CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2009 IX Legislatura Núm. 256

NO PERMANENTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS

DEL PACTO DE TOLEDO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN MORANO MASA

Sesión núm. 7 celebrada el miércoles 15 de abril de 2009

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor gobernador del Banco de España (Fernández Ordóñez) para informar sobre temas relacionados con el objeto de la Comisión. Por acuerdo de la Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto
de Toledo. (Número de expediente 212/000554.)...
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Se abre la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde.



El señor PRESIDENTE: Señorías, iniciamos la sesión de esta Comisión No Permanente de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos para el Pacto de Toledo. Tenemos un punto único del orden del día, que es la comparecencia de don Miguel Ángel
Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España, para informar sobre temas relacionados con el objeto de la Comisión.



Señor gobernador, bienvenido a esta Comisión una vez más. Tiene la palabra.



El señor GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA (Fernández Ordóñez): Señor presidente, señorías, transcurridos ya cinco años desde la última evaluación del Pacto de Toledo y en el marco del nuevo proceso de evaluación que ha iniciado el Congreso en
2008, comparezco ante esta Comisión para transmitirles mis puntos de vista sobre la situación y las posibles reformas del sistema de pensiones, que resumen el contenido de una nota del servicio de Estudios del Banco de España que se les hará llegar
en muy breve plazo.



Antes de iniciar mi intervención, me gustaría enfatizar que el contenido del Pacto de Toledo, esto es, el sistema de pensiones y su reforma, no entra dentro de las competencias que tiene atribuidas el Banco de España.
La definición de las
reformas concretas del sistema de pensiones es una cuestión eminentemente política y corresponde, por tanto, al Poder Legislativo su fijación. Por ello, la nota que está ultimando el servicio de Estudios, y que hoy les voy a avanzar, no debe
entenderse como una propuesta de reforma por parte del Banco de España. El documento, como verán, no es sino un resumen de lo que puede entenderse como el consenso de los especialistas en relación con el diagnóstico sobre la situación y los
problemas de nuestro sistema de pensiones y sobre las posibles vías para afrontarlos, un resumen que es una actualización del que en el año 2000 presentó en esta misma Comisión el director general del servicio de Estudios.



Tras este breve preámbulo, déjenme recordar que el Pacto de Toledo cuenta ya con más de trece años de existencia, trece años en los que la evolución demográfica y, hasta fechas recientes, la evolución macroeconómica han permitido una mejora
significativa de la situación financiera de la Seguridad Social. Desde la firma del pacto, la población española ha experimentado un fuerte crecimiento, de más de 6 millones de personas, en su mayoría población inmigrante. El fenómeno de la
inmigración ha sido importante no solo por su volumen, sino también por su composición, en la medida en que se ha concentrado en los grupos de edad más jóvenes. En paralelo, la evolución macroeconómica permitió que este fuerte crecimiento de la
población fuera absorbido por el mercado de trabajo. En este caso ha sido destacable la contribución de la población extranjera y asimismo el importante papel que ha desempeñado la progresiva incorporación de las mujeres nacionales al mercado de
trabajo.
Todo ello se dio en un contexto de crecimiento del número de jubilados muy reducido, como consecuencia de que correspondía la jubilación a las generaciones que nacieron en la guerra civil y en la posguerra.



Como resultado, el crecimiento de los afiliados ha sido en estos años muy superior al de las pensiones, lo que explica el mantenimiento de superávits crecientes de la Seguridad Social hasta alcanzar el 1,3 por ciento del PIB en 2007. Estos
superávits se destinaron en parte al Fondo de Reserva, que alcanzó una magnitud significativa, cercana al 5 por ciento del PIB al finalizar 2008. Sin embargo, en el último año, el impacto de la crisis económica también se ha dejado sentir en las
cuentas de la Seguridad Social, de forma que se ha producido un rápido deterioro de ese superávit, que incluso podría desaparecer en un año. El análisis del sistema de la Seguridad Social no debe, sin embargo, basarse en los resultados del sistema
en el corto plazo. La propia firma del Pacto de Toledo no fue sino un reconocimiento de que la viabilidad de un sistema de pensiones de reparto como el español debe analizarse desde una perspectiva de largo plazo.



Desde esta perspectiva, me gustaría subrayar que, de acuerdo con los análisis realizados por analistas e instituciones nacionales e internacionales, ni los superávits de la Seguridad Social de la última década, ni tampoco el previsible
empeoramiento de su situación financiera en los próximos ejercicios, modifican en lo esencial el diagnóstico, de forma que se puede afirmar que todavía subsisten los problemas relacionados con la sostenibilidad financiera del sistema actual de la
Seguridad Social, que fueron los que en su día motivaron, entre otras razones, la firma del pacto. Y es que estos problemas son el resultado, esencialmente, de dos fenómenos: la brusca reducción de la tasa de natalidad y el progresivo aumento de
la esperanza de vida al nacer, que condicionan la estructura actual y futura de la pirámide poblacional española. De un lado, el incremento de la esperanza de vida provocará que el colectivo de más de 65 años gane progresivamente peso en el total
de la población, mientras que la base de la pirámide se está estrechando como resultado de tasas de natalidad por debajo de las tasas de reposición. Como consecuencia, el perfil de la estructura por edades de la población se está transformando
desde su forma piramidal actual hacia una forma más parecida a un pilar. Esto incluso bajo el supuesto de una cierta recuperación de la tasa de natalidad y el mantenimiento de unos flujos migratorios con el exterior positivos para nuestro país.



En definitiva, de acuerdo con las proyecciones demográficas actuales de Eurostat, elaboradas en 2008, la tasa de dependencia, esto es, la población mayor de 65 años sobre población en edad de trabajar, se podría más que duplicar entre 2008 y
2050; podría ir desde el 24 por ciento actual hasta casi el 59 en el año 2050. Las implicaciones de esta evolución demográfica sobre la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones de reparto son de sobra conocidas. Se generaría una presión
creciente sobre


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el gasto en pensiones, de forma que los modelos actualmente disponibles, incluidos los elaborados por los ministerios de Economía y Hacienda y de Trabajo e Inmigración, que incorporan todas las modificaciones legislativas aprobadas en los
últimos años, muestran que esta partida de gasto público prácticamente se duplicaría en el mismo periodo temporal referido, de forma que el sistema podría entrar en déficit creciente a partir del año 2025.



Debe subrayarse también que los desarrollos demográficos más recientes, en particular los intensos flujos de entradas de inmigrantes en nuestro país, no resuelven el problema. En el mejor de los casos, la entrada de inmigrantes en edad de
trabajar retrasa el aumento de la tasa de dependencia derivado del envejecimiento de la población y por tanto retrasa la aparición de los problemas, pero estos persisten en su magnitud. ¿Cómo afrontar el reto que la demografía plantea para la
sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones? La dimensión del problema requiere que este se afronte a través de una estrategia que reúna tres características. Primero, la estrategia debe ser amplia, es decir, debe combinar medidas en distintos
frentes. En concreto, las medidas deben perseguir unas finanzas públicas saneadas, implementar reformas estructurales en la economía y una reforma del propio sistema de pensiones, como mencionaré a continuación. En segundo lugar, la discusión de
estas medidas no debería dilatarse en el tiempo. Y, finalmente, las reformas deberían tener un alcance suficiente, avanzando en la línea de las recomendaciones efectuadas en la revisión del Pacto de Toledo. En cuanto a la amplitud de la
estrategia, el primer pilar de la misma debe basarse en el mantenimiento de unas finanzas públicas saneadas. De nuevo debemos adoptar aquí una perspectiva de medio plazo.



Con independencia de que en el año 2008 hayamos asistido a la reaparición del déficit público y de que con casi total seguridad este alcance niveles significativamente más elevados en el año 2009, lo relevante es que en el medio plazo, una
vez que desaparezcan los efectos de la crisis económica, se retome la senda de saneamiento de las cuentas públicas y sobre todo la tendencia de reducción de la deuda pública, a la que, con la excepción del año pasado, asistimos de manera recurrente
desde 1997.
Estas consideraciones también sirven para justificar que el recorrido al alza del déficit público no puede ser ilimitado en la situación actual, con el fin de evitar que se genere un fuerte aumento de deuda pública que imponga una carga
excesiva sobre generaciones futuras. En este sentido los compromisos con las reglas fiscales de medio plazo, establecidas en el Pacto de Estabilidad, a nivel europeo, y en las leyes de Estabilidad Presupuestaria, a nivel nacional, siguen siendo la
mejor guía para gestionar nuestra política fiscal. En segundo lugar, como los informes técnicos enfatizan, desde el punto de vista macroeconómico, los problemas de sostenibilidad de las finanzas públicas se ven aliviados si evolucionan
favorablemente el empleo y la productividad de la economía.
El margen de mejora es amplio y exige reformas estructurales en muchos ámbitos, como el mercado de trabajo y los mercados de bienes y servicios, además de la educación y la formación de
los trabajadores. De nuevo la perspectiva temporal es aquí importante, la visión de largo plazo que debe mantenerse en el análisis de la sostenibilidad del sistema de pensiones es perfectamente compatible con el hecho de que muchas de las reformas
necesarias para mejorar el empleo y sobre todo la productividad de la economía solo pueden desplegar sus efectos tras un periodo relativamente dilatado de tiempo.



Con ser importantes los dos pilares de la estrategia mencionados, enfrentarse al problema del impacto del envejecimiento de la población sobre el sistema de pensiones en el largo plazo requiere también reformas en el propio sistema de
pensiones. Además, estas reformas resultan complementarias de las estructurales mencionadas con anterioridad, en particular de las relativas al mercado de trabajo y la de mantener unas finanzas públicas saneadas. Esta cuestión es precisamente el
objeto central de esta Comisión y en ella ha estado trabajando con intensidad en la última década, en particular en cómo modificar los actuales parámetros del sistema para garantizar su sostenibilidad en el largo plazo. Ello me lleva a retomar los
otros dos aspectos claves de la estrategia: la rapidez y el alcance de los cambios a llevar a cabo.



Por una parte, aunque la aparición del primer déficit en el sistema pueda parecer muy lejana, debe tenerse en cuenta que el horizonte de planificación e implementación de las reformas es también largo. Por tanto, deberían ser debatidas sin
demora para que, tras una implantación gradual, las reformas surtan todos sus efectos cuando el fenómeno del envejecimiento empiece a incidir con mayor virulencia. Por otra parte, también es necesario que las reformas del sistema de pensiones sean
suficientes. Desde la firma del Pacto de Toledo y su posterior renovación, se han aprobado distintas modificaciones legislativas que en general puede considerarse que han ido en la dirección adecuada. Algunos ejemplos son la separación de las
fuentes de financiación de la Seguridad Social -aunque aún no esté completada-, la unificación de las bases de cotización, la creación del Fondo de Reserva y la progresiva simplificación de los regímenes, entre otras. Sin embargo, entre las propias
recomendaciones del pacto hay otras medidas que merecen ser discutidas, dado que pueden tener un impacto considerable sobre la sostenibilidad del sistema.



Llegados a este punto, por consiguiente, cabe preguntarse qué reformas del sistema de pensiones deben ser estudiadas. El abanico de posibilidades es aquí amplio y la decisión sobre cuáles pueden introducirse requiere de una valoración no
solo técnica sino sobre todo política de las mismas. La resolución de los problemas del sistema puede pasar por modificaciones en los parámetros de ingresos o de gastos, pero la selección de la combinación más adecuada o que resulte más razonable
requiere una importante valoración política. Ahora bien,


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algunas combinaciones pueden resultar preferibles a otras, desde el punto de vista de la eficiencia económica, en la medida en que puedan generar unos mayores incentivos a, por ejemplo, participar en el mercado de trabajo. Desde un punto de
vista técnico, lo importante es mantener una elevada proporcionalidad entre las prestaciones que se reciban y las cotizaciones que se pagan, algo que ha sido subrayado desde el primer momento en las recomendaciones del Pacto de Toledo.



Sobre las distintas opciones disponibles, déjenme referir algunas que han sido ya aplicadas por algunos países de nuestro entorno y que por tanto han sido de alguna forma probadas. Insisto en reiterar que no se trata de propuestas del Banco
de España, sino que lo que el banco pretende es ayudar a esta Comisión en sus trabajos exponiendo las medidas que se han aplicado en otros países. En primer lugar, y dentro de lo que conformarían las medidas que afectan al gasto en pensiones,
algunos países han optado por retrasar la edad de jubilación. Para ello se han introducido medidas en tres frentes. Por una parte, se ha tendido a endurecer las condiciones para la jubilación anticipada y es aquí donde el complemento con las
reformas estructurales mencionadas con anterioridad es mayor. Las reglas del sistema de pensiones deben generar los incentivos adecuados para la permanencia en el mercado de trabajo y esta permanencia debe también tratar de maximizarse a través de
un proceso de formación continua de los trabajadores y de flexibilidad salarial que adecue los incrementos a la productividad. Por otra parte, se ha incentivado la permanencia en la vida laboral más allá de la edad legal de jubilación. Y,
finalmente, se ha decidido retrasar la edad legal de jubilación, aunque hay que admitir que esto solo se ha adoptado en un número reducido de países. Es el caso de Alemania, donde se ha procedido a aprobar muy recientemente un incremento gradual de
la edad de jubilación desde los 65 hasta los 67 años. Las distintas simulaciones disponibles indican que esta es una medida con un fuerte efecto en términos de reducción del gasto en pensiones.



En segundo lugar, y siguiendo por el lado del gasto, otros países han optado por ampliar significativamente el número de años de cotización para el cálculo de la base reguladora. La aplicación de una medida de similares características en
España nos acercaría a la situación de algunos países de nuestro entorno. En concreto, recientemente, Francia ha pasado de tomar 10 años a incluir 25 años en ese cálculo, mientras que Austria lo ha ampliado desde 15 hasta 40 y un número importante
-entre ellos, Finlandia, Polonia, Portugal o Suecia- lo han aumentado a la totalidad de la vida laboral. Esta reforma estaría alineada con las propias recomendaciones del Pacto de Toledo y aumentaría la proporcionalidad del sistema, esto es, la
relación entre las pensiones percibidas y las cotizaciones efectuadas. Relacionado con esta cuestión, en el caso español existiría la posibilidad de seguir avanzando en las reformas de los últimos años en relación con la equiparación de los
distintos regímenes de la Seguridad Social, de forma que se garantice que el grado de contribución de los regímenes fuera similar.



En tercer lugar, en algunos países se ha procedido a reducir la tasa de sustitución de las pensiones, definida como la pensión neta dividida por los ingresos netos previos a la jubilación, bien reduciendo el porcentaje de la base reguladora
que se percibe tras haber cotizado el periodo mínimo, bien ampliando ese periodo mínimo, o bien reduciendo las tasas con las que se aumenta ese porcentaje inicial por cada año adicional de cotización. Una alternativa más novedosa ha consistido en
ligar la pensión recibida a la esperanza de vida. En la medida en que una parte del problema surge como consecuencia del incremento de la esperanza de vida, ajustar de una manera más o menos automática las cuantías de las pensiones a esos
incrementos favorece también la sostenibilidad del sistema. En la actualidad, en cerca de la mitad de los países de la OCDE se ha propuesto o aplicado, de forma más o menos directa, indirecta, parcial o total, este tipo de medida.



En cuanto a la actualización de las pensiones en vigor, muchos países han dejado de tomar como referencia los crecimientos salariales y han pasado a utilizar, como hacemos en el caso español, índices de precios. En este caso, entre las
opciones posibles de reforma, se podría considerar que las compensaciones por desviación de la inflación prevista sobre la observada se produjeran de forma simétrica. Por el lado de los ingresos del sistema no parece existir mucho margen de
actuación para realizar incrementos de las cotizaciones sociales, dado que podrían tener efectos muy perniciosos sobre el empleo, aunque sí cabría plantearse acelerar el proceso de separación de fuentes de financiación, de forma que las cotizaciones
sociales dejasen de cubrir la parte de los complementos a mínimos que actualmente financian, así como destinar todo el excedente de la Seguridad Social al Fondo de Reserva.



Es importante subrayar que todas estas reformas pueden efectuarse sin necesidad de modificar el actual sistema de reparto, a través de cambios en sus parámetros. Algunos países han optado por enmarcar estos cambios en uno de mayor
envergadura, al menos formal, como es la constitución de un sistema de cuentas nocionales, como las actualmente vigentes en Suecia y en otros países de Europa central. En este sistema el modelo sigue siendo de reparto, pero se constituye una cuenta
virtual para cada individuo, donde se recogen las aportaciones individuales de cada cotizante, y los rendimientos ficticios de estas aportaciones generan a lo largo de la vida laboral rendimientos que se calculan como un tanto nocional ligado a
alguna variable macroeconómica. Este sistema ofrece una relación más estrecha entre cotizaciones y pensiones de los individuos y mejora de forma significativa la percepción y la transparencia de los individuos sobre esta relación, lo que puede
facilitar que funcionen más adecuadamente los sistemas de incentivos y su impacto sobre las decisiones de los agentes en el mercado de trabajo y reducir la incertidumbre


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de los individuos sobre sus rentas futuras. Pero todos ustedes conocen bien las dificultades del tránsito de un sistema a otro.



En mi intervención me he referido a las proyecciones de los distintos organismos sobre la sostenibilidad del sistema y a las reformas que se están aplicando en otros países de nuestro entorno, resumiendo el contenido del documento del
servicio de Estudios que les enviaré esta misma semana. Pero quiero concluir resaltando la importancia de los trabajos que tiene encomendados esta Comisión, especialmente en estos momentos en los que, por otras razones, los agentes económicos viven
bajo el signo de la incertidumbre. El acuerdo alcanzado en Toledo de que la sostenibilidad de las pensiones no pueda ser utilizada como arma del debate político es un activo del que deben estar orgullosos todos ustedes. Ese acuerdo, además, no
supone que no se deba reaccionar ante los problemas que puedan aparecer en el sistema de pensiones como consecuencia de los cambios demográficos que se pueden producir en el futuro; todo lo contrario, el acuerdo obliga a examinar los problemas y a
buscar soluciones entre todos. Yo estoy seguro de que ustedes sabrán trasladar a la población que esos problemas son solubles si se toman las medidas oportunas y que, además, si se toman sin tardanza, estas no tienen por qué ser traumáticas. Estoy
convencido de que unas reformas moderadas y adoptadas con tiempo suficiente no solo ayudarán a resolver los problemas del largo plazo sino que, al tranquilizar y reducir incertidumbres sobre el futuro, tendrán efectos favorables también en el corto
plazo, en la difícil coyuntura que estamos atravesando.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor gobernador.



Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Burgos.



El señor BURGOS GALLEGO: Señor gobernador, muchísimas gracias por su comparecencia, que le agradecemos de forma sincera. Sabemos que son tiempos complicados para la institución que preside, pero es una institución que desempeña un papel
crucial en el diagnóstico de los problemas que aquejan a la economía española, sobre todo en los desafíos que tiene por delante. Y, pese que a estos días hemos escuchado alguna voz ministerial que le reclamaba a usted que no hablara de lo que no
debía, nosotros sí que pensamos que es importante que el Banco de España hable, que puede y que debe hablar, sobre el conjunto de políticas económicas y sociales que se desarrollan y de cómo afrontar, sobre todo, los retos que tenemos por delante
como país, para dotarnos de los instrumentos financieros y presupuestarios adecuados para sostener nuestro sistema de protección social en el futuro. Creo que esta es una preocupación de los ciudadanos, que, por supuesto, no solo compartimos sino
que es la esencia misma de la existencia de esta Comisión del Pacto de Toledo.



La verdad es que hace muy pocos días la institución del Banco de España, en su informe de proyecciones de la economía española, nos dibujaba un panorama ciertamente preocupante sobre el conjunto de la economía en el año 2009, que
previsiblemente se podría extender también hacia los años siguientes. Y, con independencia de que toda proyección siempre es cuestionable y que no sabemos exactamente, por ese nivel de incertidumbre que usted claramente afirmaba, por dónde van a
evolucionar las cosas, lo que sí podemos decir es que esto prácticamente viene a hacer saltar por los aires todas las proyecciones sobre las que habíamos venido trabajando, especialmente las que el propio Gobierno elaboró el año pasado, como
consecuencia de sus responsabilidades con la Unión Europea, y que establecían ese horizonte que usted ha citado en relación con los elementos más significativos de la Seguridad Social, del sistema de protección social, es decir, la vigencia del
superávit, la existencia de nuevas dotaciones para el Fondo de Reserva, la evolución del ratio entre cotizantes y pensionistas.



En resumen, todos los componentes que de alguna manera prefiguran los elementos de carácter económico y de sostenibilidad futura, todos esos elementos sobre los que se habían basado esas previsiones, por ejemplo, que no entraríamos en
déficit hasta el año 2020, están claramente puestos en cuestión. Es más, desde nuestro punto de vista, constituiría una cierta irresponsabilidad seguir basándonos en esos elementos de proyección, que ya no son los que configuran la realidad social
de nuestro país, para tomar medidas para encarar razonablemente los retos que tenemos por delante. Aquellas previsiones configuraban un plazo temporal que constituía nuestro margen de maniobra como país para poder contemplar no solo una futura
reforma, sino los efectos de dicha reforma.
Para nosotros, lo que es evidente -y usted también lo ha citado- es que ese margen de maniobra que tenemos para adoptar reformas graduales y no traumáticas -que es lo que defendemos en esta Comisión en
relación con nuestro sistema de Seguridad Social- ha disminuido drásticamente, porque en estos momentos a ese elemento más o menos previsible que es nuestra evolución demográfica, conocido en gran medida cuál va a ser su influencia en esas tasas de
dependencia, en ese incremento de la población mayor, se ha sumado un elemento totalmente imprevisto, que es la crisis económica. Y, ciertamente, nosotros, el Grupo Parlamentario Popular, sí estamos preocupados y no compartimos los análisis
extremadamente optimistas en relación con que el superávit de la Seguridad Social se va a mantener unos cuantos años más. Podría ser el último año en que tuviéramos superávit en la Seguridad Social.



De su intervención -que yo comparto- se desprende que estamos más bien en ese horizonte que en el de unas posibilidades de superávit continuado en el tiempo. Nos parece que una caída de un 6,5 por ciento en los cotizantes de la Seguridad
Social en un año no puede calificarse de otra cosa que de una catástrofe sin paliativos. Además, si tenemos en cuenta que muchos cientos de


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miles de desempleados en nuestro país cotizan en tanto en cuanto tienen desempleo, el resultado es todavía peor. Por tanto, a esos elementos de previsión se nos ha sumado una crisis económica que ha reducido claramente nuestro margen de
maniobra. Si a lo previsto y a lo imprevisto le sumamos lo obvio, que es que sobre las pensiones cada vez tiene más incidencia la esperanza de vida de los ciudadanos y que cada década la esperanza de vida en España se alarga en más o menos un año y
cuatro meses, suponiendo 85.000 millones de euros adicionales, que son una sobrecarga para nuestro sistema de pensiones, el horizonte confirma lo que usted ha planteado en su intervención de que no podemos esperar mucho más tiempo para adoptar
reformas paulatinas y graduales. Se da la paradoja de que el progreso social y económico de nuestro país, el progreso sanitario, el progreso en la esperanza de vida, en el bienestar, en la calidad de vida que disfrutamos los ciudadanos, juegan
contra las pensiones; cuanto más desarrollo, más bienestar, más calidad de vida, afortunadamente más vivimos los españoles, pero eso supone un esfuerzo adicional.



Desde ese punto de vista me gustaría que nos precisara -aunque ya lo ha hecho de alguna manera- si, cuando culmine esta asunción de los complementos a mínimos que sigue pendiente y que no parece que se vaya a corregir dada la situación
económica, podemos hablar del fin del escenario de la separación de fuentes. Es decir, si no va a ser necesario que el Estado, que los recursos de la imposición general, empiecen a ser utilizados en mayor medida que hasta ahora por el sistema de
pensiones.
Si esa separación de fuentes que hemos preconizado todos, que, como digo, todavía no ha concluido, es viable realmente en el futuro que tenemos por delante o estamos a las puertas de un cambio drástico en el discurso de sostenibilidad
del sistema. Pensamos que de alguna manera eso puede ser así si no tomamos medidas relevantes en esta dirección de la sostenibilidad, pero avanzar en la dirección de la contributividad nos parece un elemento extraordinariamente relevante, por no
decir imprescindible. Queremos decir que no se ha avanzado lo suficiente en ese compromiso con la contributividad en nuestro sistema de pensiones.
Contemplar tan solo los últimos quince años para el cálculo de la pensión significa que da igual la
cantidad cotizada durante la mayor parte de la vida de los trabajadores. Todo lo que exceda de esos quince años a efectos de sus retribuciones en forma de pensión es irrelevante. Es decir, no se valora el esfuerzo realizado y ya no es verdad que
las mejores retribuciones correspondan a los últimos años de la vida laboral; y si no es verdad para todos, no hay por qué seguir primando unas carreras y no otras. Me gustaría conocer su opinión respecto a incrementar las pensiones mínimas por
encima del IPC con cargo a los recursos de la Seguridad Social ya que supone que se prima más a quien menos ha aportado, a quien menos ha cotizado. Si esto se hace detrayendo recursos, no de la solidaridad general -que sería lo lógico si la
sociedad así lo decide, debería financiarse con cargo a los impuestos-, sino con cargo a las cotizaciones, que además efectúan solamente una parte de la población, no podemos hablar claramente de que estemos avanzando en la contributividad, sino
probablemente introduciendo elementos de otra naturaleza en el sistema. Nos parece que podría ser un concepto un tanto viciado de la solidaridad el que con cargo a unos pensionistas se suban las pensiones mínimas de otros pensionistas y que en esas
subidas no participen millones de españoles que tienen un régimen de protección diferente al de la Seguridad Social, por ejemplo los funcionarios y el régimen de clases pasivas. ¿Le parece a usted, señor gobernador, que cabría avanzar en la
dirección de agrupar o de incorporar de alguna manera el régimen de clases pasivas al régimen de la Seguridad Social con todas las peculiaridades, con todas las cuestiones específicas que sin duda trae aparejado? ¿Podemos hablar claramente de un
sistema de cobertura casi universal con varios millones de españoles al margen del sistema de Seguridad Social en estos momentos? Simplemente nos gustaría conocer su opinión.



Pensamos que la contributividad es un elemento justo y equitativo. Y los ciudadanos tienen que ver cada día con mayor claridad que el sistema opera para hacer compatible su esfuerzo con sus aspiraciones, y no deben percibir el mensaje de
que la cotización no resulta demasiado relevante y que es posible obtener gratificaciones del sistema con esfuerzos menores.
En todo caso, si las fórmulas de pensión y de financiación permanecen inalteradas con ese escenario de aumento de la
esperanza de vida de nuestros ciudadanos y el ciclo vital de estos se desplaza cada vez en mayor medida a un mayor periodo vital de jubilación, tendremos un serio problema de sostenibilidad de nuestro sistema de protección social y de nuestras
finanzas públicas en general. Y estamos generando en estos momentos un déficit público sin precedentes empleando en el presente muchos de nuestros recursos de futuro, porque el déficit contraído hoy, y valoro especialmente que usted haga una
apelación, que en estos momentos puede ir contra corriente, a la necesidad de no darle demasiada alegría al déficit público, es también una amenaza para las pensiones de mañana, que necesitarán probablemente del apoyo de la imposición general para
cubrir sus necesidades de financiación. En ese sentido su intervención abona esta idea, pero quisiera que incidiera si es posible en cuál puede ser el limite de ese déficit con esa evolución previsible de nuestras cuentas públicas y donde podría
estar la línea roja que no deberíamos traspasar o el espacio de tiempo en el que pudiéramos desenvolvernos con un déficit tan significativo como ese 8 por ciento del que hablaba el Banco de España o hasta el 10 o el 11 del que hablan otros expertos
u otras instituciones. Este es un tema que consideramos extraordinariamente clave si no queremos someter a nuestro sistema a unas tensiones que van a perjudicar claramente las expectativas de las generaciones más jóvenes -y no tan jóvenes- que en
este momento existen en nuestro país.



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Es verdad, es tiempo de reformas y España se sitúa todavía lejos de enfrentarse seriamente al debate planteado al menos con dos de las recomendaciones clásicas que la OCDE y los países de nuestro entorno han venido adoptando. Ha citado
usted las dos pero avanzaré un poco más en las argumentaciones. Una es incrementar la edad media de entrada en la jubilación, en lo que no estamos avanzando. Es probable que en esta crisis el efecto combinado sobre los trabajadores de más edad de
los despidos, de los expedientes de regulación de empleo y de la extensión de la jubilación anticipada a otros sectores, puede ser demoledor para conseguir el objetivo de extender la vida laboral. Nada menos que el 58,7 por ciento de los
funcionarios deja de trabajar antes de los 65 años; es decir, aunque el Pacto de Toledo promueve alargar la edad de jubilación para los trabajadores privados en coherencia con ese incremento de la esperanza de vida, en la función pública está
ocurriendo drásticamente todo lo contrario porque hay 18 puntos porcentuales menos según datos de la propia Dirección General de Clases Pasivas de la Administración General del Estado: 18 puntos porcentuales de diferencia entre el sector público y
el sector privado, y retrocediendo. Las jubilaciones anticipadas, si tenemos en cuenta no solo el ámbito privado sino también el ámbito público, lejos de frenarse se están extendiendo como una mancha de aceite.



En cuanto a la prolongación de la vida laboral es evidente que tampoco hemos conseguido avanzar. En el año 2005 se jubilaron con más de 65 años el 17,9 por ciento de los trabajadores; en 2006 el 9,8; en 2007 el 8,6, y según los únicos
datos que tenemos de mediados del año 2008 había descendido al 7,9 por ciento. Por eso le pido que nos dé alguna indicación sobre los posibles estímulos que podrían incorporarse a la prolongación de la vida laboral, voluntaria obviamente, de
nuestros trabajadores. Se ha hablado aquí, en otras comparecencias, de estímulos fiscales, y se dice que no es posible aumentar los coeficientes de prima para la extensión de la vida laboral, que es del 2 por ciento anual en estos momentos, más
allá de los 65 años. Pero si cualquier retraso en la edad efectiva de jubilación constituye probablemente el elemento de estabilización más importante que puede tener nuestro sistema de pensiones, hay que ahondar en la posible incorporación de
nuevos estímulos a esa prolongación de la vida laboral. La otra cuestión clave es la extensión del periodo de vida laboral contemplado para el cálculo de la pensión. He entendido que usted sintoniza claramente con la idea de que hay que seguir de
forma progresiva, de forma gradual, ampliando ese tiempo de cotización que realmente se contemple para el cálculo de la pensión. Me gustaría que concretara de alguna manera cuál cree que puede ser el escenario ideal para España, si no toda la vida
laboral, hasta dónde podríamos llegar y en qué periodo de tiempo, para que eso fuera perfectamente asumible por la sociedad sin demasiados problemas.



Voy acabando, señor presidente, porque son muchos los elementos que configuran el debate sobre el sistema de protección social y de nuestra Seguridad Social, pero hay un debate en estos momentos en la sociedad española en el que participan
instituciones, colectivos y expertos que tiene que ver con el peso de las cotizaciones sociales en la economía y con la posibilidad de su reducción y su eventual sustitución por otros elementos impositivos que contribuyeran a estimular nuestra
economía, a suprimir ciertas cargas laborales sobre las empresas. Con independencia de que nuestra posición no es en principio favorable a la reducción de las cotizaciones sociales, me gustaría conocer su opinión en la medida en que es algo que en
estos momentos se está defendiendo por sectores incluso política e ideológicamente muy contrapuestos y donde es posible encontrar a analistas e incluso a políticos de diferente signo.



Usted ha puesto encima de la mesa cuál es la evolución previsible de muchos de los países de nuestro entorno, cuáles son las medidas que han adoptado en los últimos tiempos, por dónde deberían guiarse las nuestras, pero no ha hecho
referencia a un elemento que también forma parte del Pacto de Toledo, que es el desarrollo de incentivos para los pilares complementarios del sistema de pensiones, pilares complementarios destinados precisamente a incentivar el ahorro y la previsión
para la vejez. Yo le preguntaría cuál de los posibles incentivos para desarrollar estos pilares complementarios le parecen a usted más adecuados a la realidad española, si la capitalización de una parte de las cotizaciones sociales en forma de
ahorro forzado, los incentivos fiscales -que supondría modificar nuestro sistema tributario en relación con los fondos complementarios- o las subvenciones directas a estas aportaciones, partiendo de que existe una cierta sensación en nuestro país de
que no hay elementos suficientes de ahorro, de previsión social en las familias y en los ciudadanos y que deberíamos asignarle un papel a la complementariedad privada algo mayor en este escenario, teniendo en cuenta que los fondos de pensiones
respecto al producto interior bruto son en nuestro país del 7,5 por ciento cuando en el entorno de la OCDE estamos hablando del 75,5 por ciento, es decir, diez veces más. Parece sensato dedicar al menos un comentario a este tema de los sistemas
complementarios.



Muchas gracias por su presencia. Nuestro grupo parlamentario siempre ha participado en el Pacto de Toledo con espíritu constructivo, para desarrollar nuestro sistema público de pensiones, para adecuarlo a los nuevos retos sociales y
demográficos, para dotarlo de la sostenibilidad económica y financiera suficiente y para corregir los desequilibrios y las desigualdades a que sin duda este tiene que enfrentarse. En ese espíritu vamos a seguir trabajando en esta nueva etapa.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario del Partido Nacionalista Vasco, tiene la palabra don Emilio Olabarría.



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El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor gobernador, ha sido usted muy amable en su intervención. La verdad es que ha sido una intervención muy ajustada a la ortodoxia del Pacto de Toledo y a los valores intrínsecos que lo caracterizan. Usted, en
contra de la opinión de otros comparecientes, ha manifestado una posición muy ajustada a los paradigmas del Pacto de Toledo: separación de las fuentes de financiación, consolidación de un potente fondo de reserva y flexibilidad en la edad de
jubilación, tanto en su anticipación como en su postergación. En fin, son previsiones muy adecuadas a lo que el Pacto de Toledo ha constituido en su tronco argumental clásico. En todo caso, me han llamado la atención algunas cuestiones y se las
voy a comentar de forma muy sucinta.



Usted se ha referido a la necesidad de reformas estructurales en el mercado de trabajo del Estado español y yo observo en este momento cierta contradicción entre su argumentación y opiniones y las del ministro de Trabajo en representación
del Gobierno del Estado español. El ministro de Trabajo, el señor Corbacho, es una persona reticente o refractaria a reformas estructurales en tanto en cuanto no sean consensuadas con los interlocutores sociales; tampoco tiene una idea muy cabal
de cuáles deben ser y, sin embargo, tanto el Fondo Monetario Internacional como la OCDE reclaman para el Estado español la necesidad de acometer reformas estructurales en el mercado de trabajo. Esto nos plantea una cuestión troncal, señor
gobernador: ¿Cuáles son estas reformas estructurales? El tema parece no ser pacífico, parece que no está consensuado entre los interlocutores sociales, parece no estar asumido por el Gobierno del Estado español y parece que las reformas son un
tanto deletéreas; tampoco se sabe muy bien cuáles son las que se deben acometer. Nuestro grupo tiene una opinión muy clara sobre esta cuestión: algunas se deben acometer. Lo que pasa es que parece que existe una especie de miedo sacramental a
mencionar cuáles son las que deben acometerse para evitar una perversión que es clarísima. En el Estado español se destruye mucho más empleo que en otros Estados de la Unión Europea, tanto de la Unión de los Quince como de la Unión de los
Veintisiete como de la OCDE; desde esta perspectiva algún tipo de reforma se debe acometer, y puesto que usted ha comentado que algún tipo de reforma estructural se debe acometer, sería conveniente hacer alguna pormenorización sobre la naturaleza
de esas reformas.



Siguiendo con esta argumentación -voy a ser breve, señor presidente-, usted ha comentado la pertinencia de la diferenciación de las fuentes de financiación del sistema. El sistema contributivo de pensiones debe financiarse con cotizaciones;
el sistema no contributivo debe financiarse con los presupuestos ordinarios. Esta mañana un catedrático ha mantenido la posición diametralmente opuesta en tanto en cuanto pensaba que deben conjugarse las cotizaciones con los presupuestos ordinarios
para la sostenibilidad financiera del sistema en el futuro. El señor Zubiri pensaba que no es posible mantener un sistema de pensiones basado exclusivamente en las cotizaciones en tanto en cuanto este sistema supone vincular las cotizaciones de los
trabajadores al trabajo y no al capital, en definitiva, la sostenibilidad financiera del sistema de protección social en el ámbito contributivo cuando menos del mismo. Yo veo que usted mantiene una posición ortodoxa, mantiene uno de los paradigmas
del Pacto de Toledo desde que nació, que es la separación de fuentes de financiación y me gustaría saber si de verdad usted mantiene este sistema.



También algunos comparecientes que le han precedido en esta Comisión se han manifestado con cierta heterodoxia conceptual en relación con la virtualidad del Fondo de Reserva. El Fondo de Reserva es otro de los paradigmas del Pacto de Toledo
y con relación al mismo se han producido argumentaciones muy relativizadoras esta mañana, en tanto en cuanto que el Fondo de Reserva no es un instrumento de resolución. Es un instrumento que ante una situación anticíclica puede atenuar algunos
problemas, pero no es la solución en tanto en cuanto no se incremente, y nos ha llamado mucho la atención el incremento cuantitativo que se preconizaba esta mañana, desde el 5 por ciento hasta el 40 por ciento por lo menos del producto interior
bruto, para resultar un elemento relevante para mantener la sostenibilidad del sistema de pensiones. Nos gustaría saber cuál es su opinión sobre estas reflexiones que se han producido esta mañana.



En relación con el futuro del sistema, la verdad es que realizar reflexiones especulativas profuturo sobre el sistema económico o sobre la crisis económica es difícil, es complicado. Alguno comentaba que incluso era más difícil que hacer
previsiones meteorológicas, y estoy de acuerdo con este comentario. No sé si en este momento realmente es posible realizar previsiones razonables sobre la ampliabilidad profuturo, sobre el sistema de disminución de cotizantes al sistema de
Seguridad Social profuturo, sobre los porcentajes de crecimiento económico profuturo, déficit público, deuda pública, etcétera. Esto es muy complicado, hay que apartarse quizá de los parámetros de la economía clásica, de Samuelson, y recurrir a
sistemas casi paranormales, que algunos invocan.



Al margen de esta cuestión, me gustaría saber si las previsiones en cuanto a la sostenibilidad de un sistema de reparto no complementado con sistemas complementarios privados, sean fondos de pensiones, sean entidades de previsión social
voluntaria o sea cualquiera la elección de sistemas complementarios por la que se opte, ubicados en la negociación colectiva laboral y dentro de la negociación colectiva laboral, no en el contenido obligacional, sino en su contenido normativo,
posibilita mantener un sistema contributivo razonablemente sostenible. Tengo la impresión -y comparto la opinión de algunos de los que le han precedido en las comparecencias esta mañana- de que en este momento un sistema público, tal como está
concebido por el artículo 41 de la Constitución española, en virtud del cual un sistema público de pensiones -y aunque parezca un poco tautológica


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la expresión, un sistema público quiere decir que es un sistema público, no privado-, que sea suficiente en su cuantía, que sea universal y que proteja cualquier situación de necesidad, como preconizan los artículos 41 y 50 de la
Constitución, en una situación donde las alteraciones de los ciclos económicos van a ser muy rápidas en el futuro, es difícil de mantener o es muy poco previsible. Desde esa perspectiva, la implementación de los sistemas complementarios privados se
tienen que acentuar. No sé cómo se tienen que acentuar, no sé si ustedes han especulado sobre cómo se pueden acentuar, si es una materia a ubicar en la negociación colectiva, dentro del contenido obligatorio de la negociación colectiva laboral,
pero en todo caso el tema no es fácil. El tema es complejo para prevenir actuarialmente, para prevenir jurídicamente y para prevenir incluso desde una perspectiva política.
Desde esa perspectiva me gustaría saber la opinión del Banco de España
sobre esta cuestión, que no es una cuestión baladí. Estos son los comentarios que le quería hacer. Son preguntas muy concretas, señor presidente, y agradeceré sus explicaciones posteriores.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, don Gaspar Llamazares.



El señor LLAMAZARES TRIGO: Quisiera también dar las gracias al gobernador del Banco de España por su exposición que, según sus propias palabras, es la exposición de un consenso de especialistas con respecto a esta materia que va más allá de
las competencias del Banco de España. En ese sentido, quiero saludar la moderación de esa intervención. Independientemente de las posiciones que se reflejan en distintas sensibilidades en esta Cámara, quiero saludar lo que ha hecho el gobernador
del Banco de España, que es expresar un consenso técnico, es verdad que con una orientación ortodoxa, pero en todo caso un consenso técnico, que me ha sorprendido por su moderación. Otra cosa es que las propuestas que hace el gobernador del Banco
de España sean compartidas o no compartidas y asumibles en un sentido o en otro, pero son las propuestas más frecuentes que se han discutido en diversas ocasiones en la evolución del Pacto de Toledo, que tienen que ver con la edad de jubilación, con
la jubilación anticipada, con los años de cotización, con la contributividad, con la tasa de sustitución, etcétera. Digamos que son aspectos tópicos del debate de la Comisión del Pacto de Toledo. Quiero saludar especialmente la moderación porque
en intervenciones anteriores no se ha producido de esta manera. Me ha dado la impresión, recordando una obra de Azaña que se denomina ¡Todavía el 98!, que a principios del siglo XXI todavía estaba debatiendo con los regeneracionistas, que me
hablaban de los males de la patria para, a continuación, recomendarme la cirugía de hierro. Desde luego mi grupo parlamentario no comparte ni ese canto a la aflicción que vive nuestro país ni tampoco la cirugía de hierro como solución a esta
cuestión. Tengo la impresión de que es una cuestión más de fisiólogos que de cirujanos. Por tanto, vamos a tener esa actitud en el debate del Pacto de Toledo, una actitud constructiva pero, al mismo tiempo, una actitud crítica con respecto a
alguna de sus posiciones de principio. Posiciones de principio como que sea imprescindible mantener la separación de fuentes. En determinado decurso histórico era necesario quitar a las pensiones o a la Seguridad Social ciertas responsabilidades
que contemplan o que pertenecen mucho más a la política redistributiva del Estado, pero a partir de ahora, en nuestra opinión, habrá que hablar del flujo en los dos sentidos, no solo en el sentido de que se establezca de alguna manera una separación
de fuentes en aquello que es contributivo y aquello que no es contributivo, sino que también haya por parte de un Estado social como el nuestro un mayor compromiso con las políticas sociales y, dentro de ellas, con las políticas de pensiones. Nos
parece que deberíamos someter esa cuestión a crítica y a reflexión. Otra reflexión, a la que ahora también hacía referencia el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, es la relativa al fondo que, aunque parezca muy abultado, en definitiva no lo es
tanto. La principal garantía es el compromiso público con la política social y con la política de pensiones, más allá del volumen temporal del fondo.



En todo caso, quisiera hacer algún comentario sobre algunas cuestiones que me llaman la atención en relación con las proyecciones como, por ejemplo, ese optimismo tecnológico -diría- que existe con respecto a la esperanza de vida. ¿Pero
quién ha dicho que el incremento de la esperanza de vida vaya a seguir siendo el mismo en los próximos años? Es un optimismo en relación con la biología que no tiene ningún sentido. Es decir, ¿esa carrera de la esperanza de vida se producirá y se
incrementará en los próximos años? Depende y cómo. Por otra parte, también quiero decirles que es un planteamiento de una esperanza de vida normalizado, pero la esperanza de vida es distinta según colectivos sociales, según trabajadores. Por
tanto, ¿a qué esperanza de vida se va a vincular? ¿A la esperanza de vida de los trabajadores de la minería, a la esperanza de vida de los trabajadores del sector del metal, a la esperanza de vida de otros profesionales? Son distintas. Hay
diferencias de esperanza de vida en nuestro país entre sectores de más de siete y ocho años. Por tanto, quisiera cuestionar ese optimismo -le he llamado optimismo tecnológico- respecto a que la evolución de la esperanza de vida es siempre al alza y
va en contra del sistema de pensiones y, qué curioso, la evolución de la economía no es la misma y, por tanto, va también en contra del sistema de pensiones, cuyo recorte al final es la única solución. En mi opinión, no es riguroso y, por tanto,
habría que utilizar otras variables que tienen que ver con la productividad, con la evolución de la economía, con el reparto de la tarta entre trabajadores asalariados y beneficios empresariales, etcétera, y que me gustaría que pudiéramos también
discutir en el ámbito de la Comisión del Pacto de Toledo.



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En definitiva, saludo la comparecencia del gobernador del Banco de España, saludo también la moderación técnica del gobernador aunque discrepemos de algunas de sus reflexiones y propuestas, y expreso, en nombre de mi grupo parlamentario, una
posición crítica respecto no solo a la ortodoxia en la evolución del Pacto de Toledo, que creo que debe ser sometido también a crítica, sino respecto a una visión catastrofista sobre nuestro sistema social y de pensiones, por la cual da la impresión
de que los males que afligen a nuestra patria también afligen al sistema de pensiones y por tanto la única solución es la cirugía de hierro. No lo comparto.
Señorías, estoy más de acuerdo con Azaña en que la solución es una solución de políticas,
de alianzas, una solución más de medicina interna o de fisiología que de cirugía.



El señor PRESIDENTE: Doña Isabel, su turno.



La señora LÓPEZ I CHAMOSA: En primer lugar, quiero dar la bienvenida al gobernador del Banco de España, agradecerle su comparecencia y que nos haya manifestado sus posiciones que, compartidas o no, es lo que queremos oír en esta Comisión,
porque no queremos que nos vengan a decir exactamente lo que pensamos nosotros, sino que nos den otras visiones que nos ayuden luego a tomar decisiones.



Es verdad que vamos a hacer la renovación del Pacto de Toledo en un escenario que hasta ahora no habíamos afrontado. La última revisión la hicimos en un periodo de crecimiento, en una situación de bonanza, y ahora la estamos haciendo en un
periodo de crisis importante, con un crecimiento continuado del desempleo y con unas expectativas que nadie sabe con claridad cuáles son. Querría hacer aquí una reflexión. Una de las grandes reformas de la Seguridad Social fue en el año 1985. Si
entonces hubiéramos caído en la misma tentación en la que algunos quieren caer en estos momentos, a lo mejor ya no teníamos este sistema de pensiones. La virtud está en poder encontrar unas soluciones que permitan seguir avanzando con los objetivos
que mostró el Pacto de Toledo. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo siempre dudo de las previsiones a largo plazo, entre otras cosas, porque no hay nadie que las haya acertado en su totalidad, porque a no ser que se tenga una bola de cristal, nadie
puede hacerlo. Como dice mi amigo Griñán, la ventaja que tienen los que hacen previsiones a largo plazo, a cincuenta años, es que cuando se comprueba que son falsas, están criando malvas. Yo pienso más o menos igual. Con esto quiero decir que
concebimos el Pacto de Toledo como una herramienta de reformas continuadas, lo que nos permite hacer reformas muy pactadas, que son las que puede asumir el conjunto de ciudadanos de este país. A lo mejor habría que hacer alguna de las reformas de
las que se está hablando, pero ¿sería asumible esa reforma por parte de los ciudadanos y del conjunto de fuerzas políticas y sociales? Pues seguramente no. El valor del Pacto de Toledo es la exposición de análisis diversos, de fórmulas diversas
para ir avanzando y que entre todos alcancemos el consenso en aquellas que vayan en la buena dirección y que signifiquen dar un paso adelante. Por ejemplo, en el año 1985 fue un drama pasar de los dos últimos años para contabilizar la pensión a
cinco; sin embargo, ya no fue tanto drama pasar de cinco años a ocho y de ocho a quince no significó ningún problema. Tendremos que seguir en esa línea, yendo todos en la misma dirección y no haciendo reformas unos contra otros. La gran virtud
del Pacto de Toledo es que consensuemos y que no utilicemos la Seguridad Social ni política ni socialmente, es decir, no hay que hacer reformas unos contra otros, sino consensuar. El Partido Socialista está hoy gobernando y no hará reformas en el
sistema que no se consensúen con los grupos parlamentarios y con los agentes sociales y cuando gobierne el Partido Popular, como lo hizo, exactamente lo mismo, porque eso es lo que garantiza la eficacia de las reformas.



Cuando hablamos de que hay que alargar la vida laboral y la jubilación, hemos de tener en cuenta que la jubilación anticipada en este país prácticamente se muere por sí misma. Solo se puede jubilar voluntariamente aquel que es mutualista,
aquel que ha cotizado antes de 1967, por lo que yo, que he entrado a trabajar a muy temprana edad y que llevo un montón de años trabajando, por más que quisiera, no podría jubilarme a los 60 ni a los 61. ¿Para quién hemos dejado el sistema de
jubilación anticipada? Para aquel que a partir de los 61 años sea expulsado del mercado de trabajo. Alguna solución le hemos de dar. No podemos dejar a una persona con 61 años sin ningún tipo de protección, pues es evidente que a esa edad, salvo
honrosas excepciones, como puede ser la de algunos de los que estamos aquí, no va a encontrar trabajo.
Sobre todo hay que establecer muchas diferencias. Usted seguramente puede seguir trabajando hasta los 80 y además su contribución seguro que
será buena para el país, pero eso no se lo podemos decir a una persona que trabaja en el montaje de línea de la SEAT ni a un bombero que está apagando un fuego ni a un conductor de autobuses, se lo podemos decir a un diputado, a un abogado o a un
señor que está vendiendo lo que sea en El Corte Inglés. Por tanto, vamos en la línea adecuada cuando hablamos no de un sistema de jubilación, sino de funciones distintas en función de la profesión. A lo mejor hay que hacer lo que hemos hecho con
los bomberos, que tienen un coeficiente distinto y eso les permite tener una jubilación, pero contribuyendo en función de lo que pase. Es verdad que hay que acabar con las jubilaciones anticipadas, con las prejubilaciones, pero es que las
prejubilaciones ahora ya solo las utilizan las grandes compañías. ¿Por qué no podemos admitir que se pueda despedir a una persona? En nuestro país el empleo se encuentra mayoritariamente en empresas pequeñas y medianas, y si cierra la empresa
Antonio López de la esquina, que es un taller de reparación de coches, y deja a dos personas con cincuenta y pico años en la calle, hay que darles alguna solución.
Tiene que haber alguna red porque, digamos lo que


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digamos, a esa gente no se la puede reinsertar en el mercado de trabajo.
Por tanto, soluciones hay y yo creo que hay que seguir en esa dirección.



Avanzar de los 15 años a los 20 es un tema que tenemos encima de la mesa y que, si lo hacemos en la misma línea que lo hemos hecho en los últimos años, no tiene por qué plantear problemas.



Función pública-Seguridad Social. ¿Cómo se equiparan dos sistemas que son diferentes? Aquí hace poco hemos tenido algunas iniciativas, como que los policías y los guardias civiles quieren cobrar lo mismo que los policías autonómicos, que
cobran un poco más por complementos -no mucho pero algo más-, y los policías autonómicos quieren asimilarse a la jubilación anticipada de los policías nacionales. ¿Qué es lo que quiere todo el mundo? Coger lo bueno de uno y de otro sistema. Los
trabajadores del sistema público, del sistema de clases pasivas, se jubilan antes, pero también es verdad que se jubilan con unas condiciones muy diferentes que los de la Seguridad Social, se jubilan con bases tarifadas, se jubilan a veces con el 80
por ciento del último salario, no con el 95 ni el cien por cien. Son condiciones distintas. Ahora, siempre se pueden hacer reflexiones.



Creo que debemos adecuar los planes y fondos de pensiones privados. ¿Por qué? Porque soy de las que piensan que en los convenios, en la negociación colectiva va a ser muy difícil establecer crecimientos de salarios más allá de lo previsto
en el IPC, en el que estemos; sin embargo, vamos a tener que hacer un esfuerzo muy importante por aumentar la productividad y una de las formas de trasladar algo de esa productividad a los trabajadores puede ser a través de un plan de pensiones de
empresa. Ahí podemos tener mucho juego a efectos de negociar y de que los trabajadores también puedan encontrar un incentivo. Hablamos de incentivar los planes privados, pero a una trabajadora que está de cajera en un supermercado -sea el que sea-
mucho la podemos incentivar para que ahorre y para que ponga sus ahorros en un plan de pensiones, pero con 800 euros al mes que cobra, por mucho que la incentivemos, me da la impresión de que dirá que voluntad sí que tiene pero no dinero.
Tenemos
que ir pensando en todas estas cosas.



Yo comparto que a lo mejor deberíamos abrir un debate sobre qué repercusión tiene en las pensiones la expectativa de vida, es decir, si ahora cuando la expectativa de vida de un señor es de 74 ó 76 años y la de una mujer de 80 u 82 la edad
legal de jubilación es a los 65 años, a lo mejor cuando los hombres tengan una expectativa de vida de 80 años y de 90 las mujeres la edad de jubilación debería ser 65 ó 66 años. Creo que todas esas cosas hay que discutirlas en el pacto y
consensuarlas.



Hay una cosa que ha dicho el señor Olabarría y sobre la que me gustaría hacer una reflexión. Cuando hicimos la Ley del Fondo de Reserva -yo, que fui ponente de la ley, lo sé- tuvimos una gran discusión acerca de si el Fondo de Reserva era
una solución estructural o una solución coyuntural.
Mi compañero José Antonio Griñán y yo misma nos hartamos de defender que era una solución coyuntural. El Fondo de Reserva nunca puede ser una solución estructural porque no lo puede resolver, a
no ser que tuviéramos un Fondo de Reserva -eso sí, como decía un compareciente esta mañana- del 40 ó el 50 por ciento del producto interior bruto; pero ese es otro debate. Nosotros tenemos el Fondo de Reserva que tenemos, que es un buen Fondo de
Reserva y además ha dado una gran tranquilidad a los pensionistas, a los que están cercanos a la jubilación y a los que están jubilados. Creo que el mensaje que les tendríamos que dar a los ciudadanos es que tenemos un buen sistema público de
pensiones. ¿Qué hay que hacer reformas? Sí, pero hay que hacerlas en la dirección de los acuerdos del Pacto de Toledo y consensuadas, es decir, que sean unas reformas asumidas por el conjunto. Y si no podemos subir 50 peldaños de golpe, subiremos
25, pero los subiremos todos, con lo que estaremos lanzando un mensaje importante a los ciudadanos. Porque si no, a veces se hacen reformas que luego no pueden ser asumidas por el conjunto. A veces preguntamos: ¿qué tienen que decir aquí los
agentes sociales y económicos? Quienes aguantan el sistema son los trabajadores y los empresarios. Por lo tanto, si son los que pagan, algo tendrán que decir sobre lo que quieren que se haga con su sistema.



No me alargo más porque el señor presidente me está lanzando unas miraditas con las que me está diciendo que adónde voy. Por lo tanto, lo dejo aquí y le reitero de nuevo nuestro agradecimiento por su comparecencia y por sus aportaciones.



El señor PRESIDENTE: Señor gobernador.



El señor GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA (Fernández Ordóñez): Voy a intentar contestar a los distintos planteamientos que han hecho sus señorías.



Un grupo de intervenciones, fundamentalmente del señor Burgos, estaba centrado en la situación actual, una situación cíclica importante y difícil que estamos atravesando tanto en el presupuesto del Estado como -y evidentemente se va a notar-
en el de la Seguridad Social. He tratado de señalar que, desde el punto de vista de la reforma del sistema de pensiones, deberíamos pensar en el largo plazo. De la misma forma que hace dos años pensar que el sistema de Seguridad Social no tenía
ningún problema porque generaba un superávit enorme era un error, pensar que la situación actual lleva a unos problemas alarmantes creo que sería también un error, salvo que no se hiciera lo que se debe hacer de acuerdo con las leyes nacionales, que
es recuperar la estabilidad. A mí el problema actual de haber pasado de un más 2 por ciento de superávit a nuestra estimación de un menos 8, que supone la cifra del 10 por ciento que es espectacular, puede tener sentido hasta cierto punto -aunque
en mi opinión el margen de utilización del gasto se ha acabado- en el momento de impulsar, pero evidentemente necesitamos cuanto antes aplicar lo que está previsto en las leyes y recuperar la estabilidad. Solo


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en el caso de que eso fallara yo estaría de acuerdo en que la situación actual sería preocupante. Si no, lo que tenemos que mirar es el largo plazo. Y en el largo plazo los factores fundamentales, cuando uno ve las proyecciones -y hablaría
ahora de las proyecciones-, son fundamentalmente la productividad y el empleo. Yo diría que son las claves. En la medida en que podamos tener unos incrementos de productividad razonables y una tasa de paro que no sea la que hemos vivido hasta
ahora, eso permitirá una mayor sostenibilidad del sistema de pensiones. Por tanto, eso es lo importante.



En cuanto a las proyecciones, se ha hablado de ellas con algún escepticismo. Nosotros hacemos proyecciones a dos años, las tienen ustedes en el boletín, y si las miran, verán que hacemos un abanico que pasados dos años, no digo que puede
pasar lo que sea, pero imagínese a 20 ó a 50 años. Yo creo que a pesar de eso es bueno hacerlas. En el documento que les darán mañana o pasado están las proyecciones de la CPE y de la Comisión Europea con todos los supuestos, porque yo creo que
dan una idea en el sentido de decir que si hacemos estos supuestos -que luego pueden no cumplirse- aquí hay un problema. Yo creo que eso es bueno saberlo. Unos supuestos bastante optimistas, salvo la esperanza de vida sobre la que el señor
Llamazares es mucho más pesimista que todos los demás, pero en general hay acuerdo en que va a ir mejorando. Los supuestos son bastante optimistas, ya lo verán ustedes. Yo me he quedado sorprendido porque los supuestos son que la productividad
crezca por encima del 1 por ciento todos los años y que la tasa de paro en España sea todos los años del 6,2 por ciento. Uno dice: si esto no se cumple, a lo mejor tengo todavía más problemas. Creo que las proyecciones, sin creérselas a pies
juntillas, son un instrumento que debemos utilizar para reflexionar sobre el futuro.



Dice el señor Burgos que la esperanza de vida juega contra las pensiones y evidentemente está pensando en el gasto. Yo le diría que la esperanza de vida juega contra las pensiones si no se hacen reformas, porque si se hacen reformas puede
jugar a favor. En definitiva, quitando a los bomberos y a los conductores de autobuses, a los que se refería la señora diputada, realmente en una estructura de un sector servicios la esperanza de vida permite trabajar más y jubilarse más tarde.
Por tanto, el aumento de la esperanza de vida es una inyección muy positiva para la sostenibilidad del sistema de pensiones. Ahora, si no lo tocamos, si dejamos la misma edad de jubilación y no hacemos nada, evidentemente solo aparece el lado
negativo, pero si lo contemplamos de otra forma puede tener aspectos positivos razonables.



El señor Olabarría ha hablado de las reformas del mercado de trabajo. Creo que he dicho todo lo que tenía que decir, he hecho un discurso en Zaragoza, he estado en la web, hice un discurso en Cinco Días, todo está ahí y creo que he sido
suficientemente explícito. Pero así como creo que estos problemas de largo plazo son importantes, que lo son -una cosa es que no sean competencia directa del Banco de España, pero los temas del corto plazo lo son-, también pienso que o se hacen
reformas en el mercado de trabajo o este problema que tenemos de la tasa de paro absolutamente espectacular, absolutamente distinto al resto... Decimos -lo señalaba el señor Burgos-, que estamos teniendo problemas; nosotros hemos señalado un menos
3 por ciento, pero cuando compara uno la caída del PIB español con lo que va a caer Alemania se observa que no es una gran caída. Donde nos diferenciamos -no sabe uno cómo calificarlo- realmente es en la tasa de paro en España, en la velocidad a la
que se producen los despidos. Lo que dije en Zaragoza fue que por qué no miramos lo que hacen otros que tienen una tasa del 3, del 4, del 6 o del 7 por ciento, porque a lo mejor podemos aprender algo. Esto es lo que he dicho siempre y he señalado
lo que hacen los otros. Eso sí que creo que es urgente y efectivamente me afecta -como a veces he señalado- porque la situación financiera en nuestras entidades depende enormemente de la morosidad, que a su vez depende del paro. Por tanto, es un
tema muy serio en el que se deberían tomar las medidas cuanto antes, pero yo no voy a comentar nada más sobre esto.



En definitiva, siguiendo un poco sus reflexiones, pero ordenándolas de otra forma, lo que he querido decir -y creo que ustedes coinciden en ello- es que hay un problema de sostenibilidad y negarlo es absurdo, lo tenemos; la entidad puede
variar, como dice la señora diputada, y podremos ir viéndolo, pero hay un problema. El primer mensaje que hay que dar a la sociedad es que hay un problema. El segundo, que hacen falta reformas, que el problema no se va a resolver solo y que, por
tanto, habrá que tocar algo para tratar de solucionar ese problema que, como he dicho en mi intervención, creo que es claramente soluble; creo que hay suficientes teclas para resolver ese problema y, por tanto, no alarmar a la población. No es un
problema tremendo, es un problema que debemos tratar.



Aunque me he referido a muchas, me parece que hay dos guías fundamentales.
Una, el tema de la contributividad, y creo que es una cuestión capital que han comentado los distintos diputados. El tema de la separación de fuentes es clave para
eso porque, en definitiva, uno de los aspectos de la contributividad es la justicia, pero a mí me interesan los incentivos en el mercado de trabajo, que son muy importantes, puesto que al final puede tener unos efectos muy positivos en la propia
tasa de crecimiento de la economía, porque a lo que lleva no es a dejar de trabajar sino a trabajar razonablemente, si se puede; y si no se puede, a lo mejor habría que buscar mecanismos de solidaridad, pero no fastidiar la contributividad. El
hecho de que defendamos la contributividad no significa que la solidaridad no exista, pero la solidaridad debe ir por otro lado; no debe ir por ahí porque uno debe ser consciente de que lo que está cotizando tiene que ver con lo que va a recibir.
No es incompatible, sino que debe tratarse justamente. Esa tendencia a la separación tuve la oportunidad de usarla cuando presenté la Ley de Estabilidad Presupuestaria siendo secretario de Estado de Hacienda, ya que separamos la


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Seguridad Social del Estado. Todo esto lleva a una idea que debemos ir transmitiendo. En ese sentido -y aprovecho para comentar lo que se ha hablado del Fondo de Reserva- entiendo el escepticismo de un contable respecto al Fondo de Reserva
porque se pregunta: ¿y esto qué es? Porque bajo la deuda y me da igual. Pero es verdad que cumple un papel, que señalaba la señora diputada, de transparencia, de dar una idea de contributividad, de esto no se gasta para esto, de que el superávit
de la Seguridad Social no se lo gasta el Estado. Hay cosas que desde el punto de vista contable son iguales porque me da igual ponerlo como Fondo de Reserva y suscribir deuda pública que reducir la deuda pública, pero tiene un aspecto pedagógico
importante que yo no creo que se debiera perder. Por tanto, la contributividad me parece una guía esencial, está en el Pacto de Toledo, ahí tienen cantidad de vías para hacerlo, como lo de los años, y esto lo saben ustedes mucho mejor que yo.



El otro tema es el de la edad de jubilación en sus distintos modos, evitar jubilaciones anticipadas, poner incentivos al retraso o tocar la edad legal de jubilación, como han hecho algunos otros países. Yo no sé cuáles son las teclas que
ustedes elegirán, pero se ha demostrado, cuando uno mira las reformas de todos los países, que ha mejorado y ha salvado los sistemas. Recuerdo al señor Greenspan, que estuvo en un banco central y que presidió la reforma del sistema de pensiones en
el cambio de Nixon, que lo único que se le ocurrió fue un aumento de la edad de jubilación y eso fue una solución entonces, ahora no sé cómo está la situación de la Seguridad Social en Estados Unidos. Eso, con tiempo, se puede hacer.
Porque la
otra idea que les he querido transmitirles -y que ahora quiero reiterar- es la de adoptar las cosas pronto. ¿Por qué pronto? ¿Porque es urgente, porque hay un problema gravísimo? No, si el problema estará dentro de quince años, por tanto no hay
que alarmar a nadie. La idea de hacerlo pronto es que cuanto antes se haga la reforma ésta será menos traumática. Por tanto, si se quieren hacer reformas menos traumáticas, cuanto antes se hagan se irán acumulando. Por tanto, lo de hacerlo pronto
es importante. Yo les recomendaría que lo que vayan a hacer lo hicieran pronto porque eso permite que la intensidad de las medidas sea menor, porque hay que dar menos volantazos para llegar a donde se quiera llegar.
He hablado de la
contributividad y de la edad de la jubilación pero otra línea es tocar todas las teclas porque cuantas más teclas se toquen, menos traumáticas serán las reformas porque vas haciendo esto aquí y esto allí y así la reforma es menos traumática. Parece
muy radical decir: hágalo usted todo y pronto, pero es lo menos radical, es lo más suave.
Toque usted muchas teclas pero cuanto antes.



En cuanto al tema de acercamiento de regímenes, y ya lo he dicho en mi intervención, a mí me parece positivo porque hay temas de arbitraje y de justicia pero si se va a hacer como me ha dicho la señora diputada, más vale que nos quedemos
como estamos. Pero si se hace en una línea razonable, es algo positivo. Otro tema del que no he hablado y que han sacado el señor Burgos, el señor Olabarría y la señora López i Chamosa es el de los planes complementarios. ¿Por qué no lo he
mencionado? Porque, les digo la verdad, en España creo que está bastante bien. Primero, es un tema muy importante y cada vez es más importante en un sistema como el español que está haciendo una reforma callada, y es que la pensión máxima no
aumenta. Esto está haciendo que en el caso de la gente con rentas mayores, cada vez sea mayor la diferencia entre lo que la Seguridad Social le va a pagar y su salario. Ahí hay un problema que afectará a menos personas y no a la mayoría, porque el
sistema español en ese sentido es muy progresivo, pero hay un problema que hay que atender. Creo que la reforma que se hizo de colocar todo el ahorro al 18 por ciento hace tres o cuatro años es muy importante, porque al final cuál es la pensión
complementaria fundamental que hace uno. Ahorrar para poder tirar en el futuro. El ahorro en España después de esa reforma paga al 18 por ciento; comparen ustedes con cualquier país de Europa. La gente de mi edad, que está ya pensando en la
jubilación, lo mejor que puede hacer no es meterse en alegrías de renta variable sino meterse en un depósito.
Antes de la reforma si se tenía una tasa marginal del 40 se pagaba el 40, ahora se paga el 18. Después de esa reforma, España es uno de
los países en los que mejor se ha tratado el ahorro, sin necesidad de fondos de pensiones ni nada, simplemente colocándolo en un depósito bancario a un año, a dos, etcétera. Aunque de esto no se ha hablado lo suficiente, el ahorro en España esta
muy bien tratado, relativamente. Además tenemos los planes de pensiones. ¿Cómo quedaron los planes de pensiones? Quedaron en la cantidad que puede entrar en la negociación colectiva, como usted dice. No hay que cambiar nada para que se hagan
aportaciones. Va a pagar cero de renta ese año, es decir se va excluir absolutamente. ¿Con qué tipo va a pagar el uno? Con el que tenga cuando quiera utilizarlo, porque no se obliga a rescatarlo inmediatamente, sino que con la reforma se va a
poder rescatar cuando se quiera. ¿Cuándo se tirará del fondo complementario? Cuando se tenga menor renta, por tanto se va a pagar mucho menos que cuando lo tuvo que pagar. Me parece que hay una limitación de 12.000 euros. Honestamente, no
recuerdo cuánto es o si lo han variado ustedes en los distintos presupuestos. ¿Que eso es poco o mucho? Yo recuerdo que cuando se hizo cubría más del 90 por ciento de los españoles. Quiero decir que más del 90 por ciento de los españoles tenían
la oportunidad de hacerlo. Este es un tema político y probablemente algunos consideren que esos límites se deben aumentar o reducir, pero creo que el ahorro complementario de la pensión en España -evidentemente siempre se pueden dar más incentivos-
está relativamente bien tratado.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias al gobernador del Banco de España por su docta charla.



Se levanta la sesión.



Eran las seis y cinco minutos de la tarde.