CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2008 IX Legislatura Núm. 71

MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y PESCA

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA ANTONIA TRUJILLO RINCÓN

Sesión núm. 5 celebrada el martes 16 de septiembre de 2008

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia de la señora secretaria de Estado de Cambio Climático (Ribera Rodríguez), para:


- Dar cuenta de la implementación de acciones que se están llevando a cabo en ejecución de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Energía Limpia. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000055.)...
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- Informar de las negociaciones sobre el paquete de la Comisión Europea relativo a cambio climático-energía limpia, en el marco del Consejo de Ministros de la Unión Europea. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de
expediente 212/000054.)... (Página 2)

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Se abre la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la mañana.



La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a comenzar la sesión de la Comisión de Medio Ambiente con la comparecencia de la secretaria de Estado, solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, bienvenidos diputados y
diputadas; después de las vacaciones de verano hemos tenido la oportunidad de encontrarnos en una Comisión de Medio Ambiente. Bienvenida, señora secretaria de Estado, y gracias por su comparecencia en esta Comisión para hablar de las negociaciones
sobre el paquete de la Comisión Europea relativo a cambio climático-energía limpia, en el marco del Consejo de Ministros de la Unión Europea, que había solicitado el Grupo Parlamentario Socialista. También comparece para hablar sobre la
implementación de acciones que se están llevando a cabo en ejecución de la estrategia nacional de cambio climático y energía limpia.



El debate se va a desarrollar, de acuerdo con las reglas que tenemos adoptadas en la Comisión de Medio Ambiente, interviniendo primero el grupo que ha pedido la comparecencia y después el resto se los grupos parlamentarios, de menor a mayor,
por un tiempo de quince minutos para cada uno de ellos.



Tiene la palabra la secretaria de Estado, sin límite de tiempo, para hablar sobre estas dos peticiones de comparecencia, que se han acumulado de acuerdo con lo establecido por la Mesa y portavoces celebrada la pasada semana.



Secretaria de Estado, tiene la palabra.



La señora SECRETARIA DE ESTADO DE CAMBIO CLIMÁTICO (Ribera Rodríguez): Dado que vamos a comentar las dos cuestiones solicitadas por el Grupo Parlamentario Socialista, si a ustedes les parece bien, les propongo un cambio de orden. Empezaré
por comentar las medidas de ejecución de la estrategia de cambio climático y energía limpia y pasaré después al paquete de la Unión Europea.



Quiero empezar mi intervención, agradeciéndoles su invitación a comparecer y el hecho de poder compartir con ustedes esta mañana del Día mundial para la preservación de la capa de ozono y el día en que se inicia la Semana de la movilidad
sostenible, impulsada por la Unión Europea y ya generalizada a otras muchas ciudades del mundo. Ambas cuestiones, hasta cierto punto, están relacionadas con el cambio climático y quizá como elemento más característico, sobre todo por lo que procede
del ozono y de lo que representa ese día mundial en el que se celebra el éxito de la acción multilateral para abordar un problema ambiental, debemos recordar el hecho de que el cambio climático constituye probablemente uno de los mayores retos a los
que debe hacer frente la humanidad, un proyecto de presente y, sobre todo, y seguramente para siempre, un reto de futuro asociado a nuestro modelo de desarrollo, a nuestro modelo de producción, de consumo y a la relación del hombre con los recursos
del planeta; un modelo de crecimiento basado, como saben, en la quema de combustibles fósiles desde mediados del siglo XIX. Se trata de un desafío global que requiere acción global pero también acción local.



Quizás el dato más interesante o más representativo en esta primera comparecencia en la Comisión de Medio Ambiente sería, a mi juicio, el hecho de que esta va a ser la primera legislatura en que España, el Gobierno, la sociedad española
cuenta con unas bases para afrontar el reto del cambio climático. La legislatura 2004-2008 estuvo caracterizada por la implantación de esas bases o pilares fundamentales para abordar la lucha contra el cambio climático desde lo que entendemos son
los cuatro pilares fundamentales de acción: reducir emisiones, es decir, conducir nuestro modelo de producción, nuestro modelo económico, hacia un modelo no intensivo en carbono; conocer mejor en qué consiste el cambio climático, qué efectos son
previsibles, de qué modo podemos cambiar a ese sistema productivo nuevo; adaptarnos a los puntos residuales del cambio climático, y, como cuarto gran pilar, contribuir a los esfuerzos globales para luchar contra el cambio climático sobre la base de
dos condiciones, que serían hacerlo de modo eficaz, abordar el problema afrontando la necesidad de ser eficaz en el plazo de tiempo de que disponemos, pero también sobre la base de un sistema equitativo en la distribución de los esfuerzos. Estos
cuatro pilares siguen siendo los ejes fundamentales hacia los que va a ir orientada toda la acción del Gobierno y yo diría que, en general, hacia los que se va construyendo la acción del conjunto de la sociedad española. Tenemos para ello la
estrategia de cambio climático y energía limpia que, a nuestro juicio, sigue siendo un pilar estable que debe guiar nuestra actuación en esta legislatura.



La segunda reflexión que me gustaría compartir con ustedes es que, a pesar de haber oído voces en estos últimos meses, la valoración que hace el Gobierno del escenario de cumplimiento adoptado el 24 de noviembre de 2006, en el momento en que
se aprobaba el II Plan Nacional de Asignación, sigue siendo válido. El escenario de cumplimiento aprobado por el Gobierno en la legislatura anterior sigue siendo, a nuestro juicio, complejo pero el que debe guiar nuestros pasos.



Repasemos brevemente el comportamiento de las emisiones de gases de efecto invernadero en la legislatura anterior. De hecho, uno de los datos más significativos es el que se produce desde mediados del año 2005 y se mantiene constante a lo
largo del periodo referenciado, y es que por primera vez observamos el tan ansiado desacoplamiento, es decir, el crecimiento de nuestra economía no va acompañado de un crecimiento de la demanda energética equivalente o por encima del crecimiento de
la riqueza sino, al revés, cada vez necesitamos menos energía para producir la misma o más riqueza. Son elocuentes los datos del producto interior bruto a lo


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largo del periodo y los datos del crecimiento de la demanda de energía final a lo largo del periodo, creciendo sistemáticamente la riqueza por encima de la energía. No se traduce de manera automática en un comportamiento equivalente de las
emisiones de gases de efecto invernadero porque esto va a depender de otros factores adicionales, fundamentalmente del mix energético, de cómo sea el modelo energético que empleemos para satisfacer esa cada vez menor demanda de energía. En el año
2006 se produce una bajada importante de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es un año en el que no contamos con la pluviometría media de España sino que está ligeramente por debajo, pero el importante peso de las energías renovables y la
disminución en términos reales y absolutos de la demanda de energía nos dan una disminución de las emisiones de manera importante. Este es el último año en el que disponemos de un inventario oficial de gases de efecto invernadero. Para el año 2007
tan solo disponemos de una parte significativa de las emisiones derivadas de las instalaciones que están incluidas en el ámbito del sistema europeo de comercio de derechos de emisión, que representan aproximadamente el 45 por ciento del total del
inventario. Disponemos, eso sí, de los datos relativos al producto interior bruto y de los que tienen que ver con el balance energético. De nuevo observamos una consolidación de esa tendencia, de nuevo observamos que si bien el producto interior
bruto creció un 3,8 en el año 2007, el incremento de la demanda de energía final respecto a la del año anterior crece solamente el 1,6. Los datos del sistema europeo de comercio de derechos de emisión nos muestran, sin embargo, que hubo un
incremento de las emisiones; un incremento del 3,8 para estas instalaciones en las que la práctica totalidad del crecimiento es imputable a un incremento de las emisiones de las instalaciones del sector eléctrico. Ciertamente este no es un dato
plenamente satisfactorio, pero también es verdad que hay distintos elementos en el trasfondo de esta información enormemente positivos e interesantes. El primero de ellos es que en el año 2007 consolidamos otro dato significativo, y es que la
combinación del esfuerzo de nuestro sector industrial y de un ordenamiento adecuado nos da como resultado que hemos mejorado casi un 4 por ciento la intensidad de las emisiones en nuestros sectores industriales. En segundo lugar, observamos que las
emisiones del sector eléctrico se ven incrementadas en un año en el que no ha existido en absoluto la pieza fundamental para incentivar un cambio en el modelo de generación, es decir, el precio de la tonelada de CO2.
Como consecuencia de una ligera
sobreasignación en el conjunto de los Estados miembros de la Unión Europea -no así en la aplicación que se ha hecho en España-, el precio de la tonelada de CO2 en el mercado europeo tiende a cero. Este hecho no se va a volver a producir nunca, este
hecho ya no es posible porque el siguiente Plan Nacional de Asignación ha sido mucho más restrictivo en el conjunto de los Estados miembros y porque todos los mercados de futuro desde el segundo semestre del año anterior nos muestran cómo el precio
de la tonelada oscila sistemáticamente entre los 22 y los 30 euros. De ahí que resulte bastante interesante ver cómo la combinación de las medidas adoptadas en el último semestre de 2007 junto con este incentivo, este factor del precio de la
tonelada de CO2, nos permiten manejar datos provisionales para el año 2008 ofrecidos por Unesa, por la patronal del sector eléctrico, que nos indican que a 31 de agosto de 2008 las emisiones del conjunto del sector eléctrico son casi un 17 por
ciento inferiores a las del año anterior. Mantenemos por tanto la senda, primero, de menos energía para la misma o mayor cantidad de riqueza y, segundo, la energía que consumimos es cada vez más sostenible, con un peso más fuerte del volumen de
energías renovables en el conjunto del total de la energía consumida en España. A nuestro juicio, todo apunta a que, a pesar de que puede haber pequeños dientes de sierra en la tendencia de las emisiones, las tendencias subyacentes, el
comportamiento de fondo es el adecuado y el escenario de cumplimiento sigue siendo el escenario válido manejado por el Gobierno. Esto no significa que nos vaya a resultar sencillo cumplir con ese escenario; simplemente significa -y esto ya de por
sí es importante- que el diagnóstico que hicimos es acertado y que, aunque todavía nos queda mucho por hacer, sabemos y tenemos identificadas cuáles son las líneas maestras de eso que nos queda por hacer.



¿A qué me refiero cuando digo que nos queda mucho por hacer? Básicamente contamos con un buen guión -el objeto de mi comparecencia hoy-, que es la estrategia de cambio climático y energía limpia, una estrategia para cuya aplicación es
imprescindible seguir fortaleciendo los cauces de cooperación y coordinación intra e interinstitucional a todos los niveles, tanto en el seno del Gobierno de la nación como con el resto de las administraciones públicas y los agentes sociales y
ciudadanos. Este es quizá uno de los elementos característicos de los primeros pasos dados por el Gobierno en el inicio de la legislatura 2008-2012, el fortalecimiento de esas relaciones de cooperación y coordinación a todos los niveles,
representada en primera instancia, en la instancia superior de las decisiones del Gobierno, con la creación de una Comisión delegada del Gobierno para el cambio climático, en la que están presentes nueve ministros -los dos vicepresidentes incluidos-
y nueve secretarios de Estado. Su misión es garantizar la gestión, la tutela, la vigilancia, la coherencia monográfica al más alto nivel por parte del Gobierno en las políticas de cambio climático y la identificación y orientación de cuáles son las
líneas estratégicas de legislatura que deben servir para la actuación sectorial.



El segundo referente lo tenemos -y en esto permítanme que les dé la enhorabuena- en el creciente interés del Parlamento por las cuestiones relativas a cambio climático. Les traslado desde aquí mi más sincera enhorabuena por la creación de
esa Comisión Mixta Congreso-Senado para Cambio Climático y cuenten ustedes


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con nuestra plena disponibilidad para todo aquello que puedan necesitar.
El tercer eje de trabajo, el trabajo con las comunidades autónomas, se nutre de una herramienta enormemente exitosa, como fue el acierto de crear un Comisión de
coordinación de políticas de cambio climático, que ha ido fortaleciendo el trabajo intenso con los gobiernos de las comunidades autónomas tanto en la aplicación de un régimen tan novedoso como es el sistema europeo de comercio de derechos de
emisión, como en la promoción de las estrategias de mitigación de cambio climático a nivel regional y de adaptación a los efectos del cambio climático. De hecho, a fecha de hoy ya son ocho las comunidades autónomas que cuentan con planes o
estrategias de mitigación adoptadas y son prácticamente otras tantas las que están a punto de hacerlo. Los entes locales Ceuta y Melilla pueden ir algo más retrasadas, pero trabajan también intensamente en esta materia.



Nuestra prioridad absoluta para la legislatura son los entes locales. Es allí donde probablemente estemos en condiciones de ganar la batalla al cambio climático. Desde el año 2005 venimos trabajando con una Red española de ciudades por el
clima, que ya cuenta con más de 200 municipios asociados, representando un porcentaje muy significativo del total de la población española. Tras un período intenso de identificación de indicadores, de prioridades, de herramientas básicas con las
que se puede trabajar y medir el modo en que adoptar actuaciones a nivel local, las ciudades acaban de suscribir un compromiso por el que se obligan a presentar planes de acción específicos con reducciones de emisión computables en el inventario
nacional. Son ellas también las que constituyen el centro de atención preferente de la comunidad internacional y las identificadas como actor político básico de primer nivel de cara a acercarnos a la Cumbre de Copenhague en el año 2009. Por ello
el Gobierno, junto con el Banco Mundial, ha decidido que la Feria Carbon Expo, que se celebrará en el año 2009 por primera vez en Barcelona, tras cinco años consecutivos en Alemania, deberá hacerse en paralelo a un gran evento en el que deben
participar los alcaldes, las ciudades, como síntoma de la representación y de la capacidad de trabajo de los entes locales en la mitigación de los gases de efecto invernadero y en la adaptación adecuada de nuestros ciudadanos a los efectos derivados
del cambio climático.



El cambio climático es además un factor determinante para el trabajo con la empresa y con los sindicatos, con los agentes sociales. Es más, probablemente el cambio climático no solamente constituye un gran reto por el tipo de medidas que
hay que adoptar o por el plazo de tiempo de que disponemos, sino que también es, sin lugar a dudas, el elemento catalizador más importante para buscar un nuevo patrón de crecimiento económico basado en nuevas tecnologías, en modelos sostenibles de
producción y, cómo no, en la competitividad en los mercados internacionales del futuro, donde ganará aquel que necesite menos para producir más. Todos los sectores de actividad prácticamente se van a ver afectados por un escenario donde factores
críticos, como la energía, presentarán nuevas dimensiones y donde vencerá aquel que genere menos impacto al entorno en una carrera en el comercio internacional. Ofrece, por tanto, magníficas nuevas oportunidades, nuevos nichos de empleo, nuevos
nichos de negocio. Este es un eje prioritario para el Gobierno, trabajar con las empresas para posicionarnos de manera temprana en esa carrera que ya ha comenzado, que es la carrera de la competitividad futura. Si esto es así, debemos saber
también que muy probablemente tendrá impacto en el tipo de empleo que podremos ir identificando. Por ello, queremos profundizar en lo que ha sido una experiencia pionera a nivel mundial, la creación de mesas de diálogo social, hoy elegidas por la
Organización Internacional del Trabajo como ejemplo tipo a seguir y recomendación básica para luchar contra el cambio climático a nivel nacional para todos los países. Deberemos identificar juntos nuevas oportunidades; en su caso, de qué manera
orientar preventivamente necesidades de recapacitación o reorientación del empleo y, por último, cómo no, mantener un nivel elevado de participación social en el proceso de toma de decisiones que afectan al conjunto de la sociedad española a través
de órganos de participación tan cualificados como el Consejo Asesor de Medio Ambiente y el Consejo Nacional del Clima.



Decía antes que el Gobierno sigue considerando perfectamente válido y exigente, como sabíamos que lo era en el momento de adopción, el escenario de cumplimiento por el que el Gobierno entiende que nuestro objetivo debe ser reducir las
emisiones a través de la acción doméstica a no más de un 37 por ciento de crecimiento con respecto al año base y que el resto, ese diferencial entre el 15 y el 37 por ciento, deben ser números porcentuales que consigamos en los mercados
internacionales de carbono y a través de políticas forestales y de sumideros domésticos. En primer lugar, empecemos por estos 22 puntos. ¿Qué ocurre del más 15 al más 37? De nuevo aquí nuestra percepción, nuestro análisis, a septiembre de 2008,
es que sigue siendo perfectamente válido ese escenario. Debemos adquirir 20 puntos porcentuales en los mercados internacionales de carbono, 20 puntos porcentuales que han sido repartidos a razón de 130 millones de toneladas de déficit asignadas a
las empresas a través del Plan Nacional de Asignación 2008-2012, su cuota parte de sobreemisiones con respecto al objetivo Kioto, y 159 millones de toneladas que deben ser adquiridas por el Gobierno a través de los mercados internacionales de
carbono, dando preferencia, en primer lugar, a las reducciones procedentes de proyectos de desarrollo limpio en países en desarrollo y, en caso de no resultar suficientes, a la compra de unidades de manera bilateral, siempre que el dinero sea
invertido sobre todo en energías renovables, en ahorro y eficiencia energética y en gestión ambientalmente adecuada de los residuos. Las principales novedades, por tanto, serían el mantenimiento de este criterio y los avances dados en el


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año 2008, con un incremento importante de la contribución del Gobierno de España al Fondo Español de Carbono, abriendo un segundo tramo de participación exclusivamente pública y, por primera vez, iniciando una contribución a un fondo de
iniciativas de inversión verde en el Banco Europeo de Inversiones. Seguimos trabajando, asimismo, con otros gobiernos de terceros Estados de manera bilateral para intentar ensayar ejemplos de trabajo bilateral conjunto gobierno-gobierno.



Respecto a los dos puntos porcentuales de sumideros, manejamos también datos actualizados. Nuestra previsión es que alrededor de un uno por ciento de ese objetivo, es decir, la mitad del objetivo, procede directamente de los proyectos de
reforestación financiados con cargo parcial a la política agraria común durante el periodo 1990-2007. A eso debemos sumar otros esfuerzos adicionales, de manera significativa a la recién presentada actuación del Plan de Forestación, generar una
plantación de 45 millones de árboles a lo largo de la legislatura en territorio fundamentalmente de la Administración General del Estado o concertado con otras administraciones o propietarios privados y avanzamos también en la identificación del
potencial de reducción de actividades agrícolas adicionales que, si bien es poco significativo, resulta interesante también como estímulo en el mundo rural.



Centrémonos en la reducción de gases de efecto invernadero para que las actuales emisiones no superen el más 37 por ciento al final del periodo.
La estrategia de cambio climático y energía limpia adoptada el año pasado venía acompañada de
un plan de medidas urgentes, 28 medidas urgentes que se entendieron que podían tener una mayor capacidad de generación de reducciones de emisión en el corto plazo, que hoy cuenta con un escenario de prácticamente pleno cumplimiento y que, por tanto,
incrementa esa activación de reducciones en espiral.



Junto a ello, el Gobierno, en esa Comisión delegada del Gobierno para el cambio climático, ha identificado las seis líneas estratégicas fundamentales de trabajo para la legislatura, de las que cinco están básicamente orientadas a los ejes de
reducción de gases de efecto invernadero y una, como veremos más tarde, a esa preocupación por conocer mejor qué significa el cambio climático para España y de qué modo podemos combatirlo. Centrémonos en estas cinco. Uno de los elementos más
destacables del trabajo de esa comisión delegada del Gobierno es que debemos ser conscientes de que luchar contra el cambio climático no supone trabajar en líneas paralelas, sino muy al contrario, si queremos tener éxito en las medidas de lucha
contra el cambio climático, debemos integrar de manera sectorial la preocupación por el cambio climático en cada uno de los ejes de actuación prioritaria del Gobierno en todos los departamentos ministeriales. Debemos ser conscientes de que la
coherencia, la integración del objetivo de la menor emisión posible es fundamental. Repasemos estas cinco líneas de mitigación.



La primera de ellas tiene que ver con la producción y el consumo responsable, con la generación de residuos y estiércoles. Es cierto que las emisiones imputables a este sector de actividad son porcentualmente muy limitadas en el conjunto
del inventario de gases de efecto invernadero a nivel nacional, pero también es verdad que queda mucho recorrido en el que podemos mejorar notablemente nuestra capacidad directa e indirecta para reducir emisiones. Disponemos de un marco de
referencia: el Plan Nacional Integral de Residuos. Un primer borrador fue presentado a los agentes sociales a principios del año 2008, comentado profusamente con comunidades autónomas y agentes sociales, y, tras un proceso de depuración, estamos
en condiciones de presentar un segundo borrador que esperemos que ya sea el definitivo en los próximos días. El objetivo es disponer de un marco de referencia para la política nacional en materia de gestión de residuos. La finalidad es generar
menos y gestionarlo de modo más eficiente. Esto requerirá profundizar en el trabajo sectorial e interadministrativo, pero con un calendario estricto y con unos objetivos ambiciosos en el medio y largo plazo.



En materia de política forestal, el Gobierno acaba de anunciar, tras su aprobación en el Consejo de Ministros celebrado el viernes de la semana anterior, la iniciativa de plantar 45 millones de árboles. A nuestro juicio, esto representa un
proyecto de enorme interés por el impacto que tiene tanto en las estrategias de mitigación de fijación de carbono en especies y espacios forestales, como de adaptación a los escenarios de cambio climático, a los escenarios de clima futuro más
probable. Tiene efectos positivos adicionales no solamente significativos por razones de cambio climático, también lo son por capacidad de fijación de suelo, por capacidad de actuación o de actividad en las zonas rurales, etcétera.



La tercera línea de actuación tiene que ver con la edificación. Persigamos una edificación más sostenible, persigamos objetivos en el medio y largo plazo que favorezcan un mayor porcentaje de autoabastecimiento de las necesidades
energéticas de los edificios. La legislatura anterior la cerramos con un notabilísimo éxito dirigido a los edificios nuevos y a las rehabilitaciones integrales. Son unos objetivos enormemente interesantes en esta línea de trabajo. Nos queda ahora
trabajar en el parque de viviendas y edificios existentes, tanto en las viviendas de uso residencial como en las viviendas de uso administrativo y en las infraestructuras turísticas. De nuevo, bajo este eje, bajo esta línea estratégica de trabajo,
el Gobierno ha anunciado en los acuerdos del Consejo de Ministros del 14 de agosto importantes innovaciones en este campo, comprometiéndose a presentar un plan Renove de vivienda y turismo antes de fin de año, comprometiéndose a manejar criterios de
eficiencia energética en edificios, introducidos en normas con rango de ley, y fortaleciendo determinados servicios prestados en ocasiones por el IDAE, pero también prestados y prestables por empresas del sector privado, que permitan generar
productos que financien esa transición en los


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edificios a consumos mucho más eficientes; servicios energéticos en vivienda que pueden generar una interesante actividad de consultoría y de financiación.



La cuarta línea estratégica en el ámbito de la mitigación de gases de efecto invernadero impulsada por la comisión delegada del Gobierno es la que tiene que ver con la movilidad sostenible; movilidad que es algo más que política de
infraestructuras o políticas industriales de combustibles o política fiscal. Es probablemente la integración de todo ello, de gestión de la demanda, de innovación en la producción de vehículos, de I+D tanto en vehículos como en combustibles o, en
su caso, con las mejores fórmulas de ordenación del suelo para que sean más eficientes las demandas del servicio de transportes y, cómo no, también de infraestructuras y de cambio modal. Nuestro objetivo es poder presentar una estrategia de
movilidad sostenible en el corto plazo para poderla discutir con los agentes sociales y con las administraciones, con vocación de determinación de principios, de criterios coherentes que faciliten la movilidad de nuestro país, pero también con
vocación operativa, con vocación de trasladar medidas que ayuden a facilitar que esa movilidad tenga lugar de manera sostenible. Trabajaremos con los ayuntamientos, con las comunidades autónomas y con los distintos operadores afectados.



Hemos visto como en las últimas semanas el Gobierno ha venido anunciando algunas líneas maestras de este eje prioritario, tanto en la promoción del transporte de mercancías por ferrocarril, con el compromiso de presentar un plan en esta
dirección antes del 31 de octubre de 2008 al Consejo de Ministros, como con la promoción de los vehículos menos emisores, dando señales también a consumidores y productores de vehículos en un horizonte en el que se entremezcla la discusión normativa
que está teniendo lugar en Bruselas, en el seno de la Unión Europea, como la promoción de proyectos de I+D de movilidad sostenible en esta dirección y, cómo no, el resto de herramientas de gestión de la demanda y política fiscal. Existe también un
compromiso del Gobierno, procedente de la legislatura anterior, que tiene que ver con un marco normativo estable en esta materia, con la regulación, en una norma con rango de ley, de los principios básicos que deben orientar las políticas de
movilidad y las herramientas de coordinación fundamentales que nos pueden llevar al éxito. Trabajaremos también para que esto sea así.



Finalmente, la última línea de mitigación fundamental, que en gran medida englobaría parte de las anteriores, es la que hemos denominado sostenibilidad energética. Profundizar en esos datos básicos que comentaba con anterioridad: menos
energía, más eficientes y aquella que consumamos que sea fundamentalmente de carácter sostenible, de carácter renovable. El Gobierno se ha comprometido a remitir al Parlamento un proyecto de ley de eficiencia energética y energías renovables y, de
hecho, ha renovado su compromiso adelantando que se pueda poner a disposición del Consejo de Ministros un primer borrador antes de que acabe diciembre de 2008. También esta va a ser una legislatura interesante en esta materia, porque tendremos que
buscar la plena complicidad y coherencia con los objetivos de prospectiva energética a medio y largo plazo y los objetivos en los que estamos trabajando conjuntamente en el seno de la Unión Europea en el horizonte de 2020.
Deberemos revisar los
objetivos de los planes de energía renovable y de eficiencia energética con esta perspectiva de plena coherencia en el horizonte de 2020.



Decía que el segundo gran eje de trabajo está orientado a conocer mejor para estar mejor preparados. Aquí la Comisión Delegada del Gobierno de Cambio Climático ha subrayado como elementos transversales básicos dos binomios: eficiencia
energética, energía renovable y cambio climático del lado de la mitigación y agua y cambio climático del lado de la adaptación como principal vector generador en cadena de impactos o transmisor en cadena de los impactos del cambio climático.
Necesitamos de herramientas de modelización -conocer mejor cómo nos puede afectar el cambio climático- pero necesitamos también promover tecnologías y nuevos ejes de actividad económica, como venía comentando con anterioridad. Necesitamos
herramientas que apoyen adecuadamente el proceso de toma de decisión, conocer mejor cuál es la mejor opción. De ahí, entre otras cosas, la anunciada creación de un instituto de investigación de cambio climático en Zaragoza la semana pasada.
Necesitamos, también, poder resumir, poder sintetizar, el estado del conocimiento en España de manera periódica, disponer de información ordenada que permita orientar el proceso de decisión. De ahí nuestra voluntad de poder establecer una especie
de informe periódico básico sobre el estado del conocimiento del cambio climático en España. Contamos con algunas herramientas impulsadas desde la legislatura anterior. Seguramente, la más significativa ha sido identificar cambio climático y
energía limpia, como uno de los cuatro factores fundamentales en las prioridades de las políticas de I+D en nuestro país, con la reciente publicación de la acción estratégica de I+D+i en este campo: energía-cambio climático, con cuatro subprogramas
específicos dedicados a eficiencia energética, energías renovables y carbón limpio, dedicados al cambio modal hacia sistemas de transporte sostenibles, a la edificación sostenible y a la mitigación no energética, a la observación del clima y la
adaptación. Una acción estratégica para la que el plazo de presentación de solicitudes acabó precisamente ayer.
En estos años se ha hecho un enorme esfuerzo de concentración, de identificación, en materia de investigación y observación de impactos
posibles de clima pasado, pero también de orientación prospectiva a futuro. Quizá por ello, como elemento simbólico importante, hemos conseguido -y yo creo que esto es algo de lo que todos nos debemos felicitar- que España cuente con un
representante en el buró, en la mesa del Panel Intergubernamental del Cambio Climático; uno de los vicepresidentes de este buró es español, el catedrático


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José Manuel Moreno de la Universidad de Castilla-La Mancha, elegido hace apenas diez días en el plenario de Ginebra.



El tercer eje fundamental, si ya orientamos la acción hacia una economía menos intensiva en carbono, hacia una transformación por una economía no lesiva, o menos lesiva, del sistema climático, si orientamos la acción hacia el campo de
conocer mejor el cambio climático en España para estar mejor preparados, la tercera línea natural de actuación es la de disponer de herramientas que nos permitan adaptarnos preventivamente a los efectos del cambio climático. De nuevo aquí iniciamos
la legislatura con algunas de las piezas básicas ya instaladas, para poder seguir trabajando, para poder seguir profundizando en esa misma dirección. Les recuerdo que en julio del año 2006, el Consejo Nacional del Clima aprobó el Plan nacional de
adaptación al cambio climático, remitido posteriormente a Consejo de Ministros durante el mes de octubre. El Plan nacional de adaptación al cambio climático identificaba las grandes prioridades para nuestro país: líneas de trabajo que no se
acabarán probablemente nunca, sobre las que será necesario seguir profundizando y actualizando nuestro conocimiento, cada vez más próximo y más certero en el espacio y en el tiempo. Líneas de trabajo que permiten, en primer lugar, conocer mejor los
escenarios climáticos. Disponemos ya de una primera familia de escenarios climáticos regionalizados para España, y constituye una línea de trabajo permanente, constante, en mejora sistemática, pilotada por la Agencia Estatal de Meteorología,
acompañada de un programa intenso de fortalecimiento de nuestro sistema de observación del clima.



Los otros tres ejes prioritarios del Plan nacional de adaptación han sido los trabajos en recursos hídricos. Como decía antes, el agua, en un país con un clima de transición como España, resulta un elemento capital para ser observado y para
ser introducido desde el punto de vista del cambio climático y de la planificación hidrológica, con el fin de garantizar una respuesta adecuada a medio y largo plazo, pero, también, el trabajo en el seguimiento de impactos en nuestros ecosistemas
-un trabajo pilotado, junto con el Gobierno de Portugal, por distintas universidades y con afectación creciente a centros de investigación españoles- y el impacto en el litoral, tanto por la importancia que tiene desde el punto de vista físico y
geográfico, como por la cantidad de actividades económicas y la cantidad de centros urbanos próximos a nuestro litoral. En el año 2007 empezamos un segundo programa en el que de común acuerdo, por práctica unanimidad entre todas las
administraciones, identificamos aquellos sectores de actividad económica en los que entendíamos que debería ser prioritario empezar a conocer mejor y adaptarnos preventivamente a los posibles cambios que pudieran proceder de los efectos del cambio
climático. Me estoy refiriendo a los programas de trabajo en turismo, en agricultura, en bosques y en salud, de nuevo, de manera todavía muy incipiente, y en la determinación de las premisas metodológicas sobre las que deberemos seguir trabajando.



Todas estas líneas de trabajo doméstico deben ser completadas con nuestro cuarto objetivo: ser una parte activa, comprometida, en la búsqueda de soluciones a nivel multilateral, en la identificación de los esfuerzos que la comunidad
internacional debe llevar a efecto para poder luchar de manera eficaz contra el cambio climático, con las dos condiciones antes comentadas: eficacia -nada tiene sentido si no somos capaces de abordar un manejo de actuaciones que permita evitar esas
interferencias peligrosas con el sistema climático; deberemos identificar cuál es el riesgo máximo que estamos dispuestos a asumir, y cuáles son las medidas que nos permitan garantizar que este no llega a materializarse- y equidad en el reparto de
esfuerzos. Es en este contexto donde cobra especial importancia la segunda parte de mi comparecencia: el paquete de energía y cambio climático presentado por la Comisión Europea en enero de 2008.
Saben ustedes que fue el Consejo Europeo en
primavera de 2007 el que marcó los objetivos fundamentales de la política europea para los próximos años. En primer lugar, el Consejo Europeo entiende que la Unión Europea debe mantener el liderazgo en el proceso de búsqueda de soluciones a nivel
multilateral dando ejemplo, y que por ello está en condiciones de abordar un compromiso unilateral de reducción de emisiones en el horizonte 2020 del 20 por ciento con respecto a las emisiones del conjunto de los Estados de la Unión Europea en 1990.
De hecho, como incentivo para la pronta consecución de un compromiso multilateral, la Unión Europea anuncia que de darse esfuerzos equivalentes en el resto de los países, en el resto de las partes de la Convención marco de Naciones Unidas sobre
cambio climático la Unión Europea, incrementaría su objetivo de reducción del 20 al 30 por ciento. Para hacer esto introduce una interesantísima señal dirigida a las empresas, a los consumidores y a los gobiernos desde otra perspectiva. Es
imprescindible alcanzar el objetivo de que al menos el 20 por ciento del total de la energía consumida en Europa sea de origen renovable. Para ello, el Consejo Europeo entiende que todos los Estados miembros deberán disponer de objetivos
vinculantes, y en particular es más que probable que el 10 por ciento del conjunto de los combustibles para el transporte consumidos en este momento, en el horizonte de 2020, procedan de biocombustibles, siempre que se den dos condiciones: que su
modo de producción sea sostenible y que hayamos logrado la generación de biocombustibles a través de vías que superen las actuales, lo que denominamos biocombustibles de segunda generación.



Estas iniciativas, estos criterios básicos adoptados por el Consejo Europeo de marzo de 2007, quedan plasmados en la propuesta de la Comisión hecha pública en enero de 2008. Este paquete de energía y cambio climático contiene cuatro grandes
referentes normativos: un reparto de objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para los sectores no incluidos en


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el sistema europeo de comercio de derechos de emisión, para lo que hemos venido en llamar emisiones difusas; un reparto de objetivos de energías renovables también dividido entre los Estados miembros y los mecanismos básicos para lograr
este objetivo; la revisión del sistema europeo de comercio de derechos de emisión, y una directiva que pretende regular de manera común para el conjunto de los Estados algunas herramientas y algunos sistemas de garantía clave para hacer viable los
sistemas de captura y almacenamiento geológico de dióxido de carbono. Este paquete tiene una trascendencia importantísima, de hecho constituye uno de los elementos clave para promover el éxito de la negociación multilateral de aquí a diciembre de
2009.



La Unión Europea da con este paquete algunos mensajes muy relevantes. El primero de ellos da la señal dirigida a su actividad empresarial de que el futuro se orienta a ese futuro más eficiente, menos intensivo en carbono. En segundo lugar,
que de cara a la discusión, a las tensiones asociadas a la demanda de energía creciente a nivel mundial, debemos buscar más en nosotros mismos, en la eficiencia energética y en las energías renovables para poder facilitar una transición que se hace
ya imprescindible en el medio y en el largo plazo. En tercer lugar, la Comisión define con este paquete una propuesta estable, una propuesta que en principio queda al margen de los eventuales vaivenes, dificultades, en el proceso de negociación
multilateral de Naciones Unidas. Los europeos vamos a ser los primeros que dispongamos de un marco regulatorio clave y claro para los próximos años, asumiendo, como decía antes, que en el supuesto de lograr un acuerdo con esfuerzos equivalentes en
el contexto multilateral abordaremos un incremento de nuestro esfuerzo. De hecho, como medida incentivadora para los países en desarrollo, la Comisión proclama también que en el supuesto de llegar a alcanzar ese acuerdo multilateral el peso de los
gobiernos y de las empresas en los mercados internacionales de carbono puede verse aumentado de manera significativa.
A mi juicio, una de las características más interesantes de este paquete presentado por la Comisión Europea es que por primera vez
introduce un esquema de distribución de los esfuerzos que quizá supera, mejora, el planteado por el Protocolo de Kioto y permite comparar mucho mejor lo que es comparable entre sí. Las emisiones de origen industrial asociadas a la actividad
empresarial, a los procesos productivos, son comparables entre sí, cuentan, en primer lugar, con un marco regulatorio único, coherente desde el punto de vista del mercado interior, y no, por tanto, asociado al espacio físico en que esté ubicada cada
una de estas instalaciones. En segundo lugar, las emisiones derivadas de lo que hemos llamado sectores difusos, es decir, esas emisiones que proceden mayoritariamente de la actividad de cada uno de nosotros como ciudadanos y, por tanto, en gran
medida -no al cien por cien, pero sí en gran medida-, mucho más vinculadas al patrón de renta, de riqueza, relativo de cada uno de los ciudadanos, también cuentan con un marco comparable entre sí, con un marco en el que se imponen los principios
básicos del Tratado de la Unión Europea orientado a procesos de convergencia y solidaridad para alcanzar un nivel de renta y riqueza equivalente entre todos los ciudadanos de la Unión. De manera transversal se regula la incorporación de objetivos
nacionales en energías renovables tanto para la generación de electricidad, que en principio aparece recogida en el sistema europeo de comercio de derechos de emisión, como para el resto de los consumos energéticos de los ciudadanos que hemos
calificado como emisiones difusas, y, como decía, un esquema armonizado de autorización y reglas de acceso a las redes de transporte.



La voluntad política unánime en el Consejo es poder lograr un acuerdo político sobre el conjunto del paquete, de manera preferente antes de fin del año 2008 y, si no, a principios del año 2009. De hecho, la vocación es que el paquete pueda
ser aprobado en primera lectura junto con el Parlamento. Como digo, es un paquete ambicioso, complejo. Idea de ello dan las cifras que manejamos de volumen de enmiendas presentadas en las distintas comisiones del Parlamento Europeo, o incluso de
la cantidad de comentarios, precisiones concretas manejadas en las distintas formaciones del Consejo que conocen de cada uno de los paquetes. A nuestro juicio, es importante destacar en primer lugar que todos los elementos están interrelacionados.
Es muy difícil tocar algunas de las características básicas de algunas de las propuestas, de algunos de los textos, sin aceptar la estructura básica de equidad en el reparto de esfuerzos en el conjunto del paquete. Algunas de las características
más importantes de estas disposiciones normativas, con algún comentario por parte de la posición mantenida del Gobierno español, son las siguientes. En primer lugar, en relación con la Directiva de Comercio de Derechos de Emisión, como ustedes
saben, el elemento fundamental, característico, es que por primera vez contamos con un techo total común a nivel comunitario, inspirado en una asignación restrictiva, descontando el potencial de reducción que en el conjunto de las emisiones
industriales y, sobre todo, de generación eléctrica para todo el territorio de la Unión Europea, ha utilizado la Comisión. La Comisión nos propone una asignación gratuita aplicando referentes de eficiencia sectorial, menos un porcentaje
gradualmente creciente que debe ser obtenido por las instalaciones a través de un sistema de subastas de derechos de emisión concertado a nivel comunitario. La intención de la Comisión está clara: trasladar la señal de precio y facilitar una mayor
familiaridad de los sectores industriales con este nuevo valor, con este nuevo activo, con este nuevo coste que deben computar en sus cuentas como es la generación de ese riesgo al sistema climático, la emisión de una tonelada de CO2. Bien es
verdad que incluye dos excepciones a este régimen general: la primera es que la propia Comisión prevé en su propuesta original que aquellos sectores de actividad industrial más expuestos a la competencia internacional deben contar con algún marco
de referencia especial, porque si no nos podríamos encontrar


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con que hasta tanto el sistema de producción a nivel mundial no haya incorporado esas reglas de eficiencia, las condiciones de competencia sean desiguales, haya empresas que deben integrar un patrón de eficiencia muy elevado y, sin embargo,
otros pueden producir en terceros países sin tener que incorporar ese patrón de eficiencia. Por tanto, primera salvedad, principal preocupación del conjunto de los gobiernos de los Estados miembros en relación con esta directiva. Debemos tener
éxito a la hora de buscar fórmulas que impidan la deslocalización por razones que nada tienen que ver con la eficacia, con la eficiencia ambiental; debemos evitar lo que se llaman fugas de carbono que nada tienen que ver con el patrón de exigencia
ambiental y sí con no haber sabido garantizar condiciones de equidad en los mercados internacionales. Este es quizá uno de los elementos de preocupación y de discusión más importante en el seno del Consejo y también del Parlamento. ¿Cuáles son
esos sectores? ¿De qué modo identificamos esos sectores más expuestos a la competencia internacional? ¿Cuáles son las herramientas más adecuadas para luchar contra un efecto indeseado que tampoco nos llevaría a buen puerto desde el punto de vista
de la eficacia ambiental global: reducir emisiones de gases de efecto invernadero? Se manejan distintas alternativas, distintos calendarios. Este será sin duda uno de los temas que deberemos gestionar con más cuidado y atención tanto desde el
punto de vista ambiental como industrial y comercial.



Otro elemento interesante de esta Directiva de comercio de derechos de emisión revisada es el reparto de los ingresos derivados de la subasta de derechos de emisión entre los Estados miembros. La Comisión nos propone un reparto de ingresos
con dos escalas: el 90 por ciento de manera proporcional a las emisiones en cada país para estos mismos sectores en el año 2005 y el 10 por ciento restante utilizado a modo de bolsa de compensación y solidaridad entre los Estados miembros según
parámetros de convergencia, de esfuerzo y de PIB per cápita de los ciudadanos. Este será también sin duda uno de los elementos que todavía suscitan cierto movimiento entre los Estados miembros tanto en el modo de cómo repartir ese 10 por ciento
restante como, en su caso, si se buscan fórmulas de preafectación de estos ingresos, para que se garantice que estos ingresos deban ser destinados a políticas de lucha contra el cambio climático tanto a nivel nacional como flujos eventualmente, como
transferencia a países en desarrollo.



Otro elemento importante, y este sí objeto de preocupación e interés por parte del Gobierno de España de manera particular, son las reglas de uso de los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto por parte de las empresas. La
Comisión nos propone un sistema en el que no se incrementan los cupos de uso de estos mecanismos, sino que simplemente las empresas pueden arrastrar al siguiente periodo aquel cupo que no hayan consumido en el periodo 2008-2012. A nuestro juicio,
este criterio debe ser modulado, dado que los planes nacionales de asignación de los distintos Estados miembros no fueron evaluados bajo esta perspectiva y, por tanto, puede haber Estados miembros que hayan aprobado planes más generosos y cuyas
empresas tengan mayor capacidad de arrastre.



Con respecto a la decisión sobre el reparto del objetivo de reducción de emisiones en sectores difusos, los datos más significativos son los siguientes: el modo en el que calcula la Comisión la distribución de esfuerzos. La Comisión
actualiza la información, la Comisión descarta la posibilidad de hacer uso de otros criterios: emisiones históricas desde el origen de la revolución industrial o emisiones desde el año 1990 o alejamiento o no del objetivo del Protocolo de Kioto.
Lo que hace es proponer un sistema en el que reparte los esfuerzos manejando los datos de población y PIB actualizados para el conjunto de los Estados miembros y en prospectiva, en proyección, hacia 2020. ¿Qué significa esto? Que a todo el mundo
le propone un esfuerzo enormemente exigente, que va entre una reducción del 20 por ciento de las emisiones de los sectores difusos en el año 2005 para el año 2020 hasta un reconocimiento de una posibilidad de crecimiento de no más del 20 por ciento,
pero sobre todo, como digo, teniendo en cuenta esos principios mucho más inspirados en los principios básicos del Tratado de la Unión, en los principios de solidaridad, convergencia, nivel de renta y riqueza de los ciudadanos, teniendo presente el
PIB per cápita y las emisiones per cápita. En el caso de España, sabiendo que en el año 2005 estábamos casi en la media de PIB per cápita de la Unión Europea y casi en la media de emisiones per cápita de la Unión Europea, es razonable que el
resultado que nos proponga la Comisión sea una reducción de la media, del 10 por ciento de las emisiones de los sectores difusos con respecto a las emisiones del año 2005. En ausencia de acuerdo internacional, los gobiernos solamente pueden acceder
a los mercados internacionales de carbono en un porcentaje pequeño equivalente al 3 por ciento de las emisiones de los sectores difusos en el año 2005. De nuevo aquí el Gobierno de España reivindica un incremento de este porcentaje por varias
razones: primero, porque con carácter general los gobiernos solo acuden a los mercados internacionales si realmente el margen para reducción doméstica es complejísimo, si no, prefieren actuar a través de medidas domésticas; segundo, porque es un
canal muy interesante y solidario para cambiar el patrón de crecimiento en terceros países. Los programas, los proyectos de desarrollo limpio en terceros países son los que necesitamos que se generalicen como sistema habitual de inversión y
parámetro de crecimiento si queremos abordar con éxito la lucha contra el cambio climático. Por tanto, los mercados internacionales de carbono tienen un papel fundamental de cara a generar recursos financieros y transferencia de tecnología y
modular rápidamente el criterio con el que se deciden la planificación, la inversión y el modo de crecimiento.



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Con respecto a la Directiva sobre el reparto del objetivo de uso de energías renovables, de nuevo el dato más interesante y significativo es que el principal factor utilizado por la Comisión está asociado al PIB relativo de cada Estado
miembro y al consumo de energía final. De nuevo aquí en el promedio de esfuerzos, a España le corresponde garantizar que el 20 por ciento del total de la energía consumida es de origen renovable. Con respecto al sistema de vigilancia, al
calendario de incorporación de esos objetivos, la Comisión plantea el cumplimiento gradual de estos objetivos dividiendo el periodo en cuatro periodos bienales de cumplimiento y vigilancia periódica por parte de la Comisión en la consecución de los
objetivos parciales que deben quedar reflejados en planes nacionales de acción en materia de energías renovables para cada uno de los modos de consumo de estas energías. También se dispone un sistema que permita garantizar que el origen de
electricidad generada procede de fuentes renovables y se regula el uso de biocarburantes en el sector del transporte. En este caso con los matices, con los añadidos de los criterios de sostenibilidad en el sistema de producción y de promoción de
los biocombustibles de segunda generación.



Por último, respecto a la Directiva de captura y almacenamiento geológico de dióxido de carbono, es una herramienta básica en la que se definirán algunos de los elementos determinantes de este nuevo esquema, tanto las garantías de seguridad
ambiental del entorno y financieras sobre los sistemas de almacenamiento, como sobre los sistemas de transporte y acceso a la red de transporte del CO2 capturado. Este es un panorama general que se completa con algunos comentarios adicionales que
me gustaría hacer respecto al volumen de enmiendas y al trabajo que tienen por delante Parlamento y Consejo. Señalaba con anterioridad que el objetivo final es poder disponer de un acuerdo político antes de fin de año y de los textos aprobados en
primera lectura como muy tarde a principios del año 2009, en todo caso antes de las elecciones europeas previstas para el próximo año, con un calendario de trabajo intenso en el seno de las comisiones del Parlamento Europeo. De hecho, frente a un
volumen de enmiendas notabilísimo que en algunos casos supera las mil, las distintas comisiones del Parlamento se han fijado como plazo de aprobación del informe final de las comisiones principios de octubre, y con una complejidad que se vislumbra
en el tratamiento que se da a estos asuntos en las distintas formaciones del Consejo, pilotadas fundamentalmente por el Consejo de Medio Ambiente y el Consejo de Energía, pero planteando de vez en cuando elementos en el Ecofin, en el Consejo de
Asuntos Generales, y bajo la tutela del Consejo Europeo.



La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ribera, por su intervención para informa sobre estas cuestiones relacionadas con el cambio climático.



Procedemos al inicio del debate, en primer lugar, con la intervención del Grupo Parlamentario Socialista, que había solicitado las dos comparecencias de la señora Secretaria de Estado. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra
el señor Morán Fernández.



El señor MORÁN FERNÁNDEZ: Sustituyo a quien en realidad iba a intervenir hoy, que era nuestro compañero Pepe Oria, que ha tenido un problema que le ha obligado a desplazarse al hospital esta mañana, que deseamos que no sea de mayor
gravedad.



En primer lugar, quiero agradecer al Gobierno la exhaustiva tarea de información con la que ha afrontado esta comparecencia. Eso nos permite contar con un grado de conocimiento suficiente de cuál es en estos momentos el compromiso del
Gobierno en relación con una tarea que va a ocupar a este país durante los próximos años, probablemente durante muchos años, teniendo en cuenta que no hace demasiado tiempo en el planeta nos enfrentábamos a una discusión, más teórica que práctica,
en cuanto a si el planeta se estaba enfrentando o no a un cambio climático o si lo que estaba ocurriendo eran unas sucesiones puntuales de asuntos de orden climatológico o de otro tipo. Aquella discusión ha pasado a un segundo plano y este planeta
es consciente de que en estos momentos el cambio climático es una realidad con la que estamos conviviendo, frente a la cual no podemos permanecer pasivos. Probablemente sea esta una tarea que no entienda en el futuro ni de calendarios legislativos,
ni siquiera en muchos casos, por lo menos en aquellas cuestiones de carácter estratégico trasversal, de planteamientos de tipo ideológico o partidista. Nos enfrentamos a una de las tareas que va a requerir en los próximos años una mayor complicidad
de la sociedad, y nuestra obligación es contribuir a que esa complicidad sea lo más efectiva posible y que nadie quede al margen de una responsabilidad que ha de ser compartida, si queremos que este empeño tenga algún éxito de los que yo creo que en
estos momentos deberíamos de empezar a marcarnos. Hay un compromiso que visualizamos en este caso en la actuación del Gobierno, pero el Parlamento no ha querido permanecer al margen. Fruto de ello es la constitución de una comisión mixta que
iniciará su andadura en próximas fechas y que se afronta con la voluntad de contribuir desde esa complicidad con el Gobierno, que vamos a reclamar al resto de la sociedad, para poner en marcha medidas efectivas y en la medida de nuestras
posibilidades intentar que esa colaboración con el Gobierno se pueda trasladar al resto de la sociedad.



La secretaria de Estado ha hecho un prolijo recorrido de todas las actuaciones que están en marcha en estos momentos y de todos los planes que cuentan ya con alguna línea de actuación. Este instrumento básico de la información es con el que
está dotado el Parlamento para en las próximas fechas hacer efectivo ese compromiso del que hablaba.
Probablemente todos hemos podido identificar en la intervención hasta dónde ha de alcanzar el compromiso de esta sociedad. Parlamento y Gobierno
son conscientes de cuál es su tarea, pero a medida que


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se iban definiendo las distintas líneas de intervención por parte del Gobierno, íbamos identificando cuáles son cada uno de los agentes que han de intervenir en este proceso. En este recorrido, el Gobierno está en permanente contacto con
las comunidades autónomas en una puesta en común de cuáles han de ser las iniciativas, y se apuntaba un esfuerzo para incorporar a la Administración local en la misma línea en la que las comunidades autónomas están adquiriendo en estos momentos
compromisos de corresponsabilidad con el Gobierno. A quienes trabajan en el ámbito de la Administración local o a quienes lo han hecho durante algunos años, como es mi caso, somos conscientes de que una intervención dirigida a conseguir éxitos en
el campo de la lucha contra el cambio climático no sería posible sin la complicidad de la ciudadanía, y la mejor forma para llegar a la ciudadanía pasa por la complicidad de aquellas administraciones que trabajan día a día en la cercanía inmediata
con los ciudadanos, con los vecinos. Saludamos el compromiso que el Gobierno manifiesta de incrementar las líneas de cooperación con las comunidades autónomas, pero muy especialmente la de comprometerse en un trabajo compartido codo a codo con las
administraciones locales. Hay un campo de intervención, aquel que afecta a la actividad económica, y consecuentemente al empleo, que va a asistir a un cambio de modelo. Se hablaba de un nuevo patrón de crecimiento económico y también de un nuevo
modelo de convivencia con el entorno que hemos de ir asumiendo los ciudadanos, pero en la búsqueda de ese nuevo modelo de crecimiento económico empresas y sindicatos han de ser los interlocutores que con el Gobierno diseñen ese nuevo patrón de
crecimiento. En los próximos años, esta sociedad va a ver cómo determinadas actividades, en las cuales estábamos acostumbrados a ver asentados unos índices de empleabilidad muy altos, acuden a proceso de reconversión. Esto debe de ir acompañado de
un modelo que permita una garantía de sostenibilidad del empleo. El hecho de que tanto los agentes sociales como los agentes económicos estén en estos momentos participando en el diseño del que pueda ser ese nuevo patrón económico en el futuro
permite albergar esperanzas de que contaremos con la garantía, que es la que el Gobierno traslada en su plan de intervención, de que la búsqueda de ese nuevo patrón de crecimiento económico va a verse acompañado en el tiempo de instrumentos que no
repercutan en problemas que afecten a esa transición de un modelo que debe aspirar a encontrar un relevo, y que la llegada del nuevo patrón se haga compatibilizando una nueva reubicación de empleos en los sectores que van a ser los más afectados.
Para llegar al ámbito de la complicidad de la ciudadanía probablemente también sea necesario articular ese espacio de diálogo con las organizaciones y con las entidades que en materia de trabajo en relación con el cambio climático y con la
sostenibilidad vienen trasladando desde hace años a la sociedad un discurso y su propia propuesta sobre la necesidad de ir buscando un nuevo modelo de convivencia de la ciudadanía con su entorno, con lo cual han de ser agentes que deben participar
también en este proceso. En ese sentido lo saludamos, como a lo largo de la intervención identificamos también el compromiso de contar con su colaboración en este proceso.



Evidentemente, la intervención en un ámbito territorial más o menos reducido, pasando desde el ámbito de la responsabilidad de las administraciones locales hacia la que asume el Gobierno de la nación, tiene un recorrido muy corto si este
compromiso de lucha contra el cambio climático no tiene un correlato en las relaciones internacionales y un compromiso que se vaya trasladando al resto de los países. De poco serviría; el cambio climático no entiende de burbujas climáticas.
Estamos en un proceso en el cual todo lo que sucede en países al otro lado del planeta influye en el proceso de cambio climático en la países como el nuestro, y evidentemente nuestro compromiso ha de influir también en hasta dónde somos capaces de
corregir los efectos negativos del cambio climático en otros continentes. Por eso, por el hecho de que la Unión Europea, con la adhesión de España, asuma un compromiso de reducción para el año 2020, planteándolo como ejemplificador, más allá de que
eso tenga un correlato de compromiso con otros países o con otras instancias, haya que empezar a adoptar algunas medidas, acompasándolas en el tiempo con la negociación. Porque estamos acostumbrados a que procesos de negociación en relación con
compromisos de carácter internacional vinculados a la lucha contra el cambio climático acaben atascándose en el tiempo, y en muchos casos prorrogando su vigencia más allá de lo que sería deseable, por cuestiones en muchas ocasiones asociadas a
modelos de crecimiento económico y a incapacidad de algunos gobiernos de establecer compromisos de renuncia a favor de un interés común, poniendo por delante el interés propio del país concreto. Por lo tanto, el hecho de que se pase a la acción con
una propuesta de ejemplificación, que además suma el compromiso de incrementarse en función de cuál pueda ser el compromiso de carácter internacional que se alcance, probablemente traslade un mensaje ejemplificador que podría ser seguido en otros
ámbitos. Pero evidentemente poco se puede alcanzar si no se consigue avanzar en el compromiso internacional de la lucha contra el cambio climático. Por lo tanto, si asumimos que el futuro al que nos enfrentamos a medio y largo plazo es el diseño
de un nuevo modelo de convivencia de la ciudadanía con su entorno y un nuevo patrón de crecimiento económico, el llamamiento que yo hacía al principio -y que el Grupo Socialista entiende que ha de ser la tarea en la que ha de empeñar sus mayores
esfuerzos tanto en el ámbito de esta Comisión como en el de la Comisión mixta-, que es conseguir que haya una complicidad total en aquellas cuestiones que afectan al futuro de las próximas generaciones en este país, y que no van a entender ni de
calendarios ni de compromisos coyunturales, probablemente estaríamos en condiciones de trasladar a la sociedad un mensaje de una cierta claridad.



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Una de las primeras tareas a las que nos debemos enfrentar es evitar que en la sociedad se instale un cierto confusionismo en relación con hasta dónde el problema que pueda generar algo que ya está identificado como es el cambio climático
pueda estar sujeto a que la interpretación de unos o de otros le conceda mayor o menor gravedad. En ese sentido, deberíamos asumir el compromiso de establecer un acuerdo de partida, la búsqueda de un consenso dirigido a trasladar ese mensaje de
claridad a la sociedad.
Nuestra voluntad en este sentido será colaborar con todos los grupos parlamentarios en que esa tarea sea lo más sencilla posible y poner a disposición del Gobierno nuestra colaboración para que el paquete de medidas que está
en marcha, con la definición de las líneas que informan la estrategia de lucha que el Gobierno ha presentado, sea lo más efectivo posible. A partir de este momento empeñamos este compromiso tanto en el marco de esta Comisión como en el de la
Comisión Mixta Congreso-Senado.



Agradezco una vez más la comparecencia y la amplísima información que se nos facilita hoy y que a los grupos parlamentarios nos va a permitir trabajar con mucho mayor rigor en los próximos meses, para intentar presentar al Gobierno un marco
de propuestas que puedan mejorar las líneas de actuación en beneficio de los ciudadanos.



La señora PRESIDENTA: Continuamos el debate con la intervención del resto de los grupos parlamentarios, de menor a mayor. Como no hay representantes del Grupo Parlamentario Mixto, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds ni del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el representante, señor Campuzano, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Agradezco la comparecencia de la señora Ribera. Ha sido una comparecencia densa y completa. Le pido excusas por adelantado porque deberé ausentarme cuando concluya esta intervención. Si termino mi otro
compromiso parlamentario de esta mañana volveré a la Comisión y en todo caso seguro que leeré su respuesta en el 'Diario de Sesiones'.



Solamente le voy a trasladar tres reflexiones genéricas y cinco preguntas concretas. La primera reflexión genérica es la preocupación desde la perspectiva de la ubicación de las políticas de cambio climático a partir de la fusión del
Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Agricultura; preocupación que en las últimas semanas han reflejado algunos medios de comunicación por parte de diversos sectores de la sociedad civil que siguen con mucha atención ese ámbito. Desde
este punto de vista, quisiera conocer el sentido de que las políticas de cambio climático hoy formen parte también de las políticas vinculadas al Ministerio de Agricultura y qué justificación discursiva tiene el Gobierno en relación con la ubicación
de esta política en este ámbito ministerial. La segunda cuestión -también lo conoce la secretaria de Estado- es que en estos días se ha hecho público un informe de Comisiones Obreras: Evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero en
España 1990-2007, en el que la visión que se da es más pesimista respecto a la aproximación que ha hecho la secretaria de Estado. Comisiones Obreras afirma que el aumento de 2,8 respecto al año base y 1,8 respecto al año anterior van a hacer
imposible que se cumpla en el compromiso de un +37, y que eso va a tener un coste para la economía española y para el conjunto de la sociedad de 4.000 millones de euros. Nos gustaría conocer la posición del Gobierno en relación con esta información
que traslada Comisiones Obreras, porque, efectivamente, apunta una visión más negativa sobre el cumplimiento de nuestros compromisos en este campo. En tercer lugar -y usted ha hecho mención a ello-, es evidente que para que estas políticas en
materia de cambio climático tengan éxito deben implicar al conjunto de las administraciones, y en el modelo de Estado que define la Constitución con un papel muy relevante en determinadas políticas que tienen las comunidades autónomas. Usted ha
hecho referencia a que los mecanismos de cooperación que hoy existen en ese ámbito están funcionando, pero usted también tiene en su agenda política la elaboración de un proyecto de ley de movilidad que incide muy directamente en competencias hoy
vinculadas a las comunidades autónomas, en legislaciones, como es el caso de Cataluña, con su propia ley de movilidad, creo recordar que de 2003 o de 2004. ¿Cuál es su perspectiva respecto al respeto -valga la redundancia- del marco competencial
que afecta a las comunidades autónomas en relación con las políticas que usted debe impulsar?


Cuatro cuestiones específicas. En cuanto a la perspectiva del papel de las renovables, en estos días está en los medios de comunicación también la preocupación del sector fotovoltaico respecto a la nueva regulación del mismo, con las
incertidumbres que eso genera en las inversiones a largo plazo y en la creación de empleo en un sector pujante y en un sector para el que, precisamente por el cambio de modelo económico al que hacía referencia el portavoz del Grupo Socialista, sería
razonable que el Gobierno articulase políticas que tranquilizasen, garantizasen las inversiones y las estimulasen. Tenemos un ejemplo en el desarrollo de la energía eólica en los últimos años que debería orientarnos también en el campo de la
energía fotovoltaica. El portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Duran, planteará mañana en la sesión de control al presidente del Gobierno una pregunta oral sobre esto. Esa reflexión sobre el sector fotovoltaico
también nos lleva a vincularnos a la primera reflexión que le hacía sobre la ubicación de la Secretaría de Estado en el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente respecto a qué capacidad va a tener esta Secretaría de Estado para impulsar en otros
ministerios las políticas que de verdad pueden


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incidir en la transformación del modelo económico en esa economía menos dependiente del carbono a la que usted hacía referencia. En este mismo sentido, también quisiera conocer las medidas que se han aprobado en el Ministerio de Industria
en relación con la renovación del parque automovilístico viejo, no eficiente en términos energéticos. Ha habido también posiciones críticas por parte de la industria del sector del automóvil sobre las oportunidades que ofrece ese nuevo plan y sobre
las insuficiencias del mismo. Volvemos a plantearnos qué capacidad existe en la Secretaría de Estado para incidir en esa política. Finalmente, en materia de fiscalidad verde, usted sabe que existen incertidumbres sobre las actuales deducciones
fiscales en el impuesto de sociedades, en las deducciones en inversiones ambientales. ¿Qué posición mantiene la Secretaría de Estado precisamente para orientar la política fiscal al estímulo en la inversión en medio ambiente, en la mejor eficiencia
energética de nuestro aparato productivo? Nos gustaría conocer su posición. Finalmente, en relación con el debate abierto en el seno de la Comisión y del Parlamento, me gustaría plantearle la cuestión vinculada a los sectores expuestos a la
competencia, que nos parece una cuestión sumamente importante y en un país como Cataluña, claramente orientado a la industria, con mayor relevancia. Nos gustaría conocer también qué posición mantiene el Gobierno en relación con qué sectores son
efectivamente los más expuestos.



Termino -y pido disculpas porque me tengo que ir a continuación- diciendo que coincido con el portavoz del Grupo Socialista en que en esta materia partimos de un consenso internacional considerable, con un consenso europeo enorme -buena
parte de estas políticas nos vienen marcadas por la propia Unión Europea-, y que por tanto sería bueno que fuésemos capaces de construir ese consenso europeo también en esta Cámara. La Comisión de estudio del cambio climático es un espacio que nos
puede permitir construir políticas compartidas en esta materia, y como, efectivamente, las políticas que tenemos en este ámbito van más allá de esta legislatura, si queremos ser eficaces, en un sistema basado en la alternancia de Gobierno debemos
compartirlas todos porque quizá dentro de unos años sean otros quienes las tengan que gestionar. Convergència i Unió va a estar en la línea de trabajar por el consenso social y político en este campo.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Popular, la diputada señora De Lara tiene la palabra.



La señora DE LARA CARBÓ: Quiero agradecer en nombre de mi grupo a la secretaria de Estado la amplia información que nos ha dado y los aspectos que ha tratado en su intervención.



He detectado autocomplacencia en la explicación de la secretaria de Estado, la he visto muy optimista en cuanto a los datos que posee, y hay algunos aspectos que no comparto y que voy a enumerar. Decía la señora Ribera que el escenario de
cumplimiento aprobado en la legislatura anterior sigue siendo válido, escenario que supone que podemos aumentar nuestras emisiones, según decía el Gobierno, hasta un 37 por ciento porque teníamos una serie de mecanismos de desarrollo limpio y compra
de derechos de emisión que nos permitía estos veinte puntos de diferencia.
Si tenemos en cuenta que en la actualidad, a finales del año 2007, estábamos en el 52 por ciento por encima de las emisiones del año base, quiere decir que una simple resta,
52 menos 37, nos da que tenemos poco tiempo para disminuir un 15 por ciento las emisiones, y creo que esto es algo muy difícil, que deseo que se cumpla, pero que indudablemente va a costar mucho, porque ¿cuál es la realidad? Fíjense, señorías, en
el año 2005 las emisiones estaban un 52,2 por ciento por encima del año base de 1990. En el año 2006, después de oír a la anterior ministra de Medio Ambiente, señora Narbona, reiterar y reiterar que las emisiones habían disminuido un 4 por ciento
-utilizando datos de un estudio de CCOO que suele tener mucha fiabilidad-, resulta que las emisiones solamente disminuyeron un 1,7 por ciento, y estas emisiones disminuyeron un 1,7 por ciento, según decía el ministro de Industria anterior y el
secretario general de Cambio Climático anterior, porque la climatología había sido favorable. Pero los datos que tenemos del año 2007 nos sitúan de nuevo un 52 por ciento por encima del año base. Nos decía la secretaria de Estado que los datos de
2008 son buenos porque un estudio de Unesa indica que las emisiones del sector eléctrico son un 17 por ciento menores que el año anterior, hasta el 31 de agosto de 2008. Esto es bueno, pero sería mejor si no estuviéramos en la crisis económica en
la que nos encontramos, porque indudablemente la crisis económica ha hecho que descienda no solamente la construcción, con las industrias que van ligadas a ella, sino que ha descendido también la producción industrial y ha descendido el consumo,
luego es lógico que descienda también el consumo energético. Pero creemos que este no es el objetivo, porque el objetivo de cualquier país europeo, el objetivo del nuestro, el del Gobierno y el de la oposición es que sigamos creciendo y que el
consumo disminuya, pero debemos seguir creciendo ya que si no, con la crisis económica que tenemos en la actualidad previsiblemente podremos cumplir con Kioto en menos de dos años porque los sectores productivos estén todos de capa caída.



Decía el anterior secretario general de Cambio Climático, don Arturo Gonzalo, y decía usted también a primeros de este año, que en el año 2007 las emisiones se habían incrementado un 3,8 por ciento. ¿Qué quiere decir esto? Que pese a todas
las medidas puestas en marcha, a fecha de hoy las emisiones siguen aumentando, y las emisiones en España, pese a las medidas que se ponen en práctica no solamente desde la pasada legislatura sino también desde la anterior -conviene que recordemos
que en la última legislatura del Partido Popular es cuando se hizo el I Plan de Energías Renovables,


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es cuando se hizo la estrategia de ahorro y eficiencia energética, cuando se hicieron numerosas iniciativas, con el Plan Forestal Español, para intentar disminuir emisiones, y efectivamente son iniciativas que hacen que los resultados se
vean muy lentamente- aumentan o disminuyen en función de la climatología y del precio del petróleo. ¿Qué ocurre cuando sube el precio del petróleo? Que la energía eléctrica se produce con más carbón porque el carbón es más barato. ¿Qué ocurre
cuando hay parones nucleares? Que se producen más emisiones. Por consiguiente, estamos en función de la climatología y en función -aunque a ustedes no les guste hablar de ello- de la producción nuclear de España. No olvidemos que en España el 20
por ciento del consumo eléctrico tiene origen nuclear, y nos sorprenden -estamos preocupados por ello- las declaraciones del señor Zapatero, que decía que nada de energía nuclear y que él quiere energías renovables, a lo mejor porque no le han
explicado adecuadamente que lo que se defiende en toda Europa y lo que defendemos en el Partido Popular es un mix energético en el que se encuentren, por supuesto, la energía nuclear, las energías renovables y todas las fuentes de energía que
tenemos en la actualidad, pero yendo a energías más limpias. Creemos que los esfuerzos que se están haciendo en España y en toda Europa son loables e importantes, pero no debemos olvidar que los países emergentes, sobre todo China e India, son los
más emisores -si no he leído mal el dato, creo que ya emiten más incluso que Estados Unidos, y si no es así, pasarán a serlo por el incremento económico que tienen estos países-. Por consiguiente, no creamos que estos países van a renunciar al
carbón. El uso del carbón va a seguir produciéndose en el tiempo; por eso, ante la explicación de la señora secretaria de Estado del paquete de medidas de la Unión Europea, nosotros consideramos que es muy importante el paquete de medidas relativo
al almacenamiento de dióxido de carbono. Es importante porque, como decía, el carbón seguirá utilizándose en el mundo, el carbón limpio es importante, y no debemos desdeñar esta fuente de energía.



La secretaria de Estado se ha mostrado optimista. También se mostró optimista la pasada semana la ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino diciendo que íbamos a cumplir con el Protocolo de Kioto, y usted, señoría, se ha mostrado
optimista porque dice que la comisión delegada del Gobierno ha definido unas líneas estratégicas de actuación que van a conseguir disminuir las emisiones. A nosotros nos parecen muy bien las líneas que han definido, pero quiero decirle que estas
líneas que han definido de gestión de residuos, de política forestal, edificación, movilidad, innovación, I+D+i y sostenibilidad energética están definidas desde el año 2003, luego no hacía falta una reunión de la comisión delegada del Gobierno
porque son medidas ya definidas, son paquetes ya aprobados, incluso por el Gobierno socialista, y son medidas que se nos presentan reiteradamente año atrás año. Usted recordará que en junio de 2007 hubo un Consejo de Ministros extraordinario en el
cual se aprobaron unas medidas urgentes de la estrategia de cambio climático y energía limpia; se aprobaron con urgencia porque se iban a poner en práctica.
Pues bien, el pasado 2 de julio, en el debate sobre economía que hubo en el Congreso de
los Diputados, el presidente del Gobierno, el señor Zapatero, dijo: Estamos poniendo en marcha las primeras medidas del Plan de acción de ahorro y eficiencia energética, que se aprobó precisamente como medida urgente en el Consejo de Ministros del
año pasado. Ustedes presentan muchas medidas, que podemos compartir -realmente podemos compartir casi todas las que han presentado- porque además todas estas medidas estaban en la estrategia española de cambio climático, cuyo borrador dejamos hecho
y que ustedes, según nos informó don Arturo Gonzalo la pasada legislatura, habían utilizado casi al 90 por ciento. Lo que no puede ser es que se presenten unas medidas, que se vuelvan a presentar y que el resultado sea que las emisiones vayan
subiendo.



Yo pensaba que hoy nos haría usted un análisis de las medidas aprobadas en la estrategia de cambio climático y energía limpia, como medidas urgentes en el año 2007, para ver cómo van estas medidas en este momento. Veo que no ha sido así.
Yo sí tengo hecha esta comparación y además de todas estas medidas urgentes que ustedes aprobaron también tengo señaladas cuáles estaban en marcha y cuáles no. No quiero ser prolija porque es un poco largo, pero sí quiero decirle que del 50 por
ciento no se ha hecho nada. Por eso no entiendo la satisfacción que sienten ustedes por el cumplimiento de este plan de medidas urgentes. Si quiere, en el turno de réplica puedo enumerarle lo que se ha hecho y lo que no, pero desde luego no es
para mostrar la satisfacción que mostraba la ministra y que tenía el señor Zapatero. Tampoco son para mostrar satisfacción los cambios y vueltas a presentar de planes de ahorro y eficiencia energética. Se han presentado tres desde el año pasado,
cada uno más exigente que el anterior, pero es que el anterior no se cumple, y si el anterior no se cumple, pues podemos seguir presentando planes. En el Consejo de Ministros extraordinario del 14 de agosto, relativo a cambio climático, que es un
prioridad para el presidente del Gobierno -lo ha dicho muchas veces-, se dice: El Ministerio de Medio Ambiente impulsará la aplicación de líneas estratégicas de lucha contra el cambio climático. Pues sí, ahora se están impulsando estas medidas
estratégicas y en la pasada legislatura se hizo mucho por el cambio climático; por eso no sabemos exactamente lo que impulsará, si algo nuevo o lo de siempre.



Nos ha hablado de la normativa europea, y tengo que decirle que podemos estar de acuerdo con ella. Por supuesto, lo estamos con algunas directivas más que con otras, porque en el caso de la Directiva de modificación del régimen de comercio
de derechos de emisión, que exigirá a la industria disminuir el 20 por ciento las emisiones, creemos que la industria española es muy competitiva, que casi está -y digo casi porque creo que le falta el 4 por ciento- adaptada a las mejores
tecnologías


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disponibles y, por consiguiente, es casi imposible que la industria española pueda reducir un 20 por ciento sus emisiones. Estoy completamente convencida de que ustedes tendrán esto en cuenta, porque si la industria debe reducir el 20 por
ciento de las emisiones y técnicamente ya no es posible, no le queda más camino que dejar de crecer, cerrar o deslocalizarse e ir a países en los cuales no se exige esta reducción del 20 por ciento.



Ustedes apuestan siempre por las energías renovables, y nosotros también, en esto coincidimos; de hecho, creo que lo hacemos todos los grupos. Sin embargo, señoría, sabemos que en el año 2010 el 12 por ciento de la energía final consumida
debe ser de origen renovable, y en España, a finales de 2007, solamente el 7 por ciento del total de energía pertenecía a fuentes de origen renovable, lo que quiere decir que se ha ido creciendo un 0,5 por ciento cada año. A este ritmo
indudablemente no cumpliremos con lo que nos impone la directiva europea ni con nuestro propio plan. ¿Qué quiere decir esto? Pues que apoyamos con entusiasmo todas las iniciativas que tienden a disminuir emisiones, a combatir el cambio climático,
pero es que en España, por mucho que lo apoyemos con entusiasmo, no lo conseguimos, no lo combatimos. ¿Por qué no lo conseguimos? Esencialmente, porque en España no tenemos una política energética definida, porque no sabemos qué es lo que
queremos. El documento de perspectivas energéticas 2030, que tenía que estar elaborado antes de finalizar la pasada legislatura, no está elaborado. En realidad, no sé si está elaborado o si está escondido en un cajón, porque lo que se filtró a la
prensa antes de la pasada legislatura decía que apostaba por la energía nuclear. A lo mejor es que con las consignas del señor Zapatero quieren que este documento diga algo distinto a lo que decía en su borrador. Apostamos por las renovables, y
sin embargo, como ya ha dicho el portavoz de Convergència, ahora se disminuye la prima de la energía solar, y según los productores de la energía solar fotovoltaica esto va a reducir la producción y el empleo. Querría saber cuál es su opinión al
respecto. También me gustaría conocer su opinión respecto a la política del presidente del Gobierno en la que a la energía nuclear antepone la energía renovable, porque dice: Nuclear, no; renovable, sí.
En mi opinión, no se pueden contraponer
una a la otra y son complementarias para completar el mix energético español.



También querría preguntarle a la secretaria de Estado por la propuesta estrella del Partido Socialista, presentada en diciembre de 2007, relativa a la rehabilitación energética de edificios. Se habló mucho sobre ella y se presentó varias
veces, como todas las iniciativas. Se trataba de rehabilitar energéticamente los edificios; se dotaba con 1.000 millones de euros para cuatro años y 8.000 millones en créditos ICO. En estos momentos de crisis por los que está pasando la economía
española, me gustaría saber el resultado, si hay muchas familias que puedan rehabilitar energéticamente sus edificios, con 2.000 euros que le daban a cada una y que después tenían que complementar pidiendo un crédito.
También me gustaría saber la
importancia que le dan ustedes a la política forestal. No me diga ahora que ayer se aprobó un plan de reforestación, porque ya hablaremos de él otro día, pero es que solamente se va a reforestar en los terrenos propiedad de la Administración
General del Estado y en aquellos municipios que han hecho un pacto con el Ministerio de Medio Ambiente, lo que se llama Más Biodiversidad 2010. Nosotros proponemos una reforestación mucho más amplia. Ya en la campaña electoral propusimos la medida
de 500 millones de árboles, que inicialmente produjo muchas risas en la filas socialistas y que luego fue aplaudida porque se explicó suficientemente que era posible. Desde nuestro punto de vista, 45 millones de árboles es poco; se puede hacer un
cálculo de los árboles que se pueden poner por metro cuadrado, el tiempo y los empleos que se podrían crear, y este plan está muy limitado a colaborar con los municipios que ya están colaborando con ustedes en el programa Más Biodiversidad 2010.
Esto no es justo porque, si lo recuerdan ustedes, en España más del 70 por ciento de los montes son de propiedad privada y los montes no son rentables. Como los montes no son rentables, no están cuidados, luego tienen un enorme riesgo de incendios
forestales. Y si hablamos de incendios hablamos de algo completamente opuesto a la reforestación, porque en los incendios forestales -que afortunadamente han disminuido este verano- nunca se dice la cantidad de CO2 que se emite a la atmósfera.



En las políticas de fomento de las energías renovables es importante fomentar el desarrollo tecnológico, fomentar la reducción de costes y controlar el coste del fomento de las energías renovables, porque no podemos encontrarnos con las
enormes primas que hay que pagar. Por esto, si se disminuyen las primas se disminuye el empleo. Es un binomio que no sabemos exactamente cómo puede arreglarse. También le pregunto qué opina usted sobre la decisión que se ha tomado en Bruselas de
dar marcha atrás al apoyo a los biocombustibles. Nos gustaría saber qué opina el Gobierno español al respecto, así como sobre la noticia aparecida hace poco en cuanto a que las praderas de posidonia del Mediterráneo están disminuyendo, y lo están
haciendo a un ritmo del 3 por ciento anual, principalmente por dos motivos: por el arrastre ilegal, que sigue existiendo en el Mediterráneo, y por el vertido de la salmuera de las desaladoras.



Quería preguntarle a la secretaria de Estado cuál es el coste anual para España de la compra de derechos de emisión para cumplir con Kioto. Es importante que se sepa y es importante que el ciudadano vea en un momento de crisis como el
actual lo que nos cuesta a cada español dejar de cumplir con Kioto. Yo les diría a los españoles que es muy difícil cumplir con Kioto por la nefasta política energética, por la carencia de definición del mix del Gobierno y por la apuesta por la
desalación masiva que ha hecho este Gobierno, porque la desalación -usted lo sabe perfectamente- requiere un enorme consumo


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energético y, por consiguiente, un incremento de emisiones.



La señora PRESIDENTA: Para contestar a las cuestiones formuladas por SS.SS. tiene la palabra la señora secretaria de Estado.



La señora SECRETARIA DE ESTADO DE CAMBIO CLIMÁTICO (Ribera Rodríguez): Agradezco a los grupos parlamentarios sus comentarios, que son muchos, muy variados y que van al análisis de prácticamente todas las cuestiones que han sido tocadas
durante la intervención.



Empezaré diciendo, porque lo han manifestado expresamente tanto el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista como el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y he entendido que también estaba implícito en la
intervención de la diputada María Teresa de Lara en nombre del Grupo Parlamentario Popular, que yo también estoy convencida, y con carácter general el Gobierno está convencido, de que las políticas de cambio climático tienen un núcleo fundamental de
consenso que trasciende los plazos coyunturales de las legislaturas. En gran medida somos herederos de todo lo que ha ocurrido con anterioridad y en gran medida también somos gestores de algo sobre lo que vamos a tener que seguir trabajando
intensamente en el futuro. Por ello me produce gran satisfacción esa expresión de voluntad de consenso, en la que, por supuesto, pueden contar SS.SS. con la plena complicidad y disponibilidad permanente del Gobierno para aquello que pueda resultar
de utilidad en la identificación de los puntos de consenso y en el trabajo de los grupos parlamentarios y de las Cámaras.



A continuación entro a comentar de manera a veces coincidente y, si no, por el orden en el que han sido planteadas las cuestiones concretas las intervenciones del representante de Convergència i Unió y de la portavoz del Grupo Parlamentario
Popular. Ponen de manifiesto, en primer lugar, sus dudas o preguntas sobre la conveniencia de ubicar las políticas de cambio climático en la nueva estructura del Gobierno en un ministerio en el que se agrupan el medio ambiente y el medio rural y
marino. Lo más importante que debemos tener presente es que las políticas de cambio climático tienen mucho que ver con el uso que damos a los recursos, tienen mucho que ver con la elección de las medidas que orientan las políticas sectoriales de
prácticamente todos los ministerios, y que la voluntad del Gobierno, la voluntad del presidente del Gobierno, ha sido coordinar todas las políticas ambientales junto con aquellas que tienen más impacto en el uso de los recursos naturales, como son
las políticas de agricultura, de protección del mar y recursos pesqueros y de desarrollo del medio rural. Evidentemente, eso no significa que las políticas de cambio climático queden restringidas a las políticas de agricultura o recursos pesqueros,
como tampoco lo estaban antes identificadas con carácter exclusivo en las políticas de biodiversidad o en las políticas de residuos. Es decir, se trata de una integración de la protección de los recursos naturales y del espacio que desde esa
perspectiva va a seguir incentivando la coherencia en el resto de las políticas, en cuyo diseño el liderazgo corresponde básicamente al resto de los departamentos ministeriales.



Se ha hecho también una referencia al escepticismo que algunos de ustedes trasladaban respecto a la posibilidad de cumplir con el escenario del que se dotó el Gobierno a finales del año 2006 para diseñar la tendencia hacia el objetivo del
Protocolo de Kioto, a si sigue o no siendo válido el escenario de contener las emisiones en el +37 por ciento y a los distintos datos y opiniones que con carácter particular han podido poner de manifiesto algunos observadores más o menos
cualificados de la evolución de las emisiones en nuestro país. Por ello he empezado mi intervención confirmando que, a nuestro juicio, uno, ese escenario sigue siendo plenamente válido -y ahora abundaré de nuevo en las tendencias subyacentes de
nuestras emisiones y en los comentarios que ha hecho la diputada De Lara-, y, dos, eso no significa en absoluto que el escenario que manejemos sea sencillo; de hecho, esto ha sido algo que reiteradamente ha venido poniendo de manifiesto el Gobierno
desde el año 2006. En absoluto hay autocomplacencia. Hemos hecho dos cosas que yo creo que son importantes. Una ha sido sentar las bases primarias de políticas de cambio climático. Eso no significa que antes no se hubiera trabajado en políticas
que tenían incidencia positiva -digámoslo así- en las políticas de cambio climático. Es verdad que hubo una apuesta temprana por el gas natural y por las energías renovables que ha permitido profundizar y aumentar de manera espectacular en la
última legislatura los objetivos de los que se ha venido dotando la política energética del Gobierno. Pero también es verdad que aunque remitimos al Consejo de Ministros un borrador de estrategia de cambio climático adoptado en el Consejo Nacional
del Clima que no fue respaldado en la última legislatura del Partido Popular, todavía no disponíamos de las herramientas fundamentales, centradas esencial y monográficamente en integrar la coherencia, la perspectiva del cambio climático. Insisto,
una cosa es que hubiera acciones con impacto positivo en materia de lucha contra el cambio climático -esto es absolutamente indudable, y es un trabajo en el que de manera temprana nos podemos sentir orgullosos como país-, y otra la limitación
derivada de la falta de identificación, de explicitación concreta de compromiso presupuestario y de compromiso institucional en relación con determinados pilares básicos, orientación estratégica, coherencia en materia de lucha contra el cambio
climático. Podemos hacer un reconocimiento prioritario al Gobierno de Zapatero, pero eso no significa que sea un reconocimiento en exclusiva, porque ha habido un esfuerzo notabilísimo como sociedad, como país y con todas las administraciones
implicadas, con independencia de cuál fuera el partido político que gobernara en cada una de


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las comunidades autónomas, para poder abordar con éxito este primer reto: sentar adecuadamente las bases, de manera que no tengamos que corregir, porque hemos hecho mal algo y entonces haya que volver a empezar, sino que las sentamos
acertadamente para sobre eso seguir construyendo.



El objetivo del +37 por ciento sigue siendo válido. Insisto, el último inventario oficial de emisiones de gases de efecto invernadero es el que se corresponde con el año 2006. En el año 2007, todavía hoy, disponemos de información parcial,
relevante, muy relevante, pero información parcial. Una información parcial que pone de manifiesto, primero, que se consolida esa tendencia a la mejora de la intensidad energética, e insisto, esto sí que no tenía precedente alguno antes del año
2005. En el año 2007, y esto sí son datos finales, consumo de energía primaria, demanda de energía primaria, incremento de la demanda de energía primaria, e incremento del producto interior bruto, observamos cómo el producto interior bruto ha
crecido un 3,8 y la demanda de energía primaria ha crecido un 1,6. No es una reducción real y absoluta como la del año anterior, cosa insólita y que ojalá pudiéramos mantener, y aunque no es un escenario fácilmente mantenible acompañado de
crecimiento económico, sí hay una notabilísima mejora. De hecho, en el periodo 2005-2007 hemos vivido una disminución acumulada de la intensidad energética en nuestro país del 7,4 por ciento. Esto no tiene parangón alguno. Y el segundo dato
estructural, importantísimo, es el incremento acelerado del peso de las energías renovables en nuestro mix energético que, por primera vez en el año 2007, supera holgadamente la generación de origen nuclear, ubicándose la generación de origen
renovable en casi un 20 por ciento frente al 17 de origen nuclear. Estos datos -que son los datos más importantes porque son los datos que van a permitir una reducción de emisión de gases de efecto invernadero continuada en el tiempo y basada sobre
elementos sólidos y no circunstanciales, no dependientes ni de la climatología ni del precio del barril del petróleo que, por cierto, constituye uno de los factores más relevantes de cara a trasladar rápidamente esa percepción en el consumidor
energético y en el generador de electricidad, tanto el precio del barril del petróleo como el precio de la tonelada de carbón y el precio de la tonelada de CO2 - me parece que nos orientan sobre el modo en el que se está comportando esa transición
estructural en nuestra economía en los últimos años. Las medidas que hemos venido adoptando -y luego pasaré a comentar las del plan de medidas urgentes y demás que ha citado usted- tienen, en efecto, consecuencias que son medibles, no de modo
inmediato, pero que se van trasladando e incrementando en forma de espiral con el paso del tiempo.
De hecho, podemos observar un diente de sierra en ese ejercicio de 2007, en esa primera mitad del inventario que representan las emisiones
verificadas de las instalaciones incluidas en el sistema europeo de comercio de derechos de emisión y, como decía antes, en este supuesto tenemos dos datos interesantes a contemplar, a medir con cuidado: primero, la mejora de la intensidad de las
emisiones de los sectores industriales; en su conjunto, todos los sectores del sistema de comercio de derechos de emisión producen una reducción del 4 por ciento y las emisiones de los sectores industriales se ven mejoradas en un 2 por ciento
consolidado en el tiempo. Segundo, las emisiones del sector eléctrico crecen en el año 2007, no debido a patrones climatológicos, sino debido muy probablemente a ese factor desincentivador de falta de existencia de un referente del precio de la
tonelada de CO2 como elemento capital para incorporar una señal adecuada en la buena dirección. Un hecho que, insisto, no va a volver a ocurrir; de hecho, ya no ocurre.



Respecto a los datos reales -que no previsiones de un observador sino datos reales observados en las emisiones del sector eléctrico a 31 de agosto de 2008-, me parece importante subrayar que no es posible pensar que esos datos reflejen
exclusivamente una disminución de la actividad económica, porque esto no se tendría por qué traducir linealmente en una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, sino exclusivamente en una disminución de la demanda de electricidad.
Y no se ha producido tal disminución de la demanda de electricidad o, por lo menos, no con la intensidad con la que se ha producido una disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho, se produce más y se exporta más. Se
exporta energía eléctrica de origen eólico, pero sí se han disminuido mucho las emisiones de gases de efecto invernadero, a nuestro juicio, muy probablemente -y todavía, aunque son datos reales, hay que manejar con cuidado las interpretaciones-
imputable, primero, al acierto en esas orientaciones estratégicas, consolidar ese modelo eficiente y esa promoción de las energías de origen renovable frente a otras alternativas; segundo, las decisiones del marco regulatorio, que nos permiten
orientar el precio de la tonelada de CO2, reflejado adecuadamente, y las condiciones que nos ofrecen el resto de las disposiciones normativas de carácter ambiental y energético actuando sobre las decisiones del sector eléctrico. Digo que no
significa que eso sea sencillo, nos queda bajar las emisiones hasta el +37 por ciento.
También digo que el plan de medidas urgentes, aprobado el año pasado, nos dejaba una reducción significativa de emisiones para el quinquenio en torno a 12
millones de toneladas respecto a las 27 que sabíamos que nos sobraban todavía en nuestro escenario de cumplimiento, y que deberemos seguir identificando medidas para poder alcanzar esas reducciones adicionales. Pero es verdad que, por un lado, esas
medidas identificadas como urgentes -todas ellas adoptadas en el momento actual, con excepción de tres, dos de las cuales están en estos momentos siendo objeto de análisis por el Consejo de Estado- nos marcan actuaciones concretas en campos
concretos que, a nuestro juicio, constituían los principales nichos de reducción de gases de efecto invernadero.



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Las líneas estratégicas que he comentado, deben verse reflejadas en actuaciones puntuales, concretas, en medidas específicas. Pero lo que pretenden, precisamente, es consolidar de manera coherente -no se trata de ir inventando cada día
nuevos asuntos- ese diagnóstico y esa orientación de cuáles son los ámbitos de actividad sectorial, donde resulta más importante reforzar y coordinar los esfuerzos con administraciones autonómicas locales, con agentes privados, para garantizar que
ese gap que todavía nos faltaba hace un año seamos capaces de superarlo. Por ello, el conjunto de medidas que se incluyen en ese plan de acción adoptado el 14 de agosto, al que usted hacía referencia, o en esas medidas puntuales añadidas,
reforzando los objetivos, indicados por el ministro de Industria, se engloban en gran parte y mantienen la coherencia con esos seis ámbitos estratégicos de actuación prioritaria indicados por la Comisión delegada del Gobierno de cambio climático.
En esto podemos llegar a colegir con facilidad todos que los grandes problemas a los que debemos hacer frente de manera coordinada y ambiciosa, siguen siendo gran parte de nuestros consumos energéticos, básicamente los asociados al transporte y la
movilidad y a los asociados a vivienda y edificación.



Cuestiona si tiene sentido promover una política de energías renovables. Y aquí me parece que me he perdido porque he creído entender que respecto a la disminución de las primas del sector fotovoltaico, se suscitaba una cierta preocupación
en paralelo en torno al incremento del precio de la electricidad, como consecuencia de las primas a las energías renovables, y en paralelo se preguntaba por otras alternativas como son la opción nuclear o la opción del carbón. Este es un tema
fundamental, básico, uno de los claros exponentes de política del Gobierno, donde las decisiones son tomadas al más alto nivel, en el Consejo de Ministros, bajo el liderazgo de un ministerio que es el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Pero también es verdad que viene siendo claro desde hace tiempo, y en particular desde la última legislatura, que estamos en un momento en el que nos debatimos en torno a tres ejes tecnológicos fundamentales en materia de energía: la energía
nuclear, el carbón o las energías de origen renovable. Se están produciendo desarrollos en cada uno de esos campos. Pues bien, la opción preferente, la opción que en el medio y en el largo plazo el Gobierno entiende que tiene más sentido es la
gran apuesta por las energías renovables, sin descuidar aspectos básicos como el que usted ha indicado asociados al carbón limpio, a la captura y almacenamiento de carbono. De hecho, hay iniciativas singulares de primer nivel que están teniendo
lugar en España y van desde la importantísima participación de investigadores españoles en el informe especial sobre captura y almacenamiento de carbono, adoptado por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático hace ahora año y medio, donde uno
de los ocho investigadores básicos procedía del Instituto del Carbón de Oviedo, hasta la puesta en marcha de programas específicos piloto y de investigación básica sobre sistemas de captura e identificación y reflexión sobre aspectos colaterales
relevantes, como puede ser qué potencial eventualmente conviene estudiar por si en España se puede desarrollar este tipo de sistemas de almacenamiento o qué marco normativo resulta más adecuado o qué líneas específicas de investigación se pueden
incentivar a través de esa acción estratégica a la que antes he hecho referencia, y que cuenta con un apartado específico en el que, entre otras cosas, se cita el carbón limpio. Porque es verdad lo que usted dice: El principal origen del
crecimiento de la demanda de energía mundial no tiene lugar en el mundo desarrollado, sino que donde tiene lugar es en el mundo en desarrollo y que, con arreglo a la prospectiva de la Agencia Internacional de Energía, es más que probable que en
torno al 50 por ciento de ese crecimiento de la demanda de energía de aquí a 2030 proceda de países como China e India, y si no hay alternativa, si no conseguimos cambiar radicalmente el patrón de satisfacción de esa demanda, será el carbón y la
quema de combustibles fósiles los que alimenten esa demanda.



Por tanto, en España hay también una apuesta importante en ese terreno, lo cual es compatible, pero también tengo que decir que el sector energético en España tiene una capacidad para posicionarse desde el punto de vista del negocio, de la
consultoría y de la planificación, la producción de bienes de equipo, la instalación, las operaciones de mantenimiento de las instalaciones, el apoyo, el transporte y la seguridad en el traslado de esa energía de origen renovable como muy pocos
otros países en el mundo.
En consecuencia, es lógico que la gran apuesta del Gobierno, en un escenario en el que por muchas razones aparte de las ambientales las energías renovables tienen mucho que decir, insisto, sea la energía renovable. Eso no
significa que no vayamos aprendiendo todos por el camino, incluidos los productores. De hecho, las primas a la energía renovable, una gran apuesta que procede de la última legislatura del Partido Popular y sobre la que hemos crecido
exponencialmente, nos muestran que son la mejor herramienta para incentivar al menor coste posible ese sistema de producción. Es mucho más barato y mucho más eficaz que otras alternativas, como los mercados de certificados verdes. De hecho, así ha
sido como España ha estado negociando su posición en el contexto de la Directiva de Promoción de Energías Renovables. También es verdad que esas primas están diseñadas para superar la diferencia entre el coste de producción y el precio del
megavatio en el mercado. Este es un horizonte donde lo que pretendemos es que cada vez el precio refleje mejor el coste real de producir con combustibles fósiles que incorporan otros costes además del de la materia prima, y dado que al mismo tiempo
el otro objetivo es de política tecnológica, es decir, que el coste unitario de producción de origen renovable se vaya abaratando en el tiempo, ese diferencial se ha venido acortando, y afortunadamente para todos cada vez logramos producir energía
renovable de una manera más barata. Por tanto, si pretendemos generalizar


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al máximo ese potencial tendremos que pensar que el volumen de recursos económicos disponibles para primar un mayor peso de las energías renovables, tiene que adecuarse a ese nuevo contexto en el que el diferencial es mucho más corto.



A mi juicio, por tanto, estamos en un momento en el que la sociedad y los actores españoles vamos adquiriendo un nivel de madurez suficiente, como para saber que cuando hablamos de revisar las primas a la energía renovable no se trata de un
debate sí/no, sino de encontrar los justos términos; se trata de evitar que algo que está pensado, orientado, diseñado para generalizar el peso de las energías renovables en nuestro sistema eléctrico, no se puede convertir en un producto financiero
de alta rentabilidad y al margen de cualquier otro tipo de efecto en términos de política industrial, tecnológica o energética. En consecuencia, este debate sobre las primas en el sector fotovoltaico, respecto del que básicamente desde el
Ministerio de Industria es una ordenación razonable y una adecuación razonable y pautada para poder maximizar los megavatios de origen fotovoltaico instalados, debemos abordarlo con sosiego. Y debemos abordarlo con sosiego por muchas razones, y la
primera de ellas con gran satisfacción, porque hace ya más de un año que hemos superado con creces lo que hace escasamente dos nos parecía en la práctica imposible en el horizonte de 2010, el volumen de megavatios de origen fotovoltaico instalado.
También es verdad que se trata de una tecnología que no solamente tenemos que orientar en términos de costes y en términos promoción, de inversión tecnológica, sino también en el tipo de servicios que puede ofrecer. Debe estar mucho más asociada a
esos autoconsumos en el sector residencial de lo que hasta la fecha lo ha estado.



Respecto a la cuestión de la rehabilitación energética de edificios, este tema ha venido saliendo arriba y abajo; forma parte, como digo, de una de las líneas básicas de la legislatura, y también, como creo haber comentado, forma parte de
los compromisos que el Gobierno asume de nuevo el 14 de agosto, insistiendo en que esa prioridad no solamente va dirigida a lo nuevo sino también a lo existente, ofreciéndose los ministerios de Industria y de Vivienda a presentar un programa en esta
dirección antes de final de año. Por tanto, es a ellos a los que corresponde hacer una presentación a su debido tiempo.



Me preguntaban también por el uso que hacemos de los mecanismos de flexibilidad y el coste anual que supone el cumplimiento. De nuevo esto forma parte de los elementos en los que, a mi juicio, es más que razonable que exista una
posición-país. Aquí ha habido una apuesta valiente, importante, asumir la palabra dada y cumplir con compromisos adquiridos por gobiernos anteriores, refrendados por unanimidad en el Congreso de los Diputados -y por lo que nos tenemos que felicitar
el conjunto de los españoles-, que fue la ratificación del Protocolo de Kioto. Esto tiene lugar en un momento en el que sabemos que nuestras emisiones han crecido muy por encima de ese tope máximo redistribuido internamente dentro de la Unión
Europea. Tiene lugar en un momento en el que los españoles empezamos a entender qué significa Kioto, qué significa luchar contra el cambio climático, qué significa crecimiento económico, qué significa demanda energética, qué significa el bienestar
de los ciudadanos y cómo muy probablemente en la redistribución de esfuerzos dentro de la Unión Europea no se ha tenido en cuenta, se ha minusvalorado, el esfuerzo que se está exigiendo a los españoles. Esto lo sufrimos en el momento de ratificar
el Protocolo de Kioto. También sabemos que el objetivo va mucho más allá de una declaración política de primer orden en un acuerdo, en un contexto de política internacional.
Tiene mucho que ver con el cambio de patrón de crecimiento y con modelos
mucho más sostenibles y el Gobierno en aquel momento encuentra el pleno respaldo del conjunto de los grupos parlamentarios. Con posterioridad, plenamente conscientes de las dificultades que esto supone, arbitramos un sistema en el que entendemos
que lo fundamental es poner de manifiesto que vamos a cumplir con la palabra dada y que lo vamos a hacer del modo más inteligente posible, que supone apostar tempranamente por el cambio del modelo de crecimiento en nuestro país, aprovechando al
máximo las oportunidades de modernización de nuestra actividad económica y de nuestros sistemas de consumo energético, y también, dado que el Protocolo de Kioto no fija un tope absoluto por encima del cual nadie pueda crecer en emisión, sino que lo
que dispone son herramientas de contabilidad por las que cada Gobierno debe elegir cuánto reduce y cuánto aporta en créditos internacionales, nos vemos obligados a hacer uso de los créditos procedentes de los mercados internacionales de carbono.
Esto no puede ser interpretado como tirar dinero a la basura -creo que eso es algo absolutamente erróneo-, al contrario. Primero, permite trabajar de manera solidaria con países en desarrollo para identificar, para promover nuevos patrones de
crecimiento; pero, segundo -y esto quizá es lo más importante, probablemente llevados por la necesidad, pero hemos hecho una estrategia que ha sido observada con cuidado y respeto por muchos observadores internacionales- es también una interesante
política de inversión en el exterior por parte de nuestras empresas. El dinero público destinado a las compras internacionales en los mercados de carbono sirve para comprar un producto final, que son reducciones de emisión que proceden de proyectos
que requieren consultoría adecuada para ser planificados, diseñados y puestos en marcha, bienes de equipo concretos para generar, para producir de un modo mucho más sostenible, y certificadores que acrediten que finalmente eso ha tenido lugar como
se debe, por no hablar de productos financieros asociados a la inversión inicial de esa iniciativa. De hecho, en gran medida la demanda o la presencia de nuestras empresas en el sector de las renovables en el exterior se ha visto muy favorecida por
un incremento notabilísimo de la demanda de ese tipo de productos asociado a los mercados internacionales de carbono y a


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los nuevos modos de pensar en la satisfacción de la demanda de energía en terceros países. Por tanto, nuestro objetivo para con Kioto, insisto, sigue siendo el básico; nuestra aspiración es poder cumplir con la adquisición de esos 159
millones de toneladas y no tener que, en su caso, ir por encima de esto haciendo un uso inteligente de esos recursos, con reversiones en nuestro planteamiento de política comercial exterior y de relación política privilegiada con los países que
reciben ese volumen de recursos y de inversión.



Ha hecho referencia también a la política forestal. Como muy bien saben, vivimos en un país donde la política forestal cuenta con una fragmentación notable en términos de responsabilidad política y de propiedad del suelo sobre el que hay
que actuar. El programa presentado por el Gobierno el pasado viernes viene acompañado, precisamente por lo que usted dice, de un plan, de una invitación a fortalecer el trabajo en la prevención de incendios. Es verdad que en materia de política
forestal sería simplista limitar el discurso exclusivamente a cuantos árboles/día puede plantar cada hora hombre/trabajo, porque no tiene sentido, porque en términos de captura de CO2, de sostenibilidad y mantenimiento de esos nuevos bosques o ese
terreno reforestado se necesita un trabajo de fondo mucho más intenso respecto al tipo de especies que se plantan, respecto a la cadencia temporal con la que las plantaciones tienen lugar, porque de lo contrario, a lo mejor sin querer, estaríamos
incentivando el riesgo de incendios, que es mucho más alto en las masas jóvenes que en las más maduras. Por tanto, hemos procurado presentar un plan asociado a aquello que nos parece que tiene todas las garantías, desde el punto de vista de la
sostenibilidad ambiental, maximizando el potencial de beneficios que está asociado a las plantaciones forestales y, por tanto, eligiendo en primera instancia aquellos terrenos donde las dificultades de gestión inicial pueden resultar menores por ser
propiedad de la Administración General del Estado o por ser municipios donde ya hay una tradición de reflexión y de preocupación por los aspectos forestales y la biodiversidad.



Asimismo, se ha hablado del modo en el que el Gobierno se plantea la política fiscal, la fiscalidad verde. Por un lado, contamos con un compromiso del partido en el Gobierno para orientarlo de cara a la nueva legislatura; por otro lado,
contamos con algunos elementos sumamente interesantes como fue el empleo de una primera herramienta de aprendizaje asociado a la modificación del impuesto de matriculación; y, por otro lado, contamos, respecto a la intervención del portavoz de
Convergència i Unió, con un nuevo marco europeo interesante. Saben ustedes que en esta cuestión de las deducciones y la política fiscal, los estímulos, las ayudas a la actividad empresarial e inversión en bienes de equipo y en comportamiento
sostenible de nuestras empresas, la principal dificultad se derivaba de las limitaciones asociadas al derecho de la competencia y del mercado interior en Europa. Pues bien, la quinta medida por impacto del paquete de la Unión Europea en materia de
energía y cambio climático está precisamente en la modificación del sistema de ayudas de Estado para poder orientar, de algún modo, los ingresos derivados de las subastas de derechos de emisión al apoyo de esa transformación de la economía hacia un
modelo no intensivo en carbono. Veamos, por tanto, el conjunto del paquete, dejemos al Ministerio de Hacienda, que es el que en estos momentos está haciendo toda la composición de lugar, trabajar y marcar las pautas y veamos cómo se concretan esos
compromisos.



Por último, en cuanto al aspecto que usted suscitaba en relación con la posición relativa de la industria española en lo que respecta a la eficiencia por unidad de producto frente a la industria de otros Estados miembros, estamos convencidos
-y todos los datos avalan el hecho de que esto sea así- de que en términos generales la industria española es eficiente. Es verdad que la propuesta que hace la Comisión es de conjunto. A mi juicio en ello está uno de los elementos de éxito, como
indicaba con anterioridad, del paquete. Se trata de una reducción del 20 por ciento para el conjunto de las emisiones de origen industrial y eléctrico de la Unión Europea. Esto no significa que la industria española tenga que reducir un 20 por
ciento sus emisiones. Si están del lado de las más eficientes, muy probablemente se vean beneficiadas por este patrón, por esta referencia común de eficiencia aplicada por igual para el conjunto de la industria europea. Esta ha sido una de las
reclamaciones básicas del Gobierno de España en la última legislatura. No tenía sentido que, como consecuencia de la diferencia en términos de restricción de exigencia de los planes nacionales de asignación, empresas instaladas en España más
eficientes recibieran menos derechos de emisión que competidoras en Europa que, a lo mejor, no eran tan eficientes. Por tanto, primer elemento básico para vigilar en la revisión de la Directiva del sistema europeo de comercio de derechos de
emisión; condiciones, marco regulatorio equivalente para el conjunto de la industria europea.
Segundo elemento, las excepciones; la cuestión de cuál es el mejor modo de abordar con éxito esa transición a nivel mundial hasta tanto se adopten
patrones equivalentes en terceros países. Las preguntas son dos: cuáles son los sectores que pueden estar más expuestos y cuáles son las herramientas más adecuadas para abordar con éxito esa gestión. De hecho, se está desarrollando un trabajo
intenso, tanto por parte de los gobiernos de manera individual, acompañados en muchas ocasiones por la propia industria, como a nivel comunitario, donde se ven desde sectores que pueden ser muy eficientes pero son grandes consumidores de energía,
hasta sectores más pequeños donde el tipo de competencia puntual puede derivarse del hecho de que solo estén básicamente ubicados en uno o dos Estados miembros y en terceros Estados extracomunitarios. Insisto, se trata de un tema en el que el
consenso es total por parte de los miembros del Consejo de Ministros europeo, como aspecto clave a tutelar en el proceso del que estamos hablando.



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Me falta contestar a una reflexión del portavoz de Convergència i Unió relativa al modo en que se pueden implicar el conjunto de las administraciones públicas y el papel de las comunidades autónomas, los mecanismos de cooperación con éstas
en cuestiones de cambio climático y, en particular, cuando hablaba de la estrategia y de la norma con rango de ley reguladora de la movilidad sostenible. Decía que veníamos trabajando con éxito notable gracias a la comprensión, por parte de todas
las administraciones afectadas, de que esto es un problema de Estado en el que debemos sumar esfuerzos, y no objeto de la confrontación sino de la coordinación de esfuerzos y la complementariedad de esfuerzos en un diálogo fluido, desarrollado
básicamente en el seno de la Comisión de coordinación de políticas de cambio climático. Esta Cámara ya subrayó su interés por promover medidas que garantizaran la movilidad sostenible, tanto en norma con rango de ley como en políticas eficaces en
materia de movilidad sostenible. Como decía antes, el Gobierno está convencido que esto es algo más que infraestructuras. Incluye otros muchos elementos básicos: política industrial, política fiscal, I+D, gestión de la demanda, urbanismo. Afecta
al núcleo esencial de competencias de los entes locales y de las comunidades autónomas; por tanto, es prácticamente imposible pensar en tener éxito sin el concierto de comunidades autónomas y entes locales, pero también es verdad que debemos ser
capaces de identificar unos objetivos de política nacional como país, unos principios comunes para actuar todos en la misma dirección y unas herramientas de coordinación de esfuerzos, herramientas de todo tipo.
Probablemente en ocasiones baste con
herramientas institucionales para formar consensos, en otras quizás necesitemos algo más. Es esto lo que queremos proponer y es esto en lo que entendemos que tenemos espacio, voluntad política suficiente en nuestros colegas de las administraciones
autonómica y local como para seguir avanzando.



La señora PRESIDENTA: Abrimos a continuación un breve turno de réplica por cinco minutos en el mismo orden que el debate anterior.



Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Morán Fernández.



El señor MORÁN FERNÁNDEZ: Podemos albergar expectativas muy positivas a tenor del contenido de las intervenciones de los portavoces de los distintos grupos, en el sentido de que hay un alto grado de coincidencia en los objetivos finales.
Es cierto que en el camino podemos encontrarnos con apreciaciones algunas veces, incluso, encontradas. De verdad, no encontré autocomplacencia en la primera intervención de la secretaria de Estado, pero tampoco me parece que el que se haya
identificado esa autocomplacencia por parte de la portavoz del Grupo Popular vaya más allá de una valoración. Probablemente, yo podría encontrar la misma posición en alguna valoración de comparación que se hacía en relación con las medidas
adoptadas en su momento por el Gobierno del Partido Popular. No deja de ser una sencilla apreciación que cada uno puede tener en un momento determinado. Sí creo que hay alguna cuestión más de fondo en la que probablemente, en todo este recorrido,
merezca la pena hacer alguna reflexión. Veía que se centra mucho el debate en lo que afecta a la política energética. Si coincidimos todos en que tenemos que caminar hacia un nuevo patrón de crecimiento económico, es evidente que caminamos también
hacia un nuevo patrón energético. Si debemos evolucionar desde el patrón energético actual y coincidimos -y creo que había coincidencia- en el sentido de que probablemente la fuente de suministro en la que más haya que explorar en los próximos años
sea la del ahorro energético y, al mismo tiempo, coincidimos todos en que deben incentivarse las políticas de fomento de la producción de energías sostenibles, hay alguna parte de la cesta energética -si caminamos hacia una reducción del consumo e
incrementamos la producción de las energías renovables y al mismo tiempo apostamos por el carbón limpio-, que camina hacia la reducción. Es cierto que el presidente del Gobierno hizo una manifestación explícita en relación al camino que se va a
seguir en el futuro en lo tocante a la energía nuclear, y posiblemente todos tengamos que manifestar con claridad cuál va a ser ese patrón energético en el futuro. En estas cuestiones es en las que probablemente vayamos a emplear más tiempo y
trabajo. En la medida en que hoy existe -por lo menos yo aquí así lo identifiqué- una clara voluntad de cooperación para conseguir unos altos índices de complicidad social en este país, en la búsqueda de un nuevo patrón energético y un nuevo modelo
de convivencia ciudadana con el entorno, no me cabe la menor duda de que podemos conseguir resultados muy positivos.



Reitero mi agradecimiento por las aclaraciones hechas en esta segunda intervención por parte de la secretaria de Estado, y saludo también el contenido de las intervenciones de los portavoces de los otros grupos parlamentarios que en buena
medida forman parte de lo que se manifestó como un espíritu de cooperación.



La señora PRESIDENTA: A continuación, la señora De Lara Carbó.



La señora DE LARA CARBÓ: Parece ser que no me he explicado respecto de las energías renovables, porque lo que ha indicado la secretaria de Estado no era correcto. Simplemente quiero aclararlo, y a efectos del 'Diario de Sesiones'.



No cuestionamos para nada la opción de las energías renovables. Apostamos por ellas, por supuesto que sí, pero lo que cuestionamos son las declaraciones del presidente del Gobierno que a la energía nuclear contrapone la energía renovable.
No hay nada que contraponer. Apostamos por un mix energético lo más amplio posible y en el que quepan todas las energías. Por supuesto, y tal y como está en nuestro programa electoral, apostamos


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por mantener los emplazamientos nucleares. Dicho esto, quiero decir que creemos que para un mix energético equilibrado todas las energías son necesarias.



Para terminar, ya habrá otro día que podamos hablar ampliamente de política forestal y de qué es lo que creo que es escaso de este plan de reforestación. Por supuesto que no todo son números ni son horas de trabajo ni son hectáreas, pero
explicaremos que para nosotros realmente es escaso. Creemos que el efecto sumidero de nuestros bosques debe ser muchísimo más aprovechado.



En cuanto a energías renovables, efectivamente, la eólica ha cobrado especial importancia, y la solar fotovoltaica lo mismo, pero tenemos energías renovables que están muy atrasadas. Tenemos la biomasa, la energía solar termoeléctrica, los
biocombustibles. Creemos que de las energías renovables nos hemos centrado en dos y para cumplir los objetivos que tenemos fijados y los que propone la Comisión Europea para el año 2020 indudablemente deben desarrollarse todas las energías
renovables.



Para finalizar quiero decirle que la rehabilitación energética de edificios que dice usted que están estudiando los ministerios de Industria y Vivienda nos parece bien o mal, no lo sé. Creo que en este momento de crisis es poco adecuado,
pero es algo necesario. Simplemente es una prueba más de lo que le decía en mi primera intervención, y es que ustedes presentan una iniciativa tres, cuatro o cinco veces, y en el momento en que yo le pregunto resulta que esa iniciativa presentada a
bombo y platillo la están estudiando los ministerios de Industria y Vivienda, que es muy normal, pero la prueba evidente es que cuando se presentó anteriormente no había nada sobre ella.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra para cerrar el debate la señora secretaria de Estado.



La señora SECRETARIA DE ESTADO DE CAMBIO CLIMÁTICO (Ribera Rodríguez): Tengo la impresión de que tenemos un espacio muy interesante para seguir trabajando en común. Creo que, efectivamente, la complementariedad entre los programas de
ahorro y eficiencia energética y el incremento del porcentaje de peso de las energías renovables es evidente. Poder cumplir con esos objetivos porcentuales del total de la energía consumida en nuestro país depende en gran medida de cuál sea el
volumen total de energía consumida, y esas son las dos prioridades absolutas en materia de política energética. En esa línea se entiende muy bien el hecho de marcar como objetivo trabajar en materia de vivienda y rehabilitación energética, y una
cosa es la presentación de las prioridades y otra cosa es la presentación de los planes o proyectos concretos.



Sin más, quisiera reiterar mi agradecimiento y satisfacción por haber compartido esta mañana con ustedes. Quedo a su disposición para cualquier otro día en el que, si les parece oportuno, podamos compartir opiniones sobre temas específicos
de las políticas de cambio climático, evolución de la negociación internacional en esta materia o cualquier otro aspecto competencia de mi Secretaría de Estado.



La señora PRESIDENTA: Les agradezco a SS.SS. su presencia en esta Comisión y a la secretaria de Estado su disponibilidad y la rapidez con la que accedió a comparecer en cuanto le fue solicitado. Asimismo, le agradezco su ofrecimiento para
en el futuro seguir compareciendo en esta Comisión de Medio Ambiente cuando SS.SS. lo estimen oportuno.



Se levanta la sesión.



Era la una y quince minutos de la tarde.