CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2008 IX Legislatura Núm. 51

PARA LAS POLÍTICAS INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN

Sesión núm. 2 celebrada el jueves 26 de junio de 2008

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia de la señora ministra de Educación, Política Social y Deporte (Cabrera Calvo-Sotelo), para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento. A petición propia. (Número de expediente 214/000023.)... href='#(Página2)'>(Página 2)

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Se abre la sesión a las doce y cincuenta minutos de la tarde.



La señora VICEPRESIDENTA (Villagrasa Pérez): Vamos a comenzar la sesión.



Quiero dar la bienvenida a la ministra de Educación, Política Social y Deporte y decirle que es una maravilla que contemos con ella. Esta Comisión durante la anterior legislatura dio su fruto y ahora hemos conseguido que sea una Comisión
permanente. Le agradezco que en esta primera convocatoria esté aquí con nosotros y a la vez quiero excusar al presidente de la Comisión, que no ha podido venir.



Simplemente, doy la palabra ya a la presidenta, pues hay otras comisiones.
Hemos terminado el Pleno prontito y los grupos han pedido que por favor aceleremos para terminar pronto. Gracias, señora ministra, por su presencia en esta
Comisión.



La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE (Cabrera Calvo-Sotelo): Señorías, pocas veces como esta he sentido que mi presencia en el Congreso de los Diputados era un deber y al mismo tiempo un honor. Siempre he creído que
el Gobierno debía asistir a las Cortes para explicar su política y rendir cuentas de ella. Lo he creído y lo he predicado con el ejemplo. En la legislatura pasada respondí cuando fue preciso a los requerimientos de las Cámaras y en el poco tiempo
que llevamos de legislatura es esta la tercera vez que comparezco ante una Comisión parlamentaria, pero créanme cuando les digo que en esta ocasión siento mi presencia ante ustedes como algo muy especial. Es un honor ser la primera ministra que
comparece ante esta Comisión como Comisión Permanente para las Políticas Integrales de la Discapacidad; un honor porque creo que la conversión en permanente de esta Comisión es una deuda que el Parlamento, en tanto que representante de la soberanía
nacional, tenía con las personas con discapacidad. Es una deuda y también es una conquista (El señor vicepresidente, Garre López, ocupa la Presidencia.), una conquista de todos aquellos que desde la sociedad civil, desde el importante movimiento
asociativo, han venido luchando desde hace años para que el Congreso de los Diputados tuviera esta Comisión permanente dedicada a la discapacidad. Por todas estas razones, quiero comenzar mi intervención afirmando que reconocer que la actuación de
los legisladores debe estar dirigida al bienestar de todos y cada uno de los ciudadanos y por tanto que todas las políticas deben incluir el punto de vista de la discapacidad es una conquista de la democracia española, una nueva conquista de la
sociedad civil, una más en una larga serie de batallas libradas por el movimiento asociativo de las personas con discapacidad para conseguir su plena integración en la sociedad. Nuestras sociedades han manifestado siempre, con más o menos franqueza
según el momento, un claro prejuicio hacia las personas con limitaciones en su capacidad y ello ha derivado en una organización social que ha ignorado las necesidades de estas personas, creando barreras y obstáculos que han impedido no ya su
participación social, sino hasta el propio ejercicio de sus derechos básicos. De hecho, hasta hace un cuarto de siglo se consideraba a estas personas como sujetos titulares de medidas benéficas más que de derechos, como enfermos más que como
ciudadanos y como personas dependientes y limitadas, poco compatibles con la organización y el funcionamiento que se estipulaba como normal de la sociedad. Es más, ni siquiera eran visibles, las teníamos casi siempre recluidas en el ámbito de lo
privado. Por eso quiero insistir en que las personas con discapacidad son eso, personas, y por eso sujetos de dignidad. Digno es aquello que es un valor en sí mismo y que por tanto debe ser valorado por sí mismo. Nadie debe extrañarse de la
insistencia que ponemos en hablar no de discapacitados y mucho menos de minusválidos, sino de personas con discapacidad. El lenguaje es importante porque los seres humanos construimos nuestra identidad, entre otras cosas, a través del
reconocimiento que recibimos de los otros y un reconocimiento injusto es otra forma de opresión. Las personas con discapacidad no son menos valiosas que el resto.



Aunque las cosas están cambiando, la imagen tradicional de la discapacidad todavía pervive. Lo demuestra el hecho de que cada día millones de personas se enfrentan a barreras de distinto tipo que obstaculizan el camino hacia la igualdad de
oportunidades. Esto es así porque, al diseñar sus espacios, bienes y servicios, nuestra sociedad sigue adoptando criterios aptos solo para una mayoría de sus integrantes, criterios que marginan o expulsan a las personas diferentes. De este modo,
cuando no facilitamos a todos los individuos las mismas oportunidades, ahogamos de raíz las posibilidades de desarrollo de quienes no responden a los cánones físicos, mentales o sensoriales estandarizados. Afortunadamente, la sociedad española está
cambiando. Así lo revela una encuesta de la Unión Europea, celebrada en julio de 2006, que afirma que los españoles consideran que la discapacidad es el principal factor de discriminación en la sociedad, por encima de otras consideraciones como el
género, la etnia y la opción sexual o religiosa. Esto es importante, aunque no es suficiente. Todavía una mayoría de ciudadanos sigue percibiendo la discapacidad como una limitación de la persona, cuando se trata de una limitación en el
funcionamiento de la persona, una diversidad funcional.
La discapacidad no define a la persona en su conjunto, sino a alguna de sus posibilidades de actuación. Tan importante es en este caso la realidad como la percepción que la sociedad tiene de
esa realidad y por eso necesitamos un cambio cultural. Las barreras más difíciles de superar -lo sabemos- son las barreras culturales, las barreras mentales, es decir, que la incidencia de la discapacidad en la libertad del individuo no depende
tanto de su déficit orgánico como de su interrelación con el entorno físico, social y cultural que le rodea. De la mano de esta nueva imagen de la discapacidad se ha ido abriendo paso la convicción de que


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debemos introducir cambios en el modo en que organizamos nuestras sociedades para reducir considerablemente e incluso acabar con los obstáculos que impiden a las personas con discapacidad ser ciudadanos en plenitud de derechos. Este cambio
no ha sido fruto del azar, sino consecuencia de un poderoso movimiento de reivindicación y extensión de los derechos humanos, en el que han adquirido un notable protagonismo las propias personas con discapacidad, cuyas asociaciones asumieron el
principio de que los derechos no se piden, sino que se conquistan. Quiero insistir en esto porque me parece importante reconocerlo. Las personas con discapacidad han defendido el derecho igualitario a perseguir las oportunidades que la vida le
ofrece a cada individuo, a prosperar mediante la educación e integrarse en la sociedad a través del empleo, demandando el derecho a participar y el derecho a contribuir y lo han hecho, por tanto, desde la reivindicación de los derechos fundamentales
y desde su condición de ciudadanos. Y en este, como en otros muchos casos, tanto en el ámbito internacional como en el español, los gobiernos y las administraciones públicas hemos ido a la zaga, asumiendo como propias aquellas reivindicaciones que
promovían la igualdad de derechos. Este Gobierno, el Gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha tenido siempre claro que la discapacidad es ante todo un asunto político que debe abordarse desde la óptica de los derechos individuales,
de los derechos humanos, un asunto que se planteaba hasta hace poco como un problema individual y que en realidad es un problema social y colectivo.
Como tal, su solución exige que revisemos los condicionamientos sociales, culturales, políticos y
económicos y que respondamos con coherencia a una serie de preguntas básicas: ¿Qué tipo de sociedad queremos construir? ¿Qué tipo de espacios queremos para la convivencia? Nosotros queremos una sociedad inclusiva, que promueva la igualdad real de
derechos de todas las personas. Queremos que este modelo de sociedad forme parte del currículo educativo en todos los niveles de la formación de nuestros niños y jóvenes y que las administraciones públicas provean los medios para hacer efectiva la
igualdad de oportunidades. Esta es una de las razones por las que el presidente del Gobierno decidió agrupar las competencias educativas y de política social en una sola cartera, el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte.



En los últimos años, España se ha situado en la vanguardia internacional en cuanto a la legislación sobre derechos de las personas con discapacidad. No en vano, España es uno de los países que ha impulsado más decididamente la Convención de
la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad, que entró en vigor el pasado 3 de mayo. Como saben todos ustedes, el propósito de esta convención es conseguir que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales. También pretende promover el respeto de su dignidad inherente, la no discriminación, la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, el respeto por la diferencia, la igualdad de oportunidades y la
accesibilidad universal. En definitiva, la convención establece como objetivo la plena inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad, para lo cual todos los países que la hemos suscrito acordamos eliminar toda barrera o restricción
material y mental que impida su participación efectiva en la misma. Para lograr este propósito, nos comprometemos, los países firmantes, a asegurar y promover el pleno ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas
con discapacidad, sin que dicha condición pueda dar lugar a discriminación alguna. Somos conscientes de que hacer efectivos estos compromisos exige repensar, desde el punto de vista de la discapacidad, los contenidos y las formas de toda futura
norma legal y, lo que probablemente sea un reto mayor, la revisión de la normativa vigente. Esta es una tarea sobre la que debemos pensar todos aquellos que, de una u otra manera, participamos en el proceso legislativo. El Ministerio de Educación,
Política Social y Deporte se compromete a coordinar la adaptación de la normativa española a los postulados de la convención. Sin embargo, sería interesante -por supuesto es solamente una sugerencia- que el propio Congreso de los Diputados, sede de
la soberanía nacional, a través de esta misma Comisión convocara a los representantes del sector asociativo y a expertos de diversos ámbitos para estudiar el mejor modo de llevar a la práctica estos objetivos. La firma de la convención entronca con
la voluntad de los gobiernos españoles por liderar en el ámbito internacional las políticas sobre discapacidad. La convención ha sido un gran paso, que se apoya en la tradición del Estado del bienestar europeo, como reconoció hace unos pocos días
el comisario europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades Vladimir Spidla. El Plan de acción europeo sobre discapacidad ofrece el marco adecuado para que la discapacidad esté presente en todas las políticas comunitarias, teniendo
en cuenta que esto ha de hacerse conforme al principio de: Nada para las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad. Un principio que ya aparecía recogido en la Declaración de Madrid, promovida con ocasión del Congreso europeo
sobre discapacidad celebrado en esta ciudad en marzo de 2003, Año europeo de las personas con discapacidad. Esta declaración se hizo desde la óptica de los derechos humanos y contiene ya muchas de las propuestas que hoy en día asume la Convención
de Naciones Unidas. España es un referente internacional reconocido en el ámbito de la discapacidad y no queremos renunciar a seguir ejerciendo ese liderazgo. Hace apenas un par de semanas celebramos en León la Conferencia europea de diseño para
todos y accesibilidad electrónica, que reunió a más de 200 expertos internacionales y a representantes de 160 organismos nacionales de los diferentes países de la Unión Europea. Vamos a seguir trabajando para reforzar nuestra condición de
impulsores de las políticas a favor de las personas con discapacidad en el ámbito internacional.



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La Convención de las Naciones Unidas marca objetivos que debemos perseguir con nuestras políticas sobre discapacidad. Tenemos legislación suficiente y avanzada, pero necesitamos trabajar para que estas normas transformen de verdad la
realidad, para que los principios que en estas se contienen sean realmente efectivos y para que, como indica la Comisión Europea, antes del año 2010, las personas con discapacidad vean ampliadas sus posibilidades de accesibilidad, de formación, de
empleo y de vida independiente. En los próximos minutos quiero brevemente señalar algunas de nuestras propuestas en estos ámbitos. La mayor parte de ellas se enmarcan en el contexto del III Plan de acción para las personas con discapacidad
2008-2011, cuyo contenido está negociando ya el ministerio con otras administraciones -dado que el carácter de muchas de estas políticas es un carácter transversal- así como con los agentes sociales y el movimiento asociativo. Este plan de acción
promueve la autonomía personal, reconoce que la discapacidad es un componente más de la diversidad humana y actúa en una doble dirección. De entrada, sobre las políticas públicas en general, para hacerlas más flexibles e impedir que marginen a las
personas con discapacidad. Creo que este principio de transversalidad es un principio importante. No estamos hablando solo de medidas dirigidas expresamente a las mujeres y a los hombres con discapacidad, sino de todas las políticas, pues todas
ellas deben tener en cuenta las necesidades y demandas de este colectivo. Además, el plan incide sobre las propias personas con discapacidad mediante medidas de acción positiva que rompen su aislamiento y les permiten integrarse y participar
plenamente en todos los ámbitos de la vida social. El plan aborda los principales aspectos de la vida cotidiana -participación social, educación, cultura, empleo, salud, protección jurídica- y se asienta sobre los principios de no discriminación e
igualdad de oportunidades, de normalización y vida independiente, de participación e integración, de igualdad entre mujeres y hombres, de accesibilidad universal y diseño para todos. Asimismo, asume que su éxito dependerá de que exista un diálogo
fluido entre todas las administraciones competentes y entre estas y la sociedad civil.



No voy a entrar en el detalle del plan ni de todas las medidas a él asociadas, pero sí quiero abordar cuatro aspectos muy concretos de nuestras políticas sobre discapacidad: accesibilidad universal, educación, empleo y vida independiente.
Tenemos una definición consensuada acerca de qué significa la accesibilidad universal. La accesibilidad universal es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos,
herramientas y dispositivos para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y normal posible. Esta definición supone que la concepción, el diseño o la
planificación de bienes y servicios debe tener presente que existen personas diversas, con necesidades y características diferentes y que todas deben poder utilizarlos y disfrutarlos. Por tanto, se trata de un principio de calidad que beneficia a
todos los ciudadanos, con independencia de que tengan o no una discapacidad. Estamos hablando de personas con discapacidad pero también, por ejemplo, de los padres que transitan con un carrito de bebé por una ciudad llena de obstáculos o de una
persona zurda que no puede utilizar aquella silla de mesa extensible -que siempre está colocada a la derecha- o de esa caja de letra del ordenador o del móvil que ya no podemos ver cuando tenemos cierta edad. Avanzar en las políticas de
accesibilidad exige incentivar la investigación. En los últimos años hemos hecho una apuesta decidida -y seguimos y seguiremos haciéndola- para promover y financiar políticas de investigación sobre este tema. Las universidades y los organismos
públicos de investigación dedican a ello una parte importante de sus esfuerzos. Asimismo, desde el año pasado nuestra legislación universitaria recoge expresamente los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, que habrán de
orientar toda la actividad de las universidades, incluida la elaboración de los planes de estudios. Esta última medida ha sido muy bien valorada en la reciente Conferencia europea de diseño para todos y accesibilidad electrónica; una conferencia
que he mencionado antes y que ha permitido intercambiar experiencias innovadoras en la formación y en la aplicación de los principios de accesibilidad universal y diseño para todos. También estamos impulsando la investigación y desarrollo en el
ámbito de la accesibilidad universal desde el Real Patronato sobre Discapacidad, al que se vincula, por ejemplo, el Centro español de subtitulado y audiodescripción y, asimismo, está empezando a dar sus frutos la labor del Centro nacional de
tecnologías de la accesibilidad ubicado en León.
Conseguir la accesibilidad universal requiere también un esfuerzo normativo. El Parlamento aprobó en el año 2003 la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de
las personas con discapacidad y, en la anterior legislatura, hemos ido trabajando en su desarrollo.



Otro principio en el que me interesa especialmente insistir es la educación. La educación es, como sabemos, un factor esencial en el desarrollo de todos los individuos. Nuestro sistema educativo sienta las bases para que todos los
estudiantes puedan acceder a una educación de calidad. La Ley Orgánica de Educación recoge expresamente la atención a las necesidades específicas de cada alumno e integra la inclusión y la atención a la diversidad como pautas generales de actuación
en el sistema educativo. Sin embargo el analfabetismo todavía sigue siendo importante entre el colectivo de personas con discapacidad. En términos generales el analfabetismo es un problema prácticamente erradicado en nuestro país porque solamente
atañe apenas a un uno por ciento de la población y sin embargo afecta al 8 por ciento de las personas con discapacidad. En los últimos años ha habido un gran avance en la integración de las


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personas con discapacidad dentro del sistema educativo general pero según se supera el periodo de enseñanza obligatoria aumentan las dificultades y se perciben unas barreras a día de hoy todavía excesivamente elevadas. El informe del
Consejo Escolar del Estado para el curso 2006-2007 señala que el alumnado con necesidades educativas especiales asciende en España a 154.277 personas. Este alumnado y en particular el alumnado con discapacidad presentan un elevado nivel de fracaso
escolar, con mayores dificultades para progresar en la educación no obligatoria. Solo un 9 por ciento de las personas con discapacidad llegan a la educación superior, frente a un 24 por ciento del resto de la población; esto supone una diferencia
de casi el triple.



Desde nuestro punto de vista, estas cifras reflejan una situación de discriminación. En mi opinión, estamos en un momento idóneo para actuar porque tenemos el marco legislativo adecuado, tenemos el compromiso del Gobierno con un ministerio
como este, que aúna las políticas sociales y educativas, y tenemos también una clara demanda de la sociedad civil. Por eso queremos comenzar a trabajar en un plan de reactivación de la inclusión del alumnado con necesidades educativas especiales y
en particular del alumnado con discapacidad, un plan que debemos diseñar entre las administraciones competentes en materia educativa y para el que queremos contar con la colaboración del movimiento asociativo. Antes hablaba de la necesidad de
impulsar un cambio cultural en el modo en que la sociedad percibe la discapacidad. Para esto es fundamental que la escuela promueva los principios de no discriminación e igualdad de oportunidades y aquí resulta crucial la formación del profesorado.
Por eso los nuevos títulos universitarios de maestro de educación infantil y primaria así como el máster de formación de profesorado de educación secundaria y bachillerato han incorporado en sus contenidos la formación en los principios de atención
a las necesidades educativas especiales.



En cuanto al empleo, las personas con discapacidad representan en torno al 5 por ciento de la población en edad de trabajar pero buena parte de este colectivo, alrededor de un 75 por ciento, está en situación de inactividad laboral. Cambiar
este estado de cosas promoviendo un empleo de calidad para las personas con discapacidad es un objetivo de primer orden para el Gobierno, que por esta razón ha elaborado la estrategia global para el empleo de las personas con discapacidad. Una
estrategia que ya está prácticamente ultimada y que en breve será presentada ante las Cámaras, una estrategia que ha sido debatida en varios departamentos ministeriales y ha sido objeto de consulta con las organizaciones sindicales y empresariales
así como con las asociaciones representativas del mundo de la discapacidad. Una estrategia que además se enmarca en el contexto del actual Plan de acción europeo en materia de discapacidad, que reconoce el compromiso de garantizar que las personas
con discapacidad sean tratadas como ciudadanos y agentes socioeconómicos activos que contribuyen a la construcción de una Europa sostenible y solidaria que ofrece iguales oportunidades para todos; asimismo esta estrategia responde al mandato de la
Ley para la mejora del crecimiento y del empleo, del año 2006. Hasta el momento la integración social de las personas con discapacidad a través del empleo se había abordado mediante medidas puntuales de carácter disperso o mediante planes de empleo
caracterizados por un plazo corto de vigencia. En esta ocasión hemos apostado no por un mero plan sino por una estrategia global para el empleo de las personas con discapacidad, que sea marco de referencia y evite la dispersión normativa ofreciendo
una visión de conjunto. En el seno de esta estrategia vamos a trabajar en dos líneas prioritarias: fomentar el empleo entre las personas con discapacidad inactivas y defender la calidad del empleo para las personas con discapacidad que ya tienen
un puesto de trabajo velando para que tengan un empleo digno.
Prestaremos además una atención especial a las mujeres con discapacidad en situación de desempleo. Todo lo que he dicho hasta ahora conduce en última instancia en una misma dirección:
que las personas con discapacidad puedan gozar de una plena autonomía y disfruten de una vida independiente. Las personas con discapacidad tienen el derecho a tomar decisiones sobre su propia existencia así como a llevar una vida normal accediendo
mediante ajustes razonables a los mismos lugares, ámbitos, bienes y servicios que están a disposición de cualquier otra persona.
Debemos asegurar a las personas con discapacidad la posibilidad de elegir; de decidir sobre su vida privada,
profesional o familiar; sobre el acceso a la educación, al empleo, a los lugares públicos y privados, al ocio y al deporte. De esta manera ellos ejercerán como ciudadanos y podremos disfrutar de una sociedad más rica gracias a sus aportaciones.



En mi comparecencia del mes pasado ante la Comisión de Educación, Política Social y Deporte de este Congreso de los Diputados dije que cuando citamos la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de
dependencia solemos referirnos a ella como Ley de Dependencia. Yo prefiero hablar de Ley de promoción de la autonomía personal, porque eso nos remite a su principal objetivo: conseguir los apoyos necesarios para que las personas en situación de
dependencia puedan superar las trabas y barreras que limitan su autonomía.
Precisamente esta ley define autonomía como la capacidad de controlar, afrontar y tomar por propia iniciativa decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las
normas y preferencias propias así como para desarrollar las actividades de la vida diaria. Que se puedan cumplir estos objetivos es en última instancia la finalidad de todas nuestras políticas de discapacidad. (Aplausos.)


El señor VICEPRESIDENTE (Garre López): Concluida su intervención, señora ministra, procede conforme al Reglamento de la Cámara el turno para la intervención de los distintos grupos parlamentarios de


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menor a mayor para formular las preguntas y observaciones que estimen pertinentes. En consecuencia tiene la palabra doña Rosa Díez en representación del Grupo Parlamentario Mixto.



La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Señor presidente, doy la bienvenida a la señora ministra, como no podía ser menos, a esta prácticamente primera reunión de la Comisión; desde esta nueva situación de Comisión Permanente le agradezco su prontitud en
acudir y su intervención. Saludo también la presencia de los representantes del movimiento cívico que nos acompañan en esta mañana y que pueden participar así en nuestros debates, aunque sea en el plano de escucharnos y a partir de ahí tomarnos de
la solapa y movernos si creen que tienen que hacerlo. Les animo que lo hagan y sean vigilantes, porque de la misma manera que quienes nos sentamos en esta parte de la Mesa y formamos parte de la oposición cumplimos con nuestra obligación cuando
instamos o controlamos al Gobierno, los movimientos cívicos tienen también la tarea de instarnos a nosotros, sus representantes, para que hagamos de la mejor manera posible nuestro trabajo.



Yo comparto desde luego, señora ministra, su discurso en el sentido del reconocimiento de derechos y de la necesidad de que todos esos derechos que han de reconocerse a las personas con discapacidad sean derechos efectivos y los puedan
ejercer como ciudadanos que son de nuestro país.
Comparto en su literalidad por tanto todas sus proclamas de declaración de derechos. Lo único que nos resta es ver, con nuestro acompañamiento a ser posible y el mío lo tendrá para cumplir esos
objetivos, hasta qué punto esa precisión en el discurso -si me permite que se lo diga así, esa precisión en el lenguaje que es tan de agradecer por lo menos para mí en una sociedad en la que a veces la perversión del lenguaje termina pervirtiendo
las propias políticas- culmina en una coherencia con los hechos. En fin, yo animaría al Gobierno a que ese plan que nos ha anunciado que está elaborando y la propia estrategia global sea presentada próximamente ante el Congreso de los Diputados;
por cierto, sabe la ministra que ayer mismo aprobamos una proposición no de ley a propuesta del Grupo Popular que fue transaccionada, consensuada y aprobada por unanimidad en la Cámara en esta misma dirección. Yo le animaría, decía, a que ese plan
tenga la eficacia que la Ley de promoción de la autonomía personal -a mí también me gusta más llamarla de esa manera- no ha tenido, porque esa es una buena ley que no tiene recursos, que no tiene suficiente dotación presupuestaria, y que
precisamente porque no tiene suficiente dotación presupuestaria, porque depende de muchas administraciones, porque no está garantizado que en todas partes del territorio nacional se trate de la misma manera a los ciudadanos que sufren esa
discapacidad, se ha terminado convirtiendo -como seguramente usted misma sabe, porque hay muchas denuncias en ese sentido de ciudadanos a los que la ley les afecta de una manera global pero no se les aplica de una manera global- en muchos casos,
insisto, en una ley de dependencia. Sabe usted que en muchos casos depende exclusivamente de la parte del país, de la parte de España en la que vivas para que las prestaciones cubran un porcentaje u otro. Yo creo que la única manera de garantizar
que todos los ciudadanos que tienen esa necesidad, y por tanto son acreedores de ese derecho, reciban la misma prestación es que se dote presupuestariamente por parte del Estado o que se garanticen transferencias finalistas para que las otras
instituciones que son competentes en esta materia no conviertan, de facto, en acreedores de derechos diferentes a ciudadanos que viven en distintas partes de España.



Dicho esto, insisto, ojalá haya coherencia en los hechos, ojalá que el plan que nos anuncia tenga una eficacia mayor que la que hasta el momento presente está teniendo la Ley de promoción de la autonomía personal, y quiero decirle, ministra
que en esta tarea, en la tarea de hacer efectivos los derechos de todos los ciudadanos al margen de su situación personal, siempre encontrará a la representante de Unión, Progreso y Democracia como portavoz del Grupo Mixto en esta Comisión.



El señor VICEPRESIDENTE (Garre López): A continuación tiene la palabra el representante de Esquerra Republicana de Catalunya, señor Tardà.



El señor TARDÀ I COMA: Señora ministra, la felicito. En la mayoría de las apreciaciones que usted ha hecho aquí estamos de acuerdo, es más, encontrará en nosotros el máximo apoyo, pero debo decirle que estoy tan de acuerdo, que incluso
estoy de acuerdo con el señor Vañó, que es un diputado que tiene una gran conciencia sobre el tema y es una excelente persona, y además muy listo, aparte de inteligente muy listo (Risas.), y ayer supo jugar sus cartas y las supo jugar pero que muy
bien. Ayer aprobamos -también la compañera Rosa Díez ha hecho mención a ello- una moción que de hecho coincide casi miméticamente con lo que usted ha expuesto. Hablábamos de la mejora de la calidad de la educación y la formación de las personas
con discapacidad; hablábamos de empleo; aprobando la moción respondíamos también a la indignación que tenemos todos, todos, sobre cómo la misma Administración, sea del color que sea, se salta a la torera muchas veces las cuotas y cómo a veces en
la contratación pública se hacen trampas; hablábamos de incrementar las bonificaciones de la Seguridad Social, etcétera. Es decir, más o menos todo casa, y de ahí el éxito del diputado Vañó ayer.



En el fondo lo que ocurrió ayer y lo que ocurrirá hoy aquí es la demostración de que en la pasada legislatura se hicieron las cosas muy bien hechas, sin pecar de petulantes, por los miembros que formamos parte de esta Comisión en los cuatro
años anteriores, porque siempre se buscó el consenso y hubo también por parte del Gobierno y por parte del Grupo Socialista el máximo interés para que todo fuera por la vía del consenso.
Es más, de esto estamos muy orgullosos porque, fíjese, la


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Ley que regula las lenguas de signos en el Estado español, la Ley de autonomía personal, la Ley de infracciones y sanciones, que la modificamos para incrementar las sanciones porque a veces salía más a cuenta hacer trampas que no cumplir la
ley, pues no está mal lo que se hizo, pero ahora la verdad es que estoy expectante ante los presupuestos que va a presentar el señor Solbes porque, al fin y al cabo, las leyes sin recursos son papel mojado; quizá esto es demasiado fuerte, pero
casi, casi. Lo que no puede ser es que todo aquello que atañe a los débiles dependa o esté al pairo de la coyuntura económica. Justamente cuando la coyuntura económica es recesiva o depresiva conviene salvaguardar aquellas conquistas hechas en
otros momentos, sea porque existe una bonanza económica o porque existe una correlación de fuerzas buena y necesaria para hacer políticas sociales avanzadas, para que las paredes maestras no se resquebrajen. De manera que todo eso está muy bien.
Es más, creo que esta Comisión -repito- se ha distinguido por trabajar en ese sentido. Ojalá hubiera habido en otras comisiones el mismo talante.
Pero ya no podemos vivir solamente de palabras o incluso de transacciones y de buen humor, porque
cuando hablamos de que hay que conseguir ayudas técnicas, como derecho subjetivo, pues esto hay que empezar a trabajarlo, pero significa una mayor aportación económica para el despliegue de la ley. Cuando hablamos de las bonificaciones y cuando
tenemos en cuenta que las empresas públicas tienen que mojarse (creo que ahora entramos en la legislatura en donde se van a ver, y ojalá no ocurriera, las divergencias) corremos el riesgo de que el sector social, el mundo de la discapacidad, y por
extensión las personas que no han conseguido todavía un nivel de beneficio social suficiente como para poder aspirar a una integración necesaria y suficiente, tengan un cierto desengaño. Al fin y al cabo aquí de lo que se trata es de tener
recursos. Por eso le pregunto: ¿Y usted con qué cuenta para hacer todo esto? ¿Tiene usted convencido al señor Solbes de que hay que destinar un mayor porcentaje del producto interior bruto a políticas sociales? Porque si le tiene convencido,
usted saldrá a hombros al final de la legislatura, pero si hay tongo -y lo digo con buen humor; espero que se entienda la categoría de mis palabras y desde la modestia de nuestro grupo parlamentario-, no solamente habrá crisis política sino que
además desengañaremos mucho a aquellas personas que creen que el Estado del bienestar solamente tiene sentido si tiene como objetivo prioritario la defensa de los débiles. De manera que esta es mi pregunta: ¿Cómo está el señor Solbes? Y otra
cuestión muy concreta, porque fue un gran éxito de todos los grupos parlamentarios en la pasada legislatura, uno de los éxitos. Me gustaría saber cuál es el nivel de desarrollo en estos momentos de la Ley que regula las lenguas de signos españolas.



EL señor VICEPRESIDENTE (Garre López): A continuación puede hacer uso de la palabra en nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió) doña María Concepciò Tarruella Tomàs.



La señora TARRUELLA TOMÀS: Señora ministra, aparte de darle la bienvenida a esta Comisión, quiero saludar al Cermi, cuyos miembros se encuentran con nosotros en estos momentos, al mismo tiempo que felicitar a su nueva junta directiva, que
creo que solo lleva dos días en el cargo, y desearles muchos éxitos, que nos sigan ayudando con sus demandas, con sus reivindicaciones a todos los grupos, porque es lo que todos esperamos.



Señora ministra, he escuchado sus palabras con mucho agrado y, al igual que han dicho quienes me han precedido en el uso de la palabra, no tengo ninguna discrepancia. Va a tener a nuestro grupo parlamentario a su lado durante esta
legislatura para seguir trabajando en esta línea. Todo lo que concierne a las políticas integrales para las personas con discapacidad es un tema importante y al que en nuestro grupo queremos continuar dándole la máxima importancia. Señora
ministra, en esta Comisión todos hemos llegado a un compromiso para ser breves por lo que voy a ir al grano, señalándole lo que me gustaría que me aclarara y unas demandas que voy a hacerle para que todos podamos llegar a buen puerto y podamos
ayudarle. Nos encontrará a su lado para poder desarrollar todas estas políticas.



Es muy importante -en eso estamos de acuerdo- la firma por parte de España de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. Es un puntal, pero va a implicar el cambio de muchísimas leyes y el cambio de muchas
mentalidades. Estamos de acuerdo con usted -creo que toda la Comisión- en buscar el asesoramiento de los expertos mundiales en discapacidad para que nos ayuden a hacer todo lo posible al respecto. Quiero pedirle que en este despliegue
importantísimo que va a tener que hacerse no se duerman, que esto no se quede aparcado, sino que se inicie desde un principio y que podamos seguir avanzando. Nuestro grupo quiere pedirle el adelantamiento de la revisión de la aplicación de la Ley
de promoción de la autonomía personal lo máximo posible. Ya sabe que respecto a esta ley mi grupo ha discrepado en cuanto a las competencias autonómicas y creemos que el tiempo nos está dando la razón.
(El señor presidente ocupa la Presidencia.) A
esta ley le falta financiación, y así lo han dicho también los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra. Sin la financiación adecuada esta ley no va a avanzar nunca, pero además tiene lagunas en algunos aspectos de valoración para
algunos tipos de discapacidades. Le pedimos también que se adelanten, y cuanto antes mejor, las valoraciones de otros grupos de personas que hoy tienen muy difícil poder entrar en esta ley, como son las personas con daño cerebral sobrevenido, con
enfermedades raras y sobre todo con enfermedades crónicas y que cursan con brotes, las cuales hoy por hoy están en la práctica exentas de muchas de las ayudas recogidas en esta ley. Le pido que esta revisión se haga


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lo antes posible y que este grupo de personas también se tenga en cuenta, de manera que puedan acceder lo antes posible a estas prestaciones. No puedo estar más de acuerdo con usted en una de sus valoraciones, en la de que la persona con
discapacidad debe elegir ella misma y tiene que tener autonomía, pero para poder hacerlo necesita medios, alternativas y también servicios. Nosotros estamos por esta labor. Vuelvo a repetirle que nos encontrará a su lado si va por este camino,
pero siempre nos encontrará vigilantes y expectantes para que a todo esto se le dé la financiación adecuada y vigilando las competencias autonómicas, que es lo más importante junto a la financiación. Estoy de acuerdo con los dos compañeros que han
intervenido antes que yo, pero discrepo un poco en la forma, en el porqué. Hoy hay desigualdades en algunas comunidades autónomas en cuanto a la aplicación de la ley, pero es que hay desigualdades lógicas de niveles de vida en las diferentes
comunidades autónomas. No puede aplicarse la ley desde un órgano central que no tenga en cuenta estas diferencias de nivel, porque una misma prestación es lo que provoca las diferencias. Nosotros defenderemos estos criterios.
Estaremos atentos a
la proposición no de ley que se aprobó ayer. Y ya que ha hablado de esfuerzos normativos, quería pedirle que diera el máximo impulso al desarrollo de la Ley de la lengua de signos española, que es muy importante para este colectivo e incluso para
la sensibilización del resto de la población.



No quiero alargarme más porque quiero cumplir con el compromiso de ser breves. Por tanto, señora ministra, solo me queda agradecerle otra vez su presencia, y espero que pueda darme algunas respuestas a lo que le he planteado.



El señor PRESIDENTE: Ya que los ha citado, quiero saludar la presencia de nuestros intérpretes de signos y agradecer la tarea que están desarrollando para transmitir lo que ustedes están expresando a las personas que no pueden escucharles.



Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Popular, don Francisco Vañó.



El señor VAÑÓ FERRE: Quiero unirme a la felicitación al nuevo equipo del Cermi, a su nuevo presidente y a la nueva junta directiva, deseándoles lo mejor en esta nueva etapa.



Señora ministra, le agradezco su presencia en esta Comisión y su exposición. Tal y como acaban de decir mis compañeros, en esta Comisión hay una buena disposición de todos al acuerdo. Somos proclives a los pactos porque somos conscientes
de que, aunque se ha hecho mucho, tenemos mucho pendiente por hacer, ya que partíamos de muy atrás. Nos queda mucho por conseguir que en la sociedad esos derechos -afortunadamente ya hablamos de derechos, no de beneficencia- sean alcanzables por
todos. Los tenemos ahí, pero hay un problema y para explicarlo voy a utilizar una metáfora de un conocido mío, que decía: La nevera está abierta para todos pero los yogures están arriba y no alcanzo; tengo derecho a comérmelos pero no alcanzo.
En esta metáfora se sintetiza un poco la problemática de esos derechos a los que, valga la redundancia, tenemos derecho, pero que por distintas dificultades no llegamos a ellos. Insisto en que en esta Comisión somos proclives al pacto y al acuerdo
porque somos conscientes de lo que tenemos que hacer y, por tanto, nos va a encontrar aquí siempre y cuando usted crea verdaderamente lo que dice y lleve a cabo esas políticas que ha descrito. Las políticas sociales no son patrimonio de ningún
partido ni de ninguna ideología, y la mejor prueba -como se ha citado- es el acuerdo que en esto fácilmente hemos encontrado y que todo el mundo queremos que se lleve a cabo.



Sí tengo que recordarle -es inevitable que lo haga- que en la legislatura anterior hubo algunas promesas incumplidas, por ejemplo, el III Plan de Empleo, sobre el que yo le dirigí una pregunta. Me alegro de que ya estén en fase avanzada
algunas de las cosas que están recogidas en el acuerdo de ayer en la proposición no de ley, por ejemplo, que se fije un plazo para tener un punto de partida y saber que va a empezar, no que hablemos siempre de un proceso de elaboración y de
conversaciones, sino que antes de seis meses -y así quedó reflejado- se va a poner en marcha el III Plan de Empleo o la estrategia global de empleo, porque en este caso los eufemismos no afectan a la verdadera voluntad y vocación que hay de que se
aumente el empleo y de que esas dificultades que hay ahora debido a la crisis de empleo y a la destrucción del mismo no afecte todavía más a los más vulnerables en el campo laboral. Por tanto, todas estas situaciones nos favorecen y ayudan a que
ese acuerdo empuje un poco al Gobierno -ojalá no haga falta y que salga del Gobierno-, pero es inevitable recordar el III Plan de Empleo que ustedes prometieron en su programa electoral hace casi cinco años, en 2004, y que no se llevó a cabo, o el
desarrollo de la Ley 41/2003, del patrimonio protegido, que tampoco se llevó adelante. Incluso deprisa y corriendo, y con más de dos años de retraso, se llevaron a cabo algunos desarrollos de la Liondau, Ley de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Nos gustaría que se apuntasen el tanto -ojalá se lo puedan apuntar- de que van ustedes cumpliendo con sus compromisos: por ejemplo, que las auditorías sobre accesibilidad
se lleven a cabo -eran un compromiso y no se llevó a efecto-, para los proyectos de infraestructuras que promueva o financia la Administración pública o que se garantice la accesibilidad a todos los edificios públicos. Esto es algo que hay que
acometer en el momento en que estamos, en el siglo XXI, y lo más rápidamente posible. Quedan algunas proposiciones no de ley que también se aprobaron por unanimidad o por mayoría y que todavía no se han llevado a cabo. Queremos ser pacientes, pero
el sector no es tan paciente porque eso le impide el acceso a esos derechos.



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Quiero citar la Ley de Dependencia porque lo que se concibió como un gran plan gerontológico luego se acopló a la discapacidad. Creo que hacer una cosa no pensada originariamente para la discapacidad se ha notado. Se ha notado, primero, en
la dotación presupuestaria, que en mi opinión no es adecuada. Como decía una compañera de mi grupo, la portavoz de Asuntos Sociales, han hecho ustedes con esto un yo invito y tú pagas, acusándose con las comunidades autónomas. Yo creo que más que
buscar culpables hay que buscar soluciones. En este caso es nuestra obligación. Más que buscar culpables -insisto- hay que buscar soluciones y, sobre todo, creer en lo que uno dice y llevarlo a cabo con las dotaciones presupuestarias adecuadas.



Yo no soy quién pero, si usted me lo permite, quería hacerle dos sugerencias. Una de ellas -insisto- es que lleven a cabo lo que prometan.
Es preferible que no prometan nada a prometer algo que no puedan llevar a cabo porque, dado el nivel
de necesidad que todavía existe en este sector para alcanzar esa normalidad social, los incumplimientos producen mayor grado de frustración que en cualquier otro sector. Debemos ser muy respetuosos con el mundo de la discapacidad y, por tanto, es
preferible no quedar bien -a veces hay la tentación de querer quedar bien-, no comprometerse a aquello que no se pueda llevar a cabo y ser un poco más pragmático a la hora de hacer esas promesas. Una segunda sugerencia, con la que creo que estará
de acuerdo y supongo que la tendrá en cuenta, es que afortunadamente el sector, sus representantes y el mundo de la discapacidad se ha convertido ya en un sector adulto, con criterio, con capacidad, con conocimiento, con pragmatismo y seriedad a la
hora de negociar. Es un sector al que se le debe tener muy en cuenta. No me gustaría utilizar este dicho, pero zapatero a tus zapatos. El que más sabe de un problema es el que lo padece, el que lo sufre o el que lo está viviendo y, por tanto, las
posibles soluciones que aporte probablemente van a ser más certeras que las de cualquier otro y, sabiendo que el sector trabaja como trabaja con ese pragmatismo, con esa dedicación, con esa vocación y con esa voluntad de hacer reivindicaciones
justas, medidas, teniendo en cuenta la situación del país y la economía -sé que lo hacen de ese modo-, no deben hacer nada -como muy bien dice el lema del sector- para los discapacitados sin los discapacitados. Es una sugerencia que le hago y que
le irá muy bien, porque seguro que ganamos todos.



Insisto en la buena disposición del partido que yo represento. Creo que en las dos legislaturas en las que gobernamos hemos dado muestras de hacer una política dedicada al mundo de la discapacidad con evidentes avances, reconocidos incluso
por muchos del propio sector, y que concedamos el beneficio de la duda no quiere decir que no vayamos a estar vigilantes, como usted podrá entender, para que se lleven a cabo todos esos compromisos. Por seguir con el criterio que habíamos pactado
de no hacer muy largo el debate, quiero terminar con unas palabras suyas que leí de su comparecencia en el Senado. Decía usted, con muy buen criterio, que sin ellos la sociedad está incompleta. Pues -insisto- cuente con ellos.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Socialista la señora Sánchez Rubio.



La señora SÁNCHEZ RUBIO: Señora ministra, como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista quiero darle la bienvenida a la Comisión permanente de políticas integrales de la discapacidad, felicitarla por el contenido de su comparecencia y
agradecerle su interés por comparecer en esta primera reunión de la Comisión, lo que supone una importante muestra de apoyo a la nueva andadura de la misma. La verdad es que cuando digo el nombre de las comisiones no he dado nunca tanta importancia
a decir lo de permanente como cuando me refiero a esta Comisión, y es porque tiene mucho valor. Es un tema que socialmente está ahí, permanentemente, y la sensibilidad de la Cámara y de los grupos políticos por considerarlo así, ahora y en el
futuro, tiene mucho valor para nosotros. Hoy es un día importante para nosotros porque comparten estas materias hoy en la Mesa su presidente, el señor Caldera, responsable de la anterior legislatura, que realizó un magnífico trabajo desde su
ministerio, y usted como nueva ministra de Educación, Política Social y Deporte, que recoge este testigo en esta nueva etapa tan ilusionante y tan comprometida, como no puede ser menos, del Gobierno socialista. Para el Grupo Socialista es de gran
interés conocer hoy aquí el compromiso que adquiere el Gobierno en materia de atención a las personas con discapacidad, y hacerlo en el marco del III Plan de acción para las personas con discapacidad, con ese concepto que he expresado de globalidad,
de transversalidad, que es como entendemos desde el Grupo Socialista y desde el Gobierno, como usted ha manifestado, las políticas de atención a las personas con discapacidad.
Igualmente nos parece muy interesante el compromiso que adquiere en
política de atención a las personas con discapacidad, pero no solo en el ámbito de nuestro país, de nuestro Estado, sino también en el marco internacional, en el marco de la Unión Europea y en el marco de la Convención de la ONU sobre derechos de
las personas con discapacidad. Es muy importante el compromiso que se adquirió y que adquiere el Gobierno en la Convención de Naciones Unidas y cómo se ha hecho este trabajo y la importancia que ha tenido la participación de los colectivos de
personas con discapacidad, representados a través del Cermi, al que aprovecho para agradecer su presencia aquí y felicitar a su nueva junta directiva y a su máximo responsable, don Luis Cayo. Destaco también de manera positiva la importancia que le
ha dado a la educación como uno de los elementos fundamentales de integración e igualación desde el respeto a la diferencia. Somos conscientes de la inquietud que genera a las personas con discapacidad y a sus familias el tema educativo,


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incertidumbres que se han ido despejando con el compromiso del Gobierno socialista y los compromisos que ha venido adquiriendo en la anterior legislatura, que quedaron bien reflejados en la Ley Orgánica de Educación, así como en la ley que
modificó la Ley Orgánica de Universidades, por mencionar las normas de mayor rango que en esta materia se hicieron desde el Ministerio de Educación y Ciencia, ámbito también de su competencia entonces. Fue muy importante cómo hizo ese trabajo el
Gobierno, en colaboración con los representantes del sector y el movimiento asociativo, y sé el grado de satisfacción que estas personas tuvieron con usted como ministra por este trabajo.



Quería resaltar igualmente la importancia del trabajo de su entonces Ministerio de Educación en materia deportiva, el esfuerzo que se hizo con la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad y con el ADOP para los
deportistas paralímpicos. Creo que es muy importante y lo vamos a ver reflejado en los resultados, seguro, de los próximos Juegos de Verano 2008 en Pekín.



Perdónenme SS.SS., pero la mayoría de los que hoy compartimos este espacio con la señora ministra ya nos conocemos del trabajo en esta Comisión y en otras y yo no soy muy amiga de mirar al pasado. Las personas con discapacidad tienen aún
necesidades serias por resolver y creo que es muy importante mirar hacia delante y comprometernos con los retos que la señora ministra ha puesto sobre la mesa de forma brillante. Por alguna de las intervenciones de los distintos grupos ha dado la
impresión de que habíamos tenido mucho discurso sobre el tema, pero que no se había hecho nada en esta materia que repercutiera en la vida de las personas con discapacidad. Creo que es conveniente decir aquí hoy el esfuerzo que se hizo -24 leyes y
42 reales decretos- reconociendo de forma transversal a las personas con discapacidad con un esfuerzo de acción positiva hacia estas personas en leyes tan importantes como la Ley orgánica de protección integral de la violencia de género, la Ley para
compatibilizar las pensiones no contributivas y de invalidez con el trabajo remunerado, la Ley para el impulso de la televisión digital terrestre -paso de un tema a otro porque ha sido transversal en casi toda la legislación, en los proyectos que se
hicieron desde el Gobierno y después en su trámite parlamentario-, la Ley de publicidad y comunicación institucional, la mencionada LOU y la reforma de la Ley de Universidades, la Ley sobre técnicas de reproducción humana, la Ley para la mejora del
crecimiento y el empleo, donde se recogía el compromiso de la estrategia global de empleo para las personas con discapacidad, la Ley de igualdad efectiva de mujeres y hombres, la Ley del estatuto básico del empleado público, la Ley de Suelo, la Ley
que regulaba el trabajo autónomo, la Ley de lengua de signos y la Ley de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, la Ley de infracciones y sanciones, leyes todas ellas con memoria económica comprometida y que han
empezado su desarrollo legislativo. No he mencionado más que las leyes. No he entrado en normas de menor rango porque tenemos que acortar la intervención.



Es evidente en temas tan importantes como el empleo que las tasas de participación en el mismo de las personas con discapacidad en nuestro país son bajas, particularmente en lo relativo a las mujeres, como bien ha reconocido la señora
ministra, pero con estas medidas hemos pasado a contratar a casi 86.000 personas en 2007 frente a las 39.000 de 2003. Es un esfuerzo que va dando su resultado. Igualmente está la Ley de autonomía personal y de atención a la dependencia, que ha
tenido y tiene la memoria económica más potente de casi todas las que hemos hecho a lo largo de la legislatura. ¿Que no se hacía nada en materia de atención a las personas en situación de dependencia? Pues con seguridad había ayuda a domicilio,
teleasistencia, residencia... Eso era así, pero con plazas escasas, distribuidas de forma desequilibrada en el territorio, en función de las voluntades políticas, y hoy hemos configurado derechos que han hecho que hoy se esté atendiendo a 240.000
personas con esta ley.
Creo que es importante reconocer todo esto. Nosotros nos sentimos orgullosos del trabajo que hemos realizado y estamos muy satisfechos con la exposición que nos ha hecho la señora ministra, porque nos abre un camino de
ilusión, de esperanza y de compromiso no solo en el desarrollo normativo, sino también en las nuevas políticas que va a implementar el nuevo ministerio.



Para terminar, reitero en nombre del Grupo Socialista nuestro agradecimiento y nuestra felicitación a la señora ministra por su comparecencia. Nos ha situado ante una legislatura ilusionante, que con seguridad, como habrá visto por la
intervención de todos los grupos, va a contar con el máximo acuerdo y consenso.



El señor PRESIDENTE: Tiene ahora la palabra la señora ministra para su turno de contestación.



La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE (Cabrera Calvo-Sotelo): Muchísimas gracias a todos los grupos por sus intervenciones. Yo sabía que en la legislatura pasada, cuando esta Comisión no era todavía comisión
permanente, se había realizado un trabajo caracterizado fundamentalmente por el consenso entre los grupos.
Creo que las políticas que deben abordarse desde esta Comisión deben tener ese consenso. Es una deuda y un compromiso que tenemos con las
personas con discapacidad. No les quepa ninguna duda de que el trabajo que vamos a realizar desde el ministerio va a ir en la dirección de hacer todo lo posible para que ese consenso se mantenga y no solo eso, sino que podamos cumplir con los
compromisos, las expectativas, los anuncios y el desarrollo de la legislación que se hizo en la legislatura pasada.
Recordaba la señora Sánchez Rubio que lo que se hizo en la legislatura pasada en términos normativos y de la elaboración de leyes
fue importantísimo, creo que en gran medida reflejo de lo


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que trataba de explicar en mi intervención, que es esa apuesta especialmente difícil por un cambio cultural en la sociedad respecto a las personas con discapacidad. La cantidad de normas aprobadas tiene mucho que ver con ese cambio
progresivo en la conciencia de la sociedad española en lo relativo a las personas con discapacidad. También soy consciente de que en esta legislatura nos toca fundamentalmente aplicar y desarrollar lo aprobado en la legislatura pasada. Espero que
seamos capaces de mantener no solamente el consenso sino el impulso, esta vez no de carácter normativo, pero probablemente más complicado y más comprometido, de la aplicación de las normas aprobadas.



Me preguntaba el señor Tardà si ya había convencido al ministro de Hacienda. Creo que esto lo comprobaremos a lo largo de los próximos meses, pero lo que es cierto es que el presidente del Gobierno ha repetido en muchas ocasiones en las
últimas semanas que esta coyuntura económica que vivimos, más complicada que la de la legislatura pasada, no va a afectar a las políticas sociales. Yo confío plenamente en que eso tenga una plasmación en los presupuestos del año próximo y me
comprometo en esta Comisión a pelear por ello y a responder a lo que debe ser la función fundamental de esta Comisión, que es exigir si no consigo los objetivos que me propongo. Siempre he tenido una enorme estima, como me imagino que tiene toda
persona que aprecia el funcionamiento de un sistema democrático, por el control parlamentario. Creo que es una de las tareas fundamentales que debe cumplir el Poder Legislativo, que no solo es Poder Legislativo, sino control de la actividad del
Gobierno. Por tanto, ya les anuncio que estaré dispuesta a responder ante esta Comisión de los logros y de los no logros, que espero que sean pocos.



Señor Vañó, me creo lo que digo, sobre todo cuando hablo en sede parlamentaria, porque por lo que acabo de decir entiendo que de todo aquello que diga aquí se me va a pedir cuentas. Por lo menos la convicción es real. El grado de acierto o
de consecución de los objetivos depende fundamentalmente del ministerio y de mí, pero no solo. La respuesta y el sentido de la responsabilidad no van a faltar en ningún caso. Soy consciente de que los temas y los asuntos de los que he hablado en
mi intervención tienen un consenso social mucho mayor que hace unos años, y bastaría con hacer cualquier encuesta de opinión, pero una cosa es ese consenso social y otra llevar a la práctica y hacer efectivos esos derechos que todos reconocemos,
pero que exigen muchos cambios. Todos somos conscientes de los cambios que eso exige, que muchas veces tienen que ver con recursos económicos, pero no exclusivamente con recursos económicos sino también con esfuerzos de todas las administraciones
públicas, que deben poner en marcha aquello que hace falta para hacer realidad el cumplimiento de esos derechos. Estoy convencida de lo que digo y soy muy consciente de la complejidad de los cambios que exigen la mayor parte de las leyes y normas
que ya están aprobadas, y como soy consciente de esa complejidad y también soy realista, digo ante esta Comisión que voy a hacer todo lo posible por que se vayan venciendo los obstáculos, que existen y son muchos, para el avance en la efectividad de
esos derechos. También estoy convencida de que esta Comisión y todos los grupos parlamentarios van a trabajar en la misma dirección, con lo cual el esfuerzo es compartido y más potente. ¿Qué si prometo que va a ser posible? Lo intento. No he
dicho nada en mi intervención que no crea que sea posible. Podía haber hablado de muchas otras cosas que creo que necesitan un tiempo más largo, pero aquellos temas de los que he hablado en mi comparecencia son objetivos posibles. Así pues, acepto
no solo esa sugerencia, también la otra.



El sector es un interlocutor no ya imprescindible sino obligado. En mi intervención he insistido y también lo he dicho en más de una ocasión en que España es una sociedad que no tiene tejido asociativo en muchos de sus ámbitos. En este
tiene uno de los tejidos asociativos más potentes, un tejido asociativo y unas asociaciones que han sido, y lo he dicho de manera tajante en mi intervención porque lo creo, los que han conseguido que los políticos y las administraciones públicas
tomáramos las decisiones que hemos tomado. Probablemente si ese tejido asociativo no hubiera existido, este proceso habría sido mucho más lento y mucho más difícil. Soy totalmente consciente de la importancia no ya de la interlocución con el
sector y con las asociaciones, sino de contar con ellos como protagonistas imprescindibles y obligados de cualquier política que pongamos en marcha.



En relación con una de las cuestiones que he mencionado a la que algún portavoz también se ha referido, sobre el desarrollo de la convención de Naciones Unidas y de los cambios en las normas y las leyes que esa convención nos va a exigir, no
ya en las que vayamos a ir aprobando en el futuro, que ahí tendremos que estar vigilantes para que esto ya esté, sino en aquellas que haya que revisar, el Cermi está trabajando ya en un informe de estas características. Es un informe que nos va a
servir de base para afrontar esta tarea, que no va a ser fácil porque afecta a muchas de nuestras normas vigentes. Intentaré prometer lo que sea posible, no solo en mi comparecencia de hoy sino en las próximas, y la atención al sector va de suyo.



Ha habido algunas referencias a temas concretos que quiero contestar muy rápidamente. Una tiene que ver con la Ley de lengua de signos y de apoyos a la comunicación oral y su desarrollo. Esta ley no exige un desarrollo normativo, pero sí
compromisos en actividades, convenios y actuaciones.
De hecho, algunas de ellas ya están en marcha. Me he referido en mi intervención al centro de subtitulado y audiodescripción que ya está funcionando. También está en proceso de desarrollo y de
actuación el centro de normalización lingüística de la lengua de signos española, que son importantes entidades derivadas de la Ley de lengua de signos y de apoyos a la comunicación oral. También me gustaría


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recordar que en los Presupuestos Generales del Estado del año 2008 por primera vez hay una partida específica de 1.200.000 euros para poner en práctica esta ley, que va a dedicarse a convenios con las organizaciones de personas sordas. Uno
de ellos ya está firmado y el otro está en marcha. Este es el desarrollo que preveía la ley y que ya está en marcha.



La otra referencia va a ser muy rápida, porque de este tema estoy segura de que vamos a hablar más -ya lo hicimos en la comparecencia ante la Comisión de Educación, Política Social y Deporte-. Es la Ley de la autonomía personal. Ya dije en
aquella comparecencia y lo repito ahora de manera muy rápida que es una ley extremadamente ambiciosa, una gran ley.
Fue una apuesta del Gobierno anterior y desde luego lo es de este Gobierno. Es una ley que pretende poner en pie un cuarto pilar
del Estado del bienestar, es decir un sistema nacional de asistencia a las personas con dependencia con el objetivo de dotarlas de una mayor autonomía personal, un sistema nacional que cuando terminemos el proceso de su puesta en pie, se sumará al
sistema educativo, al Sistema Nacional de Salud y al sistema de Seguridad Social. Tener delante esta referencia nos ayuda a entender la magnitud de la empresa y su complejidad, máxime teniendo en cuenta que la puesta en pie de este sistema la hemos
emprendido cuando las competencias en políticas sociales ya estaban transferidas a las comunidades autónomas. Se trata de una apuesta muy ambiciosa y extremadamente compleja. Mi primera decisión, ya lo dije en la comparecencia a la que me he
referido, al tomar posesión de este ministerio fue recibir a los consejeros de las comunidades autónomas para que me contaran en una primera reunión informal sus problemas en cada una de las comunidades autónomas. Casi todos fueron monográficamente
dirigidos a la Ley para la autonomía personal. Hemos abierto un proceso de reflexión conjunta de la Administración General del Estado, es decir el ministerio con las comunidades autónomas, sobre la manera en que está desplegándose la ley. Desde el
ministerio ya hemos puesto en marcha dos iniciativas, una para evaluar la red informática que da soporte al sistema y que según muchas comunidades autónomas han manifestado tiene algunos problemas, y un grupo de trabajo con el Ministerio de
Administraciones Públicas y el Ministerio de Economía y Hacienda para ver cuál es la situación actual y qué compromisos de futuro tenemos que cumplir para que la ley pueda seguir desplegándose. Es probable que la previsión y los datos que se
manejaron en el momento de la elaboración de la ley, tal como dicen las comunidades autónomas, se estén viendo desbordados por la realidad, que el número de personas beneficiarias y la necesidad de todo tipo de servicios probablemente sean mayores
de los previstos. Es una de las cosas que tenemos que comprobar y actuar en consecuencia. El compromiso de financiación no lo es solo de la Administración General del Estado -la ley tenía una memoria económica ambiciosa-, sino también de las
comunidades autónomas y de los beneficiarios del sistema. Estamos justo en el momento, a comienzos de esta legislatura, de hacer una evaluación piloto, ya que la ley prevé una evaluación de su despliegue para el año 2009. Yo creo que estamos en un
momento de reflexión y de evaluación piloto -por llamarlo de alguna manera y no confundirlo con la evaluación que prevé la ley- y por tanto de avanzar cuáles tienen que ser necesariamente los compromisos para el futuro. Esta ley ha despertado
muchas expectativas sociales y tenemos la obligación y el compromiso de cumplirlas. Desde luego, desde el ministerio vamos a ser cumplidores de las exigencias de la ley, siempre con las comunidades autónomas, porque sin ellas y sin el sector
privado es imposible sacar adelante esta ley. Tiene que ser una ley de corresponsabilidad claramente aceptada por todos, pero desde luego por nuestra parte no va a quedar. Vuelvo a lo que decía antes sobre el compromiso del presidente del Gobierno
en concreto con la Ley de Dependencia, que ha sido un compromiso público y reiterado.



Creo que estas son las dos cuestiones más concretas que se han suscitado en las intervenciones. Al señor Tardà le contaré el compromiso del señor Solbes -no se lo contaré yo, porque tendremos una audiencia de otro tipo- en los presupuestos
del año próximo. Por supuesto, quedo a disposición de la Comisión para todo lo que quieran en relación con el ministerio.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.



Creo que informalmente se acordó que no hubiera turnos de réplica, pero si algún portavoz quiere hacer alguna puntualización, todavía estaríamos a tiempo. (Pausa.)


Se levanta la sesión.



Eran las dos y quince minutos de la tarde.