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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 38, de 11/06/2008
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2008 IX Legislatura Núm. 38
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO CUEVAS DELGADO
Sesión núm. 3 celebrada el miércoles 11 de junio de 2008
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (Ros Perán), para fijar las líneas generales de su departamento. (Número de expediente 212/000043.)...
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Se abre la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a la sesión número 3 de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio con un punto único, que es la comparecencia del secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,
para fijar las líneas generales de su departamento, don Francisco Ros, al que damos nuevamente la bienvenida a esta Comisión.
Como saben SS.SS., hemos quedado en sustanciar la Comisión en el horario que ahora comenzamos y hasta las doce de la mañana, porque a las doce y media tenemos prevista la comparecencia de la presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear en una
ponencia. Creo que hay tiempo suficiente y, por tanto, no va a haber problemas de restricciones en el uso de la palabra; simplemente quiero que lo sepan SS.SS. para que colaboren con esta Presidencia. Sin más preámbulos y para su primera
exposición, tiene la palabra don Francisco Ros.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (Ros Perán): Señor presidente, señorías, es una satisfacción comparecer nuevamente en el Congreso de los Diputados y por primera vez ante esta Comisión
surgida de las últimas elecciones de marzo de 2008 para informar sobre los planes y actuaciones que la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información va a abordar en esta nueva legislatura. La semana pasada el
ministro de Industria, Turismo y Comercio les adelantó las líneas maestras de estos planes y actuaciones y en lo que a mí respecta hoy me van a permitir que descienda a un nivel adicional de detalle resaltando los parámetros más importantes del
punto en el que estamos y del que, por tanto, partimos, y exponiendo a partir de ese punto la razón de nuestros planes de futuro.
Durante la anterior legislatura, el esfuerzo global del Ejecutivo en el desarrollo de la sociedad de la información se enfocó -y así se ha traducido- en la búsqueda de una notable mejora del tamaño y la incidencia del sector TIC en España.
De esta manera, en estos momentos tenemos indicadores que señalan un importante volumen del sector y una firme tendencia al crecimiento. Así, hemos constatado que el macrosector TIC superó en España los 101.000 millones de euros en 2007 -datos de
la patronal del sector-, con un crecimiento del 6 por ciento respecto a 2006 y un crecimiento acumulado del 42,4 por ciento durante la pasada legislatura. Durante los últimos cuatro años, la inversión global en innovación en el sector TIC ha
aumentado un 61 por ciento; solo en 2007 creció un 19 por ciento alcanzando casi los 8.500 millones de euros. El empleo en el sector ha crecido un 11 por ciento, de 202.000 personas en 2004 a 225.000 en 2007, y nos cuenta la patronal que está
revisando estas cifras significativamente al alza. Asimismo ha habido un crecimiento de la competitividad y valor añadido de los productos y servicios TIC generados en nuestro país, que se traduce en el correspondiente ritmo de crecimiento de las
exportaciones, que supera ya al de las importaciones.
Así, hasta 2005 las importaciones TIC crecían más rápidamente que las exportaciones. En 2006 esta tendencia comenzó a invertirse y se produjo el punto de cruce en el que tanto las importaciones
como las exportaciones crecieron al 8 por ciento y ya en 2007 las exportaciones crecieron al 8 por ciento, frente a un 6 por ciento de las importaciones.
Las buenas perspectivas para nuestro sector se ven confirmadas por los organismos internacionales. Así, según un avance obtenido del Observatorio europeo de las tecnologías de la información, EITO, el sector español de servicios de
tecnologías de la información será el de mayor crecimiento en 2007, 2008 y 2009 del grupo de los cinco primeros países de la Unión Europea, es decir Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España. Igualmente, el sector español de los servicios de
telecomunicación será también según EITO el que más crecerá en 2007 y 2008 -en este caso no avanza datos de 2009- del grupo de los cinco primeros países de la Unión Europea citados. Vemos por tanto que según este estudio nuestro país estaría en
mejores condiciones que las de nuestros vecinos para la positiva contribución del sector TIC a la economía en momentos de debilitamiento del crecimiento como los actuales.
Esta sólida dinámica de desarrollo de este sector en nuestro país ha venido caracterizada por dos factores fundamentales, que ya les adelantaba el ministro la semana pasada, por un lado, el aumento sostenido del consumo de servicios y
productos TIC y, por otro, la deflación sostenida de precios en el sector, con el consiguiente efecto beneficioso en términos de contención de la inflación. Durante los últimos seis años el resultado neto de la evolución de precios del sector de
las telecomunicaciones ha sido de una bajada de más de 8 puntos porcentuales comparada con un crecimiento de los precios en el mismo periodo de más de 22 puntos porcentuales, lo que establece una diferencia de más de 30 puntos porcentuales de los
precios del sector en relación con el IPC. Un ejemplo claro de la combinación de estos dos efectos -crecimiento del consumo y caída de precios- es la evolución de los servicios de telecomunicaciones en 2007, en la que podemos observar, en primer
lugar, un incremento importante del uso de las telecomunicaciones, por ejemplo, el tráfico de voz en telefonía móvil creció un 12,1 por ciento en 2007 y el de datos por móvil se multiplicó por siete en ese mismo año y, al mismo tiempo, en poco más
de un año los precios de la telefonía fija bajaron un 12 por ciento y los de la telefonía móvil un 11,5 por ciento. El resultado global de estos dos impactos de sentido contrario es un crecimiento de la facturación en telecomunicaciones superior al
4 por ciento.
Frente a este escenario de caída de precios, las prestaciones tecnológicas de las TIC sin embargo se han multiplicado durante los años de la pasada legislatura,
lo que ha tenido un claro impacto positivo sobre la productividad empresarial. Las líneas de banda ancha, por ejemplo, han pasado de 2,1 millones a finales de 2003 a más de 8,3 millones en febrero de 2008, casi se han multiplicado por
cuatro. En ese mismo periodo la banda ancha ha multiplicado su velocidad media por diez -actualmente prácticamente la mitad de banda ancha tiene una velocidad superior a los tres megabits por segundo- y la banda ancha a través del móvil -que hace
tres años no existía- cuenta hoy ya con casi 10 millones de usuarios. Los usuarios, ciudadanos y empresas, son los claros beneficiarios de esta positiva evolución global. Así lo constata la Unión Europea en su informe eBusiness Watch de 2007, en
el que destaca que España es hoy uno de los países líderes en Europa en uso de servicios y aplicaciones TIC por parte de las empresas. También lo vemos en la evolución de la población internauta y en la generalización del uso de Internet en nuestro
país. En este sentido podemos destacar que desde 2003 se ha multiplicado casi por dos el número de usuarios de Internet, incorporándose 10,3 millones de ciudadanos para llegar hasta más de 20 millones actualmente. Todo este desarrollo ha estado
sin duda marcado por un claro compromiso y prioridad gubernamental correspondido por un evidente esfuerzo presupuestario. En conjunto, con el Plan Avanza el Gobierno habrá dedicado más de 5.000 millones de euros -5.076 millones de euros- entre 2005
y 2008 al desarrollo de la sociedad de la información y solo el presupuesto ejecutado en 2007 supera todo lo ejecutado en los cuatro años de la legislatura anterior. Además, el Plan Avanza ha impulsado la movilización de recursos adicionales del
conjunto de la sociedad y de otras administraciones que, hasta el momento, superan los 3.800 millones de euros.
Paso ahora a detallarles las actuaciones concretas de la secretaría de Estado -tanto las que están en marcha como las futuras- y comenzaré por el análisis de las iniciativas de fomento que estamos llevando a cabo en el ámbito de las
telecomunicaciones. Las políticas que se ponen en marcha en esta área dentro del marco del Plan Avanza se estructuran en cuatro grandes líneas, en primer lugar, el despliegue de infraestructuras; en segundo lugar, la gestión del espectro; en
tercer lugar, la protección de los derechos de los usuarios y, por último, la presencia y participación activa en foros y procesos de decisión a escala internacional. Me voy a referir, en primer lugar, al despliegue de infraestructuras cuyo fin es
facilitar las inversiones necesarias para extender la cobertura de los servicios de telecomunicaciones, especialmente en las zonas rurales y aisladas con condiciones similares a las disponibles en las zonas urbanas. Este esfuerzo se centra en el
Plan de extensión de la banda ancha y vale la pena recordar que a principios de 2004 más de 4 millones de personas del mundo rural no tenían la posibilidad de acceder a la banda ancha. Hoy, gracias al plan de extensión de estas infraestructuras
prácticamente todos los ciudadanos de nuestro país tienen cobertura.
Además, 6,5 millones de personas del mundo rural han visto sensiblemente mejorada la cobertura que tenían. El Plan de extensión de la banda ancha ha movilizado hasta ahora más de
282 millones de euros en inversiones públicas y privadas incluyendo más de 119 millones de euros de ayudas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para este plan. Este programa ha beneficiado, como les decía, a 10,5 millones de ciudadanos
de más de 60.000 núcleos de población rurales y quiero destacar el hecho de que la localización e identificación de las poblaciones de actuación ha sido consensuada en todos los casos con las comunidades autónomas. Si bien actualmente la normativa
comunitaria no incluye los accesos de banda ancha dentro del concepto de servicio universal, la realidad en España es que ya existe o va a existir muy próximamente una cobertura muy extendida, cuasi universal, de los mismos.
Otro de los retos que nos encontramos en estos momentos y que hay que resolver con prontitud es el salto hacia las redes de gran capacidad.
Estamos decididos a impulsar la inversión en ellas apostando por un modelo de competencia en
infraestructuras y permitiendo a los operadores obtener un retorno adecuado a sus inversiones cuando las pongan a disposición de los operadores alternativos. Ya se han empezado a tomar algunas medidas dirigidas a facilitar su despliegue. En
concreto, la referida Ley de medidas de impulso de la sociedad de la información recoge acciones dirigidas a facilitar la planificación y el despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones en los proyectos de construcción de carreteras y de
obras ferroviarias de interés general. No obstante, el análisis de las redes de acceso de próxima generación debe hacerse desde una aproximación multidimensional teniendo en cuenta cuestiones como el impulso de la compartición de infraestructuras y
la mejora de las condiciones para el despliegue de obras nuevas. Bajo este escenario y además de las conclusiones que se pueden obtener de la consulta pública llevada a cabo por la CMT, se va a constituir la comisión asesora para el despliegue de
infraestructuras de gran capacidad, que contará con la participación de todos los agentes públicos y privados del sector y que tendrá como fin identificar los principales inhibidores que pudieran limitar el desarrollo de las redes de nueva
generación en España proponiendo medidas que permitan su resolución. Con ello se contribuirá a situar a España entre los países punteros en cuanto al despliegue de estas infraestructuras identificando el modelo de política regulatoria más adecuada
para nuestro país.
Dentro de esta área de despliegue de infraestructuras, en lo que se refiere ahora a telefonía móvil se han adoptado también decisiones importantes. Como recordarán SS.SS., el 7 de julio de 2005 quedaron formalizadas las tres concesiones
otorgadas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para la prestación del servicio de telefonía móvil GSM en la banda de 900 megahercios siendo los concesionarios Telefónica Móviles, con una concesión, y lo que ahora es Orange, con dos
concesiones. En lo que constituyó entonces una iniciativa
pionera en Europa, estas concesiones se otorgaron con el compromiso de inversiones, que alcanzaron un total de 833,8 millones de euros para la mejora de la cobertura y la calidad de las redes de telefonía móvil en áreas rurales y
estratégicas definidas en el Plan de extensión de la telefonía móvil.
Como resultado de este plan, más de un 1,5 millones de habitantes del mundo rural han visto mejorada su cobertura de telefonía móvil. El Plan de extensión de la telefonía móvil tiene previsto finalizar el 31 de diciembre de 2008. En el
ámbito del espectro radioeléctrico se acaba de aprobar el Real Decreto 863/2008, de 23 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de uso del dominio público radioeléctrico que establece las bases de una gestión más eficiente de este recurso
público. El nuevo reglamento introduce los mecanismos de mercado secundario del espectro que permitirá la transferencia total o parcial de títulos habilitantes y la cesión de derechos de uso del espectro. Con esta actuación se logra incrementar la
inversión, la innovación, la competencia y el desarrollo de servicios a través de un mejor aprovechamiento de este recurso escaso y se utilizará de forma más eficaz y eficiente el espectro radioeléctrico. Los servicios inicialmente susceptibles de
cesión o transferencia son los disponibles al público de radiobúsqueda y radiomensajería, las comunicaciones móviles en grupo cerrado de usuarios, los servicios de acceso radio disponibles al público en la banda de 2,6 gigahercios y los servicios
fijos punto a punto. Mediante orden ministerial y previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se podrán ampliar estas bandas o modificarlas y por tanto los servicios correspondientes susceptibles de cesión o de
transmisión. Asímismo, con el ánimo de promover la competencia, se habilitará una nueva banda de frecuencias, la que va de 2.500 a 2.690 megahercios, que facilitará la prestación de servicios en movilidad avanzados bajo el principio de neutralidad
tecnológica. Se realizará una consulta pública para evaluar todas las posibilidades que ofrece esta nueva banda de frecuencias dándole voz al sector a la vez que se fomenta la transparencia en las decisiones regulatorias. Asimismo se transformarán
las licencias de telefonía móvil GSM en 900 megahercios y las de DCS en 1.800 megahercios habilitando la posibilidad de uso de estas bandas, especialmente la de 900 megahercios, para la prestación de servicios de tercera generación UMTS, lo que
permitirá un despliegue más ecónomico y una mejor cobertura en el interior de edificios. Por otra parte, en la banda de 1.800 megahercios ya se ha autorizado en pruebas un nuevo servicio de comunicaciones móviles en aeronaves en vuelo por encima de
los 3.000 metros, que utiliza las mimas frecuencias del DCS 1.800.
Este servicio ha sido armonizado en el ámbito de la Unión Europea. El reglamento prevé asimismo la transformación de las licencias de acceso radio fijo LMDS en la banda de 3,5
gigahercios. El pasado 21 de mayo de 2008, ha sido aprobada por la Unión Europea una decisión por la que se va a introducir mayor flexibilidad y eficiencia en el uso de estas frecuencias. La transformación de las licencias citadas permitirá la
trasposición e incorporación de estos principios de flexibilidad y eficiencia a la explotación de esta banda de frecuencias en el contexto nacional. Estas medidas permiten impulsar, como dijimos, la competencia en el mercado de telefonía móvil y
comportan un efecto positivo en la innovación y lanzamiento de nuevos servicios móviles de banda ancha satisfaciendo los nuevos requerimientos y necesidades de banda ancha móvil sin congestionar las redes actuales. Se abre, además, una nueva
oportunidad para que los operadores fijos puedan ofrecer servicios convergentes incluyendo en sus ofertas la movilidad.
A continuación, señorías, me van a permitir que pase a otro de los ámbitos prioritarios para esta secretaría de Estado y en el que vamos a seguir adoptando nuevas medidas. Me refiero a la protección de los usuarios. En el periodo 2004-2008
se ha creado un cuerpo normativo sin precedentes sobre derechos específicos del usuario de telecomunicaciones consiguiendo un alto grado de protección que se añade a la que ofrece la normativa general de defensa de los consumidores. Se ha
profundizado en la regulación de los servicios de tarificación adicional. Se ha regulado el procedimiento de reclamaciones y la atención al cliente por parte de los operadores. Se ha regulado de manera más concreta y garantista para el usuario los
derechos que tiene en el uso de servicios de telecomunicaciones (bajas en quince días, factura desglosada, etcétera).
Se han adoptado medidas eficaces contra el alta sin consentimiento del usuario, el denominado slamming, así como contra los
obstáculos al cambio de operador y los problemas para darse de baja. Se ha controlado el contenido de los contratos tipo obligando a los operadores a modificar los aspectos que vulneran la normativa de protección del usuario de telecomunicaciones y
se ha prohibido el redondeo al alza en los precios.
También se ha creado la oficina de atención al usuario de telecomunicaciones, que ha supuesto un punto de referencia para centralizar y resolver las quejas y reclamaciones de los usuarios: 500
consultas diarias en 2007 y 19.200 reclamaciones resueltas en ese mismo año. Se ha procurado dotar de máxima transparencia a esta oficina en su actuación y por ello se publican periódicamente todo tipo de datos sobre las consultas y reclamaciones
que recibe incluyendo una clasificación de los mismos por operadores. Gracias a la creación de la oficina, los ciudadanos disponen de una vía fácil y accesible para informarse sobre sus derechos como usuarios de telecomunicaciones y para formular
reclamaciones cuando se produzcan controversias con los operadores.
En cuanto a la evolución de indicadores en la pasada legislatura, cabe destacar, entre otros, que las reclamaciones sobre servicios de tarificación adicional han descendido desde el 46 por ciento en 2004 a tan solo el 0,8 por ciento en 2007;
que se aprecia un descenso sustancial en los problemas relativos a los cambios de operador de acceso a Internet, en el que las reclamaciones
pasan del 12,6 por ciento en 2006 al 6,4 por ciento en 2007; que se han reducido las reclamaciones por demora o falta de instalación de línea telefónica (servicio universal) pasando del 21 por ciento en 2006 al 16 por ciento en 2007 y, como
dato resumen, el 75 por ciento de las reclamaciones que son resueltas por la oficina lo son a favor del usuario. Además, con el objeto de incrementar la transparencia hacia los usuarios, la Setsi, la secretaría de Estado ha decidido publicar en su
página web información sobre tarifas que para los diferentes rangos de velocidad proporcionan los principales operadores que ofrecen este tipo de servicios en nuestro país. Por último, se ha desarrollado un marco regulador de la calidad en la
prestación de los servicios, tanto para telefonía fija como móvil e Internet, con el que se ha conseguido que los usuarios dispongan de información actualizada trimestralmente sobre los niveles de calidad de servicio ofertados y sobre los
efectivamente conseguidos por los operadores, así como los tiempos medios de provisión de servicios, tasa de fallos, etcétera. Vamos a reforzar esta política de protección de los usuarios con la elaboración de la Carta de derechos del usuario de
telecomunicaciones, que establecerá un marco claro, fácilmente accesible por los usuarios, que especifique sus derechos y se convierta en una referencia para todo el sector. También vamos a mejorar la calidad de prestación de servicios de
telecomunicaciones con la puesta en marcha de un observatorio que recopile parámetros de calidad, realice análisis y comparativas de adecuación entre la calidad de servicio ofrecida y la demandada y dé publicidad a los principales resultados. Toda
esta información a la que me he referido en relación con los usuarios está disponible en la página web www.usuariosteleco.es, a la que invito a SS.SS. a acceder para comprobar el enorme potencial de transparencia, fomento de la competitividad y
protección de los usuarios que tiene una herramienta tan potente como la descrita.
Nos queda por último en el área de las telecomunicaciones un ámbito en el que la secretaría de Estado ha sido y va a ser especialmente activa, la participación en foros internacionales. España está participando muy activamente en la
discusión y en el debate del nuevo marco regulatorio europeo con el fin de que nuestros intereses y necesidades sean tenidos en cuenta, a la vez que se aporta nuestra experiencia con el fin de mejorar el resultado. Para no extenderme demasiado voy
a destacar solo algunos puntos de nuestra posición en este debate, posición que por cierto estamos consensuando tanto con otros Estados significativos de la Unión como con los diputados que representan a nuestro país en el Parlamento Europeo.
Pensamos que la regulación sectorial debe estar llamada a ir desapareciendo progresivamente, en cuanto las condiciones de mercado lo permitan, para ser sustituida por una regulación de competencia. En el ámbito del espectro radioeléctrico
estamos en líneas generales de acuerdo con el contenido de la propuesta de la Comisión. En efecto, en España, como vimos, estamos siendo pioneros y ya hemos tramitado una nueva regulación que incorpora el mercado secundario del espectro y los
principios de neutralidad tecnológica y de servicios que se proponen en el nuevo marco. En el ámbito de la protección a los usuarios estamos de acuerdo con las medidas que propone la Comisión para reforzar los derechos y garantías de los mismos.
De hecho, buena parte de esas medidas relacionadas con potenciar la transparencia sobre precios y calidad de servicio o que buscan atender las opiniones de los consumidores en las decisiones regulatorias ya han sido incorporadas por España e incluso
están sirviendo de referencia en algunas de estas discusiones. Echamos en falta en este proceso una reflexión sobre el servicio universal ante la evolución que han tenido los servicios de acceso a Internet de banda ancha y el importante papel que
desempeñan en el desarrollo de la sociedad de la información. Esta ausencia ha sido también detectada por el Parlamento y esperamos que haya algunas propuestas o modificación al respecto. Por último y sobre las inversiones que habrán de acometerse
en las nuevas redes de gran capacidad, consideramos que la propuesta de la Unión Europea no es suficiente limitándose a anunciar simplemente la publicación de unas directrices y autorizando a los reguladores a recibir información sobre desarrollos
en este ámbito que pudieran impactar en los servicios mayoristas. Es necesario y así lo estamos transmitiendo que se abra un debate franco y en profundidad sobre las condiciones regulatorias más adecuadas para impulsar el despliegue de las llamadas
redes de próxima generación o de alta capacidad, en relación con las cuales tanto Europa en general como España en particular se juegan una parte importante de su futuro tecnológico y de servicios.
A continuación voy a pasar a describir las acciones en sociedad de la información. En relación con esta área de la sociedad de la información, el Plan Avanza -que SS.SS. conocen bien- está permitiendo a nuestro país dar el salto definitivo
en su convergencia con Europa y entre nuestras comunidades autónomas. Avanza se ha convertido en un verdadero hito histórico en las políticas públicas de impulso de la sociedad de la información por diversos motivos. Ya he destacado al comienzo de
mi intervención el esfuerzo inédito en recursos, presupuesto y concreción de proyectos del plan, a lo que me gustaría añadir ahora el elevado grado de consenso y participación habidos en su gestación, así como la permanente transparencia en su
gestión con informes periódicos, oficina de seguimiento y más de veinte portales web específicos además del propio portal del Plan Avanza. Pero sobre todo Avanza ha sido un desencadenante importante de un cambio de mentalidad y de un cambio de
realidad. Por primera vez existe en la sociedad española una percepción generalizada sobre la necesidad y la urgencia de introducir las TIC en el día a día de la actividad económica, institucional y ciudadana. Gracias a las iniciativas implantadas
en el marco de Avanza y a la estrecha colaboración entre el conjunto de la sociedad
civil y las administraciones públicas, con el claro protagonismo de las comunidades autónomas, podemos felicitarnos por un cambio de tendencia radical que está beneficiando visiblemente tanto la situación actual como las perspectivas de
futuro del sector TIC y el desarrollo global de la sociedad de la información en nuestro país.
Frente al apreciable reto con que nos encontramos hace unos años, hoy podemos afirmar que las empresas, los ciudadanos y la sociedad española en su conjunto son cada vez más conscientes de los beneficios indudables que se derivan de una
plena integración en la sociedad del conocimiento.
Avanza ha sido una gran apuesta movilizadora de recursos y de cambio. Con todas las iniciativas puestas en marcha ha demostrado ser un instrumento decisivo para ir situando a nuestro país en el
lugar que le corresponde entre los países más avanzados en el desarrollo de la sociedad de la información. Por tal motivo el Gobierno ha decidido ampliar la vigencia de este plan hasta el año 2012. En esta nueva etapa vamos a aprovechar los logros
conseguidos desarrollando a fondo determinadas medidas e iniciando nuevas actuaciones en las parcelas aún no suficientemente desarrolladas, de modo que ciudadanos y empresas de nuestro país puedan conseguir una utilización más eficiente de las
ventajas de la sociedad de la información acelerando así el progreso económico y el bienestar social.
Permítanme ahora, señorías, que les detalle las principales líneas de las nuevas actuaciones para esta legislatura en sociedad de la información haciendo un breve recordatorio cuando sea pertinente del grado de desarrollo conseguido hasta
este momento. En primer lugar, voy a referirme a la línea de ciudadanía digital destinada a incentivar a los ciudadanos a hacerse partícipes de las ventajas de la utilización de estas tecnologías. Continuaremos incrementando la capacitación
tecnológica de la ciudadanía, mantendremos la línea de préstamos en condiciones preferenciales y desarrollaremos nuevas acciones en los colectivos menos integrados como son las personas con discapacidad y mayores y los ciudadanos de zonas no
urbanas. Estas son las categorías en las que los análisis más recientes sugieren que la Administración debe centrar ahora sus esfuerzos. En efecto, así como los indicadores más recientes muestran que nuestra juventud usa estas tecnologías con
ratios superiores a los europeos, no ocurre lo mismo con los ciudadanos de edades superiores a los 35 años -con 35 años son todavía jóvenes, por cierto (Risas.)-. Por otro lado estamos detectando que en el mundo rural el uso de estas tecnologías es
claramente inferior a la oferta de infraestructuras disponibles, bien a través de los telecentros, con más de 3.300 distribuidos en 39 provincias de toda España, o bien a través del Plan de extensión de banda ancha. Así, vamos a establecer
programas complementarios para intensificar el uso de los telecentros y orientarlos al desarrollo local. Se ha comprobado que los centros sin presencia de dinamizador están infrautilizados. El 21 por ciento de los centros tienen menos de diez
visitas a la semana y el 58 por ciento de esos centros -repito, sin dinamizador- usan menos del 10 por ciento de su capacidad.
Para solucionarlo vamos a potenciar esta red con nuevas actuaciones de dinamización que sean capaces de transmitir a los
usuarios las posibilidades de estas tecnologías para, por ejemplo, realizar gestiones con la Administración pública, comercio electrónico, banca por Internet, videoconferencia, seguimiento de noticias y otros muchos. Por otro lado, gracias a los
esfuerzos del Plan de extensión de la banda ancha al que me refería antes más del 50 por ciento de los telecentros tienen ya nuevas posibilidades de conexión diferentes a las del satélite, por lo que vamos a racionalizar y acelerar esa sustitución
tecnológica.
Una segunda línea estratégica es la de economía digital, con la que perseguimos incrementar el grado de adopción de las TIC por parte de las pymes y especialmente de las micropymes, que suponen ya más del 94 por ciento de nuestro tejido
productivo. Dentro de esta última línea en el periodo 2006-2007 se han destinado 860 millones de euros para proyectos de desarrollo industrial TIC incluyendo acciones de promoción tecnológica y de desarrollo de software -en los que forma parte
también el software de código abierto- habiendo financiado cerca de 1.300 proyectos, la mayor parte de ellos con empresas. En esta nueva etapa vamos a poner en marcha en este ámbito nuevas actuaciones. Así, para apoyar y favorecer el lanzamiento y
consolidación de empresas de base tecnológica del sector TIC vamos a iniciar el programa AdVenture TIC para la financiación de empresas de base tecnológica a través de capital riesgo. También se está consolidando el laboratorio nacional de calidad
del software en el seno del Inteco para mejorar la calidad del software desarrollado por las pymes y se están promoviendo las iniciativas basadas en software de fuentes abiertas a través de las actividades de la Fundación Cenatic. Por otro lado,
para la mejora de la productividad y competitividad de las empresas mediante la incorporación de herramientas de la sociedad de la información, se han movilizado en el periodo 2006-2007 más de 1.500 millones de euros para actuaciones de
dinamización, soluciones de negocio electrónico, equipamiento, conectividad y formación, con un total de 924 proyectos y con préstamos TIC concedidos a más de 75.000 empresas. Como resultado de estas iniciativas, hemos constatado que en el periodo
2003-2007 las empresas con conexión a Internet han pasado del 81,7 por ciento a más del 94 por ciento, de las que el 95 por ciento acceden en banda ancha, porcentaje muy superior al equivalente de la Unión Europea, que es del 85 por ciento.
En esta legislatura vamos a continuar con actuaciones de asesoramiento, difusión, equipamiento mediante préstamos TIC, estudios, formación, soluciones de negocio y creación de contenidos. Igualmente, estamos lanzando la segunda fase del
programa ninguna empresa sin web, NEW ideado con el objetivo de estimular a las
pymes españolas a tener presencia digital en Internet, y continuaremos acompañando a las empresas que ya se han incorporado para que puedan realizar más actividades en la red con una personalidad digital más activa. Para tal fin hemos
puesto en marcha las siguientes nuevas actuaciones. Programa de impulso de la empresa en red, PIER, que ha comenzado este año segmentando acciones por sectores de actividad para favorecer la conexión de las pymes a la red a través de demostradores
específicos y pruebas reales que muestren a los pequeños empresarios la utilidad de las TIC y de la red. Otra actuación nueva es el fomento de contenidos digitales PYME, con estudios, acciones de promoción y difusión y desarrollo de contenidos
digitales y plataformas de distribución adaptadas a los nuevos modelos de negocio; esta línea de contenido se inicia este año y a ella me referiré también más tarde.
La tercera línea estratégica de la sociedad de la información es la de servicios públicos digitales, encaminada a potenciar una administración electrónica plenamente desarrollada. Con los esfuerzos realizados en la legislatura anterior, el
indicador europeo e-Europe, que analiza los que se consideran los veinte servicios básicos de la administración electrónica, nos sitúa en un nivel de ejecución en 2007 del 70 por ciento, por encima de la media europea, que está en el 62 por ciento.
Para este periodo contemplamos nuevas actuaciones de administración electrónica orientadas fundamentalmente a garantizar el derecho de los ciudadanos a realizar sus gestiones con la Administración local por medios electrónicos; estas actuaciones se
llevarán a cabo en colaboración tanto con el Ministerio de Administraciones Públicas como con la Federación Española de Municipios y Provincias y las comunidades autónomas. También en este apartado de Administración local y para fomentar la
introducción de las TIC en la gestión urbanística municipal, hemos puesto recientemente en marcha el programa de urbanismo en red, iniciativa surgida de las conclusiones de un grupo de expertos en el ámbito urbanístico, que ha llevado a establecer
un convenio de colaboración entre el ministerio y la Federación Española de Municipios y Provincias. En este ámbito ya se han llevado a cabo pruebas piloto en once municipios, y a lo largo de 2008 vamos a continuar esta iniciativa con la
implantación de estos servicios en más ayuntamientos -estimamos que unos 500, entre 2008 y 2009-, lo que va a permitir que tanto ciudadanos como colectivos profesionales tengan a su alcance toda la información de planeamiento urbanístico, con la
consiguiente transparencia y eficacia para realizar búsquedas y generar de forma inmediata información urbanística, tanto legal como técnica. Este programa requiere, como la mayoría de los que llevamos a la práctica, la cofinanciación de los
ayuntamientos que se adhieran al mismo.
En el área de educación en red, además de incrementar la dotación de material informático y de conectividad en las aulas, estamos dando prioridad en este nuevo periodo a generar y promover el desarrollo de contenidos digitales para estas
redes, así como a la formación de los profesores para que puedan usar todos estos medios más eficazmente. El programa Internet en el aula ha actuado en 16.000 centros educativos públicos y concertados más de 12.000 de manera directa y al menos
4.000 de manera inducida mediante infraestructuras y contenidos digitales, y habiendo beneficiado a 5 millones de alumnos y a 425.000 docentes. Hoy más del 90 por ciento de estos centros están ya conectados a la banda ancha, porcentaje muy superior
al de la media europea.
Entre las nuevas actuaciones en esta área, quiero destacar el desarrollo de contenidos digitales educativos en materia de formación de docentes y de una plataforma para la gestión e intercambio de los mismos. Ya en 2007 se puso en marcha la
plataforma Agrega, consistente en un conjunto de repositorios de recursos digitales educativos para ser compartidos entre los miembros de la comunidad educativa de todas las comunidades autónomas. Sobre ella vamos a realizar ahora el desarrollo de
contenidos digitales curriculares y materiales formativos dirigidos a posibilitar la capacitación a la comunidad docente en el uso y aplicación didáctica de las TIC. Por otro lado, con el fin de dinamizar la utilización de estas tecnologías en la
comunidad educativa, celebramos este año el I Congreso Internet en el Aula en cuatro ciudades simultáneamente. Dio comienzo el pasado mes de abril en modo virtual y en este mismo mes, los próximos días 26 al 28 de junio, comenzará la parte
presencial simultáneamente en las cuatro sedes conectadas por videoconferencia, que son Granada, Madrid, Barcelona y Santander. Hasta ahora hay más de 1.500 visitas diarias en el portal participativo y se han inscrito más de 7.000 docentes con más
de 600 contribuciones. Finalmente desarrollaremos el programa Enseña, de refuerzo a la formación de docentes en el uso de la TIC e información a las familias también sobre su uso.
El programa de Sanidad en red, desarrollado en colaboración con el Ministerio de Sanidad y Consumo y las comunidades autónomas, tiene como objetivo ayudar a la informatización completa del proceso asistencial y a la extensión de las TIC en
el ámbito sanitario. En la etapa inicial hemos concentrado los esfuerzos en la dotación de infraestructuras básicas y en resolver los problemas de interoperabilidad entre los sistemas sanitarios de las diferentes comunidades autónomas. El
programa, destinado a todos los servicios autónomos integrados en el Sistema Nacional de Salud, contempla actuaciones concretas para la historia clínica electrónica, la receta electrónica, la cita médica por Internet, la cita telemática intercentros
y la asistencia remota de teleconsulta y telediagnóstico.
Hasta el momento se ha implantado en más de 1.500 centros hospitalarios una infraestructura telemática que ha permitido que en doce comunidades autónomas la tarjeta sanitaria sea
interoperable y en otras cuatro las pruebas estén muy avanzadas. En 2008 vamos a continuar con las acciones emprendidas para lograr el pleno acceso telemático a los servicios de salud en las
diecisiete comunidades autónomas y en las ciudades autónomas.
Respecto al programa de Justicia en red, que se lleva a cabo en colaboración con el Ministerio de Justicia, se está impulsando la modernización de los registros civiles y juzgados de paz para ofrecer un acceso digitalizado a los datos
correspondientes que puedan dotar de la seguridad necesaria a las transacciones económicas o administrativas en las que estos se necesiten.
La última línea estratégica de sociedad de la información a la que me quiero referir es la del nuevo contexto digital, en la que, junto a la extensión de las infraestructuras de banda ancha a las que ya me he referido, se va a poner especial
énfasis en la identidad digital y en el desarrollo de una industria de contenidos digitales, ya iniciada en la anterior legislatura, para potenciar la creación de contenidos digitales en los diferentes ámbitos de la sociedad del conocimiento. En el
periodo 2006-2007 se han iniciado 92 proyectos de colaboración con empresas, entidades locales y entidades sin fines de lucro y se han puesto en marcha 54 proyectos de creación de contenidos, impulsando además 38 centros de referencia. Dado que el
entorno digital ya es una realidad en muchos hogares españoles, que el consumo de Internet y de videojuegos, por ejemplo, ya supera a los medios tradicionales como la televisión en algunos tramos de edad, fundamentalmente entre 18 y 34 años, se hace
necesario que la industria española afronte los cambios en el modelo de negocio que induce la evolución hacia lo digital y explote además las enormes posibilidades del uso del castellano como idioma común en más de 500 millones de habitantes. De
acuerdo con ello, el programa Avanza contenidos se va a centrar en esta legislatura en dos líneas de actuación preferenciales. En primer lugar, el desarrollo de la creación de contenidos digitales propiamente dichos, dentro de los cuales destacamos
el programa para apoyo a los emprendedores en contenidos digitales, en colaboración con los fondos de capital riesgo privados para atraer inversiones al sector TIC relacionados con los contenidos, y el programa de colaboración con las universidades
para potenciar la formación en perfiles técnicos con la cualificación necesaria en contenidos digitales, en colaboración con el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Conferencia de Rectores Universitarios. En segundo lugar, la creación, junto con
las entidades locales y comunidades autónomas, de centros de conocimiento y centros de referencia, como centros experimentales y escaparate de las nuevas tecnologías del conocimiento y de proyectos de empresas de la sociedad de la información que
ayuden a impulsar la creatividad y la innovación en relación con este ámbito. Además de ello, vamos a continuar con el Foro internacional de contenidos digitales (Ficod), que el año pasado celebró con gran éxito su primera edición y en el que se
dan cita las industrias del ramo, generando debate y creando un punto de encuentro importante entre los principales responsables de las empresas españolas y cualificados expertos internacionales.
Otro aspecto en el área del nuevo contexto digital está relacionado con las nuevas posibilidades que abre la utilización del DNI electrónico, que cuenta ya con más de 4,5 millones de tarjetas expedidas y que va a impulsar la identidad
digital como elemento eficaz y práctico para ser usado en cualquier tipo de transacción económica y administrativa.
Actualmente existen ya más de mil servicios disponibles en organismos de ámbito público y privado en los que puede utilizarse el DNI
electrónico.
Con la puesta en marcha de la factura electrónica para los contratos con la Administración General del Estado y organismos asimilados, esta cifra va a aumentar de manera considerable. Además, esta iniciativa permitirá a la industria
española situarse en vanguardia en este tipo de desarrollos que, sin duda, acabarán extendiéndose por más países.
En cuanto al tema relacionado con el anterior, y muy importante de la seguridad en red, nos vamos a seguir apoyando en la línea de seguridad tecnológica de Inteco, orientada a prestar servicio a ciudadanos y pymes, continuando con los
servicios actuales del Centro de respuesta a incidentes de seguridad en la red, del Observatorio de seguridad y del Centro demostrador de seguridad para pymes.
Por último, vamos a desarrollar y velar por la aplicación de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información. En aplicación de los dispuesto en esa ley, vamos a adoptar las siguientes medidas. En
el ámbito de la factura electrónica se está trabajando en la elaboración de un plan para la generalización del uso de la factura electrónica en España. El plan establecerá esquemas específicos de ayudas económicas para la implantación de esta
factura.
Por otro lado, el Ministerio de Industria, junto con el Ministerio de Economía y Hacienda, ya ha aprobado las normas necesarias sobre formatos estructurados estándar de facturas electrónicas, para facilitar la interoperabilidad del sector
público con el sector privado y favorecer el tratamiento automatizado de las mismas. En cuanto a la obligación de disponer de un medio de interlocución telemática para la prestación de servicios al público de especial trascendencia económica, el
Gobierno llevará a cabo el análisis y la verificación del cumplimiento de la misma. En materia de accesibilidad, el Ministerio de Administraciones Públicas está trabajando intensamente con el fin de garantizar que las páginas web de las
administraciones públicas, financiadas total o parcialmente con fondos públicos o de empresas que gestionen servicios públicos o presten servicios al público en general de especial trascendencia económica, cumplan los niveles medios de accesibilidad
exigidos en la ley a partir del 31 de diciembre de 2008.
Voy a finalizar refiriéndome al sector audiovisual. La racionalización y modernización del sector audiovisual, iniciada en 2004, culminará en la legislatura que acaba de comenzar. La evolución de nuestro sector audiovisual se dirige
ineludiblemente hacia un escenario de plena digitalización y de transformación de la oferta de servicios
y contenidos. La adaptación a todo un conjunto de nuevas demandas de los usuarios y las grandes posibilidades que abre la convergencia entre los sectores de la radio, la televisión y las telecomunicaciones, incluyendo, como es lógico, el
mundo web, nos llevan hacia unos medios de comunicación totalmente distintos de los existentes hace solo unos años.
Así, durante la pasada legislatura, el sector audiovisual ha sido objeto de un intenso proceso de ordenación y modernización
normativa que ha permitido, gracias a la eficiencia operativa y regulatoria de las medidas adoptadas, acortar en gran medida la distancia que nos separaba de otros países de nuestro entorno. Este proceso se inició con el Plan de impulso de la
televisión digital terrestre, de liberalización de la televisión por cable y de fomento del pluralismo, y culminó con una serie de medidas que promovieron el lanzamiento definitivo de la TDT y la finalización de un nuevo plan técnico de frecuencia
modulada.
En la presente legislatura vamos a culminar el proceso iniciado hace cuatro años, con plena participación de los agentes implicados, consolidando de este modo el desarrollo del sector audiovisual y estableciendo unas pautas claras y estables
sobre las que todos los agentes pueden planificar su evolución futura. De este modo, una de las primeras leyes que van a estar listas para su envío al Parlamento va a ser la ley general audiovisual, que incorpora al ordenamiento jurídico español,
en su nueva versión revisada, los preceptos correspondientes de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual -la anterior Directiva de televisión sin fronteras-, aprobada en Bruselas el 11 de diciembre de 2007. Asimismo, va a estar
próximamente finalizado el texto revisado de la nueva ley del consejo estatal de medios audiovisuales.
Esta ley es una consecuencia necesaria de la ley general audiovisual.
Creará el consejo estatal de medios audiovisuales como regulador
independiente, cuya existencia viene siendo requerida por los órganos comunitarios y del Consejo de Europa, lo que permitirá la aplicación flexible de la nueva regulación audiovisual.
En cuanto a la TDT, se va a continuar con las actuaciones ya iniciadas para la aplicación y el riguroso seguimiento del Plan de Tránsito a la TDT, con el fin de realizar el cese total de emisiones en analógico el 3 de abril de 2010. Como
SS.SS. seguramente recordarán, este Plan de Tránsito se aprobó por acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de septiembre de 2007. El plan divide la totalidad del territorio del Estado en noventa proyectos de transición. Para cada proyecto se ha
determinado la fecha límite, antes de la cual debe llevarse a cabo el cese de las emisiones con tecnología analógica, lo cual se va a hacer de manera gradual a partir de julio de 2009. Además de la puesta en marcha de una metodología de desarrollo
y gestión de los proyectos de transición, se han diseñado planes de contingencia para dar respuesta a cualesquiera problemas que pudieran sobrevenir en el proceso de tránsito de cada uno de los proyectos. En estos planes se mostrará especial
atención a colectivos que pudieran presentar riesgo de exclusión, como las personas con discapacidad o con edad avanzada. En la situación actual ya se han vendido a día de hoy más de 10 millones de dispositivos con TDT; la cobertura nacional de la
TDT es superior al 85 por ciento de la población, con un porcentaje de hogares conectados del 32,15 por ciento y una penetración de los canales digitales, incluidas todas las plataformas de recepción -TDT, cable y satélite- del 63,7 por ciento de
los hogares.
Finalizo ya mencionando en este apartado que se están llevando a cabo actuaciones para favorecer la introducción de modernos servicios audiovisuales que presentan un indudable carácter de convergencia tecnológica, como son los casos de la
televisión en movilidad, tanto terrestre (TDT móvil) como por satélite y de la radio digital por satélite. En concreto, se están dando los pasos oportunos para que nuestro país se sitúe entre los países de vanguardia en la implantación de estos
servicios audiovisuales avanzados, que son paradigmas de servicios convergentes, al combinar el servicio de televisión y radio con la movilidad, característica esencial de la telefonía móvil.
En lo que a telefonía móvil en aviones se refiere, otro servicio novedoso.
Se aprobará el marco regulatorio adecuado que permita prestar el servicio de telefonía móvil GSM en aeronaves en vuelo por encima de los 3.000 metros de altura, que
ya mencioné anteriormente.
Por último, en televisión de alta definición se desarrollará la normativa para avanzar en su desarrollo e implantación. En 2007 se ha creado el Foro para la televisión de alta definición, con el fin de que todos los actores del mercado
expongan sus opiniones. Se abre así una oportunidad para los operadores de televisión de ofrecer servicios diferenciados que les permitan fidelizar su audiencia.
Lamento la extensión, pero el tema así lo requería.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por su exposición.
A continuación, pasamos al turno de intervenciones de los distintos grupos parlamentarios. Como saben SS.SS. tienen diez minutos, pero como vamos bien de tiempo, siempre que lo administren bien, podrán usar más tiempo.
De todas formas,
calculen en torno a quince minutos porque si no, sí nos iríamos de hora.
En primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular el señor Cortés.
El señor CORTÉS MARTÍN: Damos la bienvenida al señor secretario de Estado, aunque en su caso puede ser una redundancia pues no es nuevo ni en su responsabilidad ni en esta Comisión. Señor secretario de Estado, ojala que sus relaciones con
esta Comisión y con el grupo al que represento sean fluidas y fructíferas. En este diálogo el nuevo soy yo, no como diputado pero sí como portavoz en esta materia, en la que -quiero dejarlo claro- soy un usuario y no un experto.
La comparecencia de hoy, señor secretario de Estado, está estrechamente ligada a la del ministro de Industria de la semana pasada. Comentamos entonces lo desacertado de la estructura de que se ha dotado el Gobierno en la materia que nos
ocupa. Entendemos, señor presidente, que la sociedad de la información no es un sector económico. La sociedad de la información es la misma sociedad en una etapa nueva a la que llamamos sociedad de la información o sociedad del conocimiento, como
a la anterior se la llamó sociedad industrial o en algún momento se hablaba de la sociedad agraria. Por eso, el Partido Popular, que en su momento creó la primera Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, propuso la
creación de un ministerio de nuevas tecnologías y sociedad de la información que fuera transversal y prescriptor para informar y apoyar a otros ministerios para que cada uno impulsara la sociedad de la información en sus respectivos ámbitos. En vez
de eso, el presidente del Gobierno ha decidido dejar la sociedad de la información como un subsector -junto con las telecomunicaciones- y como una más de las seis secretarías de Estado y secretarías generales de un megaministerio. Eso sin entrar a
valorar ahora el sinsentido de separar innovación de nuevas tecnologías o universidades de educación, por citar solo las áreas relacionadas más estrechamente con este ministerio. Este hecho, señor secretario de Estado, no ha producido sino una gran
decepción, pero no solo en el sector TIC sino en el conjunto de los ciudadanos y empresas que formamos parte de la sociedad de la información, que somos la sociedad de la información y no somos un subsector.
Señor presidente, siempre que se quiere diseñar una estrategia conviene hacer un análisis real de la situación de partida, que aquí tiene que ser la España de junio de 2008, y una prospección, una proyección de la situación a la que
querríamos llegar en el plazo de una legislatura en nuestro caso. Para ello es imprescindible elegir bien los indicadores que vamos a utilizar y es aún más importante tener claro qué queremos medir; si queremos medir -valga el juego de palabras-
el avance del Plan Avanza, que es un mero instrumento, o el avance de la sociedad de la información en España o, si me apuran, el avance de la sociedad española en sus distintos ámbitos gracias a las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación. Para nosotros, señor secretario de Estado, y me gustaría que estuviésemos de acuerdo, no se trata solo de saber cuánto se gasta sino para qué. Hablar de gasto solo será indicador de lo que se ha malgastado. Tiempo tendremos para
saber en los próximos meses cuánto se ha gastado en consultorías, campañas de publicidad y propagandas varias, como tendremos tiempo en octubre de debatir sobre los presupuestos para 2009, que concretarán muchas de las declaraciones que ha formulado
el señor ministro la semana pasada y el señor secretario de Estado esta mañana. Pero quiero ahora repasar someramente algunas de las áreas que entran dentro de la competencia de la secretaría de Estado, pidiendo algunas precisiones en diferentes
extremos.
Respecto a los contenidos digitales, el Ministerio de Industria debería ser consciente de que no son solo competencia del Ministerio de Cultura.
Se ha referido el señor secretario de Estado a que se va a hacer algo, pero la verdad es que ha
sido muy poco concreto y ha hablado de una diversidad muy grande de sectores de la sociedad de la información afectados por la necesidad de desarrollo de los contenidos digitales.
Entendemos que los contenidos digitales, como ha recalcado la
Comisión Europea, son una fabulosa oportunidad y un fabuloso mercado de miles de millones de euros en el que España tiene mucho que decir, y no parece que se le dedique la atención debida. El propio organigrama administrativo del ministerio no
tiene una estructura adecuada al mismo y el ministro en su comparecencia pasó por encima del tema y hubo que extraerle con fórceps, gracias a la generosidad de la presidencia de la Comisión, una brevísima declaración en un tema de sumo interés
social cuyos retrasos e indefinición están provocando una grave inseguridad jurídica a los usuarios y a la industria. Por eso le pregunto, porque el señor secretario de Estado tampoco ha dicho nada, qué piensa hacer el Ministerio de Industria
respecto del canon digital, cuál es su postura.
Quede bien claro que creemos que este no es el único debate, ni siquiera el más importante. Respecto de los contenidos digitales es mucho más importante hablar de los modelos de negocio. Por eso,
nos gustaría saber, señor secretario de Estado, ya que tememos que dada la enorme dimensión del ministerio del que forma parte va a ser el responsable directo de defender la posición de España dentro de la Unión Europea, cuál va a ser la posición,
la postura que adopte el Gobierno en la ronda de consultas que ha abierto la Comisión Europea para aprovechar y potenciar el mercado emergente de los contenidos digitales, con muy especial atención a los nuevos modelos de negocio y con muy especial
atención -porque es un tema en el que se está produciendo una dejación y no ha habido ni media palabra ni el otro día en la intervención del ministro ni hoy en la del señor secretario de Estado- a uno de los mayores ataques a ese modelo de negocio
como es la piratería. ¿Qué es lo que se piensa hacer respecto a la piratería? ¿Cuál es la posición que va a defender el Gobierno español en la Unión Europea?
Señor presidente, respecto al acceso a Internet hay una doble brecha y hay que atenderla por igual. Por un lado, dentro de nuestra sociedad aquellas personas con más riesgo de quedarse al margen de la sociedad de la información deben ser
atendidas. Sobre este tema se ha extendido el señor secretario; ha hablado de capacitación, de préstamos, de telecentros con o sin dinamizadores, etcétera. Bien va. Pero también nos preocupa la brecha digital que nos separa a los españoles de
los países más desarrollados. El último informe de la OCDE dice que España está detrás de otros diecinueve Estados miembros. Este es un tema que el otro día no pude tratar
con el ministro -él no quería- y la verdad es que poderlo hacer ahora con el señor Ros, que parece que es el que tiene el negociado de los desmentidos y las aclaraciones, puede ser más útil. Leo información, en este caso de El País.com:
España empeora la brecha digital respecto a los países más desarrollados. Los datos son todos de la OCDE. España está detrás de otros diecinueve Estados miembros en la penetración de banda ancha, casi dos puntos por debajo de la media de los
países de la OCDE. Y lo más preocupante de todo es que dicha brecha se está ampliando y que los precios están por encima de la media y, por el contrario, la velocidad está por debajo. Si esto decía la OCDE, la Asociación de Internautas dice que el
ADSL de España está a la cola de Europa, y tengo la documentación delante. Decía que al señor Ros no le había gustado mucho esta información porque luego añade: Ros dice que quince informes internacionales están desfasados. Nosotros hemos
recurrido a indicadores del Observatorio de telecomunicaciones y sociedad de la información de Red.es para poder ver los datos oficiales, y cuál no habrá sido nuestra sorpresa cuando, dentro de los indicadores de e-Europe, en el apartado referido al
coste de acceso a Internet y a la disponibilidad del acceso mediante banda ancha, no hay datos; pura y simplemente, no los hay, ni buenos ni malos, no figura ningún dato en las correspondientes casillas.
Dice usted en sus declaraciones, en este
caso de El País.com, que su departamento está negociando con esos organismos para identificar los fallos y poder corregirlos para las próximas estadísticas. Señor Ros, en mi anterior reencarnación estuve transitoriamente en el Ministerio de Asuntos
Exteriores y puedo asegurarle que hay un magnífico servicio exterior de España que le ayudará en su labor correctora ante la OCDE, la Comisión Europea y otros organismos. Pero cuando son quince informes internacionales los que, según dice el señor
secretario de Estado, están desfasados -es posible y yo le concedo el beneficio de la duda- estará de acuerdo en que, en el supuesto de que sean ellos los que están mal, ha habido un problema de comunicación. El señor secretario de Estado ha
aludido a que una de las líneas de actuación de su secretaría de Estado era estar presente en los foros internacionales, pero, además de la presencia real, convendría también que hubiese una comunicación, aunque fuese telemática, suficientemente
fluida para que los indicadores que nos sitúan en el concierto de los países de nuestro entorno sean más ajustados porque, insisto, es muy chocante que sean quince los informes internacionales que, en opinión del señor secretario de Estado, están
desfasados. Yo creo que tampoco estaría de más, señor secretario de Estado, que el Observatorio de Red.es cumpliera con su cometido y publicara todos los datos sobre la penetración de Internet en España o el coste para los ciudadanos del acceso a
Internet por banda ancha, y no solo los datos que pueden parecer más favorables para el Gobierno, porque, si no, ¿para qué sirve un Observatorio de telecomunicaciones y sociedad de la información?
Por último, y en la línea de ser positivo que anticipé en mi intervención en el debate con el señor ministro, queremos proponerle que, al igual que hay una tarifa plana de voz y datos en el teléfono fijo, se estudie una tarifa plana para voz
y datos en los móviles, al menos en los servicios básicos, pues es en Internet móvil donde España tiene una ventaja comparativa y grandes oportunidades si se allana la barrera económica de acceso, especialmente en tiempos de crisis. Me acojo
también a las intervenciones, tanto del señor ministro como del señor secretario de Estado, para hablar de esta ventaja comparativa que España tiene respecto de otros países en la penetración de los móviles. El futuro nos permite que Internet móvil
tenga un desarrollo en mejores condiciones en España que en otros países si sabemos aprovechar esta oportunidad.
Señor presidente, hablemos también de las empresas. Lo ha dicho el señor secretario de Estado, pero aquí él no ha mencionado una palabra clave, que es la palabra productividad y el Plan Avanza carece de indicadores de eficiencia y
productividad del uso de las nuevas tecnologías sector por sector. Yo creo que ahora que nos ha anunciado el señor secretario de Estado que lo van a ampliar hasta el año 2012, es un buen momento para que se hagan estudios y planes del uso eficiente
de las TIC en cada sector productivo. Le sugiero que empiece, por ejemplo, por sus compañeros de ministerio, es decir, en la industria, en el turismo, en el comercio, y que allí se tengan indicadores que midan los resultados, en términos de
productividad, que produce un uso eficiente de dichas tecnologías. Quizá el Programa de impulso a la empresa en red, PIER, que nos ha anunciado, puede servir también para que esto se pueda desarrollar. Créame, señor secretario de Estado, que no
parece razonable -y habrá que remediarlo- que, a estas alturas del desarrollo de la sociedad de la información, los datos que manejemos sean el porcentaje de empresas que tienen acceso a Internet, los que tienen un sitio o página web, los que
utilizan Intranet-Extranet o el porcentaje de empleados que utilizan ordenadores conectados a Internet en su trabajo habitual.
Evidentemente, todo esto son prerrequisitos, pero si, a partir de ahí, no analizamos cuál es el uso que se hace de esas
infraestructuras -llamémoslo de alguna manera- y no tenemos datos sobre la eficiencia del uso, nos quedamos muy limitados en nuestra capacidad de análisis y, por tanto, en nuestra capacidad de actuación para mejorar la situación y superar los
desfases que tenemos.
Respecto de la Administración electrónica y el documento nacional de identidad electrónico, ya le dijimos al señor ministro que su exposición había sido profesoral porque intentaba convencernos a unos convencidos de las bondades de la
utilización de las nuevas tecnologías, tanto en el acceso electrónico de los ciudadanos a las diferentes administraciones públicas, como en la prestación por estas de los servicios públicos de mayor trascendencia para los ciudadanos. Insistimos en
que todo ello nos parece muy bien -fíjese si nos parecerá
bien que muchos de esos planes se pusieron en marcha con los gobiernos del Partido Popular-, pero este es el momento, como decíamos al hablar de las empresas, en que ya no es suficiente saber cuánto se ha gastado en el proyecto de educación
en red -que es, por ejemplo, de lo que nos ha hablado el señor secretario de Estado-, ni siquiera el número de escuelas conectadas por banda ancha a Internet, ni el número de alumnos por ordenador. Todo eso evidentemente es imprescindible, qué duda
cabe, pero de lo que hay que empezar a hablar ya es de la eficiencia del uso de las TIC en el sistema educativo o, si se quiere, de la productividad social de las mismas. Es decir, ¿en qué ha ayudado, en los indicadores sustantivos de fracaso o
éxito escolar, el gasto realizado todos estos años para dotar al sistema educativo de ordenadores y de conectividad por banda ancha? En otro campo, ¿en qué medida está ayudando el gasto, que a todas luces es insuficiente, para la implantación y uso
de las nuevas tecnologías en la Administración de justicia? Eso es lo que los ciudadanos quieren saber, sobre todo cuando hace poco se veían por televisión imágenes de juzgados, incluido el Supremo, con expedientes por el suelo en un momento de
gran alarma social provocado por el mal funcionamiento de la Administración de justicia. Por ello, es lógico que los ciudadanos se pregunten en qué se gasta el dinero y con qué resultado. Le contaré un caso personal. Se me ha ocurrido,
precisamente para analizar cuál es el desarrollo de la sociedad de la información, hacer unas cuantas preguntas al señor ministro de Justicia sobre la situación en todos los juzgados españoles, de lo contencioso, de lo penal, de lo civil, partido
judicial por partido judicial, y lo único que se le ha ocurrido al señor ministro es hacer una exclamación ofensiva -viniendo del señor ministro de Justicia, tampoco es algo que pueda sorprender- porque se le haga esta pregunta. Algo que, si
hubiesen desarrollado la sociedad de la información en su ámbito, como tenía que haber hecho en vez de hacer otras obras que parece que las considera prioritarias, le bastaría con dar a una simple tecla; o ni siquiera eso, no tendría yo que hacer
la pregunta porque podría ver on line cuál era la situación en los distintos juzgados del territorio nacional de los casos que están tratando.
El señor PRESIDENTE: Señor Cortés, tiene que ir concluyendo. Ha sobrepasado ya quince minutos.
El señor CORTÉS MARTÍN: Sí, señor presidente, resumiré lo más posible.
El señor secretario de Estado tiene que ser consciente del compromiso incluido en la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, que dice que deben poder acceder on line a todos los procedimientos administrativos el
1 de enero de 2010, y queda solo año y medio para esa fecha. Por eso, le reitero una pregunta aquí, en sede parlamentaria: ¿Está el Gobierno en condiciones de cumplir ese compromiso? Le pido que no haga lo que hizo el ministro y pase la pelota y
la responsabilidad al Ministerio de Administraciones Públicas, no solo porque el Gobierno es solidario en sus actuaciones sino porque hay una responsabilidad directa de su ministerio y de la secretaría que usted dirige. ¿Cómo van a poder acceder
todos los ciudadanos a los servicios públicos on line el 1 de enero de 2010 si aún no se ha generalizado el DNI electrónico?
Muy esquemáticamente me referiré al servicio universal. El ministro dijo que se continuaría con el programa de extensión, y ahora ya estamos trasladando el debate al ámbito europeo. Creo que esto es algo que no podemos aceptar porque en
esta Cámara, hace seis meses, aprobamos la inclusión del acceso a Internet como parte del servicio universal, sin las remisiones trampa que el ministerio quiso incluir en la normativa europea, y todos los miembros de esta Comisión, incluida la
portavoz del Grupo Socialista, son testigos de ello. Dichas referencias a la normativa o debate europeo no es sino dar largas a una regulación que, como establece el artículo 22 de la Ley General de Telecomunicaciones, puede y debe desarrollar el
Gobierno reglamentariamente. La normativa europea lo que hará en su momento será armonizar las distintas legislaciones nacionales, así que no se escuden en ella y cumplan simplemente lo que se acordó en esta Comisión.
Redes de nueva generación y modelo de competencia para realizar las inversiones necesarias.
El señor PRESIDENTE: Señor Cortés, le ruego que termine.
El señor CORTÉS MARTÍN: Señor presidente, son tres cuestiones sobre las que seré concreto.
El señor PRESIDENTE: Perdone, pero hemos quedado en torno a los quince minutos y lleva veinte minutos. Se lo digo porque si no, no va a quedar tiempo. Concluya, por favor.
El señor CORTÉS MARTÍN: Termino, entonces, señor presidente.
Dejaré lo de las quejas de los usuarios y el spam telefónico, que es un asunto de extremada gravedad. Usted ha dicho algo, aunque no demasiado, sobre las redes de nueva generación. Ha hablado de un impulso a la compartición de
infraestructuras, pero no se nos ha aclarado qué es lo que debe compartir el operador que haga las inversiones, o si se ha descartado por el ministerio la separación funcional en el operador dominante como ha ocurrido, por ejemplo, en Renfe o en
ADIF.
Respecto de la TDT y el apagón analógico y las fechas a las que se ha comprometido para que esté ya todo digitalizado, creo que ha renovado el compromiso. Los datos que ha dado y lo que falta por cubrir resulta inquietante. En la ley
general audiovisual ojalá tengamos el máximo acuerdo posible, lo dije entonces. Respecto al Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, quiero recordar que la nueva Directiva de servicios de medios
audiovisuales sin fronteras, en la que se armoniza la regulación de todos los contenidos audiovisuales, lineales y no lineales, no impone la creación de tal Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, y eso que se debatieron enmiendas en dicho
sentido. Por eso le decimos que para nosotros no se trata de un debate sobre Consejo Audiovisual sí o no, y nuestra opinión es que no, porque lo importante es que haya una autoridad nacional que aplique la directiva europea y la legislación
española en materia audiovisual, y ya la hay, es usted, señor secretario de Estado.
Pareciera que nosotros confiáramos más en usted que usted mismo o que el propio Gobierno. En todo caso, le decimos que el precedente del Consejo Audiovisual de
Cataluña, en el que se inspira el Gobierno, nos parece inquietante para la libertad de expresión y el derecho de información.
Por eso, queremos saber qué Consejo Audiovisual quieren ustedes y, sobre todo, para qué. En la protección de los menores
no me extenderé. Sabe que estaremos de acuerdo, pero para eso no hace falta consejo y sí echar mano de la corregulación y la autorregulación, como recomiendan las instancias europeas. Señor secretario de Estado, al igual que le dije al señor
ministro, la importancia del sector, el desfase de España en muchos aspectos y la necesidad de que haya o continúe habiendo políticas a medio y largo plazo, nos lleva a desear que se logren acuerdos en torno a las líneas básicas de esta política.
El Grupo Popular está abierto al diálogo y al entendimiento para que políticas acertadas y eficientes puedan ser, además, duraderas y estables.
Muchas gracias, señor presidente, por su generosidad.
El señor PRESIDENTE: Vamos a alterar el orden de intervenciones con acuerdo de los demás grupos.
Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario del PNV el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Quisiera agradecer a la diputada Inmaculada Riera que me haya permitido intervenir antes que ella cambiándome el turno.
Agradezco al señor secretario sus explicaciones y le doy la bienvenida en nombre del Grupo Vasco a esta Comisión. De manera muy breve quisiera trasladarle algunas cuestiones que preocupan al Grupo Vasco y también al Gobierno vasco. Algunas
de ellas se las transmití al ministro de Industria, pero creo que no está demás que también se las transmita a usted.
Usted hablaba, a lo largo de su intervención, en varias ocasiones, de la necesidad de coordinación entre las comunidades autónomas y el Estado. Yo creo que esto es absolutamente necesario. Se debe producir por muchos motivos, porque las
competencias están muchas veces solapadas, son concurrentes. Es necesaria esta coordinación, en primer lugar, por respeto al marco competencial y, en segundo lugar, por respeto a la eficiencia y a los criterios económicos. En este sentido, le voy
a dar unos ámbitos en los que yo creo que se puede mejorar esta colaboración que le reclamo. En el propio Plan Avanza, los objetivos que persigue el plan -tal y como ha citado usted anteriormente en su intervención- es la convergencia con Europa y
también entre las comunidades autónomas. Ello implica que las comunidades autónomas que se encuentren más avanzadas son, en nuestra opinión, penalizadas por haber invertido previamente en esta materia. Algunas veces, las políticas de café para
todos generan distorsiones cuando no duplicidades, desconcierto y desinformación por parte de las comunidades autónomas. Asimismo, la dimensión de organizaciones como Red.es para gestionar programas que deben ser también gestionados por las
comunidades autónomas fomenta lo dicho anteriormente.
A modo de ejemplo, tomemos el programa de ninguna empresa sin web, lanzado por el Ministerio de Industria en el marco del Plan Avanza a través de Red.es. Dicho programa coincide en parte de su
hecho subvencionable con programas existentes a nivel de Euskadi. En este sentido, se genera una distorsión. Yo creo que podría ser un campo para la colaboración. Por otro lado, iniciativas que son propias de las comunidades autónomas, como el
caso de IT-Txartela, puede ser extendida también al conjunto del Estado con beneficio para el resto de los ciudadanos. Dicha iniciativa, como supongo que conoce el secretario de Estado, consiste en disponer de un sistema de certificación de
competencias digitales que motive y dé utilidad a los conocimientos que las personas van adquiriendo y que tienen un valor en el mercado de trabajo desde el momento en que son certificables. Dicho sistema está avalado por el Instituto Europeo de
Software y Osakidetza hizo uso de dicho sistema en su última oferta pública de empleo. Casi 200.000 ciudadanos vascos han obtenido esta IT-Txartela en diferentes módulos.
Otras comunidades han visto la oportunidad en su utilización y hay un
convenio que se ha firmado con Asturias para compartirlo. Esperemos que no se genere un nuevo sistema en el Estado y que lo ya avanzado sea reconocido y aprovechado por todos, máxime en esta coyuntura económica en la que los recursos son escasos y
que hay que echarle imaginación para avanzar, pero con poco dinero. En estas materias, insisto, el Estado tendría que jugar más un papel de buscar las sinergias, compartir buenas prácticas y extenderlas, que generar programas propios que en
ocasiones interfieren también con los programas de las comunidades autónomas. Le voy a dar otro ejemplo que es el de programa de ciudades digitales. En dicho programa, el ministerio ofrece una subvención a los ayuntamientos directamente para que
puedan avanzar en la e-Administración sin ningún tipo de coordinación con los planes de despliegue de la e-Administración y sus correspondientes plataformas y servicios en las comunidades autónomas correspondientes, asimismo, sin ningún tipo de
información a los gobiernos autonómicos de los proyectos subvencionados.
En el ámbito de la interoperabilidad de las administraciones públicas debe establecerse siempre el principio de integración de los sistemas de información ya diseñados e implantados, e integrarlos a través de interfaces
y no teniendo que entrar en un nuevo sistema con la pérdida, en ese caso, de la gestión de la información; es el ejemplo del padrón. Creemos que compartir información puede ser positivo para todo el mundo. A nivel general, se plantea la
necesidad de conocer los beneficiarios de los distintos programas e iniciativas con diferentes agentes: empresas, ayuntamientos, asociaciones, etcétera, para poder continuar y optimizar la gestión de los propios planes autonómicos. El ministerio,
insisto, debe jugar el papel de establecer contextos, asegurar el despliegue de la TDT, la banda ancha, con negociaciones globales, en su caso, y no tanto el de gestión de programas horizontales y en ocasiones con gran desconocimiento de lo que ya
se ha realizado o se está realizando por las comunidades autónomas. Quería, señor secretario de Estado, transmitirle esta preocupación, que es la preocupación de mi Gobierno, que observa que hay ineficiencias, duplicidades y existen también
posibilidades y hay un campo para la colaboración y para buscar el mejor resultado de los objetivos que se pretenden por parte de todos en este ámbito de las tecnologías y de la sociedad de la información.
El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Convèrgencia i Unió la señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Señor secretario de Estado, en nombre de mi grupo parlamentario le damos de nuevo la bienvenida y, sobre todo, con el máximo espíritu de colaboración constructiva, porque entendemos que en un entorno difícil de
desaceleración económica, el papel de las telecomunicaciones y la sociedad de la información es y ha de ser clave en la recuperación de nuestra economía y en el cambio de modelo de crecimiento que estamos obligados a hacer. Déjeme volver a la
anterior legislatura, a la que usted también hacía referencia, como punto de partida para las actuaciones que tendremos que afrontar conjuntamente en esta nueva legislatura. La pasada legislatura, las políticas del Gobierno en el marco de las
telecomunicaciones y la sociedad de la información, se basó fundamentalmente en dos proyectos: el Plan Avanza y la Ley de Administración Electrónica.
En relación al Plan Avanza, al que ha hecho referencia a lo largo de su intervención, tenía como principales objetivos reducir la brecha digital a través de medidas destinadas al despliegue de infraestructuras, el desarrollo de servicios y
facilitar la incorporación a la sociedad de la información mediante la capacitación y la confianza de los usuarios. Pero entendemos que el objetivo que perseguía el Plan de convergencia con Europa no se ha conseguido de manera plena o en la medida
que esperábamos. El balance de una legislatura del Plan Avanza, en opinión de nuestro grupo parlamentario, no puede ser eufórico. Quedan muchas cosas por hacer en materia de calidad de los accesos, de universalización de la banda ancha y en
capacitación y atracción de nuevos usuarios. A todo ello me referiré más adelante. No creo, señor secretario de Estado, que tengamos que entrar en una guerra de cifras sobre la evolución de la sociedad de la información en el Estado, pero sí
existen algunos datos o tendencias que comparten todos los estudios y que se transmite en los datos del último informe de balance del Plan Avanza. Me refiero a que la realidad actual es que no estamos convergiendo de manera deseada con Europa.
Esto no quiere decir que el Gobierno no esté haciendo nada, sino que no avanzamos más que otros países europeos, lo que significa que continuamos con un grave déficit en materia de sociedad de la información que estamos obligados a reconducir.
El segundo de los proyectos a los que me refería que fueron objeto de trabajo en la pasada legislatura, es la Ley de Administración Electrónica, que da derecho al ciudadano a ser atendido a través de medios electrónicos, pero que no prevé
recursos económicos para que las administraciones puedan hacer efectivo este derecho, al menos de manera suficiente. También prevé el impulso a la facturación electrónica y a la firma digital, que son dos proyectos que no acaban de arrancar. Es
por ello, señor secretario de Estado, que faltan recursos y falta interés en favorecer la interoperabilidad entre administraciones públicas, y también hemos de favorecer más e impulsar la colaboración entre administraciones públicas dentro del
máximo respeto competencial.
En definitiva, va a ser una legislatura con mucho trabajo, en la que esperamos que esta Comisión sirva como marco de evaluación y debate, tanto de las líneas de actuaciones iniciadas en la pasada legislatura, como los retos que debemos
afrontar en esta: la disminución de la brecha digital entre ciudadanos, la utilización de los servicios de la sociedad de la información y aflorar el potencial de las nuevas tecnologías y el incremento de productividad asociado necesario para
nuestro crecimiento y nuestra competitividad. La universalización de Internet, el acceso del conjunto de los ciudadanos ha de ser y es la base para la competitividad de nuestra economía y el crecimiento de nuestra sociedad. Las tecnologías de la
información y las comunicaciones son básicas en el nuevo patrón de crecimiento, un nuevo modelo de crecimiento que ha de avanzar hacia el mayor valor añadido. Ello pasa por la innovación, por la formación, por el conocimiento y por las nuevas
tecnologías, que han de proporcionar una ventaja competitiva y han de permitir avanzar hacia un sistema productivo más eficiente y una sociedad más avanzada y competitiva. Como materias pendientes de la pasada legislatura, desde nuestro Grupo de
Convergencia i Unió nos gustaría que nos explicase con más detalle las previsiones del Gobierno para establecer la banda ancha como parte del servicio universal de telecomunicaciones en los núcleos urbanos y de la posibilidad de compensar el
incremento de los costes a través de mecanismos de compensación. A ello hacía usted referencia, pero quisiéramos entrar en mayor detalle. Desde nuestro grupo creemos que esta medida puede disminuir la actual brecha digital y que
no debemos perder más tiempo en regular esta medida. Es cierto que se está estudiando a nivel europeo, pero si España quiere converger con Europa, el servicio de banda ancha universal debe implantarse lo más pronto posible, aunque no exista
ninguna normativa europea. También es cierto que tampoco existe ninguna normativa que lo prohíba. Asimismo, me gustaría pedirle que haga partícipe a esta Comisión de la revisión del marco regulador europeo que deberá estar aprobada en el año 2009
y que debe incentivar el despliegue de las redes de nueva generación, que debe permitir que los ciudadanos puedan disponer de ofertas de banda ancha a velocidades superiores a las actuales. Digo esto porque el Gobierno ha aprobado el reglamento
sobre el uso del espectro radioeléctrico que permite explotar el mercado secundario de frecuencias y no se ha utilizado a esta Cámara para informar a priori de la nueva regulación y fomentar su debate. La telefonía móvil es otro reto. Se debe
favorecer la utilización de nuevas frecuencias y la prestación de nuevos servicios como la televisión digital terrestre en movilidad o la telefonía móvil en aviones. Esperamos poderlo debatir en otras ocasiones a lo largo de esta legislatura.
Existen otras cuestiones que preocupan a nuestro grupo parlamentario, pero esperamos que a lo largo de las próximas semanas y meses tendremos ocasión de debatirlas. En relación con la protección del usuario, al que usted ha hecho referencia, señor
secretario, estamos de acuerdo con las medidas de protección del usuario en términos de protección, de transparencia y de calidad, y hay que potenciarlas e impulsarlas.
Por último, quisiera hacer referencia en mi intervención a la política del Gobierno en el sector audiovisual. En la pasada legislatura destacan algunas actuaciones realizadas como la Ley de medidas urgentes para el impulso de la televisión
digital, el lanzamiento de nuevos canales de televisión de ámbito estatal en abierto, la reducción de plazos para el apagón digital de 2012 a 2010, la protección de los derechos de los usuarios y nuevos planes de desarrollo para las radios. Un
balance entendemos no suficiente porque se pusieron de manifiesto tres ejes. En primer lugar, que existe un problema de los contenidos en la transición de la televisión analógica a la digital. En segundo lugar, no se ha presentado a tramitación la
ley del sector audiovisual, que usted ahora nos ha comentado, aunque el Gobierno dispone de un anteproyecto, y que según una respuesta a una pregunta realizada por nuestro grupo en el año 2005, tenía como objetivos el incremento de la seguridad
jurídica, la promoción y salvaguarda del pluralismo lingüístico y el 25 por ciento de la programación grabada de ficción, animación y documentales en abierto que debe contemplar dos bandas sonoras para dos lenguas cooficiales cuando su ámbito
incluya territorios con más de una lengua oficial. En tercer lugar, el balance puso de manifiesto que no conocíamos el calendario exacto para la creación del Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales, al que agradecemos que haya hecho referencia.
Me gustaría preguntarle sobre algunas cuestiones adicionales en las que nos gustaría que entrara en mayor detalle, sobre todo cómo valora la transición de la televisión analógica a la digital y los problemas con los contenidos los datos de cobertura
geográfica que tiene actualmente la televisión digital y la situación actual del anteproyecto de la ley del sector audiovisual, al que usted ha hecho referencia. Agradezco la primera comparecencia del secretario de Estado y reiteramos nuestro
espíritu constructivo en un sector de máxima importancia en el crecimiento y en el cambio de modelo que nuestro país ha de afrontar.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Canet.
El señor CANET I COMA: Quiero agradecer la presencia del secretario de Estado y felicitarle por su continuidad. Voy a intervenir en nombre de mi grupo de Esquerra Republicana y luego leeré literalmente unas reflexiones y preguntas que me
ha pasado Joan Herrera, porque no puede estar presente en esta Comisión y nos hemos distribuido el tiempo.
Empezaré con las reflexiones de mi grupo, Esquerra Republicana. En primer lugar, haré unas reflexiones generales. Estamos de acuerdo en que en la práctica el acceso a las nuevas tecnologías se está convirtiendo en un derecho universal,
pero en la práctica, en la teoría no está reconocido.
Habría que avanzar en ese sentido en los ámbitos que haga falta, porque todos somos conscientes que cuando un derecho es reconocido los encargados de implementarlo, Gobierno en este caso,
comunidades autónomas, ayuntamientos y Unión Europea, pueden de alguna forma forzar compromisos de los operadores, si no estamos demasiadas veces a merced de la buena voluntad. Por tanto, coincidimos con lo que usted ha dicho, estamos avanzando
hacia la concreción de ese derecho, pero sería conveniente acabar de escribirlo y reconocerlo formalmente. En cuanto a la brecha digital -estos días en diferentes comisiones hemos estado hablando de ello-, todos coincidimos en que a lo mejor no es
tan brecha, pero existe por edad, por recursos, por género, por geografía. Ahí sí que pensamos que la cercanía inversora -usted me entiende perfectamente- puede ayudar a facilitar la limitación de estos riesgos de brecha digital. Por tanto, cuando
hablamos de cercanía inversora no solamente hablo de comunidades autónomas, estoy hablando de ayuntamientos. Quiero felicitarle por la alusión que usted ha hecho -no he apuntado exactamente las palabras, pero me consta- sobre la incorporación de
las personas discapacitadas a esta sociedad de la información. Veremos más adelante qué medidas se proponen, pero, en cualquier caso, hay que felicitarle por la alusión porque es importante. Muchas veces en las exposiciones aunque sean prolijas,
no siempre figura esta preocupación que creemos que se ha de implementar.
Voy a hacer una cuarta y última reflexión general. No sé si desde su departamento se va a velar por que las webs de los ministerios cumplan, entre otros requisitos, dos condiciones. La primera es la de velar por la pluralidad lingüística
del Estado. Yo no sé si plantearle, como planteé a algún otro compareciente, si su departamento va a ser la garantía de ello transversalmente, porque al final hemos de saber quién es el responsable, si cada ministerio o si habrá alguna actuación
transversal. No quiero sacarle ahora a colación la lista de los que creemos que no cumplen con ese requisito. En cualquier caso, queda planteada la reivindicación una vez más, por cierto. La segunda, respecto a las webs de los ministerios, usted
ha hablado también de la participación de los ciudadanos. Aunque se está avanzando, si dispusiéramos de más información en las webs permitiría interactuar y seguramente evitaría a veces sospechas, sobre todo, en presupuestos del Estado, en la
ejecución de presupuestos, en concesión de subvenciones. También es un trabajo que les corresponde a ustedes. En la medida en que sea posible ganaríamos mucho, lo que se llama a veces despectivamente la clase política y en su caso los responsables
directos de la transparencia que pueda haber vía sociedad de la información, aparte del papel.
Luego hay cuestiones más concretas. Respecto a la economía digital, estoy absolutamente de acuerdo. Me parece perfecto el diagnóstico. Sí que le he de decir que quizás, por efectos de las campañas electorales o no, en Cataluña existe la
sensación -digo sensación, ya le preguntaré por escrito para que pueda contestarme con más precisión- de que el peso de las pequeñas y medianas empresas en el conjunto de la economía del Estado y los recursos que los diferentes planes de su
departamento ponen en marcha, no se corresponden demasiado, por decirlo de una forma suave.
Repito, le formularé la pregunta por escrito. Si usted me contesta hoy, fantástico, pero si no, intentaré que me concrete por escrito, porque en las quejas
respecto a los accesos a ayudas para ese campo de la economía digital, no he observado satisfacción en ninguna de las cuatro circunscripciones que me he recorrido durante la campaña electoral. Una segunda cuestión se refiere a la transferencia de
competencias para gestionar y ordenar las infraestructuras de telecomunicaciones. Me voy a centrar en el caso de la televisión. Cuando en el ámbito lingüístico, como es el caso de nuestra comunidad, una lengua está reconocida pero minorizada en
muchos aspectos, la concesión de licencias y en particular en la TDT para poder conseguir televisiones de proximidad, es un tema que nos preocupa. Quiero dejar constancia de ello y conocer cuál es su opinión.
Finalmente, y antes de pasar a leer el texto que me ha dejado don Joan Herrera, quiero hacerle dos consultas muy concretas: una de futuro y una de presente, y lo hago así a propósito. Primero, la de futuro. Si tiene intención su
departamento de que se incorporen partidas del Plan Avanza u otros planes u otras partidas para traspasar capital a la Generalitat de Catalunya y evidentemente a las comunidades autónomas, pero en ese caso he de concretar a la Generalitat, porque
usted conoce perfectamente la disposición adicional tercera del Estatut, que ha sido bastante debatida y a veces muy criticada, que recoge una participación de Cataluña en ese sentido, una adecuación de la inversión en infraestructuras a nivel del
PIB. La pregunta ya la suponemos, la respuesta no la sé. ¿Qué infraestructuras? Yo le pregunto: ¿Las de su departamento se consideran también allí infraestructuras? Supongo que me dirá que sí, espero y deseo que me diga que sí. Por ello, le
pregunto si se va a hacer efectiva esa participación acorde con el PIB. He dicho Plan Avanza, pero insisto en que pueden existir otras partidas. Esta era una pregunta de futuro. Una de presente, que es un problema, y ahí le pido por favor la
máxima concreción. Desde el Gobierno de la Generalitat se me ha pedido exactamente que le pregunte qué pasa con las adendas del Plan Avanza que corresponden a Cataluña este año. Está aprobada la cuantía, si no me equivoco, en 97 millones de euros,
en préstamos a interés cero. Parece ser que hace un mes tenía que haber sido resuelto el tema en Consejo de Ministro, pero por alguna razón -que espero que usted me aclare- de momento sigue latente. No digo que esté suspendido, pero sigue latente.
Me gustaría saber cuál es la razón.
Dicho esto, como he comentado antes, el señor Herrera no ha podido estar presente y me ha pedido que lea literalmente sus reflexiones y sus preguntas: Los ciudadanos tienen derecho a que el tráfico de datos recibido o generado no sea
impedido, desviado, priorizado o retrasado en función del contenido del protocolo o aplicación utilizada ni de cualquier otra consideración ajena a la de su propia voluntad. Esta es la definición de la net neutrality. A la vista de que la Ley
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, establece este acceso electrónico como un derecho, ¿qué medidas está tomando su Secretaría de Estado para garantizar la net neutrality y los derechos que en
dicha ley se expresa. Señor secretario de Estado, en respuesta a la pregunta de la diputada Muñoz Santamaría de 28 de mayo de 2008, el señor ministro de Industria, Comercio y Turismo indicó que dentro del Plan Avanza Ciudadanía su ministerio iba a
destinar 50 millones de euros a la creación de telecentros en las zonas rurales, para así reducir la brecha digital. Por otro lado, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, aprobada por esta
Cámara hace prácticamente un año, establece que las administraciones públicas utilizarán estándares abierto, adicionalmente la citada ley establece la posibilidad de que se reutilice el software público en sus artículos 45 y 46, lo cual redunda en
importantes ahorros de costes para las arcas públicos. A esto se ha de sumar que en Andalucía y en Extremadura ya cuentan con una extensa red de telecentros denominados guadalinfos y NCCS respectivamente, que han sido desarrollados y mantenidos
íntegramente con software de fuentes abiertas y respetando escrupulosamente los estándares abiertos.
Sobre la base de esas premisas y de la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, donde se definen las características de lo público así como de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, donde se
vela por el ahorro público, especialmente importante ahora en época de crisis económicas, le pregunto: ¿Los telecentros financiados total o parcialmente con fondos del Plan Avanza Ciudadanía basarán su tecnología informática íntegramente en
estándares abiertos, según establece y define la Ley 11/2007? ¿Los telecentros financieros total o parcialmente con fondos del Plan Avanza Ciudadanía se basarán en software de fuentes abiertas, reutilizando así el software público utilizado en los
telecentros, comunidades autónomas como Andalucía y Extremadura, por citar dos ejemplos representativos de bajos costes de implantación y explotación para ese tipo de servicios públicos? Por otro lado, la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de medidas
de impulso de la sociedad de la información, en su disposición adicional 14, establece una importante labor al Centro nacional de referencia de aplicación de las tecnologías de información y comunicación, Cenatic, de transferencia tecnológica a la
sociedad, encomendándole, en colaboración con los centros autonómicos de referencia y con el Centro de transferencia de tecnología entre administraciones públicas de la Administración General del Estado, que se encargará de la puesta en valor y
difusión entre entidades privadas y la ciudadanía en general de todas aquellas aplicaciones que sean declaradas de fuente abierta por las administraciones públicas, haciendo llegar a los autores o comunidades de desarrollo cualquier mejora o
aportación que sea realizada sobre las mismas. Asimismo, el Cenatic se encargará del asesoramiento general sobre los aspectos jurídicos, tecnológicos y...
El señor PRESIDENTE: Señor Canet.
El señor CANET I COMA: Quedan tres líneas.
El señor PRESIDENTE: Sí, pero lo digo ya para el futuro. Esto no puede ser, porque su grupo tiene un turno para la palabra. Puede dividir el tiempo, pero no puede hacer dos intervenciones.
Concluya, por favor.
El señor CANET I COMA: Señor secretario de Estado, preguntaba el señor Herrera: ¿Qué presupuesto está destinado a esta importantísima labor? ¿Está el Cenatic realizando la labor de asesoramiento a todas las instituciones públicas?
¿Existe algún tipo de colaboración o convenio entre el Cenatic y el INAP?
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra por el Grupo Mixto el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Comienzo mi intervención, como es lógico, dando la bienvenida al secretario de Estado y agradeciéndole también lo extenso y preciso que ha sido en su exposición para explicarnos las líneas generales de su
departamento.
Voy a centrar mi intervención en tres aspectos que nos preocupan en Galicia singularmente, y permítame que para ilustrar el primer aspecto al que me quiero referir haga lectura literal del artículo 7 de la Ley de medidas de impulso de la
sociedad de la información, en particular de su apartado 1 letra a), que dice: Todos los usuarios finales pueden obtener una conexión en la red telefónica pública desde una ubicación fija y acceder a la prestación del servicio telefónico disponible
al público, siempre que las solicitudes se consideren razonables en los términos que reglamentariamente se determinen. La conexión debe de ofrecer al usuario final la posibilidad de efectuar y recibir llamadas telefónicas y permitir comunicaciones
de fase y datos a velocidad suficiente para acceder de forma funcional a Internet. No obstante, la conexión deberá permitir comunicaciones en banda ancha en los términos que se definan por la normativa vigente.
Se preguntará usted, señor secretario de Estado por qué hago esta lectura literal. Pues bien, la hago porque en Galicia este objetivo, definido en la Ley de medidas de impulso de la sociedad de la información está todavía muy lejos de
verificarse, pese a que su ministro no reconozca esta realidad, ya que en una reciente respuesta parlamentaria en el Senado, a una pregunta de nuestro senador, afirmaba que el grado de cumplimiento de los objetivos del Plan PEBA en el medio rural
gallego en estos momentos puede situarse en que se alcanzó el objetivo en el 99 por ciento de los núcleos, y usted mismo en su intervención, aunque no se refirió expresamente a Galicia, también nos dio una visión muy optimista sobre el grado de
cumplimiento del Plan PEBA. Le aseguro, señor secretario de Estado, que estos datos no se corresponden con la realidad.
La consecución de los objetivos dista mucho de ser satisfactoria. En la mayoría de los núcleos la cobertura es parcial,
deficiente y, además, los ciudadanos del medio rural acceden a unos servicios más deficientes y más costosos que los de las zonas urbanas. Por este motivo, el Parlamento gallego aprobó por unanimidad una proposición no de ley a la que voy a
proceder también a dar lectura para que usted tenga conocimiento: El Parlamento gallego insta a la Xunta de Galicia a dirigirse al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio con las siguientes demandas: Primero, cumplimiento de la obligación
legal del Ministerio de Industria de poner la extensión de la banda ancha al alcance de toda la población gallega antes del 31 de diciembre de 2008. Por lo que, según lo establecido en la Ley de medidas para el impulso de la sociedad de la
información, el ministerio deberá colaborar con la Xunta de Galicia. Segundo, que la calidad del servicio del PEBA sea igual para las zonas rurales que servicio ofertado en el ámbito urbano, esto es, con ancho de banda de un 3 a 10 megabits y en
ningún caso inferior a 1 megabit; que el precio ofertado dentro del PEBA sea
igual al ofertado en las zonas urbanas y que se establezca solo atendiendo a las prestaciones recibidas. Por ese motivo, en primer lugar, señor secretario de Estado, le formulo la siguiente pregunta y le pido que sea preciso después a la
hora de darle respuesta: ¿Cómo tiene previsto su secretaría de Estado conseguir, antes del 31 de diciembre de 2008, y en el caso de Galicia, una cobertura de servicio universal de conexión a banda ancha para todos los ciudadanos? Le pido que sea
preciso en su respuesta cuando aborde esta cuestión.
En segundo lugar, y le anticipo que tiene relación también con lo que acabo de exponer, sin ánimo de aburrirle, permítame que dé lectura a otra proposición no de ley aprobada por unanimidad por el Parlamento gallego: El Parlamento de
Galicia aprobó por unanimidad la siguiente PNL instando al Gobierno gallego, primero, al inicio de las negociaciones necesarias con el Gobierno central para conseguir que Galicia tenga capacidad para disponer de operadores inalámbricos en banda
licenciada que resuelvan las carencias sobre todo de servicio de calidad del medio rural disperso.
Segundo, solicitar del Gobierno del Estado que en las próximas modificaciones reglamentarias de la gestión del espectro radioeléctrico se incluya la
posibilidad de que el uso de las frecuencias tenga como territorio de asignación una comunidad autónoma y no necesariamente todo el Estado, sobre todo en aquellos casos en que el ámbito de cobertura de las emisiones pueda definirse de forma que no
supere el ámbito territorial de la comunidad autónoma. Tercero, solicitar del Gobierno del Estado que exija la puesta en producción o retire las concesiones a todas las empresas adjudicatarias de frecuencias susceptibles de mejorar el acceso a
banda ancha, y que no procedan a ejecutar las inversiones comprometidas en la oferta efectuada al Estado. Cuarto, solicitar del Gobierno del Estado que en todos los nuevos e importantes procedimientos de asignación de espectros que se avecinan con
el apagón analógico, la prioridad de asignación de servicios a frecuencias se establezca para la cobertura del medio rural con servicios de banda ancha de calidad, articulando la participación de las comunidades autónomas, tanto en la planificación
como en la gestión, en todos aquellos casos en que el ámbito de cobertura de las emisiones no supere el ámbito territorial de la comunidad autónoma.
Quiero comentarle a este respecto, señor secretario de Estado, que en Galicia, debido a las características de nuestro país, a su elevado grado de dispersión poblacional, a que tenemos un porcentaje muy importante de población que aún vive
en el medio rural, somos muy sensibles a la brecha digital y a la necesidad de corregirla porque va a tener una extraordinaria importancia como factor de desarrollo económico y social en el futuro; de hecho, ya la está teniendo. No nos parece de
recibo, señor secretario de Estado, que el Estado en el año 2000 otorgase licencias de banda licenciada a tres operadoras que no han hecho las inversiones y no ofrecen servicio. Por ese motivo, entendemos que hay que resolver esta situación.
Piensen que, desde una óptica de mercado, puede ser hasta comprensible que haya empresas que no tengan interés en poner en marcha este servicio en el medio rural gallego porque lo consideran poco rentable, y busquen nichos de mercado en poblaciones
urbanas altamente concentradas en las que obtengan más beneficio. Pero desde el punto de vista del Bloque Nacionalista Galego, desde una perspectiva de país, es fundamental prestar este servicio al medio rural, y hay empresas gallegas que sí que
tienen voluntad de hacerlo. Por eso, le pido que sea explícito en su respuesta con respecto a si su departamento contempla la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan participar en la gestión del espectro radioeléctrico y conceder
licencias. Piense que así ha ocurrido, por ejemplo en la TDT, por lo que entendemos que técnicamente es posible.
En último lugar, y ahora sí que voy a ser extraordinariamente breve, la entidad pública empresarial Red.es va a ser la gestora para el periodo 2007-2013 de fondos Feder relacionados con la sociedad de la información.
Le pido en sus
respuestas, señor secretario de Estado, que me conteste a este respecto a dos preguntas: Cuáles son los criterios con los que Red.es va a distribuir estos fondos entre las comunidades autónomas y si tienen los gobiernos autonómicos alguna
participación en el diseño de los proyectos financiados por estos fondos o la van a tener.
El señor PRESIDENTE: Para finalizar la intervención de los grupos parlamentarios, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista la señora Muñoz.
La señora MUÑOZ SANTAMARÍA: Quiero dar la bienvenida en esta legislatura al secretario de Estado y agradecerle su información, concisa y detallada, que ha dado a todos los grupos. Quiero volver a destacar, dada alguna de las
intervenciones, que lo que ha estado en el ánimo de esta secretaría de Estado ha sido la trasparencia, para lo cual ha utilizado precisamente los medios electrónicos, para compartir información y que la puedan tener on line, actualizada
frecuentemente, ni mucho menos anualmente, no solo los grupos políticos, sino cualquier ciudadano o ciudadana que esté interesado en ella. Además, creo que ha dado unos datos claros del crecimiento del sector TIC en nuestro país, que es clave para
el desarrollo de la economía y la competitividad. También debemos tener claro, y creo que lo tenemos, que TIC no siempre significa innovación. El hecho de ser tecnología el sector de las telecomunicaciones, la comunicación no siempre significa
innovación, hay unos proyectos más innovadores que otros o que aportan valor añadido. Su intervención ha puesto el énfasis en la innovación en el sector que nos corresponde, que creo que es muy importante. Quiero decirle además que, aparte de la
importancia -que la tiene, sin duda- del incremento del sector TIC en nuestro país, el propio ministro ya en su comparecencia habló del doble objetivo de estas políticas públicas: el objetivo económico y el objetivo
de la modernización, de la competitividad, de palanca e impulso de la economía en un momento como el que estamos en el que más nos interesa el crecimiento de este sector, que aporta valor añadido, y que algunos de los informes europeos nos
pone, usted muy bien lo ha dicho, como que somos uno de los países que más van a crecer, pero también tiene un reto social y de derechos de la ciudadanía, que es plenamente compartido y no son para nada incompatibles. Nosotros debemos garantizar el
acceso de la ciudadanía a través de la red y a través de las diferentes tecnologías al conocimiento, también en una etapa, usted lo ha nombrado, de confluencia, como es la cuestión de los contenidos digitales a los que se podrá acceder por la
televisión ahora cuando sea digital, por el móvil, por el ordenador, y que accederemos a los mismos contenidos con formatos que deberán de ser compatibles para poder hacer espacio. Por tanto, el derecho del acceso de las personas al conocimiento
debe ser una de nuestras prioridades en las líneas de actuación que impregna planes como el Plan Avanza y el área de ciudadanía digital, pero no sólo ese, sino que apoyar a una PYME, a una pequeña empresa significa también el derecho de poder
progresar, de poder producir y de poder tener un empleo de calidad de las personas que tienen esa empresa, que normalmente son una, dos o tres.
Quería nombrar algunos de los temas que son claves en el avance hacia esa sociedad del conocimiento que queremos y hacia una sociedad que permita el beneficio entre el conjunto de la ciudadanía, este es el objetivo de un Gobierno socialista.
Para eso nos acaban de votar los ciudadanos, para que en general los progresos económicos también se acompañen de beneficios en todos los campos, pero también en este. En este sentido de democratización y de aporte a la ciudadanía de la nueva
sociedad en red hay unos siete temas que son importantes y que impregnan a muchas de las actividades que usted ha nombrado, y luego también remarcaré algunas. Las políticas de inclusión deben apostar por los usos sociales de Internet que despierten
interés en la ciudadanía. Debemos garantizar el acceso a la banda ancha de calidad, lo nombraré, pero se ha hecho un gran esfuerzo en este sentido, que ha sido rotundo y ha producido un cambio total del panorama del territorio español en cuatro
años. Debemos garantizar la net neutrality, la neutralidad en la red para que Internet siga siendo un espacio de oportunidades para todo el mundo. Debemos hacer una apuesta clara por el capital riesgo y me alegro de la nueva iniciativa que ha
nombrado el secretario de Estado, porque ahí tenemos un espacio para potenciar nuevos proyectos, y ha nombrado usted también a pymes que aporten valor añadido, que aporten innovación, y a veces es difícil de gestionar la apuesta por el riesgo en el
mercado. La cuestión es cómo lo hacemos para que realmente apostemos por el riesgo, sabiendo qué quiere decir tener riesgo en los proyectos y que todos nos saldrán bien. Debemos promocionar como quinto punto el software de código abierto. Debemos
apostar por toda la web 2.0, que ha aparecido como un espacio de participación en el amplio sentido de que mucha gente, muchos empresarios, muchos expertos y expertas, pueden aportar contenidos a la red y a partir de ahí generar sinergias de
oportunidades diversas. Y debemos trabajar para que los contenidos e informaciones obtenidas o producidas con presupuestos públicos estén al servicio de la comunidad o puedan ser utilizados, y hablo de personas individuales, de empresas o de
entidades.
La pasada legislatura, en este ámbito, pero en todos, fue una legislatura de conquista de derechos de ciudadanía. Hay otras leyes, pero en nuestro ámbito podemos hablar de la ley de acceso a los servicios públicos, la Ley de Acceso
Electrónico -que se llama-, en la que -como usted muy bien sabe y también ha nombrado- se garantiza que, antes del 31 de diciembre de 2009, todos los ciudadanos y ciudadanas tendrán derecho a hacer todos los trámites que tienen que hacer con
cualquier Administración pública a través de medios electrónicos. Este es un gran reto. Es un reto que sobre todo está liderando el Ministerio de Administraciones Públicas y está teniendo líneas de soporte, pero también es importante -y lo está
haciendo- por lo que me gustaría que nos comentara algo sobre las sinergias que hay entre los dos ministerios para hacer posible un soporte a las instituciones de diferentes niveles para que este derecho sea efectivo para la ciudadanía.
La otra ley que corresponde a nuestro ámbito es la LISI, la Ley de impulso de la sociedad de la información, que se aprobó en el penúltimo Pleno del mandato pasado, hace muy poco, porque ahora ha vuelto la actividad política, de cuando la
cerramos, y se han celebrado las elecciones. En ese sentido, ha mencionado la importancia que tiene poder desplegar alguno de los aspectos que recoge la ley, como la extensión de la factura electrónica, que generará unos estándares que permitan a
todas las empresas acceder, tener menos costos y poder hacer más transacciones; disponer de medios de interlocución en los servicios públicos de especial transcendencia -esta era otra de las líneas básicas- y la accesibilidad de todas las web de
las administraciones públicas que cumplan los medios de accesibilidad. Esto es lo que nos marca en nuestra agenda la ley que nosotros, como Gobierno, impulsamos. También añadiría a estos cuatro, que comparto, otros dos contenidos, porque nuestra
ley apostó asimismo por compartir conocimiento e incluyó en esta ley aspectos como proteger mejor a quienes deciden poner su conocimiento bajo copyleft o bajo público, y protegerlo, y obliga a las administraciones a que los contenidos que se
digitalicen, que no son todos, se pongan a disposición de reutilizarlos por la sociedad, y esto puede generar dinamismo económico y social importante y deberíamos impulsarlos.
Al Grupo Socialista, y estando al principio de una legislatura, le toca recordar nuestro reciente compromiso. Hace apenas dos meses, ya casi tres, nos hemos presentado a las elecciones y hemos presentado un programa electoral que es nuestro
compromiso de Gobierno con la ciudadanía. En esta línea repasaré alguno de los
temas que, sin duda, usted ha nombrado en los tres ámbitos. En la sociedad de la información, el programa hablaba de ampliar el Plan Avanza hasta el año 2012, por su gran éxito. Ha sido un plan ejemplar en transparencia, en dinamismo, no
sólo en mover recursos sino en ser capaz de mover los propios y otros. Aquí el portavoz del Partido Popular, como no puede desmontar una apuesta presupuestaria, dice que cuando se gasta tanto a lo mejor es un mal gasto. Tenemos que ver los
resultados, porque precisamente ha sido un plan, no sólo desde lo público, sino en cooperación con empresas, con comunidades autónomas, movilizando otros recursos, y está teniendo resultados y dinamizando las posibilidades de microempresas, de
macroempresas, de proyectos y de ciudadanos y ciudadanas. Por tanto, es muy importante que, tanto el presidente Zapatero como usted, hablaran de la ampliación de este plan hasta el año 2012, que además el director general de la Sociedad de la
Información ha impulsado de una manera muy positiva y ha generado muchas cuestiones.
En el plan hay contenidos como seguir desplegando la banda ancha o en nuestro programa había aspectos como promover espacios wifi y el espacio de las personas. Me pararé un momento aquí, porque creo que la línea de ciudadanía digital de
promover el acceso a Internet es clave y tenemos una posible barrera con la que estamos acabando, tener acceso de calidad, la física, la banda ancha, pero tenemos otra que es la social, y aquí hay sectores de la población que necesitan un soporte
especial. Nuestro programa establecía de poner en marcha un nuevo programa de 55 y más años para las personas mayores; de programas de discapacitados y también de un plan de igualdad de oportunidades en la sociedad de la información.
Precisamente
ayer aprobamos una proposición no de ley en el Parlamento para hacer un plan específico de igualdad de oportunidades de las mujeres en la sociedad de la información en el plazo de un año -supongo que usted lo sabe-, que además no recibió ningún voto
en contra; votaron a favor casi todos los grupos, salvo un grupo político que se abstuvo. Queremos hacerlo desde la doble vertiente, no sólo de las mujeres como usuarias, sino como promotoras, como protagonistas, como creadoras de contenidos,
porque en este ámbito y en otros, estoy convencida -y luego hablaré de los contenidos- de que una de las palancas de cambio es generar contenidos que interesen a la gente. Porque uno de los datos que persisten es un alto porcentaje de la gente no
conectada, que no le interesa, y seguramente aquí el acervo cultural es importante, el acervo por sectores y la generación de contenidos. En este sentido, lo dije ayer y volveré a repetir hoy, la brecha digital de género persiste y es una de ellas,
y el CIS de febrero de 2008 nos da una diferencia entre el 57 por ciento de los hombres que se conectan y el 42 de las mujeres, y de un 15 por ciento diferencia que es importante. El artículo 28 de la Ley de Igualdad nos obliga a aplicar el
principio de igualdad en la sociedad de la información. Debemos tener claro que la transversalidad significa, no sólo como hemos hecho, hacer un plan como este más amplio, que ha habido una línea en el Avanza y hemos sido pioneros para proyectos de
género, sino que el conjunto de los proyectos, de los 1.500 millones que destina el Ministerio de Industria a la sociedad de la información. Por cierto son más que en toda la legislatura del Partido Popular, ya que en el último año, en un año sólo,
hemos invertido más que en cuatro, lo que ha supuesto una apuesta por ello. Todos esos también deben contribuir en la igualdad. En esta línea le quería destacar el punto d) del artículo 28 de la Ley de Igualdad que dice que cualquier contenido
sufragado parcial o totalmente con dinero público no puede ser sexista. Luego, en las nuevas convocatorias debemos poner un requisito de que los contenidos que tienen soporte público -sean para el tema que sean- no puedan tener ni lenguaje ni
contenido sexista para no ir en contra de este principio de igualdad.
No hagamos por un lado un programa -que nos pasa muchas veces- que promueve la igualdad y luego en contenidos que hacen terceros -no la propia Administración- no suceda esto.
Creo que ha hablado asimismo de los contenidos digitales. Ha comentado dos líneas: promover contenidos digitales y un programa específico de pymes.
Es un doble objetivo. Sin duda es una oportunidad de mercado -usted lo ha nombrado-. Una
de nuestras lenguas la hablan en el mundo 500 millones de personas y aquí la posibilidad de generar contenidos en castellano es importante y hay una oportunidad de negocio. Además, hemos de hablar de un nuevo modelo de mercado, un nuevo modelo de
negocio, un nuevo modelo de contenidos y de manera de competir. La transición a la nueva sociedad en red es imparable. Ahí debemos innovar y no pensar en viejos modelos.
Además, generar contenidos digitales desde nuestra cultura es una palanca
-porque muchas veces tenemos contenidos digitales traducidos de otras culturas y de otros pensamientos que a veces no interesan tanto- para generar interés al ciudadano. Ha mencionado también a las pymes, un compromiso electoral que ha incluido
entre sus prioridades. En este sentido, el programa PIER para que todas las empresas estén en red o la propia para fomentar pymes de contenidos son importantes.
Otra cuestión que quería destacar es que ha anunciado tres nuevos proyectos que son importantes en la estrategia de la nueva economía digital, de la nueva innovación. Son fundamentales si queremos aportar innovación. Ha mencionado el
programa AdVenture TIC de financiación de empresas de base tecnológica de capital riesgo, de fomentar más el laboratorio nacional de calidad del software en el Inteco y mejora de calidad del software y de promover iniciativas basadas en software de
fuentes abiertas a través del Cenatic. Sin duda, hicimos una apuesta en el mandato pasado para la creación de un centro nuevo. Además, la fundación ha conseguido que prácticamente todas las comunidades autónomas -no lo sé de memoria- han cooperado
-que es lo importante-
para poder estandarizar software. Ahora en esta legislatura estamos realmente en condiciones de dar un gran impulso a este proyecto.
En el ámbito de las telecomunicaciones destacaré dos cuestiones. La iniciativa de protección de información de la página web usuariosteleco ha sido una apuesta de la otra legislatura. Estuvimos por el despliegue de infraestructuras, pero a
la vez por los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Es muy importante la comparación de tarifas, de reclamaciones, de calidades porque, a veces, para que los ciudadanos puedan elegir y contrastar necesitan una información veraz y
contrastada.
Ese es el papel que debe hacer la Administración, poder contrastar qué sucede en este sentido. La otra gran cuestión en telecomunicaciones ha sido la gran apuesta por el despliegue de infraestructuras. En ese sentido ha comentado
-que es importante- que hay que aplicar la ley y conseguir que otros departamentos -siempre nos toca ser el ministerio impulsor- cumplan el apartado de la ley y que las nuevas carreteras e infraestructuras desplieguen también infraestructura de
telecomunicaciones y no solo de transporte. Ha hecho una serie de propuestas muy importantes para promover la competencia, que en el sector de las telecomunicaciones hemos avanzado pero nos queda avanzar en nuestro país, porque sabemos todos que
venimos de un operador único inicialmente, que se liberalizó hace unos cuantos años ya pero aún nos falta. Una de sus propuestas era la competencia real en telefonía móvil y en operadores fijos, que viene sobre todo por las infraestructuras que son
las que luego pueden generar margen en diferentes operadores para generar competencia. Me gustaría saber cómo le parece a usted la situación de la competencia en diferentes operadores fijos y móviles de telefonía en este país.
Respecto al área audiovisual...
El señor PRESIDENTE: Señora Muñoz, debe ir concluyendo.
La señora MUÑOZ SANTAMARÍA: Acabo ya, es el último punto y además no tardaré ni un minuto.
Decía que respecto al área audiovisual, son importantes tres cuestiones, entre ellos el apagón digital de 2010 o podemos llamarla la nueva era digital de la televisión, hablemos en positivo. Aquí el ministerio y su secretaría de Estado han
sido valientes y vamos a conseguir cumplir los plazos, vamos a conseguir que todos los ciudadanos lo tengan, pero ahí tenemos un reto. Usted ha dicho -creo que no me equivoco- que el 32 por ciento de los ciudadanos tienen codificador, aunque hay
muchos más con cobertura. Ahí debemos hacer un programa muy impulsivo para que toda la ciudadanía tenga esa televisión de más calidad, para poder interactuar.
Es una apuesta también por los contenidos digitales. La ley audiovisual, que ha
anunciado que es una de las primeras, es un nuevo contexto que nos marca Europa. Sobre todo quería hacer énfasis en que sepa que el Grupo Parlamentario Socialista es favorable a la ley del consejo de audiovisuales. Ya se lo dije el otro día el
señor del PP, no es solo el menor; debemos garantizar los derechos de todos los ciudadanos y varias leyes nos dirigen a ello. No debemos confundir libertad de expresión con derechos, con poder contrastar servicios, con poder hacer informes, porque
los medios audiovisuales, los medios de comunicación, influyen decisivamente en la ciudadanía y, a veces, se vulneran otros derechos y se fomentan actitudes violentas marcadas, por ejemplo, en la Ley de Violencia de Género, una ley aprobada por este
Parlamento por unanimidad.
Ahora me acuerdo de esto pero hay más y no solo los menores.
Acabo ya, deseándole muchos éxitos, de verdad. Tenemos grandes retos de innovación, de ciudadanía. Tenemos que seguir viéndonos para que entre todos hagamos grandes acuerdos para impulsar el sector y el desarrollo de la sociedad en red en
nuestro país.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, tiene la palabra para contestar a las cuestiones planteadas.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (Ros Perán): Muchas gracias a todos los intervinientes por el tono de las preguntas y por lo constructivo de las mismas. Pensaba que iba a tener más
tiempo pero al final se ha ido consumiendo; hay muchas preguntas sobre la mesa y me gustaría referirme a la gran mayoría de ellas. Desgraciadamente no me voy a poder referir a la totalidad.
El señor Cortés manifestaba su deseo de que las relaciones puedan ser fluidas y fructíferas y nuestro deseo no es otro que ese. Estoy de acuerdo con él en que es un sector muy importante y debe ser objeto de una relación amplia y
consensuada entre los dos principales partidos de España; desde luego también con el resto de los partidos, pero el Partido Popular tiene que tener sin duda una participación muy activa en el desarrollo de la sociedad de la información. Comentaba
que la sociedad de la información no es un sector económico; sí es un sector económico y, además, es un sector de penetración en el conjunto de las actividades sociales, tanto productivas como no productivas. El sector de las tecnologías de la
información es un sector económico importante que, como ya he comentado, tiene un volumen de facturación en España ahora superior a los 100.000 millones de euros, y que hay que potenciar aún más su desarrollo porque puede contribuir al aumento de la
riqueza de nuestro país y a la creación de valor añadido. No creo que haya quedado en la estructura del Gobierno como un subsector dentro de un ministerio. Ha quedado claramente como un sector importante. Me parece muy adecuado -esa fue una
decisión que en su momento tomó el Partido Popular- que exista, dentro de la misma secretaría de Estado, las responsabilidades sobre sociedad de la información, sobre telecomunicaciones y sobre
audiovisual. Creo que sería un error desgajar las responsabilidades y las actividades de la sociedad de la información hacia una unidad independiente. Cuando me muevo con mis colegas europeos y de otras partes del mundo, veo la gran
ventaja que tiene en estos momentos de convergencia que estén juntas estas tres líneas de actividad presumo de que en España las tenemos juntas, y eso me parece un logro importante que hay que mantener.
Hablaba de que es importante elegir bien los indicadores -se ha referido al tema de los indicadores en diferentes partes de su intervención y yo me voy a referir brevemente a ellos- y decía que no solo hay que ver el progreso del Plan Avanza
sino el progreso del desarrollo de la sociedad de la información en España. Estoy completamente de acuerdo, pero no hay que minusvalorar la importancia de hacer un seguimiento adecuado del Plan Avanza. En ese sentido, la página web del Plan Avanza
y los indicadores de seguimiento del plan a los que estamos obligados por responsabilidad profesional de gestión de un presupuesto público pero también porque la ponencia del Plan Avanza, que fue tan importante en el diseño y en la confección del
plan, así nos lo recomendó, hace que en esa página web haya un detalle absoluto de todos los programas, los acuerdos, los subproyectos, convocatorias y concesiones del plan y, por tanto, se puede hacer un seguimiento total y absoluto de la
utilización de los recursos del mismo y eliminar de un plumazo las dudas sobre la transparencia que pudiera haber en la utilización de esos recursos. Además, por supuesto, hay que hacer un seguimiento del avance de la sociedad de la información en
España, y sobre eso he presentado algunos datos en la exposición, y más tarde me referiré a ello, aludiendo a algunos otros puntos de su intervención y de sus preguntas.
Comentaba sobre los contenidos digitales que la propuesta ha sido vaga.
¡Caramba! Si he querido poner énfasis en uno de los temas clave para esta legislatura ha sido precisamente en el de los contenidos digitales. Si la propuesta ha
quedado vaga, lo lamento, porque es sin duda una de las líneas prioritarias a las que queremos dedicarle atención, porque me ha parecido comentar que estamos convencidos, en la secretaría de Estado y en el ministerio, de que el área de contenidos
digitales como industria es un área en la que España puede aportar valor añadido, ideas y creatividad al mundo, y puede convertirse en una industria en la que podamos ser líderes como país. Por tanto, ponemos un gran énfasis en los contenidos
digitales. Ha manifestado que no solo depende del Ministerio de Cultura y, efectivamente, el énfasis que nosotros ponemos en los contenidos digitales es diferente del que pueda poner el Ministerio de Cultura; nosotros queremos facilitar la
existencia de contenidos digitales, de plataformas para el desarrollo de contenidos digitales, de herramientas de digitalización de contenidos, de animación digital, al margen de cuál sea el contenido concreto que va sobre esas tecnologías y, en ese
sentido, hay una complementariedad con el Ministerio de Cultura.
En cuanto al canon digital, quisiera decirle que en los próximos días se va a proceder a la firma y publicación de la orden correspondiente. Estoy de acuerdo con S.S. en que no es probablemente de los temas más importantes relacionados con
el desarrollo de los contenidos digitales, pero sí es un tema que está ahí, que hay una ley que estableció en 2006 la necesidad de llegar a ese acuerdo y así va a ocurrir muy próximamente.
Ha referido que dado que el sector de las tecnologías de la
información se configuraba como tal, temía que yo acabara siendo responsable de la negociación de los temas en Europa. No sé si eso es un halago o es una sospecha de falta de capacidad para hacerlo correctamente. Quiero decirle, como he comentado,
que estamos muy involucrados en todo el proceso de negociación con las autoridades europeas, tanto en los temas de la revisión del marco regulatorio como en temas de canon y de posición ante la piratería. En ambos casos el problema está dejando de
ser un problema que pueda ser atajado solo de manera local y requiere de una actuación cada vez más global. Nos estamos encontrando con casos en los que una vez detectadas acciones claras de piratería o de descargas ilegales, las fuentes de las
mismas no están en España, están fuera de España. Hay que conseguir unos acuerdos marco de actuación a nivel europeo y a nivel internacional, y ahí estamos siendo muy activos; estamos teniendo reuniones bilaterales y multilaterales con diferentes
países e instituciones con el fin de impulsar posiciones comunes en ambos temas, y le damos muchísima importancia a la reducción de la piratería, a la reducción del fraude por Internet y al establecimiento de las reglas adecuadas que hagan de
Internet un sistema cada vez más seguro.
Manifestaba que la brecha digital nos separa de otros países y hablaba del informe de la OCDE y hacía referencia a unas declaraciones mías a un medio de comunicación. Yo no he hecho declaraciones a ningún medio de comunicación relativas a
estos temas. En cuanto al informe de la OCDE, he de decirle que de todos los indicadores que aparecen en ese último informe, hay algunos en los que salimos peor y varios en los que salimos bastante bien. Si alguien utiliza solamente una parte de
los indicadores, puede llegar a la conclusión de que estamos peor o de que nos estamos alejando; si se utiliza el conjunto de los indicadores, la imagen puede ser distinta. Por ejemplo, en ese informe se dice que en velocidad del servicio España
se encuentra entre los países que mayor velocidad de acceso ofrece de los países de la OCDE. En relación calidad-precio, se aprecia en ese mismo informe de la OCDE que las ofertas más competitivas que hay en España están entre las mejores del mundo
y, desde luego, están por encima de ofertas como las de Estados Unidos, Bélgica, Canadá, Noruega, Suiza, Irlanda, y no estoy mencionando países menores. En ese mismo informe se dice que España es el séptimo país de la OCDE que más usa banda ancha
en las
empresas y está por delante de países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia y Alemania, que tampoco son países de tercer nivel. En ese mismo informe de la OCDE se dice que España está a la cabeza de los países de la OCDE en
televisión por IP, por delante de países como Francia, Italia y Estados Unidos. En banda ancha en la educación, en ese mismo informe de la OCDE, se dice que España se encuentra en novena posición en uso de banda ancha en escuelas de primaria y
secundaria. Por cierto, este es uno de los apartados donde los datos que da de España son anteriores a los que da de otros países; habiendo datos disponibles de España recientes, coge datos de un año de antigüedad que además son más bajos de los
oficialmente disponibles, y este es alguno de los comentarios que hemos hecho en cuanto a algunos de los indicadores internacionales sobre los que volveré más tarde. Pues en banda ancha en educación también.
Cuando se analiza el informe en su totalidad, jamás se puede llegar a la conclusión de que España retrocede en sociedad de la información.
Obviamente, hay parámetros en ese informe, como los hay en cualquier actividad relacionada con las
telecomunicaciones y con la sociedad de la información, en los que se va más avanzado y otros en los que se va algo menos, pero en su conjunto -lo que hay que analizar es el informe de conjunto- lo que indica el mismo no es ese mensaje. A propósito
de este hecho, hice un comentario en una ocasión sobre un cierto desfase que estamos notando en estos momentos entre lo que es la nueva realidad del dinamismo de las tecnologías de la información y lo que son las prácticas tradicionales de
elaboración de los indicadores internacionales. Esas prácticas tradicionales hacen que los indicadores internacionales se muevan normalmente con datos que tienen de dos a tres años de antigüedad en relación con el momento en el que surge el dato.
Con el dinamismo que existe, claramente, cuando sale el dato no refleja lo que está ocurriendo en ese momento. Por otra parte, con el análisis de algunos de esos indicadores también hemos observado que hay componentes en la elaboración de ese
indicador que son claramente subjetivos. Por supuesto -ahí estoy de acuerdo completamente con el señor Cortés-, lo que hay que hacer es intervenir de manera más directa para aproximarse más a las instituciones que elaboran esos indicadores y, una
vez detectado el problema, eso es lo que vamos a hacer, no con ánimo de sesgar ninguna información, sino con el ánimo de transmitir unos datos lo más fehacientes posibles sobre la realidad española. El comentario fue de carácter general y nunca
mencioné si eran quince o veinte, sino que en cuanto a esos indicadores observábamos ese problema, y para resolverlo dentro del Observatorio de Red.es hemos creado una unidad internacional que ahora va a participar más proactivamente en ese tema de
los datos internacionales.
A propósito del Observatorio de Red.es y de los datos que aparecen en el mismo, quiero comentar -lo anuncio ahora como primera información- que desde hace varios meses venimos trabajando para que el observatorio se convierta en el punto de
referencia para España de la disponibilidad de datos de la sociedad de la información y de las telecomunicaciones. Así, desde el lunes 23 de junio ustedes podrán encontrar en la página web del Observatorio de Red.es absolutamente todos los
indicadores que se publican en el mundo sobre sociedad de la información que pueden ser relevantes para España, unidos a todos los indicadores que aparecen y existen en España relacionados con la sociedad de la información, incluidos los propios
datos de las oleadas y de los análisis que hace Red.es. Por lo tanto, desde el próximo 23 de junio, salvo impedimentos de última hora que puedan retrasarlo algún día -esperemos que no-, la página web del observatorio va a tener una información
completa de todos los indicadores de la sociedad de la información, que permitirán a cualquier ciudadano o entidad interesada aproximarse a los mismos y poder hacer un análisis y una comparación.
Manifestaba que se estudie una tarifa plana para voz y datos en móvil.
Tengo que decir al señor Cortés que, como bien sabrá, el sector en España está liberalizado. No podemos poner en marcha ni crear tarifas. Son las propias compañías del
sector las que tienen que decidir si les interesa o no poner en marcha en estos momentos una tarifa plana de voz y datos para el móvil. Decía que en productividad se carece de indicadores y que habría que ver el uso eficiente de las TIC en cada
sector productivo, empezando por el propio ministerio. En este sentido, y a propósito de alguna de sus preocupaciones legítimas sobre este efecto de las tecnologías de la información en la productividad, que ha dicho en su intervención y que han
manifestado alguno de los otros intervinientes, me gustaría hacer un comentario de carácter general. Por el hecho de que estas tecnologías sean horizontales, que afectan al conjunto de los sectores, al final se puede caer en la tentación de
trasladar a esta tecnología, a este ministerio y a esta secretaría de Estado la responsabilidad de la implantación en todos los demás sectores de estas tecnologías, que sería algo que sobrepasaría claramente las competencias de la secretaría de
Estado y la capacidad de gestión de un equipo como el que tenemos. Nos preocupa la productividad. En el ministerio todos los sistemas que hay de relación con el ciudadano y desde luego de la secretaría de Estado con el ciudadano, están ya
convertidos en procedimientos digitales desde hace al menos dos años. Por tanto, desde el propio ministerio se está dando ejemplo en ese sentido.
Estos estudios de productividad y de impacto de estas tecnologías en el desarrollo económico y en la eficiencia de este desarrollo, los podemos llevar a cabo ahora porque la incidencia del sector sobre el conjunto de la economía y por el
tamaño del sector en sí ya nos permite hacer ese análisis. Hace cuatro años la incidencia del sector era tan pequeña, su tamaño era tan poco significativo que no era posible hacer estudios de ese tipo. Ahora sí que se puede y, por tanto, en esta
legislatura
vamos a profundizar en esos análisis, en la medida en la que nos corresponde y lo vamos a incentivar. En ese sentido, nos consta que el Ministerio de Economía está muy interesado en extender el análisis al máximo número de sectores
productivos. Por ejemplo, de los análisis que estamos haciendo, y aprovecho para introducir aquí una reflexión también sobre la brecha digital, vemos que el grado de utilización de las tecnologías de la información es muy bajo en sectores
productivos que en España tienen una incidencia muy alta en la composición del PIB y en la distribución del empleo, como son la agricultura, la hostelería y la construcción. Por tanto, si en esos tres sectores que tienen muchísima incidencia en el
empleo, por el tipo de microempresas que hay en esos sectores de peonadas de albañilería, de agricultores, el uso de las tecnologías de la información es bajo, vamos a tener ahí un hándicap a la hora del crecimiento de la penetración de la sociedad
de la información, que va más allá de lo que podría ser la preocupación de que esa presencia de la sociedad de la información en España se pudiera deber a falta de oferta. Aquí estaríamos viendo que la oferta de tecnología, que la oferta de
cobertura, que la oferta de infraestructuras están ahí, pero nos encontramos con sectores que por su naturaleza productiva y por su cultura tradicional utilizan menos esta tecnología. Por tanto, queremos incidir en esos sectores que están
identificados para conseguir que aumente el uso de estas tecnologías. También en ese sentido y con el mismo tipo de razonamiento, las estadísticas que tenemos, y eso lo he comentado en la exposición, indican que en ciudadanos españoles de menos de
35 años el uso que se hace de las tecnologías tiene ratios superiores a la media europea, pero en ciudadanos mayores de 35 años el uso es inferior y en mayores de 55 años es muy inferior a las medias europeas.
Es un problema cultural al que hay que
atacar, pero no es un problema de brecha digital, como consecuencia de que esos ciudadanos no puedan acceder a la sociedad de la información. Sí que pueden, El problema es que esos ciudadanos aún no han detectado la necesidad o el interés de
acceder a esas tecnologías. Ahí viene una de sus recomendaciones y también de la señora Muñoz y de otros, en cuanto a que, una vez identificado ese asunto, hay que poner en marcha iniciativas para la mejora de contenidos y aplicaciones digitales
que sean de interés para esos colectivos. En ese sentido, tenemos el programa 55 Plus y otros varios que se van a poner en marcha, igual que el propio Plan de impulso de contenidos digitales.
Hablaba sobre la Administración electrónica y el DNI electrónico y comentaba su preocupación por que, si no se da un despliegue completo del DNI electrónico, pueda verse afectado el desarrollo de la Administración electrónica. Diría que
España es ahora el único país, junto con Bélgica, que tiene DNI electrónico. Si eso fuera así, el resto de los países europeos no estarían haciendo avances en Administración electrónica, y nos consta que el conjunto de países europeos están
haciéndolos; muchos de ellos no tantos como España, pero están haciendo avances. Por tanto, el desarrollo pleno del DNI electrónico es importante, pero que esté expedido para todos los ciudadanos no es una condición para que haya un impulso
decidido de la Administración electrónica.
Debo decir que la responsabilidad del impulso y del pilotaje de ese esfuerzo corresponde al Ministerio de Administraciones Públicas, que fue el ponente de esa ley. Nosotros fuimos colaboradores, estamos participando muy activamente;
estamos colaborando sobre todo con el Ministerio de Administraciones Públicas; aquí había una pregunta suya y de algún otro interviniente, en el área de las entidades locales; estamos haciendo aplicaciones y desarrollos para potenciar la
introducción de estas tecnologías fundamentalmente en entidades locales; el Ministerio de Administraciones Públicas sigue en otras áreas, pero nosotros intervenimos más directamente en eso. No podemos asumir todas las responsabilidades de
informatización del Ministerio de Justicia, ni del Ministerio de Sanidad o de cualquier otro ministerio. Colaboramos en algunas áreas. Con Justicia colaboramos fundamentalmente en la digitalización de los registros civiles, y ahí estamos bastante
avanzados.
En cuanto al servicio universal y al contenido de la Ley de medidas de impulso de la sociedad de la información, esa ley establece que habrá que promover el desarrollo del servicio universal -estoy hablando de memoria- de acuerdo con la
normativa vigente. Es muy importante decir que cuando un servicio se cataloga como servicio universal -que no quiere decir que, en la práctica, se universalice o se cuasi universalice, sino que se coloque el apellido de servicio universal- adquiere
una serie de connotaciones y de obligaciones que lo transforman en un servicio de una dimensión diferente, con problemas de asunción de costes, de incidencia en la competencia, y posiblemente de discriminación entre operadores. Esa es un área de
tal calado teniendo en cuenta el hecho de que el mercado europeo es cada vez más un mercado internacional y global de ámbito europeo que sería de una relativa irresponsabilidad dar pasos en ella si no hay previamente un consenso europeo sobre qué se
incluye en ese servicio universal, porque cuando se habla de banda ancha, la banda ancha es cualquier cosa por encima de 256 Kas. Es igual que cuando se habla de acceso vial, que son desde las carreteras vecinales hasta las autopistas y las
autovías. Hay que ver qué capacidad de financiación de esos medios existe y quién aporta esa financiación para ver dónde se establece la definición de servicio universal, en qué anchos de banda, y con qué reglas se aplica su distribución.
Redes de nueva generación. Me he referido a ellas. También en este tema es de mucha importancia el debate europeo. No está incluido en la propuesta de revisión del marco regulador que hizo la Comisión. A nosotros nos pareció un error y
lo manifestamos desde el mismo momento. Así lo hemos transmitido a otros países que se han unido a nuestra propuesta, y también lo ha visto así el Parlamento. Nuestros parlamentarios, que lideran
algunas de las iniciativas de esta revisión en Estrasburgo, están trasladando, por vía de enmiendas, esta preocupación de las redes de nueva generación para que se pueda discutir más ampliamente dentro de este debate, porque la incidencia de
cómo se resuelva este asunto en un país, teniendo en cuenta que el mercado europeo es un mercado global, es muy importante, ya que si no podemos estar penalizando a unas operadoras versus otras o a un país en función de otro. Recordemos, por
ejemplo, la incidencia en países europeos de las subastas de licencias de tercera generación como Alemania y Reino Unido, donde se produjeron de repente, por decisión de sus gobiernos, unos trasvases de fondos, de recursos de telecomunicaciones, de
unos países a otros. En eso tenemos que ser enormemente cuidadosos y ver que la decisión que tomemos no nos drene de recursos muy importantes, que necesitamos para el desarrollo y el impulso de estas tecnologías en España.
La TDT. Dice que los datos resultan inquietantes. Yo creo que no. Vamos cumpliendo con el calendario. Cuando analizamos los datos de penetración de red, de venta de equipos y de adaptación de edificios, estamos incluso mejor de lo
previsto para estas fechas por el calendario original. Es un tema que hay que seguir y no despistarse en ningún momento. Tiene una gran complejidad, pero no estamos inquietos. Sí estamos trabajando intensamente en el mismo, pero no estamos
inquietos porque pensemos que no se va a poder cumplir.
La Ley Audiovisual. Ha mencionado que se alegra, y me alegro de que lo haga, porque creo que es una ley importante que va a modernizar claramente el sector, las definiciones y los conceptos involucrados en toda esta área audiovisual. En
cuanto al consejo, me alegra que confíe en mí como el supervisor del cumplimiento de las reglas audiovisuales, pero creo que, con la dimensión que ya están adquiriendo, es una responsabilidad que trasciende la Secretaría de Estado y me parece que la
fórmula del consejo estatal, tal como la tienen adoptada otros países, es la fórmula adecuada. Le agradezco sinceramente la propuesta de que espera que logremos acuerdos y mi deseo es ese. A partir de ahora, le propongo que nos sentemos y
empecemos a hablar sobre este sector, que es tan interesante y que ofrece tantas posibilidades para el futuro de nuestro país.
Paso ahora a contestar al señor Azpiazu. No está presente, pero responderé de todas maneras para que conste en el 'Diario de Sesiones'. Entiendo que no se ha ido porque no le interese el tema, antes de entrar en la sala me ha explicado que
se tenía que ir porque estaba en otra Comisión. Su preocupación era sobre la coordinación entre las comunidades autónomas y el Gobierno del Estado fundamentalmente, y después centraba esa preocupación de carácter general en algunos ámbitos
específicos, sobre los que dice que puede haber redundancia o no aprovechamiento de esfuerzos de ámbito autonómico. En este punto quiero señalar que el Plan Avanza es el único de la Administración que tiene firmados convenios con las diecisiete
comunidades autónomas y con las dos ciudades autónomas.
Cuando se firma un convenio se entra en una negociación, se discute y se habla de qué cosas le interesan más a una parte o a otra. Esas negociaciones se hacen siempre con dos puntos de
partida claros: por un lado, que el Plan Avanza tiene unas prioridades, como plan, que fueron establecidas en el diseño del mismo y que surgieron a partir de una actividad de bastante consenso. Por tanto, esas son las prioridades del Plan Avanza y
cuando nosotros lo ofrecemos a la colaboración con las comunidades autónomas decimos: estas son nuestras prioridades, elige de estas prioridades aquella que más encaja con tu actividad; pero no podemos estar cambiando la brújula de las prioridades
porque si no al final obtendríamos un plan sin directrices. Esa es una de las premisas.
La otra es que tiene que haber cofinanciación; tiene que haber corresponsabilidad, coactuación y cofinanciación. Si los contactos son como están siendo y se
establecen esas negociaciones bilaterales, ese es el momento y la oportunidad de poner en común cuáles son los proyectos que uno tiene, ofrece y pone en valor para que sean utilizados en otras comunidades autónomas.
Hablaba de que en ciudades digitales no hay coordinación con las comunidades autónomas, y en este sentido tengo que decirle que en ciudades digitales sí hay coordinación. Hay otro programa de proyectos singulares en el que invitamos a
ayuntamientos, diputaciones, asociaciones empresariales a que se presenten, y puede ocurrir que quien se presente sea un ayuntamiento y no venga por la vía de la comunidad autónoma, pero es un programa al que puede concurrir cualquiera que cumpla
esas condiciones.
¿Que sería bueno que todos los sistemas que existen se diseñaran de manera compatible inicialmente? Sí. Yo creo que ahora cada vez hay más preocupación en ese sentido, y cada vez se comparten más ideas en el sentido de que, cuando se
lancen programas autonómicos y programas locales que impliquen la utilización de equipos informáticos, se haga bajo estándares comunes, pero en el pasado no ha sido siempre así y por eso parte de los esfuerzos actuales desgraciadamente van dirigidos
a conseguir la interoperabilidad entre sistemas.
Sobre información de detalle del Plan Avanza me remito a lo que he comentado antes, y que también resaltaba la señora Muñoz, de que hay una página web del Plan Avanza que cuenta con una información completísima de todo lo que hacemos, y
donde además se pueden obtener inmediatamente estadísticas sobre cuántos recursos se dedican a qué actividad, cuántos recursos a qué comunidad autónoma e incluso cuántos recursos a qué provincia. Por tanto, ahí tenemos una información muy
exhaustiva.
A continuación paso a responder a la señora Riera, que también mostraba su deseo de tener una colaboración lo más constructiva posible. Reconocía la importancia que el sector tiene para nuestro país y, por tanto, no puedo estar más de
acuerdo con ella. Decía de que la anterior legislatura ha estado fundamentalmente centrada
en dos asuntos: el Plan Avanza y la Ley de Administración Electrónica. Si el Plan Avanza lo entiende como lo entendemos en la secretaría de Estado, que es no solamente sociedad de la información, sino también telecomunicaciones y
audiovisual, efectivamente yo diría que el plan avanza. Aparte de la Ley de Administración Electrónica, ha habido otras leyes como la Ley de medidas de impulso de la sociedad de la información, la Ley de medidas urgentes y planes técnicos
importantes; en la Ley de Administración Electrónica hemos colaborado, pero no es nuestra; es más, como decía antes, del Ministerio de Administraciones Públicas. En todo caso, entiendo cuál era su mensaje con ese comentario.
Decía S.S. que no ve que con el Plan Avanza, cuyo objetivo era converger con Europa y converger entre las comunidades, haya suficientes avances en la convergencia con Europa. Me remito a lo que he comentado al principio: en muchos
indicadores estamos claramente convergiendo y pasando los niveles medios europeos, hay otros en los que todavía no. Hay uno en el que no estamos creciendo adecuadamente porque ya lo comentaba antes, a pesar de la disponibilidad existente en España
de infraestructuras, muchos colectivos todavía no están viendo los beneficios que les puede aportar la sociedad de la información, y ahí tenemos que hacer todos un esfuerzo conjunto, porque hay problemas culturales y problemas de distribución de
nuestro sistema productivo, como también comentaba. Pero si analizamos el conjunto de elementos que constituyen la sociedad de la información, sin lugar a dudas estamos convergiendo. Ha habido comentarios en sentido contrario, pero yo he tenido en
las últimas dos o tres semanas reuniones con responsables de comunidades autónomas -y eran comunidades autónomas de diferente signo político-, y me decían con asombro: no entendemos cómo puede haber una percepción de que no estamos convergiendo,
cuando es obvio que estamos haciendo unos avances extraordinarios en todo este asunto de las tecnologías de la información.
No me gustaría opinar sobre la Ley de Administración Electrónica y sus recursos porque, como digo, es otro departamento el
que la lidera.
Preguntaba también S.S. cuál va a ser nuestra participación en la introducción de las TIC, y vuelvo al comentario inicial. El hecho de que las TIC sean horizontales puede transmitir la idea de que deberíamos ser nosotros los responsables
de su introducción en todos los sectores, pero eso, ni por competencias ni por capacidad profesional, seríamos capaces de hacerlo. Por lo tanto, nos centramos en aquellas áreas en las que podemos actuar de manera más directa y somos directamente
responsables.
La banda ancha universal ya la he comentado. En cuanto al marco regulador europeo, me ha parecido como que pensaba que no estábamos actuando de manera importante, cuando estamos actuando de manera muy significativa.
Yo me voy esta
tarde a Luxemburgo, y mañana por la mañana, antes de la reunión de ministros, tengo reuniones con representantes de tres países, que no voy a decir los nombres para no desvelar cuál es el grupo de países de núcleo duro que estamos formando para la
defensa de los intereses clave, pero que son de los más importantes de Europa, y estamos participando muy activamente en ese debate.
Me alegra que esté de acuerdo con la protección de los usuarios. En relación con audiovisual, pregunta si existe un problema de contenidos en la transición a la TDT. Como sabe, la TDT tiene la obligación de incorporar los contenidos
analógicos y de añadir nuevos digitales. En esa parte de los nuevos digitales sí detectamos que, aunque ya hay canales con contenidos novedosos e interesantes, no todos los canales tienen el nivel que esperábamos, y en algunos casos hemos abierto
expedientes informativos cuando detectamos que la calidad de esos contenidos no es todavía la que se esperaba. Respecto a los problemas de cobertura, estamos en calendario. No estamos preocupados porque se están cumpliendo los objetivos que
teníamos.
El señor Canet planteaba si en la práctica estamos llegando a un servicio cuasi universal pero teóricamente no se reconoce como tal. Aquí hay dos asuntos. En cuanto al acceso a servicios de sociedad de la información, tanto en la Ley de
medidas de impulso de la sociedad de la información como en la Ley de Administración Electrónica aparecen ya derechos claros del ciudadano de poder comunicarse con la Administración y con determinados servicios públicos por estos medios, luego en
esas leyes para el ciudadano se conquistan derechos nuevos que hasta ese momento no estaban reconocidos. En cuanto al acceso a banda ancha universal, ya he comentado anteriormente cuál es la situación y lo que pensamos. Hablaba de la brecha
digital que existe por edad, por sexo y por geografía. Yo diría que por geografía bastante menos, por lo que he comentado del Plan de extensión de banda ancha, del Plan de telecentros y de otros planes.
Por edad, sexo o sector productivo, sí, y es
una realidad cultural.
Analizando cuál es el nivel de aceptación obtenemos esos datos, no hay que negarlo. Tenemos ese problema, pero no es del Estado, sino de todos.
Tenemos la sociedad estructurada de esa manera, y si a todos -Gobierno,
comunidades autónomas, entidades locales, asociaciones e instituciones civiles- les parece que debemos movernos para incentivar que esos sectores y esos colectivos se adentren en estas tecnologías, que yo creo que es una buena cosa para ellos y para
el país, pues vamos a hacer entre todos más esfuerzos para que así sea. Me alegra que coincida con nosotros en la importancia de la inclusión de los discapacitados. Es un colectivo que claramente está mostrando desde el primer día que quiere
estar, ellos sí lo están manifestando de manera clara, y estamos reaccionando en línea para suministrarles aquellos recursos adicionales que necesitan para poder conectarse. No tenemos nosotros la responsabilidad de las páginas web de los
ministerios, es del Ministerio de Administraciones Públicas, pero sí estamos colaborando con él en alguna de esas actividades.
Concretamente a través de Inteco
tenemos una línea de mejora de accesibilidad, y hay algunos acuerdos por los que Inteco colabora con el MAP en la detección de problemas de cumplimiento de las reglas de accesibilidad y con sugerencias sobre cómo se pueden mejorar las
páginas web de los ministerios o instituciones de la Administración que muestran esas deficiencias. El liderazgo es del MAP, pero estamos colaborando en algunas acciones específicas.
Me sorprende que diga que las pymes y las micropymes no tienen suficiente prioridad en los planes de sociedad de la información, porque si he estado insistiendo en líneas prioritarias, igual que en la de los contenidos digitales, ha sido en
actuar hacia pymes y micropymes. Lo que pasa es que las pymes son el 99 por ciento del tejido productivo y las micropymes son el 94 por ciento del tejido productivo. Llegar a toda esa gran cantidad de empresas es muy difícil, pero estamos poniendo
en marcha programas para que las empresas más activas de esos sectores puedan aproximarse a estas tecnologías y disfruten de ayudas complementarias. Me gustaría comentar que los préstamos TIC dirigidos tanto a hogares como a pequeñas y medianas
empresas están resultando un éxito completo. Ya se han concedido más de 210.000 préstamos con más de 1.000 millones de euros inyectados en el sistema productivo español para aplicación en tecnologías de la información por este método, lo cual es un
absoluto récord. Ahora estamos estudiando la posibilidad de incrementar el tope máximo del crédito al que se puede acceder para poder llegar a empresas de tamaño algo mayor que el de las empresas a las que estamos llegando en estos momentos.
Tenía interés y preocupación sobre la concesión de licencias de proximidad. Esto depende de las comunidades autónomas. Nosotros hacemos la planificación de las frecuencias, otorgamos las frecuencias a las comunidades autónomas y la
concesión de las licencias depende de las comunidades autónomas. Respecto a si existe disposición de traspasar recursos para infraestructuras y -lo voy a conectar con la siguiente pregunta- a qué pasa con las adendas del Plan Avanza, puedo decirle
que en las adendas del Plan Avanza de este año está contemplado que puede haber recursos importantes para el despliegue de infraestructuras, fundamentalmente centradas en infraestructuras de banda ancha y TDT. Todo esto se discutió en conferencia
sectorial y se compartieron todos estos datos entre las diferentes comunidades autónomas. En el caso de Cataluña la cantidad era de casi 100 millones. En el caso de Galicia, por el que me preguntaba el señor Jorquera, eran casi 99 millones de
euros que se van a poder destinar por las comunidades autónomas precisamente a la extensión de banda ancha y de la televisión digital. El plan está listo para ser aprobado y estamos pendientes de otros que están próximos a finalizar, con el fin de
agrupar tres o cuatro planes y llevarlos conjuntamente a la decisión del Consejo de Ministros, para no ir trayéndolos de uno en uno sino agruparlos.
En su exposición el señor Herrera hablaba de la net neutrality, de los estándares abiertos y del presupuesto para el Cenatic. En cuanto a net neutrality, es un tema de debate interesante, está teniendo más significación en Estados Unidos,
pero en Europa no acaba de obtener una claridad suficiente sobre qué es lo que se quiere decir cuando se habla de net neutrality y, por tanto, no tiene todavía peso específico suficiente esa discusión. En Estados Unidos está más identificado y hay
unos problemas muy claros detrás de esa discusión. En Europa está todavía más vago, está sobre la mesa pero no es un tema que ahora sea de urgente decisión. Respecto a los estándares abiertos, estamos, obviamente, potenciándolos. El Cenatic se
constituyó para eso, con el fin de dar directrices en el impulso de su implantación y dar claridad y apoyo a instituciones y sobre todo a instituciones de la Administración que quieran utilizar estos estándares. En cuanto a si obligamos a todos los
telecentros a que los usen, no sabría decirlo con exactitud. Me consta que gran parte de los proyectos que se adjudican desde Red.es incluyen la disponibilidad de software abierto, pero en cuanto a que todos los telecentros lo incluyan es algo que
no puedo responderle.
Paso ahora a intentar responder al señor Jorquera. Ha hecho muchas preguntas y algunas de ellas las podría contestar por escrito, pero contestaré algunas de carácter más general. Comenta que en Galicia el objetivo de acceso a la banda
ancha está muy lejos de completarse, que los datos no se compadecen con la realidad y se transmitía que los ciudadanos se quejan de servicios más deficientes y más costosos. Bien, vamos a matizar. La extensión de la banda ancha se está llevando a
cabo en estos momentos con el plan de extensión de banda ancha, fases I y II.
La decisión sobre qué municipios y qué entidades de población se incluían en cada uno de esos programas se ha tomado conjuntamente con las comunidades autónomas. Que
esté incluida o no una entidad de población en el PBA I o en el PBA II ha sido el resultado de una conversación y de una propuesta; primero, de una propuesta de la comunidad autónoma y, después, de una conversación con la Secretaría de Estado para
incorporarla al concurso correspondiente. Por tanto, lo que haya en esos dos planes será exactamente lo que se haya consensuado con la comunidad autónoma. Se ha incluido una cantidad de poblaciones importantes; por ejemplo, en Galicia, como
municipios objetivo la suma de los dos planes daba 5.706 y si el municipio se desglosa en núcleos de población que forman parte del municipio, esos 5.706 se transforman en 58.445 núcleos de población.
Todos esos núcleos de población están
identificados, uno por uno, en reuniones entre la comunidad autónoma y los técnicos de la Secretaría de Estado. Una vez sacado el concurso, es responsabilidad de quien lo gana llevar el servicio a esos municipios y a esos núcleos de población.
En el caso de Galicia, de los 58.445 núcleos de población incluidos en el PBA I y II hay completados en este momento 57.560; es decir, faltarían unos ochocientos y
pico núcleos de población. Eso no quiere decir que esté cubierto el conjunto de núcleos de población de Galicia ni todo el territorio de Galicia. El objetivo del PBA no es cubrir territorio, es cubrir población, porque cubrir territorio
sería tremendamente caro; repito, el objetivo es cubrir población. Somos conscientes de que Galicia tiene una singularidad respecto al resto de España, y es que hay muchísima más población diseminada. De hecho, la media española es del uno por
ciento y la media gallega de población diseminada es algo menos del 5 por ciento; es decir que sobre estos núcleos de población identificados con la comunidad autónoma puede quedar todavía una parte, que cuantificamos en el entorno de 150.000
ciudadanos, que catalogaríamos como ciudadanos que viven diseminados y que no están incluidos en este plan. Pero muchos de ellos pueden estar incluidos en la tercera fase del plan, que se convocó a principios de este año, cuyo cierre de
presentación de solicitudes finalizó en mayo y que en estos momentos está en análisis para su decisión. Esta tercera fase del plan está enfocada fundamentalmente a ciudadanos diseminados, por tanto, ciudadanos que viven en agrupaciones de cinco,
cuatro, tres, dos personas solitarias.
Al final, va a ser también muy difícil llegar a la totalidad, pero este plan está ahí. Perdón, me hacen una corrección que es muy pertinente y que además ilustra el asunto de Galicia. Me he equivocado de línea y estaba leyendo el total de
España. Aprovecho para decir que en Galicia hay unos 29.000 y estábamos diciendo que 58.000 era el total de España.
(El señor Jorquera Caselas pronuncia palabras que no se perciben.)
El señor PRESIDENTE: Señor Jorquera, no vamos a establecer diálogo.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (Ros Perán): Los datos que he dado son los del total de España. En Galicia hay unos 29.000, y puedo darle los datos, porque los tengo aquí, de
provincia por provincia. No merece la pena, pero a título ilustrativo en Coruña habría 10.099, y de esos 10.099 estarían ya cubiertos 10.015.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, si le parece, se puede pasar por escrito e incluso puede indicar dónde están los datos para que el resto de la Comisión también los tenga.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (Ros Perán): Los datos que tenemos indican que están prácticamente completos el PO1 y el PO2, que quedan ciudadanos que están fuera que ahora tienen la
oportunidad de unirse, y que la cobertura que tiene Galicia es muy importante en términos de disponibilidad de banda ancha. Comentaba sobre si deben ser de 3 megas en adelante. Ahí entraríamos en la discusión de si a un pueblo puede llegar una
autovía o una carretera de este tipo o una carretera del otro, porque al final todo eso significa un coste y tiene que haber alguien que asuma ese coste.
Como servicio de carácter general, pensamos que los compromisos del plan son dar un mega
siempre que sea posible y, solo de manera excepcional dar 250 o 500 kbs, y se está cumpliendo en porcentajes muy importantes. Mas del 80 por ciento están por encima de un mega. Creo que los resultados son bastante razonables. En cuanto a
asignación del espectro para uso en territorios - y no en todo el Estado-, el nuevo reglamento del espectro que se ha aprobado recientemente va a permitir asignar espectro para su utilización en zonas geográficas más reducidas de lo que es el
conjunto del Estado. Las comunidades autónomas son bienvenidas en la Secretaría de Estado para manifestar sus opiniones sobre el espectro y las necesidades que tienen, pero el espectro es un bien público y la Constitución asigna la responsabilidad
de su gestión al Estado; y por los requisitos y obligaciones de carácter internacional, por la movilidad de los acuerdos internacionales que hay sobre el espectro y la evolución de las tecnologías, sería muy difícil que pudiera haber una gestión
que fuera de nivel más reducido. Por supuesto, los gobiernos autonómicos pueden participar -y así me consta que está ocurriendo en muchos casos- en conversaciones con la Dirección General de la Sociedad de la Información o con Red.es para ver cómo
se deben asignar los fondos Feder de las comunidades que aún los tienen.
Paso a responder a la señora Muñoz, a la que agradezco sus palabras de bienvenida y el comentario que ha hecho inicialmente de que muchos de los datos que se están pidiendo aquí están disponibles en la página web y se actualizan de manera
frecuentísima. Coincido en la prioridad en productividad, pero sin olvidar que también estas tecnologías tienen que permitir el acceso a la sociedad del conocimiento al conjunto de la ciudadanía, y en la Secretaría de Estado buscamos conseguir un
equilibrio entre impacto en la productividad, en el crecimiento económico y en la eficiencia y, a la vez, cohesión social e incorporación de la ciudadanía al sector. De los temas clave que ha mencionado, estaría de acuerdo en todos ellos. Lo del
capital riesgo me parece que es una vía de financiación de proyectos de innovación y de proyectos emprendedores en España no suficientemente explotada, lo es mucho más en otros países, desde luego en Estados Unidos, lo que permite que ese país tenga
más recursos disponibles para estas actividades. Vamos a intentar movilizarlo y esperamos tener éxito. Respecto al código abierto, copyleft, web 2.0, todas esas iniciativas nos parecen de un gran valor, están ahí, están creciendo y
desarrollándose, los usuarios las quieren, las impulsan y desarrollan, y nosotros como Administración tenemos que facilitar que eso ocurra porque detrás de eso hay mucha cohesión social y también mucha actividad económica, aunque parezca que no la
hay detrás de esas actividades. Generar contenidos que interesen a la gente
es muy importante. Respecto a la brecha de género, antes comentaba que de las brechas que tenemos en este momento creo que no existe prácticamente la brecha geográfica, no existe la de acceso a las tecnologías, pero sí existe la del uso de
las tecnologías y está centrada en colectivos que ya he mencionado, los mayores es uno, desde luego, y las mujeres es otro. No tengo aquí los datos, pero la revisión que he hecho hace unos días indicaba que había habido un crecimiento importante en
el número de mujeres que utilizan estas tecnologías, pero aún por debajo del ratio de hombres que las utilizan. Ya me he referido al capital riesgo y respecto a la calidad del software en Inteco y el software abierto en Cenatic nos parecen
proyectos muy importantes que pueden ayudar a las pymes.
Recientemente con el presidente de una gran empresa multinacional informática y hacía una afirmación sobre Estados Unidos que creo que se puede extender también al caso español. Él decía que
no hay ninguna empresa que se haya creado en Estados Unidos -lo que los americanos llaman un start up, o sea una empresa de reciente creación en Estados Unidos- en los últimos cinco años cuyo desarrollo y actividad no estén basados en software de
código abierto. Sin tener el dato, me atreví a decir que estaba convencido de que en España era prácticamente igual, porque no conozco ningún emprendedor que se lance en estos momentos a poner en marcha empresas -sobre todo empresas próximas al
sector nuestro- y que no estén utilizando la potencialidad y las posibilidades que les da el software de código abierto. Por tanto, el código abierto está ahí y está teniendo una incidencia cada vez más importante en la sociedad de la información.
En telecomunicaciones, respecto a las iniciativas de protección de los usuarios estoy completamente de acuerdo y agradezco su felicitación, así como en el despliegue de infraestructuras. Comentaba cómo está la competencia. Creo que podemos decir
que en España tenemos los mejores competidores europeos. No hay ningún país europeo que mejore en competidores lo que encontramos en España: están Orange, Vodafone, TeliaSonera, Telefónica, BT. Son los gigantes europeos, no puede haber otros más
gigantes; están los chinos como empresas más grandes pero que restringen sus actividades a China. Por lo tanto, tenemos a los principales actores del sector en España, lo cual quiere decir que han podido venir a España, primer punto, que es
importante, porque no todas las compañías pueden ir a todos los países; les ha interesado venir a España, segundo, y siguen teniendo actividad en España. Eso quiere decir que encuentran el mercado español suficientemente abierto e interesante, y
con ese tipo de competidores es difícil negar que haya competencia.
Muchas gracias a todos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a todos por su colaboración, también al secretario de Estado, porque sabemos que tiene que ir de viaje, pero si no venía esta semana ya era difícil que pudiéramos contar con él para antes de terminar el
curso en el que estamos. De todas formas, si alguna pregunta ha quedado sin contestar o poco clara, háganla llegar a esta Presidencia porque con mucho interés el secretario de Estado la contestará.
Se levanta la sesión.
Eran las doce y media del mediodía.