. Se está trabajando -como dije en mi presentación- y se seguirá trabajando siempre en una estandarización de las líneas para que lleguen a las empresas. Es cierto que hay unas
líneas que, por su diseño, no están funcionando a las tasas que esperamos, pero yo no diría que son las de liquidez. Probablemente hay que trabajar mucho las líneas de moratoria, algo que mencionaba el señor Sánchez i Llibre. Hay cosas que mejorar
y en las que hay que trabajar, tanto en moratoria a nivel de familias, de hogares, como de entidades públicas, y algunas otras líneas específicas para crecimiento, internacionalización y aspectos que nos ayuden a desarrollar en el futuro. Es algo
en lo que estamos trabajando y en lo que seguiremos trabajando.
El segundo punto que también es muy importante y tiene que ver con este diseño, que usted ha mencionado, es qué pasa con el FROB. El FROB se ha puesto en funcionamiento y S.S. preguntaba dónde está la urgencia porque todavía no se ha
utilizado. Esto responde exactamente al mismo mensaje que hemos transmitido antes. El FROB era urgente porque era importante.
El mensaje fundamental que mandaba el FROB no era dar dinero. Era poner un marco para la reestructuración bancaria y de
nuevo garantizar que, en caso de que fuera necesario para alguna institución que no se percibía que fuera sistémica, existía el capital con disponibilidad inmediata para poder ejecutarlo. De tal manera que la fiabilidad del sistema financiero, que
es la única razón por la que se interviene desde el punto de vista de política económica tanto en el sistema financiero, porque depende de su fiabilidad y estabilidad, estuviera garantizado. El que no se haya utilizado el FROB no quiere decir que
no esté cumpliendo su labor.
Podemos discutir adicionalmente la tasa en la que la reestructuración del sistema bancario debería realizarse, pero como usted sabe también, desde el punto de vista de política pública, una vez garantizada la
estabilidad en el sistema financiero, el segundo aspecto, que era el que veníamos discutiendo, es que el crédito fluya correctamente, y el tercero, que tenga el mínimo coste para el contribuyente. Lo que no tiene sentido desde el Gobierno es
dirigir procesos de reestructuración que puedan tener un coste para el contribuyente, sino que estas son las actividades que en una economía privada, en un sector financiero fundamentalmente privado, deben desarrollar los entes privados. Y solo en
los casos estrictamente necesarios que afecten a la viabilidad de la institución y, como resultado, a la fiabilidad del sistema financiero, debe intervenir directamente el Estado, que es uno de los casos en los que está previsto el FROB. La
estructura del FROB ha establecido unas características donde claramente se marcan las prioridades: intervenciones de reestructuración privadas. Muchas instituciones lo están haciendo. Reestructuración significa muchas cosas: el número de
oficinas se está reduciendo en nuestro país, hay bancos que han ampliado el capital sustancialmente, el tipo de actividades de negocio de muchas instituciones está variando sustancialmente. Todo eso es reestructurar. Reestructurar no significa
simplemente poner dinero público en una entidad. Y cuanto más se haga de eso, sin necesidad de dinero público desde el punto de vista de política económica, mucho mejor.
Me ha preguntado también por Caja de Castilla-La Mancha. Mi conocimiento (no creo que haya que descubrir nada nuevo- respecto a Caja de Castilla-La Mancha es que el Banco de España, que es quien lidera este proceso, le ha encargado un plan
de reestructuración y viabilidad al banco UBS. Entiendo que este plan ya se ha planteado al Banco de España, está siendo elaborado y dentro de él se están realizando alternativas concretas de reestructuración y compraventa de partes o todas las del
grupo, no lo sé exactamente. Hasta que no tengamos soluciones concretas no tiene sentido especular. En cuanto a las otras transacciones que menciona, la única transacción que conocemos hasta el momento es la de Cajasur y Unicaja, que está en
proceso de aprobación por sus órganos de dirección, dentro del plan que elaboraron inicialmente al Banco de España de reestructuración y a los fondos de garantía de depósitos de las cajas que, como saben, es quien va a contribuir con una aportación
de preferentes convertibles.
El señor Sánchez Llibre se refirió a dos aspectos: la preocupación de pymes y autónomos, con lo que estamos completamente de acuerdo. Ya he mencionado antes que los segmentos de pymes y los segmentos de individuos son las partes del sector
financiero que más nos preocupan, donde puede haber alguna dificultad para que el crédito llegue. En cuanto a la morosidad y a las condiciones de cobro y pago, estamos de acuerdo -antes lo he mencionado- en que es una característica general de la
economía española. Estoy distinguiendo entre
morosidad y condiciones de cobro y pago, porque a veces esto se utiliza de forma indistinta y significan cosas ligeramente diferentes: las condiciones de cobro y pago son contractuales, están previstas en los contratos, y en ese sentido no
implican morosidad; morosidad es cuando se violan las condiciones de cobro y pago porque se retrasan. En nuestro caso tenemos legislación sobre prácticas de cobro y pago y también sobre implicaciones de penalizaciones que pueda haber en casos de
morosidad. Es cierto que en el sector empresarial privado nuestros periodos de cobro y pago son muy largos y que, como resultado de la crisis, la morosidad o los periodos de cobro y pago pueden haberse alargado. En esta línea estamos trabajando
tanto para el sector privado como para el sector público a través de las líneas ICO y también dentro de la Ley de economía sostenible hemos dicho que intentaremos hacer alguna reforma para agilizar este proceso.
A la señora Gastón quiero agradecerle sus comentarios. Me ha pedido que establezca de forma un poco más clara cuál es el patrón de crecimiento y el impacto que esto tiene, así como las prioridades que este Gobierno tiene en ese sentido.
Claramente tendremos ocasión de comentarlo en la discusión del debate presupuestario, porque no tiene sentido interpretarlo si no es el contexto de un plan económico del Gobierno a medio plazo. Las prioridades son claras. En primer lugar, intentar
minimizar el impacto social de la crisis con una política fiscal contracíclica apropiada, que se centre, sobre todo, como hemos dicho, a corto plazo en el gasto social. En segundo lugar, diseñar un conjunto de medidas que favorezcan un desarrollo
sostenible a medio plazo de nuestra economía bajo tres premisas básicas, que son: primero, para que sea sostenible tiene que venir unido a un marco sostenible de las cuentas públicas a medio y largo plazo del conjunto de las administraciones
públicas. Segundo, para que sea sostenible tiene que venir orientada en un patrón de nuestra economía que esté fundamentalmente vinculada a los flujos económicos internacionales, porque no podemos estar aislados de nuestro entorno y será una
economía que cada vez esté más centrada en la internacionalización y, en particular, en las exportaciones. El tercer punto básico, como consecuencia de estos dos, es que será una economía cuya estructura productiva -creo que en esto también existe
bastante consenso- será sustancialmente distinta a la que observábamos en los últimos cuatro o cinco años, donde el peso de la demanda interna y el peso de la actividad en el sector inmobiliario serán sustancialmente menores en la contribución al
crecimiento que el peso del sector exterior y de otros aspectos de la economía dentro del consumo de demanda interna.
En este sentido -y no me voy a extender mucho dado lo avanzado de la hora-, el crecimiento depende en gran medida de las
exportaciones.
Estamos convencidos de que tenemos un conjunto de empresas y un sector empresarial en actividades comerciales extremadamente competitivo y muy cualificado. Simplemente les voy a dar dos pinceladas. Si ustedes piensan hacia qué se
orientan las grandes tendencias de la economía mundial, les voy a citar tres grandes áreas. Primer punto, la mayoría de las políticas públicas y de estímulo fiscal que están desarrollando los países de todo el mundo van orientadas, ¿a qué? A la
inversión y a la construcción de infraestructuras. Segundo punto, en la medida en que están en esta línea muchos de ellos, ¿a qué? Al desarrollo de energías renovables y alternativas que hagan frente al cambio climático. Tercer punto, en la
regulación del sistema financiero, ¿hacia qué modelo de sistema financiero vamos? Hacia un modelo de banca más tradicional y más comercial, poniendo mayor énfasis en la banca comercial. Si ahora se preguntan en qué tres áreas tiene la economía
española empresas líderes en el mundo, se encontrarán con que las tres áreas son exactamente esas: en infraestructuras -construcción y gestión de infraestructuras-, en energías renovables y en banca comercial, con lo cual nuestra posibilidad de
desarrollo en estos sectores de futuro claramente diría que es no sé si excepcional, pero sí positiva.
Si miramos al pasado, en un momento, como dije antes, en el que un patrón de crecimiento estaba fundamentalmente centrado en servir a la demanda interna, que crecía muchísimo y penalizaba indirectamente a nuestro sector comercializador
exportador, porque la alternativa de participar y producir para la demanda interna era muy alto, resulta que nuestro sector exportador desde el año 2000 ha sido en la Unión Europea el que menos cuota de mercado mundial ha perdido después de
Alemania. Mantenemos una cuota de mercado más alta de la que mantenían Francia, Italia o el Reino Unido; solo Alemania, el gran exportador europeo, lo ha conseguido. Todos hemos perdido cuota de mercado en el comercio mundial, fundamentalmente
porque el comercio, como todos saben, está orientado hacia los países emergentes y, sobre todo, del bloque asiático. Pero en términos relativos de cuota mundial nuestros exportadores han sido los que menos cuota han perdido después de Alemania, que
es el campeón de los exportadores. El Gobierno es un gran convencido de la potencialidad que nuestro sector exterior tendrá como motor de la economía del futuro.
Por último, quiero referirme a un aspecto que también se ha mencionado y que es el componente psicológico en el consumo. Como ustedes saben, la economía es una ciencia psicológica porque, en el fondo, los actores fundamentales son seres
humanos que tienen psicología; para bien y para mal, la tienen. Nosotros como economistas creemos que también son racionales, pero son racionales y tienen psicología; las dos cosas. En nuestra economía hemos percibido un ajuste grande de nuestra
situación financiera. Como dije antes, pasamos de unos déficits y necesidades de financiación del 11 por ciento a déficits y necesidades de financiación ahora del 3,9 por ciento. Como dije antes y por eso el discurso tiene que cambiar, de un
endeudamiento del sector privado en el sector exterior hemos pasado a un endeudamiento
de nuestro sector exterior que está directamente vinculado y se puede sumar al sector público, lo cual quiere decir que nuestro sector privado está en equilibrio. Una de las cosas verdaderamente sorprendentes del proceso de transición que
estamos viviendo es el incremento en el ahorro de las familias. Este ahorro es respuesta al cambio del ciclo que estamos observando y parte de la medida de lo que nosotros llamamos el ahorro preventivo, que se hace precisamente ante una psicología
de una perspectiva de un escenario económico muy negativo. Esto obviamente se mostraba en el primer semestre de este año en los índices de confianza que se publicaban en la evolución de nuestro consumo, que caía drásticamente y durante los últimos
dos o tres meses hemos visto que se está revirtiendo. Se está revirtiendo en todo el mundo y también en nuestra economía; en particular en el índice de confianza más utilizado que es el que publica el ICO, en el último informe de agosto aparecen
máximos de los últimos doce meses. Ahí tenemos la confianza de que el aspecto psicológico del consumo vaya revirtiendo en el futuro y por eso esperamos que el consumo empiece a repuntar en algún momento del segundo trimestre del año.
Voy a dejarlo aquí. Espero haber contestado a la mayoría de las intervenciones. Si no he contestado a alguna, pido disculpas e intentaré hacerlo mejor en el futuro. (El señor Nadal Belda pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: ¿Quiere un segundo turno?
El señor NADAL BELDA: Sí.
El señor PRESIDENTE: Brevemente, por favor.
El señor NADAL BELDA: Intentaré ser breve.
Señor secretario de Estado, dos cuestiones. S.S. nos ha dicho que no hay restricción agregada del crédito si exceptuamos a los hogares, las pymes y los autónomos. ¿Qué nos queda? Las administraciones públicas y las grandes empresas. Es
posible que estén ahora en una situación mejor, que les cueste menos financiarse, pero para los demás -usted mismo lo ha dicho- las condiciones se endurecen y son más complejas. Es verdad que hemos pasado de un 11 por ciento a un 4 por ciento de
déficit exterior, y el déficit público ha pasado de un 2 por ciento de superávit a un 10 por ciento de déficit. La cuenta es muy clara, lo que queda es una restricción de 6 ó 7 puntos de la financiación del sector privado. Si consideramos que el
sector privado está bien así, estos niveles de financiación bajo mínimos nos equilibran las cuentas exteriores -¡estupendo!-, y de aquí no nos movemos, pero creo que deberíamos hacer un esfuerzo para que, manteniendo unas cuentas exteriores mucho
más equilibradas, las administraciones públicas cediesen paso al sector privado en esa capacidad de financiación -en esa financiación, no vamos a utilizar el término técnico- o, si quiere usted, en esa necesidad de financiación.
Un breve apunte. Hoy ha habido un dato que usted ha pasado muy por encima en su primera intervención. El dato del IPC es sorprendente. Todo apuntaba a que se iba a ir cerrando la caída de los precios, que iba a disminuir esa tasa negativa
de crecimiento interanual; dos décimas de incremento de la caída es un dato que ningún analista preveía. Esto quiere decir algo o por lo menos se debería interpretar de alguna manera, porque ha roto la tendencia. Veremos a ver qué pasa en los
próximos meses pero, de entrada, tenemos un efecto base sobre IPC más bajo. Y una única cuestión muy breve. No voy a ponerme a discutir con usted sobre esto, pero el crédito es un stock y el PIB es un flujo. (El señor secretario de Estado de
Economía, Campa Fernández: ¿El crecimiento del crédito?) El crecimiento del crédito es un flujo y el crecimiento del PIB es el flujo de un flujo.
El señor PRESIDENTE: Señor Aguirre, muy rápidamente.
El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: No voy a insistir en que veo con preocupación la pasividad que mantiene el secretario de Estado en relación con la restricción del crédito, y voy simplemente a tomar nota de una de las cosas a las que no me ha
contestado. Reconoce que el Banco de España ha hecho ese mandato al UBS para la compra de CCM; es cierto que el Banco de España ya ha recibido el informe del UBS y yo quisiera preguntarle, en materia de empleo (creo que toda la reestructuración
del sector financiero y, sobre todo, el cajista va a tener efectos en el empleo): ¿Usted confirma o desmiente que el Banco de España exige un drástico recorte de la plantilla del 50 por ciento como consecuencia de la operación, de la intervención
en su momento y ahora vamos a tener como consecuencia el despido del 50 por ciento de la plantilla en CCM?
El señor PRESIDENTE: Señor Campa, cuando quiera.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMÍA (Campa Fernández): No vamos a extendernos demasiado, pero la comparación correcta -y en esto estamos los dos de acuerdo- es que es flujo con flujo y lo que yo he comparado ha sido crecimiento del
crédito con comportamiento del PIB, como ratio del PIB. Esta es la comparación correcta.
Volviendo al segundo punto. El hecho de que el dato de inflación sea sorprendente o no dependerá de las expectativas que tenga cada uno. Para nosotros no es sorprendente, está dentro de nuestras expectativas y hemos dicho consistentemente
en el tiempo que no esperábamos una inflación positiva hasta finales de este año, en los últimos meses de este año. Es un dato adelantado que no refleja la evolución de todo el mes, por
lo que tampoco hemos de hacer aquí demasiadas elucubraciones. Lo que sí es sorprendente es que usted diga que esto revierte un cambio de tendencia, cuando es un cambio de un mes. La inflación ha empezado a dejar de caer en el mes de
agosto. No hablemos de tendencias por cambios de un mes, las tendencias son de medio y largo plazo. S.S. estará de acuerdo conmigo en que la tendencia es a que se mantenga.
Respecto a la financiación, merece la pena ser honestos en lo que estamos de acuerdo y en lo que estamos en desacuerdo y centrarnos en las cosas importantes. El Gobierno está completamente de acuerdo en que nuestro sector financiero es
fundamentalmente sólido, tiene una flexibilidad de reestructuración y hay razones para pensar que, por las situaciones del mercado financiero, hay partes de la canalización del crédito que no llegan a los sitios. Si no estuviéramos de acuerdo en
eso no tendría sentido, sobre todo en el último aspecto, que el ICO estuviera tomando medidas, porque si no estuviéramos de acuerdo en que hay partes de la asignación del crédito que no van correctamente a la economía, ¿para qué íbamos a crear
líneas de mediación? ¿Para qué íbamos a crear todas estas líneas? En eso estamos de acuerdo. Dejemos de discutir esto, por favor, creo que en eso estamos de acuerdo. En la parte legal también espero que estemos de acuerdo y no debemos esperar
-es el único punto que he intentado desarrollar aquí- tasas de crecimiento del crédito similares a las que ocurrían en el pasado y tampoco debemos esperar razonablemente, con un PIB nominal que cae, tasas de crecimiento del crédito nominales muy
altas, porque esto no es razonable. Estos son los dos puntos; olvidémonos de pensar cómo crece el crédito agregado y centrémonos en asegurarnos -entiendo que es su preocupación, la del señor Sánchez i Llibre y fundamentalmente la del Gobierno- que
el crédito llegue ahí donde creemos que tiene que llegar. Estamos de acuerdo en que tiene que llegar a aquellos segmentos, en concreto, las familias y las pequeñas y medianas empresas, y para esto es para lo que estamos trabajando desde el
Gobierno. Pueden decir que no lo estamos haciendo bien, y a lo mejor estaremos de acuerdo porque el tamaño del problema es sustancialmente grande, pero centrémonos en que ese es el problema y dejemos de hablar de otras cosas.
En cuanto a confirmar el mandato, no le confirmo lo que dijo, porque usted afirmó que el Banco de España le había dado a UBS un mandato para compraventa. Para ser precisos, el Banco de España le dio a UBS un mandato para analizar la
situación de Caja de Castilla-La Mancha y plantear un plan de reestructuración, que yo sepa; no hubo un mandato de compraventa en esa transacción. Es verdad que ese plan de reestructuración aparece. En cuanto al segundo punto que ha mencionado
-se me olvidó antes contestarle y le pido disculpas porque es verdad que lo ha repetido y no le había contestado la primera vez-, es importante ser pragmáticos, honestos y ante todo centrarse en la esencia de la reestructuración del sector
financiero. Nosotros, en el diagnóstico para el decreto-ley que creó el FROB ya dijimos que, por razones históricas y por el rendimiento del crédito, creíamos que en el sector financiero había un exceso de capacidad.
Esto lo hemos dicho, con lo cual en el proceso de reestructuración es razonable que ese exceso de capacidad se vaya amortiguando en el futuro.
La segunda pregunta que me hizo es: ¿Es razonable la transacción CajaSur-Unicaja versus otras? Quiero entender que usted estaba haciendo referencia a una transacción intracomunitaria versus intercomunitaria, que yo creo que no es el
debate. El debate verdaderamente importante es: ¿Es razonable el plan de reestructuración y va orientado hacia una institución que sea más eficiente, más rentable y más solvente? Este es el punto importante. ¿Cuáles son las características para
eso? Depende de las instituciones. En las instituciones que tengan pruebas de solvencia tendrá que ser una actuación o una reestructuración que ataque el problema, que es de solvencia. En las que tienen problemas de eficiencia tendrá que ser una
reestructuración que ataque a la eficiencia. ¿Qué significa la eficiencia fundamentalmente de un sector como el nuestro que es de banca minorista con red de oficinas muy grande? Intentar conseguir la reestructuración de la red de distribución de
oficinas, intentar evitar el solapamiento que usted dice, que significa ganancia de eficiencias si las podemos reestructurar. En ese sentido, que las entidades estén en mercados en los que coinciden puede ser beneficioso.
Si la carencia es
capacidad de gestión o la eficiencia surge de las actividades de oficinas centrales o de activos dentro de la empresa que tengan gran capacidad de economías de escala, las eficiencias surgirán en reestructuraciones en las oficinas centrales. Ahí a
lo mejor el que no haya solapamiento de redes es eficiente y las fusiones que no tienen solapamiento de redes son más importantes y lo que se producirá es una reestructuración de las oficinas centrales. Depende de cada situación, y para esto desde
el Gobierno no nos consideramos las personas mejor cualificadas para identificar estas situaciones. Para eso están los gestores, en primer lugar y, en segundo, los técnicos que en este caso son el Banco de España a quien hemos delegado
fundamentalmente la actuación del FROB, precisamente porque creemos que son los más capacitados. Ese es el objetivo del FROB, nada más. Espero que esta vez le haya contestado a la pregunta. No sé si queda alguna pregunta pendiente. Pido
disculpas y lo intentaré hacer en el futuro.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campa.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y cincuenta y cinco minutos de la tarde.