Ruta de navegació
Publicacions
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 348, de 24/09/2009
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2009 IX Legislatura Núm. 348
COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. DOÑA ROSA DELIA BLANCO TERÁN
Sesión núm. 15 celebrada el jueves 24 de septiembre de 2009
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Sobre medidas encaminadas a facilitar la canalización de la ayuda humanitaria en Cuba, que permitan a sus habitantes hacer frente en mejores condiciones a los graves destrozos ocasionados por los huracanes Ike y Gustav. Presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000402.) ... (Página 2)
- Sobre la imprescindible conclusión de la Ronda Doha en la Organización Mundial del Comercio (OMC). Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000634.) ... (Página 6)
Por la que se insta al Gobierno a profundizar en el compromiso con la transparencia de las industrias extractivas. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/000644.)...
- Sobre aprobación de la normativa específica reguladora de las subvenciones de cooperación internacional al desarrollo, en aplicación de la disposición adicional 18.ª de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
Presentada por los Grupos
Parlamentarios Socialista, Popular en el Congreso, Catalán (Convergència i Unió), Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto. (Número de expediente 161/000672.) ... (Página 15)
- Relativa a la remisión de un informe anual de seguimiento de los fondos de Ayuda Oficial al Desarrollo destinados a los organismos multilaterales, a la Comisión de Cooperación para el Desarrollo del Congreso de los Diputados. Presentada
por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000766.) ... (Página 16)
- Relativa a la lucha global contra el VIH/Sida. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unio. (Número de expediente 161/000994.) ... (Página 18)
- Relativa a las declaraciones del Papa Benedicto XVI sobre las propiedades del preservativo. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
(Número de expediente 161/001016.)
... (Página 22)
- Relativa a la salud materna. Presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista, Popular en el Congreso, Catalán (Convergència i Unió), Vasco (EAJ-PNV), Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto.
(Número de expediente 161/001104.) ... (Página 28)
- Relativa a la modificación del régimen de cesión de la titularidad de bienes inmuebles en la concesión de subvenciones a Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo por parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001144.) ... (Página 30)
Se abre la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la mañana.
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión de esta Comisión en la que se van a tramitar nueve proposiciones no de ley. En primer lugar, querría saber si los portavoces de los grupos parlamentarios tienen algún problema en incluir la
proposición no de ley de Iniciativa per Catalunya Verds con la número tres de Convergència i Unió, de industrias extractivas; es la que figura con el número tres en el orden del día. (Pausa.) ¿No hay problema? ¿Todo el mundo está de acuerdo?
(Asentimiento.) Muy bien. Gracias, señorías.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE MEDIDAS ENCAMINADAS A FACILITAR LA CANALIZACIÓN DE LA AYUDA HUMANITARIA EN CUBA, QUE PERMITAN A SUS HABITANTES HACER FRENTE EN MEJORES CONDICIONES A LOS GRAVES DESTROZOS OCASIONADOS POR LOS HURACANES IKE Y GUSTAV. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000402.)
La señora PRESIDENTA: Empezamos el orden del día, en primer lugar, con la proposición no de ley sobre medidas encaminadas a facilitar la canalización de la ayuda humanitaria en Cuba, que permitan a sus habitantes hacer frente en mejores
condiciones a los graves destrozos ocasionados por los huracanes Ike y Gustav, del Grupo Parlamentario Socialista, con el número de expediente 161/000402. Se han presentado dos enmiendas. En primer lugar interviene para su defensa el portavoz del
grupo parlamentario proponente. Les voy a rogar que sean bastante estrictos con el respeto de dichos tiempos porque varios portavoces me han hecho llegar la petición de que se termine a una hora razonable. Por tanto, como decía, el portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista para esta proposición no de ley es el señor Pérez Tapias. Señoría, tiene la palabra.
El señor PÉREZ TAPIAS: Paso a la justificación y defensa de esa proposición no de ley que usted acaba de enunciar. Hace un año tuvimos noticia de cómo la acción de los huracanes Gustav, Ike y luego un tercero al que se bautizó como Paloma,
combinando destructivamente vientos, lluvias e inundaciones a su paso prácticamente por todo el país caribeño, convirtieron sus efectos en la más devastadora emergencia de la historia reciente de estos fenómenos meteorológicos en Cuba. Así se pudo
apreciar a la vista de la magnitud de los efectos de la furia de la naturaleza desatada con ellos. Bien sabemos que en estos casos la madre naturaleza adopta un rostro adusto de airada madrastra que sin compasión castiga a sus hijos, diríamos que
injustamente si la noción de justicia fuera pertinente ante las tragedias que suponen los desastres naturales.
Precisamente algunas cifras nos permitieron hacernos cargo de la magnitud del desastre en este caso: más de 2,5 millones de evacuados,
450.000 viviendas dañadas y decenas de miles totalmente destruidas, la mayor parte de los cultivos afectados y cientos de kilómetros de líneas eléctricas en el suelo, escuelas e infraestructuras sanitarias también destruidas. La infraestructura
económica, social y concretamente habitacional de la isla quedó afectada seriamente por los efectos de estos huracanes. El Gobierno de La Habana cifró en 10.000 millones de dólares la destrucción dejada por los ciclones. La ayuda internacional fue
necesaria para Cuba. Ciertamente, el dispositivo de protección civil, la capacidad de organización del pueblo cubano y la cultura de esa sociedad ante este tipo de situaciones evitaron cifras considerables de muertes, pero la recuperación real
lleva mucho tiempo y requiere recursos que el país no tiene.
La cuestión que hoy se nos plantea es que la ayuda humanitaria entonces proporcionada a los cubanos debe proseguir más allá de la coyuntura como eficaz ayuda al desarrollo, ello sin merma del reconocimiento de los logros sociales acumulados
por la sociedad cubana, del reconocimiento explícito de los potenciales de la misma para su desarrollo y también de la clara conciencia de las dificultades que pesan debido al sistema económico imperante en Cuba. Son tales dificultades las que se
incrementan por lo demás en tiempo de crisis global que hay que cooperar con los habitantes de la isla para que, como decía el economista cubano, Óscar Espinosa, las convulsiones económicas internacionales no se conviertan en otro huracán que
origine más destrucción. De todas formas, por si alguien piensa que pasó el momento de expresar y hacer operativa la intención que movió a esta PNL, bien puede decírsele que, como señala el reconocido refrán castellano, nunca es tarde si la dicha
es buena, es decir, no es tarde para seguir ayudando a Cuba. Por otra parte, hay que tener en cuenta que los efectos de las catástrofes naturales perduran más allá de lo que duran los efectos mediáticos. Precisamente, pasado el efecto mediático
hay que seguir trabajando para sobrepasar todos esos efectos de esas catástrofes naturales. Cabe recordar que España ha canalizado la ayuda humanitaria a Cuba en un caudal más que notable a través de la Aecid, desde el Centro Logístico Humanitario
de la Cooperación Española en América Latina, radicado en Panamá, coordinando el envío de ayudas con el sistema de Naciones Unidas. Es pertinente traer a colación que desde España se enviaron fletes humanitarios a La Habana, que se libraron fondos
a través de la Oficina Técnica de Colaboración en La Habana, de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, por 100.000 euros y que se hicieron otras muchas aportaciones para viviendas, para reconstrucción de infraestructuras,
para equipos y herramientas de construcción, de colaboración para el programa mundial de Alimentos, para el Fondo multilateral del programa de Naciones Unidas para el desarrollo, para la Organización Mundial de la Salud, y todo ello por un montante
de 1.800.000 euros. Obviamente, desde otras agencias donantes y desde la sociedad civil de muchos países, incluidas las de Estados Unidos, se han organizado también a lo largo del año acciones solidarias. A veces la canalización de las mismas
encontró dificultades que se han ido venciendo. Hay que hacer hincapié en cómo a raíz de circunstancias tan duras para la población de la isla caribeña, como las que supusieron los ciclones, la Administración estadounidense, impulsada por el
Gobierno del presidente Obama, ha ido dando pasos importantes para mejorar los envíos de ayuda a Cuba y facilitar las comunicaciones y relaciones entre cubanos del interior de la isla y familiares en el exterior. Puede decirse que vivimos una
situación en que la necesidad se ve trocada en virtud y se va logrando una flexibilización, al hilo de esa ayuda internacional de carácter humanitario, de las relaciones internacionales entre Cuba y su entorno y una mayor apertura de la sociedad
cubana. Desde España valoramos positivamente todo esto.
No estará de más traer a esta Cámara un breve comentario sobre el reciente concierto organizado en Cuba por el cantante Juanes, al que han acompañado voces tan cualificadas como las de Aute, Miguel Bosé o Víctor Manuel, por citar algunas
españolas. Ha sido un concierto convocado bajo el rótulo de concierto por la paz. En ese sentido, ha sido vivido por cantantes públicos y apreciado por quienes contemplábamos esto desde la distancia. Se trataba de cantar por la paz entre
individuos y pueblos dentro y fuera de la isla, donde las cosas se mueven, a pesar de lo que algunos no quieren ver, deseando todos que se muevan con paso diligente hacia lo mejor para sus ciudadanos. Se puede decir que en casos como este la
apertura es sutilmente revolucionaria. Cuba está viviendo momentos difíciles, cuya gravedad se vio acentuada por los huracanes que soportó.
Es fácil acordarse ante esta circunstancia de aquellos versos de José Martí, en los que con su lenguaje
simbólico, anticipador del modernismo, decía que había visto al águila herida volar al azul sereno para después continuar diciendo que había visto también morir en su guarida a la víbora del veneno. La Cuba de nuestros días también podemos verla
como águila herida por los azotes de
vientos huracanados, pero a la vez podemos ver cómo el veneno de un injusto embargo de décadas empieza a disolverse al mismo tiempo que comienza a desaparecer el acumulado en un lugar como Guantánamo, convertido en un penal cuya existencia,
gracias al coraje político del nuevo presidente estadounidense, va tocando a su fin.
A pesar de los desastres naturales que entorpecen aún más el desarrollo al que las cubanas y cubanos aspiran, es el momento de que estos puedan reforzar sus esfuerzos de cambio para alcanzar las metas de justicia y dignidad a las que, como
ciudadanos, tienen derecho. Por ello, de cara a una ayuda humanitaria que quiere dar el paso a un reforzamiento de la ayuda al desarrollo, hay que reconocer que quedan por resolver todavía ciertas restricciones derivadas de relaciones políticas
entre países, las cuales, en tanto siguen afectando a las respectivas sociedades, repercuten sobre el coste y la eficacia de la ayuda. En este sentido, abogando por el derecho de todos los cubanos a ayudar a sus familiares y compatriotas en la
isla, nos hemos hecho cargo de las iniciativas ciudadanas puestas en marcha por cubanos de muy diferente adscripción ideológica dirigidas a los respectivos gobiernos de Cuba y Estados Unidos, para que toda esta situación dé paso a una mayor
colaboración entre sus administraciones. Lo inmediato es que fluya una ayuda sin restricciones y que cuajen las acciones de solidaridad, de cooperación para el desarrollo. Por todo ello, se presenta la proposición no de ley de la que ahora
tratamos de explicar sus motivos. El Congreso de los Diputados, dice la proposición, insta al Gobierno a continuar facilitando, a través del Centro logístico humanitario de la cooperación española en Panamá, la canalización de ayuda humanitaria
hacia Cuba; a impulsar medidas y apoyar, ante la Unión Europea, organismos multilaterales y agencias de Naciones Unidas que correspondan, acciones dirigidas a incrementar el esfuerzo conjunto de la comunidad de donantes en solidaridad con el pueblo
cubano, con el fin de articular una acción coherente, coordinada y complementaria que permita trabajar en las tareas de reconstrucción futura del país de forma más alineada y más integral; y a que en el marco de dichas actuaciones y atendiendo a
las voces de la sociedad civil que han venido llamando la atención sobre las restricciones que han limitado la canalización de la ayuda humanitaria, especialmente la que se realiza a través de Estados Unidos hacia Cuba, se utilicen asimismo las vías
de negociación y mediación diplomática que resulten más adecuadas para facilitar un acuerdo humanitario y operativo en ese sentido.
La señora PRESIDENTA: Gracias por ajustarse al tiempo.
A continuación interviene el siguiente grupo que ha presentado enmienda.
Por el Partido Popular tiene la palabra el señor Uriarte.
El señor URIARTE AYALA: En primer lugar, sobre la proposición no de ley que nos presenta esta mañana el Partido Socialista, voy a criticar de manera puntual el tiempo que ha pasado desde que se presentó esta iniciativa hasta que pudimos
traerla aquí. Consideramos que es una PNL antigua que denota la sequía de iniciativas del Grupo Socialista, ya que ha pasado más de un año desde que sucedieron trágicamente estos huracanes, por lo que consideramos que no está de rabiosa actualidad.
Aún así, es cierto que las consecuencias se siguen viendo ahora mismo en la isla, por lo que creemos que es necesaria para poder seguir trabajando en la recuperación y desarrollo de las necesidades que vive ahora mismo el pueblo cubano. Como decía,
hace poco se ha cumplido un año del paso de ambos huracanes por la isla de Cuba y no podemos olvidar los daños, como la situación económica, que han repercutido en la historia cubana, con secuelas que aún hoy permanecen visibles en la isla.
Dicho esto, tampoco queremos, desde el Grupo Popular, que se olvide la especial situación de vulnerabilidad que sufren los cubanos después de cincuenta años de la dictadura a manos de Fidel Castro y ahora de su hermano Raúl. Y sobre todo
esto, la falta de libertad y democracia en Cuba, de la que no dice nada la presente proposición no de ley que hoy debatimos. Creemos que son aspectos íntimamente relacionados, la falta de libertad y democracia en la isla, con la calidad y eficacia
de la ayuda que pueda tener la cooperación española. Por ello, hemos presentado varias enmiendas en este sentido, dado que son problemas fundamentales que vive el pueblo cubano. Una primera enmienda de adición busca impulsar medidas y acciones
dirigidas a la celebración de elecciones libres en la isla -va en la línea del fortalecimiento democrático que ha sido bandera fundamental de esta Comisión-, que tienen que ser dirigidas tanto a la labor del Gobierno cubano como a la oposición, esa
disidencia cubana con falta de libertad para poder plantear sus ideas y propuestas ideológicas y que, desde luego, el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero ha querido obviar estos últimos años. Una segunda enmienda de adición habla de que se
atiendan esas voces de la sociedad civil que viven restricciones en materia de libertad en la isla y que se escuchen todas, que se utilicen esas vías de negociación y mediación diplomática para devolver la democracia a Cuba. Creemos que hay que
tratar -como se ha hecho durante muchísimos años por parte del Gobierno español en épocas de gobiernos socialistas como la de Felipe González o con gobiernos de José María Aznar- de hablar con la disidencia cubana. Sabemos que la disidencia cubana
-y yo lo sé personalmente porque he estado con ellos en la isla- critica duramente la línea política de relaciones internacionales del Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, y lo hacen todos, lo hacen los partidos más afines a la derecha española,
también los partidos afines a la izquierda de nuestro país, desde Oswaldo Payá, Martha Beatriz Roque, Guillermo Fariñas -periodista- y también Vladimiro Roca, que es el presidente del Partido Socialdemócrata que ya acusa al Partido Socialista
español de haber abandonado la línea de colaboración con la disidencia cubana. Una tercera enmienda, también
de adición, pide establecer mecanismos para que esa ayuda humanitaria y de emergencia llegue realmente a los afectados por ambos huracanes. Una cuarta enmienda de adición solicita que se impulsen medidas en el entorno de la Unión Europea y
de distintas agencias multilaterales para poder llevar propuestas que vayan en la línea del respecto de los derechos humanos en la isla y garantizar la libertad individual y colectiva del pueblo cubano.
Después de esta experiencia totalitaria que hemos vivido en la isla ha habido un aumento de cárceles y de presos encerrados por su ideología.
Creo que no podemos engañarnos; la cooperación española no puede mirar hacia otro lado y querer
desvincular la eficacia y la calidad de la ayuda al pueblo cubano con esta falta de libertades y de democracia que se vive en la isla. En cuanto al papel de la Agencia Española de Cooperación Internacional, sabemos que la secretaria de Estado
estuvo visitando varios proyectos a finales de octubre de 2008 -un mes y medio después del paso de los huracanes- y que se iba a firmar un acuerdo por valor de 24,5 millones de euros para la reconstrucción; cantidad que imaginamos que estaría
destinada directamente al Gobierno cubano. Por eso les planteaba las enmiendas anteriores. Decimos que imaginamos porque realmente no sabemos cuál es el destino de dichos fondos. Hemos presentado una batería de preguntas sobre este tema que a día
de hoy no han tenido respuesta por parte del Gobierno de España; preguntas que van en esta línea: ayuda y colaboración prevista para la reconstrucción de las zonas afectadas por el huracán Ike a su paso por Cuba; participación de España en la
reconstrucción de zonas afectadas por el huracán a su paso por Cuba; ayuda a proporcionar a Cuba para paliar los efectos devastadores del huracán; contenido de la solicitud de ayuda del Gobierno de Cuba para la reconstrucción de las zonas por el
huracán; solicitud de ayuda por el Gobierno de Cuba para paliar los efectos del huracán a su paso por el territorio; medidas para ayudar al pueblo cubano ante los efectos del huracán a su paso por dicho país; conocimiento por el Gobierno de la
situación que padecen las zonas afectadas por el paso del huracán por Cuba. Así hasta una docena de preguntas sobre este tema desde hace más de un año y medio de las que no hemos recibido ni una respuesta por parte del Gobierno cuando su plazo de
respuesta era el 7 de noviembre de 2008.
Diez meses después no sabemos nada sobre este tema y nos traen hoy esta proposición no de ley sobre la que ya les digo que si pueden aceptarse las enmiendas que creemos que van íntimamente relacionadas, por
supuesto votaremos a favor.
Es condición necesaria poder atender a las numerosas voces de la sociedad civil que han venido subrayando las restricciones de las medidas en materia de libertad en la isla que les he anunciado y que se utilicen, asimismo, las vías de
negociación y mediación diplomática que resulten más adecuadas para facilitar estos acuerdos de cooperación en Cuba.
Después de haber escuchado al portavoz socialista tengo la sensación de que su Gobierno y el Partido Socialista Obrero Español
sigue obsesionado con evitar el bloqueo de Estados Unidos con el comercio pero también tienen que querer ver la realidad de ese bloqueo de libertad y de derechos humanos por parte del Gobierno cubano con su propio pueblo. Yo les pido que rompan ya
con ese sentimiento romántico y trasnochado, ese anhelo que les une ideológicamente a la revolución cubana, porque ven aquello como un parque temático que les hace sentirse revolucionarios durante unos días, pero no quieren ver la realidad de
sufrimiento, de falta de libertad que están viviendo muchísimos ciudadanos cubanos en la isla. No hay nada más revolucionario hoy, en el siglo XXI, que defender la libertad, y les animo a ello, empezando por la cooperación española, llenándola
también de libertad y derechos humanos.
La señora PRESIDENTA: He creído entender que han presentado ustedes cuatro enmiendas de adición, pero a la Mesa solo le constan dos. Si fuera tan amable S.S., le pido que proporcione a la Mesa las otras enmiendas que ha mencionado.
El señor URIARTE AYALA: Sí, ahora mismo, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Finalmente, hacen uso de la palabra los portavoces de los grupos parlamentarios de menor a mayor. Por tanto, el portavoz del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, señor Herrera, tiene la palabra.
El señor HERRERA TORRES: Intervendré de forma muy breve. Quería valorar de forma positiva la proposición no de ley que ha presentado el señor Pérez Tapias, porque entendemos que trata sobre la materia. La materia es precisamente lo que ha
sucedido en Cuba y cuáles son las políticas que se tienen que desarrollar en materia de cooperación y de ayuda oficial al desarrollo después de dicho desastre. En esta materia lo que tendríamos que hacer, cuando hablamos de desastres como el que
Pérez Tapias ha explicado, es discutir sin los ideologismos que hoy se tratan.
Lo discutía sotto voce con el señor Campuzano, y quiero trasladarlo aquí.
Cuando España realizó una política de ayuda oficial al desarrollo para contribuir a la reconstrucción del desastre de Indonesia, ¿el Partido Popular expresó todos
estos elementos? Lo digo porque yo creo que en Indonesia existe algún problemita democrático. En cuanto a China -para no ubicarlo en apriorismos y porque de China se habla poco y quizás sea porque el negocio es mayor que la vocación democrática-,
existe una política de cooperación y, en cambio -y no lo digo por parte de unos solos, porque este es un elemento muy transversal en la política no solo española sino incluso europea-, todos los elementos de exigencia democrática hacia China, con un
régimen comunista, no aparecen por ningún lado.
En definitiva, esta proposición no de ley es una excelente oportunidad para ver qué se tiene que hacer en materia de ayuda oficial al desarrollo para superar este desastre. Por eso nosotros la valoramos de forma positiva. Vamos a esperar a
la solución a la que se llega para ver si podemos apoyarla o no, pero entendiendo que tiene que versar sobre lo que el señor Pérez Tapias ha explicado.
La señora PRESIDENTA: A continuación, tiene la palabra el representante de Convergència i Unió. Su portavoz, señor Campuzano, tiene la palabra.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Coincido con el señor Herrera en que los enfoques ideológicos de cualquier tipo, de izquierdas o de derechas, en relación con la situación de Cuba son muy tentadores siempre, desde quienes tienen la nostalgia
de esa revolución pendiente y que quizás no se hizo en Europa hasta aquellos que encuentran en el combate ideológico de la revolución cubana la justificación de su visión ideológica del mundo y de la sociedad. Y mientras unos y otros discuten de
esa ideología, en Cuba hay problemas humanitarios y problemas de libertad, y España tiene una cierta obligación moral respecto a la transición en Cuba hacia la democracia.
La iniciativa que nos plantea el señor Pérez Tapias incide sobre un aspecto muy concreto de la ayuda de emergencia española en el contexto de un desastre concreto en la isla de Cuba, que compromete a España a facilitar ese proceso de
reconstrucción y a superar algunos de los problemas estructurales existentes en Cuba que hacen difícil en ese tipo de situaciones canalizar la ayuda humanitaria. Estrictamente la iniciativa del señor Pérez Tapias podría recibir nuestro apoyo, pero
le sugiero que haga un esfuerzo para intentar incorporar algunas de las consideraciones que el Grupo Parlamentario Popular formulaba. Porque estoy seguro que tanto el Partido Socialista, como Iniciativa per Catalunya, Convergència i Unió o el
Partido Popular compartimos la necesidad de que en Cuba se avance claramente hacia la democracia y hacia el respeto a los derechos humanos; y no sería bueno que quedase ninguna duda de que el Partido Socialista no está en esa posición. Por tanto,
estoy seguro de que el señor Pérez Tapias, que es un parlamentario fino, va encontrar la manera de poder articular alguna respuesta a los planteamientos del Grupo Parlamentario Popular. Creo que eso nos ahorraría esa apasionante discusión
ideológica que quizá puedan trasladar a la Comisión de Asuntos Exteriores, a un seminario de la Menéndez Pelayo o a la campaña electoral.
La señora PRESIDENTA: Pregunto al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Pérez Tapias, si acepta o no, o si siguen hablando sobre las dos enmiendas que finalmente ha propuesto el Grupo Parlamentario Popular.
El señor PÉREZ TAPIAS: Brevemente le diré que recibo de buen grado todo lo que se ha dicho en la Comisión sobre la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista. La lógica que preside una política de cooperación exige buscar el
máximo consenso. Haremos el esfuerzo para hallar una transacción que podamos aceptar desde las distintas partes, tanto el Grupo Parlamentario Popular como el Grupo Parlamentario Socialista. No obstante, esto obliga también a hacer determinados
esfuerzos y a poner entre paréntesis algunas cosas. Se ha dicho aquí que Cuba es considerada algo así como un parque temático por nuestra parte y creo que eso, poniendo a su vez en un nuevo paréntesis lo que quiere decir respecto al Grupo
Parlamentario Socialista, es en cualquier caso una frivolización de algo que afecta al pueblo cubano. Esas palabras requieren también mayores matizaciones y una lógica distinta que denoten un mayor respeto hacia los procesos de democratización que
el pueblo cubano acomete desde su propia trayectoria, desde su propia experiencia y desde sus propios procesos históricos. Dicho todo esto, trabajaremos sin duda por hallar esa transacción que sea aceptable por todos.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Uriarte.
El señor URIARTE AYALA: También en esa inquietud de búsqueda de consenso trabajaremos ahora con el Grupo Parlamentario Socialista para plantearle una transaccional a la Mesa. Quiero dejar otra vez claro para que conste en el 'Diario de
Sesiones' que las dos inquietudes básicas de este grupo parlamentario son, por supuesto, fortalecer la ayuda humanitaria para que llegue realmente al pueblo cubano y, al mismo tiempo, fortalecer un mapa de derechos y de libertades públicas que
creemos imprescindible y necesario para que la ayuda española sea realmente eficaz en el país cubano.
- SOBRE LA IMPRESCINDIBLE CONCLUSIÓN DE LA RONDA DOHA EN LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000634.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos, por tanto, al segundo punto del orden del día. Proposición no de ley sobre la imprescindible conclusión de la Ronda Doha en la Organización Mundial del Comercio. El grupo proponente es el Grupo Parlamentario
Socialista y su portavoz es en este caso el señor Moscoso. Se han presentado tres enmiendas. Una de ellas es una autoenmienda del propio Grupo Parlamentario Socialista. ¿Puede defenderla en este turno de diez minutos? (El señor Moscoso del Prado
Hernández hace signos afirmativos.) Tienen diez minutos cada uno para su defensa. Tiene la palabra, señoría.
El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Señora presidenta, señorías, esta es una proposición no de ley que presentamos ante la necesidad cada vez más urgente de concluir cuanto antes las negociaciones de la ronda de comercio de Doha, una
ronda que comenzó en el año 2001 tras el fracaso de la conferencia de Seattle de la OMC y que nos permite ya hablar de una década entera pérdida en materia de comercio, sobre todo en cuanto a su evolución hacia un instrumento verdaderamente capaz de
favorecer el desarrollo. Esta semana estamos viviendo la semana ministerial de Naciones Unidas en la cual, de nuevo, se pone de manifiesto la urgencia de que el comercio internacional contribuya de manera decisiva, no solo a la resolución y a la
salida de la crisis -el comercio no podrá sacarnos de la crisis, pero sin duda puede ser un elemento que nos puede permitir a todos salir antes-, sino también a convertirse en ese instrumento que, desde que se comenzó a negociar en Doha en el año
2001 la ronda de la OMC -esa ronda que todos conocemos como ronda de desarrollo-, una vez más, en situaciones de crisis se hace, si cabe, más necesario para los países en vías de desarrollo al contar con un marco multilateral, estructurado,
coherente y eficiente de regulación del comercio internacional.
Hoy mismo el presidente Lula, en Naciones Unidas, hacía referencia a la necesidad de acabar con la parálisis de la ronda de Doha y con la parálisis de la reforma de otros organismos multilaterales, como el Banco Mundial o el Fondo Monetario
Internacional. Esta semana se va a reunir en Pittsburgh el G-20. Nuestro país asiste por tercera vez, tras las reuniones del G-20 de Washington y de Londres, y en los dos últimos años ha sido una constante definitoria la llamada de atención contra
el proteccionismo. Todos sabemos que el proteccionismo puede contribuir a hacer más difícil la salida de la crisis, a retrasarla, como decía, y también a hacer que los países más vulnerables -los países en desarrollo- al no contar con un marco de
comercio justo, que es lo que la ronda de Doha pretendía, sufran de manera más intensa. Estamos viendo cómo muchos países desarrollados están adoptando medidas proteccionistas, conocemos, por ejemplo, el caso norteamericano respecto a los
neumáticos fabricados en China e incluso en la Unión Europea, en España, estamos viendo cómo decisiones industriales muy importantes, como puede ser la operación de salvamento de OPEL, no están saliendo adelante sin tener en cuenta estas cuestiones,
puesto que algunas de las plantas más eficientes, allí donde la productividad es más elevada y donde se producen rendimientos mejores, desde luego, no son las más favorecidas por acuerdos que responden a intereses proteccionistas nacionales y a
otras cuestiones.
En definitiva, esto es una necesidad. Por eso presentamos esta PNL, que la hemos adaptado, puesto que registramos la proposición hace ya una serie de meses, después de que una delegación parlamentaria asistiéramos a la Conferencia
parlamentaria de la OMC, que se celebró a finales del año 2008, organizada por la Unión Interparlamentaria, que hacía referencia a la necesidad de impulsar esta cuestión. Aunque sea un tema recurrente y ya hayamos debatido muchas veces sobre estas
cuestiones, de nuevo, es otra vez imprescindible. Entre los días 30 de noviembre y 2 de diciembre de este año se va a celebrar la VII Conferencia de ministros de la Organización Mundial de Comercio, de la OMC. De nuevo será una oportunidad para
buscar una salida a la parálisis de la ronda de Doha. De nuevo esta semana escucharemos cómo los líderes mundiales en el G-20 hacen un llamamiento a concluir la ronda de Doha y por eso es más que nunca imprescindible que desde las instituciones
parlamentarias y desde los foros parlamentarios mandemos un mensaje claro de apoyo absoluto a esta cuestión. Como decía antes, hay que hacer todos los esfuerzos posibles para finalizar Doha cuanto antes, para que el comercio sea parte de la
solución a la salida de la crisis y también para que sea una solución justa para contribuir al desarrollo.
El texto de la proposición, en su exposición de motivos, recorre los acontecimientos de esta década perdida -como yo la he calificado- hasta la Conferencia ministerial del año 2008 en Ginebra, en verano, que produjo ya un principio de
acuerdo en temas muy sensibles para los países en vías de desarrollo, como el acceso de los productos no agrarios, cuestiones agrarias, que, sin embargo, luego quedó totalmente bloqueado en las reuniones que se produjeron en la Conferencia
ministerial del pasado diciembre. Es muy importante recalcar los objetivos que allí se marcaron y también los objetivos de la conferencia que tuvo lugar en diciembre del año pasado en Doha sobre financiación del comercio, a la que también asistió
una delegación parlamentaria del Congreso de los Diputados. Hay que consolidar los avances cerrados, pero no firmados, en materia de mercados agrarios y productos no agrarios, NAMA; contribuir a que el éxito sea multilateral y permita que los
países en vías de desarrollo se beneficien de esos acuerdos; conseguir que el comercio sea un elemento estructural de las políticas de salida para el desarrollo y contribuir también a crear una estructura estable que permita a los países en vías de
desarrollo superar las oscilaciones de precios. Hemos visto cómo en menos de dos años hemos conocido una crisis alimentaria que ha generado unas subidas de precios de las materias primas muy intensa y luego esta subida se ha mitigado con motivo de
la crisis. En definitiva, hay que buscar estructuras estables que eviten tanto esas subidas como esas bajadas que, al final, no hacen sino redundar en el subdesarrollo, en la miseria y en el hambre. Como decía, queremos recalcar los objetivos de
la cumbre sobre financiación para el desarrollo que se produjo en Doha el pasado mes de diciembre, y también seguir trabajando para que desde nuestro país las políticas de desarrollo sean cada vez más intensas, más coherentes y estén mejor
articuladas, como dicen los puntos 5 y 6 de la resolución, a las que también añadiríamos las dos enmiendas que propone el Grupo Parlamentario Popular.
Nos parece importante incorporar sus enmiendas. La primera la incorporaríamos, tal y como he hablado con su portavoz, dentro del punto 6. Nos parece muy razonable la segunda enmienda, que establece o marca que la conclusión de Doha debe
ser una prioridad de la Presidencia española de la Unión Europea de 2010, y de hecho lo va a ser. Por tanto, nos parece muy oportuno que esta moción, que espero que cuente con el apoyo de todas las fuerzas políticas, sirva para que desde el
Parlamento español contribuyamos a impulsar este objetivo global, universal y multilateral que debe contribuir a que el modelo de desarrollo de todos los países del mundo, y en particular los más desfavorecidos, sea más justo y equilibrado y permita
a todos salir de la crisis mucho antes.
La señora PRESIDENTA: A continuación, por el Grupo Popular tiene la palabra su portavoz, en este caso el señor Grau.
El señor GRAU REINÉS: Señorías, lo primero que sorprende de esta PNL presentada por el Grupo Parlamentario Socialista es su fecha: 5 de diciembre de 2008. Señoras y señores diputados, en esta Comisión se va a ver una PNL del partido que
apoya a su Gobierno registrada hace diez meses. Aún no sabemos si durante estos diez meses ha dormido el sueño de los justos en algún despacho o la han tenido que rescatar del baúl de los recuerdos debido a la sequía de presentación de PNL de este
grupo. Pero no acaban aquí las sorpresas. Nos sorprende la preocupación que en esta proposición muestra el Grupo Socialista por el desarrollo de los países más pobres. Sorprende que sea el PSOE el que hable de que los países desarrollados deben
garantizar la mejora del acceso al mercado de los países menos desarrollados, y sorprende también que sean ellos quienes se muestren contrariados por el hecho de que la Conferencia Gubernamental de Ginebra de 2008 no consiguiera avanzar en los
acuerdos de reducción de barreras arancelarias ni en la reducción de subvenciones desleales para así dar respuesta a los acuerdos de la ronda de Doha, en la que se estableció un tiempo límite hasta el año 2013 para eliminar los subsidios. Sorprende
que sean ellos quienes ahora se hayan convertido en unos defensores de las políticas de eliminación de aranceles y de libre comercio, algo que están promoviendo desde la Organización Mundial de Comercio, a partir de la ronda de Doha, en la que
también se pretende impulsar una fuerte reducción efectiva de los subsidios internos y proporcionar las concesiones sobre el comercio de bienes industriales que deben hacer los países en desarrollo.
Por otro lado, también sorprende que el PSOE se muestre a favor de una liberalización del comercio internacional, cuando ha sido el Gobierno socialista del señor Zapatero el que ha puesto los mayores obstáculos para que las negociaciones de
liberalización no prosperasen y se ha colocado siempre al lado de los países que se han mostrado mucho más proteccionistas, como es el caso de Francia. Lo cierto es que dentro de la Unión Europea nuestro Gobierno ha contribuido a que exista una
sensación de fracaso por los resultados de la ronda de Doha y las sucesivas cumbres organizadas por la Organización Mundial de Comercio.
Así, mientras millones de personas que viven en la pobreza tienen puestas sus esperanzas en lo que ocurra en la
ronda de Doha, dado que el comercio puede y ha de ser una poderosa herramienta para la erradicación de la pobreza, en cambio, en los países industrializados, si bien predican la liberalización, en la práctica siguen aplicando proteccionismo,
especialmente en los sectores que más interesan a los países pobres, como son la agricultura y el sector textil. Un ejemplo que ilustra los efectos que puede suponer para los países pobres una leve mejora en la liberalización del comercio
internacional es el siguiente: se calcula que si África, Asia y América Latina incrementasen conjuntamente tan solo el uno por ciento de su participación en las exportaciones mundiales, 128 millones de personas podrían abandonar la pobreza. Este
hecho es de tal calado que no podemos pasarlo por alto. En efecto, estoy convencido de que se tiene que seguir trabajando en esta misma línea de una mayor flexibilización del comercio internacional, que es precisamente el camino inverso que está
defendiendo el Gobierno español en estos momentos, en contraposición con lo que hemos podido ver y escuchar en el Grupo Socialista. Y como muestra de ello un botón: en la pasada cumbre de Hong Kong la posición de España fue absolutamente
decepcionante, así al menos lo calificó Intermón Oxfam, que formó parte de la delegación española y que también se mostró muy crítica con los demás gobiernos. En la cumbre de Hong Kong España se alineó con los países más proteccionistas,
encabezados por Francia. Con esta actuación el Gobierno ha incumplido sus promesas contraídas en el sentido de superar la política tradicional de ayudas y diseñar una verdadera política de desarrollo internacional, así como también ha incumplido su
promesa de contribuir a mejorar las reglas del juego de la economía internacional, de trabajar con los socios europeos para reducir las trabas a la entrada de determinados productos en nuestros mercados y de reducir, sobre todo, las subvenciones a
los productos de exportación. De todo lo prometido -como ya nos tienen acostumbrados- al final, nada de nada, y es que los temas comerciales al Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, en el fondo, nos da la impresión que le importan muy poca cosa.
La prueba más palpable es que los temas comerciales no están entre las prioridades del señor Zapatero para la Presidencia española de la Unión Europea. Y como entendemos que el Grupo Socialista, al menos a tenor de lo que supone su propuesta y de
lo que acabamos de oír a su portavoz, sí está por la labor de trabajar en estas cuestiones, por este motivo y en congruencia con la propuesta del Grupo Socialista nos permitimos incorporar dos enmiendas de adición. La primera -como ya ha explicado
el portavoz socialista- haciendo hincapié en que el Gobierno incorpore el comercio como parte de su política de desarrollo española, y la segunda en el
sentido de aprovechar la oportunidad de la Presidencia española de la Unión Europea para establecer como una de sus prioridades las conclusiones de la ronda de Doha, ya que lo único que aparece en el documento de prioridades de la
Presidencia española es lo siguiente: en materia comercial se mantendrá el objetivo de alcanzar un acuerdo global y equilibrado en la ronda de Doha, y esto, señorías, son palabras, nada más que palabras.
Nosotros entendemos que el Gobierno tiene que dar pasos decididos para cerrar bajo su Presidencia el tema de la ronda de Doha, y presentamos estas dos enmiendas porque nos damos cuenta de que el comercio es una de las asignaturas pendientes
de la política de cooperación del Gobierno, y además -como he dicho anteriormente- tenemos una oportunidad excelente.
España preside la Unión Europea este semestre y para poder andar en esta dirección entendemos que el comercio es una de las claves
para alcanzar una verdadera política de desarrollo. En cualquier caso, lo que sí ha quedado claro con la actuación del Gobierno hasta la fecha es que este Gobierno dice una cosa y después hace lo contrario. Con una mano nos habla de ayudar a los
países pobres, de promover su desarrollo, de modificar las reglas del juego del comercio internacional, etcétera, para después, con la otra, dar una puñalada trapera a los países pobres defendiendo el proteccionismo a ultranza y evitando llegar a
acuerdos para progresivamente flexibilizar los mercados. En la pasada cumbre de Washington, que usted no ha mencionado, se aprobó como declaración final que unas condiciones de comercio y de inversión sin trabas y unos mercados financieros
regulados de manera eficaz fomentan el dinamismo, la innovación y el espíritu emprendedor, que resultan esenciales para el crecimiento económico, el empleo y la reducción de la pobreza. En esta cumbre de Washington se acordó el firme compromiso con
los principios de libre comercio, y en esta misma línea el primer objetivo que se ha marcado el G-20 es precisamente alcanzar este mismo año un acuerdo de liberalización del comercio mundial en el marco de la ronda de Doha en la Organización Mundial
del Comercio, y este es el camino que se ha de seguir y eso es lo que esperan las economías emergentes y en desarrollo.
Estos objetivos de libre comercio no se han podido materializar durante esta época de bonanza económica fundamentalmente por la cesión de los gobiernos de la Unión Europa y de Estados Unidos ante los grupos de presión que desean impedir la
apertura de los mercados agrícolas a la competencia internacional. El eventual desbloqueo de la ronda de Doha en estos momentos sería un paso adelante histórico, y lo sería porque en esta actual crisis vuelven con mayor fuerza las presiones a favor
de medidas proteccionistas, y aquí hay que hacer valer los acuerdos de la cumbre del G-20, en la que se ha pedido expresamente no caer en el proteccionismo. El proteccionismo, señorías, conduce a una economía ineficiente y la liberalización a una
economía eficiente. El Partido Popular siempre estará a favor de una economía eficiente, competitiva y preparada, y por tanto siempre nos posicionaremos a favor de la liberalización del comercio y en contra del proteccionismo. Hemos de actuar con
una visión a largo plazo y no quedarnos en intuiciones simplistas y ceder a presiones de grupos de interés. Hemos de evitar caer otra vez en la tentación de medidas a corto plazo, que solo nos conducen, aunque de forma retardada, a profundas
crisis. La flexibilización de los mercados nos conducirá sin duda a un futuro más próspero y justo para toda la humanidad. Teniendo en cuenta que el señor Zapatero es un firmante del acuerdo del G-20 y, por tanto, responsable también de alcanzar
este ambicioso objetivo de liberalización comercial este mismo año, nuestro Gobierno ha de ser uno de los protagonistas en desbloquear esta situación. En definitiva, señorías, los gobiernos de las principales economías del mundo deben ser capaces
de transmitir capacidad de afrontar reformas estructurales de impacto global. Y una de estas reformas estructurales de gran calado, para que no se mantenga a millones de ciudadanos con sus posibilidades de futuro encorsetadas, es la liberalización
del comercio. Es uno de los grandes retos a los que hay que dar una rápida salida y que puede liberar de la pobreza a millones de personas. El libre comercio, la flexibilización de los mercados crea riqueza y crea prosperidad. Es una cuestión que
nadie discute, y aunque a corto plazo algunos sectores productivos se puedan resentir, es evidente que a largo plazo el beneficio social es importante.
La señora PRESIDENTA: El señor Herrera declina hacer uso de la palabra.
Por tanto, a continuación tiene la palabra en nombre Convergència i Unió el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: En la comunidad internacional existe un amplio consenso, una convicción de que el desarrollo exige también la apertura de los mercados de los países desarrollados a los productos de los países empobrecidos.
Monterrey certificó ese consenso. Existe también una preocupación, fruto de la crisis global de las economías desarrolladas, de que el riesgo de retorno al proteccionismo termine constituyendo una solución en el corto plazo pero un problema en el
medio y largo plazo. Y existe preocupación por el bloqueo de facto de la ronda de Doha, que en su momento generó importantes expectativas en relación con el desarrollo de los países empobrecidos. En este contexto, la iniciativa que nos plantea el
Grupo Socialista es interesante porque reafirma o puede reafirmar el compromiso de la Cámara y de la Comisión en el impulso a la conclusión de la Ronda de Doha, de la OMC. Por tanto, en principio apoyaríamos esta proposición no de ley. Nos
parecería interesante que se incorporase una de las enmiendas del Grupo Popular, la que hace referencia al compromiso durante la Presidencia española de la Unión. Durante la Presidencia española de la Unión Europea, en el próximo semestre, es
evidente que va a ser relevante que España intente impulsar un mayor compromiso
europeo en este campo. Respecto a la intervención del señor Grau, tan solo querría matizar -sin entrar en la legítima crítica que efectúa a la labor del Gobierno en este campo- que los problemas en relación con el desarrollo y el comercio
no se deben situar tanto en la responsabilidad de la Unión Europea. La Unión Europea ha jugado en los últimos años un papel muy relevante para facilitar la entrada de la mayoría de los productos agrarios de los países pobres en los mercados
europeos. Son quizás otros los que hoy tienen políticas más proteccionistas en su agricultura, como por ejemplo Estados Unidos, que la Unión Europea. Lo digo por no culpabilizarnos más de lo que es estrictamente necesario. Es evidente que la
Unión Europea tiene un recorrido importante y España también, pero quizá todos, Gobierno y oposición, deberíamos ser más coherentes con nuestros discursos en materia de apertura de mercados. Si España ha mantenido posiciones restrictivas ha sido en
defensa de determinados productos producidos en las islas Canarias. Creo que diputados de todos los colores políticos en Canarias defienden la protección a la producción del plátano canario frente a los plátanos que llegan de otros países,
aceptando también que en el paquete de países en vías de desarrollo incorporamos algunas de las economías emergentes a las que es difícil poder justificar determinadas preferencias en su acceso a los mercados europeos o al mercado español en
relación también con sectores productivos de nuestra economía. Lo digo porque el debate es un poco más complejo que el de una Europa encerrada en sí misma y de unos países pobres que no tienen capacidad de acceder a estos mercados. Europa ha hecho
un recorrido muy importante, mucho más del que han hecho otras potencias mundiales, y no hay que olvidar cuando hablamos de apertura de mercados el papel de economías como las de Brasil, China, India o Sudáfrica, que están jugando otro papel
distinto que el que pueden jugar los países efectivamente empobrecidos.
Hechas estas consideraciones, reafirmando nuestra preocupación por la paralización de Doha, manifestando la convicción de que la crisis no puede implicar un retorno al proteccionismo y convencido de que la apertura de mercados es un factor
de desarrollo, apoyaríamos esta iniciativa del Grupo Socialista.
La señora PRESIDENTA: Entiendo que el Grupo Socialista, su portavoz, el señor Moscoso, ha aceptado las dos enmiendas presentadas por el Grupo Popular. ¿Es así? ¿Quiere hacer uso de la palabra?
El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Sí, brevemente. La número 2 del Partido Popular, la referente a la Presidencia española, la aceptamos tal cual y la número 1, del mismo partido, inscribiéndola entre comas dentro del punto 6 de nuestra
proposición. Ahora les haremos pasar un papel firmado por los dos portavoces.
La señora PRESIDENTA: El Grupo Popular no hace uso de la palabra.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A PROFUNDIZAR EN EL COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/000644.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto 3º del orden del día, proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a profundizar en el compromiso con la transparencia de las industrias extractivas del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), con el número de expediente 161/000644, que se tramita acumuladamente con la proposición no de ley de Iniciativa per Catalunya Verds sobre la misma materia. Se han presentado dos enmiendas, y en primer lugar tiene la palabra
el señor Campuzano para su defensa.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Efectivamente, presentamos esta proposición no de ley, que es coincidente también con un texto presentado por Iniciativa per Catalunya, al objeto de instar al Gobierno a profundizar en el compromiso por la
transparencia de las industrias extractivas. No es la primera vez que Convergència i Unió lleva esta cuestión a la Comisión de Cooperación y estoy convencido de que no será la última que lo hagamos. Hace ya unos cuantos años aprobamos una
proposición no de ley en ese sentido que implicaba un compromiso español en esta iniciativa a favor de la transparencia en la industria extractiva, con aportaciones de recursos económicos del Gobierno a la misma y con un inicio de participación en
sus procesos.
Situemos esta iniciativa en el marco de esa paradoja, que todos poco o mucho conocemos, que es la realidad de países en vías de desarrollo con importantes industrias vinculadas al petróleo, al gas y a la minería que, a pesar de contar con
esos recursos, continúan siendo de los países más empobrecidos o con los menores niveles de desarrollo humano. Además, son países donde no hay transparencia sobre los pagos de las empresas a los gobiernos en relación con esa explotación, donde el
tema continúa siendo oscuro, continúa estando oculto, continúa falto de la transparencia suficiente y necesaria para estar convencidos de que esta industria no está asociada a la corrupción, a la enajenación de fondos, al fraude de los países ricos
en recursos naturales, con las consecuentes responsabilidades de todos, de gobiernos donde residen esos recursos, de las compañías que operan en esos países y de los países de donde provienen esas compañías. Existe un consenso internacional, al
menos en términos generales, de que precisamente la transparencia en esta materia puede ser un buen instrumento de lucha contra la corrupción vinculada a la industria extractiva. Ese era el sentido también, insisto, de esa proposición no de ley que
antes recordaba y que, por cierto,
aprobamos en diciembre de 2005. La orientación es facilitar que esos recursos que se generan en esos países empobrecidos pero con ricos recursos naturales se dirijan hacia el desarrollo humano y sean capaces de redistribuir la riqueza de
estos países. Vivimos la paradoja de un país como Guinea Ecuatorial, que ha emergido como una nueva potencia del petróleo en las costas de África occidental y continúa siendo uno de los países con un menor nivel de desarrollo humano y con unas
enormes desigualdades acentuadas precisamente a raíz de haber encontrado el petróleo. El petróleo ha sido un factor de desarrollo del país y ha sido un factor de enriquecimiento de un grupo dirigente, pero no ha permitido el desarrollo del conjunto
de ese país. Ese consenso en esa visión se ha ido extendiendo en los últimos tiempos. En nuestra proposición no de ley recordamos una resolución de la Asamblea de Naciones Unidas de septiembre del año pasado. El inicio a raíz de la nueva realidad
política americana de un proceso legislativo en el Congreso y en el Senado de ese país orientado a obligar a todas las empresas extractivas que cotizan en bolsa, sean americanas o no, a informar públicamente de los pagos efectuados a los gobiernos
donde operan sus compañías es un debate abierto en Estados Unidos. En esta misma dirección van las iniciativas que el Banco Mundial mantiene o la resolución que el Parlamento Europeo aprobó en noviembre de 2007, que insta a la Comisión Europea
precisamente a avanzar en una adecuada contabilidad de las empresas extractivas que operan en los países en vías de desarrollo, insisto, ricos en recursos naturales.
Existe la convicción de que necesitamos un marco regulatorio y un marco incentivador hacia la transparencia para combatir la corrupción asociada a los recursos naturales y a movilizar los ingresos de esos recursos naturales a la lucha contra
la pobreza. ¿Cuál es el sentido concreto de la iniciativa que Convergència i Unió plantea hoy? En primer lugar, que esta sea una política del conjunto del Gobierno. De esa proposición no de ley que aprobamos en diciembre de 2005, que ha implicado
un compromiso presupuestario que mi grupo valora y felicita al Gobierno por esa decisión, lo que es cierto es que eso no ha venido acompañado por una visión global por parte del Gobierno en relación con esta cuestión, no solo por parte de la
Secretaría de Estado de Cooperación Internacional al Desarrollo, sino también por parte del propio Ministerio de Asuntos Exteriores y de los ministerios más directamente implicados en estas políticas, que son alguna cosa más que estrictamente
políticas y cooperación internacional, como son el Ministerio de Economía y el Ministerio de Industria. Hay una enmienda del Grupo Socialista sobre la que luego me pronunciaré, que también incorpora en esa visión al Ministerio de Medio Ambiente.
En segundo lugar, hay que implicar a las empresas españolas en esta misma lógica, porque esa iniciativa para la transparencia de la industria extractiva, que fue una iniciativa del Gobierno británico en el marco de su política de cooperación
multilateral, exige también que las empresas españolas participen en la misma, que sean activas en la misma y que sean coherentes con su adhesión a ella. En este sentido, proponemos la creación de un espacio de diálogo entre Gobierno y empresas
para discutir desde el punto de vista español qué políticas y qué prácticas pueden favorecer la extensión de la transparencia no solo en los países donde operan esas compañías, sino también en países donde la ayuda oficial al desarrollo del Estado
español es importante, y eso además pensando muy directamente en América Latina, en el Magreb, en Guinea Ecuatorial y en Nigeria.
También planteamos la necesidad de que el Estado español, el Gobierno de España, se implique más directamente en el órgano de gobierno de esa iniciativa a favor de la industria extractiva de carácter voluntario, a la que España en su momento
se ha adherido, y que además trabaje muy claramente orientado a incorporar a los países de Latinoamérica en esa dimensión. También reclamamos que ese requerimiento de transparencia informativa se extienda como condición para la asistencia
financiera o técnica avalada e impulsada por el Gobierno español. España, en su relación con los países ricos en recursos naturales, debe reclamar esa adhesión a los principios de transparencia informativa en relación con los pagos. Planteamos
también la necesidad de que el marco regulatorio derivado de la trasposición de la Directiva 2004/109, sobre armonización de requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores se admiten a negociación en el
mercado regulado, esa trasposición de esa directiva implique alguna nueva obligación legal para las empresas españolas que operan en este campo, seguramente en el marco de una regulación que debe ser en el conjunto de la Unión Europea y en la que
habrá que estar muy atentos a la evolución del debate abierto en los legislativos norteamericanos. Pero seguramente hay que ir a un marco más exigente desde el punto de vista de la regulación de la obligación de informar por parte de las empresas.
Finalmente planteamos la necesidad de una posición activa del Estado español en el seno de los organismos multilaterales de asistencia y ayuda, muy especialmente en el marco del Banco Mundial, para incorporar en todos aquellos proyectos de
financiación internacional vinculados poco o mucho a la industria extractiva esa obligación de transparencia.
Terminamos reclamando la firma, ratificación y aplicación de la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, la Convención norteamericana contra la corrupción y la Convención contra el soborno transnacional de la OCDE por parte de los
países receptores de la ayuda española; hay que promover que esos instrumentos de carácter internacional orientados contra la corrupción sean incorporados por los países que reciben ayuda española. Nos parece, señorías, que es un planteamiento más
ambicioso que aquel que alcanzamos en diciembre de 2005, que renueva el compromiso de España con esta iniciativa a favor de la transparencia en la industria extractiva y debe permitir que, efectivamente, en aquellos países donde opera la ayuda al
desarrollo la
mala utilización de los recursos no los continúe instalando en la pobreza, en la miseria y en la desigualdad.
La señora PRESIDENTA: Por Iniciativa per Catalunya Verds, ya que se han acumulado las dos proposiciones no de ley, tiene la palabra su portavoz el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Voy a dar argumentos parecidos y añadir algún elemento respecto a lo que ha dicho el señor Campuzano, para destacar en primer lugar que existe un problema global: países ricos en recursos y Estados débiles a la
hora de obtener y aprovecharse de esos recursos; países ricos en recursos que necesitan de la inversión extranjera para poder extraer dichas riquezas naturales, pero países a la vez pobres en estructuras democráticas, lo que les dificulta una
negociación razonable.
La consecuencia de dicha ecuación son sistemas muy ineficaces de salud, de educación, con elementos de violencia, de corrupción, y podríamos continuar. A este contexto global que se da en multitud de países y con multitud de
actores se le suma el papel de España, incluso diría el papel de una España que ocupa un papel de liderazgo en las políticas de ayuda oficial al desarrollo en América Latina e incluso en países de África y ahora recientemente del África
subsahariana, y un país que también lidera, como no podía ser de otra manera, algunas de estas industrias extractivas que operan en dichos países. Dicha combinación hace que el Gobierno tenga que actuar de forma diligente, y creo que es cierto -se
tiene que reconocer, nosotros lo hacemos en la exposición de motivos de la proposición no de ley- que no estamos como si no se hubiese hecho nada. La adhesión de España a la iniciativa para la transparencia de la industria extractiva en diciembre
de 2007, fruto entre otras cosas de lo que le explicaba el señor Campuzano y de la iniciativa que se planteó y discutió en esta Cámara, y el hecho de que haya habido una aportación al fondo multidonante dan testimonio de que sí ha existido esa
voluntad.
Pero cierto es que a la vez que se han dado esos pasos, esto no se ha acogido como una política de Estado en un país que, como decíamos, tiene esa función de liderazgo en la AOD, en un territorio muy importante y determinante como es el
de toda América Latina, y en un país que tiene empresas que operan en América Latina y en países de África subsahariana.
Es por eso por lo que estas iniciativas son más oportunas que nunca para intentar situar esta política como una prioridad, como
una política de Estado liderada por Presidencia en la que participen diferentes ministerios. A los que ha dicho el señor Campuzano nosotros analizaríamos el Ministerio de Medio Ambiente por una razón muy simple: porque tiene un impacto
extraordinario desde la perspectiva ambiental, y por tanto la responsabilidad ambiental de la empresa, como también ha explicado el señor Campuzano, es un elemento fundamental que deberíamos incorporar y que además se ha incorporado también en la
enmienda que nos traslada el Grupo Socialista.
Quiero destacar que España tiene una responsabilidad gravísima o muy elevada, si me permiten, porque en países como Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina o Venezuela se juntan todas estas circunstancias. Ustedes saben que, por ejemplo, en el
caso de Bolivia las inversiones realizadas en el sector desde 1996 pagaban únicamente durante muchos años un impuesto directo del 18 por ciento de la producción y el 82 por ciento restante era para la empresa. Esos son los datos de lo que pasaba en
Bolivia, y les pongo otro ejemplo: Repsol YPF -todos sabemos que hablamos de determinadas empresas- ha promediado entre 1997 y 2007 unos ingresos operativos de 39.000 millones de euros por año y un beneficio neto de 1.950 millones de euros y en el
año 2007 un beneficio de 3.188 millones de euros. Los ingresos operativos de un año de Repsol superan la riqueza nacional de Ecuador y de Bolivia juntos. Estamos hablando de este nivel, un nivel en el que cuando se sientan a negociar la igualdad
de condiciones a veces no se produce. ¿Qué es lo que a mi grupo parlamentario le ha preocupado? Que cuando dichos países han renegociado, el Gobierno español, pese a haber firmado la iniciativa para la transparencia de la industria extractiva,
siempre se ha situado en los términos de la seguridad jurídica de dichas empresas. Nosotros no decimos que no se tenga que proteger la seguridad jurídica, sino que tiene que haber una postura más equilibrada. Por eso, esta proposición no de ley y
la de Convergència i Unió, que provienen además de la demanda de la sociedad civil y de las ONG, son más oportunas que nunca y los mandatos que aquí se expresan también. No voy a detallar cada uno de ellos porque muchos los ha explicado el señor
Campuzano y sería redundante, pero me permitirán que me refiera a algunos elementos que no aparecen en la enmienda, en la transacción, y que me gustaría que de aquí a que finalice la sesión se pudiesen incorporar; por ejemplo, la promoción de la
realización de auditorías públicas, periódicas, de las actividades de las empresas en terceros países que incluyan los impactos sociales y ambientales de las empresas extractivas. Esas auditorías serían positivas porque sería un elemento de
transparencia. Por supuesto, va a ser positivo, tiene que serlo, que haya una mesa en la que estén las diferentes partes, entendiendo que tiene que haber una productiva colaboración de las industrias extractivas que operan en dichos países.
A esos elementos, sumado el hecho de que se lleven a cabo los trámites necesarios para que España se integre en el Consejo de la ITIE -así se refleja de forma positiva en la enmienda- se deberían incorporar otros aspectos. Nosotros, por
ejemplo, planteamos un elemento concreto que creemos que sería positivo que esta Comisión aprobase: la modificación de la Ley 24/1988, del Mercado de Valores, para exigir que las empresas extractivas, cotizadas en Bolsa, publiquen los pagos
realizados a los gobiernos de los países donde operan. Sería un elemento de transparencia que a nadie tendría que preocupar por el buen hacer de las empresas españolas y porque, en definitiva, sería muy positivo que esto
pudiésemos regularlo con la correspondiente modificación de la Ley del Mercado de Valores. Estamos planteando además propuestas que existen en países de nuestro entorno y que lo que hacen es añadir transparencia informativa. Por ejemplo,
podríamos plantear el requerimiento de la transferencia informativa como condición para todo tipo de asistencia financiera o técnica o de ayuda al desarrollo prestada por el Gobierno español a países ricos en recursos y que en cambio no son
transparentes.
Este sería también un elemento y un mandato que se podría incorporar; o, por ejemplo, la promoción y el apoyo al establecimiento de esas normativas en el marco europeo internacional. Incluso lo podríamos plantear en el contexto de
la Presidencia europea para que se exija a esas empresas la publicación de los pagos efectuados a los países en los que operan, a través de la modificación y de la directiva que nosotros planteamos sobre la armonización de los requisitos de
transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores se admiten a negociación en mercados regulados por la directiva. Estos elementos podrían incorporarse, para dotar de mayor ambición al texto que emane de la Comisión de
Cooperación.
Les quiero trasladar que esta proposición no de ley tiene valor. Además, tiene el valor de la Comisión de Cooperación. Todos sabemos que ninguna proposición no de ley en Pleno tiene un valor absoluto, y una proposición no de ley en
Comisión un poco menos aún. Por tanto, creo que no estaría mal que lo que hiciésemos en esta proposición no de ley de aquí al final de la mañana fuera dotarle de la máxima ambición posible, porque en definitiva creo que en esta Comisión todos
compartimos que existe una responsabilidad -si ustedes me permiten- moral en esta materia, que estamos liderando políticas de ayuda oficial al desarrollo, y que desde esta responsabilidad moral y desde este liderazgo lo que necesitamos son
coherencias en las políticas. Tenemos una responsabilidad en América Latina que se suma a otras responsabilidades. El señor Campuzano ponía un ejemplo sangrante, como es el de Guinea Ecuatorial, seguramente el más sangrante que conocemos y del que
podríamos hablar algún día. En cualquier caso, nos gustaría que en el texto de la enmienda en la que se está trabajando se incorporaran estos elementos que he añadido a lo que ha planteado el señor Campuzano, esperando que se pueda aprobar por
unanimidad y que demos un impulso a estas políticas. Se están haciendo cosas, pero tenemos que hacer aún más.
La señora PRESIDENTA: A continuación, por el Grupo Popular interviene su portavoz en este momento el señor Uriarte.
El señor URIARTE AYALA: Intervengo brevemente porque nuestro grupo se siente identificado tanto con la exposición de motivos de esta proposición no de ley como por la intervención del diputado proponente.
Quiero resaltar, en primer lugar,
el máximo interés de nuestro grupo por esta proposición no de ley. Creemos que reúne varios puntos que han ido formando parte de las distintas iniciativas parlamentarias que han caracterizado a esta Comisión, en esta legislatura y en la anterior,
como el interés por América Latina, la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento institucional y el trabajo en la línea del aumento en la calidad y la eficacia de la ayuda. También añadiría la búsqueda de un mayor análisis real de la situación
que viven muchos países en vías de desarrollo. Por ello, mi grupo parlamentario, y después de la transaccional que ha planteado el grupo proponente, votará a favor de esta proposición no de ley. Resulta obvio el papel que tienen muchas empresas
extractivas en distintos países en vías de desarrollo, cuyas rentas procedentes de la industria extractiva son pagadas a gobiernos que creemos que no saben, no pueden o no quieren trabajar en mejorar la condición de vida de sus ciudadanos. Es claro
el ejemplo de Guinea Ecuatorial, que han puesto los dos portavoces anteriores, que ocupa el puesto número 48 a nivel mundial de producto interior bruto per cápita y que después desciende hasta el número 115 a nivel mundial en índice de desarrollo
humano. Es necesario que el Gobierno adopte durante esta legislatura medidas que trasladen a la práctica este compromiso de transparencia de la industria extractiva. Además creemos que es necesario avanzar tanto en el acuerdo de la iniciativa para
la transparencia de la industria extractiva, que se aprobó en diciembre de 2008, como en la dirección de la resolución de Naciones Unidas aprobada en asamblea en septiembre de 2008. Por la transaccional que ha planteado el grupo proponente, vemos
identificada y planteada la enmienda que hemos presentado a esta proposición no de ley de incluir también las comisiones mixtas de cooperación con países receptores de ayuda oficial al desarrollo. Esperamos que el Gobierno ponga todo su empeño no
solo en presumir de indicadores buenos a nivel internacional como pueden ser la cantidad de la ayuda, sino que también dé ejemplo y represente su esfuerzo en propuestas como esta que pretenden ser más eficaces, más responsables y llegar a más
ciudadanos con la ayuda oficial al desarrollo. Por tanto, nuestro voto a esta proposición no de ley será afirmativo.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Puig.
La señora PUIG GASOL: Primeramente quisiera agradecer a los grupos proponentes la presentación de esta iniciativa. A nuestro grupo le parece muy acertada, pues no podemos olvidar -lo han dicho casi todos los portavoces que me han precedido
en el uso de la palabra- que las industrias del petróleo, minería y gas son la principal fuente de ingresos de muchos países en desarrollo. Es verdad que algunos de estos países aun contando con estos recursos naturales y pudiendo llamarles países
muy ricos porque tienen mucha riqueza dentro, son verdaderamente pobres, algunos muy pobres. Por eso, nuestro grupo no puede estar más de acuerdo con implementar medidas para el desarrollo y para que
esta actividad y estas industrias extractivas sean más transparentes y que sus beneficios repercutan en los ciudadanos de estos países.
También quisiera decir -como ha señalado el señor Campuzano- que hemos avanzado mucho en nuestro camino hacia la transparencia. La iniciativa de la EITI tiene su origen en el G-8 y en particular en sus actuaciones para la lucha contra la
corrupción, traduciéndose en un plan de acción para promover la transparencia informativa de los flujos económicos entre los países productores de recursos naturales y las compañías petrolíferas, de gas y de industrias de extracción de minerales,
como hemos dicho. En el curso de la cumbre de Desarrollo Sostenible, celebrada en Johannesburgo en septiembre de 2002, el primer ministro del Reino Unido Tony Blair impulsó esta iniciativa. El Gobierno español apoyó firmemente la Agencia de
transparencia y rendición de cuentas y mejora de gobernabilidad que impulsa la iniciativa para la transparencia. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación se ha colaborado activamente en esta iniciativa y en la actualidad España
figura como segundo máximo contribuyente de dicho fondo. En el año 2007 el Gobierno realizó una contribución de 1,5 millones de euros al Fondo Fiduciario Multidonante, gestionado por el Banco Mundial, que apoya la implementación de la iniciativa
EITI en los países candidatos. Además, el día 26 de mayo de 2008 España organizó en la Casa de América la reunión del consejo global de la EITI y el Ministerio de Economía y Hacienda acogió el comité de gestión del mencionado Fondo Fiduciario
Multidonante y ha estado colaborando con el secretario de dicha iniciativa en varios países, particularmente del que estábamos hablando, Guinea Ecuatorial.
Podría seguir hablando, pero quiero referirme ahora a la enmienda que hemos presentado. Como ustedes saben, España reforzará la aplicación del principio de coherencia en el campo de la cooperación a lo largo del ciclo 2009-2012. Por ello,
se reformará la Ley de Cooperación reafirmando la apuesta por la coherencia de las políticas para el desarrollo a través de mecanismos creados para este fin. Cuando nuestro grupo ha trabajado las dos proposiciones no de ley, tanto la de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds como la de Convergència i Unió, hemos intentado hacer que los puntos coincidieran y por eso hemos presentado un listado de puntos comunes a las dos. En algunas donde Convergència ponía unos ministerios hemos
añadido los que ponía Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y el resultado nos parece altamente satisfactorio porque, como ven ustedes, tenemos una visión global de aquello en lo que estamos trabajando. Queremos ir trabajando poco a poco
para mejorar esa transparencia y para que las industrias tengan la posibilidad de hacerlo ellas voluntariamente, implicando a las empresas españolas para que este sentido ético entre en sus organizaciones, aunque ya van entrando en este sistema.
Señor Herrera, podemos hablarlo naturalmente, pero creo que se ha dejado en el tintero que España ya ha traspuesto las directivas de las que estaba hablando, a través de la Ley 6/2007, de 12 de abril, de reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio,
del Mercado de Valores, para la modificación del régimen de las ofertas públicas de adquisición y de la transparencia de los emisores, y a través del Real Decreto 1362/2007, del 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 24/1988, del 28 de
julio, del Mercado de Valores, en relación con los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores estén admitidos a negociación en un mercado secundario oficial o en otro mercado regulado de la Unión Europea.
Por otra parte, consideramos apropiado que las instituciones financieras multilaterales, el IFI, promuevan la transparencia en los participantes en sus proyectos en el área de las industrias extractivas, así como la utilización eficiente de
los ingresos públicos generados por estas industrias. Estábamos hablando de la Ley 24/1988, pero ya la hemos modificado. Por eso, si lee el punto de la enmienda que ha presentado el señor Campuzano de unión entre todos, nosotros podemos impulsar
las modificaciones normativas que procedan en la normativa europea e internacional y, consecuentemente, en nuestro país, al objeto de que las empresas extractivas cotizadas en bolsa informen acerca de los pagos y los ingresos derivados de la
explotación y recursos naturales. Vamos avanzando, señor Herrera. Y con este sistema, poco a poco, pero dirigido, podremos llegar a erradicar un poco más la pobreza de estos países en desarrollo.
La señora PRESIDENTA: Tengo que preguntar a los dos grupos proponentes de la proposición no de ley, Convergència i Unió e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, si están de acuerdo con la transaccional que han hecho con el resto de
los grupos y es la que se votaría definitivamente.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Efectivamente, hay una transaccional que consiste en incorporar la enmienda del Grupo Popular en relación con la promoción en las comisiones mixtas de estas cuestiones, que es muy acertada, y otra propuesta de
incorporar un nuevo punto en el tenor de impulsar las modificaciones normativas que procedan en la normativa europea e internacional y, consecuentemente, en nuestro país, al objeto de que las empresas extractivas cotizadas en bolsa informen acerca
de los pagos y los ingresos derivados de la explotación de recursos naturales.
Por tanto, es un compromiso importante del Gobierno de avanzar en la obligación sobre los pagos. Nos parece que esta transacción satisface alguna de las preocupaciones
del señor Herrera, alguna de las preocupaciones de nuestro grupo y responde a la enmienda del Grupo Popular.
La señora PRESIDENTA: Señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Nos satisface esta transacción, nos hubiera gustado que fuera más allá
porque lo que planteábamos referido a la modificación de la Ley 24/1988, del Mercado de Valores, daba un paso más. Eso no significa que no estemos avanzando, no lo hemos dicho en ningún momento de la intervención, pero podríamos tener un
poquito más de ambición incluso. Si no es posible, en cualquier caso valoramos positivamente la transacción a la que se llega y damos por bueno dicho texto. Si los grupos se lo replanteasen de aquí a finalizar la Comisión, mejor que mejor, para
que podamos incorporar este punto.
- SOBRE APROBACIÓN DE LA NORMATIVA ESPECÍFICA REGULADORA DE LAS SUBVENCIONES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO, EN APLICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL 18.ª DE LA LEY 38/2003, GENERAL DE SUBVENCIONES.
PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS Y POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000672.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto 4.º del orden del día. Ya que es una proposición no de ley firmada por todos los grupos parlamentarios, tienen ustedes la oportunidad de decidir si quieren acortar sus tiempos, si quieren hacer uso de
la palabra o darla por defendida. Yo, desde luego, no tengo ninguna prisa. Estoy atendiendo más bien a la demanda de determinados portavoces y diputados que tienen problemas de transporte.
Por tanto, yo voy a leer la proposición no de ley firmada
por todos los grupos parlamentarios y los grupos, de menor a mayor, que quieran hacer uso de la palabra pueden hacerlo. Si ustedes consideran darla por defendida en los términos en los que está, pasaríamos al punto 5.º del orden del día. Es la
proposición no de ley sobre aprobación de la normativa específica reguladora de las subvenciones de cooperación internacional al desarrollo, en aplicación de la disposición adicional 18.ª de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. Firmada por el
Grupo Parlamentario Socialista, por el Grupo Parlamentario Popular, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y por el Grupo
Parlamentario Mixto, con el número de expediente 161/000672. Ahora es mi obligación preguntar si quieren hacer uso de la palabra los portavoces o la dan por defendida y se votaría en los términos en que ustedes mismos la han firmado y presentado.
La señora CASAUS RODRÍGUEZ: Hemos hablado de una enmienda conjuntamente con el Grupo Parlamentario Popular y hemos hecho también...
La señora PRESIDENTA: No, discúlpeme, señora Casaus. No hay enmiendas. Es una proposición no de ley firmada por todos los grupos parlamentarios. Es el punto 4.º del orden del día. Insisto, ¿quieren hacer uso de la palabra o pasamos al
punto 5.º? (Asentimiento.) Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra su portavoz el señor Robles.
El señor ROBLES OROZCO: Intervengo muy brevemente solo para insistir en que el hecho de firmarla todos los grupos y que está recogida en el Pacto de Estado contra la pobreza da dimensión de la importancia que tiene esto para las
organizaciones no gubernamentales después de la experiencia que tuvo la Ley 38/2003. Con ser importante que los grupos políticos firmemos esta proposición no de ley, quien tiene la capacidad de hacer el desarrollo reglamentario es el Gobierno y
debe tomar nota de esta urgencia y de esta importancia. Esto vale para todas las proposiciones no de ley y algún otro portavoz lo ha dicho en su momento. Es decir, muchas veces tenemos la impresión de que aprobamos cosas en el Parlamento que
duermen en el cajón de los justos. En este caso el interés es que no solo la aprobemos sino que a todos los niveles podamos hacer las gestiones necesarias para que el Gobierno desarrolle reglamentariamente esta ley que está recogida -insisto- en el
Pacto de Estado y que sinceramente creo que es muy importante para el desarrollo del tejido asociativo en nuestro país.
La señora PRESIDENTA: Gracias por su brevedad, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) el señor Campuzano tiene la palabra.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Seré más breve aún. Comparto absolutamente la intervención del señor Robles. Es urgente que ese real decreto se apruebe de una vez por todas para desarrollar esa previsión de la Ley 38/2003 y, efectivamente,
ahí la principal responsabilidad es del Gobierno. Por tanto, hoy el valor político de esta proposición no de ley es indudable y espero que seamos capaces en muy pocas semanas de tener conocimiento del cumplimiento de esta iniciativa por parte del
Gobierno.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría, por su brevedad.
Por el Grupo Parlamentario Socialista su portavoz, señor Pérez Tapias, tiene la palabra.
El señor PÉREZ TAPIAS: Igualmente voy a tratar de ser breve en una cosa en la que ya, a priori, estamos de acuerdo los grupos de la Cámara y así se está manifestando en esta Comisión. Efectivamente, desde el Grupo Socialista queremos
abundar en los motivos de
esta proposición no de ley. Esta proposición no de ley, como se ha dicho, recoge ya cuestiones formuladas en el Pacto de Estado contra la pobreza y no solo eso, sino que también retoma cuestiones que, de manera explícita, se han recogido en
el III Plan director de cooperación internacional, recientemente aprobado. En este caso, además, se trata de abordar una situación un tanto peculiar de las organizaciones no gubernamentales en tanto que colaboradoras con las administraciones
públicas, la Administración General del Estado, las administraciones autonómicas y las administraciones locales y, no solo ello, sino también la colaboración de las ONG con esas administraciones y también con otras entidades privadas o públicas,
como universidades, etcétera. Hablamos de algo que afecta a muchos protagonistas, todos los que intervienen en la cooperación internacional y, en este caso, ocurre que a la hora de concurrir a las convocatorias públicas para subvenciones por parte
de las ONG, y concretamente por parte de ONG para el desarrollo, pueden encontrarse que faltan por cubrir algunos de los requisitos que a veces se exigen para, no tanto recibir esas subvenciones, sino a veces para justificar o para el control de las
mismas, habida cuenta de la acción voluntaria y de solidaridad que ejercen estas organizaciones no gubernamentales para el desarrollo. Se trata de encontrar medios que, con todo respaldo jurídico, a través de ese real decreto que solicita la
proposición no de ley, flexibilicen esos criterios para la concesión de subvenciones a las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo.
Quiero insistir en que el III Plan director de cooperación internacional subraya un principio, que en este caso sería también el que presidiría esa flexibilización que se solicita en el real decreto que se pide. Este principio es que se
trata aquí de un sistema basado en la responsabilidad compartida; responsabilidad compartida en los proyectos que se proponen, en la ejecución de esos proyectos, en la evaluación de los proyectos una vez realizados y en el control de los mismos y,
por tanto, también de la financiación que, a través de las subvenciones, se le otorgaría a esos proyectos. Esa responsabilidad compartida es la que está inspirando esta proposición no de ley para que se produzca por fin ese real decreto que permita
solucionar esas cuestiones que vienen planteadas por la disposición adicional decimoctava de la Ley General de Subvenciones.
Todos los grupos estamos de acuerdo en que hay ciertos problemas jurídicos en torno a ello, pero podríamos encontrar una
versión actualizada y -si me permiten- reciclada de aquel dicho antiguo de que: doctores tiene la iglesia, es decir, contamos con juristas en todas nuestras administraciones e instancias del Gobierno para que puedan buscar una solución adecuada, de
manera que podamos ver pronto ese real decreto en el que todos coincidimos que debe dar paso a un sistema mucho más flexible, más operativo y más eficaz -lo cual es otro principio en la cooperación para el desarrollo-, de manera que las
organizaciones no gubernamentales para el desarrollo no estén en desventaja a la hora de concurrir a convocatorias públicas de subvenciones.
La señora PRESIDENTA: Gracias a todos por su brevedad.
- RELATIVA A LA REMISIÓN DE UN INFORME ANUAL DE SEGUIMIENTO DE LOS FONDOS DE AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO DESTINADOS A LOS ORGANISMOS MULTILATERALES, A LA COMISIÓN DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000766.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto 5.º del orden del día, que es la proposición no de ley relativa a la remisión de un informe anual de seguimiento de los fondos de ayuda oficial al desarrollo destinados a los organismos multilaterales,
del Grupo Parlamentario Popular, con número de expediente 161/000766. Según entiende la Mesa, no se han presentado enmiendas. Tiene la palabra para su defensa su portavoz, el señor Robles.
El señor ROBLES OROZCO: Intervengo muy brevemente también porque sobre este tema hemos venido hablando en muchas ocasiones en esta Comisión. Con motivo del debate del Plan director y con motivo del Plan anual de cooperación fue la última
vez que tuvimos ocasión precisamente de tener un debate sobre estos aspectos. (La señora vicepresidenta, Pérez Herraiz, ocupa la Presidencia.) Hemos tenido también alguna ocasión de contrastar con la secretaria de Estado opiniones y debates y saben
muy bien que ha sido una de las cuestiones que el Grupo Parlamentario Popular ha planteado, no ya desde el comienzo de esta legislatura, sino también desde la anterior legislatura. Cuando hablamos de que la cooperación multilateral, la aportación a
organismos internacionales supera más del 50 por ciento de la AOD española y esas cantidades son superiores a los 3.000 millones de euros, en un momento de dificultades económicas, en un momento en el que hay que hacer un esfuerzo de transparencia y
de explicación, es evidente que este tema ha pasado de ser uno más a ser un tema realmente urgente. Va a ser difícil que podamos seguir pidiendo esfuerzos a la sociedad española en sus diferentes administraciones si no hacemos un esfuerzo de
transparencia y de explicación didáctico de todo lo que significa en este momento nuestra AOD. Esto era válido hace uno, dos, tres y cinco años, pero en este momento lo es especialmente. Por lo tanto, no hay un debate de fondo, todos estamos de
acuerdo, y a lo largo de estos años en los que hemos venido construyendo una política de cooperación hemos ido introduciendo este debate. Aunque pequemos de falta de modestia, creo que el tiempo nos ha dado la razón. Veníamos advirtiendo de
esta situación desde el principio de la anterior legislatura; después ya no fue el Grupo Popular, sino que fue el propio CAD, el Comité de Ayuda al Desarrollo, el que en su informe de evaluación a España hizo notar la necesidad de una
estrategia multilateral y de una transparencia en la gestión de estos fondos. Más tarde ha habido diferentes iniciativas de las organizaciones no gubernamentales en informes sobre la realidad de la ayuda de Intermón e incluso se reflejó en el Pacto
de Estado contra la pobreza en el año 2007. Por último, yo creo que el consenso de esta Comisión se dio precisamente en el plan director y en el plan anual. Por tanto, la cuestión de fondo está hablada pero vuelvo al argumento que hemos dicho en
la anterior PNL, la sensación que tenemos es que hablamos las cosas, llegamos a consensos y a acuerdos sobre principios, pero tardan en materializarse. El plan director, y después el plan anual, establecen que el Gobierno debería traer un informe
antes de que finalizara el año 2009. Estamos ya finalizándolo, es decir, nos vamos a meter precisamente en el debate de presupuestos. Hubiera sido razonable que antes de meternos en el debate de presupuestos, que forzosamente nos va a llevar a
hablar de los fondos, de los recursos y de los aumentos o no aumentos, el Parlamento y, por lo tanto, la sociedad española, hubiera tenido una evaluación, un informe sobre el impacto de nuestra ayuda a través de organismos internacionales y
hubiéramos podido centrar adecuadamente esta cuestión. En un momento en el que hay un exceso de dispersión en organismos -recuerdo que hemos hablado de este tema en otra ocasión-, más de cien organismos internacionales, muchos de ellos
duplicidades, organismos de salud, cuatro o cinco destinados a los mismos fines, etcétera, todo esto necesita, por tanto, un debate en el Parlamento y una explicación. Si muchas veces cuesta explicar a la sociedad española determinadas cuestiones
sobre lo que es la ayuda oficial al desarrollo, más todavía cuando nos perdemos en la dificultad o en la falta de transparencia que tienen muchos de estos macroorganismos internacionales.
Lo que pretendemos con esta iniciativa es simplemente refrescar otros compromisos previos, decirle al Gobierno que en un momento de dificultades económicas debería cumplir cuanto antes esta cuestión y que, por lo tanto, es necesario conocer
no solo una estrategia más detallada de lo que va a ser nuestra AOD a través de la cooperación multilateral, sino sobre todo a estas alturas ya un informe de transparencia, un informe de lo que ha supuesto realmente, cómo estamos, cuáles son los
organismos, cuál es el impacto, cuál es la cantidad, es decir, qué está pasando en definitiva con la AOD española a través de los organismos multilaterales. Esta es la finalidad de esta PNL y, como en la anterior, vuelvo a decir que la
responsabilidad recae básicamente en el Gobierno.
Es decir, en este momento nosotros podemos dar otra vez un impulso, podemos hacer un recordatorio, pero sería bueno que la secretaría de Estado o el ministerio tomaran nota del momento en el que
estamos y, si es posible, a la mayor brevedad, tuviéramos en esta Cámara un informe lo más exhaustivo posible, lógicamente por escrito, un informe que pudiéramos después evaluar y tener una comparecencia de la secretaria de Estado, para desgranar
toda esta cuestión y, por lo tanto, pudiéramos ayudar entre todos a entender lo que significa en este momento nuestro esfuerzo multilateral, nuestro esfuerzo en los organismos internacionales, de tal forma que la sociedad española siga
acompañándonos en este esfuerzo que quiere hacer, no solo la Comisión, sino todo el país en nuestra cuota de solidaridad y de compromiso en lo internacional.
La señora VICEPRESIDENTA (Pérez Herraiz): Por el Grupo de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Convergència i Unió coincide absolutamente con las cuestiones de fondo que defiende esta proposición no de ley, la necesidad de hacer ese seguimiento de las aportaciones a los organismos multilaterales de
desarrollo. Nos preocupa la debilidad de las estructuras de la cooperación española para hacer ese efectivo seguimiento, para garantizar los impactos de transformación de esas política y la tendencia de vincular el incremento de la AOD con
transferencias a organismos internacionales, donde la capacidad de influencia en la orientación, en el gasto, en la prioridad, por parte del Gobierno español, es escasísima. Nos parece imprescindible que se apruebe esta proposición no de ley y aún
más necesario que el Gobierno se tome en serio y a fondo sus aportaciones a estos organismos. Por tanto, mi grupo va a apoyar esta iniciativa del señor Robles.
La señora VICEPRESIDENTA (Pérez Herraiz): Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Calabuig.
El señor CALABUIG RULL: En primer lugar, quiero agradecer las intervenciones de los portavoces de los otros grupos en el sentido de que es imprescindible que tengamos la mayor transparencia posible para trabajar juntos en el seno de la
sociedad española a la hora de seguir reforzando la necesidad de la cooperación internacional. Es evidente que los crecimientos que ha habido los últimos años, y particularmente en lo que se refiere a los recursos destinados a organismos
financieros y no financieros por parte de la ayuda oficial al desarrollo española, han tenido una evolución muy importante. Desde luego, creo que esa evolución debe ir acompañada ahora del desarrollo de procesos de información, control y
transparencia y quiero en este sentido expresar también el acuerdo de nuestro grupo en esta cuestión. Todos tenemos un compromiso claro con ese avance en la calidad y la eficacia de la cooperación y en que la estrategia sea clara, sea transparente
sobre el destino de los fondos que estamos transfiriendo a esos organismos multilaterales. Quiero dejar claro que nosotros apoyamos la necesidad de que esa transparencia incluya un conocimiento claro de las cantidades transferidas, de los
organismos receptores, de las acciones concretas que se van a desarrollar, pero también queremos advertir que en el caso de las instituciones financieras multilaterales hay una gran parte de las aportaciones, que se realizan a través de
fondos multilaterales enmarcados en las propias estrategias de las instituciones, y a veces es muy complicado poder desglosar absolutamente toda la información respecto a qué intervenciones y en qué países se han realizado y qué porcentaje concreto
de eso supone la aportación española al total de cada fondo. Es decir, salvando que efectivamente no siempre va a ser fácil conocer hasta el último detalle, sí coincidimos claramente en la necesidad de este incremento de la transparencia y de que
evidentemente se traigan aquí estos informes cuanto antes. Estoy seguro de que el Gobierno, además, así lo hará y de que comparte con nosotros la necesidad de acompasar esos crecimientos con los mecanismos de transparencia y control necesarios para
hacer el seguimiento correspondiente.
La señora VICEPRESIDENTA (Pérez Herraiz): Señor Herrera, ¿quiere participar en este debate? (Denegación.)
- RELATIVA A LA LUCHA GLOBAL CONTRA EL VIH/SIDA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/000994.)
La señora VICEPRESIDENTA (Pérez Herraiz): La siguiente iniciativa es una proposición no de ley relativa a la lucha global contra el VIH/sida, presentada por el Grupo de Convergència i Unió y a ella se ha presentado una enmienda. Para la
defensa de la iniciativa tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Efectivamente, presentamos una proposición no de ley relativa a la lucha global contra el VIH/sida. No es la primera vez ni tampoco será la última que esta Comisión discute sobre el compromiso en la lucha
contra esta pandemia. Lo hacemos justamente hoy coincidiendo con la aparición de una noticia esperanzadora. Hoy los medios de comunicación informan de un ensayo clínico efectuado en Tailandia, de una vacuna que puede permitir una reducción muy
considerable de los impactos del sida. Se habla de que esta vacuna puede reducir el riesgo de contagio en un 31 por ciento. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.). Como digo, es una noticia de hoy que, poco o mucho, tiene ver con esta
proposición no de ley que vamos a discutir, que pone el acento en las cuestiones que son fundamentales en la lucha contra el sida, entre ellas el ser capaces de conseguir esa vacuna para evitar esos contagios. Es una proposición no de ley que
debemos enmarcar en un hecho objetivo, que a pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional, hoy el sida, en muchos de los países en vías de desarrollo, implica un retroceso en otros de los logros que se han conseguido en materia de educación
y en materia de santidad. Más personas infectadas por el sida implican retrocesos clarísimos en políticas en materia educativa y en materia sanitaria. Es bueno recordar que desde principios de 2004 hasta finales de 2007 -que son las cifras que
Convergència i Unió ha manejado en la elaboración de esta iniciativa- se han producido unos 18 millones de nuevas infecciones en todo el mundo y que unos 12 millones de personas han fallecido por causas relacionadas con el VIH/sida. Es cierto que
se han producido avances, si en el año 2004 menos de 300.000 personas podían beneficiarse de los tratamientos antirretrovirales, en 2006 esa cifra alcanzó más de 2 millones de personas. Es un avance sustancial, pero insuficiente en la medida que
eso representa el 28 por ciento de las personas que necesitan algún tipo de tratamiento. La extensión de la enfermedad, el número de personas infectadas, es muy superior a las capacidades que tiene la comunidad internacional de ofrecer los
medicamentos que pueden garantizar el salvar la vida de las personas afectadas. En este contexto mi grupo reconoce los esfuerzos del Gobierno en los últimos años en esta materia. Se han materializado en compromisos asumidos en las últimas cumbres
celebradas en relación con este tema: la elaboración de la correspondiente estrategia, los compromisos por el Fondo global contra el sida, la malaria y la tuberculosis -en septiembre del año 2007 España anunció un compromiso importante de 600
millones de dólares para el periodo 2008-2010-, los compromisos asumidos, insisto, en el fondo global, la propia asunción del apoyo a la Iniciativa internacional para la vacuna del sida, IAVI. Es decir, mi grupo reconoce que ese esfuerzo por parte
del Gobierno se ha producido de manera importante y significativa. Pero nos preocupan algunas cosas. De esa proposición no de ley que Convergència i Unió ha presentado, que es larga y consta de diversos puntos, me gustaría entretenerme unos
segundos en el primer punto porque, en parte, enlaza con algunas de las preocupaciones de la anterior intervención del portavoz del Grupo Popular.
El primer punto de esta proposición no de ley insta a fortalecer las capacidades técnicas y recursos humanos de los organismos estatales de cooperación, incorporando expertos y expertas en VIH/sida de acuerdo, tanto en número como en
cualificación, a la respuesta que España se ha propuesto dar a la enfermedad. España está aportando recursos al fondo, al sida, etcétera, en cantidades importantes, pero hoy España no tiene capacidades técnicas y humanas de garantizar que esos
recursos vayan en determinada dirección y sean coherentes con otras políticas que el Gobierno desarrolla en este campo, etcétera. Esto pone de manifiesto que para el Gobierno quizá lo más fácil es transferir recursos, pero no tiene una política
efectiva de lucha contra esa enfermedad. Todos somos conscientes de las debilidades de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo y de la Dirección General de Políticas de Desarrollo para poder, de verdad, cuando se aportan recursos a esos
organismos internacionales,
garantizar un seguimiento y una vinculación con las políticas de cooperación de carácter bilateral que el Gobierno español desarrolla en ese país. Quizá este es un debate muy técnico, muy poco dado a los titulares. Quizá hoy tendremos
otros debates más orientados a los titulares, pero lo que realmente necesitamos para combatir esa epidemia es que nuestra cooperación tenga la fortaleza, el músculo, que le permita que esos recursos que se derivan de los impuestos que pagan los
ciudadanos se gasten de manera adecuada. La conclusión práctica que me gustaría que se derivase de esta iniciativa es que dentro de un año pudiésemos decir que en esta y en otras materias la cooperación ha musculado, ha generado estructuras, hemos
podido contratar a profesionales cualificados, se influye en el fondo global, como hacen los otros países del entorno europeo. Cuando uno participa en reuniones del fondo global -he tenido ocasión de participar en un par de reuniones-, los
representantes gubernamentales de países de nuestro entorno tienen posiciones muy precisas sobre cómo debe orientarse la política del fondo, cuáles deben ser las prioridades, si tiene sentido hacer una determinada política en una dirección o no. En
esas cuestiones España tiene un perfil absolutamente bajo por las capacidades técnico políticas de la cooperación española.
Dicha esta cuestión, es evidente que queremos reafirmar el compromiso de las aportaciones al fondo global y los compromisos con Onusida, que es la agencia de Naciones Unidas. Nos parece que ahí hay que avanzar en la dirección de que las
aportaciones que haga España sean coherentes con su producto interior bruto. Queremos reafirmar el compromiso de continuar apoyando todas las iniciativas vinculadas a la búsqueda de la vacuna contra el sida y específicamente a IAVI, pues ya en
algunos presupuestos hemos incorporado efectivamente recursos a esa investigación. Debemos reafirmarnos en la necesidad de ser activos en la eliminación de aquellas barreras que impiden el acceso a los medicamentos de los países pobres.
Es una
cuestión que implica lógicamente a la industria, que plantea siempre esa compleja, difícil y vidriosa discusión en relación con los derechos de patentes; pero es evidente que entre el derecho a la salud y el derecho al beneficio, España debe
apostar por ese derecho a la salud.
Reafirmamos también, lógicamente, un compromiso del Estado español en la escena internacional en esta cuestión. Creo que es una proposición no de ley que debe servir para que seamos capaces de cambiar aquellos
aspectos donde las cosas aún no se hacen suficientemente bien y que nuestra política de ayuda al desarrollo en la lucha contra el sida sea mucho más eficaz, mucho más útil, que no sea simplemente una transferencia de recursos sino una implicación a
fondo en la lucha contra esa pandemia.
La señora PRESIDENTA: Hay una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra el señor Luena.
El señor LUENA LÓPEZ: La lucha contra la epidemia del VIH/sida es un compromiso político y también ideológico de toda la humanidad; es un cometido irrenunciable. La batalla que demos como sociedad, como país y también como responsables
políticos en la lucha contra el sida seguro que nos definirá en el futuro. Celebro la iniciativa del Grupo Catalán, de su proponente, porque pone de manifiesto su empeño y su voluntad de facilitar e impulsar acuerdos para reforzar el combate contra
esta epidemia, combate que hoy, como él decía, contempla una buena noticia con la aparición de la vacuna que pretende reducir el riesgo de contagio, vacuna que ha facilitado el trabajo conjunto de Estados Unidos y Tailandia. Porque la aparición y
la persistencia del sida como una epidemia global en un mundo sumamente conectado amenaza con comprometer y revertir el desarrollo económico y social en muchas partes del mundo. El sida tiene un impacto directo en la salud sobrecargando los
servicios de salud y empobreciendo a las familias. No escatimaremos esfuerzos para liberar a nuestros semejantes, hombres, mujeres y niños, de las condiciones abyectas y deshumanizadoras de la pobreza extrema. He recogido esta frase de la
Declaración del Milenio del año 2000 como preámbulo de los objetivos de desarrollo del Milenio, entre los que se encuentra el combate contra el sida. Esta declaración contiene una meta clara: haber detenido y comenzado a reducir para el año 2015
la propagación del VIH/sida. En la consecución de esta meta la cooperación española colabora con el Fondo mundial de la lucha contra el sida, con la iniciativa internacional para la vacuna contra el sida o con la principal agencia de Naciones
Unidas, Onusida, para frenar el contagio en los países en desarrollo y especialmente en el África subsahariana. El principal reto de esta política es lograr que la población de los países más pobres tenga acceso a las distintas formas de
planificación familiar y, sobre todo, a los preservativos como método más eficaz para impedir la transmisión del VIH, porque, señorías, prescindir del preservativo en la lucha contra el sida es una medida irresponsable que pone en peligro la vida de
millones de personas en todo el mundo.
Actualmente la cooperación española considera la lucha contra el sida como una prioridad que está establecida tanto en la estrategia de salud de la cooperación española del año 2007, así como en el III plan director. En cooperación
multilateral España colabora activamente y financia las siguientes instituciones. Como país participamos en el Fondo mundial de lucha contra el sida, la malaria y la tuberculosis desde su lanzamiento, con un compromiso inicial de 50 millones de
dólares en el periodo 2001-2004. En 2009 la contribución española es de 213 millones de dólares, a los que hay que sumar los 2.187.000 dólares que desembolsa la cooperación catalana. En 2008 la contribución ha sido de 150 millones de dólares. En
conjunto, esta contribución nos sitúa en el octavo país donante y constituye el 3,75 por ciento del presupuesto de ingresos del fondo para el año 2007.
En Unitaid, facilidad internacional de compra de medicamentos, España ha contribuido en 2009 con 15 millones de euros mediante una partida presupuestaria. La contribución española constituye el 7 por ciento del presupuesto de ingresos de
Unitaid para el año 2008. Al programa conjunto de Naciones Unidas, Onusida, España ha contribuido con 5 millones de euros en el año 2009. Para contribuir en la misión de la internacional Vacuum initiative de asegurar el desarrollo de una vacuna
eficaz y segura contra el sida, España contribuye en este año 2009 con 3 millones de euros y en el Partenariado internacional por los microbicidas España contribuye con un 1,5 millones de euros durante el año 2009.
Señorías, esta iniciativa de CiU, que pretende reforzar la lucha global contra el sida y el acuerdo, que espero construyamos en torno a ella, son esfuerzos y compromisos necesarios. Desde el Grupo Socialista sumamos nuestra fuerza y
nuestras ideas con una enmienda que hemos presentado y que pretende fortalecer los sistemas nacionales de salud en los países receptores de la ayuda oficial al desarrollo; impulsar los programas de educación y prevención públicos, especialmente los
dirigidos a jóvenes, a la prevención de la transmisión por vía materna y la protección del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que hace hincapié en la cooperación con África -no en vano el África subsahariana alberga
el 67 por ciento de todas las personas que viven con VIH y el 72 por ciento de los fallecimientos a causa del sida- y, por último, busca consolidar las aportaciones comprometidas por España al fondo global para la lucha contra el sida, la
tuberculosis y la malaria, manteniendo la cuota proporcional correspondiente a nuestro PIB en el fondo y de conformidad a los criterios del tercer plan director, incluida la participación en los programas de conversión de deuda del fondo que
procedan y de conformidad con los principios de asociación y acuerdo del país correspondiente.
Definámonos hoy, señorías, en la lucha contra esta terrible epidemia para poder ser vistos, mañana por nuestros semejantes pero hoy por quienes sufren y por toda la sociedad en general, como referentes públicos de las preocupaciones humanas,
y eso creo que somos.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Quiero destacar, señora presidenta, la proposición no de ley de Convergència i Unió, entre otras cosas, porque en la pasada legislatura en esta Comisión, a partir de diferentes iniciativas, algunas de ellas
presentadas por todos los grupos, conseguimos poner encima de la mesa precisamente la necesidad de que España liderase esas políticas de lucha y prevención del VIH. De hecho, la incorporación de España en su aportación, por ejemplo, a la iniciativa
internacional para la vacuna contra el sida, IAVI, fue una proposición no de ley trasladada y planteada por el conjunto de grupos parlamentarios.
Es cierto que España se puso -yo creo que es evidente- a la altura de lo que es hoy en materia de
aportaciones con los 150 millones de dólares que se aportan al fondo global, los 15 millones de euros al mecanismo de compra de medicamentos, los 5 millones de euros de aportación a Onusida, y podría continuar, porque es cierto que se están haciendo
políticas que representan un esfuerzo. El señor Campuzano decía, y precisamente nosotros así lo entendemos, que el problema de fondo es que estas políticas necesitan liderazgo, no solo de la aportación al fondo global y de ser uno de los
principales contribuyentes, sino de liderar y opinar en este contexto. Debe ser una política que sin lugar a dudas tiene que buscar el incremento de la aportación a iniciativas en materia de vacuna como la iniciativa IAVI y por supuesto la
multiplicación de la vacunación debido a que lamentablemente el incremento del tratamiento retroviral alcanza a mucha más gente de la que estaba entonces afectada, al 28 por ciento como explica Convergència i Unió en su exposición de motivos, porque
cuando no se está llegando a la mayoría de casos de personas afectadas por el VIH se tendrán que multiplicar las tareas de prevención.
Por tanto nosotros entendemos que es oportuna la proposición no de ley por una razón: porque intenta precisamente -luego trataremos otra sobre la coherencia de dichas políticas en lo que se refiere al impacto de determinadas declaraciones-
conseguir que el esfuerzo económico que está haciendo España en la lucha y prevención contra el sida vaya acompañado precisamente de un liderazgo en las políticas. Además esta es una demanda que nos están trasladando todos aquellos colectivos o
personas que están trabajando sobre la materia, que valoran positivamente la aportación que hace España y en cambio valoran de forma insuficiente el liderazgo que esta ejerce en el fondo global, en los marcos internacionales y en las propias
políticas que pueda desarrollar. Por eso entendemos precisamente que el mandato de fortalecer la presencia de España en el fondo global para la lucha contra el sida, demandar la mejor coordinación de los distintos actores y organismos
internacionales involucrados en la respuesta, el incremento de la aportación en torno a la iniciativa IAVI que se está aportando, aunque esa aportación aún es inferior a la que se necesitaría, todos los puntos que se plantean en definitiva van
encaminados a la necesidad de que desde la Comisión de Cooperación le demos un mandato al Gobierno: ustedes ya han puesto unos recursos y está bien, hay un avance, es cierto, España es hoy un actor principal en la lucha contra el sida, en la
aportación de fondos pero luego tiene que haber una política coherente. España tiene que tener una política precisamente en estos foros, en este marco, una política propia que se plantea en la AECID, que se plantea en la Secretaría de Estado de
Cooperación pero que se plantea aún de forma muy débil como mínimo si lo comparamos con los fondos que se están aportando. Creo que este mandato es más oportuno que nunca en un momento crucial, en un contexto en el que África continúa estando no
como estaba
sino peor. Podemos aportar aquí datos en cuanto a los índices pero son escalofriantes, son dantescos y creo que precisamente en este contexto es oportuna la iniciativa en una Comisión que hay que recordar que seguramente fue la que señaló
este elemento como una prioridad en la legislatura anterior -lo digo para hacer memoria, es bueno que hagamos memoria de lo que ha sido esta Comisión- y después de haber señalado esta política como una prioridad, después de los fondos, ahora la
Comisión dice: oiga, están haciendo ustedes una aportación notable en fondos, sitúenlo en una prioridad como políticas, no son suficientes los fondos.
Ese es el mandato de la proposición no de ley y por tanto nosotros le damos el valor relevante
que tiene.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Popular tiene la palabra su portavoz el señor Robles.
El señor ROBLES OROZCO: En primer lugar he de decir que evidentemente es oportuno traer una vez más una iniciativa que pone nuestra preocupación y nuestra prioridad en esta Comisión en todo lo que se refiere a la lucha contra el VIH/sida,
que no es la primera vez ni será la última que lo hacemos porque es obvio que forma parte precisamente de uno de los objetivos prioritarios en la lucha contra esta pandemia en el mundo. Es además uno de los objetivos del Milenio, por lo tanto,
sería difícil no estar de acuerdo con una iniciativa de esta naturaleza no solo porque refresca, actualiza, vuelve a dar un impulso, sino porque realmente los objetivos, aunque se ha avanzado, están lejos de conseguirse todavía. Sin embargo, hay
que ser justos, y creo que el hecho de que nos pongamos siempre un esfuerzo, unas metas, unas mayores exigencias a nosotros mismos no puede eclipsar la parte positiva que han tenido precisamente temas tan importantes como el fondo global contra el
sida; precisamente hemos tenido datos de los gestores de diferentes organismos que nos han aportado datos esperanzadores sobre el esfuerzo que se ha hecho. Por lo tanto, no solamente ya porque en el año 2000 se fijó como uno de los objetivos; en
aquel momento era el Partido Popular el que estaba en el Gobierno y, como decía, en el año 2000 firmó estos objetivos y entre ellos está precisamente la lucha contra el VIH/sida. En el año 2002 se constituyó el Fondo global contra el sida y la
primera aportación que se hizo a dicho fondo la realizó el Partido Popular en el año 2002. Acaba de decir el portavoz socialista que este año se han aportado 150 millones de euros. En el año 2002 ya se aportaron 100 millones de euros como fondo
fundacional en la lucha contra el VIH/sida.
Esto ha sido una constante en la lucha de la humanidad. En lo único que discrepo con el Grupo Socialista es en que ha deslizado que esto es una lucha ideológica. Sinceramente, no creo que sea una lucha ideológica, sino una lucha de la
población mundial a favor de la salud pública, de la humanidad, una lucha contra una pandemia y no hay color político posible en la lucha contra una amenaza, como significa en este momento para países enteros, que han visto mermadas sus poblaciones.
Es un drama humano, un drama para las familias, para los niños, para las mujeres, por eso es uno de los objetivos del Milenio y por eso todas las administraciones y todos los partidos han colaborado en esta dirección.
Debe seguir siéndolo. Ha
habido un esfuerzo continuado y estoy seguro que lo va a seguir habiendo por parte de la Administración española, de los diferentes partidos políticos, de las diferentes administraciones de las comunidades autónomas, que lo siguen haciendo, y de la
comunidad internacional. Estamos lejos de alcanzar los objetivos, pero hemos dado los pasos en la dirección correcta, que hay que seguir manteniendo.
¿Cuáles serían, a mi juicio, los cuatro pilares que hay que mantener, que hay que actualizar, que hay que tener permanentemente? En primer lugar, por la llamada de atención que nos hace la iniciativa de CiU, que no bajen los recursos. Es
evidente que hay que hacer un esfuerzo de mantenimiento y ser más exigentes en un momento difícil para la comunidad internacional. Que no bajen los recursos destinados a la lucha contra esta pandemia y a los objetivos que tienen que ver con el
objetivo del VIH/sida, de la malaria y de la tuberculosis. Por tanto, primero, los recursos. Segundo, que los tres temas clave de los objetivos se mantengan. En primer lugar, el acceso universal a todos los mecanismos de prevención. Existe un
consenso internacional sobre estos temas que en su día se llamó estrategia ABC, que significa que, con arreglo a las opciones de vida de cada persona, debe estar el acceso universal a todos los mecanismos de prevención que en este momento se han
manifestado útiles. Por tanto, en primer lugar, la prevención universal y el acceso de todas las personas con arreglo cada uno a sus opciones de vida. En segundo lugar, el impulso decidido a las políticas de investigación en materia de vacunas.
Hoy hemos tenido, como todos han resaltado, una buena noticia. Ha habido un ensayo clínico que afecta a 16.000 personas, un ensayo clínico importante que parece que abre expectativas ilusionantes.
En todo caso, es obvio que hay que seguir
impulsando la investigación en materia vacunar. En tercer lugar, y muy importante mientras no encontremos otras alternativas, el acceso también universal a los retrovirales. Es obvio que estamos lejos de alcanzar los objetivos que nos gustarían,
pero también es verdad que se han dado pasos importantes.
Hoy hay millones de personas que acceden gratuitamente a los retrovirales, lo que ha significado un cambio importantísimo en sus expectativas de vida y también de desarrollo en estos países.
Recordemos que el sida ha mermado de forma espectacular las expectativas de desarrollo de muchos de estos países porque simple y llanamente ha fallecido un gran número de personas, que sería el capital humano necesario para el desarrollo de estos
países. Por tanto, garantizar recursos, garantizar un acceso eficaz a los métodos de prevención, impulso decidido a la investigación en vacunas y acceso universal y gratuito a los retrovirales.
Esos son los objetivos que siempre hemos mantenido y que yo creo que compartimos. Sinceramente, cuando
nos ha tocado en cada momento, todos hemos hecho un esfuerzo para impulsar esto y el Gobierno español lo está haciendo también. Es evidente que siempre se podrán mejorar los mecanismos. Hemos tenido un debate anteriormente sobre la
necesidad de la transparencia de estos fondos en los organismos internacionales, pero en todo caso me atrevería a decir que con más o menos transparencia en este momento ese es un fondo que funciona, un fondo que es imprescindible mantener, algo en
lo que es difícil no estar de acuerdo, porque, si hay algo que nos interroga a todos con dureza, es precisamente ver las imágenes tremendas del VIH/sida en tantas y tantas partes del mundo. Me atrevo a decir algo más, nuestro país ha tenido, en
cierta medida, una experiencia durísima con este tema.
España ha sido uno de los países que, precisamente por lo que en su día se llamó la epidemia de la heroína, ha vivido más de cerca lo que ha significado el drama del VIH/sida, y por eso tenemos
mucha experiencia.
Tenemos grandes profesionales, excelentes médicos, buenos programas de reducción del daño y mucha experiencia en Instituciones Penitenciarias en estos asuntos y, por lo tanto, hemos dado un buen ejemplo para la comunidad
internacional. España, por muchas razones, pero también porque hemos vivido muy de cerca este fenómeno, tiene un compromiso que cumplir.
Estoy muy de acuerdo con la iniciativa de CiU y también con la enmienda que propone el Grupo Socialista. Por
lo tanto, si hay un acuerdo entre el Grupo Socialista y el grupo proponente, el Grupo Popular lo va a mantener, sin olvidarnos -insisto- de que estos son los cuatro pilares con los que hasta ahora ha funcionado la estrategia internacional y creo que
debe seguir funcionando en el futuro.
La señora PRESIDENTA: ¿Acepta el Grupo de Convergència i Unió la enmienda del Grupo Socialista y se votaría como adición?
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Aceptamos la enmienda del Grupo Socialista que entiendo es de sustitución.
La señora PRESIDENTA: Sí, es de sustitución.
- RELATIVA A LAS DECLARACIONES DEL PAPA BENEDICTO XVI SOBRE LAS PROPIEDADES DEL PRESERVATIVO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS.
(Número de expediente 161/001016.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto 7.º del orden del día: Proposición no de ley relativa a las declaraciones del papa Benedicto XVI sobre las propiedades del preservativo, presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, con el número de expediente 161/001016. No se han presentado enmiendas. El señor Herrera, su portavoz, tiene la palabra.
El señor HERRERA TORRES: Esta proposición no de ley la registrábamos en esta Cámara en el mes de abril, justo después de que el Parlamento belga aprobase por doce votos a favor, tres en contra y una sola abstención, una proposición no de
ley idéntica en sus términos a la proposición no de ley que aquí se discute. El Parlamento belga era sensible a la política que habían liderado desde Bélgica en la lucha contra el sida y, como era sensible, lo que intentaba era hacer una
manifestación coherente para garantizar que ninguna declaración, fuera de quien fuera, fuese en menoscabo de la política que había liderado Bélgica. La realidad, a día de hoy, es que el sida es un drama; pero, sobre todo, es un drama que tiene
proporciones dantescas en un sitio, en África. En África, cerca de 25 millones están afectados por el VIH. El 75 por ciento de la población mundial que muere cada año por VIH es africana. En África es donde el sida tiene estas proporciones
dantescas. La realidad es que, a pesar de todo, se están observando signos positivos en la mejora de los dieciocho países más gravemente afectados por la epidemia. Se están detectando estos signos positivos por cambios en el comportamiento de la
población afectada y por la utilización del preservativo en estos países.
En este contexto, el pasado 17 de marzo, a la llegada a Yaundé, la capital de Camerún, el papa Benedicto XVI afirmaba que no se puede superar el sida con la distribución de preservativos; al contrario, aumenta el problema. Eso es lo que
decía no solo una autoridad religiosa, sino un jefe de Estado, y lo decía en un continente en donde más de 25 millones de personas están contagiadas por el virus del sida. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Discúlpeme, señoría. Por favor, les ruego guarden silencio cuando habla el portavoz de la iniciativa.
El señor HERRERA TORRES: Dos días después de esas declaraciones, tres organizaciones -el programa conjunto de Naciones Unidas sobre VIH/sida, Onusida, el de la población de Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud- consideraban
que debían hacer una declaración pública y desmentir esas palabras irracionales del Papa, y señalaron que la utilización del preservativo era un elemento crucial. Sí, crucial, porque lo está siendo para un enfoque integral, eficaz y sostenible de
la prevención del VIH y que se debería acelerar su promoción. Por otra parte, The Lancet, una de las revistas médicas más prestigiosas del mundo en temas relacionados con la salud, formuló también una dura crítica a dichas declaraciones. Dicha
publicación se refirió al efecto desastroso que las afirmaciones contrarias a la verdad científica, hechas por una autoridad, pueden tener sobre las personas. The Lancet dio por sentado, por lo tanto, que la afirmación de Benedicto XVI contradecía
la verdad científica con la intención de promover
la doctrina católica, mejor dicho el dogmatismo de algunos, porque dichas declaraciones no eran un simple error; eran una estrategia deliberada que afecta a las políticas y a la coherencia de las políticas que se están intentando
implementar en el Planeta y concretamente en África, afectando a miles de personas y al trabajo de miles de personas, muchos de ellos cristianos católicos que trabajan en África para prevenir el sida y que lo hacen, por supuesto, con el reparto de
preservativos como uno de los medios más eficaces en la lucha contra dicha pandemia.
Inmediatamente después, ¿qué pasó? Que hubo reacciones internacionales, como no podía ser de otra manera, porque hablaba una autoridad, hablaba un jefe de Estado, y hablando una autoridad y un jefe de Estado se estaba afectando precisamente
a la lucha contra el sida que se está realizando el Planeta y por ello también en el continente africano. El Gobierno francés, a través del portavoz del ministerio de Exteriores, expresaba su gran inquietud, tras las palabras de Benedicto XVI,
afirmando que sus declaraciones ponían en peligro las políticas de salud pública. Ningún Gobierno radical lo decía; lo decía el Gobierno francés. También existían declaraciones del Gobierno alemán. Desde Alemania la ministra de Sanidad y su
homóloga de Cooperación y Ayuda al Desarrollo abogaban abiertamente por el uso del preservativo. Decían: El preservativo salva vidas, tanto en Europa como en otros continentes. Eso es lo que decían desde Berlín las ministras del Gobierno alemán.
Y después apareció una resolución, en este caso del Parlamento belga, aprobada por mayoría el día 2 de abril y que ha inspirado la proposición no de ley que hoy estamos discutiendo. No estamos hablando de una coma más o una coma menos que lo que ya
ha aprobado el Parlamento belga. Le recomiendo la lectura del debate que tuvo el Parlamento belga, cuya resolución se aprobó por doce votos a favor, tres en contra y una abstención y con participación de partidos de todos los colores: con la
socialdemocracia, con los verdes, con partidos de la izquierda y con partidos conservadores que entendían que la lucha contra el sida era una prioridad y que no se podía tolerar que nadie, fuera quien fuera, hiciera declaraciones dogmáticas. El
Parlamento belga lo tenía claro, no cabía el dogmatismo ni aceptarlo, ya fuera un dogmatismo ideológico o religioso, y hacía una resolución no de reprobación -como algunos han querido ver- sino de rechazo a dichas declaraciones.
Los datos hoy son contundentes: el preservativo es el medio más eficaz para la lucha contra el sida, como hemos dicho. Sin lugar a dudas a esta Cámara no le competería valorar si el Papa por ejemplo impulsara la castidad entre sus
feligreses; no tendría que decir nada. Sin embargo, esta Cámara después de haber liderado precisamente las políticas y la lucha contra el sida, y esta Comisión, que fue la que señaló la necesidad de que estas políticas debían ser una prioridad
para el Gobierno, sí tienen autoridad para opinar sobre aquellas declaraciones que afectan a una estrategia de la política de cooperación de este país y de muchos países en la lucha contra el sida. Sí, el sida se evita con la utilización del
preservativo; es una realidad científica. El problema está en que un mensaje falaz o equívoco expresado por cualquier persona pone en riesgo la salud de millones de personas que pueden llegar a confundir la defensa de una fe con un consejo médico.
Eso es un problema para aquellos que queremos -y creo que aquí lo queremos todos- que la lucha contra el sida sea eficaz.
Hay que tener en cuenta el alcance universal de dichas afirmaciones y el impacto sobre el comportamiento de centenares de miles de personas y hay que tener en cuenta también la repercusión que puede haber tenido en África, un continente en
el que muchas personas están trabajando contra ese impacto dantesco del sida. Lo que nosotros planteamos, por tanto, es esa declaración clara, diáfana, en la que se rechace y se manifieste esa consternación, como ha hecho el Parlamento belga, ante
dichas declaraciones. El rechazo ante el dogmatismo y el rechazo ante un dogmatismo deliberado que lo que busca precisamente es no solo confundir, sino que consigue con esa confusión que muchas personas rechacen el uso del preservativo como
protección para la lucha contra el sida. Lo que buscamos es lo que ha dicho el Parlamento belga: Protestar por la vía oficial y diplomática, como ha hecho Bélgica, como trasladó el Parlamento belga a su Gobierno; también mostrar la reacción
enérgica frente a todo Estado que afirme que el preservativo no es eficaz en la lucha contra el sida, que no tenemos que hacer las políticas que se tienen que hacer y que están resultando eficaces, y que el ministro de Exteriores aclare siempre en
cualquier declaración cuál es su postura.
Para acabar, quiero decir que lamentamos que no se haya presentado enmienda alguna. Sé que había voluntad de que así fuese, pero la enmienda -no sé si la vimos, quizás la vimos-, en cualquier caso, no llegó. Lo lamentamos por una razón,
porque creo que hubiese sido positivo que el Parlamento se pronunciase como se han pronunciado otros parlamentos. A veces hay una retórica muy beligerante, pero una práctica muy continuista en las relaciones con la Iglesia y con la jerarquía
eclesiástica. Lo digo precisamente en un Estado que tiene acuerdos con el Vaticano preconstitucionales, como ustedes saben. Ese es otro debate, por supuesto que sí, pero, ante declaraciones de tal gravedad, hubiese sido oportuno que el Congreso y
esta Comisión se pronunciase. Por tanto, tengo que lamentar que por parte de ningún grupo haya llegado enmienda alguna.
Parece que este es un tabú que esta Cámara no puede tratar. En el Parlamento belga puede haber una mayoría amplia que rechace
dichas declaraciones, pero en este Parlamento, pese a aprobar en esta Comisión políticas de lucha contra el sida muy eficaces, pese a haber aprobado en esta Comisión que el sida sea una prioridad para el Gobierno, pese a haber sido un acicate para
que el Gobierno sitúe la lucha contra el sida como una prioridad en su ayuda oficial al desarrollo, no somos capaces ni siquiera de una
simple declaración, no ya en los términos que nosotros planteábamos, sino diciendo claramente que ese no era el camino.
Nosotros vamos a continuar planteando la necesidad de liderazgo en lo político, en los recursos, en la coherencia de las políticas y para coherencia en las políticas lo que tendremos que hacer es declarar que cuando se hacen afirmaciones
así, vengan de donde vengan, este Parlamento dice no a aquellos dogmáticos de la fe, de la religión o de las ideologías que lo que intentan precisamente es condenar a miles de personas a que acaben contagiados por el sida si finalmente lo que hacen
es seguir sus prédicas. Yo creo que desde el Parlamento, seas del color que seas y tengas la fe que tengas, se debería decir eso, pero lamentablemente, este Parlamento, esta Comisión, no va a rechazar el dogmatismo. Aquellos que se dicen
defensores de la libertad no van a rechazar el dogmatismo y yo creo que habrá que lamentarlo, por lo menos nosotros lo lamentaremos.
Lamento, finalmente, que el Grupo Mixto no nos acompañe. Uxue Barkos me había dicho que apoyaría esta proposición no de ley, pero no va a poder ser; por tanto, probablemente solo nuestro grupo -probablemente, no lo sé- apoye dicha
proposición no de ley. Contrastará poderosamente con esa votación, ampliamente mayoritaria del Parlamento belga, donde derecha e izquierda se unían para decir no a la mentira, no a la falsedad y sí a lo que funciona, a lo que realmente previene la
lucha contra el sida, para decir sí a que las políticas de lucha contra el sida tienen que ser coherentes con recursos, con políticas, con declaraciones y con afirmaciones. Nosotros continuaremos diciendo lo que decimos y, por supuesto,
modestamente manifestaremos esa consternación y ese rechazo por lo que es simplemente una mentira científica y lo que es simplemente una condena a miles de personas a la transmisión del sida, si es que hacen caso, que espero y que estoy seguro de
que no harán caso, de las palabras de Benedicto XVI.
La señora PRESIDENTA: A continuación tienen la palabra los grupos de menor a mayor, comenzando por el señor Esteban del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
El señor ESTEBAN BRAVO: Oyendo al señor Herrera, si la conclusión a la que debería llegar la ciudadanía, si esta Comisión rechaza su propuesta, es que el Congreso de los Diputados y los partidos políticos que forman parte de él están en
contra del uso del preservativo y no piensan que su uso sea un medio eficaz para la lucha contra el sida, se estaría llegando a una conclusión evidentemente errónea. (El señor Herrera Torres: Yo no he dicho eso.) Sí, en su última intervención,
señor Herrera, ha venido a decir eso y nos acusaba a quienes no apoyáramos su proposición no de ley de que estaríamos indirectamente causando ese efecto. Si no es así, me alegro.
Evidentemente creemos desde mi grupo que el preservativo es un medio eficaz y que hay que seguir con la política que en el ámbito de la cooperación se está llevando desde el Estado y desde las comunidades autónomas. Desde luego no
compartimos, y nos hubiera gustado que no se hubieran producido, las declaraciones del Papa en su visita a África, pero creo sinceramente que la redacción de la proposición no de ley no es la más adecuada. Además, me parece que se está queriendo
forzar para llevar a un terreno más ideológico -fuera ya de la lucha contra el sida- este debate y lo que vaya a discutir la Comisión de Cooperación, y creo que en ese terreno no deberíamos entrar.
He defendido el uso del preservativo en la lucha contra el sida, pero de ahí a que -y leo el primer párrafo de la proposición no de ley- el Congreso de los Diputados afirme solemnemente que el preservativo masculino de látex es la tecnología
individual disponible más eficaz para disminuir la transmisión sexual del VIH... Leído así suena un poco chirene que el Congreso de los Diputados esté afirmando solemnemente que...; en fin.
Dicho esto, punto dos: Protestar por vía oficial y diplomática a través de nuestro embajador en la Santa Sede contra las declaraciones realizadas por Benedicto XVI. He dicho y repito que a nuestro grupo le hubiera gustado que no se
hubieran producido, pero también tengo que decir, después de hablar con mucha gente que está sobre el terreno y con muchos africanos que estuvieron pendientes de ese discurso, que el discurso de Benedicto XVI no se limitó únicamente a eso. En
África se interpretó también positivamente que en cuestiones como la defensa de los derechos humanos, hiciera un alegato en ese mismo discurso que hasta entonces no se había producido de manera tan rotunda y tan oficial por parte de la Iglesia.
Quiero decir que si vamos a condenar o a decir que esto está muy mal, quizá también deberíamos ponderar y calificar de positivas otras frases y otras actitudes que se presentaron en ese discurso y en esa visita.
De todas maneras, si nos ponemos en la realidad, ¿qué esperábamos? ¿Qué se puede esperar que diga el Papa? No es un Estado al uso como aquí lo estamos tratando. Es verdad que tiene esa vertiente laica de Estado como otro cualquiera, pero
no es un Estado al uso. ¿Vamos a tener que decir nosotros lo que tiene que pensar la Iglesia en materia moral? Creo que tampoco nos corresponde. Por cierto, ¿usted cree de verdad -además conociendo la realidad como sé que la conoce- que los
religiosos y las gentes cercanas a la Iglesia que están sobre el terreno en África van a dejar de repartir preservativos? ¿Y que ese discurso oficial del Papa va a tener un reflejo sobre el terreno verdaderamente grande? ¿Va a tener un impacto?
Yo personalmente creo que no. Si hasta ahora no se ha producido eso -insisto- incluso desde la acción de las propias organizaciones religiosas, me parece que en el futuro tampoco va a suceder. Reacciones en contra de declaraciones deberíamos hacer
muchas, casi todas las semanas, ante excesos de muchos dirigentes, de muchos dictadores, de muchos gobernantes que han accedido al poder democráticamente pero que
lo usan de una manera no muy correcta desde el punto de vista de los derechos humanos y democráticos.
En el punto 2, b) instan ustedes a reaccionar enérgicamente frente a todo Estado u organización que en el futuro ponga en cuestión la utilización del preservativo como medio profiláctico. ¿Qué significa reaccionar enérgicamente? Por poner
un ejemplo, ¿qué hacemos con Sudáfrica? Ha tenido un Gobierno, el anterior, para el que esto de la lucha contra el sida y el preservativo... Era algo que en todos los foros y desde todos los países se criticaba. Y con un presidente que va a
seguir en lo mismo y que hace gala además de que esto del preservativo no tiene absolutamente nada que ver con la transmisión del sida. ¿Qué significa reaccionar enérgicamente? ¿Hay que cortar las relaciones diplomáticas? ¿No hay que hacer
cooperación internacional con Sudáfrica? ¿Hasta qué punto llevamos esto? ¿Qué significa esto? Porque que el Congreso lo apruebe debería marcar unas pautas. ¿O significa que el ministro de Asuntos Exteriores tiene que estar cada semana, en cuanto
haya una noticia que salga en The Economist, diciendo: afirmamos desde el Gobierno solemnemente que el preservativo masculino de látex...?
En el punto 2, c), se insta a que el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación recuerde expresamente, en el marco de sus entrevistas políticas con las autoridades de los países, que las opiniones del Papa no tendrán de ningún modo una
influencia en la política de cooperación al desarrollo de España. ¿Pero esto hay que decirlo? ¿Alguien puede pensar que las declaraciones del Papa tienen que tener una influencia en las decisiones que tome España como Estado soberano? No me
parece serio. Es que esto va de suyo, per se. ¿O es que estamos aquí pendientes de lo que piense la Iglesia? Estamos legislando no desde un punto de vista moral, sino desde otro punto de vista. Por tanto, sinceramente, estando de acuerdo con
usted en que hubiera sido absolutamente preferible que el Papa no hubiera entrado en esos temas, me parece que la proposición no de ley, en los términos en que está planteada, es un exceso y por eso no podemos apoyarla, señor Herrera. No porque no
estemos de acuerdo con usted en muchos aspectos de la lucha contra el sida, claro que sí.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Mi grupo tiene un interés muy relativo en entrar en una discusión muy a fondo ante una iniciativa quizá más pensada, de manera legítima, para generar titulares mediáticos que no para, de verdad, intentar
cambiar las cosas. Esto lo respeto por la legitimidad que tiene el grupo proponente de abrir este debate, pero me parece que sabemos todos que es más fácil y más barato -y tiene consecuencias muy relativas- que aprobásemos esta proposición no de
ley, que no ser capaces de extender el uso de los anti-retrovirales, avanzar en la vacuna contra el sida, comprometer una política de desarrollo más sofisticada, más compleja y más útil; en definitiva, de verdad, transformar la realidad. Demasiado
interés en ese debate no tenemos por lo que no queremos entrar. Tampoco tenemos interés en juzgar las opiniones del Papa y además en términos de un debate en exceso simple y maniqueo, cuando todos compartimos -cuando se está gobernando, cuando se
está en la oposición, cuando hemos debatido y votado en esta Comisión- el consenso médico y científico en esta materia. Al final de su intervención don Gonzalo Robles apuntaba precisamente esos puntos de consenso. Todos, en el Estado español,
desde quienes son más sensibles a la doctrina católica hasta quienes se posicionan desde otras perspectivas, compartimos una misma política. Por tanto, no existe en España una posición de una parte de la Cámara que entienda que en la política de
lucha contra el sida no se vote el uso del preservativo. Al contrario, en la Cámara todos los grupos compartimos que el preservativo forma parte, de manera esencial, de la prevención en contra del sida.
Quizás -y eso sea otro motivo por el cual mi grupo no tiene demasiado interés de entrar en el fondo- el grupo proponente pretende situar esta discusión en otro debate. Lo ha mencionado de pasada en su intervención.
Es un debate que tiene
que ver, a nuestro entender, con un laicismo mal entendido y con esas ganas, quizá compartidas en Bélgica, aunque los belgas me interesan muy relativamente. Bélgica no me inspira demasiada confianza en demasiadas cosas, la verdad. Bélgica no me
inspira esa confianza en demasiadas cosas. Creo que intentar aprovechar la afirmación del Papa para reafirmar una cruzada ideológica en España frente al poder o no poder de la Iglesia católica no toca en esta Comisión y menos hablando de sida.
Además quizá -y el señor Esteban ha hecho referencia a ello- no daríamos valor a lo que es una realidad de la cooperación en África, que es el enorme esfuerzo de las comunidades religiosas precisamente en la lucha contra el sida y precisamente
rompiendo con los dogmas de la organización a la que pertenecen. Por ejemplo, yo hubiese agradecido que en el texto del grupo proponente figurase alguna referencia al reconocimiento de esa enorme actividad que el mundo de la Iglesia católica viene
desarrollando en África, insisto, contraviniendo las doctrinas dogmáticas de la organización a la que pertenece y relativizando, señor Herrera, el impacto de las declaraciones del Papa.
Por suerte, los misioneros desplegados en África van a
continuar haciendo lo que deben, que va a ser hacer poco caso a esa opinión. Quizás nuestro debate dé más fuerza a esas afirmaciones.
El señor Esteban apuntaba una cuestión sobre la que yo también tenía previsto hablar, ya que me parece muy interesante. No hemos tenido un debate de características similares a este cuando los gobernantes sudafricanos han mantenido
posiciones, no contrarias al preservativo, no, contrarias a la existencia de la enfermedad. Los gobernantes de ANC han negado la existencia de una enfermedad, han dicho que es una invención.
Que yo sepa,
tienen más responsabilidades los gobernantes de Sudáfrica que el Papa, entre otras cosas porque son los responsables de las políticas de salud en ese país. ¿Quizás será porque son de izquierdas los gobernantes sudafricanos?, ¿no son
católicos? Me temo, señor Herrera, que usted ha pretendido situar ese debate en el terreno que no toca en esta Comisión.
Por tanto, no hay ninguna razón para votar favorablemente hoy su propuesta. Es evidente que usted está en el derecho de
representar a los sectores de la opinión pública que coinciden con esa visión, pero desde la perspectiva de las políticas, de los valores y de las actitudes que defendemos desde Convergència i Unió de ninguna de las maneras podemos apoyar su
iniciativa sin ningún tipo de complejos.
La señora PRESIDENTA: Por Grupo Popular tiene la palabra su portavoz, el señor Robles.
El señor ROBLES OROZCO: Explicaba el señor Herrera que presentó esta iniciativa en el mes de marzo o abril, justamente a raíz del viaje del Papa. Desde entonces se han producido una serie de reacciones en la sociedad española, así como una
serie de publicaciones en los medios de comunicación. Me he documentado para hacer la fijación de posición de nuestro grupo. He ido a la hemeroteca, he sacado bastante información y he encontrado un sentido común apabullante en la sociedad
española. Se han hecho encuestas en diferentes medios de comunicación, y todas ellas muestran un sentir general, yo creo que inequívocamente. Entre el 70 y el 80 por ciento de la población expresa claramente una idea, que es el derecho que tiene
cualquier jefe de Estado, es más, cualquier persona, a expresar libremente su opinión, independientemente de que se comparta o no se comparta. Es decir, no ha salido ningún estudio, ninguna encuesta, ningún comentario general que no muestre el
sentido del respeto a lo que en este momento representa el Papa como jefe del Estado Vaticano -que tiene unas características especiales de las que ahora podemos hablar-, y como líder religioso que representa a millones de personas en el mundo.
Por
lo tanto, el sentido común de la inmensa mayoría de los españoles entiende que tiene cobertura de jefe de Estado, de persona y de líder religioso para opinar, independientemente de que se comparta la totalidad, la parcialidad o ninguna de las
declaraciones que se han hecho. Por ello, esa censura que se pretende imponer a un jefe de Estado, a un líder religioso, a una persona, parece un poco fuera de lugar.
Como gran argumento, el señor Herrera ha hecho permanentemente referencia a lo que ha hecho el Parlamento belga. Y yo vuelvo un poco sobre el mismo argumento. Es curioso que el señor Herrera solo encuentre como gran argumento lo que hace
el Parlamento belga. Me permito recordarle que en Naciones Unidas hay más de 150 países, y si entre todos estos países solamente uno ha hecho semejante cuestión, me parece que el sentido común o lo que ha hecho la inmensa y abrumadora mayoría del
resto de los países es precisamente no pronunciarse. Usted nos pone como ejemplo un país en el mundo, que es Bélgica, y no nos habla de lo que ha hecho el resto de los 150 países, que es precisamente lo contrario de lo que usted está diciendo. Por
tanto, el sentido común nos dice eso, pero aparte del sentido común, señor Herrera, no se puede ignorar que España tiene firmados convenios, que tienen carácter de tratado internacional, con el Vaticano. El Vaticano es un Estado soberano que forma
parte de Naciones Unidades y tiene convenios que tienen rango de tratado internacional. El artículo 1 de ese tratado internacional dice que el Estado español garantizará el libre ejercicio del magisterio de la Iglesia, que usted puede no compartir,
que otros compartirán parcialmente, que otros compartirán de otra manera, pero es el que es, señor Herrera, y, por tanto, la expresión libre de su magisterio, independientemente -insisto- de que usted lo comparta, no lo comparta y de que incluso
muchos católicos compartan parcialmente lo que haya podido decir el Papa, está amparado por el derecho internacional, por los acuerdos internacionales.
Por consiguiente, hay un sentido común, hay una abrumadora mayoría, hay unos convenios
internacionales, hay un tratamiento como jefe de Estado, que es de hecho el Papa, hay un tratamiento como persona libre. Pero además, señoría, no podemos ignorar que el Papa representa el sentimiento de millones de personas. Hay más de 1.100
millones de católicos en el mundo que, independientemente -le insisto- de que compartan la totalidad de lo que haya podido decir el Papa, se sienten representados por un líder religioso que, en fin, tiene su magisterio y es el que es. Y, como muy
bien decía el señor Esteban, ¿qué podía usted esperar que dijera el Papa cuando viaja a África? Pues dice lo que siente en este momento la doctrina de la Iglesia, que es su doctrina y la expresa de esa manera.
Creo que esto está absolutamente fuera de lugar, porque -insisto- no simboliza en este momento ni los acuerdos que España tiene, ni lo que representa el Vaticano, ni lo que representa la Iglesia, ni es justo porque -también lo han comentado
los anteriores portavoces- si se hace un juicio de esta naturaleza, hay que hacerlo en su totalidad. Convendría haber conocido o explicitado en la intervención todo lo que de verdad dijo el Papa en su viaje a África, todo lo que hizo realmente el
Papa en su viaje a África y todo lo que hace la Iglesia. Porque si usted lo lleva al terreno de lo que el Papa representa, la Iglesia es un conjunto muchísimo más amplio incluso de lo que puede ser la curia vaticana, también son los millones de
personas religiosas que están en África, sobre el terreno, haciendo una labor encomiable. Por tanto, creo que no está ajustado a la realidad.
Además hoy hemos tenido la suerte -permítame que se lo diga, señor Herrera- de poder haber hablado sobre una iniciativa que precisamente entra en el fondo de la cuestión, que es cómo abordar el problema del VIH en el mundo; hoy hemos
debatido una proposición no de ley para recordarnos lo que pensamos, sentimos y llevamos haciendo los diferentes gobiernos desde hace
mucho tiempo. Existe un consenso en todo el mundo, a través de los programas internacionales, de los fondos globales, de las estrategias en materia de prevención, de las estrategias en materia de retrovirales y de las estrategias en materia
de vacunación. Hoy hemos recordado que estamos apoyando estrategias de desarrollo de vacunas; hemos recordado que estamos apoyando en este momento el desarrollo del reparto universal de los antirretrovirales y que hay un consenso en el mundo
basado en la estrategia ABC, que significa que, con arreglo a las opiniones éticas, personales y morales en el mundo, habrá un acceso universal a los métodos preventivos de acuerdo cada uno con su planteamiento de vida, sus creencias, etcétera. Por
tanto, si ese consenso existe y los gobiernos están trabajando en eso, me parece que estamos haciendo un debate que responde a otros intereses y no a la eficacia en la lucha contra el sida.
Usted hablaba de dogmatismos y no dogmatismos, y permítame que le diga, con todo el afecto que le tenemos, que precisamente su iniciativa, a mi juicio, tiene un tufillo ciertamente un tanto dogmático, con olor a ese tufillo o prejuicio
militante decimonónico que tienen determinados sectores de la izquierda española frente a lo que significa la Iglesia.
Es difícil no ver en su iniciativa ese tufillo de prejuicio militante anticlerical o anti Iglesia que sería bueno que fuéramos
capaces de desterrar. En todo caso no es ninguna sorpresa lo que le voy a decir ahora: que es obvio que el Partido Popular no va a apoyar su iniciativa y que creemos en la libertad del Papa para expresar sus opiniones en el libre ejercicio de su
magisterio pues, como dicen los acuerdos internacionales, el Papa es el jefe del Estado Vaticano y es, además, el líder religioso de más de mil millones de personas en el mundo e, independientemente de que se compartan o no sus opiniones, tiene todo
el derecho a expresarlas. Creo que sería mucho más justo si se habla de la Iglesia enjuiciar en todo caso el conjunto de la actividad de la Iglesia a favor de miles y miles de personas en el mundo. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista tiene la palabra su portavoz, señor Calabuig.
El señor CALABUIG RULL: En primer lugar, queremos expresar nuestra posición desde el respeto evidente a las expresiones que puedan realizar la Iglesia católica y el Papa en esta y en otras cuestiones. Ahora bien, dicho esto, no podemos más
que lamentar profundamente las palabras que pronunció el Papa en Camerún, así como manifestar nuestra discrepancia porque esas palabras no pueden quedar en el aire; eso tiene consecuencias. El Papa es una persona de referencia muy importante y,
por tanto, se le puede y debe exigir especial responsabilidad a la hora de pronunciarse públicamente. Estamos ante un problema, el sida, que afecta a millones de personas y que, además, como antes se ha mencionado, tiene una especialísima
repercusión en el África subsahariana. En estos casos de especial gravedad, es evidente que todas las personas de relevancia pública, incluido, por supuesto, el Papa, han de proceder, como decía, con responsabilidad y no contribuir a sembrar la
confusión porque eso tiene gravísimas consecuencias para las personas y para el desarrollo de los países, especialmente los más pobres y en este caso, en concreto, los subsaharianos.
Por otro lado, hubo una declaración de Onusida, del Fondo de las Naciones Unidas para la Población, de la Organización Mundial de la Salud, que nos parece llena de toda lógica y donde se dejaba claro que el preservativo es un componente
esencial de las estrategias integrales destinadas a reducir el riesgo de exposición sexual al VIH. Por tanto, es claro que en estas estrategias el preservativo es un elemento esencial para desarrollar un enfoque que sea eficaz y sostenible para la
prevención del VIH. Esas mismas organizaciones están diciendo con claridad que es necesaria su promoción, que esté disponible, que sea accesible y que tenga un precio razonable para las personas. También se ha mencionado antes, que estamos -y todo
el mundo lo reconoce- ante una tecnología eficaz y accesible para reducir los riesgos de transmisión del VIH y de otras enfermedades de transmisión sexual. Por otra parte, todos los estudios realizados son concluyentes: existen pruebas científicas
de que es un procedimiento útil para reducir el riesgo de transmisión del VIH de manera significativa. Estamos en una situación en la que lo más importante es seguir liderando e impulsando las líneas desarrolladas por la cooperación española que
tienen un amplio consenso aquí y, como hemos podido ver, también en el seno de la comunidad internacional. La idea, lógicamente, es intervenir con eficacia, impulsando la salud sexual y reproductiva, así como la prevención del sida, especialmente
en los países receptores. En este sentido -y antes hemos podido analizarlo en la proposición anterior de Convergència i Unió-, la cooperación española ha crecido muy significativamente en este ámbito: se ha ampliado la contribución al Fondo
mundial contra el sida, la tuberculosis y la malaria, y también se ha incrementado el apoyo a Onusida.
El señor Herrera nos ha puesto el caso del Parlamento belga. Se trata, al parecer, de una posición bastante excepcional porque normalmente en todos los países la dirección de la política exterior corresponde al Ejecutivo.
Por tanto, en
este sentido cada institución debe ejercer su papel. Ha habido posicionamientos por parte del Gobierno lamentando estas declaraciones y aclarando nuestro apoyo a la continuidad de estas estrategias a favor de la salud sexual y reproductiva en la
lucha contra el sida, y que en esas estrategias, desde luego, este presente el preservativo. Por esa razón, nos parece que este no es el momento ni el lugar para de alguna manera expresar un planteamiento que en el fondo está reprobando claramente
las declaraciones de un jefe de Estado; no creemos que sea función de este Parlamento la reprobación de ese jefe de Estado y por tanto no podemos dar el apoyo a esta proposición no de ley, aun cuando evidentemente sí estamos de acuerdo, insisto, en
lamentar
muy profundamente las palabras que pronunció el Papa en Camerún, expresando también que creemos que son palabras muy negativas para la lucha contra el sida, sobre las que desde luego nosotros expresamos nuestra completa discrepancia. El
Papa, como persona de proyección mundial, ha de tener especial responsabilidad a la hora de expresarse y en este caso desde luego no contribuyó a la solución de un problema gravísimo en África. En todo caso, lo más importante es seguir
desarrollando políticas activas en la lucha contra el sida y hacerlo como lo estamos haciendo en España, como lo está haciendo la Unión Europea y como lo están haciendo todos los organismos internacionales correspondientes y particularmente los de
Naciones Unidas.
- RELATIVA A LA SALUD MATERNA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA
REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS Y GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001104.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos, por tanto, al punto 8º del orden del día: proposición no de ley relativa a la salud materna. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Popular, Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Grupo Parlamentario Mixto. Número de expediente 161/001104.
Como se ha producido en otra proposición no de ley anterior, es una proposición firmada por todos los grupos parlamentarios. Si alguno de sus portavoces quiere hacer uso de la palabra está en su derecho y si ustedes quieren acortar los
tiempos porque todos lo tienen claro, podríamos pasar a la última proposición no de ley. Ustedes tienen la palabra. ¿Declinan hacer uso de ella? (Denegaciones.)
Por el Grupo Popular tiene la palabra por tanto el señor González.
El señor GONZÁLEZ RODRÍGUEZ: No sé si otros grupos tampoco declinan.
La señora PÉREZ HERRAIZ: Haremos una intervención breve.
La señora PRESIDENTA: Disculpen, los portavoces son los que tienen la palabra. Si quieren hacer uso de ella, tiene la palabra en primer lugar, de menor a mayor, el señor González.
El señor GONZÁLEZ RODRÍGUEZ: ¿De menor a mayor soy yo?
La señora PRESIDENTA: Los demás han declinado, así que tiene usted la palabra.
El señor GONZÁLEZ RODRÍGUEZ: No me parece bien, como respeto a millones de mujeres, no hacer algún comentario respecto a esta proposición no de ley que, además, a diferencia de la anterior, tiene un consenso general, lo que es de agradecer.
Entrar en esta Comisión, hacer una PNL, que esté desde el principio todo el mundo de acuerdo y que haya consenso, la verdad es que ha sido un placer y a mí y a mi grupo nos agrada sin ningún tipo de duda.
Esta proposición no de ley responde a algo que yo le dije a la secretaria de Estado, doña Soraya Rodríguez, en una ocasión en que compareció aquí, y es que la cooperación española e internacional tiene que tener un desarrollo claro en cuanto
a visitar la realidad de la que estamos hablando, visitar los lugares a los que va la ayuda española y la ayuda internacional. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Disculpe, señor González.
Señorías, les ruego a todos ustedes que guarden silencio cuando hay un portavoz en el uso de la palabra. Las alegres tertulias, fuera de la sala. Gracias.
El señor GONZÁLEZ RODRÍGUEZ: Efectivamente, esta proposición no de ley surge como consecuencia de una visita a Senegal precisamente para ver cómo se encontraba en este país la cooperación y la ayuda respecto a la salud maternal y la
reproducción. De ahí sale esta proposición no de ley que considerábamos que tenía que ser una proposición consensuada, cosa que al final ha ocurrido y de lo cual nos alegramos. Además, posteriormente a nuestra visita y a la redacción de esta
proposición no de ley, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas presentó una resolución en la que se reconoce la prevención de la mortalidad y morbilidad materna como un problema de derechos humanos urgente pues vulnera los derechos de la
mujer a la salud, la vida, la educación, la dignidad y la información, demandando la obligación de los Estados para resolver todos estos derechos de la mujer, según fecha de 12 de junio del presente año. Aunque consideramos la exposición de motivos
absolutamente correcta y la exposición de motivos y la proposición no de ley al final han tenido el consenso esperado, yo, como ha ocurrido en otras situaciones muy parecidas con las que me he encontrado en esta Comisión, no me resisto a silenciar
algunas cifras por lo espectacularmente negativas que son para determinadas regiones del mundo como son África subsahariana o Asia meridional. El riesgo de que una mujer de África subsahariana muera por complicaciones tratables o prevenibles del
embarazo o del parto durante toda su vida es de uno de cada 22, mientras que en las regiones desarrolladas es de uno de cada 7.300. Por tanto, la
diferencia es brutal y me parece que ya este dato en sí es suficiente para que esta proposición no de ley tenga sentido. Pero es que hay otro, que además lo vimos personalmente en esta visita. En el año 2006 cerca del 61 por ciento de los
nacimientos en el mundo en desarrollo fueron asistidos por personal cualificado, lo cual representa un aumento respecto a 1900, cuando era de un 50 por ciento. No obstante, la cobertura sigue siendo baja en Asia meridional, un 40 por ciento, y en
África subsahariana, un 47 por ciento. Cuando hablamos de estas cifras -la visita que se realizó evidentemente impactó a todos los que estuvimos durante esos días en Senegal-, cuando hablamos de personal cualificado podemos tener en la mente el
mundo occidental, podemos tener en la mente a Estados Unidos e incluso a América Latina, pero aquí estamos hablando de lugares donde este personal cualificado, que es mínimo en número, también tienen una mínima formación. No estamos hablando de
enfermeros, no estamos hablando de médicos, sino que estamos hablando normalmente de mujeres que han hecho un cursillo, según nos explicaron, de un mes o quince días y a partir de ahí se dedican a traer niños y niñas al mundo. Es decir, la
situación realmente es insostenible y de ahí el sentir de esta proposición no de ley.
Es más, tampoco me resisto a silenciar un apartado de la resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas -solamente voy a decir uno, y con ello finalizo, señora presidenta-, el número tres, que dice lo siguiente. Pide a todos
los Estados que renueven su compromiso político de eliminar la mortalidad y morbilidad maternas prevenibles en los planos local, nacional, regional e internacional y que redoblen sus esfuerzos para lograr el cumplimiento pleno y efectivo de sus
obligaciones en materia de derechos humanos y de la Declaración y plataforma de acción de Beijing, el Programa de acción de la conferencia internacional sobre la población y el desarrollo y su conferencia de examen y la Declaración del Milenio, los
objetivos de desarrollo del Milenio, en particular los objetivos relativos al mejoramiento de la salud materna y la promoción de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer, objetivos números 3 y 5, especialmente asignando los
recursos internos necesarios a los sistemas de la salud. De ahí que tanto por la proposición no de ley que todos los grupos presentan, lo cual es una satisfacción para esta Comisión, como por lo que Naciones Unidas solicita con respecto a la
actitud de los Estados y el comportamiento ante esta impresionante y terrible situación de la salud maternal en determinadas regiones de la tierra, el sentir de esta proposición no de ley sea un sentir satisfactorio ante la aprobación y el consenso
de todos los grupos.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra en este caso su portavoz, la señora Pérez Herraiz.
La señora PÉREZ HERRAIZ: Seré esquemática.
Como dijo el señor González, esta iniciativa fue promovida por un grupo de ONG, creo recordar que su acrónimo es GIE, a las que lógicamente manifestamos nuestro agradecimiento por esta iniciativa. Trata de uno de los objetivos de desarrollo
del Milenio que está teniendo peor evolución que los demás y, por tanto, aunque hay una preocupación general, es lógico que haya una preocupación mayor por este objetivo que está evolucionando peor. Además, tiene una importancia especial porque, al
repercutir en la vida de las mujeres, al repercutir en la vida de mujeres jóvenes, repercute también de una forma muy importante en la evolución de estas sociedades por el papel que las mujeres tienen en la familia y en las posibilidades de
desarrollo y de avance. Es también, como puso de manifiesto el señor González, uno de los parámetros que manifiesta una mayor diferencia entre los países ricos y pobres.
El avance lento en este objetivo probablemente sea debido a que está vinculado a cambios estructurales que requieren compromisos sólidos para garantizar financiación suficiente y sostenida durante un periodo más prolongado de tiempo.
Estamos por lo tanto en un momento difícil porque la crisis que está sufriendo todo el mundo puede repercutir en que se dediquen menos recursos a la evolución de los países en desarrollo pero tenemos que tener en cuenta que esos países sufren con
mayor agresividad esa crisis que los países desarrollados, por lo tanto, uno de los objetivos sería mantener esos recursos. Consideramos muy adecuada esta completa iniciativa porque busca no solo incrementar recursos sino también contribuir a la
sensibilidad sobre el problema para que otros también contribuyan y, lo que consideramos más importante, hacerlo cooperando los países desarrollados, en concreto nosotros, para fortalecer los sistemas nacionales de salud teniendo en cuenta que son
los países socios quienes tienen que definir sus sistemas y los donantes actuar coordinadamente entre sí y con los países destinatarios, y contribuir a que los países en desarrollo dediquen más recursos para mejorar su asistencia sanitaria, por
ejemplo en África, cumpliendo el compromiso por ellos mismos alcanzado de dedicar el 15 por ciento de su presupuesto a salud.
El Gobierno de España viene demostrando su compromiso respecto a este objetivo de mejorar la salud materna, ha estado presente en la Conferencia internacional de población y desarrollo, estará presente en una que creo que se celebrará a
principios de octubre junto con socios europeos y mantiene los objetivos de desarrollo para mejorar la salud sexual y reproductiva, mejorando el acceso a formación, la posibilidad de planificación familiar, aumentando el acceso a consultas
prenatales y la calidad de las mismas y la atención en los partos, así como un compromiso específico para disminuir la mortalidad y la morbilidad asociadas a interrupciones de embarazo inseguras. Permítanme únicamente que recuerde, además del
compromiso con respecto a este objetivo que figura en el III plan director que se desarrolla en este momento, que en el año 2008 España dedicó a
ayuda oficial al desarrollo para salud sexual y reproductiva 179,9 millones de euros y en concreto la Administración General del Estado, 160,7. Pero consideramos que hay que continuar manteniendo la situación de alerta para conseguir que
nuestro Gobierno no disminuya sus esfuerzos y que influya en otros gobiernos y en los gobiernos de los países a los que se destina la ayuda para mejorar sus sistemas de salud para evitar esta mortalidad tan acusada y disminuir en este campo las
diferencias tan grandes que nos distinguen a unos países de otros.
- RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE CESIÓN DE LA TITULARIDAD DE BIENES INMUEBLES EN LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DE DESARROLLO POR PARTE DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL
DESARROLLO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001144.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la última proposición no de ley, la del punto 9.º del orden del día, relativa a la modificación del régimen de cesión de la titularidad de bienes inmuebles en la concesión de subvenciones a organizaciones no
gubernamentales de desarrollo por parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, del Grupo Parlamentario Popular, número de expediente 161/001144. Se ha presentado una enmienda. Para la defensa de esta proposición no
de ley tiene la palabra su portavoz el señor Robles.
El señor ROBLES OROZCO: Muy brevemente porque veo caras de ansiedad en la mayoría de los miembros de la Comisión, con lo cual solo les diré que lo que pretende esta iniciativa es reforzar los instrumentos de la sociedad civil y básicamente
lo pretende porque hay que partir de la realidad en la que se mueve la inmensa mayoría del desarrollo institucional de los países con los que cooperamos. Solamente quiero aportar un dato del último informe de transparencia internacional. De los 52
países con los que España coopera, solamente tienen aprobado cuatro países, es decir, el 8 por ciento; un 42 por ciento, es decir 21 países están suspensos y al 50 por ciento se les considera países deficientes en sus índices de transparencia, por
decirlo de alguna manera suavemente. Esto debería reforzar nuestras precauciones a la hora de buscar los mejores instrumentos para avanzar en el fortalecimiento institucional. No quiero optar por un modelo único en lo que significa en este momento
la transferencia de los bienes vinculados a los proyectos de desarrollo, y por eso hemos aceptado -lo digo de antemano- una transaccional a la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista. Nuestra proposición viene a decir que se refuerce
directamente a las organizaciones no gubernamentales en vez de optar de forma prioritaria por las administraciones, pero me parece razonable que dejemos abierto un abanico de posibilidades, que en cada momento sea la Agencia Española de Cooperación
la que decida, analizando cada situación concreta, cada circunstancia concreta, qué es lo más conveniente para reforzar a ese país vía sociedad civil, instituciones locales, municipalidades o posibles beneficiarios directos del programa a través de
determinados tipos de colectivo, etcétera. En vez de cerrar un modelo y tener un a priori... Probablemente está bien intencionado. Ha ido cambiando desde la orden de 2003, después hubo una modificación en 2006, luego la experiencia demostró que
había que corregir la de 2006 y se volvió a modificar. Con todo eso quiero manifestar que la vulnerabilidad de las circunstancias de los países con los que hacemos cooperación nos aconseja tener diseñado un modelo amplio, en el que podamos elegir.
Hoy tenemos el ejemplo de lo que está sucediendo en Honduras. Me consta que en este momento hay preocupación en administraciones, también en la Agencia Española de Cooperación, sobre cómo canalizar nuestros esfuerzos de cooperación con el pueblo
hondureño y quiénes serían los beneficiarios mejores; se quiere optar, como es natural en un momento como este, por apoyar a la sociedad civil. Lo que quiere nuestra iniciativa es que la orden de subvenciones no cierre un modelo exclusivamente
destinado bien a las administraciones o bien a las organizaciones sociales, sino que podamos analizar caso por caso, proyecto por proyecto, qué es lo más conveniente para reforzar bien directamente a las organizaciones gestoras del programa, bien a
los beneficiarios que puedan serlo o bien en un momento determinado a una administración, sea de carácter municipal, local o supralocal. Eso es lo que pretende nuestra iniciativa, partiendo, como digo, de dos realidades: la experiencia de lo que
es nuestra cooperación y el conocimiento de las debilidades institucionales que tienen los países con los que hacemos cooperación. (El señor vicepresidente, Puche Rodríguez-Acosta, ocupa la Presidencia.)
Aceptamos, lógicamente, la enmienda que plantea el Grupo Socialista, con el que hemos hecho una transaccional donde queda recogida toda esta exposición.
El señor VICEPRESIDENTE (Puche Rodríguez-Acosta): Para la defensa de su enmienda tiene la palabra la señora Casaus.
La señora CASAUS RODRÍGUEZ: Voy a empezar tomando como referencia la vigente orden de la AEC 1303/2005, de 27 de abril, que regula las bases para la concesión de subvenciones a organizaciones no gubernamentales de desarrollo para realizar
intervenciones en materia de cooperación internacional para el desarrollo. Esta orden establece que los inmuebles adquiridos o construidos con la subvención concedida por la AECI deberán quedar afectados a los fines para los cuales se concedió la
subvención y serán además transferidos a los beneficiarios finales o a entidades públicas locales, sin que puedan disponer de ellos libremente ni la ONG
de desarrollo española ni tampoco la entidad que actúe en calidad de socio local, entendiendo que la entidad que actúa en calidad de socio local no sea una agrupación de beneficiarios o una entidad pública local. La norma, que fue aprobada
en el año 2005, es por tanto consecuente tanto con el compromiso de la cooperación española como con los principios de la Declaración de París de marzo de 2005, y en particular es consecuente con el objetivo de reforzar las capacidades de los
Estados socios y evitar las estructuras de implementación paralelas. También pretende esta orden, esta disposición, que la financiación internacional no contribuya a la creación de estructuras suplantadoras del Estado, ya que puede suponer el
debilitamiento de Estados que ya de por sí son débiles. Si atendemos además al actual plan director 2009-2012, un plan trabajado y respaldado por todos los grupos parlamentarios de esta Comisión, vemos que en este texto también se refuerza este
compromiso, que está recogido en diversos puntos a lo largo de todo el texto, ya que en el plan director 2009-2012 se hace especial hincapié en la necesidad de disminuir las unidades de ejecución paralela. (La señora presidenta ocupa la
Presidencia.)
Es lógico, porque a su vez esta es una de las metas de la cooperación española. Aun con todo lo que estoy diciendo, esta orden, la AEC 1303/2005, no impide taxativamente que los inmuebles adquiridos o contraídos con la subvención concedida
de la AECI queden bajo la titularidad de ninguna ONG de desarrollo local. ¿Por qué? En primer lugar, porque ya esta orden da un tratamiento especial a las organizaciones locales, que son manifestaciones organizadas de colectivos desfavorecidos,
puesto que contempla que puedan tener la consideración de beneficiarios y/o mantener la titularidad de los inmuebles. Y en segundo lugar, porque también prevé otras posibles circunstancias bajo las cuales no sería posible la transferencia a
beneficiarios o a entidades públicas.
Por ello, esta misma orden, y por supuesto todo su desarrollo normativo, abre la posibilidad de utilizar otras alternativas. ¿Qué alternativas ofrece? Por un lado, se ofrece poder suscribir acuerdos entre una
entidad pública y una agrupación legalmente constituida de beneficiarios, eso por una parte, y los socios locales por la otra, siendo la primera parte la que se compromete a hacer el seguimiento de las actividades y a garantizar la vinculación de
que los bienes han sido para los fines para los que fueron adquiridos.
Otra de las alternativas hace referencia al reconocimiento por parte de las autoridades locales de que los inmuebles son centros concertados -que es equivalente a un local- con las políticas públicas locales de educación o de salud. Además,
también está previsto que cuando existan otras circunstancias que no están aquí recogidas que impidan la transferencia se pueda solicitar una prórroga. Así, transcurrido un periodo de al menos diez años, tiempo en el cual el socio local pueda
demostrar que sí hay vinculación de los inmuebles con la finalidad para la que se otorgó tal subvención y su gestión es idónea, es entonces cuando se finalizaría el proceso de transferencia. Por tanto, la orden de bases y su desarrollo normativo sí
que ofrecen un amplio marco de posibilidades y de soluciones que hacen imposible la transferencia de los inmuebles, por lo que en ningún caso podemos decir que se está obligando a esa transferencia a beneficiarios o a entidades públicas locales de
una manera general o global. Pero ante todo hemos de tener presente que uno de los principales objetivos y del trabajo de la AECI con las ONG de desarrollo es fortalecer estas organizaciones de la sociedad civil, entendiendo este fortalecimiento
desde el punto de vista del aumento de capacidades, no del incremento patrimonial. Es decir, por el hecho de adscribirse una organización no gubernamental a estas subvenciones no tiene que afectar para nada a la identidad para la que se concedió,
que no es otra que buscar fines de desarrollo y de lucha contra la pobreza.
Por todo esto, hemos de tener presente que la normativa de la agencia respecto a las transferencias de inmuebles es también una salvaguarda para las organizaciones no gubernamentales de desarrollo españolas, que son receptoras de estas
subvenciones y responsables de su gestión frente a la Administración. Y es que la responsabilidad de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo españolas termina cuando se transfieren los bienes adquiridos con la subvención a beneficiarios
o a entidades públicas. También termina cuando se suscriben los acuerdos o conciertos a los que he hecho referencia a lo largo de toda mi exposición, teniendo en cuenta, a su vez, que las ONG locales que actúan como socio o contraparte son, a todos
los efectos, una prolongación de la ONG de desarrollo española. Por eso, si no se respeta el compromiso de afectación de los bienes para los fines que se concedieron -que si se trata de inmuebles es hasta de veinte años- la ONG española que es la
beneficiaria de esa subvención responderá ante la AECI. Aun entendiendo que el marco es mejor que lo abramos mucho más y en aras de una buena transparencia y en virtud de poner en valor, sobre todo, el trabajo, la gestión y la eficacia de las ONG
de desarrollo con vistas a responder ante el fin al cual se les concede esas subvenciones, hemos llegado a un acuerdo con el grupo proponente, con el Grupo Popular, para ampliar mucho más ese abanico de posibilidades y de ofertas, atendiendo a una
mejor transparencia, mejor gestión y mejor rentabilidad de los recursos públicos.
La señora PRESIDENTA: Señor Esteban Bravo, señor Campuzano, ¿van a hacer uso de la palabra? (Negación.) ¿Señor Herrera? (Negación.) Vamos a proceder pues a la votación. Quiero advertirles una cosa por las alegres tertulias a las que
estoy asistiendo de fondo. El uso de la palabra ha sido estricto. SS.SS. han sido, todos y todas muy respetuosas en el uso del tiempo. Si hemos llegado a las dos menos diez de la tarde es porque todos ustedes han tenido tiempo para manifestarse.
Por tanto, las alegres tertulias fuera de la sala. Ahora vamos a proceder a votar.
En primer lugar votamos la primera proposición no de ley, que se vota con la transaccional que tienen todos ustedes en su mano porque el señor letrado la ha repartido.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Segunda proposición no de ley, del Grupo Socialista, que incorpora las dos enmiendas del Grupo Popular que han sido aceptadas y la autoenmienda del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos el punto 3.º del orden del día, la proposición de Convergència i Unió, acumulada a la de Iniciativa per Catalunya, que por tanto son las números 644 y 645. Se vota con una transaccional aceptada por los grupos proponentes.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
El punto 4.º del orden del día es la proposición firmada por todos ustedes. Por tanto, entiendo que queda aceptada por unanimidad.
El señor ESTEBAN BRAVO: Señora presidenta, mi grupo no la firmó y me gustaría abstenerme.
La señora PRESIDENTA: Perdóneme. Entendí que estaba firmada por todos los grupos parlamentarios. Entonces la votamos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos el punto 5.º del orden del día, la proposición no de ley número 766, del Grupo Popular. Se vota en sus términos.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos el punto 6.º del orden del día, la proposición número 994, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), con una enmienda de sustitución del Grupo Socialista. Se vota con la enmienda de sustitución.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
El punto 7.º del orden del día, la proposición no ley de Iniciativa per Catalunya Verds, número 1016, se vota en sus términos ya que no ha habido ninguna enmienda.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 18; abstenciones, 18.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Punto 8.º del orden del día, proposición no ley presentada por todos los grupos parlamentarios.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Punto 9.º del orden del día, proposición no de ley del Grupo Popular, número 1144. Hay una enmienda transaccional del Grupo Socialista, que es aceptada por el Grupo Popular.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Señorías, siguiendo mi tradición y antes de convocar Mesa y Portavoces que tenemos a continuación, les recomendaría que vieran una película estupenda, Frozen River, sobre la trata de seres humanos.
Se levanta la sesión.
Eran las dos de la tarde.