CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2008 IX Legislatura Núm. 135

INTERIOR

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CARMEN HERMOSÍN BONO

Sesión núm. 8 celebrada el martes 4 de noviembre de 2008

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor director general de la Policía y la Guardia Civil (Velázquez López) para explicar los objetivos de su departamento para la IX Legislatura. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de
expediente 212/000021.)... (Página 2)

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Se abre la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde.



La señora PRESIDENTA: Vamos a iniciar esta sesión de la Comisión de Interior, cuyo orden del día conocen SS.SS. y que concretamente trata de la comparecencia del director general de la Policía y de la Guardia Civil para explicar los
objetivos de su departamento para la actual legislatura, a solicitud del Grupo Parlamentario Popular. Como es norma, intervendrán, en primer lugar, el señor director general, seguidamente el grupo solicitante de la comparecencia -en este caso el
Grupo Popular- y después los demás grupos por orden de menor a mayor; -lo digo para la organización de los portavoces-, tras lo cual, como es lo normal, intervendrá de nuevo el director general y, en su caso, habrá dúplica.
Sin más, tiene la
palabra el señor director general para la primera intervención sobre su comparecencia, que, como ya sabe, es sin límite de tiempo, aunque todo tiene un límite. (Risas.)


El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (Velázquez López): Señoras y señores diputados, ante todo quiero expresar en esta primera comparecencia, a petición del Grupo Popular, mi satisfacción por estar aquí y
suministrar toda la información de que dispongo en materia de seguridad como director general de la Policía y de la Guardia Civil.
Deseo manifestar mi más firme determinación para proseguir e intensificar el permanente esfuerzo que las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado han llevado y llevan a cabo para hacer que la sociedad española sea cada vez más segura como garantía de libertad, convivencia y confianza en sus valores y en su futuro. La labor que día a día realizan la Policía y
la Guardia Civil es la condición necesaria para el ejercicio de los derechos y libertades democráticos. Libertad y seguridad son indisociables, y que la sociedad española alcance mayores niveles de desarrollo, de cohesión interna y de justicia
depende de conseguir el adecuado equilibrio entre ambos principios. Quiero asegurarles que contarán en todo momento con mi colaboración y con cuanta información precisen sobre todos los aspectos relativos a los proyectos, actuaciones y resultados
alcanzados por nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Estoy persuadido de que presentar, analizar y debatir con SS.SS. los principales riesgos a los que nos enfrentamos, las fortalezas y debilidades, así como las perspectivas y los
proyectos de nuestro sistema de seguridad, contribuirá a incrementar la calidad y la eficacia del servicio que Policía y Guardia Civil prestan a los ciudadanos.



En anteriores comparecencias ante esta Comisión, el ministro del Interior y el secretario de Estado de Seguridad han establecido la líneas generales de la política de seguridad del Gobierno, por ello lo razonable es comparecer ante esta
Comisión tras las exposiciones de política general expresadas por los más altos cargos del departamento. Por otra parte, no pude asistir a la comparecencia en materia de presupuestos por encontrarme en la asamblea anual de la Interpol, donde por
cierto hubo oportunidad de establecer relaciones profesionales con numerosos responsables en materia policial, en especial con Argentina, cuyos frutos inmediatos SS.SS. conocen. Por consiguiente, a las comparecencias del ministro y secretario de
Estado voy a referirme a lo largo de mi exposición teniendo en cuenta los cometidos específicos que en ese marco corresponden a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil.



En los últimos años, la organización, procedimientos, medios técnicos, especialización de los recursos humanos y formas de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han tenido que transformarse y adaptarse a las nuevas
condiciones de nuestra sociedad global para dar respuesta a las nuevas amenazas. Todavía sin embargo queda un largo camino por recorrer. Nos enfrentamos a situaciones complejas cuyas causas son múltiples y que no solo exigen una intervención
estrictamente policial sino la actuación de todos los poderes públicos, tal y como señalaba el ministro del Interior en su comparecencia refiriéndose a la elaboración de una estrategia nacional de seguridad. Hay que tener presente que algunos tipos
de delincuencia, cuya peligrosidad es extrema porque atentan contra el fundamento de la sociedad democrática, pueden adoptar nuevas formas que hagan aún más difícil combatirlos y erradicarlos. Me refiero especialmente a la amenaza que representan
el terrorismo o la criminalidad organizada con su correlato de narcotráfico, blanqueo de capitales e incluso de corrupción. Estos cambios sociales repercuten en un amplio abanico de situaciones que permiten la aparición de nuevos riesgos -asaltos a
viviendas en zonas residenciales- o situaciones de conflicto que llegan a derivar en actuaciones delictivas -comportamientos racistas, bandas juveniles violentas- o, incluso, que favorecen nuevas formas de comisión de delitos como por ejemplo los
canales de pedofilia en la red. Se han generado y se seguirán generando nuevas demandas de seguridad que exigen una adecuación continua de los medios humanos y técnicos de la Policía y de la Guardia Civil. Por importante que sea la rápida
respuesta policial, señorías, cuando se ha cometido el delito lo que esperan de nosotros los ciudadanos es que preveamos y evitemos que ocurran. En este sentido se ha elaborado el plan estratégico de la Dirección General de la Guardia Civil y de la
Policía para el periodo 2008-2012. El plan estratégico analiza los principales riesgos para la seguridad y su proyección en un futuro inmediato, diseña los ejes de actuación y determina los recursos necesarios para hacerlos frente. Este plan
establece objetivos generales comunes para el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil que son desarrollados y concretados en objetivos específicos por ambos cuerpos de acuerdo con su ámbito de competencias y con sus propios sistemas de
planificación operativa, así como de evaluación y seguimiento. En suma, se ha profundizado en la línea de coordinar las estructuras operativas y los recursos humanos, materiales


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y técnicos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La creación de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil en el año 2006 supuso un paso decisivo en esa misma dirección, es decir en la coordinación operativa de
ambos cuerpos, en la puesta en común de información, inteligencia y recursos, con la finalidad de incrementar la eficacia en la prevención y represión del terrorismo y la delincuencia.
Las líneas generales de la política de seguridad que presiden
la actuación de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil se concretan en tres principios: la modernización del sistema de seguridad, la seguridad centrada en las personas y, por último, la prevención como criterio básico de
actuación. Me referiré a estos principios inspiradores brevemente.



La modernización de nuestro sistema de seguridad constituye un elemento estratégico que debe ser concebido como un proceso permanente. De sus múltiples aspectos consideramos prioritarios los que afectan a la política de recursos humanos, a
la mejora de equipamientos e infraestructuras y a la potenciación de los sistemas de coordinación e información. En primer lugar, en materia de recursos humanos, además de mantener el esfuerzo para incrementar las plantillas de Policía y de Guardia
Civil que se ha venido realizando en años anteriores hasta alcanzar una cifra estable y mínima de 140.000 efectivos, se hará especial hincapié en los planes de formación, perfeccionamiento y reciclaje. Necesitamos y queremos policías y guardias
civiles que además de cumplir con sus funciones operativas -como hacen de forma sobrada- tengan los instrumentos necesarios para aumentar su eficacia, para planificar y organizar más eficientemente su actividad, para dirigir equipos humanos, para
potenciar las formas de relación con los ciudadanos, para tramitar, para comunicar, para mediar, etcétera. Otro aspecto esencial en la política de recursos humanos es la mejora de sus condiciones profesionales. Aunque más adelante haga una
exposición pormenorizada en este aspecto, quiero resaltar la importancia que el ministro del Interior y este director general atribuimos a perfeccionar los sistemas de promoción y de carrera de ambos cuerpos y, en general, a la mejora de sus
condiciones profesionales. En una sociedad abierta y democrática, el diálogo, el intercambio de ideas y la colaboración con los interlocutores sociales constituye una necesidad y el mejor instrumento para avanzar en esta dirección. Quiero
asegurarles que pondremos todo nuestro empeño para conseguir que todo ello sea posible y responder así a las expectativas de mejora y desarrollo profesional de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.



La segunda de las líneas generales a las que me he referido se basa en la demanda de seguridad que en las sociedades desarrolladas se extiende a múltiples campos de la vida social y, en consecuencia, debe ser entendida en sentido amplio como
seguridad sanitaria, económica, ambiental, personal, jurídica, de género o política. Esta concepción de la seguridad, a diferencia de la que tenía como referentes al Estado y al orden público como ejes de la vida social, está centrada en las
personas.
Se trata de una concepción amplia e integral y se basa en principios esenciales de la democracia como la supremacía de los derechos humanos, la legitimación social, la implicación y la participación ciudadana. Hoy los riesgos y amenazas,
las tensiones y conflictos tienen una dimensión supranacional. La diferencia entre seguridad interior y seguridad exterior ya no es tan nítida como hace apenas unas décadas. Fenómenos como el flujo de capitales o los movimientos migratorios están
borrando esos límites. Por otra parte, la globalización de las comunicaciones, de los mercados, de la información y de la cultura tiene consecuencias directas en la seguridad y ha dado lugar a la aparición de nuevos riesgos. Los problemas que
afectan hoy de manera más grave a la seguridad, terrorismo, criminalidad organizada, tráfico de armas y drogas, blanqueo de capitales no pueden ser abordados por los Estados de manera asilada.



El tercer principio inspirador de la política de seguridad es la prevención como criterio básico de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En esta línea, se reforzará el enfoque multidisciplinar de la actividad
policial, se potenciarán los servicios de información e inteligencia, se proseguirá con la mayor coordinación de bases de datos y tecnología aplicada a la investigación entre ambos cuerpos y, a nivel internacional, se intensificarán las relaciones
policiales internacionales, se promoverá la colaboración con otros órganos de las administraciones públicas, así como la participación ciudadana, especialmente en ámbitos de gran complejidad social, como la defensa de colectivos vulnerables, el
tráfico de drogas en el entorno escolar o la violencia de género. De acuerdo con estos principios, la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se articulará en torno a los siguientes ejes: lucha contra el terrorismo, lucha contra el crimen
organizado, lucha contra la inmigración ilegal, reforzamiento de la seguridad ciudadana, haciendo particular hincapié en la defensa de los colectivos más vulnerables y en combatir la violencia de género; contribución a la mejora de la seguridad
vial y, por último, modernización del sistema de seguridad.



En cuanto a la primera de ellas, la lucha antiterrorista, señorías, es nuestra primera prioridad y sigue siendo combatir el terrorismo de ETA hasta su última erradicación. Más de cuatro décadas de violencia irracional que ha costado cientos
de víctimas inocentes no ha conseguido ni conseguirá nunca doblegar la democracia y tampoco conseguirá nunca ninguno de los objetivos que pretenden con ella. La labor abnegada y constante de la Policía y de la Guardia Civil, la unidad de todos los
demócratas, el acierto de las reformas legales y el aislamiento social y político a nivel nacional e internacional han disminuido en gran medida la capacidad operativa de la banda terrorista. No obstante, los treinta atentados terroristas y los
tres viles asesinatos cometidos por ETA durante 2008, así como aquellos otros atentados que


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fueron neutralizados por la eficaz actuación policial antes de que se produjeran demuestran su intención de continuar en la misma y siniestra dirección. No hay ninguna variación en su estrategia de continuar utilizando la violencia
terrorista para imponer sus objetivos, como acaba de demostrar con el atentado terrorista que pudo ser una masacre de la Universidad de Navarra. Los datos conocidos y las investigaciones en marcha ponen de manifiesto que aunque la capacidad
operativa de la banda terrorista ha quedado muy mermada como consecuencia de las sucesivas detenciones y operaciones policiales, todavía cuenta con elementos activos. A pesar de ello y de que mientras no desaparezca ETA siempre puede producirse un
nuevo acto de violencia criminal, el balance de la lucha contra el terrorismo de ETA es manifiestamente positivo. Estamos en condiciones de afirmar que ETA está más débil que nunca y que la única vía de que dispone es la de abandonar la violencia y
disolverse y el único destino que espera a sus integrantes es la cárcel. Los avances que se han producido no han sido solo en el terreno estrictamente policial.
Quiero destacar la importancia de la acción coordinada de todas las instituciones del
Estado y de los partidos políticos para poner fin a la violencia terrorista. En el ámbito judicial, la ilegalización de las organizaciones que daban cobertura y apoyo a la organización terrorista ha constituido un paso decisivo. El encarcelamiento
de la práctica totalidad de los integrantes de la mesa nacional de Batasuna y la ilegalización de Gestoras pro Amnistía y de Askatasuna han supuesto un duro golpe contra la organización terrorista. Las detenciones de los dirigentes radicales
demuestran que en un Estado democrático no existen terrenos de impunidad mafiosa y contribuyen en gran medida al aislamiento de ETA y a yugular algunas de las vías de financiación e influencia de que disponía. La cooperación internacional en la
lucha contra ETA dispone hoy de más instrumentos jurídicos que nunca y de más voluntad para enfrentarse solidariamente a esta lacra. La colaboración de Francia en este terreno es ejemplar y muestra continuamente su eficacia, ya que se ha hecho
también extensiva a toda la comunidad internacional. En cuanto a la violencia callejera, al tratarse de un fenómeno violento y radical que afecta mayoritariamente a jóvenes, incluso a adolescentes, que son instrumentalizados por la banda
terrorista, es necesario, además de aplicar medidas estrictamente policiales, considerar otras de tipo preventivo y reparador. Estas medidas de reparación deben ir dirigidas a la colectividad que se ve afectada por la violencia callejera y son
complementarias de las sentencias dictadas por la Audiencia Nacional. En el ámbito operativo, la situación de debilidad a la que me refería se pone particularmente de manifiesto en los éxitos obtenidos por la Policía y la Guardia Civil. Baste con
indicar que en el periodo de marzo de 2004 a marzo de 2008 se han producido 397 detenciones de miembros de la banda terrorista y otras 149 detenciones por actos de violencia callejera. Solo en lo que llevamos de legislatura se ha detenido a 36
miembros de ETA y a 51 personas por actos de violencia callejera. Sin embargo, no podemos olvidar, señorías, que nos enfrentamos a una banda terrorista con una decisión inequívoca de imponerse al conjunto de la sociedad y acabar con su libertad y
para ello, incluso en una situación tan precaria como la que tiene actualmente la banda, siempre que pueda, causará todavía nuevas víctimas inocentes y aún más dolor.



Continuaré ahora con la otra gran amenaza terrorista en España, el terrorismo islamista radical. Algunos indicadores ponen de relieve el grado real de esta amenaza, en primer lugar, la reiteración de los comunicados de Al Qaeda y
organizaciones afines en referencia a España como territorio ocupado al Islam, con los consiguientes llamamientos para su recuperación dirigidos sobre todo a las bases salafistas marroquíes.
En segundo lugar, la posición española alineada con las
resoluciones de la ONU y de la OTAN en materia antiterrorista supone que se haya convertido en objetivo de la dirección de la red Al Qaeda; asimismo contribuye a ello el compromiso inequívoco del Gobierno español en la lucha contra el terrorismo
islamista internacional, que se evidencia en las más de 350 detenciones practicadas en los últimos cuatro años. En tercer lugar, hay que señalar que en los últimos años se ha venido detectando en diferentes zonas del territorio nacional la
presencia de un número significativo de simpatizantes y elementos vinculados de una u otra forma al yihadismo. En cuarto lugar, es necesario subrayar la trascendencia que puede representar el posible cambio estratégico que se evidencia en las redes
extremistas de origen pakistaní asentadas en España, que han pasado del apoyo económico y logístico a la planificación de acciones violentas en nuestro territorio, en plena sintonía con lo que se viene observando en Europa. Una vez analizada la
situación actual de la amenaza terrorista, pasaré a exponer los planes para combatirla.



En relación con ETA, lo primero que hay que señalar es que la actividad de Policía y Guardia Civil se desplegará en todos los frentes. En el judicial, no solo colaborando con las autoridades judiciales para poner a su disposición a los
culpables, sino también investigando y aportando toda la información necesaria para impedir cualquier nueva tentativa de reorganización encubierta de formaciones políticas que son parte del entramado terrorista, tratando así de burlar la legalidad
democrática y las sentencias de los tribunales. En el económico, persiguiendo en todas sus dimensiones el mal llamado impuesto revolucionario, que no es más que un medio de extorsión mafioso, e impidiendo cualquier otra forma de obtención de
fondos, tanto las que revisten una apariencia legal desviando fondos de instituciones o asociaciones directa o indirectamente vinculadas al entramado terrorista, como las que están asociadas a formas de delincuencia internacional. Acabar con las
redes de financiación y de logística de ETA es uno de los objetivos prioritarios. En el ámbito internacional se continuarán estrechando los lazos y reforzando la colaboración con los demás países, especialmente con Francia;


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se intensificarán los esfuerzos para integrar grupos de trabajo operativos y de inteligencia, así como para potenciar equipos conjuntos de investigación.



Quiero concluir este apartado de la lucha contra el terrorismo destacando alguna de las medidas concretas que se pondrán en práctica. En primer lugar, se aumentarán en más de 500 especialistas los equipos de lucha antiterrorista, con lo que
en menos de ocho años se habrá producido un incremento de 1.800 especialistas. Seguiremos potenciando la actuación conjunta de las unidades especializadas de la Policía y de la Guardia Civil, además de reforzar la colaboración con los servicios
antiterroristas de la Ertzaína y de los Mossos d'Esquadra. Protegeremos eficazmente a los ciudadanos, a las instituciones y los bienes públicos y privados mejorando permanentemente los planes preventivos adecuados a cada tipo de situación. En esta
línea, quiero destacar la importancia del Plan de protección de infraestructuras estratégicas. Se continuará potenciando también la labor del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, incrementando la formación de sus recursos humanos y sus
medios tecnológicos de apoyo. Se completarán las dotaciones de la red de agregados en el exterior, recientemente ampliada a países estratégicos del Mediterráneo y de Oriente Medio. Desarrollaremos y crearemos en su caso equipos conjuntos de
investigación y se extenderá el principio de disponibilidad inmediata de la información. Potenciaremos los medios personales y técnicos de la especialidad Tedax-NRBQ, articulando sus unidades territoriales y potenciando su formación y
especialización en la lucha antiterrorista.



El segundo de los ejes a los que me he referido es el de la lucha contra la criminalidad organizada. Nos encontramos ante la segunda gran amenaza para la seguridad de nuestro país, que supera los límites de nuestras fronteras. Para la
Unión Europea, incluso a nivel mundial, constituye también un problema de igual o mayor magnitud y gravedad. No obstante, este tipo de criminalidad presenta en España algunas características especiales. La situación geográfica de nuestro país como
nexo entre Europa y África, junto a unos profundos vínculos socioculturales con Latinoamérica, han supuesto que España ocupe una posición singular como enclave para el tránsito y consumo de sustancias estupefacientes, hachís y cocaína, procedentes
del Magreb y América del Sur. Además, la desintegración de algunos países europeos y el desmoronamiento de los regímenes totalitarios de Europa del Este ha provocado que grupos de delincuentes se hayan desplazado a nuestro país.



Para hacer frente a esta forma de delincuencia organizada se han establecido estrategias cuyas principales actuaciones son el establecimiento de criterios de coordinación operativa de los servicios y el análisis del fenómeno mediante la
creación del CICO, Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad. Se ha fortalecido una unidad central de delincuencia económica fiscal con una nueva brigada de blanqueo de capitales,
incorporando 260 investigadores a la organización territorial. La variación del número de delitos de blanqueo de capitales perseguidos entre 2003 y 2007, que se ha incrementado un 115,4 por ciento, demuestra que estamos avanzando en la dirección
adecuada. Se ha reforzado la lucha contra las grandes organizaciones de las unidades de droga y crimen organizado del Cuerpo Nacional de Policía y de la UCO, Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Se han incorporado 570 nuevos especialistas
de Policía judicial en la Policía y 274 en la Guardia Civil, integrándose en los 6 grupos de respuesta especial contra el crimen organizado, Greco, y en los 7 equipos contra el crimen organizado, ECO. Se han abierto nuevas líneas de investigación
para luchar contra los delitos relacionados con el urbanismo, para lo que se han constituido 55 equipos de delincuencia urbanística en el ámbito de la Guardia Civil.
Para proseguir con la mayor especialización de nuestras Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad en esta materia se ampliarán sus dotaciones con 800 investigadores, que se asignarán a las unidades de inteligencia, y asimismo se duplicará el número de los Greco y ECO y se contribuirá a reforzar la cooperación con los cuerpos
autonómicos y centros de inteligencia del Estado. Seguiremos impulsando la lucha contra el narcotráfico en todos sus escalones, dificultando el acceso a la droga de nuestros menores y escolares. Desde principios de 2006 se han desactivado más de
mil puntos de venta y se han efectuado más de 2.700 detenciones.
También a nivel nacional se incautaron en los últimos cuatro años cerca de 170 toneladas de cocaína, 2.577 toneladas de hachís y más de 2.300.000 dosis de éxtasis. Asimismo el número
de actas por posesión y consumo de drogas ilegales ha pasado de 93.808 en 2003 a 265.818 en el año 2007, lo que supone un incremento del 183,4 por ciento. Por último, se reforzará la colaboración con jueces y fiscales, así como con los servicios de
la Agencia Tributaria para combatir las formas más sofisticadas de la criminalidad organizada. Quiero recordarles que en la pasada legislatura se han desarticulado 1.527 grupos, fueron detenidos 17.376 integrantes de estos grupos y se intervinieron
o bloquearon bienes por un valor estimado de 4.126 millones de euros.



La lucha contra la inmigración irregular es el tercer eje de actuación de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil. Si en algún terreno es evidente la necesidad de aplicar un conjunto de políticas públicas que actúen sobre
las causas del problema, este terreno es sin duda el de la inmigración irregular. El fenómeno de la inmigración en España ha representado un factor de desarrollo de primera magnitud y no solo desde el punto de vista económico y demográfico;
también contribuye a que nuestra sociedad sea más abierta y dinámica, más diversa y tolerante. Precisamente por ello es necesario regular los flujos migratorios, en primer lugar para evitar la trata de seres humanos con su correlato de explotación
sexual y laboral y también para que quien llegue a nuestro país lo haga con la posibilidad de desarrollar una vida personal y laboral dignas y con la


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garantía de integrarse en nuestra sociedad plenamente, sin tensiones. En la inmigración ilegal, la que se produce por vía marítima (cayucos, pateras), por el dramatismo y el coste de vidas que lleva aparejados, exige actuaciones singulares
y una respuesta inmediata. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con una especial sensibilidad en estos casos, tienen como primer fin salvaguardar las vidas de las víctimas de este tráfico de personas, que son los propios inmigrantes.
Seguidamente y de manera enteramente compatible, se trata de erradicar las mafias que se lucran con la trata de seres humanos. En consecuencia, continuaremos incrementando las capacidades de actuación preventiva con medios navales, aéreos y
tecnológicos. En primer término, el sistema integrado de vigilancia exterior (SIVE) en el año 2009 se encontrará completamente instalado en los archipiélagos balear y canario, así como en la costa peninsular desde Huelva hasta Castellón. También
está prevista, en los ejercicios 2009 y 2010, la adquisición para el servicio marítimo de la Guardia Civil de una patrullera de altura y de dos patrulleras de alcance medio y navegación sostenida. También se iniciará la construcción de un buque
oceánico. Por otro lado, se adquirirán cuatro helicópteros de tipo ligero para el servicio aéreo de la Guardia Civil que desde el pasado 31 de julio cuenta también con un primer avión de ala fija, estando prevista la entrega de un segundo aparato a
finales de este año.



En la línea de dotar de más y mejores recursos se ha creado el pasado mes de septiembre el Centro Nacional de Vigilancia de Fronteras Marítimas de la Guardia Civil para dirigir las operaciones en coordinación con los diferentes servicios del
Estado. Se ha constituido un centro de coordinación y cuatro centros regionales, del Mediterráneo, Estrecho, Atlántico y Cantábrico, con sedes en Valencia, Algeciras, Las Palmas y La Coruña, respectivamente. No obstante, es la colaboración entre
las fuerzas de seguridad de otros Estados y la cooperación para el desarrollo con los países de origen y tránsito de la inmigración irregular lo que resulta decisivo para combatirla. Se han firmado acuerdos de colaboración con Mauritania, Senegal,
Gambia y Cabo Verde. En esta materia la cooperación con Marruecos es muy estrecha. Baste señalar la existencia de patrullas mixtas, Guardia Civil-Gendarmería Real de Marruecos, entre El Aaiún y Fuerteventura, Algeciras y Tánger, Granada y
Alhucemas, Almería y Nador. El resultado de todas estas iniciativas puede calificarse de positivo aun a pesar de las enormes dificultades a las que hay que hacer frente y por supuesto del terrible sufrimiento que padecen las miles de personas que
se ven abocadas a arriesgar su vida para conseguir un futuro mejor. En este año se ha producido un ligero descenso de las llegadas de cayucos y pateras a nuestras costas, concretamente un 8,66 por ciento.
Hay una notable disminución de inmigrantes
subsaharianos que han llegado en embarcaciones de manera irregular. En el año 2006 se contabilizaron 30.237; en 2007, 12.089 y en lo que va de año la cifra se ha reducido a 6.831. Diversos factores inciden en ello: la vigilancia aérea y
marítima, el dispositivo Frontex, que actúa en origen, y la colaboración de los gobiernos africanos. Quiero añadir, no obstante, otro elemento que ante todo tiene un gran efecto disuasorio, la política de repatriaciones que cada vez es más eficaz y
ágil. El flujo de entrada mayoritario se produce por vía aérea y corresponde a ciudadanos de origen sudamericano. Al tratarse de entradas legales, que por superar los plazos de estancia se convierten en ilegales, establecer cifras y su evolución
presenta una gran dificultad como todos ustedes conocen.



Otras medidas que quiero destacar son las relativas a la agilización del procedimiento de expulsión de inmigrantes que delincan con la creación de la Brigada de expulsión de delincuentes extranjeros. También se aumentará la red de centros
de internamiento, especialmente en Canarias, y se ampliará el periodo máximo de permanencia en estos centros -que, como ustedes saben, es de 40 días en este momento-, que resulta con frecuencia insuficiente, debido a dificultades evidentes de
identificación y de cumplimiento con el procedimiento de repatriación. Reforzaremos a su vez los principales puntos de entrada de Schengen, aéreos y terrestres, mediante controles integrales a través del sistema de información avanzada sobre
pasajeros, APIS, y el sistema de información integral SIS.
En esta misma dirección se continuará impulsando la colaboración con los servicios policiales y de fronteras europeos. España, como frontera exterior europea, necesita e impulsa
decididamente una política común en materia de inmigración. Para hacer más efectiva la lucha contra las mafias que trafican con seres humanos, se ha reforzado la estructura de la unidad central contra las redes de inmigración y falsedades
documentales, perteneciente a la Policía Nacional, redistribuyendo y extendiendo su estructura a todo el territorio nacional. Durante los cuatro años precedentes, se desarticularon 1.515 redes y se detuvieron 6.380 integrantes de las mismas.
También se pondrá en práctica un plan específico de actuación entre la Inspección de Trabajo y los servicios de Policía y Guardia Civil, para combatir y sancionar la contratación de ciudadanos extranjeros en situación irregular. Se trata de un
proyecto que pretende incidir en varios aspectos relacionados con la inmigración irregular y sus consecuencias.



Señorías, el cuarto eje de actuación de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil es la seguridad ciudadana. La legítima demanda ciudadana de una cada vez mayor y mejor acción policial, que caracteriza a una sociedad en
progreso, como la nuestra, requiere una respuesta eficaz. La actuación de Policía y de Guardia Civil, dirigida a garantizar la seguridad de los ciudadanos y a proteger el libre ejercicio de los derechos y las libertades, es altamente valorada por
la sociedad española. Esta valoración queda bien reflejada en la percepción que tienen los ciudadanos sobre los niveles efectivos de seguridad alcanzados, como se manifiesta


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en los índices de preocupación ciudadana, que, como SS.SS. conocen, se sitúan en los niveles más bajos que ha tenido nunca este indicador. Según los datos publicados por el CIS, solo el 13,6 por ciento de los españoles considera, en los
últimos doce meses la inseguridad ciudadana como un problema importante. Como ha expuesto recientemente el ministro del Interior ante esta Comisión, la tasa de criminalidad en España es inferior a la de los países de referencia en la Unión Europea.
En diciembre de 2007 se situaba en 47,5 infracciones penales por cada 1.000 habitantes, frente a las 71,3 de la media de los 15 países de la Unión Europea que podemos considerar como referencia. Por otro lado, la tasa de delitos contra la vida, la
integridad y la libertad de las personas es de 2,6 por cada 1.000 habitantes; en países como Holanda o como Francia, supera con creces los cinco por cada 1.000 habitantes y en otros, como Suecia, supera los diez.



Hay que señalar que las tasas de criminalidad responden, por supuesto, a múltiples factores, entre otros a las modificaciones introducidas en nuestro Código Penal, que ha creado tipos penales específicos en materia de violencia de género,
malos tratos habituales en el ámbito familiar, lo que ha hecho que esta tasa se eleve del 1,8 en 2003 al 2,6 en 2007. No obstante, podemos afirmar que nos mantenemos en niveles de baja criminalidad en este tipo de delitos, como demuestra el
descenso en la tasa de homicidios dolosos y asesinatos, que ha pasado del 3,2 en el año 2003 al 2,49 en el año 2007. A ello contribuye, sin duda, la propia eficacia policial, que muestra un sensible avance: la tasa de delitos esclarecidos se ha
incrementado en más de ocho puntos desde el año 2003 hasta el año 2007. Para alcanzar estos nuevos objetivos es esencial mantener un despliegue policial basado en la estabilidad, la coordinación y la disponibilidad de recursos humanos y materiales
suficientes y en el que la proximidad y la actitud de servicio hacia el ciudadano sean aún mayores. La prevención y la atención al ciudadano así como garantizar una respuesta eficaz e inmediata constituyen objetivos primordiales.



En la política de seguridad ciudadana, el Plan estratégico de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil para el período 2008-2012 establece cuatro grandes objetivos: mantener la tasa de criminalidad general en el actual
diferencial favorable en relación con la tasa media de los países de la Unión Europea; disminuir la tasa de delitos más graves, tales como homicidios, robos con violencia y agresiones sexuales a mujeres; perseguir específicamente los abusos y
agresiones a los menores y los delitos de pornografía infantil y, por último, mejorar la lucha contra la pequeña delincuencia y disminuir los tiempos de respuesta policial. Seguiremos avanzando en una línea de trabajo que tiene particular interés,
la colaboración con las corporaciones locales y con los cuerpos de Policía local. Con ello pretendemos intensificar la colaboración e interrelación de todos los efectivos policiales, en la línea de configurar una estrategia nacional de seguridad.
Para conseguirlo, contamos con un amplio consenso dentro de la Federación Española de Municipios y Provincias.



Quisiera ahora detenerme en el análisis de un aspecto de la seguridad ciudadana que merece especial atención, la lucha contra la violencia de género y la protección de otros colectivos vulnerables de nuestra sociedad, como los niños o las
personas mayores. Todos somos conscientes de la lacra social que supone la violencia de género. Al mismo tiempo, también sabemos que no siempre es fácil y a veces no es posible poner a tiempo los medios para evitar que se cometan este tipo de
delitos. No obstante, tenemos la firme convicción y decisión de seguir tomando todas las medidas para mejorar la protección de las mujeres maltratadas, para prevenir este tipo de delitos y para perseguir a los que los cometen. Nos encontramos ante
un problema de múltiples causas y de extraordinaria gravedad, que no puede ser resuelto exclusivamente por medios policiales o penales. En los últimos cuatro años hemos aumentado en un 377 por ciento las dotaciones económicas para los servicios de
prevención y de lucha contra la violencia de género. Asimismo, los efectivos policiales destinados en las unidades especializadas han pasado de 505 efectivos a comienzos del año 2004 a los 1.848 efectivos en el año 2008. Estas unidades están
compuestas por equipos y especialistas en mujeres y menores -los Emume- en el ámbito de la Guardia Civil y en el ámbito del Cuerpo Nacional de Policía el servicio de atención a la mujer -el SAM-, así como las UPAP, unidades de prevención, asistencia
y protección a las mujeres maltratadas. A estas unidades especializadas hay que añadir la atención preferente que prestan a este tipo de violencia los 35.000 policías y guardias civiles que desarrollan sus funciones en materia de seguridad
ciudadana y que tienen como uno de sus objetivos prioritarios la atención y defensa de las mujeres que pueden ser objeto de la violencia machista. En marzo del año 2007 pusimos en marcha el sistema de seguimiento integral con los casos de violencia
de género, en el que se integran todos los recursos disponibles para articular medidas de protección policial efectivas y de asistencia a las mujeres víctimas de la violencia de género. El sistema consiste en una base de datos única, que recoge
todas las informaciones procedentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado e incluye una valoración constante del riesgo potencial al que están sometidas las víctimas. También pone en marcha medidas específicas de protección, de acuerdo
con el nivel de riesgo en que se encuentra la mujer. Al mismo tiempo hemos firmado diferentes convenios y protocolos con la fiscalía y con el Poder Judicial, con otros ministerios, con la Federación Española de Municipios y Provincias y con los
colegios de abogados. En resumen, señorías, nuestro compromiso es claro y firme, la labor no es fácil pero tengan la seguridad de que vamos a incrementar las actuaciones y los medios necesarios para eliminar esta lacra de nuestra sociedad.



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Para terminar con este eje de actuación, quiero mencionar alguna de las acciones que hemos puesto en marcha en relación con otros colectivos vulnerables de nuestra sociedad, como intensificar el Plan de respuesta policial al tráfico
minorista y consumo de drogas en centros educativos y en sus entornos, que se desarrolla en unos 4.000 colegios distribuidos por todo el territorio nacional y mediante el cual se han conseguido desactivar 244 puntos de venta, con 355 detenciones;
potenciar el Plan contra el tráfico minorista en zonas de ocio, que ha dado ya excelentes resultados, con más de 43.000 locales inspeccionados, 950 puntos de venta desactivados y 2.954 detenciones; reforzar el Plan de actuación y coordinación
policial contra grupos organizados y violentos de carácter juvenil que, en los dos años de vigencia de este plan, ha tenido un balance positivo, con 1.637 detenidos y 772 grupos organizados y violentos desarticulados. También seguiremos
desarrollando el Plan director para la mejora de la convivencia y la seguridad escolar, que, en su primer año de aplicación, ha recibido una acogida muy favorable por la comunidad educativa y, por último, mantendremos la misma línea de trabajo y la
misma contundencia en la lucha contra la pornografía infantil, especialmente contra la que se desarrolla a través de Internet. Las actuaciones policiales contra los delitos de pornografía infantil han supuesto en el año 2007 la detección e
investigación de 677 casos, lo que representa un incremento del 706 por ciento respecto al año 2003. En cuanto a los delitos de corrupción de menores, se han investigado 255 casos, lo que significa un incremento del 127 por ciento sobre 2003.



Concluiré mi exposición de los ejes funcionales de actuación de la dirección general refiriéndome de forma breve a la aportación que la Guardia Civil realiza a la seguridad vial. La Guardia Civil, bajo la dirección funcional de la Dirección
General de Tráfico, incrementará sus esfuerzos para contribuir a la mejora de la seguridad vial, tanto en sus tareas preventivas y de control como en las de información, de atención al ciudadano y de educación vial. El Pan estratégico de la
Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil recoge, entre otros, los objetivos de ampliar a 11.000 miembros la plantilla actual de la agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, así como mejorar las condiciones de trabajo de este personal,
cuyo servicio, además de ejemplar, implica situaciones y riesgos que merecen una especial atención por nuestra parte.



Señorías, la nueva concepción de la seguridad exige, a mi juicio, que todas las actuaciones que llevemos a cabo en los distintos ámbitos funcionales a las que he hecho referencia estén enmarcadas o presididas por una estrategia de
modernización del sistema de seguridad de nuestro país. Esta estrategia ha de buscar la eficacia en los resultados y la eficiencia en el empleo de los recursos de que disponen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Nuestro objetivo ha de
basarse en la prestación de servicios orientados al ciudadano, lo que exige una mayor calidad de los mismos. La principal misión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, y para
ello también es fundamental reforzar la sensación de seguridad que perciban los ciudadanos, aumentando no solo la seguridad objetiva sino también el grado de confianza subjetivo. De ahí la gran importancia que se concede a la modernización de sus
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y al fortalecimiento que de esta idea pueden tener los ciudadanos mediante la difusión de una imagen institucional moderna y funcional, acorde con la eficiencia real alcanzada. Pero este grado de eficacia y
profesionalidad no debe quedar relegado al ámbito estrictamente nacional, sino que se debe proyectar más allá de nuestras fronteras mediante la reafirmación y potenciación de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como instrumento
válido y de gran utilidad para el desarrollo de la acción exterior del Estado, en intervenciones que se materializan en el cumplimiento de las misiones policiales y militares en el extranjero, poniendo a disposición de la Unión Europea y de otras
organizaciones internacionales, como la ONU, la OSCE o la OTAN, las capacidades necesarias para llevar a cabo estas misiones en cualquier fase de los proyectos de apoyo a la paz y de gestión de crisis.



La modernización del sistema de seguridad constituye el área instrumental que recorre transversalmente el Plan estratégico 2008-2012 de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil. Para mejorar la eficiencia de los servicios de
seguridad de nuestro país, el plan estratégico presta especial atención a la coordinación y armonización de los planes operativos de inversiones de innovación tecnológica del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, de manera que todos los
recursos humanos y los medios materiales con los que cuenten tengan un efecto multiplicador. Es necesario abordar transformaciones en la gestión de dichos recursos y modificar procedimientos utilizando herramientas de control de procesos operativos
como instrumentos que apoyen la toma de decisiones. Con ello se podrán mejorar los flujos de información, facilitar una adaptación más ágil a las nuevas necesidades y detectar las mejores prácticas y las tendencias positivas observadas en el
desempeño de sus funciones de las distintas unidades. Esta estrategia de modernización es requisito básico para disponer de unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado excelentes, mejorando los medios materiales y las infraestructuras con la
incorporación de las nuevas tecnologías en gestión y servicios. Prueba de ello es el incremento de la inversión en materia de seguridad, que en cuatro años ha pasado del 0,49 por ciento al 0,60 por ciento del producto interior bruto en el año 2008.
Para que SS.SS. comprueben la importancia de este crecimiento les daré un dato que refleja de manera clara el crecimiento del gasto en seguridad. En los últimos cuatro años los presupuestos en materia de seguridad han crecido un 47,5 por ciento y
en la legislatura 2000-2004 lo hicieron en un 24,15 por ciento, menos de la mitad. Este enorme esfuerzo nos ha permitido avanzar de forma


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decidida en la modernización de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo que tiene su reflejo evidente en el aumento de la seguridad de los ciudadanos e incluso en la percepción que tienen estos sobre la seguridad. Para 2009,
el presupuesto de la Policía y de la Guardia Civil asciende a más de 6.000 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 3 por ciento respecto a 2008, más de un punto por encima del límite de crecimiento del gasto público del Estado y un 50,8
por ciento más que en 2004. En definitiva, la seguridad sigue siendo una prioridad del Gobierno en los presupuestos del año 2009, aun estando en un escenario, como es conocido de austeridad. Esta prioridad tiene su reflejo en la dotación,
formación y especialización de los recursos humanos, en primer lugar, promocionando ofertas de empleo público que les permita cumplir satisfactoriamente tanto con sus tradicionales misiones como con las de más reciente aparición en el panorama
nacional e internacional. En el periodo 2004-2008, los efectivos disponibles del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil se han incrementado de 118.666 a 139.096, lo que representa un crecimiento del 17,2 por cien- to, habiéndose ofertado
40.641 plazas en el perio-do 2005-2008. Este esfuerzo va a continuar en 2009. Como ha anunciado el ministro del Interior, la previsión es convocar 6.000 nuevas plazas para ambos cuerpos.



En esta línea de crecimiento de los efectivos de Policía y Guardia Civil adquiere especial importancia la participación de la mujer en ambos colectivos. En la actualidad hay un total de 4.135 mujeres en la Guardia Civil y 5.392 en el Cuerpo
Nacional de Policía, lo que representa un 5,29 por ciento y un 9,62 por ciento respectivamente. En el año 2005, la presencia de la mujer en ambos cuerpos era la siguiente: 3,9 por ciento en la Guardia Civil y 7,7 por ciento en la Policía. Si
comparamos esta cifra con las de 2005, el avance ha sido notable y el proceso de incorporación de la mujer a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado está siendo rápido y constante, en consonancia con lo que ocurre en el conjunto de la
sociedad. En segundo lugar, hay que mejorar los procesos de formación y especialización, adaptando los programas de enseñanza y promocionando la formación continua, de tal manera que todos sus componentes reciban una enseñanza de calidad y
permanentemente actualizada. En 2008, el presupuesto dedicado a la formación de la Policía y la Guardia Civil asciende a más de 70 millones de euros, más de 40.000 efectivos de ambos cuerpos han recibido algún tipo de formación y se han impartido
más de 2.100 cursos.



Para finalizar con los aspectos relativos a la gestión de los recursos humanos, la eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios depende en gran medida de la motivación e iniciativa de los agentes. En esta línea, para conseguir
que estén suficientemente incentivados con su profesión, es requisito necesario mejorar sus condiciones de vida y de trabajo mediante, entre otras medidas, la promoción de la conciliación de su vida familiar y profesional, la búsqueda de la mejora
de las condiciones de trabajo y de salud en las que desarrollan sus cometidos y la potenciación de las medidas de acción social. Es innegable el compromiso del Gobierno con la mejora de las condiciones laborales de nuestras Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado. En este punto me van a permitir que me detenga para ofrecerles una información transparente y exhaustiva. Lo primero que quiero afirmar con rotundidad es la clara y manifiesta decisión de negociar con las organizaciones
sindicales del Cuerpo Nacional de Policía para llegar a acuerdos satisfactorios para el colectivo. Esta voluntad se ha manifestado en multitud de ocasiones por el ministro, por el secretario de Estado y por mí mismo. Como ustedes saben, en el año
2005 se firmó un acuerdo con los sindicatos policiales por el cual las retribuciones de los policías se incrementaron en el 10,52 por ciento, 52 puntos más que las del resto de los funcionarios, en un periodo de cuatro años. Este acuerdo con los
sindicatos policiales se hizo extensivo también a la Guardia Civil. Además, en noviembre de 2007 se firmó un segundo acuerdo por el que se procedió a una mejora retributiva de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, con la aprobación del nuevo
catálogo de puestos de trabajo, que entró en vigor el 1 de enero de 2008, y con la mejora sustancial del concepto de territorialidad. Este acuerdo supuso en este primer año un incremento de la masa salarial de los funcionarios policiales de en
torno a los 50 millones de euros. La aplicación de las medidas previstas en el catálogo de puestos de trabajo tendrá durante 2009 un impacto añadido estimado en unos 35,5 millones de euros. Todas estas medidas han supuesto que la masa salarial de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en 2008 sea de 4.531,4 millones de euros, lo que significa un aumento del 47 por ciento sobre el año 2004, como consecuencia tanto del crecimiento de las plantillas como de los aumentos retributivos.



Señorías, estos acuerdos han determinado que las retribuciones medias en el Cuerpo Nacional de Policía se hayan incrementado en el periodo 2004-2008 entre un 16,3 por ciento para un comisario y un 21,6 por ciento para un policía de la escala
básica. Este aumento es aún mayor si consideramos el factor territorial. En Madrid, la retribución media de un comisario es un 20,7 por ciento superior a la de 2004 y la de un policía, un 25,2 por ciento. La proyección para 2009 es de un
incremento del 26,9 por ciento y del 35,1 por ciento respectivamente sobre el año 2004.
Trasladando estos datos globales a un caso concreto, el de un agente del Cuerpo Nacional de Policía de una comisaría de distrito en Madrid, podemos observar que
sus retribuciones brutas mensuales se han incrementado un 25,2 por ciento en los últimos cuatro años.



Inmediatamente después de la constitución del nuevo Gobierno, en mayo de 2008, el ministro del Interior, acompañado por el secretario de Estado y por el director general, se reunió con las organizaciones sindicales representativas del Cuerpo
Nacional de Policía. Esta primera reunión fue seguida de otras de forma individual


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con cada una de ellas y de todas en conjunto con el director general. En la primera de ellas, el 18 de junio, se ofreció a los sindicatos la apertura formal de las negociaciones mediante la constitución de varias mesas o grupos de trabajo,
para tratar de asuntos de enorme trascendencia para el colectivo de policía: jornada laboral, régimen disciplinario, carrera profesional y riesgos laborales. A lo largo de los meses de junio y julio, personalmente convoqué hasta en tres ocasiones
las distintas mesas que acabo de mencionar sin que asistiera ninguna de las organizaciones sindicales. La respuesta sindical a todos estos ofrecimientos de diálogo fue la convocatoria de medidas de presión.No obstante, y en este afán de persistir
en la voluntad negociadora del Ministerio del Interior, los días 3 y 23 de septiembre mantuve sendas reuniones con los sindicatos para encontrar puntos de acuerdo con las organizaciones sindicales. Se planteó llevar a cabo un estudio para mejorar
el vigente catálogo de puestos de trabajo, revisión adicional a la que ya se hizo en el año 2007. Asimismo se propuso elaborar un documento conjunto en el que se recogiera, entre otros asuntos, la apertura efectiva de las mesas de negociación.
Este documento sería la plataforma para la convocatoria del pleno del Consejo de Policía, en el que se aprobaría formalmente. Estas propuestas fueron rechazadas por los sindicatos, que convocaron una manifestación el día 18 de octubre. Como ha
señalado el ministro del Interior en esta Comisión, esa misma tarde el ministerio reiteró su voluntad de diálogo.



Esta y no otra, señorías, es la situación en el día de hoy, y quiero reafirmar en esta Cámara la completa disposición a negociar del Ministerio del Interior. Consideramos que la solución idónea es llegar a un principio de acuerdo y a
continuación convocar el Consejo de Policía, tal y como propuse a las organizaciones sindicales en la última reunión celebrada el pasado 31 de octubre. Habiéndose producido este principio de acuerdo en el método de trabajo para mejorar las
condiciones de la policía, en el día de ayer fue convocado el Consejo de Policía para el próximo día 18 de noviembre. En el ámbito de la Guardia Civil también mantenemos la misma voluntad de diálogo con sus asociaciones. El proyecto de real
decreto sobre convocatoria y desarrollo de las elecciones del Consejo de la Guardia Civil se encuentra pendiente del dictamen del Consejo de Estado. Por tanto, esperamos poder convocar estas elecciones en el mes de diciembre y celebrarlas en el mes
de enero. A partir de ese momento podrá formalizarse el diálogo con las asociaciones más representativas.



Otro de los aspectos esenciales en la estrategia de modernización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es la necesaria y progresiva adaptación de medios materiales y de infraestructuras a las nuevas demandas. En esta línea es
preciso continuar con la renovación, adecuación y modernización de las infraestructuras, dotando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de unas instalaciones modernas y funcionales. Asimismo se pretende potenciar la creación de bases de
datos comunes y la interconexión de las ya existentes entre ambos cuerpos policiales mediante el impulso del actual sistema estatal común de bases de datos policiales, para lo que se considera preciso poner en marcha un plan cuatrienal de
infraestructuras tecnológicas.



Durante los cuatro últimos años se ha desarrollado un ambicioso plan de infraestructuras que ha permitido una mejora sustancial de las instalaciones y medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El gasto en el capítulo 6 ha
pasado de contar con un presupuesto de 180 millones de euros en 2005 a más de 307 millones de euros en 2008, lo que supone un aumento superior al 70 por ciento. Este importante esfuerzo presupuestario ha permitido mejorar, como les decía, los
equipamientos e instalaciones con que cuentan hoy las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Aportaré algunos datos. En el año 2004, el número de acuartelamientos de la Guardia Civil y de comisarías del Cuerpo Nacional de Policía era de 3.447;
en 2008, la cifra asciende a 3.577. El número de elementos de transporte, incluyendo aviones, helicópteros, vehículos policiales, motocicletas y embarcaciones, era de 26.637; en 2008, la cifra alcanza los 33.065. Mención aparte merece la
implantación del documento nacional de identidad electrónico como medio para que los ciudadanos puedan realizar trámites por vía telemática y fomentar de esta manera la sociedad de la información. En este terreno se ha realizado un esfuerzo
particularmente notable. En el mes de junio de 2007 se expidieron 111.213 DNI electrónicos y en junio de este año fueron 524.812. A esta fecha se llevaban expedidos 7 millones y nuestra previsión es que a finales de 2008 estaremos en los 8
millones.



Por otra parte, ante el creciente problema que supone la inmigración ilegal, hay que continuar reforzando las infraestructuras y medios tecnológicos destinados a prevenirla y combatirla. Para ello, se ampliará y mejorará la red de centros
de internamiento de extranjeros con el fin de dotarlos de mayor capacidad y mejores condiciones mientras se desarrollan los procesos de repatriación. Están previstas las siguientes actuaciones: construcción de centros de internamiento de nueva
planta en Málaga, Algeciras y Las Palmas de Gran Canaria; ampliación y reforma del centro del Matorral en Fuerteventura y finalización de las obras de ampliación y reforma del centro de Murcia. También se incrementará el despliegue de medios
técnicos de vigilancia y detección en nuestras costas y fronteras que permitan frustrar un intento de entrada en territorio nacional por puntos no habilitados para ello. Con este mismo objetivo se ha puesto en marcha en colaboración con la Unión
Europea, el sistema Sea Horse, que consiste en una red segura de intercambio de información, voz y datos vía satélite entre España, Portugal, Mauritania, Senegal y Cabo Verde. Dentro de esta labor de modernización y mejora de los medios materiales
e infraestructuras, quiero mencionar también las unidades de Policía científica y de criminalística del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil dotadas de personal altamente cualificado y de


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instrumental moderno y eficiente. En los últimos años se ha hecho un esfuerzo considerable en la renovación y dotación de estas unidades con los últimos avances tecnológicos y de personal especializado que ha hecho que estén en disposición
de dar una respuesta inmediata y muy eficaz.
Prueba de su alto nivel de eficacia es la labor desarrollada con ocasión del accidente ocurrido en el mes de agosto en el aeropuerto de Barajas.
Los 154 fallecidos fueron identificados en menos de ocho
días, a pesar de haber realizado casi cien análisis de ADN. La investigación criminalística es uno de los elementos clave en la lucha contra las diferentes modalidades delictivas y como apoyo a las tareas de identificación y de reconstrucción de
los hechos en las situaciones de grandes catástrofes. En este ámbito de investigación policial de tanta trascendencia, se continuarán poniendo en común los medios, las inversiones y la capacidad científica que posee el Cuerpo Nacional de Policía y
de la Guardia Civil. Se trata de alcanzar el máximo nivel de sinergia entre los servicios de criminalística y de Policía científica de nuestro país. Por eso, caminaremos en el sentido de crear el servicio nacional de policía científica.



Señorías, para terminar con este bloque de actuaciones en materia de modernización del sistema de seguridad, me referiré a continuación a las tareas de coordinación. Nuestro sistema de seguridad, entendiendo como tal el conjunto de las
instituciones de seguridad que dependen del Gobierno, de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, es un sistema provisto de capacidades operativas muy significativas en términos de recursos humanos y de medios económicos,
tecnológicos y materiales. En consecuencia, se continuará en la línea de colaboración y coordinación con las comunidades autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias. En el ámbito local, se han firmado acuerdos con la Federación Española
de Municipios y Provincias en búsqueda de una mayor cooperación de la Policía local en materias tales como la protección de los colectivos vulnerables y el mantenimiento de la seguridad ciudadana. En cuanto a la seguridad privada, vamos a
establecer con los responsables de dichas empresas un plan de cooperación que incluye el desarrollo de una herramienta informática para la colaboración en tiempo real en las labores de prevención de la criminalidad y de mantenimiento de la
seguridad.



Por último, por lo que se refiere a las medidas de carácter normativo, mencionaré brevemente las más importantes. Como ya anunciaron el ministro del Interior y el secretario de Estado de Seguridad en sus comparecencias en esta Comisión, en
esta legislatura estamos trabajando en una nueva ley de personal del Cuerpo Nacional de Policía que recopile la dispersa normativa policial existente en la actualidad; estamos elaborando también la ley de personal de la Guardia Civil, necesaria
para dar respuesta a dos cuestiones fundamentales: adecuar el texto vigente a la Ley Orgánica de Derechos y Deberes y establecer el marco normativo de la Guardia Civil derivado del contenido de la Ley de Carrera Militar aprobada en la pasada
legislatura.



Señora presidenta, señoras y señores diputados, quiero concluir mi comparecencia como he empezado, agradeciendo a esta Comisión y a todos los grupos parlamentarios el interés que siempre demuestran por los temas de seguridad y poniéndome a
su disposición para cualquier aclaración, ampliación o detalle, que SS.SS. consideren oportuno solicitar.



Muchas gracias.



La señora PRESIDENTA: Una vez finalizada la intervención del señor director general, comenzamos con los turnos de los grupos parlamentarios; en primer lugar, del Grupo Parlamentario Popular solicitante de la comparecencia. Señor Cosidó,
tiene la palabra.



El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Quiero dar la bienvenida al director general de la Policía y la Guardia Civil. Sabe que usted era una persona especialmente deseada en esta Comisión. Hemos tenido dos intentos fallidos de tenerle entre nosotros,
pero nos alegramos de que a la tercera sea la vencida. Nuestra satisfacción sería completa si hubiera podido contestar a las seis preguntas que le hemos formulado haciéndolas llegar a la Mesa, como ha ocurrido con otros directores generales que han
venido a esta Comisión en una comparecencia genérica con las preguntas que les habían formulado otros miembros de mi grupo. Pero por lo menos le tenemos hoy aquí, porque teníamos alguna duda de que no se nos frustrara también esta tercera
tentativa.



No voy a poderle contestar con todo grado de detalle porque mi tiempo es limitado -son diez minutos-, aunque la presidenta siempre tiene la generosidad de aplicar con flexibilidad el Reglamento (La señora presidenta: Así lo haremos.), pero
entendemos que tampoco debemos abusar de ello.



Ha hecho alguna referencia concreta al terrorismo que sí querría contestarle porque me parece de especial relevancia. Quiero decirle una vez más que nuestro apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra todo tipo
de criminalidad, pero de forma muy especial en la lucha contra el terrorismo, es absoluto. Siempre lo hemos manifestado y es un principio básico de nuestra política antiterrorista estando en el Gobierno o estando en la oposición. No solamente
tenemos que manifestar nuestro apoyo sino también nuestra completa convicción de que la derrota de ETA es posible sin ningún tipo de negociación y sin dar nada a cambio a esa organización terrorista. Eso constituye otra convicción profunda de mi
grupo que tiene mucho que ver con la confianza que tenemos en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en nuestra Justicia y en nuestro Estado de derecho para lograr ese objetivo. Nos congratulamos de forma muy especial de que usted haya
venido esta tarde aquí para verificar una vez más la voluntad criminal de esta banda terrorista -cosa de la que nosotros jamás hemos dudado- y quiero decirle


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que, sin entrar en ningún tipo de debate que considero bastante estéril sobre la debilidad o la fortaleza de la banda terrorista en cada momento coyuntural, lo que es cierto es que aún nos queda un trecho importante por recorrer. En la
lucha contra el terrorismo uno de los errores que debemos evitar siempre es caer en la tentación de cualquier clase de euforia. Nos queda un trecho por recorrer, especialmente para aislar política y socialmente a esta organización terrorista, para
cercenar cualquier posibilidad de financiación a través de fondos públicos a esta organización terrorista y expulsarla definitivamente de las instituciones democráticas, lo que creo que es un objetivo común de todos los demócratas. Por tanto,
quiero manifestarle nuestro apoyo total en esta política de derrota y nuestra convicción de que lo podremos conseguir. En ese sentido, si estamos unidos en ese objetivo será más fácil que lo podamos conseguir.



La única ventaja que tiene que la comparecencia del director general se nos haya retrasado algunos meses -creo que seis meses, prácticamente desde su nombramiento- es que nos permite hacer - en alguna medida, él lo hecho también- un balance
de estos seis meses. No me lo tome a mal, yo, como muy bien sabe, ejerzo aquí la oposición, y tengo que decirle que es difícil que el balance vaya a peor, podría ser, pero es difícil. Estamos asistiendo a un aumento muy importante de la
delincuencia desde que usted es director general. No le echo toda la responsabilidad histórica, la delincuencia ha venido creciendo en los últimos años, pero en los últimos meses estamos asistiendo a una aceleración de ese crecimiento de la
delincuencia. Vivimos una situación de conflicto en el seno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, por su intensidad, es difícil encontrarle antecedentes históricos; y a pesar de que no dudo del buen trabajo de hemeroteca que hace
siempre el portavoz del Grupo Socialista tratando de buscar antecedentes, no es fácil encontrar una situación de conflictividad como la que estamos viviendo en el seno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Le han hecho a usted un
recorte presupuestario para el año 2009. Usted sabe que teníamos pedida su comparecencia en la Comisión para hablar sobre el presupuesto de 2009 y no pudimos hacerlo, por tanto, se lo puedo decir ahora, y es que es difícil encontrar un recorte,
sobre todo en materia de inversiones, tan importante como el que se ha producido. En materia de seguridad ciudadana, usted nos ha repetido algunos datos del año 2007 sobre los que estuvimos debatiendo, y sé que no los tiene desde que es director
general, es decir, que tiene datos anteriores a su nombramiento como director general. Pero como reiteradamente nos dicen en las respuestas parlamentarias cuando pedimos cualquier tipo de datos sobre el año 2008, el sistema estadístico se está
reformando y, por tanto, no los hay; y ni usted ni el ministerio conocen cuáles son los datos de evolución de la delincuencia. Sé también muy bien que aunque tuviera los datos, es decir, que el ministerio no los tuviera pero usted sí, tiene una
orden expresa del secretario de Estado de Seguridad -que en realidad es antigua, es del 9 de junio de 2005, pero sigue vigente, salvo que usted me lo desmienta- en la que se le prohíbe taxativamente que pueda ofrecer ningún dato de delincuencia.
Permítame que, con toda modestia, le aporte algunos para que usted tenga un mejor conocimiento de la realidad a la que se enfrenta.



El número de delitos conocidos por la Guardia Civil no es exactamente del periodo de su mandato, es desde enero hasta agosto de 2008, y se ha incrementado en un 10 por ciento. Es un crecimiento muy importante, no le diré que histórico
porque ha habido momentos en que hemos tenido un crecimiento muy parecido, no superior, pero sí en tasas parecidas al 10 por ciento. Crece todo, pero crecen más los delitos, afortunadamente, contra el patrimonio que los delitos contra las personas;
el 6 por ciento el patrimonio y el 3,8 por ciento las personas. Crecen de forma especialmente relevante los hurtos, con un 6,8 por ciento; los robos con fuerza de las cosas, un 9,95 por ciento; pero crecen también algunos delitos que, por
fortuna, son números siempre muy reducidos pero que por su gravedad tienen una enorme importancia, como son los homicidios dolosos, que crecen un 12 por ciento, y los secuestros, cifra pequeña, pero que se incrementan en un 50 por ciento, en lo que
son nuevas formas de criminalidad que en España eran prácticamente desconocidas, porque la delincuencia que padecíamos excluía este tipo de modalidades de secuestros exprés o asaltos a viviendas con toma de rehenes, etcétera.
Esta delincuencia no
solamente crece en todas sus tipologías, sino que crece en todos los sitios; bueno, no en todos los sitios, sino que en lo que es su responsabilidad y como tiene lógica, crece en todas las comunidades autónomas menos en Cataluña, que desciende un
33 por ciento por razones obvias. Insisto, siempre refiriéndome a los datos de la demarcación Guardia Civil, entiendo que por los datos de 2007 estamos asistiendo a un crecimiento más rápido en el ámbito rural que en el ámbito urbano. Hay una
comunidad autónoma, Aragón, que crece por encima del 30 por ciento, crece un 31,2 por ciento el número de delitos conocidos. Hay cuatro comunidades autónomas que crecen más de un 20 por ciento: Castilla y León, un 28 por ciento; Castilla-La
Mancha, un 26 por ciento; Extremadura, un 25 por ciento; Andalucía, un 22 por ciento. Hay otra serie de comunidades que crecen también por encima del 10 por ciento y el resto crece por debajo.



Si quiere algún dato más que le reafirme que estamos ante un crecimiento muy preocupante de la delincuencia, usted conocerá también, aunque no es una unidad que dependa orgánicamente de usted pero trabaja para las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, que según la inspección de la secretaría de Estado de Seguridad, en el periodo enero a mayo, es decir, en el primer semestre del año, las quejas de los ciudadanos en materia de seguridad ciudadana crecieron un 60 por ciento; crecieron
también las quejas en la tramitación de denuncias pero de forma mucho más leve, un 6 por ciento. Afortunadamente ese marasmo de quejas que tuvimos en el año 2007 relacionadas


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con la expedición del DNI y los pasaportes lógicamente se está reduciendo, aunque le debo decir que en aquellos sitios donde se está implantando ahora el pasaporte y el DNI electrónico, como puedan ser Cataluña o Murcia, hay incrementos -en
Cataluña, del 45 por ciento, y en Murcia también muy importantes- del número de quejas. Le mencionaba el dato relacionado con los temas de seguridad ciudadana únicamente para que tomara conciencia de que realmente tenemos un problema.



Ha hecho usted una mención a la violencia de género. Le tengo que decir lo que les hemos dicho más veces al ministro y al secretario de Estado, y es que los resultados no son nada buenos en esta materia. Usted nos habla -nos lo dijo el
secretario de Estado también- de la puesta en marcha de una nueva base de datos. Creo que están bien todas las medidas que se adopten para lograr coordinación, pero realmente creo que tenemos un problema de recursos, tenemos un problema de
capacidad de protección de las víctimas amenazadas y creo que usted debería establecer una prioridad muy clara porque realmente las cifras de mujeres asesinadas y las cifras de delitos conocidos en el ámbito familiar están creciendo de manera
constante y son difícilmente asumibles. En ese sentido he de confesarle que la situación exige que usted haga dos cosas; primero, que reconozca el problema. Usted sabe que durante muchos meses el Gobierno ha estado negando la existencia de una
crisis económica y hoy tenemos una cifra de paro que es absolutamente demoledora. Cuando usted me dice que según el CIS la seguridad ciudadana ha pasado a ser una menor preocupación para los españoles le diré que, no me extraña, porque con una
cifra de paro como la que se ha conocido hoy, indudablemente, si hay que priorizar los problemas de los españoles, probablemente el paro en este momento sea un problema mucho mayor que el de la seguridad ciudadana. Pero es verdad que precisamente
en esta situación de crisis económica estamos asistiendo también a un repunte muy importante en materia de delincuencia y creo que es bueno que lo reconozcan, no les pase como les ha pasado en economía, que luego tenga usted que venir aquí a
negárnoslo y decir: si ya decía yo que la delincuencia estaba aumentando. Lo segundo es que tome medidas.
Usted ha comentado alguna; algún aumento de efectivos en alguna unidad especializada de lucha contra el crimen organizado. A mí
sinceramente me parece manifiestamente insuficiente y me gustaría que en su siguiente intervención expusiera un catálogo de medidas más completo y más eficaz para hacer frente a este aumento de la delincuencia. En ese sentido, varios de sus
antecesores hablaron de un proyecto de construcción de comisarías de policía en todos aquellos municipios de más de 20.000 habitantes. Yo le he de confesar que no me parecía un proyecto muy acertado, pero me gustaría saber si se mantiene o se ha
abandonado.



Yo hablaba de un conflicto sin precedentes en el marco de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Como bien sabe, hay que remontarse al año 1978 para encontrar una manifestación conjunta de policías y guardias civiles. En aquel caso
yo creo que se hacía una reclamación de mucha justicia, que pudieran acogerse al régimen de Seguridad Social, que tuvieran la cobertura de la Seguridad Social, que entonces no la tenían.
Desde el año 1987, desde las primeras elecciones al Consejo
de la Policía, nunca se habían suspendido asambleas sindicales por una instrucción suya, en la que denegaba cualquier permiso, como legalmente está establecido, para poder celebrar este tipo de asambleas -incluso hay presentado un recurso en el caso
de la asamblea en Canarias, que tuvo que suspenderse-, y nunca se habían abierto tantos expedientes disciplinarios a causa de la conflictividad laboral en el seno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Han pasado unos días y le tengo que
reiterar, pues me parece que es un tema relevante, con qué criterios va a aplicar usted el régimen disciplinario en el caso de la manifestación unificada de policías y guardias civiles que se celebró en Madrid el día 18, en el caso de los guardias
civiles, a los que usted de manera muy expresa les advirtió de que la participación individual de cualquier miembro de este instituto en la citada manifestación podría tener la consideración de falta muy grave. El ministro en su comparecencia dijo
que esto era un disparate, que no se podía sancionar a todos los guardias civiles que asistieron a esta manifestación, y yo le contesté que su autoridad queda muy mermada como director general de la Guardia Civil, pues usted dio una orden expresa de
que no se acudiera. Se me ocurre que quizá usted podría decir que esto fue un error o quizá usted defienda esta tarde lo que el ministro calificó como un disparate y es que tenía la intención de sancionar disciplinariamente por falta muy grave a
todos aquellos guardias civiles que asistieron a la manifestación del día 18. Ahora anuncia que este mes de noviembre se va a reunir el Consejo de la Policía y yo creo que es un ejemplo más de que las comparecencias parlamentarias siempre tienen un
efecto muy motivador, en este caso no sé si compartido por la huelga del día 18, pero en todo caso que se dé la coincidencia hoy me parece que es un primer efecto positivo en la comparecencia parlamentaria. Por eso, y no solo por eso, le animo a
que venga usted mucho más a esta Comisión. Si no he entendido mal su intervención, usted ha dicho a los sindicatos policiales que se va a hablar de todo menos de retribuciones, y los sindicatos policiales han dicho que están dispuestos a ir a esa
reunión del consejo, entre otras cosas porque lo han venido solicitando y porque está en la legalidad que ese consejo se reúna con una periodicidad de dos meses y de forma específica -hay incluso una sentencia judicial- cuando se declara un
conflicto. Le han dicho que irán al consejo, pero que se mantienen vivos los dos conflictos colectivos que en estos momentos están declarados. Reunir el consejo es una exigencia legal, pero solucionar los dos conflictos colectivos que en estos
momentos están declarados en el Cuerpo Nacional de Policía es una exigencia política, y usted no


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ha dado ninguna pista ni hay ningún atisbo de cómo se va a poder resolver ese conflicto. Me gustaría que en su segunda intervención nos dijera algo al respecto.



Ha reiterado usted algo que ya dijo el ministro en su primera comparecencia; el compromiso de traer tres leyes, y yo creo que realmente hay dos que es urgente que el Gobierno traiga al Parlamento. Por un lado, una ley de régimen
disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, cuyo borrador lleva hecho mucho tiempo, que está aprobado por el Consejo de Ministros, pero que ustedes no terminan de remitir al Parlamento. Me gustaría que nos diera un compromiso firme de en qué
fecha o en qué calendario orientativo van a traer esta ley. En segundo lugar, empieza a correr cierta urgencia la ley de régimen de personal de la Guardia Civil.
Hay un tema que por la experiencia que hemos visto en las Fuerzas Armadas es
complicado y tiene su complejidad, como es la unificación de escalas.
Me gustaría no solo que asumiera algún tipo de compromiso sobre la fecha en la que puede traer esta ley sino que nos diera algún tipo de orientación sobre cómo se va a proceder a
esa unificación de escalas que entendemos que tiene cierta complejidad. Le brindo ya nuestra colaboración si tienen a bien que podamos acordar algún sistema que no lesione expectativas profesionales de nadie o al menos del menor número posible.



Hay una cuestión que me preocupa y que quiero plantearle con la máxima prudencia. Ustedes llegaron a un acuerdo con los sindicatos de policía que se estaba aplicando en 2008, que se va a seguir aplicando en 2009, como bien ha dicho, en
materia de mejora retributiva a través de la modificación del catálogo del puesto de trabajo. Quiero mostrarle cierta preocupación sobre este acuerdo o cualquier nuevo acuerdo al que se llegue en esta materia retributiva con los sindicatos del
Cuerpo Nacional de Policía. Usted sabe que hay la obligación legal de hacerlo miméticamente en el caso de la Guardia Civil, pero cuando se trata de modificaciones de catálogo ese mimetismo no es fácil. Me preocupa, se lo manifestaba al secretario
de Estado en el debate de presupuestos, que ese aumento de la masa salarial a que usted hacía referencia, creo que era el 42 ó 47 por ciento, no ha sido equilibrado entre ambos cuerpos policiales, ya que si no he hecho mal los cálculos estamos
hablando de un incremento del 59 por ciento de masa salarial para el Cuerpo Nacional de Policía desde 2004 hasta 2009, y del 42 por ciento en el caso de la Guardia Civil. Este año incluso hay una pequeña disminución en el crédito de incentivos en
el rendimiento en el caso de la Guardia Civil, mínima pero que llama la atención. Aquí tenemos claramente un objetivo común, y es que la diferencia tan abismal que existe en estos momentos en retribuciones entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y policías autonómicas no siga creciendo. Pero tenemos también un objetivo y es que no vayamos a generar tampoco ningún tipo de desequilibrio interno dentro de las propias Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.



La señora PRESIDENTA: Señor Cosidó, le recuerdo para su conocimiento, que ha duplicado su tiempo.



El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Muchas gracias, señora presidenta. Intentaré ser lo más breve posible en las siguientes cuestiones que quería plantearle. Usted ha hablado de mantener interlocución. Interpreto que esta interlocución la va a
mantener también con las asociaciones de la Guardia Civil, porque el ministro nos dio la peregrina explicación el otro día de que no mantenían interlocución con asociaciones de la Guardia Civil porque no había asociaciones de mandos constituidas.
Usted sabe que el ministro tenía una información incorrecta porque sí hay alguna asociación de mandos, en este caso de oficiales de la Guardia Civil. Me gustaría saber si tiene algún plan para mejorar la tasa de encuadramiento de la Guardia Civil
que sabe usted que, tanto en relación con las Fuerzas Armadas como en relación con el Cuerpo Nacional de Policía, el porcentaje de mandos en relación con el porcentaje de guardias es insuficiente.



De manera muy rápida le quiero hablar también de las dificultades presupuestarias que va a atravesar su dirección general. En el capítulo 1, el problema es, usted lo ha reconocido, el margen de maniobra que le da el presupuesto de 2009, que
es mínimo para cualquier negociación que se quiera emprender en ese terreno. Veo mayores dificultades en el capítulo 2. Para que se haga una idea, el proyecto de presupuesto para 2009 es 77 millones de euros inferior al presupuesto final del año
2007, que es del único que tenemos el dato de presupuesto final; por tanto, va a haber momentos -los está habiendo ya, y usted lo conoce bien- muy complicados en las unidades de Guardia Civil y de Policía. Sobre todo, me preocupa esa reducción de
un tercio en las inversiones; usted sabe que sorprendentemente el Ministerio del Interior es el que más reduce el capítulo 6 en el presupuesto de 2009, y de manera muy especial esto afecta a Guardia Civil y a Policía. Estamos hablando de un
recorte en la programación plurianual de 400 millones de euros para los próximos cuatro años.



Usted me decía que había habido una mejora sustancial en las infraestructuras. Seguimos todavía con un volumen de acuartelamientos en mal estado en la Guardia Civil superior a los 500, lo cual es muy llamativo, y había un compromiso por
parte de sus antecesores de construcción de las comisarías de Torrevieja, Chiclana, Puerto Real, Roquetas, Tomelloso y Ciézar que yo no encuentro en el presupuesto, y me gustaría que usted me informara. Solo un dato para conocer cuál es la
situación de carencias que se vive en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, carencias históricas en muchos casos. Hay más de 3.000 vehículos en el Cuerpo Nacional de Policía y en la Guardia Civil con más de diez años de antigüedad, lo cual no
solamente pone en riesgo la operatividad de algunas de las unidades, sino incluso la propia seguridad de los agentes.



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De manera absolutamente sintética, quisiera plantearle tres o cuatro cuestiones finales muy concretas. El otro día el ministro nos lo explicó en el Pleno, pero quiero manifestarle que no estamos de acuerdo con la modificación de la Orden
general de pabellones que usted hizo para dar amparo al caso del señor Mesquida, porque desvirtúa un poco lo que es el sentido de los pabellones de la Guardia Civil, que no están para dar seguridad a miembros del Gobierno, están para otra cosa. Por
tanto, no puedo dejar de manifestarle nuestra disconformidad, por supuesto en la exigencia de que usted está en la obligación de garantizar la seguridad del señor Mesquida al máximo nivel que sea posible, pero me parece que se han equivocado de
camino. Quiero manifestarle también nuestra preocupación no por la retirada de la escolta al señor Alcaraz -usted tiene todos los datos y nosotros no podemos entrar a valorarlos, son datos que le facilitan a usted los servicios de información-,
pero sí por las formas. Me parece que ahí ha habido un claro error de formas; es más, sin que nosotros entremos a valorar sí le digo que me ha sorprendido que los propios profesionales, a través de sus sindicatos profesionales, hayan puesto en
cuestión la oportunidad de la medida. Me gustaría que usted nos dijera algo al respecto, insisto, no sobre el fondo de la cuestión, que entiendo que es una valoración de seguridad que solamente le compete a usted. Me preocupa la situación en Ceuta
y Melilla, tras los últimos incidentes fronterizos, entre otras cosas porque la sirga tridimensional, que costó un importante número de millones de euros, se nos ha derruido en varios tramos, y por los crecientes incidentes que se están produciendo,
cada vez más violentos, por parte de los inmigrantes que intentan entrar.



Creo que tenemos una asignatura pendiente. No ha hecho usted ninguna mención -y me parece que es muy importante que lo haga- al tema de la seguridad laboral. Hemos tenido un caso que creo que es muy significativo de la lentitud de reacción
que tiene a veces la Administración con el caso de esta policía que murió por no llevar un casco montando a caballo, haciendo un ejercicio. Aunque creo que ya se ha tomado la decisión, me gustaría que me lo corroborase, estamos todavía sin cascos
en esa unidad, es decir, están haciendo el servicio sin ellos. Me gustaría que valorara el recorte de las pensiones, que afecta de manera muy especial a policías y a guardias civiles que no llevaban veinte años de servicio y cuyo régimen de
incompatibilidad con la actividad privada se ve endurecida.
Creo que merece también un comentario por parte del director general de la Policía y de la Guardia Civil. Tenemos pendiente que venga el ministro a explicarnos cómo se le dio el pasaporte
a un prófugo como es el señor Rodríguez Menéndez, pero el ministro no viene a pesar de que se comprometió a comparecer una vez que el señor Rodríguez Menéndez fuera detenido. Creo que estaría muy bien que usted nos dijera algo.



Termino ya, señora presidenta, agradeciéndole su benevolencia y pidiéndole al director general que salga de su despacho, que conozca de verdad cuáles son los problemas, que no se dirija únicamente a sus subordinados a través de circulares o
boletines oficiales, que la Policía y la Guardia Civil necesitan de forma especial en este momento un director general que dé la cara por ellos, que ejerza un liderazgo y que no sea un mero gestor burocrático, y que ejerza una autoridad moral y no
solamente una autoridad disciplinaria. Si usted lo hace así -y quiero desearle que sea así- será bueno no solamente para los policías y guardias civiles, sino que será bueno para la seguridad de todos los españoles.



La señora PRESIDENTA: Seguimos con el turno de los grupos no solicitantes de la comparecencia, de menor a mayor, como dije antes. Para ello tiene la palabra la señora Díez por el Grupo Mixto.



La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Quisiera iniciar esta intervención con una brevísima reflexión que no tenía intención de realizar, porque pensaba hablar mucho más del operativo y con eso ocuparé mi turno de intervención fundamentalmente. El
director general de la Policía y de la Guardia Civil ha hecho una reflexión alrededor de la política antiterrorista a la que quiero añadir mi propia reflexión. (El señor vicepresidente, Rascón Ortega, ocupa la Presidencia.) No tengo ánimo de
polémica -como no me corresponde en este turno- pero según eso que se suele decir en el refranero español -que tenemos tan amplio- de que quien calla otorga, me parece que no debo callarme ante una reflexión en la que he considerado que se emitían
juicios de valor -absolutamente respetables pero juicios de valor- de carácter partidario. No me importarían si quien nos ha estado hablando no fuera el jefe -por así decirlo- de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Dicho por la persona que
tiene la máxima responsabilidad, el director general de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, tiene su importancia y, por eso, considero que, por mi parte, merece una reflexión complementaria; de la misma manera que quiero hacer una reflexión
sobre lo que en ese mismo capítulo he considerado como una perversión del lenguaje -sin ánimo de calificarlo negativamente-, una utilización del lenguaje que nos ha llevado a lo largo de nuestra joven historia democrática a muchos errores a la hora
de calificar qué es el terrorismo y qué son los terroristas.



El director general -empezaré por esta segunda parte- ha hablado de la detención de dirigentes radicales o de la violencia callejera y ha citado concretamente a los jóvenes instrumentalizados a los que, según él, aparte de medidas judiciales
o policiales, hay que aplicarles otro tipo de medidas. A mí, señor director general, esto me parece una cosa tremendamente discutible, además de tremendamente peligrosa porque esto me recuerda a hace unos veinte años cuando no estaba completamente
establecido que el terrorismo callejero formaba parte de una estrategia de la organización terrorista. Hace veinte años, incluso diez, había mucha gente,


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que hablaban de jóvenes que salían y se manifestaban pero que no obedecían a una estrategia terrorista. Desgraciadamente, la historia y el sufrimiento nos han demostrado -aparte de comprobarlo en sede judicial, que es otra vía no menos
importante- que el terrorismo callejero es eso, terrorismo callejero, no son jóvenes instrumentalizados, sino jóvenes terroristas que obedecen a una estrategia y que cuando les mandan parar, paran. Que el director general hable aquí de jóvenes
instrumentalizados o de la detención de dirigentes radicales -por pasar a otra cosa- me da un poco de miedo, porque en este país no se detiene a nadie por tener ideas radicales. Dicho por el director general es complejo porque no se detiene a nadie
por ser radical, porque yo misma puedo ser radical y usted mismo en la expresión de una posición política. Aquí se detiene a la gente por ser delincuente y, en este caso, por ser terroristas. Un poco de cuidado, sobre todo desde la dirección
general, a la hora de calificar porque la pedagogía en el lenguaje también es muy importante, más en una materia como esta de la que estamos hablando, el terrorismo. Por último y sobre este mismo capítulo, otra reflexión. No entraré a calificar si
la situación en la que se encuentra ETA es más débil que nunca o no, porque esto nos llevaría a un debate interminable. ¿Más débil que cuándo? Depende con qué momento nos podamos comparar. Para mí esto no tiene demasiada importancia, salvo con
qué época te compares. Yo diría que no está más débil que nunca si tenemos en cuenta que está en las instituciones democráticas y que hace cuatro años no estaba. A lo mejor eso no es un comando, pero desde luego le da operatividad. Creo que todos
lo que estamos aquí recordaremos que en tiempos pretéritos, no muy lejanos, la Audiencia Nacional condenó a ex concejales de la extinta Batasuna que en la época en la que eran concejales desde dentro de los ayuntamientos organizaban atentados o
ayudaban a organizar atentados contra concejales democráticos. Estas apreciaciones de que están más débiles que nunca, siempre desaniman -usted me entiende bien-. Siempre hemos pensado que estas cosas hay que manejarlas con mucho cuidado. Por
último, en esta misma relación, quisiera decir que comprendo que cada uno tenemos nuestra forma de hablar, pero -insisto- usted es el director general y, por tanto, tiene mucha importancia. Esto de que incorpore usted en su discurso como director
general, que es en calidad de lo que está aquí, que el futuro de ETA -cito textualmente- es abandonar la violencia y disolverse, me da un poco de repelús. El discurso de que el futuro de ETA es abandonar la violencia es buenista y gandhiano. Si el
futuro es que ellos van a abandonar la violencia y se van a disolver, pues que los policías no hagan nada. ¿Para qué vamos a arriesgar la vida de nuestros policías y de nuestros guardias civiles que salen a detenerles? Lo estoy llevando a la
situación del extremo, pero es una derivación. El futuro de ETA, como desgraciadamente hemos podido comprobar, es que terminemos con ellos. Ellos no van a hacer una autorreflexión. Puesto que usted ha hecho reflexiones en las que incorpora
juicios de valor y reflexiones de carácter partidario -lo digo sin ningún ánimo peyorativo-, quiero que reflexione, si me permite, sobre lo que yo le aporto, en la medida -insisto- en que es usted el jefe de la Policía y el jefe de los guardias
civiles y que ellos son los que tienen que protegernos.



Paso a la segunda consideración. Es verdad que el hecho de que usted llegue a esta Comisión después de unos meses en su cargo nos permite analizar no solo la proyección de futuro sino lo que ha sido la gestión en estos tiempos. Le querría
decir, sin ánimo de lanzar el adjetivo y ver cuál de nosotros lo lanzamos más fuerte, que lo que percibo en la gestión de estos meses del Gobierno y, en concreto, de esta dirección general es que no se está haciendo lo que se debía de hacer -a ver
si lo digo bien- para que ustedes sean -usted concretamente, el director general- el escudo de quienes son nuestros escudos. La Guardia Civil y la Policía nacional son el escudo de los demócratas y de la democracia. Ellos protegen nuestras
libertades y nuestra seguridad colectiva e individual.
La dirección general tendría que tener el máximo empeño en proteger a quienes nos tienen que proteger a nosotros. En la intervención del diputado que me ha precedido en el uso de la palabra y
en la suya propia han salido multitud de ejemplos: reformas de sus cuarteles, de sus sitios de vivienda, de los vehículos que utilizan y del material con el que se protegen -ha habido apelaciones para que eso se refuerce-, hasta su propia
protección, en el sentido de reconocimiento como profesionales y como ciudadanos.



Permítame que le diga que estoy bastante cansada de oír hablar de porcentajes en relación con las retribuciones, porque los porcentajes suelen terminar ocultando una realidad. ¿Qué importancia tiene que se les haya subido el 30 por ciento?
Tiene una importancia relativa, pero ¿de dónde partíamos? ¿Están bien pagados o están mal pagados? Creo que están mal pagados. A veces detrás del porcentaje terminamos ocultando una realidad de unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mal
retribuidas, no ya en comparación con profesionales homologables a ellos, como ya discutimos con el ministro la semana pasada, que dependen de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos, sino en comparación con su propio trabajo, con la
responsabilidad que ejercen. Si comparamos con la situación de la que venimos, han mejorado muchísimo, pero ¿están bien retribuidos? Se lo pregunto al director general. Le rogaría que la respuesta no fuera: En función de los presupuestos, en
función de nuestras posibilidades. Hoy estamos en una situación de crisis económica, pero hemos pasado cuatro años en los que no vivíamos para nada esa situación, en los que teníamos presupuesto para hacer muchísimas cosas.
Aquí teníamos una deuda
pendiente que no hemos resuelto ni medio bien, porque además hemos partido de no reconocerles una situación de injusticia no ya relativa respecto a otros profesionales como ellos -lo de a igual trabajo, igual salario es, aparte de justo, una
apelación


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muy lógica-, sino respecto a su propia responsabilidad. Creo que la dirección general no hace el trabajo que le corresponde, que es el de proteger a los escudos, porque amenazarles por ir a una manifestación no es la forma de hacerlo.
Usted ha conseguido el récord de ser el único director general que en unos meses tiene ya una denuncia ante los tribunales por querer menoscabar los derechos que tienen los guardias civiles como ciudadanos, porque, claro, son guardias civiles pero
también son ciudadanos o, realmente, son primero ciudadanos y además tienen la profesión de guardias civiles. Eso ya lo hemos hablado, lo hablamos con el ministro, pero se lo quiero plantear también a usted. No me parece que esa sea la manera. Se
puede decir veinte veces que tenemos la voluntad de negociar, pero si primero se amenaza y después se dice que se quiere dialogar, la voluntad de diálogo queda muy en entredicho. No sé si el presidente me está mirando porque se me está terminando
el tiempo. Tengo multitud de cosas que querría decirles. Solo voy a citar dos ejemplos por los que digo que ustedes no defienden bien a nuestros defensores o que no es usted o no es esa dirección general que usted preside un buen escudo de
nuestros escudos.



Le voy a plantear una cuestión en relación precisamente con la evaluación de riesgos. Antes he hablado también de esto. Es una pregunta que le he hecho por escrito, pero a la que he obtenido una de esas respuestas crípticas del tipo:
¿Adónde vas? Manzanas traigo. Yo pregunté una cosa y anteayer me contestaron una cosa ilógica. Aprovecho que está usted aquí, porque planteé una cuestión sobre esto mismo: la evaluación de los riesgos generales. Usted sabe, señor director
general, que hace más de un año -por tanto en la legislatura pasada-, el anterior subdirector de gestión contrató a la empresa Muprespa para realizar una evaluación inicial de los riesgos generales que existen en las comisarías, precisamente para
prevenirlos y tomar decisiones que evitaran accidentes y muertes lamentables. Aquí se ha citado una, la de la policía que murió por no llevar casco a la hora de hacer sus entrenamientos montada a caballo, pero hay cantidad de ejemplos de la unidad
de alazanes o de radiopatrullas que han tenido accidentes de esas características precisamente por no hacer un ejercicio de prevención. Uno no puede evitar un atentado o determinadas cosas, pero no tener la seguridad que está establecida no solo se
puede sino que se debe. Esta empresa ha terminado su evaluación en los servicios centrales de Madrid hace más de un año, pero nadie conoce cuál es la evaluación. No se le ha dado a conocer ni a los servicios de la policía ni a los comités de
seguridad y salud laboral. Nadie conoce -yo lo he preguntado, pero no he conseguido que me lo manden- cuáles son las conclusiones. ¿Hay que esperar a que se mate alguien para hacer las cosas? ¿Hay que esperar a que se mate una policía o un
policía que va en una moto para tomar decisiones que se podrían haber tomado si se hubieran hecho las cosas bien? ¿Por qué se ha contratado esa empresa si nadie sabe cuáles han sido las conclusiones de su trabajo, si no se han dado a conocer a
nadie? Por cierto, ¿cuánto nos ha costado el trabajo que ha hecho esa empresa? ¿Cuáles son y dónde están las conclusiones? Estamos hablando de seguridad. Me parece que este es un clarísimo ejemplo de que no estamos haciendo las cosas bien, de
que esa dirección general no cumple con su obligación de proteger a quienes son nuestros protectores.



Por último, no hablaré del señor Mesquida, porque se habló muchísimo la semana pasada y hoy se ha vuelto a citar, pero, por lo que yo sé, no es el único ejemplo de que se estén utilizando mal pabellones que se podrían utilizar para el
interés general, por decirlo de alguna manera.



Corríjame si me equivoco y, si no, déme por favor una explicación, señor director general. Según tengo entendido, en la Comandancia de Las Palmas, en concreto de Maspalomas, hay un edificio en el que vive un comandante coronel retirado, y
además dentro de ese edificio hay una serie de pabellones vacíos. Ese edificio tiene vigilancia permanente veinticuatro horas, además de cámaras de seguridad. En otro edificio fuera de la comandancia se encuentra un servicio como Seprona y otros
tan sensibles como UCO o los servicios médicos. Estamos hablando de informes médicos que pueden ser calificados de secretos o en todo caso de confidenciales.
Pues bien, ese edificio donde están estos tres servicios tiene cámaras pero no
vigilancia. En el otro vive un comandante retirado y además hay cantidad de espacio libre y existen las cámaras y la vigilancia. Usted sabe que en el segundo edificio, donde se encuentra UCO, los servicios médicos y Seprona, se produjo ayer un
robo en el que no se sabe qué se ha robado. ¿Es lógico que haya un edificio con vigilancia permanente en el que viva solo una persona y que otros servicios sensibles estén ubicados en pabellones que tienen mucha menos seguridad? Señor director
general, a esto es a lo que yo llamo no proteger a quienes nos protegen y no hacer bien su trabajo. Señor presidente, gracias por su generosidad.



El señor VICEPRESIDENTE (Rascón Ortega): Es el turno del señor Ridao por el grupo que representa.



El señor RIDAO I MARTÍN: Intervengo en nombre del Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya Verds, en primer lugar, para dar las gracias al señor director por sus explicaciones.
Tiene usted por delante una
tarea muy relevante porque, como es sabido, en un Estado de derecho donde debe primar la supremacía de la ley el sometimiento de la ley corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en este caso a la Policía Nacional y a la Guardia
Civil, respecto de los que usted dirige la observancia del cumplimiento de la ley para el auxilio y también para la protección de los bienes y personas. Por tanto, como es la primera vez que comparece usted en esta legislatura quiero desearle de
entrada muchos éxitos y también muchos aciertos.



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Dejando de lado el capítulo más protocolario, y entrando en algunos de los temas que ha tratado y por el mismo orden, con relación a la lucha antiterrorista no digo nada nuevo si insisto -es evidente- en que recientemente ha habido un
rebrote del fenómeno de la violencia, no solo por parte de ETA sino también por parte del terrorismo de raíz islamista.
Nosotros aprovechamos esta instancia para reiterar -y ustedes lo saben perfectamente- la disposición de nuestro grupo a
colaborar con el Gobierno. Además, como no deseamos que esta Comisión se convierta nuevamente en el epicentro de la crispación, como lo fue en la pasada legislatura a raíz del atentado del 11-M, no me interesa tanto hablar de la eficacia policial
en la lucha contra el terrorismo como reiterar nuestro apoyo y decirle una vez más -se lo dije al señor ministro en su día cuando compareció hace algunos meses- que para recabar nuestra colaboración y esta unidad hay que compartir también la
estrategia, la información, y aunque sé que este tema excede de su competencia -quizás es una cuestión mucho más política y que correspondería al propio ministro o al presidente del Gobierno-, no dejo de aprovechar esta oportunidad para decir que
hoy por hoy eso no es posible en la medida en que el actual Pacto antiterrorista nos parece dudoso desde el punto de vista democrático en tanto que es excluyente.



Concretamente con relación al terrorismo de raíz islamista quería formularle alguna cuestión muy concreta respecto a algunos compromisos adquiridos ya en la anterior legislatura, pero también en la presente por el responsable del ministerio.
Asimismo quisiera saber qué se ha hecho, por ejemplo, de algunos de los compromisos adquiridos con relación a la creación de unidades mixtas en pueblos, en ciudades menores que contemplen la realidad de ese tipo de terrorismo, la detección de la
delincuencia relacionada con extranjeros, etcétera; sobre todo habida cuenta de que en el entorno metropolitano de Barcelona se ha producido un actividad muy creciente y acuciante de esta realidad, de esta fenomenología. También la propuesta de
triplicar los recursos humanos de la Policía y de la Guardia Civil destinados a estas tareas o en relación con el acceso que en su día anunció el ministro de los datos de Interpol de todos los cuerpos de policía en la denominada red Bureau de
Liaison o la creación de un centro antiterrorista -CNCA- o el impulso de la reforma legislativa de amplio espectro, por ejemplo, para tener acceso a todo tipo de datos de carácter personal, para el control de las transferencias bancarias al
extranjero o de las tarjetas prepago de telefonía o para el control de pernoctaciones en establecimientos hoteleros. Es decir, ¿en qué estado están cada uno de estos compromisos que en su día adquirieron ustedes?


He dicho recientemente que no iba a discutir la eficacia policial en materia terrorista, pero también es verdad que la actuación de los poderes públicos y de los cuerpos de seguridad del Estado debe, en todo caso, legitimarse por su total
probidad y limpieza, para decirlo de una forma suave. Lo digo porque no es la primera vez que nuestro grupo -y también algún otro, como el Grupo Parlamentario Vasco- hace referencia al informe exhaustivo que el relator especial sobre la protección
de derechos humanos de Naciones Unidas realizó no hace mucho tiempo en relación no solo con la poca adecuación de la legislación antiterrorista española al Pacto internacional de derechos civiles y políticos de Nueva York del año 1976, sino que
tampoco descarta que existan prácticas de tortura y que, como mínimo, hay una sospecha cabal de que en el seno de los cuerpos de seguridad del Estado se produce este tipo de práctica y, lo que es peor, que no se investiga con el debido celo y
diligencia. Al hablar de torturas, evidentemente no quiero extender ninguna sombra de duda sobre los cuerpos de seguridad -no es una práctica sistemática-, pero Amnistía Internacional y el Comité para la prevención de la tortura del Consejo de
Europa apuntan en la misma dirección que el relator especial de Naciones Unidas, porque ha mostrado también recientemente su preocupación por el creciente número de denuncias de torturas y malos tratos, y concluyen, además, que existen pocas medidas
o que hay una ausencia auténtica de medidas contra estas prácticas. Como esta situación puede generar potencialmente un cierto clima de impunidad que además puede fomentar la aparición nuevamente de fenómenos de este tipo, quiero saber exactamente
si el ministerio y la dirección general continúan comprometidos con el anuncio que en su día hizo el señor Mesquida de instalar cámaras en las comisarías de policía.



En cuanto a la seguridad ciudadana -ya sé que lo dije también cuando vino el señor ministro-, conseguir un buen nivel de seguridad no es competencia o responsabilidad exclusiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino que
depende de muchísimos otros ámbitos gubernamentales, por ejemplo, de que haya mayor cohesión social o una determinada actitud cívica y comprometida por parte de los ciudadanos.
Con esto quiero decir que en la respuesta a la inseguridad ciudadana
está detrás todo el Gobierno en su conjunto. Ahora bien, a la hora de hacer balances, y dejando de lado todo el alarmismo que me ha parecido que exhibía antes algún otro portavoz, porque es evidente que el Estado español es razonablemente seguro
-teniendo en cuenta que no existe en ningún lado la delincuencia cero-, es verdad que, como se ha dicho antes, ha habido un cierto repunte en los indicadores -y me remito al informe de la fiscalía- en relación con los delitos contra el patrimonio y
también con la violencia de género. En concreto, en cuanto a la violencia de género, quisiera saber cómo está también el estado de preparación del protocolo con la autoridad judicial para el cumplimiento de las órdenes de protección y el famoso y
archiconocido registro unificado con las órdenes de alejamiento para proteger mejor a las víctimas.



Como he dicho ahora -y ya sé que la eficacia policial no depende necesariamente del número de efectivos


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porque no por más médicos hay menos enfermos-, es importante que haya una buena formación, una buena especialización y una buena coordinación, y me ha parecido que usted hacía una lectura más bien triunfalista del presupuesto del ministerio
y también, concretamente, de la seguridad ciudadana. Lo digo porque el presupuesto destina, si no he entendido mal -y acabo de comprobar y cotejar los datos-, 5.467 millones de euros, que es un 3,2 por ciento más que en el ejercicio de 2008, que es
lo que va a crecer aproximadamente el gasto de personal. Si tenemos en cuenta que casi el 77 por ciento del presupuesto de seguridad ciudadana se lo lleva el personal, francamente con eso no se puede decir que algunos proyectos organizativos y
algunas reformas que ustedes habían comprometido se van a poder llevar adelante. En ese sentido, me gustaría que me dijera si con estos recursos ustedes van a mejorar la especialización en la lucha antiterrorista, si van a crear -como ustedes
habían anunciado- distintas unidades de inteligencia y operativas de la Guardia Civil, si van a potenciar los programas Greco y Eco, si va a haber más efectivos contra la violencia de género, si se va a desarrollar de forma definitiva la brigada
central contra el crimen organizado, si se va a desarrollar definitivamente la unidad central de inteligencia criminal, etcétera, entre otros proyectos organizativos que usted conoce perfectamente. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)


Y quiero acabar con una cuestión muy puntual y muy concreta que supongo que usted conocerá, que es la problemática que se observa ya hace algún tiempo en la Comunidad Valenciana, donde existen violentos grupos de extrema derecha que se
dedican no solo a amedrentar sino incluso a agredir de forma impune a otras personas, como recientemente ocurrió en Gandía en una marcha cívica y pacífica con motivo de la celebración del correllengua. Sabe usted que ha habido distintos episodios
de violencia no solo en Gandía sino también en la ciudad de Valencia. Esquerra Republicana ha sido particularmente objeto y destino de alguno de estos ataques y venimos observando -cosa que ya le dije en su día al ministro Rubalcaba- una cierta
pasividad en la actuación de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, muy en concreto, de la Policía Nacional. El ministro se comprometió a actuar de forma decidida, pero últimamente, ante la reiteración de estos hechos, me gustaría saber si usted
conoce esta situación y si la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil tiene intención de actuar de forma inmediata. En cualquier caso, me gustaría que diera una explicación razonable ante estos hechos.



La señora PRESIDENTA: Es ahora el turno del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). El señor Olabarría tiene la palabra.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, le quería plantear obiter dicta una cuestión de orden. No sé hasta qué punto en estas comparecencias si alguno de los interpelantes o proponentes de la misma triplica el tiempo disponible a
efectos de lo previsto en los requerimientos reglamentarios, no deberíamos replantearnos todos cuáles deben ser estos requerimientos reglamentarios; porque, o bien los demás nos inhibimos y nos ajustamos a la austeridad que usted reclama en el uso
del tiempo disponible, o bien todos nos extendemos en forma proporcional.
No sé hasta qué punto es razonable que una comparecencia de estas características se convierta en una especie de análisis en forma de cosmovisión de todos los problemas que
afectan a la competencia de Interior, desde la vivienda del señor Mesquida, pasando por los problemas de seguridad ciudadana, la violencia juvenil y la violencia doméstica hasta el terrorismo de ETA. Es una cuestión que yo someto para que sea
considerada en la próxima Mesa y Portavoces y que tenga usted a bien comentar.



La señora PRESIDENTA: Me parece muy bien comentarlo en cualquier órgano de esta Comisión, pero en cualquier caso estamos aplicando el reglamento con flexibilidad. Usted tiene diez minutos, como los demás portavoces, y seguramente usará
algo más de diez minutos como ocurre casi siempre en este tipo de intervenciones.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Espero no llegar a los tres cuartos de hora de alguno de los que me han precedido en el uso de la palabra. Haremos un esfuerzo. (Risas.)


La señora PRESIDENTA: Muy bien. Se lo agradeceré. (Un señor diputado: A la cuestión.)


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: A la cuestión, como bien me comentan mis compañeros.



Señor director general, le agradezco su primera comparecencia que tiene un cierto carácter clónico con la realizó el ministro en cuanto a sus contenidos materiales, pero que en cuanto a las propuestas realizadas por usted no ha sido objeto
de refutaciones tan intensas y tan denigratorias del funcionamiento de esta dirección, entre otras cosas, porque no hemos oído pedir su dimisión; cosa que, en virtud de ciertos silogismos presocráticos, en la anterior comparecencia sí tuvimos la
ocasión de escuchar. Al margen de esta cuestión que me parece irrelevante, señor director general, cuando aquí se escuchan y se preconizan con tanto énfasis cosas que nosotros compartimos, como es la voluntad criminal de ETA, y se reiteran de forma
tan enfática, acentuando tanto los calificativos y los epítetos, alguno tiene la impresión de que esto se hace con la intención de insinuar subliminal y sutilmente que no todo el mundo comparte esta opinión.



Me gustaría creer que en esta Comisión nadie tiene ninguna reserva mental respecto a que todos compartimos esta opinión y que reflexiones tan extensas y tan enfáticas sobre el volumen criminal o la voluntad criminal de una organización
terrorista de estas características,


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es compartida por todos los grupos parlamentarios que aquí estamos representados. Lo cual no impide decir -porque esta reflexión inicial que le he hecho confiere legitimidad suficiente para esto- que el combate contra las organizaciones
terroristas es un problema deletéreo terriblemente complejo. Requiere además que este combate se base en unos principios fundamentados en una pulcritud democrática inequívoca. Me gustaría reproducir y parafrasear expresiones del señor Ridao, que
me ha precedido en el uso de la palabra, en relación con las actuaciones que se realizan en torno a esta materia, no siempre, en nuestra opinión, con la debida pulcritud, si no en nuestra opinión, en la de organismos internacionales, que a nosotros
nos meritan una reflexión adicional, la suficiente pulcritud y el ajuste a los requerimientos incluso de la propia Constitución española. Cuando escuchamos que el relator para los derechos humanos de Naciones Unidas, el doctor Scheinin, al que
usted conocerá, con toda seguridad, personalmente, preconiza que la legislación antiterrorista española no se ajusta a los requerimientos del Pacto para los derechos civiles y políticos, a la Convención europea de derechos humanos y a otros
documentos internacionales a los que nos debemos, entre otras cosas, porque posibilitan periodos de incomunicación de los detenidos de cinco días, que él consideraba que generan espacios de impunidad o espacios de opacidad, donde la posibilidad de
abusos e incluso de torturas o de tratos denigrantes, son posibles. Esto nos obliga a hacer una reflexión en relación con la cuestión y sobre qué medidas se pretenden introducir para corregir estas disfunciones que no son hechas por un partido
político de los que configuramos la dialéctica política habitual en los entourages del Estado español, sino por alguien tan relevante como el relator de Naciones Unidas para los derechos humanos. Cuando a esta denuncia se unen organizaciones tan
prestigiosas como Amnistía Internacional o como la Asociación Española de Derechos Humanos, esto merita una reflexión doble o triple, señor director general. Desde esa perspectiva, nos gustaría saber -la pregunta concreta que ha planteado el señor
Ridao nos parece particularmente pertinente- hasta qué punto se van a utilizar protocolos similares a los de otros países, en donde la erradicación de la tortura se puede considerar eficiente y que se ha producido con absoluta claridad, por ejemplo,
la introducción de sistemas de videograbación permanentes en los lugares de internamiento o en los lugares de detención forma parte de las propuestas del Ministerio que en este momento usted aquí representa.



Señora presidenta, me veo en la desagradable obligación -espero no crear un turno de alusiones por ello- de tener que refutar una opinión que he escuchado de la señora Díez, que es la relativa a que los terroristas están en este momento
presentes en las instituciones democráticas. No es la primera vez que esto nos enfrenta en términos dialécticos, y desde una perspectiva amistosa también que son los términos dialécticos que ella y yo practicamos habitualmente, me gustaría saber a
qué organizaciones terroristas se refiere, en tanto en cuanto las que tienen representación institucional en las instituciones municipales, forales o autonómicas del País Vasco o de la Comunidad Foral de Navarra, o de la Comunidad Autónoma Vasca o
de otros lugares, están convalidadas por la Administración de Justicia, bien sea la Sala del 61 del Tribunal Supremo o bien sea la Audiencia Nacional, en tanto en cuanto son representaciones que dimanan de organizaciones políticas que se han podido
presentar a los comicios generales, porque han sido autorizadas expresamente por la Administración de Justicia y, en concreto, los órganos judiciales que le he citado.



Dicho esto, señor director general, usted ha comentado muchas cosas y no voy a incurrir en la perversión de convertir esta comparecencia en una especie de cosmovisión de todos los problemas de seguridad. Pero ha dicho cosas que son muy
importantes, y se ha referido a Interpol y al buen funcionamiento de los mecanismos de conexión y coordinación con otras policías europeas. Le recuerdo que en el Estado español no existen Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con competencias exclusivas
únicas, sino que hay otras policías con competencias en materia de seguridad ciudadana, absolutas o exclusivas, que excluyen en su ámbito -en el ámbito territorial autonómico- a las demás y que, sin embargo, no tienen todavía posibilidades de acceso
a estas instituciones policiales transnacionales o europeas. Me estoy refiriendo fundamentalmente a Interpol y Eurojust. Usted ha hecho apología -y me ha llamado la atención- de la vinculación, nada menos, del Estado argentino a estas estructuras
de coordinación policial. No sé hasta que punto es pertinente esperar a que Argentina se incorpore a estas estructuras de corporación municipal cuando todavía la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra no tienen la posibilidad de poder participar
directamente, y en el ejercicio de sus funciones, en materia bien de Policía judicial o de seguridad ciudadana en esas estructuras transnacionales de seguridad. Creo que una posición proactiva por su parte, a mi grupo parlamentario le
tranquilizaría, al Gobierno vasco le tranquilizaría, al consejero de Interior del Gobierno vasco le tranquilizaría y seguramente también a su propio ministro, al ministro del Interior le podría tranquilizar, en tanto en cuanto las sinergias que
dimanen de la transferencia eficiente de información entre cuerpos de seguridad como la Ertzaintza, la Guardia Civil y la Policía Nacional, seguramente supondrían un salto cualitativo en la mejora de la eficiencia para la lucha contra las
organizaciones terroristas.



Se ha referido a otras cuestiones, como la relativa -y esto nos provoca una particular perturbación- al cobro del impuesto revolucionario. Le vamos a insistir en que usted intente reprimir en la medida de sus posibilidades esta perversión.
Esta perversión no se debe realizar mediante una conversión filosóficamente paradójica de las víctimas en verdugos. Me estoy refiriendo a dos supuestos concretos que fueron objeto de tratamiento, como usted sabe, en la Diputación Permanente


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y voy acabando, señora presidenta- el verano pasado y en relación con dos personas detenidas por el pago pretendido del impuesto revolucionario, que luego no fue tal; dos personas, un empresario vizcaíno y un empresario guipuzcoano,
mediante procedimientos que vulneraban todos los protocolos en materia de detención de la Guardia Civil. Me estoy refiriendo al presidente de Sidenor y al señor Gibert, un conocido empresario guipuzcoano. El señor Gibert fue detenido por
diecisiete funcionarios de la Guardia Civil, todos vestidos de paisano y encapuchados. Fue detenida una persona que ya había sido secuestrada anteriormente por los comandos autónomos anticapitalistas precisamente por negarse a pagar el impuesto
revolucionario, por soportar la extorsión de estas organizaciones terroristas. No sé hasta que punto estos protocolos legitiman una intervención tan espectacular para una persona de 81 años, un anciano que, si es requerido por la Audiencia Nacional
para realizar cualquier tipo de diligencia, después de la misa de las doce del mediodía de cualquier domingo, hubiese ido voluntariamente a prestar declaración. Diecisiete funcionarios encapuchados, de paisano ¿estos son los protocolos que usted
considera pertinentes? En cuanto al señor Jainaga, presidente de Sidenor fue detenido de tal manera que los vecinos que pudieron observar el operativo de la detención, fueron a denunciar su pretendido secuestro al cuartel de la Guardia Civil donde
estaba detenido, al cuartel de la Guardia Civil de La Salve, y allí le dijeron: este señor no está secuestrado, está detenido. Esto se ha archivado, esto ha quedado en nada. Desde luego, en materia de la lucha contra la extorsión usted podrá
contar con nuestra leal colaboración. Se tendrá que hacer en colaboración con la Ertzaintza todo lo que se tenga que hacer. La reducción o la evitación del allegamiento de fondos a una organización terrorista como ETA es algo absolutamente
imprescindible para acabar con ella, pero cumplan ciertos protocolos mínimamente razonables, que además están unificados en la Unión Europea, y no realicen actividades de estas características que victimizan, mediante un supuesto de doble
victimización, prácticamente a la totalidad del empresariado vasco. Es algo que le pido con todo el respecto que me merece.



Combatir el terrorismo de ETA requiere una última cuestión que es no realizar reflexiones demasiado optimistas o apologéticas de operaciones policiales. La semana anterior nos hemos encontrado con otra paradoja que es difícil de comprender,
cuando se comentaba, después de una detención producida el lunes, lo que se denominó detención de la parte troncal o la parte más importante del comando Nafarroa, y poco después la organización ETA atentó en la Universidad de Navarra. Hay que ser
particularmente prudente en las reflexiones con relación a la debilidad o fortaleza.
Paradójicamente, aquí comparto las opiniones de las señora Díez. Estas reflexiones respecto a la debilidad o la fortaleza son estériles e inocuas, porque no
significan nada, dependen de las circunstancias porque, hasta que no se acabe definitivamente con esta organización por procedimientos respecto a los cuales usted y yo seguramente discreparíamos, va a ser inútil hacer reflexiones sobre su fortaleza
o debilidad, porque siempre estaremos en condiciones de que se produzca un atentado de estas características.



Con relación a la violencia callejera, nos opusimos a la tipificación de este delito como un delito de terrorismo específico, cualificado.
Entendíamos que la tipificación anterior era suficiente para el reproche penal de las actuaciones
juveniles, dirigidas o no por esta organización; la tipificación de estragos, de incendios, de atentados, de coacciones, era suficiente. Todavía seguimos creyendo que un principio axiológico del derecho penal es el principio de mínima intervención
y que determinadas tipificaciones, ubicando a gente muy joven, sin criterio todavía para conformar su voluntad como terroristas, es algo que no contribuye a una mejora de la política antiterrorista. En cualquier caso, esta es una discusión que
haremos en otro momento, con más tiempo, con más detenimiento y con mejores fundamentos jurídicos y teóricos.



Dada la prolijidad de lo que ha ocurrido, sobre todo tras las primeras réplicas, he de decirle que en materia de extranjería, en materia de detención, sobre todo de las llegadas masivas de inmigrantes, nos siguen preocupando, primero, la
situación de los CIE, de los centros de internamiento, que se parecen más a una prisión que a un centro de internamiento, que cumple las funciones que la propia legislación de extranjería les atribuye, y sobre todo el recurso sistemático, que
rayaría en el abuso, de la fórmula del retorno. El retorno es la devolución al punto de origen, al punto de donde llega el emigrante, pero cuando se produce el retorno se deja al inmigrante sin la posibilidad de invocar una protección letrada, se
le deja en la más absoluta inseguridad jurídica, no puede invocar o alegar su eventual situación de perseguido político, su posibilidad de acceso a la condición de refugiado. Desde esa perspectiva, el recurso sistemático al retorno resulta una
perversión de la propia legislación de extranjería, en tanto en cuanto el procedimiento de expulsión, si se utiliza adecuadamente, sin recurrir sistemáticamente al retorno, sí que garantizaría una representación letrada, la posibilidad de invocar su
condición de perseguido político, la posibilidad de tener un trabajo en otro país, etcétera.



Para ir acabando, hablo ya de los problemas laborales-sindicales de las Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado. Me ha llamado poderosamente la atención, señor director, una mención que usted hace a la imposibilidad de proceder al proceso
electivo de las asociaciones que están inmersas en la Guardia Civil y está esperando al Consejo de Estado como quien está esperando a Godot. No sé cuanto tiempo están ustedes dispuestos a esperar el dictamen del Consejo de Estado para posibilitar
que estas elecciones se produzcan, porque en tanto en cuanto no haya una representación orgánica, fruto de un proceso electivo, todos sabemos, y usted lo


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sabe perfectamente, cuál es la interlocución de la Guardia Civil y cuáles son las asociaciones que tienen una representación real de la Guardia Civil. De hecho, para la elaboración de la Ley de derechos y deberes del cuerpo de la Guardia
Civil ya supimos todos los portavoces aquí presentes quiénes eran los interlocutores con los que había que contar a efectos de esta determinación.



Por último, señor director, en materia de seguridad privada tenemos mucho por hacer. Usted ha hecho una invocación obiter dicta muy rápido sobre los problemas atinentes de la seguridad privada. La seguridad privada es un problema pendiente
de definición jurídico-normativa en este país.
Desde esa perspectiva, yo le sugeriría un gran pacto o el inicio de una interlocución con todos los grupos parlamentarios para reformar la Ley de Seguridad Privada. En estos momentos son múltiples los
problemas que dimanan de las empresas de seguridad privada de múltiple naturaleza, muy vinculados a las disfunciones provocadas por la falta de formación de personas que ejercen funciones paralelas a los agentes de seguridad.
Desde esa perspectiva,
le pediríamos un pacto sobre esta materia.



La señora PRESIDENTA: Le corresponde el turno ahora a la señora Pigem por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).



La señora PIGEM I PALMÉS: Señor director general, en primer lugar, en nombre de mi grupo parlamentario quiero darle la bienvenida a esta Comisión y agradecerle las explicaciones que nos ha dado de manera pormenorizada y larga y desearle
también, como han hecho otros portavoces, mucho éxito en el desempeño de su función, porque su éxito será el éxito de la seguridad ciudadana. Salga la seguridad más arriba o más abajo en las preocupaciones del CIS, desde mi punto de vista, es una
preocupación medular y, por tanto, una demanda de la ciudadanía a la que representamos. Usted ha comentado muchos temas y a mí me gustaría pedirle alguna explicación, comentario o pormenorización con respecto a alguno de ellos.



En primer lugar, el tema del terrorismo. Quiero reiterar aquí algo que he dicho siempre en nombre de mi grupo parlamentario tanto al ministro como al secretario de Estado de Seguridad, que es que desde Convergència i Unió seguiremos
apoyando al Gobierno en su política antiterrorista, con el uso de toda la fuerza que le da la ley, tal como hemos hecho con los gobiernos de uno y de otro signo. Seguiremos apoyando también a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a
la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a los Mossos d'Esquadra y también a la Ertzaintza. Esta colaboración de Convergència i Unió tendrá únicamente dos límites: por un lado que esta actividad esté, como no puede ser de otra manera, sometida al
imperio de la ley y, por otro lado, que sea garantista de los derechos individuales. Por tanto, en estos últimos aspectos me sumo aquí a la preocupación manifestada por los portavoces señores Ridao y Olabarría y sí me gustaría que nos diera alguna
explicación acerca de estas afirmaciones que se vienen realizando desde foros internacionales de especial importancia, cuya naturaleza está reconocida internacionalmente.



Respecto a la motivación de los agentes, que es algo que enlaza con el tema de las políticas laborales ya se ha comentado aquí ampliamente este tema; tuvimos ocasión también de debatirlo pormenorizadamente la pasada semana con el ministro
del Interior. La percepción de la portavoz que le habla es que de alguna manera falta claridad y cumplimiento en el tema de adopción de políticas claras de recursos humanos y cumplimiento de los acuerdos que se adopten. Esto es algo que no se
puede achacar a su dirección, ni siquiera al Gobierno del Partido Socialista, porque ha empezado antes. Quiero recordar aquí el Plan Policía 2000, que creó unas grandes expectativas, que se tradujeron en una cierta frustración, porque a decir de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado eran más unas políticas de escaparate que unas políticas con un auténtico contenido de políticas claras en recursos humanos. Me gustaría que esta frustración se rompiera y que, a través del consejo que
han convocado, de las conversaciones que puedan tener, se llegue a una situación de diálogo que libere la tensión que existe entre el ministerio y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que pudieran contar con lo que usted ha dicho que es
motivación de los agentes, que son unas políticas de recursos humanos, de conciliación, pero no solo de conciliación, sino también de expectativas laborales, de expectativas de sueldo, que puedan dar respuesta a lo que es la lógica preocupación de
cualquier persona con respecto a lo que es su puesto de trabajo.



Otro tema que quería comentar es que como sabe, el pasado 1 de noviembre se culminó el despliegue de los Mossos d'Esquadra en Cataluña. Esto implica que Cataluña cuenta ya en todos los rincones del país con su propia policía, que se
convierte en una marca del autogobierno catalán, y del cual me siento especialmente orgullosa. Es algo que se ha hecho a lo largo de muchos años. Llevamos veinticinco años en esta implantación y supone que a partir de ahora el cuerpo que lidie con
los problemas del día a día de la seguridad de los ciudadanos van a ser los Mossos d'Esquadra. Esto implica que debemos asumir todos con naturalidad que hay una pluralidad de operadores en la seguridad pública, no solo Policía y Guardia Civil sino
también los Mossos d'Esquadra y la Ertzaintza. Esto tiene que comportar que esta policía pueda incorporarse a los foros operativos policiales europeos -se ha aludido ya a ello por parte de mi compañero el señor Olavaria- como Europol. Para esto no
es necesario más que una mera voluntad política de notificación, pero que implica también la necesidad de que estos operadores de la seguridad pública puedan acceder a compartir el sistema estatal de bases de datos policiales. La pasada semana tuve
ocasión de comentarle ya al ministro del Interior que el número de identificación de extranjeros, incluso la base de datos del DNI, no es totalmente operativa para los Mossos d'Esquadra. Si


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la responsabilidad del día a día de la seguridad ciudadana en Cataluña la van a asumir los Mossos d'Esquadra, me gustaría que nos pormenorizara la respuesta que me dio el ministro de que en los próximos meses se va a poder acceder no solo a
las bases comunes de datos policiales, sino también a las bases restringidas de datos policiales. Me gustaría que me precisara cómo está esta situación, qué quiere decir en los próximos meses, es decir, que me diera una respuesta un poco más
concreta.



Otro tema del que quería hablarle es el de la violencia de género. Desde el punto de vista de Convergència i Unió la ley integral ha sido un instrumento bueno y necesario, pero como todos los instrumentos requieren ver su comportamiento e
introducir si es necesario algunos ajustes o algunas mejoras. También pensamos que la responsabilidad de la violencia de género incumbe únicamente a los agresores y a los asesinos. Sabemos también que se están adoptando y se están implementando
nuevas medidas en la protección, como el pro-tocolo judicial, al que se ha aludido ya, del pasado 18 de julio, para valorar el peligro con la nueva calificación de riesgo extremo. Pero hay algo que nos preocupa, que es el resultado de los datos a
fecha de actualización del 20 de octubre del año 2008, datos del Ministerio de Igualdad. Se dice aquí el total de víctimas, las víctimas que han solicitado protección, las víctimas que obtuvieron medida de protección, que fueron nueve de las
fallecidas, las víctimas que en el momento de fallecer tenían la medida de protección en vigor, que eran estas mismas nueve, y las víctimas que no habían consentido el quebrantamiento de las medidas de protección, que eran siete. El mensaje que se
lanzó con la Ley contra la violencia de género era que las mujeres que denunciaran y siguieran todos los pasos que marcaba la ley tenían que salvarse, no ya de los malos tratos, que espero que afortunadamente muchas se libren, porque es cierto que
el tema de la violencia, afortunadamente, no puede medirse únicamente por el tema de las mujeres muertas, pero sí que es muy significativo y llama mucho la atención, y creo que es una señal de gran preocupación, que siete mujeres siguieran todos los
pasos y que algo fallara de manera que hayan sido asesinadas.
¿Qué se dice aquí? Los datos apuntan a que posiblemente lo que ha fallado ha sido la protección. Por eso traigo este tema a colación para que me rectifique o me ratifique si es cierto
que el número de miembros de las unidades de prevención, asistencia y protección es o no suficiente, incluso para proteger a las mujeres que con esta nueva calificación de riesgo extremo tienen veinticuatro horas de protección individualizada, que
quiere decir tres policías, tres guardias civiles, tres efectivos por cada mujer cada día, y también que me rectifique o me ratifique si realmente hay un problema en la coordinación entre juzgados y policías y entre policías entre sí. Es un tema
que preocupa y del que tenemos que saber con la máxima claridad posible cuáles son las medidas que tenemos que implementar para poder mejorar este buen instrumento que, a nuestro juicio, fue la Ley de medidas integrales contra la violencia de
género.



Otro tema sobre el que quisiera llamar su atención es el de la prostitución. Sabemos, y nos consta, que en el Gobierno se está elaborando un plan policial de medidas contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Pero como el
mandado al Gobierno para que se elaborara este plan data de cinco años atrás, a mí me gustaría saber qué es lo que se está haciendo, con independencia de este plan, que me imagino que algún día llegará, pero que no vamos a esperar al mismo para
actuar frente a la situación que supone la explotación de mujeres y el tráfico y la trata de mujeres con fines de explotación sexual. La pasada legislatura hubo en esta Cámara una ponencia que abordó el tema de la prostitución en la que
comparecieron el comisario responsable de la Ucrif y un teniente psicólogo de la unidad técnica de la Guardia Civil. De todas las declaraciones interesantísimas y de los datos que nos dieron, nos quedó claro que se puede constatar que es
abrumadoramente superior el número de extranjeras al de las nacionales dedicadas a practicar la prostitución y que una mayoría aplastante de las mujeres está en situación ilegal. Usted ha hablado de todos los planes para erradicar la trata de seres
humanos para explotación sexual, la contratación de ciudadanos y ciudadanas extranjeras en situación irregular, etcétera, y yo me pregunto qué está pasando con este tema. Las personas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que
comparecieron nos dicen que claramente se sabe donde están estas personas, que mayoritariamente están en lo que antes eran moteles y que ahora son estos locales que hay en las carreteras, en lo que se refiere al ámbito de competencia de la Guardia
Civil. Son ciudadanas extranjeras en situación irregular y muchísimas de ellas víctimas de este engaño para que ejerzan la prostitución. Además, contratar servicios sexuales no es delito, pero todo lo demás que le rodea, sí. En el año 2003 se
reintrodujo en el Código Penal la figura delictiva del proxenetismo, penalizando a todo el que se lucrara de la prostitución de otra persona. Los mismos comparecientes se sorprendían de cómo esto no conllevaba mayores denuncias y mayores
detenciones. Me gustaría saber, dentro de este plan estratégico de la Dirección Nacional de la Policía y de la Guardia Civil, cuáles son las actuaciones que tienen previsto hacer, con independencia del plan de trata que cuando salga, bienvenido
será, pero que no vamos a esperar porque hace cinco años que le estamos esperando. Por último, señor director general, me sumo a la preocupación manifestada por el portavoz de Esquerra Republicana, señor Ridao, respecto a las actuaciones de grupos
violentos, parece que ultraderechistas, en Valencia. Nuestro grupo parlamentario se ha interesado directamente ante el ministro de, interior, pero quisiera saber qué instrucciones han dado a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado al
respecto.



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La señora PRESIDENTA: Le corresponde el turno al Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor González Serna.



El señor GONZÁLEZ SERNA: En primer lugar, quiero dar la bienvenida a esta Comisión al señor director general de la Policía y de la Guardia Civil y agradecerle su intervención, que nos ha parecido completa, rigurosa y sobre todo que está en
sintonía, que ha sido plenamente coherente con el enfoque que antes realizaron en esta Comisión tanto el secretario de Estado de Seguridad, el señor Camacho, como el ministro del Interior, el señor Rubalcaba. En relación con los tiempos, este grupo
no comparte la afirmación con la que empezaba el señor Cosidó su intervención sobre el retraso en la celebración de su comparecencia. Entiéndala usted -al menos este grupo lo hace- como una exageración de tantas a las que nos tiene acostumbrados el
señor Cosidó. Ha dicho textualmente -y he tomado nota- que ha llegado usted con seis meses de retraso. Quisiera recordar que estamos en el sexto mes de la legislatura, y que, antes que usted, se vieron obligados a comparecer por lógica política el
ministro del Interior y el propio secretario de Estado, que compareció -para información del señor Cosidó- el pasado 28 de septiembre. Por lo tanto, tenía usted que haber comparecido en octubre. Ha habido circunstancias justificadas que lo han
impedido, y viene usted el 4 de noviembre. Por dar un dato comparativo -que sé que al señor Cosidó le gustan- el anterior director general de la Policía, el señor Cotino, con el Partido Popular, compareció por primera vez aquí trece meses después
de su toma de posesión. Es simplemente un dato para ilustrar a SS.SS. sobre cómo funcionaban las cosas en otro momento. El director general de la Guardia Civil -entonces había dos directores generales- también compareció a finales de octubre, y
nada de ello fue objeto de protesta por nadie. Por lo tanto, bienvenido, señor director general. Creemos que viene usted en el momento adecuado, cuando ha podido.



Yendo al objeto de su comparecencia, quiero trasladarle una primera conclusión general. Su planteamiento, el diagnóstico, las prioridades y las medidas e iniciativas que ha formulado a lo largo de su intervención nos parecen muy adecuadas
para conseguir el objetivo, que este grupo comparte, de lograr que España sea cada día un país más seguro. En mi intervención, señor Velázquez, señorías, señora presidenta, voy a intentar fijar la posición de mi grupo en relación con los ejes
principales que ha seguido el señor director general. Por empezar con la cuestión más importante, que más preocupa y que para todas y todos es la prioridad, hablaré sobre terrorismo. Quiero expresarle el apoyo incondicional de este grupo al
Gobierno, al Ministerio del Interior y a usted como director general en la lucha contra ETA, y en la lucha también contra el terrorismo internacional, como ya hiciéramos días atrás en la comparecencia del secretario de Estado de Seguridad. Como
también dije en aquella misma sesión, desde la oposición apoyamos al Gobierno del señor Aznar en la lucha antiterrorista sin condición alguna, y ahora del mismo modo damos a este Gobierno, al Gobierno del señor Zapatero idéntico apoyo que dimos
incondicionalmente en aquel momento al Gobierno del Partido Popular.



Señor director general, compartimos el diagnóstico que usted ha realizado sobre ETA, sobre la situación de los demócratas. Desde luego que la unidad nos hace más fuertes, y también coincidimos con que ETA está más débil que nunca, si bien
queremos precisar, como también hacía usted, que aunque objetivamente su capacidad operativa está profundamente mermada, todos somos absolutamente conscientes -lo decía antes el señor Olabarría- de que los terroristas conservan gran capacidad para
hacer mucho daño, y lo comprobamos días atrás en el reciente atentado de Navarra. Por lo tanto, reitero ese apoyo incondicional de este grupo a la política del Gobierno y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su trabajo en materia
antiterrorista.



Sobre criminalidad organizada, que era el segundo eje al que usted hacía referencia, mi grupo considera que el camino recorrido en la legislatura pasada avala, tanto los propósitos como la estrategia que usted ha planteado. Nadie discute
-yo creo que ni el propio señor Cosidó lo hará- que el Gobierno del señor Zapatero, el Gobierno del Partido Socialista heredó una situación en 2004 en la que bien se podría decir, sin correr el riesgo de caer en la exageración, que la delincuencia
organizada campaba a sus anchas en determinadas zonas de nuestro país.
Afortunadamente el trabajo realizado por el Gobierno y por el Ministerio del Interior en los cuatro años pasados dio un giro de 180 grados en la lucha contra el crimen
organizado, y ahí están las medidas adoptadas, a las que usted ha hecho referencia, y también los positivos resultados cosechados en términos de éxitos policiales a los que usted se ha referido, y que yo no voy a reiterar pero sí felicitar por ello
a usted y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. De ahí que, ante esa situación, como indicaba anteriormente, consideramos correcto y acertado el planteamiento que usted ha formulado en materia de lucha contra la criminalidad organizada.



Sobre inmigración ilegal le diré muy brevemente que compartimos el enfoque integral que ha realizado usted. Esta es la política inteligente, la política seria y rigurosa que da buenos resultados, como usted planteaba, y que este grupo va a
seguir apoyando y respaldando frente al drama humano de la inmigración ilegal.



Sobre el cuarto eje, seguridad ciudadana, la posición de las diputadas y los diputados socialistas es inequívoca. Por una parte, respaldamos el planteamiento claro y contundente que ha hecho en torno a la protección de los colectivos más
vulnerables, así como el planteamiento realizado sobre los esfuerzos en materia de lucha contra la violencia de género.
Reconocemos los esfuerzos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, reconocemos el esfuerzo y el interés de este
Gobierno, pero tenemos que decir -y sabemos que es una opinión compartida- que mientras siga habiendo una sola víctima


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de violencia de género, mientras siga habiendo una mujer que sufra malos tratos, tendremos que ser todos -la sociedad, los grupos políticos, el Gobierno- enormemente exigentes.



En términos estrictamente de seguridad ciudadana, de sus palabras y de la reciente comparecencia del ministro del Interior, señor Pérez Rubalcaba, este grupo llega a la conclusión de que las cosas se están haciendo razonablemente bien en
materia de seguridad. Y, señorías, señora presidenta, no se trata de ser autocomplacientes ni muchísimo menos. Le aseguro que este grupo no es autocomplaciente en un asunto que preocupa y que interesa tanto a los ciudadanos, pero en este grupo
creemos que lo importante es ser conscientes de dónde venimos en materia de seguridad ciudadana y dónde nos encontramos. De dónde venimos lo saben bien sus señorías. Cuando tengo oportunidad de intervenir en esta Comisión lo planteo con claridad.
Venimos de ocho años -los ocho años de Gobierno del Partido Popular- caracterizados por menos gasto público, menos agentes de la Policía, menos agentes de la Guardia Civil; ocho años con menos medios, y ocho años que como consecuencia de esa
política de adelgazamiento del aparato de seguridad del Estado supusieron y trajeron a este país más delitos y más inseguridad objetiva y subjetiva. De ahí es de dónde veníamos y, si me permite resumirlo la señora presidenta con una frase
únicamente, veníamos de la máxima del Partido Popular que se acuñó en aquel momento: quien quiera seguridad que se la pague. Ese era el planteamiento y de ahí es de donde veníamos; y dónde nos encontramos -que es lo que pretendía decir- Nos
encontramos algo mejor -no soy autocomplaciente, solo algo mejor- que en aquellos momentos en que se produjo ese adelgazamiento, esa merma de los cuerpos policiales en nuestro país, y ese estar algo mejor significa que hoy hay más de 20.000
efectivos más de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -policías y guardias civiles- que cuando llegamos al Gobierno; hoy hay muchos más recursos económicos disponibles -y luego hablaremos de la cuestión presupuestaria- para la seguridad
pública, para la seguridad ciudadana; hoy hay más medios para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a ojos de este grupo, y hoy hay también -luego desarrollaré un poquito esta cuestión- mejores condiciones sociolaborales para los hombres y
mujeres que prestan sus servicios en la Guardia Civil y en la Policía. Y hoy hay también -hay que decirlo- mejores datos de los que había hace cinco años, cuando gobernaba el Partido Popular. Lo ha dicho usted anteriormente -yo también dispongo de
esos datos- y también los ofrecía el otro día el señor ministro del Interior, hoy podemos decir que los delitos y faltas por cada 1.000 habitantes están 25 puntos por debajo de la media de la Unión Europea, o 30 puntos por debajo de países como
Alemania e incluso estamos 5 puntos por debajo del momento en el que el señor Rajoy era ministro del Interior. Sé que estas cosas algunas veces a algunos miembros del Partido Popular no les gusta escucharlas, pero creo que es conveniente
recordarlas.



Han descendido las tasas de los principales delitos. No lo voy a contar porque lo dijo el otro día, con extraordinaria claridad, el ministro del Interior y usted también se ha referido a ello. Haré solo mención porque el señor Cosidó ha
hecho referencia a la cuestión de los homicidios y asesinatos a esa tasa que me parece especialmente importante. Cae bruscamente, lo ha dicho usted y yo lo repetiré y lo enfatizaré: pasa del 3,22, por cada 100.000 habitantes al 2,49. Esto es una
abstracción, pero quiere decir que en el ejercicio 2007 ha habido 287 homicidios menos en España, no en el territorio Guardia Civil, sino en el conjunto del Estado de la nación, que cuando era ministro del Interior el señor Rajoy. Es decir, cada
semana de Gobierno del señor Zapatero -se lo digo cariñosa y amablemente al señor Cosidó, a quien le gusta mucho hacer juegos de cifras- ha habido cinco homicidios menos que cuando era ministro del Interior el señor Rajoy. Creo que es una cifra
importante por lo que representa en términos de seguridad objetiva y seguridad subjetiva. Los datos están en las estadísticas que nos proporcionaba el señor Rubalcaba en la comparecencia de la semana pasada. Veo al señor Cosidó que niega la mayor.
Intuyo que está negando el valor de mis datos, no en este caso de los datos que yo esgrimo, sino de los datos ofrecidos al Parlamento, al Congreso de los Diputados, días atrás por el señor Rubalcaba.



Creo que el señor Cosidó hizo una referencia que personalmente considero poco elegante o, más que poco elegante, diría que casi rayó en la grosería parlamentaria -usted se acordará -Son palabras textuales, que usted no improvisó, sino que
son muy meditadas. Dijo que había mentiras, mentiras muy gordas, estadísticas y las estadísticas de Rubalcaba. Y utilizó -creo que por eso usted movía la cabeza y negaba mis afirmaciones- la siguiente expresión, que he sacado del'Diario de
Sesiones' y que me voy a permitir recordarle: con un simple vistazo -decía el señor Cosidó la semana pasada- estos datos no concuerdan ni con los propios datos que facilita el anuario de 2006 del Ministerio del Interior ni tampoco con los datos de
la memoria presupuestaria. Yo he tenido la paciencia o el interés político de comprobar si los datos que el señor Rubalcaba nos ofrecía el otro día en su comparecencia sobre la radiografía de los delitos en nuestro país en el ejercicio 2007
concuerdan o no, si son los mismos que los de la memoria del presupuesto y los del anuario de 2006, y le tengo que decir que son fiel reflejo, que concuerdan fielmente. Se lo puedo demostrar -los tengo aquí y se los entregaré al finalizar la
Comisión-. Son los mismos datos, tan solo hay una diferencia de un delito -pásmense ustedes, señorías- en 2002 y de siete delitos en el ejercicio 2003. Por tanto, son los mismos delitos y faltas los que figuran en el anuario correspondiente al
ejercicio 2006, en los que vienen los datos correspondientes a 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006. Son los mismos que los


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que nos ofrecía el señor Rubalcaba. Aquí están para que usted pueda comprobarlos.



En relación con la memoria, se equivocó o nos hizo trampas -se lo digo respetuosamente-, porque en la memoria del presupuesto solo vienen los datos referidos -usted lo sabe, señor Cosidó- a los delitos, y no a las faltas. Evidentemente, no
coinciden aquí, pero sí coinciden con los datos exclusivamente de los delitos. Por tanto, señor Cosidó, no me queda más remedio que decirle tres cosas. Primero, que lo que hizo el señor Rubalcaba en su comparecencia de la pasada semana fue un
ejercicio de transparencia democrática. Segundo, que usted lo que hizo realmente fue intentar eludir ese ejercicio de transparencia democrática de someterse al Parlamento que estaba haciendo el señor Rubalcaba. Y como le he demostrado y le estoy
demostrando que sus datos no eran veraces, en este momento le tengo que exigir -se lo digo con respeto- una pública disculpa al señor Rubalcaba, y sobre todo, y más importante, que rectifique usted, señor Cosidó, y que acepte expresamente el valor
de las estadísticas que el ministro del Interior puso a disposición de este Parlamento, en ese ejercicio de transparencia democrática. Tiene usted muy fácil quedar bien con esta Cámara, quedar bien con los diputados y diputadas que escuchamos
atentamente y seguimos su intervención de la semana pasada. Si usted no rectifica y no es capaz de hacer ese ejercicio de pedir públicas disculpas, seguramente su credibilidad quedará muy mermada en lo sucesivo.



Dicho eso, sigo con el hilo conductor.



La señora PRESIDENTA: Vaya acabando, señor González Serna.



El señor GONZÁLEZ SERNA: Voy acabando, señora presidenta.



Sigo con el hilo conductor de las intervenciones que se han producido. El señor Cosidó se ha referido al balance de seguridad del señor director y ha dicho, utilizado esta expresión, que es difícil que sea peor, y se ha apoyado en supuestos
datos de 2008 del territorio Guardia Civil. Es la cuarta vez que el señor Cosidó utiliza datos objetivamente sesgados, datos de menos de la mitad del territorio nacional para hacer referencia a la seguridad ciudadana en nuestro país, y yo creo que
ese planteamiento no se sostiene. Lo que se sostiene es hablar de los datos de seguridad en todo el territorio nacional. No es serio hablar de una parte del territorio y hacerlo, además, de una forma sistemática y reiterada. Ni tampoco es serio
cuando hemos aprobado conjuntamente una proposición no de ley en la que establecemos una metodología de trabajo para trabajar -valga la redundancia- en torno a los aspectos de la estadística de la delincuencia. No es serio ni riguroso que hace
menos de un mes estuviéramos aprobando una forma de trabajar, una metodología de trabajo, y que continúe, en este caso el portavoz del Grupo Popular, yéndose por los cerros de Úbeda -lo digo de forma respetuosa-, con datos exclusivamente de la parte
del territorio nacional que le interesa.
Además, me ha parecido -y quiero dejar constancia de ello- casi una osadía que el portavoz de un grupo parlamentario se dirija al director general de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía y le
ofrezca sus datos en torno a la evolución de la seguridad ciudadana. Me ha parecido un atrevimiento y una auténtica osadía. Es poco prudente.



Acabo con una cuestión que también me ha parecido extraordinariamente interesante y que quiero comentar.



La señora PRESIDENTA: Brevemente, por favor.



El señor GONZÁLEZ SERNA: Muy brevemente.



Ha hecho varias referencias el señor Cosidó a su preocupación por la situación presupuestaria del ministerio. Ustedes en esta cuestión, señor Cosidó, vuelan con plomo en las alas. Ha hablado usted de recortes presupuestarios, ha hablado
usted de una drástica reducción del capítulo 6 en relación con las inversiones. Le voy a dar algunos datos que recuerdo de la reciente comparecencia del secretario de Estado de Seguridad para valorar el presupuesto. En estos cinco años la sección
16 de los presupuestos ha crecido con el Gobierno del señor Zapatero, en materia de seguridad un 43,7 por ciento. Hemos pasado de 6.200 millones en el último presupuesto del Partido Popular a más de 8.994, es decir, prácticamente a 9.000 millones
de euros. El esfuerzo en relación con el producto interior bruto -usted ha hecho referencia a ello- ha pasado del 0,49 por ciento al 0,60. Y en relación con las inversiones, que es la cuestión en la que ha hecho más hincapié el señor Cosidó,
quiero hacer algún comentario. El capítulo 6 del presupuesto para 2009, el que posiblemente se apruebe en este próximo mes de diciembre, es el mayor capítulo de inversiones de los diez presupuestos comprendidos entre 1997 y 2006. La inversión
media de los gobiernos del Partido Popular en sus ocho años fue de 331 millones -esa información está en el Ministerio de Economía y Hacienda-, y la inversión media del Gobierno del Partido Socialista en materia de interior supera los 600 millones
de euros. Este presupuesto, que en realidad es menor que el anterior en materia de inversiones, es de 586 millones de euros; es superior en 200 millones de euros, ni más ni menos, a la media de la inversión del Partido Popular en sus ocho años de
Gobierno. ¿De qué estamos hablando, señor Cosidó? ¿De recortes presupuestarios? ¿Cómo puede usted hablar de recortes presupuestarios? Se lo he dicho anteriormente: vuelan ustedes en esta cuestión con plomo en las alas.



Muchas gracias, señora presidenta, por su amabilidad y su flexibilidad en la interpretación del Reglamento. (El señor Olabarría Muñoz pide la palabra.)


La señora PRESIDENTA: Señor Olabarría.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, perdóneme. He recuperado la voz, seguramente por


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algún tipo de intervención teológica o divina. Es una petición extra forma. Quería haber hecho una pregunta específica, que se puede hacer en un segundo, al señor director y si usted me autoriza se la haría en este momento.



La señora PRESIDENTA: Nos tiene en vilo. Dígalo rápido y terminamos.
(Risas.)


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: La pregunta es muy terrenal; es el origen de la recuperación de la voz lo que tiene razones ajenas. En relación al terrorismo islamista, señor director general, me gustaría hacerle una pregunta. Hubo una
Comisión de investigación en relación al atentado del 11-M, que usted recordará y que planteó cien recomendaciones a la Cámara.
De las cien recomendaciones a la Cámara, desde la perspectiva de las atinentes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, cuáles han sido cumplidas, en qué fase de cumplimiento están, y cuáles no han sido objeto de consideración.



Esa era la pregunta concreta, señora presidenta.



La señora PRESIDENTA: No entendía si la pregunta me la quería hacer a mí, al director general, o en general a la Comisión. Queda hecha.



Después de este turno de grupos, le corresponde ahora de nuevo al señor director general hacer la réplica. Le digo lo mismo que antes, no tenemos límite de tiempo, salvo el que a usted le parezca más oportuno. Comprendo que se han hecho
muchas preguntas y recomendaciones, y por tanto no me extrañará que tenga una intervención extensa.



El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (Velázquez López): Voy a intentar responder a todas las preguntas, incluso a las muy concretas, de los grupos parlamentarios que han recuperado la voz en los últimos instantes.
En primer lugar, quiero agradecer a todos los grupos parlamentarios el tono de sus intervenciones y los deseos de éxito que todos queremos que haya en este tipo de temas que nos conciernen a todos.
Obviamente en este sentido les estoy muy
agradecido. Espero que, a pesar de haber tardado tanto, lo cual ha suscitado las protestas sobre todo de algún grupo parlamentario, la comparecencia al menos hasta ahora haya valido la pena.



Decía usted, señor Cosidó -empiezo por el orden de sus intervenciones-, que mi comparecencia había sido deseada. He intentado darle una explicación en el transcurso de mi discurso, pero en todo caso se la reitero. No vine en la ocasión
anterior, sobre todo en la comparecencia en materia de presupuestos, porque tenía una importante cita en San Petersburgo -que se le intentó explicar por escrito-, con motivo de la reunión anual de la Interpol. Ese es el lugar en el que se reúnen
todos los responsable de Policía del mundo entero y donde, como usted se puede imaginar, se celebran todo tipo de entrevistas, reuniones e incluso se solucionan temas. En este caso concreto fue algo importante para nosotros, los españoles, porque
sirvió para solucionar un tema que a la Policía española le tenía preocupada, y sobre el que usted ha preguntado especialmente, como era la detención del señor Rodríguez Menéndez, que se encontraba en ese momento en Argentina. Entre otras
cuestiones, y gracias a las gestiones que nosotros hicimos, pudimos localizarle e inmediatamente la Policía argentina detuvo a este señor. Esperamos que dentro de muy poco sea extraditado a España, como así ha sido solicitado por los juzgados
correspondientes porque tiene dos causas pendientes.



Le agradezco su apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en relación con el tema del terrorismo, como se lo agradezco a todos los grupos parlamentario. En esto hemos sido todos unánimes, con independencia de ciertos matices que
alguno de los grupos, a los que intentaré contestar, ha manifestado. Compartimos, señor Cosidó, la confianza en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Yo creo que actúan diligente, ágil, rápida y eficazmente, y lo hacen cada vez mejor y lo
realizan con éxito. Ese es el sentido de mi intervención cuando he señalado los diversos éxitos que se han venido sucediendo en los últimos meses y en los últimos años. Ese es el sentido también de señalar la situación de la banda terrorista, que
es lo que nos preocupa a todos. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cada vez tienen más efectivos, cada vez tienen mayor capacidad de análisis, mayor capacidad de ejecución de las políticas represivas en relación con el terrorismo, y por
tanto obtienen como es conocido éxitos. También es verdad que con frecuencia lamentablemente la banda terrorista ejerce acciones, hace atentados terroristas que cuestan vidas humanas o que cuestan daños materiales, como hemos visto en los últimos
días alguna manifestación de ello. Es evidente que todos estamos de acuerdo en que hay que seguir luchando contra ellos, y utilizando todos los medios que el Estado de derecho nos proporciona.



Decía usted, entrando ya en materia, que el balance es difícil que hubiera sido peor. En todo caso yo le agradezco que en esta ocasión aún no haya pedido mi dimisión, pero no la descarto en el transcurso de la comparecencia. En la
comparecencia que hizo el ministro usted la pidió de forma reiterada -yo creo que está en su derecho-, pero le voy a señalar algunas cuestiones importantes. Primera cuestión, ha hablado de las estadísticas de criminalidad. El responsable del Grupo
Parlamentario Socialista ya se lo ha señalado, y sobre todo a mí lo que me parece más relevante en esta materia es que los grupos han aceptado y han votado una proposición no de ley sobre la necesidad de suministrar este tipo de datos y debatir
sobre ellos y aquí en esta Comisión -incluso yo asistí como observador el otro día- el ministro del Interior les manifestó a ustedes cuáles eran las estadísticas y así lo va a seguir haciendo de forma reiterada. Unas veces será el ministro, otras
será el secretario


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de Estado y otras seré yo. Les animo a que discutamos entonces exactamente los datos, la fiabilidad de los datos, la procedencia de los datos e incluso la discusión sobre si se deben suministrar tales datos o no. Yo creo que ese es el
momento adecuado. Respeto todos los datos que usted ha señalado, pero con independencia de ello debo decirle que, como ha señalado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, no estoy de acuerdo con lo que ha señalado. Es más, ni yo estoy de
acuerdo ni creo que lo están los españoles. La situación en este momento de la criminalidad en España, con independencia de pequeños repuntes que seguimos en algunos lugares concretos, en algunas ciudades, en algunos entornos alrededor de las
ciudades, va mejorando. ¿Por qué va mejorando? Va mejorando porque tenemos más fuerzas, porque tenemos más medios, porque tenemos más capacidad represiva en ese sentido, y por tanto lo vamos logrando. Esa es una buena noticia para todos, de la
que debemos felicitarnos. Todo ello con independencia de que nunca trabajaremos suficiente, con independencia de que puede haber dificultades. Hace pocos días hemos detenido a una peligrosa banda de alunizaje, pero al mismo tiempo se han vuelto a
producir delitos en esa materia, como usted conoce, que son todavía inevitables. Sin embargo, no renunciamos a que sean cada día más lejanos o más raros ese tipo de asuntos.



Ha hablado de otras cuestiones, como por ejemplo de la violencia de género, como también ha hablado la representante del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. En la violencia de género todos deberíamos estar de acuerdo; estamos de
acuerdo en que el Gobierno, al menos tres ministerios, Justicia, Interior e Igualdad, hacen unos esfuerzos ingentes. En concreto nosotros hemos multiplicado fuertemente los efectivos hasta cerca de 2.000 funcionarios de Policía y Guardia Civil que
se dedican a esa actividad de forma preferente, además de otros 35.000 policías, como les he señalado, que también ayudan a la materia.
¿Solucionamos todos los problemas? No, es evidente que no los solucionamos todos, pero también es evidente que
tenemos la voluntad de hacerlo. Hemos ideado programas informáticos que incluso -como ustedes conocen, y se les ha dado cuenta aquí de forma insistente y en varias ocasiones- tienen automatizado el grado de gestión de crisis que pueden tener en
relación con cada una de las señoras que son maltratadas o que están en un momento en el que pueden ser violentadas o incluso asesinadas por sus compañeros o maridos. Obviamente, se sigue trabajando en ello. Es una prioridad importante para el
Gobierno, que todos los grupos parlamentarios comparten, pero en todo caso se suelen dar sucesos de esta naturaleza no solo en España, señor Cosidó y señora representante de Convergència i Unió, sino también en todos los países de nuestro entorno.

El otro día hablaba con un alto representante francés y me señalaba que proporcionalmente el número de mujeres víctimas de violencia de género es superior en Francia o en otros países. Eso no es un consuelo, en absoluto, pero trabajamos para
solucionar el asunto y en esa situación estamos tanto la Policía como la Guardia Civil.



Ha hablado usted en un determinado momento de mis sucesores. Yo todavía no sé cuáles son mis sucesores, pero supongo que se refería a mis antecesores. Se refería, en concreto, a algún programa electoral que hablaba de las comisarías en las
poblaciones que tuvieran más de 20.000 habitantes. En el ministerio siempre estamos analizando cuáles son las debilidades y fortalezas del sistema y en ese sentido no somos rígidos en cuanto a una determinada cantidad de habitantes, sino que
analizamos la posibilidad de desplegar más la Guardia Civil o la Policía Nacional en virtud de las dificultades y de los hipotéticos ascensos o descensos de la criminalidad organizada o de la tasa de criminalidad correspondiente.
Hemos alterado
escasamente -desde luego desde que yo estoy no lo hemos alterado- el despliegue de cada uno de los cuerpos. Hay un equilibrio que en este momento se mantiene, pero hay algunas obras en ejecución que se terminarán realizando y en ese momento
decidiremos si es el mejor momento para modificar este despliegue o mantener el despliegue correspondiente.
En los últimos años -en los últimos meses incluso- hemos ideado algunos sistemas en los que -por ejemplo, en las comisarías de Alcalá de
Henares o Aranjuez, en la comunidad de Madrid- subsistan, habiten o presten servicio personas procedentes tanto de la Guardia Civil como de la Policía que tienen muchas veces competencias que se pueden realizar en el mismo lugar. Desde que estoy en
este despacho, con frecuencia vienen los alcaldes a pedirme en unos casos que se vaya la Policía y en otros que se vaya la Guardia Civil, pero cuando esto sucede hipotéticamente todos son unánimes en que se queden ambos; es decir, una vez que se
hacen las obras correspondientes que no se retire la Guardia Civil, sino que se quede, y que se ponga a la Policía también, o sea, tener más fuerzas y cuerpos de seguridad. Es un orgullo para todos que nuestros alcaldes siempre quieran que
permanezcan en los lugares correspondientes para así incrementar la seguridad.



Luego me ha hablado de la manifestación de policías y guardias civiles y de algunas cuestiones en relación con las asambleas. Yo he intentado explicarle cómo desde el 18 de junio hemos iniciado un proceso de diálogo y de discusión con las
organizaciones sindicales de la Policía para hablar de las diversas cuestiones y negociar hipotéticamente las posibilidades que podíamos tener de mejorar las retribuciones, el catálogo de puestos de trabajo, de los riesgos laborales, de la ley
disciplinaria y de otras cuestiones como la ley de personal o la jornada laboral. En un momento determinado, las organizaciones sindicales decidieron que era mejor realizar acciones de presión y así lo han hecho, yendo a una manifestación. Después
de la manifestación y tras la nueva oferta de diálogo realizada por el ministerio, las organizaciones sindicales han llegado al acuerdo de que en el consejo de policía manifestarían sus puntos de vista y, en principio, estaban de acuerdo con el
método de que abriríamos


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unas mesas de negociación sobre todas estas materias. Ellas -las organizaciones sindicales- manifiestan mayor voluntad de trabajar en el tema de la jornada laboral y menor voluntad de trabajar en otras materias, pero sí de trabajar, por
ejemplo, en riesgos laborales o en la redacción de una ley de personal, que es importante para todos. En ese sentido, vamos a trabajar a partir del día 18. Tengo la esperanza de que vayamos sistemáticamente a cada una de las reuniones y que
podamos solucionar el conflicto existente. Recuerdo que uno de los conflictos del año pasado es como los que ha habido a lo largo de la historia de la policía en la democracia; algunos se han solucionado, otros han sido objeto de sentencia
judicial y otros han muerto por relativa inanición.
Esta es la situación que hay, en la que el 18 de noviembre va a haber un consejo de policía y en la que vamos a debatir esta materia. La situación está razonablemente encauzada por acuerdo entre
las organizaciones sindicales y esta dirección general y, por tanto, avanzaremos para solucionar los problemas de la policía. ¿Estos problemas de la policía van a tener una solución definitiva desde el punto de vista de la llamada equiparación
salarial? Desde el ministerio planteamos un intento -y lo ha dicho el ministro en sucesivas ocasiones y también el secretario de Estado- de mejorar las retribuciones de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Con esto contesto a
algunas de las preguntas que se me han hecho lateralmente en el sentido de que, por supuesto, cualquier modificación retributiva o de situación que pueda ser asimilable a la Guardia Civil inmediatamente se utilizará para la Guardia Civil, con el
incremento de coste correspondiente. En esto quiero llamar la atención de los diputados en el sentido de que estamos hablando de grandes cantidades de dinero, de 140.000 personas y que, en consecuencia, la mejora de las retribuciones de cualquiera
de estos colectivos supone un incremento importante de los Presupuestos Generales del Estado y, por tanto, las decisiones deben ser tomadas con mesura y tranquilidad.



Ha hablado también lateralmente de la ley disciplinaria de la policía, que es de escaso interés para las organizaciones sindicales en este momento y, en consecuencia, lo más probable es que el Gobierno no continúe adelante con ese tipo de
modificaciones, puesto que las organizaciones sindicales no manifiestan interés en el último de los textos -que, por cierto, sí aprobaron al final de la última legislatura- y al que solo hemos hecho algunas mejoras de carácter técnico que incluso
iban más bien en la posición defendida por las organizaciones sindicales. En todo caso, es voluntad de esta dirección general proponer una ley en esa materia siempre, más o menos, con el acuerdo de las organizaciones sindicales.



Se ha referido usted en un determinado momento a que el ministro había hablado de un disparate en relación con la circular informativa que dimos a los miembros de la Guardia Civil. Yo también estuve presente en la comparecencia del ministro
y no lo oí, pero me puedo haber equivocado. No es un disparate sino simplemente una circular informativa que supuso que las organizaciones profesionales de la Guardia Civil convocantes se retiraran de ella, en particular, una de ellas y, a
continuación, supuso también que cada uno de los guardias civiles en todo el territorio español supiese perfectamente en qué situación estaba en el supuesto de que decidiese ir a la manifestación. Esa fue la circular que nosotros hicimos y la que
además se va a cumplir. Lo digo también para que se sepa perfectamente, puesto que usted parecía que tenía dudas en relación con la materia.



Hablaba usted del consejo de policía. Efectivamente, el consejo de policía debe reunirse cada dos meses. Existe un pacto entre las organizaciones sindicales y las unidades de personal de la dirección general en el sentido que solo se reúne
cada seis meses aproximadamente y en este caso concreto lo que estábamos intentando desde junio, que era cuando correspondía, era precisamente llegar a un acuerdo sobre el método de trabajo para no hacer simplemente una reunión que no tuviese frutos
positivos. Eso es lo que vamos a hacer ahora y, a partir de ahí, podremos regularizar la situación.



¿Cómo se va a resolver el conflicto? Desde el punto de vista de las grandes reivindicaciones de las organizaciones sindicales, le adelanto ya que estas me han manifestado que van a seguir reivindicando la llamada equiparación con otras
policías. Desde el punto de vista del ministerio, vamos a resolver buena parte de los problemas existentes sobre la base de la discusión, del diálogo y de ir llegando a acuerdos parciales en determinadas materias, que es lo que hemos propuesto
desde el primer día.
En consecuencia, a partir de ahora, vamos a ir por un camino, no diré de rosas, pero sí de acuerdos interesantes para ambas partes. Probablemente, he olvidado alguna cuestión.



En relación con el catálogo, usted me señalaba la obligación legal de hacerlo con la Guardia Civil. Lo vamos a hacer con la Guardia Civil. Es más, le diré que desde hace ya más de dos meses, la Guardia Civil está preparando un catálogo que
próximamente vamos a presentar para que sea equivalente al catálogo que hicimos con la Policía Nacional. ¿Los aumentos han sido o no equilibrados? Los aumentos en el ámbito del catálogo de la policía tenían algunos desequilibrios que vamos a
intentar ir corrigiendo. Hemos intentado con los sindicatos abrir esta mesa de catálogo y retribuciones. Hemos llegado al acuerdo de abrirla, pero, en todo caso, no renunciamos al hecho de que cuando descubrimos errores intentamos solucionarlos.



Ha hablado usted también de la reducción de inversiones. Es evidente que en relación con el año pasado hay una reducción de inversiones. Eso está claro, lo cantan así los presupuestos, pero los compromisos establecidos en los planes
anteriores y en el plan estratégico se van a cumplir. Ha hablado usted de algunas cuestiones relacionadas con los vehículos de la Guardia Civil. Antes de fin de año va a haber una importante modificación en


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materia de vehículos y de compra de vehículos, así lo tenemos firmado y el concurso va a salir inmediatamente. Por tanto, vamos a poder solucionar algunos de los problemas que existen en materia de vehículos y también en materia de
infraestructuras, y existen, inevitablemente, porque estamos hablando de millares de vehículos y de millares de instalaciones y, en consecuencia, vamos renovando con lo que se establece en los presupuestos.



Luego ha mostrado usted de nuevo de su disconformidad con que hayamos modificado la orden general de pabellones. Yo me remito a lo que el ministro señaló aquí, en el Parlamento. Por cuestiones de seguridad y de forma transitoria, mi
antecesor sigue viviendo en un pabellón que usted también conoce porque ha trabajado y ha estado en la Guardia Civil. Eso no va a ser eterno, es una situación que estoy seguro que dentro de unos meses diremos que ha terminado, pero nos pareció que
en ese momento, dadas las dificultades de seguridad, era conveniente realizarlo.



Habla usted de incidentes, sobre todo en los últimos tiempos, en Ceuta y Melilla. Supongo que se refiere a los incidentes que se han producido en los últimos días en Melilla, porque en Ceuta no se ha producido ninguno.
En Melilla ha habido
aproximadamente 35 personas que han saltado la valla en los lugares donde la han podido saltar, porque en algunos lugares la valla se había caído totalmente, porque ha habido una inundación de grandes proporciones, desconocida hasta ahora en
Melilla. Se está trabajando en este momento. Hemos incrementado el número de efectivos en más de 36 guardias civiles. Creo que estamos en condiciones de decir que no se van a producir, más intentos no lo sé, pero sí que no van a traspasar la
valla otras personas. Ha sido una situación en la que, a pesar de que la valla estaba bien hecha, se ha producido una inundación demasiado importante para lo que es habitual en esos lugares. En todo caso, las nuevas obras van a intentar reforzarla
para que esto no vuelva a suceder.



Ha hablado usted también de algunas otras cuestiones. Seguramente me olvidaré de algunas, le pido disculpas. En concreto ha hablado del casco y del lamentable accidente que costó la vida a una funcionaria del Cuerpo Nacional de Policía.
Le diré que el tema ha sido solucionado hace ya unas semanas. Es obligatorio ponerse el casco correspondiente, y así ha sido ordenado. En consecuencia, están en el proceso de comprar los elementos de seguridad adecuados. Pero también le diré que
en su momento, cuando se intentó hacer obligatorio el casco, no fue posible llegar a un acuerdo con la representación sindical, por eso se retrasó el asunto. Cuando tomé conocimiento del problema, ordené de inmediato que se pusieran casco en todas
las actuaciones externas e incluso internas de entrenamiento que pudieran tener las unidades de caballería.



Usted terminó su intervención dándome un consejo, que agradezco, y es que salga de mi despacho. A veces, algunos de mis colaboradores me dicen que no entro en mi despacho. Este es un cargo que tiene muchas obligaciones interna y
externamente. En consecuencia, trato de hacer lo que puedo modestamente. En todo caso, se lo agradezco, porque hablar con los guardias civiles y con los policías es muy importante, y eso es lo que intento hacer en todo momento. Reitero, señor
Cosidó, le agradezco el tono de su intervención y los consejos, incluso las críticas que ha señalado en relación con mi actividad.



Señora Díez, muchas gracias también por su tono, por sus palabras y por su ayuda. Simplemente, le diré dos cosas. Primera cuestión, si de alguna de mis palabras se dedujera que tenemos algún tipo de condescendencia con las actividades
terroristas, eso es un error de mi parte. En absoluto. La actividad esencial que realiza la Policía y la Guardia Civil es contra la banda terrorista en cualquiera de sus manifestaciones, como usted ha señalado. En consecuencia, no es esa la
voluntad. Lo que pasa es que cuando uno realiza una comparecencia de tan larga duración, a veces tiene que decir palabras que no son las exactas y pueden ser entendidas -y me disculpo por ello- en otro sentido. Estoy de acuerdo con usted
básicamente en su análisis. Habla de que sean los escudos de la democracia -lo son- y de que esos escudos deben ser cada día más fuertes.
Estoy de acuerdo e incluso lo estamos haciendo. Si en alguna ocasión alguno de los atentados terroristas nos
ha hecho ver debilidades en nuestro sistema de protección de cuarteles, de personas en el ámbito del País Vasco, Navarra o el resto de España, estamos intentando a marchas forzadas solucionarlo. Quiero decirle también -y con eso paso a algunas de
las cuestiones que han planteado el señor Olabarría y el señor Ridao - que con la colaboración de las policías autónomas estamos intentando también que la protección sea lo más avanzada posible.



Usted ha hecho alguna pregunta en concreto relacionada con un robo en Las Palmas. Efectivamente, un jefe de servicio observó un archivador abierto, pero no faltaba ningún documento. El coronel al que usted se refiere ha abandonado ya el
acuartelamiento correspondiente. Esto es importante tenerlo en cuenta. Estamos hablando de muchos miles de personas, estamos hablando de destinos distintos, estamos hablando de personas que tienen un plazo para marcharse de las instalaciones
correspondientes y estamos hablando normalmente de pabellones en los que luego se realizan obras y hasta que no se terminan estas obras ellos no pueden ir a la nueva vivienda que les correspondería. En algún caso, también es posible -no se lo
niego- que durante algunas semanas alguien haya podido permanecer, pero, en todo caso, los servicios correspondientes trabajan para que este tipo de situaciones no ocurran.



Ha hablado también de la comisión de riesgos laborales. La comisión de riesgos laborales, afortunadamente, es de las que ha seguido reuniéndose y en esta comisión se han ido proponiendo algunas cuestiones, a veces con acuerdo y a veces sin
acuerdo, pero comparto con usted


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la idea de que esto hay que desarrollarlo mucho más. Estamos hablando de millares de instalaciones, estamos hablando de 140.000 personas y en consecuencia no tener las medidas correspondientes puede suponer que se produzcan accidentes con
una mayor frecuencia, y en consecuencia hay que atenderlo adecuadamente. Así lo han entendido las organizaciones sindicales y así también lo hemos entendido nosotros, y a pesar de que eso supone más puestos de trabajo, supone más personas
entendidas en la materia, más expertos, y supone también a veces más inversiones, entendemos que es una prioridad a la que tenemos que hacer frente. Muchas gracias en todo caso, señora Díez, por el tono de su intervención.



El señor Ridao ha hecho algunas observaciones en relación con nuestro trabajo, le agradezco también el tono que ha empleado, y sobre todo ha tratado dos temas. Uno de los temas también lo han tratado los otros grupos parlamentarios, el
señor Olabarría y Convergència i Unió, y se refiere al informe del relator de las Naciones Unidas sobre derechos humanos. El ministro, el secretario de Estado, buena parte de los cargos del departamento y yo recibimos al relator de las Naciones
Unidas y debo decir varias cosas en relación con esto. Primero, que el relator de las Naciones Unidas traía una información no exacta de la situación de nuestro país; segundo, que se le han dado todo tipo de informes, todo tipo de facilidades y
España ha hecho en su momento las alegaciones correspondientes en relación con el proyecto de informe, pero también quiero decir con la misma contundencia otra cosa: en España no se practican torturas, en España ni la Policía ni la Guardia Civil
practican torturas, y cuando se produce la más mínima irregularidad, tenemos sistemas para zanjar de raíz este tipo de actitudes y, si no, vayamos a los tribunales y veamos cuántas condenas ha habido sobre esta materia y vayamos también incluso a
los sistemas que tenemos internamente para que este tipo de situaciones no se produzca; en todo caso, los procesos de declaración y los procesos de detención están siempre tutelados por la autoridad judicial y se utilizan los métodos técnicos y de
cualquier otro tipo que la autoridad judicial así designe. En consecuencia, creo que con independencia de afirmaciones de algunas instituciones de las más reconocidas o menos, de un tipo u otro, quiero decirle que las unidades correspondientes de
asuntos internos y las unidades de la Guardia Civil y de la Policía trabajan precisamente para que este tipo de situaciones no se den; y también le digo otra cosa, la autoridad judicial es especialmente severa en relación con cualquier tipo de
irregularidad que se pueda dar y desde luego yo le digo que desde que yo estoy no se ha dado ninguna, absolutamente ninguna, y creo que, por lo que he visto, con mis antecesores tampoco. En relación con el tema de la Comunidad Valenciana tienen
razón el señor Ridao y también el señor Olabarría y la señora Pigem. Estamos especialmente atentos al asunto. La Policía tiene personas destacadas para la cuestión, vamos a intentar en todo caso que ese tipo de situaciones no se de y estamos
-digamos para entendernos- en proceso de control. Nos preocupa porque se han dado estos casos con una determinada regularidad y vamos a perseguir esas actuaciones que nos parecen especialmente negativas. Muchas gracias en todo caso, señor Ridao,
por su tono.



Señor Olabarría, exactamente igual, gracias por su tono. A pesar de los matices, también estoy de acuerdo con su valoración en relación con la banda terrorista. Se ha referido usted a dos cuestiones, la primera es el apoyo que da al
pensamiento o reflexión que hacía el señor Ridao en relación con el relator de las Naciones Unidas, entiendo que de alguna forma le he contestado, pero después plantea usted dos cuestiones que no me gustaría dejar sin contestar. La primera es en
cuanto a la posibilidad de que la Ertzaintza, en relación con determinados foros internacionales, intervenga, tenga información y acceso a las bases de datos. Quiero decirle que las instrucciones que reciben los cuerpos, sobre todo de Policía en
este caso, pero también la Guardia Civil, es de colaboración absoluta, y quiero decirles que en la parte que nos concierne, según la escasa experiencia que yo tengo, la relación es muy cordial, muy cercana y muy rápida, no solo en materia
antiterrorista sino también en materia de seguridad ciudadana en todas las cuestiones. Es evidente que hay que continuar avanzando pero sobre todo hay que continuar avanzando en la medida en que la policía catalana en este momento tiene ya la
plenitud de competencias de despliegue, la del País Vasco la tiene desde hace tiempo y, por tanto, habrá determinadas cuestiones a las que ellos querrán tener acceso, de las que querrán tener información y en consecuencia apoyados, ayudados y
complementados por la Policía Nacional o la Guardia Civil -en este caso la Policía Nacional que es la que tiene las competencias correspondientes- se les da ya acceso a multitud de bases de datos que funcionan razonablemente bien, con independencia
de algún problema concreto que pueda haber; en todo caso, ese es el camino de avance hacia el futuro.



El segundo de los temas que usted señalaba se refería a una serie de incidentes de los que se hicieron eco algunos periódicos del País Vasco; ya estaba yo en este puesto de director de la Policía y de la Guardia Civil y quiero decir que
realizamos las investigaciones correspondientes y, en su momento, ciertas detenciones en exceso espectaculares pudieron generar algún tipo de nerviosismo, incluso en alguna parte de la ciudadanía. En la medida en que esto hubiera sido así, es
evidente que no hay que emplear tantos medios en la detención de un terrorista como de una persona que simplemente es llamada a declarar en un determinado momento. Los protocolos a veces hay que ajustarlos y en ese sentido vamos aprendiendo todos
de las situaciones que se van dando, obviamente, aunque la información que me dan a mí las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es que esta persona en ningún momento fue violentada ni maltratada ni ninguna otra cosa de este estilo, pero visto desde lejos
pudo parecer que se trataba de una operación de gran


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calibre cuando en realidad se trataba de una persona de avanzada edad. En todo caso, tenemos en cuenta su planteamiento y trabajaremos para mejorar ese tema en el futuro.



El señor Olabarría también ha hablado de algunas otras cuestiones en relación con el Consejo de Estado y los problemas electivos. No hay procesos especialmente complicados, simplemente, como usted conoce perfectamente, mucho mejor que yo,
por supuesto, es un real decreto de desarrollo de una ley y en consecuencia tiene que ir al Consejo de Estado. El Consejo de Estado -las noticias que yo tengo- lo va a informar en este mes de noviembre y de inmediato -transcurrirán 48 horas-, a
través de la orden ministerial correspondiente, el ministro convocará las elecciones. El ministro ha señalado que será en enero porque nos parecía que en Navidades era más complicado. Tenemos algún pequeño problema técnico desde el punto de vista
de cómo organizar informáticamente el proceso electivo pero, en todo caso, estamos en vías de solucionarlo y para ese momento lo solucionaremos. Vamos a convocar las elecciones y en ese momento será cuando -lo digo porque algún otro portavoz
parlamentario también me lo ha señalado- comenzará el proceso de diálogo con las asociaciones profesionales. El señor Cosidó ha dicho que algunas de esas asociaciones son más importantes que otras, y también lo ha dicho el señor Olabarría, pero
también les diré que en las próximas semanas me voy a reunir con todas y cada una de ellas, les voy a hacer entrega del proyecto de decreto, les voy a preguntar sobre cuáles son sus inquietudes y vamos a comenzar un proceso de conocimiento que,
posteriormente, queremos que se desarrolle aún más, teniendo en cuenta -esto es importante, y lo señalaba el ministro- que no es lo mismo la Policía que la Guardia Civil. La Guardia Civil tiene carácter militar, y, por lo tanto, los guardias
civiles no tienen derechos sindicales ni políticos en este sentido y no pueden manifestarse en relación con ese tipo de materias en conjunción con los sindicatos, que era el sentido de la circular -y en esto recupero alguna de las intervenciones
anteriores-. La circular era para explicar la situación y que en consecuencia no es lo mismo ser policía nacional que guardia civil; esto es algo que tiene que quedar claro, y que el Gobierno tiene claro, y este Parlamento aprobó dos leyes
sucesivas donde así se manifestó, con el apoyo de algunos grupos y con la oposición de otros, pero esta es la ley que tenemos y por tanto debemos cumplirla.



Seguramente se me olvida alguna cosa, señor Olabarría, y le pido perdón por anticipado.



Paso ahora a intentar contestar a la señora Pigem representante de Convergència i Unió. La señora Pigem se ha manifestado en relación con varias cuestiones, sobre todo en lo que se refiere al despliegue de los Mossos d'Escuadra, y este se
produjo felizmente el otro día. Como usted sabe, la Policía y la Guardia Civil permanecen en el territorio de Cataluña porque tienen todavía determinadas competencias que les pertenecen al Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil, por tanto,
van a seguir allí, y ayudarán también en las otras cuestiones que sean requeridas en su momento. Creo que la colaboración es directamente magnífica, como lo es con la Ertzaintza. En consecuencia no creo que haya ningún tipo de problema. Incluso
estos pequeños problemas o discordancias que pueda haber en relación con algunos aspectos de acceso a bases de datos o cuestiones de asistir a informaciones de foros internacionales irán solucionándose con el transcurso del tiempo ya que esto es
habitual.
Le diré para su información que estos son problemas que en un Estado tan querido como Francia subsisten entre las numerosas policías y no le digo ya en Italia entre las numerosas policías existentes, porque cada una de ellas tiene sus
propias competencias y, a veces no es tan fácil acceder a los datos que tiene otro de los cuerpos policiales.



En relación con alguna de las cuestiones que usted ha señalado y le preocupaba especialmente, coincido con usted en su análisis sobre la violencia de género en que todo lo que hagamos es poco. Hemos dedicado más policías y más guardias
civiles a este asunto. Nos parece que todavía es poco, pero no tenemos tanto como para proteger totalmente a todas las mujeres que puedan ser objeto de riesgo o de amenaza. Lo intentamos y hacemos lo que podemos. Ahí es donde estamos trabajando
muchas veces con policía local, con todo tipo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, nuestros y de otro tipo, para intentar de alguna forma paliar el problema que es grave y en el que está empeñada toda la sociedad. En esto estoy totalmente de acuerdo.
Incluso con los problemas que estamos tratando de resolver resulta que solucionamos uno y nos sale otro. Estamos en ello.
Tenemos tres ministerios implicados en la materia y a nosotros nos toca poner las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y son muchos
los miles que trabajan de alguna forma ello. Si me permite la presidenta, les diría que podrían ir ustedes alguna vez a una comisaría y ver cómo un policía, cuando llega una persona con un problema de este estilo, se tira horas con ella. Rellena
los documentos correspondientes que no son fáciles, hace mitad de policía, mitad de psicólogo, mitad de persona que le acompaña. Son procesos policiales y por eso, como decía en el transcurso de mi intervención, queremos también modificar la
formación. No son los policías de antiguamente que llevaban las cuestiones de orden público sino que ahora tienen que hacer otras muchas cosas que son tan importantes o más que sus actividades y habilidades tradicionales.



En relación con el tema del Plan de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, como usted sabe, la ministra de Igualdad presentó el 24 de septiembre este programa. En él van a implicarse 11 ministerios, desde luego el
Ministerio del Interior y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se implicarán también, y estaremos allí ayudando para intentar perseguir, como entiendo que la Policía y la Guardia Civil siempre han perseguido, los delitos conexos con esta cuestión,
pero insistiendo mucho más en que en este tipo de cuestiones seamos capaces, como lo hemos sido con otros en este


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país, en esta democracia nuestra, de avanzar mucho más rápidamente. En ese sentido coincido con usted, con su análisis y con sus planteamientos de futuro.



Doy las gracias al Grupo Socialista por su apoyo y porque ha señalado que en las materias en las que hemos dado los datos, son los datos que existen oficialmente y que el ministro Rubalcaba hace muy pocos días relató aquí. Entiendo que son
los datos que cada cierto tiempo van a venir a esta Comisión. Poco a poco hemos coincidido ya todos los grupos parlamentarios en el método y, en consecuencia, se podrá discutir con una mayor profundidad sobre cada uno de ellos. En todo caso,
señorías, muchas gracias a todos por su atención y espero haberles contestado, aunque estoy seguro de que he olvidado alguna respuesta.



La señora PRESIDENTA: Llegado este punto, el debate está concluido, salvo que SS.SS. quieran turno de dúplica. Lo daría pero ya con una cierta brevedad. (El señor Cosidó Gutiérrez pide la palabra.)


Señor Cosidó.



El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: De manera muy sintética para aclarar dos o tres cuestiones que me parecen importantes a raíz de la segunda intervención del director general.



En primer lugar, en relación con los datos de delincuencia. Señor director, el problema no es que ustedes no nos den los datos porque hayamos establecido un procedimiento para facilitarlos. Lo que a mí me contestan cuando pregunto por los
datos del primer semestre o del primer trimestre de 2008 es que, como están ustedes cambiando el sistema estadístico, no tienen los datos. Entiendo que es complicado pero en este caso era la oposición la que informaba al Gobierno sobre unos datos
que el Gobierno dice que no tiene. En esas condiciones se me dice: usted solo nos da la mitad de los datos. Yo le doy lo que buenamente puedo, los datos que tengo y se los ofrezco. De esos datos se desprende una clara conclusión, y es que
tenemos un aumento de la delincuencia. Usted me puede decir: No, señor Cosidó, aunque es verdad que el crecimiento de guardias civiles en la demarcación es del 9,96 por ciento, en la demarcación del Cuerpo Nacional de Policía es solamente del 2 y,
por lo tanto, estamos ante un crecimiento del 4, lo que es asumible o no, o crecen este tipo de delitos o no. Decirme que las cosas no van mal, que hay sitios donde es verdad que crece un poco, sitios donde crece menos...
Lo que quiero es que
usted tenga conciencia de que tenemos un problema de crecimiento de la delincuencia y de la inseguridad ciudadana. Ni siquiera le hago responsable directo a usted, que lleva seis meses en la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil.
Lo que le digo es que sería muy importante que usted tomara medidas para que eso no se nos disparara porque si no hace nada entonces es cuando, indudablemente, podremos tener un problema.



Sobre el procedimiento, es verdad que hay obligación de remitir unos informes semestrales y una comparecencia, pero resulta que a un diputado de cualquier grupo que pregunta por la situación o por un dato de delincuencia en su provincia,
ustedes le remiten a una comparecencia anual del ministro, en la que ni siquiera da las cifras del número de delitos sino simplemente unas tasas, en mi opinión -y me perdonarán- claramente manipuladas por las razones que ya le expliqué al ministro y
sobre las que no quiero reabrir el debate aquí aunque oportunidades tendremos para ello -y yo gustosamente se lo explico al portavoz del Grupo Socialista, pero no tengo ahora tiempo para poderlo hacer- (Rumores.) cuando tiene todo el derecho del
mundo a conocer ese dato. Por tanto, si ustedes interpretan que con un informe semestral de naturaleza absolutamente global en el que -insisto- ni siquiera dan los datos del número de delitos, del número de faltas, ningún dato regionalizado, ningún
dato provincializado, ya tienen la coartada para no contestar al diputado -esto incluso le trasciende a usted-, les digo que no interpretemos mal cuál es el sentido de los acuerdos.



En segundo lugar -de manera muy breve, señora presidenta-, cuando estábamos debatiendo y yo le preguntaba de manera muy expresa cuál era el criterio que iba a aplicar la dirección general en relación con los expedientes disciplinarios a
guardias civiles por asistencia a la manifestación del día 18, me pasan un teletipo de Europa Press informando de que la dirección general ha abierto diez expedientes disciplinarios contra los agentes que se significaron especialmente. Yo creo
también en todo lo que usted nos ha dicho de voluntad de diálogo, de reuniones y todo esto. Me gustaría que nos confirmara o nos desmintiera esta información. Esto en todo caso sería una clara rectificación de aquel escrito inicial que lo que
decía era que por la mera asistencia. Esto de agentes que se significaron especialmente plantea alguna duda jurídica pero no viene al caso. Lo que sí me gustaría es que el señor director general nos clarificara este extremo porque mientras él
hablaba y no nos daba ese criterio nos llega un teletipo de Europa Press que anuncia esto y me parece que es importante.



No se lo había dicho pero a raíz de su comentario se lo hago ver porque me parece que es importante. En el tema del terrorismo yihadista creo que tenemos un cierto problema. Nos estamos encontrando con muchas operaciones policiales en las
que después los jueces no procesan a un número importante de los detenidos. Hay un buen trabajo policial pero creo que tenemos que reflexionar -y sería bueno que lo hiciéramos de forma conjunta- sobre qué nos está fallando para que un porcentaje de
posibles terroristas islamistas quede libre. También quiero decirle algo porque lo ha sacado en relación con la cooperación con policías autonómicas. Esta mañana leíamos que la Ertzaintza iba a participar en la cooperación con Francia en la lucha
contra ETA. Me gustaría que si puede nos diera alguna información más que la que hemos conocido esta mañana.



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Para terminar, me parece muy acertada la rectificación que ha hecho en el Plan de redespliegue que sostenían anteriormente y que parece que al menos en alguna medida van a modificar. También le indico que este grupo parlamentario ha cursado
un escrito a la Mesa de la Comisión solicitando una visita a alguna instalación o a alguna unidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y quiero reiterarle que nos agradaría mucho que, en coordinación con la Mesa de la Comisión,
pudiéramos llevarla a efecto.



La señora PRESIDENTA: Señora Díez, tiene la palabra.



La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Voy a ser brevísima, señora presidenta. No crean ustedes que voy a entrar a polemizar con el señor Olabarría. Él me hace preguntas retóricas siempre y por tanto no entro a contestarle. Sí me gustaría pedirle al
señor director general una respuesta que si no me puede dar ahora me dará en otro momento. Creo que es de interés general de la Comisión. Es en relación con la empresa Muprespa y la evaluación de riesgos laborales. Sabe usted que esa evaluación
se terminó, por lo menos en Madrid, hace varios meses, y que no es conocida por nadie. Supongo que por usted sí, pero no es conocida ni por las comisiones de riesgos ni por este Parlamento ni por nadie, con lo cual no se toman las decisiones que se
debieran tomar para prevenir que agentes de la policía puedan estar en riesgo grave o menos grave por no tomarse las decisiones correspondientes. Creo que esta es una cuestión de muchísimo interés y aunque no se me ha contestado por escrito,
abusando de su presencia en esta Comisión y para no tener que hacer una repregunta o recurrir a la ausencia de respuesta, le pediría al director general que diera una explicación, si puede ser en este momento y si no posteriormente, porque realmente
se puede hacer mucho discurso a favor de que queremos protegerles pero si luego pagamos a una empresa para que haga evaluación de riesgos y no sabemos en qué cajón se guardan los papeles y no se toman decisiones, estamos haciendo justamente lo que
no debiéramos.



La señora PRESIDENTA: Señor Olabarría, le doy la palabra también brevemente.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Quiero hacer una precisión lingüística. No es lo mismo retórica que discrepancia. Retórica es fundamentación filosófica carente de argumentos. Esto es para la Academia, señora presidenta. No es el nivel que se
suele practicar en esta benemérita sede. (Risas.) En todo caso, señora presidenta, sí me gustaría que me concrete dos preguntas.



La violencia doméstica es una cuestión que me preocupa enormemente, señor director general. Cuando usted habla de tres ministerios comprometidos, le quiero recordar que hasta el año 1973 -y esto espero que la señora Díez no lo considere
retórica- existía un tipo penal que era la figura del uxoricidio, consistente en que si el cónyuge varón atrapaba a su esposa en flagrante adulterio, esta sería castigada con una pena de destierro de tres semanas. Esto ya indica que hay un
componente metacultural y unas relaciones de dominio del varón respecto a la hembra, por lo que no sé hasta qué punto usted no considera que el componente cultural y educativo resulta absolutamente imprescindible para acabar con la lacra de la
violencia doméstica y que habría que incorporar también no solo campañas de su ministerio sino de los ministerios de Educación, de Cultura y de Igualdad para la erradicación de la lacra.



Hay otra cuestión respecto a la cual nadie le ha comentado nada pero que preocupa mucho, sobre todo a los padres que tienen hijos escolarizados en este momento. El afloramiento -no sé hasta que punto estadísticamente se podría considerar
exponencial- de la violencia en centros escolares merita una especie de reflexión por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado e, incluso, a ciertos grados de especialización que afronten fenómenos como el mobbing y otras terminologías o
anglicismos que se utilizan para patologías que hacen referencia a la violencia entre jóvenes. Precisamente hemos observado antesdeayer un crimen de circunstancias absolutamente difíciles de describir. No es el único caso, el único crimen, no es
lo único que está ocurriendo, sobre todo mediante el uso de procedimientos telemáticos e informáticos. Por eso me gustaría saber hasta qué punto los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se están tomando en serio esta patología criminal ex novo
pero que está creciendo espectacularmente.



La señora PRESIDENTA: Señor González Serna, le ruego que sea breve, si no se lo recordaré cuando esté hablando.



El señor GONZÁLEZ SERNA: Seré extraordinariamente breve, señora presidenta.



Haré simplemente dos precisiones. En primer lugar mi grupo sigue planteando que discutir exclusivamente sobre los datos de inseguridad en una parte del territorio nacional -en la parte que gestiona la Guardia Civil- es absolutamente estéril
y todavía es más estéril y engañoso llegar a la conclusión de que la inseguridad crece en España alarmantemente a partir de unos datos que solo reflejan algo en relación con una parte del territorio nacional. En segundo lugar, he escuchado de algún
portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra que entre los datos del señor Rubalcaba solo se ofrecían tasas y, en ningún caso, cifras absolutas. (El señor Cosidó Gutiérrez: Una.) Posiblemente manejamos información distinta, a pesar de que
tengo la sensación de que las fotocopias que se repartieron en la Comisión eran las mismas para todos los grupos parlamentarios. Compruebo en este momento que no solo aparecen las tasas, sino que también figura el número total de delitos y faltas
de cada una de las anualidades entre 2000 y 2007 y que, como dije anteriormente, son absolutamente coincidentes


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con el anuario estadístico de 2006 y con los datos relativos a la memoria.
Por tanto, reafirmo estas dos cuestiones.



Para terminar, señor Velázquez, sepa que nos ha parecido muy correcto su planteamiento. Consideramos que se están haciendo las cosas razonablemente bien desde la dirección general. Tiene usted el respaldo y la plena confianza de los
diputados y diputadas del Grupo Parlamentario Socialista.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra para contestar y para cerrar ya este debate, definitivamente, el señor director general.



El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (Velázquez López): Muchas gracias, de nuevo, por el tono a todos los representantes de los grupos parlamentarios.



En primer lugar, señor Cosidó, lo que tiene interés, al menos desde mi punto de vista es que se cumpla la proposición no de ley, es decir, que los datos se suministren con la frecuencia acordada, que todos los grupos parlamentarios tengan en
su momento los datos correspondientes y que se pueda discutir sobre ellos. Sistemáticamente, claro que yo tengo sistemas y la dirección general tiene sistemas donde vamos viendo cuándo se va alterando una línea o cuándo están subiendo determinados
delitos, pero son siempre datos de carácter provisional hasta que no los consolidamos, que es obviamente cuando vienen al Parlamento, que es lo que ha instado la proposición no de ley. De la misma manera que usted ha tomado datos correspondientes a
parte de la Guardia Civil y de algunas comunidades autónomas y sobre algún tipo de delito, se pueden estudiar o se pueden sacar otro tipo de datos. Lo realmente importante, y ahí es donde se va a avanzar -y es el sentido que vi el otro día en la
comparencia del ministro-, es que por primera vez vamos a tener unos datos oficiales y sobre esos datos vamos a ir comparando cada cierto tiempo con otros datos y, en consecuencia, vamos a ir analizando la realidad y transformándola en un sentido
positivo que es lo que yo creo que quieren todos los grupos parlamentarios. Entiendo que con el método se estuvo de acuerdo el otro día y, siguiendo ese método, tendremos unos criterios de carácter oficial y unos datos oficiales sobre los que se
podrán sacar conclusiones, unánimes o no, pero en todo caso sobre unos datos que no pondremos en discusión.



El segundo tema que usted me ha planteado es sobre Europa Press, pero yo no soy responsable de lo que dice Europa Press, lo que le digo a usted es que el director general de la Policía y de la Guardia Civil no ha incoado en estos momento
ningún expediente. También le digo, como dijo el ministro en su comparecencia aquí, que con la misma determinación que hemos favorecido y que defendemos los derechos de los guardias civiles, vamos a defender también las obligaciones
correspondientes que dimanan de estas leyes. Si en un determinado momento se ve por parte de los servicios correspondientes que hay la comisión de alguna falta o de alguna irregularidad, se actuará en consecuencia, pero en este momento, este
director general no ha incoado expediente alguno; en este momento.



En relación con el terrorismo yihadista, estoy absolutamente de acuerdo con usted. Este es un fenómeno, que lamentablemente tuvimos ocasión de sufrir todos los españoles, relativamente nuevo. Sabemos lo que sabemos y, en algunos casos, la
Policía y la Guardia Civil detienen a las personas correspondientes, muchas veces con la dirección también, en su momento, del juez correspondiente y se llega a las conclusiones que se puede con las pruebas que se tienen. A usted no se le oculta,
porque también ha trabajado en el Ministerio del Interior, que es especialmente dificultoso y a veces conseguimos que haya condenas, a veces conseguimos que se ordene la prisión y a veces no lo conseguimos. En todo caso, esta es una situación que,
como usted sabe, es extensiva a todos los países de nuestro entorno, porque tenemos dificultades de idioma, tenemos dificultades culturales, tenemos dificultades de todo tipo, pero también le puedo decir que las unidades especializadas de la Policía
y de la Guardia Civil cada vez son más inteligentes, en el sentido de la investigación, en esa materia. En consecuencia, nuestro grado de eficacia alcanza cuotas ya muy importantes.



En cuanto a las policías autónomas, me remito a lo que he dicho con anterioridad. En la medida en que se pueda y en utilización de las competencias que tiene cada uno de los cuerpos policiales españoles, la labor del Ministerio del Interior
y de esta Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil es facilitar la posibilidad de que cualquiera de las policías -autónomas, Nacional o Guardia Civil- pueda cumplir sus funciones con la mayor eficacia y, en consecuencia, se dará tanta
ayuda como se pueda para que se obtenga también otro tipo de datos que puedan ser interesantes para el cumplimiento de sus funciones. En relación con la visita, me atengo a lo que señale la señora presidenta o esta Comisión.



A la señora Díez, que me ha hablado del informe de Muprespa, le reitero lo que he dicho con anterioridad. Primero, puedo contarle que no he leído el informe de Muprespa, yo me he leído muchos papeles de la dirección general, pero este no me
lo he leído. Primera cuestión para que usted se quede tranquila en ese sentido. (La señora Díez González: Eso me intranquiliza.) Eso le intranquiliza. Segundo, la comisión de riesgos laborales funciona y es una de las que ha sido acordada por la
dirección general y las organizaciones sindicales. Por tanto, estudiaremos este tema y estudiaremos toda la información. Sobre todo -creo que ese es el sentido de su interpelación-, estamos preocupados por el tema. Cuando estamos hablando de
miles de instalaciones y de 140.000 personas, tanto cuanto se pueda hacer en materia de la seguridad de las instalaciones y de la seguridad de las personas es importante, porque, como usted decía antes, son los que luego nos van a defender ante otro
tipo de situaciones.



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Señor Olabarría, usted ha hecho algunas reflexiones que yo comparto, en cuestiones culturales y educativas, y que son extrapolables a algunos colectivos de residentes en nuestro país, donde nuestra publicidad, nuestra formación, nuestra
educación no llega con tanta facilidad como a otros lugares. En ese sentido, ustedes también conocen -en este caso, sí- las estadísticas y lo ven directamente en los medios de comunicación, pues lamentablemente cada vez son más las personas a las
que no llega este tipo de formación que practican los poderes del Estado o los poderes autonómicos desde el punto de vista de la educación. En relación con la violencia en los centros escolares, ya tenemos unidades de la Guardia Civil y, sobre
todo, de la Policía que están trabajando en esta materia, porque nos preocupa mucho y porque es verdad que ha ocurrido algún tipo de sucesos no comunes en nuestro país hasta hace muy poquitos años.



He intentado contestar a todas las preguntas que ustedes me han hecho, por lo menos eran las que tenía apuntadas. Le doy las gracias de nuevo al señor representante del Grupo Parlamentario Socialista por su apoyo y a SS.SS. en esta corta
comparecencia que hemos tenido en el día de hoy.



El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Presidenta, ¿puedo constatar que he interpretado bien que el director general afirma que no hay expediente disciplinario en este momento abierto por causa de la manifestación del día 18? Me parece importante no
interpretarlo mal.



El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y LA GUARDIA CIVIL (Velázquez López.): Señor Cosidó, el director general es el que incoa los expedientes disciplinarios y el director general no ha incoado ningún expediente disciplinario en este
momento. ¿De acuerdo? (El señor Cosidó Gutiérrez: Está claro. ¿Incoa y resuelve?) Incoa el expediente. Incoa y resuelve.



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a todos y a todas.



Se levanta la sesión, finalizado el orden del día.



Eran las ocho y treinta minutos de la noche.