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BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 98-11, de 17/12/2010
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES


CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


IX LEGISLATURA


Serie A: PROYECTOS DE LEY


17 de diciembre de 2010


Núm. 98-11



VETO DEL SENADO


121/000098 Mediante mensaje motivado al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.



De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, del veto del Senado al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año
2011 acompañado de mensaje motivado.



Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de diciembre de 2010.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.



El Senado, en su sesión del día 13 de diciembre de 2010, ha deliberado sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 y, en uso de las facultades que le confiere el artículo 90.2 de la Constitución, ha opuesto
veto a dicho Proyecto de Ley, que se traslada con el correspondiente mensaje motivado.



Palacio del Senado, 13 de diciembre de 2010.-El Presidente del Senado, Francisco Javier Rojo García.-La Secretaria Primera del Senado, Carmen Alborch Bataller.



Mensaje motivado


A. Los presupuestos del 'ajuste duro'.



El diseño del proyecto de los Presupuestos Generales del Estado supone la plasmación en las cuentas anuales de las políticas económicas con las que el Gobierno intenta afrontar la crisis y que se caracterizan por la sumisión a los dictados
de la Unión Europea, el FMI y 'los temidos mercados', renunciando a una salida social a la crisis.



Estos presupuestos apuestan por un recorte drástico y precipitado del gasto público, anteponiendo el objetivo de la 'consolidación fiscal' al de la recuperación económica. Así, el objetivo macroeconómico que orienta todo el proyecto de
presupuestos es conseguir la reducción del déficit hasta el 6% del PIB en el próximo año, relegando a un segundo plano las políticas sociales y los estímulos a la recuperación de la economía y la reorientación del sistema productivo.



Esta opción retarda la recuperación económica, al renunciar el Estado a ejercer de motor o dinamizador de la economía a través de la inversión productiva, y con ello al 'efecto multiplicador' que la inversión pública genera sobre el resto de
agentes económicos. De hecho, la reducción de la inversión pública para alcanzar los objetivos de déficit puede ser contraproducente incluso para este fin, puesto que al renunciar a estimular la recuperación económica, también se está renunciando a
los mayores ingresos fiscales que ocasionaría dicha mejora en la economía.



El proyecto busca la reducción del déficit operando tan sólo en la vía de la reducción del gasto, renunciando a incrementar la capacidad recaudadora del Estado mediante una política fiscal que acentúe el carácter progresivo del sistema.
Además, el proyecto de presupuestos es claramente regresivo en materia de prestaciones


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y servicios sociales, con los consiguientes efectos negativos para la mayoría de la sociedad.



El BNG presentó en el Congreso de los Diputados numerosas enmiendas que pretendían corregir este enfoque. Así, hemos presentado enmiendas relativas a la supresión de la congelación de las pensiones y del recorte a los funcionarios,
enmiendas que priorizaban y por lo tanto incrementaban el gasto social y la inversión en educación e innovación, y enmiendas que trataban de reorientar el sistema fiscal. Sin embargo, estas enmiendas han sido rechazadas por el grupo que sustenta al
Gobierno, lo que demuestra su nula voluntad de llegar a acuerdos en materias que permitan redefinir las orientaciones de estos presupuestos.



Por lo tanto, de esta filosofía que inspira la elaboración de los presupuestos, se derivan las demás objeciones que el BNG presenta a los mismos.



B. Unos presupuestos con nulo compromiso social.



Desde el BNG cuestionamos la tesis del Gobierno de que estos son unos presupuestos de claro componente social. El Gobierno fundamenta esta tesis en que los gastos sociales absorben el 58% de lo presupuestado, pero esto es así debido al peso
en el gasto de las pensiones y las prestaciones de desempleo, un gasto reglado en el que el gobierno tiene escaso margen de discrecionalidad. No hay una apuesta decidida por las políticas sociales, al contrario, el proyecto de presupuestos es
claramente regresivo en esta materia.



Así, el proyecto de presupuestos consolida la congelación de las pensiones y la dotación de la mayoría de programas sociales que no responden a compromisos exigibles por ley ven reducida considerablemente su dotación con respecto a los
presupuestos vigentes.



La asignación a la 'dependencia' se reduce un 5,2%, lo que seguirá imposibilitando el cumplimiento del abanico de prestaciones contempladas en la ley de dependencia. El programa destinado a la 'promoción social' se reduce un 8,1%, y las
partidas destinadas al fomento del empleo un 5,5%. Además, la ampliación del permiso de paternidad de dos a cuatro semanas se aplaza hasta el 2012.



Si examinamos la evolución del presupuesto por ministerios, nos encontramos con que Ministerios que concentran buena parte del gasto social, como el Ministerio de Sanidad y Política Social, sufren una reducción del gasto muy superior (8,7%)
a la de ministerios de escasa o nula vocación social, caso de 'Interior' (3,1%) o 'Defensa' (7%).



C. Unos presupuestos que impiden la recuperación económica y el cambio de modelo productivo.



Por otro lado, el proyecto de presupuestos generales del Estado debería dar prioridad a las inversiones con mayor impacto en la recuperación económica y en el cambio de patrón de crecimiento, como infraestructuras, I+D+i o educación. Sin
embargo, la orientación es la contraria.



Los Ministerios de 'Fomento' y de 'Medio Ambiente y Medio Rural y Marino' sufren recortes de un 37,3% y un 33,8% respectivamente, que implicarán un drástico descenso de la inversión productiva.



También es significativo el recorte en el 'Ministerio de Industria, Comercio y Turismo' (13,6%) y en el de 'Educación' (7,4%). Si atendemos al capítulo de inversiones de estos ministerios, los descensos son aún mayores.



Los programas en materia de I+D civil retroceden en un 7%, llegando esta reducción hasta el 29% en el programa 'innovación tecnológica de las telecomunicaciones'.



En contraste, nos encontramos con programas en el ministerio de 'Defensa' que apenas sufren reducciones, como 'gastos operativos de las fuerzas armadas' con una reducción del 1,2%, o 'apoyo logístico', con un 3,1%.



Por lo tanto, no son unos presupuestos orientados a la inversión productiva y a la apuesta por la innovación, elementos que deberían ser ya una pieza esencial en la recuperación y reorientación económica.



D. Modificaciones fiscales insuficientes.



El BNG entiende que la política impositiva debe responder a tres objetivos: proveer de recursos a las políticas públicas, favorecer la revisión del modelo de acumulación y crecimiento y ser un instrumento de redistribución de la riqueza y
de lucha contra las crecientes desigualdades sociales. Es por ello que defendemos la necesidad de acometer una profunda reforma fiscal que combata la escandalosa bolsa de fraude existente y dote de mayor justicia, equidad y progresividad al sistema
impositivo. Se trata de un ambicioso objetivo que desborda el marco de una ley de presupuestos, aunque esta sí ofrece márgenes para reorientar la política fiscal y sentar las bases de un nuevo sistema.



La modificación de los tipos del IRPF contemplada en este proyecto de ley es totalmente insuficiente para que tan siquiera pueda ser considerada como un paso en la dirección antes mencionada. En un contexto en el cual desde el Gobierno se
exigen grandes sacrificios a empleados públicos y pensionistas, se incrementa la tributación indirecta mediante el incremento del IVA y se merman los derechos laborales de los trabajadores, el hecho de incrementar en un punto el tipo del IRPF
aplicable a rentas superiores a 120.000 euros y en dos puntos a los contribuyentes con ingresos superiores a los 175.000 euros no supone más que un mero gesto de carácter más propagandístico que con consecuencias reales en el sistema impositivo.
Así, cabe recordar que en el año 2004, cuando el PSOE accede al Gobierno del Estado, la progresividad del propio IRPF era mayor, puesto que el tipo impositivo del 45% se aplicaba a ren


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tas mayores de 46.818 euros, mientras que con esta leve modificación, para alcanzar el tipo del 45%, el contribuyente deberá obtener unos ingresos que casi cuadriplican dicha cantidad.



El propio gobierno estima que las modificaciones propuestas tendrán un impacto en la recaudación de apenas 200 millones de Euros.



Por lo tanto, las modificaciones del IRPF propuestas son insuficientes y ni siquiera corrigen la reforma regresiva de este impuesto impulsada por el Gobierno en el año 2006.



El Gobierno ha renunciado a introducir mayor progresividad en la tributación del ahorro y en el impuesto de sociedades, a recuperar el impuesto del patrimonio para las grandes fortunas y a establecer medidas estructurales, organizativas y
normativas para intensificar la lucha contra el fraude fiscal, propuestas todas ellas que mejorarían la recaudación sin comprometer las políticas públicas y contribuirían a una distribución más justa de la carga fiscal.



Así, estos presupuestos significan, por tanto, otra oportunidad perdida para acometer una reforma fiscal basada en la equidad y la progresividad.



E. No cumplen con las necesidades inversoras de Galicia.



Por ultimo, para el BNG, como fuerza nacionalista y gallega, tiene una especial relevancia la inversión territorializada en nuestro país, sobre todo si tenemos en cuenta que Galicia presenta un déficit histórico en materia de
infraestructuras y que padece un considerable retraso en la ejecución de las obras de la alta velocidad ferroviaria con respecto a las previsiones iniciales. Sin embargo, este proyecto de presupuestos, lejos de avanzar en la corrección de los
citados déficit y retrasos, contempla una inversión para Galicia de 1570 millones de euros, lo que supone 451 millones menos que la inversión prevista para este año.



En los presupuestos para 2010, elaborados ya en un contexto de crisis y sin que las previsiones macroeconómicas contempladas en los mismos se hayan alterado notablemente, se estimaba una inversión para Galicia de 2140 millones de euros en
2011, cerca de 600 millones más de lo establecido en este proyecto de presupuestos.



Cabe valorar positivamente las transacciones de enmiendas presentadas por el BNG en el Congreso, lo que ha posibilitado dotar varias actuaciones en Galicia. Sin embargo, esto no altera el contexto global de un gran descenso en la inversión
territorializada en Galicia. Fruto de este fuerte descenso, actuaciones fundamentales para la vertebración interna de Galicia y su conexión con los territorios de nuestro entorno están claramente infradotadas o su licitación y ejecución dependerá
del concurso para su financiación de la iniciativa privada.



Galicia que padeció incumplimientos y retrasos reiterados en época de bonanza puede sufrir ahora, con este recorte, un nuevo incumplimiento por parte del Gobierno, para saldar los déficit acumulados en materia de infraestructuras.