CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2008 IX Legislatura Núm. 84

INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO CUEVAS DELGADO

Sesión núm. 7 celebrada el jueves 25 de septiembre de 2008

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor secretario General de la Energía (Marín Uribe), para:


- Fijar las líneas generales de su departamento. (Número de expediente 212/000113.)... (Página 2)


- Informar sobre las prioridades del Gobierno en relación con la política energética. A petición del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 212/000024.)... href='#(Página2)'>(Página 2)


- Informar sobre los objetivos y programa de trabajo de la secretaría general durante la presente legislatura. A petición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) (Número de expediente 212/000029.)... href='#(Página2)'>(Página 2)

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Informar de las actuaciones que está realizando el Gobierno con los sectores del transporte, agricultura y pesca en relación a la alza del precio de los carburantes. A petición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) (Número
de expediente 212/000045.)... (Página 2)


- Informar sobre las líneas generales de la política de su departamento en la IX Legislatura. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/000064.)... (Página 2)


Se abre la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde.



El señor PRESIDENTE: Bienvenidos a esta hora, que no es muy usual, las cuatro y media, pero a partir de ahora tendremos este tipo de reuniones a estas horas. Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio
número 7 con la comparecencia de don Pedro Marín, secretario general de Energía, a quien damos la bienvenida cordial a esta Comisión porque interviene en ella por primera vez. Es una comparecencia de carácter general, solicitada a petición propia y
también por la mayoría de los grupos de la Cámara, aunque también hemos incluido alguna petición de comparecencia más específica porque saben SS.SS. que el criterio de la Mesa y portavoces es que todos los temas que tienen que ver con una
comparecencia de este tipo se incluyan.



Vamos a tener una sesión en la que se van a exponer las líneas generales de la política energética del Gobierno, que va a fijar don Pedro Marín.
Sin más, le vamos a dar la palabra para que nos haga su exposición, reiterándole una vez más la
bienvenida a esta Comisión.



El señor SECRETARIO GENERAL DE ENERGÍA (Marín Uribe): Señor presidente, señorías, es para mí un gran honor y un placer comparecer por primera vez en esta Comisión. Me gustaría iniciar mi intervención agradeciendo esta oportunidad para
exponer las líneas básicas de la política del Gobierno en materia energética en lo referente tanto a las actuaciones que ya se están llevando a cabo como a otras que será necesario o recomendable poner en marcha a lo largo de esta legislatura. Si
la energía siempre ha jugado un papel de gran importancia en el desarrollo económico de todos los países no cabe la menor duda de que en el momento actual su papel ha adquirido aún mayor relevancia. Las decisiones en materia de política energética
no solo son esenciales para asegurar el bienestar de los ciudadanos y un elemento clave para garantizar la competitividad de un buen número de sectores económicos, sino que tienen un fuerte impacto sobre la sostenibilidad económica, social y
ambiental de las sociedades.
En parte esto es debido a la dimensión cada vez más internacional de los mercados energéticos, así como a las fuertes externalidades que las decisiones en materia energética tienen sobre el conjunto de la sociedad.
La
demanda energética mundial ha venido experimentando incrementos sustanciales durante la última década, debido principalmente al fuerte crecimiento económico global y a la demanda inducida por las economías emergentes asiáticas, que han crecido de
manera sostenible durante varios años por encima del 10 por ciento de media anual. Este fuerte crecimiento mundial ha acelerado las tensiones de la demanda sobre la oferta de combustibles fósiles. Esto, unido al hecho de que la producción de
combustibles fósiles se encuentra concentrada en unos pocos países que en muchas ocasiones están ligados a situaciones de alto riesgo geopolítico, lo cual dificulta las inversiones en estas zonas, necesarias para incrementar la oferta
convenientemente, explica en buena medida el escenario actual de precios altos, aunque muy volátiles, de los combustibles fósiles al que se enfrenta el mundo. Así, nos hemos trasladado en un breve periodo de tiempo de un escenario internacional con
una media de precios del petróleo del orden de los 20 dólares/barril, como la registrada en los últimos años del siglo XX, a alcanzar una cotización media del Brent en el año 2007 de 72,46 dólares/barril; un 11 por ciento superior a la registrada
el año anterior pero aún muy distante de los máximos históricos registrados en 2008, cuando ha llegado a superar los 140 dólares/barril. A esto hay que añadir la volatilidad sin precedentes del precio del petróleo, cuyo mejor ejemplo es el
incremento registrado el pasado lunes -la mayor subida diaria de la historia-, que demuestra que no es posible explicar el comportamiento de los precios atendiendo exclusivamente a las expectativas de oferta y demanda del mercado.



Este singular contexto energético global tiene una gran relevancia para España debido a sus circunstancias particulares. La economía española se ha venido caracterizando por una tasa de crecimiento medio anual de la demanda de energía del 3
por ciento, muy superior a la media de la Unión Europea. En parte esto es el resultado del mayor crecimiento económico, de población y de renta per capita de nuestros ciudadanos en los últimos años, e igualmente esto ha explicado el mantenimiento
de una elevada dependencia energética próxima al 80


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por ciento. Pero también hay que señalar que la eficiencia energética, cuyo principal indicador es la intensidad energética, ha mantenido una tendencia creciente desde 1990 hasta 2004, frente a la fuerte reducción registrada en la Unión
Europea en el mismo periodo; disparidad que puede ser explicada tan solo parcialmente por una estructura productiva basada en sectores de alta intensidad energética. De hecho, a partir de 2005 se consiguió invertir esta tendencia, consolidándose
una nueva senda descendente en 2006 y 2007 que ha permitido acumular en tres años una reducción en la intensidad energética del 7,4 por ciento. Sin duda, las políticas del Gobierno en materia de eficiencia energética, materializadas en los planes
de acción de la estrategia española de ahorro y eficiencia energética, la conocida como E-4, han facilitado que este cambio de tendencia sea hoy una realidad. Esta situación ha hecho que el incremento de los precios mundiales tenga una fuerte
repercusión, tanto en el consumo directo de los bienes energéticos -gasolina y gas- como de forma indirecta, al aumentar los costes de generación de electricidad, que es producida en una elevada proporción por combustibles fósiles como el gas o el
carbón. Sin embargo, como ya he mencionado, la relevancia del consumo energético va más allá en estos momentos de los aspectos relacionados con el crecimiento y la competitividad individual de los Estados al ser además responsable del 80 por ciento
de las emisiones de gases de efecto invernadero, principales responsables del cambio climático. Las emisiones de origen energético han crecido en España un 63 por ciento entre 1990 y 2005, como consecuencia del uso intensivo de energías fósiles
empleadas como energías primarias en la producción de electricidad y como energía final en el resto de los sectores, especialmente en el transporte por carretera. En 2006, por primera vez en muchos años, las emisiones mostraron una reducción del 2
por ciento gracias al impacto conjunto de diversos factores; entre ellos destacan las políticas adoptadas en materia medioambiental para la moderación del consumo, unas condiciones climatológicas favorables, el aumento de la producción hidráulica y
el incremento de los precios internacionales del petróleo y del gas. Desafortunadamente, en 2007, según la información de que disponemos, esta tendencia no se ha mantenido, lo cual nos exige reforzar las políticas puestas en marcha en esta materia.



En el complejo contexto energético internacional actual España no puede actuar aisladamente. Es absolutamente imprescindible sentar las bases de una verdadera política energética europea. De hecho, el Consejo Europeo de marzo de 2007
reconoció la necesidad de formular una estrategia energética europea que integrase las políticas energética y climática y que ha colocado a la Unión Europea en una situación de liderazgo mundial.
Así, en las conclusiones de dicho Consejo se recogió
el compromiso comunitario conocido como 20-20-20 para 2020 que incluye objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de ahorro energético y de promoción de las energías renovables. En dicho Consejo Europeo se acordó, asimismo,
la aprobación de un Plan de acción para el periodo 2007-2009. Este plan establece los principios de la política europea de seguridad de suministro energético reconociendo el papel que al respecto juegan elementos como la eficiencia energética, el
fomento de las fuentes autóctonas como las energías renovables, la diversificación de orígenes, rutas y modos de transporte de la energía o el desarrollo de tecnologías energéticas, campos todos ellos en los que España está realizando y seguirá
realizando importantes esfuerzos. La actual Presidencia francesa de turno de la Unión Europea tiene entre sus prioridades, precisamente, la seguridad de suministro y este asunto constituirá el elemento clave en el siguiente Plan de acción
energético estratégico comunitario correspondiente al periodo 2010-2012. Su adopción y lanzamiento se realizará durante la próxima presidencia rotatoria de la Unión Europea que corresponde a España en el primer semestre de 2010.
Energía y cambio
climático han de ser unos de los ejes en torno a los cuales pivote nuestra responsabilidad durante la citada presidencia. El plan de acción mencionado también incluye las propuestas legislativas comunitarias recogidas en dos paquetes el de mercado
interior de la energía y el denominado paquete verde sobre energía y clima que se encuentran actualmente en proceso de negociación. En concreto, el plan reconoce la necesidad de alcanzar progresos significativos en el funcionamiento eficaz y la
realización plena del mercado interior de gas y electricidad de la Unión Europea mediante la construcción de un mercado más interconectado e integrado. En este ámbito la posición española ha sido de liderazgo. El principal obstáculo detectado en
Europa para el pleno desarrollo de la competencia es la existencia de empresas verticalmente integradas y la principal propuesta que la Comisión Europea hace en su paquete de mercado interior para salvar tal obstáculo coincide con el modelo en el
que España es pionera, la separación patrimonial de las actividades de generación y transporte de energía. La independencia de la actividad de transporte, que reviste características de monopolio natural, es absolutamente crítica para que las
inversiones en las infraestructuras necesarias para garantizar el suministro se acometan y para que, mediante un sistema de acceso de terceros a redes transparente y no discriminatorio, se desarrolle la competencia adecuada en aquellos eslabones de
la cadena de valor energética donde tiene cabida el ejercicio de la actividad en régimen de libre mercado.



Otra prueba del compromiso español en el proceso de construcción del mercado interior de la energía es, señorías, lo que hoy por hoy constituye, junto con otra experiencia similar en los países nórdicos, el único caso de verdadera
integración de mercados eléctricos que se observa en el contexto europeo, el mercado ibérico de la electricidad o Mibel, que integra los mercados eléctricos de Portugal y España. El Mibel es el resultado de un proceso complejo en el que desde ambos
países se ha apostado por la integración, en el convencimiento de que de la misma se derivan importantes ventajas en términos de seguridad y eficiencia. Si el Mibel está siendo una realidad que sucesivamente se va perfeccionando y cuyo


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modelo esperamos extrapolar pronto al mercado gasista mediante la creación de un mercado ibérico del gas, Mibgas, se debe fundamentalmente a dos factores: impulso y voluntad política por parte de los dos gobiernos implicados y esfuerzo
inversor que se materializa en infraestructuras de interconexión. Pero si la interconexión con Portugal es importante y un referente para el resto de Europa, lo es en igual medida lo que constituye hoy uno de los grandes retos de nuestro sistema
energético, la interconexión con el resto del sistema europeo a través de Francia.



No es necesario recordar que uno de los pilares del mercado interior es la libre circulación de mercancías. Sin el medio que permita tal circulación, el mercado interior de la energía no será posible y nuestros compromisos en el desarrollo
de las energías renovables se verán dificultados, dada la problemática en la gestión de algunas de estas energías. La Comisión Europea, consciente de la importancia del proyecto de interconexión eléctrica, designó en julio de 2007 como coordinador
para colaborar en la tarea de encontrar una solución al ex comisario europeo Mario Monti. Fruto de la colaboración entre los gobiernos de Francia y España, en el marco de un proceso transparente y participativo, el pasado 27 de junio, en la reunión
de alto nivel entre los dos países que tuvo lugar en Zaragoza, se ratificó un acuerdo sobre la base de la propuesta del coordinador Monti, a quien debemos agradecer públicamente sus esfuerzos en esta coordinación con el Gobierno francés. El acuerdo
que se tomó en esta reunión de alto nivel establece la construcción de una nueva línea de alta tensión por el Pirineo oriental que permitirá incrementar la capacidad de intercambio, medida en términos de porcentaje respecto a la demanda punta, desde
el actual 3 por ciento hasta aproximadamente el 5 por ciento en la fecha estimada de puesta en marcha en 2011. En esta misma reunión hispano francesa se firmó un acuerdo para el refuerzo de las interconexiones gasistas con Francia. Este esfuerzo
de interconexión supondrá ventajas tanto para España como para el resto de Europa. Para España, en tanto en cuanto aumentará la posibilidad de incorporar gas a nuestro sistema procedente de otros orígenes, como Noruega o Rusia, diversificándose aún
más nuestra estructura de suministro, y también para la Unión Europea, en tanto en cuanto podrá beneficiarse de la gran flexibilidad de nuestro sistema gasista que concentra la mayoría de plantas de regasificación de gas natural existentes en el
continente, así como de la posibilidad de acceder a nuevos suministros a través de la nueva interconexión directa con Argelia mediante el gasoducto submarino Medgaz. Por último, en relación con el paquete verde del Plan de acción, la posición de
España en el Consejo Europeo de marzo de 2007 también fue de liderazgo y total compromiso con los objetivos europeos, especialmente en lo referente a la penetración de energías renovables, campo en el que somos líderes y para el cual apostamos por
la fijación de un objetivo vinculante. Tal situación de liderazgo se ha reflejado en la propuesta de directiva de energías renovables que forma parte del ya citado paquete verde y en la cual se recoge la necesidad del respeto al principio de
subsidiariedad en el establecimiento de los mecanismos nacionales de apoyo, reconociendo así el éxito del sistema español que ha resultado ser mucho más eficaz y eficiente que los utilizados en otros Estados miembros.



Señorías, hechas estas reflexiones sobre el contexto internacional así como sobre la situación de España en la Unión Europea, voy a exponerles las líneas básicas de la política energética que desarrolla el Gobierno en el contexto del
escenario descrito que giran en torno a tres grandes ámbitos fuertemente interconectados: la seguridad de suministro, la competitividad y la sostenibilidad. El eje vertebrador de estos tres ámbitos es un marco regulatorio predecible, estable y
transparente que incentive las inversiones del sector productivo y garantice la eficiencia, reportando el mayor beneficio posible a los ciudadanos. Con este fin se han desarrollado algunas iniciativas para la agilización de la tramitación de las
autorizaciones necesarias para la construcción de infraestructuras en el marco del Plan de reducción de cargas administrativas y mejora de la regulación, que fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado mes de agosto, con el fin de contribuir a
incrementar la competitividad y la productividad de las empresas españolas. Así, se han retomado las reuniones del grupo de trabajo interministerial para el seguimiento de las infraestructuras de gas y electricidad que fue constituido la pasada
legislatura y que ha permitido agilizar la tramitación de un importante volumen de infraestructuras. La agilización en los plazos de autorización de las infraestructuras energéticas, además de los beneficios obvios para la seguridad de suministro a
largo plazo, tiene un efecto positivo sobre la economía y el empleo en el corto plazo, en un momento de ralentización de la actividad económica como el actual.
Finalmente, en lo que respecta a actuaciones de carácter transversal, en el marco de la
directiva de servicios se está realizando una profunda revisión del sistema de autorizaciones actualmente vigente con el fin de simplificarlo, sustituyendo procedimientos de autorización por otros de notificación, siempre que esto no tenga impacto
sobre la seguridad de suministro por la que no podemos dejar de velar. En los casos en que la autorización sea imprescindible impulsaremos la validez del silencio positivo.



Permítanme ahora referirme al primero de los ejes de política energética que he mencionado: la seguridad de suministro. Uno de los objetivos que se ha propuesto este Gobierno es el desarrollo de infraestructuras suficientes para un
abastecimiento seguro y de calidad a la demanda energética presente y futura. Por ello, la planificación de los sectores de electricidad y gas 2008-2016, aprobado en Consejo de Ministros el pasado mes de mayo, prevé unas inversiones cercanas a los
20.000 millones de euros para ese periodo. No me detendré hoy en los detalles de este documento, que ya les fue presentado por el ministro el pasado mes de julio con motivo de una comparecencia temática dedicada en buena parte a este aspecto. Sin
embargo, en el caso del gas, quiero destacar la necesidad de mejorar la disponibilidad de almacenamientos subterráneos que permitirán incrementar la seguridad de


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suministro y dotar al sistema de mayor flexibilidad. Nuestro sistema carece de capacidad de almacenamiento suficiente, ya que representa solo un 7 por ciento de la demanda frente al 27 por ciento en el caso de Francia o al 19 en el de
Alemania. Por ello, es importante fomentar la investigación para localizar aquellas estructuras geológicas susceptibles de almacenar gas de forma segura. Asimismo, se reforzarán los ejes de transporte de gas natural con el fin de conseguir una
adecuada cobertura de la creciente demanda. Esto, junto con la revisión del modelo gasista en el que estamos trabajando, permitirá resolver las congestiones que todavía se registran en determinadas zonas. El importante crecimiento del uso del gas
natural que actualmente representa el 22 por ciento del consumo de energía primaria, en buena parte motivado por el incremento de los ciclos combinados para producción de energía eléctrica, ha permitido diversificar adecuadamente los
aprovisionamientos y reducir la dependencia de un solo país, gracias a las numerosas plantas de regasificación con las que actualmente cuenta el sistema gasístico. Esto nos sitúa en una situación privilegiada respecto al resto de países europeos,
que en algunos casos dependen casi exclusivamente de un solo suministrador y de una sola vía de aprovisionamiento.



Además de contar con las infraestructuras necesarias y disponer de una cesta de aprovisionamientos diversificada, una verdadera garantía de suministro requiere un servicio de calidad. Por ello, estamos trabajando en una propuesta que
contiene medidas para incentivar a los agentes a la mejora de la calidad del servicio, con incentivos a la disponibilidad entre otros. En el caso de la electricidad, el nuevo modelo de regulación de la actividad de distribución aprobado al final de
la legislatura pasada conlleva mejoras cuantitativas y cualitativas en la retribución, racionalizando el coste que supone para los consumidores. Asimismo, las empresas distribuidoras deben presentar regularmente ante las administraciones sus planes
de inversión en las redes, reforzando el seguimiento de la ejecución de las mismas. Como resultado, el tiempo de interrupción equivalente de la potencia instalada, un indicador del número de horas sin suministro a lo largo del año, que en 2006 se
situaba en 2,04, que era ya un muy buen dato porque era el mejor en un periodo de dieciséis años, en 2007 mejoró con un 5 por ciento adicional, situándose en 1,93. Para seguir mejorando en este sentido, en el nuevo modelo de retribución a la
distribución se han introducido incentivos a la mejora de los índices de calidad del suministro eléctrico y a la reducción de los costes derivados de las pérdidas en las redes. El próximo paso consiste en desarrollar junto con las comunidades
autónomas algunos aspectos contenidos en la nueva regulación como los procedimientos de operación básicos de las redes de distribución. Con todo lo anterior se reducirán seriamente las posibilidades de que se produzcan incidentes en el suministro,
garantizando para los consumidores un servicio fiable y de calidad.



En lo que respecta al segundo ámbito, el referente a la competencia en los mercados energéticos, el proceso liberalizador del mercado español del gas puede calificarse de éxito rotundo y de un ejemplo para todos los mercados europeos. Tanto
es así que estamos estudiando la posibilidad de adelantar la liberación de las tarifas T3 y T4, que afectan a pequeñas y medianas empresas no industriales y muy grandes consumos domésticos y representan un 20 por ciento del mercado, que aún
permanece bajo un esquema de tarifas reguladas. Paralelamente seguiremos protegiendo a los consumidores más pequeños mediante la tarifa de último recurso o última instancia, un precio máximo que debe reflejar tanto los costes de la materia prima
como los peajes por el uso de las infraestructuras. Para garantizar que el precio recoge adecuadamente todos los costes, estamos estudiando a medio plazo la introducción de un sistema de subasta que permita revelar con mayor exactitud aún los
costes reales.



En el caso de la electricidad, el objetivo es profundizar en la transparencia y competitividad del mercado mayorista, mejorando la actuación de los órganos supervisores, fomentando la contratación a plazo a través de las compras en OMIC, el
operador del Mercado Ibérico a plazo; las subastas Cesur para el suministro regulado; o las emisiones primarias de energía. La existencia de mercados de futuros y derivados que ofrecen señales de precio a futuro de la electricidad y permiten la
gestión de los riesgos jugará cada vez más un papel importante tras la supresión de las tarifas y la entrada del suministro de último recurso previsto en la ley. En definitiva, estas medidas nos permitirán avanzar en el camino de la liberalización.
En este sentido, el pasado 1 de julio desaparecieron las tarifas de alta tensión y las tarifas especiales de riego, de forma que a final de año más del 50 por ciento del consumo se encontrará en el mercado libre. Así, la propia liberalización
promoverá la competencia entre las empresas en la fase de comercialización y mejorará el funcionamiento del mercado. No obstante, la liberalización del mercado debe venir acompañada de una salvaguardia de los derechos de los clientes más
vulnerables, el desarrollo de una tarifa de último recurso y la eliminación gradual del déficit tarifario. El déficit tarifario hace que en estos momentos los ciudadanos, con muy poca información al respecto, se estén endeudando al retrasar el pago
de sus costes eléctricos en los próximos años. Lo están haciendo sin disponer de la información adecuada, lo que añade a los tradicionales componentes de insolidaridad intergeneracional un problema de consumo excesivo indeseado al recibir señales
de precios distorsionadas. Es importante saber cuál es el coste del producto que estamos consumiendo, la carencia de esta información es uno de los factores que explican el fortísimo crecimiento de la demanda de electricidad en España de la última
década, por encima de los niveles de nuestros vecinos europeos. El déficit tarifario que se generó por primera vez en el año 2000 se va haciendo cada vez más grande y por tanto más insostenible. Su eliminación es uno de los grandes retos que nos
planteamos resolver a lo largo de esta legislatura, con la colaboración y esfuerzo de todos los agentes implicados; los consumidores, la administración y las empresas productoras, debemos encontrar todos los mecanismos


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para conseguir que el déficit desaparezca en los próximos años. Esto nos permitirá cumplir con el escenario de eliminación de tarifas que nos impone la normativa europea, así como desarrollar la comercialización que en último término va a
introducir competencia en la fase final del proceso de venta de electricidad, lo que redundará en un beneficio para los consumidores.



De acuerdo con el calendario ya establecido por ley en el año 2007, a partir del 1 de enero de 2009 desaparecerán las tarifas actuales y se creará lo que se conoce como tarifas de último recurso, que marcarán los precios máximos establecidos
por la Administración para determinados consumidores. Para ordenar el cambio desde el suministro a tarifa al mercado liberalizado común a los sectores de gas y electricidad se ha creado la figura de la Oficina de Cambio de Suministrador, que será
responsable de la supervisión de los cambios de suministrador conforme a los principios de transparencia, objetividad e independencia, tanto para el sector del gas natural como para el de electricidad. Para ello, el pasado mes de junio se habilitó
a esta Oficina de Cambio de Suministrador para que a partir del 1 de enero de 2009 remita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y a la Comisión Nacional de Energía información trimestral sobre los cambios de suministrados, incluyendo
información sobre solicitudes de cambio que se han enviado y su situación. Como he comentado, es muy importante saber cuál es el coste del producto que estamos consumiendo y para facilitar que los consumidores reciban señales adecuadas de los
precios y favorecer así el ahorro energético estamos poniendo en marcha una serie de medidas importantes. Una señal adecuada es fomentar el traspaso de las tarifas simples a las tarifas ahorro -son tarifas con discriminación horaria- que permiten
importantes ahorros a los consumidores que gestionen su demanda, trasladando sus consumos a las horas valle. En este sentido, es importante celebrar el plan de sustitución de contadores, fomentando las mejoras telemáticas de gestión de la demanda.
Por ello estamos trabajando en un nuevo Plan contador, un plan que permitirá que aquellos consumidores que quieran sustituir su contador tradicional por otro que permita la discriminación horaria y la telegestión antes del plazo previsto por el
antiguo plan lo puedan hacer sin coste alguno en un plazo razonable. Este Plan contador incluirá un periodo de prueba durante el cual los consumidores adscritos recibirán información mensual sobre la que sería su hipotética factura si estuvieran
acogidos a la tarifa ahorro. Es decir, se informará al consumidor en su factura eléctrica de las dos facturaciones alternativas y, por tanto, de qué alternativa resulta más adecuada a su perfil de consumo. Además, la facturación a los consumidores
domésticos se efectuará con periodicidad mensual, lo que permitirá una mayor inmediatez en la reacción ante sus consumos, aumentando la elasticidad de la demanda y fomentando el ahorro y la eficiencia energética. Estos cambios, recientemente
introducidos o a punto de ser introducidos, además de ser importantes en sí mismos ayudarán a diseñar una tarifa de último recurso que proteja mejor a las consumidores más vulnerables. Asimismo, se va a prestar especial atención a que la
información llegue puntual y correctamente a los consumidores.
Por ejemplo, en las próximas facturas de la electricidad se va a incluir un folleto informativo, que pretendemos hacer llegar a 23 millones de hogares para hacerles eco de las tarifas
existentes, cómo acceder a las nuevas tarifas ahorro o a la tarifa social, cómo optimizar la potencia contratada, así como algunas recomendaciones sobre ahorro energético.



En este marco de transparencia en la información al ciudadano, se ha seguido trabajando en la mejora de la aplicación que facilita los precios de los carburantes en las estaciones de servicios, a la que se puede acceder desde la página web
del ministerio. Desde el mes de julio también se puede acceder a la información de los postes marinos y ya se dispone de fotos aéreas de toda la geografía española. Es más, se dispone de una nueva aplicación para que los usuarios puedan disponer
de la información de posición y precio de las estaciones de servicio en dispositivos GPS, como el navegador del coche. Esta iniciativa puede ser calificada de éxito rotundo, ya que es, con diferencia, la página más visitada de la web del
ministerio, con un número de visitas que en lo que va de año ha ascendido a más de 200.000.



En relación con el tercer ámbito mencionado, el de la sostenibilidad, podemos decir que en cierto modo abarca buena parte de las actuaciones de los dos ámbitos anteriores y, al mismo tiempo, les excede ampliamente.
Sin embargo, me ceñiré a
sus dos grandes líneas de actuación: el fomento de las energías renovables y la eficiencia y el ahorro energético. Además de su conocida e indudable aportación a la consecución de los objetivos de lucha contra el cambio climático, el desarrollo de
las energías renovables contribuye por su carácter autóctono a aumentar el grado de autoabastecimiento de España, reduciendo la dependencia energética exterior. Por tanto, es un instrumento clave en la seguridad de suministro en el contexto
geopolítico actual, al que me referí al inicio de mi intervención y, por ello, estamos trabajando en un nuevo plan de energías renovables que se iniciará en el año 2011.



España ha conseguido una posición de liderazgo a nivel mundial en el sector de las energías renovables, tanto por potencia instalada como por la competitividad de sus empresas. En el caso de la energía eólica, donde España se ha convertido
en un caso de éxito que ha servido de ejemplo a otros países, contamos con empresas españolas dentro de los diez primeros fabricantes del mundo. Ocupamos un tercer lugar, por detrás de Alemania y Estados Unidos, en el ranquin de potencia eólica
instalada. En el caso de la energía fotovoltaica, ocupamos el cuarto lugar en potencia instalada, por detrás de Alemania, Estados Unidos y Japón. En el caso de la solar-termoeléctrica, nuestra situación geográfica y nuestra regulación están
permitiendo el desarrollo de empresas españolas con presencia internacional. En resumen, es necesario seguir trabajando a través de la regulación para conseguir fomentar nuevas inversiones y desarrollos tecnológicos, de forma que estas energías
sean competitivas en el largo plazo y seamos capaces de


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alcanzar los ambiciosos objetivos fijados para España en 2020 de forma económicamente sostenible. Así, las energías renovables contribuirán a los tres ámbitos de la política energética: la garantía de suministro, la competitividad y la
sostenibilidad.



Me gustaría hacer hincapié en dos actuaciones normativas que se pondrán en marcha en el corto plazo. Se trata, por una parte, del proyecto de real decreto para la energía fotovoltaica y de la orden ministerial que regulará el mecanismo de
fomento del uso responsable de los biocarburantes con fines de transporte para el logro de los objetivos que se incluyeron en 2007 en la Ley de Hidrocarburos. La capacidad instalada de generación eléctrica de origen fotovoltaico ha superado con
creces su objetivo para 2010 ya en agosto de 2007, por lo que se requiere un nuevo marco jurídico que regule el ritmo de instalación y la prima de esta tecnología en los próximos años. La propuesta que en estos momentos se está tramitando pone
orden al sector, al tiempo que mantiene la estabilidad regulatoria y jurídica, así como el incentivo económico para que esta tecnología siga desarrollándose y atrayendo inversión y empleo a España, de forma que mantengamos nuestra posición actual de
liderazgo en cuanto a capacidad instalada y nuestras empresas tengan los incentivos adecuados para mejorar su competitividad y convertirse en agentes principales del sector en los próximos años.



En lo que respecta a los biocarburantes, estos son, en España y en el conjunto de la Unión Europea, una apuesta en materia de promoción de las energías renovables y reducción de las emisiones de CO2. La mitad de la energía que se consume en
España proviene del petróleo y, de esta, casi el 60 por ciento se destina al transporte. Por ello, si se quieren alcanzar los compromisos europeos en materia de energías renovables, es imprescindible promover el uso responsable de biocarburantes
con fines de transporte.



Pasamos ahora al ámbito del ahorro y la eficiencia energética. Este año, como ustedes conocen, el Gobierno ha puesto en marcha el Plan de acción 2008-2012, aprobado el 20 de julio de 2007, dentro del marco de la estrategia de ahorro y
eficiencia energética en España 2004-2012, con una dotación anual de casi 500 millones de euros. Su objetivo es conseguir un ahorro de 88 millones de toneladas equivalentes de petróleo, dirigiendo sus esfuerzos a todos los sectores: industria,
transporte, edificación, servicios públicos, equipamiento residencial y ofimático, agricultura y transformación de la energía. Como ejemplo entre sus actuaciones, me gustaría citar el plan puesto en marcha para mejorar la eficiencia energética de
los edificios de la Administración del Estado; el reparto de lámpara con tecnología de diodos LED, que ahorran hasta un 85 por ciento del consumo de electricidad para casi medio millón de semáforos; el Plan Renove de electrodomésticos, que además
de concienciar a la ciudadanía sobre el etiquetado energético ha permitido la renovación de más de un millón y medio de electrodomésticos en los dos últimos años; o la línea de proyectos estratégicos del IDAE, con una dotación para 2008 de 60
millones de euros, proyectos que suponen un arrastre de cinco euros privados por cada euro público. Sin embargo, el aumento del precio del petróleo desde la aprobación del Plan de acción 2008-2012 y los efectos derivados de este aumento sobre la
balanza comercial española han aconsejado la aprobación urgente de acciones de activación del ahorro y la eficiencia energética que refuercen las ya aprobadas y faciliten la consecución de los ahorros previstos. Por ello, el pasado 1 de agosto se
aprobó el Plan de ahorro y eficiencia energética 2008-2011, que consta de 31 medidas englobadas en cuatro ámbitos de acción: medidas transversales, movilidad, ahorro energético en edificios y medidas de ahorro eléctrico.
Estas medidas suponen una
aceleración en intensificación de algunas de las ya recogidas en el Plan de acción 2008-2012 y otras, en cambio, constituyen una novedad con respecto a lo ya aprobado y refuerzan el compromiso del Gobierno con los objetivos de ahorro y mejora de la
eficiencia energética.



Así, entre las medidas aprobadas, la Administración General del Estado asumirá el papel ejemplarizante que le corresponde en el fomento del ahorro y la eficiencia energética y adoptará buenas prácticas, tanto en los edificios de titularidad
pública como en el parque móvil. En la presentación del plan que ya hizo el ministro en su comparecencia de 20 de julio, realizó una descripción exhaustiva de todas las medidas incluidas en el mismo. Sin embargo, me gustaría abundar en algunas en
cuyo desarrollo se ha ido avanzando en este breve período de tiempo como, por una parte, el envío para informe del Consejo de Estado de la orden ministerial que establece un objetivo de 5,83 de consumo energético de biocarburantes en el transporte
para 2010, así como del Real Decreto de eficiencia en el alumbrado exterior, que establece criterios de eficiencia en las instalaciones de alumbrado público, como también la próxima puesta en marcha de un programa de entrega gratuita a los
ciudadanos de lámparas de bajo consumo o el diseño de un proyecto piloto para la introducción del vehículo eléctrico en flotas cautivas.



El Gobierno pretende con este plan sentar las bases para la creación de un mercado de servicios energéticos que proporcione oportunidades de negocio para las empresas de servicios energéticos. Se estima que en España hay un mercado
potencial de más de 200 millones de metros cuadrados de edificación susceptibles de aplicar contratos de servicios energéticos, de los cuales aproximadamente 70 millones corresponden a edificación residencial. El desarrollo de este sector puede
tener un impacto inmediato en la creación de nuevas empresas, en la transformación de algunas de las existentes para adaptarse a una demanda nueva de servicios de mayor valor añadido y, como consecuencia de lo anterior, en la creación de un elevado
número de empleos directos e indirectos asociados a los servicios energéticos en la edificación. Para impulsar este mercado se fomentará la contratación de empresas de servicios energéticos, mediante un desarrollo reglamentario de la Ley de
Contratos del Sector Público, y se establecerá una línea de


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financiación preferente de proyectos de ahorro de energía llevados a cabo por este tipo de empresas.



Déjenme mencionar que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio acogerá el próximo 27 de octubre el II Foro de eficiencia energética, organizado por la Federación europea de servicios energéticos para la promoción de la eficiencia
energética en edificios e instalaciones y esperamos que este foro anime al sector empresarial privado a proponer y promover proyectos de ahorro y eficiencia energética con una visión estratégica y de largo plazo, coherente con los cambios
estructurales que deberá acometer la economía española en el medio plazo. En definitiva, con este plan el Gobierno pretende dar un impulso significativo a la política de ahorro y eficiencia energética, marcándose como objetivo una reducción de las
importaciones de petróleo del 10 por ciento. Esto contribuirá simultáneamente a la seguridad y garantía del suministro energético en el medio y largo plazo, a una mayor estabilidad macroeconómica derivada de la reducción de las tasas de dependencia
exterior y a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.



Por todo lo dicho en relación con las energías renovables y la eficiencia energética, habida cuenta del carácter universal del consumo de energía y atendiendo a criterios de responsabilidad y prudencia, resulta a todas luces aconsejable la
elaboración y presentación de un anteproyecto de ley, con la finalidad de mejorar la integración de la eficiencia energética y el desarrollo de las energías renovables en los diferentes sectores y actividades. Entre las orientaciones generales de
dicho anteproyecto de ley de eficiencia energética y energías renovables, además de los principios vinculados a la consecución del objetivo y finalidades de la ley y la delimitación de competencias, cooperación y coordinación entre las diferentes
administraciones, se establecerá el liderazgo ejemplarizante del conjunto del sector público, lo que dará lugar al desarrollo posterior de planes y objetivos específicos, afectando diferentes ámbitos de su actuación: edificios, instalaciones,
servicios, flotas de transporte, compras, consumos, etcétera. La adecuación del sector eléctrico a los objetivos fijados en la ley, fijando criterios de diseño y condiciones de acceso a redes energéticas, la introducción de la fiscalidad energética
como herramienta para el fomento de la eficiencia, la consideración del vector energético en la toma de decisiones en cuanto a planes, programas y proyectos o el impulso decidido a la investigación, al desarrollo y a la innovación en relación con la
energía, así como la información, la formación y la educación de la sociedad en temas energéticos son temas susceptibles de ser incluidos en su texto. La ley también puede ser el marco legal adecuado para fomentar el desarrollo de las empresas de
servicios energéticos -de las que ya he hablado-, así como para regular la obligatoriedad del etiquetado energético y su uso como referencia para discriminar positivamente los usos más eficientes de la energía. Todo esto en un marco de diálogo y
participación social con los consumidores, con los agentes sociales y económicos y con las administraciones, elementos absolutamente clave para la consecución y el éxito de las medidas que, finalmente, se incluyan en la ley.



Dicho esto, además de las actuaciones de corto y medio plazo que he mencionado, en un contexto energético como el actual, condicionado por el encarecimiento y la inseguridad del suministro de los combustibles tradicionales, así como por los
impactos negativos del sistema energético sobre el medio ambiente, es necesario estudiar la evolución de la matriz energética y las circunstancias específicas que condicionarán esta evolución en España para desarrollar una visión de largo plazo.
Según lo anunciado por el presidente del Gobierno el 20 de septiembre de 2006, en el plazo de aproximadamente un mes se presentará un informe de prospectiva en el horizonte de 2030, con el objetivo de plantear, comparar y establecer las líneas
fundamentales de la estrategia energética de España a largo plazo. Esta estrategia debe conducir la realidad energética de España hasta 2030, vislumbrando qué modelo energético va a configurarse en España en ese horizonte. El informe de
prospectiva, en el que se viene trabajando desde el anuncio del presidente del Gobierno en 2006 y que ha sido asistido por un consejo asesor integrado por expertos de reconocido prestigio en el campo energético, considera no solo un único escenario
probable, sino una banda de escenarios para los estudios prospectivos realizados. Ha sido una decisión que no es necesario justificar excesivamente ante los profundos cambios económicos, políticos y tecnológicos que se están produciendo en el
sistema energético internacional. En concreto, los escenarios analizados en la prospectiva 2030 se centran en torno a dos bandas: una banda tendencial, que describe el futuro energético en una situación de mantenimiento de las políticas actuales
ante los retos energéticos y medioambientales y, alternativamente, una denominada banda de eficiencia, que refleja una situación proactiva, en la que el Gobierno mantiene de forma sostenida en el tiempo una política energética comprometida con el
cambio climático, impulsando, junto con el resto de las administraciones, continuas mejoras en la eficiencia y el ahorro energético y ambiciosos planes de políticas de energías renovables, a las que se suma en su extremo más ambicioso una fuerte
concienciación social en la lucha contra el cambio climático.



En el estudio se ha llevado a cabo la evaluación de los posibles impactos sociales, económicos y tecnológicos, así como sobre la seguridad del suministro y la protección del medio ambiente en cada uno de estos escenarios. Esto ha permitido
cuantificar las próximas tendencias y evaluar las posibilidades de cumplimiento de los compromisos que España está adquiriendo para el futuro, así como la fortaleza estratégica de nuestro país en cuanto al suministro de energía. Esta previsto
presentar un primer borrador con los resultados del estudio al propio consejo asesor y, posteriormente, a los interlocutores sociales, a las comunidades autónomas y otros agentes sociales a lo largo de los meses de octubre y noviembre y, por último,
someterlo a audiencia pública, con el fin de poder llegar al máximo consenso sobre el texto dentro


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del presente año. Por supuesto, estaré encantado -y lo estará también el ministro, si es el caso- de comparecer ante SS.SS. para tratar en detalle este tema tan pronto como se inicie el proceso de discusión.



Por último, me gustaría repasar brevemente la política del Gobierno en materia de minería, tanto en general como en el caso concreto de la minería del carbón. Durante la presente legislatura, el ministerio mantiene un compromiso inequívoco
con el sector del carbón y continuará impulsando una política específica para el mismo. Se trata de un sector estratégico para el Gobierno, por tratarse del único combustible fósil que se produce en estos momentos en España y por ello requiere una
política específica, la cual se plasma en el denominado Plan nacional de reserva estratégica de carbón 2006-2012 y nuevo modelo de desarrollo integral de las comarcas mineras, suscrito en marzo de 2006 con la asociación empresarial Carbounión y los
sindicatos Comisiones Obreras y UGT. El Gobierno, consciente de la trascendencia del Plan para la actividad minera y para el desarrollo económico y social de las comarcas mineras, dedica a la ejecución del mismo, a través de un organismo autónomo
específico, el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, un importante volumen de recursos presupuestarios. El plan prevé destinar ayudas en el periodo 2006-2012 por un total de
8.400 millones de euros, es decir, un promedio anual de 1.200 millones de euros. En el presente ejercicio el presupuesto del instituto asciende a 1.437 millones de euros.



Por lo que se refiere al conjunto de la minería, la actuación del ministerio se centra en la consecución de los siguientes objetivos: promover la investigación de yacimientos minerales necesarios para la industria nacional dentro de un
marco de respeto al medio ambiente, elaborar normativas que permitan promover la sostenibilidad en las explotaciones mineras y desarrollar la normativa que permita la trasposición de las directivas de trazabilidad de explosivos y de pirotecnia que
permitan conseguir un funcionamiento ordenado y seguro del sector de explosivos y pirotecnia y, por último, aunque de una enorme importancia, realizar actuaciones encaminadas a lograr la disminución de la siniestralidad laboral de las explotaciones
mineras.



Antes de concluir, me gustaría hacer mención de un tema concreto que había sido objeto de pregunta, que es el referente a las actuaciones del Gobierno en los sectores de transporte, agricultura y pesca en relación con el alza del precio de
los carburantes. Como saben, el Gobierno ha puesto el máximo empeño en resolver los problemas de los sectores citados, en parte derivados del alza del precio de los carburantes. En las medidas adoptadas han participado todos los ministerios
afectados, el de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, el de Fomento, el de Economía y Hacienda, el de Trabajo e Inmigración, el de Educación, Política Social y Deporte, el de Interior y también el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Las
medidas acordadas han contado con la colaboración de las organizaciones representativas de los sectores, tanto desde el lado de los empresarios como del de los trabajadores. Dependiendo de los sectores y haciendo una breve relación de las medidas
acordadas hay que señalar que, solo en el transporte de viajeros por carretera, el Consejo de Ministros del 20 de junio tomó conocimiento de las 43 medidas acordadas con el Comité Nacional del Transporte, en el caso de los transportes de viajeros, y
el 13 de junio en el de mercancías. De entre estas medidas se pueden destacar las bonificaciones y devoluciones de impuestos, la agilización de las devoluciones del IVA, los convenios con el ICO para la refinanciación de capital circulante, el
diferimiento sin intereses de cotizaciones a la Seguridad Social, acciones de formación profesional, medidas de impulso a la utilización de combustibles alternativos, ayudas a la inversión y sistemas de gestión, subvenciones a la renovación de
flotas, realización de campañas publicitarias y un compromiso de defensa del gasóleo profesional en el ámbito de la Unión Europea. Como pueden ver SS.SS., el Gobierno ha adoptado todas las medidas que legalmente podía tomar. Puede deducirse con
absoluta seguridad que este Gobierno ha prestado el máximo apoyo a los sectores del transporte, la agricultura y la pesca.



Para cerrar mi intervención, creo que podemos resumir que el objetivo del Gobierno es promover un cambio estructural que permita a España afrontar el nuevo contexto energético sin poner en riesgo la competitividad de su economía y el
bienestar de sus ciudadanos. Para ello, se pondrá especial atención en el desarrollo de un marco regulatorio predecible y estable, que garantice el suministro en el largo plazo; se seguirán impulsando las políticas de fomento de las energías
renovables y eficiencia energética, para alcanzar los compromisos internacionales asumidos en el horizonte de los próximos diez años, para mejorar nuestra intensidad energética y para reducir nuestra dependencia energética; y se facilitarán a
nuestros consumidores las herramientas para el ahorro que les permitan desenvolverse en escenarios compatibles con un crecimiento económico más sostenible.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Marín, por su intervención.



A continuación vamos a iniciar el turno de intervenciones de los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios. En primer lugar tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular el señor Erias.



El señor ERIAS REY: Señor secretario general, bienvenido a esta Comisión de Industria, Comercio y Turismo, aunque un poco tarde, para exponernos las líneas generales de actuación de su ministerio, porque ciertamente ha sido lo que nos ha
relatado hoy aquí, las líneas generales. Estamos gustosos de escucharle principios que compartimos pero, con responsabilidad y con la misma prudencia con la que usted ha enunciado los mismos, queremos decirle que nosotros a lo largo de esta
comparecencia intentaremos precisar, contrastando con usted puntos de vista que son muy importantes para los


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consumidores, para las empresas, y también para España como país. Porque España, como país, está en estos momentos en una situación de crisis económica y especialmente en una situación de destrucción de empleo y de caída de actividad
económica, con un permanente encarecimiento de las fuentes primarias de energía. En esta coyuntura, con la política energética de este Gobierno, no del Gobierno actual, sino del Gobierno del Partido Socialista, que no puede olvidarse que lleva
desde el año 2004 gobernando España, necesitamos explicitar esa política energética, pero no dentro de un mes, porque esa política energética va a ser un elemento clave y fundamental para mejorar la actividad y el crecimiento, y por tanto la
competitividad de nuestra economía.



Ya es conocida la elevada dependencia energética y la configuración de nuestro mix, que si bien es adecuado en estos momentos, también es verdad que a medio y largo plazo exige cambios, y nos parece bien que hayan consultado ustedes a los
expertos para definir qué queremos para esos próximos treinta años y despejar incertidumbres. En primer lugar, quiero decirle que la política energética española, a nuestro juicio -aquí es donde vamos a intentar contrastar algunas de las
afirmaciones que usted ha ido desgranando a lo largo de su comparecencia en el día de hoy-, debe conformarse dentro de los objetivos marcados por la política energética de la Unión Europea, que es de donde somos socios. De ahí que las acciones que
el Gobierno lleve a cabo y desarrolle deberían encaminarse, básicamente, a la consecución de la convergencia con Europa, reformando y enmarcando todas las normativas nacionales para ese fin. España es una isla energética -la han descrito así, su
carácter de península pero al mismo tiempo su situación en cuanto a la energía contribuyen a ese tipo de denominación-; España es mucho más dependiente del resto del mundo energéticamente que los demás países europeos; además, necesitamos que
nuestra política energética -usted también lo ha dicho- sea sostenible.
La actual no lo es y la energía y el transporte son responsables, como bien conoce, de más del 80 por ciento de las emisiones de los gases de efecto invernadero. La
sostenibilidad es un nuevo valor que se ha implantado en la sociedad y, por lo tanto, los gestores públicos, las políticas públicas y la instrumentación de las mismas debe responder a ese nuevo valor. Pero hay que garantizar la seguridad del
abastecimiento.



Usted habla del mercado ibérico y está muy bien hablar del mercado ibérico, pero ¿qué han hecho ustedes? Ya lo explicitaré con más claridad en el tema de la interconexión con Francia. La competitividad es otro eje que nos debe de guiar y
la energía debe de ser un elemento que contribuya. Si somos capaces de mejorar la eficiencia energética, probablemente estemos también contribuyendo a mejorar la competitividad de nuestro tejido productivo. Está claro que la realidad energética
española hace que la demanda de la misma crezca aproximadamente a un ritmo del 4 por ciento, bien por la población, bien porque la población tiene mayor renta, bien porque también la actividad económica ha mejorado, y por eso creemos adecuado que
nos replanteemos ese modelo teniendo en cuenta todos estos datos que acabo de enunciarle.



Le voy a dar algunos datos en relación con otros aspectos a los que usted se ha referido de pasada. Las energías renovables en el año 2006 representan 9,4 millones de toneladas equivalentes de petróleo sobre un consumo de 143,9 millones de
toneladas equivalentes, es decir, escasamente un 6,5 por ciento del consumo. No sé cómo se va a garantizar el suministro teniendo una apuesta tan decidida por una fuente de energía que tiene la importancia relativa que tiene, que es la que yo le
acabo de exponer, en el año 2006, con los datos de la Agencia Internacional de la Energía; datos que están disponibles y que son homologables. A nuestro juicio, hay que actuar teniendo en cuenta que para el tipo de país que queremos, no un país
campeón, pero sí un país que tenga una presencia relevante en el escenario internacional, que nuestras empresas puedan acercarse a los mercados con productos que resulten atractivos, que tengan la calidad suficiente y que, en términos de precio,
también resulte ventajosa su adquisición por los terceros. Para eso, la producción va a aumentar y, lógicamente, las necesidades de energía también aumentarán. Por lo tanto, hay que empezar a pensar en ese mix. La producción -no nos cansaremos de
repetirlo- tiene que ser respetuosa con el medio ambiente, tiene que mantener el criterio de sostenibilidad y, siendo conscientes de que el sector eléctrico produce el 22 por ciento de las emisiones de CO2, habrá que ver cuáles son las fuentes de
energía que, garantizando el suministro, son más compatibles desde ese criterio de sostenibilidad; por lo menos, tenemos que debatirlo. No se trata de un trágala. Nosotros no podemos ver que los decretos se publican y pasar como si tal cosa no
sucediera. A nosotros nos gusta participar activamente. Tenemos una visión clara del papel de España, del papel que tiene que cumplir la energía, las distintas fuentes de energía y los modos de producir esas fuentes de energía. Por lo tanto, le
reclamamos a usted -como persona con competencias en estas áreas- que ponga encima de la mesa qué es lo que quieren hacer, que no vengan con políticas de hechos consumados, porque todos queremos participar. Otra cosa es que quien gobierne es quien
tiene que asumir la responsabilidad y, por lo tanto, rendir cuentas. Fíjese, en los últimos años el incremento medio de la demanda ha sido superior a un 5 por ciento anual. Da igual que fuera un 5 o que fuera un 4 o que el consumo aumentara en un
3. Lo que sí es cierto es que con incrementos de un 3 por ciento anual se requieren 10.000 gigavatios más anuales, y esos hay que producirlos. Hay que estar en condiciones, no de improvisar, pero sí de saber qué es lo que queremos; y no basta con
estar al borde del precipicio para tener que actuar; no esperemos a ese momento. Ustedes llevan cinco años y ya estarán en condiciones de darnos con claridad ese diagnóstico y poder empezar a caminar siguiendo los vectores que ustedes y su
política marquen.



En cuanto a la garantía del suministro en España, el 50 por ciento de la producción de energía eléctrica se realiza


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con materias primas importadas. Es verdad que sería un gran avance reducir la dependencia, porque mejoraría nuestra balanza comercial, porque nos haríamos más competitivos. Pero hay que tener en cuenta lo que tenemos y hay que tener en
cuenta por lo que apostamos en su día; y por eso que apostamos, también tendremos que ser coherentes a la hora de hacer política. Vemos que España no solo depende del petróleo, sino también de la inversión extranjera. En estos momentos, nuestro
déficit parece que nos da una señal de unos 100.000 millones de euros/año, que es una cantidad importante. Ese dinero, a la hora de elegir el país en el que invierte y dada la situación, por otra parte, singular, que se está viviendo, lo primero
que busca son marcos regulatorios estables y seguridad jurídica, lo primero que exige es reputación y lo primero que pide es credibilidad. Nosotros ahí sí que tenemos que ser muy celosos, porque la regulación es una forma de intervención pública
que, a nuestro juicio, restringe, influye o condiciona las actuaciones de los agentes económicos. Las actuaciones del corto plazo son traducidas por los inversores como señales para el largo plazo. Por eso la regulación debe de ser previsible y
transparente. Y ustedes están actuando al corto plazo y están mandando mensajes a los mercados, a los inversores, a la economía mundial que, ciertamente -y lo veremos a continuación-, no son los más adecuados.



En los últimos años se han producido intervenciones en la regulación del sector eléctrico que no cumplen con estos principios, porque hay falta de transparencia, porque hay falta de rigor, porque a nuestro juicio son parches, porque son
intervenciones injustificadas en el mercado en algunas ocasiones. Sí, sí, yo le voy a poner algunos ejemplos. Esto se ha traducido en un aumento del riesgo. Y cuando hay aumento del riesgo, sabe bien usted, que esas inversiones son más caras; o
vienen con más dificultades o si no, hay que pagar más por eso. En ese caso, los agentes van a pedir más rentabilidad. Y esto ¿a qué se va trasladar? En alguna parte apunté algo que dijo usted: que los ciudadanos españoles se están endeudando.
Esto es una filosofía muy sutil, con un lenguaje muy críptico sobre la base de qué es lo que está pasando con los precios de la energía. Le pediré luego que me aclare este asunto, que no se quede en retórica. Su comparecencia aquí tiene que ser
muy clara. Porque, claro, decir que los consumidores se están endeudando, es mucho decir. Aquí estamos diciendo cosas para que nos entiendan. Y yo quiero que entiendan por qué se endeudan, porque los precios son lo que dice la Comisión Nacional
de Energía, que tienen que subir un 30 por ciento y, por lo tanto, las tarifas no están representando adecuadamente los costes, ¿o es por otra cosa? Insisto, dejémonos de mensajes encapsulados y explicitémoslos para poder así entenderlos mejor.



Creemos que cuando hay este exceso de intervención regulatoria disminuye la seguridad del suministro; esto disminuye necesariamente. Y fíjese, hoy el señor ministro ha anunciado en el Senado que mañana se aprobará -porque hoy ya se han
cumplido los trámites preceptivos- el real decreto que va a regular la fotovoltaica. Le voy a hacer un pequeño repaso, nada más, para recordatorio. Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, donde nace este asunto. Real Decreto-ley 7/2006, de 23 de
junio, por el que se desvincula la prima de la tarifa media regulada. Real Decreto 661/2007, de 27 de mayo, que es el que se modifica, de los avales técnicos para los proyectos y, en definitiva, una barrera de entrada a este casi nuevo monopolio.
El 28 de septiembre de 2007 hay una propuesta de borrador de real decreto para instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial. El 13 de diciembre de 2007, la Comisión Nacional de Energía responde. El 18 de julio de 2008 se
remite un nuevo borrador de real decreto. Y esta semana el señor ministro recibe a las asociaciones fotovoltaicas. El borrador que yo recibí -el señor ministro tuvo la gentileza, que agradezco, de enviarme un correo con el borrador, porque un día
que lo encontré informalmente le dije que no disponía del mismo y me lo mandó por correo electrónico-, lo que yo leí, resulta que no es eso porque ya se ha negociado otra cosa. Ante esto, tenemos que ver que hay una inseguridad jurídica, que hay
una incertidumbre, que hay un cambio. Y no voy a hablarle de todas aquellas rectificaciones de las rectificaciones y otras circunstancias que se fueron dando en este tortuoso camino. Yo creo que aquí no se han dado esas condiciones, y el dinero,
en vez de venir, ante la inseguridad, se deslocaliza o va a aquellos lugares en donde el marco regulatorio le propicie más ventajas, o bien el atractivo para la inversión sea mayor. Por tanto, es necesario que busquemos la reputación, que busquemos
la excelencia, que dispongamos de un marco regulatorio claro, porque esa será la única posibilidad de que los inversores tengan claro que España es un país atractivo y que conviene apostar por España, por su energía y por la industria.



Quiero conocer ahora más en detalle cuál es el nivel de producción última.
Quiero que me diga usted hoy aquí la limitación de los 300 megavatios iniciales, ¿quedó en 300, se pasó a 500 o se acercó más a los 800? Mañana se va a publicar.
Hoy usted aquí tendrá que decirnos qué es, porque el señor ministro, en su comparecencia, ha anunciado que mañana se va a aprobar el real decreto. Es una voladura, tal vez, para usted que la comparecencia sea el día anterior, pero lo sentimos
mucho. (El señor secretario general de Energía, Marín Uribe: El mismo día.) El mismo día.
Lo que sí es verdad es que no fue provocado. Nosotros lo habíamos pedido en su día y coincide; ha tocado. Nos tiene que decir cuántos megavatios se les
van a autorizar. Pero las cuotas no son lo único que supone barreras administrativas. Es también un conjunto de circunstancias. Había un marco regulatorio, hubo lo que algunos llaman efecto llamada, hubo lo que otros llaman un boom porque se
apuntaron muchos pensando que esto era, en vez de economía de casino -por lo tanto con una determinada probabilidad- ya casi economía de lotería con premio fijo. Esto era lo que teníamos. Lo que sí es verdad es que los objetivos se han cumplido
sobradamente y que España está siendo puntera en energías renovables, en la solar fotovoltaica e incluso está siendo una industria altamente intensiva en nuevas tecnologías. Todos estamos hablando siempre de que hay que apostar por la I+D+i, por el
conocimiento,


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que hay que buscar empleos que produzcan mayor productividad pero, realmente, ¿no creen ustedes que sería prudente que ese real decreto contemplara un periodo transitorio para poder adaptarse? Porque veo que han introducido -y no sé si es o
no verdad que lo han hecho, espero que usted también me lo aclare- alguna especie de escalones, porque ahora se hace trimestralmente un ajuste de la potencia y si esta se ha conseguido, los precios... Puede ser un artificio sutil, pero de interés
desde la perspectiva de aquellos que están en el sector para no tener que limitar la producción. Poner barreras al que desarrolla una actividad es limitar la parte más importante. Creemos que apostando por las energías renovables este Gobierno no
puede sacar un real decreto como este. Este real decreto -repito- tiene que dar la oportunidad a los que han apostado de tener perspectiva de futuro. He leído cifras de todo tipo, desde inversiones que se deslocalizan a 40.000 empleos que se ...
y en un momento de crisis económica no me parece lo más adecuado. En primer lugar, yo le pediría que, por lo menos, las cifras que vayan a salir en el decreto nos las cuente a los miembros de esta Comisión -ya es o será prácticamente el definitivo-
y, en segundo lugar, que tengan en cuenta esto que le estamos comentando que creemos que ayudaría a mejorar bastante.



El señor PRESIDENTE: Señor Eria, tiene que ir concluyendo.



El señor ERIAS REY: Voy a intentar resumir.



El señor Sebastian ha afirmado que las primas eran de las más elevadas de Europa. Esto no es exactamente así, pero en todo caso yo creo que el problema no es tanto las primas como poder desarrollar una actividad y continuar siendo punteros
dentro de la misma.



Hay otras cosas de las que me gustaría hablar. En España se está ensayando la generación de energía con las olas del mar. La pregunta es: ¿Incluirá el Plan de energías renovables 2011-2020, que nos ha anunciado, a las olas como una nueva
forma de energía limpia? ¿En qué marco regulatorio? Porque también me preocupa. Se va a desarrollar porque las comunidades autónomas se sienten afectadas y en lo que sé, hay bastante contestación a este tipo de actuación por parte del Gobierno
central. ¿Es partidario el señor secretario de Estado del llamado canon verde, que consiste en que en algunas comunidades autónomas se grava el agua embalsada para la generación de electricidad? ¿No cree que sería mucho más adecuado que el
Gobierno coordinara y liderara una posición de cierto sentido en todo el territorio español? Resulta que una energía va a estar gravada de una manera y otra de otra. Es un conjunto de preguntas que, si no puede contestarme ahora porque no tiene
tiempo material, lo puede hacer por escrito, pero sí quiero, en todo caso, formulárselas a usted. La CNE propone revisar cada mes el precio de la bombona de butano. ¿Son ustedes partidarios de esto? También quisiera saber qué piensa usted de una
posible subida del impuesto sobre hidrocarburos de la que el señor Solbes habló y lo hizo con muy buena voluntad, probablemente, pero hace unos efectos anuncios que nos llenan a todos de preocupación. Porque con esto de decir que el combustible
está más barato en España que en el resto de la Unión Europea... Vamos a ser un poco serios. Respecto a la revisión de tarifas, la CNE pide la revisión automática de las mismas. ¿Es usted favorable a la revisión automática de las tarifas? ¿O a
continuar con esa función consultiva y preceptiva que tiene la CNE trimestralmente de ir dándoselas al Gobierno? ¿Qué opina usted del colapso que prevé la CNE si no se sube la tarifa eléctrica un 30 por ciento? ¿Es esto lo que nos estaba
anunciando aquí cuando decía que los españoles se estaban endeudando, es decir, que iban a tener que pagarlo en el futuro? También es muy importante -y usted lo ha anunciado, pero no lo ha aclarado mucho- que el Parlamento Europeo propuso para 2015
un objetivo para los carburantes renovables un 5 por ciento inferior al aprobado por la directiva vigente de 2010, que es un 5'75 ¿Cómo va a actuar el Gobierno español para corregir esa dificultad -sé que usted ha mencionado el 5,83, creí entenderlo
así-, ante el Parlamento Europeo que aprueba algo en contra de su directiva y que, por otra parte, fomenta las energías renovables? La verdad es que esto es un poco un caos.



Señor presidente, le pediría un poco de comprensión porque ya voy terminando, pero son asuntos que es necesario contrastar. Es la primera comparecencia y es muy relevante.



El señor PRESIDENTE: Señor Erias, permítame un segundo. Estoy teniendo muchísima comprensión. Lleva usted veintitrés minutos. De todas formas le animo a que termine sus preguntas, pero no argumente cada una de ellas.



El señor ERIAS REY: No argumento ninguna, pero tengo que explicárselas al señor secretario general.



El señor PRESIDENTE: Hágalo lo más sucintamente posible o por lo menos espere la respuesta.



El señor ERIAS REY: Gracias por su comprensión.



La planificación energética contempla la instalación de una regasificadora en Gran Canaria. Las discrepancias en el seno del pacto en Gran Canaria presionan para que el ministerio no presente la autorización administrativa necesaria.
¿Piensa el Gobierno acelerar estos trámites que tienen ya un retraso superior a los tres años?


Voy a ir pasando por encima de algunas cosas, pero hay otras que son relevantes, muy relevantes. Usted ha hablado de la conexión con Francia.
Respecto a ella, ¿contempla el Gobierno dentro del plan de inversiones 2008-2016, que está dotado
con 9.220 millones de euros para la electricidad, la partida presupuestaria correspondiente a la interconexión eléctrica con Francia? ¿La contempla el Gobierno? De ser así, y considerando que el 68 por ciento de la anterior cifra -de esos 9.220
millones- se dedicará al mallado de la red del transporte, interconexiones internacionales y apoyo de distribución, ¿qué cantidad total, y en cuántas anualidades,


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dedicará el Gobierno al citado proyecto de interconexión? Está claro también que el Gobierno de la nación no ha estado cruzado de brazos -por lo que usted nos ha dicho, está clarísimo- a la espera de que el mediador, el señor Monti,
actuara. Pero, ¿cuál es la solución que propone el Gobierno de España para la interconexión con el fin de minimizar, en la medida que sea posible, el impacto sobre las comarcas de Girona? Y en consecuencia, ¿qué grado de aceptación tiene dicha
propuesta en el Gobierno de la Generalitat de Catalunya? Porque hay bastante controversia al respecto. Por su parte, ¿se desvía la propuesta técnica del Gobierno de la que baraja el mediador de la Unión Europea, en caso de que ya esté perfilada?
Yo tengo la impresión de que no. En este sentido, ¿en qué consiste estar definida dicha propuesta? Y con independencia de la solución que se vaya a adoptar: soterramiento, línea aérea, etcétera, que haya definido el Gobierno o el mediador de la
Unión Europea, ¿cómo ha resuelto el Gobierno, desde el punto de vista técnico, la posibilidad de que a causa de unos problemas puntuales haya que aumentar la capacidad de suministro de la nueva línea? Además, la provincia de Girona es singular en
este sentido. Por último, entre tanto se toma la decisión final y se ejecuta la correspondiente obra, ¿cómo piensa el Gobierno responder, desde un punto de vista técnico y financiero, o ayudar a resolver al Gobierno de la Generalitat el elevado
riesgo del colapso de tensión existente en las líneas de la comarca de Girona?


Dos últimas cosas, señor presidente. Usted ha hecho referencia a bastantes cosas. Ha comentado que realmente hay un impuesto, el llamado impuesto especial, sobre la electricidad del 5 por ciento que va en la factura de la luz y que todos
pagamos. ¿Dónde aplica el Gobierno esta recaudación? ¿Nos puede dar datos sobre la misma? La propuesta de real decreto que mañana se va a aprobar, que en su disposición adicional séptima lleva algo que usted ha anunciado hace un momento, obliga a
facturar mensualmente las tarifas de suministro de energía eléctrica a todos los que tengan contratados menos de 10 kilovatios, aplicándose a partir del 1 de noviembre. Esta es una situación singular porque, como la facturación se hace basándose en
estimaciones, ¿no se van a crear muchos más problemas? Después, ¿qué piensan hacer para mejorar la calidad del suministro? Esto sí que es muy importante. Usted no ha mencionado para nada la calidad del suministro. Esto en Inglaterra es básico,
sin embargo veo que en España no. ¿Qué inversiones van a llevar a cabo para ello? Para terminar, en una Comisión de Industria celebrada el 5 de mayo de 2006 se acordó, por unanimidad de todos los miembros de la Comisión, establecer los criterios
que deberá cumplir el emplazamiento del almacén temporal centralizado para combustible nuclear gastado y residuos de actividad. ¿Me puede decir la situación en que está lo que instamos al Gobierno y que aprobamos en la Comisión de Industria de
2006?


Gracias, señor presidente, por su amabilidad y discúlpeme por excederme en el tiempo.



El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds el señor Canet.



El señor CANET I COMA: Gracias, señor secretario de Estado, por su intervención.



Voy a ser muy breve pero, pese a ello, debo hacer dos consideraciones previas muy rápidamente. Actúo como portavoz de un grupo que es heterogéneo, luego quiero que quede claro que la intervención es en nombre de Esquerra Republicana de
Catalunya. Por tanto, solo responsabilizo a mi grupo de las opiniones que voy a verter ahora mismo.
La segunda consideración es que, como se desprende de la primera, mi partido tiene un ámbito de actuación política-geográfica-electoral; luego me
remitiré en alguna de las propuestas o preguntas que voy a hacer a un ámbito territorial determinado, pero que quede claro que lo haría extensivo al resto del Estado. Por tanto, aunque las propuestas lleven el añadido de los països catalans quiero
que quede claro que lo estamos pidiendo para todas las comunidades autónomas. Es conveniente que lo precise. Daré tres pinceladas breves. La primera es respecto al contexto.
Nuestro partido considera que es un acierto que la energía sea una
prioridad en las agendas de todos los gobiernos, incluido el español, y notamos que lo es, por tanto, le felicitamos. Consideramos que ninguna de las soluciones energéticas por sí sola va a ser eso, una solución.
Nuestra apuesta es -luego le
matizaré nuestra posición respecto a las nucleares- que las energías renovables sean un sector considerado estratégico y, como le decía, que en algún caso la transferencia de competencias a las comunidades autónomas sea efectiva en muchos de los
ámbitos, sobre todo el del control. En el contexto general que usted ha planteado -en eso coincido con el portavoz del Grupo Popular por mi procedencia regional, Girona; soy diputado por Girona-, evidentemente no podía dejar de preguntarle por la
oposición desde determinados sectores sociales y políticos a esa línea que allí llamamos MAT -muy alta tensión- y su solución, no sé si final o no. Usted ha comentado la postura del mediador europeo, Mario Monti. En cualquier caso, si hay que
hacer un ejercicio de realismo que a veces no es bien visto, como usted sabe, mi partido mantiene formalmente que no es necesaria esta interconexión eléctrica; consideramos una autopista eléctrica más como un negocio que como una necesidad.
Intentando ser realista y leyendo las declaraciones que se han hecho y por dónde parece que van los tiros, mi pregunta es muy concreta. El mediador ha comentado la necesidad de soterrar algunos tramos y los que, repito, intentamos hacer un
ejercicio de realismo planteamos la posibilidad, aunque no nos guste, del soterramiento total de esta línea. Le pregunto por su posición y la del Gobierno respecto a esta posibilidad. Insisto, mi partido sigue siendo no partidario de esta
interconexión eléctrica.



La segunda pincelada se refiere al caso de las nucleares, sobre todo en països catalans, aunque también en el ámbito español, porque la sensación de los ciudadanos está a flor de piel en relación con la seguridad. No hay que citar
incidentes, accidentes, incendios -no lo


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voy a hacer- pero usted sabe perfectamente que se han producido. No voy a debatir sobre ellos pero es evidente que Cataluña es una -entre comillas- sociedad o territorio nuclearizado. Las cifras son claras; si no me equivoco, el 54 por
ciento de la electricidad se produce por esta vía.
Esta cifra solo es superada por Francia con un 77 por ciento y por Lituania con un 64 por ciento. También es cierto que, con vistas al futuro, la energía nuclear, pese a las obligaciones que
impone Kioto, seguramente se sitúa nuevamente sobre la mesa. Le voy a aportar varios datos; uno ya lo he comentado, relacionado con la seguridad, y hay otros dos que nos hacen plantearnos como no viable o no rentable esta opción.
Luego
argumentaré nuestra posición. El caso de China es bastante sintomático, aunque parezca no serlo por la magnitud geográfica del país.
Se sabe que ha puesto en marcha un programa para construir 44 reactores en los próximos quince años pero con eso
se calcula que solamente podrá abastecer el 4 por ciento de su demanda. Hay una opción mucho más cercana, por geografía y por ideología política y modelo económico, que es el caso de Estados Unidos. John Rowe, presidente de Exelon, primera
eléctrica nuclear de Estados Unidos, alertaba de que el renacimiento nuclear será lento -en caso de que lo sea-, que los costes asustan -y ponía el ejemplo de Finlandia-; alertaba contra los entusiasmos y advertía que no construirían -se refería a
su compañía- sin garantías del Estado. Por tanto, nosotros planteamos un escenario no demasiado sencillo para este hipotético renacimiento de la energía nuclear. Nuestra posición es -por así decirlo- de apagada nuclear racional. Es la que
mantenemos desde hace tiempo. En ese sentido, le planteo un desiderátum, unas cuantas propuestas que reflejan, repito, solo el sentir de mi partido, no el del grupo parlamentario, aunque seguramente en algunas también coincidiremos. Se las voy a
enumerar. Primero, Esquerra Republicana considera necesario desestimar la posibilidad de prolongar la vida útil de las centrales nucleares en funcionamiento -hablo del territorio de nuestro ámbito-: Ascó I, Ascó II, Vandellòs II y Cofrens, y
elaborar un calendario de avance de cierre de las nucleares basándose en la fecha de saturación de piscinas de combustible; segundo, el reconocimiento de la exención de la moratoria nuclear de la factura eléctrica en los territorios nuclearizados,
no solamente al que me estaba refiriendo antes, sino al conjunto del Estado; tercero, el refuerzo de las tareas de supervisión y control del cumplimiento de los protocolos de seguridad y protección radiológica y del plan de emergencia -he dicho
antes que no quería debatirlo, me limito simplemente a enunciar esta necesidad-; cuarto, garantizar que una parte de los consejeros y consejeras del Consejo de Seguridad Nuclear sean nombrados por las comunidades autónomas -insisto, por todas las
comunidades autónomas, y lo mismo digo en los tres últimos apuntes que hago en este apartado-; quinto, desestimar la instalación del almacén temporal centralizado de residuos nucleares, en el caso de los països catalans; sexto, la negociación para
la creación de una comisión específica del Consejo de Seguridad Nuclear para las instalaciones presentes en los països catalans y con participación significativa de los gobiernos de la Generalitat valenciana y catalana; y finalmente, un impulso
definitivo al despliegue estatutario en lo que se refiere a competencias en materia de seguridad nuclear. En relación con la fiscalidad, consideramos que es necesario incrementar las ayudas fiscales a las empresas que invierten en la cogeneración o
utilización de las energías renovables; la implantación de la tarifa eléctrica por tramos, como en el ciclo del agua, y -coincidiendo con lo que usted ha dicho- es conveniente que se garantice que cubra el coste real de la energía; la recuperación
de las bonificaciones en el impuesto sobre sociedades para inversiones medioambientales; impulsar la reforma fiscal ecológica, manteniendo recaudación global, incrementando recaudación de impuestos estatales sobre la energía y reduciendo las
cotizaciones laborales para conseguir así doble beneficio, en el terreno medioambiental y terreno laboral. Por último he de repetir la pregunta del principio referente a la postura de su ministerio respecto al soterramiento total de la línea de
alta tensión.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra a continuación por Convergència i Unió la señora Riera.



La señora RIERA I REÑÉ: Señor secretario de Estado, bienvenido a esta Comisión en su primera comparecencia.



Seguramente conoce usted bien el posicionamiento de nuestro grupo parlamentario en relación con uno de los sectores de mayor importancia en nuestra economía, si no el que más, que condiciona nuestro crecimiento económico, como es el sector
energético. Conoce también seguramente, porque lo hemos ido manifestando en reiteradas ocasiones, la necesidad de establecer para el sector energético, por la importancia que tiene y por el peso en el crecimiento, un plan a largo plazo; un plan
que nos permita reconducir los déficit actuales graves por el impacto que están suponiendo en el crecimiento y en nuestra competitividad. En este sentido, quiero recordarle que en la anterior legislatura el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad
una proposición no de ley a instancias de nuestro grupo parlamentario por la que se mandataba al Gobierno a definir una estrategia global en el marco del estudio de prospectiva energética con horizonte 2030 al que usted ha hecho referencia. A este
respecto nos preocupaba cuál era el estado de redacción del estudio de prospectiva energética con horizonte 2030, cuándo preveía el Gobierno presentar dicho estudio y si tenía previsto incluir en él, en primer lugar, la estrategia global de acuerdo
con el mandato de la proposición no de ley para la elaboración de un informe sobre las necesidades energéticas para los próximos treinta años y la presentación en el mismo de un plan estratégico sobre la energía, aprobado por la Comisión de
Industria, Turismo y Comercio el 27 de febrero de 2007. Usted ha hecho referencia al informe y al estudio, pero nos gustaría también que entrara con algo más de detalle en él y en los tiempos.



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Señor secretario de Estado, la necesidad de un planteamiento estratégico y sólido en política energética para los próximos años es evidente, especialmente si observamos los déficits actuales del sector que impactan muy negativamente en
nuestra economía y en nuestro crecimiento. Cuando hablo de déficits me refiero a la excesiva dependencia energética, que conocemos y es evidente; a la falta de eficiencia del sistema, donde tenemos un margen de mejora muy evidente; al bajo nivel
de diversificación entre las distintas fuentes y, en cuarto lugar, a un evidente margen de mejora en términos de seguridad del suministro. Todos estos déficits, que hemos de ser capaces de reconducir, tienen un impacto acelerado en los últimos
meses por el rápido encarecimiento del precio del petróleo, muy negativo en términos de inflación y por tanto de competitividad de nuestro sistema, y penaliza claramente nuestro crecimiento. En esta coyuntura creemos que el Gobierno -tanto el
anterior como, por ahora, el vigente- no está manteniendo una política energética suficientemente coherente y definida. Estamos convencidos de que la política energética constituye un pilar estructural de nuestra economía, es el sector más
estratégico de nuestra economía; por tanto definir la política energética a seguir significa también definir cómo queremos crecer. Existe una cierta improvisación y dispersión en materia energética. Por ejemplo, en su comparecencia el ministro el
pasado mes de julio ante esta Comisión para informar sobre planificación y ahorro energético expuso un plan específico que valoramos favorable, positivamente, pero al mismo tiempo manifestamos que sin disponer de un plan estratégico global
energético a medio y largo plazo eran medidas insuficientes y que difícilmente obtendrían la eficacia que perseguían; faltaba que respondiesen a un plan más estratégico y más global. Otro ejemplo de falta de definición y de dispersión que hemos de
reconducir son las diferentes opiniones en la materia dentro del mismo Gobierno, donde no existe siempre unanimidad en el modelo. Por ejemplo, cada revisión de tarifas eléctricas supone que distintos miembros del Gobierno lancen diferentes
propuestas de subidas de precios. Por último, también en este periodo debe definirse la retribución de la fotovoltaica, a lo que usted ha hecho referencia en la última parte de su intervención -me referiré a ello más tarde-, y el sector, usted lo
sabe perfectamente, señor secretario de Estado, se encuentra a veces con un muro infranqueable.



Creemos, por tanto, que son necesarias varias acciones inmediatas, que desde nuestro grupo parlamentario hemos ido reclamando no solo en los últimos meses sino en los últimos años. Necesitamos, en primer lugar, hacer un análisis riguroso
que nos diga dónde estamos, cuáles son y serán nuestras necesidades de presente y de futuro; establecer esa estrategia a la que me refería y definir un plan a largo plazo que dé sobre todo estabilidad al sector, que responda a las líneas marcadas
por Europa y también conforme a los acuerdos de Kioto y Bali y permita disminuir la dependencia energética a la que hacía referencia como déficit estructural; reordenar el sector y las actividades, a las que también ha hecho referencia en su
intervención; y ganar en eficiencia, que es un gran reto que tenemos. En este sentido, cuando hablamos de ganar en eficiencia es necesario -estamos de acuerdo con su ministerio- un consenso de la sociedad, y es un trabajo de todos. También ha de
ser un plan que permita apostar por la diversificación de fuentes de manera clara y decidida y apostar de manera clara y decidida por las energías renovables. En este sentido, el plan debe cubrir dos elementos, que son la seguridad y la estabilidad
al sector. Señor secretario de Estado, las inversiones y el crecimiento requieren de dos elementos fundamentales sin los cuales no pueden desarrollarse, y son los dos que he referido: la estabilidad y la seguridad. Son dos elementos que hoy nos
faltan y frenan el crecimiento en un sector estratégico para nuestra economía.



Quisiera ahora, en la última parte de mi intervención, entrar específicamente en el tema de las energías renovables. En nuestro grupo parlamentario apostamos decididamente, señor secretario de Estado, por las energías renovables, porque en
primer lugar permiten diversificar nuestras fuentes, disminuyendo así nuestra dependencia exterior; contribuyen y pueden contribuir aun más a ganar en eficiencia, la asignatura pendiente que tenemos; y porque podemos aprovechar unos activos que
presenta España en términos de inversión en este sector. Todo ello debe hacerse bien, sin volatilidad y sin generar inseguridad, y estableciendo un marco estable de retribución de estas energías. Los continuos cambios en las políticas tarifarias
repercuten negativamente en las inversiones y en la activación del sector. Para nuestro grupo parlamentario las energías renovables han de constituir una de las fuentes de energía primaria más importantes, siguiendo también los objetivos marcados
por Europa.



En el marco de las renovables quiero incidir en la importancia de la industria y de la energía fotovoltaica, que desde nuestro punto de vista ha de ser una de las energías estrella. Señor secretario de Estado, no podemos pretender
inversiones si no damos seguridad y estamos generando inseguridad e inestabilidad; así lo manifestamos al ministro en una reciente sesión de control parlamentario. La industria fotovoltaica es una industria de valor y puede ser aun de más valor,
de valor añadido, pero hoy está muy preocupada y podemos perder una gran oportunidad de crecimiento, de generación de ocupación, de liderazgo en este sector en el ámbito internacional y de atracción de inversiones a nuestro país, algo que en este
momento nos es estrictamente necesario. No podemos perder todo esto y por tanto hemos de ser capaces de reconducir la actual dispersión, la sensación de inestabilidad e inseguridad y dar a la industria fotovoltaica el marco legislativo y la
seguridad necesaria para invertir y crecer. Hoy hay elementos suficientes de preocupación en el sector como son las decisiones que se han ido tomando desde el Ministerio de Industria y los continuos cambios regulatorios con cambios en las primas de
producción; una política que el sector ha considerado más intervencionista desde su departamento respecto a las instalaciones fotovoltaicas y las limitaciones que se establecen, que provocan a su vez una especulación en términos de precios de los
permisos,


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algo que puede hacernos entrar en una espiral muy peligrosa; o incluso la misma política que es demasiado cortoplacista, más preocupada por los controles de las tarifas y los déficits.



Todos estos son factores que hemos de reconducir, factores que producen inestabilidad financiera, constituyen un freno al crecimiento de este sector y generan disfunciones en todas aquellas compañías que han invertido o que tienen intención
de invertir en el futuro. Esta situación, de mantenerse o agravarse, puede provocar la destrucción de puestos de trabajo -la asociación estimaba entre 30.000 y 40.000-, puede condicionar también la inversión en los próximos años de alrededor de
16.000 millones de euros y podría negar la posibilidad a nuestra economía de liderar un sector y conseguir unos beneficios a largo plazo que seguramente serían muy superiores a las primas que a corto plazo están originando los déficits tarifarios.
En este contexto esperamos que el real decreto reconduzca estos déficits, cumpla con los objetivos de potenciar este sector, de darle una oportunidad y una estabilidad que necesita, y también nos gustaría tener más detalles al respecto. En todo
caso, somos conscientes de ello y seguramente tendremos la oportunidad de discutirlo en las próximas semanas. En definitiva, hemos de ser capaces de reconducir esta situación dando oportunidades estables al conjunto de las energías renovables, y no
únicamente desde la perspectiva de la industria. Cuando el ciudadano opta por producir electricidad limpia en el ámbito doméstico, la complejidad burocrática y las obligaciones administrativas que conlleva significan en muchos casos un
encarecimiento económico de la iniciativa y desincentivan estas iniciativas. Estos son aspectos que también tenemos que reconducir.



Señor secretario de Estado, termino diciendo que, por la importancia de las renovables y por el papel de la industria fotovoltaica, hemos de establecer un marco regulatorio adecuado, estable, a largo plazo que ha de permitir un equilibrio
entre la necesidad de reconducir progresivamente el déficit tarifario actual, la necesidad de impulsar e incentivar la participación de las energías limpias en el mix energético y la necesidad de garantizar una oferta energética suficiente a costes
competitivos y medioambientalmente sostenibles. Estos han de ser nuestros objetivos y a ellos ha de responder un plan estratégico global, estable y de largo plazo.



El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista la señora Unzalu.



La señora UNZALU PÉREZ DE EULATE: En primer lugar, quiero dar en nombre del Grupo Socialista la bienvenida al secretario de Estado de Energía a esta Comisión y a esta casa, así como agradecerle la comparecencia por todos los datos que nos
ha aportado. La primera reflexión que me ha surgido tras escuchar su intervención ha sido la siguiente. Tras hacer un diagnóstico amplio y completo del presente, nos ha hecho una firme apuesta por el futuro en materia energética explicando cuál es
el compromiso del Gobierno, del ministerio y en concreto de su secretaría.
¿Por qué hago esta apreciación? Porque decía usted al final de su intervención que el objetivo del Gobierno es promover un cambio estructural que permita a España afrontar
el nuevo contexto energético, evidentemente sin poner en riesgo ni la competitividad de la economía ni el bienestar de los ciudadanos. Esta llamada al futuro que nos hacía usted la ha centrado en el documento que venimos denominando Prospectiva
energética horizonte 2030, y, como lo ha planteado el señor secretario, es una forma de abrir las puertas a un debate nacional en materia energética. Compartimos con usted la idea, y desde luego le felicitamos desde mi grupo, de incluir además de
expertos de reconocido prestigio en el campo energético evidentemente al Parlamento, a interlocutores sociales, a comunidades autónomas y a otros agentes, aparte de someter todo ello por último a audiencia pública. Quiero adelantarle que desde mi
grupo propiciaremos e impulsaremos este debate energético, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, por ejemplo en esta sede con ocasión del debate de la energía nuclear. Le aseguro que trabajaremos para alcanzar acuerdos con el resto de los
grupos del arco parlamentario que nos permitan colaborar desde esta institución en la definición de las líneas fundamentales de la estrategia energética de España en el largo plazo.



También al hilo de su intervención, y respecto al Plan de acción estratégico comunitario correspondiente al periodo 2010-2012, en el que se reconoce la necesidad de alcanzar progresos significativos en el funcionamiento eficaz y la
realización plena de un mercado interior de gas y electricidad de la Unión Europea mediante la construcción de un mercado más interconectado e integrado, quisiera felicitarle no solamente por conseguir que la posición española en esta materia sea de
liderazgo, sino por cómo éste se ha materializado. La aprobación del desarrollo de las redes de transporte mediante la planificación de los sectores de la electricidad y del gas, con los matices que el resto de los grupos ha planteado y que
probablemente será necesario tener en cuenta, sirve para sentar las bases, para garantizar la calidad y la seguridad del suministro energético. Nos permite, como nos ha explicado en su exposición el secretario de Estado, a través de las
interconexiones con Portugal y con Francia, aumentar nuestra capacidad de intercambio, así como desarrollar en el futuro todo el ámbito gasista, que es fundamental.
Asimismo esta planificación nos va a permitir integrar las energías renovables en
nuestra cesta energética. Otro punto que se va a votar y que es resaltable es que esto va a ayudar sin lugar a dudas a que la iniciativa privada, que va a tener que hacer frente a fuertes inversiones, las va a hacer en un marco de seguridad.



En lo que hace referencia a las energías renovables, quiero manifestar una vez más la disposición favorable del Grupo Socialista al impulso de estas energías. Todos sabemos que la tecnología que emplean no produce emisiones contaminantes,
no requieren de energías primarias suministradas desde los mercados internacionales,


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favoreciendo de esta forma el autoabastecimiento y minorando por tanto nuestra dependencia energética; lógicamente todo esto tiene un límite, que es el de asegurar el suministro; esto es algo obvio. También en su intervención nos ha
anunciado los ejes sobre los que se va a sustentar el compromiso del Gobierno para fomentar la eficiencia y el ahorro energético, pilar este de la eficiencia y el ahorro energético al cual el Gobierno socialista ha dado un especial impulso. Por
eso, en primer lugar quiero destacar el esfuerzo que desde el ministerio y desde su secretaría se ha hecho en esta materia. A finales de julio tuvimos oportunidad de conocer y debatir en esta Comisión las 31 propuestas englobadas dentro del Plan de
ahorro y eficiencia energética 2008-2011, que tiene como objetivo reducir un 10 por ciento nuestras importaciones de petróleo, además de crear una cultura en los consumidores, en los agentes sociales y en los agentes económicos que me gusta
denominar la cultura del valor de la energía, que seamos conscientes del valor de la energía. En mi opinión, teniendo en cuenta el esfuerzo que en contraposición hemos hecho con el valor del agua, la sociedad y los consumidores somos muy
conscientes de cuál es ese valor, y desde las instituciones y evidentemente desde el ministerio tenemos que insistir en crear también esa cultura del valor de la energía. Estos instrumentos de ahorro energético y de las medidas que impulsan ayudan
notablemente en esta materia. Por eso celebramos que presenten un nuevo proyecto de ley de eficiencia energética y energías renovables. Desde nuestro punto de vista, esto lo que hace es dotar de mayor estabilidad al sistema y arreglar aquellos
desajustes que se pueden producir y que es necesario corregir. Los cambios tecnológicos avanzan a velocidades insospechadas, por ejemplo en materia de energía eólica. No podemos comparar los conocidos molinos que se utilizaban en los años ochenta
con la técnica de ahora; son de dos momentos muy diferentes.



Respecto a la minería, ya hemos comentado que la política específica está contemplada en el Plan de reserva estratégica de carbón 2006-2012 y en el nuevo modelo de desarrollo integral de las comarcas mineras. En este ámbito, quisiéramos
conocer su opinión sobre el desarrollo de este plan, si puede hacernos una evaluación en este momento o si no en otro, y sobre un aspecto puntual: si desde el ministerio se van a seguir impulsando medidas para fomentar las tecnologías limpias en
captura y secuestro de CO2.



Para terminar, de manera muy sucinta, bajo el eje que denominaba usted de competitividad, tras hacer un diagnóstico ha tocado dos elementos que nos parecen fundamentales para ahondar precisamente en el propio eje, que lo define en
competitividad pero también en estabilidad. Mi grupo le aplaude por buscar una solución a la desaparición gradual del déficit tarifario -nos parece valiente su decisión- y también apoyamos todas las medidas que el ministerio está dispuesto a poner
en marcha con el fin de facilitar la transparencia en la información al ciudadano; nos parece un elemento importante. Para finalizar, señor secretario, va a contar con la colaboración de mi grupo para definir esa política de futuro en materia de
energía que este país necesita.



El señor PRESIDENTE: Para contestar a las cuestiones planteadas, tiene la palabra el señor Marín.



El señor SECRETARIO GENERAL DE ENERGÍA (Marín Uribe): Muchísimas gracias a todos por sus intervenciones. Responderé siguiendo el orden de las mismas, aunque en algunos casos, al tratarse de temas comunes, contestaré a todos. En primer
lugar, recojo y agradezco la oferta de discutir los asuntos en el transcurso de las decisiones que se vayan tomando. Repito que la recojo y además la agradezco, pues creo que es importante y útil y desde luego esta Comisión siempre me tendrá a su
disposición para presentar cualquier tema en el momento en que se esté discutiendo. Hago este ofrecimiento al presidente porque me parece importante y útil.



Hay un segundo elemento sobre el que creo que existe un consenso y con el que yo no puedo estar más de acuerdo. No es un elemento que vaya a defender de pronto ahora, sino que lo he hecho durante muchos años a lo largo de mi actividad
profesional: la necesidad de un marco regulatorio y estable. Me parece fundamental la seguridad jurídica y la credibilidad de las actuaciones del Gobierno, ya que, es la única forma de tener inversiones -inversiones de largo plazo-, atraer
capitales, crear empleo, etcétera. He mencionado varias veces en mi intervención que ese marco regulatorio estable tiene que ser una de las grandes formas de hacer la política energética a lo largo de esta legislatura: la estabilidad regulatoria,
la estabilidad jurídica que permita acometer inversiones.
Creo que estamos avanzando en esa dirección, aunque en algunas cosas es cierto que para dar una estabilidad regulatoria es necesario cambiar la regulación. La estabilidad regulatoria no
significa que la regulación no pueda cambiarse nunca. Hay momentos, como el de la energía fotovoltaica -se ha mencionado en repetidas ocasiones-, en los que es necesario cambiar la regulación, porque la existente dejaba de ser adecuada, dejaba de
estar en vigor, como en este caso, y era necesario mejorarla; una regulación predecible y transparente por lo tanto que venga acompañada de un proceso de liberalización en los sectores energéticos en la medida de lo posible y con la gradualidad
necesaria para no introducir shocks traumáticos ni para el sector industrial, ni para los ciudadanos, ni para los consumidores domésticos. Son las dos grandes líneas por las que vamos a apostar: liberalización de las actividades en la medida de lo
posible y regulación estable y transparente.



Se ha hecho un comentario sobre que los consumidores se están endeudando y se ha preguntado cuál era el significado de esto. Sabemos que el sistema actual de tarifas eléctricas recoge un déficit tarifario -a esto es a lo que me estaba
refiriendo-, pero este déficit no implica -esta es una confusión habitual en los medios y para muchos consumidores cuando hablamos con ellos- que sea un déficit que nadie paga y que nadie va a cobrar nunca, sino que es un déficit tarifario que se


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recupera con las propias tarifas a lo largo de los siguientes quince años.
En este sentido, me refería a que los consumidores actuales están pagando solamente una parte de la energía eléctrica que consumen, se están endeudando y además lo
están haciendo sin saberlo. Hay que ser muy claro y explicar esto, porque es sorprendente a veces la falta de información o la poca información que existe al respecto. Es importante informar de que, cuando se produce una subida tarifaria, no se
están aumentando las cuentas de las empresas eléctricas, como a veces se comenta o aparece en algunos medios, sino todo lo contrario. Una subida de las tarifas eléctricas puede reducir las cuentas de las empresas eléctricas si es que tiene algún
impacto, porque en la medida en que suben los precios -según la demanda sea más o menos elástica, algo elástica tiene que ser-, se produce una reducción seguramente en el consumo, una racionalización en el consumo. Los precios que perciben las
compañías son exactamente los mismos, porque una parte se recauda instantáneamente por la tarifa eléctrica y la otra pasa a engrosar ese déficit tarifario, que cobrarán en cualquier caso. Por lo tanto, una subida de las tarifas eléctricas no supone
un aumento de los beneficios de las compañías eléctricas, sino que, de ser algo, como digo, supone lo contrario, una reducción porque su demanda se verá reducida. Creo que es importante ser conscientes de esto.



Decía el señor Erias que la Comisión Nacional de la Energía habla de un colapso. Yo no sé si emplear ese tipo de palabras, que tal vez sean excesivamente tremendistas, y tampoco quiero tener efecto anuncio de ningún tipo sobre las
compañías. No estamos cerca de un colapso, pero creo que es un problema serio que debemos tratar y resolver para que dentro de un determinado número de años no lo tengamos, porque seguro que nadie queremos encontrarnos próximos a esa situación. Es
un problema que ha ido creciendo a lo largo del tiempo y que no se ha resuelto ni se va a resolver solo y para el que hay que tomar medidas, medidas pactadas, medidas acordadas, como he dicho, entre las distintas administraciones, entre las
empresas, entre los ciudadanos y también en el seno de distintos marcos políticos, pues es un problema importante, al que todos debemos contribuir. Me refería a ese elemento cuando hablaba de los consumidores endeudados.



Respecto a la posibilidad o no de alcanzar los objetivos o si las energías renovables son suficientes para cubrir el suministro, se daba un dato del año 2006. El dato actual de cobertura con energías renovables es algo más alto que el de
2006, ese 6,5 por ciento que mencionaba. Estamos en torno a un 9 por ciento, más o menos, y el objetivo a 2010 es un 12 por ciento, que esperamos poder cumplir. En este sentido, tenemos espacio para cubrir una parte importante del crecimiento de
la demanda energética. Es cierto que ese crecimiento ha sido elevado, no ha llegado al 5 por ciento, porque ha estado en torno al 3,3 por ciento en el periodo 1990-2004, y se ha ralentizado en los últimos años. De hecho en el año 2005 fue un 2,6
por ciento, en el año 2006 estaba en torno a cero, en el año 2007 prácticamente el nuevo crecimiento ha supuesto el 1,8 por ciento, a pesar de tener en ese periodo tasas de crecimiento del PIB del 3 por ciento.
Esto demuestra que es posible que la
economía crezca y de forma importante, y que crezca sin incrementos excesivos del consumo energético. Por ello fueron años en los que hubo una mejora en la intensidad energética, como decía, y creo que tenemos que seguir por ese camino. Una
moderación en las tasas de crecimiento del consumo energético en los próximos años puede ayudar -ha ocurrido justo lo contrario en un periodo muy importante de los últimos años- a que las energías renovables vayan adoptando un peso cada vez más
importante.



¿Cómo alcanzar esa cobertura, esos compromisos europeos con energías renovables? Hay una parte de energía eléctrica que puede ser producida con energía renovable y que todavía no lo está siendo. Nuestras estimaciones son que en torno al
año 2020 podríamos llegar a alcanzar hasta un 40 por ciento de energía eléctrica producida con renovables, dependiendo por supuesto de cuánto crezca la demanda eléctrica en los próximos años; en estos momentos estamos en electricidad en un 20 por
ciento. La mitad del camino ha sido recorrido y los costes de las tecnologías renovables se han reducido de forma muy importante en los últimos años. El coste de la energía eólica está próximo al coste del mercado. Probablemente en la próxima
revisión de las primas no serán necesarias primas adicionales. En algunos países ya se está remunerando la energía eólica en torno a los precios del mercado. Por tanto, se podrá permitir que esta tecnología crezca. Otras tecnologías en los 5 ó 6
próximos años -eso dicen las asociaciones españolas y europeas de energía fotovoltaica, por ejemplo- pasarán a ser también competitivas, con unas posibilidades de instalación muy importantes. Por ello, en la energía eléctrica pasar de un 20 por
ciento a un 40 por ciento nos parece asumible y posible en este periodo de tiempo, en estos doce años.



Para alcanzar los objetivos europeos es verdad que la energía eléctrica solamente pesa en estos momentos -puede pesar más en el año 2020, y probablemente pesará más- un 20 por ciento. Este 40 por ciento del 20 por ciento nos da en torno a
un 8 o puede llegar a un 10 por ciento, pero nos resta un 10 por ciento donde además del papel -que puede ser más o menos grande- de sistemas de calefacción directos, energía solar, etcétera, los biocombustibles pueden jugar un papel importante. La
diferencia entre los biocombustibles y las energías que van a la electricidad es que van directamente a la demanda final, por lo que la sustitución de combustibles fósiles por biocombustibles es entrada directa en ese porcentaje de energías
renovables.



El debate europeo sobre biocombustibles es amplio; ha habido objetivos y dichos objetivos se han revisado, y hay un debate sobre el tema de los biocombustibles en relación con el impacto que pueden tener sobre el consumo de productos
alimenticios o de productos de uso para alimentos, etcétera. Realmente lo que se está apuntando desde la Unión Europea es un consumo de energías renovables para el sector del transporte, no específicamente


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biocombustibles. Se está abriendo en estos momentos la discusión del papel que en el año 2020 pueden jugar los vehículos eléctricos, una parte de cuyo consumo provendrá también de energías renovables, dependiendo del mix de generación de
cada país, pero ese 10 por ciento es posible, es sostenible y es alcanzable, aunque no digo que sea fácil; seguramente hará falta tomar medidas continuas a lo largo del tiempo, pero es alcanzable. No hay contradicción en nuestros objetivos de
biocarburantes, porque el 5,83 que mencioné está en la ley ya en estos momentos, por lo que no es un objetivo nuevo. En la parte de biocarburantes estamos haciendo el desarrollo reglamentario para que esta ley pueda cumplirse, hablando de cuáles
son las cuantías mínimas en distintos tipos de tecnología: biodiésel, bioetanol, etcétera, pero el objetivo de biocarburantes del 5,83 está ya como un objetivo para el año 2010. Por tanto, pensar que en el año 2020 podemos aproximarnos a ese 10
por ciento adicional, que necesitaríamos para alcanzar el objetivo europeo, entra dentro de lo razonable y de lo posible.



Estoy de acuerdo -y entro en este tema al hilo de esto- en que seguramente será más fácil de motivar toda esta discusión con una planificación a largo plazo, con una prospectiva energética -no tengo la menor duda- y por eso tenemos el
compromiso de presentarlo. ¿Cuál es el estado -enlazo con la prospectiva energética- de la situación en términos de prospectiva energética? Como decía se creó un grupo, un consejo asesor que ha ido elaborando una serie de documentos que analizaban
los aspectos que se solicitaban por parte del propio Congreso, los aspectos sobre la evolución de la demanda, distintas tecnologías, etcétera. Esos documentos ya han sido elaborados por distintos grupos de investigación, universidades, etcétera, y
estamos en un momento de organización de la información, y redacción de un documento que recoja lo que se deriva de estos documentos, que extraiga unas conclusiones y que analice los distintos escenarios. Se observan varios escenarios, se pueden
centrar en las dos bandas de las que yo he hablado, y los elementos principales que se pretenden analizar con la prospectiva son, según cuál sea el escenario que seguimos, cómo podemos alcanzar o no nuestros objetivos en materia medioambiental, pero
también cómo va a evolucionar la dependencia energética de España -este es un tema que también se ha mencionado en otras intervenciones, ya que el tema de la dependencia energética es un tema fundamental, puesto que reducir la dependencia tiene que
ser un objetivo importante-, y también se observa cómo los distintos escenarios nos dan una u otra dependencia, en función también de cuáles sean las apuestas tecnológicas que se elaboran; también se hacen unas previsiones sobre cuál será el mix
energético en el año 2030, dependiendo de cuáles sean los escenarios. Está en un estado de elaboración bastante avanzado, y espero poder compartir con todos ustedes el contenido o la propuesta de ese primer borrador, que espero que avancemos en
aproximadamente un mes.



Retomando alguno de los temas que el señor Erias ha ido planteando, como el tema de la fotovoltaica, que ha salido en varias intervenciones, hemos escuchado alguna frase en otra intervención sobre que la Administración era como un muro o
algo así, que me ha sorprendido bastante. Ha habido un contacto continuo con el sector. De hecho, el propio señor Erias comentaba que esta misma semana, en una fase ya muy avanzada de redacción, el ministro ha continuado reuniéndose con
representantes del sector. Cuando yo llegué a este cargo, a finales de abril de este mismo año, fue uno de los primeros temas que tomé, y una de las primeras reuniones que mantuve fue con los representantes del sector fotovoltaico en aquel momento,
porque había unos plazos que cumplir. Se terminaba la normativa y había que buscar una solución. Por tanto, ha habido un diálogo continuo. Los representantes del ministerio hemos tenido posiciones flexibles hacia el sector, pero al mismo tiempo
razonables. Es un tema complejo que tiene muchas implicaciones.



Como Administración nuestro deber es apoyar al sector, por los muchos motivos que se han dado, no solamente porque es una energía renovable, sino porque reduce nuestra dependencia, porque crea empleo, porque es un sector potencialmente
tecnológico y en el que nuestras empresas tienen capacidad para posicionarse bien en el futuro; tenemos que apoyar al sector en todos estos sentidos, y creo que lo estamos haciendo con todas las propuestas que ha habido hasta ahora. Tan solo
tenemos que pensar en algunos números. El objetivo para el año 2010 -este era un objetivo que se planteó hace apenas dos años- era de 371 megavatios. En cuatro años había que instalar aproximadamente 371 megavatios de potencia, grosso modo, 70
megavatios al año. La última propuesta que ha circulado, independientemente de lo que el Consejo de Ministros pueda aprobar en el momento en que se presente ante él -por supuesto esto ya no puedo anticiparlo y lo desconozco-, mantiene esos 500
megavatios, que parece que satisface en cualquier caso. Por supuesto el sector desearía más, indudablemente; podría ser cualquier cantidad sin duda mayor que esta; independientemente de la que fijáramos se desearía una cantidad mayor, pero está
próxima a las necesidades del sector. Como decía, si pensamos en lo que teníamos hasta ahora, que era un objetivo de 371 megavatios a cuatro años, y estamos pasando a un objetivo de 500 megavatios al año, estamos multiplicando casi por siete u ocho
lo que teníamos hasta estos momentos. Me resulta difícil entender que esto no sea apoyar al sector.
Es un apoyo importantísimo. Nos vamos a situar en el segundo país de Europa que más capacidad instale al año, por detrás de Alemania. Es una
apuesta indudable y muy importante.



Ha habido varias versiones de borradores, que han tenido matices, pero tampoco ha habido cambios enormemente sustanciales en cuanto al diseño de la regulación. No sé si podemos llamar a eso inestabilidad regulatoria.
Inestabilidad es
retroactividad, que no se introduce en la propuesta ni se ha introducido jamás en ninguna. Inestabilidad sería si yo le reviso las primas


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sobre lo que usted instaló en el mes de agosto, o cambiar la normativa cada mes; pero un borrador tiene la virtud de serlo, y tiene que recorrer un camino, y para esto existe una consulta a la Comisión Nacional de la Energía, al Consejo de
Estado, que emiten sus informes, etcétera, para que se tengan en cuenta también las opiniones de estos organismos y, por lo tanto, esas opiniones han sido tomadas en cuenta y se han ido introduciendo modificaciones en el borrador, y en este caso
además la propia negociación con el sector, que siempre ha querido mantenerse abierta hasta el último momento.



La regulación da una base estable al sector. Es distinta de la que tenía hasta ahora, es cierto. Había una regulación basada en un precio que no se alteraba -eso es verdad-, en un periodo de tiempo determinado, pero tampoco podemos pensar
que la misma o idéntica regulación es buena para todas las tecnologías. Ese tipo de regulación se ha manifestado muy adecuada para energías como la eólica, seguramente porque tiene un componente de costes distinto de la energía fotovoltaica. En la
energía eólica nos encontramos con que, dependiendo de la ubicación donde se coloquen los aerogeneradores, la retribución que puede obtener la planta es distinta porque en una zona sopla el viento 5.000 horas, en otra 3.000 y en otra 2.000, lo que
introducía un límite; no era un cupo regulatorio, era un cupo real, tecnológico a lo que se podía instalar en cada momento.
Dado un precio, dependía de en cuántas zonas del territorio soplara el viento más de cierto número de horas, y eso era lo
que se podía instalar.
Cuando la tecnología ha mejorado y los costes iban reduciéndose con una prima igual, era posible instalar en zonas cada vez con menos viento, es decir, había un componente tecnológico que hacía que esa regulación funcionara
perfectamente y se autorregulara. La tecnología del sector fotovoltaico no tiene las mismas características. La capacidad de instalación de generación fotovoltaica en España es tan enorme que, con la capacidad que instaláramos de fotovoltaica en
zonas planas con una parte importante de insolación, etcétera, podríamos cubrir probablemente gran parte de la demanda eléctrica de Europa. Tenemos una enorme capacidad de instalaciones fotovoltaicas, además con costes prácticamente idénticos.
Zonas de la provincia de Teruel, de Badajoz o de Toledo tienen insolaciones idénticas, costes idénticos, porque el terreno es más o menos similar, están a la misma distancia de instalaciones, subestaciones o de líneas eléctricas; por lo tanto, en
el momento en que los costes quedan por debajo de la prima establecida, el incremento en la capacidad de producción puede ser gigantesco, y esto es lo que ha ocurrido; tan sencillo como eso. No se ha instalado más en producción fotovoltaica este
año porque el sector no estaba preparado para hacerlo; no había más producción española, no había más instaladotes, y no había tiempo para pedir más licencias, pero la tecnología no ha autorregulado el sector, a diferencia de lo que ocurría con la
energía eólica. Por eso ha sido necesario realizar un diseño regulatorio distinto, en el que los precios se van ajustando conforme va aumentando la capacidad.



En la propuesta que realizamos el propio mercado da señales de precios, y hace que se ajusten en función de estas señales. Es una propuesta en la que se abren determinados cupos de potencia, un determinado precio. Si el cupo queda
completamente lleno, ese precio se reduciría, porque es un indicador de que la tecnología ofrece costes por debajo de ese cupo, y que por lo tanto es posible reducir los precios trimestralmente, como ha mencionado, en porcentajes pequeños. Sin
embargo, si en ese momento el cupo no se llena, se llena menos de la totalidad o en un cierto porcentaje, el precio se mantendría. Estamos en un momento en que los costes se están aproximando a las primas; incluso se contempla la posibilidad de
que, si no se llenara prácticamente nada, por debajo del 50 por ciento, estaría dando una señal de que tal vez incluso la reducción ha sido excesiva, y se podría dar una subida de nuevo en esas primas para que estuvieran más ajustadas a costes con
este mecanismo. Es un mecanismo automático, bastante predecible, porque el sector seguramente predice mejor que la propia Administración cuáles son las capacidades tecnológicas; sabe que a un determinado precio el cupo que se pone a disposición se
va a llenar y, por lo tanto, que se va a producir una reducción en los costes. Es un mecanismo transparente y al mismo tiempo -me gustaría añadir esto- da mucha seguridad jurídica a las empresas, porque en el momento de acceder a ese cupo la
empresa conoce perfectamente cuál será la retribución que obtendrá cuando termine de realizar su inversión, algo distinto de lo que ocurría en estos momentos, en que se realizaba una inversión, pero si por alguna razón la normativa cambiaba antes de
que la inversión terminara, que podía ser más o menos larga -seis meses o un año-, el que había iniciado las inversiones estaba sujeto a ese cambio regulatorio. Con el nuevo mecanismo, cada vez que alguien accede a ese cupo, realiza una planta y se
inscribe para realizarla en ese cupo, sabe exactamente cuál va a ser la retribución que va a obtener. Por supuesto, tiene un periodo máximo para realizar la inversión de dos años, porque es el que razonablemente parece que, aun encontrándose con
todas las dificultades administrativas, tecnológicas, etcétera, le permitiría realizar la inversión. Realmente el modelo va a dar ese marco de estabilidad jurídica.



En cuanto al mantenimiento del empleo, en el año anterior a este año 2008 se estaba instalando en una capacidad por debajo de esos 500, y la producción era española. Este año ha habido una enorme cantidad de importaciones. Según nuestros
cálculos, de los 1.500 ó 1.800 megavatios que se van a instalar no más del 30 por ciento, siendo muy optimista, van a ser de producción nacional, por lo que estamos hablando de no llegar a esos 500 megavatios seguramente de producción nacional este
año. Lo que nos indica la experiencia y lo que ha pasado en otros países es que la producción nacional en cualquier país siempre se instala antes que la que viene de fuera, porque el coste de transporte en esta tecnología no es negligible, es
importante; es mucho más importante que el coste de la mano de obra de fabricación de los paneles. Seguramente lo importante es la


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tecnología -efectivamente, tener acceso a una buena tecnología- y el coste del transporte. Por lo tanto, tenemos la seguridad de que con ese cupo y con una producción nacional en ese entorno, que es donde se ha situado este año, se va a
instalar la producción nacional; una parte seguramente también podrá exportarse, si nuestras empresas son competitivas, lo cual sería por supuesto muy deseable, y no va a haber un problema importante en el sector.



Las modificaciones sobre borradores anteriores no son sustanciales. Las peticiones del sector han ido dirigidas a corregir elementos técnicos mayoritariamente, sobre las que hemos trabajado con ellos, y el otro elemento ha sido seguramente
el de amortiguar el cambio de un sistema al otro, y de nuevo ahí hemos estado trabajando con el sector. Pero dando todo este apoyo al sector fotovoltaico, que es muy importante, tampoco debemos olvidar que no podemos pensar aisladamente en el
sector fotovoltaico. Tenemos que buscar un equilibrio total que vaya más allá del sector fotovoltaico, que vaya a otros. Sin duda nos preocupa también a todos -y seguramente a todos los portavoces que han intervenido- la competitividad del sector
industrial, de sus pequeñas y medianas empresas, y les preocupa la competitividad de las grandes empresas.
También hemos de conseguir que estas tecnologías sean sostenibles económicamente, no solamente que tengan una sostenibilidad ambiental, sino
que esa sostenibilidad tiene que ser en un concepto amplio. El coste de la energía fotovoltaica en estos momentos, con la prima actual que está en torno a los 45 euros, es muy elevado, frente a los entre 7 u 8 euros del mercado mayorista; es
elevado. La propuesta va a conllevar una reducción importante, sin duda, de 45 a 29; una reducción casi del 35 por ciento, que es la que se ha venido barajando. Va a ser una reducción importante, pero aun así, sigue siendo una energía cara, que
representa un porcentaje pequeño de la producción eléctrica -en estos momentos en torno a un 0,7 por ciento- pero que pesa en el coste. Por lo tanto, hay que buscar una propuesta que sea asumible por el sector industrial que está liberalizado en
estos momentos, y no está sujeto a ningún tipo de tarifa que le proteja de los incrementos de los costes de la energía, así como por el sector doméstico que sería un componente más de este déficit que existe.



La propuesta que se está barajando supone alrededor de un 0,8 por ciento de la tarifa eléctrica para el año próximo. Creemos que eso es asumible y que es sostenible, pero con incrementos mucho más grandes que estos empezaría a pensar que ya
no lo son. Por tanto, hay que barajar esos dos componentes: el apoyo al sector, la apuesta por las energías renovables, la apuesta por la tecnología, por un sector pujante en el que España puede jugar un papel muy importante, pero este ha de ser
compatible con que el precio de la electricidad es un elemento y es un input importante para la producción de otras muchas industrias; eso no lo podemos olvidar.
En ese sentido es un avance importante; es un tema complicado y difícil, porque es
un cambio regulatorio importante; necesario, en cualquier caso, porque había terminado el marco anterior para la energía fotovoltaica, pero que creo que puede sentar una base de regulación -y yo creo que de buena regulación- para otras energías
renovables. Por supuesto, estaré dispuesto para cualquier aclaración adicional sobre la propuesta.



En cuanto a la energía de las olas, que ha comentado el señor Erias, es una energía que está todavía en una situación bastante diferente; está mucho más atrasada en su proceso; estamos todavía en una fase casi de prototipos, y así es como
se va a incluir en el Plan de Energías Renovables 2011. Hay que evaluar dentro de algunos años cuál ha sido la mejora tecnológica que se ha producido, y entonces se podrán plantear -si se ha producido una mejora tecnológica importante- unos
objetivos, unas primas, etcétera; pero en estos momentos todavía está bastante lejos de aproximarse a estas otras tecnologías. Por lo tanto, para el marco regulatorio hemos de esperar a ver cuál es la evolución de la tecnología.



Respecto al canon verde que ha mencionado, esta es una competencia fiscal, y respondo con esto a otros temas fiscales que han ido surgiendo, en los que yo, obviamente, puedo tener mi opinión personal, pero no son parte de las competencias ni
de mi ministerio ni de mi secretaría. He mencionado, cuando he hablado de la Ley de eficiencia energética y de energías renovables, que en esa ley se tienen que contemplar aspectos de fiscalidad verde -o es susceptible de que lo haga-, pero no
quiero manifestarme en estos momentos sobre posibles aspectos de esta fiscalidad verde sobre el agua embalsada, ni tampoco hacer efectos anuncio que no tengan luego contenido.



La interconexión con Francia. La interconexión con Francia tiene una doble interpretación. Una -creo que muy positiva- es que se ha conseguido realizar una interconexión con Francia, algo complejo -ustedes lo conocen bien-. Es la primera
interconexión nueva que se realiza en treinta años.
Esto demuestra la dificultad enorme que han ido teniendo todos los gobiernos para llegar a un acuerdo con Francia y mejorar la interconexión. Era algo muy complicado de conseguir. El papel del
coordinador europeo y el apoyo de la Unión Europea han sido muy importantes -lo he dicho antes y lo vuelvo a decir-, y yo creo que eran necesarios y eran fundamentales. La Unión Europea nos impone unos objetivos y nos habla de un mercado interior
de la energía, movimiento de capitales, movimientos de bienes, y por lo tanto ha de ser consecuente, y cuando existe un problema de interconexión entre dos países, que bilateralmente no se resuelve, es su obligación ayudar a resolverlo y buscar una
propuesta conjunta. Por lo tanto creo que hemos avanzado de forma importante en ese tema. En cuanto a la planificación, está contemplada. En el momento de cerrar la planificación -que fue en el mes de mayo- no se había cerrado el acuerdo todavía
con Francia, porque estábamos pendientes de obtener el último informe del comité Monti y, por lo tanto, la planificación deja abiertas varias vías. Describe un poco cuál es la interconexión, pero dado que había aspectos sin cerrar, recoge esas
alternativas. Recordemos que la plantificación se revisa anualmente, en cualquier


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caso, y en la primera revisión ya se pueden poner aspectos más concretos.



Elementos más particulares. La propuesta que se vio en la reunión de alto nivel de Zaragoza y que se acordó entre los dos Estados respeta la propuesta realizada por el comisario Monti. En esa propuesta se analizan todo un conjunto de
detalles, técnicamente, con bastante cuidado: el soterramiento, se analiza incluso una línea submarina, como alternativa a las distintas posibilidades de soterramiento -soterramientos parciales, totales-, y para distintos tramos, aceptándose esa
propuesta. Debo decir, con respecto al tema del soterramiento, que en algunas ocasiones se produce una cierta confusión sobre cuál es la línea y cuál es la propuesta a soterrar. Estoy hablando del tramo Santa Llogaia-Baixàs, que es el tramo
fronterizo. Es cierto que el propio informe Monti realiza un análisis de líneas próximas a esta, y se habla del Sentmenat-Santa Llogaia, que en algún momento, cuando se realizó ese mandato por parte del Parlamento Europeo, todavía no se había
iniciado y podía formar parte de una interconexión. La situación al momento de realizar los estudios era otra. Se había avanzado en el Sentmenat-Bescanó, que estaba en ejecución. Se había avanzado en el Bescan-Santa Llogaia que estaba en consulta
pública y, por lo tanto, lo que se considera interconexión, que además tiene en torno a 25 ó 30 kilómetros a cada lado de la frontera y por lo tanto es lo razonable, es el Santa Llogaia-Baixàs. Hablar de una distancia mayor, obviamente, se podría
llegar hasta cualquier otro lugar del territorio, tanto hacia el norte como hacia el sur, pero esos 25 kilómetros son los que estrictamente se pueden considerar interconexión.
La propuesta es una propuesta de línea soterrada en esa zona, es una
propuesta de corriente continua, frente a la corriente alterna que fue objeto de estudio; una propuesta realizada en este informe, que tiene técnicamente algunas pequeñas dificultades frente a la conexión en corriente alterna -no lo oculto-, pero
que la tecnología actual hace que sean cada vez menores. Esto, desde luego, es lo que han dicho los informes de Red Eléctrica que fue consultado, y es el operador del sistema y el transportista y el conocedor de estos detalles y el que puede opinar
por lo tanto sobre este tema mejor que nadie. Es una conexión, por lo tanto, en corriente continua, lo cual hace que las previsiones en cuanto a la cantidad exacta de la interconexión, como siempre se habían contemplado como una corriente alterna,
puedan modificarse, porque una de las posibles ventajas de la corriente continua es que dé lugar a más paso de electricidad.



El proceso en el que yo tuve la fortuna de participar en sus últimas fases -yo creo que asistí a las dos últimas reuniones, tanto en Girona como en Persignan, en la parte francesa- fue muy trasparente. He estado físicamente allí, lo puedo
constatar, reuniéndonos en la Delegación del Gobierno con todos los agentes sociales de la zona. Creo que hubo un proceso en el que además todas las preguntas, comentarios y argumentos que fueron tratándose -el comité Monti hizo un excelente
trabajo- se respondían puntualmente, se analizaban uno a uno, y se iba dando respuesta sobre las posibilidades de cada uno de ellos, los problemas y las ventajas. Aunque el señor Canet dice que está en contra de la interconexión, lo cierto es que
hay una actividad económica en la zona muy importante. Es una zona con mucha actividad económica -la conocerá seguramente todavía mejor que yo- y los propios empresarios de la zona reclamaban la interconexión, porque decían que se estaba
estrangulando su crecimiento, y repito que son palabras que escuché en estas asambleas.
Por lo tanto, la alternativa a la MAT, línea de muy alta tensión, hubiera sido localizar centrales de producción en la zona para suministro. El impacto
ambiental seguramente -y creo recordar que esto también se veía en el informe- hubiera sido mucho más alto y las ventajas menores, porque la seguridad de suministro que nos reporta una interconexión con el resto de Europa es mucho mayor que el de
unas centrales localizadas allí. Creo que se ha optado por una buena decisión, aunque al principio no se excluyó tecnológicamente ninguna y se analizaron todas ellas en detalle.
La conexión que ya se está haciendo desde Sentmenat hacia Santa
Llogaia en estos momentos va a permitir, en cualquier caso, aliviar fuertemente los problemas que podía haber tenido la zona. De forma que, aunque la interconexión hacia Francia se haga en el 2011, los otros dos tramos estarán preparados antes para
que no existan problemas en el suministro.
No sé si he contestado todo lo referente a la línea. Espero que sí.



Regreso, señor Erias. El impuesto especial sobre electricidad está transferido a las comunidades autónomas. Son estas las que lo gestionan.
En este momento no puedo darle ningún dato adicional, pero por supuesto los pediré a la Agencia
Tributaria, que supongo que es la que tiene las cuantías recaudadas cada año -seguramente nosotros también lo podemos calcular conociendo el consumo eléctrico sobre las cantidades-. Es un impuesto transferido y, por lo tanto, son las comunidades
autónomas las que lo utilizan.



Me ha hablado de la calidad de suministro. Yo he hablado de muchas cosas en mi intervención, ya lo sé, era la primera y además quería dar una foto global, pero sí que hablé algo de la calidad de suministro. De hecho dije que la garantía de
suministro no solamente es tener suministro, sino tenerlo de calidad. Hice algunas menciones al reciente modelo de regulación aprobado al final de la anterior legislatura, que conlleva mejoras cuantitativas y cualitativas en la retribución. He
hablado de un nuevo modelo de retribución a la distribución, en el que se introducen incentivos a la mejora de los índices de calidad del suministro eléctrico, la reducción de los costes, y un nuevo paso a dar, en conjunto con las comunidades
autónomas, para desarrollar contenidos de esta nueva regulación. La calidad de suministro -estoy de acuerdo- es muy importante, y creo que se va a avanzar en esta línea.



Con respecto al ATC, almacenamiento temporal centralizado de residuos, se constituyó como sabe un comité interministerial; la última reunión la hemos tenido este mismo mes de septiembre -creo que la primera reunión de esta legislatura ha
sido la primera semana de septiembre, no se había reunido desde las elecciones-,


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retomamos el tema centrándonos en las medidas para poner en marcha este ATC. Considero que es muy importante, ya que la seguridad es un tema en el que estamos todos de acuerdo -ha habido otras intervenciones sobre esto-; independientemente
de cuál pueda ser nuestra postura sobre el sector nuclear, la seguridad es un punto común a todos. Es fundamental y creo que esa ATC puede favorecer enormemente la seguridad del sistema.
Así se ha visto en otros países donde se ha decidido
construirlos y, desde luego, es un mecanismo más seguro que otros alternativos. En cualquier caso, considero que es una decisión muy importante, y por supuesto también estaré dispuesto a informarles puntualmente sobre cualquier decisión que se
tome, porque creo que debe ser una decisión consensuada con todas las administraciones y con todos los partidos políticos, que seguramente deberá tomarse en los próximos meses.



El señor Canet hablaba de seguridad. Me reitero en lo que acabo de decir.
La seguridad me parece fundamental. La posición del Gobierno es la de no construir centrales nucleares en esta legislatura. Se ha reiterado en muchísimas
ocasiones, y se contempla el criterio de vida útil de las centrales, manteniéndolas mientras pervivan en esa vida útil.



Con respecto al tema del Consejo de Seguridad Nuclear y las comunidades autónomas, en la última modificación de la Ley del Consejo de Seguridad Nuclear se ha creado un comité asesor en el que participan las comunidades autónomas, con lo cual
se ha demostrado una sensibilidad a la participación de las mismas en el consejo. El reglamento de instituciones nucleares y radiactivas de este mismo año -enero de 2008- también ha incluido la obligación de incorporar al procedimiento de
autorización de construcciones de este tipo de instalaciones alegaciones u observaciones de las comunidades autónomas. Por lo tanto, se está considerando cada vez más el papel de las comunidades autónomas en todos los aspectos de seguridad nuclear.
No puedo estar de acuerdo con la idea de desestimar la instalación de la ATC, lo acabo de mencionar ahora mismo. Sobre el tema de la fiscalidad, repito que creo que no está en las competencias de mi secretaría, y por lo tanto preferiría no
pronunciarme.



En cuanto a la captura y almacenamiento de carbono e I+D ha habido una pregunta directa sobre este tema y otra general sobre el I+D en materia de eficiencia y energías renovables. Creo que es fundamental incentivar e impulsar el I+D en el
sector energético. El programa marco de la Unión Europea en su última versión -el séptimo programa- ha aumentado la dotación para energía y cambio climático, y en el Plan Nacional de I+D+i que se ha puesto en marcha este mismo año por primera vez
se diseña una estrategia de energía y cambio climático, que hasta ahora no existía.
Creo que eso reconoce la importancia de la investigación, el desarrollo y la tecnología en este sector.



Una de las líneas sin duda muy importante es la captura y almacenamiento de CO2. Se le va a dar un impulso desde luego con ese plan. La creación de la ciudad de la energía fue un elemento también que impulsaba este tipo de tecnologías.
Puede convertirse en una de las soluciones del futuro para reducir emisiones e incluso para mantener o impulsar un sector como el del carbón, en el que he dicho que tenemos todavía recursos autóctonos. Por lo tanto, es un tema importante en el que
España debe posicionarse. La Comisión Europea está realizando una oferta para instalar centros de captura y almacenamiento de CO2 dentro de los distintos Estados miembros. Todavía no ha fijado exactamente cuál va a ser la propuesta en términos de
financiación, localizaciones, etcétera, pero creo que España debe posicionarse, por su tamaño, por su potencialidad en el sector de carbón y por la existencia de ese recurso propio, en la lista de candidatos a tener uno de los centros para
investigar en ese tema.



En cuanto al Plan del Carbón por supuesto se mantienen los compromisos, y se está ejecutando con éxito en sus distintas líneas. Tampoco tendré ningún inconveniente en hacerles llegar los datos sobre la ejecución de este año y cómo está
funcionando. Se están negociando con Bruselas -ya se negoció en su momento la totalidad del plan- los detalles de cada una de las líneas. Por lo tanto, creo que es un elemento también muy importante en el que debemos incidir y por el que debemos
apostar.



Por último, cierro con el tema de las energías renovables. No ha habido continuos cambios en las políticas tarifarias. Ha habido revisiones de las distintas regulaciones, que han sido necesarias en un contexto de estabilidad regulatoria,
sobre todo cuando tenemos una tecnología cambiante. Lo ideal es hacer un diseño lo más estable posible a largo plazo y esa ha sido la pretensión con la reforma para la energía fotovoltaica. En cualquier caso, es difícil anticipar en estos momentos
cuál será la situación de la energía fotovoltaica o de cualquier otra energía renovable- dentro de cuatro años. Anclarnos en una regulación en ese momento y no permitir revisarla tampoco tendría sentido, porque no hacerlo estaría perjudicando al
propio sector. Por tanto, comparto esa visión de estabilidad regulatoria. Hay que mantenerlo y revisarlo cuando se crea que puede mejorar más para dar todavía más incentivo a las energías renovables.



Me disculpo si he dejado algún tema, pero, como tengo las notas, responderíamos con los datos pertinentes.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Marín, por su comparecencia en esta Comisión y por sus explicaciones, y, efectivamente, las preguntas que se hayan formulado y que no haya contestado, puede hacerlo en el plazo de tiempo que prevé
el Reglamento.



Señorías, no hay más turnos; si quieren alguna aclaración. (El señor Erias Rey pide la palabra.) Tiene la palabra por dos minutos.



El señor ERIAS REY: Quería preguntarle, señor secretario general, por la regasificadora de Canarias, que no me ha contestado a ello. También por la supresión de la tarifa de los grandes consumidores de energía. Por


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último, en el decreto que probablemente se apruebe mañana, ¿va a haber ese periodo transitorio o no?


El señor PRESIDENTE: Señor Canet.



El señor CANET I COMA: Para no generar falsas expectativas en el tema de la MAT, no he entendido bien si me decía que el soterramiento -he tomado buena nota de lo que era interconexión- es en el tramo Santa Llogaia-Baixàs completo o no, es
decir, me ha quedado claro que el tramo de Sentmenat-Bescanó no pero me gustaría saber qué tramo considera usted que se va a soterrar.



El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo quiere puntualizar algo más? (Pausa.)


Tiene la palabra el señor secretario general si está en condiciones de contestar a estas últimas preguntas.



El señor SECRETARIO GENERAL DE ENERGÍA (Marín Uribe): La propuesta del coordinador -que se ha sido asumida por los dos gobiernos- es soterramiento en corriente continúa del tramo Baixàs-Santa Llogaia completo.



No he entendido lo del periodo transitorio. ¿Qué entendemos por periodo transitorio de la fotovoltaica? ¿Se refiere a ampliar la normativa que está en vigor?


El señor PRESIDENTE: Aclare su pregunta, por favor, señor Erias.



El señor ERIAS REY: El día 29 termina la normativa, ¿en ese momento la nueva entrará en vigor?


El señor SECRETARIO GENERAL DE ENERGÍA (Marín Uribe): Entiendo, se refiere al periodo de desfase. Esto ha sido una reivindicación continua del sector. Cuando empecé a reunirme en el mes de mayo decía que deberíamos ir con la máxima
celeridad posible para aprobar la normativa lo antes posible y poder abrir el 1 de octubre, con una normativa aprobada, el primer plazo para presentar las nuevas instalaciones. El sector ha vivido tiempos muy complejos y esto ha hecho que no haya
sido posible. Lo que estamos contemplando en estos momentos es adelantar los plazos de las primeras convocatorias -permítame que lo llame así- lo máximo posible para que pueda ser resuelta la primera convocatoria en un plazo breve, antes de final
de año, como si se hubiera abierto hace algunos meses, de forma que ese parón sea el menor posible. Sería prácticamente -no quiero abusar de esta terminología- como si tuviéramos una última convocatoria de 2008 el último trimestre de 2008. Eso
hubiera sido posible hacerlo con un real decreto tramitado en el mes de junio o julio y sacarlo el 1 de octubre. Desgraciadamente no ha sido posible. La propuesta final -que espero que sea aprobada- prácticamente será así, de forma que el parón
sea el menor posible.



Respecto a la tarifa de alta tensión me había preguntado por su proceso.
La tarifa de alta tensión desapareció en el mes de julio. Se ha producido una transición bastante suave, teniendo en cuenta un conjunto de factores como el elevado
número de clientes que había y el tamaño del consumo. Una parte importante ya estaba en el mercado libre pero otra parte no lo estaba. Sabemos que se están firmando contratos, la mayoría del sector tiene contratos. No anticipo grandes
dificultades, aunque, sin duda, es un cambio al que necesitan acogerse las empresas.



Con respecto a las regasificadoras, una está en Tenerife y está pendiente de la declaración de impacto ambiental. Ya he mencionado en algún momento de mi intervención el intento de avanzar en las autorizaciones para las infraestructuras.
Por tanto, es un tema que trataremos en la reunión que mantenemos con otros ministerios. La otra todavía tiene problemas con el Gobierno canario en cuanto a competencias en materia de ordenación del territorio a la hora de definir el proyecto es la
que se encuentra en Gran Canaria. Por tanto, la de Gran Canaria tiene algunos problemas con el Gobierno canario en la definición del proyecto y la otra está pendiente de la declaración de impacto ambiental. He tenido algunas reuniones con el
Gobierno canario sobre este tema y esta es prácticamente la situación en la que nos encontramos.



El señor PRESIDENTE: Levantamos la sesión no sin antes volver a reiterarle el agradecimiento y recogemos el guante para que nos dé información puntual cuando considere conveniente o cuando se lo pida esta Comisión.



Se levanta la sesión.



Eran las siete y veinte minutos de la tarde.