BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES


CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


IX LEGISLATURA


Serie A: PROYECTOS DE LEY


19 de octubre de 2010

Núm. 98-3

ENMIENDAS DE TOTALIDAD


121/000098 Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.



En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas a la totalidad presentadas en relación con el Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.



Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2010.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.



ENMIENDA NÚM. 1


FIRMANTE:


Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)


A la Mesa de la Comisión de Presupuestos


Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la
totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.



Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2010.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).



Los Presupuestos Generales del Estado para 2011 aprobados por el Gobierno no sirven para afrontar la crisis, no sirven para crear empleo, no sirven para reactivar la economía, no sirven para poner orden en la Administración General del
Estado y además no cumplen con Catalunya, por lo cual el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) solicita su devolución al Gobierno.



A los presupuestos Generales del Estado para 2011 les falta realismo.
Prevén un crecimiento del PIB del 1,3 % para 2011, difícilmente alcanzable con la política económica que los mismos Presupuestos contemplan. No puede crecer la demanda
interna si los sueldos de los funcionarios disminuyen, las pensiones se congelan, la inversión pública se reduce y las finanzas de las Administraciones Públicas, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos se encuentran en un estado de grave debilidad.

El Gobierno aspira a un crecimiento de la economía al mismo tiempo que aplica una política económica de austeridad paralizante, ya que paraliza tanto la inversión como el consumo.



Tampoco la demanda externa aparece como motor de la reactivación. Por un lado porque la reactivación internacional es más moderada de lo que en algunos momentos se ha apuntado y por otro porque el sector exterior solo se incrementará si se
impulsa una política industrial, turística y de exportación que no contemplan los Presupuestos para 2011.



El segundo gran déficit de los Presupuestos 2011 es la falta de una política de estímulo al empleo y a la reactivación sin la cual nadie sacará a España de la crisis. Son presupuestos pasivos con el empleo, no incorporan ni una sola medida
que permita propiciar una mayor creación de empleo en 2011. Tampoco apuestan por la reactivación, y el ejemplo más evidente de ello es el recorte en un 35 % de la inversión.

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El tercer eje de esta enmienda a la totalidad deriva de la apuesta de los Presupuestos 2011 por apurar márgenes de aumento de la presión fiscal.
Entre 2010 y 2011 ha aumentado dos puntos el IVA general, ha aumentado un punto el IVA
reducido, se eliminaron las deducciones de 400 euros, se ha eliminado la deducción de 2.500 euros por maternidad, se han elevado los tipos impositivos máximos del IRPF, se ha incrementado la fiscalidad sobre el ahorro, se ha incrementado el IRPF
para las rentas procedentes de indemnizaciones y demás rentas irregulares. Para CiU no es esta la vía para alcanzar la estabilidad. El Gobierno está endeudado, pero también lo están las familias y las empresas, la vía del aumento de la presión
fiscal frena el consumo y la actividad productiva.



Cuarto eje: los Presupuestos 2011 no contribuyen a racionalizar el sector público estatal. Es más importante y efectivo racionalizar la administración, eliminar Ministerios, fusionar y suprimir entes públicos o privatizar determinadas
empresas públicas, que limitar la austeridad a la reducción de salarios a funcionarios y recortar inversiones.



Quinto: Como es habitual en este Gobierno, los Presupuestos 2011 tampoco cumplen con Catalunya, especialmente en materia de inversiones. El Estado se propone invertir en Catalunya el 15,2 % del PIB, cuando el propio Gobierno admite que
deberían invertir el 18,59 %. La discriminación no es baladí, el propio Gobierno reconoce que cumple con lo que señalan los Estatutos de Andalucía, Aragón y Castilla y León. ¿Por qué no cumplen también los Presupuestos del Estado con el Estatuto
de Catalunya? Es más, ni cumplen los Presupuestos ni cumple la ejecución de los mismos, aproximadamente el 25 % de los recursos que cada año el Estado debe invertir en Catalunya no se ejecutan, con lo cual el Estado se convierte en un freno activo
de la reactivación de la actividad económica en Catalunya.



Por todo ello el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, presenta una enmienda de totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011, solicitando su devolución al Gobierno.



ENMIENDA NÚM. 2


FIRMANTE:


Rosa Díez González (Grupo Parlamentario Mixto)


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de doña Rosa Díez González, diputada de Unión, Progreso y Democracia y al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la
totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011.



Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2010.-Rosa Díez González, Diputada.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.



Exposición de motivos


El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2011 que ha presentado el Gobierno ante el Congreso de los Diputados se basa en una negociación previa, ajena al contenido de las cuentas públicas, que deteriora la calidad de nuestra
democracia y acelera la centrifugación del Estado.



El escenario macroeconómico en que se sustentan es poco creíble e intrínsecamente contradictorio, ya que los propios recortes del gasto y subidas de impuestos que contienen dificultarán alcanzarlo.



Por el lado del gasto, los presupuestos se rinden ante la crisis. No van a servir para salir de ella. Por el contrario, las partidas de gasto más directamente relacionadas con la actividad productiva y el cambio de modelo económico (como
la inversión en infraestructuras, en I+D o en educación) se reducen. Tampoco van a servir para paliar los efectos de la crisis a la que nos condenan, pues el gasto social también disminuye. El único sentido de los presupuestos presentados es
contentar a corto plazo a los acreedores internacionales, tras llevar a la economía española al borde del abismo, obligando a nuestros socios europeos a rescatarnos mediante la creación de un Fondo y la intervención del BCE. Al hacerlo, contradice
la retórica mantenida por el Gobierno actual desde el inicio de su mandato y constituye una auténtica enmienda a la totalidad de la política presupuestaria anterior. Certifican así un fracaso en toda la línea, que muy probablemente condene a la
economía española a un horizonte de estancamiento.



Por el lado de los ingresos, suben los impuestos sin un plan global, creando incertidumbre y desconfianza, lo que dificultará también por esta vía la recuperación. Se exige más a los que ya cumplen, pero no se mejora la lucha contra el
fraude ni se propone una reforma fiscal en profundidad, que corrija la excesiva carga que recae hoy sobre las rentas del trabajo dependiente.



El déficit público y la deuda pública siguen siendo muy elevados, con los riesgos futuros que ello implica de cara a los mercados financieros internacionales y a nuestros compromisos como miembros de la Unión Europea.



Siendo todo lo anterior muy preocupante, lo peor de estos Presupuestos desde la perspectiva de UPyD reside en que son las cuentas de un 'Estado residual', que ha perdido la capacidad de actuación que le permitía articular políticas comunes
frente a la crisis y que continúa


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avanzando en su propio desmantelamiento, para alimentar un caos autonómico insostenible.



Existe una alternativa, propuesta reiteradamente por UPyD, que consiste en recortar el gasto superfluo en todos los niveles de gobierno, y especialmente el autonómico. Cada vez más voces autorizadas (el FMI, las agencias de calificación, el
gobernador del banco de España) se suman a esta propuesta. Acabará resultando ineludible, si se quiere reducir el componente estructural del déficit público español. Los mecanismos para hacerlo posible, como no conceder el aval estatal a las
emisiones de deuda de las comunidades si no cumplen unos objetivos de gasto y de déficit, existen ya sin necesidad de reformas legales. El ahorro potencial permitiría evitar, o como mínimo hacer mucho menos doloroso, el recorte en el gasto
productivo y en el social.



La negociación previa de los presupuestos deteriora la calidad democrática y acelera la centrifugación del Estado.



La política fiscal es el principal instrumento que sigue en manos nacionales, tras haberse convertido la política monetaria en común para toda la zona del euro. Sorprende por ello, que hayan existido unas mal llamadas negociaciones
presupuestarias, previas a la llegada de los presupuestos al Congreso, en las que se ha debatido sobre asuntos que nada tienen que ver con el contenido de las cuentas públicas. Esto deteriora aún más la calidad de nuestra democracia, y resulta
indicativo de lo avanzado del deterioro que a casi nadie escandalice lo sucedido.



Una vez más, en línea con la tradición seguida desde hace décadas tanto por el PSOE como por el PP, lo que se ha negociado no ha sido el contenido de los presupuestos, sino ceder competencias estatales clave, a cambio un apoyo coyuntural
nacionalista que permita mantenerse en el poder. Una vez más, lo estructural se ha decidido en base a lo coyuntural. Todo ello, sin realizar ningún estudio de por qué la cesión va a suponer una mejora en la eficiencia del servicio que se presta a
los ciudadanos.



Una vez más, un minúsculo partido nacionalista, con unos 300 000 votos (los mismos que UPyD) pero sobrerrepresentado gracias a un deficiente sistema electoral (que le otorga 6 escaños frente a 1 de UPyD) toma decisiones que afectan a 46 000
000 de personas. Sin embargo, ni PSOE ni PP quieren cambiar tal sistema electoral, lo que demuestra que ambos se sienten cómodos con él y sus consecuencias.



También se ha considerado normal que el gobierno nacional, del PSOE, negocie transferir competencias a la administración autonómica no con los que la gobiernan, que además son de su mismo partido, sino con la oposición, haciendo caso omiso
de cualquier respeto institucional o de los procedimientos.



Para lograr la aprobación de los presupuestos, el Gobierno ha acordado con el PNV ceder a la Comunidad Autónoma vasca las políticas activas de empleo, pero no como al resto de comunidades, sino mediante la injusta metodología del cupo e
incluyendo también las bonificaciones que disfrutan los empresarios en las cuotas a la Seguridad Social. Esto es tan importante porque constituye el precedente que quiere utilizar el PNV para resquebrajar progresivamente la Caja Única de la
Seguridad Social.



Esta fractura inicial es sólo una palanca sobre la que forzar otras mucho mayores en el futuro. El PNV no ha ocultado nunca cuáles son sus verdaderas intenciones, sus aspiraciones últimas. Además de las políticas activas de empleo reclama
las pasivas (el pago de prestaciones y subsidios a los parados) e incluso las pensiones de jubilación. Así lo ha solicitado recientemente en el Debate del Estado de la Nación, y reiteradamente en el Parlamento Vasco (donde votó explícitamente, el
30 de mayo de 2008, en contra de una iniciativa de PSOE y PP para garantizar la Caja Única de la Seguridad Social).



Las anteriores razones explican el que, durante 30 años, ningún Gobierno de España haya cedido en esta cuestión. Ni siquiera es un asunto que se haya incluido en el nuevo Estatuto catalán. Si este proceso se llevase a sus últimas
consecuencias, se estarían cediendo las últimas funciones económicas de importancia (desempleo y pensiones) que le quedan al Estado. Éste desaparecería de manera efectiva del País Vasco, dejando de tener ninguna relación directa relevante con los
ciudadanos. Lo mismo terminaría por pasar en el resto de Comunidades.



No parece este el momento más indicado, por otro lado, para jugar con las prestaciones por desempleo y las pensiones. Pese a sus problemas, el sistema actual al menos garantizaba hasta ahora la igualdad de todos los españoles, viviesen
donde viviesen. En este sentido, las cifras del acuerdo resultan muy reveladoras.



La tasa de paro en el País Vasco (del 10,40 %) es la más baja de España, siendo aproximadamente la mitad de la tasa nacional (del 20,09 %). Hay allí 109.800 parados, frente a los 4.645.500 del conjunto de España. Por tanto, sólo un 2,36 %
de los parados españoles son vascos. Sin embargo, se les ha cedido el 6,24 % de la partida estatal para políticas activas de empleo, casi el triple de lo que les correspondería. Con los 472 millones de euros anuales transferidos, los parados
vascos dispondrán de 4.298 euros cada uno para las políticas activas que fomenten su recolocación. Los 7.749 millones de la partida nacional indican que el parado español medio dispondrá de 1.668 euros para los mismos fines. De los 472 millones
cedidos, 183 (1.668 x 109.800) son los que deberían de haber correspondido al País Vasco para que sus parados tuviesen un tratamiento similar al de los del resto de España. Los 289 millones restantes pueden considerarse un regalo, realizado a costa
de los parados españoles no vascos.



Es tal la confusión deliberadamente creada, que resulta ya difícil definir qué se entiende por caja única.



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Pero, de significar algo, debe de ser esencialmente que el trato es único independientemente de la zona de España en la que un ciudadano resida. En este sentido, las cifras no parecen ofrecer dudas de que la ruptura se ha producido.



Los presupuestos se basan en un escenario macroeconómico poco creíble.



El consumo de las familias es una variable clave, al tratarse del componente de mayor tamaño de la demanda nacional. El escenario de los PGE prevé que en el 2011 crezca un 1,8 %. Existen abundantes razones para argumentar que tal previsión
es demasiado optimista:


- Los hogares han reducido ligeramente su nivel de endeudamiento desde el inicio de la crisis, pero sigue siendo todavía muy alto (del 125 % de su renta disponible bruta).



- La elevada tasa de paro, del 20 %, también deprimirá el consumo, tanto de los que han perdido su empleo como del resto, que percibe un mayor riesgo de perderlo.



- Las reducciones salariales de los empleados públicos, que pueden anticipar otras similares en el sector privado, supondrán otro freno al consumo.



- En la misma línea operan las subidas de impuestos ya aprobadas (como la del IVA), las que podrían aprobarse en el futuro inmediato, el fin de los incentivos a la compra de determinados bienes (como los automóviles) y el efecto de
anticipación del consumo que todas estas medidas han producido.



- Por si todo lo anterior fuera poco, hay otra razón fundamental para dudar de la pronta recuperación del consumo. Buena parte de él se financia mediante créditos, y resulta difícil obtenerlos en un entorno de crisis financiera como el
actual (en el que el crédito a los hogares se encuentra estancado, según los datos del Banco de España).



El resto de los componentes de la demanda interna no ayudarán a la recuperación del PIB ni siquiera en el idílico escenario gubernamental.
En los PGE se prevé que el gasto en consumo final de las AAPP se reduzca un 1,6 %. Como consecuencia
de las costosas e ineficientes medidas publicitarias de los últimos años, el gobierno se ve ahora forzado a recortar el gasto todavía en medio de la crisis, agravándola así en el corto plazo. Respecto a la formación bruta de capital, el propio
gobierno prevé que caerá un 1,5 % en 2011. La construcción no ha terminado su ajuste y disminuirá un 4,5 %. En la previsión oficial, esto se ve en parte compensado por un incremento de la inversión en bienes de equipo del 4,2 %. De nuevo, no se
entienden bien las razones de tanto optimismo.
No es probable que las empresas necesiten nueva maquinaria en un escenario de exceso de capacidad, debilidad de la demanda interna e incierta recuperación internacional. La contracción del crédito que
sufren en este momento las empresas, según los datos del Banco de España, resulta aquí de nuevo relevante.



El último pilar en el que se apoya el optimismo de las previsiones oficiales es el favorable comportamiento del sector exterior. Se espera nada menos que un 6,4 % de aumento en nuestras exportaciones de bienes y servicios al resto del
mundo. En vista del debilitamiento de la economía estadounidense, y de la cancelación generalizada en Europa de los estímulos presupuestarios al crecimiento, esto se antoja inalcanzable.
Por el contrario, nuestras importaciones aumentarían
moderadamente, sólo un 2,9 %. ¿No es esto contradictorio con las tasas de aumento de la inversión en bienes de equipo y del consumo propugnadas?


Como, según el Gobierno, el consumo de las familias, la inversión en maquinaria de las empresas y las exportaciones se van a comportar tan bien, se logrará que el PIB real crezca un respetable 1,3 %. No es esto lo que piensan la mayoría de
los analistas. El panel de previsiones de FUNCAS, por ejemplo, sitúa la media de consenso en un crecimiento del PIB del 0,6 %, menos de la mitad de la previsión oficial.



Por otro lado, al crecimiento previsto del 1,3 % el gobierno añada una previsión de aumento del empleo del 0,3 % (gracias a la cual la tasa de paro descendería hasta el 19,3 %). Históricamente, sin embargo, la economía española ha
necesitado tasas de crecimiento de más del 2 % para crear empleo neto. En vista de los decepcionantes datos del mercado laboral posteriores a la reciente reforma del mercado de trabajo, no parece que ésta la que vaya a hacer posible tan
sorprendente resultado.



En este momento, tanto los mercados financieros internacionales como la Unión Europea vigilan cuidadosamente las cuentas públicas españolas. Las turbulencias financieras no han terminado y el peligro de contagio, aunque menor, no ha
desaparecido (como atestiguan los recientes problemas en Irlanda). Por eso, no basta con que estos presupuestos estén menos alejados de la realidad que los dos anteriores, que fueron simplemente delirantes.



Si las previsiones del Gobierno se cumplen, el déficit del conjunto de las administraciones públicas se rebajará al 6 % del PIB y la deuda pública terminará el 2011 en un 68,7 % del PIB. Eso ya sería lo bastante malo, pues se sobrepasa el
60 % que se toma como referencia en la Unión Europea y el endeudamiento ha crecido tanto que ya se necesitan 27.400 millones de euros anuales para pagar únicamente los intereses. Pero es más preocupante aún que, antes de aprobarse los presupuestos,
el propio gobernador del Banco de España y el FMI estén solicitando un plan B, por si no se cumplen y hay que realizar nuevos ajustes. Esta es la mejor prueba de la falta de credibilidad del plan A, en parte debido a las previsiones macroeconómicas
tan poco realistas en que se basa.



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Por el lado del gasto los presupuestos se rinden ante la crisis.



Por el lado del gasto, estos presupuestos no van a servir para salir de la crisis. Por el contrario, las partidas de gasto más directamente relacionadas con la actividad productiva y el cambio de modelo económico se reducen. Por ejemplo:


- El gasto no financiero en el Ministerio de Fomento se reduce un 34,6 %, de 7.615 a 4.930 millones. La inversión en infraestructuras se desploma un 31 %.



- El gasto en I+D cae un 4 %.



- El gasto en educación disminuye un 8 %.



- El gasto del Ministerio de Industria reduce en 150 millones la promoción turística.



- Se detiene la modernización de la Justicia, reduciendo el gasto del Ministerio en un 6,9 %.



- El gasto en Medio Ambiente cae un 31,3 %.



El efecto a corto plazo de estas medidas será contractivo. A más largo plazo, el prometido cambio de modelo (hacia uno más innovador, respetuoso del medio ambiente...) deja de financiarse. Todo esto supone una enmienda a la totalidad de la
política previa de este gobierno, así como una certificación de su completo fracaso.



Tampoco van a servir, además, para paliar los efectos de la crisis a la que nos condenan. El gasto social también se reduce:


- Cae el gasto en protección a los parados un 1,5 %, pero no por un menor paro, sino porque los parados existentes van agotando el período en el que tienen cobertura mediante prestaciones y subsidios. En febrero de 2011 está prevista la
cancelación del programa de ayuda de 426 euros durante seis meses a los parados que han perdido cualquier otra cobertura, para ahorrar unos 420 millones de euros semestrales.



- El gasto en sanidad se reduce un 8 %, pasando el Plan de Salud Bucodental de 31 a 12 millones de euros.



- El gasto del Ministerio de la Vivienda cae un 19 %, y la ayuda a la emancipación tendrá un 13,8 % menos de recursos.



- El Ministerio de Igualdad ve reducido su presupuesto en un 10 %, de 78 a 69,7 millones (una cifra, por otro lado, ridícula, que no justifica la existencia de un Ministerio).



- El permiso de paternidad no pasa de 15 días a 1 mes en enero de 2011, como estaba previsto, para ahorrar 200 millones.



- El Fondo para la acogida e integración de inmigrantes pasa de 100 a 61 millones, un 40 % menos.



- Incluso la ayuda al desarrollo, de que tanto se presumió en Presupuestos anteriores, pierde 744 millones (pasa de 1.847 a 1.103), con lo que retrocede al 0,4 %, lejos del 0,7 % que se marcaba como objetivo.



No se olvide, además, que estos Presupuestos consolidan una serie de decisiones antisociales adoptadas anteriormente. En ellos se consolidan:


- La reducción salarial de los funcionarios de un 5 % como media.



- La congelación de las pensiones (excepto las mínimas y no contributivas, que se revalorizan un 1 %, menos que la inflación prevista).



- El recorte del gasto en dependencia, que cae un 5,2 %; las ayudas se cobrarán ahora desde que se aprueben y no desde que se soliciten.



Todo lo anterior contradice la retórica mantenida por el gobierno actual desde el inicio de su mandato. En este sentido, constituye una auténtica enmienda a la totalidad de la política presupuestaria anterior. Se certifica así un fracaso
en toda la línea, que muy probablemente condene a la economía española a un horizonte de estancamiento.



En realidad, el único sentido de los presupuestos presentados es contentar a corto plazo a los acreedores internacionales con los que el Gobierno se ha endeudado. Para ello, se procede a un recorte antisocial del gasto que perjudicará la
recuperación económica. El Gobierno se ve forzado a realizar recortes tras llevar a la economía española al borde del abismo, obligando a nuestros socios europeos a rescatarnos mediante la creación de un Fondo y mediante la intervención del BCE.
El peligro de crisis recurrentes, que podrían desencadenarse por efectos contagio de los problemas en Grecia o Irlanda, ha disminuido pero no desaparecido.



Pero el verse ahora forzados no exime al Gobierno de responsabilidad, sino todo lo contrario. Se nos dice ahora que los recortes planteados son inevitables. No estaríamos más que ante una consecuencia natural de la crisis. Sin embargo, la
situación límite a la que han llegado las finanzas públicas en España se debe en realidad a las costosas e ineficientes medidas aplicadas discrecionalmente por el Gobierno. Éstas se han sumado a la parte del déficit verdaderamente inevitable, la
provocada por la acción de los estabilizadores automáticos. ¿Dónde están ahora los 12.000 millones de euros que se dejaron de recaudar en el IRPF por la deducción generalizada de 400 euros durante dos años, los 1.800 millones anuales perdidos por
la supresión del Impuesto del Patrimonio, los 13.000 millones mal empleados en los dos fondos de inversión local para levantar aceras o los 11.000 de la reforma de la financiación autonómica? Esta orgía de gasto ineficiente y electoralista es la
que ha agotado el margen de actuación presupuestaria disponible, inicialmente alto, todavía en plena crisis.



El fracaso y la rendición ante la crisis se traducen en cifras en estas cuentas públicas. La partida del gasto que sí aumenta es la de pago de intereses de la deuda pública. Asciende ya a 27.421 millones, un 17 % más en 2010. Junto a los
30.240 de prestaciones y subsidios


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de desempleo, suponen casi la mitad de los 122.022 millones de gasto total (excluido el gasto de financiar las administraciones territoriales).



Por el lado de los ingresos también se dificulta la salida de la crisis, exigiendo más a los que ya cumplen, pero sin luchar contra el fraude ni hacer una reforma fiscal.



La fuerte caída de los ingresos públicos constituye uno de los rasgos distintivos de la crisis española. A la caída provocada por la desaceleración económica, ampliada por el peso que la construcción tenía en la recaudación, se han sumado
las inoportunas bajadas de impuestos discrecionales del Gobierno y el aumento del fraude.



En los presupuestos presentados, se eluden los retos fundamentales. No se lucha decididamente contra el fraude (por el contrario, el presupuesto de la AEAT disminuye). Teniendo en cuenta que la economía sumergida supone entre el 20 y el 25
% del PIB español, esto constituye un claro error.
Las cantidades que podrían recaudarse son muy significativas. Por otro lado, ¿cómo exigir más a los que ya cumplen sin intentar que el que evade asuma su parte de la carga?


Lo mismo puede decirse de la ausencia de una reforma fiscal a fondo, que evite que la carga recaiga tan desproporcionadamente como hoy sobre las rentas del trabajo dependiente.



Así, sin reforma fiscal ni lucha contra el fraude, se opta por exigir más a los que ya pagan, para financiar los dispendios y errores del gobierno (pues tampoco se ha incluido un programa decidido de lucha contra el gasto superfluo). La
subida de impuestos es múltiple, y contribuirá a desacelerar la demanda agregada:


- Se crean dos nuevos tramos en el IRPF, desde 120.000 euros (con un tipo marginal del 44 %) y a partir de 175.000 (con el 45 %). La eficacia recaudatoria de estas medidas será muy limitada, aunque su impacto propagandístico sea grande. Se
grava a los salarios altos, no a las rentas altas, aún menos a las grandes fortunas. El incremento de recaudación no superará los 200 millones de euros.



- Sube también el IRPF por no actualizarse con la inflación los mínimos personales y familiares, una de las maneras más regresivas de actuar sobre este impuesto.



- Algunas Comunidades Autónomas han introducido recargos en su parte del impuesto, con tramos cuyos umbrales no siempre coinciden con los del tramo estatal (coinciden en Cataluña, porque los estatales se han adaptado a los autonómicos, pero
no en Asturias o Extremadura, por lo que en estas comunidades el IRPF tendrá 8 tramos). En Cataluña, el tipo marginal para rentas superiores a 175.000 euros se situará en el 49 % (propio de un país nórdico, pero sin las contrapartidas
correspondientes). Todo esto complica el sistema fiscal, es otra disfunción del mal diseño del Estado autonómico.



- Se cambia la fiscalidad de las SICAV, gravando la devolución de las aportaciones a los socios como rendimientos del capital mobiliario. La reforma es acertada, pues ésta se había convertido en una vía para diferir indefinidamente la
tributación. Pero el anuncio previo, la huida que ha provocado y la retroactividad de la medida (de dudosa legalidad), han generado desconfianza, inseguridad jurídica, sensación de desgobierno e improvisación. Es decir, justo lo contrario de lo
que necesita la economía española en este momento.



- Se suprime la deducción por compra de vivienda habitual a las rentas superiores a 24.170 euros. En el caso de la fiscalidad de la vivienda, UPyD considera acertado el que se haya equiparado la compra al alquiler.



Estas subidas se añaden a las recientemente producidas, que el presupuesto consolida, en:


- El IRPF (al eliminar la deducción de 400 euros, incrementar el tipo de gravamen del ahorro y suprimir los 2.500 euros del 'cheque bebé').



- El IVA, que subió en julio de 2010.



- Los impuestos especiales.



Como en el lado del gasto, también en el de los ingresos el Presupuesto supone un giro de 180 ° a todo el discurso gubernamental previo.
Contradice la reducción de tramos, la simplificación, y no digamos el tipo único con el que el PSOE se
presentó a las elecciones del 2004.



Tanto estos giros no explicados como la forma de ejecutarlos, improvisada y llena de rectificaciones, generan incertidumbre, desconfianza, incluso inseguridad jurídica (es el caso de las medidas con efectos retroactivos), y esto es lo
contrario de lo que necesita la economía española. El temor a futuras subidas de impuestos no precisadas, en vista del tamaño del déficit público y de la deuda pública acumulada, genera incertidumbres adicionales.



De nuevo como en el lado del gasto, las subidas de impuestos que se proponen lo que harán es dificultar a corto plazo la recuperación económica, al disminuir la renta disponible de los agentes privados y, en consecuencia, la demanda.
Resulta contradictorio pensar que el PIB se va a recuperar y los ingresos van a subir gracias a esa recuperación, a la vez que se recorta el gasto y se suben los impuestos, amenazando la salida de la crisis.



Pese a ello, el gobierno pronostica un incremento de los ingresos públicos del 6 % en 2011. Este incremento, difícilmente alcanzable, no se traduciría en cualquier caso en un aumento de los recursos de la administración central. Por el
contrario, sus ingresos caerían un 12,8 %.
Aquí se ven reflejadas en cifras las consecuencias de la última reforma de la financiación autonómica, con la mayor participación de las comunidades


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en los tributos estatales que conlleva, lo que más que compensa las menores transferencias y deja a la administración central todavía más exhausta.



El déficit y la deuda siguen siendo insostenibles.



Como ya se ha señalado, la reducción del déficit del conjunto de las administraciones públicas al 6 % del PIB en 2011, frente al 11,15 % de 2009 o el 9,3 % de 2010, depende de que se cumplan las previsiones de crecimiento del PIB y de que
Comunidades y ayuntamientos respeten los límites previstos. Ninguna de esas dos condiciones parece que vaya a cumplirse. La segunda está relacionada con la existencia de un componente estructural en el déficit público, ligado al mal diseño del
Estado autonómico, que necesariamente tendrá que ser corregido ante la imposibilidad de recuperar los niveles de ingresos anteriores a la crisis.



El superávit previsto para la Seguridad Social en 2011, del 0,4 % del PIB (el doble que en 2010) se antoja asimismo excesivamente optimista.



Mirando al futuro, la senda de consolidación fiscal se sustenta en unas previsiones de crecimiento del PIB aún más fantásticas (del 3 % tanto en 2012 como en 2013). Éstas contrastan fuertemente con el horizonte de estancamiento al que
parece enfrentarse la economía española (según la OCDE o premios Nobel como Stiglitz). Será difícil así cumplir el Pacto de Estabilidad, que nos obliga a reducir el déficit del conjunto de las administraciones públicas por debajo del 3 % en 2013.
En el nuevo marco de supervisión europea, esto podría plantear dificultades para que las cuentas presentadas sean aceptadas por nuestros socios de la Unión Europea. Las reglas del juego han cambiado y ya no es posible seguir haciéndose trampas en
el solitario.



En cuanto a la evolución de la deuda pública, los Presupuestos prevén que termine este año en el 62,8 % del PIB y el 2011 en el 68,7 % (es decir, unos 700.000 millones de euros). No hay una variable que refleje mejor el descontrol de las
cuentas públicas en los últimos años. En 2008 el nivel de endeudamiento público equivalía a un 39,7 % del PIB. Si las optimistas previsiones del gobierno se cumplen, habrá aumentado 30 puntos del PIB en 3 años, un salto de 10 puntos anuales. Cada
punto del PIB equivale a unos 10.000 millones de euros. Ya se ha hablado en el lado del gasto de la carga de intereses que esto supone. Añádase aquí que el nivel de deuda pública va a superar claramente el 60 % que se establece como referencia en
la Unión Europea, en un momento en el que la reforma del Pacto de Estabilidad va a dar más importancia a esta variable. Éste puede ser otro elemento que dificulte la aceptación de los Presupuestos en la Unión. En cualquier caso, las cuentas
públicas españolas quedarán lastradas durante años, justo cuando tienen que enfrentarse al reto del envejecimiento demográfico, por la gestión de los gobiernos del señor Zapatero.



Las cuentas públicas son las de un estado cada vez más residual:


Los Presupuestos Generales del Estado, sobre todo en la versión consolidada que incluye el gasto de la Seguridad Social, parecen tener una dimensión y, por tanto, una capacidad de actuación formidable. Esta primera impresión es totalmente
engañosa. En realidad, detrás de esas grandes cifras lo que subyace es un Estado residual, cuyos dirigentes han ido entregando toda capacidad de articular unas políticas comunes.



Ha de tenerse en cuenta que la inmensa mayor parte de ese gasto es un gasto previamente comprometido, que no otorga ninguna capacidad de actuación discrecional. Se trata de transferencias obligatorias, en las que el Estado sólo hace de
intermediario entre los ingresos públicos y los destinatarios últimos que realmente los gastan. Es el caso de las pensiones de la Seguridad Social, las prestaciones y subsidios de desempleo a los parados, las transferencias a otras administraciones
(a las Comunidades Autónomas, a las corporaciones locales y a la Unión Europea), y los pagos de intereses de la deuda pública. Cuando se hacen todos estos ajustes, lo que les queda a los ministerios para realizar políticas comunes activas, una vez
deducidos los gastos de personal, equivale como mucho un 5 % del PIB. Incluso la principal partida activa de cierta influencia que quedaba dentro de este 5 %, el gasto en infraestructuras, está siendo preasignada en los nuevos Estatutos. Este
'Estado residual' ha quedado reducido a la impotencia debido a las cesiones realizadas por los grandes partidos (PSOE y PP) durante décadas a unas muy reducidas minorías nacionalistas, cuyos votos necesitaban para mantenerse en el poder.



La nueva financiación autonómica implica una mayor participación de las Comunidades en los tributos estatales (del 50 % en el IVA y el IRPF, del 58 % en los impuestos especiales). Este incremento supera a la disminución de las
transferencias, incrementando el total de recursos que la administración central cede a las Comunidades. Por ello, como ya se señaló en la sección dedicada a analizar los ingresos públicos, aunque éstos se incrementasen el 6 % que pronostica el
gobierno en 2011, ello no se traduciría en un aumento de los recursos de la administración central.
Por el contrario, sus ingresos caerían un 12,8 %.



Por otro lado, como también se señaló antes, algunas Comunidades Autónomas han introducido recargos en su parte del IRPF, con tramos cuyos umbrales no siempre coinciden con los del tramo estatal. Comunidades como Asturias o Extremadura
tendrán 8 tramos. En Cataluña, el tipo marginal para rentas superiores a 175.000 euros se situará en el 49 %. Todo esto complica el funcionamiento del sistema fiscal.



El Fondo de Compensación Interterritorial es un importante instrumento de equidad territorial, al permitir la financiación de infraestructuras en las Comunidades menos ricas. La disminución de los fondos


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europeos acentúa la necesidad de reforzarlo. En estos presupuestos se opta por reducirlo un 36,8 %, dejándolo en la cifra a todas luces insuficiente de 762 millones de euros.



La inversión pública territorializada refleja, por otro lado, el tratamiento preferencial que otorga el gobierno a las Comunidades Autónomas políticamente afines. Un año más, Andalucía y Cataluña reciben más de la tercera parte del total.
Andalucía recibe el 17,8 % del total; Cataluña el 15,2 %, que, al quedar por debajo del límite del 18,6 % fijado unilateralmente en su nuevo Estatuto, se ajusta con 'proyectos pendientes de determinar', que elevan lo que recibe de los 2.545
millones a los 3.134, hasta alcanzar el límite fijado. Frente a ellas, a la Comunidad de Madrid se le asigna un 10,6 %, por ejemplo.



En términos per capita, se manifiestan las mismas diferencias de trato.
Frente a los 360 euros por habitante que recibe Andalucía o los 347 de Cataluña, en Madrid la cifra es de 279 o en Canarias de 170,5.



Estas desigualdades se deben en parte al trato discriminatorio a favor de las Comunidades que han reformado sus Estatutos, fijando en ellos con criterios diferentes en cada caso (el que más convenía a cada una) el porcentaje de inversión
estatal que debían recibir, frente a las que no lo han hecho. Así, Cataluña, Andalucía, Aragón, Baleares, y Castilla-León se encuentran en una situación distinta del resto.



Cuando todos los Estatutos se reformen, y dado que nada garantiza que los porcentajes así fijados superen el 100 %, quedará más claramente de manifiesto la grave irresponsabilidad en la que ha incurrido el Gobierno en este importante asunto.



Un año más, el País Vasco y Navarra reciben un trato privilegiado, que les proporciona una financiación autonómica per capita que duplica la de las comunidades de régimen común. Este privilegio se verá incrementado en el País Vasco al
incluir en el cupo lo arrancado en la negociación de estos Presupuestos. Logros que incluyen también el aumento de los recursos para I+D en el País Vasco, que contrasta con la reducción global que sufren en el conjunto de España.



Un año más, se olvida la reforma de la financiación local, dejando a los ayuntamientos condenados a la morosidad, con la consiguiente amenaza para las empresas que les suministran bienes y servicios.



Debido a sus compromisos políticos con los partidos nacionalistas, el Gobierno se ha empeñado desde el inicio de la crisis en concentrar los recortes del gasto público en la Administración Central del Estado. Sin embargo, es un hecho que
ésta ya no tiene capacidad para realizar grandes recortes, salvo que se opte por desmantelarla, como también es un hecho que su capacidad de gasto y ahorro carecen del peso necesario para equilibrar por si sola el conjunto de las cuentas públicas.
Los datos son elocuentes: hoy, la Administración Central sólo controla el 20 % del gasto público, correspondiendo otro 36 % a las Comunidades Autónomas, el 30 % a la Seguridad Social, y un 14 % a los entes locales. En lo que se refiere a los
funcionarios y empleados públicos, 320.124 trabajan para la Administración Central (excluyendo los 263.323 del ejército y las fuerzas de seguridad del Estado), frente a los 1.345.577 de funcionarios y empleados de las comunidades autónomas. Tal vez
por ello, incluso en estos presupuestos que se quieren presentar como tan austeros, el gasto sólo se reduce un 3 % respecto al realmente efectuado en 2010, (el recorte del 7,9 % se calcula sobre lo presupuestado).



Además, se debe recordar que si bien el déficit alcanzado por las Comunidades Autónomas parece modesto en comparación con el déficit de la Administración Central del Estado, se trata de una mera apariencia. En efecto, el déficit autonómico
sería mucho mayor si la Administración Central no soportase la totalidad del grueso de los gastos que son consecuencia automática de la crisis (como prestaciones por desempleo y carga de intereses), si no se hubieran inyectado a las CCAA 11.000
millones de euros en la última reforma de la financiación autonómica, si los anticipos del sistema de financiación no hubieran sido tan claramente superiores a la recaudación real y, finalmente, si la liquidaciones no se produjera con tantos años de
retraso. O lo que es igual, todo el esfuerzo de reducción del déficit descansa en la Administración Central del Estado, mientras CCAA y administración local lo incrementan.



La actuación del Estado para corregir cuanto antes el desequilibrio de las finanzas públicas en las administraciones autonómica y local es sin duda una de las medidas más urgentes en esta coyuntura. Una medida que, por razonables exigencias
de solvencia y responsabilidad, reclaman también los mercados internacionales en los que España debe buscar financiación y colocar sus emisiones de deuda pública, el FMI y, recientemente, el propio gobernador del Banco de España. Es, asimismo, una
de las razones que se utiliza cada vez que las agencias de calificación rebajan la calidad de la deuda pública española.



El Estado debe ejercer el papel de coordinación y supervisión general de las finanzas que le otorga la Constitución, al que ha renunciado. La actual impotencia podría haberse evitado, pues la Constitución atribuye al Estado, en su artículo
149.1.13.ª, las 'bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica', y competencia exclusiva sobre 'Hacienda general y deuda del Estado' en el artículo 149.1.14.ª Los artículos 103.1, 128.1, 131.1 y 150.3 también sirven de
base para apoyar medidas de corrección y racionalización de las finanzas públicas como las que UPyD solicita. Se trata de aplicar medidas como la introducción de un techo de gasto a las comunidades autónomas, o hacer que el incumplimiento del
límite de déficit tenga consecuencias financieras. El Estado dispone para actuar de instrumentos no sólo legales sino también financieros, como rechazar el aval de las emisiones de deuda autonómica cuando se incurra en déficit


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injustificados, o condicionar la transferencia de la parte de la recaudación impositiva estatal que corresponde a las comunidades autónomas a la observación de una adecuada disciplina financiera. Es un hecho, tan insólito como inaceptable,
que la Comisión europea tiene más capacidad de control de las políticas del Gobierno de España que el que éste ejerce sobre las 17 Comunidades Autónomas españolas.



La técnica presupuestaria conocida como 'Presupuesto base cero' debería aplicarse en todos los niveles de la administración. En ella, no se dan por sentados los gastos del ejercicio anterior y a partir de ellos se recorta (a menudo lo que
menos debería recortarse, dejando intactos gastos superfluos que benefician a la clase política) sino que se parte de un gasto cero y cualquier adición debe de ser justificada por sus propios méritos.



Por todas las razones anteriores, Unión, Progreso y Democracia (UPyD), por medio de su Diputada, doña Rosa Díez González, con esta enmienda a la totalidad rechaza el Proyecto de Ley Presupuestos Generales del Estado para 2011 y pide su
devolución al Gobierno.



ENMIENDA NÚM. 3


FIRMANTE:


Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, al amparo de lo establecido en el artículo 110 del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la totalidad de devolución al
Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.



Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2010.-Gaspar Llamazares Trigo, Joan Ridao i Martín y Joan Herrera Torres, Portavoces del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.



Exposición de motivos


I. Motivación de la componente Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya Verds del GP ER-IU-ICV.



Los Presupuestos Generales del Estado para el 2011 son la concreción del ajuste económico más duro vivido en democracia. Un proyecto para la continuidad a los recortes iniciados el pasado 12 de mayo de 2010, continuados por la reforma del
mercado de trabajo y que parecen no tener fin ante la previsible reforma de las pensiones. Es la constatación de una política económica con un marcado carácter ideológico, propia de las fuerzas conservadoras, que recorta derechos, recorta política
social y nos aleja de la recuperación económica, ya que sitúa como único objetivo la reducción del déficit.



Bajo las teóricas imposiciones opacas e indefinidas de los denominados 'mercados' e inversores internacionales, el gobierno está llevando a cabo un desmantelamiento progresivo del Estado de Bienestar. Esta profunda reforma es antisocial, ya
que no goza en ningún caso del apoyo del conjunto de la ciudadanía. Pero también es antieconómica, ya que hipoteca la salida de la crisis, dificultando la creación de empleo y las reformas verdaderamente necesarias para afrontar las necesidades y
deficiencias estructurales de nuestra economía.



Todo ello es fiel reflejo de los errores de este gobierno en materia económica. Antes de la crisis, se obviaron los problemas estructurales de la maltrecha economía española. Se menospreció el futuro impacto de la burbuja inmobiliaria en
la economía, no se prestó atención al exceso del peso de los sectores más estacionales y menos cualificados en el conjunto de la ocupación. El PIB crecía a buen ritmo y eso era lo único que importaba, sin prestar atención en si además de crecer
mucho se crecía bien, desaprovechando la senda de crecimiento para ampliar el Estado de Bienestar. Se llevaron a cabo reformas fiscales regresivas en los impuestos directos que ahora pasan factura. Concretamente un coste en términos de recaudación
potencial de unos 30.000 millones de euros. Unas medidas que, además beneficiaban especialmente a las rentas más elevadas.



Posteriormente, llegó la crisis y durante varios meses el gobierno se dedicó a negarla, a considerarla un episodio pasajero, aún cuando eran evidentes las muestras de su profundidad y el posible impacto que tendría en la cifra del paro. El
gobierno se quedó de brazos cruzados, retrasó las medidas de estímulo que hubieran reducido el impacto de la crisis.



Una vez aceptada la evidencia de la crisis, se tomaron medidas parciales e inconexas, previas a la llegada del plan de recorte. Un plan de recorte que se atrevió a tomar decisiones drásticas y traumáticas en aquellas cuestiones que
afectaban a los más débiles: pensiones, dependencia, recortes en la función pública y pérdida de derechos de los trabajadores.
Sin embargo, las reformas no llegaron a aquellos sectores estratégicos como el financiero y el energético, a pesar de
que la salida de la crisis pasa en buena medida por un cambio de modelo en estos ámbitos.



Es evidente que la crisis económica y financiera ha impuesto elevados costes a nuestra Hacienda Pública. Las ayudas al sistema financiero y empresarial, la activación de los estabilizadores automáticos del presupuesto,


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los estímulos fiscales discrecionales y la pérdida de bases fiscales asociadas a la actividad inmobiliaria, han provocado déficits públicos relativamente importantes y el aumento de nuestra deuda pública en circulación.



Los déficits explican una parte relevante del aumento de nuestra deuda pública, estimada en el 62,8 % del PIB en 2010 y con una previsión de elevarse hasta el 68,70 % del PIB en 2011, ratios en todo caso inferiores al promedio europeo. Pero
también inciden en el aumento de la deuda las ayudas a la banca y el apoyo financiero a las empresas que se han llevado a cabo.



El déficit del conjunto de Administraciones Públicas en 2009 se situó en el 11,1 % del PIB tras el 4,1 % ya registrado en 2008. El programa de estabilidad aprobado en enero de este año planificaba la reducción gradual, pero exigente, del
déficit en cuatro ejercicios presupuestarios con el objetivo de alcanzar un déficit público del 3 % del PIB en 2013.
El Gobierno entendía que era el momento de marcar un giro en la política fiscal abandonando una política moderadamente expansiva
hacia un severo ajuste presupuestario. Sin embargo, esta consolidación fiscal planteaba serias dudas por sus posibilidades de limitar la recuperación de nuestra economía.



Esas dudas se multiplican cuando en mayo el Gobierno se compromete a anticipar la programación del ajuste presupuestario asumiendo nuevos recortes por valor equivalente a medio punto del PIB en 2010 (déficit previsto del 9,3 % del PIB) y
otro punto porcentual más en 2011 (hasta el 6 % de déficit), reduciendo en dos años 5,1 puntos porcentuales de déficit público con relación al PIB.



Los Presupuestos Generales del Estado para 2011 son la expresión de la renuncia, no sirven para superar la crisis, ni para crear empleo.



Un escenario macroeconómico voluntarista e irreal.



Por más que el Gobierno se empeñe en afirmar que el brutal y desequilibrado ajuste presupuestario para 2011 es condición necesaria para recuperar la confianza en nuestra economía y normalizar el acceso a la financiación, lo cierto es que
puede ser contraproducente. Porque estos presupuestos contribuyen, en el mejor de los casos, a dilatar el momento de la recuperación económica, y ésta es imprescindible para equilibrar nuestras cuentas públicas reduciendo el déficit.



El escenario macroeconómico que acompaña a estos presupuestos supone que la tímida recuperación económica iniciada a principios de 2010 se mantiene, estimándose un retroceso del PIB real del 0,3 % como media en 2010. Sin embargo, esto no
está todavía claro para el conjunto del año.
Es verdad que en el segundo trimestre la actividad económica mantuvo el tono de lenta recuperación del primer trimestre, pero el Banco de España ya alerta sobre la posibilidad de que en el tercer
trimestre la actividad se debilite más de lo previsto por la finalización de ciertos estímulos fiscales, el recorte en la inversión pública y la reversión temporal de los efectos de anticipación de gasto que se produjeron con anterioridad a la
subida del IVA.



Siendo pues aún incierta la evolución del año 2010 en términos de crecimiento, es el incremento del PIB previsto por el Gobierno para 2011, que es la base fundamental de la estimación de ingresos, el que no parece sostenerse. Se estima un
crecimiento del PIB en términos reales del 1,3 % basado en el buen comportamiento de las exportaciones y en la reactivación del consumo privado y de la inversión empresarial en bienes de equipo. Este escenario que descuenta el Gobierno le lleva a
afirmar que se pone fin a la etapa contractiva de nuestra economía.



Lamentablemente, puede que nos encontremos ante un ejercicio de voluntarismo del Gobierno porque es muy improbable que el PIB crezca a esa tasa. Así lo piensa la mayoría de organismos nacionales e internacionales que prevén un crecimiento
en el entorno del 0,6 %. El Gobierno está infravalorando los efectos de su propio ajuste presupuestario, del elevado desempleo y de los ajustes salariales sobre el gasto en consumo, y es excesivamente optimista sobre la contribución positiva del
sector exterior.



Los drásticos recortes presupuestarios van a repercutir negativamente sobre la demanda agregada en un contexto, ya de por sí, de reducida actividad económica. Y el empleo será el primer damnificado.



Incluso en el optimista escenario macroeconómico que plantea el Gobierno, según sus previsiones en 2010 se destruirán 390.100 empleos y el paro alcanzará al 19,8 % de la población activa (4.562.300 desempleados). Y en 2011 se estima un
ligero crecimiento del empleo (43.400 puestos de trabajo) y una tasa de paro del 19,3 % (4.448.600 parados). Todo ello, como decimos, considerando las voluntaristas previsiones en términos de crecimiento del PIB.



El panorama que se plantea es francamente complicado si, como es bastante previsible, el PIB no crece en 2011 el 1,3 %, sino prácticamente la mitad.



Más allá del voluntarismo en las previsiones, el Gobierno destaca en los documentos presupuestarios que la principal novedad de este año en materia laboral fue la aprobación de la reforma del mercado de trabajo, que entró en vigor a mediados
de junio. El Gobierno atribuye a esta reforma un sin fin de efectos positivos: favorecerá la contratación indefinida, reducirá la contratación temporal, mejorará la intermediación laboral y aumentará la empleabilidad de los parados. Es decir,
creará empleo.



Sin embargo, es el propio Gobierno el que reconoce a efectos prácticos en estos presupuestos, que esta reforma poco tiene que ver con la creación de empleo. Si hacemos caso a sus previsiones sobre creación de empleo y evolución del paro,
estas variables se explican por la variación estimada del PIB y la evolución de la población activa. Es decir, un año y medio después de


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su entrada en vigor, esta reforma laboral no añadiría ningún plus positivo a la creación de empleo. Como era de esperar, por otra parte.



Y en términos de estabilidad en el empleo pensamos que tampoco hay lugar para el optimismo. Según vamos conociendo los datos de contratación y paro registrado, seguimos comprobando que la contratación temporal continua siendo la tónica. En
septiembre, del total de contratos registrados el 91,2 % fueron de carácter temporal. Es decir, en ese mes la contratación indefinida tan sólo representa el 8,8 % del total, incluso menos que en el año 2009. Abaratar y facilitar el despido ni crea
empleo, ni tiene por qué mejorar su estabilidad.



Del resto de reformas, precisas según el Gobierno para recuperar el crecimiento, la reestructuración del sector financiero no está dando sus frutos, ya que el sistema sigue sin operar con fluidez a la hora de financiar a particulares y
empresas, y la famosa Ley de Economía Sostenible ha terminado por ser una cajón de sastre cuyos contenidos difícilmente van a contribuir al pretendido cambio de modelo productivo.



Un ajuste presupuestario desequilibrado que entorpece la recuperación.



El Gobierno afirma que la única vía posible para la reducción del déficit público es un ajuste sin precedentes en el gasto para adecuarlo a los niveles de ingresos públicos actuales. Y afirma también que la situación económica, en fase de
tímida recuperación según el ejecutivo, desaconseja una reforma sustancial del sistema tributario. Así, estos presupuestos sólo incorporan modificaciones impositivas de carácter 'cosmético'. En suma, las medidas por el lado del gasto son
contundentes en forma de drásticos recortes y por el lado del ingreso se introducen modificaciones sin apenas efectos recaudatorios.



El Presupuesto consolidado (Estado, organismos autónomos, Seguridad Social, agencias y otros organismos) de gastos no financieros en términos homogéneos disminuye un 3 % respecto a 2010 y el gasto no financiero del subsector Estado lo hace
en un 7,9 %. Los recortes se extienden por todos los capítulos del gasto, a excepción del correspondiente a los gastos corrientes financieros que aumenta un 18 % como consecuencia de la evolución de la deuda pública y de las condiciones de los
mercados financieros. Si excluimos la carga financiera de la deuda, el gasto no financiero del Estado disminuye un 13,4 % con relación a 2010.



El recorte es particularmente intenso en materia de inversión pública, una herramienta imprescindible para la recuperación de nuestra economía, la creación de empleo directo y el cambio de modelo productivo. Más allá de su composición, la
inversión del Sector Público administrativo y empresarial disminuye prácticamente un 30 %.



El principal problema con el que nos encontramos ante este panorama es que el propio ajuste en el gasto público va a impedir seguramente que se logre el crecimiento previsto del PIB por el Gobierno para 2011 y, en consecuencia, la previsión
de ingresos prevista se tambalea. El irreal crecimiento previsto del PIB (2,6 % en términos nominales al sumar la inflación) es la base para esperar que los ingresos tributarios del Estado crezcan un 6,1 % con relación a la previsión de liquidación
de 2010. Así, sin esos ritmos de crecimiento económico, difícilmente crecerá la recaudación en el IRPF un 6,2 %, un 9,3 % en el Impuesto de Sociedades o un 7,3 % en el IVA, tal y como prevé el Gobierno.



De la misma forma, las optimistas previsiones en materia de crecimiento, y por extensión del empleo, cuestionan la evolución de los ingresos de la Seguridad Social y el aumento previsto de las cotizaciones sociales, del 3 % en el total del
Sistema y del 4,6 % en el Régimen General.



Ni que decir tiene que esta situación complica aún más la consecución del objetivo de déficit público del conjunto de Administraciones Públicas (6 % del PIB) por lo que es posible que se produzcan más ajustes por el lado del gasto con
efectos devastadores desde el punto de vista macroeconómico en términos de crecimiento y empleo.



Desde nuestro punto de vista, la discusión ha de centrarse en los márgenes de maniobra de los que disponemos para una programación presupuestaria más sensata, que no impida la recuperación económica y que asegure la sostenibilidad de
nuestras finanzas públicas. En particular, y en este sentido, pensamos que centrar el ajuste en el gasto en lugar de en los ingresos complica sobremanera la situación. Entendemos la situación excepcional de nuestras finanzas y la necesidad de
reducir el déficit público, pero la mejor garantía para ello es potenciar la recuperación económica.



Y no podemos compartir la afirmación del Gobierno de que una reforma del sistema tributario para potenciar la recaudación es ahora desaconsejable por su efecto contractivo sobre la economía. Lo desaconsejable es centrar el ajuste en el
gasto, porque sus efectos contractivos son mayores.



Porque, puestos a valorar efectos contractivos, el impacto pernicioso de un recorte en el gasto público es superior al de un aumento de los impuestos, ya que el gasto público tiene un impacto más directo sobre la demanda agregada, mientras
que si la subida impositiva afecta a los contribuyentes de mayor capacidad económica, con una propensión a consumir menor en términos relativos, los efectos negativos sobre la demanda son menores.



En otras palabras, es fundamental consolidar la recuperación económica priorizando la inversión pública por su efecto multiplicador sobre la demanda y asegurar el gasto social, especialmente el dirigido a los colectivos de menor nivel de
renta que son los que tienen mayor propensión a dedicar el aumento de sus ingresos a consumo. Y para evitar problemas a corto plazo con el déficit público lo razonable es aumentar


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selectivamente la fiscalidad minimizando también el impacto sobre la demanda. Recuperando, por ejemplo, el Impuesto sobre el Patrimonio, revisando la tributación de los rendimientos de actividades económicas y del capital en el IRPF,
aumentando los tipos efectivos en el Impuesto sobre Sociedades, o introduciendo figuras tributarias de carácter ambiental.



En paralelo, no podemos renunciar a actuar en profundidad sobre la estructura de los ingresos públicos porque, a medio plazo, es preciso aumentar la capacidad recaudatoria del sistema y reforzar su progresividad para financiar con garantías
nuestra protección social y aumentar la capacidad del Sector Público para contribuir al cambio de modelo productivo. Aquí, la lucha contra el fraude fiscal es una cuestión prioritaria.



La opción del Gobierno: una reducción sin precedentes del gasto público.



Como se ha argumentado hasta aquí, estos Presupuestos renuncian a financiar gastos que pueden contribuir a la recuperación de nuestra economía y a la creación de empleo, y también a políticas precisas para lograr un crecimiento más
equilibrado y cohesionado a medio plazo.



Se congelan las retribuciones de los empleados públicos consolidando el recorte del 5 % que aprobó el Gobierno en mayo de 2010 y se restringe, por tercer año consecutivo, la Oferta de Empleo Público reduciéndose a un 10 % la tasa global de
reposición de efectivos. Esta política puede afectar negativamente a la calidad de los servicios públicos y no contribuye a mejorar las sombrías perspectivas del empleo en nuestro país.



Se produce un retroceso en la protección social de nuestro país. El Gobierno ha congelado la mayoría de las pensiones para 2011 y si el gasto en este capítulo aumenta un 3,6 %, lo hace por el previsible incremento del número de
pensionistas, la paga extra por desviación del IPC en 2010 y la revalorización de las pensiones mínimas del 1 % en 2011. Una aumento de tan escasa entidad que hace saltar por los aires el compromiso del Gobierno de revalorizar las pensiones mínimas
en esta legislatura hasta alcanzar una media del 26 %.



Se suspende la ampliación del permiso de paternidad a 4 semanas, que deberla entrar en vigor en 2011, y las prestaciones familiares descienden un 9 % por la eliminación del 'cheque bebé' y la supresión de las ayudas por hijos a cargo.



Los programas de servicios sociales sufren recortes importantes. El Plan Concertado disminuye en un 11,8 % y pone en jaque a los servicios sociales municipales. El Plan de Acción para personas con discapacidad se reduce un 43 % y
disminuyen los programas de servicios sociales de la Seguridad Social a personas con discapacidad y a personas mayores. A pesar del incremento previsto del número de beneficiarios y de cuidadores no profesionales, la dotación presupuestaria en
atención a la dependencia disminuye un 5,4 %. Se recortan igualmente los programas que incluyen actuaciones para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y para la prevención integral de la violencia de género. El Fondo de Integración
de Inmigrantes se reduce un 32,4 %.



En materia de protección por desempleo se destinan al pago de prestaciones 30.140,29 millones de euros. Esta cantidad es un 1,5 % inferior a las dotaciones iniciales de 2010 debido a las previsiones de reducción del gasto en las
prestaciones de nivel contributivo. Esto significa que la cobertura de las personas en desempleo se va a reducir por el progresivo agotamiento de las prestaciones contributivas y por la desaparición en febrero de la prestación extraordinaria por
desempleo. Y se va a producir en un contexto económico complicado con sombrías expectativas para la creación de empleo.



Según el Gobierno, en 2011 algo más de 2.759.000 personas tendrán algún tipo de prestación por desempleo (contributiva, subsidio, incluida la renta agraria, subsidio REASS y renta activa de inserción). Esto significará que, con las
previsiones de desempleo del Gobierno, cerca de 1.700.000 desempleados carecerán de cualquier tipo de prestación por desempleo.



En 2011 se van a dedicar a políticas activas de empleo 7.322,80 millones de euros, un 5,5 % menos que lo destinado en 2010. Si bien es cierto que parte del ajuste en estas políticas puede explicarse porque el gasto para financiar las
bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social de las empresas para la contratación disminuye (por la revisión y limitación de estas bonificaciones), también lo es que el esfuerzo presupuestario es insuficiente, especialmente en lo que respecta
a las políticas de orientación y ayuda a la búsqueda de empleo. En España hay un orientador por cada 189 desempleados, mientras que la media europea es de 1 orientador por cada 50 desempleados.



Las políticas dirigidas a la orientación de trabajadores desempleados disminuyeron sustancialmente en los presupuestos de 2010 (un 20,6 %) y ahora en estos presupuestos lo hacen de nuevo (un 13 %) disponiendo de una cuantía muy reducida (250
millones de euros). El Plan extraordinario de orientación, formación profesional e inserción laboral para hacer frente al incremento del paro registrado redujo su dotación casi un 50 % en 2010 y ahora se congela para el ejercicio de 2011 con poco
más de 50 millones de euros.



La insuficiencia en las políticas activas influye negativamente en la capacidad de intermediación de los Servicios Públicos de Empleo dando cobertura a propuestas para que la iniciativa privada tome el relevo. La reforma laboral ha
consumado esta situación con la privatización de la intermediación laboral.



Ahora bien, no todas las partidas relacionadas con la ocupación disminuyen, el FOGASA se ha incrementado en un 6 %. La partida para el pago de prestaciones acordadas según la legislación se incrementa en de 400


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millones de euros, un 35,7 % más que en los anteriores PGE. El FOGASA es desde la reforma del mercado de trabajo el fondo del despido subvencionado y este incremento tan elevado de la aportación del estado sólo se justifica ante la
previsión del gobierno de que las empresas vayan a despedir más y por tanto a necesitar más dicho fondo para costear los 8 días de indemnización por despido que cubre el estado por la reforma laboral.



Las políticas estatales de acceso a la vivienda para 2011 cuentan con un 19.3 % menos que en 2010. Este descenso acumula el 8 % registrado en los presupuestos anteriores. Se elimina la reserva de eficacia, Cataluña obtenía de esta reserva
casi tantos recursos como los que inicialmente tenia asignados, el resultado es que para el 2011 las aportaciones del Estado a Cataluña en materia de vivienda caerán aproximadamente sobre el 65 % hecho que pone en evidente compromiso los objetivos
planteados en el Pacte Nacional per l'Habitatge 2007-2016, y la atención a las crecientes necesidades sociales en materia de acceso y pago de viviendas.



Estos presupuestos suponen el mayor descenso de la AOD española, un 17 %, más de 900 millones €. Si a esto le sumamos el recorte de 300 millones € anunciados en mayo de 2010 el total es de 1.200 millones. También llama la atención que
mientras el FAD cooperación sufre un descenso del 37.63 % respecto a 2010, el actual FIEM aumenta respecto al presupuesto de internacionalización de la empresa española durante el periodo 2010 en casi un 63 %. Todo ello contrasta con el presupuesto
de Defensa, a pesar de que este Ministerio haya sufrido un recorte porcentualmente más elevado que la media. Al margen del presupuesto para el funcionamiento ordinario y operativo del ejército, se continuará con el funcionamiento, desarrollo y
ejecución de los Programas Principales de Modernización ya iniciados, como el de Modernización de las Fuerzas Armadas, que tendrá un coste de 383,15 MEUR y el de Programas especiales de modernización, con un coste de 204,53 MEUR. Casi 600 millones
invertidos en material militar, tres cuartas partes, por ejemplo de lo que este año se recorta en cooperación.



Aunque en los documentos presupuestarios se afirma que la inversión pública en infraestructuras es una prioridad del gasto público al ser un instrumento básico para dinamizar la economía, los recortes en los principales departamentos
inversores, Fomento y Medio Ambiente, desmienten esa afirmación.



El gasto no financiero del Ministerio de Fomento se recorta un 34,6 % y el capitulo de inversiones lo hace en un 43,3 %. En realidad, el problema radica en la concepción de modelo, que sigue estancado en las grandes infraestructuras. Se
sigue primando la inversión en AVE, siendo ésta 4 veces mayor que la destinada a cercanías; y la inversión en ferrocarril convencional se ha reducido en un 69 % respecto a la del año pasado.



Partidas tan importantes como la cuadruplicación de vías de ancho ibérico para los accesos norte y sur a Barcelona, o la mejora y ampliación de los servicios ferroviarios convencionales en Lleida, Tarragona y Girona ya no tienen continuidad
en los presupuestos del 2011 a pesar de que fueron aprobadas en el 2010, e incumpliendo una resolución aprobada por el Congreso de los Diputados.



De la misma forma, el gasto no financiero del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) se recorta en un 31,3 %, afectando principalmente a las inversiones (-39,2 %) y transferencias de capital (-9,9 %). Esto se produce en
un momento crítico para el campo, que acumula una caída de la renta del 26 % desde 2003, afectando negativamente a las explotaciones familiares, al desarrollo del medio rural y a la creación de empleo en el sector agrario.



El discurso del gobierno en cuanto a la modernización del modelo productivo hablaban de una estrategia para una economía sostenible, con incremento de las inversiones en materia medioambiental para mejorar el entorno pero también para evitar
en el futuro . En esta estrategia, la industria tecnológica, la ciencia, el conocimiento y la investigación debían jugar un papel fundamental. Estos presupuestos son la demostración de que el el concepto 'cambio de modelo' para el gobierno es tan
solo una figura retórica.



En primer lugar, los recortes en las partidas para la protección del medio ambiente también son significativos: disminución del 37 % en las actuaciones para calidad del agua, del 47 % en protección y mejora del medio ambiente, del 39 % en
protección y mejora del medio natural, y del 16 % en actuaciones para la prevención de la contaminación y el cambio climático. Y todo ello considerando que el porcentaje del presupuesto del MARM que se destina a las partidas ambientales tan solo
representa el 5 % del total.



En segundo lugar, el gasto en investigación, desarrollo e innovación se reduce un 8,4 % sobre las cantidades aprobadas en los presupuestos de 2010. Las operaciones financieras (créditos) lo hacen un 9,4 % y las no financieras (subvenciones)
un 6,7 %. El descenso en investigación civil es menor que en investigación militar, pero significa el 7 %, afectando de forma similar a las operaciones financieras y no financieras.



Así, pese a las declaraciones del Gobierno afirmando que se da carácter prioritario a la política científica y tecnológica, la I+D+i sufre un nuevo recorte que, acumulado al que tuvo lugar en 2010 y al práctico estancamiento en términos
reales del presupuesto de 2009, supone abandonar la senda de consolidación de esta política como pieza esencial del futuro de nuestra economía.



En tercer lugar, los recortes han afectado a las ya de por si insuficientes políticas industriales. Así, el programa de apoyo de a la competitividad en sectores estratégicos se reduce en más de 82 millones de euros, un 17,6 % menos que en
2010. Del mismo modo, el


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programa de reconversión y reindustrialización, fundamental para determinadas zonas desfavorecidas y fuertemente afectadas por el paro, ha tenido un recorte del 12,6 % .



Medidas cosméticas por el lado del ingreso.



Las medidas fiscales incluidas en los Presupuestos no tienen efectos apreciables sobre la recaudación. La medida 'estrella', pero ciertamente cosmética, es la subida moderada del tipo marginal en la tarifa estatal del IRPF para los
contribuyentes con bases liquidables generales superiores a 120.000 euros (del 21,5 % al 22,5 %) y a 175.000 euros (al 23,5 %). Se espera recaudar, apenas, 200 millones de euros.



El Presidente del Gobierno, después de anunciar las medidas de ajuste social en mayo de este año, declaró que era su objetivo el que los mejor situados económicamente realizasen también un esfuerzo fiscal suplementario para aliviar a
nuestras finanzas públicas. Hasta ese momento, la principal medida estructural en materia tributaria fue la subida del IVA en los Presupuestos Generales del Estado para 2010, subida que afecta en mayor medida a los ciudadanos de menor capacidad
económica.



Si ahora la garantía de que las rentas más altas contribuyan en mayor medida a la consolidación de las finanzas públicas es la moderada subida del marginal en el IRPF, se comprende perfectamente que el Gobierno ha renunciado definitivamente
a introducir un mínimo de justicia en la distribución de los esfuerzos.



Tenemos un serio problema por el lado de los ingresos y es aquí donde han de centrarse los esfuerzos. Nos encontramos con un sistema tributario con escasa progresividad y un elevado fraude fiscal que afecta a la equidad y suficiencia del
sistema.



El IRPF es el impuesto progresivo por excelencia y el que mayor recaudación aporta al conjunto de Administraciones Públicas. Pues bien, en el año 1993, las rentas salariales superaban a las rentas declaradas de empresarios y profesionales
en el equivalente a unos 2.000 euros; quince años más tarde, las rentas salariales siguen siendo superiores, evidentemente, pero la diferencia se ha disparado hasta los 7.500 euros.
Estadísticamente, los empresarios y profesionales contribuyentes
del IRPF declaran ser mileuristas en los últimos 20 años.



En este tributo, sólo el 18,8 % de los contribuyentes declara una base imponible de más de 30.000 euros, proporción que baja al 4 % de los contribuyentes a la hora de declarar una base imponible de más de 60.000 euros. Pero, si se calculan
los tipos efectivos sobre la renta, se observa cómo estos contribuyentes con mayores ingresos no soportan una mayor tributación. El impacto regresivo del tipo fijo sobre las rentas del ahorro es parte de la explicación, además de la posibilidad que
tienen !os contribuyentes de mayor capacidad económica de acceder a mecanismos de ingeniería fiscal para reducir la carga impositiva.



No es de extrañar, por tanto, que la subida de la tarifa general que se incorpora en estos Presupuestos apenas tenga impacto recaudatorio.



Respecto al Impuesto de Sociedades, el tercer tributo en volumen de recaudación, según la última estadística de 2007, sólo el 42 % de las sociedades declaran bases imponibles positivas. Y estas empresas con beneficios que soportan el
tributo tienen un tipo efectivo menor cuanto mayor es la sociedad. Esto es así porque las posibilidades de acceder a un mayor número de deducciones y beneficios fiscales es mayor cuanto mayor es la dimensión de la sociedad, y porque son las grandes
empresas las que pueden realizar ajustes societarios para diferir y evitar la tributación.



En cuanto al IVA, el segundo tributo en volumen de recaudación, si analizamos la comparativa internacional de la Tasa Impositiva Implícita por imposición indirecta (ITR), un indicador facilitado por Eurostat que compara la recaudación por
IVA con el consumo privado de los hogares, observamos que esa tasa es en España la segunda menor para el conjunto de países de la UE, sólo superior a la tasa griega. Aunque los tipos impositivos en España son de los más bajos a nivel europeo, se
comprueba que estados con tipos aún menores presentan un valor mayor de ITR, o que estados con un valor de ITR que duplica al de España lo alcanzan con tipos impositivos superiores a los nuestros, pero que en modo alguno los duplican.



Otra de las medidas fiscales introducida en estos presupuestos es una mejora en la tributación de las SICAV cuando estas realizaban reducciones de capital. Estas sociedades especulativas han sido denunciadas en reiteradas ocasiones desde
nuestro grupo recibiendo siempre la misma respuesta por parte del gobierno, que las SICAV no se tocaban porqué su funcionamiento era el correcto. Ahora, el gobierno rectifica, con unas mejoras que no resuelven cuestiones como que recupere su
control efectivo el cuerpo de inspectores de hacienda, la tributación de los capitales de los capitales que no salen de la SICAV o las garantías para que todos los miembros de estas sociedad sean realmente inversores.



Son ejemplos que señalan algunas de las deficiencias de nuestro sistema tributario y que tienen una relación directa con el importante volumen de fraude fiscal y de economía sumergida que existen en España, y que algunas estimaciones sitúan
alrededor del 23 % del PIB.



Un elemento a considerar del presupuesto es que el plan de Lucha contra los incumplimientos tributarios y el fraude fiscal se reduce un 2,36 %.
Si el fraude y la economía sumergida es uno de los problemas estructurales de la economía
española que más negativamente están afectando a la recuperación, sería de esperar un mayor impulso de este plan y no su recorte. Y más cuando en 2010 por cada euro invertido en este plan se lograron recuperar 8,36 euros provenientes del fraude.



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Combatiendo con mayor eficacia el fraude fiscal y llevando a cabo a corto plazo medidas para mejorar la progresividad del sistema, se podría obtener un volumen importante de ingresos, evitar el drástico ajuste en la inversión pública,
asegurar el gasto social y alimentar la recuperación de nuestra economía y la creación de empleo. Y todo ello permitiría cumplir con una programación razonable para la reducción del déficit público.



Todo lo contrario de las orientaciones de estos Presupuestos, que son ineficaces para la recuperación de la economía y la creación de empleo, e injustos en la distribución de los esfuerzos.



II. Motivación de la componente Esquerra Republicana del GP ER-IU-ICV.



Los Presupuestos Generales para el año 2011 son los primeros en los que el Gobierno asume la crisis. Los de 2010 eran tan irreales que tal como Esquerra anunció quedaron superados en un mes y medio. Por eso, estos Presupuestos son un
resumen y el sumario de un fracaso provocado por una política económica guiada por la improvisación y la rectificación.



A causa de la rapidez en el fuerte deterioro de las finanzas públicas españolas junto con la política de no aplicación de reformas estructurales, el Estado ha optado ahora, presionado por instancias europeas e internacionales para
salvaguardar la estabilidad financiera de la zona euro, por una serie de medidas que van en la línea de recortar el sueldo de los funcionarios, congelar las pensiones, afectar la aplicación de la Ley de Dependencia, eliminar el cheque bebé, recortar
el gasto farmacéutico y avanzar el programa de estabilidad.



Son medidas de consolidación fiscal que se añaden a las que ya se adoptaron en los presupuestos generales del 2010 con una subida de impuestos y moderación en el gasto público, que se han visto que no son suficientes, más después de la
política errática que ha llevado al ejecutivo de Rodríguez Zapatero.



Así, como el objetivo es el de reducir el déficit para situarlo en el 6 % en 2011, ante las expectativas de crecimiento económico para este año que condicionan los ingresos no financieros, y ante los mayores gastos derivados de la situación
actual de crisis, en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se recortan las partidas del presupuesto, pero no se propone una nueva estructura del gasto que permita una reactivación económica.



Son por tanto unos PGE derivados de la crisis y no para resolver la crisis y condicionados por el incremento de los intereses de la deuda pública (27.421 M €) y por la aportación del Estado para cubrir las prestaciones de desempleo (15.780 M
€), partidas que representan más del 35 % del total de gasto no financiero del Estado.



La experiencia de la gestión de los últimos presupuestos ha demostrado que las expectativas fijadas de crecimiento han sido excesivamente optimistas. En los presupuestos se fija un crecimiento del 1,3 % para el 2011, previsión que ya antes
de la aprobación de los presupuestos el FMI rebaja al 0,6 %, Esta mala previsión es la causante en el pasado de prever ingresos por encima de los reales y en consecuencia del aumento del déficit público. Si hay errores graves en la previsión de
ingresos de 104.539 millones de euros, como apunta el FMI, el déficit puede incrementarse.



A todo ello, en la propia justificación de los PGE se fija que los cambios normativos en fiscalidad no persiguen un afán recaudatorio, sólo una redistribución de la renta:


'Los Presupuestos para 2011 continúan con el proceso de reducción de los gastos, si bien se realizan también algunos ajustes en la estructura impositiva. Estas modificaciones, mas que impacto recaudatorio, buscan dotar al sistema tributario
de una mayor justicia y equidad en la asunción de tos costes de la crisis, así como fomentar el cambio de modelo productivo.'


Por tanto, el sacrificio presupuestario se traslada al gasto social, y con ello se configuran los presupuestos más antisociales de los últimos años, así:


- 6,1 millones de pensionistas (incluidas las clases pasivas del Estado) verán reducido de forma considerable su poder adquisitivo en el año 2011 por la congelación de las pensiones.



- El incremento en gasto de pensiones de 2011 (3,8 %) es inferior a la mitad de la media del incremento de los últimos 10 años (8 %).



- En general, la partida de Servicios Sociales y promoción social es un 8,1 % inferior al presupuesto de 2010.



- Se ponen en peligro los acuerdos de desarrollo de la Ley de la Dependencia. Las dotaciones se reducen en un 5,3 % respecto a la dotación ya insuficiente de 2010.



- Los fondos destinados a la integración de inmigrantes se reducen el 23,8 %. El fondo a las CCAA y entes locales pasa de 100 M de euros a 62 M de euros.



- La partida de fomento al empleo también cae un 5,5 % (no cuadra con la tasa de paro que fija para el próximo año que supera el 19 %).



- Sanidad y educación bajan por encima de la media (8,1 %).



Y ello a pesar que el Gobierno manifieste que el 58 % de los presupuestos consolidados son gasto social. No obstante lo que en realidad aumenta es el fondo de reserva de la seguridad social, mientras disminuye dependencia, atención a los
parados y aumenta también la partida de política de pensiones.



Además, y a pesar de lo que pueda sustentar el Gobierno, al recorte en el gasto social se le añade que no hay ningún elemento en este proyecto de presupuestos que permita avanzar en el cambio de modelo


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productivo, ni siquiera en un ligero estímulo del modelo productivo actual. Así:


- La inversión pública se reduce un 29,5 % respecto al 2010 (8.600 M de euros menos), y la reducción de las inversiones de la Administración del Estado aún es más profunda (40,7 % de reducción).



- No hay una apuesta clara por la reactivación de las PYMES, ya que el presupuesto es un 5,3 % menor al presupuesto pasado.



Si el gasto en inversiones se reduce, persiste no obstante la obsesión del Gobierno por la construcción de redes de Alta Velocidad, de elevado coste económico y en algunos casos de escasa rentabilidad, mientras se suspende la ejecución de
tramos viarios y ferroviarios en corredores estratégicos como el mediterráneo, o enlaces como el de la AP7 o la AP2 que absorben un tráfico de viario de más de 100.000 vehículos/día.



Las partidas de I+D civil tienen, por segundo año consecutivo, asimismo un recorte considerable (del 7 %, unos 570 M de euros) a pesar de ser algo inferior al del conjunto del gasto estatal (7,9 % de reducción). Además se incluyen también
en el capítulo de 'gastos de cambio del modelo', el gasto estatal en educación, cuando aquí lo único que hay es un leve crecimiento del gasto en becas (2,6 %), las que constituyen la mitad del gasto estatal en la materia (el resto está transferida a
las CCAA).



Con estos presupuestos además, el gobierno del Estado pondrá en riesgo la capacidad de las administraciones territoriales para cubrir el tipo de servicios públicos esenciales que en la actualidad cubren:


La financiación estatal se reducirá 3.700 M de euros (un 20,7 % de reducción) en los entes locales y de 3.000 M de euros (el 3 %) en las CCAA, a lo que se le debe añadir que a estas administraciones se les reduce la capacidad de generar
déficit en 11.700 M de euros.



Finalmente si analizamos la reducción de la inversión pública en Catalunya (2.546 M de euros en total en 2011) ésta es algo superior a la media estatal (29,8 %) y representará que el Estado invertirá 1.080 M de euros menos en Catalunya que
en el 2010. A todo ello se le debe añadir el bajo nivel de ejecución de la obra presupuestada, pues en el año 2009, representó sólo el 70 % de la presupuestada (cada tres años, uno le sale gratis en España).



Para el cumplimiento de la DA 3.ª del EAC (que incorpora algunas transferencias de capital y excluye algunas inversiones estatales) sería necesario que los PGE destinaran 3.134 M de euros, es decir el 18,52 % que es le porcentaje de
participación relativa al PIB de Catalunya con relación al PIB del Estado para inversiones en infraestructuras en Catalunya, y no los 2.546 M de euros que representan sólo el 15,2 % del PIB. De éstos además el PGE deja pendientes (pero con una
dotación en la partida cajón) de asignar 391,8 M de euros. Habría que recordar que aún están pendientes de asignar 646,75 M de euros de 2010, dado que nunca ha habido el acuerdo bilateral correspondiente entre el Estado y la Generalitat
(habitualmente era en febrero, justo cuando empezaron los problemas del Gobierno Zapatero en el 2010). Y además se observa que no hay ninguna partida en los presupuestos para resarcir en Catalunya por la diferencia entre lo presupuestado y lo
ejecutado en los años anteriores.



Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, con esta enmienda a la totalidad rechaza estos Presupuestos y pide la devolución al Gobierno del proyecto de Ley.



ENMIENDA NÚM. 4


FIRMANTE:


Francisco Xesús Jorquera Caselas Olaia Fernández Davila (Grupo Parlamentario Mixto)


A la Mesa del Congreso de los Diputados y a la Mesa de la Comisión de Presupuestos


El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de Francisco Xesús Jorquera Caselas y Olaia Fernández Davila diputados del Bloque Nacionalista Galego (BNG), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente enmienda
a la totalidad, al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011.



Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2010.-Olaia Fernández Davila, Diputada.-Francisco Xesús Jorquera Caselas, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.



JUSTIFICACIÓN


El BNG solicita la devolución del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2011 por las razones que exponemos a continuación.



A. Los presupuestos del 'ajuste duro'.



El diseño del proyecto de los Presupuestos Generales del Estado supone la plasmación en las cuentas anuales de las políticas económicas con las que el Gobierno intenta afrontar la crisis y que se caracterizan por la sumisión a los dictados
de la Unión Europea,


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el FMI y 'los temidos mercados', renunciando a una salida social a la crisis.



Estos presupuestos apuestan por un recorte drástico y precipitado del gasto público, anteponiendo el objetivo de la 'consolidación fiscal' al de la recuperación económica. Así, el objetivo macroeconómico que orienta todo el proyecto de
presupuestos es conseguir la reducción del déficit hasta el 6 % del PIB en el próximo año, relegando a un segundo plano las políticas sociales y los estímulos a la recuperación de la economía y la reorientación del sistema productivo.



Esta opción retarda la recuperación económica, al renunciar el Estado a ejercer de motor o dinamizador de la economía a través de la inversión productiva, y con ello al 'efecto multiplicador' que la inversión pública genera sobre el resto de
agentes económicos. De hecho, la reducción de la inversión pública para alcanzar los objetivos de déficit puede ser contraproducente incluso para este fin, puesto que al renunciar a estimular la recuperación económica, también se está renunciando a
los mayores ingresos fiscales que ocasionaría dicha mejora en la economía.



El proyecto busca la reducción del déficit operando, tan sólo en la vía de la reducción del gasto, renunciando a incrementar la capacidad recaudadora del Estado mediante una política fiscal que acentúe el carácter progresivo del sistema.



Además el proyecto de presupuestos es claramente regresivo en materia de prestaciones y servicios sociales, con los consiguientes efectos negativos para la mayoría de la sociedad.



De esta filosofía que inspira la elaboración de los presupuestos, se derivan las demás objeciones que el BNG presenta a los mismos.



B. Unos presupuestos con nulo compromiso social.



Desde el BNG cuestionamos la tesis del Gobierno de que estos son unos presupuestos de claro componente social. El Gobierno fundamenta esta tesis en que los gastos sociales absorben el 58 % de lo presupuestado, pero esto es así debido al
peso en el gasto de las pensiones y las prestaciones de desempleo, un gasto reglado en el que el gobierno tiene escaso margen de discrecionalidad.



No hay una apuesta decidida por las políticas sociales, al contrario, el proyecto de presupuestos es claramente regresivo en esta materia.



Así, el proyecto de presupuestos consolida la congelación de las pensiones y la dotación de la mayoría de programas sociales que no responden a compromisos exigibles por ley ven reducida considerablemente su dotación con respecto a los
presupuestos vigentes.



La asignación a la 'dependencia' se reduce un 5,2 %, lo que seguirá imposibilitando el cumplimiento del abanico de prestaciones contempladas en la ley de dependencia. El programa destinado a la 'promoción social' se reduce un 8,1 %, y las
partidas destinadas al fomento del empleo un 5,5 %. Además, la ampliación del permiso de paternidad de dos a cuatro semanas se aplaza hasta el 2012.



Si examinamos la evolución del presupuesto por ministerios, nos encontramos con que Ministerios que concentran buena parte del gasto social, como el Ministerio de Sanidad y Política Social, sufren una reducción del gasto muy superior (8,7 %)
a la de ministerios de escasa o nula vocación social, caso de 'interior' (3,1 %) o 'Defensa' (7 %).



C. Unos presupuestos que impiden la recuperación económica y el cambio de modelo productivo.



Por otro lado, el proyecto de presupuestos generales del Estado debería dar prioridad a las inversiones con mayor impacto en la recuperación económica y en el cambio de patrón de crecimiento, como infraestructuras, I+D+i o educación. Sin
embargo, la orientación es la contraria.



Los Ministerios de 'Fomento' y de 'Medio Ambiente y Medio Rural y Marino' sufren recortes de un 37,3 % y un 33,8 % respectivamente, que implicarán un drástico descenso de la inversión productiva.



También es significativo el recorte en el 'Ministerio de Industria, Comercio y Turismo' (13,6 %) y en el de 'Educación' (7,4 %). Si atendemos al capítulo de inversiones de estos ministerios, los descensos son aún mayores.



Los programas en materia de I+D civil retroceden en un 7 %, llegando esta reducción hasta el 29 % en el programa 'innovación tecnológica de las telecomunicaciones'.



En contraste, nos encontramos con programas en el ministerio de 'Defensa' que apenas sufren reducciones, como 'gastos operativos de las fuerzas armadas' con una reducción del 1,2 %, o 'apoyo logístico', con un 3,1 %.



Por lo tanto, no son unos presupuestos orientados a la inversión productiva y a la apuesta por la innovación, elementos que deberían ser ya una pieza esencial en la recuperación y reorientación económica.



D. Modificaciones fiscales insuficientes.



El BNG entiende que la política impositiva debe responder a tres objetivos: proveer de recursos a las políticas públicas, favorecer la revisión del modelo de acumulación y crecimiento y ser un instrumento de redistribución de la riqueza y
de lucha contra las crecientes desigualdades sociales. Es por ello que defendemos la necesidad de acometer una profunda reforma fiscal que combata la escandalosa bolsa de fraude existente y dote de mayor justicia, equidad y progresividad al sistema
impositivo. Se trata de un ambicioso objetivo que desborda el marco de una ley de presupuestos, aunque


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esta sí ofrece márgenes para reorientar la política fiscal y sentar las bases de un nuevo sistema.



La modificación de los tipos del IRPF contemplada en este proyecto de ley es totalmente insuficiente para que tan siquiera pueda ser considerada como un paso en la dirección antes mencionada. En un contexto en el cual desde el Gobierno se
exigen grandes sacrificios a empleados públicos y pensionistas, se incrementa la tributación indirecta mediante el incremento del IVA y se merman los derechos laborales de los trabajadores, el hecho de incrementar en un punto el tipo del IRPF
aplicable a rentas superiores a 120.000 euros y en dos puntos a los contribuyentes con ingresos superiores a los 175.000 euros no supone más que un mero gesto de carácter más propagandístico que con consecuencias reales en el sistema impositivo.
Así, cabe recordar que en el año 2004, cuando el PSOE accede al Gobierno del Estado, la progresividad del propio IRPF era mayor, puesto que el tipo impositivo del 45 % se aplicaba a rentas mayores de 46.818 euros, mientras que con esta leve
modificación, para alcanzar el tipo del 45 %, el contribuyente deberá obtener unos ingresos que casi cuadriplican dicha cantidad.



El propio gobierno estima que las modificaciones propuestas tendrán un impacto en la recaudación de apenas 200 millones de euros.



Por lo tanto, las modificaciones del IRPF propuestas son insuficientes y ni siquiera corrigen la reforma regresiva de este impuesto impulsada por el Gobierno en el año 2006.



El Gobierno ha renunciado a introducir mayor progresividad en la tributación del ahorro y en el impuesto de sociedades, a recuperar el impuesto del patrimonio para las grandes fortunas y a establecer medidas estructurales, organizativas y
normativas para intensificar la lucha contra el fraude fiscal, propuestas todas ellas que mejorarían la recaudación sin comprometer las políticas públicas y contribuirían a una distribución más justa de la carga fiscal.



Estos presupuestos significan, por tanto, otra oportunidad perdida para acometer una reforma fiscal basada en la equidad y progresividad.



E. No cumplen con las necesidades inversoras de Galicia.



Por último, para el BNG, como fuerza nacionalista y gallega, tiene una especial relevancia la inversión territorializada en nuestro país, sobre todo si tenemos en cuenta que Galicia presenta un déficit histórico en materia de
infraestructuras y que padece un considerable retraso en la ejecución de las obras de la alta velocidad ferroviaria con respecto a las previsiones iniciales.



Sin embargo, este proyecto de presupuestos, lejos de avanzar en la corrección de los citados déficit y retrasos, contempla una inversión para Galicia de 1.550 millones de euros, lo que supone 471 millones menos que la inversión prevista para
este año.



En los presupuestos para 2010, elaborados ya en un contexto de crisis y sin que las previsiones macroeconómicas contempladas en los mismos se hayan alterado notablemente, se estimaba una inversión para Galicia de 2.140 millones de euros en
2011, casi 600 millones más de lo establecido en este proyecto de presupuestos.



Fruto de este fuerte descenso en la inversión, actuaciones fundamentales para la vertebración interna de Galicia y su conexión con los territorios de nuestro entorno están claramente infradotadas o su licitación y ejecución dependerá del
concurso para su financiación de la iniciativa privada.



Galicia que padeció incumplimientos y retrasos reiterados en época de bonanza puede sufrir ahora, con este recorte, un nuevo incumplimiento por parte del Gobierno, para saldar los déficits acumulados en materia de infraestructuras.



Por todo lo expuesto, el BNG solicita la devolución al Gobierno de este proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2011.



ENMIENDA NÚM. 5


FIRMANTE:


Grupo Parlamentario Popular en el Congreso


A la Mesa de la Comisión de Presupuestos


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2011, por lo que se solicita su devolución al Gobierno.



Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2010.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.



JUSTIFICACIÓN


Tres años después de que comenzara la crisis económica, el Gobierno ha presentado unos Presupuestos Generales del Estado para 2011 que tendrán como consecuencia más paro, más impuestos, menos protección social, menos competitividad y menos
igualdad entre los españoles.



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Unos presupuestos que se resignan ante el paro.



El propio Ejecutivo admite que su Reforma Laboral y sus presupuestos generan más paro. El cuadro macroeconómico que acompaña a las cuentas del Estado para el ejercicio próximo empeora la previsión de paro para 2010 y 2011. Las previsiones
de paro del Gobierno para 2010 han pasado del 18,9 % hasta el 19,8 %. Esta subida de casi un punto porcentual con respecto a los presupuestos de 2010 supone 196.000 parados más que lo inicialmente previsto. Para 2011 el Gobierno ha aumentado su
previsión de tasa de paro desde el 18,4 % del pasado mes de enero hasta el 19,3 %.



Los Presupuestos para 2011 son ficticios.



El cuadro macroeconómico está basado en una previsión de crecimiento del PIB de un 1,3 %, muy superior a la de la mayoría de los organismos internacionales, que la sitúan entre el 0,8 % y el 0,6 %. Esta optimista previsión de crecimiento de
la actividad pone en riesgo el cumplimiento del objetivo de déficit conjunto de las Administraciones Públicas para 2011 situado en el 6 %, tal y como prevé la Comisión Europea y el FMI (-8,8 % y -6,9 % respectivamente).



El desplome de los ingresos y el brusco incremento de los gastos públicos como consecuencia de la crisis y de la flexibilización de los mecanismos de estabilidad presupuestaria han abocado a la Hacienda Pública a la mayor crisis de su
historia reciente, llegando a cerrar el ejercicio 2009 con un déficit del 11,13 % del PIB.



La irresponsable política presupuestaria llevada a cabo por el Ejecutivo desde el año 2004, manteniendo un constante incremento del gasto público por encima del crecimiento del PIB nominal, ha impedido al Estado dotarse de unas reservas de
recursos suficientes para afrontar de forma holgada la crisis económica.



Los Presupuestos suben nuevamente los impuestos a la clase media.



Ante esta situación, el Gobierno socialista ha optado por subidas generalizadas de impuestos, en particular a las rentas medias, y recortes indiscriminados del gasto, en particular del gasto social, incluidas las pensiones, y la inversión.
La dudosa eficacia de las subidas de impuestos sobre la consecución del objetivo de reducción del déficit público, anticipan el recurso del Gobierno a nuevas subidas de impuestos, que deprimirán todavía más la confianza y las expectativas sobre la
recuperación de la actividad, la inversión y la competitividad de la economía española, retrasando la salida de la crisis.



Por lo que respecta a los ingresos, un año más, el Gobierno presenta a las Cortes un Proyecto de Ley de Presupuestos que incorpora una nueva subida de impuestos que afectará principalmente a las rentas medias. Después de que la eliminación
de la deducción de los 400 euros a las rentas del trabajo en el IRPF, el incremento de los tipos impositivos al ahorro, el incremento de los tipos general y reducido del IVA, y el incremento de los impuestos sobre el tabaco y los hidrocarburos haya
supuesto en 2010 una subida de 1.500 euros de media a cada familia española de forma indiscriminada, el Gobierno tiene previsto nuevamente incrementar los impuestos a través de la eliminación parcial de la deducción por inversión en vivienda
habitual. Tan sólo esta subida supondrá un incremento de más de 1.350 euros de impuestos cada año a las rentas medias que adquieran una vivienda habitual a partir de 2011.



El incremento de los tipos máximos del IRPF y las modificaciones en tributación de las SICAVs son medidas que tendrán un impacto mínimo en la recaudación, y que el Gobierno utiliza con meros efectos propagandísticos destinados a ocultar los
importantes recortes en el gasto social y la realidad de que el peso de las subidas de impuestos recaen sobre las rentas medias.



Por lo que respecta a los gastos, el Gobierno prosigue con los presupuestos de 2011 su política de recorte indiscriminado de gastos, sin acometer la necesaria reestructuración del sector público español y la reducción de la estructura del
Gobierno.



Unos Presupuestos falsamente austeros.



El recorte de gastos propuesto por el Ejecutivo en los Presupuestos para 2011 no alcanza el 7,9 % anunciado por el Gobierno, ya que no se compara con el presupuesto final de 2010, que se ha visto reducido en más de 7.900 millones de euros,
lo cual, de acuerdo a las estimaciones de la Comisión Europea, hace prácticamente imposible el cumplimiento del objetivo de déficit del 6 % en 2010.



Unos Presupuestos contra las políticas del crecimiento.



La distribución de la reducción del gasto público, priorizando los recortes en las operaciones de capital frente a las operaciones corrientes, así como en las políticas sociales y de producción de bienes preferentes frente a los gastos
generales es injusta, perjudicial e inoportuna, al impedir la capitalización de la economía nacional y lastrar la competitividad.



Así, por lo que respecta a la distribución económica del presupuesto de gastos una vez excluidos los sistemas de financiación de las AATT, el Gobierno ha optado por reducir los gastos en operaciones de capital un 37,1 %, muy por encima de la
reducción en las operaciones corrientes, que se ha quedado tan sólo en el 0,5 %. De hecho, si se tienen en cuenta las medidas de austeridad en el gasto corriente aprobadas este año, en particular la reducción de 480 millones de euros por el impacto
de la rebaja del sueldo a los funcionarios, el


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gasto corriente no sólo no se reduce, sino que aumenta ligeramente. Sin embargo, las inversiones reales y las transferencias de capital del Estado, principal fuente de capitalización de la economía a través del sector público, se reducen un
38,3 % y 36,3 % respectivamente, alcanzando de forma conjunta 8.840 millones de euros.



El único incremento significativo del presupuesto corresponde al del coste de la deuda, en un 18,1 %, derivado del creciente recurso al endeudamiento por parte del Tesoro, y del deterioro de la calificación crediticia del Reino de España
causado por la pérdida de confianza de los mercados en la política económica del Gobierno español.



Por lo que respecta a la distribución del presupuesto del Estado por políticas, el Gobierno ha optado por reducir el gasto en partidas prioritarias de gasto, muy por encima de la reducción de gasto general del presupuesto. Así, la política
de gasto del Estado en infraestructuras se reduce un 40,7 %, en 5.831 millones de euros, tan sólo en el ejercicio 2011, el gasto en la política de acceso a la vivienda se reduce un 19,3 %, el gasto en la política de I+D+i, civil y militar, se reduce
un 8,37 %, el gasto en servicios sociales y promoción social se reduce un 8,1 %, el gasto en sanidad y educación se reduce un 8,2 % y 8,1 % respectivamente, y el gasto en prestaciones por desempleo se reduce un 1,6 %, pese a que en 2011 habrá más
parados que en 2010, lo que significa el reconocimiento de que aumentará el paro de larga duración.



Unos Presupuestos antisociales.



Teniendo en cuenta las promesas del Ejecutivo de que no recortaría el gasto social, conviene reparar en detalle en la evolución de la política de servicios sociales y promoción social, que ha sufrido un recorte del 8,1 % en los Presupuestos
para este año en relación con el año anterior:


- La dotación a la dependencia de 1.498,44 millones de euros supone una disminución del 5,2 % respecto al ejercicio anterior.



- La red básica de servicios sociales (centros de servicios sociales, albergues y centros de acogida) con una dotación de 84,63 millones de euros, se reduce un 11,9 % en relación con el año 2010.



- Los programas y servicios de apoyo a familias y atención de menores con una dotación de 2,8 mll. de euros, sufren un recorte del 28,3 %.



- Se elimina el presupuesto para ampliar el permiso de paternidad hasta cuatro semanas (200 millones de euros), a pesar de que ya se aprobó una normativa en este sentido en la Ley 9/2009, de 6 de octubre.



- Además, se reduce la prestación de maternidad, paternidad y riesgos durante la lactancia un 11 % con una dotación de 2.387,30 millones de euros. A su vez, se elimina el cheque-bebé y se reduce en un 42 % las prestaciones por hijo a cargo
como ya se aprobó en el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.



- El Plan de acción para discapacidad, con una dotación de 1.318,10 miles de euros sufre un recorte del 43 %.



El Gobierno presume de que el 58 % del gasto del Presupuesto se destina a gasto social, ocultando que más de 30.000 millones, el 9,7 % del presupuesto, se destina a sufragar las prestaciones por desempleo, lo cual, lejos de ser un decisión
discrecional del Ejecutivo para incrementar el gasto social es un derecho reconocido de los trabajadores.



Unos presupuestos que congelan las pensiones.



Los presupuestos consolidan la decisión del Ejecutivo de congelar la gran mayoría de las pensiones contributivas en 2011 llevada a cabo a través del Real Decreto 8/2010 al eliminar el artículo que tradicionalmente se incluye las cuentas que
establece el porcentaje de revalorización.



Unos presupuestos que ponen en riesgo los servicios públicos fundamentales.



El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011 no garantiza la prestación de los servicios públicos fundamentales a cargo de CCAA y CCLL. El Gobierno ha rebajado de forma sustancial la financiación que recibirán las
Comunidades Autónomas a través del Fondo de Suficiencia global del sistema mediante la aplicación de unos ajustes contrarios a la Ley que regula el sistema de financiación y de los cuales no ha proporcionado datos a las Comunidades Autónomas. La
consecuencia financiera de estos ajustes es una rebaja de hasta el 40 % del Fondo de suficiencia del año base 2007 respecto al Fondo de suficiencia del año 2011.



Además, el Ministerio de Economía y Hacienda ha hecho una interpretación de la Ley 22/2009 que, en la práctica, supone que las Comunidades Autónomas no van a contar con uno de los principales instrumentos del nuevo sistema de financiación,
los Fondos de Convergencia, en el año 2011, ya que se destinará a compensar las liquidaciones negativas del ejercicio 2009. Así, la regulación que contiene la Ley de PGE 2011 respecto de la liquidación definitiva del año 2009 y las dotaciones
presupuestarias de la sección 36 es lesiva a los intereses financieros de las Comunidades Autónomas y contraria al sistema de financiación en lo que se refiere al pago de los Fondos de Convergencia, lo cual tendrá serias consecuencias para la
prestación de los servicios públicos básicos como la sanidad, los servicios sociales o la educación.



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Unos presupuestos que dan un paso más hacia la privatización de Loterías y que derogan la Línea ICO para deudas de Ayuntamientos.



Aparte del desglose de los anexos de ingresos y gastos y del contenido del texto articulado, el Presupuesto incluye determinadas disposiciones que el Gobierno trata de aprobar sin el pertinente debate parlamentario sobre temas muy diversos,
de importancia capital. Entre ellas, el Proyecto de Ley de Presupuestos para 2011 da un paso más hacia la privatización de Loterías y Apuestas del Estado y deroga la reciente disposición de la Ley de morosidad que establecía la obligación de crear
una línea de crédito en el ICO para hacer frente a las deudas de PYMES y autónomos.



Unos presupuestos que aumentan la desigualdad.



Un año más, los presupuestos aumentarán la desigualdad entre los españoles. Los compromisos estatutarios sobre el reparto de la inversión, impulsados por el Gobierno socialista, la asignación arbitraria de los recursos entre las diferentes
regiones, determinada por criterios partidistas, y la cesión bilateral de las competencias y los recursos para la gestión de las políticas activas de empleo al Gobierno Vasco, vuelven a consolidar el trato discriminatorio que el Gobierno da a los
españoles según la Comunidad autónoma donde residan.



Unos presupuestos que carecen de las reformas para la recuperación del crecimiento y el empleo.



Finalmente, los Presupuestos Generales del Estado para 2011 no acompañan las reformas estructurales que necesita la economía española para alcanzar la senda del crecimiento económico generador de empleo. Pese a que en la presentación de las
cuentas para 2011 el Gobierno afirma que ya se han dado 'pasos muy importantes' en materia de reforma laboral, reforma del sistema financiero y reforma del sistema de pensiones, la realidad es muy diferente. La tardía e incompleta reforma del
sistema financiero no ha servido para que el crédito vuelva al sector privado, la tímida reforma laboral sólo ha servido para generar más paro y para que el Gobierno incremente su previsión de paro en 2010 y 2011, y la reforma del sistema de
pensiones no es más que un anuncio al Gobierno que nadie sabe cómo se va a concretar.



Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular presenta la presente enmienda a la totalidad de los PGE 2011, solicitando su devolución al Gobierno.